Historia de la Constitución y de las Propuestas de Nuevas Constituciones

COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

Acta 10ª sesión

Miércoles 24 de noviembre de 2021, Gimnasio Municipal de Laja, de 09:50 a 13:47 horas

Suma: Trámite de audiencia pública.

1. Por la I. Municipalidad de San Rosendo, el alcalde Rabindranath Acuña Olate y el concejal Felipe Sánchez Concha.

Luego de referir los orígenes históricos de la comuna en el siglo XVI, como zona de fuertes españoles en su enfrentamiento con las comunidades indígenas, manifestaron que durante el siglo XIX devino en un lugar central para el transporte ferroviario nacional en la zona sur, razón que motivó en 1927 a su declaración oficial como comuna, para llegar a la situación actual, en la que con una población cercana a los 4.000 habitantes, persiguen ser reconocidos como una comuna estratégica para el turismo y el patrimonio de la región del Biobío.

A continuación, refiriendo la distribución de los usos y propiedad de los terrenos ubicados al interior de la comuna -30 hectáreas pertenecen al Serviu, entre el 52 y el 60% está destinado al monocultivo forestal de pinos y eucaliptus, otros paños para ferrocarriles del Estado, etc.-, manifestaron que la actividad forestal está degradando el suelo, afectando el lecho de los ríos y, atendida la experiencia comunitaria, afectando el acceso al agua a la población, la que debe abastecerse mediante camiones aljibes, e incrementando el riesgo de incendio.

A su vez, que para el desarrollo habitacional de la comuna han debido acudir al sistema de expropiaciones de los terrenos de ferrocarriles del Estado, pero en procesos que toman décadas, lo que genera rechazo en la comunidad.

Propuestas

Visto todo lo anterior, solicitaron que en el nuevo texto constitucional:

1. Se asegure el aprovechamiento de las aguas de consumo humano y animal, y el cultivo de subsistencia.

2. Se dispongan restricciones en materia de distanciamiento de las plantaciones de forestales, pues hoy sólo existe la autoregulación empresarial.

3. El pago de contribuciones ocurra en la comuna donde se produce la materia prima, pues en la actualidad las empresas no pagan o pagan mínimas patentes en las comunas donde se produce la materia, y las únicas retribuciones que se obtienen en los territorios es por vía de donaciones, lo que les sirve a las empresas para descontar impuestos.

4. Se asegure el derecho preferente de acceso a bienes públicos para proyectos estratégicos, para de esta manera cada vez que una empresa del Estado deje de ocupar un bien, la comunidad colindante a él tenga un derecho preferente para su uso.

5. Se termine con el financiamiento per cápita de las necesidades comunales y las discriminaciones territoriales, pues a vía ejemplar, mientras se tenga menos cantidad de alumnos se reciben menores ingresos y ello redunda en la calidad de la educación, o menores subsidios en materia de construcción, o menores subsidios para construir sistemas de agua potable rural.

Consultas (Baranda y Labraña)

Especificar la propuesta en materia de financiamiento per cápita: la lógica del per cápita sólo permite definir la cantidad de recursos a los que se accede en función a la cantidad de habitantes, y ello debería corregirse con criterios a favor de las zonas de rezago, pues de lo contrario siempre tendrían un presupuesto escaso para atender las necesidades de la comunidad.

Explicar las relaciones o vínculos que mantienen con las empresas forestales de su localidad: el legislador permite que las empresas adquieran terrenos para el desarrollo de sus actividades y pueda acceder a beneficios tributarios al realizar donaciones. Por ello, la cuestión a conseguir es que desde el texto constitucional se defina la manera en que las empresas se vinculan con las comunidades –sobre todo en materia impositiva municipal-, no quedando la cuestión a criterio de los directorios o gerencias de las empresas.

2. Por el Colectivo de derechos humanos de Concepción, las señoras Jessica Bastidas, Ester Araneda y Cecilia Bustos.

Manifestaron ser un colectivo de organizaciones de promoción, difusión, defensa, memoria y justicia en materia de derechos humanos que, a propósito del proceso constituyente, han reflexionado sobre el sentido y lugar de los derechos humanos en la nueva constitución.

Propuestas

1. Deben contenerse en el nuevo texto constitucional los derechos humanos contenidos en tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

2. Se debe disponer un compromiso estatal con los derechos humanos, tal como el actual artículo 5 de la Constitución Política, e incluir explícitamente las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos.

3. Los derechos que se contengan en el nuevo texto constitucional deben contar con procedimientos que los garanticen de modo imperativo. En particular, se deben garantizar explícitamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

4. Se debe reconocer el rol de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

5. Se deben estructurar elementos que permitan una construcción social que permita una sociedad sana, teniendo presente la evolución de las violaciones y el grado de respeto de los derechos humanos en el país. Así:

a. Disponer programas de educación en materia de derechos humanos desde la enseñanza prebásica hasta la universitaria, y también para la población general, incluyendo el período 1970-2021.

b. Disponer procedimientos que otorguen justicia y reparación a las víctimas de delitos de desaparición forzada, adoptando medidas para acelerar y regularizar la denegación de justicia por los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico militar y, en general, que otorguen justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.

c. Disponer una mejora en las medidas de reparación y restitución as las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos o pueblos, y en la legislación sobre patrimonio y sitios de memoria.

6. En cuanto al sistema judicial:

a. Establecer un comité de ética y fiscalización que asegure su independencia.

b. Eliminar la justicia militar en caso de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que los tribunales civiles sigan los principios de la Corte Penal Internacional.

c. Crear un sistema de defensa de los pueblos, otorgando especial protección a los defensores de los derechos humanos.

7. En cuanto a la estructura del texto constitucional, la regulación de los derechos humanos debe contenerse en el preámbulo, en un catálogo de derechos, en la relación entre el Estado y la ciudadanía y, finalmente, disponerse un mecanismo de garantía que explicite los sistemas de protección internacional.

Consultas (Meneses)

Ahondar en la manera en que se debería materializar la reparación en el nuevo texto constitucional: se debe reconocer los nombres de los familiares detenidos desaparecidos, proteger los sitios de memoria, prohibir el negacionismo y promover todo aquello que permita que esas violaciones no vuelvan a ocurrir en Chile ni en otro país.

3. Por el Colectivo Urdiendo Memorias, las señoras Lucy Domínguez Domínguez y Ester Hernández Cid.

Manifestaron ser un colectivo de exprisioneras políticas de la región del Biobío, cuyo nombre surge por estimar que el ejercicio de la memoria es fundamental para que nunca más se repitan historias de horror y terror en el país. Sobre todo, pues consideran que el país ha sido creado a través de la violencia, siendo una de ellas la violencia política sexual, la que estiman constitutiva de crímenes de lesa humanidad al ser cometidos por agentes del Estado.

Estimaron que el Estado tiene una deuda en materia de violencia política sexual, pues es una conducta que no está penalizada, a pesar de los compromisos internacionales contraídos en la materia, y al momento de emitirse sentencias solo se aborda como violencia de género, cuestión general frente a la especificidad de la violencia política sexual. Con todo, es un tema del que no se habla en general ni a nivel estatal ni de las organizaciones sociales, pues es un tema doloroso para quienes la han padecido, y las consecuencias de esa impunidad se manifiestan en las violaciones ocurridas durante la revuelta social, porque se piensa que cuando no hay justicia se puede hacer de todo.

Propuestas

1. Creación de una comisión permanente, con integrantes especializados en materia de investigación, sobre justicia transicional y de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

2. Que se integre una perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para la obtención de reparación y justicia.

3. Se tipifique la violencia política sexual como delito de lesa humanidad, adoptando medidas de información y prevención en la materia para que otras mujeres no corran la misma suerte.

4. Se garantice la reparación e indemnización a las mujeres víctimas de delito de violencia política sexual por parte de agentes del Estado de Chile.

5. Se elabore un catastro de las mujeres víctimas de prisión política durante la dictadura cívico militar.

6. Se realicen juicios públicos a los acusados por violaciones a los derechos humanos que aún están vivos y sin condena

7. Se elimine el secreto de los antecedentes del informe Valech.

8. Se elabore un registro público de los nombres de quienes han sido condenados como violadores de los derechos humanos.

Consultas (Henríquez y Meneses)

De qué manera podía servir como acto de memoria y reparación la creación de registros públicos o juicios públicos contra los acusados por violaciones a los derechos humanos: los juicios públicos debían realizarse aun cuando los acusados estuviesen muertos o no estuvieran en condiciones para poder enfrentar el juicio, pero el problema que surge es que no se tiene certidumbre de quienes fueron los perpetradores de los hechos, pues las mujeres víctimas estaban con sus ojos vendados. En cuanto a la publicidad de los registros, ello serviría como manera de expresar lo que se ha hecho efectivamente en materia de justicia.

Cuáles son los elementos centrales que el texto constitucional debiese contemplar en materia de erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres: en el nuevo texto constitucional debe quedar establecido que la ley debe disponer programas de capacitación transversales en materia de derechos humanos, con enfoque feminista, que se manifieste a nivel educativo en todos los niveles, de salud, cultura, acceso a la justicia, etc., para de esa manera reparar a las víctimas y a su círculo familiar, pues es sabido que el daño se traspasa a las siguientes generaciones.

4. Por la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, (Fenpruss) Biobío, los señores Aldo Santibáñez Yáñez, presidente Nacional, y Pavel Guiñez.

Manifestaron que es importante ponerse de acuerdo sobre el rol del Estado en materia de salud. En tal sentido, esa Confederación ha instado por superar el rol subsidiario que hoy tiene el Estado, pues el Estado debe tener un rol protagónico incorporando y garantizando de modo explícito los derechos sociales, avanzando así hacia un Estado democrático y social de derechos, que permita una evolución basada en las intervenciones de la jurisprudencia y las políticas públicas.

Lo anterior, pues la Constitución Política vigente si bien dispone derechos como salud, pensiones, educación, trabajo y otros, sólo se garantiza la libertad de elegir al prestador público o privado en tales materias, lo que genera segmentaciones poblacionales que producen inequidades en materia de seguridad social.

Propuestas

Generales:

1. Limitar las atribuciones presidenciales en cuanto a iniciativa exclusiva en materias de ley.

2. Reducir los quorum calificados para reformas en seguridad social.

3. Crear espacios de participación social vinculantes.

Específicas en cuanto a la seguridad social:

1. Reconocer la seguridad social como derecho humano.

2. Crear un sistema integral que proteja a la población frente a los riesgos sociales, de carácter universal, no discriminatorio, que progresivamente se vaya robusteciendo, financiada mediante un sistema solidario.

3. Se garantice que por vía judicial se pueda exigir el cumplimiento de estos deberes.

Específicas en cuanto al derecho a la salud:

1. Abandonar el concepto vigente en el texto constitucional de salud como ausencia de enfermedad.

2. Avanzar tanto en un concepto individual como colectivo a la salud. De esta manera se atiende tanto a las prestaciones asistenciales propias de la medicina, como a los determinantes sociales de la salud o condiciones sociales en que viven los ciudadanos.

3. Los principios que deben guiar el derecho a la salud deben ser equidad, universalidad, solidaridad –lo que impedirá la existencia de un seguro sustituto al público-, integralidad, interculturalidad – lo que permitirá a los pueblos originarios a desarrollar su propia medicina, y a la población general a acceder a tratamientos de medicina no tradicionales -, calidad, eficiencia y enfoque de género.

4. Disponer un modelo de red integrada de atención en salud, basado en el funcionamiento de la atención primaria, pero que no se agote en la prestación asistencial sino que incorpore aspectos de promoción de la salud y participación comunitaria con énfasis en los determinantes sociales.

Finalmente, como aspecto específico en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, manifestaron que se debe reconocer de forma amplia el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, la privacidad sexual, a la equidad sexual, al placer sexual de la expresión sexual y emocional, a la toma de decisiones reproductiva, libre y responsable, a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de la salud sexual.

Consultas (Valenzuela, Quinteros, Domínguez, Mamani, Delgado)

Cuál es el rol del sector privado en materia de salud, tanto a nivel de prestador de atenciones de salud como en materia de seguro, bajo el modelo de nuevo rol que proponen: los prestadores privados deben existir y ser parte de la red asistencial, tal como ha operado durante la pandemia. En tal sentido, se reconoce la libertad de las personas para atenderse en el sector privado, pero debe definirse claramente su ámbito de acción, en particular el financiamiento estatal hacia el sector privado. En cuanto a seguro, los privados sólo debieran tener un rol complementario.

Cuál es el estado de situación de las usuarias y usuarios de la región en materia de prestaciones de salud, y el estado de situación de quienes laboran en el sector salud en la región: a nivel nacional las políticas públicas no atienden a las perspectivas de los diversos territorios, lo que se manifiesta en que quienes requieren atención deban trasladarse largos kilómetros durante todo un día para ir y volver a su domicilio (ej: de Taltal a Antofagasta), por lo que se requiere que las prestaciones de salud se otorguen más cerca de los territorios. En cuanto a la situación de quienes laboran, hay muchos funcionarios a honorarios o contratados como prestadores de servicios, por lo que a nivel nacional se continúa luchando por lograr una carrera funcionaria, cuestión si bien ajena al texto constitucional, al menos podría abordarse desde la perspectiva de trabajo digno y estable como eje central.

Cómo garantizar el derecho a la salud a los grupos históricamente excluidos: una mirada global permite abordar las determinantes sociales, lo que posibilita una salud mucho más digna para cada grupo vulnerable del territorio nacional.

Cómo se debiese concretizar el carácter intercultural de la medicina de los pueblos originarios, para que deje de tener un mero carácter simbólico: el Estado debe asegurar los mecanismos para que cada pueblo pueda vivir su propia medicina, pero no al alero del Estado o de la medicina tradicional, sino de forma paralela a ella. En tal sentido, se debe asegurar el acceso a los lugares en que se encuentran los insumos para elaborar los remedios que utilizan los diversos pueblos, y disponen canales de comunicación entre ambos tipos de medicina para que sus modelos puedan ser debidamente validados por sus agentes.

Hasta qué punto el texto constitucional debe pronunciarse en cuanto al sistema de financiamiento del sistema de salud o de seguridad social, si acaso disponer expresamente una regulación, ya fuera cotizaciones, impuestos u otro: tanto con cotizaciones de los trabajadores como por impuestos generales, pues la precariedad laboral importa cada vez un menor aporte por vía de cotizaciones. Todo lo anterior, para alcanzar una inversión en salud del 6% del PIB.

5. En representación del Grupo de trabajadores y trabajadoras a honorarios de la Universidad del Biobío, la señora Jessica Jerez Yáñez y el señor Víctor Mora Canales.

Manifestaron que el proceso de masificación de la educación superior, además de significar nuevos procesos de aseguramiento de la calidad, internacionalización y políticas de retención de alumnos, generó una mayor demanda de personal. Esa mayor demanda fue solucionada mediante la contratación de profesionales académicos mediante convenios a honorarios, pero dichas contrataciones en un inicio de carácter temporal han devenido en permanentes, con reglas horarias, jerárquicas etc., pero sin mutar su condición contractual.

En el caso concreto de la universidad del Biobío, los trabajadores a honorarios carecen de derechos tales como sala cuna, postnatal, fuero maternal, las cotizaciones previsionales son a su cargo, etc. Este aspecto se ha agudizado en el contexto de la pandemia, pues carecen del seguro covid-19 dispuesto a favor de quienes estudian o prestan servicios en régimen de planta o contrata, o luego de informarse en correos institucionales masivos que se pagarán bonos debido Secretaría Comisión sobre Derechos Fundamentales a la pandemia, se les comunica individualmente que por ser contratados a honorarios no tienen acceso a tales pagos.

Toda esta situación se ha ido aceptando y normalizando, pues a pesar de la precariedad es el trabajo el que les permite desarrollar su vida, y al interior de la misma institución es el personal subcontratado –aseo, jardines, guardias, etc.-, el que se encuentra en peores condiciones laborales. Además, al trabajar en una universidad estatal están colaborando en la transformación social, pues muchos alumnos son primera generación –tanto a nivel familiar como comunal- en ingresar a los estudios superiores.

Finalmente, que si bien la ley 21.094 intentó regular la situación de los trabajadores a honorarios de las universidades, ha devenido en letra muerta pues todos los años, mediante la ley de reajuste de remuneraciones del sector público, se suspende su vigencia práctica. En tal sentido, los problemas que plantearon no eran únicos de la universidad del Biobío, sino comunes a las universidades estatales a nivel nacional.

Propuestas

1. Atendida la experiencia práctica de la vigencia de la ley 21.094, los derechos laborales – derecho a un trabajo digno, seguro y sin precarización- deben asegurarse en el texto constitucional y no depender de voluntades parlamentarias.

Consultas (Valenzuela, Fuchslocher, Henríquez, Domínguez)

Si acaso consideran que los trabajadores del sector público deben someterse a un estatuto jurídico distinto a los del sector privado; si acaso a los trabajadores del sector público se les debería permitir negociar colectivamente, y no mediante la negociación anual para el reajuste del sector público con el ministerio de Hacienda; si acaso debiese haber una consideración especial hacia los trabajadores del sector salud y educación, en aspectos remuneracionales u otros, en tanto sectores fundamentales para el desarrollo de un país; qué elementos debiese contener –o evitar contener- el texto constitucional en materia del derecho al trabajo para terminar con el trabajo precarizado: más que distinguir la situación entre los trabajadores del sector público o privado, la cuestión es dignificar el trabajo y que no resulte mejor o peor estar contratado en un sector u otro, sino que se trabaje en uno u otro por la realización personal del trabajador, con un buen salario de condiciones dignas. Lo anterior, pues al generarse condiciones de estabilidad económica se permite a los trabajadores proyectar su vida, y no se atiende únicamente a las vocaciones profesionales para mantener sistemas precarizados. Así, con que el Estado tratara de ser el mejor empleador de la nación ya sería un avance.

Se ahonde en lo relativo a por qué una persona contratada a honorarios por más de dos años continuos, no ha pasado a integrar la planta o contrata de la institución: a vía ejemplar, los convenios de contratación son de marzo a diciembre, excluyendo enero y febrero, por lo que de esa manera no se genera la continuidad jurídica, sino sólo fáctica.

6. Por la agrupación Con mi plata NO, la señora Marta Salazar y el señor José Sandoval.

Manifestaron ser un grupo que representa trabajadores comunes y corrientes que tiene inquietudes frente a anuncios sobre nacionalización de los fondos y de las futuras cotizaciones previsionales. Justificaron las propuestas que formularon en encuestas de opinión de CADEM y Criteria.

Propuestas

El nuevo texto constitucional debe garantizar:

1. Que los ahorros y las cotizaciones previsionales son de propiedad del cotizante, evitando de esa manera su nacionalización.

2. Que las cotizantes puedan elegir quien administra las cotizaciones y los ahorros previsionales, ya sea un ente público o privado.

3. La igualdad de pensiones entre hombres y mujeres en caso de tener igual cantidad de monto ahorrado. Si la diferencia surge porque las mujeres viven más, la diferencia a cubrir podría asumirla el Estado.

4. Una pensión básica universal de cargo estatal, financiada con impuestos generales y no con cargo a las cotizaciones individuales.

Consultas (Moreno y Labraña)

Cuanto del ahorro previsional se debe al pago de cotizaciones, y cuanto a la rentabilidad que esas cotizaciones han generado; cuál la tasa de reemplazo a la que aspiran; cuáles son los principios que rigen su propuesta en materia previsional; si acaso desean mantener la tasa de cotización, y si la cotización debe seguir siendo únicamente de cargo del trabajador, o también del empleador y el Estado: la presentación que realizan no es una propuesta articulada de texto Secretaría Comisión sobre Derechos Fundamentales sobre cómo debería quedar redactado el nuevo texto constitucional, y tampoco poseen los datos para contestar sobre cifras específicas. En tal sentido, su interés radica en que las ideas centrales que plantean sí queden en la nueva constitución.

Con todo, era claro que la tasa de cotización actual no garantiza buenas pensiones, y los periodos efectivos de cotización tampoco son extensos. En tal sentido, en cuanto a principios se puede sostener que los cotizantes sean dueños de sus ahorros y futuras cotizaciones; y que todo pilar solidario se financie con cargo a impuestos generales y a pagos de los empleadores, y no con cotizaciones de los trabajadores.

7. Por el Movimiento Territorios Soberanos, los señores Carlos López y Gustavo Sotomayor.

Manifestaron ser educadores populares de ese movimiento, constituido desde 2015 por comités de viviendas, integrado mayoritariamente -80%- por mujeres. El objetivo del movimiento es acceder a la vivienda digna y el buen vivir, pues el sistema vigente no permite de manera fluida adquirir terrenos, diseñar y construir proyectos habitacionales dignos, en los que se gestionen las diferentes necesidades de cada familia, el sistema vigente les impone proyectos habitacionales de mala calidad, con espacios pequeños y que en buena cantidad de casos presentan problema al poco tiempo de entregados, distante de los lugares de trabajo, sin buen equipamiento social, etc.

Hicieron presente que en virtud de tratados internacionales vigentes en el país, el derecho a la vivienda está reconocido, pero no explicitado en la constitución ni en la legislación interna. Incluso, el actual texto constitucional, en virtud del artículo 1 inciso tercero, impide que el Estado tenga un rol concreto en apoyo de la consecución de los objetivos de las organizaciones intermedias, y del artículo 21 le impide intervenir en la economía en favor de las organizaciones sociales. Así, tales artículos sólo permiten a las personas tener la libertad de elegir servicios, transformando las necesidades sociales en un negocio.

En tal sentido, el derecho a la vivienda se debe reconocer en tanto necesidad humana básica, que no puede quedar abandonada a las manos del mercado. Sobre todo, porque es un derecho financiado por cada persona mediante sus ahorros individuales, al pagar impuestos generales y, sobre todo la mujeres, al realizar trabajos de cuidado no remunerado.

Propuestas

El nuevo texto constitucional debe, específicamente en materia de vivienda:

1. Garantizar constitucionalmente las condiciones mínimas del derecho a la vivienda – vivienda digna-, y disponer el deber estatal de proteger ese derecho.

Ese deber de protección se manifiesta en: a) la creación de un banco de suelos para la construcción de viviendas y barrios del buen vivir, b) la producción autogestionaria del hábitat, c) el diseño, planificación y construcción de proyectos habitacionales desde las organizaciones de vivienda apoyadas por una entidad patrocinante y una constructora pública nacional, el d) el financiamiento para asistencia técnica en proyectos habitacionales y barriales; e) disponiendo la participación vinculante en el ordenamiento territorial de las ciudades, para el acceso a los servicios públicos, básicos y equipamiento para el desarrollo de la ciudad a escala humana.

Asimismo, en otras materias generales:

2. Reconocer el valor del trabajo de cuidado no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres, pues al realizar esa labor permiten que otros integrantes de su familia puedan laborar en el mercado formal o informal.

3. Definir al Estado como garante de los derechos fundamentales, mediante la participación directa de las organizaciones sociales en la definición de las políticas públicas que abordarán dichos derechos, entendiéndose esto como la definición de presupuesto, objetivos, métodos de realización, ejecución de las políticas públicas y su posterior evaluación y reformulación.

Consultas (Baranda y Meneses)

Qué aspectos son fundamentales para definir una vivienda digna, para que queden contemplados al momento de regular ese derecho: para que una vivienda sea digna, su tamaño, características y equipamiento debe atender a las necesidades de cada familia, y el problema actual es que sin importar sus particularidades, a todas se les entrega la misma solución estándar. Por ello, se requiere que el diseño de las políticas en la materia sea participativo, que atienda a las particularidades de cada territorio nacional, y que permita construir de modo comunitario la ciudad.

Manera en que han considerado la participación de personas en situación de discapacidad: las organizaciones tienen presente la situación de las personas en situación de discapacidad, pero Secretaría Comisión sobre Derechos Fundamentales las políticas del Servicio de la Vivienda y Urbanismo disponen elementos muy básicos hacia ellos, que no permiten una real integración. Eso sólo refuerza la necesidad de que las políticas se creen de modo participativo.

8. Por el Comité de vivienda El Renuevo, la señora Evelyn Cheuquelen y el señor Esteban Troncoso Urzúa.

Luego de referir que el Comité representa a casi cien familias ubicadas en el borde costero de San Pedro de la Paz, Evelyn Cheuquelen relató su historia y la de su familia –ya en la década de los ’70- en los campamentos bajo condiciones de precariedad, falta de espacio y contingencias de la naturaleza, como el riesgo de tsunami en 2010 durante su adolescencia. Estudió en el colegio y luego en un instituto profesional para ser técnico en prevención de riesgos, pero no pudo terminar la carrera debido a problemas económicos familiares.

Refirió que desde los 18 años contaba con una libreta de ahorro para la vivienda, pero cada vez pedían más y más puntaje para acceder a una vivienda con apoyo estatal, y el valor de la UF se incrementaba. Espero durante nueve años el acceder a una vivienda propia, viviendo en ese tiempo como allegada, tuvo dos hijos, y logró cambiarse a una vivienda arrendada, pero llegó la pandemia y toda la inversión que había realizado en una pyme para poder trabajar desde la casa se fue a la basura.

El no tener nada a qué acudir o en qué apoyarse la empujó a formar una toma, donde hoy vive al igual que hace 22 años, en su infancia, pero ahora grande y con sus propios hijos, pero con las mismas carencias de luz, agua, y nuevamente usando un pozo negro para hacer sus necesidades.

Pasan los años, y el sistema de acceso a la vivienda no ha cambiado, sólo ha subido los puntajes y los altos cargos analizan la realidad sólo como estadística. Además, estimó que el área municipal no realiza trabajo en terreno y no registra debidamente la situación de las personas allegadas o sin techo.

Quizá algún día lograría acceder a una casa, pero quizá sus hijos no, y no quiere que ellos tengan que repetir su experiencia. Por ello, agradeció la oportunidad de exponer sobre la importancia de la vivienda digna, porque al final no se trata sólo de una casa o un techo, sino que se trata de tener oportunidades y un espacio en el cual sentir una seguridad.

Propuestas:

1. Que toda persona que necesita una vivienda la tenga sin discriminación, que ninguna población sea el patio trasero, olvidado y maltratado de la ciudad, pues toda persona tiene el derecho a vivir en una casa y un barrio hermoso.

2. Que los proyectos de viviendas tengan períodos más cortos de postulación y construcción.

Consultas (Baranda y Dayyana González)

Cuáles son los dos elementos más importantes que debe tener una vivienda para ser digna: las necesidades más importantes son acceder al agua, pues permite cocinar, a la luz y al alcantarillado, pues permite acceder a los servicios sanitarios. Luego la calefacción o sistema de aislamiento.

Qué opinión tiene sobre los desalojos realizados por la fuerza pública: siempre está el miedo al desalojo. De hecho, ellos fueron desalojados en enero de 2021 por orden de la gobernación, sin importarles la presencia de muchos niños y niñas, pero es una situación que se está trabajando.

9. Por la Asociación de Establecimientos Particulares Subvencionados del Biobío (Asepar), la señora Carolina Contreras Povea y el señor Misael Valenzuela Castro.

Manifestaron representar 35 proyectos educativos de la región -93% de carácter gratuito-, con una matrícula de 15.033 estudiantes, 472 docentes, 546 asistentes de la educación. Algunos de los establecimientos tienen más de 80 años de funcionamiento. El 83% de esos proyectos educativos se desarrollan en sectores con altos índices de vulnerabilidad.

En tal sentido, destacaron que la educación particular tiene que ver, antes que con temas de recursos, con la posibilidad de desarrollar diversos proyectos educativos –algunos enfocados en las situaciones especiales de niños, niñas y adolescentes-, y que a pesar de las dificultades, se ha ido adaptando a toda nueva legislación creada en materia educacional.

Manifestó que existe preocupación sobre el futuro del sector particular subvencionado, tanto a nivel del establecimiento como de los apoderados y los trabajadores.

Propuestas

1. Los padres tienen el derecho a escoger la que estimen mejor educación para sus hijos.

2. Los establecimientos particulares subvencionados deben ser parte del sistema educativo, el cual debe ser solidario, diverso e inclusivo.

Consultas (Meneses y Fuchslocher)

Dado que la subvención escolar es pagada por el Estado, si acaso los trabajadores de los establecimientos que perciben la subvención debiesen ser funcionarios públicos o el Estado su empleador: s/r.

Cuáles son los mecanismos de control en la utilización de los recursos fiscales destinados a educación (SEP, PIE, etc.), para que efectivamente se utilicen en la mejoría educacional de quienes estudian: en 2015, con la ley de Inclusión, se reguló toda la administración de los establecimientos particulares subvencionados, disponiéndose que deben ser personas jurídicas sometidas a la fiscalización anual de diversas entidades estatales (Superintendencia de Educación, Servicio de Impuestos Internos, Agencia de Calidad en Educación, etc.).

Cuál es su opinión sobre los derechos colectivos de los trabajadores de los establecimientos particulares subvencionados: los derechos colectivos están asegurados, pues cada establecimiento debe disponer –evidenciar- en sus reglamentos internos que docentes y funcionarios tienen derecho a organizarse.

10. Por el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, el señor Alejandro Valdebenito.

Manifestó que sus propuestas se enmarcan en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente en el capítulo ocho, sobre trabajo decente y crecimiento económico.

Hizo presente que ni a nivel constitucional ni legal existe una definición de ‘trabajo’, e incluso la regulación vigente aborda sólo parte de las relaciones laborales que efectivamente ocurren, pues no aborda las situaciones de informalidad, dejando de esa manera desprotegidas nuevas formas de relación laboral tanto en sus aspectos laborales propiamente tales, como de seguridad social –previsión, ley de accidentes del trabajo, etc.-. En tal sentido, saber que la informalidad propiamente tal, y aquella subsumida en las prestaciones mediante boleta de honorarios alcanzan al 43% de las relaciones laborales en el país era de suyo preocupante. Igual preocupación debe generar que entre 2007 y 2016, 4.717 personas fallecieron por accidentes laborales, lo que equivale a 173.719 años de vida potenciales perdidas, o al 4% del PIB nacional.

Así, la cuestión a lograr desde un punto de vista ético es construir espacios de trabajo éticos, protegidos, estables y respetuosos que busquen la felicidad de quienes se organizan e integran esas organizaciones.

Propuestas

1. Se debe reconocer como derecho fundamental el trabajo decente, cuyo concepto también debe ser definido a nivel constitucional.

Al respecto, es útil el concepto de la Organización Internacional del Trabajo, que lo entiende como un empleo productivo, que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo, la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan su vida y la igualdad de oportunidades.

2. Se debe disponer que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad.

Esta disposición está contenida en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, capítulo 4, artículo 31.

Consultas (Ossandón y Delgado)

Cuáles son las propuestas concretas para garantizar la seguridad en el trabajo y evitar la precarización; ahondar en la definición de seguridad laboral y como ello puede contemplarse en el nuevo texto constitucional; por qué la regulación debiese estar radicada a nivel constitucional, considerando que las relaciones laborales en el actual contexto técnico cambian de forma rápida: la cuestión ética a resolver es que aquellas personas que no logran acceder a la protección del código del trabajo, puedan exigir las prestaciones de seguridad que a nivel constitucional están garantizadas para todos.