Formación Cívica

Por petición de la Comisión encargada de informar la Acusación Constitucional deducida en contra del Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, señor Felipe Guevara, se describe la doctrina nacional que se pronuncia sobre si las acusaciones constitucionales son o no la última ratio contra quienes son acusados. En primer lugar, cabe considerar que el concepto última ratio es propio del derecho penal y se define como "la condición que sólo puede ser utilizada por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos, cuando otros órdenes jurídicos han resultado insuficientes, al implicar su uso la razón de la fuerza". La doctrina nacional mayoritaria considera que la acusación constitucional es de última ratio frente a los ilícitos constitucionales del artículo 52 de la Constitución Política, particularmente por la gravedad de la sanción (inhabilidad absoluta para el ejercicio de cargos públicos por cinco años). Lo anterior, supone que previamente se han agotado todos los recursos o arbitrios ordinarios que contempla el ordenamiento jurídico. Algunos autores nacionales realizan la afirmación de última ratio, a propósito de las acusaciones constitucionales contra Ministros de Estado o el Presidente de la República, atendida la gravedad de las conductas ilícitas. Otros autores, lo plantean en términos generales.

La participación ciudadana en el proceso político está reconocida como Derecho Fundamental en la Constitución española, estableciendo la obligación para los poderes públicos de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Dentro de los mecanismos que la Constitución consagra para la participación ciudadana se encuentra : -Iniciativa legislativa popular: mecanismo que tiene por objeto posibilitar a los ciudadanos la presentación de proyecto de leyes, requiriéndose para ello la presentación de 500.000 firmas, entre otros requisitos. La doctrina ha planteado modificaciones en su diseño, como la rebaja del número de firmas, la supresión de limitaciones materiales, entre otras. • Referéndum: de carácter consultivo para “las decisiones políticas de especial trascendencia“(las que no están definidas) y de carácter vinculante solo para la reforma de algunos numerales de la Constitución. Desde la aprobación de la Constitución se han celebrado dos referendos consultivos (1986 y 2005) con una participación baja del electorado, lo que según la doctrina se debe a que la opinión de la ciudadanía no es vinculante. • Derecho a petición: derecho que permite a los ciudadanos españoles concurrir a cualquier institución pública a realizar peticiones con la finalidad de que los responsables de la cosa pública los escuchen y en base a esto tomen sus decisiones. Según datos disponibles en la página del Congreso de los Diputados de España el ejercicio del Derecho de Petición es muy frecuente en el ordenamiento español.; Parlamento

El presente trabajo sistematiza los tratados sobre Derechos Humanos vigentes en Chile, ofreciendo una breve descripción del mismo, un enlace al texto oficial del instrumento internacional y al texto vigente en Chile; el Sistema de Protección (universal o regional) de derechos al que están adscritos, sus principales objetivos, y los mecanismos destinados a cautelar el cumplimiento de su objeto y fin por parte del Estado. Asimismo, el documento distingue por Sistema de Protección, permitiendo conocer cuáles son los instrumentos que nacen tanto en el seno de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Por su parte, se hace presente que se incorporan en el documento la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, instrumentos que constituyen un punto de partida de los distintos tratados y declaraciones del sistema universal y regional de protección de los Derechos Humanos. Finalmente, este documento busca constituirse como un marco de referencia general para el desarrollo individual de cada derecho humano consagrado en la normativa internacional adscrita por Chile. Así, se constituye como el documento base de una serie de informes relacionados a los Derechos Humanos en particular, siendo una herramienta de utilidad en el desempeño tanto de los/as convencionales constituyentes, como para el uso de la ciudadanía en general.

El presente documento es el primero de una serie que tiene por objeto abordar la regulación internacional de los derechos fundamentales en particular actualmente reconocidos en la Constitución chilena, conforme al orden de prelación en que ella los ha tratado. Así, este informe se hace cargo del derecho a la vida e integridad física y psíquica en los instrumentos de Derechos Humanos cuyos textos han sido ratificados y publicados en el Diario Oficial1, a la que se suman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y pretende ofrecer, en un solo documento, el marco normativo internacional del derecho a la vida e integridad física y psíquica, facilitando el acceso y manejo de esta información.

En el presente informe se analizan y comparan las dietas y las asignaciones de los diputados y diputadas en Francia, España y Chile y de los senadores de Chile. La información presentada ha sido obtenida a través de las páginas de internet oficiales de los distintos congresos, además de las respectivas constituciones y reglamentos. En los tres países analizados primero se explica el marco normativo que regula las dietas y asignaciones y luego se pasa mostrar la cuantía de las mismas. En la sección V se pueden ver directamente los cuadros comparativos de los tres países.