Documentos y libros

El Congreso Nacional ha dado su aprobación al Acuerdo Marco Avanzado (AMA) suscrito el 13 de diciembre de 2023 entre Chile y la Unión Europea, tratado que moderniza el Acuerdo de Asociación vigente con la UE, suscrito en el año 2002. El AMA es un acuerdo amplio e integral, que incluye aspectos comerciales, políticos, de cooperación, inversiones y nuevas disciplinas, y se considera que constituirá el marco institucional actualizado para hacer frente a los desafíos de la relación y el contexto internacional. En forma paralela al AMA fue suscrito y aprobado el Acuerdo Interino Comercial, instrumento jurídico que se centra sólo en el pilar de comercio e inversión del AMA, sin las disposiciones de protección de inversiones, y cuya vigencia transitoria será posible una vez que Chile culmine su proceso de ratificación y hasta que los 27 Estados miembros de la UE aprueben bajo sus procedimientos internos la ratificación total del AMA.

El presente documento, elaborado a solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, señala cuales son las otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia que las contenidas en el Proyecto de Reforma Constitucional que “Modifica la Carta Fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral”, Boletín N° 17253- 07 (2024)

Analizada la naturaleza jurídica de las remuneraciones de los Directores de Isapres, en el contexto del Proyecto de Ley que “Modifica la Ley N° 21.674 para prohibir el pago de remuneraciones a los miembros del directorio de las Isapres mientras no se haya certificado el pago total de las cantidades percibidas en exceso por estas” (Boletín N° 16963-11), entre otras aspectos, se concluye lo siguiente: - Se advierte que existe una discrepancia entre el título del Proyecto y lo establecido en su primer párrafo, pues el primero condiciona la limitación de percepción de remuneraciones de los miembros de los directorios de Isapres a que éstas hayan sido constituidas como Sociedades Anónimas, mientras que el artículo propuesto por el Proyecto no lo condiciona a ello, sino solo a que “no se haya certificado el pago de la deuda de las cantidades percibidas en exceso, informadas por la Institución de Salud Previsional de la cual son directores.”; - La remuneración de un Directorio de empresa depende de la forma de organización de dicha empresa, en este caso, de una Isapre. - La naturaleza del trabajo de los directores de una Isapre, no califica como una relación laboral, pues quien presta los servicios es a su vez parte del gobierno de la asociación, siendo dudosa la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, como lo exige toda relación laboral.

El documento ofrece un marco constitucional normativo y jurisprudencia respecto de tres garantías constitucionales, a saber: la libertad de trabajo, la libertad de emprendimiento y el derecho de propiedad. Estas tres construcciones normativas componen un núcleo central que se denomina la Constitución económica, y son la base del orden público económico, que se integra a su vez por normas constitucionales, legales y reglamentarias. Dado que estas garantías forman parte del bloque de derechos fundamentales, cualquier legislación que toque materias relativas al orden público de la economía debe tener en cuenta las limitaciones que impone.

Del análisis realizado de los cuerpos normativos en relación con los cargos públicos contemplados en los Proyecto de Ley Boletines Nos. 12.262-04 y No. 14.564-07, se observó que el cese de funciones de las autoridades previstos en dichas iniciativas no obedece a causales vinculadas directamente al consumo de drogas, ya sean estupefacientes, psicotrópicas o sustancias ilícitas durante el ejercicio de sus cargos. En efecto, no se detectó que el simple hecho de consumir estas sustancias constituya una causal específica de cese de funciones. Por el contrario, se identificó casos en los cuales el cese de funciones de autoridades está relacionado con la transgresión al principio de probidad administrativa, en conformidad con lo establecido en el artículo 8o. de la Constitución Política de la República, y más específicamente, en la Ley No. 18.575 y otros cuerpos normativos pertinentes, los cuales delinean las responsabilidades y conductas que comprometen la integridad administrativa. Así las cosas, el cese de funciones ha sido vinculado a la violación de principios éticos y de transparencia, más que a la mera conducta de consumo de sustancias.