Asesoría Parlamentaria

Acuerdos de la COP26

• Lopicich Catalán, Boris Antonio

Esta minuta sintetiza los principales acuerdos y compromisos pendientes del llamado “Pacto de Glasgow”, documento final de la 26° versión de la Conference of the Parties (COP26)

Esta minuta sintetiza los principales acuerdos y compromisos pendientes del llamado “Pacto de Glasgow”, documento final de la 26° versión de la Conference of the Parties (COP26)

Descargar

Acceso inclusivo al agua: El rol parlamentario.

• Lopicich Catalán, Boris Antonio

La delegación parlamentaria chilena asistirá a la 143 asamblea de la Unión Inter Parlamentaria, Madrid, noviembre 2021 requiere información sobre "Impacto del cambio climático sobre los recursos naturales: ¿Cómo pueden los parlamentos asegurar acceso y disponibilidad del agua de manera inclusiva?". Esta minuta aborda estos temas.

La delegación parlamentaria chilena asistirá a la 143 asamblea de la Unión Inter Parlamentaria, Madrid, noviembre 2021 requiere información sobre "Impacto del cambio climático sobre los recursos naturales: ¿Cómo pueden los parlamentos asegurar acceso y disponibilidad del agua de manera inclusiva?". Esta minuta aborda estos temas.

Descargar

Cambio climático y juventud.

• Vásquez Vargas, David Eduardo

La presente minuta aborda aspectos relativos al rol de la población joven y el desafío del cambio climático que afecta al planeta, de acuerdo a diferentes organizaciones de jóvenes e instituciones globales. Este material apoya la participación de la delegación chilena al encuentro parlamentario con ocasión de la COP26, Glasgow, noviembre, 2021.

La presente minuta aborda aspectos relativos al rol de la población joven y el desafío del cambio climático que afecta al planeta, de acuerdo a diferentes organizaciones de jóvenes e instituciones globales. Este material apoya la participación de la delegación chilena al encuentro parlamentario con ocasión de la COP26, Glasgow, noviembre, 2021.

Descargar

Financiamiento climático.

• Cardemil Winkler, Magdalena

Descargar

Seguridad para los sistemas alimentarios a través de prácticas agrícolas sostenibles.

• Lopicich Catalán, Boris Antonio

En palabras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un sistema alimentario “está formado por todos los elementos (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras) y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental”. En esa misma línea, se agrega que un sistema alimentario es sostenible cuando “garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones”. Actualmente, aquel ideal dista mucho de la realidad. Los sistemas alimentarios actuales no garantizan una buena nutrición; no tienen prácticas sostenibles, inclusivas, asequibles y saludables, que incluyan a los más vulnerables, a las zonas más remotas, a lo urbano y lo rural sin generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero y preservando los suelos. Sin ir más lejos, hace sólo algunas horas y con 122 votos a favor y 5 abstenciones, “la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó al Gobierno que considere declarar estado de emergencia sanitaria con el objeto de enfocar los recursos necesarios para enfrentar la subida de Chile en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de países con más sobrepeso y obesidad del bloque”: según datos de este organismo, 74% de los chilenos presentan sobrepeso u obesidad.

En palabras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un sistema alimentario “está formado por todos los elementos (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras) y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental”. En esa misma línea, se agrega que un sistema alimentario es sostenible cuando “garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones”. Actualmente, aquel ideal dista mucho de la realidad. Los sistemas alimentarios actuales no garantizan una buena nutrición; no tienen prácticas sostenibles, inclusivas, asequibles y saludables, que incluyan a los más vulnerables, a las zonas más remotas, a lo urbano y lo rural sin generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero y preservando los suelos. Sin ir más lejos, hace sólo algunas horas y con 122 votos a favor y 5 abstenciones, “la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó al Gobierno que considere declarar estado de emergencia sanitaria con el objeto de enfocar los recursos necesarios para enfrentar la subida de Chile en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de países con más sobrepeso y obesidad del bloque”: según datos de este organismo, 74% de los chilenos presentan sobrepeso u obesidad.

Descargar

Cambio Climático: conflictos y asistencia humanitaria.

• Lopicich Catalán, Boris Antonio

Las migraciones forzadas son un impactante fenómeno que no deja de estar en alza. Las estrategias de protección y asistencia para los ya no cientos de miles, sino millones, de refugiados climáticos en la última década distan mucho de ser exitosas. Francamente, haciendo un análisis de políticas comparadas no es posible encontrar aún que existan estrategias de políticas públicas que puedan fomentar el desarrollo sostenible y la resolución de conflictos derivados de la naturaleza misma de estas migraciones.

Las migraciones forzadas son un impactante fenómeno que no deja de estar en alza. Las estrategias de protección y asistencia para los ya no cientos de miles, sino millones, de refugiados climáticos en la última década distan mucho de ser exitosas. Francamente, haciendo un análisis de políticas comparadas no es posible encontrar aún que existan estrategias de políticas públicas que puedan fomentar el desarrollo sostenible y la resolución de conflictos derivados de la naturaleza misma de estas migraciones.

Descargar

Las pérdidas y daños por efecto del cambio climático y el Mecanismo Internacional de Varsovia

• Ferrero, Mariano José

Esta Minuta ha sido elaborada para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados en la Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP26, organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Grupo Británico en la UIP, que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) el 7 de noviembre de 2021. En particular, entrega antecedentes en relación con la sesión de Debate temático “Loss and damage”.

Esta Minuta ha sido elaborada para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados en la Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP26, organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Grupo Británico en la UIP, que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) el 7 de noviembre de 2021. En particular, entrega antecedentes en relación con la sesión de Debate temático “Loss and damage”.

Descargar

Regulación nacional del agua en Argentina y en la Provincia de Buenos Aires

• Williams Obreque, Guido Andrés

Se describe, brevemente, el régimen regulatorio federal del agua en Argentina y de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, cabe precisar que cada provincia de Argentina ha regulado jurídicamente el uso de sus aguas (criterios de asignación de aguas, condiciones de uso, regímenes de concesiones, procedimientos, tarifas, etc.). La Constitución Nacional de Argentina dispone “la utilización racional de los recursos naturales”, debiendo la autoridad nacional dictar las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas. Asimismo, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Luego el Código Civil y Comercial de Argentina, a partir de las normas de los artículos 235 y 239 del Código Civil y Comercial, establecería un sistema mixto de propiedad del agua. Puntualmente, el artículo 239 establece un régimen de agua privada al disponer que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. En la Provincia de Buenos Aires, el Código provincial de agua, establece el denominado derecho de aprovechamiento común, disponiendo que “toda persona podrá usar el agua pública a título gratuito y conforme a los reglamentos generales, para satisfacer necesidades domésticas de bebida e higiene, transporte gratuito de personas o cosas, pesca deportiva y esparcimiento sin ingresar en inmueble ajeno. No deberá contaminar el medio ambiente ni perjudicar igual derecho de terceros”. El Código provincial, permite solicitar permisos y concesiones administrativas para usar y gozar el agua. Puntualmente, las concesiones durarán “todo el tiempo necesario para cumplir su objeto, pero nunca más de treinta años renovables a su vencimiento”. Por último, el Código provincial regula los siguientes usos del agua: consuntivo o de abastecimiento de agua potable; agrícola; pecuario; industrial; recreativo, deportivo o de esparcimiento; energético; terapéutico; minero; piscícola y naval sin establecer preferencias entre usos dejando esta atribución al Poder Ejecutivo provincial, privilegiando sólo por ese medio el abastecimiento para agua potable.

Se describe, brevemente, el régimen regulatorio federal del agua en Argentina y de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, cabe precisar que cada provincia de Argentina ha regulado jurídicamente el uso de sus aguas (criterios de asignación de aguas, condiciones de uso, regímenes de concesiones, procedimientos, tarifas, etc.). La Constitución Nacional de Argentina dispone “la utilización racional de los recursos naturales”, debiendo la autoridad nacional dictar las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas. Asimismo, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Luego el Código Civil y Comercial de Argentina, a partir de las normas de los artículos 235 y 239 del Código Civil y Comercial, establecería un sistema mixto de propiedad del agua. Puntualmente, el artículo 239 establece un régimen de agua privada al disponer que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. En la Provincia de Buenos Aires, el Código provincial de agua, establece el denominado derecho de aprovechamiento común, disponiendo que “toda persona podrá usar el agua pública a título gratuito y conforme a los reglamentos generales, para satisfacer necesidades domésticas de bebida e higiene, transporte gratuito de personas o cosas, pesca deportiva y esparcimiento sin ingresar en inmueble ajeno. No deberá contaminar el medio ambiente ni perjudicar igual derecho de terceros”. El Código provincial, permite solicitar permisos y concesiones administrativas para usar y gozar el agua. Puntualmente, las concesiones durarán “todo el tiempo necesario para cumplir su objeto, pero nunca más de treinta años renovables a su vencimiento”. Por último, el Código provincial regula los siguientes usos del agua: consuntivo o de abastecimiento de agua potable; agrícola; pecuario; industrial; recreativo, deportivo o de esparcimiento; energético; terapéutico; minero; piscícola y naval sin establecer preferencias entre usos dejando esta atribución al Poder Ejecutivo provincial, privilegiando sólo por ese medio el abastecimiento para agua potable.

Descargar

Principios éticos para una política forestal.

• Rivera Polo, Felipe Alonso

En el presente informe se analizan y comparan los fundamentos éticos y jurídicos de las políticas y normas que promueven el desarrollo forestal y de cuidado del bosque en seis países que están dentro de las principales potencias mundiales en la producción forestal: Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia y Suecia. A través de este ejercicio comparativo se busca establecer los principales fundamentos y orientaciones que inspiran dichas políticas y poder encontrar elementos para diseñar una propuesta para el caso chileno.

En el presente informe se analizan y comparan los fundamentos éticos y jurídicos de las políticas y normas que promueven el desarrollo forestal y de cuidado del bosque en seis países que están dentro de las principales potencias mundiales en la producción forestal: Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia y Suecia. A través de este ejercicio comparativo se busca establecer los principales fundamentos y orientaciones que inspiran dichas políticas y poder encontrar elementos para diseñar una propuesta para el caso chileno.

Descargar

El camino a la COP 26: objetivos de la Conferencia, actualización de las contribuciones nacionales, y rol de los parlamentarios en materia de cambio climático.

• Ferrero, Mariano José

El camino hacia la COP26 ha estado marcado desde un comienzo por un sentido de urgencia que venía dado por la realidad cada vez más preocupante de la “emergencia climática”, y la necesidad de asegurar que la nueva ronda de compromisos nacionales -las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)- prevista en el Acuerdo de París fuera más ambiciosa. En ese sentido, se señalaba que las estimaciones más recientes del PNUMA sobre la ‘brecha de emisiones’ mostraban que “las reducciones de emisiones previstas deberían ser el triple de ambiciosas”. Por una parte, el camino empinado a la COP26 -prevista para celebrarse en Glasgow en noviembre de 2020- obedeció a los importantes asuntos pendientes que había dejado la COP25 de Madrid. Pese a las altas expectativas con que se iniciara ese ciclo anual, las negociaciones celebradas bajo la Presidencia chilena fueron consideradas decepcionantes por sus limitados resultados en cuanto a resolver temas cruciales y a lograr compromisos nacionales más ambiciosos.

El camino hacia la COP26 ha estado marcado desde un comienzo por un sentido de urgencia que venía dado por la realidad cada vez más preocupante de la “emergencia climática”, y la necesidad de asegurar que la nueva ronda de compromisos nacionales -las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)- prevista en el Acuerdo de París fuera más ambiciosa. En ese sentido, se señalaba que las estimaciones más recientes del PNUMA sobre la ‘brecha de emisiones’ mostraban que “las reducciones de emisiones previstas deberían ser el triple de ambiciosas”. Por una parte, el camino empinado a la COP26 -prevista para celebrarse en Glasgow en noviembre de 2020- obedeció a los importantes asuntos pendientes que había dejado la COP25 de Madrid. Pese a las altas expectativas con que se iniciara ese ciclo anual, las negociaciones celebradas bajo la Presidencia chilena fueron consideradas decepcionantes por sus limitados resultados en cuanto a resolver temas cruciales y a lograr compromisos nacionales más ambiciosos.

Descargar