Labor Parlamentaria

INCREMENTO DE LAS CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN CONSTITUIDAS EN TERRITORIOS OCUPADOS POR FAMILIAS YCOMUNIDADES INDÍGENAS .................................................................................................. 9

Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Hasbún reemplazará al diputado señor Trisotti en la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con la fiscalización del grupo de empresas Penta y sus socios controladores, las donaciones a la Universidad del Desarrollo y las contribuciones financieras a partidos políticos.

Del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que la diputada señora Pascal y el diputado señor Espinoza, don Fidel , reemplazarán a los diputados señores Schilling y Saldívar en la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las actuaciones del Servicio Electoral frente a las presuntas anomalías en los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales, y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura.

3. Licencia médica:

Otorgada al diputado señor Pérez, don José , por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de cinco días, a contar del 8 de diciembre de 2014.

V. OBJETO DE LA SESIÓN. 

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPEJO, FLORES, MEZA, NÚÑEZ , DON MARCO ANTONIO ; PILOWSKY , ROBLES, SILBER , SOTO, TORRES Y URRUTIA, DON OSVALDO , QUE “MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N°1, DE 2005, DEL MINISTERIO DE SALUD, CON EL OBJETO DE REGULAR EL TRATAMIENTO DE LAS COTIZACIONES ENTERADAS EN EXCESO EN ISAPRES Y FONASA”. (BOLETÍN N° 9774‐11)

ANTECEDENTES

1. Primer Intento de Regulación Legal: La Moción “Lobos”.

En Septiembre de 2006, el entonces Diputado Juan Lobos Krausse , acompañado de los Diputados Sergio Bobadilla Muñoz , Enrique Estay Peñaloza , Guido GirardiBriere , Iván Moreira Barros , Claudia Nogueira Fernández , Iván Norambuena Farías , Alberto Robles Pantoja ,

Manuel Rojas Molina y Roberto Sepúlveda Hermosilla , presentaron una moción parlamentaria que intentaba regular el tratamiento de los denominados pagos en exceso que efectúan cotizantes de Isapres.

La moción (Boletín N° 4464-11) disponía: “Agrégase un nuevo inciso penúltimo del artículo 188, del DFL N° 1 del 2005, de Isapres “Tratándose de los excesos relativos al monto mayor que se generan entre el precio del plan y la cotización legal, deberá ser informada al afiliado que lo genere a los menos 2 veces a año, por carta certificada o por cualquier otro medio electrónico y este exceso deberá ser entregado al titular debidamente reajustado de acuerdo al IPC.”

Esta iniciativa, que denominaremos la “Moción Lobos” en recuerdo de su autor, el Diputado Juan Lobos Krausse , fallecido trágicamente en el ejercicio de su función parlamentaria, fue archivada.

2. La actual regulación administrativa de los excesos

La situación actual de los excesos en el sistema privado de salud, se encuentra regulada por la Circular N° 39, de 1997, de la ex Superintendencia de Isapres.

Dicha Circular regula el tema en los siguientes términos

a. Definición de Excesos: es la cotización que percibe la Isapre en un mes, menos el monto que resulte mayor entre el precio del plan contratado y la cotización mínima para salud.

b. Establece fecha de devolución: 30 de abril para fondos acumulados a diciembre del año anterior, superiores a las UF 0,07 (aprox. $1.500).

c. Determina la forma de registro contable

d. Procedimiento para la regularización de saldos: envío de cheque a los afiliados vigentes y carta a los no vigentes a la dirección registrada por el usuario.

e. Restitución de fondos cuando hay solicitud directa del afilia fecha, dentro de 15 días hábiles.

3.- La necesidad de regulación legal

3.1.- Insuficiencia de la regulación administrativa vigente

La regulación administrativa de esta materia responde a un esfuerzo de la entonces Superintendencia de Isapres por abordar una materia de importancia para los cotizantes del sector.

La evidencia aportada por la misma institución indica que entre el año 2009 y el mes de agosto de 20014 se ha acumulado en las Isapres, por concepto de excesos no devueltos a sus titulares, la suma de $19.616.893.538, situación que afecta a 569.704 personas.

Tan grave como lo anterior resulta el hecho de que, del monto total señalado,

$14.976.548.581, constituyen dineros que las mismas Isapres traspasaron a ingresos propios.

Queda en total evidencia, como consecuencia de lo señalado, que en una materia tan sensible como es la propiedad del dinero pagado en exceso por concepto de cotización, la regulación de nivel administrativo ha carecido del imperio necesario para garantizar su adecuado tratamiento con pleno respeto a los derechos de los cotizantes.

Por otro lado, la regulación vigente no es aplicable a Fonasa, lo que genera una inequidad regulatoria que carece de justificación jurídica. No existe ninguna razón para que los cotizantes de Fonasa carezcan del derecho a restitución de los dineros pagados en exceso, cuestión que debe ser corregida a la brevedad.

Por último, ni la regulación vigente ni la denominada “Moción Lobos”, se hacen cargo de los mecanismos para garantizar que las cotizaciones mal enteradas ingresen finalmente al fondo en el cual deben encontrarse.

3.2.- Elementos fundamentales de la regulación propuesta a.- Nuevo Artículo La “Moción Lobos” agregaba un nuevo inciso penúltimo al artículo 188 del DFL N° 1, de 2005, de Salud. No parece correcto incorporarlo en esta parte, puesto que dicho artículo trata de los excedentes.

En consecuencia, proponemos más bien agregar al DFL N° 1, de 2005, de Salud, un nuevo artículo 188 bis, separando el tratamiento de los excesos de lo referido a los excedentes.

b. Definición de excesos

La ley debe definir lo que constituye para estos efectos un exceso, así como debe considerar en dicha definición el precio que se paga por las Garantías Explícitas de Salud (GES) en el caso de las Isapres.

c. Periodicidad y forma de la devolución masiva y obligatoria

Se propone establecer como piso de las devoluciones masivas de excesos, la misma regla que actualmente la Superintendencia exige administrativamente, esto es, al menos una vez al año.

Asimismo, se propone que el legislador dote a la Superintendencia de las facultades para fijar el mecanismo de la devolución y la forma en que ella va a efectuarse.

d. Devolución a solicitud del afiliado

Se incorpora la regulación de las devoluciones cuando éstas sean solicitadas por el afiliado, en cualquier momento diferente del procedimiento regular que defina la Superintendencia.

En este caso, también resulta necesario que dicha devolución se haga dentro del plazo y condiciones que establezca la Superintendencia, la que en todo caso no podrá producirse en un plazo superior a los 30 días desde que ésta lo instruya.

e. Cotizaciones mal enteradas

El proyecto aborda la situación de las cotizaciones mal enteradas por el empleador o por el organismo de previsión o compañía de seguros responsable del pago de la pensión o renta vitalicia.

Se establece que las cotizaciones mal enteradas deben ser restituidas por la Isapre receptora al Fondo Nacional de Salud o a la Isapre que corresponda, dentro del plazo y condiciones que establezca la Superintendencia en instrucciones de general aplicación.

f. Unidad de actualización de la moneda

Para los efectos de mantener un mismo valor de la moneda, se propone que la devolución de excesos al afiliado, o el entero correcto de las cotizaciones a la Isapre o Fonasa , se haga utilizando la unidad de fomento.

Para estos efectos se propone que las cotizaciones percibidas en exceso o erróneamente por la Isapre o Fonasa, se expresen en unidades de fomento al valor que éstas tengan el último día del mes anterior a su entero. Asimismo, que esas cotizaciones sean devueltas o depositadas al valor que la unidad de fomento tenga el último día del mes anterior a aquél en que queden efectivamente a disposición del afiliado, del Fondo nacional de Salud o de la Isapre, según corresponda.

g.- Regulación de las obligaciones de Fonasa

El proyecto hace extensivas a Fonasa las obligaciones que las Isapre contraen en materia de devolución de los excesos y transferencia de las cotizaciones mal enteradas.

Para ello se modifica el actual artículo 55 del DFL N°, de 2005, de Salud. agregando un nuevo párrafo segundo a su letra b).

IV. TEXTO DE LA MOCIÓN

Para reemplazar el artículo único por el siguiente:

“Artículo único: Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, de Salud, del siguiente modo:

1.- En la letra b), del artículo 55:

a) Reemplázase el punto y coma (,) por un punto aparte (.). b) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Será aplicable a las cotizaciones enteradas en exceso o enteradas erróneamente en el Fondo, lo dispuesto en el artículo 188 bis de esta ley”.

2.- Agrégase, a continuación del artículo 188, el siguiente artículo 188 bis, nuevo: “Artículo 188 bis.- Se entiende por cotización enterada en exceso a la cotización percibida por la Isapre, en un mes determinado, menos el monto que resulte mayor entre la cotización mínima para salud del afiliado o bien, la suma del precio del plan contratado y del precio de las Garantías Explícitas en Salud, cuando corresponda.

Las cotizaciones enteradas en exceso deberán ser devueltas al afiliado al menos una vez al año, en la forma y condiciones que la Superintendencia determine.

Sin perjuicio de lo anterior, cada vez que el afiliado solicite la devolución de cotizaciones enteradas en exceso, la Isapre deberá hacerlo dentro del plazo y condiciones que establezca la Superintendencia en instrucciones de general aplicación.

Del mismo modo, las cotizaciones enteradas erróneamente deberán ser enviadas por la Isapre receptora al Fondo Nacional de Salud o a la Isapre que corresponda, dentro del plazo y condiciones que establezca la Superintendencia en instrucciones de general aplicación.

Tanto las cotizaciones enteradas en exceso, como las enteradas erróneamente, deberán ser expresadas en unidades de fomento al valor que éstas tengan el último día del mes anterior a su entero; y serán devueltas o depositadas al valor que dicha unidad de fomento tenga el último día del mes anterior a aquél en que queden efectivamente a disposición del afiliado, del Fondo nacional de Salud o de la Isapre, según corresponda.”.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO ; SABAG , SILVA Y ULLOA , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA AMPLIAR SU ÁMBITO DE APLICACIÓN”. (BOLETÍN N° 9775‐05)

“Dentro de las reformas de modernización del Estado que se materializaron a principios de esta década, se encuentra la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual ha constituido un importante avance en transparencia, desarrollo del derecho administrativo y uniformidad en los criterios utilizados por la administración del Estado y el ejercicio de la función pública en la contratación de servicios y suministros.

De esta manera, con la entrada en vigencia de esta ley se establecieron criterios uniformes para las licitaciones públicas, privadas, tratos directos y convenios marco, se creó el Tribunal de Contratación Pública, con su respectiva estructura orgánica y competencias, y lo más relevante para los ciudadanos, se estableció el portal chilecompra.cl y sus portales asociados, transparentando la información de mercado y los procesos de licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, esta ley tiene una aplicación acotada, sólo para los órganos de la administración del Estado que señala la ley 18.575, no siendo aplicable para ningún otro órgano del Estado. En este mismo sentido, el Tribunal de Contratación Pública es sólo un tribunal de la contratación administrativa, y sólo conoce asuntos relativos a los contratos que ésta ley establece, no de cualquier contrato administrativo.

No obstante, en general la evaluación de la aplicación de esta ley es positiva, tanto por la propia administración como por los ciudadanos usuarios del sistema. Es por esta evaluación positiva que han llegado a incorporarse de forma voluntaria al portal otros órganos del Estado, como el Congreso Nacional y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta ley.

Si bien es positiva esta incorporación voluntaria, en la práctica ha traído problemas desde el punto de vista jurídico, puesto que ante algún conflicto jurídico el Tribunal de la Contratación Pública no puede conocer de esos asuntos por ser incompetente, ya que se trataría de conflictos en los cuales es parte un órgano al cual no le resultan aplicables las normas de la ley 19.886, dentro de ellas las competencias del tribunal.

Es en este sentido que se hace necesario modificar la ley vigente, para que en el caso que un órgano del estado se someta voluntariamente a las normas de la ley 19.886, le resulten obligatorias, entre ellas las normas relativas a la competencia del Tribunal de la Contratación Pública.

En mérito de lo anterior, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese el siguiente inciso final en el artículo 1:

“Sin perjuicio de lo anterior, otros órganos del Estado podrán someterse voluntariamente a las normas que esta ley establece para la celebración de estos contratos, caso en el cual serán obligatoriamente regidos por lo que ellas dispongan.”

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES TEILLIER, ANDRADE , ARRIAGADA , CARMONA , ESPINOSA , DON MARCOS; JIMÉNEZ ; NÚÑEZ , DON DANIEL Y POBLETE, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO , QUE “AUTORIZA A ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL MÚSICO, CANTAUTOR Y DRAMATURGO, SEÑOR VÍCTOR JARA MARTÍNEZ ”. (BOLETÍN N° 9776‐24)

“Hablar de Víctor Jara es referirse a uno de los artistas más connotados, influyentes y talentosos que Chile ha tenido en su historia. Pertenece al grupo de grandes artistas chilenos, al igual que Pablo Neruda , Gabriela Mistral y Violeta Parra , cuya obra trasciende a su propio contexto histórico y provoca transversal admiración.

Su faceta más conocida es la de cantautor popular, a través de una prolífica obra musical, reconocida en toda Latinoamérica. Bajo la influencia de otros ilustres artistas chilenos, Pablo Neruda y Violeta Parra , Víctor Jara fue uno de los mayores exponentes de la Nueva Canción Chilena, movimiento cultural cuyo objetivo principal era luchar para liberarse de la poderosa influencia cultural imperialista e ir al rescate de los valores de nuestra propia identidad cultural, movimiento que se desarrolla con la participación de los artistas, los trabajadores, estudiantes, pobladores con una gran vocación popular.

Dentro de la Nueva Canción Chilena, Víctor Jara representó como pocos el sentimiento de búsqueda de una nueva dignidad para las clases sociales más populares. Combinó una fuerte crítica social con un esperanzado y hasta ingenuo espíritu trabajador. Su arte y sus aspiraciones eran coherentes con su historia; la de un hijo de campesinos que llegó a avecindarse a un sector pobre y marginal, pero digno de Santiago (la población Los Nogales). Enfrentó a su medio y sus obstáculos desde una postura ética de compromiso social y político.

Las palabras del propio Víctor describen a cabalidad el significado que le daba a su rol de cantautor popular: “Música comprometida, música revolucionaria, canción protesta o nueva canción chilena ¿por qué tantos nombres? Nosotros no conocemos más que uno solo: canción popular. Popular porque nace fundamentalmente de la existencia misma del pueblo, de la clase trabajadora de la cual expresa las historias individuales y colectivas que la Historia oficial ha ignorado y sigue ignorando. Es una canción comprometida en el sentido que la obra y la acción del creador se identifica en los sentimientos populares. Es revolucionaria porque lucha contra la penetración cultural del imperialismo y pretende devolver los valores culturales auténticos que determinan una identidad nacional. Es nueva, por fin, porque una vez inmersa en estos valores, está destinada a crear una sociedad nueva en la cual la música no será más un comercio, sino que podrá exaltar, sea en su contenido o en su forma, los sentimientos más nobles de la familia humana.” [1]

La campaña electoral de 1970 vio la explosión del fenómeno de la Nueva Canción Chilena. Todos los artistas y los grupos se empeñaron en el esfuerzo de apoyar la Unidad Popular, contribuyendo con sus obras, poder de convocatoria y transmisión de mensaje popular al triunfo de Salvador Allende.

A raíz de la prolífica creación musical de Víctor Jara , a menudo se olvida su rol como dramaturgo. En 1958, siendo folklorista en el conjunto Cuncumén , ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, desempeñando ambas actividades de forma paralela.

Cuando Víctor y su grupo, entre los que se encontraba Alejandro Sieveking , aprobaron los exámenes finales, tomaron la decisión colectiva de no dejarse absorber inmediatamente por la compañía estable de teatro profesional. Permanecerían unidos un año más, trabajando en una pequeña compañía propia respaldada por la Escuela de Teatro. Tenían además la intención de llevar sus producciones a pequeñas ciudades de provincias donde no llegaban las compañías profesionales.

Sus propias palabras reflejan que se sentía igualmente satisfecho por la música como por el teatro: “No sé en realidad cual es el campo que me agrada más, si es el teatro o la música. Pero las dos expresiones me llegan, son como dos motores que se tocan y se necesitan. En el teatro hay que exigirse con más profundidad. El folklore en cambio, siendo de gran raigambre humana, me suelta ataduras que salen fuera cuando canto. El teatro es más intelectual; el folklore lo siento más espontáneo. Pero en realidad, las dos cosas están muy juntas y amarradas a mí”.2 Víctor consideraba que el teatro chileno debía ser una expresión artística estrictamente folklórica, en el sentido de su significado de “saber del pueblo”. En vista de ello, debía ahondar en la idiosincrasia chilena, pues de esta manera el teatro puede tocar hondo en el alma del pueblo. No estaba de acuerdo en consecuencia con adaptar los métodos y las técnicas de la dramaturgia europea, sino que el rol del teatro chileno consiste en crear las obras que se necesitaran de acuerdo a la realidad chilena, a través de la creación de un método de actuación e interpretación teatral propios [2].

Dentro de los hitos del rol de dramaturgo de Víctor Jara se encuentran la organización y dirección de grandes eventos durante el gobierno de la Unidad Popular. El 2 de enero de 1972 se celebró en el Estadio Nacional el 50° Aniversario del Partido Comunista de Chile. En aquella ocasión, Víctor Jara dirigió a cientos de actores, ninguno de ellos profesionales, sino obreros, campesinos pobres, recolectores de basura, profesores, etc. contando su propia historia ‘La Historia del movimiento obrero chileno’. Fue emocionante y conmovedor.

Asimismo, el 9 de Septiembre de 1972 se realizó el segundo acto masivo de los tres que dirigió Víctor en el Estadio Nacional, cual fue la clausura del Séptimo Congreso de las Juventudes Comunistas de Chile y el último de estos tres espectáculos, el 5 de Diciembre de 1972, para que el pueblo chileno le brindara un homenaje a Pablo Neruda por su reciente Premio Nobel de Literatura.

A raíz de esta nueva experiencia teatral, Víctor adquirió una nueva asimilación de este arte, como una manifestación de y desde el alma de los pueblos. El pueblo puede llegar a ser partícipe activo de los movimientos culturales, si es que se le entregan las herramientas necesarias.

Víctor soñaba con repetir esta experiencia a lo largo y ancho de todo Chile. No pudo, lo mataron antes de cumplir su sueño. Sin embargo, su obra y su legado quedaron impregnados en el pueblo de Chile.

Su asesinato tuvo lugar en el Estadio que hoy lleva su nombre. Tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, Víctor fue llevado al Estadio convertido en un centro de detención, de tortura y de asesinato. En este lugar fue sometido a tratos crueles e inhumanos por los encargados del lugar quienes luego, lo asesinaron de forma horrorosa intentando con ello, acallarlo para siempre. Su cuerpo fue arrojado en la vía pública, junto a Litre Quiroga , en las cercanías del Cementerio Metropolitano en la comuna de Lo Espejo. El trágico y triste hallazgo, es recordado año a año por miles de compatriotas que recuerdan a Víctor y demuestran que su canto ha sobrevivido y es parte hoy de la cultura nacional. En una especie de peregrinación permanente la gente sencilla del pueblo, trabajadores, intelectuales, cultures del arte, visitan este sitio de la memoria, solicitando verdad y justicia y un nunca más.

Victor Jara , indudablemente trasciende un partido político y va más allá de nuestras fronteras. Es un hijo prodigo que renace como un símbolo de nuestro pueblo y de toda la humanidad.

POR TANTO: Los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en proponer a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo Víctor Jara Martínez , en la comuna de Lo Espejo.

Artículo 2°.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea en el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Artículo 3°.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.

Artículo 4°.- Créase una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un diputado autor de la moción que le dio origen, elegido por la mayoría de ellos dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; un representante de la Fundación Víctor Jara, un representante del Partido Comunista de Chile; el Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y un representante del Alcalde de Lo Espejo.

La comisión elegirá un presidente de entre sus integrantes y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.

Artículo 5°.- La comisión especial tendrá las siguientes funciones:

a) Determinar la fecha y la forma en que se verificarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, y realizar las gestiones pertinentes destinadas a que éstas se efectúen.

b) Determinar el sitio en que se ubicará el monumento preferentemente en el lugar que las organizaciones vecinales y culturales de Lo Espejo solicitan sea declarado “Sitio Histórico de la Memoria”, en coordinación con el Alcalde respectivo, la Fundación Víctor Jara y el Consejo de Monumentos Nacionales; y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales.

c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo.

d) Administrar el fondo creado en el artículo 3°.

e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo. f) Cualquier otra destinada a la concreción de las obras.

Artículo 6°.- Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión especial determine.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, AGUILÓ , AUTH, ESPEJO, FARCAS , INSUNZA , JACKSON , RINCÓN Y TEILLIER , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA , QUE “CONCEDE LA NACIONALIDAD POR GRACIA A DON ROBERTO KOZAK”. (BOLETÍN N° 9777‐06)

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La nacionalidad por gracia constituye un reconocimiento honorífico que el Estado confiere a un extranjero que ha prestado o presta grandes servicios al país. Esta institución republicana significa una alta distinción de parte de nuestra nación a personas que han sido un aporte al progreso de Chile, y que a juicio del Poder Legislativo son modelo de virtud a seguir por generaciones futuras.

Esta institución se encuentra establecida en nuestra Carta Fundamental, la que en su artículo 10 número 4 expresa que son chilenos “ los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”.

RAZONES POR LAS QUE ROBERTO KOZAK DEBERÍA RECIBIR LA CIUDADANÍA CHILENA POR GRACIA

Roberto Kozak nació en Argentina el 14 de mayo de 1942, estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Buenos Aires y desde 1968 se desempeña en la Organización Internacional para las Migraciones. Labor desde la cual tuvo una especial y fundamental tarea en la defensa de miles de chilenos que veían amenazados sus Derechos Humanos durante la dictadura militar vivida en Chile a raíz del Golpe de Estado del año 1973.

Con posterioridad al quebrantamiento democrático producido por la intervención por parte de la Fuerzas Armadas y de Orden, que significó el derrocamiento del Presidente Salvador Allende, don Roberto Kozak se dio a la tarea de sacar de Chile a la mayor cantidad de presos políticos posibles. De hecho, como director del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, fue responsable de la salida del país de más de 30 mil personas que tenían la calidad de presos políticos o que estaban bajo peligro de serlo.

Kozak visitaba los centros de detención, como Tres Álamos, donde conoció al doctor Patricio Bustos , quien en la actualidad se desempeña como director del Servicio Médico Legal, y a quien ayudó a salir exiliado del país y a reunirse con su esposa en Italia. El doctor Bustos posteriormente recordaría a Kozak como “una persona que irradiaba solidaridad y humanidad”.

Dentro de la esfera de sus atribuciones, el año 1974 Kozak logró llegar a un acuerdo con el Gobierno del General Pinochet, mediante el cual se estableció una vía expedita para expulsar del país a prisioneros políticos. Los primeros que se vieron beneficiados por este convenio fueron los ex ministros del Gobierno del Presidente Allende que se encontraban detenidos en la Isla Dawson, entre ellos Clodomiro Almeyda .

Don Roberto Kozak visitaba embajadas, centros de detención y reparticiones gubernamentales como el Ministerio del Interior o el de Relaciones Exteriores, de esta forma obtenía datos de los presos, buscaba apoyos en las sedes diplomáticas y negociaba con el Gobierno. Además, asistía al aeropuerto cuando personas, fruto de sus gestiones, lograban irse del país en búsqueda de seguridad y protección a sus derechos más básicos.

Este funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones además entrenó a más personas para que lo ayudaran en su tarea en Chile, además medió en la negociación del Gobierno Militar con la URSS que permitió la liberación de Luis Corvalán el año 1976.

En 1979, Kozak debió asumir funciones del CIME en Ginebra, y antes de retirarse del país negoció la salida de 37 condenados por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Posteriormente a esto, señaló que “faltaba la mitad del trabajo: asistir al retorno y a la reinserción en la sociedad chilena del último de los exiliados que deseara hacerlo”, por tal razón volvió a Chile, y entre los años 1984 y 1994 ayudó en el retorno al país de más de 15 mil exiliados.

Por todo lo anterior es que en 1979 el Sr. Kozak fue condecorado por el Gobierno Italiano con la Orden al Mérito en el grado de “Comendatore” y en 1994 recibió del Gobierno de Chile la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins en su grado de Gran Cruz. Ambas condecoraciones le fueron otorgadas en reconocimiento a su labor a favor de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile.

Actualmente don Roberto Kozak reside en Santiago junto a su esposa. Los mocionantes tenemos la convicción que este personaje de una gran estatura moral y al que le debemos tanto como país merece un reconocimiento del pueblo chileno, por lo que es de total justicia que se le entregue la ciudadanía por gracia.

Por lo anterior, es que venimos a presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único: “Concédase la gracia especial de nacionalización por ley al ciudadano argentino don Roberto Kozak ”.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES WALKER, CORNEJO , FARCAS , GODOY, GUTIÉRREZ , DON HUGO ; LEÓN , MIROSEVIC , NÚÑEZ , DON MARCO ANTONIO ; SILBER Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, CON EL PROPÓSITO DE POSIBILITAR EL MATRIMONIO IGUALITARIO”. (BOLETÍN N° 9778‐18)

CONSIDERACIONES PREVIAS

En los últimos años, Chile ha comenzado a reparar su deuda con diversos grupos históricamente marginalizados y perseguidos. Un importante reconocimiento de dicha deuda lo constituyó la aprobación de la Ley de Medidas contra la Discriminación, también conocida como Ley Zamudio en memoria del joven gay asesinado por su orientación sexual. Si bien esta ley no constituye una ley únicamente diseñada para la diversidad sexual, es indudable que para dicho grupo representa un significativo avance, que sin duda debe ser perfeccionado.

Los asuntos relacionados con el estatuto legal de las relaciones de pareja representan otro espacio donde la sociedad pareciera estar poniéndose al día. El proyecto de unión civil actualmente en discusión en el Congreso Nacional permitirá la creación de un régimen jurídico igualitario tanto para parejas heterosexuales como del mismo sexo. Esta es una señal positiva, en cuanto no incurre en el establecimiento de un régimen discriminatorio consistente en la segregación de las parejas del mismo sexo a un tipo de relación jurídica exclusivo para ellas; una especie de 'separados pero iguales' en el que aquellos que han sido separados, nunca son iguales.

Pero, como resulta evidente, la subsistencia de un régimen matrimonial excluyente, que impide su utilización por parte de las parejas del mismo sexo, es en sí objetivamente una forma de marginación inconsistente con nuestra Ley Zamudio, con los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales suscritos por Chile, y con el principio constitucional de igualdad.

En estricto rigor, legislar sobre esta materia podría parecer innecesario. La Constitución contiene claros principios que permitirían concluir con claridad que la disposición del Código Civil que señala que el matrimonio es la unión entre una persona y una mujer es sencillamente letra muerta. Al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y señalar que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados, la Constitución prohíbe diferenciar entre parejas en razón de criterios secundarios tales como la orientación sexual o la identidad de género de los integrantes de las mismas.

El que la Constitución Política de la República declare a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad intensifica este argumento. Una institución de tal importancia no puede verse determinada en sus contenidos y contornos por concepciones tradicionales que, aparte de carecer de justificación racional, segregan y marginan a grupos históricamente desaventajados.

Por ello, la sociedad nos exige actualizar nuestra legislación para poner fin a la discriminación y la segregación expresada en el no reconocimiento del derecho a gozar en igualdad de condiciones de todas las instituciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello es necesario modificar el actual concepto de matrimonio del Código Civil, el cual, al establecer que dicho vinculo sólo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer, representa una exclusión arbitraria que perjudica a los grupos de la diversidad sexuales que aspiran a contraer matrimonio.

No está de más recordar que la Ley de Matrimonio Civil, en su artículo 2G, establece que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, cuyo ejercicio se puede realizar cuando se adquiere la edad para ello. Dicha disposición nada indica sobre la orientación sexual de los contrayentes, por lo que se hace necesario hacer que la norma que regula la materia sea concordante con los principios constitucionales y con realidad actual.

No podemos ignorar que el matrimonio igualitario ha sido gradualmente reconocido en todo el mundo. Las diversas legislaciones de las democracias liberales han introducido modificaciones, algunas veces a través de procesos legislativos y en otros mediante sentencias de tribunales constitucionales, para reconocer la dignidad de las parejas homosexuales. Holanda fue el primer país en reconocer la igualdad matrimonial, y Francia ha sido el más reciente en unirse a esta lista. Chile, cuya Constitución de 1828 ya afirmaba que en nuestro país no existe clase privilegiada, tiene en el siglo XXI el deber político de sumarse a la supresión de toda casta subordinada, como ocurre hoy en día con las parejas del mismo sexo.

En nuestro caso, como diputados del Partido Demócrata Cristiano, apoyamos a la familia como base fundamental de la sociedad, reconociendo dentro de esta institución diferentes realidades como las familias homoparentales o uniparentales. Con esto creemos estar a la altura de la historia de nuestro Partido, que en cada momento de nuestra historia ha sido capaz de romper condogmatismos para luchas por la igualdad de derechos en nuestra sociedad, para todas y todos los chilenos.

En esta posición no estamos solos. Contamos con el respaldo de organismos oficiales de nuestro partido, tales como la Comisión Político Técnico por la Diversidad Sexual y la Juventud Demócrata Cristiana, la que en su V Congreso Ideológico decidió apoyar el matrimonio para personas del mismo sexo.

Los diputados que suscribimos el presente proyecto de ley proponemos modificar los diversos cuerpos legales donde se señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, además de los efectos que se derivan de aquello. Con esta reforma consideramos que Chile habrá logrado el lugar que le corresponde entre las naciones del mundo en materia de respeto a la dignidad de la persona humana.

Por los fundamentos expresados, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Modifíquese el Código Civil en los siguientes artículos:

ARTICULO 1

1.- Reemplácese el texto del artículo 31 por el siguiente: “Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su cónyuge, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el dicho consanguíneo. Así, cada cónyuge está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su cónyuge en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos del mismo cónyuge.

2.- Deróguese el artículo 41.

3. Reemplácese en el artículo 102 la expresión: “un hombre y una mujer” por “dos personas”.

4. Elimínese en el artículo 102 la frase: “de procrear,” Título V de las Segundas Nupcias

5. Elimínese el Articulo 128.

6. Elimínese el artículo 129.

7. Elimínese el artículo 130.

Título VI Obligaciones y derechos entre los cónyuges

8. Reemplácese en el artículo 131 la expresión a continuación del punto seguido: “El marido y la mujer” por “Los cónyuges”.

9. Elimínese del artículo 132 el inciso 2.

10. Reemplácese en el artículo 134 la frase: “El hombre y la mujer” por “Los cónyuges”.

11. Agréguese en el artículo 135, a continuación del punto aparte del inciso la siguiente frase: “Los cónyuges del mismo sexo se hará de común acuerdo.”

12. Agréguese al artículo 136 el siguiente inciso: “Los cónyuges del mismo sexo será determinado por el tribunal”.

13. Agréguese en el artículo 137 el siguiente inciso 2: “En los cónyuges del mismo sexo, el cónyuge que no administre la sociedad conyugal podrá realizar los actos y contratos precedentes”.

14.- Sustitúyase el artículo 138 por el siguiente:

Artículo 138. Si por impedimento de larga o indefinida duración, como el de interdicción, el de prolongada ausencia, o desaparecimiento, se suspende la administración ordinaria de la sociedad conyugal, se observará lo dispuesto en el párrafo 4° del título XXII del Libro IV de este Código.

Si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración, el otro cónyuge podrá actuar respecto de los bienes del administrador, de los de la sociedad conyugal y de los suyos que sean administrados por su consorte, con autorización del juez, con conocimiento de causa, cuando de la demora se siguiere perjuicio.

En el caso a que se refiere el inciso anterior, el cónyuge no administrador de la sociedad conyugal obliga a su consorte en sus bienes y en los sociales de la misma manera que si el acto fuera de éste; y obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio particular que reportare del acto.

15. Sustitúyase el artículo 138 bis, por el siguiente:

“Si el cónyuge se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio del otro cónyuge, el juez podrá autorizarla para actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado el al demandado.

En tal caso, el cónyuge no administrador sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios otro cónyuge, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el cónyuge administrador hubieren reportado del acto.”

16. Reemplácese en el articulo 139 (148) el vocablo “marido” por “cónyuge”.

17. Reemplácese en el artículo 140 (149) en el numeral 2, el vocablo “mujer” por “cónyuge no administrador”

18. Reemplácese en el artículo 150 inciso 1, la expresión: “La mujer casada” por “El cónyuge no administrador”.

19. Reemplácese el artículo 150 inciso 2, por el siguiente:

“El cónyuge no administrador, que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los del cónyuge administrador, se considerará separado de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquiera estipulación en contrario; pero si fuere menor de dieciocho años, necesitará autorización judicial, con conocimiento de causa, para gravar y enajenar los bienes raíces.”

20. Reemplácese en el artículo 150 inciso 3, por el siguiente:

“Incumbe al cónyuge no administrador acreditar, tanto respecto del cónyuge administrador como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley.”

21. Reemplácese en el artículo 150 inciso 4, por el siguiente:

Los terceros que contraten con el cónyuge no administrador quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieren interponer uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, fundada en la circunstancia de haber obrado el cónyuge no administrador fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por el cónyuge no administrador, mediante instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los del cónyuge administrador.

22. Reemplácese en el artículo 150 inciso 5, por el siguiente:

Los actos o contratos celebrados por el cónyuge no administrador en esta administración separada, obligarán los bienes comprendidos del mismo y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167, y no obligarán los del cónyuge administrador sino con arreglo al artículo 161.

23. Reemplácese en el artículo 150 inciso 6, por el siguiente: “Los acreedores del cónyuge administrador no tendrán acción sobre los bienes que el cónyuge no administrador administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él cedió en utilidad del cónyuge no administrador o de la familia común.”

24. Reemplácese en el artículo 150 inciso 7, por el siguiente:

“Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo se refiere entrarán en la partición de los gananciales; a menos que el cónyuge no administrador o sus herederos renunciaren a estos últimos, en cuyo caso el cónyuge administrador no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.”

25. Reemplácese en el artículo 150 inciso 8, por el siguiente:

“Si el cónyuge no administrador o sus herederos aceptaren los gananciales, el cónyuge administrador responderá a esas obligaciones hasta concurrencia del valor de la mitad de esos bienes que existan al disolverse la sociedad. Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777.”

26. Reemplácese en el artículo 153 la expresión “La mujer” por “El cónyuge no administrador”

27. Reemplácese en el artículo 154 la expresión “La mujer” por “el cónyuge no administrador”

28. Reemplácese en el artículo 155 el vocablo: “marido” por la expresión “el cónyuge administrador”

29. Reemplácese en el artículo 155 inciso 2 el vocablo: “el marido” por la expresión “el cónyuge administrador”

Reemplácese en el artículo 155 inciso 3 el vocablo: “la mujer” por la expresión “el cónyuge no administrador”

30. Reemplácese en el artículo 155 inciso 4 el vocablo: “marido” por la expresión “el cónyuge administrador”

31. Reemplácese en el artículo 155 inciso 4 el vocablo: “la mujer” por la expresión “el cónyuge no administrador”

32. Reemplácese en el artículo 156 el vocablo: “la mujer” por la expresión “el cónyuge no administrador”

33. Reemplácese en el artículo 156 el vocablo: “ésta” por “éste”

34. Reemplácese en el artículo 156 inciso 2 el vocablo: “la mujer” por la expresión “el cónyuge no administrador”

35. Reemplácese en el artículo 157 el vocablo: “marido” por la expresión “el cónyuge administrador”

36. Elimínese del articulo 158 la frase: “se dice del marido o de la mujer”

37. Reemplácese en el artículo 161 el vocablo: “la mujer” por la expresión “un cónyuge”

38. Reemplácese en el artículo 161, inciso 2 el vocablo: “el marido” por la expresión “Un cónyuge”

39. Reemplácese en el artículo 161, inciso 2 el vocablo: “la mujer” por la expresión “el otro cónyuge”

40. Reemplácese en el artículo 161, inciso 3 el vocablo: “la mujer” por la expresión “su cónyuge”

41. Reemplácese en el artículo 161, inciso 4 por el siguiente: “Rigen iguales disposiciones para ambos cónyuges separados de bienes respecto de las obligaciones que contraídas.”

42. Reemplácese en el artículo 162, por el siguiente: “Si un cónyuge separado de bienes confiere al otro cónyuge la administración de alguna parte de los suyos, será obligado como simple mandatario.”

43. Reemplácese en el artículo 163 la expresión “Al marido y a la mujer” por el vocablo: “Los cónyuges”

44. Reemplácese el artículo 166, por el siguiente:

Art. 166. Si a el cónyuge no administrador se hiciere una donación, o se dejare una herencia o legado, con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el cónyuge administrador, y si dicha donación, herencia o legado fuere aceptado por la cónyuge no administrador, se observarán las reglas siguientes:

1°. Con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, se aplicarán las disposiciones de los artículos 159, 160, 161, 162 y 163, pero disuelta la sociedad conyugal las obligaciones contraídas por la cónyuge no administrador en su administración separada podrán perseguirse sobre todos sus bienes.

2°. Los acreedores del cónyuge administrador no tendrán acción sobre los bienes que la cónyuge no administrador administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él cedió en utilidad de la cónyuge no administrador o de la familia común.

3°. Pertenecerán a la cónyuge no administrador los frutos de las cosas que administra y todo lo que con ellos adquiera, pero disuelta la sociedad conyugal se aplicarán a dichos frutos y adquisiciones las reglas del artículo 150.

45.- Articulo 167. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que la cónyuge no administrador administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente.

Título XVII. De las pruebas del estado civil

46.- Reemplácese el artículo 310 por el siguiente:

“La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos como cónyuges en sus relaciones domésticas y sociales; y en haber sido recibido como cónyuge ese carácter por los deudos, amigos y por el vecindario de su domicilio en general.

Título XXIV. Reglas especiales relativas a la curaduría del disipador.

47.- Reemplácese el artículo 449 por el siguiente:

Art. 449. El curador del cónyuge administrador disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá de pleno derecho la guarda de los hijos en caso de que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad.

El curador del cónyuge no administrador disipador ejercerá también, y de la misma manera, la tutela o curatela de los hijos que se encuentren bajo la patria potestad de ella, cuando ésta no le correspondiera al padre.

48.- Reemplácese el artículo 450 por el siguiente:

Art. 450. Ningún cónyuge podrá ser curador del otro declarado disipador. El cónyuge no administrador casado en sociedad conyugal cuyo marido disipador sea sujeto a curaduría, si es mayor de dieciocho años o después de la interdicción los cumpliere, tendrá derecho para pedir separación de bienes.

Título XXVII. De las curadurías de bienes

49. Reemplácese en el artículo 477 el vocablo: “mujer” por “cónyuge no administrador”

50. Reemplácese en el artículo 478 el vocablo: “mujer casada” por “cónyuge no administrador”

51. Reemplácese en el artículo 478 el vocablo: “marido” por “cónyuge administrador”

Título XXVIII. De lo curadores adjuntos

52. Reemplácese el artículo 493 por el siguiente:

Los curadores adjuntos son independientes de los respectivos padres, cónyuges, o guardadores.

La responsabilidad subsidiaria que por el artículo 419 se impone a los tutores o curadores que no administran, se extiende a los respectivos padres, cónyuges, o guardadores respecto de los curadores adjuntos.

53. Reemplácese en el artículo 503 la expresión:” El marido y la mujer” por “Los cónyuges”

54. Reemplácese en el artículo 503, inciso 2 la expresión:” al marido o a la mujer” por “a uno de los cónyuges”

Título II. De la ordenación del testamento

55. Reemplácese en el artículo 1000 la frase: “marido y mujer” por “los cónyuges”

Título VII. De la apertura de la sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario

56. Reemplácese en el artículo 1225. Inciso 4°, por el siguiente:

El cónyuge administrador requerirá el consentimiento del cónyuge no administrador bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 1749.

Título X. De la partición de los bienes

57. Reemplácese en el artículo 1326. Inciso 2°, por el siguiente: Se exceptúa de esta disposición el cónyuge no administrador cuyos bienes administra el su cónyuge; bastará en tal caso el consentimiento el cónyuge no administrador, o el de la justicia en subsidio.

Título XXII. De la Convenciones Matrimoniales y de la Sociedad Conyugal.

58. Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 1718: “En el caso en que los contrayentes sean personas del mismo sexo, junto con el matrimonio deberá pactarse, en forma irrevocable, cuál de los cónyuges tendrá la administración de la sociedad conyugal. Para estos efectos, quien tenga la administración de la sociedad conyugal tendrá los mismos derechos y obligaciones que la ley establece para el marido, mientras que el cónyuge que no posea dicha administración tendrá los derechos y obligaciones que la ley acuerda a la mujer, de modo tal que asumen laposición jurídica respectiva, a efectos de la determinación de sus facultades y deberes. Esto es sin perjuicio de la facultad de los contrayentes de pactar un régimen diverso al de la sociedad conyugal, según las reglas generales.”

59. Sustitúyese el inciso primero del artículo 1719, por el siguiente: “El cónyuge que no administre la sociedad conyugal podrá renunciar a los gananciales que resulten de la gestión de su consorte, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad.”

60. Reemplázase el inciso final del artículo 1733 por el siguiente: “La subrogación hecha en bienes del cónyuge que no administre la sociedad conyugal requerirá su autorización”.

61. Sustitúyese el párrafo 3° del título XXII por el siguiente:

“Artículo 1749. De acuerdo al pacto señalado en el artículo 1718, uno de los cónyuges tendrá la administración de los bienes sociales y los de su consorte; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones establecidas por la ley y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.

En cumplimiento de esta administración, el cónyuge ejercerá los derechos de su consorte que siendo socio de una sociedad civil o mercantil se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150.

Asimismo, no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales de su consorte sin autorización de éste.

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas las prórrogas que se hubieren pactado.

Si el cónyuge que tiene la administración de la sociedad conyugal se constituye como aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios.

En los casos a que se refiere el inciso anterior, para obligar los bienes sociales, necesitará la autorización de su consorte.

La autorización deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso.

La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez, previa audiencia a la que será citado el cónyuge que haya debido prestarla, si la negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez en caso de algún impedimento del referido cónyuge, como el de menor edad, demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha autorización si se opusiere a la donación de los bienes sociales.

62. Artículo 1750. El administrador de la sociedad conyugal es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad sus acreedores podrán perseguir tanto sus bienes como los sociales; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el administrador a la sociedad o la sociedad al administrador.

Podrán, con todo, los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes de su consorte, en virtud de un contrato celebrado por ellos con el administrador, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal del primero, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio.

63. Artículo 1751. Si el cónyuge que tiene la administración de la sociedad conyugal otorga un mandato general o especial a su consorte, toda deuda contraída por éste es deuda del gestor y por consiguiente de la sociedad. Por consiguiente, el acreedor no podrá perseguir el pago de la deuda sino sólo sobre los bienes de la sociedad y sobre los bienes propios del cónyuge administrador, y no sobre los de su consorte, sin perjuicio de lo prevenido en el inciso 2.° del artículo precedente.

Si el cónyuge mandatario contrata a su propio nombre, regirá lo dispuesto en el artículo 2151.

En caso de que el contrato se haya celebrado de consuno o si el cónyuge no administrador de la sociedad se ha obligado solidaria o subsidiariamente con el otro, no podrán perseguirse los bienes propios del referido cónyuge, salvo en los casos del inciso segundo del artículo anterior y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 137.

64. Artículo 1752. El cónyuge que no administra la sociedad conyugal no tiene por sí solo derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en los casos del artículo 145.

65. Artículo 1753. Aunque en las capitulaciones matrimoniales se renuncie los gananciales, no por eso el cónyuge que no posee la administración de la sociedad conyugal tendrá la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales se entienden concedidos a su consorte para soportar las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar y restituir dichos bienes, según después se dirá.

66. Artículo 1754. No se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces del cónyuge que no administre la sociedad conyugal, sino con su voluntad. Esta declaración de voluntad deberá ser específica y otorgada por escritura pública, bastando también la intervención expresa y directa de cualquier modo en el acto. Podrá prestarse, en todo caso, por medio de mandato especial que conste de escritura pública.

Podrá suplirse por el juez el consentimiento del cónyuge que no administre la sociedad conyugal cuando éste se hallare imposibilitado de manifestar su voluntad.

El cónyuge que no administre la sociedad conyugal, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre su consorte, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis.

67. Artículo 1755. Para enajenar o gravar otros bienes del cónyuge que no administre la sociedad conyugal, que su consorte esté o pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento del primero, que podrá ser suplido por el juez cuando estuviere imposibilitado de manifestar su voluntad.

68. Artículo 1756. El administrador de la sociedad conyugal no podrá dar en arriendo o ceder la tenencia de los predios rústicos de su consorte por más de ocho años, ni de los urbanos por más de cinco, incluidas las prórrogas que se hubieren pactado.

Es aplicable a este caso lo dispuesto en los incisos 7.° y 8.° del artículo 1749.

Artículo 1757. Los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en los artículos 1749, 1754 y 1755 adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento o de la cesión de la tenencia, el contrato regirá sólo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756.

La nulidad o inoponibilidad anteriores podrán hacerlas valer el cónyuge no administrador de la sociedad conyugal, sus herederos o cesionarios.

El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde la disolución de la sociedad conyugal, o desde que cese la incapacidad del cónyuge no administrador o de sus herederos.

En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato.

Sustitúyense los artículos 1758, 1759, 1760 , 1761, 1762 y 1763 por los siguientes: 69.- “Articulo 1758. En el caso de interdicción del cónyuge que realiza la gestión ordinaria de la sociedad conyugal, o por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, su consorte tendrá la administración de la sociedad, cuando hubiere sido nombrado curador suyo o de sus bienes.

Si por incapacidad o excusa del consorte se encargaren estas curadurías a otra persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal.

70. Articulo 1759. En el caso del artículo anterior, el cónyuge que recibe la administración tendrá iguales facultades que el gestor ordinario de la misma.

No obstante, sin autorización judicial, con conocimiento de causa, no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales.

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735.

Todo acto en contravención a este artículo será nulo relativamente. La acción corresponderá al cónyuge interdicto o ausente, sus herederos o cesionarios y el cuadrienio para pedir la declaración de nulidad se contará desde que cese el hecho que motivó la curaduría.

En ningún caso se podrá pedir la declaración de nulidad pasados diez años desde la celebración del acto o contrato.

Si el cónyuge que tiene la administración extraordinaria de la sociedad conyugal se constituye en aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución respecto de terceros, sólo obligará sus bienes propios y los que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167. Para obligar los bienes sociales necesitará la autorización de la justicia, dada con conocimiento de causa.

En la administración de los bienes propios del cónyuge interdicto o ausente, se aplicarán las normas de las curadurías.

71. Artículo 1760. Los actos y contratos realizados durante la vigencia de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, que no estuvieren vedados por el artículo precedente, serán equivalentes a los celebrados durante la gestión ordinaria de la misma, y en consecuencia la obligarán en sus bienes y los del administrador ordinario; salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal del consorte que asume la gestión según el artículo 1758.

72. Artículo 1761. El cónyuge que asuma la administración extraordinaria de la sociedad conyugal podrá dar en arriendo los inmuebles sociales o ceder su tenencia, y su consorte o sus herederos estarán obligados al cumplimiento de lo pactado por un espacio de tiempo que no pase de los límites señalados en el inciso 4.° del artículo 1749.

Este arrendamiento o cesión, sin embargo, podrá durar más tiempo, si el administrador extraordinario, para estipularlo así, hubiere sido especialmente autorizado por la justicia, previa información de utilidad.

73. Artículo 1762. Si el cónyuge no quisiere tomar sobre sí la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, ni someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes; y en tal caso se observarán las disposiciones del Título VI, párrafo 3 del Libro I. 74. Artículo 1763. Cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, quien tenga la administración ordinaria de la sociedad conyugal la recobrará, previo decreto judicial.

Régimen de la participación en los gananciales:

75. En el artículo 1792-2, reemplázase la frase “los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados y cada uno de los cónyuges” por “los patrimonios de los cónyuges se mantienen separados, y cada uno de ellos”.

LIBRO IV. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS Título XXIX. Del mandato

76. Reemplácese en el artículo 2171, por el siguiente:

Si el cónyuge no administrador ha conferido un mandato antes del matrimonio, subsiste el mandato; pero el cónyuge administrador podrá revocarlo a su arbitrio siempre que se refiera a actos o contratos relativos a bienes cuya administración corresponda a éste.

Título XXXV. De los delitos y cuasidelitos

77. Reemplácese en el artículo 2320, por el siguiente:

Así el cónyuge administrador, y a falta de éste el cónyuge no administrador, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Título XLI. De la prelación de créditos

78. Reemplácese en el artículo 2481, N° 3, por el siguiente:

3°. Los cónyuges no administradores, por los bienes de su propiedad que administra el otro cónyuge, sobre los bienes de éste o, en su caso, los que tuvieren los cónyuges por gananciales;

79. Reemplácese en el artículo 2483, por el siguiente:

Art. 2483. La preferencia del número 3.°, en el caso de haber sociedad conyugal, y la de los números 4.°, 5.° y 6.°, se entienden constituidas a favor de los bienes raíces o derechos reales en ellos, que el cónyuge no administrador hubiere aportado al matrimonio, o de los bienes raíces o de derechos reales en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos bajo patria potestad, y personas en tutela o curaduría y hayan entrado en poder del cónyuge, padre, madre, tutor o curador; y a favor de todos los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta, u otros de igual autenticidad.

Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones del cónyuge no administrador contra cónyuge no administrador o de los hijos bajo patria potestad y personas en tutela o curaduría, contra sus padres, tutores o curadores por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehaciente.

80. Reemplácese en el artículo 2483, por el siguiente:

Art. 2483. Los matrimonios celebrados en país extranjero y que según el artículo 119 deban producir efectos civiles en Chile, darán a los créditos de un cónyuge sobre los bienes del otro cónyuge existentes en territorio chileno el mismo derecho de preferencia que los matrimonios celebrados en Chile.

Título XLII. De la prescripción

81. Reemplácese en el artículo 2509, por el siguiente:

2°. El cónyuge no administrador en sociedad conyugal mientras dure ésta;

ARTÍCULO 2°

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.947, establece nueva Ley de

Matrimonio Civil.

82. Derógase el numeral cuarto del artículo 54.

83. Eliminase en el inciso primero del artículo 80 la expresión: frase “siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer” y la coma que la antecede.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; ARRIAGADA , CARMONA , FARCAS , INSUNZA , JARPA , JIMÉNEZ , MONSALVE Y ROBLES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL SENTIDO DE PRIVILEGIAR LA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATADAS, PARA USOS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y MINERAS”. (BOLETÍN N° 9779‐33)

“Vistos:

Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

Considerando:

1.- En términos generales el tratamiento de aguas residuales o aguas servidas consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. [1]

2.- El artículo 3° incisos 3° y 4° de la Ley General de Servicios Sanitarios señala por su parte que se entiende por recolección de aguas servidas, la conducción de éstas desde el inmueble del usuario, hasta la entrega para su disposición y por disposición de aguas servidas, la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas, o en sistemas de tratamiento.

3. En Chile el tratamiento de aguas servidas está a cargo de empresas privadas cuya concesión es entregada mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas. La concesión es un título concedido por la autoridad que faculta a un prestador para explotar los servicios con exclusividad dentro de un área determinada, obligándolo, al mismo tiempo, a atender a todo usuario que solicite el servicio dentro de dicho territorio.

4.- El procedimiento se inicia generalmente con una solicitud de parte de un interesado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Dicha solicitud incluye, entre otros antecedentes, los límites geográficos considerados, el número de usuarios de agua potable y alcantarillado a ofrecer, la identificación de las fuentes y derechos de agua requeridos para el servicio y una garantía de seriedad de la solicitud. [2]

5.- Ahora una vez entregada la concesión, y en relación con el tratamiento de aguas servidas específicamente, a la Superintendencia le corresponde velar porque la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas se efectúe de acuerdo a la normativa vigente, a través de las acciones de fiscalización sobre el autocontrol, la realización de controles directos e inspecciones en terreno.

6.- En el país, existen más de 260 sistemas de tratamiento de aguas servidas operando y autorizados por la Superintendencia, los que atienden a más de once millones y medio de habitantes de todo el país. La tecnología de tratamiento predominante corresponde a Lodos Activados, con casi un 60% respecto a la cantidad total de plantas de tratamiento de aguas servidas.

7.- Un sistema de lodos activados es un proceso biológico (bioproceso) utilizado para la depuración natural (biorremediación) de las aguas residuales, cuya finalidad es la producción de un clarificado (agua sin materia orgánica). [3]

En el proceso de lodos activados los microorganismos son completamente mezclados con la materia orgánica en el agua residual de manera que ésta les sirve de alimento para su producción. Es importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por medios mecánicos (aereadores superficiales, sopladores, etc), los cuales tiene doble función a) producir mezcla completa y b) agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle.

De ahí, parte del líquido mezclado es pasado desde la parte superior del tanque, hasta un tanque de sedimentación para su separación del agua residual tratada. Este proceso es llamado clarificación del agua. Otra parte del líquido mezclado, es pasado desde la parte baja del tanque (que contiene las células sedimentadas) y se recircula para mantener en el birreactor, una concentración de células equilibrada. Finalmente, la otra parte se purga del sistema (fango en exceso) hacia otro proceso en donde son tratados los fangos.

8.- Otros procesos tecnológicos para el tratamiento de aguas que se utilizan en nuestro país son: Emisario Submarino; Lagunas de Estabilización; Lagunas Aireadas ; Lagunas Facultativas ; Lombrifiltro ; Primario-Desinfección; SBR ( Secuential Batch Reactor) ; Biofiltro ; y Zanjas de Oxidación.

La distribución de los procesos se puede apreciar en la siguiente imagen:

* Superintendencia de Servicios Sanitarios

9.- El tratamiento de las aguas servidas se ha incrementado en el país sustancialmente en los últimos años, alcanzando un nivel de cobertura cercano al 83% respecto a la población urbana nacional, por tanto la manera como se lleva a cabo el proceso y el destino de las aguas tratadas, constituye un tema fundamental considerando que estamos en tiempos de optimizar el recurso hídrico en nuestro planeta y en el norte de nuestro país.

10.- La idea principal de este proyecto, por tanto, es establecer por ley que el uso o destino de las aguas tratadas puedan aportarse a los procesos de riego o de operaciones mineras, a fin de optimizar el recurso hídrico como ya mencionáramos, privilegiando el uso de este tipo de aguas para dichos efectos en vez de agua potable para el consumo humano.

11.- Actualmente el uso de las aguas tratadas depende del proceso tecnológico que se haya aplicado y si se trata de un cuerpo receptor natural o artificial. Dentro de los artificiales se encuentran los canales de regadío. Si una empresa concesionaria quisiera destinar el agua tratada a actividades de regadío debiera en principio contar con la autorización de las asociaciones de canales de regadío involucradas, con anterioridad a la obtención de la concesión misma, pues el decreto que otorga la concesión debe indicar el cuerpo receptor y el punto de descarga de las aguas.

12.- Mediante el presente proyecto se pretende que la propia ley general de servicios sanitarios establezca que las concesionarias privilegien el destino de las aguas tratadas a los cuerpos receptores artificiales para, por ejemplo, desarrollar actividades de riego.

13.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el artículo 12 número 6° del DFL 382 de 1989 del Ministerio de Obras Públicas que establece la Ley General de Servicios Sanitarios en el siguiente sentido:

Incorpórese un inciso 2° nuevo al numeral 6° del artículo 12 que señale:

“El peticionario deberá privilegiar la disposición de las aguas tratadas para usos agrícolas de riego y procesos mineros. La disposición se materializará mediante un convenio celebrado entre el peticionario y las organizaciones o empresas beneficiarias, el que deberá presentarse junto con los demás antecedentes requeridos al momento de la solicitud de concesión”.

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORA PASCAL Y SEÑOR LEÓN EN LA REUNIÓN PARLAMENTARIA CON OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, REALIZADA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LIMA, PERÚ.

“Honorable Cámara.

Tengo a honra informar acerca de la participación que les correspondió a los diputados señora Denise Pascal Allende y señor Roberto León Ramírez , como Presidente del GRULAC y de la Segunda Comisión sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Desarrollo de la Unión Interparlamentaria, durante la Reunión Parlamentaria con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada el día 8 de diciembre de 2014, en Lima, Perú .

I. ANTECEDENTES.

El proceso de la Convención.

De conformidad con los antecedentes proporcionados por Cancilleria, el proceso negociador que conducirá la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), en Lima, revistió una gran importancia por cuanto antecedió a la COP21 de París (diciembre de 2015), oportunidad en que se acordará un nuevo régimen climático de carácter universal y jurídicamente vinculante, efectivo a partir de

2020. El marco institucional en el que ocurren estas negociaciones es conocido como la “Plataforma de Durban” (ADP), establecida en la COP17 de 2011.

Por su parte, la COP19 de Varsovia (2013) adelantó un listado de temas para ser considerados en dicho régimen, es decir, mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia y desarrollo de tecnología, construcción de capacidades y transparencia de la acción. Otro aspecto sustantivo acordado en Varsovia es que el nuevo acuerdo se construirá sobre la base de contribuciones determinadas nacionalmente, que todas las Partes de la Convención deben presentar antes de la COP21.

La construcción de la posición nacional de cara a las negociaciones.

La posición nacional en la materia se construye sobre la base de los aportes de diversos ministerios y organismos públicos (p.ej.: Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Hacienda, Transportes, entre otros), en tanto que la Cancillería, como Punto Focal de la Convención, le otorga la proyección internacional, asumiendo el liderazgo del referido proceso de negociaciones por medio de la construcción de un relato-país, compuesto por elementos políticos y técnicos.

Desde la perspectiva nacional, el Ministerio de Medio Ambiente lidera las acciones tendientes a enfrentar el cambio climático en términos de mitigación y adaptación. Su titular preside la instancia en que se adoptan las decisiones políticas en la materia, es decir, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático.

Es del caso señalar que Cancillería no estuvo contemplada en el proyecto original del Comité de Ministros señalado, sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha estimado conveniente que esa Cartera sea convocada tanto a sus sesiones preparatorias como formales, lo que revela la estrecha coordinación que se mantiene entre ambas Secretarias de Estado.

Los compromisos.

En el ámbito actual de la Convención, nuestro país posee compromisos vinculantes en materia de mitigación. Sin perjuicio de aquello y como reflejo de su voluntad política de ser parte de la solución del problema, Chile se comprometió en la COP15 (2009) a reducir en un 20% su curva de emisiones hacia el año 2020, teniendo como base el 2007. Nuestro país declaró que para lograr este objetivo necesitará de apoyo internacional. Para alcanzar esta meta, se están realizando una serie de proyectos de mitigación (p.ej.: energías renovables no convencionales, eficiencia energética, manejo de residuos, proyectos forestales y otros) y se ha puesto en marcha un instrumento de carácter inclusivo (sectores público y privado, academia, sociedad civil) de modelación económica, denominado MAPS-Chile, con el objeto de proyectar tendencias de emisiones y posibles escenarios de mitigación, en el mediano como en el largo plazo (2020, 2030 y 2050), sentando así las bases de una estrategia de desarrollo bajo en carbono en consonancia con nuestras capacidades nacionales. MAPS tendrá también un papel muy importante en la elaboración de las contribuciones nacionales en materia de mitigación (INDC).

La visión de Chile en el proceso.

Chile ha participado activamente en todas las reuniones del ADP anteriormente señaladas, haciendo valer su visión del asunto al presentarse como un actor constructivo, con una meta de mitigación y comprometido con el desarrollo sostenible. En consecuencia, se ha señalado que en el futuro régimen todos los países tendrán que contribuir en la medida de sus respectivas capacidades nacionales, sin perjuicio de la responsabilidad de los países desarrollados en liderar estos esfuerzos.

Por otra parte, Chile ha hecho suya la propuesta que plantea la Justicia Climática, al establecer una relación entre derechos humanos y desarrollo sostenible, ofreciendo un enfoque centrado en la persona humana, que considera los derechos de los más vulnerables, enfatizando la participación de la sociedad civil y poniendo en valor la perspectiva de género en esta materia, y al mismo tiempo valorando los aportes de la ciencia como la necesidad de manejar en forma sostenible los recursos del planeta para las generaciones presentes y futuras.

Socios Transversales.

Chile ha construido alianzas transversales con países desarrollados y en desarrollo, agrupados en torno al “Diálogo de Cartagena”, instrumento de coordinación e intercambio de puntos de vista que agrupa principalmente a países europeos (p.ej.: Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca , Países Bajos, Suecia , Noruega, Suiza y la misma Comisión Europea, entre otros) y países en desarrollo (p.ej.: Indonesia, Ghana , Bangladesh , México , Barbados , Trinidad-Tobago , Maldivas , Islas Marshall , Perú , Colombia, Costa Rica , Panamá , entre otros), compartiendo una misma perspectiva de ambición en la materia.

Socios Regionales.

A nivel regional, Chile fue uno de los impulsores del referente denominado AILAC (Alianza Independiente de América Latina y Caribe), formado por Chile, Perú , Colombia , Panamá , Costa Rica y Guatemala y creado en la COP 18 de Doha (diciembre 2012). AILAC es un grupo negociador dentro del G-77 -como hay muchos y todos sus miembros participan en el “Dialogo de Cartagena”. Para fortalecer su proyección, es del caso resaltar que Alemania ha entregado un sustantivo aporte financiero para desarrollar las capacidades del grupo, lo que representa a su vez una potente señal de confianza política.

Por otra parte, Chile impulsa junto a Brasil, con el apoyo de CEPAL y PNUMA, una instancia de encuentro de negociadores, jefes de América Latina y Caribe con el fin de buscar consensos e intercambiar puntos de vista sobre el proceso negociador. Esta instancia ya se ha reunido tres veces (Santiago, octubre de 2013; Lima , mayo de 2014 y Santiago, el pasado 9 y 10 de octubre). Estos encuentros buscan generar confianzas y consolidar puntos de convergencia dentro de la diversidad de posiciones que sobre este tema alberga la región, apoyando la presidencia peruana de la COP20 y perfilando a la vez la contribución regional al proceso en su conjunto.

La situación de Chile en los órganos de la Convención.

Chile participa en diversas instancias en el marco de la Convención, siendo la más importante de ellas la Junta de Administración del Fondo Verde Climático, compuesta por 24 miembros.

Se trata del órgano más relevante creado hasta ahora por la Convención y que tiene como propósito canalizar el financiamiento de largo plazo para enfrentar las consecuencias del fenómeno. Se espera que el Fondo esté plenamente en funcionamiento a fines de año, luego de que se agilice su respectivo proceso de capitalización.

Agenda internacional 2014.

La posición internacional de Chile fue particularmente relevante y visible pues el proceso negociador de la vigésima Conferencia de las Partes (COP20) se llevó a cabo en Perú y en ella intervino por primera vez un Presidente de la República de Chile.

Es en esta COP donde se buscará sentar las bases para el acuerdo que se suscribirá el próximo año.

II. REUNIONES PARLAMENTARIAS.

A.- Con ocasión de celebrarse el 20° Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida por su sigla en inglés (CMNUCC) y el 10° Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en el Protocolo de Kioto, conocido como COP/20CMP10, se llevaron a cabo una serie de reuniones en Lima, Perú , donde participó un gran universo de personas, provenientes de los gobiernos, parlamentos, empresas, universidades, comunidad científica y organizaciones no gubernamentales.

Fue así, como la Organización Mundial de Legisladores Globe Internacional, cuya sede se encuentra en Londres, y el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Biodiversidad-Capítulo Globe Perúorganizaron una Cumbre de Legisladores, en el marco de la gran Cumbre sobre Cambio Climático, donde se intercambiaron distintos puntos de vista acerca de la legislación forestal y climática, sobre alimentación y agricultura, sobre el enfoque de paisaje como instrumento para la toma de decisiones en el manejo forestal, políticas y adaptación sobre el cambio climático hacia una agricultura climáticamente inteligente y capaz de ofrecer seguridad alimentaria y finalmente sobre el desarrollo de energías renovables como una estrategia global de mitigación antes de la COP 21, a efectuarse en diciembre del próximo año en París.

Concurrió la diputada señora Denise Pascal , quien intercambio algunos aspectos de la discusión con sus pares, en materia de agricultura, alimentación y reforestación.

En segundo término, consignar la Audiencia Parlamentaria organizada por el Grulac de la Unión Interparlamentaria y el Congreso de Perú, teniendo presente la creciente importancia de las negociaciones en torno al cambio climático, de manera de efectuar una contribución al documento final que será aprobado en París, el próximo año, durante el período de sesiones de la CMNUCC, como sucedió con las reuniones de Copenhaguen, Cancún y Durban.

El objetivo central de esta reunión fue poder brindar información sobre las principales cuestiones y orientaciones de la COP20/CMP10, interactuar con los negociadores del gobierno directamente involucrados en el proceso de toma de decisión de la Conferencia, así como también respecto de la acción parlamentaria sobre el cambio climático, producto de lo cual se produjo un interesante intercambio de opiniones sobre el seguimiento parlamentario sobre esta materia y para recibir recomendaciones para incorporar en el mensaje parlamentario que se pretende dirigir a la COP20/CMP10.

III. AGENDA.

Durante la inauguración, intervino el diputado señor Léon , como Presidente del GRULAC, ocasión donde destacó la necesidad de actuar con urgencia, subrayando el importante rol que les compete a los legisladores en torno a involucrarse en mayor medida en los procesos negociadores, como también en la revisión y actualización de la legislación que se vincula con el cambio climático. Su discurso, se adjunta como anexo N°1.

El primer análisis efectuado fue sobre el tema “Hacia un acuerdo mundial sobre el cambio climático: informe sobre el avance de las negociaciones COP20/CMP10”.

En segundo lugar, se llevó a cabo un debate acerca de “Las desigualdades inducidas por las condiciones climáticas: un nuevo desafío político”.

En tercer lugar, “El aumento del precio de la inacción en materia de cambio climático”.

Finalmente, se realizó un debate panel sobre “Un futuro con bajos niveles de carbono: un caso para una acción concertada de los legisladores nacionales y de las autoridades locales”.

Por último consignar que la diputada señora Pascal , se incorporó a la delegación de la Presidenta Bachelet durante su participación en la COP, junto a los diputados señores Browne , Hernández y Melo .

IV. DOCUMENTO FINAL.

El Relator de la Reunión de Lima, Sr. Sergio Tejada Galindo (Perú), había preparado un anteproyecto del documento que se distribuyó antes de la 131ª Asamblea de la UIP y que fue examinado por la Comisión Permanente de la UIP sobre el Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio en su última reunión, celebrada en Ginebra el 14 de octubre de 2014. En esa ocasión, los delegados formularon diversas observaciones. Asimismo, la Secretaría de la UIP recibió otros comentarios y sugerencias por escrito de asambleas y organizaciones parlamentarias internacionales, más algunas observaciones que se plantearon en Lima, todos los cuales fueron debidamente considerados en la preparación del texto revisado, que se reproduce a continuación, el cual será remitido a la COP20.

1. “Nosotros, parlamentarios de todo el mundo, reunidos en Lima (Perú) con ocasión de la Vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) y de la Décima Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP10), expresamos nuestra preocupación porque el cambio climático sigue representando una grave amenaza para todas las formas de vida en nuestro planeta y para la propia supervivencia de la humanidad.

2. Reconocemos que las pruebas científicas sobre el cambio climático presentadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático son amplias e irrefutables: desde la década de 1950 el sistema climático mundial ha experimentado un cambio sin precedentes, en una escala desconocida en décadas o milenios anteriores. El aumento de la temperatura de la atmósfera y los océanos, la disminución de las capas de nieve y hielo y la elevación de los niveles de los mares son sólo algunas de las consecuencias del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la magnitud cada vez mayor de este calentamiento acrecienta la probabilidad de que se produzcan efectos graves e irreversibles. Por tanto, es sumamente importante que trabajemos de manera concertada y redoblemos los esfuerzos para lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de conformidad con el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

3. Reafirmamos la urgente necesidad de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, de limitar el aumento mundial de la temperatura a menos de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, como convinieron los Gobiernos en el Acuerdo de Copenhague de 18 de diciembre de 2009, y de promulgar legislación nacional para tal fin. Si bien reconocemos la necesidad de cooperar para establecer un límite máximo de emisiones de carbono a nivel mundial y nacional, apoyamos el llamamiento en favor de la adopción de medidas nacionales para limitar el aumento de la temperatura mundial media a 1,5º C, de conformidad con la propuesta formulada por los países más vulnerables sobre la base de la mejor información científica disponible.

4. Estamos convencidos de que el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no puede lograrse sin un reforzamiento general del sistema multilateral y basado en normas previsto en la Convención. Nos comprometemos a apoyar el proceso que comenzó en la COP17, celebrada en Durban en 2011, con la intención declarada de firmar un acuerdo mundial sobre el cambio climático en Paris en 2015. Esto significa que, en la COP20 y la CMP10 de Lima deberá elaborarse un acuerdo base que refleje debidamente la voluntad, la capacidad y las circunstancias de las Partes para asumir compromisos con objeto de hacer frente al cambio climático. Los elementos esenciales de dicho acuerdo, entre ellos la mitigación, la adaptación, la financiación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, el fomento de la capacidad, la transparencia de las medidas y la prestación de apoyo, deben ser tratados de una manera equilibrada.

5. Reiteramos nuestra convicción de que los principios de la equidad, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades son fundamentales para la adopción de medidas multilaterales destinadas a hacer frente al cambio climático, y de que estos deben integrarse en el acuerdo base.

6. Estamos dispuestos a crear el espacio político necesario para facilitar la determinación de los compromisos nacionales, a fin de que sean comunicados con suficiente antelación a la COP21 (dentro del primer trimestre de 2015 en el caso de las Partes que estén preparadas para hacerlo, y antes de la COP21 para todas las demás Partes). Con ello se pretende que los compromisos sean claros, transparentes y comprensibles, sin perjuicio de su naturaleza jurídica, y que los expertos puedan realizar evaluaciones previas de la idoneidad de los compromisos, al tiempo que se crean las condiciones propicias para su aplicación, en particular mediante la adopción de medidas de apoyo internacional específicas.

7. Advertimos la existencia de un preocupante desfase entre los compromisos mundiales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial. Debe exigirse a los países que promulguen leyes sobre el clima, en las que se establezcan objetivos claros y ambiciosos tanto a corto plazo como con carácter permanente y se prevean mecanismos de ajuste de valoración a más tardar en 2020 con el fin de reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y que informen al respecto a las Naciones Unidas de conformidad con la parte jurídicamente vinculante del futuro acuerdo. Nos comprometemos a apoyar el control de los niveles de las emisiones y a elaborar las disposiciones jurídicas pertinentes para aplicar políticas y mecanismos de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel nacional, regional y mundial, prestando especial atención a las actividades relacionadas con la eficiencia y generación de energía, en particular procedente de fuentes renovables y sin emisiones de carbono.

8. Observando con preocupación el desfase existente entre las promesas de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y las trayectorias para limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de 1,5-2˚C con respecto a los niveles preindustriales, nos comprometemos a colaborar en una aceleración efectiva de las metas climáticas antes de 2020. Nos comprometemos también a instar a nuestros respectivos gobiernos a que ratifiquen la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto.

9. Reafirmamos la urgente necesidad de respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo, en particular de los más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de África y los países menos desarrollados, para ejecutar sus planes de adaptación. Por tanto, reconocemos que es preciso encontrar un equilibrio entre adaptación y mitigación. También es necesario actuar con resolución para aplicar los compromisos de apoyo a los planes y medidas para la adaptación en los países más vulnerables al cambio climático, y promover la investigación y uso de prácticas ancestrales que han demostrado un manejo sostenible de los recursos. Instamos a los gobiernos a que asignen prioridad a la revisión y verificación del apoyo para la adaptación, a la supervisión de los riesgos y a la aplicación de medidas destinadas a mejorar la resiliencia para afrontar las consecuencias del cambio climático. Asimismo, nos comprometemos a prestar mayor atención a las actividades de adaptación transfronteriza, así como a la provisión y uso de servicios e información científica sobre el clima.

10. Insistimos en que la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad de los países en desarrollo son aspectos fundamentales para la adaptación y mitigación al cambio climático. Los recursos tecnológicos y financieros deben ser gestionados de manera transparente y eficaz a fin de garantizar que los países sean tratados con equidad en relación a la administración de financiamiento climático y flujos tecnológicos. Asimismo, subrayamos la necesidad de acelerar la recaudación de fondos destinados al Fondo Verde para el Clima.

11. Consideramos esencial establecer un marco normativo general, incluyendo políticas adecuadas de información, para los distintos sistemas de supervisión, presentación de informes y verificación, con objeto de que tengan el nivel de eficacia y transparencia necesarios para asegurar la credibilidad del nuevo acuerdo sobre el cambio climático. Debe instituirse una revisión anual, ante los respectivos parlamentos, de los compromisos y las acciones de los países en apoyo de las medidas implementadas para velar porque la legislación nacional sea equitativa y se ajuste a los objetivos mundiales de reducción de emisiones y a las disposiciones relativas a la prestación de apoyo.

12. Instamos a los Gobiernos a que inviertan en una cooperación bilateral mucho más estrecha con los países clave, junto con sus parlamentos nacionales, para promover la legislación nacional sobre el clima, difundir prácticas óptimas, crear capacidad entre los legisladores e impulsar enfoques comunes o complementarios.

13. Reconociendo la importancia de la gobernanza del medio ambiente en la formulación y aplicación de las políticas públicas ambientales, reafirmamos nuestra voluntad de establecer asociaciones amplias y de coordinar nuestros esfuerzos para hacer frente al cambio climático con todas las demás partes interesadas, en particular las autoridades locales, las empresas y la sociedad civil.

14. Reconocemos que, como legisladores, somos un elemento central de toda estrategia eficaz para hacer frente al cambio climático y asumimos la responsabilidad que nos corresponde para su aplicación efectiva. Somos los encargados de elaborar, promulgar y enmendar la legislación, de aprobar los presupuestos nacionales y de hacer que los gobiernos rindan cuentas. Ningún acuerdo internacional sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres será creíble y eficaz si no se incorpora a la legislación nacional. Por ello, es fundamental que haya participación parlamentaria en las delegaciones oficiales encargadas de las negociaciones.

15. Estamos decididos a asumir nuestras responsabilidades y ejercer el liderazgo necesario. Los parlamentos debemos desempeñar nuestra autoridad constitucional de manera más enérgica y seguir promoviendo los compromisos nacionales asumidos por los países desarrollados y las medidas adoptadas por los países en desarrollo con miras a reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar las medidas para la adaptación. Con el fin de dar el impulso necesario a esta labor, instamos a los parlamentos nacionales a que conformen comisiones permanentes sobre el cambio climático y a la Unión Interparlamentaria a que adopte un plan de acción parlamentaria sobre el cambio climático, sentando así las bases de unos resultados jurídicamente válidos en 2015 y con posterioridad”.

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD G., Dirección de Asuntos Internacionales”.