Asesoría Parlamentaria

Regulación penal de delitos relacionados con cables de cobre.

• Cavada Herrera, Juan Pablo

A solicitud del usuario, se analiza brevemente la actual regulación en materia de robo de cables de cobre, fiscalización de empresas de chatarra, y exigencia de certificados de origen o actas de procedencia de la mercadería respectiva.

A solicitud del usuario, se analiza brevemente la actual regulación en materia de robo de cables de cobre, fiscalización de empresas de chatarra, y exigencia de certificados de origen o actas de procedencia de la mercadería respectiva.

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Jueces de paz y la mediación: España, Italia y Portugal.

• Williams Obreque, Guido Andrés

Se describe la normativa de tres países europeos (España, Italia y Portugal) sobre la justicia de paz que existe en cada uno de ellos, dando especial énfasis a las reglas sobre mediación como mecanismo de resolución de los conflictos. España, Italia y Portugal cuentan con jueces de paz. En el primero de los países, ellos pueden ser legos (no letrados) en los dos últimos se exige que sean letrados (abogados). Asimismo, en los tres países el procedimiento de tramitación ante los jueces de paz es abreviado y simplificado, y estos tienen competencia en materia civil y penal. La competencia en materia civil, está determinada en parte por la cuantía de lo demandado y respecto de materias penales, por el conocimiento y juzgamiento de delitos e infracciones menores.

Se describe la normativa de tres países europeos (España, Italia y Portugal) sobre la justicia de paz que existe en cada uno de ellos, dando especial énfasis a las reglas sobre mediación como mecanismo de resolución de los conflictos. España, Italia y Portugal cuentan con jueces de paz. En el primero de los países, ellos pueden ser legos (no letrados) en los dos últimos se exige que sean letrados (abogados). Asimismo, en los tres países el procedimiento de tramitación ante los jueces de paz es abreviado y simplificado, y estos tienen competencia en materia civil y penal. La competencia en materia civil, está determinada en parte por la cuantía de lo demandado y respecto de materias penales, por el conocimiento y juzgamiento de delitos e infracciones menores.

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Niños, niñas y adolescentes en Chile: principales textos normativos de carácter legal en favor de la promoción y protección de sus derechos.

• Bórquez Polloni, Blanca Marcela

La presente Minuta tiene por objeto dar cuenta de las más importantes leyes que regulan y protegen la infancia hoy en día en nuestro país. Cuando se ha estimado pertinente se ha incluido una breve explicación sobre los aspectos más relevantes del texto normativo individualizado y su nivel de adecuación con los principios y lineamientos otorgados por la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto, principal instrumento internacional de promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, al cual Chile adscribe.

La presente Minuta tiene por objeto dar cuenta de las más importantes leyes que regulan y protegen la infancia hoy en día en nuestro país. Cuando se ha estimado pertinente se ha incluido una breve explicación sobre los aspectos más relevantes del texto normativo individualizado y su nivel de adecuación con los principios y lineamientos otorgados por la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto, principal instrumento internacional de promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, al cual Chile adscribe.

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Jurisdicción especial para ciber delitos. Derecho Comparado

• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

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Referencia sobre tributación del transporte terrestre de pasajeros. Chile y legislación extranjera

• Cavada Herrera, Juan Pablo

En Chile, los empresarios del gremio de transporte terrestre de pasajeros, al estar acogidos al régimen de renta presunta, no pueden rebajar como gasto el valor del vehículo (activo fijo), de la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, ni pueden aprovecharlo como crédito contra este impuesto, y al estar exentos de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), no pueden aprovechar el IVA Crédito Fiscal. En Argentina, Colombia y Perú, y en distintos países de Europa, se aplican tasas de IVA diferenciadas o rebajadas o exenciones, para al transporte terrestre de pasajeros, por lo que se produce un problema similar al de Chile, consistente en la imposibilidad total o parcial de aprovechar el crédito fiscal IVA. Este impuesto grava el transporte de mercancías y pasajeros de forma diversa en Europa, pero como regla general, el transporte de mercancías se grava con la tasa general del impuesto, mientras que el transporte de viajeros y otras modalidades más específicas (especiales, personas con discapacidad o minusválidos, etc.) tienen tasas rebajadas. Asimismo, también en Europa, se establecen en cada país reglas específicas para los servicios de transporte intracomunitarios y/o internacionales de mercancías y personas. En materia de Impuesto a la Renta no se encontraron normas especiales sobre beneficios tributarios relacionados con el valor del activo fijo para estas empresas, en caso de estar acogidos a algún régimen tributario especial, como la renta presunta o sui equivalente en casa país.

En Chile, los empresarios del gremio de transporte terrestre de pasajeros, al estar acogidos al régimen de renta presunta, no pueden rebajar como gasto el valor del vehículo (activo fijo), de la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, ni pueden aprovecharlo como crédito contra este impuesto, y al estar exentos de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), no pueden aprovechar el IVA Crédito Fiscal. En Argentina, Colombia y Perú, y en distintos países de Europa, se aplican tasas de IVA diferenciadas o rebajadas o exenciones, para al transporte terrestre de pasajeros, por lo que se produce un problema similar al de Chile, consistente en la imposibilidad total o parcial de aprovechar el crédito fiscal IVA. Este impuesto grava el transporte de mercancías y pasajeros de forma diversa en Europa, pero como regla general, el transporte de mercancías se grava con la tasa general del impuesto, mientras que el transporte de viajeros y otras modalidades más específicas (especiales, personas con discapacidad o minusválidos, etc.) tienen tasas rebajadas. Asimismo, también en Europa, se establecen en cada país reglas específicas para los servicios de transporte intracomunitarios y/o internacionales de mercancías y personas. En materia de Impuesto a la Renta no se encontraron normas especiales sobre beneficios tributarios relacionados con el valor del activo fijo para estas empresas, en caso de estar acogidos a algún régimen tributario especial, como la renta presunta o sui equivalente en casa país.

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Esterilización no voluntaria de personas con intención eugenésica, punitiva o anticonceptiva: Legislación Comparada.

• Rojas Castillo, Jaime Luis

Las esterilizaciones forzadas o involuntarias de personas con intensión eugenésica, punitiva o como método anticonceptivo han sido aplicadas en distintas épocas. Han afectado principalmente a personas en situación de discapacidad intelectual o sicosocial (mujeres, niñas y adolescentes), indígenas, pobres, personas trans e intersex e incluso a aquellas pertenecientes a grupos étnicos. Los métodos utilizados normalmente son la ligadura de trompas (mujeres) y la vasectomía (hombres). Los países que han aplicado en el pasado programas de esterilizaciones masivas fundadas en disposiciones legales, por ejemplo, Japón (fines eugenésicos y esterilización forzada), Perú (control de la natalidad a mujeres pobres, analfabetas, indígenas y zonas ) y Suecia (a enfermos mentales, esterilizaciones forzadas, personas trans), han dictado leyes de compensación económica (Japón y Suecia) o han reconocido su responsabilidad ante un órgano de protección de derechos humanos, implementando un registro administrativo de víctimas, pero sin establecer una norma sobre compensación (Perú).

Las esterilizaciones forzadas o involuntarias de personas con intensión eugenésica, punitiva o como método anticonceptivo han sido aplicadas en distintas épocas. Han afectado principalmente a personas en situación de discapacidad intelectual o sicosocial (mujeres, niñas y adolescentes), indígenas, pobres, personas trans e intersex e incluso a aquellas pertenecientes a grupos étnicos. Los métodos utilizados normalmente son la ligadura de trompas (mujeres) y la vasectomía (hombres). Los países que han aplicado en el pasado programas de esterilizaciones masivas fundadas en disposiciones legales, por ejemplo, Japón (fines eugenésicos y esterilización forzada), Perú (control de la natalidad a mujeres pobres, analfabetas, indígenas y zonas ) y Suecia (a enfermos mentales, esterilizaciones forzadas, personas trans), han dictado leyes de compensación económica (Japón y Suecia) o han reconocido su responsabilidad ante un órgano de protección de derechos humanos, implementando un registro administrativo de víctimas, pero sin establecer una norma sobre compensación (Perú).

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Aspectos generales la integración de Chile al Banco de Desarrollo para América Latina (CAF).

• Cavada Herrera, Juan Pablo

Con fecha 18 de octubre de 2022, el Ejecutivo somete a consideración del Senado el Proyecto de Acuerdo que aprueba el “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento”, el “Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile e incorporación de la República de Chile como país miembro”, y el “Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile”, adoptado el 7 de febrero de 1968 y suscritos con fecha 23 de junio de 2022, respectivamente (Boletín N° 15433-10, en adelante “el Proyecto”). Dicho Proyecto se aprobó el 15 de noviembre de 2022, en Comisión Mixta.

Con fecha 18 de octubre de 2022, el Ejecutivo somete a consideración del Senado el Proyecto de Acuerdo que aprueba el “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento”, el “Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile e incorporación de la República de Chile como país miembro”, y el “Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile”, adoptado el 7 de febrero de 1968 y suscritos con fecha 23 de junio de 2022, respectivamente (Boletín N° 15433-10, en adelante “el Proyecto”). Dicho Proyecto se aprobó el 15 de noviembre de 2022, en Comisión Mixta.

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Modelos de fiscalización del cumplimiento de normas laborales marítimas. Casos de Chile, Estados Unidos de América y Francia

• Álvarez Droguett, Paola Alejandra
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

En el derecho comparado se pueden distinguir dos modelos de inspección de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. El primer modelo, denominado generalista, se caracteriza por ser una inspección del trabajo con un mandato amplio en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, como es el caso de Chile y Francia. El segundo modelo, de carácter especializado, es el de Estados Unidos de América. Este, se estructura a partir de distintas agencias dependientes del Departamento del Trabajo (ministerio del ramo), encargadas de fiscalizar los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo seguras y saludables, el pago de un salario mínimo por hora y de horas extras, la libertad de toda discriminación laboral, el seguro de desempleo, y el otorgamiento de otras ayudas remuneracionales. En materia de fiscalización de normas laborales marítimas, esta función en Chile se radica en la Dirección del Trabajo (DT), aunque también existen obligaciones de fiscalización en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). En el 2019, la DT y DIRECTEMAR firmaron un convenio de coordinación y colaboración para hacer cumplir las normas laborales y de seguridad y salud de trabajadores y tripulantes en puertos y alta mar. En forma similar, actualmente en Francia, el organismo central a cargo de esta función es la Dirección General del Trabajo, sin perjuicio de otros organismos para fiscalizar algunos aspectos de la regulación de la gente de mar. En cambio, en EE.UU., el cumplimiento de la Ley de Protección del Marinero, corresponde la Agencia Occupational Safety and Health Administration, OSHA. Sin perjuicio de ello, la Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD), dependiente del Departamento de Transporte, administra, con el apoyo del Departamento del Trabajo, el Programa de Reempleo para Marinos.

En el derecho comparado se pueden distinguir dos modelos de inspección de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. El primer modelo, denominado generalista, se caracteriza por ser una inspección del trabajo con un mandato amplio en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, como es el caso de Chile y Francia. El segundo modelo, de carácter especializado, es el de Estados Unidos de América. Este, se estructura a partir de distintas agencias dependientes del Departamento del Trabajo (ministerio del ramo), encargadas de fiscalizar los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo seguras y saludables, el pago de un salario mínimo por hora y de horas extras, la libertad de toda discriminación laboral, el seguro de desempleo, y el otorgamiento de otras ayudas remuneracionales. En materia de fiscalización de normas laborales marítimas, esta función en Chile se radica en la Dirección del Trabajo (DT), aunque también existen obligaciones de fiscalización en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). En el 2019, la DT y DIRECTEMAR firmaron un convenio de coordinación y colaboración para hacer cumplir las normas laborales y de seguridad y salud de trabajadores y tripulantes en puertos y alta mar. En forma similar, actualmente en Francia, el organismo central a cargo de esta función es la Dirección General del Trabajo, sin perjuicio de otros organismos para fiscalizar algunos aspectos de la regulación de la gente de mar. En cambio, en EE.UU., el cumplimiento de la Ley de Protección del Marinero, corresponde la Agencia Occupational Safety and Health Administration, OSHA. Sin perjuicio de ello, la Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD), dependiente del Departamento de Transporte, administra, con el apoyo del Departamento del Trabajo, el Programa de Reempleo para Marinos.

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Regulacion trabajo temporeras: derecho comparado.

• Truffello García, Paola
• Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice

Revisadas las normas especiales que en materia de trabajo agrícola (también denominado “agrario” o “de campo”) de naturaleza temporal existentes en Argentina, Brasil, Estados Unidos de América y México se concluye que, en general, no se contemplan normas especiales laborales referidas específicamente a las trabajadoras temporeras, por lo que a su respecto se aplican las normas especiales de los trabajadores agrícolas sin distinción de género, así como las normas laborales de aplicación general. Sin perjuicio de ello, sí se identificaron en los estatutos especiales de trabajo agrícola las siguientes materias relativas a las mujeres trabajadoras temporeras: en la Ley de Trabajo Agrario de Argentina les reconoce el derecho a licencia por maternidad, fuero maternal y asignaciones de seguridad; la Constitución Política de Brasil les permite jubilar antes que a las trabajadoras urbanas y otorga en algunas materias un trato diferenciado en cuanto al acceso a los beneficios de la seguridad social. Sin embargo, a nivel legal Brasil reconoce los mismos derechos a trabajadoras urbanas y rurales y; la Ley Federal del Trabajo de México garantiza la igualdad de trato laboral entre hombres y mujeres y otorga protección a la maternidad de las trabajadoras.

Revisadas las normas especiales que en materia de trabajo agrícola (también denominado “agrario” o “de campo”) de naturaleza temporal existentes en Argentina, Brasil, Estados Unidos de América y México se concluye que, en general, no se contemplan normas especiales laborales referidas específicamente a las trabajadoras temporeras, por lo que a su respecto se aplican las normas especiales de los trabajadores agrícolas sin distinción de género, así como las normas laborales de aplicación general. Sin perjuicio de ello, sí se identificaron en los estatutos especiales de trabajo agrícola las siguientes materias relativas a las mujeres trabajadoras temporeras: en la Ley de Trabajo Agrario de Argentina les reconoce el derecho a licencia por maternidad, fuero maternal y asignaciones de seguridad; la Constitución Política de Brasil les permite jubilar antes que a las trabajadoras urbanas y otorga en algunas materias un trato diferenciado en cuanto al acceso a los beneficios de la seguridad social. Sin embargo, a nivel legal Brasil reconoce los mismos derechos a trabajadoras urbanas y rurales y; la Ley Federal del Trabajo de México garantiza la igualdad de trato laboral entre hombres y mujeres y otorga protección a la maternidad de las trabajadoras.

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Alternativas de formación del personal investigador y diversidad de modelos en el Derecho comparado.

• Harris Moya, Pedro Nicolás

En principio, el régimen del personal de investigación varía conforme a la naturaleza jurídica del plantel al cual se vincula. Si éste es público, se estará frente a un régimen estatutario y, en cambio, si es privado, ante uno contractual. No obstante ello, tal regla general, compartida en el Derecho chileno, francés y español, puede exceptuarse, ya sea en la etapa de formación del investigador (donde suelen primar modelos contractuales), o si el propio ordenamiento admite excepciones a la aplicación de modelos estatutarios en la Administración, como ocurre en determinados casos.

En principio, el régimen del personal de investigación varía conforme a la naturaleza jurídica del plantel al cual se vincula. Si éste es público, se estará frente a un régimen estatutario y, en cambio, si es privado, ante uno contractual. No obstante ello, tal regla general, compartida en el Derecho chileno, francés y español, puede exceptuarse, ya sea en la etapa de formación del investigador (donde suelen primar modelos contractuales), o si el propio ordenamiento admite excepciones a la aplicación de modelos estatutarios en la Administración, como ocurre en determinados casos.

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