Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.
Fecha 28 de octubre, 1969. Mensaje en Sesión 2. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Existe consenso unánime de que las Actuales remuneraciones de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile, no obstante la constante preocupación que ha tenido el Supremo Gobierno por racionalizarlas y mejorarlas durante este período, no se compadecen con la función específica que ellas desempeñan, ¡especialmente reconocida por la Constitución Política del Estado, y con las necesidades de su personal. En estas circunstancias, se hace indispensable dictar, con la urgencia requerida, una nueva escala que tienda a simplificar el sistema de remuneraciones y que dé satisfacción a los problemas económicos que afectan al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile.
Para remediar esta situación y determinar el aumento de remuneraciones que el Supremo Gobierno estima necesario otorgar, sobre la base de la organización jerárquica.- fundamento esencial de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile- y la profesionalidad con dedicación exclusiva, que las distingue de otros servicios de la Administración Pública.
Similares consideraciones corresponde hacer respecto de las remuneraciones del personal dependiente de la Dirección General de Investigaciones, por lo que el Supremo Gobierno ha resuelto incluir a dicho Servicio en esta iniciativa.
Se incluyen en el articulado algunas disposiciones destinadas a proporcionar recursos para el financiamiento de las nuevas remuneraciones que se fijen. Es preciso dejar constancia que lo dispuesto en el artículo 10, que se refiere al gas licuado, no significa un recargo al consumidor sino que fija el impuesto en la base.
Sin embargo, como el costo definitivo del proyecto sólo podrá establecerse una vez dictados, en uso de las facultades que se solicitan, los decretos respectivos por el Presidente de la República, me anticipo a manifestar que el conjunto de mayores gastos por remuneraciones que se produzcan en 1970, tanto por la aplicación de este proyecto como por la Ley General de Remuneraciones que deberá dictarse, será financiado con la provisión de fondos ordinarios que se hará en la Ley de Presupuestos para 1970, con los recursos de esta ley y con los que se aprueben en la Ley General de Remuneraciones.
Por estas consideraciones, vengo en proponer a vuestra aprobación, para que sea considerado en la actual legislatura extraordinaria, con el carácter de urgente, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que, en el plazo ele 30 días, a contar de la vigencia de esta ley, proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile.
Autorízasele, asimismo, para modificar la ubicación jerárquica relativa de la escala del personal civil de dichas instituciones, para adecuarlas a las nuevas remuneraciones.
La aplicación de los incisos anteriores no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones y pensiones.
Los decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 2º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 3º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas pollos bancos particulares en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968, reajustadas estas últimas de acuerdo con el porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1969, más el porcentaje en que hubiere aumentado efectivamente el capital social de cada banco en el año comercial 1969, pero considerando los aumentos en forma proporcional al tiempo de su permanencia. Para estos efectos, se considerará como utilidad la renta líquida imponible de Primera Categoría, determinada de acuerdo con las normas de la Ley de Impuesto a la Renta.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Artículo 4º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los bienes raíces de la primera y de la segunda serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo en el departamento de Petorca y en la comuna de Putaendo en la provincia de Aconcagua y en la comuna de Puchuncaví de la provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 5º.- Elevanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso 3º del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso 4° del artículo 1º por la siguiente letra g):
"g) Piscos y vinos, entendiéndose por. Estos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 15.256."
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso 3º del artículo 1°, a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso 5º del artículo 1º, por la siguiente:
"ñ) Tapices nacionales e importados y alfombras importadas".
6.- Sustituir en el nuevo inciso 4º del artículo 1°, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 7º.- En el artículo 9 de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores".
Artículo 8º.- En el Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272 sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%".
Artículo 9º.- Agrégase al inciso 1º del artículo 1º transitorio de la ley Nº 14.836, reemplazado por el artículo 18 de la ley Nº 16.520, de 22 de julio de 1966, la siguiente frase:
"Sin embargo, si viajan a los países limítrofes pagarán un impuesto de Eº 200,-".
Artículo 10.- Sustituyese el inciso 1º del artículo 8º de la ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos."
Artículo 11.- Agrégase al artículo 37 Nº 1 de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%."
Artículo 12.- Sustitúyese en el artículo 39 de la ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 25 de la ley Nº 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, modificado por el artículo 220 de la ley Nº 16.840:
Reemplázanse las expresiones y guarismos "treinta centésimos de escudo (Eº 0,30)", "quince centésimos de escudo (Eº 0,15)" y "veinticinco centésimos de escudo (Eº 0,25)" por "cuarenta centésimos de escudo (Eº 0,40)", "veinte centésimos de escudo (Eº 0,20)" y "treinta centésimos de escudo (Eº 0,30)", respectivamente.
Actualízase el artículo 74 de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.- Patricio Rojas Saavedra.- Andrés Zaldívar Larraín.- Sergio Ossa Pretot.
Cámara de Diputados. Fecha 30 de octubre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 4. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
8.-INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
"Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasan a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje, incluido en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, con urgencia calificada de "extrema", que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
Durante la discusión del proyecto participaron el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar; el señor Ministro de Defensa Nacional, don Sergio Ossa; los señores Subsecretarios de Guerra y Marina, don Carlos Gardeweg y don Sergio Aguirre; el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, don Fernando Castro y el Coronel Auditor de Ejército, don Hernán Concha, quienes entregaron a las Comisiones Unidas los antecedentes e informaciones necesarios para el despacho del proyecto en informe.
Como se expresa en la exposición de motivos del mensaje con que se somete a la consideración del Congreso Nacional el presente proyecto, sus disposiciones se pueden dividir en dos grupos, que en síntesis configuran los objetivos fundamentales de esta iniciativa legal: las que facultan al Presidente de la República para determinar el aumento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, así como las del personal dependiente de la Dirección General de Investigaciones; y las que consultan los recursos para financiar los aumentos que habrán de otorgarse.
Las Comisiones Unidas abordaron el examen del proyecto de ley en informe con ánimo coincidente al expresado por el Ejecutivo en el Mensaje, en el sentido de que es unánime la opinión de que las rentas actualmente vigentes para el personal de la Defensa Nacional y de Carabineros no guardan relación con las funciones que por mandato constitucional le corresponde a este grupo de servidores públicos ni con sus necesidades.
Asimismo, las Comisiones Unidas estuvieron por aprobar el otorgamiento de las facultades solicitadas por el Ejecutivo, conscientes de la urgencia de fijar un nuevo sistema de remuneraciones que tienda a simplificar el vigente y que, a la vez, resuelva los problemas económicos que afectan al sector de funcionarios públicos que se beneficia mediante este proyecto.
Como resultado del debate habido en estas Comisiones Unidas y con el asentimiento de los representantes del Ejecutivo que concurrieron a sus reuniones, se estimó que la autorización concedida al Presidente de la República en el artículo 1º del mensaje era de una amplitud que requería fijarle algunos límites, por lo que las Comisiones resolvieron sustituirlo por el que se transcribe más adelante en la parte dispositiva de este proyecto.
En síntesis; el Presidente de la República estará sujeto a las siguientes restricciones para la aplicación de las facultades que se le otorgan en virtud de los preceptos de esta iniciativa legal:
No podrá disminuir las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
Deberá mejorar, especialmente, las rentas de aquellos grados más deteriorados en sus actuales emolumentos;
El personal en servicio activo disfrutará de este reajuste a partir del 1º de enero de 1970;
El aumento de las pensiones resultante del reajuste que se otorga al personal en servicio activo podrá darse hasta en tres etapas que se señalarán en el decreto con fuerza de ley respectivo;
El aumento que en virtud de la aplicación de esta ley se establezca para el año 1970 no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante 1969;
Los profesores civiles de la Defensa Nacional recibirán los beneficios a que se refiere el inciso cuarto del artículo 110 del D.F.L. Nº 1, de 1968, siempre que desempeñen cátedras con equivalencia universitaria o universitaria técnica; y
Por último, se establece que los decretos con fuerza de ley deberán dictarse dentro del plazo de 30 días a contar de la publicación de esta ley.
Más adelante, el artículo 2° faculta al Presidente de la República para fijar la escala de rentas y el sistema de remuneraciones que se aplicará al personal dependiente de la Dirección General de Investigaciones en términos similares al vigente para el Cuerpo de Carabineros de Chile. También se le autoriza para disponer el encasillamiento correspondiente.
Para financiar el gasto que signifique el aumento de remuneraciones propuesto en esta iniciativa legal se consultan en los artículos 3º, 4º. 5º, 6º.7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14 diversos impuestos, recargos de contribuciones, aumento de tasas y destinaciones de fondos que se detallan a continuación.
En primer término para el año 1970 se establece un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los Bancos particulares y por las Compañías de Seguros en el año 1969, impuesto que se calculará, declarará y pagará con las modalidades establecidas en el artículo 39.
El artículo 4º prescribe un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para el año 1970, que se aplicará durante dicho año a los Bienes Raíces de la primera y segunda serie de todas las comunas del país, con las excepciones que la misma disposición señala.
Otra fuente de financiamiento de este proyecto de ley es la consultada en el artículo 5°, que autoriza al Presidente de la República para destinar anualmente, con cargo al mayor ingreso del precio del cobre hasta la suma de Eº 100.000.000.
En seguida, se aumenta del "14" al "16" por ciento la tasa contemplada en el inciso tercero del artículo 1º de la ley Nº 12.120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y servicios, aplicables a determinados artículos suntuarios que se enumeran en dicha disposición. El mismo aumento se hace extensivo al artículo 5° de la ley Nº 12.120, que grava, en su letra b) los servicios prestados por restaurantes, hoteles, hosterías, clubes sociales y demás establecimientos similares de Primera Categoría.
También se incorpora a las disposiciones del artículo 1° de la ley Nº 12.120 a los piscos y vinos.
Además se eleva del 23 al 25% la tasa preceptuada en el inciso cuarto del artículo 1º de la ley Nº 12.120 que grava las especies suntuarias señaladas en dicho inciso.
El artículo 7º del proyecto contempla un impuesto adicional de 5% sobre el precio de compra o adquisición de monedas extranjeras, que se aplicará sin perjuicio del gravamen actualmente establecido en el artículo 9º de la ley Nº 12.120.
El impuesto estipulado en el Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272 de Timbres, Estampillas y Papel Sellado que grava los documentos que acrediten la celebración de compraventas y otras convenciones que sirvan para transferir el dominio de bienes corporales inmuebles, se eleva en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º del proyecto de un 4 a un 6%.
El artículo 9º restablece un impuesto que deben pagar quienes viajan a los países limítrofes. No obstante el mismo precepto señala que no se aplicará este tributo a los viajes que se realicen entre las localidades de Arica y Tacna, como asimismo, a quienes deban trasladarse al territorio de la República Argentina desde las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, siempre que residan en ellas.
La misma excepción podrá ser establecida por el Ministro de Hacienda respecto de otros puntos fronterizos, cuando razones de trabajo, comercio o transporte de sus habitantes, así lo determinen.
Se determina que las ventas de gas licuado de petróleo pagarán un tributo único de un 27% de cargo de las empresas productoras, que se aplicará en la forma y condiciones establecidas en el artículo 10. Sobre el particular cabe hacer presente que el Mensaje con que se envió este proyecto, deja constancia que las disposiciones del artículo 10 no significan un recargo al consumidor, puesto que se fija el impuesto en la base.
El artículo 11 fija una tasa del 8,5% más alta que las establecidas para el común de las rentas de segunda categoría, provenientes del trabajo, en el caso de tratarse de sueldos o ingresos profesionales que se perciban en moneda extranjera.
La tasa que deben pagar los directores o consejeros de sociedades anónimas por las participaciones o asignaciones que perciban, se eleva de un 20 a un 30%, de acuerdo con lo establecido con el artículo 12 del proyecto.
Las Comisiones Unidas aprobaron una indicación, que corresponde al artículo 13 del proyecto mediante el cual se establece un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras que correspondan al pago de regalías, royalties y asesorías técnicas percibidos por empresas extranjeras.
Finalmente, para agregar recursos con el objeto de financiar esta iniciativa legal las Comisiones Unidas aprobaron el artículo 14 que tiene por finalidad consultar un inciso nuevo en el artículo 43 de la ley Nº 15.564, y disponer un recargo de un 20% sobre los impuestos girados en conformidad a dicho artículo 43 aplicable a las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales.
Las informaciones de que pudieron disponer las Comisiones Unidas permiten establecer los siguientes rendimientos aproximados que se obtendrán de las disposiciones aprobadas en este proyecto: el artículo 3º produciría Eº 1.000.000 a Eº 1.300.000 (en este cálculo no se considera el rendimiento del impuesto aplicado a las Compañías de Seguros), el cuarto Eº 47.000.000, los números 1 y 2 del artículo sexto Eº 30.000.000, el número 6 del mismo artículo Eº 6.000.000, el artículo séptimo Eº 25.000.000, el octavo Eº 30.000.000, el noveno Eº 8.000.000, el décimo Eº 10.000.000 y el décimo segundo Eº 5.000.000.
Las Comisiones Unidas sustituyeron el artículo 5º propuesto en el Mensaje por otro que lleva la misma numeración. El artículo sustituido, según los cálculos que se entregaron durante el examen del proyecto, debía rendir aproximadamente Eº 60.000.000.
Las Comisiones Unidas recibieron, además, otra serie de antecedentes que le permitieron formarse un juicio cabal respecto de las materias contenidas en este proyecto, que no se consignan en el presente informe por haber sido proporcionados en las ocasiones en que el señor Presidente de las Comisiones Unidas, en uso de sus facultades reglamentarias, constituyó la Sala en sesión secreta por exigirlo el giro del debate o las observaciones formuladas.
Las consideraciones precedentes y las que podrá entregar a la Cámara el señor Diputado informante movieron a estas Comisiones Unidas a dar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros.
Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2°.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3º.- El reajuste entrará en vigencia, en su integridad, para el personal en servicio activo a contar del primero de enero de 1970;
4º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo Decreto con Fuerza de Ley;
5º.- En todo caso, el aumento correspondiente al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
6º.- Dentro del mismo plazo señalado en el número siguiente, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional, y
7º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 2º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de a firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 3º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Artículo 4º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 5º.- El Presidente de la República podrá destinar anualmente hasta la suma de Eº 100.000.000 para el financiamiento de esta ley con cargo al mayor ingreso del precio del cobre.
Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11.256.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º, a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1°, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 7º.- En el artículo 9º de la Ley Nº 12.120, sobre Impuestos a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 8º.- En el Nº 8 del artículo 1º de la Ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%".
Artículo 9º.- Agréganse al inciso primero del artículo 1° transitorio de la Ley Nº 14.836, reemplazado por el artículo 18 de la Ley Nº 16.520, de 22 de julio de 1966, los siguientes incisos nuevos:
"Sin embargo, si viajan a los países limítrofes pagarán un impuesto de Eº 200.
Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los viajes que se realicen entre las localidades de Arica y Tacna.
Igualmente quedarán exentos de este pago los residentes de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes que deban trasladarse al territorio de la República Argentina.
En todo caso, el Ministro de Hacienda podrá establecer idénticas exenciones en otros puntos fronterizos, cuando razones de trabajo, comercio o transporte de sus habitantes, así lo exijan.".
Artículo 10.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8° de la Ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 11.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5° de la Ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%.".
Artículo 12.- Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 13.- Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras.
Artículo 14.- Agrégase al artículo 43 de la Ley Nº 15.564, el siguiente inciso nuevo:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores.".
Artículo 15.- Los beneficios económicos que en uso de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo.
Artículo 16.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales vigentes que regulan los actuales sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Artículo 17.- Dentro de las asignaciones especiales deberá contemplarse en el Cuerpo de Carabineros de Chile el "Riesgo Policial".
Artículo transitorio.- El Presidente de la República, en uso de las facultades que se le conceden, no podrá privar al personal en actual servicio del derecho que tiene de impetrar pensión de retiro en conformidad y de acuerdo con la legislación vigente.".
Sala de las Comisiones Unidas, a 29 de octubre de 1969.
Aprobado en sesión de fecha 28 y 29 del presente, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Agurto, Alessandri, Valdés, Alvarado, Avendaño, Cademártori, Cantero, Del Fierro, Espinoza Carrillo, Fuentealba Caamaño, Fuentes Andrades, Ibáñez, Iglesias, Laemmermann, Lazo, doña Carmen; Leighton, Maira, Monares, Núñez, Penna, Phillips, Schleyer, Tagle, Vargas y Urra.
Se designó Diputado informante al señor Maira.
(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de Comisiones".
Fecha 30 de octubre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 4. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión General y Particular . Se aprueba en general y particular con modificaciones.
REAJUSTE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES
El señor MERCADO ( Presidente).-
En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde tratar y despachar el proyecto de ley, informado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Dirección General de Investigaciones. Boletín 297-(69)-2. Diputado informante, el señor Maira.
El procedimiento a que se sujetará el despacho de este proyecto fue oportunamente puesto en conocimiento de los señores Diputados.
- El proyecto, impreso en el boletín Nº 297-(69)-2, es el siguiente:
"Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros.
Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:
1.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3.- El reajuste entrará en vigencia, en su integridad, para el personal en servicio activo a contar del primero de enero de 1970:
4.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo Decreto con Fuerza de Ley;
5.- En todo caso, el aumento correspondiente al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
6.- Dentro del mismo plazo señalado en el número siguiente, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional, y
7.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 2º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 3º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declarase y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Artículo 4º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 5º.- El Presidente de la República podrá destinar anualmente hasta la suma de Eº 100.000.000 para el financiamiento de esta ley con cargo al mayor ingreso del precio del cobre.
Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g) :
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11.256.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º, a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1º, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 7º.- En el artículo 9º de la Ley Nº 12.120, sobre Impuestos a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 8º.- En el Nº 8 del artículo 1º de la Ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%".
Artículo 9º.- Agréganse al inciso primero del artículo 1º transitorio de la Ley Nº 14.836, reemplazado por el artículo 18 de la Ley Nº 16.620, de 22 de julio de 1966, los siguientes incisos nuevos:
"Sin embargo, si viajan a los países limítrofes pagarán un impuesto de Eº 200.
Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los viajes que se realicen entre las localidades de Arica y Tacna.
Igualmente quedarán exentos de este pago los residentes de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes que deban trasladarse al territorio de la República Argentina.
En todo caso, el Ministro de Hacienda podrá establecer idénticas exenciones en otros puntos fronterizos, cuando razones de trabajo, comercio o transporte de sus habitantes, así lo exijan.".
Artículo 10.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8º de la Ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 11.- Agrégase al artículo 37, Nº 1º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5° de la Ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%.".
Artículo 12.- Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 13.- Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras.
Artículo 14.- Agrégase al artículo 43 de la Ley Nº 15.564, el siguiente inciso nuevo:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores.".
Artículo 15.- Los beneficios económicos que, en uso de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo.
Artículo 16.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales vigentes que regulan los actuales sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Artículo 17.- Dentro de las asignaciones especiales deberá contemplarse en el Cuerpo de Carabineros de Chile el "Riesgo Policial".
Artículo transitorio.- El Presidente de la República, en uso de las facultades que se le conceden, no podrá privar al personal en actual servicio del derecho que tiene de impetrar pensión de retiro en conformidad y de acuerdo con la legislación vigente."
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, me corresponde informa a la Sala del proyecto, sometido al trámite de extrema urgencia, que concede un mejoramiento -mediante el sistema de facultades entregadas a Su Excelencia el Presidente de la República- al personal de las Fuerzas Armadas, Subsecretarías dependientes del Ministerio de Defensa, Cuerpo de Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
Como la Cámara podrá entenderlo, el brevísimo procedimiento que caracteriza a los proyectos con extrema urgencia, impidió a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, un tratamiento todo lo detallado y acucioso que sus miembros hubieran deseado.
Enfrentaron nuestras Comisiones un difícil problema financiero, que encuentra su origen en un problema igualmente complejo en materia de estructura administrativa y organización de nuestros cuerpos militares. Difícil problema financiero porque, por su naturaleza, el número de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas de la Nación es, necesariamente, muy alto, lo que determina que tanto el monto de sus remuneraciones, en cuanto al costo total, como un posible mejoramiento de éste demande cuantiosas sumas, no siempre fáciles de recolectar.
Sin entrar en cifras detalladas, que por su naturaleza tienen el carácter de confidenciales, es posible afirmar que, en conjunto, los sectores activos de nuestras Fuerzas Armadas cuentan hoy día con un personal de 66 mil 530 personas, en tanto que el sector pasivo cobija a 69 mil 13 personas. Si a estas cifras, correspondientes a la suma de las Fuerzas Armadas y Carabineros, agregamos el personal del Servicio de Investigaciones, que es de 2 mil 609 personas en actividad y aproximadamente 2 mil pertenecientes al sector pasivo, tendremos que el total de beneficiarios de la iniciativa legal que esta tarde discutimos es de aproximadamente 140 mil personas.
El volumen financiero del problema lo entrega el costo actual de las remuneraciones que se pagan a estos personales activos y en retiro en las Fuerzas Armadas y Carabineros. El rubro correspondiente a remuneraciones, en los desembolsos actuales, asciende a 952 millones 720 mil escudos por año: Fuerzas Armadas y Carabineros, excluido Investigaciones. Y en el sector pasivo, igualmente de las Fuerzas Armadas y Carabineros, excluido Investigaciones, el costo de las remuneraciones asciende a 912 millones 750 mil escudos. Lo que determina que el conjunto de remuneraciones que es necesario proveer, con las cifras actuales, en el curso del presente año, asciende a 1.865 millones 470 mil escudos.
La sola mención de la magnitud de estas cifras entregará a los señores Diputados y a la opinión pública una exacta dimensión del problema financiero que implica abordar con responsabilidad los recursos necesarios para un mejoramiento de los sectores de nuestras Fuerzas Armadas activas y en retiro.
De las cifras entregadas se desprende que el costo de cada uno por ciento de mejoramiento tiene un valor de 18 millones 650 mil escudos. El problema se complica particularmente porque la naturaleza de la función militar, caracterizada por los principios de la jerarquía y la profesionalidad plena, crean necesariamente una relación activopasivo que es particularmente alta con respecto a la relación normal que se produce en cualquier servicio civil del Estado, en términos tales que la relación viene a ser uno a uno. Por cada persona que desempeña funciones en el sector activo de nuestras Fuerzas Armadas, por la estructura y naturaleza de la carrera, por el régimen previsional al que necesariamente tienen que estar adscritas, hay, a su turno, una persona en el sector pasivo.
En definitiva, esto determina que un estudio de mejoramiento, si se efectúa con responsabilidad, no sólo debe considerar los recursos propios del financiamiento del personal en servicio activo, sino que también deba incluir a aquellos del sector pasivo, con Jo cual el costo de la iniciativa que así proceda se duplica respecto del que tendría la sola inclusión del personal en servicio.
La naturaleza del sistema de previsión -que necesariamente debe cubrir a un servicio de alta especialidad profesional, que no tiene, como el personal civil del Estado, el sistema de propiedad del empleo, porque las disposiciones legales vigentes facultan a Su Excelencia el Presidente de la República para requerir, sin causal justificada, el retiro de cualquier persona que se desempeñe en cualquiera de las ramas de nuestras Fuerzas Armadas, lo que crea un riesgo mayor y una inestabilidad mayor en el desempeño de estas funciones para quienes en ellas participan- determina una estructura del sistema de previsión que tiene la natural tendencia a establecer un predominio de las pensiones reajustables en relación a las funciones en actividad, sistema conocido corrientemente bajo el nombre de "perseguidora". La ausencia de propiedad del empleo trae como consecuencia la necesidad de establecer también un régimen de previsión excepcional. La Comisión tuvo al respecto cifras extraordinariamente indicativas del efecto que produce esta situación.
Por ejemplo, hoy día en nuestros institutos armados hay 44 Almirantes y Generales en servicio activo como total; sin embargo, en el sector pasivo hay 2.500 personas que invisten esta calidad.
Los antecedentes expuestos, complementados por aquellos relativos a la estructura de las remuneraciones del personal de nuestras Fuerzas Armadas, a los que me voy a referir de inmediato, justifican el carácter ya tradicionalmente excepcional que revisten los mejoramientos de este sector, los que deben hacerse siempre sobre la base de facultades más o menos amplias o normas más o menos generales y no pueden otorgarse, por la naturaleza técnica de los escalafones y por la dignidad de la función de aquellos a quienes se aplica, a través de una disposición pública y particularizada como los del sector civil de la Administración del Estado.
Las remuneraciones que actualmente se pagan a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas tienen como rasgo dominante el ser extraordinariamente complejas.
En cualquiera de los grados, el sueldo se forma ordinariamente mediante la suma de siete rubros, separados entre sí y sin conexión lógica: sueldos bases, los quinquenios, un 20% de asignación imponible establecida en el Decreto con Fuerza de ley Nº 1, del año 1968; un 55% de bonificación profesional, una asignación de casa, una asignación profesional también de un 20%, pero no imponible, y las llamadas asignaciones de rancho, establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 1968.
Como es fácil comprender, esta situación determina que los sueldos bases sean extraordinariamente bajos. Simultáneamente con eso, un conjunto de asignaciones complementarias trae como consecuencia que la racionalidad y la proporcionalidad en las rentas sólo se produzcan al nivel de los sueldos bases, pero en virtud de tales asignaciones complementarias ocurren toda clase de distorsiones perturbadoras del sistema.
No creo conveniente referirme ahora a la situación actual de cada uno de los grados o jerarquías, porque si bien la Comisión tuvo en su poder la totalidad de los antecedentes en esta materia, ellos se encuentran también al alcance de los señores Diputados. Sólo conviene manifestar algunas breves opiniones respecto de algunos rubros complementarios que se fijan. El sueldo base es tan extraordinariamente bajo que el del grado inferior de incorporación a nuestras Fuerzas Armadas, el de soldado segundo, equivale a. un monto de sólo Eº 212; y en el grado más alto, el de Comandante en Jefe, con siete quinquenios, llega apenas a la cantidad de 1.059 escudos como total.
El sueldo base se complementa con el sistema de quinquenios, que tienen un monto decreciente en el curso de la carrera militar, puesto que en el caso del primero y segundo quinquenios alcanzan a un 30%; en el tercero y cuarto a un 20%, y desde el quinto en adelante, un mejoramiento de renta del 15%.
El sistema de quinquenios, como los señores parlamentarios deben perfectamente recordarlo, derogado en 1953, fue repuesto en el curso de la administración del propio PresidenteIbáñez, en 1957, y desde entonces no ha sido objeto de ninguna modificación.
Después nos encontramos con un tercer rubro, la asignación imponible establecida por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968, que es de un 20%. A continuación, con una bonificación profesional de un 55%, que nació sobre la base de un 30% con la dictación de la ley especial de mejoramiento de rentas para las fuerzas armadas, Nº 16.464, de 1966, y se vio incrementado en un 25% adicional. Y esto suma el porcentaje actual establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 1 del año pasado.
El rubro siguiente es una asignación denominada de casa, que asciende en forma variable, según el grado en que se desempeñe el beneficiado, de 120 a 240 escudos, establecida por la ley Nº 14.603. Esta asignación, al igual que el 55% de bonificación profesional, no es imponible.
La Comisión recibió una información detallada de la situación actual en cuanto a la asignación de casas fiscales para el personal de las Fuerzas Armadas y de los proyectos del Ejecutivo por mejorar esta situación.
En el Ejército, donde los datos fueron más concretos, de 1.233 oficiales casados, 929 reciben asignación de casa fiscal. La situación es aún más desfavorable en el caso de los suboficiales casados; de 5.277, reciben asignación de vivienda fiscal sólo 3.097; lo que determina que un 25% de oficiales y un 42% de suboficiales, no obstante los programas de mejoramiento de este rubro que el Gobierno piensa aplicar y poner en ejecución en el curso del próximo año, quedará de todas maneras privado de este beneficio.
El rubro siguiente es una nueva asignación profesional, de un 20%, establecida en el curso de este año, que reviste también carácter de no imponible.
Y, finalmente, la llamada asignación de rancho, establecida en el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 1968, no imponible, tiene un monto fijo en todos los grados, de 143 escudos.
Nos encontramos, pues, ante una estructura de remuneraciones necesariamente compleja, puesto que incluye un número muy alto de rubros en su composición, la mayoría de los cuales no son imponibles. Esto determina que el sueldo base en consecuencia, como ya lo he expresado, alcance niveles irrisoriamente bajos. Pero la complejidad por sobre el sistema que acabo de detallar es necesario considerar un conjunto de asignaciones que hacen aún más engorroso y complejo el régimen de remuneraciones de nuestras Fuerzas Armadas.
Hay no menos de 20 asignaciones especiales que corresponden a la naturaleza de la función que se desempeña, porcentajes que son extraordinariamente variables y, en general, bastante bajos; dentro de los cuales se pueden reseñar los siguientes tipos: asignación de Comandante en Jefe; de embarcados; de ramas del aire; de permanencia, para personal con más de 30 años de servicio; de campaña; asignaciones de especialidades peligrosas; de paracaidismo; de montaña; de comando; de pilotos; de submarinistas; de buzos y de vuelo.
En el caso del personal de Carabineros, el artículo 48 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, estableció también un conjunto diferenciado de sobresueldos que me voy a permitir enunciar someramente. Benefician al personal con título vigente de especialistas en paracaidismo y en servicio de montaña o fronteras, a los pilotos de carabineros con título vigente y al personal que forma parte de las unidades de orden y seguridad especializadas. Por otra parte, se establecen en ese decreto gratificaciones calculadas sobre las remuneraciones imponibles para el personal que se desempeñe en misiones de emergencia peligrosas de excepción, el que cumpla misiones de servicio en aeronaves de las Fuerzas Armadas o Carabineros, el que deba viajar al sur del paralelo 57º Sur en comisión de servicio, con montos variables.
Los señores Diputados podrán apreciar, a través de esta muy sumaria exposición de la estructura de las rentas, que nos enfrentamos a un régimen particularmente complejo, de difícil comprensión, y respecto del cual existe, con legítima inquietud, un anhelo de simplificación por parte de la totalidad del personal, tanto en servicio como particularmente en retiro.
Los esfuerzos realizados en el curso de los últimos años, particularmente los contenidos en la ley 16.466, del año 1966, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 1968, Ciertamente han resultado insuficientes e incompletos, puesto que, si bien han establecido mejoramientos cuantitativos, no han contribuido para nada, por desgracia, a simplificar o a hacer más justo este régimen de remuneraciones. Es la naturaleza de la función, por tanto, que desempeñan en el país nuestras Fuerzas Armadas las que tienen rango constitucional e invisten la más alta jerarquía, y el carácter particularmente engorroso, desde el punto de vista administrativo, que presentan sus actuales remuneraciones, lo que determina la excepcionalidad contenida en el proyecto, tanto desde el punto de vista de la tramitación de esta iniciativa legal, como desde el punto de vista del monto de los mejoramientos que se pretende asignar.
El proyecto original enviado por el Supremo Gobierno creyó resolver todo este problema sobre la base de una facultad extraordinaria, extremadamente amplia, que permitiera al Ejecutivo, en el plazo que en él se determinaba, dictar la legislación técnica por la vía de los decretos con fuerza de ley. Esta amplitud de la redacción original del proyecto casi no encontraba limitaciones desde el punto de vista de los criterios que pudieran enmarcar el cumplimiento de esta función, y dejaba, por tanto, la totalidad del manejo de la norma legal y la determinación íntegra de las resoluciones en manos del Poder Ejecutivo, por una parte, y de los mandos superiores de nuestros institutos de la Defensa Nacional, por otra.
Incluía un conjunto de disposiciones complementarias. En la práctica, algunas de ellas fueron consideradas inconvenientes por diversos miembros de la Comisión, los que expresaron su deseo de conceder atribuciones al Gobierno para resolver esta grave cuestión, pero demarcando y delimitando, con entera exactitud, los criterios básicos sobre los cuales el Gobierno debía trabajar y a los cuales debía ceñirse, los plazos y los procedimientos para dar cumplimiento a las atribuciones que en la propia ley se señalan.
De esta manera, el alcance del proyecto original fue modificado por las Comisiones Unidas de Defensa y de Hacienda, hasta convertir esta disposición en lo que más técnicamente puede denominarse hoy día, con propiedad, "ley normativa", pues responde exactamente al concepto de "ley normativa", de "ley-cuadro", disposición legal en la cual se establecen los principios fundantes en una determinada materia, debidamente enmarcados, al Ejecutivo, para que, sobre la base de esos principios, el Presidente de la República dicte las disposiciones complementarias en uso de la delegación que el Congreso le hizo.
En esta ley normativa, que es hoy básicamente, el artículo 1 del proyecto, se intentó recoger los principales criterios comunes que surgieron durante el debate y dar el máximum de garantías y seguridades, especialmente a los organismos y organizaciones de las Fuerzas Armadas en retiro, que mantuvieron permanente contacto con la mayoría de los miembros de la Comisión e hicieron público y patente sus intereses y puntos de vista.
Hoy día, con la disposición del artículo 1º del proyecto, los beneficios de este mejoramiento recaerán sobre los siguientes sectores: personal de nuestras Fuerzas Armadas, en sus tres ramas: Ejército, Marina y Aviación y en la totalidad de sus grados; personal de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional; personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, en todos sus grados y jerarquías; personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros, esto es, profesores civiles que desempeñan funciones docentes en institutos superiores de nuestras Fuerzas Armadas: Escuelas Militar, de Aviación, Naval y de Carabineros; por último, en conformidad al artículo 2º -mediante una norma separada- será también posible reencasillar y asignar un nuevo sistema de remuneraciones al personal del Servicio de Investigaciones del país.
Las normas a las cuales debe ceñirse el Presidente de la República para dar expresión a este mejoramiento, se contienen, también, en el artículo l9 de este proyecto, que me permitiré comentar en forma muy breve.
En primer término, se da la garantía, por parte del Congreso Nacional, de que el ejercicio de las atribuciones que el Parlamento delega "no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos" que perciben los personales de la Defensa Nacional, Carabineros y Servicio de Investigaciones.
En segundo término, se expresa que "el reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles cuadros permanentes y gente de mar."
Sobre este punto, quiero narrar, brevemente, las alternativas que tuvo su alcance en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional.
Básicamente, los criterios de mejoramiento pueden reducirse a tres proposiciones fundamentales:
1º.- El otorgamiento de un reajuste parejo, distribuyendo el total de los recursos que se puedan recolectar sobre la base de la misma proporción de las rentas que actualmente perciben los personales a los que se trata de beneficiar;
2º.- Un sistema de simplificación completa, que alterara todos los rubros a los que hacía referencia en la primera parte de mi exposición -bonificaciones y asignaciones- y que integrara un solo sueldo base, que pasara a formar parte de la escala respectiva como la remuneración del personal mencionado; y
3º.- Un sistema de simplificación limitada, que estableciera el máximum de simplificación y racionalidad posibles dentro de la actual situación de estructura de las rentas; pero que no significara, necesariamente, el establecimiento de un sueldo único y total.
Tanto los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional, como la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas, estuvieron contestes en que, de los tres criterios, el primero y el último no debían ser considerados, y que, en consecuencia, no era posible ni conveniente establecer un reajuste parejo, del mismo monto, para todos los personales, ni tampoco suprimir totalmente los rubros que actualmente conforman las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas; sino, en definitiva, ir a un sistema selectivo de mejoramiento, un sistema que fuera buscando el máximo de simplificación de las rentas, pero todo ello con la debida consulta a las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas y de acuerdo con las conveniencias del servicio y del funcionamiento de la Defensa Nacional. Por esa razón, el Nº 2 del artículo 1º fija, como criterio fundamental, el de que el reajuste de las rentas considere especialmente el mejoramiento, con un porcentaje más alto y preferente, de aquellos sectores que hoy están en situaciones económicas más desfavorecidas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MAIRA.-
Por esa razón, quisimos establecer este criterio del mejoramiento selectivo, para que tuviera aplicación tanto respecto de la oficialidad como de la sub-oficialidad, en las distintas ramas de nuestros cuerpos de Ejército, Marina y Aviación, por estimarse que, de esta manera, sería posible simplificar el sistema de rentas que actualmente existe y corregir las principales deficiencias e injusticias que pueda involucrar. Esto representará, en la práctica, que la aplicación del reajuste, mañana, podrá dar porcentajes significativamente superiores a aquellos grados que hoy se encuentran particularmente desfavorecidos. El criterio de la Comisión -al menos, sólo comprometo el de ella- fue considerar o preocuparse, preferentemente, de la situación de los llamados "mandos medios" del Ejército, Marina y Aviación.
La tercera de estas normas dispone la obligatoriedad para el Poder Ejecutivo de realizar este mejoramiento de una sola vez, respecto del personal en servicio activo, en forma tal que el mejoramiento de las rentas se encuentre plenamente en vigencia, para este sector, a partir del 1 de enero de 1970.
En cuarto término, se establece el sistema aplicable al mejoramiento de las pensiones del personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Por la naturaleza de las remuneraciones y del sistema de rentas que se aplica en nuestras Fuerzas Armadas, un mejoramiento del sector activo debe implicar, necesariamente, una proyección de estas ventajas sobre el personal pasivo de estas instituciones. El proyecto de ley así lo reconoció expresamente. Y queriendo reafirmar este mismo criterio, las Comisiones Unidas recogieron una indicación presentada por nuestro colega Gerardo Espinoza, entre otros, que claramente establece, a mayor abundamiento, que "los beneficios económicos que en uso de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo"; norma que se contempla, hoy día, en el artículo 15 del proyecto que estamos discutiendo.
De esta manera, el mejoramiento que se establezca para el personal en servicio activo, se proyectará también respecto del personal retirado, el que tendrá también los beneficios que la ley determina de manera muy clara y definida. Lo que la ley ha establecido, se limita simplemente al reconocimiento de ese derecho, a regular la facultad en manos del Presidente de la República para que este mejoramiento que la ley le encomienda se efectúe en 3 etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972; pero, en todo caso, las etapas correspondientes deberán ser consignadas detalladamente en los respectivos decretos con fuerza de ley. De modo que queda cabalmente garantizado su íntegro cumplimiento.
El Nº 5º del artículo 1º, que establece la disposición normativa, consagra una garantía adicional, la que en todo caso se cumplirá, por supuesto, tanto para el personal en servicio activo como en retiro cuando dispone que "el aumento correspondiente al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 69." Sobre este punto, quizás sí sea pertinente hacer un comentario aclaratorio. El personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo y en retiro, en el curso del año 1970, recibirá dos reajustes: el especial contemplado en el proyecto que estamos discutiendo y los reajustes generales que señalen las leyes futuras que el Congreso Nacional dicte y sobre las cuales, con toda seguridad, entrará próximamente a pronunciarse.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, solicito una interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Maira, el señor Fuentes, don Samuel, le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Quisiera recordarle algo al señor relator, respecto del número 5. Los colegas saben que, en las Comisiones Unidas, se modificó esta disposición para puntualizar que se trataba tanto del personal activo como del personal pasivo. El artículo quedó aprobado de la siguiente manera: "En todo caso, el aumento correspondiente al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969."
Porque como estaba redactado, podía entenderse que sólo beneficiaba a un sector, en circunstancias que las Comisiones establecieron, con mucha claridad, que el alcance era para ambos sectores. Por ello, creo que esta parte del informe de la Comisión adolece de un pequeño error de redacción.
El señor MAIRA.-
Quiero manifestar que comparto plenamente lo que dice el colega Fuentes. Ese fue el espíritu de las Comisiones Unidas; y me adelanto a dejar constancia, como informante, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, ya que ahora estoy trabajando sobre la base de un documento del Secretario de la Comisión, quien tiene el carácter de Ministro de fe para estos casos...
La señora ALLENDE.-
Pido una interrupción...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Maira, la señora Allende le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Termino el comentario y se la concedo con mucho gusto.
Para los efectos de recoger mejor la inquietud que el colega Fuentes plantea, creo que habría acuerdo unánime, en el momento oportuno, para cambiar la redacción actualmente consagrada, por la que él propone y que refleja mejor lo que aprobaron las Comisiones Unidas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
La señora Allende, puede hacer uso de la interrupción.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, entiendo que el reajuste que se aplicará al sector pasivo se pagará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, lo que me parece bastante injusto, porque con la desvalorización de la moneda y el alza del costo de la vida, los pensionados recibirán una cantidad inferior en los dos últimos años. Lo justo sería que se les pagara en tres veces, pero durante el año 1970 y no hasta el año 1971 o el 1972.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
Sin perjuicio de que los diferentes sectores del Congreso Nacional se pronuncien sobre la mejor redacción de la ley, a lo que tienen perfecto derecho, quiero exponer el criterio de las Comisiones Unidas y el alcance de la actual redacción del proyecto.
El proyecto establece que los beneficios que se conceden al personal en servicio activo deberán ser otorgados también al personal en retiro. La limitación, como lo he expresado anteriormente, se deriva del hecho de que esa norma puede ser aplicada por el Presidente de la República en una, dos o tres etapas, las que deberá señalar en el decreto con fuerza de ley respectivo. ¿Cuál fue el antecedente que tuvimos a la vista para proceder de esta manera? El que entregaba al comienzo de mi relato: que por ser el número de personas a beneficiarse, en el sector pasivo, superior a aquél que se trata de favorecer en el servicio activo, el costo de la iniciativa que deberíamos financiar, en el Congreso Nacional, de acuerdo con el mandato constitucional, llegaba, de hacerse efectivo el pago inmediato del beneficio para los dos sectores, al doble de lo que consultaba la iniciativa original. Como el financiamiento del proyecto, al que me voy a referir más adelante, tiene un costo aproximado de 500 millones de escudos, según las normas preliminares que se han tenido a la vista, el establecerse un mejoramiento inmediato le habría significado al Parlamento la necesidad de buscar y establecer un financiamiento de mil millones de escudos.
Por esta razón, se faculta al Presidente de la República para que, estando obligado a conceder el derecho, pueda desplazar su aplicación de acuerdo con el volumen de los recursos públicos que se consigan para satisfacer estas iniciativas. El ánimo de todos los parlamentarios es entregar el beneficio en el menor lapso posible, pero con una elemental obligación: la de entregar los recursos en el volumen correspondiente. Si el Congreso estuviera en condiciones de entregar mil millones de escudos, tendría perfecto derecho para disponer, de inmediato, que el cumplimiento fuera de una sola vez, tanto para el sector pasivo como para el activo. Hemos hecho ya importantes esfuerzos para obtener el financiamiento, como tendré ocasión de manifestarlo. Pero tengo también que expresar, como Diputado informante, que el problema de los recursos financieros recolectados imposibilita hasta este momento alcanzar esta finalidad. Por ello, se faculta al Presidente de la República para que él, a la luz de los recursos que se puedan disponer, determine el número de etapas en las cuales se va a entregar este beneficio.
El señor PHILLIPS.-
¿Me concede una interrupción?
El señor MAIRA.-
Cuando empezó el trabajo de las Comisiones Unidas, existían muchas dudas de parte de varios dirigentes del sector de las Fuerzas Armadas en retiro en el sentido de que los beneficios contemplados en la ley no les fueran aplicados, lo que, sí, me parecía manifiestamente injusto. De ahí que, por unanimidad, la Comisión tuvo especial cuidado en dejar consagrado, en los términos más claros, el derecho de percibir el mejoramiento que se contempla.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me permite, señor Maira? El Diputado señor Phillips le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra El señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Gracias.
Señor Presidente, he solicitado esta interrupción al Diputado informante, porque los Diputados nacionales estuvimos en contra de la disposición que está comentando. Basados precisamente en su tesis, fuimos partidarios de facultar al Presidente de la República para que, con cargo a los recursos que se obtengan por la presente ley, el beneficio se pagara al personal en retiro en una sola etapa y no en dos o en tres, como lo ha señalado Su Señoría. Indiscutiblemente, que si se obtienen mayores recursos, se pagará en menos etapas.
En consecuencia, era mucho más satisfactorio para el personal en retiro obtener el beneficio en el mínimo de tiempo. Es cierto que tendrán el porcentaje de reajuste del alza del costo de la vida, al igual que el personal en actividad. Pero nosotros solucionábamos el problema señalado por la señora Allende, que, con el procedimiento actual, se resolvería con retardo. Desgraciadamente, el Partido Nacional sólo cuenta con seis votos en las Comisiones Unidas. Sin duda alguna, nuestra proposición cautelaba mejor los intereses del personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
Quisiera dejar constancia, en esta parte de la exposición, de que se trata de un problema eminentemente financiero; como tal lo abordaron las Comisiones Unidas.
El ánimo de sus miembros es otorgar el mejoramiento en el menor lapso posible. Por eso, se tuvo una actitud muy abierta al considerar los nuevos recursos propuestos, los cuales aumentaron el financiamiento original. Pero entregar el reajuste en una sola etapa supone recolectar un volumen de recursos que todavía estamos lejos de encontrar y que, ojalá, se lleguen a completar en el curso de la tramitación parlamentaria. En todo caso, tanto en el aumento del sector en retiro como del sector en actividad, se tratará de un mejoramiento extraordinario, aplicado como un complemento o como un rubro adicional, repito, del reajuste que entregarán las leyes generales, que también los beneficiará a ellos.
El número 6º del artículo normativo se refiere a la situación de los profesores civiles de la Defensa Nacional, quienes, al dictarse en decreto con fuerza de ley Nº 1, en virtud de lo dispuesto en su artículo 110, recibieron la seguridad de que la ley les entregaba una bonificación, la que, hasta la fecha, por razones de lentitud de la tramitación, no la han percibido. En consecuencia, el número 6º tiene por finalidad reiterar la obligación del Presidente de la Repúblicar de dar cumplimiento a ese pago, estableciendo que él deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes a la dictación de la ley.
Finalmente, el número 7º, enmarcando las atribuciones y las facultades presidenciales, dispone que "los decretos con fuerza de ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días a contar de la publicación de la presente ley en el "Diario Oficial" y que deberán llevar, además, las firmas del Ministro del ramo, ya sea de Defensa Nacional o del Interior, según quien corresponda, y la firma del señor Ministro de Hacienda.
El artículo 2º, como ya lo he manifestado, tiene por finalidad asimilar a las ventajas y beneficios de esta ley al personal del Servicio de Investigaciones; y desde el artículo 3º en adelante, se detallan las disposiciones relacionadas con el financiamiento de esta iniciativa legal, a cuyo comentario me abocaré de inmediato
La necesidad de financiamiento del proyecto en los términos que acabo de expresar, esto es, de un mejoramiento de una sola vez para el personal en servicio activo y de hasta tres etapas para el personal en retiro, supone mayores recursos de aproximadamente 500 millones de escudos. Para conseguir este mayor financiamiento, el Gobierno ha incluido una serie de financiamientos parciales en el articulado de esta ley -artículo 3º y siguientes- pero se ha anticipado a manifestar que éstos son solamente para cumplir el mandato de la ley y que de faltar algunas cantidades para proceder a dar cumplimiento a este texto legal, será la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 1970 la que establezca las provisiones respectivas, a fin de asegurar el cabal financiamiento del mejoramiento de los sectores de la Defensa Nacional. El proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo contemplaba recursos por 230 millones de escudos, los que se descomponían de la siguiente manera y fueron objeto de las siguientes modificaciones: el artículo 3º establecía para 1970 un impuesto extraordinario del 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros; pero solamente respecto de la llamada utilidad adicional, que se producía una vez reajustados los niveles de utilidades del año 1968 en los aumentos de porcentajes experimentados por el índice de precios al consumidor, y de eso se consideraba el 50% para financiar el proyecto. Esto significaba que los recursos que se podían conseguir por este rubro ascendían solamente a un millón 300 mil escudos.
Las Comisiones Unidas estimaron conveniente modificar esta disposición suprimiendo los reajustes por concepto de alza del costo de la vida para la comparación del cálculo y también las consideraciones por reajustes por aumento del capital social de los bancos. De este modo, trabajando con las cifras que los señores Diputados tienen a su mano en el anexo de disposiciones legales mencionadas en su página 1, donde se indican las utilidades obtenidas por los bancos comerciales y el Banco del Estado en cada semestre, considerando el primer semestre de 1968, en que los bancos comerciales tuvieron utilidades por Eº 14.700.000, y el primer semestre de este año, 1969, en que las utilidades ascendieron a Eº 26.500.000, se produce un financiamiento, por este rubro, en ese semestre, de Eº 5.900.000. Estableciendo una proyección para el segundo semestre de este año, en que mantengamos como fijas las utilidades del primer semestre y las comparemos con las utilidades efectivas del segundo semestre de 1968, se produce una diferencia favorable de mayor financiamiento de Eº 3.050.000, lo que determinaría que el impuesto contemplado, en lugar de rendir Eº 1.300.000, rinda, aproximadamente, Eº 8.950.000.
La Comisión, en este mismo artículo 3º, estimó necesario incluir también las utilidades obtenidas por las compañías de seguros durante el año comercial 1969, con relación a las del año 1968, gravándolas con el mismo impuesto del 50%, por considerarse utilidades extraordinarias.
En el "Diario Oficial", del 27 de septiembre de 1969, se publicó un completo cuadro sobre todos los balances de las entidades nacionales de seguros y las compañías extranjeras de seguros que operan en el país, que ha servido de base para los cálculos que hemos efectuado para determinar el rendimiento de esta nueva disposición.
Según este cuadro, entregado oficialmente por la Superintendencia respectiva, el rendimiento de este nuevo número sería de Eº 3.159.000, aproximadamente, los que se forman sobre la base de considerar las utilidades totales obtenidas por las compañías nacionales de seguros en la fecha que se indica en la publicación respectiva, ,o sea, hasta el primer semestre del año 1968, durante el cual las compañías de seguro del país percibieron utilidades por Eº 20.417.000, y aplicar a esas mismas utilidades el porcentaje de aumento experimentado por el coto de la vida, calculado para este año, aproximadamente, en un 30%. De este modo se produce, considerando a las compañías de seguros nacionales, un rendimiento de Eº 3.060.000; y agregando a las compañías de seguros extranjeras que operan en Chile, las que aportarán por este concepto Eº 99.000, un rendimiento total de Eº 3.159.000.
El artículo 4º...
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
¿Me permite?
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Señor Presidente, yo quisiera rogarle al señor Diputado informante que, al ir dando su informe, tuviera la gentileza de indicar qué artículos han sido aprobados por unanimidad en la Comisión, y cuáles, en cambio, lo han sido solamente por mayoría de votos. Porque, tal como está informado, aparecería que el artículo que acaba de comentar "fue aprobado por la Comisión en tales y determinadas condiciones", y sucede que no ha informado que la aprobación del artículo contó con el voto en contra de los Diputados nacionales, quienes expresaron que era absolutamente inconveniente incluir a las compañías de seguros en este artículo; y, asimismo, expresaron opinión y reserva frente a la posibilidad de incluir, también, a los bancos comerciales, en la forma que él lo ha señalado.
El señor CADEMARTORI.-
Mejor que quede constancia.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Maira.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, quiero manifestar, con respecto a la observación que me formula el colega Alessandri, que me he abstenido de hacer comentarios de ese tipo por dos razones. Primero, porque no me obliga a hacerlo el Reglamento de la Cámara y no es usual que en un informe se exprese, artículo por artículo, cuál es la composición de la votación en la Comisión. Personalmente, en cinco años de trabajo parlamentario, no tengo recuerdo de ningún precedente en esta materia. Y segundo, porque he tratado de informar como me corresponde hacerlo, de acuerdo a los criterios de la mayoría de la Comisión; permitiendo -sin ningún ánimo polémico- que sean los distintos sectores de este Congreso, los que expresen, artículo por artículo, en su respectivo tiempo, las opiniones que les merezcan, favorables o contrarias, las disposiciones aprobadas por la mayoría de la Comisión. Personalmente, no tengo ni siquiera a mano el resultado de las votaciones. Y creo que esto, si la Cámara acordara recabarlo, debiera hacerlo, no el Diputado informante sino el Secretario de la Comisión, que es su Ministro de Fe.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado informante.
Señor Alessandri, ¿usted insiste en la proposición hecha por el Diputado informante?
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
No, señor. Lo único que solicité es que tuviera la gentileza el señor Diputado informante de señalar, en aquellos casos en que la disposición no fue aprobada por la unanimidad de la Comisión, que la mayoría de ella estimó oportuno prestar su asentimiento a tal o cual disposición. Nada más. Que la "mayoría de la Comisión", sin individualizar a nadie. Para que así no se crea o no quede en el ánimo de la Sala que la disposición fue aprobada por la unanimidad de la Comisión. Esa era mi petición.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
Yo he tratado, señor Presidente, hasta donde me ha sido posible, de ir precisando, en cada caso, que ha sido la mayoría de la Comisión la que ha aprobado cada financiamiento.
Prosigo mis observaciones.
El artículo 4º del proyecto establece un recargo en el pago de la contribución de bienes raíces de un 10%. Como recordarán los señores parlamentarios, esta disposición fue incluida por el Gobierno en un conjunto de proyectos que enviara el 31 de agosto de 1968, acompañándolos al proyecto de ley de presupuesto para el año en curso.
El señor CADEMARTORI.-
¿Me permite, volviendo atrás? ¿Me podría indicar cuál es el rendimiento total estimado ahora por la Comisión con los cambios introducidos en el número 3?
El señor MAIRA.-
¿Con los cambios hechos en el artículo 3º
El señor CADEMARTORI.-
Exactamente.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto.
El rendimiento del impuesto extraordinario respecto de los bancos sería de 8 millones 950 mil escudos. El rendimiento respecto de las utilidades extraordinarias de las compañías de seguro sería de 3 millones 159 mil escudos.
El señor CADEMARTORI.-
Ya.
El señor MAIRA.-
Rendimiento estimado y calculado conforme al procedimiento que oportunamente señalara. O sea, un poco más de doce millones 100 mil escudos.
El artículo 4º -vuelvo sobre mis observaciones- prorroga durante el año 1970 el recargo de un 10% a la contribución de bienes raíces establecidos durante el curso del presente año, como un recargo extraordinario. Como es de conocimiento de los señores parlamentarios, el sistema tributario de contribuciones de bienes raíces fue definitivamente modificado por nosotros en el período anterior, mediante la disposición contenida en el artículo 61 de la ley 16.282, ley de reconstrucción por los sismos en las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Coquimbo en el año 1965, suprimiendo un conjunto de gravámenes aislados que formaban parte de la contribución a los bienes raíces, para refundirlos en una tributación única de un 20%. Esta tributación es la que se encuentra, entonces, recargada.
El señor Ministro de Hacienda nos ha informado que sobre un total de 1 millón 200 mil bienes raíces o inmuebles existentes en el país, en virtud de disposiciones legales vigentes, se encuentran exentos de pago de contribución aproximadamente 450 mil inmuebles, los que tienen un avalúo inferior a 10 mil escudos, que es la cifra básica de exención.
El impuesto propuesto se aplica tanto sobre los bienes raíces urbanos como sobre los rurales de todas las comunas del país, con la sola excepción de aquellos sectores afectados por la sequía que, según la ley lo detalla, son las provincias de Atacama y Coquimbo, el departamento Petorca y la comuna de Putaendo, provincia de Aconcagua, y la comuna de Puchuncaví, provincia de Valparaíso.
El rendimiento estimado de este rubro de financiamiento se calcula aproximadamente en 47 millones de escudos. Si la memoria no me es infiel, quiero manifestar a los señores parlamentarios que esta disposición fue aprobada con los votos de una gran mayoría de la Comisión.
El artículo 5º establecía, originalmente, un aumento del 20% de las tasas fijas de la Ley de Timbres y Estampillas, que los señores Diputados tienen en el anexo de la legislación afectada, preparado por la Oficina de Informaciones. La mayoría de la Comisión estimó conveniente reemplazar este financiamiento, rechazando el propuesto por el Ejecutivo, con un rendimiento de 60 millones de escudos, y, en su reemplazo, no encontró nada mejor que disponer que el Presidente de la República debía destinar anualmente hasta la suma de 100 millones de escudos para el financiamiento de esta ley, con cargo al mayor ingreso del precio del cobre.
El señor FUENTES (don Samuel).-
¿Cuál era la otra cantidad?
El señor MAIRA.-
47 millones.
Esta disposición del artículo 5º, reemplazada por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, a mi juicio, merecen un comentario para su posible aplicación futura, porque creo que, en los términos propuestos, no tendría ninguna.
En efecto, la disposición se limita a hacer referencia a un concepto, el mayor ingreso del precio del cobre, sin precisar para nada ni cómo se determina, ni en qué consiste este mayor ingreso. Al Diputado informante le parece que hay, por lo menos, dos interpretaciones posibles para la aplicación de esta disposición. Primero, la de precisar que el mayor ingreso será aquel que resulte de la comparación de los ingresos del año 1970 con los producidos en el promedio de un período determinado, un quinquenio, un bienio, un trienio, y habría que señalarlo. O, segundo, el concepto por mayor ingreso puede entenderse con referencia a la negociación efectuada recientemente por el Presidente de la República con las empresas dependientes del grupo Anaconda, la que producirá en el curso del año próximo y de existir un precio de 50 centavos de dólar la libra, un rendimiento mayor para el Estado de Eº 533.500.000. Evidentemente, para hacer aplicable la disposición señalada en el artículo 5º podría expresarse que será con cargo a los mayores ingresos que el Estado percibe en virtud de dicha negociación y con los que se financiará la destinación propuesta. Por tratarse de 533 millones de escudos, parecería no haber obstáculo para que una quinta parte de ellos de estos mayores ingresos, fueran destinados al cumplimiento de la norma en referencia. Pero, en verdad, lo que quiero manifestar es que, en los términos en que esto fue aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, por ser estos extraordinariamente amplios y por no encontrarse precisado el carácter específico de la obligación, me parece, por lo menos es mi opinión, no encontraría ningún campo de aplicación la redacción propuesta.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado informante, le solicita una interrupción el señor Ruiz-Esquide.
El señor MAIRA.-
Con todo gusto..
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-
Señor Presidente, el señor Diputado informante decía muy bien que la disposición del artículo 5º es absolutamente indeterminada. En efecto, no se precisa si el mayor ingreso del precio del cobre -con cargo al cual el Presidente de la República podrá destinar 100 millones de escudos para financiar esta ley- será el que provenga de la negociación que limitó a cierto margen los ingresos de las empresas o de las mayores entradas fiscales derivadas del impuesto al sobreprecio del cobre. Pero, en todo caso, me parece un poco apresurado sostener que por el hecho de que este ingreso fiscal proveniente de este mayor precio va a ser considerable, él debe destinarse a financiar proyectos como el que ahora estamos discutiendo o cualquier otro semejante. Eso significaría que el Estado estaría desviando hacia otros fines esos recursos, en circunstancias que la participación que obtiene en estas empresas debería destinarla a mejorar las condiciones de producción de estas compañías, como asimismo a explotar, a través de las Sociedades Mixtas, otros yacimientos de cobre. Esas fueron las finalidades precisas que tuvo el Estado al realizar este tipo de convenciones. Con el criterio que estoy impugnando, puede ocurrir que cualquiera ley que signifique un gasto fiscal, aunque no sea para propósitos de capitalización, sea financiada con estos ingresos estatales, que, de acuerdo con los convenios, están destinados a una cosa absolutamente diferente. Yo comprendo la urgencia de este proyecto, pero, en todo caso, debo, personalmente, manifestar mis serias reservas sobre el particular.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
¿Me permite, colega?
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra él señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Yo quiero preguntarle al señor Diputado informante si estaría en condiciones de expresarnos cómo se llegó a esta cifra de 533 millones de escudos obtenidos por el mayor precio del cobre. Además, quiero hacerle presente que solamente ha hecho un cálculo sobre el rendimiento que se percibe de la Compañía Anaconda. Entiendo que, al hablar del mayor precio del cobre, habría que considerar lo que el Fisco recibe por todas las exportaciones de cobre.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
Continúo. Quiero manifestar con respecto a la observación...
El señor FUENTES (don Samuel).-
¿Me permite colega?
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, la idea fundamental de esta disposición, como lo ha señalado el colega señor Fuentealba, consiste en que el Gobierno debe deducir del mayor precio del cobre estos cien millones de escudos para el efecto de ayudar al financiamiento de esta ley.
Creo que la observación del señor Diputado informante podría subsanarse agregando una frase que diga: "El Presidente de la República reglamentará la forma de hacer esta destinación".
Yo no concuerdo con el planteamiento del señor Ruiz-Esquide, en el sentido de que los mayores ingresos del cobre, no se pueden ocupar en el financiamiento de proyectos de reajuste de sueldos. El acepta que se grave a toda la clase trabajadora con los impuestos que proponía el Gobierno para financiar esta ley. Según esa fórmula, los doscientos treinta y tantos millones de escudos salían, en su gran mayoría, de la clase asalariada, pues ésta debe soportar los mayores impuestos a la compraventa y a timbres, estampillas y papel sellado. Porque es evidente que la clase trabajadora gasta en letras y estampillas en las cosas que compra a plazo. Por eso, me extraña que no se quieran tocar los ingresos del cobre, cuando es patrimonio del Estado.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-
No ha entendido mi argumentación, señor Diputado.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Su Señoría manifiesta su oposición a que se ocupen, en esta oportunidad, esos recursos para que el Gobierno y el Parlamento cumplan la obligación que tienen de solucionar el problema económico de las Fuerzas Armadas, cuya gravedad conocemos por los acontecimientos que han ocurrido en este país.
De manera que estimo que no hay ninguna razón para que seamos egoístas y mezquinos y para negarnos a que el Gobierno pueda ocupar parte de estos ingresos para contribuir al financiamiento de esta ley, cuando sabemos que en el Presupuesto de la Nación se calcula el precio de la libra de cobre en una suma determinada, y en el comercio internacional tiene otro muy distinto. Por este concepto entran sumas siderales al Fisco. De ahí el Gobierno debe deducir esta suma que necesita para financiar anualmente el mejoramiento económico de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones
El señor CLAVEL.-
Señor Maira, ¿me concede una interrupción?
El señor MAIRA.-
Se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Clavel.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, yo le encuentro toda la razón al señor Diputado informante, cuando considera que no está suficientemente claro sobre qué bases se va a calcular el mayor ingreso del cobre, con cargo al cual se va a destinar una suma fija para financiar este proyecto.
Yo creo que debemos participar en este debate con mucha calma y tranquilidad. Además, estimo necesario, si fuera posible, conocer la opinión del señor Ministro de Hacienda, porque si en el futuro vamos a financiar todos los proyectos de leyes con las mayores entradas del cobre, podemos perjudicar a muchas provincias cuyos ingresos principales provienen de este rubro, de acuerdo con la ley Nº 11.828. Si se reduce este porcentaje que le corresponde a las provincias productoras de cobre, se hará inoperante la ley Nº 11.828. En consecuencia, a los parlamentarios de las provincias productoras de cobre nos interesa aclarar este aspecto.
Estoy consciente de que en este proyecto de ley era indispensable hacer esta indicación; y yo, a pesar de que este artículo, por la redacción que tiene actualmente, puede significar un sacrificio para mi provincia, estaría de acuerdo en destinar estos cien millones de escudos, porque, sin duda alguna, el proyecto lo justifica.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Las Fuerzas Armadas lo necesitan.
El señor CLAVEL.-
Por eso mismo, colega, estoy justificándolo. Pero también pido que seamos muy claros en esto, ya que, si seguimos por este camino, provocaremos el desfinanciamiento total de nuestras provincias.
Nada más y muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Maira.
El señor MAIRA.-
Deseo manifestar sobre este punto, que ha concitado este interesante debate y, en relación a la observación del colega señor Ruiz-Esquide, que, como Diputado informante, no me corresponde pronunciarme respecto a la conveniencia o inconveniencia de la disposición, sino que tan sólo cumplir el mandato de informar a la Sala respecto a su criterio. Cada Diputado podrá tener el suyo y yo tengo el mío, desde luego. Aquí, por ejemplo, hemos escuchado la opinión favorable a esta disposición del señor Ruiz-Esquide y del señor Clavel, en la primera parte de su observación, y el comentario contrario del señor Fuentes y del señor Clavel en la segunda parte. De modo que cada uno, con los antecedentes de que disponga, fijará oportunamente su posición. Lo que interesa, a mi juicio, es que, cualquiera que sea la opinión que en definitiva prime, si hay ley, esta disposición sea aplicable y no resulte inocua y sin sentido. Porque, al despachar disposiciones carentes de seriedad y de fundamentos precisos, es el Parlamento entero el que se desacredita y da una demostración de ligereza en el trabajo legislativo, que yo creo que es el deber de un Diputado informante tratar de evitar.
En cuanto a la forma de obtener estos cálculos, que es la pregunta que hacía el señor Fuentealba, quiero manifestarle que yo señalé dos criterios posibles para precisar la disposición. Uno, establecer la idea del mayor precio con respecto a un menor precio. Porque la idea de un precio favorable debe establecerse como contrapunto a un precio normal, que habría que determinar y que podría ser el vigente en el decenio, quinquenio o trienio anterior a la fecha de la ley o en la fecha que los señores Diputados estimen conveniente. Como los precios del cobre, de acuerdo a las informaciones que yo tengo respecto del mercado, en este instante, serán favorables también en el año 1970, cualquiera que sea el criterio que se adopte, lo más probable es que la disposición resulte financiada. Pero habría que dejar constancia expresa de ello. La otra posibilidad es recurrir a la diferencia de ingresos fiscales que derivan de las negociaciones con la Anaconda. Esto estrictamente desde el punto de vista financiero y al margen de cualquier criterio político que se tenga sobre ello. Porque, como la Corporación del Cobre oficialmente nos lo comunicó, en un anexo que todos tenemos en nuestro poder, con un precio de 50 centavos por libra de cobre, en 1970, el país percibirá una diferencia de 48 millones 500 mil dólares. De acuerdo al cambio que se establecerá en la próxima exposición de la Hacienda Pública, que será de 11 escudos por dólar, esto significa la cifra que yo daba, de 533 millones 500 mil escudos. Hay también otra fuente de financiamiento, si se desea acudir a los precios más altos del cobre. Pero lo que el Congreso no puede hacer es decir que se recurrirá a los precios más altos sin determinar conforme a qué criterio se establece esa asignación.
Y termino, señor Fuentealba, expresando respecto de su comentario, que se trata, como muy bien lo indicaba el colega señor Clavel, de una destinación, no de un impuesto; lo que hace más obligatorio exigir claridad en el precepto.
La siguiente disposición relativa al financiamiento es la contenida en el artículo 6º, que modifica diversas tasas del impuesto a la compraventa, racionalizando algunas; pero, en general, alzándolas para obtener un mayor rendimiento tributario. Así, por ejemplo, se elevan las tasas de una serie de productos que los señores Diputados pueden encontrar en el anexo de referencias legales que la Oficina de Informaciones ha preparado respecto de este proyecto, en su página 4. Allí se indica una larga lista de productos suntuarios que quedarán afectos a esta alza en la tasa del impuesto a la compraventa. Los distintos números de este artículo 69 rinden, en conjunto, 36 millones de escudos. El número 6, que es el único respecto del cual hay un detalle particularizado de su rendimiento, produce 6 millones de escudos, y los cinco primeros números rinden los 30 millones de escudos restantes, hasta enterar la cantidad de 36 millones de escudos.
El señor CLAVEL.-
¿Me permite una interrupción, colega?
El señor MAIRA.-
Se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Clavel, don Eduardo.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, yo quisiera que el señor Diputado informante me aclarara una duda, porque las disposiciones legales que están en el boletín enredan un poco el alcance del artículo 6. Deseo preguntarle al colega señor Maira si los artículos suntuarios que expenden las cooperativas quedan sujetos al aumento del impuesto de compraventa. Esa es la duda que tengo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Maira,
El señor MAIRA.-
Quiero manifestarle a Su Señoría que las cooperativas se rigen por un sistema legal perfectamente independiente y determinado, que está contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 326, del año 1960, y complementado por el RA20, dictado en virtud de la ley Nº 15.020. Según estos textos legales, las cooperativas sólo pagan el 50%. Esta regla general, justa, por supuesto, y a la cual prestamos respaldo en su oportunidad, se mantiene invariada, de modo que no se verán afectadas para nada las cooperativas en el desarrollo de sus actividades, a menos que uno entre a imaginar situaciones bastante exóticas, como que un tipo de cooperativa de distribución se dedicara a artículos suntuarios, cosa que, según creo, escapa por completo a los márgenes de la lógica.
El artículo 7º establece un impuesto adicional para la transferencia de divisas. También en el anexo de referencias legales los señores Diputados encuentran la disposición original que se trata de modificar aquí; está en la página 7 del documento. Ahora se trata de subir el impuesto por la transferencia de divisas de un 10% a un 15% lo que tiene un rendimiento de 25 millones de escudos anuales, sobre la base de calcular ventas de divisas por un valor aproximado de 50 millones de dólares por año, que es lo que efectivamente reflejan las estadísticas de los últimos años.
La Comisión estuvo preocupada de algunos problemas que podría crear esta norma, de los cuales tuvieron conciencia las propias autoridades y, en particular, el señor Ministro de Hacienda, porque muchos parlamentarios manifestaron que en la medida en que se alzara la tasa de impuesto que se paga por la transferencia de las divisas, se estaba estableciendo un incentivo para transacciones propias del mercado negro, al aumentar el margen de utilidad que puede obtener una persona dentro del mercado negro, por el hecho de poder evadir allí el pago del impuesto. Se recordó también que, en el curso del año 1967, en la ley Nº 16.617 habíamos incorporado una disposición facultativa para el Banco Central, en el sentido de autorizarlo para vender las divisas a los turistas que viajan afuera del país, por encima de la cantidad que la ley les señala, con un recargo, estableciendo una tercera área de liquidación de divisas, disposición que en la práctica no ha podido ser operada por el Banco Central, por dificultades propias de su organización interna.
En definitiva, la inquietud que surgió en muchos parlamentarios de la Comisión que prestaron incluso su aprobación a este proyecto, en este punto, fue la de pensar que, a lo mejor, al alzar nuevamente la tasa que se paga por la transferencia de las divisas y, en particular, de dólares dentro del país, pudiéramos estar incentivando un fortalecimiento del mercado negro y con esto, a la larga, hacer ilusorias las posibilidades de mayor rendimiento por motivo del alza de la tasa respectiva.
El artículo 8º establece un alza de un 4 % a un 6% en los gravámenes establecidos en el artículo 1º Nº 8 de la ley de timbres y estampillas, lo que da un rendimiento de 30 millones de escudos.
El artículo 9º establece un impuesto a los viajes -que hasta ahora no se encontraban gravados- que realizan los nacionales del país a las naciones limítrofes. Los señores Diputados tienen a su alcance el anexo legal de la Oficina de Informaciones que dispone, en el artículo 18 de la ley Nº 16.520, página 7, que las personas que viajen a los países limítrofes se encuentran exentas del pago del impuesto respectivo, de 310 escudos. Ahora el Gobierno, para allegar financiamiento en favor del proyecto que estamos comentando, establece un impuesto de 200 escudos a los viajes que se efectúen a Argentina, Perú y Bolivia.
Los miembros de la Comisión plantearon dos tipos de observaciones. Primero, que había una serie de localidades fronterizas, a lo largo del país, que para su vida natural de desarrollo necesitaban del tránsito de sus habitantes a localidades especialmente de la República Argentina para poder mantener sus actividades normales de trabajo, para desarrollar sus ocupaciones, para efectuar sus ventas u otras actividades de subsistencia. Igualmente, se tuvo muy presente por la Comisión la situación de proximidad geográfica y de intercambio muy estrecho que hoy día existe entre las localidades de Tacna y Arica, y el deseo del Ejecutivo de no extender demasiado la norma, provocando situaciones difíciles a nuestros nacionales de algunos puntos del sur del país y a la gente de Arica, por sus viajes a Tacna. Por eso se aprobó el criterio general; pero se establecieron dos tipos de disposiciones excepcionales. Expresamente se dejó constancia de que no se aplicará este impuesto a las personas que viajen de Tacna a Arica y a los chilenos que lo hagan de Chiloé, Aisén o Magallanes a las localidades patagónicas de la República Argentina. En forma general, se estableció un procedimiento para que fuera el señor Ministro de Hacienda, en casos concretos, el que estableciera las excepciones en otras situaciones que fueran igualmente atendibles.
El Diputado señor Phillips, por ejemplo, fue particularmente insistente en solicitar que en la ley quedara constancia de esta excepción en favor de la localidad de Lonquimay, ya que sus habitantes, por razones de trabajo, tenían que pasar frecuentemente a la región argentina. Sin embargo, la Comisión fue finalmente del criterio de establecer un procedimiento amplio y de no entrar a una enumeración que podría llegar a ser bastante larga sino de casos que pudieran servir de guía.
El señor CLAVEL.-
¿Me concede una interrupción, colega?
El señor MAIRA.-
Con todo gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra el señor Clavel.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, es indudable que, durante la discusión de este proyecto de ley en la Comisión, se modificó una disposición del Ejecutivo que habría producido grandes trastornos, tendiente a gravar con un impuesto de Eº 200 los viajes que realicen los ciudadanos chilenos al Perú. Todos sabemos que las ciudades de Arica y Tacna se complementan, y que el comercio de ambas ciudades vive el uno del otro. Esta es una necesidad, una costumbre que sería muy difícil de cambiar, ya que, si en alguna de estas ciudades faltan, por ejemplo, alimentos, ellos se pueden encontrar en la otra. Este intercambio que existe entre Arica y Tacna es el motivo del tránsito de peruanos a Chile y de chilenos al Perú.
Pero el problema no sólo existe en las ciudades mencionadas, que quedan exentas de impuesto, en virtud del artículo 9º. Existe también en muchas otras partes y, en virtud de lo establecido por este proyecto, vamos a tener que recurrir permanentemente al señor Ministro de Hacienda para que nos firme decretos de excepción, para cuyo objeto tendremos que llevarle los antecedentes del caso, a pesar de que, a nuestro juicio, al efectuar el estudio de este proyecto, el Gobierno debió haber tenido todos los antecedentes necesarios, a fin de no cometer los errores en que incurrió y que la Comisión tuvo que modificar. Es así como en la provincia de Antofagasta ocurren casos análogos a los de la provincia de Tarapacá.
Yo debo advertir que varios sectores de la Cámara vamos a votar en contra del artículo 9°, para que sea suprimido. Al mismo tiempo, anuncio otra indicación para agregar a la exención la provincia de Antofagasta, porque -y creo que este impuesto a los viajes no rinde nada- va a crear, en cambio, graves problemas, y el señor Ministro va a tener una tarea más, totalmente improductiva.
En la provincia de Antofagasta tenernos el caso de Ollagüe que, con toda seguridad, debe ser desconocido de muchos colegas. Ollagüe es el lugar donde están las azufreras de la provincia de Antofagasta. Todos los trabajadores de Ollagüe viajan a Bolivia, que está a 150 ó 200 metros de las azufreras, a comprar las mercaderías que no llegan oportunamente desde la provincia de Antofagasta. Lo mismo sucede en Toconao, departamento de Calama, que está en el camino de Guaitiquma, que es por donde se trae toda la carne que se consume en las provincias de Antofagasta y Tarapacá. En consecuencia, hay paso constante de chilenos y argentinos por ese camino, y no está incluido en esta excepción. Con toda seguridad, con la aprobación de esta ley -como creo que lo va a ser en pocos días más- tendremos el grave problema del abastecimiento de la carne en la provincia de Antofagasta y el de la gente que está trabajando en Ollagüe, que no podrá pasar a Bolivia a comprar sus artículos de consumo.
Por lo tanto, creo que, con un mejor estudio y contando con el buen propósito que pienso puede tener el señor Ministro, podríamos rechazar este artículo, porque considero que este rechazo en nada va a perjudicar el financiamiento del proyecto; pero, sí, va a entorpecer, en mucho, la marcha de todos estos departamentos cuyas actividades se confunden y complementan.
Nada más.
El señor PALESTRO.-
¿Me permite una interrupción, señor Maira?
El señor MAIRA.-
Con todo gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia del señor Maira, tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, deseo hablar sobre lo mismo.
La verdad es que no tan sólo los dos extremos del país, que han quedado exentos del cobro de este tributo que se establece para financiar el proyecto son las únicas zonas que deben ser favorecidas y creo que las palabras del colega Clavel, en cierta manera, aclaran mucho el problema. Pero, para votar, finalmente, en favor o en contra de este número, la verdad es que no sé si el señor Ministro de Relaciones Exteriores habrá informado al señor Ministro de Hacienda -me imagino que alguna vez se verán- sobre lo que establecen las disposiciones de la ALALC, en cuanto se refiere a la integración. Se habla de hermandad americana, de abrir las fronteras, no sólo para el paso de las mercaderías, sino de los ciudadanos de los distintos países. En el caso de Chile, más concretamente, tenemos que reconocer -querámoslo o no- que es un país que está amarrado a su actividad económica con la República Argentina. No tan sólo es Tacna con Arica, o Magallanes con la zona cercana de la República Argentina las que, estando exentas de impuesto, habrían salido perjudicadas con la aplicación de un gravamen, sino que prácticamente es todo Chile el que saldría también perjudicado, porque me imagino que los argentinos no van a colocar estos impuestos a los ciudadanos argentinos que pasan a Chile. En cambio, nuestro país está poniendo todo tipo de cortapisas a los ciudadanos chilenos que se trasladan a la Argentina, estableciendo el pago de este gravamen de una suma alzada de 200 escudos que, a mi juicio, es muy gravosa, cuando sabemos que primero están relacionadas Tacna y Arica, por el lado del Perú; después, como decía el DiputadoClavel, están Antofagasta con Salta; luego, el paso de Aguas Negras, en la provincia de Coquimbo, que une La Serena con una localidad del norte argentino; después tenemos Mendoza; Pehuenche, en Talca; después, Bariloche, en la zona de Puerto Varas. Prácticamente todo Chile está ligado a la actividad del país vecino, que es Argentina.
Por lo tanto, creo que, en cierta manera, se está privando a los chilenos de la posibilidad de salir al extranjero, de ir a la Argentina, en este caso, teniendo, al mismo tiempo, la seguridad absoluta de que los argentinos, naturalmente, que se van a aprovechar de esta cortapisa que está poniendo el Gobierno a los ciudadanos nacionales para que los argentinos vengan con mayores facilidades a Chile.
Por lo demás, no creemos, en primer lugar, que este impuesto vaya a significar una suma de dinero muy efectiva para financiar el proyecto. Por el contrario, pensamos que perjudica algunas posibilidades de Chile con respecto al comercio con Argentina y al mismo tiempo, creemos que este gravamen que, como digo, no es un aporte efectivo para la solución del problema económico de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, va a ser de la misma manera un golpe que me imagino repercutirá en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores que, "a través de sus funcionarios, ha hablado tanto de americanismo, de libertad de fronteras de todo tipo, porque Chile está gravando los viajes e impidiendo, de esta manera, el flujo y reflujo normal de ciudadanos de América desde distintos países.
Nada más y muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Maira, los Diputados Tavolari y Guerra le solicitan una interrupción.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto las concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Tavolari.
El señor TAVOLARI.-
Señor Presidente, es para manifestar, como Diputado por Valparaíso, lo grave que sería aprobar un financiamiento de este tipo.
Viña del Mar, que se levanta como ciudad casi principal dentro de la provincia, está viviendo fundamentalmente de un turismo de intercambio, del que resulta la más favorecida, con una serie de ciudades argentinas.
Por eso, es un tanto sorprendente que sea la propia Democracia Cristiana, que ha entusiasmado a los porteños con una política económica para convertir a Valparaíso en puerto de una serie de provincias argentinas, sobre la base de un programa que implicaría triplicar el capital humano de trabajo, ya que se habla de una ampliación del molo y de la construcción de una serie de obras mayores, es sorprendente, repito, que sea la propia Democracia Cristiana, la que, a través de una proposición de financiamiento, venga prácticamente a terminar con esa política que constituye una esperanza para los porteños.
De ahí que haga hincapié, y creo que los colegas de todos los sectores de la provincia así lo comprenderán también, en la gravedad que encierra la aprobación de esto. Y si los argentinos toman una actitud recíproca, entonces la situación será asfixiante para los porteños.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA.-
Con referencia a este artículo 9º que grava con Eº 200 a los chilenos que viajan a los países limítrofes, presenté, conjuntamente con los Diputados del partido que integran las Comisiones que estudiaran este proyecto de ley, una indicación con el fin de dejar exentos de este gravamen a los ariqueños que viajen a la vecina ciudad del Perú.
Lo hicimos en razón de que las ciudades de Arica y Tacna se complementan desde el punto de vista económico, cultural y turístico.
Además, debo hacer presente que muchos ariqueños constantemente se trasladan a Tacna, por razones de salud, porque el Hospital de Arica no está en condiciones de atender a una población de 120 mil habitantes. De manera que continuamente los ariqueños viajan a la vecina ciudad de Tacna a hospitalizarse.
Los Diputados de Tarapacá hemos pedido en forma reiterada al Gobierno y a otras esferas la construcción, en Arica, de un hospital que tenga la capacidad y los elementos necesarios para atender a una población de 120 mil habitantes.
Me alegro sobremanera de que se haya aceptado esta idea y se haya dejado a los ariqueños al margen de estos Eº 200 que se pensaba cobrar.
Por otra parte, aprovechando que se encuentra presente el señor Ministro de Hacienda, debo hacer presente que los iquiqueños, en forma práctica y espontánea, están haciendo esfuerzos para integrarse a la ciudad de Oruro, Bolivia, a fin de tener una mayor convivencia económica, en razón de que Iquique atraviesa por una situación angustiosa en su economía. El señor Ministro de Hacienda conoce sobradamente esta inquietud.
El Alcalde de Iquique, señor Soria, ha viajado continuamente a Santiago y ha hecho presente al Ministerio de Relaciones Exteriores la conveniencia de que el iquiqueño tenga cierta facilidad para trasladarse a Oruro. Asimismo, que los bolivianos vayan a Iquique a disfrutar del clima de sus hermosas playas, y, por ende, también a hacer una promoción de tipo económico.
Como en el informe de la Comisión se establece que el señor Ministro de Hacienda puede dejar algunos puntos fronterizos al margen de este cobro, sería conveniente que al dictarse los decretos pertinentes, se deje a los iquiqueños al margen también de este cobro, a fin de que los pueblos de la provincia de Tarapacá puedan participar, como lo están haciendo espontánea y prácticamente, de la integración comercial que el propio Gobierno está inspirando.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado informante, los señores Campos, Vargas e Ibáñez, don Jorge, solicitan interrupciones de Su Señoría.
¿Usted las va a conceder?
El señor MAIRA.-
Quiero manifestar que mi ánimo es favorecer tanto cuanto sea posible el debate; pero me han manifestado varios señores Diputados que no desean que con cargo a mi tiempo se produzcan intervenciones que no tienen carácter de consultas, ya que las hechas hasta ahora son verdaderas intervenciones que deberían hacerse con cargo al tiempo de cada Comité. Por eso desearía, como norma de procedimiento, señalar a usted que aceptaría todas aquellas interrupciones que tengan por objeto formular consultas o reflexiones que impugnen el informe, pero no formular comentarios que puedan ser hechos en el tiempo de cada Comité.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Los señores Diputados que han solicitado las interrupciones pueden determinar su actitud.
Puede continuar el Diputado informante.
El señor MAIRA.-
El rendimiento de esta disposición que ha merecido tantos comentarios, no es muy significativo, pues asciende sólo a 8 millones de escudos y la Comisión compartió muchas de las inquietudes que aquí se formulan, porque estimó que, por un lado, el carácter bastante amplio de las exenciones que era necesario introducir y que ya están consagradas en el texto, debían bajar bastante el rendimiento. Por otra parte, desde el punto de vista de los ingresos del país y del intercambio que realiza con países limítrofes, este tipo de disposiciones podría resultar, a la postre, contraproducente, como algunos señores Diputados lo han señalado, puesto que al impedir la forma de acercamiento y conocimiento directo de los nacionales de los respectivos países, podría disminuir los flujos e intercambios comerciales efectivamente realizados entre nuestros países. Sin embargo, finalmente y por requerimiento del Ejecutivo se pronunció en favor de esta disposición.
El artículo 10 establece que el impuesto al gas licuado, que es de un 27%, se convierte en un impuesto en la base, de modo que sería pagado por la Empresa Nacional del Petróleo, la que repetiría contra las empresas distribuidoras.
Los miembros de la Comisión, después de un debate, se pusieron de acuerdo en que, normalmente, el gas licuado era objeto de dos transacciones: la que se hacía de la ENAP a las compañías distribuidoras, y la segunda, que se hacía de las compañías distribuidoras al público consumidor, habiendo a veces terceras y cuartas transferencias. En esta forma, la recaudación del impuesto, que no tenía el carácter de retención en la base, se hacía bastante engorrosa y dificultaba su cobro efectivo a las empresas distribuidoras. Así, la autorización a la ENAP para hacer el pago y repetir después contra los distribuidores, implica, a juicio del Gobierno, sin necesidad de un alza en la tasa del tributo, un mayor rendimiento de 10 millones de escudos, por un perfeccionamiento en la eficiencia de la recepción del tributo.
El artículo 11 establece un alza en el impuesto a la renta actual de segunda categoría contenida en la ley Nº 15.564, que pagan las personas que perciben ingresos en moneda extranjera dentro del país. Normalmente estas personas están afectas al régimen general de un impuesto de segunda categoría, es decir, de un 3,5%, como el común de los trabajadores y empleados del país. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estima que por el volumen de las rentas y por el carácter excepcionalmente favorable de estar siendo canceladas en moneda extranjera, los que se benefician por el reajuste permanente del valor de estas divisas, deberían tener también un régimen más severo de los tributos. Por eso se propone un incremento adicional del 5% con el cual la tasa queda en un 8,5%. En este caso, el rendimiento del impuesto es de once millones de escudos, pues estima que el monto de las remuneraciones que en Chile se pagan en moneda extranjera, asciende, a la fecha, aproximadamente a 20 millones de dólares.
El artículo 12 establece un alza en el impuesto a la renta que afecta a las participaciones de los Directores de sociedades anónimas, de un 20% a un 30%. Se estima que esta disposición tendrá un rendimiento de 5 millones de escudos. Como en el anexo legislativo los señores Diputados pueden verificarlo, se trata aquí de un gravamen que, por el texto de la Ley de Impuesto a la Renta que se afecta, artículo 39, solamente grava las participaciones de los Directores de sociedades anónimas. Quedan excluidos de la redacción actual los Directores de Bancos, de Compañías de Seguros y de Asociaciones de Ahorro, para que, probablemente -y este es mi criterio- existían razones idénticas para gravar.
He expresado que el rendimiento de esta disposición es de aproximadamente cinco millones de escudos. En seguida, en el artículo 13 se estableció un nuevo rubro de financiamiento: un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras. Sobre este punto los autores del proyecto no entregaron una cuantificación del rendimiento que esperaban percibir con esta disposición; de manera que yo puedo proporcionar algunas cuantificaciones que, por mi cuenta, he tratado de realizar en la mañana de hoy. El antecedentes más próximo que he tenido a la mano ha sido la Balanza de Pagos del año 1967, que es la última publicada por el Banco Central.
En dicha memoria se expresa que en el año respectivo -página 31-, "El grupo de servicios de comercio tuvo un saldo desfavorable de US$ 3,0 millones el cual se debe principalmente a los egresos por concepto de royalties los que alcanzaron a US$ 5,0 millones. Este rubro –expresa- ha experimentado, una tendencia ascendente debido a la transferencia de tecnología proveniente de los países desarrollados, la que ha sido necesaria para hacer posible el proceso de industrialización."
Y más adelante, sobre el segundo rubro, la misma Balanza de Pagos dice: "Aparte de estos, otras instituciones y empresas pagaron US$ 7,0 millones en razón de servicios técnicos, los que constituyen un sistema alternativo a los royalties para lograr el conocimiento necesario para producir nuevos bienes o lograr una mejor calidad de los existentes."
De modo que sobre la base de estos dos rubros consultados en la disposición: royalties y servicios técnicos proporcionados por las empresas, tendríamos un total de 12 millones de dólares, que al cambio actual equivalen a cerca de 132 millones de escudos, con lo que el rendimiento estimativo general de este rubro sería, aproximadamente, de unos 13 millones 200 mil escudos, en caso de mantenerse, en el curso del próximo año, las condiciones que caracterizaron la economía chilena, expresadas en la Balanza de Pagos de 1967.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, el señor Undurraga le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Undurraga.
El señor UNDURRAGA.-
Señor Presidente, el Diputado informante nos explica el rendimiento por el capítulo de los royalties y las prestaciones de servicios. Pero yo creo que ésta es una forma de impuesto indirecto, porque los royalties y las prestaciones de servicios van a influir en los costos de lo que se está produciendo en el país, y ál influir en ellos, el Ministerio de Economía, al calcular los precios de los productos de venta al público, va a tener que considerar el mayor costo. Es distinto, por ejemplo, el impuesto directo que se establece sobre la participación de los directores de sociedades anónimas. Ese es un impuesto directo. Pero el impuesto que se pague sobre el "royalty" o sobre prestación de servicios, va a ser, en el fondo, un impuesto indirecto, que lo va a pagar todo el público consumidor.
Sobre ese particular, quisiera que nos diera una aclaración el señor Diputado informante.
Muchas gracias.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto, señor Presidente, contesto la consulta formulada por el Diputado señor Undurraga.
Debo manifestarle, para ser absolutamente franco, que la Comisión no tuvo, en esta materia, un debate muy exhaustivo, puesto que a la una del día de ayer se clausuró el debate y se procedió, sencillamente, a votar cada indicación. Como el debate estaba clausurado, no se pudo suscitar en cada tópico una discusión ilustrativa, de modo que fue el criterio de cada Diputado el que originó su voto favorable o desfavorable, sin que haya ninguna constancia en actas de los motivos que lo indujeron a ello.
En todo caso, quiero manifestar, desde el punto de vista personal -porque apoyé la indicación que ahora comentamos-, que, en mi impresión, este tipo de tributos van a incidir en un ajuste entre las compañías o industrias chilenas que trabajan con el "royalty", con la patente, y la empresa extranjera que lo recibe. En definitiva, tenemos la impresión de que, tratándose de acuerdos directos, celebrados entre la firma extranjera y la firma chilena, va a ser posible reajustar, sencillamente, los pagos relativos a esta cantidad, y en muchos casos esto va a significar que no haya incidencia directa ni indirecta en los precios del producto. La impresión nuestra es que, en este asunto, la inclusión de la disposición comentada puede significar una más acuciosa preocupación por parte del Banco Central y otros organismos públicos respecto de la materia, que desde hace tiempo viene motivando comentarios de muchos y también críticas de bastantes sectores dentro del Congreso.
De modo que, en todo caso, estimamos favorable incluir la disposición, porque tenemos la convicción de que no se producirá el riesgo que el señor Undurraga anota.
El señor PHILLIPS.-
No dice eso la disposición.
El señor MAIRA.-
En todo caso, para no alargar en exceso el tiempo que va a ocupar este informe, quisiera proseguir dando cuenta de la nueva fuente de financiamiento contemplada, que es el artículo 14 del proyecto, disposición también incorporada por la Comisión.
Esta disposición complementa...
El señor BULNES (don Jaime).-
¿Me permite?
El señor MAIRA.-
Sí.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime).-
Muy brevemente, señor Presidente, sobre el impuesto con que se quiere gravar a los "royalties", me gustaría dilucidar un punto que no tengo suficiente claro.
Tengo entendido que los "royalties" se pagan al país de origen, es decir, al país que otorga la patente de fabricación. O sea que en este caso están todos los remedios, todo los antibióticos, etcétera, elementos que son de primera necesidad. Es evidente que ese "royalty" está pactado con las firmas que lo fabrican con mucha anterioridad a la dictación de esta ley, naturalmente, de manera que esto, necesariamente va a recargar el costo de estos productos, sin que la firma de origen, la que haya otorgado la patente o el "royalty", tenga razón alguna para rebajarlo de la cantidad que ya ha establecido, ha pactado, ha contratado. De suerte que no cabe la menor duda de que va a incidir, como impuesto indirecto, en toda la masa consumidora. Y si se toma en cuenta, como decía, que la mayoría de los artículos de urgente necesidad, de consumo de la población, están sujetos al sistema de "royalty", tienen que pagar las patentes de fabricación, sin la menor duda que esto va a incidir no sólo en el público consumidor, sino que incluso en los sectores más modestos.
El señor SEÑORET ( Vicepresidente).-
Puede continuar.
El señor MAIRA.-
El señor Ministro de Hacienda me ha manifestado que quiere intervenir sobre esto.
El señor SEÑORET ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En realidad, indiscutiblemente que puede producirse el hecho que han sostenido el DiputadoUndurraga y el DiputadoBulnes, en el sentido de que al momento de establecerse un impuesto de pago del "royalty", cuya remesa debe hacerse al extranjero, el extranjero puede exigir que, en vez de que el precio del "royalty" sea 100, sea 110, de manera de resarcirse del impuesto que le va a ser retenido por el Banco Central. La fórmula para resolver eso -el Gobierno no tiene todavía un estudio acabado sobre la materia, porque fue una indicación presentada aquí en el Parlamento- tendría que ser que la comisión de "royalty" que actualmente funciona en el Banco Central limite y califique la remesa de dólares, o sea, que impida el recargo por parte del extranjero de este impuesto, no haciéndolo trasladable.
En segundo término, creo que hay que distinguir entre dos tipos de "royalty". En eso creo que el Gobierno va a tener que hacer un estudio sobre la materia y la indicación. Hay que distinguir entre aquellos "royalties" que son absolutamente necesarios para obtener el conocimiento de cómo fabricar algún producto y que tengan realmente incidencia e importancia en la economía interna, y aquellos "royalties" que son sólo de fantasía y que no tienen importancia esencial dentro de la economía. Creo que el primero, o sea, aquél que es esencial desde el punto de vista tecnológico, de avance de la economía del país, indiscutiblemente no debe ser gravado; pero sí debe sufrir un gravamen aquél que se refiera a productos de fantasía o a productos que estén más arriba del "standard" normal de consumo de la población, puesto que, aun en el caso de que eso pudiera significar un traslado de precio, no importaría que esa población que los consumiera -que podría ser una población determinada no la generalidad de la población- pagara ese recargo en relación a esos productos de fantasía.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
Gracias, señor Presidente.
Quiero referirme a la última fuente de financiamiento nueva incluida por la Comisión, que es la contenida en el artículo 14 actual del proyecto.
Esta indicación consiste en proponer un recargo del 20% en el pago del impuesto global complementario para todas aquellas personas que tengan rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales. La disposición, que contó con los votos favorables de una mayoría de los miembros de la Comisión, de la que sólo se excluyó el Partido Nacional,...
La señora ALLENDE.-
¡Qué bien! Se está confesando...
El señor MAIRA.-
...tiene como fundamento el establecer un gravamen especial en aquellos tramos más altos del pago del impuesto global complementario, que afectan a un número más bajo de personas y, por tanto, de contribuyentes, y que tiene, sin embargo, un rendimiento bastante significativo, dentro de la política tributaria que el país ha venido enfrentando en los últimos años y que ha consistido en un fortalecimiento significativo del pago de los impuestos directos, entre los cuales el impuesto a la renta progresivo, conocido con el nombre de global complementario", juega un papel fundamental.
Es indispensable establecer estos nuevos ajustes. Se calcula que el rendimiento de esta disposición produciría, en el curso del año 1970, 70 millones de escudos, lo que hace de este rubro un factor extraordinariamente importante en el financiamiento y, en cambio, afectaría solamente a 6.500 contribuyentes, que son los que están en los tramos que van sobre los veinte sueldos vitales de renta.
El impuesto global complementario ha venido creciendo en forma bastante significativa e interesante para el desarrollo de una mejor estructura tributaria en el país. En el curso de este año, por ejemplo, su rendimiento estimado es de 643 millones 400 mil escudos y, en el curso del próximo año, ya se estima que estará, en moneda del año respectivo, en un rendimiento de 1.027 millones de escudos. De modo que el impuesto global complementario cada vez tiende a constituirse en un pilar muy significativo de los impuestos directos, y, a su vez, éstos tienden a tener una incidencia cada vez más considerable en la estructura tributaria del país.
La Comisión estimó que, teniendo esta disposición una serie de riesgos, que ciertamente los tiene, porque en la práctica va a significar que la tasa más alta por concepto de impuesto global complementario va a subir de 60 a 72%, lo que la hace una tasa bastante confiscatoria desde el punto de vista del gravamen efectivo, estimó que, en las condiciones actuales del país y en un sistema de reajuste de la estructura tributaria nacional era conveniente aceptar una idea como ésta, con un rendimiento tan significativo como el de 70 millones de escudos.
A la mayoría de los miembros de la Comisión, con exclusión de los parlamentarios del Partido Nacional, les pareció que ésta era una idea importante y, por tanto, fue votada favorablemente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, el señor Basso le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Basso puede hacer uso de la interrupción.
El señor BASSO.-
Señor Presidente, yo le agradecería al Diputado informante, siempre que le sea posible, que nos señalara los tramos sociales en este aumento progresivo del global complementario. Es decir, el tramo empresarial, el tramo asalariado, el tramo empleado público, etcétera, en esta aplicación del global complementario, si tuviera a la mano ese antecedente.
El señor MAIRA.-
En relación con la consulta que formula el señor Diputado, tengo aquí un cuadro completo, que se lo puedo hacer llegar privadamente, pero creo que...
El señor BASSO.-
Pero así, a grandes zancadas...
El señor MAIRA.-
La información no es por tramo empresarial, etcétera. La información que hay es de tramos por ingreso en sueldos vitales.
Sobre un total de 193.954 contribuyentes, de 0 a 5 sueldos vitales, había, en el año 1966, 131.176; de más de 5 a 10 sueldos vitales, había 44.618; de más de 10 hasta 15, había 4.107; de más de 15 hasta 20, había 3.597; de más de 20 hasta 40, había 3.325; de más de 40 hasta 80, había 815 contribuyentes; y con más de 80 sueldos vitales anuales había 226 contribuyentes.
Señor Presidente, de este modo se completan las disposiciones relativas al financiamiento. El conjunto de estas disposiciones permitió a la Comisión incrementar considerablemente el monto del financiamiento originalmente propuesto; implicó la supresión de un financiamiento por 60 millones de escudos y la aprobación de cuatro financiamientos nuevos por 175 millones de escudos, lo que produjo un aumento neto de financiamiento de 135 millones 155 mil escudos, elevando el volumen total del financiamiento de los 230 millones de escudos originalmente propuestos a 265 millones de escudos, que es el financiamiento estimado para las disposiciones actuales.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado informante, el señor Undurraga le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-
Muy bien.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el señor Undurraga.
El señor UNDURRAGA.-
Entiendo que Su Señoría ya se ha referido al financiamiento de la ley, porque tenemos también el texto aquí.
Quisiera formularle una pregunta, como Diputado informante. ¿No se habló de hacer economías en algún rubro? Porque, si se les van a imponer sacrificios a muchos sectores de la ciudadanía, sería importante que también se hicieran economías. Yo echo de menos, en la exposición del señor Diputado informante, este rubro, que me parece un poco indispensable y muy importante. Quisiera formularle al señor Diputado informante la pregunta de si se consideró en la Comisión la posibilidad de hacer economías en algunos gastos fiscales.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor MAIRA.-
La verdad es que se consideraron algunas posibilidades de economía. Por desgracia, no tuvimos tiempo para profundizar algo más; pero creo que el Senado se va a poder encargar de ello. Algunas economías, como el ahorro de gastos fiscales por concepto de "draw back", fueron consideradas por la Comisión. Existe el ánimo de seguir perfeccionando esta materia, dentro del trabajo en el Senado. Creo que podemos ahorrar importantes recursos del Estado, que pueden ascender a una buena cantidad de millones de escudos, por concepto de la disminución del "draw back".
Ahora, en cuanto a otro tipo de restricción de gastos públicos, que podrían ser gastos públicos ordinarios, la verdad es que en la Comisión no escuchamos, tal vez por la premura del tiempo, explicaciones de los señores Ministros en esta materia. Creo que si debieran hacerlo, las abordarían en su propia exposición.
Deseo agregar que, en verdad, el trabajo breve de la Comisión la obligó a abocarse, más bien, al financiamiento propuesto y, en definitiva, no hubo inquietud de parte de ninguno de los miembros de la Comisión por abordar un tópico como el que menciona el señor Undurraga.
Por otra parte, el Diputado señor Ibáñez y otros miembros del Partido Radical presentes en la Comisión tuvieron especial inquietud por fortalecer las garantías previsionales para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y, en este sentido la Comisión aceptó y consagró dos normas, la del artículo 16 y la del artículo transitorio, disposiciones que fortalecen positivamente las inquietudes que manifestaran la mayoría de los miembros de la Comisión por amparar los derechos y las garantías del personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
En mi informe he creído mi deber fundamentar especialmente los puntos del financiamiento, que son los que inciden en la posibilidad de cumplimiento de las disposiciones legales.
También he creído mi deber, como informante, señalar que el trabajo de la Comisión, no obstante la limitación del tiempo, fue extraordinariamente acucioso, que la mayoría de las inquietudes expresadas por los distintos miembros de la Comisión, todas ellas muy positivas, contribuyeron a mejorar la redacción del proyecto que estamos discutiendo; y estoy convencido de que la actual redacción del proyecto de ley normativa constituirá un eficaz instrumento para satisfacer las inquietudes, muy legítimas y por largo tiempo postergadas de este sector, tanto el personal en retiro como en servicio de nuestras Fuerzas Armadas y contribuirá, por tanto, a perfeccionar la estructura de sus remuneraciones y la forma de organización de su trabajo.
Eso es todo.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Señor Presidente, los Diputados socialistas hemos escuchado con bastante atención la documentada y brillante exposición que ha realizado en la Cámara el señor Diputado informante sobre la forma, alcances y contenido del proyecto que reajusta las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, tal como salió de esa Comisión, luego de la angustiosa y exhaustiva reunión que tuvimos durante el día de ayer.
Los Diputados socialistas, de acuerdo con reiteradas declaraciones y planteamientos de nuestro partido, hemos resuelto votar favorablemente, en general, la idea de legislar sobre aumentos sustanciales de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tanto en servicio activo como en retiro. Sin embargo, en este debate queremos expresar nuestro pensamiento con absoluta claridad, no sólo sobre el proyecto en discusión, sino además con relación a todo el acontecer político nacional que de las inquietudes de este importante sector han derivado en estas últimas semanas. Queremos salir al paso de toda esta campaña orquestada de calumnias y deformaciones que, con relación a nuestra política y a la posición del socialismo frente a estas materias, ha desencadenado la prensa mercenaria al servicio de los más oscuros intereses de este país.
Los socialistas, con mucha antelación, hemos sostenido la necesidad de un reajuste general para los sectores público y privado que guarde relación con el deterioro experimentado por los sueldos y salarios con motivo del proceso inflacionario. A este respecto, hemos enjuiciado en los términos más enérgicos la política económica de este Gobierno, que fundamentalmente ha hecho recaer el peso de la lucha antinflacionaria en los sectores más modestos de nuestra población, dejando intocados a los grupos de presión, representativos de los más altos intereses de la oligarquía y del imperialismo extranjero.
Sería largo enumerar los diferentes pronunciamientos de mi partido sobre estas materias, en el campo político, parlamentario y sindical, que caracterizan la política financiera y salarial de este Gobierno como absolutamente regresiva y contraria a los intereses del país y de los trabajadores. Sin embargo, en lo que se refiere al reajuste de las Fuerzas Armadas, hemos sostenido con bastante énfasis, en diversos documentos e intervenciones, la necesidad de reajustar los sueldos y pensiones, sobre todo de aquellos sectores de mandos medios, personal de tropa, personal civil y pensionados de las tres ramas de la Defensa Nacional y de Carabineros.
A este respecto, séame permitido, para probar este aserto, dar lectura a unos párrafos de un documento oficial emitido por el Comité Central de mi partido, con mucha anticipación a los hechos que el país ha debido lamentar en estos últimos 15 días.
"Las Fuerzas Armadas no son un compartimiento estanco separado del resto del país, no son un cuerpo extraño y ajeno a la vida nacional. Las conmociones que nuestra patria experimenta las afectan también a ellas, por mucho que el formalismo legalista quiera marginarlas artificialmente de la vida de un pueblo, del cual se nutren y cuya soberanía y dignidad nacionales deben cautelar y defender. No nos extraña entonces que las estrecheces económicas de que padecen los que en ellas laboran les inquieten y preocupen. No nos extraña por tanto, tampoco, que el proceso de total redefinición política que vive el país y las transformaciones que experimenta, se manifiesten en ellas en una sana preocupación por el destino que los institutos armados habrán de tener en la hora en que la lucha de Chile, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, se va convirtiendo cada vez más en el eje de todo nuestro proceso político".
Continúa este documento:
"Por otra parte, en las Fuerzas Armadas se refleja, a través de la búsqueda de su papel en esta sociedad de transición, el antagonismo y la tensión entre quienes desean utilizarlas fundamentalmente como un cuerpo policíaco represivo, destinado a detener por la violencia el legítimo descontento de las mayorías nacionales frente a su deteriorada situación, y quienes se esfuerzan por insertarlas de manera constructiva y moderna en el quehacer nacional, colocando su organización y su conciencia al servicio de los grandes ideales de emancipación social que cada vez más comparten los trabajadores y las masas de nuestro país."
Más adelante, en relación con lo que aquí se discute, el documento hace un alcance a la campaña mentirosa de prensa y radio desencadenada contra el Partido Socialista y dice: "No somos golpistas. No creemos que deba introducirse en nuestro país la práctica perniciosa de hacer intervenir en la politiquería y el juego intrascendente de los partidos a las Instituciones Armadas. Nos oponemos tajantemente a los intentos de la reacción de querer sacar las "castañas con la mano del gato", introduciendo en los cuarteles un sentimiento antipopular. Queremos que en los militares, marinos y aviadores de Chile, oficiales, suboficiales, clases y soldados, continúe madurando seriamente una nueva conciencia de su responsabilidad ante la Patria y el Pueblo, que les permita asumir una posición acorde con la necesidad de lograr la liberación social y no de una simple intentona intrascendente. Las grandes transformaciones las hace el pueblo, no los conciliábulos a espaldas de las masas y de sus fuerzas políticas organizadas. Una transformación social se hace con el pueblo o no hay tal transformación".
Continúa este mismo documento: "Sólo podrán las Fuerzas Armadas ser fieles a su misión nacional si llegan a convertirse en Ejército del pueblo. Y eso queremos los socialistas para nuestro Ejército, para nuestras Fuerzas Armadas en general".
Señor Presidente, este documento que oportunamente solicitaré se inserte en la versión de la sesión de la Cámara fijó, con mucha anticipación, la posición de nuestro partido frente a estas imputaciones calumniosas que hemos visto profundamente difundidas estos últimos días.
El señor ARNELLO.-
La fecha, colega.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
No tengo inconveniente; 26 de septiembre de 1969.
El señor ARNELLO.-
¡Reciente!
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Como se desprende del texto de esta declaración, que es el resultado, a su vez, de una política consecuente que el socialismo ha mantenido frente a este Gobierno, nosotros ya habíamos planteado con mucha anticipación la necesidad de concurrir a un reajuste de este sector, en igual forma como lo hemos estado sosteniendo frente a las justas demandas contenidas en la plataforma de lucha de la Central Unica de Trabajadores con relación a los reajustes del sector civil de la Administración Pública y del sector privado.
Consecuentes con esta posición, votamos favorablemente en las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa -como aquí lo ha especificado mi colega el señor Maira- la idea de legislar sobre este reajuste y hemos contribuido con todo nuestro esfuerzo a mejorar las disposiciones del proyecto al cual me referiré de inmediato.
El proyecto del Ejecutivo.- Luego de los acontecimientos que son del dominio público y de las declaraciones, reiteradas hasta la majadería, de que el Gobierno tenía los estudios pertinentes para la aplicación no sólo de un reajuste sobre las actuales remuneraciones, sino que además para la reestructuración de las plantas de oficiales, suboficiales y tropa en términos de suprimir la compleja organización que ellas tienen, el proyecto enviado a la consideración del Congreso y expuesto por los Ministros del ramo en la Comisión revelaba la desoladora noticia de que en todo este tiempo en que se ha ido gestando este proceso, no habían sido capaces de fijar un criterio y una política concreta frente al monto de los reajustes, a su aplicación en las diferentes ramas y niveles y a la definitiva estructura de las plantas del personal.
En efecto, en el artículo 1º, el señor Ministro de Hacienda pedía poco menos que un cheque en blanco para, en virtud de una delegación de facultades, definir esta política. ¡Hecho insólito! Ya no sólo se trataba de delegar facultades legislativas que han sido y son privativas del Congreso -como anoche se destacó en forma precisa- sino que, además, de dejar entregado al arbitrio de un gobierno la determinación del monto de las remuneraciones, de los escalafones y plantas y, lo más grave, de los sistemas previsionales y de asignaciones logrados después de muchos años por las Fuerzas Armadas. Repito: ¡hecho abismante!
Al ser consultado por Diputados de todos los sectores, el señor Ministro de Hacienda se vio obligado a señalar que, aunque los estudios estaban hechos, no se podía precisar cuál iba a ser la política concreta de remuneraciones, a cuánto iban a ascender estos montos, en qué forma se iba a proceder. Y señaló, si mal no recuerdo, en la Comisión, que en ese instante había cuatro posibles soluciones o alternativas que estudiar en este reajuste a que estamos refiriéndonos. Por eso, los socialistas señalamos con bastante claridad, desde un comienzo, que íbamos a votar en contra de este artículo 1º, no sólo porque permite una delegación de facultades que nosotros no aceptamos, sino, porque como lo he señalado, es un real cheque en blanco con el que el Gobierno podía hacer, si lo quería, tabla rasa de las conquistas previsionales de sectores como las Fuerzas Armadas, el personal civil de los institutos armados y de otros sectores que han sido simplemente postergados o discriminados en este tratamiento.
De ahí, entonces, que el Gobierno tuvo la buena ocurrencia -aunque entiendo que esta buena ocurrencia no fue del Gobierno, sino del señor Maira- de cambiar el texto de este artículo 1º, quedando, como se ha señalado aquí, como una especie de disposición normativa, que establece una serie de limitaciones dentro de las cuales el Gobierno podrá actuar para determinar los reajustes en materia de remuneraciones.
Nosotros, no obstante haber votado en contra de la delegación de facultades, sugerimos una serie de iniciativas, tanto respecto de la fijación en general del monto de los reajustes como respecto de la situación del personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Aquí se ha señalado, por ejemplo, que fueron los representantes socialistas los que presentaron la indicación origen del artículo 15, que concede al personal en retiro de las Fuerzas Armadas el mismo tratamiento que se va a dar en el proyecto al personal en servicio activo.
Formulamos otra indicación, junto con otros sectores, en favor de los profesores de los institutos armados y del personal de Prisiones, la cual fue rechazada por considerarla improcedente la Mesa.
Y, finalmente, quiero referirme al financiamiento propuesto inicialmente por el Ejecutivo.
Este financiamiento se estructura sobre la base de nuestro régimen tributario, que ha hecho siempre recaer el peso del esfuerzo financiero en los sectores más modestos. Dicho régimen no se modifica. Muy por el contrario -repito que me estoy refiriendo al proyecto presentado por el Gobierno- se mantienen los mismos gravámenes que tradicionalmente pesan, en definitiva, sobre el conjunto de la población; salvo el impuesto extraordinario sobre las utilidades de los bancos que en la forma primitiva como estaba redactado el artículo pertinente podría resultar ilusorio; y salvo, también, el tributo que grava algunos artículos suntuarios, si bien los economistas, que lo saben mejor que yo, señalan que, a la larga, no es un impuesto positivo, porque o disminuye la demanda de dichos bienes o los vendedores burlan el impuesto.
El resto de los impuestos que se alzan, especialmente el de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, el de las compraventas, el que grava el pisco y el vino y las contribuciones sobre los bienes raíces, afectarán, como se ha dicho, a toda la población. Y en el caso concreto de los bienes raíces, recaerá en los propios beneficiarios de este proyecto.
Nosotros, llevados del deseo de contribuir realmente, en la medida en que nos fuera posible, a mejorar este financiamiento, presentamos varias indicaciones, de las cuales se ha dado cuenta aquí. Por ejemplo, propusimos que quedaran incluidas en este financiamiento un impuesto sobre las utilidades de los bancos privados y de las compañías de seguros; sobre la remesa de utilidades y dividendos de las empresas de la gran minería del cobre -indicación que posteriormente fue retirada, en atención a la indicación presentada por representantes del Partido Radical-; y sobre la remesa de regalías y de asesoría técnica pagadas a empresas extranjeras. Estas son las llamadas "royalties" de que se hablaba esta tarde. Al respecto, nosotros tenemos un dato que difiere un, poco de lo indicado por el señor Diputado informante. Anualmente el Fisco paga, por este concepto, en cifras redondas, 25 millones de dólares, es decir, algo así como 250 millones de escudos.
Propusimos también -y en esto concordamos con otros sectores- que se fijara un tope de 50 millones de pesos, o 50 mil escudos, a la tasación de los bienes raíces afectos al impuesto territorial.
En suma, buscamos la forma de mejorar este proyecto, de manera tal que el peso del esfuerzo financiero que él demande no caiga, como de costumbre, en los sectores más modestos de nuestra población sino, por el contrario, en aquellos sectores que han permanecido intocados.
Sobre el particular, como no quiero dar a entender aquí que no tenemos idea clara de qué otros impuestos pudieran haber sido aplicados aparte de los ya señalados voy a mencionar algunos: el impuesto sobre las utilidades de las sociedades financieras o de capitalización, por ejemplo, de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos que, como todos sabemos, obtienen pingües ganancias con la construcción de viviendas para modestos empleados y obreros; el impuesto sobre las utilidades de las empresas de comercialización o distribuidoras de bienes, como por ejemplo Saavedra Benard, Grace y Compañía y otras firmas; el impuesto sobre las utilidades de las empresas importadoras registradas en el Banco Central de Chile; el recargo de la tasa de impuestos de las empresas nacionales y extranjeras que tributan en la categoría correspondiente; el impuesto sobre las utilidades de la mediana y gran minería del hierro; el impuesto sobre las utilidades de los consorcios navieros extranjeros.
Todos estos tributos pudieron haber sido aplicados, no sólo ahora, con ocasión de este proyecto; sino también como lo expresamos los Diputados de estos bancos, cuando este Gobierno, ya en las postrimerías de su mandato, resuelva absorber el alza del costo de la vida que afecta además de los sectores a los cuales estamos favoreciendo con este proyecto de ley, a todos los que viven de un sueldo o salario.
Termino señalando que los socialistas tenemos una noción perfectamente clara de cuál es nuestra posición en la materia en debate; no pueden decir lo mismo otros sectores. Creemos que esto es resultado de una política consecuente que hemos sostenido siempre.
Pensamos también que si se habla de reajustes -y aquí se encuentra el señor Ministro de Hacienda- debemos atender las justas peticiones que todos los trabajadores están haciendo en este instante, a través de la Central Unica de Trabajadores, para que se compense el deterioro de sus remuneraciones debido al proceso inflacionario.
Nada más.
El señor GUERRA.-
No le alcanza a oír el señor Ministro de Hacienda.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para incorporar en la versión de la presente sesión el documento indicado por el señor Espinoza.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
-El documento, cuya inserción se acordó, es el siguiente:
"PARTIDO SOCIALISTA
"Comité Central
"El socialismo y las Fuerzas Armadas
"La opinión pública ha sido sorprendida por la inquietud existente en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, inquietud que rebasa la natural y explicable preocupación por la difícil situación económica que sufren sus integrantes, al igual que todos los chilenos que viven de un sueldo o un salario. Esta inquietud se proyecta hacia la naturaleza y el rol profesional que cumplen esas instituciones en nuestro país, en un momento en que la propia estructura de la sociedad chilena aparece cuestionada.
"El Partido Socialista, sin hipócritas reticencias convencionales, cree su deber en estas circunstancias dar a conocer su juicio acerca de la forma en que se traduce en los institutos armados la crisis orgánica que vive la sociedad chilena, como consecuencia de la irreversible caducidad de los moldes capitalistas en que se sustenta y de las instituciones político demoburguesa a través de las cuales se administra.
"Las Fuerzas Armadas no son un compartimiento estanco separado del resto del país; no son un cuerpo extraño y ajeno a la vida nacional. Las conmociones que nuestra patria experimenta, la afectan también a ellas, por mucho que el formalismo legalista quiera marginarlas artificialmente de la vida de un pueblo, del cual se nutren y cuya soberanía y dignidad nacionales deben cautelar y defender. No nos extraña entonces que las estrecheces económicas de que padecen los que en ellas laboran, les inquieten y preocupen. No nos extraña por tanto, tampoco, que el proceso de total redefinición política que vive el país y las transformaciones que experimenta, se manifiesten en ellas en una sana preocupación por el destino que los institutos armados habrán de tener en la hora en que la lucha de Chile, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios se va convirtiendo cada vez más en el eje de todo nuestro proceso político.
"Por una parte, en las Fuerzas Armadas, se refleja a través de sus aflicciones económicas la parálisis del crecimiento productivo del país y la incapacidad de sus estructuras sociales de promover el desarrollo y el progreso.
"Por otra parte, en las Fuerzas Armadas se refleja a través de la búsqueda de su papel en esta sociedad de transición, el antagonismo y la tensión entre quienes desean utilizarlas fundamentalmente como un cuerpo policíaco-represivo, destinado a detener por la violencia el legítimo descontento de las mayorías nacionales frente a su deteriorada situación, y quienes se esfuerzan por insertarlas de manera constructiva y moderna en el quehacer nacional, colocando su organización y su conciencia al servicio de los grandes ideales de emancipación social que cada vez más comparten los trabajadores y las masas de nuestro país.
"Los primeros son los que quieren que las Fuerzas Armadas jueguen el rol de gendarme al servicio del injusto orden establecido y que buscan para nuestro Ejército el modelo de los "gorilas" argentinos y brasileños, cuya gestión ha precipitado a las dos grandes naciones hermanas al desgobierno, a la anarquía y a una brutal persecución contra los trabajadores. Estos son los mismos que quieren ligar cada vez más estrechamente a nuestras Fuerzas Armadas al aparato militar supranacional del Pentágono, que intenta crear a escala continental una estructura armada reaccionaria, que, divorciada del interés de nuestros pueblos, se coloque al servicio de los objetivos estratégicos y políticos del imperialismo norteamericano.
"Los segundos son los que, reaccionando en contra de estos intentos de politizar de manera torcida su misión en favor del anti-Chile y del antipueblo, aspiran a que las Fuerzas Armadas se decidan a asumir un papel coincidente y convergente con el de aquellas fuerzas sociales y políticas que luchan, como lo hicieron el pasado siglo los padres de la patria, por asentar la independencia y la soberanía del país, recuperando para Chile sus riquezas básicas; adoptando una digna e independiente política internacional, latinoamericanista y bolivariana, de amplia solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidos; y una política interna que se dirija a colocar nuestros recursos y potencialidades humanas y financieras racionalmente ordenados, al servicio del pueblo todo, y para construir una nueva sociedad.
"Esta contradicción y este antagonismo, que es el que tiene que afrontar y decidir Chile, objetivamente compromete también a nuestros institutos armados. Y estamos ciertos que por sobre quienes quieran atarlos a la defensa de un sistema caduco y convertirlos en destacamentos represivos que maneje el capitalismo internacional y sus agentes criollos, sabrá predominar el espíritu patriótico, popular y revolucionario que embarga a todo el pueblo y no de la oligarquía, que defienden nuestra bandera y no la de los Estados Unidos, y que tiene por meta servir a Chile y no al imperialismo.
"No somos golpistas. No creemos que deba introducirse en nuestro país la práctica perniciosa de hacer intervenir en la politiquería y el juego intrascendente de los partidos a las instituciones armadas. Nos oponemos tajantemente a los intentos de la reacción de querer sacar las "castañas con la mano del gato", introduciendo en los cuarteles un sentimiento antipopular. Queremos que en los militares, marinos y aviadores de Chile; oficiales, suboficiales, clases y soldados, continúe madurando seriamente una nueva conciencia de su responsabilidad ante la Patria y el pueblo, que les permita asumir una posición acorde con la necesidad de lograr la liberación social y no de una simple intentona intrascendente. Las grandes transformaciones las hace el pueblo, no los conciliábulos a espaldas de las masas y de sus fuerzas políticas organizadas. Una transformación social se hace con el pueblo o no hay tal transformación.
"No creemos tampoco que la imitación de experiencias ajenas pueda eximir a la conciencia militar de la necesidad de buscar a la manera chilena la forma de contribuir al desarrollo y a la emancipación nacionales. Nadie puede evitar a los chilenos que busquemos y forjemos nuestra propia estrategia, nuestros propios instrumentos y nuestras propias metas revolucionarias.
"Para cualquiera que sea nuestra específica situación hay un principio general confirmado por la historia que queremos reafirmar. En los procesos revolucionarios aquellos sectores de la fuerza armada y militar que se pone al servicio de los pueblos, se va confundiendo con ellos en sus ideales políticos y en sus formas orgánicas. No concebimos otra manera de ser del Ejército en las coyunturas revolucionarias, que no sean las de un ejército unido a las masas y no separados de ellas.
"Sólo podrán las Fuerzas Armadas ser fieles a su misión nacional si llegan a convertirse en Ejército del pueblo. Y eso queremos los socialistas para nuestro Ejército, para nuestras Fuerzas Armadas en general.
"Como parte del pueblo que somos y como parte del pueblo que son ellas, expresamos a toda la opinión pública nuestra palabra socialista que sitúa y define para nuestros hombres de armas una tarea y un destino junto a Chile, a su pueblo y a las fuerzas políticas que, como el socialismo, traducen sus aspiraciones hacia una Patria mejor.
"Santiago, 26 de septiembre de 1969.
"La Comisión Política del Partido Socialista de Chile."
El señor FUENTES (don Samuel).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, el señor Diputado informante nos ha ahorrado muchas argumentaciones respecto de las disposiciones con que ha quedado conformado el proyecto de ley que envió el Supremo Gobierno, frente a las exigencias de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, quiero dejar constancia, como lo dije en la Comisión, de mi tremenda sorpresa por la improvisación absoluta que refleja este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que no es, como se ha sostenido, producto de un estudio muy acabado sobre la materia. Creo que tal estudio no existió.
El señor Ministro de Defensa Nacional está exento de toda responsabilidad en el estudio de un problema tan delicado, porque sólo recientemente ha asumido su cargo. No así el señor Ministro de Hacienda; él tiene una experiencia extraordinaria en estas materias, ya que es un funcionario de carrera del Ministerio de Hacienda. El sabe positivamente que este problema de la situación económica de las Fuerzas Armadas no es de hoy.
Justamente, hace un año, el Gobierno de la República, para disipar la inquietud que existía en esas instituciones, se vio obligado a hacer una reestructuración de su gabinete e incorporó en él a un miembro de las Fuerzas Armadas a la vez que hizo aprobar rápidamente, en la ley de reajuste del año pasado, las facultades extraordinarias que logró obtener con su mayoría parlamentaria. O sea, tuvo con esas facultades todas las posibilidades para no exponer el desarrollo normal de la República, como ha ocurrido con los hechos acaecidos hace muy pocos días y que tuvieron repercusión nacional e internacional, porque hacía muchos años que en la historia de nuestra República no se registraba un acontecimiento tan extraordinario que, naturalmente ha tenido que alarmar profundamente al Presidente de la República da dos los principios democráticos que sustenta.
Por eso, creo que nosotros tenemos razón. Y permítame, señor Ministro, que yo insista en responsabilizarlo de estas dificultades que ha tenido la República. Y también lo responsabilizo porque este proyecto, con el cual ha llegado para calmar la inquietud de las Fuerzas Armadas, no refleja un estudio serio. Y la prueba de ello está en el hecho de que, al ser interpelado por nosotros -pues la realidad es que él llegó a la Comisión en forma muy cauta- incluso nos invitó a plantear la necesidad de sesiones de carácter secreto. Yo le recordé que todos esos hechos ya no son un secreto en esta República, pues se trataba, como lo establece el proyecto, de dar un financiamiento a un sector gremial de la República, como son las Fuerzas Armadas. Ese era todo el problema. Y recordamos también, que, haciendo uso de esta misma estratagema, el señor Ministro de Minería, cuando discutimos el proyecto dé nacionalización del cobre, nos habló de la conveniencia de celebrar sesión secreta. Y pedimos todo el tiempo, hasta que se nos copó el que teníamos para discutir este proyecto, a consecuencia de esta medida pedida por el señor Ministro de Minería. Yo no lo comentaría y ustedes no debían comentarlo tampoco, porque la irresponsabilidad de ustedes permitió que este proyecto fuera aprobado en la Comisión de Minería en forma rápida, lo que no deseaban los grandes sectores nacionales.
Esto es conveniente dejarlo aclarado en esta sesión. Cuando nosotros le preguntamos -y todavía estamos preguntándoselo- al señor Ministro de Hacienda cuáles eran los porcentajes de reajuste que se van a dar a las Fuerzas Armadas, el señor Ministro nos dio siempre esta explicación: "El problema es muy complejo". Y esto lo acaba de repetir el señor Diputado informante: "Efectivamente, es complejo". Pero, ¿es la primera vez...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
¡Escúcheme, colega!
¿Es la primera vez que se dicta una ley sobre mejoramiento económico de las Fuerzas Armadas en esta República? ¿No ha dictado leyes el Gobierno? ¿No hemos dictado leyes en la administración del PresidenteFrei, estableciendo las rentas de cada grado? Todas las asignaciones especiales tienen que partir de un sueldo base. Esto es lo que le preguntábamos al señor Ministro de Hacienda. Y hasta el día de hoy, hasta este momento, no nos ha dado una explicación sobre la materia. De tal manera que nosotros estamos legislando en la creencia de que las Fuerzas Armadas saben cuál va a ser su reajuste, ¿no es así?
Discutiendo el artículo 1° del proyecto inicial del Gobierno, hemos tenido que señalarle a éste la inconveniencia de que en la primera parte de este artículo hablara de concederle facultades para modificar las remuneraciones y los retiros. Esto significaba, lisa y llanamente, que el Presidente de la República con el señor Ministro de Hacienda, con el señor Ministro de Defensa Nacional o con el señor Ministro del Interior, según el caso, quedaba facultado para modificar el sistema de retiro de los actuales funcionarios. Y como conocemos el criterio del Gobierno en materias previsionales, tantas veces manifestado, podría ocurrir que se estableciera para las Fuerzas Armadas en el sentido de que los militares deben jubilar a los 65 años de edad, como es el caso de los pensionados de la ley del Servicio de Seguro Social. Esta es la facultad que había que darle al Presidente de la República...
El señor HUEPE.-
No es así.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Es lo que dice aquí respecto de remuneraciones y retiro.
El señor HUEPE.-
Ese no era el caso.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Además de esto, no daba garantía alguna respecto del sistema para reajustar pensiones; porque, como efecto del aumento de las Fuerzas Armadas en sus distintos grados, los jubilados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, incuestionablemente, deben tener este reajuste.
En este proyecto tan improvisado del Gobierno, no se establecía ninguna garantía, porque sólo se limitaba a decir: "La aplicación de los incisos anteriores no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones y pensiones". Bastaba con que el decreto con fuerza de ley dijera que se mantienen las pensiones de los actuales pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros y se cumplía esta facultad extraordinaria pedida por el Gobierno de la República.
Por eso, los representantes de los partidos populares, especialmente, tuvimos que exigirle al señor Ministro la modificación de esta disposición, consultando, para ello, algunas disposiciones nuevas. En todo caso, al establecerse, en los dos primeros incisos nuevos, del artículo 1º, facultades extraordinarias para Su Excelencia el Presidente de la República, tuvimos que votarlas en contra en la Comisión; y en contra lo haremos también en la Sala, después de dar nuestra aprobación a la idea de legislar. Es necesario reajustar los sueldos tan deteriorados de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, al cual se ha asimilado el personal de Investigaciones. Con el objeto de dejar perfectamente garantizada la situación de los jubilados, presentamos una indicación según la cual* la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Caja de Previsión de los Carabineros, que son las que pagan estas pensiones, tendrían la obligación de cubrir estos reajustes de sus pensiones, en relación con el nuevo sueldo de las Fuerzas Armadas, dentro del año 1970. Esta era nuestra intención, ya que no se trata de privarlos del reajuste que les va a corresponder como consecuencia de la nueva ley de reajustes para los sectores privado y público que se dictará el próximo año, de acuerdo con el alza del costo de la vida del presente año.
La idea del señor Ministro de Hacienda era pagar en una o en más etapas; podía perfectamente haber pagado una etapa en 1970 y la otra en cualquier año futuro. No había ningún plazo, porque sólo se establecían los períodos. Nosotros logramos que, por lo menos, se fijaran las etapas aunque hicimos presente que no estamos de acuerdo con que el pago de las diferencias de pensiones, para los actuales pensionados de estas instituciones, se efectúe en etapas, durante los años 70, 71 y 72. Pero tal salvedad la planteamos después de dejar perfectamente garantido a este sector tan importante. Como el Diputado informante, que, en esta oportunidad, es un Diputado de Gobierno, el señor Maira, constituye una especie de juez, cabe dejar establecido que el sistema de financiamiento propuesto por el Gobierno era un claro atentado contra los sectores más necesitados, como lo ha dicho también el colega Espinoza, don Gerardo, del Partido Socialista.
El alza de las tasas de impuestos sobre la compraventa los afectará aunque el señor Ministro de Hacienda lo niegue y esto lo repitan los Diputados de la Democracia Cristiana; por ejemplo, el obrero, el asalariado que va a comprar un receptor de radio se va a encontrar con que tiene que pagar más impuestos. Los colegas democratacristianos piensan que los radios los compran las personas con mucho dinero. No es así. Los obreros tienen los mejores radios. Los que están comprando hoy día son los trabajadores, movidos por este afán de cultura, que ha llegado hasta el pueblo, de tener en su casa este medio de información permanente, ya que carecen de los medios necesarios para comprar la prensa todos los días. Esta alza repercutirá en este sector, como también el aumento de las contribuciones de bienes raíces, como lo dijo ya un colega. Cualquier propiedad, hoy día, tiene un valor superior al monto de la exención, pues la ley sólo opera en el caso de una propiedad cuyo avalúo no pase más allá de 11 millones.
Hemos formulado indicación para aumentar esta exención. Presentamos indicación para que del gran ingreso de recursos provenientes del cobre -esto fue aprobado en las Comisiones Unidas- el Presidente de la República pueda hacer uso de cien millones de escudos, con el objeto de ayudar al financiamiento. Esto es lo que hemos hecho los Diputados de la Oposición frente a una materia tan importante, fuera de asegurar la situación de los pensionados y la de las montepiadas de las dos ramas de las Fuerzas Armadas y también las del sector de Investigaciones. En todo caso, hemos tratado de establecer, como lo dijo el señor Maira, una disposición por la cual el beneficio sea entregado al personal de mando medio de los distintos sectores de las Fuerzas Armadas, pues comprendemos que en ellos está el problema más grave.
El señor Ministro de Hacienda está considerando este problema desde que un uniformado se incorporó, hace ya un año y medio, al Gabinete de Su Excelencia el Presidente de la República; y sólo porque surgió este gran problema, tan difícil, tan extraordinario y tan denigrante para nuestra República, es que ha hecho un estudio apresurado. Relevo de toda responsabilidad al actual Ministro de Defensa, señor Sergio Ossa, que ha llegado sólo ayer a hacerse cargo de este problema. Pero no así al señor Ministro de Hacienda, quien debe aceptar su responsabilidad, porque él debió llegar con un proyecto, con una ley dirigida. Sabe que Su Excelencia el Presidente de la República siempre encuentra dificultades en esta materia, porque el señor Frei hace lo del Cura Gatica: "Predica, pero no practica". Mientras fue parlamentario, prendió la idea de que al Presidente de la República no puede dársele ningún tipo de facultades: "Para eso está la Constitución Política y está el Congreso Nacional, donde deben estudiarse los problemas." Ahora le toca practicar; pero el Primer Mandatario no es consecuente con lo que pensaba antes. Casi toda la legislación que hemos dictado durante el Gobierno del Presidente señor Frei ha sido fundada siempre en la idea de otorgar facultades extraordinarias. No sé si las desea para establecer sus sólidos conocimientos en toda clase de materias; pero quiero recordar una idea legislativa. Cuando se creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, trajo al Congreso Nacional un proyecto de facultades extraordinarias. Como había ochenta y tantos Diputados democratacristianos, fue aprobado, incuestionablemente, en las Comisiones y en la Sala. Después, el Senado de la República lo devolvió modificado artículo por artículo, con un concepto muy hiriente para nosotros; muy poco dignificante para nosotros, diría yo, porque en el oficio decía que "cambiaba" el proyecto enviado por la Cámara de Diputados. Lo más curioso es que el Ministro de Obras Públicas y Transportes de ese tiempo, el señor Collados, agradeció al Senado de la República haberle ayudado a dictar una ley directa, que era lo que nosotros pedíamos.
El señor SANHUEZA.-
Por eso hay que modificarla.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Ahora, señor Presidente, enaste problema tan difícil, se nos quiere privar a los parlamentarios y se nos ha privado en el hecho de responsabilidad; porque con la concomitancia y los votos del Partido Nacional...
El señor PHILLIPS.
¡A ver, a ver, a ver...!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
...se han aprobado los incisos primero y segundo del artículo 1º, para darle facultades extraordinarias al Presidente de la República.
El señor PHILLIPS.-
Los votamos en contra, señor Diputado.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Yo reconozco que se hicieron las salvedades del caso; pero, en el hecho, los votos que se entregarán acá y, seguramente, los que se entregarán en el Senado...
El señor PHILLIPS.-
Eso está por verse.
El señor FUENTES (don Samuel).-
...permitirán que Su Excelencia el Presidente de la República, el señor Ministro de Hacienda, el señor Ministro de Defensa, el señor Ministro del Interior,...
El señor MATURANA.-
¡Rojas, no!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
...queden facultados para establecer los grados en las Fuerzas Armadas, desde los sueldos de los señores generales hasta el último soldado de la República, o hasta el último carabinero de la República.
Según el Ejecutivo, nosotros no tenemos capacidad para ello. Yo me libero de tal responsabilidad, y digo que el que no ha tenido capacidad o entereza suficiente es el señor Ministro de Hacienda, quien debió traernos al Parlamento un proyecto concreto, para que el pueblo y Chile sepan que la Cámara de Diputados ha aprobado una ley que establece rentas bases para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como corresponde en un Parlamento que, hasta este momento, no está privado de legislar en cuanto a remuneraciones.
Por eso creo que la actitud de los partidos populares, ayer, hoy y siempre, no puede ser otra; y que si, a nosotros, el pueblo nos da su representación en el Parlamento de Chile, es para que cumplamos con nuestra obligación de legislar.
Nadie puede desconocer la capacidad de todos los señores Diputados. Es él señor Ministro de Hacienda quien nos hace pecar, porque nos obliga a que no podamos resolver este problema y a que las Fuerzas Armadas no sepan todavía -con lo cual se puede comprometer quizás qué situaciones más adelante- cuál va a ser su reajuste. Saben que los parlamentarios de Oposición les hemos entregado 135 ó más millones de escudos para ayudar al financiamiento de su ley de reajuste. Eso es lo único que saben. Porque el señor Ministro, cuando le pedimos que nos diera a conocer el petitorio de las Fuerzas Armadas, tuvo para con nosotros una actitud que no podemos elogiar mucho
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Es un secreto lo que se dijo en la Comisión...
El señor FUENTES (don Samuel).-
¡No hay ningún secreto...!
El señor CERDA (don Eduardo).-
¡Cómo no va a ser secreto!
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Fuentes, el señor Ministro de Hacienda le solicita una interrupción.
El señor FUENTES (don Samuel).-
No, porque dispongo de poco tiempo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Fuentes no desea ser interrumpido.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Y para terminar, hasta el momento, el señor Ministro de Hacienda no ha entregado ninguna pauta sobre el posible reajuste para las Fuerzas Armadas...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
No es la primera vez que se ha legislado en este Congreso Nacional, sobre plantas, grados y sueldos bases de las Fuerzas Armadas.
El señor CERDA (don Eduardo).-
¡Es materia de sesión secreta!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡ Señor Fuentes...!
Varios señores DIPUTADOS.-
Que se refiera a la materia en debate!
El señor CERDA (don Eduardo).-
No puede plantear aquí, en sesión pública, esa materia!
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Fuentes, don Samuel, ruego a Su Señoría ceñirse a lo que dice el Reglamento.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Que quede constancia en la versión que he pedido que se constituya la Sala en sesión secreta, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
La Mesa tomará nota de lo expresado por Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Bien, señor Presidente; yo sólo quería dejar expresa constancia de nuestra extrañeza y asombro ante la actitud del señor Ministro de no señalarnos aquí la forma cómo realmente se van a reajustar las rentas de los uniformados, y de que la única garantía que tiene este sector es la disposición que nosotros hemos establecido, cual es que el reajuste de sueldos vaya a favorecer a los sectores más postergados, a los sectores medios de las Fuerzas Armadas, que son los más y los que viven en una situación mucho más difícil.
Termino dejando establecido que nuestra actitud en cuanto a la votación en la Sala será la misma que tuvimos en el seno de la Comisión.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra la señorita Graciela Lacoste.
La señorita LACOSTE.- Señor Presidente, yo deseo preguntar al Diputado informante en qué condiciones quedaron los montepíos y cuándo y cómo se van a pagar.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Maira.
El señor MAIRA.-
Quiero manifestar, en cuanto a la pregunta formulada por la Honorable señorita Lacoste, que la disposición está expresamente considerada en el proyecto. Fue una indicación complementaria, acogida por la Comisión, la que permitió hacer referencia expresa a la situación que consulta nuestra colega. En el artículo 1º, Nº 1º, se expresa, en relación a los montepíos, que "el ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución...". Más adelante, en el artículo 15, se manifiesta que "los beneficios económicos que, en uso de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo".
De modo que, si bien la Comisión siempre consideró que, por la naturaleza de la estructura de la carrera militar, existía una directa interrelación entre las funciones del personal en servicio activo y los retirados y no era necesario dejar constancia expresa, porque de todas maneras era aplicable esta disposición, a mayor abundamiento, se incluyó, finalmente, la idea que propuso nuestro colega señor Espinoza. Y el artículo 15 actual deja expresa constancia de la aplicación de todos estos beneficios al sector de montepiadas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar la señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.- Muy bien; muchas gracias, señor Maira. Voy a presentar una indicación para complementar la idea y asegurar este pago, porque la disposición me parece muy interesante.
Nada más.
El señor SEÑORET.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEÑORET.-
Señor Presidente, como han expresado los demás colegas, el informe que nos ha proporcionado el Diputado informante señor Maira ha sido sumamente completo, y refleja fielmente, enriquecido en sus comentarios, lo tratado en la Comisión respectiva.
Yo creo que todos los señores parlamentarios habrían deseado indudablemente que el procedimiento hubiera sido en este caso el estudio por el Parlamento de un proyecto de articulado. Sin embargo, conscientes de que, por las circunstancias especiales existentes, se requería un procedimiento rápido y urgente, han permitido que este proyecto, que se presentaba exclusivamente como una facultad entregada a Su Excelencia el Presidente de la República para que él pudiera desenvolverse, de acuerdo con las realidades, frente al reajuste para las Fuerzas Armadas, se ha transformado, como ha dicho el señor Maira, en una especie de facultad normativa, ya que, si bien es cierto, se entregan facultades al Ejecutivo, se señala la norma sobre la forma en que ellas deben ser aplicadas.
Los Diputados que concurrimos a la Comisión, en especial, los que no somos miembros de ella, tuvimos pocos antecedentes para poder juzgar cómo se va a entregar definitivamente este reajuste; pero, por lo menos, aquí se ha dejado establecido cuáles son los más favorecidos y en qué forma se tratará de hacer justicia y de ayudar en forma más racionalizada al sector de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Por esa razón, aun cuando nunca hemos sido partidarios de entregar al Ejecutivo facultades en materias privativas del Congreso, consideramos que existen, como he dicho, circunstancias extraordinarias, seguramente han sido ponderadas por muchos señores parlamentarios que, como el que habla, no estarían de acuerdo en otorgarlas, que nos obligan, sin embargo, en esta oportunidad, a considerar absolutamente necesario entregarle esta autorización.
Sin embargo, deseo hacer algunos comentarios en relación con esta materia.
En primer lugar, nosotros habríamos sido partidarios de que cualquier reajuste hubiera sido hecho sobre los sueldos bases, porque nos parece una incongruencia que el grado más alto de las Fuerzas Armadas y Carabineros tenga como sueldo base 1.096 escudos, como se ha señalado, y que la renta total en los institutos armados tenga que irse conformando con quinquenios, asignaciones, etcétera, según los porcentajes que en cada ocasión se han ido otorgando. Hemos conocido, incluso con suma sorpresa, las remuneraciones que perciben los altos jefes de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, tengo a Ja vista las rentas del Cuerpo de Carabineros. En el caso del General Director, su remuneración total alcanza a 5.202 escudos, sumando todas las asignaciones. Sin embargo, con los descuentos legales, percibe una renta líquida de 3.244 escudos. Esto, en realidad, para los que no lo sabíamos, es una cosa sorprendente. El personal a contrata, que es el personal de tropa de la institución tiene un sueldo líquido, hechas las deducciones legales, de 424 escudos. En consecuencia, ¿cómo no va ser de toda justicia que en este momento trate de .remediarse, siquiera en parte, esta situación?
He señalado estas cifras, porque algunos posiblemente pueden estar pensando que obramos en este caso influidos por la circunstancia de que se trata de las Fuerzas Armadas y Carabineros. No es así, porque, ante cualquier proyecto de mejoramiento de remuneraciones del sector público, semifiscal o privado, de los trabajadores en general, estamos dispuestos a conceder nuestros votos afirmativos, con el fin de ir mejorando la situación de todos los sectores que en este momento se ven sumamente perjudicados porque desde hace muchos años los aumentos no han estado acordes con la verdadera alza que ha experimentado el costo de la vida.
También deseo hacer presente que, si bien se encuentran perjudicados económicamente los sectores activos, en este caso, los de las instituciones armadas, de Carabineros, de Investigaciones, etcétera, mucho más lo están los sectores pasivos, porque no gozan de una serie de asignaciones que sólo favorecen a los activos. Mucho más deteriorada, entonces, es su situación.
Digo esto porque, cuando el señor Ministro de Hacienda llegó al Congreso a solicitar la aprobación del proyecto que le otorga al Ejecutivo facultades para conceder un mejoramiento económico a las Fuerzas Armadas, traía un financiamiento extraordinario que le permitía otorgar un reajuste superior al alza experimentada por el costo de la vida en el presente año. Y, por eso, se llegó a la conclusión, como nos ha informado la Comisión, de que éste será un reajuste de carácter especial, sin perjuicio de los reajustes legales ordinarios que se otorguen a todos los trabajadores. Como decía el señor Ministro de Hacienda traía un proyecto con un financiamiento que alcanzaba, me parece, a Eº 236.000.000. El expresó que esa cantidad no sería suficiente para cubrir el reajuste para las Fuerzas Armadas, Carabineros, etcétera, que se necesitaba mucho más; pero que, consciente de esa situación, pensaba consultar, lo que es lógico, en el Presupuesto ordinario de la Nación lo que faltara para cubrir el déficit. Yo lo considero lógico, porque si el Presupuesto, se ve incrementado de año en año con mayores ingresos, indudablemente también tiene que cubrir los nuevos gastos que demanda la Administración. Por eso, me pareció bien que el saldo lo pensara cubrir con el Presupuesto ordinario de la Nación.
Pero, la Cámara en general -porque en esto, tengo entendido, participaron señores parlamentarios de todos los sectores, tratando de enriquecer la idea propuesta en cuanto al financiamiento, de hacerla más positiva- buscó nuevas fuentes de recursos, que hicieron llegar este posible financiamiento a una cantidad cercana a los 500 millones en lugar de los 236 millones de escudos. Y ustedes dirán: ¿a qué viene esta argumentación? Ella es procedente, porque el señor Ministro de Hacienda había pensado recurrir al Presupuesto ordinario para cubrir el saldo que le faltaba para financiar el reajuste de las fuerzas activas. Pero, como ahora se le ha dado este financiamiento adicional, creo que podría disponer los recursos del Presupuesto ordinario para favorecer a los jubilados. En este caso, habría una solución, porque podría incluir dentro del Presupuesto el pago de los jubilados, y es lo que propongo, señor Presidente. Todos estamos conscientes de que, si el pago se realiza en tres etapas, los jubilados no van a recibir oportunamente su dinero, cuando lo necesiten. Además, lo van a recibir en forma muy deteriorada en los años sucesivos, ya que no van a tener la compensación por el alza del costo de la vida. Por ello, hago esta proposición, y les pido a mis estimados colegas que la consideren seria y no de carácter demagógico. Yo creo que, si en el Presupuesto de la Nación de este año se consulta este gasto, indudablemente que tendrá que ser a costa de algunos sacrificios y de economías en otros rubros. Pero creo que es posible, señor Presidente.
Finalmente, solicito de los colegas la comprensión necesaria para modificar el artículo 3º, que grava a todas las compañías de seguros. Pero algunas de éstas, como la Mutualidad de Carabineros y la de las Fuerzas Armadas, no persiguen fines de lucro. Sus ganancias o excedentes se reparten entre los mismos cooperados, o sea, favorecen a los personales de dichas institucionales, a los jubilados y montepiadas de las mismas.
En consecuencia, y ya que estamos actuando en favor de este sector, haríamos bien en exceptuar a estas dos mutualidades que no persiguen fines de lucro y que benefician, precisamente, a los jubilados y montepiadas de la institución. Dicha exención reduciría en mínima parte los ingresos calculados por este concepto.
Por eso, me dirijo, incluso, al señor Ministro de Hacienda que creo que encontrará razonable este planeamiento.
Señor Presidente, podría formular algunas otras observaciones, pero no lo voy a hacer, porque preferimos reservarnos el tiempo necesario para intervenir en la discusión particular. En esa oportunidad vamos a dar nuestra opinión concreta frente a dichas materias. Pero deseaba explicar ante todos mis colegas, cuyas opiniones, en general; me merecen mucho respeto, cuáles son las razones por las cuales nosotros, aún cuando no somos partidarios -seguramente, como otros sectores del Parlamento- de otorgar facultades extraordinarias, en este caso, vamos a votar favorablemente este proyecto, en general y en particular. Lo haremos así porque sabemos que es absolutamente necesario para que las Fuerzas Armadas puedan verse verdaderamente favorecidas.
Nada más, señor Presidente.
El señor AGUILERA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-
Señor Presidente, quiero recordar un hecho, en especial a los parlamentarios que pertenecían a la Cámara el período pasado. El señor Ministro del Interior, en aquel entonces don Bernardo Leighton, concurrió a esta Corporación a defender, en nombre del Gobierno, un proyecto que autorizaba la creación de 1.070 nuevas plazas de carabineros. En aquella oportunidad, los socialistas planteamos una idea que hemos propiciado desde hace muchos años, y que esta tarde queremos reiterar, para que los actuales Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda la consideren, porque si ellos la desechan más adelante otro Gobierno la acogerá.
Señor Presidente, todos los sectores de la Cámara siempre hemos aceptado que a las Fuerzas Armadas y a Carabineros se les concedan las remuneraciones que les corresponde, de acuerdo con su nivel profesional; pero a todos se les ha olvidado regularizar la jornada de trabajo en éstas instituciones. Actualmente, ni en Carabineros de Chile, ni en las Fuerzas Armadas, existe un horario limitado. El campesino ha conquistado las ocho horas de trabajo; se terminó el trabajo de sol a sol; pero el carabinero trabaja 12, 14, 16 y 20 horas. Esto tiene que terminar.
El señor PALESTRO.-
Pero no para el Grupo Móvil. Se instalan todo el día sentados en los micros.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor AGUILERA.-
Se debe fijar el horario de ocho horas diarias para Carabineros y Fuerzas Armadas. Además, todos estos personales de las Fuerzas Armadas, los marinos, los soldados y los carabineros, en especial aquellos que están en la frontera, hacen servicio nocturno desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. En todos los servicios públicos, a los funcionarios se les paga por el servicio nocturno; a aquellos personales no.
Los socialistas hemos aportado algunas ideas con el fin de contribuir al financiamiento de este proyecto, pero como no queremos que se retrase su despacho, hemos presentado el siguiente proyecto de ley para que el señor Ministro de Defensa Nacional lo pueda considerar más adelante. Dice: "Artículo 1º.- El Presidente de la República deberá estudiar, dentro del plazo de 90 días, contado desde la publicación de la presente ley" -que seguramente se va a estudiar en las Comisiones- "el financiamiento necesario para pagar los servicios nocturnos que presten los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Prisiones.
"La forma de proceder a estos pagos será la misma que se emplea en los demás servicios de la Administración Pública.
"Artículo 2º.- A las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Prisiones, les será fijado un horario de trabajo semejante al que tienen los demás servicios de la Administración del Estado".
Señor Presidente, el propósito de este proyecto es que termine el exceso de trabajo de esta gente. Si el marino, el soldado, el carabinero trabajan más de 8, 10 12 horas, se les debe pagar sus servicios extraordinarios. Yo quiero recordar que no hace mucho en Estados Unidos hubo una huelga de la policía. En ese país capitalista se declararon en huelga porque los hacían trabajar 12 horas. Ellos paralizaron para que el Gobierno les rebajara la jornada a 10 horas de trabajo, y lo consiguieron. Pero aquí los carabineros no tienen una legislación en ese sentido. He querido formular estas observaciones para la historia de esta ley, porque siempre hemos sostenido que debe regularse esta situación.
El señor PALESTRO.-
¡Menos el Grupo Móvil y la Policía Política!
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Señor Presidente, nosotros queremos intervenir en esta discusión, tomando en cuenta que el proyecto en debate tiene una extraordinaria importancia...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
...Tenemos plena conciencia de que la Cámara está tratando un proyecto que es de trascendental importancia para las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Con ello, no queremos desmerecer a otros sectores de la Administración Pública, como el personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, de Ferrocarriles, del Ministerio de Educación, de Correos y Telégrafos, del Registro civil, etcétera. También ellos reciben bajas remuneraciones. Es evidente que el personal uniformado del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de Carabineros, goza no sólo en el país sino que también en el extranjero de un prestigio muy merecido. De manera que no queremos que se diga que estamos aprovechando la discusión de este proyecto de ley para hacer un análisis político que venga a rebajar el debate. Pero, de todas maneras, no podemos sustraernos a la necesidad de hacer presente que la culpa de todo lo que ha pasado, de las horas de inquietud que vivió el país hace algunos días, la culpa de las bajas remuneraciones que reciben estos personales, es exclusivamente del Gobierno actual y de sus Ministros. Hace más de un año que los Ministros del ramo conocen las inquietudes de las Fuerzas Armadas, y, sin embargo, sus problemas no se han solucionado, a pesar de las promesas formuladas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Quiero recoger las expresiones que han estado lanzando los Diputados de la Democracia Cristiana.
¿Cuándo las Fuerzas Armadas habían estado tan mal representadas? El Ministro de Defensa tuvo que renunciar, precisamente, accediendo a las peticiones que en mala forma -hay que decirlo- se le hicieron al Presidente de la República. ¡Y para qué hablar del Comandante en Jefe del Ejército!
Los señores Diputados leyeron en la prensa sus declaraciones en que se refería muy mal de un General de la República que estaba detenido e incomunicado. Con una cobardía extraordinaria se refirió a este General, que no podía defenderse. Esta actitud no es digna de gente que ha ocupado tan altos cargos. Esas declaraciones de prensa, que fueron hirientes para este General y que, afortunadamente, fueron contestadas por su señora, demuestran lo mal que se estaba portando y lo mal que lleva el uniforme del Ejército.
Creo que la culpa la tiene el Gobierno, principalmente el Ministro de Hacienda, el cual siempre ha sido tan duro, tan inflexible para atender las peticiones que le están formulando constantemente los gremios y los sectores de bajos ingresos.
En general, el señor Ministro de Hacienda nunca ha atendido con la buena voluntad que se necesita a esta gente, para dar satisfacción a sus peticiones.
Creemos necesario analizar también, aunque sea brevemente, el momento económico que vive el país, porque todo esto es consecuencia del fracaso económico de este Gobierno de la Democracia Cristiana. Y este fracaso económico se está demostrando en los diferentes índices calculados a base de los estudios que realizan los organismos encargados de ellos.
El señor MONARES.-
Léalos.
El señor FUENTE ALBA ( don Clemente).-
Ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha bajado, en estos últimos años, el ingreso nacional, principalmente el ingreso "per cápita", que en el año 1947 tuvo un descenso de 0,4%.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Ahí está el informe de ODEPLAN, Oficina de Planificación Nacional, dependiente de la Presidencia de la República.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Ahí está el informe, que dice que en 1968 el ingreso "per cápita" varió sólo en 0,6%, en forma positiva.
El señor PENNA.-
Eso no es exacto.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Tendría que discutirlo precisamente con los técnicos que han elaborado estos informes.
De la misma manera como el desarrollo de un país exige que se aumente el ingreso nacional; de la misma manera como creemos que el promedio del ingreso nacional debe aumentar, de año en año, en forma permanente y sostenida, de la misma manera, también, es necesario que los sueldos y salarios se vayan reajustando de acuerdo con el alza del costo de la vida.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).-
Y de acuerdo con el alza del costo de la vida, vemos cómo se ha disminuido el poder adquisitivo de la gente que vive de un salario o un sueldo.
En el año 1968, el alza del costo de la vida fue de un 27,9% y sólo se otorgó al sector público sólo un 20% de reajuste. En 1967 el costo de la vida subió en un 21,9% y se fijó para los empleados públicos un reajuste fraccionado de 12,5% en dinero y un 7,5% en los llamados "chiribonos", para el año 1968. Se trata de que, precisamente, la política fracasada del Gobierno de la Democracia Cristiana ha dado margen a todas estas situaciones.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor HUEPE.-
La balanza de pagos es favorable.
El señor FUENTE ALBA ( don Clemente).-
¿Qué sacamos, señor Huepe, con que la balanza de pagos acuse un saldo favorable, cuando, como lo ha expresado el propio señor Ministro de Hacienda, no halla qué hacer con la cantidad de dólares que le están sobrando?
Ahora se trata de solucionar el problema de más o menos 135 mil personas, 67 ó 68 mil activas y otro número equivalente de pasivas, cuyo mantenimiento le cuesta al país alrededor de 1.800 millones de escudos. Se trata, precisamente, de arreglar la situación de esta gente que en este último tiempo ha sido postergada.
Nosotros no queremos declarar aquí, desde luego, que estamos de acuerdo con estos movimientos militares, con estas asonadas, porque hemos demostrado nuestra posición contraria a ellos. No aceptamos un levantamiento como el que se realizó el 21 de octubre; pero resulta que el Gobierno, que decía tener toda la situación ya arreglada, que tenía el proyecto estudiado, listo para mandarlo al Congreso el día martes 21, según lo manifestó el propio Comandante en Jefe del Ejército en una declaración pública, no lo envió porque sucedieron estos hechos. Pero la verdad no es ésa; no estaba listo el proyecto, porque ahora nos encontramos, desde luego, con que no se ha estudiado nada, sólo se nos ha presentado, en los artículos 1° y 2º del proyecto, una delegación de facultades para que el Presidente de la República pueda fijar los sueldos de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. No se dice en el proyecto que hemos recibido, cómo se van a aplicar estos mejoramientos. Pensamos que no es necesario que se nos den todos los detalles; pero creemos que se deben algunas consideraciones al Congreso, para que se le den a conocer los criterios que se van a adoptar en las diferentes escalas de sueldos.
Se ha dicho, por ejemplo, que es muy complejo el sistema de pago de quinquenios, bonificaciones y asignaciones que tiene el Ejército; pero yo pregunto, en el caso de los profesores, del personal del Servicio Nacional de Salud y de las otras reparticiones públicas: ¿No vemos también planillas tan complicadas como éstas, y nunca se les ha ocurrido a aquellos personales decir que no tienen solución sus problemas de remuneraciones?
Creo que, indudablemente, es necesario simplificar esto, pero ello no obsta para que no se nos haya entregado un proyecto con más detalles.
Resulta que se ha apurado la tramitación de este proyecto; pero hay un artículo que expresa que va a empezar a regir desde enero de 1970. Entonces, indudablemente, quedaba tiempo suficiente para estudiarlo en debida forma. Ya lo hemos dicho aquí: nosotros vamos a apoyar la aceleración del trámite en la Cámara y también en el Senado. Vamos a apurar el despacho de este proyecto, y no será a causa de los partidos populares que este proyecto vaya a quedar atascado.
Desde luego, no podemos aceptar el otorgamiento de estas facultades. Por eso, votamos en la Comisión y votaremos aquí en contra de los artículos en que se conceden facultades especiales al Presidente de la República.
Quiero, señor Presidente, analizar, aunque sea en forma breve, algunos artículos del proyecto, porque hemos presentado, en conjunto con los partidos Comunista y Socialista, algunas indicaciones que tienden, indudablemente, a mejorar esta idea legislativa. Es así como, en el artículo 1º, desde luego, establecemos que el aumento de las pensiones deberá hacerse en el plazo de 3 años. Pero ahora que hemos pensado y analizado bien este problema, queremos expresar que este número del artículo 1º no lo vamos a aceptar, porque creemos que el reajuste de las pensiones correspondiente al personal pasivo también debe pagarse en el año 1970.
En el inciso primero del artículo 3° los partidos Comunista, Socialista y Radical presentaron una indicación que, indudablemente, mejoró mucho este proyecto. Esta disposición permitía a los bancos reajustar las utilidades de acuerdo con el porcentaje de la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1969. Tampoco se dejó a las compañías de seguros. Indudablemente que, al suprimir este reajuste, mejoró ostensiblemente este artículo.
En lo que respecta al artículo 4º, que establece un recargo de un 10% para el monto de las contribuciones giradas para el año 1970, nosotros hemos presentado indicación para que solamente puedan ser gravados con este 10 % los bienes y las propiedades con un avalúo superior a 40 mil escudos.
Habíamos presentado una indicación con el objeto de que el Presidente de la República pueda disponer de 100 millones de escudos provenientes del mayor precio del cobre. El señor Maira expresó que esta disposición tenía que aclararse. La verdad es que nosotros pensamos que, cuando las compañías extranjeras estuvieron gozando, hasta hace unos pocos días, de este mayor precio del cobre en una cantidad muy superior, lógicamente que esto no significaría una dificultad, sobre todo si se considera que 100 millones de escudos significan algo así como 8 ó 9 millones de dólares.
Hemos dicho, en repetidas ocasiones, que la variación de un centavo de dólar en el precio de cada libra de cobre, para el Fisco representan estos 8 ó 9 millones de dólares; de tal manera que lo que se está pidiendo para financiar este proyecto es la diferencia de un solo centavo de dólar por libra de cobre.
Nosotros habíamos presentado esta indicación con el objeto de que, en el artículo 6º, se eliminara el Nº 1 y el Nº 2, que grava a los restoranes, porque consideramos que este impuesto está gravando a la gente más modesta. Consideramos también que debería eliminarse el Nº 2.
Con respecto al artículo 9°, cuando el señor Diputado informante estaba dando cuenta del proyecto, se abrió un debate y todos los Diputados adujeron razones muy especiales para suprimir este artículo.
La verdad es que es necesario reconsiderar este artículo para suprimirlo.
El único país que admite a los turistas extranjeros, sin necesidad de visación de los pasajes, es Chile. Y este Gobierno formó los Consejos Regionales de Turismo. E indudablemente, cuando se toman medidas que pueden ser aplicadas a los que salen del país, recíprocamente también los países vecinos pueden tomar medidas en contra de nosotros.
Por eso, nosotros queremos, en esta ocasión, que este artículo se elimine, y lo vamos a votar en forma negativa en su parte correspondiente. La diligencia "con que este proyecto se trató en la Cámara no nos permitió percatarnos bien de la gravedad de este problema.
Señor Presidente, se decía denantes que nosotros habíamos tratado este proyecto en la Comisión de Hacienda en forma muy rápida. Así fue efectivamente. Pero nosotros consideramos que, aquí en la Sala y en el Senado, vamos a hacerle las indicaciones que sean necesarias, con el objeto de que sea despachado a la brevedad posible.
El Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical se han puesto de acuerdo para que este proyecto sea despachado lo más pronto posible y las indicaciones las hemos presentado y están en poder del señor Presidente de la Cámara.
He terminado.
El señor KLEIN.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.-
Señor Presidente, concuerdo planamente con las razones que se han dado para suprimir el artículo 9º, porque puede ocurrir que los países vecinos, en represalia, apliquen un sistema parecido, con lo que el juego de la integración puede resultar al revés. Yo creo que con este impuesto a lo mejor no alcanza ni para reajustar a medio milico.
El señor PALESTRO.-
¿Cómo es eso?
El señor KLEIN.-
Estamos en una democracia. Se puede decir así.
Por eso, junto con otros colegas, he presentado indicación para eliminarlo, porque, como lo acaba de decir el señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra, ya se están organizando Consejos Regionales de Turismo para fomentar esta arma que realmente nos va a dar plata en el futuro. Es a través de una verdadera política turística como vamos a traer capital humano y capital material. Tenemos el ejemplo de otros países en el mundo. Y nuestro país ha recibido de la mano de Dios algo especial: la majestuosa cordillera de los Andes, sus volcanes y nuestros lagos en el sur. Por eso, hay que borrar el artículo 9º del mapa, para tranquilidad de nuestros vecinos y de nosotros mismos.
El señor PALESTRO.-
Si no lo borran del mapa, por lo menos que lo borren del proyecto.
El señor KLEIN.-
Espero que el señor Ministro de Hacienda no me tome mala barra por esta indicación.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente en general este proyecto de ley que la Cámara considera esta tarde, porque estamos conscientes de la imperiosa y urgente necesidad de mejorar notoriamente las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como las pensiones del personal en retiro, porque todas ellas están bastante deterioradas por las postergaciones sucesivas de que han sido objeto, tanto en el pasado como en el actual Gobierno.
Oportunamente expresamos nuestra opinión en el sentido de que hubiéramos preferido que el aumento que el Gobierno se propone otorgarle a las Fuerzas Armadas en esta oportunidad fuera conocido y discutido directamente por el Parlamento, para que cada partido hubiera opinado concretamente sobre tan importante materia.
No somos -hemos dicho- partidarios de entregar al Ejecutivo facultades especiales en un problema tan extraordinariamente delicado. Menos aún después de los días de zozobra que ha vivido el país y porque, además, tenemos presente la experiencia negativa de lo que ocurrió con las facultades amplias que el Congreso Nacional concedió al Presidente de la República el año pasado con el mismo fin y a raíz, precisamente, de la inquietud y malestar existente en las filas de las instituciones armadas, debido a sus bajas rentas y a otros problemas de carácter profesional no resueltos.
¿Qué ocurrió con dichas facultades? Que el Gobierno lo único que hizo con ellas fue dictar una serie de decretos, el más importante de los cuales fue el decreto con fuerza de ley Nº 1, que no constituyó en la práctica un intento serio de resolver, como correspondía, los problemas que aquejan al personal activo y pasivo de nuestras Fuerzas Armadas. El intento de solución fue mezquino, insuficiente, apenas un simple paliativo y, en muchos aspectos, complicó más la situación, con lo cual el malestar en las filas de las Fuerzas Armadas no sólo continuó, sino que se agudizó. Por esta razón, porque no tenemos confianza en que el Gobierno haya asimilado la lección, a pesar de lo ocurrido recientemente, nos negamos a entregarle nuevas facultades, como las ha solicitado, porque equivaldría a concederle una verdadera carta en blanco, que no sabemos cómo la va a utilizar.
El Ejecutivo, sin embargo, insiste en pedir nuevamente facultades, porque considera que es, a juicio de él, el único camino para resolver el complejo problema de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabinero y en retiro.
En el artículo 1º del proyecto que se presentó a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa, se solicitaba autorización para que el Presidente de la República, en un plazo de 30 días, procediera a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile.
Como se puede apreciar, señor Presidente, las facultades solicitadas eran extraordinariamente amplias y no establecían ninguna base concreta referente a las remuneraciones de estos servidores; no entregaban ningún indicio, ningún antecedente sobre el mejoramiento de sus remuneraciones, con el agravante de que ponían en peligro las conquistas previsionales. No aclaraban, tampoco, la situación en que quedaría el personal retirado.
Los comunistas señalamos en el seno de las Comisiones que de ninguna manera votaríamos favorablemente dichas facultades, que queríamos conocer lo que se daría a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y al personal retirado. Dijimos que no podíamos ni queríamos hacernos cómplices de una política de parches, cuyos resultados son funestísimos.
Por otra parte, el financiamiento propuesto en el proyecto es insuficiente y, en muchos aspectos, antipopular. Las conquistas provisionales no aparecen debidamente resguardadas.
Por último, no teníamos ninguna garantía que demostrara que el Gobierno había acogido las aspiraciones económicas y profesionales de los institutos armados. Tal vez si se hubiera tratado de facultades de carácter normativo, que establece claramente las bases económicas y provisionales sobre las cuales el Gobierno debía operar, habríamos entrado a considerarlas.
Queremos dejar establecido que no sólo es indispensable y urgente un sensible mejoramiento en las rentas de los servidores de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y del personal retirado, sino que también es imprescindible, paralelamente, incrementar sus sueldos bases, incorporando a ellos las asignaciones y bonificaciones, algunas de las cuales no son actualmente imponibles, como, por ejemplo, la bonificación profesional.
En el proyecto debe quedar muy claro, a nuestro juicio, la situación previsional y el mejoramiento que deben experimentar las pensiones del personal retirado. Además nos parece necesario que se establezca, de una vez por todas, un mecanismo especial que permita reajustar automáticamente las rentas de las Fuerzas Armadas, por lo menos de acuerdo con el índice del costo de la vida.
Indudablemente que hay otros problemas no menos importantes que afectan la vida diaria y profesional, y que preocupan a cada hombre uniformado, como por ejemplo, las condiciones de vivienda, las oportunidades para el ascenso, la situación del retiro, el equipamiento y abastecimiento oportuno y suficiente para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir eficazmente su misión. Consideramos que estos aspectos, por la trascendencia que tienen, deben ser debida y rápidamente estudiados y resueltos por el Gobierno.
El Ejecutivo a través de su Ministro de Hacienda, demostró en las Comisiones Unidas que informan este proyecto de ley, que no ha estudiado todavía a fondo la situación que afecta a las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, ni siquiera el Parlamento ha dicho a cuánto ascenderá el costo total del mejoramiento especial que aquéllas necesitan.
El Ministro de Hacienda presentó distintas alternativas para abordar -según dijo él- definitivamente los problemas "de las Fuerzas Armadas; pero aún no se decide por ninguna de ellas. Comprendemos que la situación es compleja y delicada, pero a estas alturas ha trascurrido un tiempo más que suficiente, que debiera haberle permitido al Gobierno proponer al Parlamento medidas concretas, efectivas y muy claras, que vayan a la raíz del problema y de acuerdo con su gravedad.
Debido a nuestra insistencia y a la de los representantes de otros partidos populares de Izquierda, el Partido Demócrata Cristiano ha comenzado a tomar en cuenta estas observaciones respecto a las insuficiencias y vacíos que contiene el proyecto presentado por el Ejecutivo. Así fue como reemplazó el artículo 1º por otro, que es el que estamos considerando esta tarde, y que fue aprobado en las Comisiones Unidas con nuestro voto en contra. Creemos, sin embargo, que se ha dado un paso, pero que el proyecto tiene que ser mejorado mucho más todavía en sus distintos aspectos, tanto para el personal activo como para el personal en retiro.
Como decíamos, la no atención oportuna y eficaz de los problemas económicos y profesionales de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno, han creado en el seno de ellas un enorme y justificado malestar. Su situación no era mejor bajo el Gobierno pasado, el que tampoco se preocupó por mejorarla como correspondía. Pero, evidentemente, la situación se ha agravado.
El año pasado los comunistas, a través de nuestro Secretario General, el SenadorLuis Corvalán, expresamos nuestra opinión respecto de los problemas de las Instituciones Armadas y señalamos al Gobierno la urgente necesidad de atenderlas oportunamente. Cada vez que hemos tenido ocasión nos hemos referido a las Fuerzas Armadas y nuestra opinión no sólo se ha limitado al aspecto económico: nos hemos pronunciado, además, sobre otras cuestiones fundamentales para la vida y la misión que ellas cumplen. Así, por ejemplo, nos hemos referido al papel que corresponde jugar a nuestras Fuerzas Armadas como defensoras de nuestra soberanía nacional y de la integridad de nuestro territorio. En este sentido hemos considerado de absoluta necesidad el dotarlas de todos los elementos técnicos modernos necesarios para el cumplimiento de su misión. Hemos rechazado terminantemente, como chilenos, como patriotas, el papel indignante que el Pentágono pretende hacer jugar a nuestras Fuerzas Armadas bajo el disfraz de prepararlas para la lucha supuestamente subversiva, oponiéndolas de esta manera a nuestro pueblo. Afortunadamente, en el mismo seno de las Fuerzas Armadas hay hombres patriotas y con criterio independiente, que no concuerdan con esta orientación.
Hemos dicho que los comunistas no somos ni hemos sido antimilitaristas, que respetamos a las Fuerzas Armadas y estamos por la dignificación de sus funciones. Pero, guiándonos justamente por este criterio y velando por la dignidad de los institutos armados y de sus componentes, hemos criticado enérgicamente cuando se ha pretendido utilizarlos en contra de los trabajadores, u otro sector de nuestro pueblo. No nos asusta tampoco y, por el contrario, nos parece absolutamente comprensible y legítimo la inquietud social que recorre en nuestros días las filas de los hombres de uniforme; tenemos en cuenta esta inquietud, así como los cambios que se han producido y se producen en el seno de las Fuerzas Armadas, en su oficialidad. Todo esto es saludable y más aún cuando ella se desarrolla en el espíritu y en las tradiciones democráticas e independientes de nuestro pueblo, heredadas de los propios padres de la patria. Al mismo tiempo, hemos dicho, con plena franqueza, que somos contrarios a una solución de tipo militar para nuestro país y que en Chile existen fuerzas populares suficientemente poderosas como para alcanzar el Poder a través de un proceso unitario y emprender el camino de la superación definitiva de la crisis que hoy vivimos, y construir de esta manera un Chile que dé bienestar a sus hijos y, por supuesto, donde las Fuerzas Armadas puedan vivir dentro del respeto, dignidad y condiciones que sus funciones lo requieren.
Los comunistas, permanentemente hemos apoyado toda clase de iniciativas legislativa que favorezcan aunque sea en forma limitada al sector de nuestras Fuerzas Armadas. Varios parlamentarios nuestros han presentado proyectos e indicaciones para favorecerlos, como igualmente a su personal en retiro.
Por estas razones, los comunistas tenemos la autoridad moral suficiente para referirnos como lo hemos hecho estos días al movimiento militar que ha tenido lugar hace poco y cuyas secuelas aún continúan. Pero, además, el Partido Comunista entrega su palabra autorizada porque jamás ha estado mezclado en ningún golpe o conato de golpe; jamás ha golpeado las puertas de los cuarteles. No puede afirmar lo mismo la derecha, el Partido Nacional,...
El señor PHILLIPS.-
¿Cómo es eso?
El señor CANTERO.-
...que tiene un tenebroso prontuario político, alentando, estimulando golpes de Estado.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
El Partido Comunista posee una limpia trayectoria democrática y patriótica a lo largo de sus 47 años de vida.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, les ruego guardar silencio. Está haciendo uso de su derecho el señor Diputado que está con la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Phillips! ¡Señor Palestro!
El señor CANTERO.-
El Partido Comunista está enraizado principalmente en la clase obrera, muchos de cuyos hijos pasan por los cuarteles de nuestro Ejército. El Partido Comunista levanta la bandera de la independencia y de la libertad que levantó Bernardo O'Higgins y continúa por la senda que le trazó su fundador, el esclarecido dirigente obrero Luis Emilio Recabarren.
Con esta autoridad hemos alertado siempre contra los intereses sediciosos dé la reacción, que ha intentado en más de una oportunidad apartar a las Fuerzas Armadas de sus funciones específicas para arrastrarlas al golpe de Estado en contra del pueblo, como ocurrió en 1939 a raíz del triunfo del Frente Popular.
El señor PHILLIPS.-
¡Jamás!
El señor CANTERO.-
Por eso, este último tiempo, a raíz del malestar creciente de los uniformados, como la evidenciaron una serie de hechos, y debido a que simultáneamente y en forma por demás sospechosa, la prensa de Derecha, "El Mercurio" y sus filiales, "El Diario Ilustrado" y otras,...
El señor PHILLIPS.-
"El Siglo".
El señor CANTERO.-
...junto a destacados personeros del Partido Nacional, encabezados por su PresidenteOnofre Jarpa, comenzaron a demostrar una repentina preocupación por los problemas e inquietudes de las Fuerzas Armadas, preocupación que jamás ha sido sincera, cuando empezaron a hacer declaraciones y publicaciones, a escribir editoriales en los que, junto con expresar una hipócrita solidaridad con las Fuerzas Armadas, hablaban del peligro de quiebra institucional, de vacío de poder, de pérdida de la autoridad, los comunistas alertamos al pueblo y a las propias Fuerzas Armadas,...
El señor PHILLIPS.-
¡Eso es de Aniceto! ¡Cuidado!
El señor MATURANA.-
¡Aniceto!
El señor CANTERO.-
...denunciando que la Derecha y, tras ella, el imperialismo yanqui, la CIA, pretenden pescar a río revuelto, darle carácter político reaccionario a su movimiento, conducirlas al golpe de Estado, a la aventura. Cuando estalló la crisis, a raíz del llamado a retiro de algunos oficiales y del General Viaux, los satélites de "El Mercurio", "La Estrella del Norte" y "La Segunda", de Santiago, pretendieron erigirse en portavoces del Ejército del Norte. Con titulares desusados, hablaban de una franca rebelión de éste frente al Gobierno, de ultimátum, de resistencia hasta las últimas consecuencias. Crearon un clima de franca sedición, alarmando al país entero. En los mismos días, personeros y parlamentarios del Partido Nacional visitaban, por extraña coincidencia, la provincia de Antofagasta, epicentro del movimiento militar.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
Para hacer estas denuncias de trajines francamente golpistas de la Derecha no sólo tenemos en cuenta estos antecedentes y otros que sería largo enumerar, no sólo nos apoyamos en la trayectoria sediciosa del Partido Nacional, es decir, de los antiguos conservadores y liberales, sino que tenemos en cuenta, sobre todo, la situación política que vive el país, la serie de golpes militares que con distinta bandera se han dado en diversos países de América Latina y la orientación que el imperialismo norteamericano está imprimiendo cada vez más a su política hacia el continente después del estruendoso fracaso de la Alianza para el Progreso y ante el avance popular y el desarrollo que experimenta la conciencia antimperialista en cada uno de nuestros pueblos.
En Chile, como es notorio, se afianza y crece el incontenible deseo de cambio de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, cuya expresión política se canaliza de mas en más en los partidos populares, en las fuerzas de la Izquierda, las que han emprendido el camino de la unidad, y se proyecta como única alternativa de poder popular para el pueblo de Chile. En estas condiciones, la posibilidad de un triunfo electoral de la Derecha en 1970, con Alessandri u otro personero, sólo sería posible si la Izquierda participara en la lucha electoral dividida, cosa que esperamos no ocurrirá.
El señor PHILLIPS.-
¡Entonces, no hable!
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, le ruego guardar silencio.
El señor CANTERO.-
Por otra parte, la Democracia Cristiana como tal, sola, aislada, cargando con el peso de su fracaso y el desprestigio del Gobierno, no está en condiciones de alcanzar nuevamente el Gobierno de la República. La perspectiva cierta de un gobierno popular, con la amplia participación de los trabajadores, les quita el sueño a los reaccionarios de todos los pelajes, a la oligarquía y al imperialismo. La tarea principal que ellos se han trazado es atajar de cualquier manera este avance unitario e incontenible ele nuestro pueblo y se han propuesto recurrir a cualquier medio, y si es necesario al golpe militar, para cumplir sus tenebrosos objetivos.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
La Derecha y el imperialismo levantan, pues, cada vez más como alternativa el golpe de Estado. Por eso nadie les puede dar crédito a sus declaraciones en el sentido de que nada han tenido que ver con la intentona golpista.
Lo más probable es que vuelvan a las andanzas. La Derecha y el clan Edwards no dan puntada sin hilo y sus hombres y su prensa no se han jugado por amor a las Fuerzas Armadas, sino que por odio y temor al pueblo, al movimiento popular, en defensa de sus privilegios.
El imperialismo, como decíamos, no es ajeno, no ha sido jamás ajeno a los golpes de Estado, cualquiera sea la plataforma con que se den, incluso aunque ésta sea supuestamente izquierdista. Para el imperialismo lo principal es evitar que la clase obrera, que los trabajadores encabecen el movimiento revolucionario, evitar que lleguen al poder y aseguren consecuentemente una dirección al proceso revolucionario que conduzca inevitablemente al socialismo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
Sabido es que sólo la clase obrera está en condiciones de asegurar este camino. Por eso los imperialistas, en su afán de evitar la auténtica revolución, alientan golpes de Estado, y para ello están dispuestos incluso a hacer determinadas concesiones.
En estas condiciones, cuando el martes 21 de octubre el movimiento militar adquiría nuevos y más graves contornos, el partido Comunista, lo partidos y las fuerzas de Izquierda, la Central Unica de Trabajadores, las organizaciones estudiantiles y muchas otras, llamaron a los trabajadores y al pueblo a expresar con la máxima energía su repudio a los intentos golpistas dondequiera que ellos se manifestaran; los llamaron a desbaratar sus siniestros planes, paralizando las faenas, ocupando las industrias, y a movilizarse decididamente para hacerse presentes con su palabra y su posición absolutamente independiente.
Como se sabe, la movilización de los trabajadores, obreros, campesinos, empleados y estudiantes, fue ejemplar, rapidísima y decidida. Prácticamente se paralizó todo el país. Fue una demostración elocuente del espíritu democrático, patriótico e independiente que anima a nuestro pueblo. El Partido Comunista está orgulloso del papel decisivo que jugaron los trabajadores, de cada uno de nuestros militantes y de cada hombre y mujer patriota de nuestro país que con su actitud de combate logró frustrar la intentona golpista.
La movilización extraordinaria no fue, como algunos lo han dicho, en apoyo del Presidente Frei o de su Gobierno en particular. Ella fue en defensa de las libertades públicas y de los derechos sindicales alcanzados hasta ahora, en defensa de las conquistas económicas y sociales obtenidas tras largas y duras luchas. La batalla librada ha sido para asegurar al pueblo de Chile las condiciones que le permitan darse el gobierno que represente su auténtica voluntad. La experiencia dramática de otros pueblos hermanos, pero también de Chile, nos indica claramente que siempre tras un golpe militar se comienza por liquidar de inmediato la libertad de organización y de asociación, la libertad de expresión, en otras palabras, las libertades y los derechos públicos e individuales.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
Al señalar esta situación, no estamos pensando, de ninguna manera, que todos los Oficiales que participaron en el movimiento militar sean golpistas o se hayan propuesto instaurar un gobierno militar en Chile. Estamos conscientes de que, sin duda, la inmensa mayoría de ellos tomaron parte en estos acontecimientos lamentables guiados por el único propósito de hacer oír, de una vez por todas, sus justas y legítimas aspiraciones. Sin embargo, otro era el papel de los elementos reaccionarios, como ha quedado perfectamente comprobado a través de numerosos e indesmentibles hechos y publicaciones.
El señor GODOY.-
¡Indesmentibles! ¡Esa es la palabra!
El señor CANTERO.-
El Gobierno tiene antecedentes concretos de la participación de elementos golpistas reaccionarios, que no estaban precisamente en el interior de los cuarteles.
El señor GODOY.-
¡La embarró con el institucionalismo!
El señor CANTERO.-
El pueblo exige que el Gobierno entregue todos los antecedentes que tiene en su poder sobre ellos y los denuncie y los castigue donde más les duele, hiriendo sus poderosos intereses económicos y sus privilegios.
-Risas.
El señor PHILLIPS.-
¡Pisagua!
El señor CANTERO.-
Preguntémonos, por un instante, qué habría ocurrido si los trabajadores no se hubieran movilizado con la rapidez y la energía con que lo hicieron; pensemos qué momentos estaríamos viviendo si hubiera prosperado una intentona golpista. En estos momentos hay una enorme ofensiva tendiente a hacer creer que jamás ha existido peligro de golpe de Estado, y esta ofensiva se dirige particularmente hacia los trabajadores y las fuerzas populares. Se nos quiere convencer de que la movilización y las medidas tomadas fueron un error. ¿Qué se pretende con ello? ¿Acaso desmovilizar al pueblo para que no esté preparado y no enfrente una nueva situación peligrosa que pudiera producirse en cualquier momento? Los golpistas han llevado adelante la sedición mostrando todas sus cartas. Aún más, según la experiencia de nuestro propio país, en 1924 el golpe se inició justamente con un movimiento reivindicativo de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Y qué decir de la dolorosa experiencia del golpe dado por Onganía en Argentina, que incluso tuvo la desfachatez de pedir el apoyo de los trabajadores, prometiéndoles la solución de una serie de problemas. Debido al desprestigio del Gobierno de Illia, se creó la imagen de que cualquier gobierno, o incluso una dictadura militar, era mejor. Desgraciadamente, algunos dirigentes sindicales que pisaron el palito consciente o inconscientemente, como Vandor, por ejemplo, contribuyeron a desarmar al proletariado argentino, y a convertirlo en un apéndice del golpe, con las dramáticas consecuencias que hoy todos conocemos. Han tenido tres años para hacer su triste experiencia.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
Vandor fue asesinado por los propios golpistas. El Partido Comunista argentino había llamado, en cambio, a la unidad de las fuerzas populares para reemplazar al desprestigiado Gobierno de Illia.
Señor Presidente, estamos plenamente satisfechos de que para analizar el proyecto que hoy discute la Cámara de Diputados, haya habido plena identidad de criterios de los movimientos y partidos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular. Hemos llegado a un criterio unánime, que se expresa en una declaración aparecida en la prensa de hoy, el Partido Socialista, el Partido Radical, el MAPU, el Partido Social Demócrata, la Acción Popular Independiente y el Partido Comunista.
Los comunistas reiteramos una vez más nuestra disposición favorable para que el proyecto de aumento de las rentas de las Fuerzas Armadas sea despachado rápidamente y en mejores condiciones que lo que ahora se encuentra. Para ello presentaremos algunas indicaciones en conjunto con las otras fuerzas de izquierda.
Además, señor Presidente, creemos que el Gobierno debe atender las peticiones de todos los trabajadores, particularmente de los que hoy se encuentran en conflicto. No se pueden aceptar atentados tan monstruosos en contra de los trabajadores, a los que ayer no más elogiara, por su participación decisiva en los hechos conocidos, el Presidente de la República; no se pueden aceptar atentados en contra de sus conquistas, como el que ha hecho ayer en esta Cámara, cuando gracias al maridaje democratacristiano-nacional ha sido modificada la Constitución, cercenando importantísimas conquistas de los trabajadores de Chile.
Termino, señor Presidente, expresando nuestros votos favorables, en general, al proyecto y señalando que, la clase obrera y los partidos populares nos mantendremos alerta.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra don Patricio Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, la Honorable Cámara ha oído la voz del Comité Central del Partido Comunista a través de su representante el DiputadoCantero. No nos extrañan las diatribas en contra de nuestro partido.
El señor CADEMARTORI.-
¡Las verdades!
El señor PHILLIPS.-
A juicio de Su Señoría, son verdades. Como usted vive equivocado, son mentiras.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, le ruego evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
El señor PHILLIPS.-
Yo me dirijo a la Mesa, señor Presidente, pero los que están interrumpiendo que guarden silencio.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Les ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho que tiene el señor Phillips.
El señor PALESTRO.-
Partió ofendiendo a los Diputados de Oposición...
Risas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Phillips.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Si he faltado al léxico o he herido en algo a Su Señoría. ..
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro!
El señor PHILLIPS.-
Su Señoría es el experto de la Real Academia de este Congreso.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Palestro, le ruego guardar silencio.
Señor Phillips, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor PHILLIPS.-
Yo me dirijo a la Mesa, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro!
Señor Phillips, ruego a Su Señoría continuar con su intervención. Por servicio, señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, manifestaba, hace un momento, dentro de la tranquilidad que se debe tener para analizar un problema tan profundo, que los hombres que tenemos conciencia y toda una vida democrática no aceptamos las tropelías y los insultos. ¡No se nos venga a tratar de golpistas o de nacistas, sabiendo perfectamente los colegas del frente que nunca, jamás en la historia de este Congreso, han sido vistos Diputados liberales y nacionales hoy en ningún golpe de Estado! En consecuencia, protesto, como demócrata y como chileno, por la falsa imputación que nos hace el Partido Comunista esta noche. Y también es falso, señor Presidente, que ha habido maridaje con la Democracia Cristiana, como ha dicho el señor Cantero. Ya me voy a referir a ese punto.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Su Señoría debiera saberlo, porque estaba en las filas de mi General cuando ocurrió el movimiento "Línea Recta". Y como es un comunista de última hora, que apurado ha llegado a Alemania Oriental, y no conoce el resto de los países dentro de las fronteras comunistas, no tiene autoridad moral para hablar.
El señor ACEVEDO.-
No se vuelva loco.
El señor PHILLIPS.-
Sí, claro. ¡Me vuelvo loco, porque le digo la verdad a Su Señoría! Usted sabe que apurado llega a Alemania Oriental; de ahí para adelante a Su Señoría no lo llevan. Tiene que hacer mérito todavía muchos años. ¡Comunista de última hora!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Aplaque sus iras.
El señor PHILLIPS.-
Si yo he aguantado 15 años a Su Señoría, ¿cómo no me va aguantar 4 años más?
Señor Presidente, se ha dicho esta tarde que no hemos tenido inquietud por nuestras Fuerzas Armadas. Se ha manifestado que sólo en los últimos días hemos venido a plantear el problema de las Fuerzas Armadas. Voy a ser muy breve en mi intervención...
El señor CADEMARTORI.-
Menos mal.
El señor PHILLIPS.-
...pero voy a refutar con hechos contundentes...
Su Señoría podría aprender a sumar, para que en la Comisión de Hacienda presente indicaciones que tengan atinencia con los proyectos. Así, a lo mejor, recupera los alumnos que le faltan en la cátedra de Economía.
El señor CADEMARTORI.-
¿Qué le pasa?
El señor PALESTRO.-
¿No ve cómo ofende, señor Presidente?
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, cuando en la exposición de la hacienda pública, al iniciarse el Gobierno del señor Frei, en el año 1964, se planteó el programa económico, sostuvimos como contestación al Ministro de la Cartera que la inversión...
El señor ACEVEDO.-
¡Son manos vueltas!
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Acevedo, ruego a Su Señoría guardar silencio y respetar el derecho que tiene el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Decía, señor Presidente, que con motivo de la exposición de la hacienda pública del Ministro de la Cartera, el año 1964, al asumir el mando el señor Frei, manifestamos nuestra inquietud sobre el problema de la inversión fiscal, cosa que fue nuevamente planteada en la sesión del 26 de enero de 1966, a raíz de la discusión del proyecto de reajustes. Y dijimos que se quebraba el sistema de remuneraciones dentro del país, al dar reajustes más altos a sectores recién incorporados a la Administración Pública sin ningún concurso, sin títulos, porque la única gracia que tenían era la de haber marchado con la "patria joven", o la de tener recomendaciones políticas. Dijimos que se quebraba el sistema -y dimos datos que están en la versión que estoy mencionando esta tarde-, porque es indiscutible que cuando un Comandante de un regimiento en aquella fecha, con tres años en la Academia de Guerra, con 27 años de servicio, ganaba Eº 1.027, había funcionarios recién ingresados en la Administración Pública que tenían sueldos superiores en el doble o el triple. Entregamos la lista correspondiente. Se nos dijo que atacábamos esas reformas del Gobierno. Pero indiscutiblemente, aquel Comandante de Unidad, aquel jefe departamental de educación, aquel jefe de Correos y Telégrafos se sintieron pasados a llevar por gente que no tenía méritos y que, sin embargo, recibía remuneraciones que ellos no habían alcanzado después de varios años de carrera.
El señor PALESTRO.-
¡Eso es cierto!
El señor PHILLIPS.-
Y esto se fue agudizando, señor Presidente. Al año siguiente, en agosto de 1967, cuando se planteó en esta Sala el Problema del Poder Judicial, en el cual tuvo una intervención bastante acertada, a lo mejor, el señor Acevedo, en que se plantearon...
El señor ACEVEDO.-
¡Ah, lo reconoce!
El señor PHILLIPS.-
Por eso, colega, tengo autoridad moral para hablar, porque reconozco cuando las cosas son planteadas derechamente. Cuando no compartimos un criterio lo manifestamos, pero no levantamos calumnias ni jugamos con el prestigio de nadie, so pretexto de juntar votos o de querer desprestigiar a otro. Tenemos profundo respeto por la personalidad humana, cosa que ustedes no conocen.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Es por eso, señor Presidente, en aquella oportunidad en que planteamos el problema del Poder Judicial, nuevamente planteamos el problema de las Fuerzas Armadas. Y tuvimos una discusión en esta misma Sala con el Senador actual Narciso Irureta, y en el día de ayer he tenido la satisfacción de decirle que teníamos razón, porque el problema no ha sido solucionado. Se pretendía con las regalías del Banco Central dar un aumento de un 50% a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se dijo que las platas no existían. Había que esperar hasta el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre apareció en el Balance del Banco Central. Hemos tenido inquietud por arreglar el problema de las Fuerzas Armadas y hace dos meses volvimos a plantear el problema y con los votos de todos los sectores de esta Cámara se envió un proyecto al Gobierno pidiéndole que patrocinara un proyecto de ley para arreglar esta situación.
Quiero decir, señor Presidente, que he demostrado hasta la saciedad que durante muchos años permanentes -no como lo ha dicho el señor Cantero- hemos estado preocupados de este problema. No quiero esta noche tocar el problema del armamento de las Fuerzas Armadas, porque soy respetuoso del juramento que presté como Diputado, pero es un problema que más adelante, en sesión secreta, tendrá que discutirse en la Cámara de Diputados y el Senado de la República de Chile; vamos a tener que discutir sobre esta materia. Pero volviendo a estos hechos de los sueldos, queda, demostrado palmariamente, a no ser que haya mala intención para juzgar los hechos y venir a tratarnos de golpistas y a decir que en los últimos minutos venimos a preocuparnos de las Fuerzas Armadas, que en forma permanente hemos tenido esta inquietud, porque estábamos viendo que este problema se venía encima.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Y tuvimos la inquietud, por conocimiento de lo que pasaba, de dar a las Fuerzas Armadas de nuestro país el trato que se merecían. Se podría discutir si es mucho o poco lo que invierte el país en las Fuerzas Armadas el problema es motivo de otro debate pero es indiscutible, y lo reconocen todos los sectores, que las Fuerzas Armadas estaban postergadas. Esto ha sido reconocido por el Diputado informante y por todos los sectores, lo que significa que en aquella oportunidad, hace dos años, teníamos razón. No se nos venga a acusar de que en este momento, en el último instante, queremos sacar provecho político. Profundamente se hiere a las personas que pensamos democráticamente en Chile al querernos vincular a golpes sediciosos...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
...cuando las propias personas que han intervenido en esto, como el General Viaux, como el actual Comandante en Jefe del Ejército, incluso el propio Presidente de la República, han reconocido que no hay gente del Partido Nacional incluida en esto, sino que es un movimiento gremial, como lo han reconocido...
Hablan varios señores Diputados, a la vez.
El señor PHILLIPS.-
...los propios colegas socialistas y los sectores de todos los partidos, salvo el Partido Comunista y el diario "La Nación". Y de esto no culpo sino a cierto grupo de la Democracia Cristiana. Porque es indiscutible que cuando se vinculan los viajes del Senador Pedro Ibáñez y se tejen las historias junto con Aniceto Rodríguez...
Un señor DIPUTADO.-
¡Onofre!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
...y la prensa dice que existen fines sediciosos y no se tienen pruebas concretas; porque se a hablado de un viaje, y yo me pregunto...
El señor ACEVEDO.-
Onofre...
El señor PHILLIPS.-
El señor Onofre Jarpa no ha pertenecido nunca a ningún partido nacista, ni ha estado vinculado a ninguna de esas cosas.
Hablan varios señores Diputados a, la vez.
El señor PALESTRO.-
Ahí hay algunos sentados que son nacistas, y estoy mirando a uno.
El señor PHILLIPS.-
¡No, señor! jamás de los jamases.
Y usted debiera saberlo, porque conoce a algunos ex agrario laboristas y tienen vinculaciones con ellos.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
El Partido Comunista no puede venir a rasgar vestiduras, porque indiscutiblemente no habrían reclamado tanto por las reformas constitucionales si no vieran que no tienen ninguna posibilidad de triunfar en el país. Incluso han proclamado como candidato a un poeta de prestigio internacional y, a lo mejor, el resultado de esa candidatura es que pierda el Premio Nobel...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Pero no les importa sacrificar a quien sea. Durante años, y en este último tiempo, los ataques del diario El Siglo han estado dirigidos contra el Partido Nacional. Pero no contento con esto, como había sectores de extremísima Izquierda...
Hablan varios señores Diputados a, la vez.
El señor PHILLIPS.-
... que se escapaban del control del Partido Comunista, como la gente que trabaja en la revista Punto Final, el señor Millas, en un artículo publicado en El Siglo, cargó y metió en el mismo saco al personal de Punto Final, cuyas tendencias todos conocemos, y a miembros de Partido Nacional. Creo que tiene demasiado frondosa la mente el señor Millas, y es indiscutible que ningún sector de la Izquierda le cree, porque se han desvirtuado ante la opinión pública todos estos cargos. En consecuencia, es torpe y burda la maniobra.
El día que se produjo este acontecimiento, en las primeras horas de la mañana, hice la primera declaración por radio y concurrimos al Ministerio del Interior. Los más molestos eran los del Partido Comunista, los que requerían al Ministro del Interior, quien manifestó no haberlos invitado. Después, a representantes del Partido Radical les expresó que él invitaba a quien quería. Creo que esta actitud es inaceptable. Los Presidentes de los Partidos fueron llamados a través de las radioemisoras.
Nosotros no dependemos de la directiva del Partido de Gobierno ni de la de los comunistas. Tenemos un concepto claro de lo que es la democracia y el deber para con el país. Por eso, protestamos, esta tarde, por la responsabilidad que el Partido Comunista ha pretendido hacer recaer sobre el Partido Nacional, porque, indiscutiblemente, es una infamia contra todos los hombres libres y democráticos que existen en esta colectividad, a quienes no nos llegan sus diatribas; por el contrario, tenemos plena conciencia de cuáles son nuestras obligaciones como demócratas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
No nos importa los vejámenes de que hemos sido objeto. Nuestra democracia es más grande, es más profunda y sirve perfectamente a los intereses del país.
Señor Presidente, concedo una interrupción a mi colega Arnello.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Tal vez el colega Arnello se sintió aludido denantes, cuando hicieron referencia a unos nacistas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro! Puede usar de la interrupción el señor Amello.
El señor ARNELLO.-
En realidad, por más que preguntaba a quién se referían, no lo decían.
Señor Presidente, quiero precisar, muy claramente, dos cosas.
El señor PALESTRO.-
A ver...
El señor ARNELLO.-
En primer lugar, que lo que pretende el Partido Comunista -y es lo que motiva mi intervención- no es sólo atacar a personas a las cuales virtualmente no nos alcanzan esos ataques y, por el contrario, constituyen, diría yo, una demostración frente al país de que nuestra labor política está siendo fecunda.
El señor CADEMARTORI.-
Lo mismo decía Hitler.
El señor ARNELLO.-
Pero lo que quiero precisar es que con esto se busca otra cosa.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Se busca tergiversar la campaña -de profundo eco en el país- de los que propiciamos la reelección de Jorge Alessandri, por una parte; y, por otra, se busca ir provocando la inquietud en algunos sectores del pueblo e ir abriendo una brecha entre éstos y las Fuerzas Armadas.
Esta es la denuncia que vengo a hacer contra el Partido Comunista; esto es lo que vengo a demostrar, porque es la maniobra más clara y más precisa de este partido de alma internacional que quiere destruir lo que es fundamento y base de la seguridad y soberanía de Chile.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Están hablando y han estado hablando en su diario, durante una serie de días, tal cantidad de tonterías que, verdaderamente, no valdría la pena hacerse eco de ellas. Ha estado inventando una serie de viajes, dándoles a todos aspectos misteriosos en su diario, que, en realidad, tienen tan pocos fundamentos, como, por ejemplo, los que me achacan a mí personalmente.
En "El Siglo", diario del Partido Comunista, se dice, por ejemplo, en dos ediciones, las del día 22 y del 23, que yo he viajado...
El señor CANTERO.-
¿De quién es esto?
El señor ARNELLO.-
...al norte, que he ido a Calama...
El señor CANTERO.-
¿De quién es esto?
El señor ARNELLO.-
... y visitado la guarnición militar...
El señor CANTERO.-
¿De quién es esto?
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
La única prueba que han podido dar para demostrar mi participación en un hecho, que todo el mundo en Chile reconoce hoy, con sinceridad, que fue estrictamente de orden profesional y militar, provocado por la dilación inaceptable en solucionar un problema real, es ésta de haber ido a Calama y visitado la guarnición militar.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Pero no dicen cuando...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
A confesión de parte, relevo de prueba.
-Hablan varios señores Diputados a, la vez.
El señor ARNELLO.-
Les puedo decir a los Diputados comunistas, que son tan habilidosos para estar calculando pruebas, que...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
... la única vez que he ido a Calama fue en el año 1954, cuando fuimos junto con el Ministro del Trabajo de entonces, don Ignacio Cousiño, a solucionar un conflicto en el mineral de Chuquicamata. Y lamento que no esté presente Héctor Olivares, porque podría recordar, perfectamente, cómo se solucionó muy bien este problema por mi mediación. La única vez que fui a Calama fue hace 15 años; pero Sus Señorías me hacen el honor de que esa visita de hace 15 años, sea algo que ha quedado, no sé de qué manera, grabada en la zona, como para que hiciera impresión, 15 años después, en los oficiales...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
...de la guarnición militar.
De ese tipo son todos sus argumentos. Pero no les basta con eso. ¡Si también, de repente, denunciaron un viaje, también misterioso, del colega Fernando Maturana! Cómo sería de misterioso que en el avión se fue conversando con Pablo Neruda y no sé qué parlamentarios...
El señor PALESTRO.-
Para despistar.
-Risas.
El señor ARNELLO.-
¿Qué podrán pensar los que han conocido a otros de éstos "feroces" parlamentarios o ex parlamentarios nacionales que señala "El Siglo"? Algunos de ustedes los deben de haber conocido personalmente. Por ejemplo, "El Siglo" ha hablado de un viaje que habría hecho el ex Senadordon Enrique Curti a Antofagasta. Yo dejo esto entregado realmente a la conciencia de todas las personas que conocemos a don Enrique Curti...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Pero aquí hay algo que importa más que lo que estoy diciendo, porque ya se ve la absoluta falacia que encierran estas acusaciones.
Lo que estoy señalando claramente es este intento de ir produciendo una sospecha, junto con veladas acusaciones e imputaciones a las Fuerzas Armadas. Y no es difícil encontrar en palabras o en términos de Diputados o del propio diario "El Siglo", alusiones a que las Fuerzas Armadas estarían sirviendo en Chile intereses del imperialismo o intereses contrarios al interés nacional...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Y esto que hacen a cada rato es una de las demostraciones de lo que estoy planteando. Y no me vengan a decir que no es así, porqué se los voy a demostrar en un instante más. Pues hay algo más que debo revelar aquí: es esa extrañísima situación que señalaba el DiputadoPhillips respecto a las acusaciones del Partido Comunista y del diario "El Siglo", las cuales, a pesar de las palabras del propio Presidente de la República, quien reconoció y destacó la visita que recibió en La Moneda de los dirigentes del Partido Nacional, tienen eco textual en el diario "La Nación", dos días después de formuladas por "El Siglo".
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Incluso, el señor Director de "La Nación", que demuestra esta extraordinaria complicidad...
Un señor DIPUTADO.-
Maridaje.
El señor ARNELLO.-
...con "El Siglo" y el Partido Comunista, destaca las mismas cosas y frases que "El Siglo" pretende dichas por don Sergio Jarpa, para que el diario "La Nación" me las impute a mí. Y los hechos que denuncia el Partido Comunista, como estos viajes, también los señala el diario "La Nación", indicando este "itinerario progolpista" del Partido Nacional días después que el propio Presidente de la República decía que no había habido tal intento...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Pues bien, sucede que ninguno de los parlamentarios nacionales participó en este hecho. Y no participó en este hecho precisamente porque respetamos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas y no queremos someterlas a ningún tipo de presión política, ni de ubicación en los campos políticos chilenos. Nosotros no creemos que se pueda decir, impunemente, que a las Fuerzas Armadas haya que ubicarlas en una posición contraria al imperialismo, porque siempre han sido contrarias al imperialismo; ni menos estar colocándolas en una posición "al servicio de la revolución contra los contrarrevolucionarios", porque eso es hacer política con las Fuerzas Armadas, y nosotros no la hacemos.
El Diputado comunista que habló dijo una frase que yo quiero recordar. Dijo, textualmente, que por suerte había en las Fuerzas Armadas hombres patriotas y bien intencionados. Yo le quiero decir que todos los miembros de las Fuerzas Armadas son patriotas y bien intencionados. Entonces no nos venga a decir que sólo hay algunos y a crear nuevamente la duda, porque todos lo son.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
¡Ariosto Herrera, cuando sacó la bandera comunista de La Moneda, estaba cumpliendo un acto de dignidad...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
...en esa oportunidad! ¡El Ejército de Chile no tenía por qué desfilar debajo de una bandera comunista!
Seguramente Su Señoría me va a acusar ahora de haber participado en el golpe que pretendieron dar algunos amigos del General Ariosto Herrera. Pues bien, lo único que quiero decirle, aunque a la Cámara no le interese para nada, es que yo sólo tenía entonces once años de edad.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Quiero que quede en claro, señor Presidente, que nuestra posición es en servicio de las Fuerzas Armadas, porque son esencialmente parte de Chile, parte fundamental de Chile. Y vamos a seguir adelante en esta posición, cualesquiera que sean los cargos que se nos hagan. Vamos a seguir adelante sosteniéndolas, porque no podemos aceptar que por haber sido siempre esencialmente obedientes, disciplinadas, abnegadas y patriotas, puedan seguir siendo postergadas en las soluciones que requieren tanto para la eficiencia en sus funciones como para la dignidad de hombres ejemplares en nuestra República de sus miembros
Muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Pedro Urra.
El señor URRA.-
Señor Presidente, el examen de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo, nos permite también a los democratacristianos formular nuestras propias reflexiones tanto respecto al proyecto en particular como respecto al debate de la Sala en general, en lo que nosotros hemos escuchado en la tarde hoy.
Evidentemente, a través de las declaraciones de los partidos políticos más representativos e importantes del país que nosotros hemos venido escuchando en el Congreso en estos días, y del debate y las votaciones habidas en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa, se ha revelado una especie de consenso político mayoritario en ellos acerca de la necesidad de legislar en las materias que ahora estamos discutiendo y, más adelante, aprobando.
Hay, diríamos, una especie de consenso político casi absolutamente mayoritario en ideas matrices que, en alguna forma, inspiran la necesidad de reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Y, naturalmente, a propósito de la idea de legislar, los partidos políticos, en forma tangencial, como se ha visto esta tarde en la Sala, han hecho reflexiones acerca de las circunstancias políticas, o históricas, podríamos decir mejor, que ha enfrentado la Nación en estos días.
El Partido Demócrata Cristiano ha expresado, en todos estos hechos y en estos días, una clara posición política y una clara definición respecto a este proyecto de remuneraciones. El Presidente Nacional del Partido, SenadorBenjamín Prado, fue el primero en anticipar, tras conocer la decisión del Gobierno y el anteproyecto que llegaría inmediatamente después al Congreso, una definición precisa y categórica frente a la idea de legislar en estas materias. Y claramente, como se dijo oportunamente por la prensa y se entregó al conocimiento de la opinión pública, el Presidente Nacional de la Democracia Cristiana anticipaba la votación de los parlamentarios de este partido a favor de este proyecto, sin vacilaciones, sin reticencias, sin reservas de ninguna naturaleza, porque hacíamos fe y plena confianza en las ideas envueltas en la presentación inicial del Ejecutivo, que nosotros esperábamos pulir y afinar en el debate parlamentario y en el trabajo de los Diputados y de los Senadores que, en los distintos trámites, intervienen activamente en estas materias.
El Partido Demócrata Cristiano, ante este proyecto, fue el primero en avanzar un criterio definido y. en expresar, repito, su clara voluntad y decisión de respaldar, en todas sus partes, el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
Hay también otro hecho importante, que yo quisiera destacar en estas horas de discusión de este proyecto de remuneraciones, que, en alguna forma, también debe llamar la atención de los parlamentarios presentes en la Sala y de los partidos políticos. A mi juicio, la democracia-cristiana, a través de los Diputados integrantes de las Comisiones unidas y de los Ministros que tienen la responsabilidad en estas materias y, también, una decisión en el momento importante en que ellas se resuelven por las Comisiones unidas y por la Sala, mantuvo en estos días una actitud claramente receptiva* abierta al diálogo, frente a los parlamentarios; y, más que eso, frente a algunas ideas que avanzaban en el camino de mejorar la presentación del proyecto y de satisfacer, en alguna forma, las legítimas preocupaciones que expresaban, en las Comisiones unidas, los parlamentarios de otros partidos políticos. Hemos mantenido una actitud receptiva para mejorar el proyecto de reajustes; el Ministro, en primer lugar, y los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano, en segundo término. Porque entendemos que, en esta materia, estaban en juego algunas preocupaciones que exigían una responsabilidad y una madurez política por parte de todos los partidos representados en la Corporación y de las personas que, en consecuencia, estaban trabajando en las Comisiones unidas, abiertas a recoger sugerencias en el diálogo provocado en las Comisiones unidas y, en definitiva, en las proposiciones que hoy forman parte del texto del proyecto que votaremos en algunos minutos más.
El Gobierno ha entregado siempre un juicio muy claro en materia de reajustes en las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la Republica, en el último Mensaje, definía claramente su decisión en materia de reajustes en general y de la Defensa Nacional en particular. Decía el Presidente de la República que "se ha perseverado en la política tendiente a corregir en forma paulatina los desniveles de remuneraciones entre los diversos sectores de los empleados públicos, teniendo presentes los principios de remuneraciones existentes en forma que, reducidos a un pequeño número de escalas, puedan, en un plazo más largo, convertirse en un sistema único de remuneraciones."
Este criterio, a través del cual se encuentra la idea básica que, en alguna forma, ha guiado sistemáticamente la política de remuneraciones de este Gobierno, inspiran también al proyecto que hoy está debatiendo la Sala de la Cámara de Diputados. Indudablemente, un mejoramiento progresivo de las remuneraciones de los trabajadores chilenos en general y de la defensa nacional, en particular, ha sido la preocupación central del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano. Y dicha preocupación está expresada en las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, las que, en alguna forma, han recogido ideas de otras fuerzas políticas, que han aunado voluntades en los sucesivos proyectos de aumento de remuneraciones que ha conocido el Parlamento en los últimos cuatro o cinco años. Por eso, entonces, el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano han mantenido un juicio claro, sistemáticamente reiterado, no sólo en las buenas intenciones, sino también, básicamente, en los proyectos aprobados y en las leyes dictadas en los últimos cuatro o cinco años.
Algunas referencias formuladas en él debate inciden en las remuneraciones de los trabajadores chilenos y en las remuneraciones de la defensa nacional. Candorosos consejeros del Gobierno, del Partido Demócrata Cristiano, han venido insinuando, en comentarios de prensa y de radio, la necesidad, por ejemplo, de que el Gobierno, en las circunstancias políticas que ha enfrentado en los últimos días, elija entre reajustar remuneraciones, aumentar sueldos, entregar mayores financiamientos para los trabajadores, empleados públicos y defensa nacional y los programas de desarrollo social. En este momento, tales programas son la base de sustentación de la acción del Gobierno, en materia de transformación social y política; podríamos decir, las raíces mismas de los cambios que la Democracia Cristiana prometió en los primeros meses de su campaña presidencial, antes del año 1984, cambios que fue convirtiendo en hitos efectivos en las primeras tareas realizadas por el Gobierno del Presidente Freí. Candorosos consejeros que nos invitan a elegir entre reajustar remuneraciones, presentar financiamientos, como éste, o detener la reforma agraria, paralizar los programas de desarrollo social. Aquí hay un elemento de reflexión para los partidos que, muchas veces, nos critican acerbamente en materias en las cuales, legítimamente, tienen derecho a discrepar; pero ellos, hidalgamente, no pueden desconocer el ancho surco de transformación social que el Gobierno ha abierto en el viejo sistema institucional chileno, en el cual esta nación descansaba hasta hace algunos años.
Frente a este proyecto de remuneraciones y después de las circunstancias históricas -¡no políticas!- que ha vivido la nación en los últimos ocho días, queremos expresar que la Democracia Cristiana no va a elegir A entre buscar financiamiento para los trabajadores y la Defensa Nacional, y paralizar -como aconsejan algunos desde la sombra- la reforma agraria, la atención de los asentamientos campesinos, de los sindicatos, los programas comunitarios, la capacitación de la juventud a través del Servicio de Cooperación Técnica, y otras tareas que van marcando hitos nuevos y absolutamente diferentes de los que conoció tradicionalmente el sistema capitalista chileno.
No vamos a elegir. Entregaremos un financiamiento. Lo hemos estado buscando, en las Comisiones Unidas, los dos Ministros, parlamentarios y hombres de las tiendas políticas que han estado preocupados de estas materias en estos días. Dentro de las posibilidades reales de la nación, entregaremos también financiamientos reales para los trabajadores chilenos. Al mismo tiempo, seguiremos abriendo el surco de la reforma agraria, de las transformaciones sociales, que están levantando temporales políticos en algunas fuerzas reaccionarias que no conciben el enfrentamiento simultáneo de estas dos grandes tareas, las que, para la Democracia Cristiana es, evidentemente, imperativo hacer concordar.
Nosotros quisiéramos, también, exponer otras reflexiones para algunos que, muchas veces, colocan en tela de juicio, a fardo cerrado, las tareas y preocupaciones del Partido Demócrata Cristiano. Tendríamos que decirles que, justamente por lo que sentimos y queremos para el país, piensen un poco también en la interpretación que formulan personas ajenas a América Latina. En las palabras de un comentarista especializado de una revista europea del mes de septiembre, se expresa que para nosotros, los democratacristianos, la estabilidad de América Latina no es sólo cuestión de estar en pugna con estudiantes izquierdistas o de romper cabezas comunistas, pues creemos que la estabilidad se logra automáticamente cuando la población del país ve que el gobierno está poniendo lo mejor de su parte para erradicar las causas de la pobreza y de la frustración. Esa es la interpretación de nuestra responsabilidad. Tal responsabilidad la tienen, evidentemente, aquellas fuerzas que también se denominan progresistas, porque buscan un cambio del sistema vigente, aunque en términos todavía mucho más profundos que los de erradicar las causas de la pobreza, de la frustración, y de erradicar las causas que nos mueven a reajustar hoy días las remuneraciones de los personales de la Defensa Nacional y a formular mañana un llamado y, más que eso, una invitación, a través de hechos reales, a otras fuerzas políticas, para mantener también este estilo de trabajo y esta voluntad de seguir cambiando a Chile en estos mismos términos.
Para nosotros, los hechos de estos días imponen, evidentemente, una madurez política, progresiva y necesaria a todos los partidos representados en el Congreso. Imponen reflexión a la Oposición y al Gobierno. Y que no se nos venga a decir, como expresaron recientemente algunos señores Diputados, que la Democracia Cristiana o el Gobierno tendrían la responsabilidad íntegra y única del problema de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, porque a la Democracia Cristiana le incumbiría la entera responsabilidad de algunos hechos que hemos enfrentado y hemos vivido en estos días. Así no podemos juzgar los hechos políticos; con esas anteojeras no llegamos a ninguna parte para reflexionar sobre las responsabilidades de los partidos en este minuto. Y son evidentemente inaceptables las expresiones e interpretaciones no sólo de algunos parlamentarios individualmente considerados en este debate, como las hemos escuchado en esta tarde, sino también de algunas fuerzas políticas. Evidentemente, la tramitación de este proyecto de ley es un hecho positivo. Es un hecho positivo, porque se ha recogido una voluntad mayoritaria que, con celeridad, ha buscado legislar en términos diríamos inmediatos, para resolver un problema importante, como lo saben los partidos políticos chilenos.
Junto con destacar este aspecto del proyecto, invitamos también a otras fuerzas políticas a establecer una cadena mucho más larga de hechos positivos en el trabajo parlamentario de los próximos meses. Creo que hay grandes tareas convergentes para las fuerzas progresistas de este país, para los partidos comprometidos con el futuro y no con el pasado; tareas convergentes que puedan movilizar una voluntad política sin sectarismos, sin dogmatismos, sin excluir por excluir, sin oponer razones, sin desconocer lo que somos como fuerza política, le guste a quien le guste, es decir el primer partido político chileno, con una clara mayoría de trabajadores que votan por nosotros...
El señor CADEMARTORI.-
Que votaban.
El señor URRA.-
...en los centros industriales; de juventudes que permanecen en la Democracia Cristiana, porque tienen confianza en los ideales y en las aspiraciones ideológicas de este partido de los campesinos y de los trabajadores, de las organizaciones comunitarias, que nos entregan a nosotros, claramente, una fuente de savia y de renovación, a través de las organizaciones populares, que nos respaldan y secundan. Tareas convergentes, porque tenemos autoridad moral para ello; autoridad, porque tenemos raíces en el pueblo. Acelerar y tramitar, rápidamente, la reforma bancaria; la reforma de las sociedades anónimas; para sacar adelante la previsión de los suplementeros, para llevar rápidamente a su tramitación el proyecto de ley que entrega fondos para la revalorización de pensiones, para agilizar la tramitación del proyecto que legisla sobre el gas licuado,...
El señor KLEIN.-
Tienen que apurarse, porque les queda un año no más; les queda poco.
El señor URRA.-
...para buscar mayor financiamiento, al discutirse mañana la Ley de Presupuestos, para la reforma agraria; para financiar todas las obras de desarrollo social, a través de lo que se va a pedir a los señores parlamentarios en el Congreso en los meses de noviembre y diciembre, cuando discutamos el proyecto sobre Ley de Presupuestos; para introducir modificaciones aun más profundas en la legislación del Trabajo que protejan a los trabajadores; para unir voluntades convergentes para dar una rápida tramitación, en su oportunidad, al proyecto de reajustes del año 1970,...
El señor GODOY.-
¡Deje alguna tarea para nosotros!
El señor URRA.-
...y para buscar el financiamiento necesario al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social.
¡Hay voluntad política en la Democracia Cristiana!
Y después de la rápida tramitación de este proyecto de ley, nosotros formulamos un llamado a las fuerzas que realmente busquen comprometerse con las raíces mismas del pueblo chileno, sin sectarismos, sin desconocer las tareas positivas en las que estamos empeñados, para ir uniendo una cadena de hechos políticos o legislativos como éste, que interesan a la mayoría de las fuerzas progresistas del país.
En el debate, se han formulado dos o tres críticas o reflexiones básicas por parlamentarios de otros partidos políticos. "Las malas remuneraciones, dijo un Diputado radical, son culpa exclusiva de este Gobierno." Nosotros les decimos a quienes nos critican en esta forma, con pasión exagerada, que evitemos el enanismo político para enjuiciarnos en un debate de esta naturaleza, que muchos de los que critican han tenido cuerpo y alma en las tres últimas décadas, durante 20 o más años, en Gobiernos en los cuales tuvieron oportunidad de reajustar en forma fundamental, porque tenían mayorías parlamentarias y controlaban plenamente el Gobierno las remuneraciones de la Defensa Nacional, Carabineros e Investigaciones pero no fueron capaces de mejorar las sustancialmente, en los términos que exigían esos sectores.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, la señora Baltra le solicita una interrupción.
El señor URRA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra la señora Baltra.
La señora BALTRA.-
Señor Presidente, he escuchado con atención las palabras del Diputado señor Pedro Urra. Me parece que reflejan el pensamiento mayoritario de las fuerzas que realmente queremos cambios en este país.
Queremos la acción común. Queremos resolver problemas. Queremos ponernos de acuerdo en materias que signifiquen avance para nuestro país.
Lo que yo no entiendo es la actitud de los Diputados democratacristianos, que anoche sancionaron las reformas constitucionales, que significan cercenar atribuciones del Parlamento. No se puede decir que se interpreta el sentir mayoritario del país, cuando no se es consecuente en los hechos, cuando se ha entregado al Ejecutivo toda la iniciativa de planificación en materia administrativa, financiera y económica. Quisiera que fueran consecuentes en sus actitudes. Si queremos un lenguaje renovado, si queremos realmente ser sinceros y trabajar en favor de la clase obrera, de los campesinos, debemos ser consecuentes. Pero, ¿es consecuente la actitud de anoche de la Democracia Cristiana, en que, con su votación y la del Partido Nacional, entregó facultades económicas omnímodas al Ejecutivo?
El señor PONTIGO.-
Consecuentes entre lo que se dice y se hace.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Urra.
El señor URRA.-
Señor Presidente, en las reflexiones de esta tarde, un Diputado socialista se quejaba de lo que él mismo denominaba "una oprobiosa campaña en contra del Partido Socialista". Yo creo que la izquierda tradicional tiene algunas reflexiones de mayor madurez que entregar en este examen. El empedrado no tiene la culpa de la cojera universal, o por lo menos de la cojera de algunos. Si en el debido momento, en las circunstancias que vivimos la semana pasada, como consecuencia de algunas faltas de decisión o, más que eso, de desorientación de algunas directivas políticas, el país no conoció con claridad, la posición, el pensamiento, la definición de algunos partidos, no tenemos la culpa del juicio público que después se promueva en contra de los dirigentes políticos responsables de la desorientación de sus propias bases. En este caso, es evidente que la semana pasada algunos no tuvieron claridad o no la quisieron tener. Nosotros no somos, evidentemente, los responsables de la falta de claridad política, de la falta de madurez de algunas fuerzas que tenían que entregar también una decisión y no la entregaron oportunamente, o la entregaron en tales términos que nadie entendió realmente lo que querían decir.
El Diputado Cantero, hablando en nombre del Partido Comunista, se felicitaba de la "identidad de criterios" -decía él- expresada en una declaración de los Partidos Comunista, Socialista, Radical y del MAPU, dada a conocer hoy. El Diputado Cantero se felicita de una declaración expresada públicamente diez días después del momento en que el país esperaba una declaración unitaria, que nunca pudo escuchar...
El señor CADEMARTORI.-
También salió.
El señor URRA.-
... en la hora en que realmente se exigía una definición unitaria y no particular de algunas fuerzas políticas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRA.-
Hoy no entreguemos identidades líricas en materia de decisiones y de voluntad política. Diez días atrás era realmente trascendental. Hoy ya no lo es; no tiene importancia; porque el país conoce la voluntad y la decisión política de otros partidos, que se expresaron en esos días con mucha más claridad, como la Democracia Cristiana.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRA.-
Por eso, tenemos autoridad para expresar nuestro juicio político. Por eso, invitamos a la reflexión a los partidos políticos que realmente tienen una preocupación vital por seguir el camino de transformación del sistema capitalista y por abrir un ancho surco en la construcción social sobre nuevas bases en este país.
Hoy respaldamos el proyecto de remuneraciones de la Defensa Nacional en los términos que ha sido redactado después del trabajo de la Comisiones unidas. Ofrecemos en este debate nuestra alternativa progresista y cívica. Estamos abiertos al diálogo con otras fuerzas políticas. Somos, como lo hemos dicho y lo sabe el país, la primera fuerza política con votos populares. Tenemos raíces en los asentamientos, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, en los centros de madres, y tenemos, sobre todo,...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor URRA.-
...voluntad para construir y voluntad para derribar lo que hemos venido derribando sistemáticamente durante el ejercicio del Poder, a través del Gobierno de la Democracia Cristiana.
Eso es todo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Guerra, don Bernardino.
El señor GUERRA.-
Señor Presidente, ya los colegas Phillips y Amello han planteado la posición del Partido.
Quiero yo referirme brevemente a la situación de los suboficiales mayores de las Fuerzas Armadas. Ya lo hice en una ocasión, manifestando que este personal está encasillado en séptima categoría, la cual no figura en el decreto con fuerza de ley Nº 1, que se dictó en conformidad a facultades especiales otorgadas al Ejecutivo. Su artículo 104 establece que las categorías en las Fuerzas Armadas comprenden desde la primera hasta la sexta. Pues bien, a los suboficiales mayores, tanto en actividad como en retiro, se les paga una séptima categoría, no establecida, por lo tanto, en forma legal.
Este personal, al retirarse al fin de su carrera funcionaría, después de más de treinta años de servicios, pierde varias bonificaciones, de permanencia, de rancho y otras.
Por lo tanto, solicito al Gobierno y a los señores Ministros que consideren esta justa petición que hago, en orden a que los suboficiales mayores sean encasillados en la categoría que les corresponde, vale decir, la sexta.
Por otra parte, he presentado una indicación para que el personal jubilado perciba su reajuste en forma oportuna, no por etapas hasta 1972, como lo indica el artículo 1°. Todos conocemos el alza experimentada por el costo de la vida y las bajas rentas de ese sector, aspectos sobre los cuales se ha reclamado insistentemente.
Señor Presidente, muchos suboficiales se retiran en la plenitud de sus condiciones físicas e intelectuales, con vasta experiencia y con bastantes conocimientos, especialmente, los que se desempeñan en la Armada Nacional. Ellos son técnicos, han estudiado los adelantos modernos y, en consecuencia, las instituciones armadas podrían seguir aprovechando sus servicios. Sería conveniente que los suboficiales, como la tienen los oficiales, tuvieran una planta o escalafón complementario que les permitiera seguir trabajando después de haber completado los 30 años de servicios.
Además, en ninguna parte del proyecto se ha considerado la situación del personal revalorizado, vale decir, de aquellos que jubilaron con menos de 20 años de servicio. Sería de toda justicia que se considerara a este sector, como también al personal de FAMAE.
Nada más.
El señor TAVOLARI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Tavolari.
El señor TAVOLARI.-
Señor Presidente, sobre este problema de las Fuerzas Armadas y lo que ha acontecido en los últimos días en Chile, conviene volver la mirada hacia unos días atrás, tal vez, un mes o dos meses atrás, y examinar lo que estaba ocurriendo. Así, quizá, nos explicaremos los hechos que ha lamentado el pueblo chileno, pues, incluso, se dio la sensación da que se trataba de un golpe de Estado.
Quiero manifestar algo que no sé si es de conocimiento de mis colegas. La ley Nº 13.196 y siguientes, de la Gran Minería del Cobre, le asignó un porcentaje a las Fuerzas Armadas. De eso -y no es responsabilidad solamente de este Gobierno- se le está adeudando: a la Subsecretaría de Guerra, 18.823.633,58 dólares; a la Subsecretaría de Aviación, 32.249.960,16 dólares; a la Subsecretaría de Marina 22.374.695,43 dólares.
Ahora bien, a los 73 millones y fracción de dólares que se le adeuda, -hay que agregar- porque esto es por concepto del año 1968 el primer semestre, y aún podría añadirse el segundo, de 1969. La deuda que tiene el Gobierno con las Fuerzas Armadas alcanza, entonces, a la suma de 88.103.042,81 dólares.
El Fisco tiene la obligación de depositar estos recursos en la cuenta Cl, y no lo ha hecho. ¿De quién es la responsabilidad, sino del Gobierno? ¿Por qué no se depositan estos dineros cuando la ley así lo ordena? ¿Es esto responsabilidad de las Fuerzas Armadas? ¿Pueden denunciarlo en voz alta las Fuerzas Armadas, si de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución les está prohibido deliberar?
El 10 de octubre de 1969 se acordó otorgar un préstamo a las Fuerzas Armadas. ¡Escuchen, colegas! A los Generales, Almirantes, hasta Suboficiales Mayores, un millón de pesos, es decir, 1.000 escudos, 84 escudos mensuales por el resto del año; a los sargentos primeros, hasta cabos, 600 escudos, vale decir, 50 escudos mensuales; a los soldados, 400 escudos, vale decir, 33,3 escudos mensuales; a los obreros y asistentes, 200 escudos, es decir, 16 escudos mensuales; a los empleados civiles, 500 escudos, lo que equivale a 41,6 escudos mensuales. Para los solteros, solamente la mitad, vale decir, para generales y almirantes hasta suboficiales mayores, 42 escudos mensuales; para sargentos primeros hasta cabos, 25 escudos mensuales; para los soldados, 16,6 escudos mensuales; para los obreros y asistentes, 8 escudos mensuales; para los empleados civiles, 20,8 escudos mensuales.
Esto es vergonzoso, más aun cuando este préstamo es descontable en cuotas que devengan el 6% de interés anual. Es decir, se les cobra incluso un interés y, lo que es más grave, no está sujeto a los beneficios de previsión.
Esta era la forma como el Gobierno democratacristiano acogía la inquietud que había en las Fuerzas Armadas, que no podían hablar. Un General apeló a todos los recursos para hablar con las autoridades. En este país, donde cualquier hijo de vecino puede pedir una audiencia a cualquier autoridad, por alta que sea, a un General de la República no se le permitió, porque el conducto regular da para mucho. Si el jefe superior es un imbécil, perdonen la expresión, y no da su consentimiento, el subordinado no podrá decir su palabra o su opinión o protestar por lo que en un momento dado puede constituir una injusticia.
De allí, entonces, que es explicable, y esto no se ha dicho en la Cámara, que se haya tejido toda esta comedia, y comprendo al Diputado democratacristiano que hablaba hace un instante, porque me da la impresión que es un hombre idealista que estaba pensando en lo que debiera ser y no en lo que es. Dicen que se intentó dar un golpe de Estado; esto es muy grave, gravísimo. Pero el Presidente de la República, el Gobierno Demócrata Cristiano parlamentó con los que iban a dar el golpe de estado; los golpistas daban conferencias de prensa; el General Viaux, que estaba en el Norte, llega a Santiago y aquí lo reciben los periodistas. ¿Dónde estaban los policías, las autoridades, si sabían que iba a dar un golpe de Estado? Y todavía hay un pacto secreto, que nadie conoce...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor TAVOLARI.-
...es decir, públicamente no se había hecho. Es posible que lo conozcan algunas autoridades, no lo puedo negar, pero lo ignora este Parlamento, al que, con un mínimo de respeto, se le debería haber informado sobre sus diferentes cláusulas. No se ha hecho. ¿De qué base se parte para hablar de este famoso golpe de Estado? Y hay otra cosa bastante grave. En la revista "Vea", que acaba de salir, hoy día, aparece formulando declaraciones nada menos que el ex Comandante en Jefe del Ejército, quien expresa que dirigentes y parlamentarios le aconsejaron a él que disparara contra el Regimiento Tacna, y él no lo quiso hacer, para que no hubiera víctimas. Yo quisiera -porque se trata de un Oficial de alta graduación- que se aclarara, por un mínimo de respeto a esta Cámara, quiénes fueron los que aconsejaron a este General que disparara con el objeto de liquidar la situación del momento. Qué parlamentarios, de qué Partido aconsejaron a este General para que actuara en esa forma. Aquí está la revista "Vea", donde se hace esta grave acusación.
Por este motivo, y para que se aclare esta situación, aun cuando el proyecto se vote esta misma noche y aparentemente estos hechos pierdan actualidad, quiero pedir que se envíen sendos oficios, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Defensa, para que informen por qué no se le ha entregado a las Fuerzas Armadas lo que se le adeuda, por concepto de esta ley Nº 13.196, de la Gran Minería del Cobre.
En segundo lugar, quisiera que se investigara por la Cámara cuáles son los alcances de la declaración hecha a la revista "Vea" por el General Sergio Castillo, quien asegura que algunos políticos le pidieron que hiciera fuego sobre los efectivos del regimiento Tacna.
El señor PALESTRO.-
Fueron los mismos políticos responsables que mandaron a los chiquillos a rodear el regimiento.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia, de la Sala para enviar los oficios solicitados por el señor Tavolari.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, me resulta un poco cuesta arriba hablar de un asunto, no sólo tan poco femenino, sino tan poco de acuerdo con los sentimientos de los que realmente somos revolucionarios y que tan poco entendemos de institutos armados.
Pero quisiera que la Cámara de Diputados pensara por qué han ocurrido todos estos hechos y por qué se adoptaron actitudes que en un momento dado pudieron haber creado un polvorín en nuestro país.
Tengo ante mi vista una página de "El Diario Ilustrado", del 27 de octubre de 1969, en la que aparece una gran fotografía, con una leyenda que me voy a permitir leer, solicitando que la Cámara compruebe los datos que aquí se contienen. Tengo en mi poder todas las declaraciones que se han publicado y que dicen relación a hechos sucedidos en el Ejército, porque la Oficina de Informaciones del Senado las ha reunido en sendos boletines. Yo tengo cuatro boletines. Por lo tanto, todas las publicaciones hechas sobre este asunto, hasta una fecha más o menos reciente, están aquí. Estoy dispuesta a hacerlos llegar, en un momento determinado, a cualquiera de los señores Diputados o de los señores Ministros que así lo deseen.
Los oficiales plantearon que en el Ejército había dos tipos de situación: una, económica, y otra, moral, ambas insostenibles. Ellos acusaban al ex Ministro de Defensa Nacional y a los Altos Mandos Militares, en notas publicadas en diarios y revistas de toda índole, de tener una conducta inmoral.
Si los señores Diputados tienen buena memoria, deben acordarse de un jocoso titular del diario "Clarín" de estos días, que decía algo así como que el señor Marambio era como león para la carne, porque debía 20 mil escudos al Batallón de Intendencia por consumo de "bifes". ¡Veinte millones de pesos!
Y aquí está lo publicado por "El Diario Ilustrado", que yo deseo que la Corporación investigue, para que no se esté viendo hasta "debajo del alquitrán" y para que se comprenda un poco, como ser humano, qué es lo que realmente ha ocurrido en el seno de las Fuerzas Armadas. Hay una fotografía de una casa sombreada por grandes árboles y al pies se lee:
"Dentro de poco el nuevo Ministro de Defensa Nacional, Sergio Ossa Pretot, dehe inaugurar la sede del anexo del Club Militar, que estará ubicada en la calle Carrera Nºs. 120-30."
"La mansión fue adquirida por el ex Ministro de Defensa, General (R) Tulio Marambio, y con la firma del subrogante de Hacienda, Enrique Krauss, actual Gerente-General de la candidatura presidencial Democratacristiana de Radomiro Tomic."
"El Decreto que autorizó la operación tiene el Nº 292, de 8 de julio pasado, y fue cursado por la Subsecretaría de Guerra."
El señor LEIGHTON.-
Ese aviso es una ignominia. ¡Es una ignominia!
La señora LAZO.-
"El citado documento"...
El señor LEIGHTON.-
Esa es mi opinión.
La señora LAZO.-
Señor Leighton, permítame leer esto, porque Su Señoría está en su derecho de probar todo esto en la Cámara.
El señor LEIGHTON.-
Le pido que me excuse. He dado mi opinión.
La señora LAZO.-
Continúo, señor Presidente.
"El citado documento establece en su artículo 4º lo siguiente: "El precio de la compraventa Eº 265.200 se pagará con cargo a la segunda cuota del valor de la transferencia, a título oneroso de terrenos del Ejército a la Corporación de Mejoramiento Urbano, según lo indicado en el D|S. Nº 1.482, de 15-XI-67, del Ministerio de Tierras y Colonización ascendente a Eº 2.119.374,50"."
"El edificio perteneció a don Alejandro Errázuriz Mackenna y luego a la Comunidad Errázuriz Covarrubias. El actual Ministro de Defensa Nacional es casado con una hija del citado caballero."
"En la fotografía, aparece un aspecto exterior del predio en referencia."
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, pido una interrupción.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, antes de conceder la interrupción al señor Ministro, quiero que le hagan llegar esta página de "El Diario Ilustrado".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PALESTRO.-
¡La Ley de Seguridad Interior del Estado!
El señor LEIGHTON.-
A esa información no hay que aplicarle la Ley de Seguridad Interior del Estado; hay que botarla a la basura.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
Resulta sorprendente que en esta Sala, cuando se está debatiendo un problema con altura, relativo a nuestros institutos armados, se traiga a colación por la señora Lazo, una infamia como es la que ha publicado "El Diario Ilustrado", de la cual ella se hace eco. Yo protesto, no por el agravio que se me pueda inferir a mí como Ministro de Estado ni como persona, sino porque la infamia se la infiere al Ejército de Chile y no es posible, a mi juicio, que se venga a enjuiciar aquí la dignidad de sus hombres, la honorabilidad de este Ejército, trayendo a colación semejante artículo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar la DiputadaCarmen Lazo.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, como comprenderá el señor Ossa Pretot, a quien incluso he visto en 2 ó 3 ocasiones, una vez, cuando era el que dirigía la Promoción Popular...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
La señora LAZO.-
...y en las Comisiones Unidas en que se trató este problema, donde casi no escuché hablar al señor Ministro, porque comprendo que lleva poco tiempo en el cargo y supongo que no es adivino. Pero quiero declarar que, personalmente, no acostumbro acarrear infamias; pero quiero comprender el por qué del sordo enojo, el sordo disgusto, no mío, señor Ministro, sino de las Fuerzas Armadas. Y quiero que usted me ayude a comprender por qué ese rumor, en un momento dado, se convirtió en un verdadero pavor que hizo que las radios, a las 9 de la mañana del día martes 21, llamaran a los obreros y a los campesinos a defender el régimen del cual es representante Su Señoría.
De manera, señor Presidente, que éste no es un asunto personal de una modesta Diputada del Partido Socialista, sino que es un asunto que interesa al país que se aclare, para que no se juegue con los hechos peligrosamente, como se jugó en esos días.
Y, si me permite el señor Ministro, voy a seguir con mis argumentaciones, porque, señor Presidente ¿soy yo la infame por leer algo que deben haber leído muchos ciudadanos? ¿Soy infame por haber ido a buscar al Senado de la República estos boletines en donde sale cada una de las publicaciones que se pudieron hacer respecto a este bullado asunto?
Señor Presidente, a mí, personalmente, no me importa que aquí el señor Ossa Pretot me diga o sugiera que soy infame, por muy Ministro que sea, porque resulta que mi modesto nombre es respetado por los trabajadores y ellos saben que no soy infame. Lo demás no me interesa.
El señor PALESTRO.-
¿Me permite?
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
¿Me concede una interrupción, por favor?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señora Lazo, el señor Ministro le solicita una interrupción.
La señora LAZO.-
Me la ha solicitado primero el señor Palestro. En seguida, el señor Ministro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, me parece que en el hecho, el señor Ministro ha metido dos acusaciones en un mismo saco.
En primer lugar, la compañera Carmen Lazo ha leído, le ha mostrado una .página de "El Diario Ilustrado", que como ustedes, que hablan tanto de democracia, comprenderán, por el hecho de tener un aparente tinte democrático también lo leemos de vez en cuando y también nos imponemos de lo que allí se dice; pero no se venga a decir que por eso nosotros vamos a defender las mugres que en él se dicen en contra del movimiento popular, en lo cual muchas veces también han estado de acuerdo con las posiciones del Gobierno.
En seguida, la compañera Carmen Lazo se refirió a la materia misma de la publicación, y es por eso que quisiéramos conocer la opinión del Ministro de Defensa Nacional con respecto al diario "Clarín", que hizo la denuncia acerca de la deuda que tenía el ex Ministro señor Marambio, de veinte millones de pesos por consumo de carne y que, según se corría, mantenía pendiente este General. Y esto no lo decimos nosotros, por una razón muy sencilla: porque el diario "Clarín", menos que ningún otro, puede ser catalogado, señor Ministro, de diario antigobiernista o de diario afecto a las posiciones de la Derecha; por el contrario, es un diario que nosotros respetamos y estimamos porque se encuentra en una posición de centroizquierda y también abre sus páginas generosamente tanto a las esferas del Gobierno como asimismo a los partidos de Izquierda.
De ahí, señor Ministro, que quisiéramos saber si, cuando usted hablaba de que esto era una infamia, se refería también en este caso, al diario "Clarín", porque nosotros tenemos un profundo respeto por ese diario popular.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.
Había concedido una interrupción al señor Ministro.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
Solamente para solicitarle a la señora Lazo aclarara cuál es su intención, cuál es su propósito, al traer este tema a la Sala,...
La señora LAZO.-
Si me deja terminar, señor Ministro,...
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
...y qué es lo que se desea realmente calificar al traer este documento a la Sala de la Cámara.
La señora LAZO.-
Si me deja terminar, ...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar la señora Lazo.
La señora LAZO.-
...voy a hacer uso de mi derecho sin conceder interrupciones, precisamente, para poder satisfacer la curiosidad del señor Ossa Pretot.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
No tengo curiosidad ninguna.
La señora LAZO.-
En primer lugar, ciertas o mentiras, estas cosas fueron formando un mar negro de rumor, de rumor que hasta un sordo tenía que escuchar. El descontento tomó distintos cauces y así se fue acumulando; y cualquier hijo de vecino oía decir que había malestar contra estos personajes que tenían que ver con la defensa nacional.
Por eso he traído a colación estos hechos, porque resulta que, cuando ocurren hechos injustos, como siempre ha ocurrido, se dice: Hubo un estallido, ya sea revolucionario o, en este caso, de alteración de la disciplina. Pero preguntemos siempre: ¿Por qué?, ¿Qué causas crearon estos hechos?
Si acaso es cierto o mentira que se adquirió la propiedad mencionada en esas condiciones, sin duda alguna que tiene que haberle molestado mucho a aquel pobre capitán que oculta con su uniforme su miseria y que se siente avergonzado a veces ante sus inferiores que, por familia o por cualquier otra cosa, tienen mejor situación económica que él. Sin duda alguna también el hecho de que el señor Marambio -no lo he visto desmentido, señor Ministro- haya incluso castigado, negándole un viaje proyectado al oficial que se permitió -según el diario "Clarín", no según la "infame" Carmen Lazo- llevarle la cobranza de su deuda. En el diario aparece incluso el número del oficio en el que se le presentó y también sale en el diario la fecha en que hizo esta cobranza.
Estos hechos, señor Ministro, son los que, sin duda alguna, han creado el descontento que tanto ha asustado al Gobierno de Su Señoría.
Hay otra cosa más: ¿El Gobierno no sabía nada de esto? ¿No sabía el Presidente de la República, que tiene un servicio especializado dentro del Ejército, no tenía ninguna información? ¿No sabía que hacía año y medio había un inmenso descontento por la mala situación económica? ¿No se había percatado ni el Presidente, ni los Ministros que tienen que ver con estas materias, que había descontento por las inmensas diferencias entre algunos hombres que tenían entrada en La Moneda, pero que despreciaban al resto de las Fuerzas Armadas?
¿Qué pasó, señor Presidente, después de la ocupación del Tacna por el señor Viaux? ¿Por qué se fue el señor Marambio? ¿Por qué se fue el Comandante en Jefe del Ejército? ¿Por qué se tuvo que ir un grupo grande de oficiales?
Ante la opinión pública este movimiento es, sin duda alguna, un triunfo llámeselo como se quiera. Llámeselo movimiento reivindicativo o en otra forma pero los hechos posteriores a él fueron la consecuencia de ese movimiento y el Presidente de la República que está rodeado de gente, de gente que no lo deja escuchar, ni éste ni otro rumor, este pobre señor enclaustrado, que no sabe lo que pasa en su Ejército y que no sabe tampoco lo que pasa en el seno de su clase trabajadora, ese pobre señor se encontró con que a las 9 de la mañana...
El señor TUDELA.-
¡Insolente!
La señora LAZO.-
¡Sí, señor, es un solitario!
Yo no creo que el señor Frei sea un hombre mal intencionado o sea un demagogo; pero creo, sí, que es un solitario, rodeado de "paniaguados" que no lo dejan escuchar el descontento que hay en su país.
Resulta, señor Presidente, que aquí tengo también para los señores que me están gritando lindezas, en esta información del Senado, la relación cronológica de cómo se sucedieron los famosos comunicados de la prensa, de la radio en cadena, llamando al pueblo. ¿Qué decía el primer comunicado? ¿Escucharon los señores Diputados un comunicado trasmitido más o menos a las nueve y media de la mañana? Habría servido para que un enfermo del corazón o un alarmista hubiera pensado que en Chile ocurría una cosa horrible, porque era cuestión de oír cuando se decía que el Gobierno llamaba al pueblo para defenderlo, que corriera a La Moneda a defenderlo, porque había un golpe militar. Eso no lo inventamos los socialistas, señor Ministro de Defensa. Los socialistas no inventamos esa alarma que pudo haber creado un enfrentamiento de los trabajadores con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que siempre ha querido el pueblo de Chile. ¿Qué se pretendía con ese llamado? Yo me pregunto, señor Presidente: ¿qué habría ocurrido si la gente hubiera tenido en el Gobierno la antigua fe del año 1964, y hubiera corrido hacia los cuarteles, inerme e indefenso, a enfrentarse contra otros hombres, que lo único que tenían era hambre y lo único que querían era que se limpiara la dignidad del Ejército?
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa).-
¿Me permite?
La señora LAZO.-
No, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No desea ser interrumpida la señora Carmen Lazo.
El señor TUDELA.-
Ustedes corrieron a los cuarteles.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego guardar silencio.
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor TUDELA.-
Andaban repartiendo volantes.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, queda probado que no fuimos los socialistas los que hicimos cundir la alarma en el país.
Otra cosa, para que la sepa el señor Diputado que ha sido antes Intendente, o sea representante directo del Gobierno.
El señor TUDELA.-
A mucha honra, señora.
La señora LAZO.-
Sí, no cabe duda de que él lo ha hecho a mucha honra, porque no tengo por qué pensar que lo haya hecho para satisfacer un apetito personal. Pero hay una cosa que debe aprender a oír. Cuando el señor Viaux estuvo veinticuatro horas dentro del Regimiento Tacna, no fue hasta allí Aniceto Rodríguez, sino un Senador que ha sido Jefe de su partido, el señor Fuentealba; fueron varios Diputados de todos los partidos y entró toda la prensa y toda la televisión, y resulta...
Un señor DIPUTADO.-
Menos los socialistas...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
La señora LAZO.-
Bueno, fueron de casi todos los partidos.
Resulta que, además, fueron representantes del Ejecutivo; el señor General Mahn y el Subsecretario de Salud fueron como cinco veces a hablar con el "rebelde" Viaux, con el "revolucionario", con el que iba a dar el golpe de Estado; fueron a hablar con él. Yo digo, ojalá hubieran tenido esta suerte los obreros de SABA. ¡Qué bueno sería que, cuando hay una toma de una fábrica, fueran a visitarla una ele estas altas autoridades! ¿Se imagina usted, señor Presidente, lo luego que se solucionarían los conflictos? Pero resulta que las viejas dicen una cosa, señor Ministro: el miedo es cosa viva; el miedo los hizo hacer cundir la alarma y el miedo los hizo actuar como actuaron, incluso, acallando a la radio y acallando a la televisión, llamando a todos los Directores de diarios para decirles que tenían que dar noticias controladas. Y además, llamando a los Rectores de todas las Universidades para poder decir en cadena nacional...
Un señor DIPUTADO.-
No.
La señora LAZO.-
...para poder decir por cadena nacional que habían recibido el apoyo de los Rectores.
Resulta, señor Presidente, que un Diputado democratacristiano nos ha hecho a nosotros el cargo de que no fuimos a la Moneda. La verdad es que no fuimos a la Moneda; no fuimos, y no necesitamos mentores políticos, por suerte.
El Partido Socialista es un partido organizado que sabe perfectamente bien los pasos que da. Y ahora, con respecto a nuestra conducta frente a nuestros aliados, especialmente del Partido Comunista, no se pueden aplicar las recetas venidas de la Democracia Cristiana o de cualquier otro grupo, porque nosotros sabemos muy bien que con los comunistas o con cualquier otro grupo de la Izquierda, hemos hablado siempre un lenguaje fraterno y franco. Por lo tanto, no nos hacen falta recetas ni lecciones.
Por otra parte, nosotros no tenemos enajenada nuestra independencia política. De manera que no asistir aquí o allá era asunto nuestro y son de nuestra responsabilidad los pasos que demos dentro del FRAP o fuera de él.
¿Qué pasa con los militares, en general? Como lo dije denantes, ocultan su miseria. Pero, ¿hasta cuándo? Si debe ser muy fuerte, sicológicamente, estarse callando siempre, teniendo incluso, constitucionalmente, prohibición para decir cosas y saber que se carga un arma. Sabe usted, señor Presidente, que los delincuentes sienten que están desnudos cuando no están armados? ¿Cómo se sentirá un hombre de mala situación que vive desamparado, sabiendo que tiene un arma, que como una segunda personalidad lo acompaña todos los días? Bastante distinto de la desnudez de la gente que no tiene qué ponerse ni qué comer.
El otro día conversaba con un chofer de taxi -porque es bueno hablar con toda la gente, no sólo con los secretarios y asesores- y me decía algo que a usted le habría dado pena, señor Ministro: "Mejor que hagan un golpe, si estamos "cabriados" con estos sinvergüenzas". Le habría dado pena, o vergüenza seguramente.
Un Comisario de Investigaciones me decía: "Mire, señora Carmen, resulta que yo a veces, ando seis meses haciendo una pesquisa, buscando a un delincuente, y de repente lo veo pasar en un auto macanudo y yo estoy en la esquina esperando una micro. El roto pasa y me dice: chaíto, no más. ¿Por qué? Porque él tiene medios para movilizarse. El delincuente se ríe de mí y yo, como tonto, parado en una esquina esperando una micro y sabiendo que, a veces, a ese mismo delincuente voy a tener que recibirle plata, porque cuando lo detenga, va a ser él quien va a pagar el taxi para llegar al cuartel de General Mackenna".
Con los carabineros ¿qué pasa? Los que no usamos el fuero parlamentario para escondernos cuando pasa algo, los que salimos con los gremios a la calle a pelear, hemos sufrido mucho con el Grupo Móvil y con los gases lacrimógenos. Con el Diputado Fuentes, del Partido Radical, no una, sino varias veces, y con los Diputados comunistas y de nuestro partido, hemos sabido lo que son los palos y las injurias de carabineros.
Sin embargo, una noche en que yo iba a sacar a unos panificadores presos, vi un espectáculo que nunca olvidaré, porque espero, señor Presidente, que esta pasada por el Parlamento no liquide los sentimientos de ser humano que hay en mí. Vi a un carabinero de civil ir a pedirle a su Teniente que lo acompañara alguien a la población "callampa" donde vivía, porque todos los días lo hostigaban y tocios los días le pegaban a su mujer. Y verlo, daba lástima: la suela de sus zapatos, completamente gastada; el terno... no era terno: raído totalmente. O sea, ese hombre vestido de civil, se veía más miserable que cualquiera otro -trabajador o no- que vive en los aledaños de la ciudad.
A esa gente es la que se quiere favorecer ahora. Pero favorecer ahora ¿porqué? ¡Porque está imperando el miedo; no por que se quiera hacer justicia! Miedo, porque se piensa: si no los arreglamos ahora habrá un golpe de verdad. ¿Por qué no se dicen estas cosas? ¿Son para una sesión secreta? ¡Si la gente las comenta en todas las esquinas!
Y yo me hago otra pregunta. Nosotros votamos en general la idea de legislar, y vamos a votar casi todos los artículos de financiamiento de este proyecto de ley, pero ¿han sacado la cuenta Sus Señorías de cuál va a ser el reajuste real de las Fuerzas Armadas de aquí al año 1970?
Yo quisiera que el señor Ministro de Hacienda -que personalmente conmigo ha sido muy gentil- me dijera, seriamente, de cuánto va a ser de aquí a 1970 ese reajuste. Yo sé que no me va a contestar, porque él es diablo, es habiloso,...
El señor PALESTRO.-
Es chiquito pero diablito.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
La señora LAZO.-
... y porque ya en las Comisiones Unidas -donde el señor Ossa Pretot se mantuvo silencioso, porque como lo dije denantes, él no puede adivinar una cosa tan compleja en pocos días- el señor Ministro de Hacienda, que no conoce al dedillo los problemas de la Defensa, y que no tiene un esquema de cómo va a ser el reajuste de las Fuerzas Armadas, sacó -como se lo dije bromeando en ese momento- sacó su culebrita, tal como esos hombres que se para en las calle, que empiezan a mover su culebrita de aquí para allá y de allá para acá, y que dicen: "Señores, miren la culebrita, miren la culebrita", y después le venden a uno una pomada con la que han sacado una mancha de tinta que se echaron en la solapa.
Pero resulta, señor Presidente, que con culebrita y todo en el país hay conciencia de que es necesario este reajuste, pero hay conciencia también de que éste, de aquí al 70, va a ser superior a un 50 %.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me excusa, señora Diputada? Ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, tal como lo solicitara la señora Lazo no la he interrumpido en su exposición, pensando que efectivamente iba a dar respuesta a las preguntas que yo le formulara. Lamentablemente ella se ha limitado a hacer un análisis, muy personal, a mi juicio, de la situación de las Fuerzas Armadas. Ella podrá tener su opinión al respecto, pero quiero señalar las preguntas que yo le planteé. Uno: ¿Qué intención había al traer a la Sala esa página de "El Diario Ilustrado"? dos: ¿para qué se trajo el tema a colación en esta sesión? y tres: ¿qué objeto se perseguía a] traerlo? Ninguna de las tres cosas me han sido contestadas.
Pero quiero decir algo más. Se ha dicho mucho que como soy un Ministro que ha asumido recientemente la Cartera, estoy mudo, soy ignorante de los problemas, no tengo opinión. Grave error, porque si bien no podré estar en el detalle del asunto, sí puedo tener algunos conceptos fundamentales, que hemos expresado tinto el señor Ministro de Hacienda como yo en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional.
Yo quiero solamente expresarle a la señora Lazo de que en un:: sesión pública como ésta, los conceptos, los juicios y el análisis que ella ha hecho de las Fuerzas Armadas son, a mi parecer y por lo que conozco de la materia, extremadamente graves y delicados.
La señora LAZO.-
Aplíqueme la ley.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
No puede, a mi juicio, hablarse con tanta liviandad, con tanta soltura de cuerpo...
La señora LAZO.-
Eso quiere decir que me queda juventud.
El señor OSSA PRETO ( Ministro de Defensa Nacional).-
Perdón, señora Lazo, por mucha soltura de cuerpo que le quede todavía, no se pueden analizar ni emitir juicios, en la forma que le hemos escuchado esta noche sobre problemas tan extremadamente delicados y complejos como estos.
Yo he estado mudo en esta sesión, no porque no pueda dar opiniones, sino porque tengo la convicción y la seguridad de que tengo en mis manos una tarea extremadamente difícil e importante para el país. Por eso, creo que Su Señoría no tiene derecho -con toda la libertad parlamentaria que exista- a expresar en forma tan ligera, repito, juicios y análisis que no corresponden a la realidad, y que pueden crear situaciones extremadamente delicadas. Y lo digo con plena responsabilidad del cargo que invisto.
Lamento que haya terminado el tiempo del Comité Socialista...
La señora LAZO.-
Me convida tiempo usted, pues, señor Ministro.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
No estoy en mi derecho para convidárselo, señora Lazo, pero le reitero las preguntas que dejé formuladas anteriormente y que, a través de su larga exposición no fueron contestadas.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, que la Cámara me conceda cinco minutos.
El señor PHILLIPS.-
Ha sido aludida.
El señor MONARES.-
El Reglamento se los da.
Varios señores DIPUTADO.-
Tiene derecho a responder.
El señor MERCADO ( Presidente).-
La señora Carmen Lazo, en uso de su derecho, solicita cinco minutos para contestar al señor Ministro.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, en primer lugar, creo que el señor Ministro ha comprendido lo que yo he querido decir de las acusaciones hechas tanto por el señor Viaux como por otros oficiales y que, como Hechos ocurridos en el Ejército", aparecen en los boletines números 57, 58, 59 y 60 de la Oficina de Informaciones del Senado.
En todas las declaraciones de prensa el General Viaux y otros altos jefes del Ejército, dijeron que dos factores habían creado la situación a que se llegó el martes pasado, el día en que se tomó el "Tacna", y que eran la corrupción que había en los altos mandos -eso lo han dicho públicamente, están aquí señor Ministro- y la pésima situación económica de estos personales, que se sentían absolutamente tramitados por un año y medio. Creo que esta es la pregunta número uno.
¿Cuál es la pregunta número dos, señor Ministro, por favor?
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
¿Para qué se trajo a colación el terna de la adquisición de una propiedad por el anterior Comandante en Jefe, que lo hizo con las autorizaciones que tenía, que son soberanas, nombrándome a mí, y a mi familia. Vuelvo a repetir, ¿para qué se trajo a colación este tema en este momento?
La señora LAZO.-
Señor Presidente, en realidad, creo que el señor Ministro ha comprendido que eso no lo inventé yo; además, no lo haría, no tengo una imaginación tan fértil. He leído el diario y la fecha, y el señor Ministro tiene todos los resortes legales para querellarse o para desmentirlo o para tomar las acciones que quiera.
La señora RETAMAL.-
¿Por qué lo trajo a colación?
La señora LAZO.-
¿Por qué lo traje a colación?
La señora RETAMAL.-
¡Sí! ¡no debió hacerlo!
La señora LAZO.-
Porque eso prueba -y yo no soy sirvienta de nadie, señora- que había corrupción, y si no el Gobierno jamás habría sacado, creo yo, al Ministro de Defensa Nacional para llegar a un acuerdo con Viaux, acuerdo que han reconocido las autoridades. De manera que yo no lo he traído a colación por molestar al señor Ministro; no tengo la intención de hacerlo; lo he traído a colación, porque ese hecho, más lo que ha denunciado "El Clarín", y más otros que están en estos legajos de la prensa, cuyos números de boletines del Senado he dado a conocer al Ministro, son los que, a mi parecer, crearon la situación inconfortable que obligó a sacar al Ministro de Defensa Nacional y a los Altos Mandos del Ejército.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, para volver el debate al cauce que él debía haber tenido durante toda esta tarde, quisiera, muy brevemente, recoger algunas de las observaciones que se han hecho aquí en la Sala y que también fueron formuladas en las discusiones tenidas en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional.
En primer lugar, quiero señalar que en Mensaje del Ejecutivo había algo que al parecer, no ha sido suficientemente meditado por los señores Parlamentarios que emitieron juicios sobre la materia. El Gobierno ha sido muy claro para señalar la especificidad de la función de nuestras Instituciones Armadas, su mandato constitucional y su profesionalidad. Con estos tres conceptos se ha elaborado todo el planteamiento que el Ejecutivo ha estado sosteniendo en relación con el mejoramiento de nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no parece concebible que en un debate se pueda confundir el tema central, específico: la constitucionalidad del mandato, la función y la profesionalidad de nuestros Institutos Armados, con otras situaciones que puedan generarse en otro tipo de instituciones públicas, semipúblicas o privadas.
Es un concepto que me parece fundamental restablecer en este debate.
Se ha dicho también que el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro de Defensa han quedado al descubierto en la Comisión, porque no tenían estudios preparados, que se habían anunciado por la prensa y en todas las formas de comunicación con la opinión pública, ya que no podían presentar al Congreso sino que un proyecto de facultades.
Quiero reiterar aquí en la Sala lo que dijimos, tal vez en forma majadera, en la Comisión. Los estudios, para información de los señores parlamentarios que no participaron en la Comisión, están terminados. Reitero una vez más: lo que hemos sostenido -y ahí hubo consenso unánime en la Comisión, de todos los partidos representados en ella- es que el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas era tal, que hacía imposible un debate parlamentario sobre la base de presentar escalas o estructuras de remuneraciones.
Esto no quiere decir que no existan estos estudios. Hemos sido muy claros, con el señor Ministro de Hacienda, para señalar que teníamos los estudios en nuestra mano, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, como consta también a la opinión pública. El ex Ministro de Defensa, con los señores Comandantes en Jefe, con el señor Ministro de Hacienda, han estado abocados a este estudio...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, les ruego guardar silencio y respetar el derecho que tiene el señor Ministro.
El señor OSSA PRETOT ( Ministro de Defensa Nacional).-
...en horas largas de trabajo. Naturalmente que para poder llegar a una conclusión final en todo el complejo esquema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, yo podría cansar largamente a la Sala. Creo que es inútil hacerlo en este momento. La forma en que ellas se componen, todos los anexos que tienen, la variedad inmensa de asignaciones, sobresueldos, hacen que el problema tenga que ser debatido en particular con cada una de las ramas, a través de los Comandantes en Jefe, ver las implicancias que cada uno de los factores tiene en cada uno de los grados, categorías o escalafones.
Se ha dicho también -en esto creo que el señor Ministro de Hacienda podrá abundar con mucho más propiedad- por algunos partidos representados aquí en el Parlamento que no estarían en condiciones de otorgar facultades al Ejecutivo por la mala utilización que habría hecho de las facultades otorgadas anteriormente. En forma muy breve y sucinta para desvirtuar algunos cargos en esta materia, quiero señalar cuáles fueron las aplicaciones de estas facultades, en qué consistieron y qué es lo que se obtuvo.
Muy someramente, puedo decir que de las facultades otorgadas en la ley Nº 16.840, de mayo del año 1968, se desprendieron cinco decretos con fuerza de ley. El D.F.L. 1, por primera vez dictó el Estatuto de las Fuerzas Armadas, fijando sus ingresos, retiros, plantas y ascensos. ¿Es esto no haber utilizado las facultades? ¿Es esto no haber hecho nada?
Igual sistema, a través del D.F.L. Nº 2, se aplicó al Cuerpo de Carabineros.
A través del D.F.L. Nº 3, -tengo aquí en mi mano cada uno de los D.F.L. con todas las materias que ellos incluyen, y los conocen los señores parlamentarios- a través del D.F.L. Nº 3, repito, se produjeron e introdujeron aumentos de sueldos, gratificaciones y sobresueldos. La bonificación profesional, que estaba en 30% se subió a un 50%; y a contar del 1º de septiembre de este año, 1969, se subió a un 55%. Debo advertir que más de la cuarta parte del personal del Ejército recibe y tiene como parte de sus remuneraciones estas gratificaciones especiales.
En la Marina se subió también la gratificación de embarcados, que era un rubro de bastante importancia.
A través del D.F.L. Nº 4, todo el Fondo de Revalorización de Pensiones, que ustedes conocen, se reglamentó, se le dio nueva estructura y se pusieron a su disposición mayores recursos.
El D.F.L. Nº 5, reguló, modificó todo el sistema de escalafones y ascensos de los servicios médicos y de sanidad de las Fuerzas Armadas. Igual cosa se hizo con todo el personal paramédico: enfermeras, ayudantes, etcétera.
Todo esto significó que durante el año 1968 las Fuerzas Armadas tuvieron un reajuste global del orden del 40%, en circunstancias que el resto de la Administración Pública recibió un aumento del 20%.
Se reglamentó, además, el rancho, que pasó de una cifra que era realmente miserable a un tercio del sueldo vital. Igualmente, se aumentó la asignación de casa.
Como decía, el señor Ministro de Hacienda, con más propiedad que yo, podrá referirse a estas materias en forma más extensa. Pero he querido señalar que la imputación hecha para no otorgar en esta oportunidad las facultades que el Ejecutivo está solicitando, no tiene funda mentó, por cuanto esas facultades otorgadas en la ley Nº 16.840 se aplicaron en un sistema realmente completo y se produjo un avance espectacular en lo que eran los sistemas de remuneraciones, hasta esa fecha, de nuestros institutos armados.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, tanto en la sesión de las Comisiones unidas de Defensa y de Hacienda como en esta Sala, se ha pretendido sostener que sería responsabilidad de este Gobierno la situación desmedrada en todo sentido, tanto profesional como económica, en que se encontrarían las Fuerzas Armadas que este Gobierno, durante los cinco años de su acción, no habría tenido preocupación alguna por ellas. Aún más, se dijo que las facultades que se le habían otorgado en el año 1968, habían sido mal usadas o no se había pretendido dar siquiera ningún beneficio a las Fuerzas Armadas.
Yo, señor Presidente, por no ser ésta una sesión secreta -porque, indiscutiblemente, muchos datos de los que se pueden dar y que se pueden mencionar en el debate deben ser entregados en sesión secreta- voy a tener que reservarme muchas cosas para poder dar una explicación de todo lo que el Gobierno ha hecho, de cómo debe enfrentarse el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y el problema profesional, en cuanto a equipos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme señor Ministro. ¿Usted desea que se declare secreta la sesión?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Si acaso después se quisiera abrir un debate sobre estas materias y se estimara que pudieran producirse expresiones que no fuera conveniente que fueran públicas, creo que podría hacerse una sesión secreta.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En reiteradas oportunidades, y no con el objeto de hacer cargos a ningún partido político ni a ningún Gobierno, he sostenido que el Gobierno del Presidente Frei, cuando asumió, el año 1964, recibió tanto al sector armado como al sector público civil en una situación desmedrada en materia de remuneraciones. Ello se debió a que, normalmente, durante más de 12 años, salvo excepciones, se otorgaron reajustes muy inferiores al alza del costo de la vida. Ello se tradujo en que, indiscutiblemente, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y de las Fuerzas Armadas tuvo que reducirse. Cuando el Gobierno asumió, y refiriéndome sólo al problema de las Fuerzas Armadas, puedo expresarles que ellas recibían el reajuste sólo por la mitad del año. En el año 1964, se les otorgó un reajuste del 1º de julio al 31 de diciembre. Es decir, además de tener un reajuste inferior, sólo lo recibían por una parte del año.
El Gobierno, en aquella ocasión, en virtud de la dictación de la ley Nº 16.250, y haciendo un esfuerzo en materia económica, como a otros sectores de la Administración Pública, les anticipó el reajuste al 1º de abril, dando el ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Al año siguiente, en la ley Nº 16.466, ley especial de reajuste para las Fuerzas Armadas, ese reajuste se dio a contar del 1º de enero, restableciéndose así la situación normal que debía producirse para ese sector. Y no sólo se le dio el ciento por ciento del alza del costo de la vida, sino que allí se dio lo que se llamó la "bonificación profesional", equivalente a un 30%, de que gozaría todo el personal activo y que pasaría a jubilación para aquellos funcionarios que tuvieran más de 30 años de servicio dentro de cualquier rama de las Fuerzas Armadas.
En la ley Nº 16.840, nuevamente se establece un sistema de reajuste de remuneraciones equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Y en el año 1968, en virtud de la facultad que se otorgó al Presidente de la República, tal como lo expresara el Ministro de Defensa, el Gobierno reconoció nuevamente, de acuerdo con la capacidad financiera y económica del país, la necesidad de entregar mayores recursos para remuneraciones de las Fuerzas Armadas. En virtud de esa facultad, de la cual se hizo uso,...
-ablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, les ruego guardar silencio.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
... se dieron beneficios adicionales, que a lo mejor no fueron todos los que pudieron haberse dado, y. creo que todavía muchos esfuerzos debe hacer este país para arreglar el problema de las remuneraciones del sector público en general. En virtud de esos D.F.L. se sube la asignación profesional de 30% a 55%, dándose a contar del 1º de enero el 50%, y el 5% restante, a contar del 1º de enero de 1969. Además, se sube la asignación de lo que se llama rancho y también la asignación de casa.
También se ha especulado mucho acerca de que este Gobierno habría desmedrado, en materia presupuestaria, los recursos destinados a las Fuerzas Armadas del país. Puedo expresar, de acuerdo con cifras que me fueron entregadas por la Dirección de Presupuesto, que en el año 1964, cuando asumió el Gobierno, se destinaba a la Defensa Nacional el 10,3% de lo totalidad de los recursos presupuestarios. En el presente año se ha destinado el 10%. Pero hay una diferencia muy grande: los recursos de tipo presupuestario han crecido, en estos cinco años, en un 80% en términos reales. De esto se traduce un dato bastante interesante: en el año 1964, se destinaban recursos presupuestarios a las Fuerzas Armadas -en moneda del mismo valor, voy a decirlo- por 749 millones de escudos; en 1968, se destinan 1.282 millones de escudos a la Defensa Nacional.
Hay otro dato que también es interesante en materia de pensiones. En esto puede ser que falte mucho por hacer. A ningún Gobierno se le puede pedir que solucione todo un plazo breve. Hay muchos cambios que se demoran años de años, y así lo reconocen los partidos que defienden esos regímenes. El año 1964, se pagaban 94 millones de escudos en materia de pensiones; en el año 1969, los recursos destinados al pago de pensiones ascienden a 542 millones de escudos. Cualquier deflactor que se aplique con motivo de inflación, nos lleva a demostrar que en materia de pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ha habido un esfuerzo muy superior al que puede conocerse en nuestro país en cualquier Gobierno, ya que -y lo puedo decir con cifras aproximadas puesto que no tengo los cálculos aquí- significa más que duplicar en términos reales lo destinado a mejorar las pensiones del sector armado. Y no sólo eso, sino que también el Gobierno se ha preocupado de dar recursos a las Fuerzas Armadas para hacer adquisiciones. No me encuentro facultado para dar estas cifras y estos datos, porque no podría hacerse en una sesión como ésta, y creo que correspondería que el Ministro de Defensa -si la Cámara así lo estima- concurriese en otra oportunidad y dijera cuáles son los recursos destinados a este objeto.
Quiero hacerme cargo de una de las observaciones que hacía el Diputado Tavolari en relación con la ley reservada. Efectivamente, hace algunos años se dictó una ley de la República, en virtud de la cual se determinó que un porcentaje del rendimiento de la tributación de las grandes compañías del cobre sería destinado a lo que se llamó la ley reservada de la defensa nacional. Si bien esa ley tuvo un objetivo muy sano, indiscutiblemente no previo algunos hechos. Cuando asumimos el Gobierno, existía una deuda de arrastre en materia de recursos no entregados en virtud de esa ley, ni depositados en la Cuenta que decía el señor Tavolari...
El señor PHILLIPS.-
¿Cuánto era la cifra?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No tengo la cifra exacta.
El señor PHILLIPS.-
¡Yo la tengo!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Phillips! Ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No estoy disparando a la bandada.
El señor PHILLIPS.-
Es ir por las ramas.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Quiero explicar por qué se produce ese saldo que no se depositó en la mencionada cuenta y quedó como crédito de la ley reservada por el hecho de no haberse enterado esos fondos. Por haber subido los precios del cobre, la tributación ha subido también en términos bastante considerables durante los últimos años; pero, al mismo tiempo, el Gobierno ha tenido que enfocar diversos problemas y no ha podido recurrir a créditos externos, sino que ha debido financiarse, precisamente, con los mayores recursos producidos por el cobre. De esa manera es muy difícil hacer traspasos para estos efectos.
Pero, sí, le puedo decir al DiputadoTavolari que el Gobierno ha asumido la responsabilidad por compras para las Fuerzas Armadas, por una suma muy superior a la aquí se ha indicado. Sin duda, con el tiempo tendrá que cancelarse y creo que tendrá que desaparecer ese saldo en definitiva.
El señor UNDURRAGA.-
¿No serán las hechas por Gabriel Valdés, Ministro de Relaciones Exteriores?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No podría decirle. Creo que no sería conveniente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Ministro, le ruego evitar los diálogos.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional de la Cámara, junto con el Ministro de Defensa, expresamos que había estudios acabados de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Explicamos la complejidad del sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y cuan necesario, una vez reunidos todos los antecedentes y la posibilidad de crear varias alternativas, era consultar a la gente que conoce esta materia sobre cuál podría ser el sistema más racional para simplificarlo.
Hicimos ver que había problemas muy difíciles de solucionar por la diversidad de tipos de remuneraciones; por el hecho de existir sueldos bases bajos, asignaciones de dedicación profesional, asignaciones especiales que ganaban algunos y de las que no gozaban otros. Por otra parte, entre el personal jubilado existía gente que había sido llamada a retiro con más de diez años de servicios y con menos de veinte, que tenían un sistema determinado; otros, con más de 20 años de servicios y menos de 30, se regían por distinto sistema, y, por último, gente con más de 30 años estaba acogida a un sistema diferente.
Todo esto obligaba, indiscutiblemente, a hacer un estudio muy acucioso para que la solución fuera aceptable y conveniente para todo el personal armado, a fin de no prolongar los problemas que hoy día existen. Queríamos que, en virtud de esta facultad, el Gobierno" pudiera asumir la responsabilidad que le cabía y dar una solución razonable, de acuerdo con los recursos de que el país iba a disponer para ello, a este problema, que tenía prioridad.
La Diputada Carmen Lazo me ha preguntado qué porcentaje de reajuste se otorgará. Al respecto, quiero repetirle lo que le dije en las Comisiones unidas. Allí le expresé que no hubiéramos necesitado de una facultad si acaso el problema fuera el de dar un reajuste parejo, un porcentaje parejo, puesto que habría bastado con señalar cuál era ese porcentaje y multiplicarlo sobre la base de sueldos pagados para determinar su costo y el financiamiento necesario para cubrirlo. Pero que el problema no radicaba ahí; que había que hacer un estudio con el objeto de determinar, realmente, dónde estaban los problemas más críticos, dónde se debían dar las soluciones más importantes.
La señora LAZO.-
medio minuto, por favor Ministro
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Con todo gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.-
Se trata de lo siguiente, señor Ministro. En una Comisión o en las Comisiones unidas, reunidas incluso secretamente, Su Señoría podía haber dicho cuáles eran los fórmulas que yo entiendo que son complejas que se iban a adoptar para dar resolución a este problema y para tener idea de cuál iba a ser ese reajuste.
Gracias, señor Ministro.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, yo le manifesté a la DiputadaLazo, y se lo reitero nuevamente, que el problema no era el otorgamiento de un reajuste parejo o de un porcentaje parejo, sino que había que estudiar grado por grado, rama por rama de las Fuerzas Armadas, cuál era la solución que debía darse; que, sin duda, existían sectores de las Fuerzas Armadas que requerían de una mayor atención que otros, sin perjuicio de buscar también, respecto de esos otros, una solución. Le expresé que había diversas alternativas: informé cuales asignaciones podían moverse y dónde podían ubicarse; qué podía hacerse con el sueldo base; qué sucedía en cada uno de los casos. Pero que no podía determinar, en ese momento -y esta es otra de las incógnitas que también hay que dejar en claro, aunque, por lo demás, se ha explicado en el Mensaje-, cuánto era el financiamiento y las posibilidades presupuestarias que existían como para abordar el problema en la forma más racional y justa posible.
Dije que sólo eso podía saberse después de determinada cuál sería la alternativa a escoger, y para eso se requiería algún tiempo, con el fin de hacer las consultas pertinentes. Una vez determinado ese costo y vista la posibilidad de financiamiento, en ese momento, sería posible dictar el decreto con fuerza de ley, siguiendo las pautas que señalé en la Comisión; y dije cuáles podían seguirse, incluso, manifesté los grados en los que se creía que existía el problema más dramático, desde el punto de vista de remuneraciones.
Aquí en la Cámara quiero aclarar que el financiamiento presentado en el proyecto es tentativo y estoy consciente de que no alcanza para solucionar, realmente, el problema. En verdad, respecto de las facultades que se solicitan, tal como digo en el Mensaje, si esos recursos no fueran suficientes, se tendrá que recurrir a los recursos ordinarios de la ley de Presupuesto que debe despachar él Parlamento el día 31 de diciembre o bien se propondrá en la ley de reajuste general. Una vez indicado el costo efectivo, el Ejecutivo solicitará al Parlamento los recursos necesarios para resolver este problema, indiscutiblemente encuadrados dentro de las posibilidades financieras del país, de tal manera que ello no signifique, por ningún motivo, que tales recursos sean netamente inflacionarios y puedan hacer mañana, de un reajuste de esta especie, una ilusión; es decir, que la inflación nuevamente proceda a robar el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, no sólo de este sector, sino de todos los asalariados de este país.
La señora ALLENDE.-
¿Y este proyecto?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Personalmente creo que mayores antecedentes que los que yo di en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa, no se pueden dar, no porque me quiera guardar algo, ni porque sea diablo, ni porque sea igual que el personaje con el cual me comparó la señora Lazo, sino porque creo...
El señor PHILLIPS.-
¡El chico de la culebra!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
...que hay que ser responsable. Primero, es preciso conocer todos los antecedentes necesarios, para poder visualizar, con claridad, la solución a la cual pueda llegarse y poner en conocimiento de este Parlamento la solicitud de mayor financiamiento, en el caso que fuera necesario.
Muchas gracias.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra, por medio minuto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, quiero manifestar al señor Ministro que, según antecedentes que obran en mi poder, al término de la Administración Alessandri quedó disponible en la cuenta especial de adquisiciones de las Fuerzas Armadas, la suma de 30 millones de dólares: 12 millones con disponibilidad directa de esta moneda, y cerca de 18 millones en otras monedas. Son los datos que tengo.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No es que haya disponibilidad, sino que se quedaron adeudando.
El señor PHILLIPS.-
¿Cómo?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Los quedaron adeudando. O sea, se contabilizaron en la cuenta, pero no ingresaron en la cuenta.
El señor PHILLIPS.-
¿Estaban o no estaban?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No estaban. Estaban contabilizados.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Ruego evitar los diálogos!
El señor PHILLIPS.-
¿Por qué? ¿Cuándo es la única proclama que los democratacristianos están cumpliendo?
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor PHILLIPS.-
He terminado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2º, 7º,8º, 12º, 16, y transitorio, por no haber sido objeto de indicaciones.
El señor ACEVEDO.-
¿Puede volver a leerlos?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Artículos 2º, 7º, 8º, 12, 13, 14, 15, 16 y transitorio.
Solicito el asentimiento de la Sala para suspender la sesión por media hora, hasta las 11.
Acordado.
-Se suspendió la sesión a las 22 horas 30 minutos.
-Se reanudó la sesión a las 23 horas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió la sesión a las 23 horas 30 segundos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a las indicaciones llegadas a la Mesa.
El señor MENA ( Secretario).-
En el artículo 1º, se han formulado las siguientes indicaciones:
De los señores Cademártori, Schnake y Basso, para suprimir el inciso primero.
De los señores Phillips, Amello, por una parte, y de los señores Cademártori, Espinoza, don Gerardo; Basso y Fuentealba, por otra, para suprimir el Nº 3º.
De los señores Phillips y Amello, para sustituir, en el Nº 3º, la frase: "desde el 19 de enero de 1970", por: "desde la fecha de la presente ley".
De la señora Lazo y los señores Espinoza, don Gerardo; Palestro, Schnake, Fuentealba, don Clemente; Cademártori, Tavolari y Basso, para intercalar en el Nº 3° lo siguiente, entre "en servicio activo" y "a contar de": "y para los que hayan pido eliminado;; del servicio por inutilidad de segunda y tercera clase."
De los señores Phillips y Amello, para sustituir en el Nº 4º la frase final, desde "podrá otorgarse" hasta "fuerza de ley", por la siguiente: "se otorgará en la forma que lo determine el Presidente de la República en el respectivo decreto con fuerza de ley".
De los señores Cademártori, Basso y Schnake, por una parte; y de los señores Señoret y Campos, por la otra, y del señor Guerra, por la suya, para sustituir en el Nº 4º la frase: "durante los años 1970, 1971 y 1972", por: "dentro del año 1970".
De los señores Cademártori, Basso y Schnake, para agregar en el Nº 4°, a continuación del punto y coma (;), lo siguiente : "En todo caso, a partir del 1º de enero de 1970 deberá pagarse al personal en retiro a lo menos un porcentaje igual al alza del costo de la vida correspondiente al año 1969, más uno adicional equivalente al ¡50% de la diferencia entre el total del aumento otorgado al personal en actividad y el porcentaje del alza del costo de la vida."
Por último, indicación de los señores Señoret y Campos, para agregar en el Nº 4º, lo siguiente: "Pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje de aumento del índice del costo de la vida en diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezcan las leyes para las Fuerzas Armadas en servicio activo."
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión particular el artículo 1º, con las indicaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido división de la votación, y se va a votar por incisos.
El señor Secretario va a dar lectura a lo que se va a votar.
El señor MENA ( Secretario).-
El inciso primero dice como sigue:
"Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se ha pedido la supresión de este inciso.
En votación la supresión de este inciso.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 61 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazada la supresión del inciso.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma votación, a la inversa.
Aprobado
El señor MENA ( Secretario).-
A continuación, corresponde votar el inciso siguiente, que dice como sigue:
"Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:
El señor PHILLIPS.-
Si le parece...
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el inciso.
Aprobado.
El señor MENA ( Secretario).-
El Nº 1º dice como sigue:
"El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;"
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor CLAVEL.-
El segundo y el tercero; ¿podríamos votarlos juntos?
El señor ARNELLO.-
No. Déjelos tranquilitos, no más.
El señor MENA ( Secretario).-
El Nº 2º dice como sigue:
"El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;"
El señor MERCADO (Presidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor MENA ( Secretario).-
En seguida, corresponde votar la indicación de los señores Phillips y Amello para suprimir el número 3°.
El señor CADEMARTORI.-
También es de otros señores Diputados.
El señor MENA ( Secretario).-
Perdón. Y también de los señores Cademártori, Espinoza, don Gerardo; Basso y Fuentealba.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación la supresión propuesta.
-Durante la votación:
El señor CLAVEL.-
¿Ambas indicaciones son para suprimirlo?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Sí, señor Diputado.
El señor PENNA.-
Que se lean.
El señor KLEIN.-
Que se lean.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 35 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la supresión.
El señor MENA ( Secretario).-
En consecuencia, no se votarían las indicaciones al Nº 3º que restan.
Indicación al Nº 4º, de los señores Phillips y Amello,para sustituir la frase final, desde: "podrá otorgarse", por la siguiente: "se otorgarán en la forma que lo determine el Presidente de la República en el respectivo decreto con fuerza de ley."
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el Nº 4º, con la indicación leída.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 54 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el Nº 4º, con la indicación.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Basso, Schnake y Guerra; y, además, de los señores Señoret y Campos, para sustituir la frase "durante los años 1970, 1971 y 1972" por "dentro del año 1970".
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el Nº 4º con la sustitución.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 54 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el número con la indicación.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Basso y Schnake, para agregar en el Nº 4º, a continuación del punto y coma (;), lo siguiente: "en todo caso, a partir del 1º de enero de 1970 deberá pagarse al personal en retiro, a lo menos un porcentaje igual al alza del costo de la vida, correspondiente al año 1969, más uno adicional equivalente al 50% de la diferencia entre el total del aumento otorgado al personal en actividad y el porcentaje del alza del costo de la vida".
El señor SANHUEZA.-
Que lo expliquen.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el Nº 4º con el agregado.
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 58 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el Nº 4º con la indicación.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Señoret y Campos para agregar al Nº 4º lo siguiente: "Pagado el primer aumento el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje que experimente el índice del costo de la vida al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo".
El señor CERDA (don Eduardo).-
Eso es doble reajuste.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el Nº 4º con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 35 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el Nº 4º con la indicación.
En votación el Nº 5º.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice el Nª 5º: "En todo caso, el aumento correspondiente al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley no podrá ser inferior al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;"
El señor CADEMARTORI.-
¿Me permite, señor Presidente? Hay un error.
La señora LAZO.-
Hay que rectificar dos palabras: "los aumentos."
El señor CADEMARTORI.-
Son "los aumentos"; lo sabe también el señor Presidente de las Comisiones Unidas. Hay que rectificar el error.
La señora LAZO.-
Está mal redactada.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, hay un error que se deslizó, seguramente en forma inadvertida por el Secretario de las Comisiones Unidas en este número o. El acuerdo fue aprobarlo y dejarlo como número separado precisamente con el objeto de que su texto se refiriera no solamente al aumento de pensiones, sino también al reajuste del personal activo. Por lo tanto,, al hablar de "el aumento" quedaría mal expresada la idea, pues debería decirse "los aumentos".
El señor CERDA (don Eduardo).-
Sí, exacto.
El señor CADEMARTORI.-
Así fue como se aprobó; testigos fueron todos los miembros de las Comisiones Unidas.
Varios señores DIPUTADOS.-
Bien.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se pondrá en votación el número con la modificación aprobada.
En votación el Nº 5º con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor MENA ( Secretario).-
Nº 6º.- Dentro del mismo plazo señalado en el número siguiente, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor MENA ( Secretario).-
"Nº 7º.- Los decretos con fuerza de ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Solicito la palabra para hacer una aclaración.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de ella el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Quiero llamar la atención de la Honorable Cámara hacia el hecho de haber suprimido el Nº 3º del artículo 1º. Si la ley fuera promulgada con posterioridad al 1º de enero, el decreto con fuerza de ley respectivo no podrá hacer retroactivo el reajuste al 1º de enero del año 1970.
El señor MAIRA.-
Así es.
El señor PENNA.-
Pero no se ha perdido nada.
El señor SEÑORET.-
¿Por qué no va a salir?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se va a dar lectura a las indicaciones formuladas al artículo 3º.
El señor MENA ( Secretario).-
Se han formulado las siguientes indicaciones" al artículo 3º:
De los señores Phillips y Alessandri, don Gustavo, para agregar después de "bancos particulares", seguida de una coma (,), lo siguiente: "Banco del Estado de Chile y Banco Central".
De los señores Señoret y Campos para agregar el siguiente inciso tercero: "Este impuesto extraordinario no afectará a las Compañías de Seguros que no persigan fines de lucro.".
El señor DEL FIERRO.-
¿Cuáles son?
El señor RUIZESQUIDE (don Rufo).-
Mutualidad de la Armada y Mutualidad de Carabineros.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión el artículo 3° con la indicación.
El señor SEÑORET.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Señoret.
El señor SEÑORET.-
Señor Presidente, pareciera que la redacción de nuestra indicación no representa su verdadero espíritu. Nuestra moción tiene por objeto eximir de este tributo a la Mutualidad de Carabineros y a la de la Armada, porque son dos instituciones de seguros que no persiguen fines de lucho. Tal como quedó redactada, pareciera que se involucra a todas las instituciones de esa naturaleza. No entiendo bien la indicación.
El señor CADEMARTORI.-
Está mal formulada.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario leerá nuevamente la indicación.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación para agregar un inciso tercero, en los siguientes términos:
"Este impuesto extraordinario no afectará a las Compañías de Seguros que no persigan fines de lucro".
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
Un señor DIPUTADO.-
Está mal redactada.
El señor MAIRA.-
Esas son las mutuales. ,
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Amello.
El señor ARNELLO.-
Yo creo que habría acuerdo en la Sala para aprobar esta indicación, tal vez modificándola y facultando a la Mesa para que la redacte de acuerdo con el nombre legal de estas instituciones.
Un señor DIPUTADO.-
Exacto.
El señor ARNELLO.-
Entiendo que se quiere referir a la Mutualidad de Carabineros y a la de Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, que, me parece, es una sola.
El señor CLAVEL.-
Está también el Instituto de Seguros del Estado.
El señor ARNELLO.-
Entonces, mi proposición sería que la Cámara por unanimidad, facultara a la Mesa para redactar esta moción en ese sentido, porque son estas instituciones a las que se quiere beneficiar con la indicación de los dos colegas.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
En una publicación de la Superintendencia de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, se clasifica a. las instituciones a que se hace referencia, bajo la denominación de "mutuales"; son concretamente tres: Matual de Seguros de Chile, que es la más pequeña, Mutualidad de Carabineros y Mutualidad del Ejército y la Aviación; de modo que, con esta denominación, quedaría perfectamente zanjado el problema.
El señor SEÑORET.-
Esa es la intención de la indicación.
El señor FRIAS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FRIAS.-
Señor Presidente, habría que agregar a la Compañía de Seguros, no sé qué denominación tiene, que garantiza el establecimiento de beneficios a los hombres de mar. Hay una Compañía que atiende a la Marina; creo que es la Mutual de la Armada.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la primera indicación.
El señor Secretario va a darle lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Consiste en agregar, después de "bancos particulares", seguido de una coma, lo siguiente: "Banco del Estado y Banco Central."
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 25 votos; por la negativa, 60 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el artículo con la primera indicación.
Señores Diputados, es necesario aclarar si la Sala va a facultar a la Mesa para redactar la indicación anterior, de acuerdo con el espíritu de los señores Diputados que la presentaron.
¿Habría acuerdo?
El señor BARAHONA.-
Señor Presidente, deseo hacer una pequeña aclaración.
El colega señor Tavolari acaba de consultar sobre la posibilidad de incluir, junto a las cooperativas de Carabineros, del Ejército y de la Aviación, a la Mutual de la Armada. Tengo entendido que, últimamente, a raíz de la dictación de la ley que concedió vida cívica a las sociedades mutualistas, está incluida entre ellas la Mutual de la Armada, porque justamente se acogió a sus disposiciones. Soy representante de varias sociedades mutualistas y tengo la seguridad de que estoy en lo cierto. Lo que no sé bien es si los beneficios de esa ley la liberaría de esta causal, porque, de otra manera, habría otras sociedades cooperativas que también caerían dentro del mismo margen de esta aplicación.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se facultará a la Mesa para modificar la indicación leída.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Para insistir en que cualquiera que sea el criterio de la Sala, lo importante es que la idea quede consagrada en forma general y no sobre la base de una enumeración.
El señor UNDURRAGA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor UNDURRAGA.-
Señor Presidente, en realidad, lo importante es que queden comprendidas en el precepto estas instituciones que guardan relación con las Fuerzas Armadas, llámense cooperativas o mutuales del Ejército, de la Armada o de Carabineros, que sirvan a las personas que son beneficiadas por este proyecto de ley. A mí me parece que éste es el espíritu de la Sala. En ese entendido se facultaría a la Mesa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
En votación el artículo 3º con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario leerá las indicaciones formuladas al artículo 4º.
El señor MENA ( Secretario).-
Se han formulado las siguientes:
De los señores Cademártori, Basso y Schnake, para agregar lo siguiente al inciso primero: "Este recargo sólo afectará a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a Eº 40.000. Quedarán exentos sólo los propietarios que posean una sola vivienda."
De la señorita Lacoste para agregar a continuación de la palabra "ley" lo siguiente: "El reajuste de los montepíos se pagará en igual forma que al personal en servicio".
De los señores Bulnes y Núñez, para agregar al final del inciso segundo lo siguiente: "y los departamentos de Melipi11a y San Antonio de la provincia de Santiago".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, para informar a la Cámara que, al 30 de julio del presente año, los saldos morosos de bienes raíces alcanzan a la suma de 300 millones de escudos y el número de los boletines a 800 mil, más o menos, Doy este antecedente para que la Cámara tenga conciencia de lo que está votando, y piense que algo debe andar mal si la gente no puede pagar las contribuciones.
Nada más.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, la indicación que hemos firmado en conjunto los Diputados radicales, socialistas y comunistas obedece al hecho de que este recargo, que se prorroga por el año 1970, tal como lo había propuesto el Ejecutivo, no hace ninguna discriminación entre los contribuyentes que están afectos a él.
El impuesto a los bienes raíces, no afecte sólo a personas pudientes, de grandes recursos. Hay, ciertamente, una minoría poderosa en el campo, en especial, que es la dueña de las grandes propiedades, y una minoría también en la ciudad que es la que posee viviendas que podemos calificar de mansiones. Por lo tanto, son contribuyentes capacitados para soportar un recargo del 10%. Pero, establecido éste así en forma general, resulta que no sólo afecta a ese sector, sino también a una gran y enorme cantidad de modestos propietarios.
Hoy, todo el mundo habla del problema de la vivienda, de la necesidad de hacer propietaria a la gente, y todos estamos conscientes de la necesidad de disfundir la propiedad1. Pero no todo el mundo se puede acoger a los sistemas previsionales, ni postular a las casas que construye la Corporación de la Vivienda y que se distribuyen a través del Servicio de Seguro Social o de las Cajas de Previsión. Hay también un gran número de personas que se ven obligados a construir su vivienda con sus propios medios, con sus propios recursos. En todas las comunas suburbanas, en los alrededores del Gran Santiago, hay una enorme cantidad de modestos pobladores que no están acogidos a exenciones tributarias, otorgadas por la compra de viviendas obtenidas a través de las Cajas. Igualmente, en el campo, tenemos una enorme cantidad de pequeños propietarios, minifundistas, que se verían obligados a soportar este recargo del 10%.
No podemos olvidar tampoco que el impuesto a los bienes raíces se reajusta año tras año. El Ejecutivo está facultado para dictar decretos que permiten elevar el avalúo de las propiedades; y todos estos años los ha dictado. De manera que los avalúos han estado aumentando. Y al aumentar, automáticamente aumenta el impuesto que grava a los propietarios, por el efecto que esto produce en el pago de las contribuciones. De tal manera, entonces, que es de absoluta justicia hacer una discriminación en este caso.
Al redactar la indicación, hemos tomado en cuenta las observaciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda, en cuanto á resguardar este beneficio que se propone para los propietarios de viviendas de modesto valor, evitando que se acojan a él aquellos dueños de departamentos o de muchas casas que las destinan al arrendamiento. Es así como la redacción que se le dio es la más adecuada y la deja a salvo de cualquier abuso que pudiera cometerse.
El señor BULNES (don Jaime).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime).-
Señor Presidente, con respecto a la indicación presentada por el colega Matías Núñez y el Diputado que habla para agregar al final del inciso segundo del artículo 4º "y los departamentos de Melipilla y San Antonio", inciso en el cual se exceptúan del recargo varias comunas y departamentos de distintas provincias, debido a la sequía que los ha afectado, ella obedece al hecho de que los departamentos de Melipilla y San Antonio no sólo han soportado sequía este año, sino que desde hace tres años seguidos el régimen pluviométrico ha sido sumamente escaso. Este año, en un principio se pensaba que se estaba desarrollando como un año normal. Repentinamente cesaron las lluvias, y todos los predios agrícolas de la zona se encuentran, prácticamente, sometidos a una sequía de tal magnitud que todas las siembras se van a perder.
Por esa razón, nos hemos permitido incluir dentro de este artículo la indicación a que hago referencia.
El señor HUEPE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUEPE.-
Señor Presidente, sobre la indicación presentada por el señor Cademártori, debo decir que en principio, los Diputados democratacristianos estamos de acuerdo con el espíritu de establecer una discriminación, porque entre los contribuyentes existe esa diferencia. Indiscutiblemente, para algunos sectores puede ser sumamente difícil y gravoso pagar el recargo. Pero a mí me asalta una preocupación muy seria. Las disposiciones tributarias no sólo se trata de plantearlas sino de que sean operantes y se pueda, administrativamente, llevar a cabo el cobro tributario.
Quisiera que el señor Ministro me respondiera si esta discriminación es posible y práctica de hacer en un plazo relativamente breve.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Si me permite, señor Presidente, respecto a la pregunta hecha por el Diputado señor Huepe, puedo expresarle que administrativamente es imposible hacer la discriminación...
El señor CADEMARTORI.-
¡Era que no!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
¿Por qué no me deja contestar, señor Diputado?
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El rol de contribuciones de bienes raíces se hace por medio de un mecanismo mecanizado, en el cual sólo pueden operar normas de tipo general, con el objeto de poder hacerlo con la rapidez que se precisa. El rol se prepara en los últimos meses del año para poder ser cobrado en el primer semestre del año siguiente. De hacerse esta discriminación, tendría que hacerse una declaración jurada y una revisión del rol, que muchas veces no coincide en cuanto a los nombres, puesto que el cambio de nombre da los propietarios es lento, y por ello es importante hacer una clasificación de cuál propietario tiene una sola propiedad o tiene varias. Esa es la primera razón.
Ahora, en cuanto a la indicación para eximir del recargo a los departamentos de San Antonio y Melipilla, creo que el problema debe ser tratado con cierto cuidado. El Gobierno está consciente de que puede que haya otras comunas aparte de las que el decreto del Ministerio del Interior declaró en zona de sequía. Si acaso realmente existieran otros predios agrícolas que estuvieren en la misma situación generalizada de sequía, que indica la ley, el Ejecutivo tiene facultad, por la ley Nº 16.282, para hacer, por decreto, la exención generalizada o establecer los mecanismos para no hacer efectivo este recargo. En tercer lugar, quisiera hacer presente a la Cámara que este recargo se ha pagado en el presente año por todos los predios, salvo los predios exentos que tienen un avalúo inferior a cinco mil escudos del año 65. Por lo tanto, no va a ser un mayor gravamen desde el punto de vista del desembolso el año 70, sino la mantención de un gravamen actualmente existente y pagado. Por eso, el Ejecutivo ha estimado que éste es un resorte razonable para dar aportes al financiamiento del reajuste de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Un señor DIPUTADO.-
Están disponibles Ministro, pero...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Es distinto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, yo creo que no se puede oponer a una razón de justicia otra de carácter administrativo, como es el mayor trabajo de las oficinas correspondientes. En el caso de esta indicación, no veo cuál puede ser la tremenda dificultad que impida explicarla. En primer lugar, el Gobierno va a tener un plazo, prácticamente de 4 ó 5 meses, puesto que este recargo se aplicará sólo para el año 1970 y la primera cuota del impuesto de bienes raíces, como ustedes saben, se paga en el mes de abril. De tal manera, que desde la dictación de esta ley, en pocas semanas más, hasta el mes de abril, crtío que la Dirección de Impuestos Internos tiene tiempo de más para separar las propiedades que quedarán afectas y las que quedarán exentas.
El señor GUASTAVINO.-
¡Salvado el problema! Más facilidades, ¿dónde?
El señor CERDA.-
Pido la palabra, señor Presidenta.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene Ja palabra Su Señoría.
El señor CERDA.-
Señor Presidente, tal como lo ha explicado el señor Ministro es efectivo que existen dificultades para separar a aquellos propietarios que tengan más de un predio o un bien raíz de avalúo inferior a 40 mil escudos. Por eso propongo que se disminuya la cantidad de 40 mil a 20 mil escudos. Esta indicación se podría aprobar por unanimidad, sin agregar esa salvedad de que no podrán quedar exentos los que tengan varias propiedades. Eso es imposible.
Un señor DIPUTADO.-
Declaración jurada.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Es imposible comprobarlo. Estaría de acuerdo con esa idea, pero es impracticable. La medida resultaría inoperante. Por eso sugiero que queden exentos todos los bienes raíces inferiores a 20.000 escudos.
Solicito al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para redactar la indicación en estos términos, a fin de que sea aprobada por todos.
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, nosotros nos oponemos a la proposición que está insinuando el Diputado señor Cerda, porque las objeciones del señor Ministro dicen relación con un factor de carácter administrativo, cual es establecer cuántas propiedades tiene una persona, y no con el avalúo de ellas.
Parece ridículo, en una época de inflación, oponerse a eximir de este impuesto a las propiedades con valor inferior a 40 mil escudos. La verdad es que, en estos momentos, la más modesta casa de un obrero o empleado tiene un avalúo de ese tipo. Si el tope se fija en 20.000 escudos, difícilmente van a existir propiedades que se puedan eximir. De tal manera que nosotros sostenemos y mantenemos la indicación.
En cuanto a las dificultades administrativas, la verdad de las cosas es que, en muchas oportunidades, a petición del propio Gobierno, se han aprobado disposiciones mucho más complejas que la presente. Cuando le ha convenido al Gobierno no ha habido inconveniente para obviar las dificultades de carácter administrativo. De tal suerte que creemos que lo mismo puede hacerse en este caso.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el Diputado Schnake no tiene razón al decir que son muy pocos los predios que tienen avalúo inferior a 20 mil escudos. Le puedo manifestar que de acuerdo con la exención del año 1965 para los predios inferiores a 5 mil escudos -se dio él dato, que se mantiene hasta hoy día- eran quinientos mil los que quedaron exentos de la contribución fiscal de un total de 1.200.000 predios. El señor Diputado puede consultar en la comuna de La Granja, que reclamó sobre la exención total, puesto que era tanto respecto del impuesto municipal como fiscal, y hubo que corregirla, dejándola sólo para el impuesto fiscal, ya que a la Municipalidad de La Granja se le producía un detrimento de ingresos muy fuerte, ya que más de 19.000 roles quedaban bajo la exención.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Se ha mantenido en términos reales la exención; se ha mantenido el número de predios.
Además, quiero reiterar, y le pido a Su Señoría que me crea, que administrativamente es imposible realizar este trabajo en un plazo de 4 ó 5 meses, como ha dicho el Diputado señor Cademártori. En la actualidad, los roles de bienes raíces deben confeccionarse con el reajuste que hay que aplicar cada año a los avalúos, en virtud de lo dispuesto por la ley Nº 15.020, que establece que los bienes raíces se reajustarán todos los años de acuerdo con el alza experimentada por el índice de precios al consumidor, en el caso de bienes raíces urbanos; y mediante un mecanismo especial, cuando se trate de bienes raíces rurales. El Ministerio de Hacienda tiene que fijar ese porcentaje por lo menos con 5 ó 6 meses de anticipación, para los efectos de hacer un reajuste general.
Si hubiera que hacer declaración jurada y verificar los roles número por número, nombre por nombre, tendría que fijarse al Servicio de Impuestos Internos un tiempo mucho más largo, tan largo como el que ocupa, normalmente, una retasación, porque hay que examinar todos los antecedentes de cada predio para luego, una vez hecha esa revisión, poder colocarlos en el sistema mecanizado y obtener el rol.
Por eso digo que es efectivo. No es una excusa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado el señor Ministro?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sí, señor Presidente.
El señor CLAVEL.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, como el señor Ministro no da ninguna facilidad y encuentra puros tropiezos para esta indicación que presentamos para dejar exentas de este gravamen del 10% a aquellas propiedades de avalúo inferior a 40 mil escudos, los Diputados del Partido Radical vamos a votar en contra del artículo 4º.
Eso es todo.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, en realidad, resulta curioso escuchar al señor Ministro aquí en la Sala y en Comisión. La indicación fue presentada en la Comisión tal como ahora lo pide el Diputado señor Cerda,...
El señor CERDA (don Eduardo).-
No.
El señor CADEMARTORI.-
...con una diferencia en la cantidad, porque se eximía de este impuesto a las propiedades cuyo avalúo fuera inferior a 50 mil escudos. Entonces, el señor Ministro, como una manera de argumentar en contra -porque se oponía, de todos modos, a la indicación- sostuvo que ella era injusta, porque podría haber personas que tuvieran dos, tres o más propiedades; o sociedades que tuvieran mucho más, que se beneficiarían con esta disposición.
En razón de ello y acogiendo su propia sugerencia, redactamos, junto con los demás colegas, ese agregado para evitar que se aprovecharan de estos beneficios tales sociedades o personas. Pero ahora nos dice que esto es muy difícil, administrativamente muy complicado, lo que demuestra -y perdóneme que le diga- la mala fe con que el señor Ministro argumenta.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, le ruego al señor Diputado que, por lo menos, respete y no califique intenciones. Yo no se las he calificado a Su Señoría, y lo podría hacer, porque el señor Diputado formuló la indicación en la Comisión para beneficiar a personas que, a lo mejor, no tenían necesidad de ello. Cuando se presentó la indicación, no se habló de una propiedad. Si eso se hubiera manifestado en aquella ocasión, yo seguramente habría hecho esta argumentación, Pero aquí ha nacido esta otra indicación, y reconoce el Diputado señor Cademártori...
El señor CADEMARTORI.-
Justamente.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
...que ha corregido la indicación que hizo en la Comisión. Por lo tanto, como aquí se ha presentado el problema, tengo que exponer también en la Sala estas observaciones, y no las había podido emitir arriba, en la Comisión. Por eso, le pido al Diputado señor Cademártori que tenga la deferencia de no calificar una actitud que no puede tener ese alcance. Porque imputar "mala fe", es imputar las intenciones de una persona en forma demasiado grave; yo no me atrevería a hacerlo respecto de Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime).-
Señor Presidente, respecto de la posible solución que el señor Ministro daba a la indicación presentada por el colega Acuña y el que habla, en el sentido de la aplicabilidad del decreto en zonas que pretendíamos dejar exentas de este recargo, me llama la atención que no se haya usado el mismo criterio para los departamentos, provincias y comunas que, específicamente, se determinan en el inciso segundo del artículo 4º.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quiero aclararle al señor Bulnes que, en realidad, lo que se ha hecho en el artículo 4º es, precisamente, referirse a las comunas que están en el decreto; sólo ésas están en él. Si hubieran existido otras comunas, también estarías incluidas en este proyecto de ley. Lo que he expresado es que, si se verifica, efectivamente, que existen otras comunas o predios que están en iguales condiciones a las que en la ley se señala, indiscutiblemente habría que aplicar la misma norma, pero ello, desde luego, debe hacerse en virtud de las facultades de la ley Nº 16.282, que permite ampliar el decreto a otras comunas para otorgarles los mismos beneficios.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor NUÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, con cargo al tiempo del Comité Comunista, por un minuto.
El señor NUÑEZ.-
Señor Presidente, parece que el señor Ministro se ha olvidado de algunas comunas de la provincia de Santiago, que pasan por una crisis económica muy grande. Tal es el caso de las comunas de Alhué, de Navidad, de algunos distritos de la comuna de San Antonio y de Melipilla, e incluso de algunos asentamiento que han establecido ustedes, señor Ministro, y que actualmente están agobiados por la sequía.
Por eso, con el señor Bulnes hemos presentado esta indicación para favorecer a estos pequeños agricultores y propietarios. En la comuna de Alhué, incluso...
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me permite? Ha terminado el tiempo que le concedió el Comité Comunista.
El señor PHILLIPS.-
Poco le pasaron, colega.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 4º con la primera indicación.
El señor CADEMARTORI.-
¿Qué dice?
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario le dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Para agregar lo siguiente en el inciso primero: "Este recargo sólo afectará a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a 40 mil escudo. Quedarán exentos los propietarios que posean una sola vivienda."
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 50 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el artículo 4º con la indicación.
El señor CERDA (don Eduardo) .
Señor Presidente, solicite el asentimiento de la Sala para que ahora se pueda poner en votación la misma indicación, pero con un máximo de 20 mil escudos.
El señor PHILLIPS.-
No hay acuerdo.
¡La demagogia en las Comisiones!
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
En votación el artículo 4° con la otra indicación.
El señor Secretario le dará lectura.
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice como sigue: "Para agregar al final del inciso segundo lo siguiente: "y los departamentos de Melipilla y San Antonio de la provincia de Santiago."
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 50 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el artículo con la indicación.
Señores Diputados, solicito el asentimiento unánime de la Sala para admitir a discusión y votación dos indicaciones que se han hecho llegar a la Mesa.
El señor PHILLIPS.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Una es del señor Lorenzini y la otra del señor Undurraga.
El señor CERDA (don Eduardo).-
¡Que se lean, señor Presidente!
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
En votación el artículo 4º en su forma original.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 26 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el artículo.
Señores Diputados, el señor Secretario va a dar una explicación respecto a una indicación hecha por la señorita Graciela Lacoste.
El señor MENA ( Secretario).-
La Diputada señorita Lacoste ha presentado una indicación para agregar al artículo 4º, después de la palabra "ley", lo siguiente: "El reajuste de los montepíos se pagará en igual forma al personal en servicio."
Es evidente que se incurrió en un error, ya que no se trata del artículo 4º, sino del número 4 del artículo 1º.
Esta indicación no se ha votado y corresponde pronunciarse sobre ella.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para enmendar este error.
Acordado.
En votación la indicación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.
¡No, rechazada!
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 56 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazada la indicación.
En discusión el artículo 5º con las indicaciones a que el señor Secretario dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
En el artículo 5º, se ha presentado una indicación de los señores Basso, Fuentealba, Cademártori y Schnake, para cambiar la frase final del artículo 5º: "mayor ingreso del precio del cobre" por "ingreso fiscal que percibe el Estado por la participación en las sociedades mixtas".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en reiteradas oportunidades, en declaraciones que he hecho públicas, he expresado que los fondos provenientes ya sea de la participación del Gobierno, por la nacionalización de las compañías del cobre, o ya sea por el mayor ingreso del cobre debido a los mejores precios que se obtienen en el mercado mundial, no pueden destinarse a financiar gastos permanentes, como son las remuneraciones, sino que ellos, en primer lugar, deben destinarse a pagar las inversiones que el fisco chileno tiene que hacer, ya sea para la adquisición de las cuotas por las partes que le corresponden en esas compañías o por la parte de inversión que deben hacerse en esas compañías. En segundo término, tampoco puede disponerse de los dólares para ser reducidos a escudos, sin que ello tenga un efecto inflacionario, ya que la venta de dólares, sin un respaldo de importaciones equivalentes significa, lisa y llanamente, una emisión en términos monetarios. Esto, indiscutiblemente, provoca efectos dentro del proceso inflacionario.
El Ejecutivo cree que el financiamiento de los reajustes tiene que hacerse con ingresos permanentes y no puede hacerse con recursos en moneda dura, que puede ser que no sean permanentes y sean transitorios.
Estas son las razones por las cuales el Ejecutivo estima inconveniente este sistema de financiamiento.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PALZA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, yo creo que con esta indicación a este artículo, los Diputados de provincias cuyos municipios están beneficiados con los fondos del cobre tenemos que pensar seriamente en lo que esto significa.
Permanentemente, por lo menos la provincia de Tarapacá que represento, ha estado inquieta cuando se reducen los fondos de la ley del cobre, que indirectamente benefician a los municipios y también a otras obras, como corresponde a Iquique, a través del Instituto CORFO Norte. Por ello, yo creo que esto que afecta a Tarapacá, también afecta a Antofagasta y también afecta a O'Higgins.
Un señor DIPUTADO.-
Atacama también.
El señor PALZA.-
A Atacama también, aunque esto significa, en apariencia, proporcionar mayor ingreso para poder dar un mejor reajuste a las Fuerzas Armadas, tengo que dejar constancia de que, en la votación que corresponde, por lo menos el que habla, tendrán que votar en contra...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor PALZA.-
...porque creo que cada uno de los Diputados de estas provincias tendrá que cargar con la responsabilidad que significa la pérdida de varios miles de escudos de las entradas que corresponden a la provincia que representarnos.
El señor PHILLIPS.-
No, señor.
El señor PALZA.-
Concretamente, querría preguntar al señor Ministro su opinión sobre este alcance, porque hemos conversado Diputados de diversas bancas, incluso Diputados del Partido Nacional y del Partido Comunista,...
El señor PHILLIPS.-
¿Con quién?
El señor PALZA.-
...con respecto a estos ingresos. Querría preguntar al señor Ministro repito si estos alcances que estoy haciendo tienen o no tienen atinencia con respecto a la distribución de los fondos de la ley del cobre que se hace anualmente.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Efectivamente, señor Presidente,...
El señor CADEMARTORI.-
Era que no.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Por favor, señor Diputado, le ruego guardar silencio.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Efectivamente, si acaso de los mayores ingresos del cobre se hace un destino específico, sin hacerse las excepciones correspondientes en favor de las los fondos del cobre, ellas tienen que ser, provincias que tienen participación en indiscutiblemente, dañadas, puesto, que tiene que retirarse esta plata del cálculo y sobre esos dineros no se da la participación.
El señor CADEMARTORI.-
Es la parte fiscal.
El señor CLAVEL.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Clavel, don Eduardo.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente,...
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Deseo continuar, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Había dado por entendido que había terminado el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Yo le puedo decir al señor Cademártori que el artículo dice: "Para el financiamiento de esta ley con cargo al mayor ingreso del precio del cobre y no fiscal.".
El señor CADEMARTORI.-
Hay una indicación...
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Bueno, yo estoy diciéndole cómo está el artículo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado el señor Ministro?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sí.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Clavel, don Eduardo.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, esta tarde, cuando me referí a este artículo, coincidí con las apreciaciones del colega Palza,...
El señor PHILLIPS.-
¡Ah!
El señor CLAVEL.-
...porque yo tengo mis serias dudas también sobre si este aporte afectaría a la ley Nº 11.828, que beneficia a las provincias productoras de cobre, que son O'Higgins, Antofagasta y Tarapacá.
Un señor DIPUTADO.-
Y Atacama.
El señor CLAVEL.-
Y Atacama.
El señor BARRIONUEVO.-
Otra vez se olvidó de Atacama.
El señor CLAVEL.-
Y Atacama.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, le ruego continuar.
El señor CLAVEL.-
Pero el señor Ministro, a pesar de la respuesta que dio en este momento y la que dio en la tarde de hoy, referente a este mismo problema, no ha dicho cómo puede reemplazarse la suma que en las Comisiones se acordó destinar para financiar este proyecto de ley. Esto no lo ha mencionado. Quiere decir que el señor Ministro tiene algo guardado, y que esas sumas las puede reemplazar. Que sea franco y lo diga, para actuar en consecuencia. Yo, al menos, como parlamentario de la provincia de Antofagasta, estoy dispuesto a sacrificar las entradas de mi provincia, por la tranquilidad del país y la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas. Pero pido al señor Ministro que diga francamente si tiene otros recursos para reemplazar estos 100 mil escudos que se establecen con cargo al mayor ingreso del cobre; que lo diga francamente.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, creía que había sido claro en mi exposición, durante el debate general, cuando dije que, no teniendo determinado el monto del reajuste de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo expresaba en el Mensaje, y lo reiteraba yo en mi exposición, que si esos fondos no eran suficientes, el financiamiento tendría que contemplarse en la ley de presupuestos, a aprobarse el día 31 de diciembre del presente año, o si no, los recursos adicionales se propondrían por el Ejecutivo en la ley general de reajustes. Creo que yo, en ese sentido, he sido claro.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 5º con la indicación.
El señor CADEMARTORI.-
Que se lea la indicación.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se va a proceder a dar lectura a la indicación.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Basso, Fuentealba, Cademártori y Schnake, para cambiar la frase final del artículo 5º que dice: "mayor ingreso del precio del cobre" por "ingreso fiscal que perciba el Estado por la participación en las sociedades mixtas.'
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el artículo con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 28 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el artículo con la indicación.
En discusión el artículo 6º, con la indicación que va a leer el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Schnake y Basso, para suprimir el número segundo.
El número segundo dice como sigue:
"Sustituir el inciso cuarto del artículo 1° por la siguiente letra g) :
"g) Piscos y vinos; entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11.256
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 6º con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 48 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo en su forma original.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 9º, con las indicaciones que va a leer el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Schnake, Basso, Klein y Soto, para suprimir el artículo 9º.
Indicación del señor Guerra para sustituir el punto final (.) del inciso segundo que se propone, por una coma (,) y agregar lo siguiente: "ni de Iquique a Oruro".
Indicación del señor Sharpe para intercalar en el inciso tercero, a continuación de "Magallanes”, lo siguiente: "Bío-Bío".
Indicación del señor Clavel para intercalar en el inciso tercero, a continuación de "Magallanes", lo siguiente: "y Antofagasta", suprimiendo la letra "y" que le antecede.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión el artículo con las indicaciones.
El señor IGLESIAS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IGLESIAS.-
Señor Presidente, en realidad, el solo hecho de haber dado a conocer todo este tipo de indicaciones para exceptuar determinadas zonas del pago de este impuesto, más las dudas que se hicieron presentes en la Comisión de Hacienda respecto de la conveniencia de él," indican que lo más aconsejable sería rechazar este impuesto. Y ello, por una razón muy sencilla; porque algunas zonas o provincias como Aconcagua -que represento-, Valparaíso y otras, han cifrado muchas esperanzas en el turismo, que nos tiene que llegar desde Brasil, Uruguay y países limítrofes. Para ello, se han construido muy buenas carreteras, se han mejorado los ferrocarriles, como el caso del Transandino; la carretera internacional de Valparaíso a Mendoza, que dentro de muy poco va a ser entregada totalmente pavimentada por el lado chileno. Estas obras se han hecho con el objeto de atraer turistas y darles facilidades para que vengan a nuestro país.
Sabemos muy bien que si en nuestro país establecemos este tipo de impuestos, vamos a tener el contragolpe de nuestros vecinos, que también buscarán la manera de compensar, sancionando con algún tipo de impuesto a los ciudadanos de esos países que vengan al nuestro, lo que significaría una disminución de los turistas que habrán de venir un día, quitándonos un ingreso importante.
En las Comisiones Unidas hice ver mis temores sobre el significado que puede tener este impuesto. De ahí que rogaría al señor Ministro de Hacienda que viera la manera de cubrir este impuesto con otros ingresos.
En consecuencia, sería conveniente que esta situación se considerara muy bien en el momento de votar.
Desde luego, yo no estoy de acuerdo con este impuesto.
El señor PALZA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, por el artículo 9º, como hay constancia de todos los colegas Diputados, se trata de recibir algunos recursos que, estimados en cifras, alcanzan 8 millones de escudos. Sin embargo, como además de las exenciones que hemos logrado sacar en las Comisiones Unidas para dejar exentas a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, acá se han presentado otras indicaciones por parlamentarios de otra3 zonas, yo creo que lo mejor sería que rechazáramos todo el artículo y así no tendríamos problemas con los países limítrofes.
Nada más.
El señor SOTO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTO.-
Señor Presidente, ya el señor Clavel, en representación del Comité Radical, dio algunos argumentos para suprimir este artículo o, por lo menos, votarlo en contra. De ahí que yo suscribiera una indicación con el señor Klein para suprimirlo. Las razones que se han dado son suficientes como para justificar el rechazo. Nosotros sabemos que a través de todo el país hay una inquietud enorme por vincularnos con Argentina y, por el norte, con Perú y Bolivia. De manera que si en justicia fuésemos calificando las zonas que deberían quedar exentas, éstas serían más que las zonas o provincias en las que pudiera regir este artículo. Por lo demás, ya se ha dicho que las entradas que proporcionaría son poco significativas.
De ahí, entonces, que los Diputados radicales vamos a votar en contra de este artículo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación para suprimir este artículo.
Si le parece a la Sala, se aprobará la supresión.
Aprobada.
Rechazado el artículo.
En discusión el artículo 10 con la indicación que va a leer el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Schnake y Basso, para suprimirlo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación para suprimir el artículo 10.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 58 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazada la supresión del artículo.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo con la votación inversa.
Acordado.
En discusión el artículo 11 con la indicación que va a leer el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Phillips y Giannini para agregar al final de la frase que se agrega al artículo 37 número 1º de la ley de la Renta, sustituyendo el punto (.) por una coma (,), lo siguiente: "Con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9º de la presente ley."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Pico la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Cerda.
El señor CERDA (clon Eduardo).-
Señor Presidente, según la información del DiputadoGiannini, que en este momento no está aquí, el artículo 9º se refiere al personal chileno que desempeña funciones en el extranjero, y que, por lo tanto, debe recibir sus remuneraciones en moneda extranjera. La base de la idea de este impuesto es para que sea aplicado, esencialmente, a aquellas personas chilenas o extranjeras que, trabajando en Chile, reciben remuneraciones en dólares, y que nos parece que deben pagar un impuesto más alto. Incluso más, en el futuro, con estas personas debe llegarse hasta la prohibición de que reciban remuneraciones en moneda extranjera, porque trabajando en nuestra patria, deben ganar en moneda nacional como cualquier otra persona.
El señor CLAVEL.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Clavel.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, yo creo que el señor Cerda no tiene' ningún antecedente respecto de los empleados que ganan en dólares, en Chile. Yo sí los tengo en relación con los empleados que trabajan en la gran minería del cobre, que han comenzado de muy abajo y que la compañía ha premiado como buenos empleados y por eso les paga sus remuneraciones en dólares. Pero actualmente ellos mismos han estado pidiendo que les cambien el sistema, porque salen perjudicados con recibir sus sueldos en dólares. Hace poco estuvieron en la Comisión de Minería los empleados de Chuquicamata y Potrerillos, y nos dijeron que ya estaban en conversaciones para eliminar este sistema, porque ellos salen perjudicados en los beneficios de indemnización, vacaciones y muchas otras regalías que tienen los empleados sujetos al sistema de pago en moneda nacional.
En consecuencia, yo creo que este impuesto se trata de aplicar por desconocimiento total del problema de esos empleados, que no tienen un privilegio, sino que tuvieron una garantía que hoy día no existe.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, la indicación de que se ha hecho mención es para que el personal chileno que está en embajadas en el extranjero no pague este impuesto, lo que parece lógico y justo. Al país le conviene, contrariamente a lo sostenido por el señor Cerda, que haya personas que ganen sueldos en dólares y que, de acuerdo con la ley de cambios que rige, cambien esta moneda dura en nuestro país. Lo contrario significaría que estas compañías pagaran en moneda nacional, y los dólares quedarían afuera. Es mucho más conveniente para el país que lleguen dólares, y no que se quedan afuera.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Natural, pues, colega, porque lo podrían hacer entrar a través de la embajada de su país. Usted sabe que la ley de excedentes agrícolas les entrega moneda nacional. En consecuencia, los dólares saldrían del país, y la plata quedaría aquí en moneda nacional. Es mucho más conveniente que haya dólares que se transen en el país, dentro de las normas fijadas por las leyes, o sea, en el Banco Central.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor DiputadoCerda.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, creo que aquí hay una confusión en lo que se está planteando.
En cuanto a lo que indica el Diputado señor Phillips sobre los chilenos que están en el extranjero, cumpliendo misiones de su país y ganando en moneda extranjera, yo indiqué bien claramente que estamos totalmente de acuerdo en que no deben tener este recargo tributario.
El señor PHILLIPS.-
Así me parece, pues, colega.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Eso fue lo que dije denantes: que estábamos de acuerdo en esto.
Diferente es lo que ha indicado el señor Clavel: el problema que tienen algunos chilenos que ganan en dólares. Creo que ése es un problema que muchos chilenos también quisieran echárselo encima.
-Risas.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Pero es efectivo, como me consta, que hay muchos chilenos que están ganando en dólares y que quieren tener su equivalencia en moneda nacional, porque no quieren aparecen con privilegios ante los demás. Por otro lado, la legislación chilena debe establecer, para todas aquellas personas que trabajan dentro del país, que deben recibir una remuneración equivalente y en la moneda del país.
A muchos Diputados de la zona del cobre les consta que cuando se habla de nacionalización del cobre, precisamente, las compañías extranjeras lo que más tratan es de desprestigiar esta medida indicándoles a los empleados que ganan en dólares que con la nacionalización del cobre van a tener un grave problema.
Por estas razones, nosotros, en esta ocasión, estamos poniendo un impuesto a los chilenos que ganan en dólares. De esa manera, vamos a ayudar a muchos de ellos que quieren que todas sus remuneraciones sean en moneda nacional y, al mismo tiempo, a evitar que en Chile haya distingos y privilegios entre los distintos trabajadores, cuando todos deben ganar en moneda nacional.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor MAGALHAES.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para que el señor Diputado Magalhaes pueda hacer uso de la palabra.
Acordado.
El señor MAGALHAES.-
Muchas gracias, Honorables colegas.
Efectivamente, señor Presidente, puede parecer una cosa muy extraordinaria, que los propios personales chilenos que ganan en moneda dólar estén solicitando que se les cambie esta remuneración a la moneda nacional; pero, es así efectivamente. Incluso, a petición de ellos, he presentado un proyecto de ley, que cuenta con la participación y asentimiento de todo el personal de "El Teniente", "Potrerillos" y gran parte de "Chuqui", donde todavía no "se ha dado a conocer.
Tanto es así que en el día de hoy han inaugurado los supervisores, como se llaman, de las empresas "El Teniente", "Chuqui" y "El Salvador", el primer congreso nacional; y están tocando, precisamente, este tema. Ellos tienen una diferencia de remuneraciones en relación al personal contratado en el extranjero. Ellos no tienen, tal como decía el colega señor Clavel, las mismas remuneraciones que los norteamericanos, en cuanto a vacaciones, a asignaciones familiares, a asignaciones escolares. De tal manera que el personal chileno tiene mejores remuneraciones ganando moneda nacional: tiene el reajuste que se obtiene por los pliegos de peticiones y, además, la asignación de alimentación, etcétera.
Por eso, señor Presidente, puede ser muy extrañable. Y lo que pienso yo es que si esto llega a ser una realidad, el rendimiento de este artículo sería insignificante.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 11 con la indicación.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, he sido bien claro: el artículo 11 con la indicación que ha conocido la Honorable Cámara.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos, por la negativa, 1 voto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el artículo con la indicación.
El señor LORENZINI.-
Votó en contra sólo el señor Clavel.
El señor CLAVEL.-
Me basta con que mi voto esté en contra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Así lo tengo entendido, señor Diputado.
El señor CLAVEL.-
Muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión el artículo 17 con la indicación a que el señor Secretario va a dar lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Cademártori, Basso y Schnake, para agregar la siguiente frase final: "En todo caso, esta asignación no podrá ser cancelada al personal de Carabineros adscrito al Grupo Móvil."
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
¡Bien!
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Señores Diputados, pido el asentimiento de la Sala para eximir de votación secreta este artículo.
El señor PHILLIPS.-
Bien.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Acordado.
En votación el artículo con la indicación leída.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 59 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo en su estado primitivo.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
Durante la votación:
El señor PHILLIPS.-
¡Cómo se va a votar en contra de Carabineros! ¡Cómo, Ministro, por Dios!
¡Anda un Comité nuevo por ahí, que no está en la lista!
¡Fue aprobado en la Comisión con los votos de Sus Señorías!
El señor AMUNATEGUI.-
O sea, no saben lo que están votando.
El señor FRIAS.-
¡Que tomen nota los carabineros de quiénes votan en contra!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 21 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el artículo.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Bien Carabineros!
El señor PONTIGO.-
¡Señor Presidente, hay que hacerle presente al señor Ministro que él no puede dirigir la votación de la Cámara!
El señor GODOY.-
Tiene la razón.
El señor PHILLIPS.-
Cuando gane una votación, le "echan boca", ahora, no importa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me excusan, señores Diputados.
Pido el asentimiento de la Sala para escuchar al señor Cerda.
El señor PHILLIPS.-
¿Sobre qué, Presidente?
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor PHILLIPS.-
¿Sobre qué?
El señor CERDA (don Eduardo).-
Sobre el artículo 15.
El señor PHILLIPS.-
¿Cuál es ése?
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a un artículo nuevo que ha llegado a la Mesa.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Muy bien!
El señor MENA ( Secretario).-
Indicación de los señores Pontigo, Cademártori, Basso y Schnake para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Todas las habitaciones ocupadas actualmente por personal de las Fuerzas Armadas o Carabineros, dentro del plazo de 90 días, deberán ser vendidas a sus actuales ocupantes por las instituciones u organismos propietarios de ellas.
"El dividendo mensual que se aplique a cada adquirente no podrá ser superior al 15% del total de sus remuneraciones, considerando el sueldo base más las asignaciones que perciba.
"Anualmente, el Ministerio de la Vivienda deberá elaborar y llevar a la práctica un plan de construcciones habitacionales para las Fuerzas Armadas y Carabineros, a fin de reemplazar las viviendas de los personales que pasan a retiro y a fin de que en un plazo no superior a 10 años todos los personales en actividad cuenten con una casa propia."
El señor KLEIN.-
¿Eso incluye al Grupo Móvil o no?
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión el artículo nuevo.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, si bien la indicación pudiera tener muy buena intención,...
El señor PONTIGO.-
La tiene.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
...¡creo que es un artículo que no se ha estudiado, puesto que no se sabe cuáles son los efectos que pueda tener.
Hay muchas habitaciones que tienen que estar disponibles en las guarniciones para el personal que está siendo trasladado normalmente. Si realmente se llega a hacer obligatoria la venta...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Yo estoy hablando por lo que me parece; no tengo antecedentes concretos y así se lo manifesté a la Diputada Laura Allende cuando me vino a plantear una indicación semejante.
El señor GUASTAVINO.-
Es problema del Ministerio de Defensa.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El problema puede suscitarse si se obliga a vender casas que están dentro de las guarniciones.
El señor PHILLIPS.-
Es natural que sea así.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
O bien, que estén destinadas a servir de habitación a las Fuerzas Armadas, en las guarniciones.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, es indiscutible que esta indicación tiene muy buen espíritu, como lo ha dicho el señor Ministro, y ya fue planteada en años anteriores. Pero existe un problema: hay construcciones dentro de los recintos militares y ese personal, al jubilar, quedaría como propietario dentro del recinto militar.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor PHILLIPS.-
En consecuencia, van a vivir civiles dentro de un recinto militar, lo que es imposible. Por lo tanto, no corresponde.
El señor CLAVEL.-
Esas no se venden.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, con respecto al artículo nuevo que se ha presentado, quiero reforzar lo que ha dicho el Ministro de Hacienda, en el sentido de que las Fuerzas Armadas están construyendo casas para su personal. De acuerdo con las necesidades propias de las diferentes ramas, los funcionarios deben ser trasladados desde un punto a otro del territorio, lo que hace imposible imponer, por la vía de la ley, la venta de estas propiedades que están para el servicio mismo de las Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el sitio donde ellas se encuentren.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor PONTIGO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pontigo.
El señor PONTIGO.-
Señor Presidente, hemos hecho esta indicación teniendo en consideración un verdadero clamor nacional en relación con las habitaciones para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Sabemos que, al retirarse cualquiera de estos funcionarios del servicio, quedan sin casa y sin la posibilidad de adquirirlas posteriormente. Este es un problema muy claro, que todo el mundo conoce y que se está viviendo en este instante.
Tanto el señor Ministro de Defensa Nacional como el señor Phillips y creo que toda la Cámara en general, están de acuerdo en que ésta ha sido una buena indicación, pero que tendría algunas dificultades en su aplicación. Considero que, si hay buen espíritu al respecto, perfectamente en el Senado puede completarse y corregirse esta disposición. Pero no podemos aceptar así, de buenas a primeras, el rechazo de una indicación a este artículo, que tiende a resolver un gravísimo problema de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Nada más.
El señor SANHUEZA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANHUEZA.-
Señor Presidente, con la colega Laura Allende hemos presentado una indicación similar a la que se ha dado lectura; pero que, evidentemente, difiere en algunos aspectos importantes, como es, por ejemplo, el concederle autorización al Presidente de la República para vender al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros las viviendas que ocupan en la actualidad.
En el período anterior esta Honorable Cámara aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley -del cual fui autor- por el cual se resolvía sobre esta materia, pero sólo en cuanto al Cuerpo de Carabineros. Desgraciadamente el Gobierno vetó este proyecto y, a pesar de que en la Cámara se rechazó dicho veto, perdimos el proyecto en el Senado, porque no establecía claramente que estas viviendas no podían estar dentro de los recintos militares, lo Cual se consigna ahora en la indicación a que dará lectura luego la Mesa.
Creo que con la indicación a que hago referencia quedan salvadas todas las objeciones, ya que se autoriza al Presidente de la República para vender las viviendas a sus actuales ocupantes, se dispone que ellas no deberán estar en los recintos militares y los trámites que se deberán seguir estarán sujetos a las disposiciones vigentes para los servicios habitacionales, en conformidad con los preceptos reglamentarios que se establezcan por el Consejo de esas instituciones.
Estimo que con esto haríamos justicia a ese enorme sector uniformado que actualmente está viviendo, en poblaciones fuera de los recintos militares, que ha hecho inversiones en esas casas y que no tiene posibilidad de ser jamás propietario de ellas.
El señor PALESTRO.-
¿Me concede una interrupción, colega?
El señor SANHUEZA.-
Por lo tanto, creemos que esta indicación va a tener el respaldo de esta Corporación.
Señor Presidente, el señor Palestro me ha pedido una interrupción. Se la concedo, con todo gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para admitir a votación la indicación a que ha hecho referencia el señor Sanhueza.
¿Habría acuerdo?
El señor BULNES (don Jaime).-
No.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor PALESTRO.-
El señor Sanhueza me había dado una interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señora Lazo, ¿el Comité Comunista le había cedido algunos minutos al Comité Socialista?
El señor CADEMARTORI.-
Cinco minutos.
La señora LAZO.-
Sí, señor Presidente. Nos había cedido cinco minutos; ocupamos uno.
La señora ALLENDE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, en los cuatro minutos que restan.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, le ruego que se lea entera la indicación que está en la Mesa. Estuve conversando con el señor Ministro y, además, ha tenido la aprobación del General Huerta, con quien ya hablamos al respecto.
El señor PALESTRO.-
¡No es muy buena la recomendación!
La señora ALLENDE.-
Creo que esta indicación salva todas las objeciones que se le han hecho a la anterior. Esta indicación todavía tiene oportunidad de ser mejorada en el Senado, con el fin de dar la posibilidad a esta gente de ser propietaria de las viviendas que están ocupando en todas las poblaciones.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Nuevamente solicito la venia de la Sala para incorporar...
El señor BULNES (don Jaime).-
No, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, sobre la misma indicación leída anteriormente.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No ha habido acuerdo para admitirla a discusión y votación y, por consiguiente, no se le puede dar lectura.
Tiene la palabra el señor Schnake.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Estamos todos de acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúsenme, señores Diputados. He solicitado la venia de la Sala para admitir a discusión y votación la indicación; mientras no se produzca acuerdo unánime para ello, no se puede leer, porque no fue entregada oportunamente a la Mesa.
Un señor DIPUTADO.-
Recabe el asentimiento.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Schnake.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, respecto de la indicación que se encuentra objetada y de la que se ha dado cuenta en la Sala, como se han criticado algunos defectos fundamentalmente de interpretación de que podría adolecer...
El señor PHILLIPS.-
De que adolece.
El señor SCHNAKE.-
...de que podría adolecer, propongo, como ha existido ánimo de aprobarla, según lo expresado por el señor Sanhueza y diversos colegas de otros bancos, por ser buena la idea, en general, facultar a la Mesa para que redacte de nuevo la indicación, tomando las ideas que se han expresado aquí y tratando de subsanar los problemas a que se ha hecho mención. Para ese efecto, perfectamente bien podrían acogerse las ideas contenidas en la indicación que no se ha podido incorporar y, por lo tanto, leer, por faltar acuerdo unánime.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, pido el asentimiento unánime de la Sala para darle lectura.
El señor PHILLIPS.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra sobre la primera indicación.
La señora ALLENDE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
Para resumir, yo le voy a dar lectura a la indicación.
El señor SANHUEZA.-
¡Muy bien!
La señora ALLENDE."Autorízase al Presidente de la República para vender al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros las viviendas que actualmente ocupa, siempre que éstas estén en poblaciones que no sean adyacentes a los cuarteles, ya sean adquiridas por estas instituciones o que pertenezcan a la CORVI. Esta venta se hará por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales y en conformidad a las disposiciones reglamentarias que se establezcan por su Consejo. Las Cajas de Previsión respectivas podrán otorgar préstamos para esta adquisición."
El señor PALESTRO.-
¡Formidable!
El señor CERDA (don Eduardo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, como denantes no hubo asentimiento unánime para que pudiera hacer uso de la palabra, quiero aprovechar la oportunidad para explicar las razones del por qué me oponía.
Yo quería solicitar, igualmente, que al artículo 15, sobre el cual había una indicación de los señores Ministros para suprimirlo -indicación que no fue presentada a petición del que habla, mientras hablábamos con el Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional- se le diera una nueva redacción que reflejara el espíritu que anima a todos los Diputados y que fue discutida dentro de la Comisión, en el sentido de que los porcentajes de reajuste del sector pasivo mantuvieran su proporción con los del sector en actividad.
El artículo 15, tal como está redactado, es totalmente imposible de aplicar, por cuanto indica que todos los beneficios económicos que se concedan al personal activo, deberán darse al sector pasivo.
El señor UNDURRAGA.-
¿Quién lo redactó?
El señor CERDA (don Eduardo).-
El personal activo, percibe muchas asignaciones, como la misma asignación de rancho, asignación de casa y algunas asignaciones de riesgos especiales, que no se pueden dar al sector pasivo y que por esa razón no se pudieron aumentar.
Por esta razón, redactamos una nueva indicación, que está en poder de la Mesa, que llegó un minuto después de cerrarse el debate, que claramente expresa el sentimiento unánime de la Comisión de que el sector pasivo no quede disminuido en los demás rubros en relación con el porcentaje de este sector activo, y ésta es la aspiración y la inquietud existente en la actualidad dentro del sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
El señor PHILLIPS.-
¿Me permite, colega?
El señor CERDA (don Edmundo).-
Con mucho gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Sobre este punto específico a que ha hecho mención el señor Cerda, fui majadero en la Comisión. Los Diputados nacionales presentamos una indicación, y la votaron en contra junto con los Diputados del FRAP, para mantener el porcentaje correspondiente.
El señor CADEMARTORI.-
¡Eso es mejor!
El señor PHILLIPS.-
No, señor; la prueba es que hay que modificarlo, porque no cumple con lo que se quiere, y le dimos el asentimiento. Pero quiero dejar claramente establecido que esta indicación traduce la inquietud que teníamos frente a este problema y que le daba solución.
No tenemos inconveniente en que se reabra el debate para la indicación.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Lo contrarío es engañar al personal jubilado.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Vuelvo a reiterar que los términos en que está redactado el artículo 15 hacen imposible, en realidad, que el sector activo tenga reajuste en algunas asignaciones de que goza, precisamente por ser personal activo de las Fuerzas Armadas, ya que éstas deberían hacerse extensivas al sector pasivo también.
Eso es, precisamente, lo que queremos corregir mediante esta indicación que estudiamos con el Vicepresidente de la Caja, para que no quede dañado, en absoluto, el sector pasivo y, aún más, para que éste tenga la tranquilidad absoluta de que la aplicación de estas facultades no les significará, de ningún modo, un retroceso en lo que están ganando en relación al sector pasivo.
El señor CADEMARTORI.-
¡Eso es lo que dice el artículo 15!
El señor PHILLIPS.-
¡Yo lo dije y no me lo quisieron entender!
El señor CERDA (don Eduardo).-
Si quieren lo 100: "Los beneficios económico que en so de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo.
Esto significa cualquier beneficio económico; si se sube una asignación de riesgo, que lógicamente no recibe el sector pasivo, tendrá que darse también a éste. Me parece que eso es totalmente absurdo, y ni las montepiadas ni el sector pasivo de las Fuerzas Armadas lo están solicitando, porque sería absurdo de que, por ejemplo, hay una asignación de campaña, en un momento determinado, también tuviera que pasar ésta al sector pasivo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Esto lo único que significa es engañar al sector pasivo. Y esto lo han comprendido muchos Diputados, incluso los que redactaron este artículo en la Comisión y que también han estado trabajando para darle la redacción que, interpretando el espíritu con que ellos lo habían presentado, permita que sea aprobado y que llegue a ser materia de ley dentro de las presentes facultades.
Estas son las razones que nos han movido, señor Presidente, y creo que son bastante convincentes. Por este motivo, no tengo ningún inconveniente en dar toda clase de facilidades para otras indicaciones.
Si una indicación es justa, y permite solucionar un problema al sector pasivo, dar tranquilidad al sector pasivo, ya que interpreta su inquietud, creo que merece la unanimidad.
Yo creo, señor Presidente, que los Diputados han comprendido bien esto y tienen el ánimo de que este proyecto sea despachado en otra forma, de manera que darán la unanimidad que se requiere.
- Hablan varios señores Diputados a
El señor BULNES (don Jaime).-
Pisto la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime).-
Señor Presidente, respecto a la idea de la cesión, o entrega, o venta de las casas que son patrimonio del Ejército o de las Fuerzas Armadas al personal jubilado, a mí no me cabe ninguna duda de que existe...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor BULNES (don Jaime).-
...que existe la intención de dotar de viviendas, de este personal.
Yo creo que puede buscarse cualquier mecanismo, cualquier sistema, para proporcionarle vivienda; pero me parece descabellado que los institutos armados se desprendan de su patrimonio de casas y construcciones, que, evidentemente, necesitan para el personal que reemplaza al que jubila, al que se va o se muere, pues, desde el momento que carezca de estas viviendas, no va a tener dónde alojarlos. De tal suerte que a mí me parece que lo lógico es establecer un mecanismo, un sistema, en virtud del cual a este personal se le pueda dar casas, se le pueda dotar de viviendas; pero, naturalmente, sin arremeter contra el patrimonio de las Fuerzas Armadas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
La señora ALLENDE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, esto lo puede resolver el Presidente de la República, porque la indicación dice: "Se autoriza al Presidente de la República para vender al personal de las Fuerzas Armadas..."
Sus Señorías comprenden que en el caso...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor SALVO.-
Ya terminó el tiempo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado; a la señora Diputada le queda un minuto del Partido Comunista.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SALVO.-
En el caso del señor Clavel, usted no lo dejó terminar. Es una inconsecuencia que se la enrostro esta noche, porque usted no debió hacer lo que hizo anoche; lo que está haciendo ahora, está bien.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El Presidente ha estado cumpliendo perfectamente con el Reglamento, señor Diputado.
Ofrezco la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ha terminado el tiempo de la señora Allende.
Ofrezco la palabra.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Pido la palabra.
Otro señor DIPUTADO.- Se le acabó el tiempo al señor Cerda.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Yo he pedido la unanimidad para poder tratar esto, y poder dar la unanimidad para lo otro.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación. Se va a poner en votación la primera indicación para agregar un artículo nuevo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Permítame terminar primero con la indicación que estaba en debate, y en seguida solicitaré el asentimiento de la Sala.
¿Habría acuerdo de la Sala...?
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
En votación el artículo nuevo propuesto.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 50 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazada la indicación para agregar un artículo nuevo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ACEVEDO.-
No hay asentimiento para nada.
El señor PHILLIPS.-
No hay acuerdo para nada.
Se terminó el proyecto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala...
No hay acuerdo.
El señor CLAVEL.-
Pero ¿para qué?
El señor PHILLIPS.-
Para nada.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 04 de noviembre, 1969. Oficio en Sesión 4. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.
Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros.
Para la aplicación de la anterior facultad', el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2º.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo Decreto con Fuerza de Ley. Pagado el primer aumento el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje que experimente el índice del costo de la vida al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo;
4º.- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
5º.- Dentro del mismo plazo señalado en el número siguiente, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº.- 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional, y
6º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 2º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los Decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro del ramo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 3º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Este impuesto extraordinario no afectará a las Compañías de Seguros y/o Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Artículo 4º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 5°.- El Presidente de la República podrá destinar anualmente hasta la suma de Eº 100. 000. 000 para el financiamiento de esta ley con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por la participación en las Sociedades Mixtas.
Artículo 6º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1° y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1° por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 42 de la ley Nº 11.256.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1°, a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1°, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1°, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 7º.- En el artículo 9º de la Ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores. ".
Artículo 8º.- En el Nº 8 del artículo 1º de la Ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%".
Artículo 9°.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8º de la Ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 10.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la Ley Nº 15. 564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9º de la presente ley.".
Artículo 11.- Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 12.- Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras.
Artículo 13.- Agrégase al artículo 43 de la Ley Nº 15.564, el siguiente inciso nuevo:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores.".
Artículo 14.- Los beneficios económicos que, en uso de las facultades que concede la presente ley, sean otorgados al personal de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, corresponderán igualmente al personal en retiro y a las montepiadas de estas instituciones que reajusten sus pensiones de acuerdo con las rentas de sus similares en servicio activo.
Artículo 15.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales vigentes que regulan los actuales sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Artículo 16.- Dentro de las asignaciones especiales deberá contemplarse en el Cuerpo de Carabineros de Chile el "Riesgo Policial".
Artículo transitorio. El Presidente de la República, en uso de las facultades que se le conceden, no podrá privar al personal en actual servicio del derecho que tiene de impetrar pensión de retiro en conformidad y de acuerdo con la legislación vigente.".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Julio Mercado Manes. Eduardo Mena A.
Senado. Fecha 10 de noviembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 6. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
9.- INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEFENSA NACIONAL UNIDAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.
Honorable Senado:
Vuestra Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores, señores Altamirano, Fuentealba, Gumucio, Hamilton, Irureta, Isla Lorca, Morales, Montes, Noemi, Olguín, Pablo, Reyes, Rodríguez, Tarud, Valente y Valenzuela; los Diputados señora Allende y señor Monares; los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Zaldívar, de Defensa Nacional, don Sergio Ossa, y de Minería, don Alejandro Hales; los señores Subsecretarios de Guerra, don Carlos Gardeweg, de Marina, don Sergio Aguirre, y de Aviación, don Aquiles Savagnac, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, señor Fernando Castro Alamos.
Además se celebró una sesión secreta con los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: del Ejército, General don Rene Schneider, de la Armada, Almirante Fernando Porta, y de la Aviación, General don Carlos Guerraty.
Asimismo, se escucharon exposiciones de los señores Milenko Mihovilovic, Raúl Ocampo y Manuel Viveros, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, Carlos Valdés, Miguel Ramírez y Osvaldo Valdés, por el Consejo Superior del personal en retiro y montepíos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y la Confederación del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y Eduardo Dagnino, por la Cámara de Comercio de Chile.
I.- DISCUSIÓN GENERAL
1.- Remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo) de Carabineros y del Servicio de Investigaciones.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que existe consenso unánime de que las actuales remuneraciones de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y de Investigaciones, no se compadecen con las funciones específicas que desempeñan, como lo demuestran los cuadros I, II y III respecto de las Fuerzas Armadas, no obstante la constante preocupación que ha tenido el Supremo Gobierno por racionalizarlas y mejorarlas, como se expresa en el cuadro IV. Respecto de los sobresueldos hay que comparar el cuadro Nº II, que establece los actualmente vigentes, con el cuadro Nº V, que reproduce los beneficios económicos existentes al 1? de enero de 1964.
En seguida, señaló que es conveniente recalcar la especificidad que tienen los institutos armados, la que obliga a analizar la materia en estudio con plena independencia y sin relación alguna con los otros organismos de la administración del Estado. En efecto, las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y una profesionalización interna que no se asemeja a ningún otro organismo.
Luego, declaró que deseaba dejar en claro que el hecho de que el proyecto esté concebido en término de otorgar facultades al Ejecutivo no significa que no se haya estudiado el problema. Por el contrario, dichos estudios se iniciaron hace bastante tiempo, con la participación de los señores Comandantes en Jefe, Ministro de Hacienda y ex Ministro de Defensa Nacional. Sin embargo, la variedad y complejidad del sistema de remuneraciones del mencionado personal impide la dictación de una ley directa sobre la materia.
Agregó que desde el momento en que se hizo cargo de la Cartera de Defensa Nacional, su preocupación exclusiva ha sido el estudio de la materia en debate, con los señores Comandantes en Jefe respecto del personal activo y con el señor Vicepresidente de la Caja d la Defensa Nacional en relación con los sectores pasivos, teniendo siempre presente que la situación de ambos sectores no puede ser tratada en forma independiente.
Agregó que el artículo 1° fue enmendado, a proposición del Ejecutivo, en la Honorable Cámara de Diputados, con el objeto de que sus disposiciones tradujeran claramente la intención del Ejecutivo. Fue así como se incluyeron las normas signadas con los Nºs. 1º y 2º de dicho precepto y que se refieren a la garantía que se establece para los personales señalados en el inciso primero de la norma, en el sentido de que el ejercicio de las facultades no significará la disminución de sus actuales remuneraciones y que en su aplicación deberá considerarse especialmente el mejoramiento de los grados cuyas rentas están más deterioradas.
Respecto de este último punto, explicó que el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas tiene distorsiones que producen como efecto que algunos sectores, especialmente los llamados mandos medios y algunos grados de la sub oficialidad, se encuentren más deteriorados que otros. Por ello, hay consenso en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y en sus respectivos Comandantes en Jefe, de que no es posible mejorar sus remuneraciones con un criterio parejo y uniforme, que beneficie en la misma medida a todo el personal.
El Nº 3º del citado artículo, dijo en seguida el señor Ministro de Defensa Nacional, se refiere al aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servició activo, aumento que se efectuará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972.
Debido al aumento gradual referido, el Nº 4º del precepto dispone que en todo caso el reajuste de las pensiones por el año en curso no podrá ser inferior al incremento del índice de precios al consumidor. Igual resguardo establece respecto del personal en servicio activo, ya que el aumento no va a ser uniforme.
Agregó que era indispensable establecer un aumento gradual de las pensiones, porque en caso contrario la mayor parte de los recursos que se destinen al incremento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas financiaría el aumento de éstas.
En efecto, como lo demuestra el cuadro Nº VI, la mayor parte del personal retirado se acumula en los grados altos.
Por ello, en el año 1969 se pagará Eº 952 millones por concepto de remuneraciones al sector activo y Eº 888 millones por concepto de pensiones al pasivo, siendo la relación del número de personas de ambos grupos de 1 a 1, aunque en este último hay personas que no tienen derecho a pensión completa. En efecto, en el sector pasivo se distinguen tres grupos principales: los con más de 30 años computables para el retiro, que son aproximadamente 19.000 personas en las Fuerzas Armadas y que tienen derecho a prácticamente todas las remuneraciones del cuadro Nº I; los con más de 20 años y menos de 30 años computables para el retiro, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 12.000 personas, que sólo perciben como pensión las remuneraciones indicadas en las tres primeras columnas del mismo cuadro y en proporción a sus años de servicios; y con más de 10 años y menos de 20, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 8.000 personas cuyas pensiones fueron calculadas en los treinta avos respectivos y que están sujetos al sistema de revalorización de las mismas.
Asimismo, hay que tener presente que cuando fallece el causante, sus sucesores sólo tienen derecho al 75% de la pensión respectiva y, en algunos casos, sólo al 50% de ella.
En consecuencia, dadas las características del personal pasivo, demostrada a través del ejemplo de las Fuerzas Armadas, sería lógico pensar que el gasto en pensiones es muy inferior al que corresponde a remuneraciones del sector activo. A pesar de ello y por la concentración del personal del primer grupo en los grados altos, como lo demuestra el cuadro Nº VI, ambos gastos son aproximadamente iguales.
Por los motivos expresados, añadió el señor Ministro de Defensa Nacional, el sistema de aumento gradual de las pensiones es indispensable para que el proyecto cumpla con sus finalidades esenciales.
En relación a este punto, el señor Ministro de Hacienda dijo que el artículo 15 del proyecto limitaba las facultades que se otorgaban al Ejecutivo, porque obligaba a éste a entregar mayores beneficios al sector pasivo que al activo, lo que hace imposible cumplir con la política del Gobierno. En efecto, si el mencionado precepto se interpreta en el sentido de que habría que traspasar todos los beneficios que se otorgarán al personal en servicio activo a los pensionados, habría casos en que el reajuste obtenido por éstos últimos podrían ser el doble o más del que perciban los primeros, porque se obliga así al Ejecutivo a otorgar a todo este último personal la asignación profesional del 55% o quinquenios completos, a pesar de que algunos de ellos se han retirado con mucho menos de 30 años de servicios o en ciertas situaciones especiales. De ahí que traspasar mecánicamente los mismos beneficios, indiscriminadamente a los sectores pasivos, limitaría la posibilidad de otorgar un real aumento al personal activo, que es el que debe recibir una solución más inmediata, sin perjuicio de que se garantice a los retirados una solución en términos progresivos, como ya se ha hecho en otros casos.
En relación al Nº 5, el señor Ministro de Defensa manifestó que se fijaba un plazo para el ejercicio de una facultad que tenía el Presidente de la República respecto de los profesores civiles de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al Nº 6º, dijo que dicha norma establece el plazo dentro del cual deberán dictarse los D.F.L. Agregó que una enmienda que introdujo la Sala de la Honorable Cámara de Diputados desvirtuó el espíritu del proyecto del Ejecutivo. En efecto, se suprimió la norma que establecía que las nuevas remuneraciones regirían a contar del 1° de enero de 1970. Este acuerdo puede producir una postergación de la fecha en que comenzarán a regir las nuevas escalas, si la tramitación del proyecto y la fecha de dictación de los citados Decretos se prolongan de modo que sean dictados con posterioridad a la mencionada fecha. Por tal motivo, solicitó a las Comisiones el restablecimiento de la disposición primitiva.
En seguida, manifestó que el artículo 2º se refiere a las remuneraciones del personal del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones. Añadió que Carabineros ha tenido hasta ahora una escala similar a las de las Fuerzas Armadas y que lo novedoso de la norma es la incorporación del personal de Investigaciones.
Por último, el señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que el Ejecutivo ha dictado cinco D.F.L. en cumplimiento de lo dispuesto en la ley Nº 16.840. El D.F.L. Nº 1 contiene un estatuto que regula el sistema dé ingreso, retiro, plantas, etc., de las Fuerzas Armadas, normalizando y racionalizando todo el sistema.
El D.F.L. Nº 2 se dictó para el Cuerpo de Carabineros.
Por el D.F.L. Nº 3 se aumentaron las diversas remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. La bonificación profesional subió de un 30% a un 50% y, a partir de 1° de septiembre de este año, a un 55%.
En el Ejercito, casi el 25% del personal percibe bonificaciones especiales, hecho que no existía anteriormente y cuyo detalle está en el cuadro Nº II.
En la Armada, se aumentó la gratificación de embarcado y, entre ellos, se distinguió entre el personal de la Escuadra y el resto.
En el D.F.L. Nº 4, se regularizó el Fondo de Revalorización de Pensiones, dándosele una nueva estructura e incrementándosele sus recursos.
El D.F.L. Nº 5 modificó todo el sistema de plantas del personal de Sanidad de las Fuerzas Armadas, incluyendo al paramédico.
Todas estas medidas significaron en total, durante el año 1968, un aumento de los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas equivalente a un 40%.
Simultáneamente con ello, se aumentó la asignación de rancho, que era de Eº 70, a un tercio de sueldo vital, como también la asignación de casa.
A continuación, el señor Ministro de Hacienda expresó que para determinar el gasto del proyecto era necesario confeccionar una escala que dé real solución a los problemas de las Fuerzas Armadas. El costo dependerá de cuál sea la alternativa que se escoja, siendo algunos de los elementos del problema, por ejemplo, los quinquenios del personal pasivo, que tienen distintos tratamientos legales; la bonificación profesional creada por el Gobierno, que asciende al 55% de las remuneraciones, que no es imponible y que sólo es percibida por el personal en servicio activo y por el que se retira con más de 30 años de servicios computables para el mismo; la asignación especial de casa, que varía según el grado del beneficiado, la asignación de rancho, etc.
En relación a las diversas alternativas de nuevas escalas, el señor Ministro de Hacienda expresó que una de ellas sería refundir los diversos rubros de remuneración en un sueldo único, eliminando todo tipo de asignaciones, con excepción de la de rancho. El costo aproximado y meramente estimativo de esta solución, incluyendo en elía al sector pasivo, con aumentos graduales e incluido el reajuste general, no podría ser inferior a Eº 850 millones.
Al respecto, el señor Ministro de Defensa Nacional hizo presente que sobre la base de dicha cantidad no podría establecerse el porcentaje de aumento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, porque el promedio no tiene sentido, atendido que el Gobierno y los señores Comandantes en Jefe están estudiando las rentas grado a grado y, por lo tanto, la fijación de las nuevas remuneraciones se hará de acuerdo al deterioro de la respectiva remuneración.
La segunda alternativa, manifestó el señor Ministro de Hacienda, es la de formar un sueldo único, con exclusión de la asignación de rancho y manteniendo el sistema de quinquenios. Esta alternativa tiene como consecuencia que el sueldo base es menor que en el caso de la primera, pero su resultado final es más o menos equivalente porque con los quinquenios se completaría la remuneración que se quiere establecer. El costo de ella no está determinado, porque existen problemas con los pensionados que tienen quinquenios parciales, pero, en todo caso, sería superior al de la anterior.
La tercera alternativa, añadió, es la de fijar un sueldo base con quinquenios aparte y con una bonificación proporcional también diferenciada, quedando la asignación de rancho siempre independiente. Esta alternativa tendría de positivo que no se incrementa el gasto por el traspaso íntegro de la asignación profesional a todo el personal pasivo con menos de 30 años de servicio. Su costo es intermedio entre las dos soluciones anteriores.
Nota.- En los 1.619 cargos de planta correspondientes al Grado 3º están incluidos los Subtenientes Grado 6º.
2.- Financiamiento del proyecto.
El señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo, al iniciar el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, propuso un financiamiento cuyo rendimiento no se sabe si cubre el costo que significa fijar en un monto mayor las remuneraciones de los mencionados personales. Por tal motivo, en el Mensaje se expone que el financiamiento adicional que pudiera llegar a requerirse para cubrir el gasto, debería consultarse tanto en el proyecto de ley de presupuestos, en el ítem correspondiente a reajuste de remuneraciones, como en la ley general de reajuste. Respecto de la ley de presupuestos es obvio que los recursos que se establezcan para reajustes del Sector Público, una parte deberá destinarse a pagar las remuneraciones del personal beneficiado por el proyecto.
Agregó que existe incertidumbre respecto de los recursos que se necesitan, porque si bien los estudios sobre la materia se encuentran afinados en cuanto a las bases sobre las cuales se fijarán las nuevas remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el proyecto, no están definidas las escalas o niveles reales a que llegarán cada uno de los grados de las Fuerzas Armadas, escalas o niveles que en definitiva determinarán el verdadero costo de las nuevas rentas del citado personal.
El financiamiento propuesto por el Ejecutivo, agregó, consistía en el establecimiento de un impuesto con una tasa del 50% sobre el exceso de utilidades que hubieren obtenido los Bancos Comerciales en relación con el balance de 1968, calculadas en términos reales, que produciría un millón de escudos. En el mantenimiento del impuesto extraordinario aplicado en el año en curso sobre los bienes raíces de las zonas no afectadas por la sequía y que alcanza a un 2 por mil del avalúo fiscal, lo que rendiría unos 47 millones de escudos, y en aumentar ciertas tasas del impuesto a la compraventa, de un 14% a un 16% la tasa sobre los consumos de los bienes que se expenden en restaurantes, clubes sociales y hoteles de primera clase, de un 23% a un 25% la que recae sobre artículos suntuarios, todo lo cual produciría un rendimiento del orden de los E 30 millones.
También se proponía aumentar de un 10% a un 15% la tasa del impuesto a la compraventa de divisas para viajes y otros objetos que no sean la importación de bienes, cuyo rendimiento se ha estimado en Eº 25 millones; recargar en un 20% las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, expresadas en porcentajes, con un rendimiento de Eº 60 millones, y cubrir el impuesto de timbres de la transferencia de bienes raíces, de un 4% a un 6%, que tiene un rendimiento estimado de Eº 30 millones.
Por otra parte, se proponía llevar el impuesto a la transferencia del gas licuado a la base, o sea, obligar que su producto sea retenido por las empresas productoras. Ello produce un mayor rendimiento del orden de los Eº 10 millones, porque el impuesto se pagaría sobre el total del gas despachado por las empresas productoras, eliminándose así la pérdida que para el Fisco se produce al aplicarse el impuesto por distribuidores medianos o pequeños y al permitirse una mejor fiscalización del mismo.
En seguida, se proponía aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría respecto de las personas que ganan rentas en monedas extranjeras, de un 3,5% a un 8,5%, con un rendimiento de Eº 11 millones; aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría que pagan los Directores de Sociedades Anónimas, de un 20% a un 30%, con un rendimiento de Eº 5 millones, y establecer un impuesto de Eº 200 a los viajes a los países limítrofes, lo que produciría Eº 8 millones.
En consecuencia, el financiamiento propuesto por el Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados era de Eº 227 millones.
La Cámara de origen suprimió el impuesto a los viajes y el aumento de las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, o sea, rebajó en Eº 68 millones el financiamiento del Gobierno, con lo cual el rendimiento de los tributos propuestos por éste asciende a Eº 159 millones.
Por otra parte, la mencionada Cámara agregó los siguientes financiamientos:
a) Modificó el tributo a las utilidades de los Bancos, en primer término, extendiéndolos a las Compañías de Seguros, y en segundo lugar, aplicándolos a las diferencias de utilidades entre los años 1968 y 1969, sin considerarlas en términos reales.
b) Con estas dos modificaciones el rendimiento del impuesto aumenta a Eº 12 millones.
Agregó el artículo 5° del proyecto, que destina Eº 100 millones anuales con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por su participación en las Sociedades Mixtas, es decir, las de la Gran Minería del Cobre.
c) Estableció un impuesto del 10% a las remesas en dólares o en otras monedas extranjeras por concepto de regalías, royalties o pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras, que produce Eº 10 millones.
d) Estableció un recargo de un 20% a los impuestos girados a aquellas personas que tuvieren rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, con un rendimiento de Eº 75 millones.
Los rendimientos de ambos proyectos se aprecian en el cuadro Nº VII
II.- DISCUSIÓN PARTICULAR.
El artículo 1º del proyecto autoriza al Presidente de la República para que modifique las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros.
En su inciso segundo, estatuye que la aplicación de la facultad deberá ajustarse a una serie de normas que se indicarán más adelante.
En relación a financiar el proyecto con fondos del cobre, el señor Ministro de Hacienda manifestó, en primer lugar, que no pueden destinarse ingresos que no son permanentes a financiar gastos que sí lo son. Asimismo, que no puede recurrirse a ingresos que se obtienen en moneda dura para financiar gastos en escudos, porque ello plantea de inmediato el problema de la convertibilidad de los dólares a moneda nacional, convertibilidad que debe efectuarse ampliando la lista de importaciones para que esta transformación no tenga el efecto de una, emisión de moneda.
En seguida dijo que, tal cual está redactado el precepto, se hace referencia a diversas clases de ingresos fiscales, e incluso se estarían cercenando los ingresos que la Ley del Cobre destina a objetos específicos.
El señor Ministro de Minería, refiriéndose a esta disposición, la calificó de vaga y general.
En efecto, el Fisco percibe recursos del cobre por tres capítulos: por concepto de impuesto a la renta o adicional en su caso; por utilidades de la Corporación del Cobre en razón de su calidad de socio en las distintas pertenencias, y por sobreprecio.
Agregó que la política gubernativa, así como la voluntad manifestada por todos los sectores del país, es que si se obtienen ingresos extraordinarios por el cobre, ellos no deben ser destinados a financiar aumentos de sueldos, sino que a atender compromisos en moneda extranjera de la Corporación del Cobre y a financiar la continuación y complementación de sus planes de expansión.
Al respecto hizo presente que se ha calculado que los ingresos extraordinarios serán suficientes para solventar los compromisos y planes de desarrollo del Cobre y que, probablemente, los excederán. Estos excedentes serán usados en planes de desarrollo que están siendo estudiados por un organismo coordinador de los Ministerios de Hacienda y Minería, de las Corporaciones del Cobre y de Fomento de la Producción y del Banco Central de Chile. La intención es comprometer para los años futuros los mayores ingresos a percibir por concepto de sobreprecio y de mayor participación en un programa nacional que asegure una alta tasa de desarrollo.
En respuesta a consultas formuladas por diversos señores Senadores sobre los ingresos, producción y destinación de los recursos del Cobre, se acompaña el cuadro VIII.
El Honorable Senador señor Montes sostuvo que hace varios meses se hizo evidente el descontento existente en el seno de las Fuerzas Armadas por sus remuneraciones, y como consecuencia de ello el ex Ministro de Defensa Nacional asumió el compromiso de estudiar la solución del problema. En mayo de este año se comenzó a estudiar el proyecto que resolvería la situación descrita. Pues bien, ahora el Ejecutivo presenta al Congreso Nacional una solicitud de facultades pretextando la complejidad del problema
CUADRO VIII
a) Los ingresos fiscales correspondientes a 1970, considerando el precio del cobre a un promedio de 52 cts. Por $, son los siguientes:
Agregó que no le parece conveniente este último camino, especialmente si se tiene en consideración el tiempo transcurrido y las exposiciones de los señores Ministros que demuestran que la iniciativa de ley en debate no da una solución clara y definitiva al financiamiento del reajuste de las mencionadas remuneraciones, y que se desconoce o no se ha determinado la solución que se empleará. Por tanto, el camino elegido no da una solución cierta y definitiva al problema, en especial en relación a los recursos necesarios, sosteniéndose que éstos serán pedidos en otros proyectos. Esta situación es a su juicio grave, porque si no se da una solución definitiva o se equivoca la fórmula para salvarlos, las consecuencias pueden ser imprevisibles y afectar a toda la sociedad chilena, especialmente a las organizaciones de los trabajadores
Por las razones anteriores, estima que tanto el Gobierno como el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el pueblo en general, deben tener un conocimiento más exacto de la solución que se da al problema de los institutos armados
b) La probable producción fiscal de la Gran Minería del Cobre en 1970, se calculará en 1.400.000 de £.
Al respecto se señala que el aumento de producción programado en los planes de expansión que debería empezar a fines de 1971, empezará a producir sus efectos a fines del año 1970.
c) En relación a los posibles ingresos de las personas distintas al Fisco que participan en la Gran Minería del Cobre y, considerando las mismas bases señaladas en los números anteriores, la situación es la siguiente:
La Compañía del Cobre El Salvador (ex Andes) sobre una renta total de 44,1 millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 7,6 millones de dólares.
La Compañía del Cobre de Chuquicamata (ex Chilex), sobre una renta total de 185,5 millones de dólares al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 32,2 millones de dólares.
Sociedad Minera El Teniente, sobre una renta total de 126,9 millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 27,4 millones de dólares.
d) Distribución de Ingresos ley 16.624.
El Honorable señor Chadwick sostuvo que los Senadores Socialistas Populares están de acuerdo con lo expresado por el Senador señor Montes pero que deseaba agregar algunas consideraciones esenciales antes de votar el artículo 1°.
En efecto, el primer problema que plantea es el alcance del inciso primero, es decir, si tiene vida autónoma o debe entenderse formando parte de un sólo contexto general que abarca las materias que han sido numeradas en la Honorable Cámara de Diputados y que vienen incorporadas al precepto. Ello tiene trascendental importancia, porque si se entienden independientes la primera norma y las otras, el Senado o el Ejecutivo podrían eliminar la enumeración y en tal caso las facultades carecerían de toda limitación
En relación al impuesto a las regalías, el señor Ministro de Hacienda manifestó que la disposición, tal como estaba contenida en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, era ilusoria, porque si bien iba a producir cierto rendimiento, al mismo tiempo haría un impacto en los costos y, en consecuencia, en los precios respectivos, puesto que había tecnología que el país deba comprar y que quien efectuara tal negociación, ante un impuesto de este tipo, recargaría el precio de sus servicios en el mismo monto del tributo que se establece. Agregó que el Ejecutivo estaría de acuerdo en gravar los royalties, regalías, o marcas que no sean absolutamente necesarios para la producción del país. De enmendarse el precepto en este sentido, el impuesto tendría un rendimiento de sólo Eº 3 millones.
Sobre el recargo del 20% a los impuestos girados para aquellas personas que tuvieren una renta imponible superior a 20 sueldos vitales, manifestó que la disposición no estaba claramente redactada; que las tasas vigentes del impuesto global complementario son ya bastante altas en términos progresivos, y que el Ministerio a su cargo no tiene estudios para determinar cuál sería el efecto real que este tributo produciría respecto de las personas afectadas.
En relación a los recursos que la ley de Presupuestos destina para reajustes generales de la Administración Pública y, en consecuencia, para las Fuerzas Armadas, el señor Ministro de Hacienda expresó que según lo estimado el 31 de agosto, fecha de remisión del proyecto al Congreso, se trataría de una suma cercana a los mil seiscientos millones de escudos, aparte de las cantidades destinadas a reajustes especiales del Magisterio y de las Fuerzas Armadas, que representan un gasto adicional de doscientos millones de escudos.
En seguida, dijo que en todo caso el mencionado ítem es insuficiente para financiar el reajuste. De ahí que pueda estimarse su monto en una cifra cercana a los dos mil quinientos millones de escudos, suma en la que no está contenida la destinada al reajuste especial que se concederá a las Fuerzas Armadas por medio del proyecto en debate.
Ahora bien, prosiguió el Ministro de Hacienda, es posible estimar la cantidad a financiar, derivada ya sea del reajuste general y del que se otorga en esta ley, en una suma cercana a los Eº 1.400.000.000. En este cálculo se consideran los recursos ya existentes, los que deberán suplementarse para financiar los reajustes y aumentos citados.
El desfinanciamiento se produce a pesar de que los ingresos presupuestarios del Fisco se reajustan en una cantidad equivalente a los aumentos anuales de sus servidores. Ello se debe a tres partidas principales: la primera de ellas, es el problema previsional, cuyo gasto aumenta mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor, ya que la masa de pensionados crece anualmente en un 10%, lo que traducido a moneda constante implica un mayor gasto de Eº 327.000.000 para el próximo año. El segundo rubro de importancia es la amortización de la deuda externa que debe cumplirse en el año 1970, que se incrementa en US$ 43.000.000, lo que significa aproximadamente un mayor gasto de Eº 430.000.000. Esta mayor amortización tiene por causa el hecho de que en 1970 comienzan los primeros vencimientos de los préstamos a largo plazo obtenidos en 1960 con motivo del terremoto; por darse cumplimiento a la renegociación llevada a cabo por este Gobierno de la deuda externa; por los pagos de los créditos a corto plazo que han contraído algunas instituciones, como LAN-Chile para renovar su flota, etcétera, por lo que debe considerarse un mayor gasto de Eº 300.000.000. La tercera partida que produce desfinanciamiento es el crecimiento vegetativo de la actividad del Estado. En efecto, debe considerarse el fuerte aumento de las matrículas, con un gasto de Eº 100.000.000; el crecimiento de los asentamientos, con un costo de Eº 50.000.000; el aumento de los gastos en Salud Pública por una cantidad aproximada a los Eº 100.000.000.
Luego, el señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo tenía facultades para proponer el aumento del ítem de reajustes de la ley de Presupuestos, y que él no podría efectuarse modificando el Cálculo de Entradas, como por ejemplo, aumentando la estimación del precio del cobre de 48 a 52 centavos de dólar la Libra, si se tiene en consideración la conservadora tendencia del mercado de productores de Estados Unidos.
Asimismo, pueden incrementarse los ingresos del impuesto a la renta, ya que los resultados del año tributario de 1969 se van a tener próxima mente. En igual forma puede procederse en otras cuentas del cálculo de ingresos.
Por último, expresó que las facultades que se concedían al Gobierno estaban limitadas por los recursos que se aprobaran con el objeto de financiarlas, pero que el Gobierno iba a pedir los fondos necesarios, ya sea en este proyecto, en el de Presupuesto o en el general de reajustes.
3.- Fundamentos de voto.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron en general el proyecto.
El Honorable Senador señor Jerez, fundamentando su voto, expresó que los Partidos y Movimientos que forman la Unidad Popular votarán favorablemente la idea de legislar sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque están de acuerdo en que es indispensable solucionar esta parte del problema que afecta a los mencionados institutos, aunque él se relaciona también a otras materias.
Agregó que ello no significaba que apoyara las facultades que se otorgaban al Presidente de la República por lo que en la discusión particular votaría en contra de ciertas disposiciones y formularía indicaciones para mejorar la iniciativa de ley en debate
El Honorable Senador señor Ochagavía manifestó que su Partido ha venido advirtiendo desde hace varios años que el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas requería de la atención preferente del Gobierno, pero que éste había reaccionado frente a una declaración pública de la Comisión Política del mismo en el sentido de ver en ella una actitud sediciosa y encarcelando a sus dirigentes máximos, los que posteriormente fueron exonerados de toda responsabilidad por la justicia.
Puntualizó que debían solucionarse todos los problemas de las Fuerzas Armadas, no sólo aquéllos que podían estimarse en un plano gremial, sino también los relativos a los aspectos profesionales de las mismas
Agregó que con ocasión de los sucesos del 21 de octubre nuevamente se pretendió por el Gobierno y los Partidos marxistas envolver a su colectividad en un acto sedicioso. Afortunadamente los hechos han demostrado la realidad, o sea, que dichos acontecimientos no tuvieron ninguna concomitancia política y que se trataba de un problema exclusivamente gremial
Luego, hizo presente la responsabilidad del Gobierno en los hechos sucedidos, por cuanto no usó en la forma que le correspondía hacerlo las facultades que le concedió la ley Nº 16.840. Añadió que la experiencia que tanto éste como el país han tenido, significará que el Ejecutivo utilice adecuadamente las facultades que por este proyecto se le dan
En cuanto a los sectores en retiro, dijo que debían racionalizarse sus rentas y mejorarse las que se encuentran deterioradas. Asimismo, solicitó al Ejecutivo que estudiara la manera de efectuar el pago a los jubilados de manera inmediata
En relación al financiamiento sostuvo que había que buscar aquéllos que no fueran inflacionistas. Por último, manifestó su oposición al impuesto a los viajes a los países limítrofes respecto de los obreros que viven en la zona que representa y trabajan en la República Argentina
El Honorable Senador señor Aguirre manifestó que su voto favorable se hacía con la reserva del derecho de formular las indicaciones que su Partido estime convenientes para mejorar el proyecto.
Señaló que con ocasión de la aprobación de la anterior ley de facultades, el Ejecutivo dio un tratamiento inferior al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, situación que es más grave en el caso de los Oficiales Superiores, por lo que el proyecto debía contener los resguardos necesarios para que no se procediera en forma discriminatoria
Agregó que debían buscarse los recursos suficientes para solucionar integralmente los problemas de las Fuerzas Armadas y de sus sectores pasivos
El Honorable Senador señor Carmona en relación con las palabras del Honorable Senador Ochagavía, sostuvo que la declaración de la Comisión Política del Partido Nacional antes citada no tuvo que ver con la situación de las Fuerzas Armadas, sino con una delicada situación internacional que vivió el país.
Hizo presente, asimismo, que le llamaba la atención la actual preocupación de algunos sectores por las Fuerzas Armadas, ya que si se la compara con la que existía antes del actual Gobierno, el saldo resulta ampliamente favorable a la actual Administración
En efecto, antes sólo tenían reajustes por seis meses y no por todo el año como en la actualidad. En moneda de igual valor, las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas han aumentado considerablemente
Asimismo, hasta 1964 el desahucio tardaba dos años en pagarse, en cambio ahora, se paga a los 15 días de retirado el funcionario
Agregó que, por otra parte, se legó a la actual Administración, una situación extremadamente pesada por concepto de diferencias de quinquenios adeudadas al personal en retiro, que ha ido solucionándose paulatinamente
Por otra parte, la pensión media anual en 1964 era de Eº 3.004,36, que referidos a monedas de 1968 corresponden a Eº 4.174,97. La pensión media anual en 1968 alcanzó a Eº 9.984,68, o sea, aumentó en un 137%
Dijo que quizás se han cometido errores al actuar a través de mejoramientos porcentuales en lugar de solucionar la complejidad de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, pero que el reconocimiento que se hace en el Mensaje a su profesionalidad y dedicación exclusiva, indica que el nuevo criterio adoptado es el más adecuado
Por último, hizo presente que los esfuerzos que se han hecho para solucionar los problemas de las Fuerzas Armadas tienen estrecha relación con los procesos de desarrollo y reforma que el país ha afrontado en este último tiempo
El Honorable Senador señor Chadwick señaló que la idea de legislar cuenta con el apoyo de los Senadores Socialistas Populares porque existe urgencia en modificar las normas existentes sobre la materia, pero que ello no significa concordar con la forma de abordar el problema.
Manifestó que no era partidario de conceder facultades extraordinarias en los términos concebidos en la iniciativa en debate, por ser manifiestamente inconstitucional, ya que otorgar facultades sin ninguna limitación es ir más allá de lo que el propio Parlamento puede hacer al despachar una ley directa
Por último expresó que había que revisar el financiamiento para cubrir todos los gastos que demanda el proyecto
A su juicio, la Cámara de Origen no lo ha entendido así y, por tanto, para ella las diversas disposiciones de este artículo forman un todo que no puede enmendarse por la simple vía de la supresión de un inciso sino por la de la sustitución de todo el precepto
El Senado debe pronunciarse también sobre el sentido que le da a la disposición
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que, a su juicio, la disposición es un solo conjunto de ideas y, en consecuencia, propuso que se refundieran ambos incisos.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron votar en conjunto y según la indicación antes citada
El Honorable Senador señor Altamirano expresó que concordaba con las expresiones del Honorable Senador señor Montes e hizo presente que el propio Gobierno propone un proyecto sin un financiamiento integral, a pesar de que en otras oportunidades ha sostenido la inconveniencia e inconstitucionalidad de proceder en tal forma.
El Honorable señor Miranda manifestó su desacuerdo con el otorgamiento de facultades, por la experiencia que ha tenido. En efecto, cuando se solicitaron normas similares con el mismo objeto, su Partido se abstuvo en la Sala, sosteniendo que era preferible una legislación directa. Ahora, dada la forma como el Gobierno usó dichas atribuciones, votaría en contra del artículo 1°.
Agregó que en muchos casos de sistemas de remuneraciones del sector público que tenían carácter complejo, por medio de leyes directas han sido mejorados y simplificados. Aun más, el propio Ejecutivo al utilizar las facultades que le concedió la ley Nº 16.840, complicó el problema al crear nuevas asignaciones para este personal
Respecto al costo y financiamiento del proyecto sostuvo que los datos que se han proporcionado a las Comisiones Unidas han sido muy incompletos e imprecisos, pero que en todo caso ha quedado en claro que los recursos son insuficientes
El Honorable Senador señor Ibáñez manifestó que la idea central del proyecto, que es la concesión de facultades al Presidente de la República, es apoyada por su Partido, porque tal ha sido la posición permanente de él, ya sea en «1 Gobierno o en la oposición. Esta posición tiene por fundamento principal la inconveniencia que significa la participación de los parlamentarios en la fijación detallada de las remuneraciones de los distintos servicios públicos,
Añadió que, a pesar de los inconvenientes que pudieran derivarse de las facultades, ellos son siempre menores que los que produce la administración de los servicios públicos desde la Sala y las Comisiones del Parlamento. En el caso en estudio, dadas las circunstancias insólitas que rodean al proyecto, no cabe su juicio la intervención de los Partidos Políticos en la fijación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas
Por último, hizo presente que la aprobación de las facultades implica una gran responsabilidad para el Gobierno, la que debe quedar claramente establecida
El Honorable señor Jerez sostuvo que la grave situación que se ha producido en el Ejército se debe a la mala aplicación de una facultad similar a la que se pide ahora.
Asimismo, dijo que no es partidario de cercenar las atribuciones del Parlamento y si existen estudios sobre la materia no ve la razón por la cual no se envían al Congreso Nacional para una discusión amplia que permita dictar la legislación adecuada
El Honorable Senador señor Palma expresó que, sin duda, el deseo de todos los sectores habría sido que el reajuste de las Fuerzas Armadas estuviera contenido en un proyecto de ley ordinario y no como una delegación de facultades extraordinarias.
Con todo, las actuales circunstancias del país, el complejo sistema de remuneraciones del personal beneficiado, el costo del proyecto y su incidencia en la inflación, como también el hecho de haberse procedido así en casi todas las ocasiones en que se ha hecho necesario legislar sobre organización, sueldos y plantas de las Fuerzas Armadas, son razones suficientes para aprobar el sistema propuesto, que aunque políticamente no es el más conveniente para el Gobierno, es, sin embargo, el más racional
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, aprobó el inciso primero.
En seguida, se debatió una indicación del Honorable Senador señor Allende , para reemplazar las palabras finales del inciso: "docentes del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros", por las siguientes: "de profesores civiles de las Fuerzas Armadas, fijándoles su clasificación jurídica dentro de dichas instituciones".
El señor Ministro de Defensa Nacional explicó que en las Fuerzas Armadas existe personal docente militar y civil y que la indicación parecía pretender dar a estos últimos la misma calidad de los primeros, lo que le parecía absurdo porque no tienen carrera militar
Agregó que la situación de los profesores civiles está solucionada por el Nº 5 del artículo
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que cambiar la expresión "personal docente" por "profesores civiles", podría ser perturbador, porque pudiera parecer que se excluye a parte del primero.
Vuestras Comisiones Unidas, con la abstención del Honorable Senador señor Chadwick, rechazaron la indicación.
En seguida, el Honorable Senador señor Fuentealba consultó si los operarios a jornal de las Fuerzas Armadas estaban regulados por la norma contenida en el inciso primero.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que quedaban incluidos en la disposición todos los obreros que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, salvo aquellos que forman parte del personal de ciertas entidades como ASMAR y FAMAE, que siendo civiles están sujetos a un estatuto de remuneraciones distinto
Vuestra Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron dejar constancia de que el precepto incluye a los obreros que laboran en las Fuerzas Armadas con las excepciones señaladas
Luego se debatió el Nº 1º de este artículo, conjuntamente con indicaciones del Honorable señor Allende y de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para agregar a este número una disposición que estableciera que el ejercicio de las facultades no podrá significar disminución de ningún derecho o beneficio de que actualmente disfruten los personales en actividad y pensionados.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la aprobación de tales indicaciones impediría refundir los beneficios actualmente existentes, como es la intención del Gobierno y, al parecer, la de todos los miembros de la Comisión
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la aprobación de las indicaciones significaría imposibilitar la simplificación y racionalización del sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que tenían por objeto evitar que se menoscaben los beneficios económicos y previsionales de que gozan los personales de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que el problema planteado por los que se oponen a las indicaciones existe ya en el texto del proyecto de la Cámara de Diputados, que impide que se disminuyan las actuales remuneraciones.
El Honorable Senador señor Carmona propuso que se rechazaran las indicaciones y se adicionara el precepto en el sentido de que lo que no puede disminuir es el monto total de las remuneraciones, con lo cual el Ejecutivo puede refundir los diversos ingresos de los mencionados personales.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez, Jerez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Chadwick, aprobaron la proposición del señor Carmona.
Luego se discutió el Nº 2, que dispone que el reajuste de remuneraciones deberá contemplar un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que el Ejecutivo debía dejar claramente establecido el criterio que tendrá para los reajustes, porque de la simple lectura de este número se desprende que ellos no serán parejos.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que lo que la disposición precisamente ordena es que los reajustes no sean parejos y ello por las diferencias muy marcadas que existen entre los diferentes grados. En consecuencia, si no se hiciere esta salvedad, podrían reclamar los personales que fueren aumentados en porcentajes menores.
El señor Ministro de Hacienda expresó que esta disposición era indispensable por las razones que dio en la discusión general y que si fuera la intención del Ejecutivo conceder un reajuste parejo, no se habrían solicitado las facultades
Vuestras Comisiones Unidas aprobaron el número
A continuación, se discutió el Nº 3, que dispone que el aumento de las pensiones se otorgará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo D.F.L., y que pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá aumentarse de acuerdo al índice de precios al consumidor, sin perjuicio del reajuste general que corresponde
Los Honorables Senadores señores Allende, Aguirre, Duran para los efectos reglamentarios, y Miranda, propusieron sustituir el número en el sentido de que el reajuste de las pensiones se efectúe en el curso del año 1970.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para reemplazar el número por otro que disponga que el aumento de las pensiones que se originen como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, deberá ser señalado en el respectivo D.F.L.
El señor Ministro de Defensa Nacional formuló indicación para mantener la primera parte de la norma y suprimir aquella que dice relación con el reajuste del saldo adeudado una vez pagado el primer aumento
El señor Ministro de Hacienda insistió en que la aprobación de la norma contenida en la primera indicación significaba otorgar mayores beneficios al sector pasivo que al activo
Agregó que los pagos en pensiones aumentan mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor. La Caja de la Defensa, por ejemplo, pagó el año 1964, por concepto de pensiones, Eº 94 millones, y, en 1969, cucho gasto ascenderá a Eº 508 millones. Agrega que el pago escalonado ya se había aprobado para otros beneficios, como es el caso de la incorporación de la asignación profesional que se otorga al personal pasivo con 30 o más años de servicios
Añadió que la segunda parte del número que el señor Ministro de Defensa Nacional propuso suprimir significaba dar un doble reajuste al sector pasivo: uno por el índice de precios al consumidor y otro por reajustes generales, ya que lo que la norma pretendía en su primera parte era postergar el goce del beneficio para el personal pasivo
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la norma debía interpretarse en el sentido de que lo que se postergaba era el pago y no el beneficio, por lo que la segunda parte de la disposición era totalmente justa.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que era partidario de pagar de inmediato el reajuste de los pensionados, pero que si se aprobaba la norma contenida en el proyecto, debía mantenerse la disposición que les permitía defenderse de la inflación.
En primer término se votaron las indicaciones de los Honorables Senadores señores Aguirre, Allende, Duran y Miranda. Vuestras Comisiones Unidas, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, las rechazó.
En seguida, luego de un doble empate, rechazó la indicación substitutiva del Honorable Senador señor García.
Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez, Miranda y Palma.
Por último, se rechazó la indicación del señor Ministro de Defensa Nacional, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Gormaz y Palma, y los negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez y Miranda.
El Honorable Senador señor García fundamentó su voto en que la norma en debate no da un doble reajuste al personal pasivo, sino que simplemente protege las cuotas que le vayan correspondiendo, sin perjuicio de que además tengan derecho a aumentos por el resto de sus pensiones.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, acordaron dejar expresa constancia de que la segunda parte del precepto no otorga un doble reajuste
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros y Miranda, para agregar un nuevo inciso al número que establece que el reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin necesidad de solicitud del interesado.
El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que una norma similar ha sido establecida en los proyectos de aumentos de pensiones con el objeto de evitar que el beneficiario deba impetrar cada vez el reajuste. Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron la indicación.
A continuación, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que el personal pensionado por inutilidad de 2º ó 3º clase goce de inmediato del reajuste total de sus pensiones.
El señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional explicó que se acogen a retiro por inutilidad de 2º clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide ganarse su "sustento en ocupaciones privadas, y de 3^ clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide en forma definitiva, total e irreversible, valerse por sí mismos, como la paraplejía, hemiplejía, ceguera absoluta, etc. Agregó que en la actualidad se encuentran en ambos casos 3.878 pensionados
Respecto del personal eliminado por inutilidad de 3º clase, vuestras Comisiones Unidas aprobaron unánimemente la indicación
En relación a los 2º clase, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda. Por la negativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez.
Se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, para agregar un nuevo número que establece que las remuneraciones que se otorguen a los diferentes grados jerárquicos o empleos, deberán ser imponibles en su totalidad.
El Honorable Senador señor García manifestó que la disposición propuesta significaba aumentar todas las pensiones futuras. Dijo en seguida, que todo buen principio de previsión indica que el sueldo del que se retira debe ser inferior al del que está en servicio activo, más aún cuando las asignaciones son por riesgos propios de la persona que está trabajando.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que la indicación tenía por objeto evitar que se siguiera distorsionando el régimen de jubilaciones de las Fuerzas Armadas por medio de la creación de asignaciones no imponibles.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que la indicación hacía imposible aumentar las rentas al sector activo, porque al pasar todos sus beneficios a los pasivos y al estar estos últimos en proporción mayoritaria en los grados altos, no van a quedar recursos que financien el reajuste del actual personal de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que estaba de acuerdo con el principio contenido en la indicación, pero que dada la actual situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, su aprobación daría gran rigidez al aumento de las mismas y produciría como consecuencia inmediata la baja de las rentas de los personales en actividad, al dejarlos sujetos a descuentos previsionales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, negativos de los Honorables Senadores señores Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick y Jerez, rechazaron la indicación.
A continuación, se discutió el Nº 4, que dispone que los aumentos que correspondan al año 1970 no podrán ser inferiores al incremento que experimente el índice de precios al consumidor durante el año 1969
Los Honorables Senadores señores Montes y Valente formularon una indicación para que, a contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro tenga un aumento no inferior al alza mencionada, más uno adicional equivalente al 50% de las diferencias entre el total del aumento otorgado al personal en actividad y el porcentaje de aumento del costo de la vida.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la disposición contenida en el precepto era justa, porque aseguraba a todos los personales beneficiados un aumento mínimo igual al alza del costo de la vida
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que la indicación era contradictoria con el acuerdo recién adoptado por las Comisiones.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron el número y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, rechazaron la indicación.
En seguida, por unanimidad, aprobaron el número 5º, que pasó a ser artículo separado
Por último, se debatió el número 6º, que dispone que los decretos con fuerza de ley respectivos deberán dictarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del proyecto
Vuestras Comisiones, por unanimidad, lo aprobaron, conjuntamente con una norma que estatuye que los referidos decretos con fuerza de ley entrarán a regir a contar del 1° de enero de 1970
En seguida, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que, respecto de las remuneraciones que se concedan a las Fuerzas Armadas y que no tengan carácter imponible, se deje constancia en el respectivo decreto con fuerza de ley que tienen esta naturaleza.
El Honorable Senador señor García sostuvo que la indicación era útil, porque evitaba confusiones en la materia.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su oposición a la indicación porque, a su juicio, la no imponibilidad de una remuneración debe ser excepcional y, en ningún caso, debe entregarse al Presidente de la República la facultad para calificar cuáles tendrán tal carácter.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick y Gormaz, aprobaron la indicación.
Seguidamente se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para agregar un número nuevo que establezca que todas las remuneraciones que perciba el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas deberán refundirse en un solo sueldo básico, expresado en sueldos vitales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez; negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Miranda, rechazaron la indicación.
Luego, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez , se aprobó el artículo 29, que autoriza al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas del Cuerpo de Carabineros al Servicio de Investigaciones.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que dado el actual estado de tramitación del proyecto, no es posible dictar una ley directa sobre la materia, prefería votar favorablemente el precepto, porque concede un beneficio a los mencionados funcionarios.
Luego, se discutieron en conjunto los artículos 14 y 15
Los citados preceptos establecen que los beneficios económicos que perciban los personales de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, corresponderían a los pensionados de esas instituciones que reajusten sus rentas de acuerdo a las de sus similares en servicio activo y que el uso de las facultades no permitirá al Presidente de la República modificar los sistemas previsionales que rigen para los señalados servidores
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que el primero de estos preceptos, que se refiere a quienes gozan de la llamada "pensión perseguidora", es incompatible con el acuerdo tomado respecto del Nº 3 del artículo 1º
El Ministro de Defensa Nacional propuso refundir ambas indicaciones en una norma que impida modificar los esquemas previsionales vigentes, y aumentar la proporción actual, en perjuicio del sector pasivo, entre las remuneraciones imponibles y no imponibles
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la citada indicación, conjuntamente con una proposición de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para incluir al personal del Servicio de Investigaciones en el referido precepto.
A continuación, se debatió el artículo 16, que dispone que entre las asignaciones especiales deberá establecerse, para el Cuerpo de Carabineros, la de riesgo policial
Los Honorables Senadores señores Chadwick , Jerez y Valente formularon indicación para excluir de la disposición al personal del Grupo Móvil.
En primer término se votó la disposición con la enmienda, siendo rechazadas con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Jerez y Chadwick, y negativos de los Honorables Senadores señores Acuña Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez.
Luego, se rechazó el precepto, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Acuña, Aguirre, Ibáñez y García; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Jerez.
El Honorable Senador señor Carmona fundamentó su voto en que la disposición es inconstitucional, porque requiere la iniciativa del Ejecutivo.
En seguida, por unanimidad, se suprimió el artículo transitorio por ser redundante con el precepto que reemplaza los artículos 14 y 15
A continuación, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para agregar un artículo nuevo que dispone que la primera diferencia de sueldos por aplicación del proyecto no pasará a la respectiva Caja de Previsión.
El señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional sostuvo que la indicación adolecía de un error básico, porque las primeras diferencias no pasan a la Caja sino a un Fondo Nivelador de quinquenios, a fin de mejorar las pensiones antiguas y más deterioradas. La aprobación de la norma traería como efecto la disminución de los recursos del mencionado Fondo
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación
Luego, se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para que el Ministro de Hacienda informe semestralmente a la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, sobre el destino de los recursos de la llamada "Ley Reservada".
Vuestras Comisiones, por unanimidad, la aprobaron
A continuación, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Allende y Rodríguez para agregar un artículo nuevo que establece un sistema para la adquisición de las casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros por sus Suboficiales y tropa.
El señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que las referidas instituciones tenían un determinado número de casas fiscales destinadas a su personal, las que son insuficientes, por lo que no cree conveniente aprobar la indicación, la que, por otra parte, restringiría el movimiento de personal activo y disminuiría paulatinamente la disponibilidad de casas con que éste cuenta
Agregó que existen otros sistemas para que los particulares puedan adquirir casas habitaciones e hizo también presente los problemas que se producirían en los casos en que se trasladara una unidad entera de un lugar a otro
El señor Ministro de Hacienda manifestó que existe un déficit de casas para el personal en servicio activo. En efecto, de 1.233 Oficiales casados, sólo 929 disfrutan de casas fiscales, y de 5.277 Suboficiales y soldados casados, sólo tienen ese derecho 3.097, incluyendo dentro de este número a las próximas entregas
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que la indicación crea un problema mayor que el que se pretende solucionar, ya que indirectamente evita el traslado de las unidades militares; establece un privilegio para las personas que actualmente ocupan las viviendas, y acrecienta el déficit de casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
La Diputada señora Allende manifestó que la indicación solucionaba un problema real que afecta a un grupo de modestos servidores de dichas instituciones armadas.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Chadwick, Jerez y Miranda; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, rechazó la indicación.
En seguida, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano , Chadwick , Jerez y Valente, que faculta al Presidente de la República para otorgar a los funcionarios del Servicio de Prisiones una asignación de E° 900, por una sola vez, con cargo al ítem de sueldos del propio Servicio.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la indicación es inconstitucional, porque establece una remuneración para funcionarios del sector público, aunque ésta sea de carácter facultativo
Consultada la constitucionalidad del precepto, vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona y Gormaz, la declaró procedente.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Carmona y Gormaz, la aprobó.
A continuación, por unanimidad, se aprobó igualmente una indicación del Honorable Senador señor Fuentealba que permite a los funcionarios retirados con inutilidad de segunda clase, y que no se acogieron a los beneficios que les correspondían, impetrar éstos, dentro del plazo de noventa días.
Seguidamente, se discutieron los artículos 3° a 13, que establecen el financiamiento del proyecto
El señor Ministro de Hacienda manifestó que el Ejecutivo, en el segundo informe, presentaría las indicaciones pertinentes respecto de las modificaciones que le introdujo al financiamiento primitivo la Honorable Cámara de Diputados, porque aún no ha terminado el estudio respectivo, sin perjuicio de expresar su opinión respecto a determinados preceptos
El artículo 3° establece un impuesto extraordinario del 50% sobre las mayores utilidades obtenidas por los Bancos particulares y Compañías de Seguros en el año comercial 1969 en relación con el año comercial, de 1968
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el mismo impuesto se aplique a los Bancos Central y del Estado de Chile.
El señor Ministro de Hacienda expresó que estaba en estudio el alcance de la enmienda que la Honorable Cámara de Diputados introdujo a este precepto, en el sentido de considerar como utilidad, para los efectos del impuesto, el aumento que éstas han experimentado por el alza del costo de la vida
Respecto de la indicación del Honorable Senador señor García, sostuvo que ella era ilusoria, porque sólo establece un mecanismo de financiamiento presupuestario, debido a que los mencionados recursos están destinados a financiar el Presupuesto de la Nación.
El Honorable Senador señor García expresó que las Empresas del Estado, que perciben utilidades, deben colaborar al mantenimiento del mismo. La actividad del Estado es cada vez mayor y no es posible que el sector privado siga soportando un aumento del peso tributario para mantener las actividades de aquél.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la disposición, y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señor García e Ibáñez, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Aguirre, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, rechazaron la indicación.
El Honorable Senador señor Palma fundamentó su voto en el sentido de que aprobaba la proposición contenida en el Mensaje del Ejecutivo, porque la del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados afecta gravemente a las empresas bancarias, en especial a las medianas y pequeñas.
Luego, se debatió el artículo 4º, que aplica durante el año 1970 un recargo del 10% a las contribuciones de bienes raíces, con excepción de los ubicados en las comunas afectadas por la sequía
El señor Ministro de Hacienda manifestó que no se trata de crear un nuevo tributo sino de prorrogar por un año uno vigente en la actualidad
Agregó que estaban exentos del impuesto territorial 500.000 predios de un total de 1.200.000, por tener un avalúo inferior a Eº 10.000, como también los inmuebles acogidos a la Ley Pereira y al D.F.L. Nº 2
El Honorable Senador señor Valente formuló indicación para eximir del recargo a los bienes raíces urbanos con avalúo inferior a 15 sueldos vitales anuales y para que la exención de los predios ubicados fuera de las provincias de Atacama y Coquimbo se aplique sólo a aquellos que tengan un avalúo inferior a 25 sueldos vitales anuales.
El Honorable Senador señor Miranda manifestó que la situación de las provincias de Atacama y Coquimbo es de tal gravedad que no se puede aplicar un recargo a ninguno de sus predios.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que en las referidas zonas existen explotaciones agrícolas de tal magnitud que perfectamente pueden resistir los recargos tributarios.
El Honorable Senador señor García manifestó su oposición al precepto, porque hace pagar un tributo a quienes pretende beneficiar. Si existen deudas morosas por Eº 380.000.00 en bienes raíces, agregó, bastaría con mejorar el mecanismo de cobranza y no establecer nuevos impuestos o recargos.
El señor Ministro de Hacienda expresó que no se crea un nuevo tributo, simplemente se prorroga uno ya existente
Respecto de la idea del señor Valente, sostuvo que ella era inaplicable porque administrativamente era imposible hacer la clasificación. Por otra parte, agregó, encierra el peligro de beneficiar a personas que tengan varios predios cuyos avalúos individualmente considerados no excedan de la cantidad propuesta.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, aprobó el precepto.
En seguida, por unanimidad, rechazó la indicación del Honorable Senador señor Valente para eximir del tributo a los predios con un de, terminado avalúo máximo.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Gormaz, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Chadwick, García, Ibáñez y Jerez, rechazó el artículo 5º.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que por ser extraordinarios los recursos provenientes del cobre, sólo podían destinarse a planes de fomento del mismo carácter, como también, a que se afectaba a los ingresos de las provincias cupríferas.
Luego, se debatió el artículo 6º
Su número 1º aumenta del 14% a 16% la tasa del impuesto a la compraventa que afecta a bares, restaurantes y clubes sociales de primera clase
Este precepto fue aprobado con el solo voto en contra del señor Chadwick.
El Nº 2 nivela en un 16% la primera y las demás transferencias de vinos y licores
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, García, Gormaz, Ibáñez y Jerez, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Palma, aprobó la disposición.
El Nº 3, suprime la exención del 50% del impuesto a las compraventas que beneficia a las cooperativas de consumo respecto a los piscos y vinos
Vuestras Comisiones, con la misma votación anterior, aprobaron este número
El Nº 4 rebaja la tasa del impuesto a la compraventa de un 23% a un 16% respecto de las alfombras y tapices nacionales
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la norma tiene por objeto estimular la producción de alfombras nacionales de lana, cuya transferencia está en la actualidad gravada con el mismo impuesto que el de las alfombras importadas
Vuestras Comisiones, con la abstención del Honorable Senador señor García, aprobaron la disposición conjuntamente con el Nº 5 que le es complementario.
El Nº 6, aumenta de un 23 a un 25% la tasa del impuesto a la compraventa de suntuarios
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para aumentarla a un 30%, con excepción de las radio-electrolas, radios, y productos similares.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores García, Gormaz, Carmona y Palma, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick, Jerez, Miranda y Aguirre rechazó la indicación, y por unanimidad aprobó el número.
El Honorable Senador señor Jerez fundamentó su voto en que el tributo también afecta a las obras de arte extranjeras, lo que le parece un atentado contra el progreso cultural.
El Honorable Senador señor Chadwick fundamentó su voto en el hecho de que el aumento exagerado del tributo llega a hacerlo ilusorio, y fomenta el contrabando de las especies gravadas.
El Honorable Senador señor García dijo que coincidía con lo recién expuesto, pero que a su juicio los efectos negativos de las alzas indiscriminadas de tributos debía conocerlos el país y que en consecuencia votaba afirmativamente la indicación.
A continuación, se debatió el artículo 7º, que aumenta de un 10 a un 15% el impuesto a las transferencias de monedas extranjeras que no tienen por objeto la importación de bienes
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su acuerdo con la disposición porque ella afectaría también a inversionistas de capital con dólares del área de corredores.
Vuestras Comisiones, tácitamente, aprobaron el artículo
A continuación, se debatió el artículo 8° que aumenta de un 4 a un 6% la tasa del impuesto de timbres que afecta a las transferencias de bienes inmuebles
El Honorable Senador señor Gormaz formuló indicación para que el aumento sólo se aplique a transferencias de predios cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la indicación disminuye notablemente el rendimiento del tributo; que el mismo cuenta con patrocinio del Ejecutivo por no ser inflacionario, por gravar una transacción en la que se utilizan cantidades más o menos grandes de dinero, y porque está exenta del mismo la primera transferencia de las casas D.F.L. 2
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el precepto, y con el solo voto en contra del señor Carmona, la indicación.
En seguida, por unanimidad y sin debate se aprobaron los artículos 9º y 11, y con la sola abstención del señor Carmona, el artículo 10.
A continuación, se aprobó el artículo 12, por unanimidad y con solo enmiendas de redacción
Luego se discutió el artículo 13, que dispone que las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el recargo se aplique sólo a la parte que exceda de 20 sueldos vitales.
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para que en ningún caso el impuesto y el recargo excedan del 75% de la renta imponible.
El señor Ministro de Hacienda manifestó su concordancia con las indicaciones propuestas, especialmente porque es coincidente con el sistema progresivo del impuesto global complementario y porque fijan un límite al tributo
Agregó que el recargo afectaría a 6.500 contribuyentes
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo y las indicaciones
Finalmente, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Carmona que aumenta en un 20% las tasas fijas de la ley de Timbres.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que éste era uno de los medios que menor influencia tenía en la inflación, por lo que le parecía adecuada la reposición de la norma que, en términos similares, contenía el proyecto original
El Honorable Senador señor García formuló indicación para excluir del recargo a las actuaciones judiciales.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron ambas indicaciones
En mérito de las consideraciones anteriores vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones
Artículo 1
Sustituir, en el inciso primero, el punto final (.) por uña coma (,), y agregar la siguiente frase: "sujeto a las siguientes normas:"
Suprimir el encabezamiento del inciso segundo que dice: "Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:"
Nº 1
Intercalar entre las palabras "disminución" y "de" las siguientes: "del monto global"
Nº 3
Reemplazar el punto y coma (;) por un punto (.)
Agregar en seguida los siguientes incisos nuevos
"El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3º clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;"
Nº 5
Como se dirá más adelante, ha pasado a ser artículo 2º redactado en los términos que allí se indican
Agregar como Nº 5°, nuevo, los artículos 14 y 15, refundidos y con la siguiente redacción
"5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;"
Nº 6
Sustituir las palabras "del ramo" por la siguiente: "respectivo", y el punto final (.) por una coma (,), agregando la siguiente frase: "y en todo caso entrarán a regir el 1° de enero de 1970, y"
A continuación, agregar como Nº 7º el siguiente, nuevo: "7º.En los Decretos con Fuerza de Ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles."
Agregar como artículo 2º el Nº 5º del artículo 1°, sustituido por el siguiente
"Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional."
A continuación agregar como artículos 3º, 4º y 5° los siguientes, nuevos
"Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año."
Artículo 2
Ha pasado a ser artículo 6º, sustituyendo en su inciso tercero las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo"
Artículo 3
Ha pasado a ser artículo 7º
Suprimir en el inciso tercero las palabras "Compañías de Seguros y/o" y agregar a continuación de las palabras "Mutuales de", las siguientes: "Seguros de"
Artículo 4
Ha pasado a ser artículo 8º, sin otra modificación
Artículo 5
Suprimirlo
Artículo 6
Pasa a ser artículo 9º
Nª 2
Reemplazar en la letra g) que agrega este número, la referencia al artículo “42 de la ley Nº 11.256” por otra al artículo “46 de la ley Nº 17.105”
Artículo 7
Ha pasado a ser artículo 10, sin otra modificación
Artículo 8
Pasa a ser artículo 11, sustituido por el siguiente: "Artículo 11.En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de quince sueldos vitales anuales escala A) del departamento respectivo."."
Artículos 9º, 10 y 11
Pasan a ser artículos 12, 13 y 14, respectivamente, sin enmiendas
Artículo 12
Pasa a ser artículo 15
Reemplazar la palabra "empresas" por las siguientes: "personas naturales o jurídicas"
Artículo 13
Pasa a ser artículo 16, sustituido por el siguiente
"Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible."."
Artículos 14 y 15
Como se expresó en su oportunidad pasaron a ser, refundidos, Nº 5º del artículo 1°
Artículo 16.- Suprimirlo
A continuación, agregar como artículo 17, nuevo, el siguiente: "Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II."
Artículo transitorio.- Suprimirlo
En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue
"Proyecto de ley
Artículo 1°.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros, sujeto a las siguientes normas
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución del monto global de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos
2°.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3°.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo decreto con fuerza de ley. Pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje que experimente el índice del costo de la vida al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo.
El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3% clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;
4º.- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;
6º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda, y en todo caso entrarán a regir el 1º de enero de 1970, y
7º.- En los Decretos con Fuerza de ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.
Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1° y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.
Artículo 6º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dice el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 7º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Este impuesto extraordinario no afectará a las Mutuales de Seguros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Artículo 8º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 9º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1° por la siguiente,
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 10.- En el artículo 9º de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 11.- En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4" por "6", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento respectivo.".
Artículo 12.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 13.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 99 de la presente ley.".
Artículo 14.- Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la renta el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 15.- Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales o jurídicas extranjeras.
Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales.
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".
Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijadas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Sala de las Comisiones Unidas, a 8 de noviembre de 1969.
Acordado en sesiones de fechas 4, 5, 6 y 7 del presente con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Chadwick (Silva Ulloa), García (Ibáñez), Miranda (Acuña) y Palma, por la Comilón de Hacienda y los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, Jerez, Gormaz y Ochagavía, por la Comisión de Defensa Nacional.
Ivan Auger Labarca, Secretario.
ANEXO I
Exposición de don Eduardo Dagnino en representación de la Cámara Central de Comercio.
Inició su intervención manifestando que la Cámara Central de Comercio estima que el financiamiento del proyecto de ley en estudio debiera consistir en una restricción del gasto público más que en el establecimiento de nuevas tasas de impuestos, ya que éstas sólo contribuyen a aumentar la saturación tributaria existente, sin producir un mayor rendimiento.
En efecto, a pesar de existir una fuerte mora en el pago de las contribuciones de bienes raíces que motivó tiempo atrás la dictación de una ley de condonación de estas deudas, el proyecto establece un 10% de recargo sobre la contribución girada. Eleva, además, al 6% la tasa rebajada del 4% que grava la transferencia de bienes raíces, la que antes era del 8% y cuya burla en su pago desfiguró totalmente el cuadro de la propiedad raíz en Chile e indujo a reducir los montos reales de operación.
Estimó absolutamente insostenible para el país una tasa del 8% a las compraventas y que las que establece el proyecto, del 16% y 25%, para los artículos suntuarios y semi suntuarios, a pesar de la naturaleza de los bienes sobre que recaen, por repetirse a lo menos en dos transferencias, elevan la tributación total exageradamente.
Señaló que era contradictorio elevar las tasas de impuestos conjuntamente con estudiar un cambio total del sistema tributario. Explicó que la elevación paulatina de estas tasas puede provocar una distorsión de toda la economía.
En cuanto al impuesto a la moneda extranjera, que parece ser razonable, expresó que acrecentará el mercado negro de valores cuya existencia se insiste en desconocer.
En relación al aumento del impuesto global complementario, una persona que percibe por concepto de utilidades Eº 350 mil anuales brutos, luego de pagar todos los impuestos, termina ganando sólo Eº 72 mil netos, con lo cual trabaja por menos de la cuarta parte de lo que produce, sin considerar la desvalorización del capital arriesgado a causa de la inflación. Aplicándole el impuesto que establece el proyecto, esta persona recibiría algo más de Eº 36 mil anuales, o sea, con un ingreso de Eº 3 mil mensuales aproximadamente, razón por la cual le convendría emplearse para ganar igual suma y tener previsión social.
En el caso de una persona que produzca una utilidad de Eº 1.700 mil, situación teórica, pues no existen contribuyentes Individuales que declaren esta cantidad, con la aplicación del 20% de recargo que establece el proyecto, prácticamente quedaría reducida al mínimo o desaparecería la utilidad.
Expresó que en materia de regalías, el Banco Central las permite sólo en casos especiales de asesorías que interesen al país, como ocurre con las que se prestan a la minería e industria. Al establecerse un impuesto, y como el que presta la asesoría no lo pagará, se tendrá que aumentar la regalía recargándose en definitiva los costos, con lo cual se efectúan las posibilidades de exportación chilena.
En relación al impuesto a las utilidades de los bancos, manifestó que se establecía un precedente peligroso al legislar para casos determinados, pues podría conducir a extremos en que se vulneraría el espíritu de la Carta Fundamental, y un grave riesgo al reducir las empresas sobre las cuales se impone tributación. Sobre esta materia, estimó de justicia reponer las normas suprimidas por la Cámara de Diputados.
ANEXO II
Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones.
Don Raúl Ocampo, Secretario General, hizo presente que la Asociación aspira a conseguir una asignación de riesgo y seguridad, similar a la que reciben los personales de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones, ya que hasta la fecha son numerosos los funcionarios fallecidos o heridos en actos del servicio. En julio del presente año se dirigieron en este sentido al Ministro de Hacienda sin haber obtenido respuesta y, en octubre, al Presidente de la República, en carta abierta, al que además le hicieron presente la existencia de gran cantidad de vacantes no ocupadas en los diferentes escalafones del Servicio y un excedente de más de Eº 3 millones en el ítem de sueldos del presupuestó del Servicio.
El Presidente de la ANFUP, señor Mihovilovic, expresó que desde hace más de 10 años que la Asociación viene luchando por obtener las asignaciones de riesgo y seguridad. El servicio cuenta con 150 funcionarios que deben hacer turnos para mantener una permanente vigilancia sobre los 1.600 reclusos que existen en la Penitenciaría de Santiago, y por la noche quedan en estas labores sólo 15 funcionarios. La peligrosidad de la población penal es conocida y hasta la fecha el Servicio ha perdido a 22 funcionarios en actos del servicio, sin que puedan portar armas.
Solicitan también una asignación por horas extraordinarias, las que en la actualidad no se cancelan, a pesar de que con motivo de la discusión de la ley Nº 14.867, se comprobó que el personal de vigilancia del Servicio había trabajado 10 millones de horas extraordinarias. A pesar de que el artículo 17 de esa ley ordena su pago, están impagas 9,5 millones de horas extraordinarias anuales.
En la actualidad están vacantes 270 cargos de vigilantes: 180 plazas creadas por el D.F.L. Nº 5, de 1968, más otras 90. Al año se obtiene por esta razón Eº 1.620.000 sobrantes en el presupuesto.
El gran riesgo que implica el trabajo impide el ingreso de nuevo personal, con lo cual el existente debe prolongar la jornada diaria a 10 y 15 horas, sin un día de descanso. Esta situación evita que se adopten una serie de medidas que favorecen a los reclusos, como la creación de huertos familiares, en Puerto Natales, ya que al efecto se debe doblar la vigilancia. Igual cosa ocurre en caso de enfermedad de algún vigilante. También, la hospitalización de reclusos, y por la misma razón, se autoriza sólo en casos de extrema gravedad.
Estimó de justicia que el excedente presupuestario se destine a beneficiar al personal.
Respondiendo algunas preguntas de los señores Senadores, expresó que: el número total de cargos de planta del Servicio era de 3.519, de los cuales 3.169 están provistos; de este número, 2.610 corresponden a la planta de vigilancia, de los cuales sólo 2.340 están provistos. El total de cargos vacantes es de 350 de los cuales 270 corresponden al personal de vigilancia y 80 a otras plantas.
Las asignaciones que solicitan deben beneficiar a los 3.169 funcionarios y deben consistir en el pago de E° 900 por funcionario, por una sola vez en el año 1969, lo que arroja un gasto de E° 2.852.100.
ANEXO III
Consejo Superior del Personal en retiro y Confederación de las Fuerzas Armadas.
El representante de este Consejo Superior manifestó que solicitan se agregue a continuación de la norma Nº 1, la frase "ni en general de ningún otro derecho o beneficio de que actualmente disfruten, según las disposiciones legales vigentes.".
Solicitan, además, suprimir la norma tercera del artículo 3°, reemplazándola por la siguiente: "Las remuneraciones que se establezcan para los diversos grados jerárquicos o empleos deben ser imponibles en su totalidad.", y agregar el siguiente artículo nuevo: "La Comisión que el Supremo Gobierno designe para estudiar y determinar las nuevas remuneraciones a que se refiere la presente ley deberá ser integrada por un miembro del Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.".
0|T. 2844 Instituto Geográfico Militar 1969
Senado. Fecha 10 de noviembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 6. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
9.- INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEFENSA NACIONAL UNIDAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONESRELATIVAS A REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.
Honorable Senado:
Vuestra Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores, señores Altamirano, Fuentealba, Gumucio, Hamilton, Irureta, Isla Lorca, Morales, Montes, Noemi, Olguín, Pablo, Reyes, Rodríguez, Tarud, Valente y Valenzuela; los Diputados señora Allende y señor Monares; los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Zaldívar, de Defensa Nacional, don Sergio Ossa, y de Minería, don Alejandro Hales; los señores Subsecretarios de Guerra, don Carlos Gardeweg, de Marina, don Sergio Aguirre, y de Aviación, don Aquiles Savagnac, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, señor Fernando Castro Alamos.
Además se celebró una sesión secreta con los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: del Ejército, General don Rene Schneider, de la Armada, Almirante Fernando Porta, y de la Aviación, General don Carlos Guerraty.
Asimismo, se escucharon exposiciones de los señores Milenko Mihovilovic, Raúl Ocampo y Manuel Viveros, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, Carlos Valdés, Miguel Ramírez y Osvaldo Valdés, por el Consejo Superior del personal en retiro y montepíos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y la Confederación del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y Eduardo Dagnino, por la Cámara de Comercio de Chile.
I.- DISCUSIÓN GENERAL
1.- Remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo) de Carabineros y del Servicio de Investigaciones.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que existe consenso unánime de que las actuales remuneraciones de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y de Investigaciones, no se compadecen con las funciones específicas que desempeñan, como lo demuestran los cuadros I, II y III respecto de las Fuerzas Armadas, no obstante la constante preocupación que ha tenido el Supremo Gobierno por racionalizarlas y mejorarlas, como se expresa en el cuadro IV. Respecto de los sobresueldos hay que comparar el cuadro Nº II, que establece los actualmente vigentes, con el cuadro Nº V, que reproduce los beneficios económicos existentes al 1? de enero de 1964.
En seguida, señaló que es conveniente recalcar la especificidad que tienen los institutos armados, la que obliga a analizar la materia en estudio con plena independencia y sin relación alguna con los otros organismos de la administración del Estado. En efecto, las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y una profesionalización interna que no se asemeja a ningún otro organismo.
Luego, declaró que deseaba dejar en claro que el hecho de que el proyecto esté concebido en término de otorgar facultades al Ejecutivo no significa que no se haya estudiad/) el problema. Por el contrario, dichos estudios se iniciaron hace bastante tiempo, con la participación de los señores Comandantes en Jefe, Ministro de Hacienda y ex Ministro de Defensa Nacional. Sin embargo, la variedad y complejidad del sistema de remuneraciones del mencionado personal impide la dictación de una ley directa sobre la materia.
Agregó que desde el momento en que se hizo cargo de la Cartera de Defensa Nacional, su preocupación exclusiva ha sido el estudio de la materia en debate, con los señores Comandantes en Jefe respecto del personal activo y con el señor Vicepresidente de la Caja d la Defensa Nacional en relación con los sectores pasivos, teniendo siempre presente que la situación de ambos sectores no puede ser tratada en forma independiente.
Agregó que el artículo 1° fue enmendado, a proposición del Ejecutivo, en la Honorable Cámara de Diputados, con el objeto de que sus disposiciones tradujeran claramente la intención del Ejecutivo. Fue así como se incluyeron las normas signadas con los Nºs. 1º y 2º de dicho precepto y que se refieren a la garantía que se establece para los personales señalados en el inciso primero de la norma, en el sentido de que el ejercicio de las facultades no significará la disminución de sus actuales remuneraciones y que en su aplicación deberá considerarse especialmente el mejoramiento de los grados cuyas rentas están más deterioradas.
Respecto de este último punto, explicó que el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas tiene distorsiones que producen como efecto que algunos sectores, especialmente los llamados mandos medios y algunos grados de la suboficialidad, se encuentren más deteriorados que otros. Por ello, hay consenso en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y en sus respectivos Comandantes en Jefe, de que no es posible mejorar sus remuneraciones con un criterio parejo y uniforme, que beneficie en la misma medida a todo el personal.
El Nº 3º del citado artículo, dijo en seguida el señor Ministro de Defensa Nacional, se refiere al aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servició activo, aumento que se efectuará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972.
Debido al aumento gradual referido, el Nº 4º del precepto dispone que en todo caso el reajuste de las pensiones por el año en curso no podrá ser inferior al incremento del índice de precios al consumidor. Igual resguardo establece respecto del personal en servicio activo, ya que el aumento no va a ser uniforme.
Agregó que era indispensable establecer un aumento gradual de las pensiones, porque en caso contrario la mayor parte de los recursos que se destinen al incremento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas financiaría el aumento de éstas.
En efecto, como lo demuestra el cuadro Nº VI, la mayor parte del personal retirado se acumula en los grados altos.
Por ello, en el año 1969 se pagará Eº 952 millones por concepto de remuneraciones al sector atetivo y Eº 888 millones por concepto de pensiones al pasivo, siendo la relación del número de personas de ambos grupos de 1 a 1, aunque en este último hay personas que no tienen derecho a pensión completa. En efecto, en el sector pasivo se distinguen tres grupos principales: los con más de 30 años computables para el retiro, que son aproximadamente 19.000 personas en las Fuerzas Armadas y que tienen derecho a prácticamente todas las remuneraciones del cuadro Nº I; los con más de 20 años y menos de 30 años computables para el retiro, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 12.000 personas, que sólo perciben como pensión las remuneraciones indicadas en las tres primeras columnas del mismo cuadro y en proporción a sus años de servicios; y con más de 10 años y menos de 20, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 8.000 personas cuyas pensiones fueron calculadas en los treinta avos respectivos y que están sujetos al sistema de revalorización de las mismas.
Asimismo, hay que tener presente que cuando fallece el causante, sus sucesores sólo tienen derecho al 75% de la pensión respectiva y, en algunos casos, sólo al 50% de ella.
En consecuencia, dadas las características del personal pasivo, demostrada a través del ejemplo de las Fuerzas Armadas, sería lógico pensar que el gasto en pensiones es muy inferior al que corresponde a remuneraciones del sector activo. A pesar de ello y por la concentración del personal del primer grupo en los grados altos, como lo demuestra el cuadro Nº VI, ambos gastos son aproximadamente iguales.
Por los motivos expresados, añadió el señor Ministro de Defensa Nacional, el sistema de aumento gradual de las pensiones es indispensable para que el proyecto cumpla con sus finalidades esenciales.
En relación a este punto, el señor Ministro de Hacienda dijo que el artículo 15 del proyecto limitaba las facultades que se otorgaban al Ejecutivo, porque obligaba a éste a entregar mayores beneficios al sector pasivo que al activo, lo que hace imposible cumplir con la política del Gobierno. En efecto, si el mencionado precepto se interpreta en el sentido de que habría que traspasar todos los beneficios que se otorgarán al personal en servicio activo a los pensionados, habría casos en que el reajuste obtenido por éstos últimos podrían ser el doble o más del que perciban los primeros, porque se obliga así al Ejecutivo a otorgar a todo este último personal la asignación profesional del 55% o quinquenios completos, a pesar de que algunos de ellos se han retirado con mucho menos de 30 años de servicios o en ciertas situaciones especiales. De ahí que traspasar mecánicamente los mismos beneficios, indiscriminadamente a los sectores pasivos, limitaría la posibilidad de otorgar un real aumento al personal activo, que es el que debe recibir una solución más inmediata, sin perjuicio de que se garantice a los retirados una solución en términos progresivos, como ya se ha hecho en otros casos.
En relación al Nº 5, el señor Ministro de Defensa manifestó que se fijaba un plazo para el ejercicio de una facultad que tenía el Presidente de la República respecto de los profesores civiles de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al Nº 6º, dijo que dicha norma establece el plazo dentro del cual deberán dictarse los D.F.L. Agregó que una enmienda que introdujo la Sala de la Honorable Cámara de Diputados desvirtuó el espíritu del proyecto del Ejecutivo. En efecto, se suprimió la norma que establecía que las nuevas remuneraciones regirían a contar del 1° de enero de 1970. Este acuerdo puede producir una postergación de la fecha en que comenzarán a regir las nuevas escalas, si la tramitación del proyecto y la fecha de dictación de los citados Decretos se prolongan de modo que sean dictados con posterioridad a la mencionada fecha. Por tal motivo, solicitó a las Comisiones el restablecimiento de la disposición primitiva.
En seguida, manifestó que el artículo 2º se refiere a las remuneraciones del personal del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones. Añadió que Carabineros ha tenido hasta ahora una escala similar a las de las Fuerzas Armadas y que lo novedoso de la norma es la incorporación del personal de Investigaciones.
Por último, el señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que el Ejecutivo ha dictado cinco D.F.L. en cumplimiento de lo dispuesto en la ley Nº 16.840. El D.F.L. Nº 1 contiene un estatuto que regula el sistema dé ingreso, retiro, plantas, etc., de las Fuerzas Armadas, normalizando y racionalizando todo el sistema.
El D. F. L. Nº 2 se dictó para el Cuerpo de Carabineros.
Por el D. F. L. Nº 3 se aumentaron las diversas remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. La bonificación profesional subió de un 30% a un 50% y, a partir de 1° de septiembre de este año, a un 55%.
En el Ejercito, casi el 25% del personal percibe bonificaciones especiales, hecho que no existía anteriormente y cuyo detalle está en el cuadro Nº II.
En la Armada, se aumentó la gratificación de embarcado y, entre ellos, se distinguió entre el personal de la Escuadra y el resto.
En el D. F. L. Nº 4, se regularizó el Fondo de Revalorización de Pensiones, dándosele una nueva estructura e incrementándosele sus recursos.
El D. F. L. Nº 5 modificó todo el sistema de plantas del personal de Sanidad de las Fuerzas Armadas, incluyendo al paramédico.
Todas estas medidas significaron en total, durante el año 1968, un
aumento de los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas equivalente a un 40%.
Simultáneamente con ello, se aumentó la asignación de rancho, que era de Eº 70, a un tercio de sueldo vital, como también la asignación de casa.
A continuación, el señor Ministro de Hacienda expresó que para determinar el gasto del proyecto era necesario confeccionar una escala que dé real solución a los problemas de las Fuerzas Armadas. El costo dependerá de cuál sea la alternativa que se escoja, siendo algunos de los elementos del problema, por ejemplo, los quinquenios del personal pasivo, que tienen distintos tratamientos legales; la bonificación profesional creada por el Gobierno, que asciende al 55% de las remuneraciones, que no es imponible y que sólo es percibida por el personal en servicio activo y por el que se retira con más de 30 años de servicios computables para el mismo; la asignación especial de casa, que varía según el grado del beneficiado, la asignación de rancho, etc.
En relación a las diversas alternativas de nuevas escalas, el señor Ministro de Hacienda expresó que una de ellas sería refundir los diversos rubros de remuneración en un sueldo único, eliminando todo tipo de asignaciones, con excepción de la de rancho. El costo aproximado y meramente estimativo de esta solución, incluyendo en elía al sector pasivo, con aumentos graduales e incluido el reajuste general, no podría ser inferior a Eº 850 millones.
Al respecto, el señor Ministro de Defensa Nacional hizo presente que sobre la base de dicha cantidad no podría establecerse el porcentaje de aumento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, porque el promedio no tiene sentido, atendido que el Gobierno y los señores Comandantes en Jefe están estudiando las rentas grado a grado y, por lo tanto, la fijación de las nuevas remuneraciones se hará de acuerdo al deterioro de la respectiva remuneración.
La segunda alternativa, manifestó el señor Ministro de Hacienda, es la de formar un sueldo único, con exclusión de la asignación de rancho y manteniendo el sistema de quinquenios. Esta alternativa tiene como consecuencia que el sueldo base es menor que en el caso de la primera, pero su resultado final es más o menos equivalente porque con los quinquenios se completaría la remuneración que se quiere establecer. El costo de ella no está determinado, porque existen problemas con los pensionados que tienen quinquenios parciales, pero, en todo caso, sería superior al de la anterior.
La tercera alternativa, añadió, es la de fijar un sueldo base con quinquenios aparte y con una bonificación proporcional también diferenciada, quedando la asignación de rancho siempre independiente. Esta alternativa tendría de positivo que no se incrementa el gasto por el traspaso íntegro de la asignación profesional a todo el personal pasivo con menos de 30 años de servicio. Su costo es intermedio entre las dos soluciones anteriores.
CUADRO Nº 1
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Nota.- En los 1.619 cargos de planta correspondientes al Grado 3º están incluidos los Subtenientes Grado 6º.
2.- Financiamiento del proyecto.
El señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo, al iniciar el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, propuso un financiamiento cuyo rendimiento no se sabe si cubre el costo que significa fijar en un monto mayor las remuneraciones de los mencionados personales. Por tal motivo, en el Mensaje se expone que el financiamiento adicional que pudiera llegar a requerirse para cubrir el gasto, debería consultarse tanto en el proyecto de ley de presupuestos, en el ítem correspondiente a reajuste de remuneraciones, como en la ley general de reajuste. Respecto de la ley de presupuestos es obvio que los recursos que se establezcan para reajustes del Sector Público, una parte deberá destinarse a pagar las remuneraciones del personal beneficiado por el proyecto.
Agregó que existe incertidumbre respecto de los recursos que se necesitan, porque si bien los estudios sobre la materia se encuentran afinados en cuanto a las bases sobre las cuales se fijarán las nuevas remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el proyecto, no están definidas las escalas o niveles reales a que llegarán cada uno de los grados de las Fuerzas Armadas, escalas o niveles que en definitiva determinarán el verdadero costo de las nuevas rentas del citado personal.
El financiamiento propuesto por el Ejecutivo, agregó, consistía en el establecimiento de un impuesto con una tasa del 50% sobre el exceso de utilidades que hubieren obtenido los Bancos Comerciales en relación con el balance de 1968, calculadas en términos reales, que produciría un millón de escudos. En el mantenimiento del impuesto extraordinario aplicado en el año en curso sobre los bienes raíces de las zonas no afectadas por la sequía y que alcanza a un 2 por mil del avalúo fiscal, lo que rendiría unos 47 millones de escudos, y en aumentar ciertas tasas del impuesto a la compraventa, de un 14% a un 16% la tasa sobre los consumos de los bienes que se expenden en restaurantes, clubes sociales y hoteles de primera clase, de un 23% a un 25% la que recae sobre artículos suntuarios, todo lo cual produciría un rendimiento del orden de los E 30 millones.
También se proponía aumentar de un 10% a un 15% la tasa del impuesto a la compraventa de divisas para viajes y otros objetos que no sean la importación de bienes, cuyo rendimiento se ha estimado en Eº 25 millones; recargar en un 20% las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, expresadas en porcentajes, con un rendimiento de Eº 60 millones, y cubrir el impuesto de timbres de la transferencia de bienes raíces, de un 4% a un 6%, que tiene un rendimiento estimado de Eº 30 millones.
Por otra parte, se proponía llevar el impuesto a la transferencia del gas licuado a la base, o sea, obligar que su producto sea retenido por las empresas productoras. Ello produce un mayor rendimiento del orden de los Eº 10 millones, porque el impuesto se pagaría sobre el total del gas despachado por las empresas productoras, eliminándose así la pérdida que para el Fisco se produce al aplicarse el impuesto por distribuidores medianos o pequeños y al permitirse una mejor fiscalización del mismo.
En seguida, se proponía aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría respecto de las personas que ganan rentas en monedas extranjeras, de un 3,5% a un 8,5%, con un rendimiento de Eº 11 millones; aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría que pagan los Directores de Sociedades Anónimas, de un 20% a un 30%, con un rendimiento de Eº 5 millones, y establecer un impuesto de Eº 200 a los viajes a los países limítrofes, lo que produciría Eº 8 millones.
En consecuencia, el financiamiento propuesto por el Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados era de Eº 227 millones.
La Cámara de origen suprimió el impuesto a los viajes y el aumento de las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, o sea, rebajó en Eº 68 millones el financiamiento del Gobierno, con lo cual el rendimiento de los tributos propuestos por éste asciende a Eº 159 millones.
Por otra parte, la mencionada Cámara agregó los siguientes financiamientos:
a) Modificó el tributo a las utilidades de los Bancos, en primer término, extendiéndolos a las Compañías de Seguros, y en segundo lugar, aplicándolos a las diferencias de utilidades entre los años 1968 y 1969, sin considerarlas en términos reales.
b) Con estas dos modificaciones el rendimiento del impuesto aumenta a Eº 12 millones.
Agregó el artículo 59 del proyecto, que destina Eº 100 millones anuales con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por su participación en las Sociedades Mixtas, es decir, las de la Gran Minería del Cobre.
c) Estableció un impuesto del 10% a las remesas en dólares o en otras monedas extranjeras por concepto de regalías, royalties o pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras, que produce Eº 10 millones.
d) Estableció un recargo de un 20% a los impuestos girados a aquellas personas que tuvieren rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, con un rendimiento de Eº 75 millones.
Los rendimientos de ambos proyectos se aprecian en el cuadro Nº VIL
CUADRO VII
Rendimiento del Proyecto en millones de escudos
Referencias hechas al articulado del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados.
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En relación a financiar el proyecto con fondos del cobre, el señor Ministro de Hacienda manifestó, en primer lugar, que no pueden destinarse ingresos que no son permanentes a financiar gastos que sí lo son. Asimismo, que no puede recurrirse a ingresos que se obtienen en moneda dura para financiar gastos en escudos, porque ello plantea de inmediato el problema de la convertibilidad de los dólares a moneda nacional, convertibilidad que debe efectuarse ampliando la lista de importaciones para que esta transformación no tenga el efecto de una, emisión de moneda.
En seguida dijo que, tal cual está redactado el precepto, se hace referencia a diversas clases de ingresos fiscales, e incluso se estarían cercenando los ingresos que la Ley del Cobre destina a objetos específicos.
El señor Ministro de Minería, refiriéndose a esta disposición, la calificó de vaga y general.
En efecto, el Fisco percibe recursos del cobre por tres capítulos:
por concepto de impuesto a la renta o adicional en su caso; por utilidades de la Corporación del Cobre en razón de su calidad de socio en las dísintas pertenencias, y por sobreprecio.
Agregó que la política gubernativa, así como la voluntad manifestada por todos los sectores del país, es que si se obtienen ingresos extraordinarios por el cobre, ellos no deben ser destinados a financiar aumentos de sueldos, sino que a atender compromisos en moneda extranjera de la Corporación del Cobre y a financiar la continuación y complementación de sus planes de expansión.
Al respecto hizo presente que se ha calculado que los ingresos extraordinarios serán suficientes para solventar los compromisos y planes de desarrollo del Cobre y que, probablemente, los excederán. Estos excedentes serán usados en planes de desarrollo que están siendo estudiados por un organismo coordinador de los Ministerios de Hacienda y Minería, de las Corporaciones del Cobre y de Fomento de la Producción y del Banco Central de Chile. La intención es comprometer para los años futuros los mayores ingresos a percibir por concepto de sobreprecio y de mayor participación en un programa nacional que asegure una alta tasa de desarrollo.
En respuesta a consultas formuladas por diversos señores Senadores sobre los ingresos, producción y destinación de los recursos del Cobre, se acompaña el cuadro VIII.
Insertar imagen pag.441, 442, 443
b) La probable producción fiscal de la Gran Minería del Cobre en 1970, se calculará en 1.400.000 de £.
Al respecto se señala que el aumento de producción programado en los planes de expansión que debería empezar a fines de 1971, empezará a producir sus efectos a fines del año 1970.
c) En relación a los posibles ingresos de las personas distintas al Fisco que participan en la Gran Minería del Cobre y, considerando las mismas bases señaladas en los números anteriores, la situación es la siguiente:
La Compañía del Cobre El Salvador (ex Andes) sobre una renta total de 44,1 millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 7,6 millones de dólares.
La Compañía del Cobre de Chuquicamata (ex Chilex), sobre una renta total de 185,5 millones de dólares al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 32,2 millones de dólares.
3) Sociedad Minera El Teniente, sobre una renta total de 126,9
millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 27,4 millones de dólares.
d) Distribución de Ingresos ley 16.624.
(Impuesto renta Impuesto adicional y Excedente Presupuesto Especial Codelco).
En relación al impuesto a las regalías, el señor Ministro de Hacienda manifestó que la disposición, tal como estaba contenida en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, era ilusoria, porque si bien iba a producir cierto rendimiento, al mismo tiempo haría un impacto en los costos y, en consecuencia, en los precios respectivos, puesto que había tecnología que el país deba comprar y que quien efectuara tal negociación, ante un impuesto de este tipo, recargaría el precio de sus servicios en el mismo monto del tributo que se establece. Agregó que el Ejecutivo estaría de acuerdo en gravar los royalties, regalías, o marcas que no sean absolutamente necesarios para la producción del país. De enmendarse el precepto en este sentido, el impuesto tendría un rendimiento de sólo Eº 3 millones.
Sobre el recargo del 20% a los impuestos girados para aquellas personas que tuvieren una renta imponible superior a 20 sueldos vitales, manifestó que la disposición no estaba claramente redactada; que las tasas vigentes del impuesto global complementario son ya bastante altas en términos progresivos, y que el Ministerio a su cargo no tiene estudios para determinar cuál sería el efecto real que este tributo produciría respecto de las personas afectadas.
En relación a los recursos que la ley de Presupuestos destina para reajustes generales de la Administración Pública y, en consecuencia, para las Fuerzas Armadas, el señor Ministro de Hacienda expresó que según lo estimado el 31 de agosto, fecha de remisión del proyecto al Congreso, se trataría de una suma cercana a los mil seiscientos millones de escudos, aparte de las cantidades destinadas a reajustes especiales del Magisterio y de las Fuerzas Armadas, que representan un gasto adicional de doscientos millones de escudos.
En seguida, dijo que en todo caso el mencionado ítem es insuficiente para financiar el reajuste. De ahí que pueda estimarse su monto en una cifra cercana a los dos mil quinientos millones de escudos, suma en la que no está contenida la destinada al reajuste especial que se concederá a las Fuerzas Armadas por medio del proyecto en debate.
Ahora bien, prosiguió el Ministro de Hacienda, es posible estimar la cantidad a financiar, derivada ya sea del reajuste general y del que se otorga en esta ley, en una suma cercana a los Eº 1.400.000.000. En este cálculo se consideran los recursos ya existentes, los que deberán suplementarse para financiar los reajustes y aumentos citados.
El desfinanciamiento se produce a pesar de que los ingresos presupuestarios del Fisco se reajustan en una cantidad equivalente a los aumentos anuales de sus servidores. Ello se debe a tres partidas principales: la primera de ellas, es el problema previsional, cuyo gasto aumenta mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor, ya que la masa de pensionados crece anualmente en un 10%, lo que traducido a moneda constante implica un mayor gasto de Eº 327.000.000 para el próximo año. El segundo rubro de importancia es la amortización de la deuda externa que debe cumplirse en el año 1970, que se incrementa en US$ 43.000.000, lo que significa aproximadamente un mayor gasto de Eº 430.000.000. Esta mayor amortización tiene por causa el hecho de que en 1970 comienzan los primeros vencimientos de los préstamos a largo plazo obtenidos en 1960 con motivo del terremoto; por darse cumplimiento a la renegociación llevada a cabo por este Gobierno de la deuda externa; por los pagos de los créditos a corto plazo que han contraído algunas instituciones, como LAN-Chile para renovar su flota, etcétera, por lo que debe considerarse un mayor gasto de Eº 300.000.000. La tercera partida que produce desfinanciamiento es el crecimiento vegetativo de la actividad del Estado. En efecto, debe considerarse el fuerte aumento de las matrículas, con un gasto de Eº 100.000.000; el crecimiento de los asentamientos, con un costo de Eº 50.000.000; el aumento de los gastos en Salud Pública por una cantidad aproximada a los Eº 100.000.000.
Luego, el señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo tenía facultades para proponer el aumento del ítem de reajustes de la ley de Presupuestos, y que él no podría efectuarse modificando el Cálculo de Entradas, como por ejemplo, aumentando la estimación del precio del cobre de 48 a 52 centavos de dólar la Libra, si se tiene en consideración la conservadora tendencia del mercado de productores de Estados Unidos.
Asimismo, pueden incrementarse los ingresos del impuesto a la renta, ya que los resultados del año tributario de 1969 se van a tener próxima mente. En igual forma puede procederse en otras cuentas del cálculo de ingresos.
Por último, expresó que las facultades que se concedían al Gobierno estaban limitadas por los recursos que se aprobaran con el objeto de financiarlas, pero que el Gobierno iba a pedir los fondos necesarios, ya sea en este proyecto, en el de Presupuesto o en el general de reajustes.
3.- Fundamentos de voto.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron en general el proyecto.
El Honorable Senador señor Jerez, fundamentando su voto, expresó que los Partidos y Movimientos que forman la Unidad Popular votarán favorablemente la idea de legislar sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque están de acuerdo en que es indispensable solucionar esta parte del problema que afecta a los mencionados institutos, aunque él se relaciona también a otras materias.
Agregó que ello no significaba que apoyara las facultades que se otorgaban al Presidente de la Eepública por lo que en la discusión particular votaría en contra de ciertas disposiciones y formularía indicaciones para mejorar la iniciativa de ley en debate.
El Honorable Senador señor Ochagavía manifestó que su Partido ha venido advirtiendo desde hace varios años que el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas requería de la atención preferente del Gobierno, pero que éste había reaccionado frente a una declaración pública de la Comisión Política del mismo en el sentido de ver en ella una actitud sediciosa y encarcelando a sus dirigentes máximos, los que posteriormente fueron exonerados de toda responsabilidad por la justicia.
Puntualizó que debían solucionarse todos los problemas de las Fuerzas Armadas, no sólo aquéllos que podían estimarse en un plano gremial, sino también los relativos a los aspectos profesionales de las mismas.
Agregó que con ocasión de los sucesos del 21 de octubre nuevamente se pretendió por el Gobierno y los Partidos marxistas envolver a su colectividad en un acto sedicioso. Afortunadamente los hechos han demostrado la realidad, o sea, que dichos acontecimientos no tuvieron ninguna concomitancia política y que se trataba de un problema exclusivamente gremial.
Luego, hizo presente la responsabilidad del Gobierno en los hechos sucedidos, por cuanto no usó en la forma que le correspondía hacerlo las facultades que le concedió la ley Nº 16.840. Añadió que la experiencia que tanto éste como el país han tenido, significará que el Ejecutivo utilice adecuadamente las facultades que por este proyecto se le dan.
En cuanto a los sectores en retiro, dijo que debían racionalizarse sus rentas y mejorarse las que se encuentran deterioradas. Asimismo, solicitó al Ejecutivo que estudiara la manera de efectuar el pago a los jubilados de manera inmediata.
En relación al financiamiento sostuvo que había que buscar aquéllos que no fueran inflacionistas. Por último, manifestó su oposición al impuesto a los viajes a los países limítrofes respecto de los obreros que viven en la zona que representa y trabajan en la República Argentina.
El Honorable Senador señor Aguirre manifestó que su voto favorable se hacía con la reserva del derecho de formular las indicaciones que su Partido estime convenientes para mejorar el proyecto.
Señaló que con ocasión de la aprobación de la anterior ley de facultades, el Ejecutivo dio un tratamiento inferior al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, situación que es más grave en el caso de los Oficiales Superiores, por lo que el proyecto debía contener los resguardos necesarios para que no se procediera en forma discriminatoria.
Agregó que debían buscarse los recursos suficientes para solucionar integralmente los problemas de las Fuerzas Armadas y de sus sectores pasivos.
El Honorable Senador señor Carmona, en relación con las palabras del Honorable Senador Ochagavía, sostuvo que la declaración de la Comisión Política del Partido Nacional antes citada no tuvo que ver con la situación de las Fuerzas Armadas, sino con una delicada situación internacional que vivió el país.
Hizo presente, asimismo, que le llamaba la atención la actual preocupación de algunos sectores por las Fuerzas Armadas, ya que si se la compara con la que existía antes del actual Gobierno, el saldo resulta ampliamente favorable a la actual Administración.
En efecto, antes sólo tenían reajustes por seis meses y no por todo el año como en la actualidad. En moneda de igual valor, las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas han aumentado considerablemente.
Asimismo, hasta 1964 el desahucio tardaba dos años en pagarse, en cambio ahora, se paga a los 15 días de retirado el funcionario.
Agregó que, por otra parte, se legó a la actual Administración, una situación extremadamente pesada por concepto de diferencias de quinquenios adeudadas al personal en retiro, que ha ido solucionándose paulatinamente.
Por otra parte, la pensión media anual en 1964 era de Eº 3.004,36, que referidos a monedas de 1968 corresponden a Eº 4.174,97. La pensión media anual en 1968 alcanzó a Eº 9.984,68, o sea, aumentó en un 137%.
Dijo que quizás se han cometido errores al actuar a través de mejoramientos porcentuales en lugar de solucionar la complejidad de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, pero que el reconocimiento que se hace en el Mensaje a su profesionalidad y dedicación exclusiva, indica que el nuevo criterio adoptado es el más adecuado.
Por último, hizo presente que los esfuerzos que se han hecho para solucionar los problemas de las Fuerzas Armadas tienen estrecha relación con los procesos de desarrollo y reforma que el país ha afrontado en este último tiempo.
El Honorable Senador señor Chadwick señaló que la idea de legislar cuenta con el apoyo de los Senadores Socialistas Populares porque existe urgencia en modificar las normas existentes sobre la materia, pero que ello no significa concordar con la forma de abordar el problema.
Manifestó que no era partidario de conceder facultades extraordinarias en los términos concebidos en la iniciativa en debate, por ser manifiestamente inconstitucional, ya que otorgar facultades sin ninguna limitación es ir más allá de lo que el propio Parlamento puede hacer al despachar una ley directa.
Por último expresó que había que revisar el financiamiento para cubrir todos los gastos que demanda el proyecto.
II.- DISCUSIÓN PARTICULAR.
El artículo 1º del proyecto autoriza al Presidente de la República para que modifique las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros.
En su inciso segundo, estatuye que la aplicación de la facultad deberá ajustarse a una serie de normas que se indicarán más adelante.
El Honorable Senador señor Montes sostuvo qe hace varios meses se hizo evidente el descontento existente en el seno de las Fuerzas Armadas por sus remuneraciones, y como consecuencia de ello el ex Ministro de Defensa Nacional asumió el compromiso de estudiar la solución del problema. En mayo de este año se comenzó a estudiar el proyecto que resolvería la situación descrita. Pues bien, ahora el Ejecutivo presenta al Congreso Nacional una solicitud de facultades pretextando la complejidad del problema
Agregó que no le parece conveniente este último camino, especialmente si se tiene en consideración el tiempo transcurrido y las exposiciones de los señores Ministros que demuestran que la iniciativa de ley en debate no da una solución clara y definitiva al financiamiento del reajuste de las mencionadas remuneraciones, y que se desconoce o no se ha determinado la solución que se empleará. Por tanto, el camino elegido no da una solución cierta y definitiva al problema, en especial en relación a los recursos necesarios, sosteniéndose que éstos serán pedidos en otros proyectos. Esta situación es a su juicio grave, porque si no se da una solución definitiva o se equivoca la fórmula para salvarlos, las consecuencias pueden ser imprevisibles y afectar a toda la sociedad chilena, especialmente a las organizaciones de los trabajadores.
Por las razones anteriores, estima que tanto el Gobierno como el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el pueblo en general, deben tener un conocimiento más exacto de la solución que se da al problema de los institutos armados.
El Honorable señor Chadwick sostuvo que los Senadores Socialistas Populares están de acuerdo con lo expresado por el Senador señor Montes pero que deseaba agregar algunas consideraciones esenciales antes de votar el artículo 1°.
En efecto, el primer problema que plantea es el alcance del inciso primero, es decir, si tiene vida autónoma o debe entenderse formando parte de un sólo contexto general que abarca las materias que han sido numeradas en la Honorable Cámara de Diputados y que vienen incorporadas al precepto. Ello tiene trascendental importancia, porque si se entienden independientes la primera norma y las otras, el Senado o el Ejecutivo podrían eliminar la enumeración y en tal caso las facultades carecerían de toda limitación.
A su juicio, la Cámara de Origen no lo ha entendido así y, por tanto, para ella las diversas disposiciones de este artículo forman un todo que no puede enmendarse por la simple vía de la supresión de un inciso sino por la de la sustitución de todo el precepto.
El Senado debe pronunciarse también sobre el sentido que le da a la disposición.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que, a su juicio, la disposición es un solo conjunto de ideas y, en consecuencia, propuso que se refundieran ambos incisos.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron votar en conjunto y según la indicación antes citada.
El Honorable Senador señor Altamirano expresó que concordaba con las expresiones del Honorable Senador señor Montes e hizo presente que el propio Gobierno propone un proyecto sin un financiamiento integral, a pesar de que en otras' oportunidades ha sostenido la inconveniencia e inconstitucionalidad de proceder en tal forma.
El Honorable señor Miranda manifestó su desacuerdo con el otorgamiento de facultades, por la experiencia que ha tenido. En efecto, cuando se solicitaron normas similares con el mismo objeto, su Partido se abstuvo en la Sala, sosteniendo que era preferible una legislación directa. Ahora, dada la forma como el Gobierno usó dichas atribuciones, votaría en contra del artículo 1°.
Agregó que en muchos casos de sistemas de remuneraciones del sector público que tenían carácter complejo, por medio de leyes directas han sido mejorados y simplificados. Aun más, el propio Ejecutivo al utilizar las facultades que le concedió la ley Nº 16.840, complicó el problema al crear nuevas asignaciones para este personal.
Respecto al costo y financiamiento del proyecto sostuvo que los datos que se han proporcionado a las Comisiones Unidas han sido muy incompletos e imprecisos, pero que en todo caso ha quedado en claro que los recursos son insuficientes.
El Honorable Senador señor Ibáñez manifestó que la idea central del proyecto, que es la concesión de facultades al Presidente de la República, es apoyada por su Partido, porque tal ha sido la posición permanente de él, ya sea en «1 Gobierno o en la oposición. Esta posición tiene por fundamento principal la inconveniencia que significa la participación de los parlamentarios en la fijación detallada de las remuneraciones de los distintos servicios públicos,
Añadió que, a pesar de los inconvenientes que pudieran derivarse de las facultades, ellos son siempre menores que los que produce la administración de los servicios públicos desde la Sala y las Comisiones del Parlamento. En el caso en estudio, dadas las circunstancias insólitas que rodean al proyecto, no cabe su juicio la intervención de los Partidos Políticos en la fijación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Por último, hizo presente que la aprobación de las facultades implica una gran responsabilidad para el Gobierno, la que debe quedar claramente establecida.
El Honorable señor Jerez sostuvo que la grave situación que se ha producido en el Ejército se debe a la mala aplicación de una facultad similar a la que se pide ahora.
Asimismo, dijo que no es partidario de cercenar las atribuciones del Parlamento y si existen estudios sobre la materia no ve la razón por la cual no se envían al Congreso Nacional para una discusión amplia que permita dictar la legislación adecuada.
El Honorable Senador señor Palma expresó que, sin duda, el deseo de todos los sectores habría sido que el reajuste de las Fuerzas Armadas estuviera contenido en un proyecto de ley ordinario y no como una delegación de facultades extraordinarias.
Con todo, las actuales circunstancias del país, el complejo sistema de remuneraciones del personal beneficiado, el costo del proyecto y su incidencia en la inflación, como también el hecho de haberse procedido así en casi todas las ocasiones en que se ha hecho necesario legislar sobre organización, sueldos y plantas de las Fuerzas Armadas, son razones suficientes para aprobar el sistema propuesto, que aunque políticamente no es el más conveniente para el Gobierno, es, sin embargo, el más racional.
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, aprobó el inciso primero.
En seguida, se debatió una indicación del Honorable Senador señor Allende, para reemplazar las palabras finales del inciso: "docentes del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros", por las siguientes: "de profesores civiles de las Fuerzas Armadas, fijándoles su clasificación jurídica dentro de dichas instituciones".
El señor Ministro de Defensa Nacional explicó que en las Fuerzas Armadas existe personal docente militar y civil y que la indicación parecía pretender dar a estos últimos la misma calidad de los primeros, lo que le parecía absurdo porque no tienen carrera militar.
Agregó que la situación de los profesores civiles está solucionada por el Nº 5 del artículo.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que cambiar la expresión "personal docente" por "profesores civiles", podría ser perturbador, porque pudiera parecer que se excluye a parte del primero.
Vuestras Comisiones Unidas, con la abstención del Honorable Senador señor Chadwick, rechazaron la indicación.
En seguida, el Honorable Senador señor Fuentealba consultó si los operarios a jornal de las Fuerzas Armadas estaban regulados por la norma contenida en el inciso primero.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que quedaban incluidos en la disposición todos los obreros que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, salvo aquellos que forman parte del personal de ciertas entidades como ASMAR y FAMAE, que siendo civiles están sujetos a un estatuto de remuneraciones distinto.
Vuestra Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron dejar constancia de que el precepto incluye a los obreros que laboran en las Fuerzas Armadas con las excepciones señaladas.
Luego se debatió el Nº 1º de este artículo, conjuntamente con indicaciones del Honorable señor Allende y de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para agregar a este número una disposición que estableciera que el ejercicio de las facultades no podrá significar disminución de ningún derecho o beneficio de que actualmente disfruten los personales en actividad y pensionados.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la aprobación de tales indicaciones impediría refundir los beneficios actualmente existentes, como es la intención del Gobierno y, al parecer, la de todos los miembros de la Comisión.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la aprobación de las indicaciones significaría imposibilitar la simplificación y racionalización del sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que tenían por objeto evitar que se menoscaben los beneficios económicos y previsionales de que gozan los personales de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que el problema planteado por los que se oponen a las indicaciones existe ya en el texto del proyecto de la Cámara de Diputados, que impide que se disminuyan las actuales remuneraciones.
El Honorable Senador señor Carmona propuso que se rechazaran las indicaciones y se adicionara el precepto en el sentido de que lo que no puede disminuir es el monto total de las remuneraciones, con lo cual el Ejecutivo puede refundir los diversos ingresos de los mencionados personales.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez, Jerez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Chadwick, aprobaron la proposición del señor Carmona.
Luego se discutió el Nº 2, que dispone que el reajuste de remuneraciones deberá contemplar un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que el Ejecutivo debía dejar claramente establecido el criterio que tendrá para los reajustes, porque de la simple lectura de este número se desprende que ellos no serán parejos.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que lo que la disposición precisamente ordena es que los reajustes no sean parejos y ello por las diferencias muy marcadas que existen entre los diferentes grados. En consecuencia, si no se hiciere esta salvedad, podrían reclamar los personales que fueren aumentados en porcentajes menores.
El señor Ministro de Hacienda expresó que esta disposición era indispensable por las razones que dio en la discusión general y que si fuera la intención del Ejecutivo conceder un reajuste parejo, no se habrían solicitado las facultades.
Vuestras Comisiones Unidas aprobaron el número.
A continuación, se discutió el Nº 3, que dispone que el aumento de las pensiones se otorgará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo D.F.L., y que pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá aumentarse de acuerdo al índice de precios al consumidor, sin perjuicio del reajuste general que corresponde.
Los Honorables Senadores señores Allende, Aguirre, Duran para los efectos reglamentarios, y Miranda, propusieron sustituir el número en el sentido de que el reajuste de las pensiones se efectúe en el curso del año 1970.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para reemplazar el número por otro que disponga que el aumento de las pensiones que se originen como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, deberá ser señalado en el respectivo D.F.L.
El señor Ministro de Defensa Nacional formuló indicación para mantener la primera parte de la norma y suprimir aquella que dice relación con el reajuste del saldo adeudado una vez pagado el primer aumento.
El señor Ministro de Hacienda insistió en que la aprobación de la norma contenida en la primera indicación significaba otorgar mayores beneficios al sector pasivo que al activo.
Agregó que los pagos en pensiones aumentan mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor. La Caja de la Defensa, por ejemplo, pagó el año 1964, por concepto de pensiones, Eº 94 millones, y, en 1969, cucho gasto ascenderá a Eº 508 millones. Agrega que el pago escalonado ya se había aprobado para otros beneficios, como es el caso de la incorporación de la asignación profesional que se otorga al personal pasivo con 30 o más años de servicios.
Añadió que la segunda parte del número que el señor Ministro de Defensa Nacional propuso suprimir significaba dar un doble reajuste al sector pasivo: uno por el índice de precios al consumidor y otro por reajustes generales, ya que lo que la norma pretendía en su primera parte era postergar el goce del beneficio para el personal pasivo.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la norma debía interpretarse en el sentido de que lo que se postergaba era el pago y no el beneficio, por lo que la segunda parte de la disposición era totalmente justa.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que era partidario de pagar de inmediato el reajuste de los pensionados, pero que si se aprobaba la norma contenida en el proyecto, debía mantenerse la disposición que les permitía defenderse de la inflación.
En primer término se votaron las indicaciones de los Honorables Senadores señores Aguirre, Allende, Duran y Miranda. Vuestras Comisiones Unidas, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, las rechazó.
En seguida, luego de un doble empate, rechazó la indicación substitutiva del Honorable Senador señor García. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez, Miranda y Palma.
Por último, se rechazó la indicación del señor Ministro de Defensa Nacional, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Gormaz y Palma, y los negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez y Miranda.
El Honorable Senador señor García fundamentó su voto en que la norma en debate no da un doble reajuste al personal pasivo, sino que simplemente protege las cuotas que le vayan correspondiendo, sin perjuicio de que además tengan derecho a aumentos por el resto de sus pensiones.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, acordaron dejar expresa constancia de que la segunda parte del precepto no otorga un doble reajuste.
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros y Miranda, para agregar un nuevo inciso al número que establece que el reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin necesidad de solicitud del interesado.
El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que una norma similar ha sido establecida en los proyectos de aumentos de pensiones con el objeto de evitar que el beneficiario deba impetrar cada vez el reajuste. Vuestas Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron la indicación.
A continuación, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que el personal pensionado por inutilidad de 2º ó 3º clase goce de inmediato del reajuste total de sus pensiones.
El señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional explicó que se acogen a retiro por inutilidad de 2º clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide ganarse su "sustento en ocupaciones privadas, y de 3^ clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide en forma definitiva, total e irreversible, valerse por sí mismos, como la paraplejía, hemiplejía, ceguera absoluta, etc. Agregó que en la actualidad se encuentran en ambos casos 3.878 pensionados.
Respecto del personal eliminado por inutilidad de 3º clase, vuestras Comisiones Unidas aprobaron unánimemente la indicación.
En relación a los 2º clase, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda. Por la negativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, para agregar un nuevo número que establece que las remuneraciones que se otorguen a los diferentes grados jerárquicos o empleos, deberán ser imponibles en su totalidad.
El Honorable Senador señor García manifestó que la disposición propuesta significaba aumentar todas las pensiones futuras. Dijo en seguida, que todo buen principio de previsión indica que el sueldo del que se retira debe ser inferior al del que está en servicio activo, más aún cuando las asignaciones son por riesgos propios de la persona que está trabajando.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que la indicación tenía por objeto evitar que se siguiera distorsionando el régimen de jubilaciones de las Fuerzas Armadas por medio de la creación de asignaciones no imponibles.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que la indicación hacía imposible aumentar las rentas al sector activo, porque al pasar todos sus beneficios a los pasivos y al estar estos últimos en proporción mayoritaria en los grados altos, no van a quedar recursos que financien el reajuste del actual personal de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que estaba de acuerdo con el principio contenido en la indicación, pero que dada la actual situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, su aprobación daría gran rigidez al aumento de las mismas y produciría como consecuencia inmediata la baja de las rentas de los personales en actividad, al dejarlos sujetos a descuentos previsionales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, negativos de los Honorables Senadores señores Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick y Jerez, rechazaron la indicación.
A continuación, se discutió el Nº 4, que dispone que los aumentos que correspondan al año 1970 no podrán ser inferiores al incremento que experimente el índice de precios al consumidor durante el año 1969.
Los Honorables Senadores señores Montes y Valente formularon una indicación para que, a contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro tenga un aumento no inferior al alza mencionada, más uno adicional equivalente al 50% de las diferencias entre el total del aumento otorgado al personal en actividad y el porcentaje de aumento del costo de la vida.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la disposición contenida en el precepto era justa, porque aseguraba a todos los personales beneficiados un aumento mínimo igual al alza del costo de la vida.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que la indicación era contradictoria con el acuerdo recién adoptado por las Comisiones.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron el número y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, rechazaron la indicación.
En seguida, por unanimidad, aprobaron el número 5º, que pasó a ser artículo separado.
Por último, se debatió el número 6º, que dispone que los decretos con fuerza de ley respectivos deberán dictarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del proyecto.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, lo aprobaron, conjuntamente con una norma que estatuye que los referidos decretos con fuerza de ley entrarán a regir a contar del 1° de enero de 1970.
En seguida, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que, respecto de las remuneraciones que se concedan a las Fuerzas Armadas y que no tengan carácter imponible, se deje constancia en el respectivo decreto con fuerza de ley que tienen esta naturaleza.
El Honorable Senador señor García sostuvo que la indicación era útil, porque evitaba confusiones en la materia.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su oposición a la indicación porque, a su juicio, la no imponibilidad de una remuneración debe ser excepcional y, en ningún caso, debe entregarse al Presidente de la República la facultad para calificar cuáles tendrán tal carácter.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick y Gormaz, aprobaron la indicación.
Seguidamente se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para agregar un número nuevo que establezca que todas las remuneraciones que perciba el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas deberán refundirse en un solo sueldo básico, expresado en sueldos vitales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez; negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Miranda, rechazaron la indicación.
Luego, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, se aprobó el artículo 29, que autoriza al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas del Cuerpo de Carabineros al Servicio de Investigaciones.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que dado el actual estado de tramitación del proyecto, no es posible dictar una ley directa sobre la materia, prefería votar favorablemente el precepto, porque concede un beneficio a los mencionados funcionarios.
Luego, se discutieron en conjunto los artículos 14 y 15.
Los citados preceptos establecen que los beneficios económicos que perciban los personales de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, corresponderían a los pensionados de esas instituciones que reajusten sus rentas de acuerdo a las de sus similares en servicio activo y que el uso de las facultades no permitirá al Presidente de la República modificar los sistemas previsionales que rigen para los señalados servidores.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que el primero de estos preceptos, que se refiere a quienes gozan de la llamada "pensión perseguidora", es incompatible con el acuerdo tomado respecto del Nº 3 del artículo 1º
El Ministro de Defensa Nacional propuso refundir ambas indicaciones en una norma que impida modificar los esquemas previsionales vigentes, y aumentar la proporción actual, en perjuicio del sector pasivo, entre las remuneraciones imponibles y no imponibles.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la citada indicación, conjuntamente con una proposición de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para incluir al personal del Servicio de Investigaciones en el referido precepto.
A continuación, se debatió el artículo 16, que dispone que entre las asignaciones especiales deberá establecerse, para el Cuerpo de Carabineros, la de riesgo policial.
Los Honorables Senadores señores Chadwick, Jerez y Valente formularon indicación para excluir de la disposición al personal del Grupo Móvil.
En primer término se votó la disposición con la enmienda, siendo rechazadas con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Jerez y Chadwick, y negativos de los Honorables Senadores señores Acuña, Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez.
Luego, se rechazó el precepto, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Acuña, Aguirre, Ibáñez y García; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Jerez.
El Honorable Senador señor Carmona fundamentó su voto en que la disposición es inconstitucional, porque requiere la iniciativa del Ejecutivo.
En seguida, por unanimidad, se suprimió el artículo transitorio por ser redundante con el precepto que reemplaza los artículos 14 y 15.
A continuación, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para agregar un artículo nuevo que dispone que la primera diferencia de sueldos por aplicación del proyecto no pasará a la respectiva Caja de Previsión.
El señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional sostuvo que la indicación adolecía de un error básico, porque las primeras diferencias no pasan a la Caja sino a un Fondo Nivelador de quinquenios, a fin de mejorar las pensiones antiguas y más deterioradas. La aprobación de la norma traería como efecto la disminución de los recursos del mencionado Fondo.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación.
Luego, se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para que el Ministro de Hacienda informe semestralmente a la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, sobre el destino de los recursos de la llamada "Ley Reservada".
Vuestras Comisiones, por unanimidad, la aprobaron.
A continuación, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Allende y Rodríguez para agregar un artículo nuevo que establece un sistema para la adquisición de las casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros por sus Suboficiales y tropa.
El señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que las referidas instituciones tenían un determinado número de casas fiscales destinadas a su personal, las que son insuficientes, por lo que no cree conveniente aprobar la indicación, la que, por otra parte, restringiría el movimiento de personal activo y disminuiría paulatinamente la disponibilidad de casas con que éste cuenta.
Agregó que existen otros sistemas para que los particulares puedan adquirir casas habitaciones e hizo también presente los problemas que se producirían en los casos en que se trasladara una unidad entera de un lugar a otro.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que existe un déficit de casas para el personal en servicio activo. En efecto, de 1.233 Oficiales casados, sólo 929 disfrutan de casas fiscales, y de 5.277 Suboficiales y soldados casados, sólo tienen ese derecho 3.097, incluyendo dentro de este número a las próximas entregas.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que la indicación crea un problema mayor que el que se pretende solucionar, ya que indirectamente evita el traslado de las unidades militares; establece un privilegio para las personas que actualmente ocupan las viviendas, y acrecienta el déficit de casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
La Diputada señora Allende manifestó que la indicación solucionaba un problema real que afecta a un grupo de modestos servidores de dichas instituciones armadas.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Chadwick, Jerez y Miranda; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, rechazó la indicación.
En seguida, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez y Valente, que faculta al Presidente de la República para otorgar a los funcionarios del Servicio de Prisiones una asignación de E° 900, por una sola vez, con cargo al ítem de sueldos del propio Servicio.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la indicación es inconstitucional, porque establece una remuneración para funcionarios del sector público, aunque ésta sea de carácter facultativo.
Consultada la constitucionalidad del precepto, vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona y Gormaz, la declaró procedente.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Carmona y Gormaz, la aprobó.
A continuación, por unanimidad, se aprobó igualmente una indicación del Honorable Senador señor Fuentealba que permite a los funcionarios retirados con inutilidad de segunda clase, y que no se acogieron a los beneficios que les correspondían, impetrar éstos, dentro del plazo de noventa días.
Seguidamente, se discutieron los artículos 3? a 13, que establecen el financiamiento del proyecto.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que el Ejecutivo, en el segundo informe, presentaría las indicaciones pertinentes respecto de las modificaciones que le introdujo al financiamiento primitivo la Honorable Cámara de Diputados, porque aún no ha terminado el estudio respectivo, sin perjuicio de expresar su opinión respecto a determinados preceptos.
El artículo 39 establece un impuesto extraordinario del 50% sobre las mayores utilidades obtenidas por los Bancos particulares y Compañías de Seguros en el año comercial 1969 en relación con el año comercial, de 1968.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el mismo impuesto se aplique a los Bancos Central y del Estado de Chile.
El señor Ministro de Hacienda expresó que estaba en estudio el alcance de la enmienda que la Honorable Cámara de Diputados introdujo a este precepto, en el sentido de considerar como utilidad, para los efectos del impuesto, el aumento que éstas han experimentado por el alza del costo de la vida.
Respecto de la indicación del Honorable Senador señor García, sostuvo que ella era ilusoria, porque sólo establece un mecanismo de financiamiento presupuestario, debido a que los mencionados recursos están destinados a financiar el Presupuesto de la Nación.
El Honorable Senador señor García expresó que las Empresas del Estado, que perciben utilidades, deben colaborar al mantenimiento del mismo. La actividad del Estado es cada vez mayor y no es posible que el sector privado siga soportando un aumento del peso tributario para mantener las actividades de aquél.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la disposición, y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señor García e Ibáñez, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Aguirre, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, rechazaron la indicación.
El Honorable Senador señor Palma fundamentó su voto en el sentido de que aprobaba la proposición contenida en el Mensaje del Ejecutivo, porque la del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados afecta gravemente a las empresas bancarias, en especial a las medianas y pequeñas.
Luego, se debatió el artículo 4º, que aplica durante el año 1970 un recargo del 10% a las contribuciones de bienes raíces, con excepción de los ubicados en las comunas afectadas por la sequía.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que no se trata de crear un nuevo tributo sino de prorrogar por un año uno vigente en la actualidad.
Agregó que estaban exentos del impuesto territorial 500.000 predios de un total de 1.200.000, por tener un avalúo inferior a Eº 10.000, como también los inmuebles acogidos a la Ley Pereira y al D.F.L. Nº 2.
El Honorable Senador señor Valente formuló indicación para eximir del recargo a los bienes raíces urbanos con avalúo inferior a 15 sueldos vitales anuales y para que la exención de los predios ubicados fuera de las provincias de Atacama y Coquimbo se aplique sólo a aquellos que tengan un avalúo inferior a 25 sueldos vitales anuales.
El Honorable Senador señor Miranda manifestó que la situación de las provincias de Atacama y Coquimbo es de tal gravedad que no se puede aplicar un recargo a ninguno de sus predios.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que en las referidas zonas existen explotaciones agrícolas de tal magnitud que perfectamente pueden resistir los recargos tributarios.
El Honorable Senador señor García manifestó su oposición al precepto, porque hace pagar un tributo a quienes pretende beneficiar. Si existen deudas morosas por Eº 380.000.00 en bienes raíces, agregó, bastaría con mejorar el mecanismo de cobranza y no establecer nuevos impuestos o recargos.
El señor Ministro de Hacienda expresó que no se crea un nuevo tributo, simplemente se prorroga uno ya existente.
Respecto de la idea del señor Valente, sostuvo que ella era inaplicable porque administrativamente era imposible hacer la clasificación. Por otra parte, agregó, encierra el peligro de beneficiar a personas que tengan varios predios cuyos avalúos individualmente considerados no excedan de la cantidad propuesta.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, aprobó el precepto.
En seguida, por unanimidad, rechazó la indicación del Honorable Senador señor Valente para eximir del tributo a los predios con un de, terminado avalúo máximo.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Gormaz, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Chadwick, García, Ibáñez y Jerez, rechazó el artículo 5º.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que por ser extraordinarios los recursos provenientes del cobre, sólo podían destinarse a planes de fomento del mismo carácter, como también, a que se afectaba a los ingresos de las provincias cupríferas.
Luego, se debatió el artículo 6º.
Su número 1º aumenta del 14% a 16% la tasa del impuesto a la compraventa que afecta a bares, restaurantes y clubes sociales de primera clase.
Este precepto fue aprobado con el solo voto en contra del señor Chadwick.
El Nº 2 nivela en un 16% la primera y las demás transferencias' de vinos y licores.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, García, Gormaz, Ibáñez y Jerez, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Palma, aprobó la disposición.
El Nº 3, suprime la exención del 50% del impuesto a las compraventas que beneficia a las cooperativas de consumo respecto a los piscos y vinos.
Vuestras Comisiones, con la misma votación anterior, aprobaron este número.
El Nº 4 rebaja la tasa del impuesto a la compraventa de un 23% a un 16% respecto de las alfombras y tapices nacionales.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la norma tiene por objeto estimular la producción de alfombras nacionales de lana, cuya transferencia está en la actualidad gravada con el mismo impuesto que el de las alfombras importadas.
Vuestras Comisiones, con la abstención del Honorable Senador señor García, aprobaron la disposición conjuntamente con el Nº 5 que le es complementario.
El Nº 6, aumenta de un 23 a un 25% la tasa del impuesto a la compraventa de suntuarios.
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para aumentarla a un 30%, con excepción de las radioelectrolas, radios, y productos similares.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores García, Gormaz, Carmona y Palma, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick, Jerez, Miranda y Aguirre rechazó la indicación, y por unanimidad aprobó el número.
El Honorable Senador señor Jerez fundamentó su voto en que el tributo también afecta a las obras de arte extranjeras, lo que le parece un atentado contra el progreso cultural.
El Honorable Senador señor Chadwick fundamentó su voto en el hecho de que el aumento exagerado del tributo llega a hacerlo ilusorio, y fomenta el contrabando de las especies gravadas.
El Honorable Senador señor García dijo que coincidía con lo recién expuesto, pero que a su juicio los efectos negativos de las alzas indiscriminadas de tributos debía conocerlos el país y que en consecuencia votaba afirmativamente la indicación.
A continuación, se debatió el artículo 7º, que aumenta de un 10 a un 15% el impuesto a las transferencias de monedas extranjeras que no tienen por objeto la importación de bienes.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su acuerdo con la disposición porque ella afectaría también a inversionistas de capital con dólares del 'área de corredores.
Vuestras Comisiones, tácitamente, aprobaron el artículo.
A continuación, se debatió el artículo 8° que aumenta de un 4 a un 6% la tasa del impuesto de timbres que afecta a las transferencias de bienes inmuebles.
El Honorable Senador señor Gormaz formuló indicación para que el aumento sólo se aplique a transferencias de predios cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la indicación disminuye notablemente el rendimiento del tributo; que el mismo cuenta con patrocinio del Ejecutivo por no ser inflacionario, por gravar una transacción en la que se utilizan cantidades más o menos grandes de dinero, y porque está exenta del mismo la primera transferencia de las casas D.F.L. 2.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el precepto, y con el solo voto en contra del señor Carmona, la indicación.
En seguida, por unanimidad y sin debate se aprobaron los artículos 9º y 11, y con la sola abstención del señor Carmona, el artículo 10.
A continuación, se aprobó el artículo 12, por unanimidad y con solo enmiendas de redacción.
Luego se discutió el artículo 13, que dispone que las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el recargo se aplique sólo a la parte que exceda de 20 sueldos vitales.
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para que en ningún caso el impuesto y el recargo excedan del 75% de la renta imponible.
El señor Ministro de Hacienda manifestó su concordancia con las indicaciones propuestas, especialmente porque es coincidente con el sistema progresivo del impuesto global complementario y porque fijan un límite al tributo.
Agregó que el recargo afectaría a 6.500 contribuyentes.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo y las indicaciones.
Finalmente, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Carmona que aumenta en un 20% las tasas fijas de la ley de Timbres.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que éste era uno de los medios que menor influencia tenía en la inflación, por lo que le parecía adecuada la reposición de la norma que, en términos similares, contenía el proyecto original.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para excluir del recargo a las actuaciones judiciales.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron ambas indicaciones.
En mérito de las consideraciones anteriores vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°
Sustituir, en el inciso primero, el punto final (.) por uña coma (,), y agregar la siguiente frase: "sujeto a las siguientes normas:".
Suprimir el encabezamiento del inciso segundo que dice: "Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:".
Nº 1º
Intercalar entre las palabras "disminución" y "de" las siguientes: "del monto global".
Nº 3º
Reemplazar el punto y coma (;) por un punto (.).
Agregar en seguida los siguientes incisos nuevos:
"El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3º clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;".
Nº 5º
Como se dirá más adelante, ha pasado a ser artículo 2º redactado en los términos que allí se indican.
Agregar como Nº 5°, nuevo, los artículos 14 y 15, refundidos y con la siguiente redacción :
"5º.- mEl uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;".
Nº 6º
Sustituir las palabras "del ramo" por la siguiente: "respectivo", y el punto final (.) por una coma (,), agregando la siguiente frase: "y en todo caso entrarán a regir el 1° de enero de 1970, y".
A continuación, agregar como Nº 7º el siguiente, nuevo: "7º.En los Decretos con Fuerza de Ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.".
Agregar como artículo 2º el Nº 5º del artículo 1°, sustituido por el siguiente:
"Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.".
A continuación agregar como artículos 3º, 4º y 5° los siguientes, nuevos:
"Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.".
Artículo 2º
Ha pasado a ser artículo 6º, sustituyendo en su inciso tercero las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo".
Artículo 3º
Ha pasado a ser artículo 7º.
Suprimir en el inciso tercero las palabras "Compañías de Seguros y/o" y agregar a continuación de las palabras "Mutuales de", las siguientes: "Seguros de".
Artículo 4º
Ha pasado a ser artículo 8º, sin otra modificación.
Artículo 5º
Suprimirlo.
Artículo 6º
Pasa a ser artículo 9º.
Nª 2.
Reemplazar en la letra g) que agrega este número, la referencia al artículo ||AMPERSAND||quot;42 de la ley Nº 11.256' por otra al artículo ||AMPERSAND||quot;46 de la ley Nº 17.105||AMPERSAND||quot;.
Artículo 7º
Ha pasado a ser artículo 10, sin otra modificación.
Artículo 8º
Pasa a ser artículo 11, sustituido por el siguiente: "Artículo 11.En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de quince sueldos vitales anuales escala A) del departamento respectivo.".".
Artículos 9º, 10 y 11.
Pasan a ser artículos 12, 13 y 14, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 12.
Pasa a ser artículo 15.
Reemplazar la palabra "empresas" por las siguientes: "personas naturales o jurídicas".
Artículo 13.
Pasa a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:
"Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales.
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".".
Artículos 14 y 15.
Como se expresó en su oportunidad pasaron a ser, refundidos, Nº 5º del artículo 1°.
Artículo 16.- Suprimirlo.
A continuación, agregar como artículo 17, nuevo, el siguiente: "Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Artículo transitorio. Suprimirlo.
En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue:
"Proyecto de ley.
Artículo 1°.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros, sujeto a las siguientes normas:
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución del monto global de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2°.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo decreto con fuerza de ley. Pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje que experimente el índice del costo de la vida al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo.
El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3% clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;
4º.- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;
6º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda, y en todo caso entrarán a regir el Iº de enero de 1970, y
7º.- En los Decretos con Fuerza de ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.
Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1° y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.
Artículo 6º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dice el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 7º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Este impuesto extraordinario no afectará a las Mutuales de Seguros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Artículo 8º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 9º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h) :
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1° por la siguiente,
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 10.En el artículo 9º de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 11.En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4" por "6", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento respectivo.".
Artículo 12.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 13.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 99 de la presente ley.".
Artículo 14.Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la renta el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 15.Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales o jurídicas extranjeras.
Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales.
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".
Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijadas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Sala de las Comisiones Unidas, a 8 de noviembre de 1969.
Acordado en sesiones de fechas 4, 5, 6 y 7 del presente con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Chadwick (Silva Ulloa), García (Ibáñez), Miranda (Acuña) y Palma, por la Comilón de Hacienda y los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, Jerez, Gormaz y Ochagavía, por la Comisión de Defensa Nacional.
Ivan Auger Labarcm, Secretario.
ANEXO I
Exposición de don Eduardo Dagnino en representación de la Cámara Central de Comercio.
Inició su intervención manifestando que la Cámara Central de Comercio estima que el financiamiento del proyecto de ley en estudio debiera consistir en una restricción del gasto público más que en el establecimiento de nuevas tasas de impuestos, ya que éstas sólo contribuyen a aumentar la saturación tributaria existente, sin producir un mayor rendimiento.
En efecto, a pesar de existir una fuerte mora en el pago de las contribuciones de bienes raíces que motivó tiempo atrás la dictación de una ley de condonación de estas deudas, el proyecto establece un 10% de recargo sobre la contribución girada. Eleva, además, al 6% la tasa rebajada del 4% que grava la transferencia de bienes raíces, la que antes era del 8% y cuya burla en su pago desfiguró totalmente el cuadro de la propiedad raíz en Chile e indujo a reducir los montos reales de operación.
Estimó absolutamente insostenible para el país una tasa del 8% a las compraventas y que las que establece el proyecto, del 16% y 25%, para los artículos suntuarios y semisuntuarios, a pesar de la naturaleza de los bienes sobre que recaen, por repetirse a lo menos en dos transferencias, elevan la tributación total exageradamente.
Señaló que era contradictorio elevar las tasas de impuestos conjuntamente con estudiar un cambio total del sistema tributario. Explicó que la elevación paulatina de estas tasas puede provocar una distorsión de toda la economía.
En cuanto al impuesto a la moneda extranjera, que parece ser razonable, expresó que acrecentará el mercado negro de valores cuya existencia se insiste en desconocer.
En relación al aumento del impuesto global complementario, una persona que percibe por concepto de utilidades Eº 350 mil anuales brutos, luego de pagar todos los impuestos, termina ganando sólo Eº 72 mil netos, con lo cual trabaja por menos de la cuarta parte de lo que produce, sin considerar la desvalorización del capital arriesgado a causa de la inflación. Aplicándole el impuesto que establece el proyecto, esta persona recibiría algo más de Eº 36 mil anuales, o sea, con un ingreso de Eº 3 mil mensuales aproximadamente, razón por la cual le convendría emplearse para ganar igual suma y tener previsión social.
En el caso de una persona que produzca una utilidad de Eº 1.700 mil, situación teórica, pues no existen contribuyentes Individuales que declaren esta cantidad, con la aplicación del 20% de recargo que establece el proyecto, prácticamente quedaría reducida al mínimo o desaparecería la utilidad.
Expresó que en materia de regalías, el Banco Central las permite sólo en casos especiales de asesorías que interesen al país, como ocurre con las que se prestan a la minería e industria. Al establecerse un impuesto, y como el que presta la asesoría no lo pagará, se tendrá que aumentar la regalía recargándose en definitiva los costos, con lo cual se efectúan las posibilidades de exportación chilena.
En relación al impuesto a las utilidades de los bancos, manifestó que se establecía un precedente peligroso al legislar para casos determinados, pues podría conducir a extremos en que se vulneraría el espíritu de la Carta Fundamental, y un grave riesgo al reducir las empresas sobre las cuales se impone tributación. Sobre esta materia, estimó de justicia reponer las normas suprimidas por la Cámara de Diputados.
ANEXO II
Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones.
Don Raúl Ocampo, Secretario General, hizo presente que la Asociación aspira a conseguir una asignación de riesgo y seguridad, similar a la que reciben los personales de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones, ya que hasta la fecha son numerosos los funcionarios fallecidos o heridos en actos del servicio. En julio del presente año se dirigieron en este sentido al Ministro de Hacienda sin haber obtenido respuesta y, en octubre, al Presidente de la República, en carta abierta, al que además le hicieron presente la existencia de gran cantidad de vacantes no ocupadas en los diferentes escalafones del Servicio y un excedente de más de Eº 3 millones en el ítem de sueldos del presupuestó del Servicio.
El Presidente de la ANFUP, señor Mihovilovic, expresó que desde hace más de 10 años que la Asociación viene luchando por obtener las asignaciones de riesgo y seguridad. El servicio cuenta con 150 funcionarios que deben hacer turnos para mantener una permanente vigilancia sobre los 1.600 reclusos que existen en la Penitenciaría de Santiago, y por la noche quedan en estas labores sólo 15 funcionarios. La peligrosidad de la población penal es conocida y hasta la fecha el Servicio ha perdido a 22 funcionarios en actos del servicio, sin que puedan portar armas.
Solicitan también una asignación por horas extraordinarias, las que en la actualidad no se cancelan, a pesar de que con motivo de la discusión de la ley Nº 14.867, se comprobó que el personal de vigilancia del Servicio había trabajado 10 millones de horas extraordinarias. A pesar de que el artículo 17 de esa ley ordena su pago, están impagas 9,5 millones de horas extraordinarias anuales.
En la actualidad están vacantes 270 cargos de vigilantes: 180 plazas creadas por el D.F.L. Nº 5, de 1968, más otras 90. Al año se obtiene por esta razón Eº 1.620.000 sobrantes en el presupuesto.
El gran riesgo que implica el trabajo impide el ingreso de nuevo personal, con lo cual el existente debe prolongar la jornada diaria a 10 y 15 horas, sin un día de descanso. Esta situación evita que se adopten una serie de medidas que favorecen a los reclusos, como la creación de huertos familiares, en Puerto Natales, ya que al efecto se debe doblar la vigilancia. Igual cosa ocurre en caso de enfermedad de algún vigilante. También, la hospitalización de reclusos, y por la misma razón, se autoriza sólo en casos de extrema gravedad.
Estimó de justicia que el excedente presupuestario se destine a beneficiar al personal.
Respondiendo algunas preguntas de los señores Senadores, expresó que: el número total de cargos de planta del Servicio era de 3.519, de los cuales 3.169 están provistos; de este número, 2.610 corresponden a la planta de vigilancia, de los cuales sólo 2.340 están provistos. El total de cargos vacantes es de 350 de los cuales 270 corresponden al personal de vigilancia y 80 a otras plantas.
Las asignaciones que solicitan deben beneficiar a los 3.169 funcionarios y deben consistir en el pago de E° 900 por funcionario, por una sola vez en el año 1969, lo que arroja un gasto de E° 2.852.100.
ANEXO III
Consejo Superior del Personal en retiro y Confederación de las Fuerzas Armadas.
El representante de este Consejo Superior manifestó que solicitan se agregue a continuación de la norma Nº 1, la frase "ni en general de ningún otro derecho o beneficio de que actualmente disfruten, según las disposiciones legales vigentes.".
Solicitan, además, suprimir la norma tercera del artículo 3°, reemplazándola por la siguiente: "Las remuneraciones que se establezcan para los diversos grados jerárquicos o empleos deben ser imponibles en su totalidad.", y agregar el siguiente artículo nuevo: "La Comisión que el Supremo Gobierno designe para estudiar y determinar las nuevas remuneraciones a que se refiere la presente ley deberá ser integrada por un miembro del Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.".
0|T. 2844 Instituto Geográfico Militar 1969
Fecha 10 de noviembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 6. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión General. Se aprueba en general.
NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y SERVICIO DE INVESTIGACIONES.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Corresponde discutir en general el proyecto de la Cámara de Diputados relativo a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones.
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, Jerez, Gormaz y Ochagavía, y por los señores Senadores Ballesteros (presidente), Chadwick, Silva Ulloa, García, Ibáñez, Miranda, Acuña y Palma, respectivamente, recomiendan aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el informe.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4º, en 4 de noviembre de 1969.
Informe de Comisiones:
Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6ª, en 10 de noviembre de 1969.
El señor PABLO ( Presidente).-
En discusión general él proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, señores Senadores, la iniciativa sometida a la consideración del Senado concede facultades al Ejecutivo para solucionar el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En esta primera intervención, destacaré algunos hechos que han sido claramente debatidos tanto en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional de ambas ramas del Congreso, como en la Sala de la Cámara de Diputados.
Durante la actual Administración ha habido una constante preocupación del Gobierno, no sólo por mejorar los sueldos de los Institutos Armados, sino también por racionalizarlos y corregirlos.
Como es de conocimiento de los señores Senadores, el proyecto que hoy conoce el Senado, no sólo incluye a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, sino también al Cuerpo de Carabineros.
Para reforzar lo anteriormente expuesto, por la vía de la información y en forma estadística, señalaré cuál era la situación de los Institutos Armados en enero de 1964 y la existente en septiembre de 1969.
En el informe que tienen los señores Senadores, se ha incluido un cuadro comparativo, expresado en sueldos vitales, de las remuneraciones de carácter general de las Fuerzas Armadas desde 1964 al 1º de septiembre de 1969. Se incluyen en él los beneficios concedidos por el Ejecutivo en 1968 en virtud de las facultades que le otorgó el Congreso para abocarse a la solución del problema de las remuneraciones de los institutos en referencia.
Para no abundar en detalles, daré sólo algunas cifras comparativas.
Los grados o categorías altas primera, segunda y tercera, que incluyen al Comandante en Jefe, General de División y General de Brigada, han tenido un cambio sustancial en lo referente a sus remuneraciones.
Por ejemplo, en 1964, un General de Brigada, con 5 quinquenios, recibía 3,9 sueldos vitales; en la actualidad, percibe 8. El Comandante en Jefe, con 7 quinquenios, percibía 5,45 sueldos vitales; hoy día recibe 10,9. En los grados intermedios, se mantiene más o menos la misma proporcionalidad, y en los más bajos, el porcentaje de aumento es superior. Un Mayor, con dos quinquenios, obtenía 2,1 sueldos vitales; ahora recibe 5,2. Un Subteniente ganaba un sueldo vital; hoy obtiene 2,6.
Mediante las cifras expuestas, he querido señalar la preocupación del Ejecutivo para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Con todo gusto.
El señor ALTAMIRANO.-
Hemos escuchado con mucho interés las reiteradas declaraciones de la Democracia Cristiana en el sentido de que habría un notable mejoramiento de las remuneraciones obtenidas por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un cuadro solicitado por el Honorable señor Aguirre Doolan demuestra que no ha variado radicalmente el total de emolumentos percibidos desde 1961 hasta 1968. Vale decir, que en 1961 y 1962, en forma global, en valores constantes, recibían lo mismo qué ahora.
¿Cómo explicaría el Ejecutivo tal hecho, si las remuneraciones hubieran mejorado realmente en los distintos niveles y jerarquías?
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Posiblemente el cuadro a que ha hecho referencia el Honorable señor Altamirano incluía sólo los sueldos base.
El señor ALTAMIRANO.-
No, señor Ministro.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
En mi exposición he tomado el conjunto de las remuneraciones; es decir, todos los componentes que las conforman. A ellos me referiré más adelante.
El señor ALTAMIRANO.-
Aunque no deseo interrumpirlo a cada rato, debo decirle que en el cuadro a que me referí están considerados todos los componentes del sueldo.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Como acabo de señalar, el Gobierno ha estado consciente de la situación y preocupado de clarificar la labor de los Institutos Armados. Por mandato constitucional, sus miembros tienen dedicación profesional exclusiva. El Ejecutivo repito, consciente de estos hechos, se ha abocado desde hace varios meses al estudio del proyecto que hoy somete a la consideración del Senado.
Es indiscutible que, en virtud del mandato constitucional, la situación de dichas instituciones no es comparable a la de ninguna otra entidad pública, semifiscal o privada. Una de las características de sus funciones es la dedicación exclusiva a sus respectivas disciplinas.
En las discusiones habidas tanto en las Comisiones como en la Sala de la Cámara, diversos sectores han preguntado porqué el Ejecutivo solicita facultades extraordinarias respecto de esta materia. Y se ha argumentado también que las otorgadas mediante la ley Nº 16.840 no fueron aplicadas con amplitud por el Gobierno para resolver en definitiva el problema.
Una vez más debo señalar que, respecto de la aplicación de la mencionada ley, el señor Ministro de Hacienda y el que habla hemos dado diversos antecedentes, que reiteraré en el curso de este debate. Ha quedado en claro en la mente de los señores Senadores que participaron en las Comisiones que el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas es de tal modo complejo, que hace imposible la discusión de una ley directa. Aún más, por la propia especificidad de las labores de los Institutos Armados, a juicio del Ejecutivo resulta poco recomendable someter a la discusión política del Parlamento todo un sistema de escalas y emolumentos que incluye un sinnúmero de factores.
Los señores Senadores que han participado en las Comisiones Unidas han podido apreciar la gran cantidad de componentes que conforman la remuneración total de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En el informe que Sus Señorías tienen en su poder, se puede observar un primer cuadro con siete columnas básicas, que dan como resultado el sueldo total. En él aparecen los quinquenios como parte de la remuneración. Además, hay una columna que considera el 20% imponible del D.F.L. Nº 1; otras, la asignación de casa, la de rancho y el 20% no imponible, todo lo cual conforma un sueldo global, al que debe adicionarse una serie de gratificaciones especiales sobre los sueldos. En la actualidad, éstas son más de 12, y en cada rama de la Defensa Nacional tienen características propias. Por lo tanto, no puede aplicarse un criterio uniforme para todas ellas. A manera de ejemplo, puedo señalar las asignaciones para los submarinistas, paracaidistas y buzos, las de campaña, etcétera, todo lo cual estructura un cuadro extremadamente complejo que repito imposibilita su discusión en una ley directa.
No obstante lo anterior, mediante estudios conjuntos realizados hace varios meses por el ex Ministro de Defensa Nacional, por los Comandantes en Jefe y el Ministro de Hacienda, se ha tratado de elaborar un sistema para simplificar y racionalizar las remuneraciones, lo cual no resulta fácil por la incidencia que cualquiera modificación tiene en el régimen de retirados, pensionados y montepiados.
Si examinamos el cuadro V, que también los señores Senadores tienen a la mano, podemos apreciar que en él se consigna una enumeración de lo que se ha llamado "gratificaciones especiales" o "sobresueldos", que varían según la especialidad a la cual se aplican y que, incluso, fluctúan en actividades similares. Es el caso de los buzos: según se trate de un buzo de alta o de baja profundidad, les corresponde un 25% y un 15%, respectivamente.
El cuadro VI refuerza lo dicho en el sentido de que el sistema que se aplica a los miembros activos de los Institutos Armados repercute inevitablemente en el sector pasivo, como consecuencia de la ligazón existente entre ambos regímenes. Dicho cuadro comparativo, que se entregó para el estudio de los señores Senadores, demuestra, por ejemplo, que en el grado de Comandante en Jefe existe una planta integrada por sólo tres cargos. Sin embargo, hay un total de 199 personas en actividad que reciben remuneraciones correspondientes a tal categoría, y 752 retirados.
En el grado de General de Brigada, con sus equivalentes de Contralmirante, en la Armada, y de General de Brigada Aérea, en la Aviación, existe una planta de 43 personas. No obstante, 340 oficiales en servicio activo perciben estipendios correspondientes a los grados en referencia y 1.001 retirados.
Como las cifras están en conocimiento de los señores Senadores, no deseo cansarlos repitiéndoselas en esta oportunidad. Por eso, me parece suficiente señalar un caso más, el de los llamados "mandos medios", a nivel de Capitán de Ejército, Teniente Primero de la Armada y Capitán de Bandada de la Fuerza Aérea. En la planta hay 982 cargos. Sin embargo, 1.736 personas en actividad reciben el sueldo correspondiente y 3.507 retirados.
He sostenido que el sistema es complejo; pero, aparte esta característica, del estudio en detalle realizado hace ya varios meses, se puede concluir, si uno se mueve en las diferentes categorías y grados que componen el régimen de remuneraciones, que algunos sectores o niveles están más deteriorados que otros. Es fácil determinar que dentro de ese esquema subsisten tales distorsiones que entraban el sistema interno de remuneraciones, y que también se mantendrían si se pretendiera resolver el problema con criterio uniforme o parejo.
Lo anterior aparece bastante claro en los niveles de mando medio o suboficiales de tercera categoría, que han sido y son motivo de estudios permanentes por parte del Ministro de Defensa, Comandantes en Jefe y equipo de asesores de esa Cartera de Estado, destinados a racionalizar el régimen de remuneraciones mencionado.
Sin ahondar más en estos conceptos de carácter general, quiero, en forma muy rápida, referirme al articulado mismo del proyecto.
Tanto la Cámara de Diputados como las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, unidas, del Senado, dieron su aprobación a los primeros artículos de esta iniciativa legal, que dicen relación a las facultades solicitadas. Sin embargo, deseo llamar la atención respecto de algunas materias volveré sobre ellas cuando se discuta el segundo informe que aparecen como contradictorias o poco claras en su redacción.
El primer artículo, que se relaciona directamente con las facultades, y que ha suscitado dudas en varios señores Senadores en cuanto a la intención que tuvo el Gobierno al presentar el proyecto de ley, consigna un número tercero respecto del cual formulé indicación para suprimirlo, pero ella fue rechazada por las Comisiones Unidas.
Repito: posteriormente volveré sobre el número mencionado para analizar el párrafo que comprende desde "Decreto con Fuerza de Ley. Pagado el primer aumento el saldo adeudado deberá reajustarse...", etcétera.
En realidad, en este aspecto ha habido un error de concepción, pues en la primera parte del número tercero se legisla sobre el pago a los sectores pasivos de los beneficios que éstos obtendrán como consecuencia del reajuste del sector activo. Tales beneficios se otorgarán en tres etapas; por consiguiente, no habrá saldos adeudados, sino una norma que consigna una modalidad de pago; de modo que mediante las etapas señaladas, en la forma como lo decrete el Ejecutivo, esos sectores irán gozando paulatinamente del beneficio.
En cuanto al artículo tercero, nacido de una indicación formulada por un señor Senador, quiero advertir que, como la materia en él abordada tiene alguna complejidad y ciertas implicaciones, el Ejecutivo se reserva el derecho de estudiarlo con mayor detención y formular las indicaciones del caso en el segundo informe.
En el artículo quinto se ha incluido una asignación por riesgos profesionales para los funcionarios del Servicio de Prisiones. Sobre el particular, hice presente, junto con el señor Ministro de Hacienda, que el financiamiento propuesto es bastante ilusorio, pues está basado en las economías que se produzcan por concepto de vacantes no llenadas de la planta teórica, lo que, a juicio del Ejecutivo, involucra el riesgo de que, no obstante tratarse de una disposición destinada a aplicarse por una sola vez, fácilmente pueda traducirse mañana, por la vía de otra ley, en una norma de carácter permanente.
En cuanto al resto del articulado, tanto la Cámara como las Comisiones Unidas del Senado han acogido muchos de los puntos de vista sugeridos por el Ejecutivo, y prácticamente han dejado para la consideración de la Sala sólo los artículos relacionados con el financiamiento, los cuales serán objeto de observaciones por parte del Ministro de Hacienda.
Deseo poner término a estas observaciones de carácter general, a fin de reservar algunos de los minutos que se me han asignado para contestar a posibles consultas que se me formulen más adelante.
Los últimos acontecimientos.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, estamos abocados en estos momentos al estudio de un proyecto de ley de facultades especiales destinado a proveer al Ejecutivo de herramientas para procurar la solución de problemas que afectan a las Fuerzas Armadas.
Por desgracia, esta iniciativa legal ha sido enviada al Congreso Nacional después de ocurrir los graves acontecimientos del 21 de octubre pasado, que llenaron de angustia el alma nacional e hicieron zozobrar el desenvolvimiento democrático del proceso renovador que estamos viviendo.
Aunque se ha afirmado a nosotros nos consta que es así que existían ya los estudios y el propósito de enviar los antecedentes al Parlamento y de cambiar los Altos Mandos de nuestras Fuerzas Armadas, el hecho es que, antes de que esos propósitos se concretaran, ha habido un movimiento dentro del Ejército que aparece ante la opinión pública como la causa inmediata de las iniciativas adoptadas.
Comencemos por reconocer que lo sucedido es malo para el país. Lo es porque debilita a los órganos de Gobierno, los cuales aparecen obrando tardíamente ante hechos consumados, que todos califican como presión ejercida indebidamente; lo es porque rompe una tradición de la Cual los chilenos nos enorgullecemos mucho; lo es porque desprestigia y llena de sospechas, justas o injustas, a nuestros institutos armados, a los cuales se les supone, fundada o infundadamente, toda clase de intenciones con relación al orden constituido ; lo es porque el precedente crea un riesgo para el desenvolvimiento del proceso democrático de cambios estructurales, los que deben ser consecuencia de la voluntad mayoritaria de la nación y hacerse con la participación preponderante del pueblo, y no por grupos o sectores que se arroguen, por sí y ante sí, una representatividad que nadie les ha conferido; lo es porque, en medio de la confusión y turbación subsiguientes a los hechos, no han faltado las voces de quienes están prestos para alentar la repetición de los mismos, con miras definitivas hacia el derrocamiento del régimen, ni las de aquellos que desean capitalizar para sí las simpatías de las Fuerzas Armadas con ánimo, naturalmente, de servirse de ellas y encaramarse sobre sus espaldas para alcanzar el Poder, seguros de que son incapaces de obtenerlo por las vías legales.
Nosotros creemos que esos acontecimientos deben ser estudiados con gran objetividad y ponderados en sus causas y consecuencias, no como hechos aislados, sino como manifestaciones muy concretas e inequívocas de fenómenos más amplios y profundos que se vienen sucediendo en este lejano rincón que, no por ser lejano geográficamente, deja de estar más próximo que muchos otros a los grandes hechos que ocurren en el mundo de hoy.
Los sucesos del Tacna obedecen a causas generales que son comunes a todos los movimientos que observamos en nuestro país; pero tienen también sus causas específicas, propias de las Fuerzas Armadas, que en parte los protagonizaron.
El proceso de cambios no respeta a nadie.
Se suele decir que "no hay regla que no tenga excepciones". Tal principio no vale para los procesos de cambio, según nuestra propia experiencia y la que recogemos en el exterior.
En efecto, ningún conglomerado humano, llámese nación, iglesia, universidad, partido político, gremio, institución civil o armada, empresa u organización de cualquiera clase, puede escapar de la influencia que sobre ellos ejerce la rebelión mundial en marcha contra las viejas estructuras del orden capitalista burgués, que ha hecho crisis y amenaza con derrumbarse.
Son inútiles los esfuerzos de quienes se empeñan en detener el caminar inexorable de los acontecimientos. La reacción de los conservadores del "status" no es suficiente para ello. La historia los desborda, y si tratan de atajar o desviar el proceso revolucionario, sucumbirán arrasados por los hechos.
El caso chileno.
Chile, siempre sensible y receptivo, atento para anidar y nutrir las inquietudes espirituales y para percibir las .explosiones que se producen en el mundo, no ha escapado a la regla general y, dentro de sus fronteras, se está desarrollando con ímpetu la lucha contra el orden vigente, aunque hasta ahora con características propias que lo han distinguido del curso seguido por ella en otras partes.
La historia no podrá dejar de consignar en sus páginas el desafío histórico que la Democracia Cristiana hizo al pretender realizar la sustitución del orden actual, preservando los valores fundamentales y básicos del régimen democrático, vale decir, los derechos esenciales de la persona humana y la expresión de la voluntad mayoritaria, libre y soberana del pueblo, manifestada en forma periódica.
Es éste un galardón del cual debemos enorgullecemos, pero es también, al mismo tiempo, el mayor obstáculo con que tropezamos. Porque nada habría impedido avanzar con mayor celeridad y emprender tareas más profundas, si al amparo de la libertad no se hubieran cobijado los intereses políticos y económicos de la reacción, la oligarquía y el imperialismo, y los egoísmos partidistas de los sectores de avanzada que, como el perro del hortelano, nada hacen ni dejan hacer a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Mantener la democracia en lo que ella tiene de esencial es, entonces, un riesgo para el éxito del proceso de cambios, porque los sustentadores del capitalismo burgués y los que auspician regímenes dictatoriales o totalitarios usan el expediente del respeto a las ideas para procurar el fracaso de la tarea en desarrollo.
Los reiterados llamados que hemos hecho a quienes dirigen la Oposición han resultado inútiles. Cuando parecen ser escuchados, bajo la capa de las frases altisonantes impregnadas de un patriotismo falso y utilitario asoman las manos listas para recibir el precio que se cobra, que no es otro que la renuncia o el abandono del programa revolucionario o la entrega incondicional a los designios del adversario.
Por eso, recogiendo la lección de estos años, nuestros dirigentes han venido señalando desde hace algún tiempo que "la experiencia del Gobierno actual muestra claramente que los propósitos del programa en materia de redistribución de ingresos, expansión de beneficios sociales para los trabajadores y reforma agraria, llegaron sólo hasta donde el esquema tradicional, en el que los grupos oligarcas mantienen el poder, lo permitió"; y que, por lo tanto, sólo será posible continuar adelante si "se comienza por hacer realidad, como cosa previa, la participación del pueblo en la conducción del país".
En otras palabras, la coerción y la fuerza indispensables que, según la historia lo demuestra, han sido inherentes a todo proceso revolucionario, deben ser suplidas, en Chile, si queremos continuar avanzando en democracia, por una política de participación real, efectiva y no simplemente simbólica o de palabra, del pueblo organizado en el poder, en todas las gamas de la dirección del país; en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural.
De ahí que nos felicitemos de que la Democracia Cristiana, cuyas ideas perduran más allá de nosotros mismos a pesar de nuestros errores, y cuya riqueza conceptual la habilita como instrumento eficaz para la transformación de Chile, haya comprendido que el signo definitivo de una nueva etapa democrática de Gobierno debe ser el de la participación del pueblo, hecha carne y hueso en las estructuras del poder.
Como militantes y parlamentarios esperamos que el programa en elaboración comprenda definiciones concretas, precisas y claras acerca de cómo se llevará a efecto esta participación, porque no queremos que nadie sea llamado a engaño ni que nuestras palabras corran riesgo alguno de quedar tan sólo en el papel.
Crisis de insatisfacción.
¿Están satisfechos los chilenos? ¿Se puede afirmar que ellos han alcanzado un grado tal de bienestar que, con raras excepciones, no es mucho más lo que tienen que pedir?
Por supuesto que no. Y en ninguna parte del mundo, ni aún en los países más ricos y poderosos de la tierra, se ha llegado a un grado tal de progreso que sus habitantes pudieran decir: "¡Sí, señor! ¡Nosotros estamos satisfechos! ¡No queremos más ni aspiramos a nada más!"
Podemos afirmar, por ello, que el ser humano vive en un permanente estado de insatisfacción, como consecuencia de que sus necesidades espirituales y materiales no tienen límites. Esto es lo normal, lo lógico, y ello lo estimula en su lucha cuotidiana por su constante mejoramiento físico y espiritual.
Pero hay un estado anormal de insatisfacción, en que el ser humano no alcanza siquiera a obtener lo más indispensable para su subsistencia. No tiene alimentos suficientes, carece de habitación, no recibe educación, sus ingresos no existen o son reducidos; en suma, vive en un estado de absoluta inferioridad. Su situación es verdaderamente trágica y se agrava mucho más si ese ser humano vive en un país donde está constantemente informado, gracias a los medios de comunicación y publicidad, de las formas de vida que hay en otros lugares de la tierra.
Algo de eso sucede en Chile. En nuestra condición de país en desarrollo, no hemos logrado todavía proporcionar bienestar adecuado a todos nuestros hermanos. Los Gobiernos derechistas y reaccionarios que aquí hubo durante tanto tiempo nos legaron millones y millones de hombres, mujeres y niños marginados de las ventajas de la civilización. ¡Cuántos campesinos, cuántos pobladores, cuántos niños sin tener qué comer ni dónde vivir, sin trabajo, sin educación, sin atención alguna de parte del Estado; víctimas, más que beneficiarios, de la "caridad cristiana" de los ricos, que adormecían sus conciencias entregando la migaja de sus sobrantes inutilizados!
La Democracia Cristiana no quiso hacer en Chile, ante esta situación de miseria y angustia, lo que en otras partes del mundo hicieron los países industriales o las naciones socialistas, que construyen su desarrollo económico sobre la base de limitar el consumo de sus habitantes.
Era demasiado crítica la situación en que vivía una gran muchedumbre de chilenos para prescindir de ello. El Gobierno tuvo que emprender con urgencia una tarea de desarrollo social en las ciudades y en los campos, a costa de grandes inversiones que debieron ser escatimadas a las tareas de aumento de la producción.
Por eso, es valedera la crítica que se hace a, este Gobierno, en el sentido de que no se atendió preferentemente a una política de inversiones reproductivas destinada a aumentar la riqueza y la producción del país. Pero esa crítica es también injusta, y quienes la hacen debieran expresar con toda franqueza si ellos estiman que no se debieron atender las poblaciones marginales, que no era necesario hacer en ellas obras de adelanto, calles, veredas, instalaciones de agua potable y alcantarillado, extracción de basuras, darles transportes, seguridad, educación y salubridad; que no era necesario sacar a sus habitantes de las pocilgas para trasladarlos a una habitación mejor, aunque insuficiente todavía; que no eran necesarias la promoción y la organización popular ; que ha sido un esfuerzo perdido atender al campesinado, hacer la reforma agraria, mejorar los salarios y las asignaciones familiares de los trabajadores del campo, promoverlos y organizarlos en cooperativas y sindicatos; que no era necesaria la reforma educacional, que comprende más matrículas, más maestros, más escuelas. En fin, ¿para qué seguir? Sobre ello debieran pronunciarse, y no callar.
Y si afirman que toda esa obra ha sido útil, necesaria, y que era urgente realizarla, que convengan en que Chile no tiene los recursos suficientes para emprender simultáneamente una .intensiva labor de desarrollo económico, a menos que concurra para ello un factor que sí puede suplir nuestra deficiencia: la solidaridad nacional para una política de desarrollo.
Reconozcamos, pues, que en Chile existe una crisis de insatisfacción, que no sólo alcanza a los sectores más modestos, sino también a los sectores de clase media y a grupos humanos como los de las Fuerzas Armadas, cuyos ingresos no tienen relación con su importancia ni con sus exigencias.
Pero no procuremos enfocar los problemas de quienquiera que sea como si se tratara de un sector desvinculado de la realidad nacional y ajeno a ella, porque el subdesarrollo económico afecta a todos, pero muy especialmente a los más pobres.
Crisis de solidaridad.
El camarada Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y el actual abanderado de la Democracia Cristiana, señor Tomic Romero, han llamado la atención en distintas ocasiones sobre un asunto de primordial importancia.
El señor Tomic, en su discurso del Caupolicán, el 30 de octubre, manifestó:
"Para que la revolución sea eficaz debe comprometer de un modo auténtico al pueblo trabajador y, además, a otros grupos realmente representativos del ser nacional. Necesita, por ejemplo, la integración creadora al esfuerzo revolucionario de las Fuerzas Armadas, que, por su alta motivación patriótica y su organización y disciplina, constituirán un aporte de valor excepcional para la realidad de la revolución y su imagen nacional e internacional; de la juventud y de las Universidades, que agrupan a miles de calificados conductores potenciales; de la mujer chilena de todos los estratos sociales, y muy especialmente ¡de la que participa en las organizaciones comunitarias de base; de aquellos sectores de las Iglesias Católica y Protestante, cada vez , más comprometidos y participantes en el esfuerzo liberador del pueblo; de las decenas de miles de educadores que, fuera de sus obligaciones estrictamente profesionales, podrían representar un valioso potencial multiplicador del esfuerzo revolucionario; de numerosos técnicos y profesionales y no pocos empresarios obligados hoy a jugar según las "reglas del juego" de la sociedad: capitalista, pero que están anímicamente disponibles para servir un gran esquema de transformación y cambio, aun al precio de sacrificar ventajas egoístas inmediatas". Y refiriéndose más adelante al programa de lucha contra la inflación, anotaba que "cinco años después, el Gobierno lucha en soledad y con gran esfuerzo, apenas para impedir la aceleración del fenómeno. ¿Por qué ? ¡Porque ese programa no encontró la sustentación popular que necesitaba! ¡Esta es la lección que hemos aprendido en estos cinco años! Sin los trabajadores, sin la comunidad, sin la participación popular, la batalla contra la inflación está perdida irremisiblemente". Tocando la misma cuerda, el Presidente Freí anotaba con gran exactitud: "La gran crisis de nuestro país, a pesar de la inflación y de los problemas, no es algo económico. Es un problema moral y político. . . Es la quiebra de la solidaridad nacional. Cada grupo no piensa más que en sí mismo".
¡Cómo saben esto quienes han ejercido cargos de Gobierno o dirigido organizaciones políticas! ¡Cómo lo sabemos los parlamentarios!
Teóricamente, todos los chilenos estamos de acuerdo en aceptar que, para dar solución adecuada a los problemas que aquejan al país, es necesario hacer sacrificios, pero llegado el momento de los "¿qué hubo?", nadie quiere que se toquen sus intereses, porque cada sector o grupo tiene buenos argumentos para probar que el suyo es postergado o se encuentra en tales condiciones de inferioridad que no debe ser afectado por medida alguna.
Irresponsabilidad partidista.
Por desgracia, los partidos políticos, sin excepción, proceden de un modo tal, que compiten entre ellos por ganar la buena voluntad, la simpatía o adhesión de los distintos sectores. Y para ese fin nada mejor que encontrarles razón a todos y auspiciar leyes o medidas conducentes a la satisfacción de sus reivindicaciones, aunque sean exageradas, absurdas o injustas.
Así, el mejor partido, o el mejor Senador o Diputado, es aquel que con mayor facilidad puede imaginar las soluciones más descabelladas proponiendo leyes que van a nutrir las gruesas colecciones en que se recopilan los más disparatados textos.
Cuando se piensa en el sinnúmero de intereses previsionales que existen en los diversos sectores de trabajadores del país, por ejemplo, parece realmente imposible la factibilidad de una reforma integral en este campo tan vital para la economía nacional.
Los políticos debemos tener la hombría de aceptar que precedemos irresponsablemente frente a la exigencia real y cada vez más urgente de lograr la solidaridad del pueblo para la gran obra de construcción de un Chile nuevo. Somos nosotros y nuestros partidos quienes alentamos la división entre los chilenos, al acoger sin discusión sus peticiones, a veces contradictorias con sus propios intereses. Es una fácil manera de ganar adeptos a costa del porvenir del país, a sabiendas de que una vez en el Poder no será posible cumplir, a menos que se quiera continuar ahondando el caos económico y social de la nación.
No hay solidaridad sin participación.
Estamos de acuerdo en que la solidaridad que echamos de menos no tendrá contenido ni sustento si ella no se funda en la participación del pueblo en todos los órdenes de la actividad nacional.
¿Por qué el pueblo va a aceptar sacrificios si está excluido de toda participación en la dirección de la economía, por ejemplo? ¿Por qué va a creer, si la experiencia le dice lo contrario, que esos sacrificios no van a redundar una vez más en beneficio de los sectores privilegiados del país? ¿Quién, sino él mismo, con su presencia activa en las discusiones, resoluciones y ejecuciones, puede garantizar mejor a la comunidad nacional de los trabajadores chilenos que efectivamente los planes por cumplirse redundarán en beneficio de todos y no de unos pocos?
Las respuestas a estos interrogantes surgen espontáneas. Solamente es posible exigir solidaridad cuando quien debe otorgarla sabe de antemano que es parte integrante de la comunidad, arriba y abajo, en la conducción y dirección y en el cumplimiento de los deberes y sacrificios que se imponen a todos.
El problema de las Fuerzas Armadas.
Porque pensamos que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas son chilenos como todos, con iguales inquietudes e insatisfacciones, con idénticos anhelos y esperanzas, es que nos ha parecido que sus problemas deben ser considerados dentro del cuadro general del país y no tratados como si fueran asuntos desconectados de la realidad nacional.
Por la misma razón, creemos que es necesario hablar con absoluta franqueza en un plano de dignidad, sin caer en una suerte de "paterismo" que hemos estado observando en estos días.
Nos parece que tratar el problema en otra forma sonará a falso a los propios interesados, y es muy probable que ellos no aprecien, sino que desprecien, a quienes quieren, obsequiosamente, pasar por alto aspectos que deben ser discutidos y analizados.
Los sucesos de octubre.
Mucho se ha conjeturado en torno de los hechos ocurridos el 21 de octubre.
Hay quienes, con mucha vehemencia, se empeñan en sostener que no hubo allí indicio alguno de golpe de Estado. Otros, por el contrario, se esfuerzan en probar que lo ocurrido en el Tacna fue precisamente un golpe, que no llegó a concretarse.
Nos parece que en el desarrollo de los acontecimientos cabe distinguir dos etapas: una, la primera, que es de todos conocida; y otra, la segunda, que se supone, pero que no se conoce.
Si examinamos los hechos que conocemos y que conforman la primera etapa, debemos aceptar, objetivamente, que no constituyeron propiamente un golpe de Estado, puesto que el jefe máximo de los participantes y éstos mismos declararon, reiterada y públicamente, que no existía el menor propósito ni la más lejana intención de subvertir el orden constitucional; y proclamaron una y otra vez su lealtad al régimen y al Presidente de la República.
Por otra parte, es preciso reconocer que no hubo una acción real, de hecho, destinada a la toma del Poder, que desmienta las afirmaciones categóricas del General y de la oficialidad que intervinieron en los sucesos que analizamos.
Por lo tanto, objetivamente considerado el problema, deberemos aceptar que se trató de un movimiento destinado a obtener exclusivamente fines de orden militar interno.
Pero es indudable que el movimiento así surgido, por su propia dinámica interna, pudo desembocar fácilmente en un atentado contra el Poder constituido y degenerar en horas en una subversión armada franca y abierta.
¿Qué habría pasado, en efecto, si no se llega a una solución rápida del asunto? Es indudable que se habría desarrollado la segunda etapa, que, como digo, no se conoce, pero es fácil suponer que habría consistido lisa y llanamente en el golpe militar.
Es esta interpretación, por lo demás, la que justifica la acción escogida por el Gobierno frente a los acontecimientos. Si no había intención de golpe, si no había una acción conducente a la toma del Poder, si la rebelión tenía exclusivamente un móvil reivindicacionista interno, cabía parlamentar y evitar sucesos sangrientos, ya por el enfrentamiento militar o por la exacerbación de las masas populares.
Pero no por ello podemos dejar de manifestar que el hecho en sí es condenable y acusa una conducta irresponsable en quienes lo urdieron, aunque hayan tenido la más sana intención.
Causas específicas del movimiento militar.
Además de las causas comunes a todos los fenómenos sociales que ocurren en el día de hoy, hay algunas causas que dicen relación específica a las Fuerzas Armadas. Si ellas no son eliminadas, continuaremos viviendo en riesgo permanente de que los hechos vuelvan a repetirse.
Antes que nada, es preciso hacer constar que los problemas en cuestión vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero no porque otros Gobiernos anteriores no fueron capaces de abordarlos y darles respuesta adecuada, vamos a excusar al actual, estimulándolo para que tampoco haga nada y deje las cosas como están.
Es sabido que durante el período presidencial en vigencia se han hecho los mayores y más significativos esfuerzos por mejorar la condición económica, técnica y profesional de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ello no ha sido suficiente, y nos tememos justificadamente que el proyecto sólo constituya una solución incompleta y parcial de las aspiraciones militares.
Los problemas de las Fuerzas Armadas no son tan sólo de orden económico. No es suficiente, por lo tanto, mejorar las remuneraciones de sus integrantes y después cruzarse de brazos.
A más de algún frivolo le hemos oído sostener lo contrario y afirmar, con bastante desaprensión, que todo es cuestión de pesos.
Sin duda, el problema de las remuneraciones es importante, pero no el único que provoca la inquietud de nuestros hombres de armas.
Se ha hablado mucho de frustración. ¿Existe ella realmente? La respuesta no puede sino ser afirmativa. Los oficiales, suboficiales y tropas son chilenos que se incorporaron a la carrera de las armas movidos por una vocación profunda para ejercer una profesión que eligieron entre muchas otras.
Pues bien, en la práctica, no pueden ejercer esa profesión, porque en las Fuerzas Armadas hay carencia de personal tanto militar como administrativo; porque la dotación de equipos y materiales es peligrosamente insuficiente; porque los mandos superiores tienen, al parecer, una estructura añeja y no son ejercidos conforme a las más modernas técnicas.
Por otra parte, los chilenos que eligieron esa profesión no están ajenos a las inquietudes del mundo de hoy y desean también participar en el proceso de cambios que vive el país.
La cuestión es buscar soluciones, sin desmedro ni daño para el papel fundamental que corresponde a las Fuerzas Armadas de mantener la soberanía nacional, de contribuir a la seguridad interna y externa de la nación y de ser las más celosas guardadoras del régimen democrático, a fin de que la voluntad del pueblo, libre, periódica y secretamente expresada, sea respetada por todos.
Es urgente e indispensable que se constituya, al más alto nivel, una Comisión que estudie a fondo estos problemas y el papel que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas dentro de las nuevas estructuras en gestación. Su participación en el proceso de cambios, en los planes de desarrollo, en la educación y otros aspectos de la vida nacional, debe ser abordada en forma definitiva, sin lesionar en lo más mínimo su dignidad profesional.
Pasar por alto o prescindir de todos estos aspectos es dar una solución incompleta, de parche, que dejará latente la inquietud y el descontento y facilitará una nueva explosión de protesta, con grave, riesgo para la tranquilidad del país y del desarrollo democrático del proceso de cambios ya en marcha inexorable.
Por todas estas consideraciones, en la discusión general del proyecto, queremos expresar que le prestaremos nuestro apoyo entusiasta y, al mismo tiempo, solicitar del Gobierno su interés por solucionar los problemas de fondo que existen en nuestras Fuerzas Armadas.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
El Honorable señor Fuentealba ha usado 35 de los 90 minutos que corresponden al Comité Demócrata Cristiano. Por lo tanto, a éste le restan 55.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Hago presente a los señores Senadores que si nadie hace uso de la palabra...
El señor ALTAMIRANO.-
Nos interesa escuchar las observaciones del señor Ministro de Hacienda sobre el aspecto económico y financiero que implica la solución que pretendería dar el Gobierno, la cual es bastante hipotética y discutible.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En realidad, habría preferido hablar después de oír las observaciones de los señores Senadores, a fin de ahorrar tiempo; pero, como existe el ánimo de que intervenga previamente, haré una breve exposición acerca del problema financiero del proyecto.
El señor ALTAMIRANO.-
No podemos opinar sin conocer la solución que propone el Gobierno.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El señor Senador asistió a las Comisiones unidas.
El señor RODRÍGUEZ.
Pero no todos concurrimos a ellas.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Además, el informe contiene todas mis observaciones.
El señor ALTAMIRANO.-
Sabe que son muy vagas e imprecisas.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Siempre hay opinión para todo, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
Eso es cierto.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Tal como se expresa en el mensaje del Presidente de la República, el financiamiento del proyecto de ley se fundaría en los recursos propuestos por el Ejecutivo y, en caso de resultar insuficiente, una vez concluido el estudio y determinadas las escalas y, por lo tanto, establecido el costo del reajuste especial que se daría a las Fuerzas Armadas, la falta de financiamiento tendría que considerarse en la ley de Presupuestos, que debe quedar despachada antes del 31 de diciembre próximo, o bien en la ley general de reajustes.
De acuerdo con las explicaciones dadas por el Ministro que habla, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa tanto de la Cámara como del Senado, el financiamiento propuesto bordeaba una suma del orden de los 230 millones de escudos, precisamente 227 millones. En la Cámara se incluyeron algunas disposiciones que podrían estimarse como de mayor financiamiento, pero fueron objetadas por el Ejecutivo. Las dos principales son las siguientes: una destinación de 100 millones de escudos con cargo al mayor producto del cobre dentro de la participación que corresponde al Estado en los dividendos de las sociedades mixtas. La segunda indicación aprobada en la Cámara de Diputados establece un recargo del impuesto global complementario sobre las rentas que excedan de 20 sueldos vitales anuales. Esta disposición tenía un rendimiento estimado en 75 millones de escudos. En las Comisiones unidas del Senado se rechazó el precepto referente a la destinación de fondos provenientes de la participación fiscal en los dividendos del cobre, y se aprobó el recargo de 20% del impuesto global complementario, con el agregado de que ninguna persona podrá pagar más del 75% de su renta líquida por tal capítulo.
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, el financiamiento oscilaría entre 230 y 300 millones de escudos, en la forma como el proyecto se encuentra en la actualidad.
Antes de analizar las disposiciones correspondientes, y a fin de dar a conocer el criterio del Ejecutivo acerca de todos los tributos que en ellas figuran, debo hacer, en primer término, una apreciación de carácter general.
El Gobierno ha tratado de que el financiamiento propuesto, como cualquier otra fuente de recursos que en 1970 se requiera para cubrir los gastos y remuneraciones, no produzca un impacto inflacionario. El propósito es que no constituya un engaño lo que se otorgue por concepto de aumento de rentas, en términos especiales, sea para las Fuerzas Armadas o para otros grupos.
El primer artículo relativo al financiamiento es el 7º, que grava con un impuesto extraordinario, durante 1970, las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros. En la forma propuesta, el rendimiento será de 12 millones de escudos. Sin embargo, durante la discusión del segundo informe, el Ejecutivo formulará indicación para corregirlo, por estimar que provocará graves problemas a algunas instituciones bancarias que no tendrían capacidad para pagar este tributo extraordinario, pues no se prescribe que él gravará las utilidades reales, es decir, deflactadas de acuerdo con el índice de precios, cómo el Ejecutivo propuso primitivamente en la Cámara de Diputados. Tal como está aprobado lo expresé en las Comisiones, el artículo tendrá un rendimiento de 12 millones de escudos.
En segundo término, el artículo 8º mantiene un gravamen que se ha aplicado este año a los bienes raíces no afectados por la sequía, tanto del sector urbano como del agrícola. O sea, se prorroga su vigencia para 1970. Es un recargo de 2 por mil de la tasa de contribuciones de bienes raíces. Su rendimiento alcanzará a 47 millones de escudos.
El artículo 9º contiene modificaciones del impuesto a las compraventas. Se aumentarán de 14% a 16% las tasas de las transferencias que se efectúen en hoteles, restaurantes y clubes sociales de primera clase. Esta misma tasa se aplicara a los piscos y vinos, en la segunda y tercera transferencias. Se elevan de 23% a 25% las tasas que afectan a los artículos suntuarios. El rendimiento de este precepto, tal como lo señalé en las Comisiones, será de 30 millones de escudos.
El artículo 10 aplica una sobretasa a la venta de monedas extranjeras no destinadas a la importación. El impuesto vigente es de 10% y aumentará a 15%. Su rendimiento llegará a 25 millones de escudos.
El artículo 11 aumenta de 4% a 6% la tasa del impuesto de transferencia de los bienes raíces. El rendimiento primitivo de esta disposición se calculó en 30 millones de escudos. Sin embargo, debido a una indicación aprobada en las Comisiones unidas, para eximir de este recargo a los predios con avalúos no superiores a 15 sueldos vitales anuales, el rendimiento, según la estimación del Gobierno, no excederá de 12 millones de escudos.
El artículo 12 reordena las tasas aplicables a las transferencias del gas licuado, no con el propósito de alzarlas y recargar al consumidor, sino para llevarlas a la base. El total exacto de los recursos que proporcionará esta medida no ha podido precisarse, pero se estima que será más o menos de 10 millones de escudos.
El artículo 13 eleva el impuesto especial a las personas con remuneraciones en moneda extranjera afectas a la segunda categoría de la ley sobre impuesto a la renta. La tasa actual aumenta de 3,5% a 8,5%. Producirá un rendimiento de 11 millones de escudos, considerando que el monto total de las rentas que se pagan en moneda extranjera en el país es de 20 millones de dólares.
El artículo 14 aumenta el gravamen sobre las rentas que perciben los directores de sociedades anónimas. De 20%, sube a 30%. Se estima que su rendimiento será de 5 millones de escudos.
El artículo 15, propuesto en la Cámara de Diputados, grava con un impuesto de 10% las remesas de dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales o jurídicas extranjeras. Los recursos por este concepto llegarán a 12 millones de escudos. Sin embargo, el Ejecutivo ha observado acerca de este tributo que debe hacerse una distinción clara respecto de aquellas regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que tienen por resultado la incorporación de verdaderas tecnologías a la producción nacional, pues no sería conveniente gravar tales prestaciones, ya que ello repercutiría en los costos internos. Además, se trata de productos necesarios y es de absoluta conveniencia que el país cuente con esa tecnología. Creemos, sí, que un tributo de esta especie puede recaer en aquellas regalías y royalties sobre artículos innecesarios, marcas de fantasía, etcétera. El Gobierno está dispuesto a formular la indicación pertinente en el segundo informe. Debo advertir que con ello el rendimiento disminuirá de 12 millones a 3 millones.
En cuanto al artículo 16, tal como lo manifesté al iniciar mi exposición, fue propuesto en la Cámara y consiste en recargar en 20% los tributos que pagan aquellas personas con rentas superiores a 20 sueldos vitales. El Ejecutivo consideró dicho aumento excesivamente gravoso, pues las afectaría desde el primer escudo que obtuvieran como ingreso. Es decir, quien tenga por hablar de sumas redondas una renta mensual de 10 mil escudos, podría ser afectado por gravámenes muy altos. Por ello, el Ejecutivo estima que el precepto debe ser revisado. En las Comisiones unidas se presentaron indicaciones para mejorar el precepto introducido por la Cámara. Ellas establecen que sólo se aplicará el impuesto sobre los excedentes al tope mencionado de 20 sueldos vitales anuales. Además, se dispone que ninguna persona podrá pagar más de 75% de su renta imponible. Sin duda, la norma actual mejora notablemente la que aprobó la Cámara. Reitero que el Ejecutivo la estudiará y formulará las indicaciones pertinentes durante la discusión particular.
Por último, se aprobó una indicación que, a mi modo de ver, fue rechazada por error en la Cámara. Consiste en aumentar las tasas fijas de la ley de Timbres y Estampillas, es decir, aquellas que se expresan en escudos y no en porcentajes. La reposición del precepto por parte de las Comisiones unidas permitirá obtener 60 millones de escudos.
El rendimiento total que proporcionarán las disposiciones mencionadas será si en definitiva prevalece el criterio del Ejecutivo de 230 millones de escudos, cantidad que podría aumentar en caso de aprobarse el artículo 16, referente al impuesto global complementario.
En las Comisiones unidas se preguntó si tal suma bastaría para cubrir los desembolsos que originarán estas facultades y, por ende, las nuevas remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Tanto el Ministro de Defensa como el que habla explicaron que no era posible puntualizar en términos exactos y con responsabilidad el costo definitivo del reajuste especial que corresponderá a las Instituciones Armadas. A pesar de estar afinados los estudios de las bases sobre las cuales se aplicará el reajuste, no podemos fijar la cantidad exacta sin antes determinar las escalas de remuneraciones aplicables 'a los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. En las Comisiones sostuve que habría sido muy fácil precisar el costo del reajuste si se tratara de aumentos de carácter general, iguales para todos los grados, pues en tal caso habría sido suficiente determinar el monto total de las remuneraciones y la proporción de los nuevos recursos. Sin embargo, como se explicó en las Comisiones, sobre la base de los datos que allí se entregaron, no es ésa la situación, porque los problemas del sector activo de las Fuerzas Armadas no son equivalentes en cada uno de los grados de la escala de remuneraciones. Es indiscutible que existe un deterioro mayor en algunos grados, sin perjuicio de reconocer que la totalidad de la escala debe ser rectificada. No hay duda alguna de que el problema más grave se encontraba en los grados medios de la escala. Al respecto, se dieron a conocer algunos datos y cuadros sobre las [remuneraciones totales que perciben algunos grados, como los de teniente a teniente coronel, que permiten apreciar que la rectificación en materia de remuneraciones debe ser más profunda en ellos. También es posible advertir problemas en los grados de suboficiales, los cuales deben ser resueltos con prioridad.
Por todas estas razones, por tratarse de un reajuste no parejo, sino discriminado, y por la necesidad de fijar una escala razonable, que resuelva verdaderamente los problemas de los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, no podemos precisar el costo exacto que tendrá el proyecto.
Ante la pregunta formulada por el Honorable señor Altamirano, el Ministro que habla dijo que, en una primera aproximación, excluido el reajuste general, el Ministerio de Hacienda calculaba en 350 millones de escudos el monto del gasto, incluyendo al personal pasivo. En lo relativo al reajuste general, estimado en 27%, el costo llegaría a 500 millones de escudos. Por lo tanto, el total de los recursos que se requerirán para otorgar el reajuste general y especial para las Fuerzas Armadas, de acuerdo con estas facultades, se estimó inicialmente en alrededor de 850 millones de escudos, cifra que yo pedí tomar como meramente estimativa, pues la complejidad del sistema de remuneraciones algunos de cuyos aspectos deberán estudiarse caso por caso, aparte la complejidad existente también en el sector pasivo, nos impedía precisar con absoluta claridad el costo exacto del proyecto. Inclusive, y como un ejemplo, entre un día y otro los cálculos efectuados en el Ministerio de Hacienda en un solo rubro tuvieron que modificarse en una cifra cercana a 100 millones de escudos.
Por todo lo dicho, como Ministro de Hacienda, y actuando en forma responsable, no me atrevería a dar una cifra exacta del costo que tendrá la aplicación de esta facultad. Este podrá precisarse cuando el señor Ministro de Defensa, previas las consultas del caso con los equipos técnicos que colaboran con él, entregue al Secretario de Hacienda una escala determinada, clara y definida de los personales activo y pasivo. Una vez conocidas esas cifras, como también los fondos que se otorguen para aplicar esta ley, los recursos adicionales que podrían necesitarse para financiar el resto de la iniciativa, como expresé al comenzar mi exposición, deberían ser consignados en la ley general de Presupuestos o en la de reajuste de remuneraciones.
En la Comisión, algunos señores Senadores especialmente el Honorable señor Altamirano estimaron que este proyecto no podía ser despachado, por carecer de financiamiento. Incluso en la prensa se han hecho publicaciones en tal sentido.
En mi opinión, no es inconstitucional despachar un proyecto que otorga una facultad, sino que ello podría establecerse, en lo relativo al costo, sólo cuando estuviera determinada la facultad. Entonces tendría el Ejecutivo la obligación de consignar los recursos que faltan, en la ley de Presupuestos o en la de reajuste general.
No es la primera vez que se aprueba una iniciativa que concede facultades de esta naturaleza y deja abierto el camino al Gobierno para determinar el gasto de acuerdo con las disponibilidades económicas del país.
A mi juicio, la inconstitucionalidad no puede existir, pues este proyecto, en todo caso, quedará despachado antes de la fecha en que lo sean los de Presupuestos y de reajuste de remuneraciones. Como es evidente, en el primero puede revisarse el cálculo de entradas y en el segundo es factible formular las indicaciones del caso.
En la Comisión expuse, a modo de ejemplo, que en la revisión de los cálculos que el Gobierno ha considerado dentro del Presupuesto de 1970 confeccionado al 31 de agosto está lo referente al cobre, que ha sido estimado al precio de 48 centavos de dólar la libra, pues era el vigente en ese momento en el mercado productor americano. Por lo demás, es el que normalmente hemos tomado, en forma muy conservadora, para determinar los ingresos por ese concepto. Los señores Senadores saben que hoy día el precio del metal rojo en ese mercado es de 52 centavos de dólar la libra. Por lo tanto, en el Presupuesto deberá efectuarse la corrección respectiva. Indudablemente, ello significará un aumento en el cálculo de entradas, lo que permitirá destinar parte de esos recursos a financiar este proyecto u otro gasto que el Ejecutivo deba enfrentar durante la tramitación del Presupuesto, incluso al remitir al Parlamento el oficio final, al término de la discusión de ese proyecto.
Estimo que sólo me corresponde proporcionar estos datos generales. Durante el debate particular podré dar respuesta o informar a los señores Senadores acerca de lo que estimen conveniente, para llevar a cabo una discusión a fondo sobre la iniciativa.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Advierto a Sus Señorías que el señor Ministro de Hacienda, de los 30 minutos que le corresponden en virtud del acuerdo de Comités, ocupó sólo 22; en consecuencia, le restan ocho. El señor Ministro de Defensa, por su parte, dispone de 10 minutos, pues ocupó 20.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en este problema político, el más grave que la República ha debido enfrentar en los últimos 40 años, era absolutamente imposible continuar con la conducta del avestruz, que entierra la cabeza, en la vana ilusión de ocultar su cuerpo. Ya no pueden mantenerse las reticencias, los rodeos y las negativas del Gobierno. Ya nadie podrá creer que este proyecto sobre facultades extraordinarias para aumentar las remuneraciones en las Fuerzas Armadas tiene el inocente origen que le asigna el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. No se trata sólo de que existe consenso de que las actuales rentas de ese sector y del Cuerpo de Carabineros no se compadecen con las funciones específicas que ambos desempeñan, especialmente reconocidas por la Constitución Política del Estado, por las necesidades de su personal.
Ha hecho bien el Honorable señor Fuentealba en efectuar una aproximación siquiera a este problema, que no se puede, repito, eludir o soslayar.
Hasta hay un fallo de los tribunales que proclama como lo dice la sentencia del 7 de noviembre en curso; es decir, de hace tres días que, en la madrugada y en el curso del día 21 de octubre próximo pasado, diversos oficiales del Ejército se alzaron públicamente con el propósito de obtener del Supremo Gobierno de la República, por medio de la fuerza, la solución de problemas exclusivamente profesionales, que dicen relación a la defensa nacional y a la situación económica de su personal.
¡Si los tribunales de justicia han debido dejar establecido este hecho en un fallo, indudablemente el Congreso Nacional no podría ignorarlo o pasarlo por alto. Y si los tribunales han ido más allá y han tenido que reconocer que la acción o conducta de los enjuiciados alcanzó trascendencia política tomado este término, según la sentencia, desde el punto de vista jurídico, porque la solución de dicho problema requería la resolución del Gobierno, sería absolutamente infantil que nosotros nos limitáramos a creer lo que el mensaje del Ejecutivo dice que es la causa que origina la iniciativa en estudio.
El Honorable señor Fuentealba agregó que, a su juicio, la experiencia de cinco años de Gobierno estaría demostrando al país que ninguna tarea trascendente puede intentarse sin la participación del pueblo, y que ésa sería la novedad con que se presenta la candidatura del señor Tomic, para corregir los vicios o defectos de esta Administración, que pretende continuar.
Si se trata de la participación del pueblo, el primer deber por cumplir para promoverla o conseguirla es dar una información leal, completa y verídica de todos los hechos ocurridos, a fin de que el pueblo, a través de sus representantes en estas ramas del Congreso, pueda caracterizar la situación y encontrarle la mejor solución, de acuerdo con los medios de que dispone.
Esa información todavía está sin darse al Parlamento, y nosotros ignoraríamos los hechos si no fuera por la circunstancia fortuita de que una resolución judicial que precisa en parte lo acontecido permite desentrañar, mediante un documento muy importante, todo el pasado inmediato de esta gestión que culmina ahora con el proyecto en estudio.
Si se pone atención al fallo a que me estoy refiriendo, se encontrará que la sedición tuvo por objeto según lo establece ese fallo exigir la solución de los problemas profesionales planteados. Y si se atiende al voto de minoría del mismo fallo, se podrá saber que hay un documento que contiene el enunciado de todos esos problemas y el sentir de quienes promovieron los acontecimientos del 21 de octubre y de gran parte de la oficialidad del Ejército respecto de ellos.
Ese documento es una carta dirigida por don Roberto Viaux, a la sazón General de Brigada, Comandante en Jefe de la I División del Ejército, el 2 de octubre de 1969, a Su Excelencia el Presidente de la República.
El documento está concebido sobre la base de que era absolutamente indispensable que el Jefe del Estado tomara conocimiento de hechos que estaban ocurriendo en el Ejército y que representarían, a juicio de su firmante, de toda la Primera División del Ejército y de gran parte de su oficialidad, el derrumbe de esa institución.
Para justificar esta sensación de catástrofe que tendrían los jefes, los oficiales y los cuadros del Ejército, en el contexto de la carta se recuerdan hechos gravísimos que han ocurrido en este país, sin que jamás el Gobierno de la República, que los conocía perfectamente, los hubiera hecho presentes al Congreso Nacional.
En los títulos V y VI de la carta cuyos epígrafes son "Incumplimiento de promesas" y "Situación moral y disciplinaria", respectivamente, se contiene la enumeración de los siguientes hechos:
Primero. Que en mayo de 1968 ocurrieron acontecimientos en el Ejército que significaron la renuncia del Ministro de Defensa Nacional y el cambio de Comandante en Jefe del Ejército.
Segundo. Que hubo una renuncia colectiva de la oficialidad de la guarnición de Santiago.
Tercero. Que hubo una reunión convocada en la Escuela Militar.
En el documento está borrada la parte que se refiere a las autoridades que citaron a esa reunión; pero debemos entender que ellas fueron el Ministro de Defensa Nacional y el señor Comandante en Jefe de esa época.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En mayo de 1968.
El señor ALTAMIRANO.-
No.
El señor CHADWICK.-
Cuarto. Que se hicieron las siguientes promesas: "a) mejorar la situación económica; b) establecer un intercambio de opiniones con los Jefes y Oficiales a fin de poder recibir directamente de ellos sus inquietudes y sus aspiraciones sobre el perfeccionamiento de la Institución; c) dotar adecuadamente a las Unidades, para que cumplan su función, tanto de personal como de material; d) suprimir actitudes arbitrarias y realizar un Mando racional conforme a las más modernas técnicas".
El documento agrega un quinto hecho: que los nuevos Jefes fueron designados para cumplir esas promesas. Asimismo, en la carta se dice que dejaron sin honrar esas promesas.
Por último, se señala, como un sexto hecho de gravedad ocurrido en el Ejército que aquí nunca se ha mencionado, que el 18 de septiembre recién pasado, con motivo del Tedeum, un jefe faltó deliberadamente a la disciplina, para hacer valer el descontento general que esta situación estaba produciendo en el seno de los Institutos Armados.
Cuando el Honorable señor Fuentealba nos dice que una democracia no puede encarar la solución de los graves problemas del país sin la participación del pueblo, debe reconocer que, en la medida en que el Gobierno de la República se reservó para sí todos estos hechos gravísimos y guardó el más absoluto silencio ante el Congreso y la opinión pública, prácticamente estaba impidiendo que los serios conflictos que están llevando al Ejército a su derrumbe, según la opinión del General Viaux, pudieran tener una solución democrática, republicana, de acuerdo con los hábitos tradicionales de nuestro país.
¡El espíritu cesarista de reservar al Jefe del Estado y a sus más íntimos colaboradores el conocimiento de los hechos y el estudio de la situación, para buscar soluciones dentro de lo que ellos creen procedente, es una de las causas principalísimas de esta crisis política que estamos viviendo y que entramos a conocer al estudiar este proyecto de ley!
Pero el documento que estoy comentando citado en una sentencia judicial no sólo tiene la trascendencia que ya se advierte por lo que he dicho, sino que va más allá.
La carta agrega que domina en el Ejército el mayor desquiciamiento como resultas de una clasificación del personal de oficiales. Y yo no me atrevería a repetirla en una sesión pública, si esa carta no hubiese circulado, impresa a mimeógrafo y firmada por el señor General Viaux, por los más amplios sectores del Ejército y de las personas allegadas a la institución. Se dice, ni más ni menos, que el personal del Ejército puede clasificarse en tres categorías: una estaría formada por los que se mantienen en los Institutos Armados porque su amor a la carrera es demasiado intenso; la segunda, por quienes carecen de aptitudes para optar a cargos mejor remunerados en la vida civil; y la tercera ¡óigalo bien el Senado, porque esto lo sabe todo el Ejército, pues el documento ha circulado profusamente!...
El señor ALTAMIRANO.-
Se publicó.
El señor CHADWICK.-
...está formada por los que tienen que cumplir misiones foráneas de carácter político para socavar la institución.
No creo exagerar cuando señalo la extrema gravedad que estas afirmaciones tienen, y por discreción no haré comentarios.
El documento continúa expresando que el personal subalterno no respeta al Mando, al que acusa de burocrático por incumplimiento de las promesas formuladas con motivo de los acontecimientos ocurridos en mayo de 1968, y por existir una crítica situación moral y disciplinaria por no haberse dotado a la institución en su oportunidad de los medios necesarios para su eficiente y correcto desempeño.
En este análisis respecto de la condición del personal del Ejército, podríamos decir que el General Viaux, invocando el consenso de la Primera División y de la mayoría de los oficiales, agrega que, al momento de escribir la carta, faltaba en absoluto el ascendiente del Alto Mando.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALMA.-
No existía consenso en todos los Generales.
El señor CHADWICK.-
Estoy midiendo mis palabras y hablando con mucha tranquilidad.
El señor PALMA.-
No se puede generalizar.
El señor CHADWICK.-
He dicho: "el General Viaux, invocando el consenso". He sido bastante claro. He tomado el concepto del General, pero no lo he hecho mío.
El señor GARCÍA.-
¿Con cargo a mi tiempo me concede una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.-
Si fuere pertinente, con todo agrado.
El señor GARCÍA.-
Lo es, señor Senador.
Deseo preguntar a Su Señoría si sabe lo que se rumorea en esta materia: que la carta no fue entregada a Su Excelencia el Presidente de la República porque sus colaboradores íntimos creyeron que era mejor que no la conociera.
El señor CHADWICK.-
En verdad, no me hago eco de rumores.
Estoy actuando en un momento de suma gravedad y me parece extremadamente peligroso dejarse llevar por los rumores. Antes de hacer esta relación de la carta he tenido cuidado de anotar los conceptos que me han parecido más graves y peligrosos y que exigen un examen responsable de parte del Senado. Por eso, estoy haciendo una enumeración lo más cuidadosamente posible.
Pasando a otra materia, el documento se refiere a lo que podría denominarse la dotación de armamentos del Ejército. Dice que en este momento los Institutos Armados se encuentran en una "crisis criminal" de material de guerra. Estas últimas expresiones son textuales. Además, añade otros comentarios de tipo técnico en cuanto a la infraestructura de la institución, que califica de "débil y anticuada".
¿Estos hechos podrían ser tomados por el Gobierno de la República como cosas que le conciernen solamente al mando ejecutivo de la nación, o miraban, como lo creo, al interés supremo de Chile, que no pueden resolverse al margen del Parlamento y sin conocimiento de la opinión pública?
El documento tiene otra gravedad, porque atribuye a la política, en buena parte, el desquiciamiento que denuncia en el Ejército, ya que supone que hay un sector de su personal dedicado a socavarlo por instrucciones foráneas, obedeciendo fines provenientes del exterior. También, supone que no se adquieren los armamentos por obstáculos e impedimentos de carácter político.
El documento concluye pidiendo que se tramite con suma urgencia la solución de estos problemas, todo lo cual se puede resumir en los siguientes puntos:
"1. Solución urgente a la falta dé medios a fin de permitir a la Institución poder cumplir con la Misión para la cual fue creada.
"2. Solucionar el problema económico."
Sabemos que ciertas exigencias, que resultaban del tenor de esta misiva, han sido cumplidas, satisfechas. En efecto, ha salido, como en mayo del año pasado, el señor Ministro de Defensa Nacional; han sido removidos el Comandante en Jefe del Ejército y prácticamente todo su Alto Mando, incluyendo al General Valdés, a quien el Gobierno encargó intervenir en la transmisión del mando de la Primera División; al General Cheyre, quien debió movilizar las tropas para sofocar el alzamiento del 21 de octubre, y al General Mahn, representante del Gobierno en las conversaciones con el señor Viaux.
El Congreso Nacional, en particular el Senado, tiene el deber ¡inexcusable deber republicano! de preguntar a las bancas de Gobierno en qué situación estamos, máxime cuando el proyecto en estudio, tramitado con suma urgencia, reúne todas las características de una satisfacción meramente formal a exigencias del Cuerpo Armado.
El señor Ministro de Hacienda nos dice que no incurre en vicio de inconstitucionalidad palmaria una iniciativa que autoriza al Presidente de la República para efectuar los gastos cualesquiera que ellos fueren que requiera un aumento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, para lo cual se le conceden recursos que de antemano se saben insuficientes, a pretexto de que más adelante, cuando se conozca el costo definitivo, se consignarán los recursos necesarios en los proyectos de presupuestos y de reajustes. Pues bien, por excelente que sea su dialéctica y grande su poder de convicción, debo expresar al señor Ministro que el tenor de la Carta Fundamental que nos rige es absolutamente claro en el inciso final del número 4º del artículo 43, cuando establece que "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto".
Si no sabemos cuál será el costo del proyecto, ¿cómo podría pensarse que estamos despachando una iniciativa que crea o indica las fuentes de recursos necesarias para financiarla?
Si el Presidente de la República o sus personeros más cercanos hubiesen tenido el gesto democrático de reconocer que la República atraviesa por la situación más conflictiva y peligrosa de los últimos cuarenta años, habrían llegado hasta nosotros a decirnos: "Este es el problema: tenemos Institutos Armados mal remunerados, carentes de armamento, con una mecanización muy atrasada. A consecuencias de este estado de cosas, se ha producido en la oficialidad y en los cuadros un sentimiento de insatisfacción que ya ha roto la disciplina y ha estado a punto de derribar al Gobierno", como lo reconoció en su intervención el Honorable señor Fuentealba.
El señor ISLA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.-
Si tal es la realidad del problema, despachar el proyecto con la precipitación del trámite de la suma urgencia no es buscarle una solución, sino agravarlo. Porque cabe preguntarse: ¿qué sucederá una vez tramitada la iniciativa? En apariencia, el Presidente de la República tendría en sus manos recursos legales para asignar cualquier remuneración, para introducir en las plantas del personal las modificaciones que estime convenientes, ya que después incluirá el gasto en el proyecto de presupuestos o en el de reajuste de remuneraciones. ¿Y qué habremos de hacer nosotros una vez efectuado el gasto, comprometida la palabra del Presidente de la República mediante los decretos con fuerza de ley que deberán dictarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la ley? ¿Deberemos negarnos a aprobar los nuevos tributos que sean necesarios para el financiamiento, o haremos lo que este Congreso Nacional ha venido realizando desde hace algún tiempo: simular que ejerce facultades soberanas, en circunstancias de que lo único que está llamado a hacer es ratificar las decisiones adoptadas unilateralmente por el Presidente de la República, en virtud de las cuales compromete los intereses generales de la nación sin consultarnos previamente y poniéndonos en la obligación de dar, después, la confirmación legal?
A mi juicio, si el Senado de la República meditara acerca de estos hechos, llegaría a la conclusión de que el camino seguido por el Gobierno no es el que nos puede conducir a la solución del grave problema que he presentado en su cruda realidad. Por eso, los Senadores socialistas populares votaremos en contra de la disposición que concede facultades extraordinarias al Jefe del Estado, como entiendo lo harán todos los partidos populares. Deseamos encarar el problema conociéndolo en toda su magnitud, precisando lo realmente posible y qué es una mera ilusión que, ni aun con las leyes más amplias, jamás podrá concretarse.
Dejaré mis observaciones en este punto y me reservo el tiempo restante.
He terminado, por ahora, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Al Comité Unión Socialista Popular le quedan cuatro minutos, señor Senador.
Propongo a la Sala suspender la sesión en este instante y reanudarla a las tres de la tarde.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Muy bien.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió a las 12.55.
-Se reanudó a, las 15.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Ofrezco la palabra.
El señor TEITELBOIM.-
Señor Presidente, el Partido Comunista desea manifestar en forma muy franca su opinión sobre el proyecto en debate, que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El país sabe que tras esta iniciativa hay todo un sustrato inquietante, que lo ha conmocionado.
No son las primeras facultades que ha solicitado el actual Gobierno para resolver el problema. El año pasado ya le fueron concedidas otras, que nosotros votamos favorablemente en el entendido de que servirían para dar pronta solución a un asunto de tanta gravedad y máxima urgencia.
No puedo juzgar qué sucedió, pero resulta que el Ejecutivo, a ratos tan presto para activar iniciativas parlamentarias de índole a nuestro juicio secundaria y que pueden esperar un tiempo más, en esta materia denotó una lentitud exasperante, una falta de sentido de la necesidad de afrontar con gran presteza un problema que exigía pronta salida. Desgraciadamente, lo convirtió en una bomba de tiempo que al cabo de algunos meses tuvo ciertas manifestaciones y, transcurrido poco más de un año, verdaderas explosiones institucionales.
Todos los chilenos recordamos lo acontecido el 18 de septiembre en la Parada Militar, cuando una compañía de un regimiento llegó tarde a rendir honores. Sin duda, el retraso no fue por falta de puntualidad inglesa, pues ello nunca sucede en nuestras Fuerzas Armadas, sino un hecho preconcebido tendiente a expresar una protesta por la situación económica menguada e injusta en que se mantenía y se sigue manteniendo a los Institutos Armados. Luego, vinieron los sucesos de Antofagasta, protagonizados por el entonces General en Jefe de la Primera División, y más tarde, los hechos absolutamente desusados que ocurrieron dentro del regimiento Tacna y sus alrededores. • El Ejecutivo, con una desidia notable, tal vez llevado por su costumbre de abordar con lentitud los problemas económicos de los trabajadores frente a la clase obrera y a los empleados posterga de manera más o menos indefinida sus peticiones, y por desconocimiento de la arremolinada trastienda, de las corrientes subterráneas que circulaban y agitaban al Ejército por dentro, tuvo una actitud que ciertamente puede tildarse de descuidada en el más alto grado, a ratos lindante con una negligencia suicida.
Ahora nos llega este nuevo proyecto. No creemos que se haya puesto el pie a fondo en el acelerador, pues, al fin y al cabo, una iniciativa de esta naturaleza requiere ciertos estudios.
Nosotros aceptamos el proyecto en cuanto a sus principios, o sea, al propósito de mejorar la situación económica del personal de las Fuerzas Armadas, que, sin duda, puede considerarse inconveniente y falta de toda correspondencia con sus necesidades vitales y la delicadeza de la misión que asumen en la sociedad.
Sin embargo, debemos objetar el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República, porque no tenemos fe, carecemos de confianza en el manejo diligente, exacto y rápido que se haga de ellas. Además, tememos que el espíritu mismo del financiamiento dé lugar a nuevas insatisfacciones, impida la solución del problema y origine futuros reclamos reivindicativos que, con el tiempo, pueden adquirir otro cariz al ser movilizados por gente de afuera probablemente también por algunos elementos de adentro, que ve en los movimientos y reclamos de las Fuerzas Armadas algo más que un planteamiento netamente económico.
Debo decir en forma enfática y categórica que el Partido Comunista estima indispensable mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas, en términos compatibles con sus necesidades reales, sin pretender, por cierto creo que estamos muy lejos de ese peligro, convertirlas en una especie de casta privilegiada respecto de otros sectores de trabajadores. Consideramos que su situación debe ser digna, con remuneraciones adecuadas al papel que desempeñan en el país y al decoro de sus funciones; que sus familias no tienen por qué vivir una especie de pobreza discreta y permanente, que se esconde tras las apariencias de aquel que se esfuerza por no mostrar al exterior el drama económico que se sufre en el hogar, puertas adentro. Esta es nuestra posición.
Pero vamos más allá. Pensamos que debe atenderse rápidamente por cierto, no es el propósito de la iniciativa a la satisfacción de los anhelos profesionales, de reforma de cierto tipo de sistema interior de las Fuerzas Armadas, que, a juzgar por muchas protestas, no se compadece estrictamente con el tiempo que vivimos. No se tiene presente que la profesión militar es a menudo una vocación apasionada, respetable, necesaria para el país. Ella debe estar asegurada contra el peligro de truncamiento a mitad de carrera.
En virtud de ciertos sistemas de eliminación y de llamados a retiro prematuros, hombres en la flor de la vida, en la plenitud de sus facultades, deben abandonar la institución e incorporarse a una vida civil, para la cual no se prepararon específicamente, porque su vocación irresistible los llevó a abrazar la carrera virtualmente desde su infancia. Se empiezan a preparar, a veces, a los 12. años, ya que entran a la Escuela Militar a una edad muy temprana. Cuando este hombre llega a la madurez no digo en absoluto a la vejez, a la época en que mejor concilia la fuerza física con la experiencia y, por lo tanto, está en condiciones de rendir más, en ese mismo instante le cortan las alas, deja de vestir el uniforme y abandona el cuartel, la guarnición o el cargo que desempeña, para incorporarse a la llamada clase pasiva, con una jubilación que tampoco condice con sus necesidades. A nuestro juicio, ello debe terminar.
Desde el punto de vista de la participación social de las Fuerzas Armadas, creemos igualmente que deben ser condicionadas a una realidad cambiante, a una sociedad donde el militar sea también una personalidad actuante más allá de los cuarteles, en el plano de la producción, de la vida cultural, de la vida social. Inclusive pensamos que debe eliminarse de la Carta Fundamental una disposición que nos parece utópica, discriminativa, irrespetuosa y vetusta: aquella que considera al Ejército una especie de convento de monjes trapenses que deben hacer votos no diré de castidad, porque no es el caso de silencio político, ideológico, y callar sus opiniones como si fueran personas que pudieran vivir al margen de la vida, del mundo, de sus solicitaciones, de los cambios de la época contemporánea.
Es evidente que las Fuerzas Armadas también pueden desempeñar un papel activo más allá de lo militar. En nuestro concepto, esta legislación, que debe corresponder a una filosofía y a un pensamiento total, tiene que ser elaborada rápidamente.
Por otra parte, más allá de esa participación social necesaria, también juzgamos indispensable que se consigne un equipamiento racional y moderno de nuestras Fuerzas Armadas.
No tenemos nada de agresivos. Conocemos la vocación de paz de Chile; pero consideramos que este país no es una isla en el mundo, no es una Suiza, garantida por una neutralidad permanente. Tiene vecinos de cuyos pueblos yo, personalmente, no dudo; pero sí dudo, a menudo, de sus gobernantes. Precisamente, ciertas castas militares que se han instituido en super poder en distintos países latinoamericanos, especialmente entre algunos de nuestros vecinos y también en la nación que es la mitad de Sudamérica, Brasil, han conducido a esos países a situaciones realmente caóticas, de desastre, sin solucionar problema alguno, y, en medio de su creciente impopularidad, gustan de tocar la música antichilena como una especie de cortina de humo, a fin de distraer la atención interna y el descontento de sus propios pueblos. Agitan una matraca "chauvinista", que casi siempre fija como fama de su blanco este país nuestro, que tiene una historia diferente en grandes capítulos, de los cuales nos sentimos orgullosos en todo lo concerniente a los valores populares, y que a nuestro juicio debe ser defendida.
No estamos por una carrera armamentista. No tenemos delirios de grandeza. Tampoco queremos olvidar el continente en que vivimos. Evidentemente, todo esto puede chocar en su solución ideal con los recursos del país. Por cierto, hay que tomarlos en cuenta, pues en esto es menester actuar con profunda seriedad y absoluta responsabilidad. No es cosa de juegos.
Queremos insistir en que nuestra posición supone para Chile la presencia de un gobierno civil. Subrayo que no hablamos de gobierno "civilista". Un gobierno "civilista" los ha habido en este país es aquel que recurre a una especie de unión nacional por encima de las clases, convirtiendo al Ejército en el enemigo del país del momento y transformándolo en una especie de gran adversario contra el cual todos debemos montar guardia. No es ésa nuestra posición. Creemos en un gobierno civil que nace del pueblo, y, por consiguiente, esperamos que éste pueda alcanzar el poder en Chile mediante su propia fuerza y organización. No pensamos que nuestro pueblo pueda claudicar de éste su inalienable derecho, confesándose como fracasado e incapaz de solucionar sus propios problemas, ni que pueda declinar su obligación irreemplazable de gobernarse a sí mismo.
Por lo tanto, estimamos que no corresponde a las Fuerzas Armadas asumir un papel para el cual ellas no fueron creadas y que compete al pueblo.
Estamos ciertos de que, dentro de un gobierno popular, las Fuerzas Armadas tendrán la situación que legítimamente merecen, porque no negamos la necesidad de su existencia ni su papel histórico. Ellas fueron creadas en el albor de nuestra independencia precisamente para crearla, defenderla y consolidarla. Y, salvo eclipses pasajeros, han cumplido este papel con honor, dignidad y honestidad.
Estamos, pues, por el gobierno civil, y rechazamos los "cantos de sirena" que vienen desde fuera de los cuarteles con el objeto de fabricar héroes de uniforme y tratar de quebrar una dirección política que debe desembocar en el pueblo mismo.
Es curioso: existe una verdadera orquestación, por parte de la prensa y la radio, tendiente a convertir en personajes de cine, en maravillas inefables a hombres que han vestido uniforme y que han asumido actitudes reñidas con la Constitución Política y la ley y que han sido objeto de procesos ante la Justicia Militar. Son los mismos órganos de prensa que todos los días hablan de la democracia y de la ley; que rasgan las vestiduras de manera teatral, vistiendo la toga de los jueces romanos. Todo ello es muy sugestivo. Cada vez que se enciende un receptor de radio, ahí está la propaganda no se miden en nada, para crear la imagen desde el punto de vista publicitario, para debilitar la esencia misma de este país y precipitarlo por caminos que, a mi juicio, la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no desea. Porque, al fin y 'al cabo, todos estamos contestes en que ellas tienen razón en sus planteamientos económicos e institucionales, y las acompañamos en sus demandas. Pero creo que ellas también rechazan el que desde fuera de los cuarteles posiblemente también por algunos elementos en su interior, incluso sobre la base de jurar la Constitución, se pretenda llegar más allá. Ya hemos dicho en el Senado que conocemos este proceso, que lo vimos en el pasado. Ninguno de los trastornos constitucionales que ha vivido Chile empezó de manera abierta y franca, diciéndose: "nosotros queremos ir a un gobierno militar". Siempre se vistieron con las galas del amor más encendido, por el respeto sagrado a la Carta Fundamental, y asumieron, igualmente, la forma de reivindicaciones económicas. Espero que este proceso, del cual cada día se dan ciertas nuevas informaciones inquietantes y angustiosas para la conciencia pública, realmente se detenga con la satisfacción de las necesidades económicas de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, encontramos que el proyecto es insuficiente, y lo decimos con mucha preocupación.
Deseo, por ahora, poner término aquí a mis observaciones. Pero antes debo insistir en que no nos agrada en absoluto depositar en manos de un gobierno, que el año pasado demostró ser tan poco acucioso en el empleo de un instrumento semejante, facultades respecto de las cuales no tenemos garantía alguna de que hará un uso realmente rápido y adecuado.
En la mañana de hoy, el Honorable señor Fuentealba hizo un esbozo de autocrítica. A mi juicio, es muy razonable que el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano la hagan, siempre que ella no sea como la confesión de ciertos católicos, que los deja listos para pecar de nuevo o para olvidar el pecado cometido, porque esto es más grave. Parece que la Santa Madre Iglesia Católica es más perdonadora; en cambio, es posible que las Fuerzas Armadas perdonen menos y den menos oportunidades.
Pongo término aquí, entonces, a mis observaciones, y reservo el resto del tiempo al Honorable señor Valente, quien se referirá en forma más concreta a nuestra posición en lo relativo al financiamiento del proyecto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Restan 20 minutos al Comité Comunista.
Tiene la palabra el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.-
Cuando el Ministro de Hacienda fue requerido en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, para que señalara a cuánto ascendía el costo del proyecto de reajustes del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, manifestó que no lo sabía, porque el Gobierno aún no terminaba de hacer los estudios y cálculos.
Adelantó, sin embargo, en líneas generales, tres alternativas de probable solución, cuyas diferencias están en el incremento del sueldo base imponible con otras asignaciones, en el mantenimiento de los quinquenios en las actuales condiciones o incorporados al sueldo base como remuneración fija, y en conservar o no conservar en la nueva remuneración fija algunas gratificaciones o sobresueldos que no son imponibles.
Según el Ministro de Hacienda, ninguna de estas tres fórmulas está afinada. Pero la alternativa más baja tendrá un costo que fluctuaría entre los 800 millones y los 850 millones de escudos, incluyendo en este costo el reajuste general correspondiente al año 1970.
Para financiar este gasto, el Gobierno plantea utilizar los recursos que consigna esta legislación específica, más les que rinda la ley de reajuste general y aquellos que se consignen en la ley de Presupuestos para el próximo año.
En el mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso un financiamiento por sólo 227 millones de escudos; en cambio, el proyecto fue despachado por la Cámara con un rendimiento de 355 millones de escudos, o sea, con 128 millones más.
El desglose de este financiamiento parcial, comparando los rendimientos del proyecto original con los del aprobado por la Cámara de Diputados, revela las siguientes fuentes de ingreso:
Artículo 3º.- impuesto extraordinario a las utilidades de los bancos. El texto del Ejecutivo daba un rendimiento de un millón de escudos; el aprobado por la Cámara lo aumentaba a 12 millones, incluyendo en este impuesto extraordinario a las compañías de seguros.
Artículo 4º: recargo de 10% sobre contribuciones de bienes raíces. El precepto original rendía 47 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 5°.- Fue incorporado al proyecto por la Cámara de Diputados. Consistía en un aporte extraordinario con cargo a las empresas de la gran minería del cobre y contribuía con 100 millones de escudos al financiamiento, contra cero de la iniciativa del Ejecutivo.
Artículo 6°.- aumenta algunas tasas del impuesto a la compraventa. Rendía 30 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 7°.- impuesto de 5% adicional a la compra de divisas. Rinde 25 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 8º.- aumenta la tasa del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Rinde 30 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas. Lo mismo sucedió con el mayor rendimiento del impuesto al gas licuado, que es de 10 millones de escudos, y con el aumento del impuesto a la renta sobre aquellas remuneraciones percibidas en moneda extranjera, que rinde 11 millones.
El artículo 11, que aumenta el impuesto a las participaciones de los directores de sociedades anónimas, rinde 5 millones, y fue mantenido también por las Comisiones unidas.
En cambio, el impuesto a las remesas en monedas extranjeras por concepto de regalías, "royalties" y pagos por asesorías técnicas, que no estaba incluido en el mensaje del Ejecutivo, fue incorporado en la Cámara, con un rendimiento de 10 millones de escudos. Lo mismo aconteció con el recargo de 20% sobre los impuestos provenientes de rentas imponibles mayores de veinte sueldos vitales anuales, que no estaba incluido en el mensaje y fue agregado en la Cámara. Este recargo producirá 75 millones de escudos.
El artículo 5º del proyecto del Ejecutivo aumentaba en 20% las tasas fijas de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, lo que daba un rendimiento de 60 millones de escudos. Fue suprimido por la Cámara y repuesto por las Comisiones unidas.
Por último, el artículo 9° propuesto por el Ejecutivo, que gravaba con un impuesto de 200 escudos a las personas que viajaran a países limítrofes, rendía 8 millones de escudos, y fue suprimido por la Cámara de Diputados.
Este proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, mantiene la misma línea y orientación reaccionaria que hemos conocido en anteriores financiamientos de reajustes. Se insiste una vez más en la aplicación de nuevos tributos que recaen en los asalariados, en los pequeños propietarios, en los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores.
El Gobierno gasta su esfuerzo en buscar recursos en las capas más desposeídas de la población; se dedica al "cachureo", a la cosa menuda, a obtener ingresos, por ejemplo, de las personas que necesitan tramitar un certificado de nacimiento, una cédula de identidad o cualquier otro documento emitido por el Servicio del Registro Civil e Identificación. Aumenta el impuesto a los bienes raíces, sin discriminar entre la gran propiedad, los que especulan con ella, y los pequeños propietarios que poseen una sola y modesta casa y viven habitualmente en ella. Para el Gobierno no hay diferencia, por ejemplo, entre la poderosa Sociedad de Renta Urbana, gran especuladora de la vivienda, y el empleado u obrero que ha invertido su jubilación y su desahucio el producto de todo su trabajo en adquirir una modesta casa para habitarla con su familia.
Se insiste en gravar a los consumidores más modestos y en eximir del pago de mayores tributos a los sectores más pudientes y a las empresas extranjeras.
Por iniciativa del Ejecutivo, las Comisiones unidas eliminaron el artículo 5°, que autorizaba al Presidente de la República para entregar un aporte de 100 millones de escudos con cargo a la participación del Estado en las empresas mixtas, y se repuso, a cambio, el aumento del impuesto a los timbres, estampillas y papel sellado, como ya expresé.
Las Comisiones de Hacienda y Defensa, unidas, del Senado, despacharon el proyecto con un rendimiento de 323 millones de escudos. De esta cifra, 138 millones corresponden a impuestos directos, algunos de los cuales están en estudio para su eliminación, según informaciones del Ministro de Hacienda. En cambio, los impuestos indirectos, como a los consumos, rinden 185 millones de escudos.
Esta política económica se mantiene inveteradamente hace años. Es la receta del Fondo Monetario Internacional, cuyas recomendaciones tienden a defender y favorecer a los inversionistas extranjeros y a los grupos financieros nacionales. Tal afirmación está reflejada en la estructuración de los presupuestos ordinarios de la nación de cada año, como paso a demostrarlo con las siguientes cifras extraídas de las leyes de presupuestos, del Servicio de Impuestos Internos y de los balances de la hacienda pública:
En 1960, los impuestos directos aportaron 13,5% del ingreso presupuestario; en 1967, alcanzaron a 23,3%, para bajar en 1968 a 22,4% y en 1969, a 21,8%.
En cambio, les impuestos indirectos contribuyeron, en 1960, con 76% de los ingresos, y en 1968, con 81,8% de las entradas presupuestarias.
Lo mismo ocurre con la tributación de las compañías de la gran minería del cobre, que tributaron en 1960 poco más de 88 millones de dólares, bajaron en 1961 a 67 millones de dólares, repuntaron levemente en 1962 hasta llegar a 78 millones, y bajaron de nuevo, en 1963, a 72 millones de dólares. Recientemente, en 1964, el tributo llega a poco más de 88 millones de dólares, nivelándose apenas a la tributación de 1960. En 1965, aumenta en cifras relativas a 107 millones; en 1966, a 178 millones; en 1967 se mantiene en 178 millones, para bajar de nuevo en 1968 a 174 millones de dólares. En porcentajes comparativos entre la tributación en dólares del cobre, sin hacer la conversión al correspondiente tipo de cambio, y el total de los ingresos presupuestarios, la relación es la siguiente: 1960, 10; 1961, 6; 1962, 5; 1963, 4; 1964, 3,8; 1965, 2,6; 1966, 2,8; 1967, 2,7. En 1988 sólo fue de 2, vale decir la quinta parte de la tributación que esas empresas pagaban en 1960, lo que demuestra que las compañías del cobre tributan cada vez menos al país. En 1969 se advierte un repunte a 7,7 puntos, que, en todo caso, no iguala siquiera la tributación de 1960.
Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para insertar en esta parte de mi intervención un cuadro sobre rendimiento de diversos impuestos, que confirma lo que estoy expresando.
El cuadro mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:
El señor VALENTE.-
La carga tributaria está, pues, injustamente repartida, y es el producto de un sistema anacrónico, discriminatorio y retrógrado, como lo hemos afirmado tantas veces.
Se impone una efectiva racionalización de las franquicias tributarias, muchas de las cuales son aprovechadas por los grupos financieros de mayor poder económico en su exclusivo beneficio. Somos partidarios de gravar con alta tributación las utilidades de los bancos particulares, de las compañías de seguros, de las empresas extranjeras y de los consorcios monopolistas, mientras no sean nacionalizados.
Las compañías de seguros nacionales y extranjeras, por ejemplo, obtuvieron ganancias líquidas por 80 millones de escudos en los últimos nueve años, con un promedio de casi nueve millones anuales, según el siguiente detalle:
Las compañías nacionales ganaron, en 1960, Eº 3.300.700; en 1961, Eº 4.082.100; en 1962, Eº 4.177.200; en 1963, 6.131.300 escudos; en 1964, Eº 7.415.100; en 1965, Eº 9.341.800; en 1966, Eº 10.813.800; en Eº 9.895.600, y en 1968, 20.417.000 escudos. Total: Eº 75.574.600. Las compañías extranjeras ganaron, entre 1960 y la suma de Eº 4.568.300.
Los bancos particulares, a su vez, entre 1960 y el primer semestre de 1969, tuvieron utilidades por más de 220 millones de escudos casi la suma de todo el financiamiento propuesto por el Ejecutivo para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de acuerdo al siguiente detalle: 1960, Eº 8.114.000; 1961, Eº 10.326.000 (27,2%); 1962, Eº 9.539.000 (17,5%); 1963, Eº 13.694.000 (68,7%); 1964, Eº 19.615.000 (141,7%); 1965, Eº 27.500.000 (238,9%); 1966, Eº 30.821.000 (279,8%) ; 1967, Eº 34.739.000 (328,1%); 1968, Eº 37.428.000 (261,2%)); y 1969 (primer semestre), Eº 28.561.000 (630%).
En la mañana de hoy, el Ministro de Hacienda ha anunciado la modificación del artículo que establece un impuesto extraordinario a los bancos particulares, para no hacerles tan oneroso este gravamen.
Por estas razones, no son justificadas las quejas permanentes y coincidentes de los Ministros de Hacienda cuando aseguran que no tienen de dónde obtener recursos para financiar los reajustes y cancelar las deudas que mantienen con las cajas de previsión en perjuicio del otorgamiento de mayores beneficios para los imponentes.
Los comunistas hemos planteado con insistencia, como medidas económicas de urgencia y de resultados positivos para el país:
1°.- La nacionalización del cobre, ahora, desahuciando los onerosos convenios con las empresas extranjeras, en especial en cuanto al aprovechamiento del sobreprecio de ese metal;
2º.- Nacionalizar la banca privada y las compañías de seguros, para que sea el Estado quien perciba las ganancias que producen estas actividades y para terminar con la concentración del capital financiero en manos de una clase social parasitaria, que fortalece su influencia económica y política y se aferra al poder, con gravísimas consecuencias para el país y los trabajadores;
3º.- Suspender el pago de la deuda externa por un período no inferior a tres años. Nuestro país debe disponer cada año de 47 millones de dólares para el servicio de esta deuda, lo que equivale a destinar más de 550 millones de escudos por año para cubrir tales pagos. Sólo este rubro la supresión del pago de la deuda externa permitiría financiar todo el proyecto que estamos estudiando;
4º.- Racionalizar de modo efectivo las franquicias tributarias y eliminar el "drawback". Ambos rubros constituyen una forma de trasvasijamiento de importantes recursos económicos estatales a favor de algunos grupos financieros. El caso más expresivo es el de las industrias pesqueras, que, porcentualmente, pagan menos impuesto que los obreros y empleados. La eliminación del "drawback" por sí sola permitiría al erario disponer de 220 millones a 250 millones de escudos por año.
5º.- Suprimir las remesas por pago de "royalties", regalías y asesorías técnicas, manteniendo sólo aquellas asesorías estrictamente indispensables para el desarrollo técnicoindustrial.
Nuestro país no puede continuar dándose el lujo de pagar subidos derechos por el uso de determinada marca extranjera. Camisas y otras prendas enteramente fabricadas en Chile, con mano de obra chilena y materias primas nacionales, deben pagar derechos de marca simplemente porque se dice que su modelo es, "Mac Gregor" o que su estilo deja a quien lo usa "como tigre". Esto cuesta al país alrededor de 30 millones de dólares al año, es decir, más de 350 millones de escudos, que pueden economizarse sin causar daño alguno a la calidad de los productos nacionales y a nuestra economía.
Hemos elaborado las indicaciones tendientes a sustituir, en el proyecto de reajuste que debatimos, aquellos artículos sobre financiamiento que gravan nuevamente los consumos, aumentan las tasas de impuestos de timbres, estampillas y papel sellado y recargan las contribuciones de bienes raíces discriminadamente.
Nuestras indicaciones reemplazan, por ejemplo, el artículo 6º, que grava con 16% de impuesto los consumos en bares, restaurantes y fuentes de soda; con 25% tanto algunas mercaderías estimadas suntuarias como otras de consumo o uso habitual, como los receptores de televisión, máquinas fotográficas, películas, aguardientes, sidras, etcétera, y con 16% los piscos y vinos, por un precepto que obligue a las empresas de la gran minería del cobre a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso por 200 millones de escudos, que deberán ser enterados en arcas fiscales antes del 30 de julio de 1970, préstamo cuyo servicio se iniciaría el año 1975.
Los artículos 8º y 9º, que aumentan en 50% los impuestos sobre timbres, estampillas y papel sellado que se pagan en notarías por la transferencia de bienes raíces, y modifican la aplicación del impuesto al gas licuado, respectivamente que en conjunto rinden 40 millones de escudos, los hemos reemplazado por una disposición derogatoria del "drawback", de modo que los 220 millones ó 250 millones de escudos anuales que destina el Gobierno para devolver impuestos a los exportadores quedarán en arcas fiscales para el financiamiento del reajuste a las Fuerzas Armadas y Carabineros y a los funcionarios del sector público.
Otra indicación de los Senadores comunistas dispone la suspensión del servicio de la deuda externa desde el 1º de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1973, lo que permitirá al Gobierno disponer, como ya lo hemos señalado, de 550 millones de escudos por año.
Consideramos que tal financiamiento, extraído de los grupos económicamente privilegiados, permitirá resolver bien el pago de los beneficios económicos a los personales civil y uniformado del país. Nuestras indicaciones proporcionan al erario recursos por más de 1.300 millones de escudos, sin sacrificar a los consumidores, a los modestos propietarios, al pequeño y mediano comerciante, industrial o agricultor ni a las capas de la población económicamente más deterioradas.
Tampoco el financiamiento que hemos propuesto es factor de activación del proceso inflacionista, sino que, por lo contrario, tiende al ordenamiento económico y a un trato tributario más justo.
En la discusión particular abundaremos en nuestras observaciones respecto del financiamiento.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para incorporar en la versión del discurso del Honorable señor Valente el cuadro estadístico a que hizo referencia.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Por mandato de mi partido, integro la Comisión de Defensa Nacional, lo cual me ha permitido participar en las Comisiones Unidas de esta Corporación para conocer del proyecto enviado por la Cámara y tratar en segundo trámite la iniciativa que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
A nuestro juicio, en un régimen democrático todos tenemos responsabilidades en la marcha del país. Este es un principio fundamental que debe prevalecer en una formal democracia y en un sistema de convivencia entre los poderes del Estado.
De allí que el proyecto que estamos conociendo mediante el cual, por la vía de las facultades especiales, se pretende legislar a favor de los miembros de las diversas ramas de la Defensa Nacional, incluyendo, como se sabe, a Carabineros e Investigaciones debe merecer nuestra preferente preocupación.
El grave problema económico que está viviendo el pueblo ha alcanzado también, con caracteres alarmantes, a los miembros de los Institutos Armados. En consecuencia, era lógico que el Congreso Nacional como lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, estudiara, juntamente con el Gobierno de la República, las disposiciones necesarias para mejorar la situación, con arreglo a 'los preceptos constitucionales y al libre juego democrático.
El Gobierno a mi juicio, en un afán hegemónico solicita facultades especiales para dictar, por medio de decretos, las soluciones que, a su modo de ver unilateral, deben imperar. Con ello niega la esencia de la democracia, al pretender la suma de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, a la vez, impedir a los diversos sectores del Parlamento expresar su opinión y enriquecer la legislación con la voz de la experiencia.
El Partido Radical no elude su responsabilidad en esta materia; pero ha considerado que no está bien otorgar facultades, porque ya tiene experiencia sobre el particular. Creemos que es aquí, en el Congreso, donde debe legislarse, y no ocultándose en los misterios de una oficina o encerrado en las cuatro murallas de una comisión tripartita que casi siempre ignora la realidad o las aspiraciones de los afectados. ¡ Ya tuvimos amargas experiencias!
Se han dictado muchas disposiciones y decretos con fuerza de ley para resolver los problemas que aquejan a las Fuerzas Armadas. Son muchos también los recursos con que se ha contado para ello. Sin embargo, cada día que pasaba, el problema se iba agravando, para terminar con la tardía sublevación de algunos oficiales que, caídos en la desesperación, alteraron el inconmovible rumbo y el sólido prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, felizmente no lesionado.
Lo sucedido en el Regimiento Tacna no es un hecho aislado, como mañosamente lo han presentado ante la opinión pública: se trata de la culminación de un proceso en el cual el Gobierno no deja de tener culpabilidad, según los antecedentes que, en la mañana de hoy, se han dado a conocer por diversos oradores.
Recordaba que en mayo de 1968, al término de la discusión de un proyecto de ley de reajuste, que bajo el número 16.840 se promulgó como ley de la República, se incorporó por la vía del veto aditivo y se aprobó sólo con un voto de mayoría, un artículo 16 sobre facultades especiales al Ejecutivo para modificar todo el régimen de vida de los Institutos Armados y de Carabineros, y aun sus regímenes previsionales.
El Partido Radical, junto a otras colectividades de Izquierda, se negó a dar facultades, aduciendo que no tenía confianza en la forma como se usarían. No obstante, el Gobierno logró el voto de mayoría, evitando en ese momento alteraciones constitucionales que se veían venir por la efervescencia y amargura que rondaban las filas de las Fuerzas Armadas. La intención de quienes entregaron estas facultades y las creo honestas era, evidentemente, la de conceder por ese medio a las Fuerzas Armadas y Carabineros una nueva escala de sueldos base que resolviera el problema económico y restableciera la tranquilidad pública y de las Fuerzas Armadas. Pese a que contaba con la herramienta legal para solucionar integralmente la situación, erradicando de paso el germen de indisciplina que corroía justificadamente a seres humanos que sufren impotentes la tragedia económica de todos los gremios o grupos que viven de un salario o de la entrega de su único capital, la capacidad de trabajo, el Ejecutivo se fue por las ramas y entregó soluciones de parche que muy pronto habrían de mostrar su deficiencia.
Junto a decretos con fuerza de ley que significaron cercenamiento de conquistas sociales logradas por los uniformados en servicio activo o en retiro, se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 3, que, en lugar de establecer una nueva escala de sueldos base que fue el espíritu de las facultades, entregó otro engaño más al conceder diversas gratificaciones y asignaciones y aumentar al mismo tiempo la bonificación profesional, de 35%, a 50%, a partir del 1º de septiembre pasado.
Pero esto no es todo.
¿Ha cumplido el actual Gobierno con la ley Nº 16.466? ¿Ha dado cumplimiento a la revalorización de pensiones? ¿Ha entregado aportes previsionales a la Caja de la Defensa Nacional o a la de Carabineros? ¿Se han puesto a disposición del Ministerio de Defensa Nacional todos los fondos asignados en la ley de Presupuestos para las Fuerzas Armadas y también en las leyes especiales vigentes? Son respuestas que exige el Partido Radical antes de conceder facultades al Presidente de la República.
Para nadie es un misterio que las planillas de reajuste de las Fuerzas Armadas se están calculando sobre la base de hacer imponible sólo el 70% de los emolumentos. Se dirá que es falso, pero la historia nos contará la verdad, si es que, desgraciadamente, no se impone el buen criterio de rechazar las facultades.
Queremos que las cosas se designen por su nombre. Aspiramos a que nada se oculte. Deseamos que no se culpe injustamente a nadie y que los verdaderos responsables sean conocidos en su exacta dimensión. Millones de ciudadanos están expectantes y esperan nuestro veredicto. El país está cansado de las inconsecuencias y desea conocer la proyección de las iniciativas; y aquí, en el Parlamento, están representados todos los sectores de la opinión pública.
Señor Presidente, estamos acordes con el señor Ministro de Defensa Nacional en el sentido de que las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y una profesionalización interna que no se asemeja a ningún otro organismo. Pero discrepamos en la apreciación de que la variedad y complejidad del sistema de remuneraciones del mencionado personal impidan la dictación de una ley directa sobre la materia.
Para pretender una solución, sin duda que en el proyecto debe abordarse en forma directa la situación de los sectores pasivo y activo, pues ambos no pueden ser tratados en forma independiente.
Si bien es cierto que las facultades solicitadas no significarán disminución de las actuales remuneraciones y que en su aplicación debe considerarse especialmente el mejoramiento de los grados cuyas rentas están más deterioradas, tenemos nuestras dudas y aprensiones. Asimismo, porque el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas tiene distorsiones que producen como efecto que algunos sectores en especial, los llamados mandos medios y algunos grados de la suboficialidad se encuentren más deteriorados que otros. Por eso, hay consenso en las tres ramas de la Defensa Nacional de ello tomaron conocimiento los miembros de las Comisiones Unidas de que no es posible mejorar sus remuneraciones con un criterio parejo y uniforme que beneficie en la misma medida a todo el personal.
Ahora bien, discrepamos en lo resuelto, primeramente, por la Cámara de Diputados y por las Comisiones Unidas en cuanto a que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal activo se efectúe en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972. Junto con el Honorable colega señor Miranda, militante de mi colectividad política, formulamos indicación para que ese aumento fuese pagado en el curso de 1970. Desgraciadamente tal indicación no prosperó; pero aprovecharemos la discusión del segundo informe para reiterarla.
Por otra parte, sí concordamos con el precepto que dispone que, en todo caso, el reajuste de pensiones por el año en curso no podrá ser inferior al incremento del índice de precios al consumidor. Igual resguardo se establece para el personal en servicio activo, ya que el aumento no será uniforme.
El Gobierno agregó que era indispensable establecer un aumento gradual de las pensiones, porque en caso contrario la mayor parte de los recursos que se destinen ésa fue la información del señor Ministro de Defensa a incrementar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas financiaría el reajuste de aquéllas. Es así como se nos entregó el cuadro signado con el número seis, donde se indica que la mayor parte del personal retirado se acumula en los grados altos, situación que nos dio a conocer exhaustivamente en la mañana de hoy el señor Ministro de Defensa Nacional.
Asimismo se nos informó que en 1969 se cagarán 962 millones de escudos por concepto de remuneraciones del sector activo y 888 millones por concepto de pensiones.
Sobre el particular debo decir que, según informaciones que se nos proporcionaron en la Caja de la Defensa Nacional, en el año en curso se pagarán al sector pasivo dependiente de ese instituto previsional 546 millones de escudos, 440 millones de los cuales son de cargo fiscal. Por su parte, para el sector pasivo de la Caja de Previsión de Carabineros se requieren 342 millones de escudos, y de ellos, 263 millones son de cargo fiscal. En consecuencia, por concepto de remuneraciones de ambos sectores, activo y pasivo, durante el año 1969, se cancelarán 1.840 millones de escudos.
Se nos informó también que en el sector pasivo de las Fuerzas Armadas hay tres grupos diferentes: el primero con más de treinta años computables para el retiro, está constituido aproximadamente por mil personas que tienen derecho a todas las remuneraciones que aparecen en el cuadro I; en seguida, los con más de años y menos de treinta computables para el retiro (son alrededor de 12 mil personas) sólo perciben como pensión las remuneraciones indicadas en las tres primeras columnas, es decir quinquenios, 20% imponible y 55% de bonificación profesional. Y, por último, los con más de 10 años y menos de 20, que alcanzan aproximadamente a 8 mil personas, cuyas pensiones fueron calculadas en los 30 avos respectivos y que están sujetos al sistema de revalorización de las mismas.
Asimismo, hay que tener presente que cuando fallece el causante, su sucesor sólo tiene derecho a 75% de la pensión respectiva, y en algunos casos, sólo a 50% de ella. De ahí que el Gobierno y el Ministro de Defensa manifestaran que el sistema de aumento gradual de las pensiones es indispensable para que el proyecto cumpla con sus finalidades esenciales. Ahí estamos en evidente discrepancia con el pensamiento del Ejecutivo.
Requerido el señor Ministro de Hacienda sobre los sueldos por fijar, expresó conceptos que en la mañana de hoy ha ratificado. En su oportunidad, mi Honorable colega, el señor Miranda, se referirá al financiamiento del proyecto.
¿Cuál ha sido la posición del Partido Radical en la discusión general de esta iniciativa? Ya manifestamos estar de acuerdo con ella, pero nos hemos reservado el derecho a formular las indicaciones que nuestra colectividad estime convenientes para mejorarla.
También hemos señalado que, con ocasión de una anterior delegación de facultades, el Ejecutivo dejó en situación desmedrada al sector pasivo de los institutos castrenses, hecho que consideramos más grave en el caso de los oficiales superiores, pues la iniciativa debió tomar los resguardos necesarios para que no se procediera en forma discriminatoria.
También dijimos que, por esos consideraciones y por no tener confianza en que las facultades especiales se aplicarán con sentido de justicia, las rechazamos con énfasis, al mismo tiempo que reiteramos nuestro anhelo de que se otorgue a las diversas ramas de la Defensa Nacional un reajuste adecuado y acorde con su digna misión de guardadores de nuestra soberanía y de la institucionalidad, que las hace acreedoras del afecto ciudadano.
Recuerdo que el año pasado, después de dictarse los diversos decretos con fuerza de ley autorizados por el artículo 16 de la ley 16.840, ocupamos esta tribuna para manifestar la inquietud y el desagrado de ciertos sectores por la forma como habían sido despachadas esas facultades.
En esa oportunidad expresé lo siguiente: "Cuando se produjo justa efervescencia en los institutos armados por las misérrimas remuneraciones que recibían por sus servicios profesionales, quisimos dar facilidades al Ejecutivo para que mediante un veto especial, tuviera la posibilidad de mejorar las rentas de los servidores de la Defensa Nacional y de Carabineros". Más adelante agregué que "el Ejecutivo envió una disposición muy amplia, respecto de la cual, tras haber sido aprobada indiscriminadamente por la mayoría obediente de la Cámara de Diputados no cabía mucha discusión en el Senado a menos de perjudicar a los sectores que se pretendía favorecer."
Y agregué: "Con todo, hicimos serias advertencias en el sentido de que la facultad que se concedía en ese instante y a cuya aprobación no concurrimos nuestra actitud fue de abstención contrariaba la costumbre del Congreso de conocer toda la proyección de las iniciativas, y llevaba implícito el deseo de que por esa vía no se lesionaran los derechos adquiridos y que, por lo contrario, se procurara un mejoramiento integral incluyendo a los sectores pasivos de la Defensa Nacional.
"Quiero recordar que, en la sesión de 18 de mayo de 1968, al tratarse esta materia, en representación de los Senadores de estas bancas el Honorable señor Bossay manifestó lo siguiente:
"No pretendo analizar ahora en detalle el problema de las Fuerzas Armadas. Sólo espero que los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Defensa Nacional tengan la gentileza de informar responsablemente al Parlamento, aunque sea en una sesión secreta, en forma detallada de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Tal petición la formulo en nombre de los Senadores radicales." Por supuesto, esta sesión no se celebró, ni tampoco la que solicitamos hace unos días en una reunión de Comités, presidida por el señor Vicepresidente del Senado, con el fin de que se invitara a esos mismos Ministros para estudiar los últimos acontecimientos militares. Continuamos esperando la celebración de esa sesión secreta de esta Corporación.
A continuación, el Honorable señor Bossay expresó lo siguiente: "Las tres veces que se ha planteado este problema en el Senado, nadie se ha opuesto a reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas." Y agregaba: "La verdad es que nos hemos adelantado a plantear el problema. Varios Senadores, no sólo de un partido en el caso nuestro, el Honorable señor Aguirre Doolan y el que habla, hemos tratado el asunto en distintas oportunidades. Incluso hemos sugerido la posibilidad de desglosar lo relativo a las Fuerzas Armadas para que pudiera ser despachado con mayor celeridad."
En consecuencia, cuando nos abstuvimos de conceder esas facultades en la ley 16.840, tuvimos aprensión en el sentido de que no se satisfarían las aspiraciones de las Fuerzas Armadas, tanto del sector activo como del pasivo. Por desgracia, los hechos posteriores han corroborado nuestra inquietud y demostrado que ella no obedecía a reacciones histéricas, sino sencillamente a nuestra convicción de lo que sucedería con posterioridad.
En la sesión de 28 de agosto a que me estoy refiriendo, dije que "al conocer la opinión pública el estatuto elaborado, tenemos la obligación de denunciar y ocuparnos sobre el deterioro que sufrirán las pensiones de retiro y montepíos de la Defensa Nacional y su marginación casi absoluta de los beneficios que otorgan los decretos con fuerza de ley dictados en uso de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo muy a nuestro pesar, en la ley 16.840."
Más adelante agregué:
"Queremos destacar el menosprecio que el Gobierno hace a los pensionados y montepiados del digno sector de la Defensa Nacional. Deseamos también dejar sentada nuestra protesta por los enormes daños que está causando en el patrimonio de este grupo social integrante de nuestra clase media, a la cual la Democracia Cristiana está desposeyendo poco a poco de sus derechos previsionales.
"Antes de entrar en la materia específica objeto de mi intervención, permítaseme recordar que la Convención del Trabajo de Ginebra, de la cual Chile es signatario, en su declaración de los derechos sociales, determinó que la previsión es un derecho de esa naturaleza. Sentado este precepto de derecho universal, que a todos los pueblos interesa ampliar y perfeccionar en cuanto sea posible, para asegurar una mayor cuota del bienestar a sus ciudadanos, tenemos el deber de llamar la atención del Gobierno por el incumplimiento de estos sanos principios, al ir restringiendo paulatinamente los derechos previsionales en todos los grupos sociales de la vida nacional." Luego expresé lo siguiente: "Queda bien en claro, pues, que la previsión es un derecho social y no una dádiva concedida graciosamente por los Gobiernos cuando lo desean o que niegan cuando están dispuestos a ello."
Los Senadores de estas bancas estimamos que si estas facultades son aprobadas, el Gobierno debe obligarse a no deteriorar los actuales beneficios de que goza el personal pasivo de las Fuerzas Armadas. Tanto el Gobierno como el Congreso de los años 1940 a 1957 respetaron esos sanos principios y no causaron daños irreparables a las pensiones de esos ex servidores.
Más adelante, agregué en mi exposición: "A partir de la promulgación de la ley Nº 12.428, de enero de 1957, se comienza a discriminar contra las pensiones, rebajando los porcentajes quinquenales a los pensionados con menos de 25 años de servicios. Estas medidas se llevaron al extremo de que en la actualidad es tal la confusión, que son muy escasos los técnicos que pueden precisar los verdaderos derechos de cada cual. Han sido inútiles los esfuerzos de los dirigentes gremiales por obtener que se simplifique su previsión. El Gobierno se mantiene sordo a ello y, como una prueba de su desconocimiento del problema, dice que se da solución y hace aprobar el artículo 14 de la ley Nº 16.840, que crea el Fondo Nivelador de Quinquenios, financiado por los propios jubilados con la primera diferencia de todo aumento anual, lo que determina que durante 1968 la recuperación será, por lo menos, de 20%. Así, pues, los propios interesados pagarán un aumento de 20% este año, sin que exista financiamiento para ningún reajuste posterior."
Todo lo anterior lo hemos podido apreciar con motivo de las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo por el artículo 16 de la ley 16.840. A mi juicio, aquél no las usó para llevar tranquilidad al sector activo de las Fuerzas Armadas ni tampoco al pasivo, y ello nos obliga a rechazar la delegación que ahora se solicita, no obstante comprender la inquietud de todos los sectores asalariados del país. Estimamos mucho más conveniente legislar en forma directa y con la agilidad que siempre ha caracterizado a los parlamentarios para estudiar cualquier iniciativa que satisfaga los anhelos y resuelva los problemas de todos los sectores, tanto de los en actividad como de los acogidos a retiro. A nuestro juicio, las remuneraciones de estos últimos son reducidas. Conforme a las últimas resoluciones adoptadas al respecto, fueron disminuidas las pensiones de quienes no tenían treinta años de servicios, por tratarse generalmente de ex funcionarios con pocos quinquenios y que no gozaban de bonificación profesional ni de otros beneficios.
Terminaré aquí mis observaciones, pues, de acuerdo con una resolución de nuestro partido, el Honorable señor Miranda se referirá al financiamiento de la iniciativa. Si después de su intervención restara tiempo a nuestra colectividad, me haré cargo de algunas imputaciones hechas a la labor del Congreso y el Gobierno en estos últimos treinta y tantos años, de parte de un ex oficial de las Fuerzas Armadas y ex Ministro de la Corte Marcial sobre aseveraciones inexactas que vale la pena aclarar con la mayor brevedad.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical, ofrezco la palabra al Honorable señor Miranda.
El señor MIRANDA.-
¿Cuántos minutos restan a nuestro Partido?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Veintisiete, señor Senador.
El señor MIRANDA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Aguirre Doolan ha expuesto con claridad el pensamiento de nuestro partido con relación al proyecto de ley en virtud del cual se resuelve, por vía legislativa, el problema del mejoramiento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. El Gobierno pretende por medio de una delegación de facultades, dar satisfacción a las justas aspiraciones de esos personales.
Como dijo el Honorable señor Aguirre Doolan, nuestra colectividad está consciente de la necesidad imperiosa de otorgar tales beneficios. Todavía más: ha demostrado, recurriendo a documentos legislativos, cómo personeros de nuestra colectividad política los Honorables señores Bossay y Aguirre Doolan han dejado constancia, en diversas oportunidades, de la necesidad de abocarse de una vez por todas a resolver tal problema.
El año pasado el Congreso Nacional otorgó similares facultades al Ejecutivo para afrontar esta misma materia. Los hechos son mucho más elocuentes que todo cuanto podamos decir en el sentido de que su aplicación no condujo a la solución que todos anhelábamos. Por lo contrario, los afectados han debido asumir actitudes, respecto de las cuales ya hemos expresado nuestro pensamiento oficial, para exigir al Ejecutivo, cada vez con mayor énfasis, la solución definitiva del problema.
Por tales razones, ahora somos contrarios al otorgamiento de facultades extraordinarias. La experiencia tan cercana nos señala que la situación no se ha resuelto como el país esperaba.
Me referiré en forma muy breve al financiamiento de la iniciativa.
Se ha hecho cuestión a mi juicio, con razones fundadas en el sentido de que el financiamiento propuesto no es adecuado o completo, sino muy relativo e insuficiente, y que además será adicionado con recursos de la ley de Presupuestos para el próximo año y del proyecto general de reajustes de remuneraciones. Inclusive, el propio señor Ministro de Hacienda lo reconoció en las Comisiones Unidas y en la Sala.
De acuerdo con las razones que dio el señor Ministro, podría parecer, desde el punto de vista formal, cumplida la norma de la Constitución Política que exige despachar debidamente financiados los proyectos de ley que signifiquen gastos. Lo anterior se corroboraría por el hecho de que el gasto que irrogará la iniciativa no está aún determinado. Sin embargo, conviene dejar constancia de que tal procedimiento no es el más adecuado para cumplir con la norma constitucional en referencia. No lo es, porque la aprobación de facultades tan amplias respecto de gastos que en este instante el legislador no está en situación de calcular, podría abocarnos a enfrentar hechos consumados como ocurrirá y a aprobar con posterioridad la proposición de aumento que se consigne en la ley de Presupuestos.
Con relación al proyecto en estudio, el Ejecutivo no encontrará tropiezos cuando se discuta la iniciativa de ley de Presupuestos para el próximo año o la de reajustes, a fin de adicionar o completar el financiamiento requerido en esta oportunidad. Sin duda, el sistema de financiamiento propuesto es inadecuado, y el Gobierno, con el andar del tiempo, podrá verse abocado a inconvenientes insuperables.
¿Cuál es el costo del reajuste?
El señor Ministro de Hacienda fue muy claro en la mañana de hoy. Dijo que el proyecto no tiene costo determinado, porque éste dependerá del criterio que en definitiva aplique el Gobierno al hacer uso de las facultades otorgadas mediante el proyecto de ley en estudio. Sin embargo, Su Señoría anticipó, tanto en las Comisiones unidas como en la Sala, que son tres las fórmulas, sistemas, alternativas o criterios que podrían aplicarse.
Parece que el Ejecutivo, por lo que sostuvo el señor Ministro, piensa simplificar el actual régimen de remuneraciones. Aplaudimos esta especie de compromiso que adquieren el Gobierno y su Ministro de Hacienda.
Después de conocer el actual sistema de remuneraciones de los personales activos de las Fuerzas Armadas, ha quedado de manifiesto que él no es tan engorroso, como se ha sostenido ni siquiera complejo, sino inadecuado. Se trata de un régimen en virtud del cual se consideran el sueldo base, los quinquenios y diversos tipos de gratificaciones y asignaciones, desde la de rancho hasta otras que dicen relación al aspecto propiamente profesional de los distintos personales de ese sector.
Lo hicimos presente en las Comisiones unidas y volveremos sobre la materia cuando se estudie el segundo informe. Tememos mucho que, en el proyecto que actualmente estudia el Gobierno para mejorar las remuneraciones del Poder Judicial como ha ocurrido con otros sectores de la administración civil del Estado, se insistirá sobre el particular: se ha creado un sistema de remuneraciones en virtud del cual, con el objeto de aumentar las rentas y satisfacer las justas aspiraciones de los diversos personales, se establecen para esto, la imaginación humana no tiene límites distintas asignaciones y gratificaciones, que distorsionan el régimen existente, con la consecuencia inmediata de que se aleja cada vez más el rubro de las pensiones y montepíos con relación a los sueldos del personal en actividad.
Sobre el particular, el señor Ministro de Defensa aceptó la proposición de refundir los artículos 14 y 15 del proyecto, lo cual significa un compromiso del Gobierno en el sentido de que en lo futuro no se introducirán modificaciones respecto de los sistemas de rentas que afecten de manera directa al sector pasivo. De modo que el Ejecutivo acepta el compromiso, y se deja expresa constancia en la norma positiva, de que, como dije, no se enmendarán esos sistemas con perjuicio para los personales pasivos y el sector de montepiados.
El costo del proyecto podrá variar entre 850 millones y 1.100 millones de escudos, aplicando una primera fórmula en virtud de la cual se refundirán en un sueldo único diversos rubros de remuneraciones, eliminándose otras asignaciones, con la sola excepción de la de rancho.
Otra alternativa consiste en formar un sueldo único, con exclusión de la asignación de rancho y manteniendo el régimen de quinquenios. Su costo no está ponderado. Es de esperar que, en su oportunidad, el señor Ministro de Hacienda dé a conocer una cifra aproximada respecto del costo de la segunda alternativa.
Por último, la tercera fórmula consiste en la fijación de un sueldo base, con quinquenios aparte y con una bonificación proporcional diferenciada, manteniéndose de todas maneras en forma independiente la asignación de rancho.
En suma, según sea la alternativa que el Ejecutivo elija definitivamente, el costo del proyecto variará entre 850 millones y 1.100 millones de escudos, de acuerdo con los datos que pudimos recoger en el curso del debate en las Comisiones Unidas.
¿Cuál es el financiamiento del proyecto?
Se consignan alrededor de once fuentes de recursos. La mayoría de ellas como se ha sabido, con la sola excepción de un gravamen nuevo ascendente a 50% y aplicable a las utilidades de los bancos y las compañías de seguros, consiste en aumento de tasas de actuales impuestos. Se mantiene el gravamen extraordinario a los bienes raíces, de la primera y segunda series, exceptuándose, con justificada razón, a las provincias afectadas por la sequía: zonas de Atacama y Coquimbo y algunas comunas de las provincias de Aconcagua y Valparaíso. Además, se establece un impuesto adicional de 5% sobre las ventas de monedas extranjeras; incremento de tasas sobre el impuesto de transferencia de bienes raíces, con la salvedad hecha; un impuesto único de 27% aplicable a las ventas de empresas productoras de gas licuado; impuesto de segunda categoría sobre las rentas percibidas en moneda extranjera; aumento de 10% en el impuesto de segunda categoría que grava a las rentas de directores de sociedades anónimas; establecimiento de un impuesto de 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras por concepto de regalías, "royalties" y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales y jurídicas, lo cual debo reconocerlo también es una novedad de la iniciativa, no obstante las reservas hechas al respecto por el Ejecutivo. Se consigna, además, un recargo de 20% sobre las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, en la parte que exceda de esa cifra, no pudiendo sobrepasar en ningún caso del 75% de la renta imponible. Por último, se repuso un aumento de 20% sobre las tasas fijas de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, exceptuadas las que gravan las actuaciones judiciales. La Cámara rechazó tal incremento.
Como puede apreciar el Senado ya lo hizo presente un Honorable colega, en materia de financiamiento, el proyecto no contiene novedades apreciables, salvo las dos que he señalado.
A nuestro juicio, el Gobierno tuvo la oportunidad la tendrá también cuando estudie el proyecto general de reajustes y el de Presupuestos; más bien en el primero de revisar de una vez por todas la actual legislación que concede, en forma tan generosa y amplia, franquicias tributarias de todo orden. En numerosas oportunidades se ha hablado sobre la materia en el Congreso Nacional. Son muchos los Ministros de Hacienda que se han referido a ella y prometido su acción, a fin de revisar en definitiva tal régimen.
También deseo referirme a un recurso que se incluyó en la Cámara y que fue rechazado con nuestros votos en las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda. Es el que establece que el Presidente de la República podrá destinar anualmente la suma de 100 millones de escudos para el financiamiento de esta ley con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por su participación en las sociedades mixtas del cobre.
Se ha informado en forma equivocada por algunos órganos de prensa que se trataría de un impuesto nuevo a las empresas productoras de cobre. No hay tal. El artículo no ha consignado un nuevo impuesto a esas empresas. Sólo autoriza, como claramente se desprende de su lectura, al Presidente de la República para destinar hasta 100 millones de escudos al financiamiento de esta ley en proyecto, con cargo al ingreso fiscal por concepto de participación del Estado en las sociedades mixtas.
Fuimos contrarios a esta norma por dos razones, En primer término, porque una sana doctrina financiera y una buena práctica aconsejan no financiar gastos permanentes con recursos extraordinarios. Todos los sectores del Congreso, en alguna medida, han concordado con esta tesis. El señor Ministro de Hacienda, como es lógico, reiteró responsablemente la clara y firme posición del Gobierno de no aceptar este tipo de financiamiento. Inclusive, en las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional sostuvo que, de aprobarse el precepto a que me estoy refiriendo, el Ejecutivo no utilizaría los 100 millones de escudos. En consecuencia, se trata de un financiamiento absolutamente artificial.
Aparte esta consideración de orden general, nos ha movido a rechazar el artículo el hecho de que la norma contenida en él, tal como está redactada, amenaza seriamente a las provincias productoras de cobre con el grave riesgo de una disminución de los recursos por concepto de impuestos, ya que aquéllas, como es sabido, financian con éstos algunas obras extraordinarias.
Como representante de una de esas provincias, la de Atacama, que basa gran parte de sus aspiraciones de obtener mayor desarrollo económico con los recursos provenientes de los fondos del cobre fijados por ley, me he opuesto a ese precepto por las diversas razones señaladas.
Asimismo, la norma amenaza a diferentes instituciones, como la Universidad de Chile, la Universidad del Norte y otras que también se financian en parte importante con los recursos del cobre.
Estas, y no otras, han sido las consideraciones tenidas en vista para oponernos al precepto en referencia.
Indudablemente, si en el segundo informe se aprobara un texto mejor redactado, que dejara a salvo la situación de las provincias productoras de cobre y de los otros organismos citados, no nos opondríamos a realizar un nuevo estudio sobre la materia. Mas para que ello pudiera acontecer sería indispensable la concurrencia de la voluntad del Gobierno, porque de otra manera se estaría aprobando una norma aparente en el orden financiero.
En suma, pensamos que el Ejecutivo ha presentado un proyecto sin financiamiento adecuado, quizás por la premura en su elaboración, no obstante que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda han declarado que es una antigua preocupación del Gobierno.
Tenemos la mejor disposición para estudiar los sistemas que el Gobierno proponga en esta materia. Sin embargo, echamos de menos, como lo hemos dicho claramente en estos pocos minutos, algunos recursos más adecuados que entrañen un efectivo financiamiento.
Como lo ha señalado el Honorable colega señor Aguirre Doolan, nos reservamos el derecho de formular las indicaciones que nos parezcan convenientes tanto en el aspecto tributario como en el sustantivo del proyecto.
En todo caso, desde ya decimos que defenderemos los intereses del sector pasivo, de los jubilados y montepiados.
Estimamos que la indicación formulada por el Honorable señor García, por ejemplo afortunadamente fue rechazada en las Comisiones Unidas, creaba una situación todavía más incierta al personal pasivo. El señor Senador propuso facultar al Ejecutivo para fijar los plazos y las condiciones en que serían pagados las pensiones de jubilación y los montepíos. El precepto que en definitiva se aprobó fija los años 1970, 1971 y 1972 como plazos para efectuar esos pagos.
Junto con los Honorables señores Allende, Rodríguez y otros, impugnamos la indicación del Honorable señor García, por considerar que ese pago debe hacerse necesariamente en 1970.
Asimismo, en la discusión particular insistiremos en la mantención del actual sistema previsional, porque no podemos aceptar la redacción del proyecto que concede facultades demasiado amplias al Ejecutivo para modificar los regímenes de previsión vigentes para las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
De la misma manera, formularemos indicaciones relativas al personal de Carabineros, de Investigaciones y del personal docente de las Fuerzas Armadas. Respecto de este último, el Ejecutivo no ha cumplido obligaciones que él mismo se impuso en virtud del decreto con fuerza de ley que le otorgaba facultades en ese sentido, dictado el año recién pasado.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.-
Señor Presidente, forzados por circunstancias que les son ajenas, los partidos de Oposición y el Parlamento mismo se ven obligados a legislar sobre esta materia contra el tiempo, de manera urgida, sin poder siquiera determinar, por el acuerdo derechista democratacristiano de conceder facultades al Gobierno, los alcances precisos de esta legislación.
Los socialistas empezamos por decir, en consecuencia, que no nos compete responsabilidad alguna en el descalabro de una política pasada frente a las Fuerzas Armadas ni los vacíos y errores que puedan cometerse en el futuro al aplicarse esta delegación de facultades. La experiencia inmediata y las proyectadas soluciones para enfrentar la crisis político militar ya conocida, corresponden fundamental y exclusivamente al Gobierno de la Democracia Cristiana.
Para expresar nuestra opinión, los socialistas no esperamos el desenlace peligroso de la crisis ya conocida en las Fuerzas Armadas. Por el contrario, oportunamente y en más de una ocasión fijamos nuestro pensamiento sobre la materia, reiterando, cada vez, que todo lo que ocurriese en aquellos institutos no representaba una especie de tabú para los socialistas, para los efectos de analizar con entera franqueza y honestidad sus consecuencias ante la opinión pública.
No podía ser de otra manera, puesto que la vida contemporánea ha cuestionado todos los valores y el carácter inmutable de las instituciones tradicionales. Así lo dijimos cuando enjuiciamos el carácter de clase y de instrumento comprometido con la burquesía dominante del Poder Judicial chileno, en severo examen realizado a raíz de nuestra acusación a la Corte Suprema.
Así ha ocurrido también en el enfoque crítico que socialistas y fuerzas revolucionarias en general han hecho del papel que deben jugar en el futuro las viejas universidades, al servicio del pueblo y de la comunidad entera, en un promisorio proceso de reforma que ha sacudido hasta sus cimientos las estructuras de la enseñanza superior.
La propia institucionalidad vigente ha sido objeto de nuestro análisis crítico tanto en la pasada administración como en la actual, cuando erradamente se ha concebido la crisis chilena como un simple vacío de atribuciones de un poder presidencial que ya es cesarista, omnipotente y personal, sin llegarse a promover los verdaderos y profundos cambios que ensanchen la democratización real y la participación popular en lo más hondo de la base social de los trabajadores.
La vida contemporánea, que conlleva el reclamo por los cambios verdaderos y la ruptura con el régimen capitalista, estremece los soportes, hasta ayer inconmovibles, de la milenaria Iglesia Católica. La propia autoridad papal, hasta ayer inapelable e infalible, con todo el peso de su rigor anticientífico, es puesta ya en tela de juicio por amplios y esclarecidos sectores eclesiásticos y el pensamiento cristiano en general.
El Partido Socialista y las Fuerzas Armadas.
En el caso chileno, concretamente en el proceso de crisis que afectaba a nuestras Fuerzas Armadas, los socialistas oportunamente y con mucha anticipación a los hechos ocurridos el 21 de octubre, dijimos:
"Las Fuerzas Armadas no son un compartimiento estanco separado del resto del país, no son un cuerpo extraño y ajeno a la vida nacional. Las conmociones que nuestra patria experimenta, las afectan también a ellas, por mucho que el formalismo legalista quiera marginarlas artificialmente de la vida de un pueblo, del cual se nutren y cuya soberanía y dignidad nacionales deben cautelar y defender. No nos extraña, entonces, que las estrecheces económicas que padecen los que en ellas laboran, le inquieten y preocupen. No nos extraña por tanto, tampoco, que el proceso de total redefinición política que vive el país y las transformaciones que experimenta, se manifiesten en ellas en una sana preocupación por el destino que los institutos armados habrán de tener en la hora en que la lucha en Chile, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, se va convirtiendo cada vez más en el eje de todo nuestro proceso político.
"Por una parte, en las Fuerzas Armadas se refleja, a través de la búsqueda de su papel en esta sociedad de transición, el antagonismo y la tensión entre quienes desean utilizarlas fundamentalmente como un cuerpo policíaco represivo, destinado a detener por la violencia el legítimo descontento de las mayorías nacionales frente a su deteriorada situación, y quienes se esfuerzan por insertarlas de manera constructiva y moderna, al servicio de los grandes ideales de emancipación social que cada vez más comparten los trabajadores y las masas de nuestro país.
"Los primeros son los que quieren que las Fuerzas Armadas jueguen el rol de gendarmes al servicio del injusto orden establecido y que buscan para nuestro Ejército el modelo de los "gorilas" argentinos y brasileños, cuya gestión ha precipitado a dos grandes naciones hermanas al desgobierno, a la anarquía y a una brutal persecución contra los trabajadores. Estos son los mismos que quieren ligar cada vez más estrechamente a nuestras Fuerzas Armadas al aparato supranacional del Pentágono, que intenta crear a escala continental una estructura armada reaccionaria, que, divorciada del interés de nuestros pueblos, se coloque al servicio de los objetivos estratégicos y políticos del imperialismo norteamericano.
"Los segundos son los que, reaccionando en contra de estos intentos de politizar de manera torcida su misión en favor del antiChile y del antipueblo, aspiran a que las Fuerzas Armadas se decidan a asumir un papel coincidente y convergente con el de aquellas fuerzas políticas y sociales que luchan, como lo hicieron el pasado siglo los padres de la patria, por asentar la independencia y la soberanía del país, recuperando para Chile sus riquezas básicas ; adoptando una digna e independiente política internacional, latinoamericanista y bolivariana, de amplia solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas; una política interna que se dirija a colocar nuestros recursos y potencialidades humanas y financieras racionalmente ordenadas, al servicio del pueblo todo, y para construir una nueva sociedad.
"Esta contradicción y este antagonismo, que es el que tiene que afrontar y decidir Chile, objetivamente compromete también a nuestros institutos armados. Y estamos ciertos de que por sobre quienes quieren atarlos a la defensa de un sistema caduco y convertirlos en destacamentos represivos que maneje el capitalismo internacional y sus agentes criollos, sabrá predominar el espíritu patriótico, popular y revolucionario que embarga a todo el pueblo y no de la oligarquía, que defienden nuestra bandera y no la de los Estados Unidos, y que tiene por meta servir a Chile y no al imperialismo."
El Gobierno pide solidaridad no merecida.
La conducta de principios del Partido Socialista, reiterada en el momento culminante de la crisis a raíz del motín del Tacna, pretendió ser groseramente deformada y tergiversada por voceros del Partido de Gobierno.
No fuimos a La Moneda porque no quisimos ser insinceros con nosotros mismos apareciendo como defensores de una institucionalidad burguesa que condenamos y de una política económicosocial del Gobierno que había probado su fracaso hasta la saciedad. Por otra parte y tal como lo preveíamos, la interpretación del carácter que tuvo la entrevista de otros partidos y organizaciones que concurrieron en esos momentos a informarse a La Moneda, fue luego tergiversada por la cadena nacional de radio y televisión, manejada por el Gobierno, expresándose que se había ido a solidarizar con su política.
La obligada aclaración posterior del señor Frei fue demasiado tardía para desvanecer la especulación política de los primeros instantes.
Por otra parte, en esa hora el Gobierno pedía la unidad de los trabajadores en defensa del régimen, en circunstancias de que toda la filosofía de su política laboral proyectada en el campo obrero fue siempre echar las bases de su división mediante el paralelismo sindical, que logró incluso imponer por ley en el sector agrario.
En esos minutos graves el Gobierno se acordaba de solicitar el apoyo obrero, en circunstancias de que no podíamos olvidar su crueldad esgrimida en contra de los trabajadores al masacrarlos en El Salvador, en Santiago y en Puerto Montt.
Ahora pedía solidaridad a los Poderes Públicos, en circunstancias de que cuando el Senado, ejerciendo expresas facultades constitucionales, le negó el permiso para viajar a Estados Unidos, el señor Frei, como Dios amenazante, citó a La Moneda a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y desde la Plaza de la Constitución expresó sus deseos de disolver el Congreso.
El señor HAMILTON.-
Eso no es efectivo. No lo hizo.
El señor RODRÍGUEZ.-
¿Con qué títulos podía este Gobierno pedir una solidaria defensa al Partido Socialista y a la clase obrera, en circunstancias de que nosotros hemos estado de turno en su obstinada política represiva?
Socialista fue el primer campesino masacrado por este Gobierno en el fundo "Los Cristales", de Curicó; socialista fue el último obrero acribillado por la represión en San Miguel.
Socialistas fueron no pocos mineros y pobladores masacrados en El Salvador y en la pampa de la muerte de Puerto Montt.
Gran parte de los presos y procesados por la ley de Seguridad Interior del Estado han sido y son militantes del Partido Socialista.
Los únicos parlamentarios despojados del limpio fuero que les entregó el pueblo, son mandatarios socialistas.
¿Qué solidaridad podía esperar el Gobierno de los miles y miles de maestros, trabajadores de Correos y Telégrafos, personales de la Salud, funcionarios de la Línea Aérea Nacional, todos ellos largamente tramitados y engañados de igual manera que las Fuerzas Armadas?
¿Qué solidaridad podía pedir a los obreros de SABA, condenados injustamente a penas que varían entre 10 y 20 años de cárcel por delitos que jamás han cometido?.
Por eso los socialistas, al compartir la movilización de la clase obrera, la paralización de fábricas, centros de trabajo y faenas estratégicas, lo hacíamos para detener cualquiera salida golpista reaccionaria y para que la Central Única de Trabajadores hubiese impuesto sus propias condiciones en materia de política de reajustes de sueldos y salarios e impedir la aprobación de reformas constitucionales lesivas a gremios y sindicatos.
En suma, la movilización de la clase obrera no podía ser para defender un civilismo trasnochado, sino para imponer una política de clase y reiterar una conducta de principios desde el punto de vista socialista.
La vacancia política.
El Partido Socialista, en declaración hecha el mismo día 21 de octubre, planteó la existencia de una situación de "vacancia política" que amenazaba llevar al país al caos.
Nuestra apreciación fue perfectamente justa y acertada.
Existe "vacancia política" cuando un Gobierno o sea, el poder político por excelencia, frente a hechos de tan extrema gravedad como fueron y son los que se habían venido produciendo en las Fuerzas Armadas desde mayo del año pasado, fecha en que fue reemplazado el ex Ministro de Defensa Nacional señor Juan de Dios Carmona por el General Tulio Marambio ambos incapaces, precisamente con el objeto de dar solución a los agudos y urgentes problemas, se manifiesta incapaz, luego, de satisfacer tales demandas, con tan manifiesta como prolongada inepcia y frivolidad. Durante año y medio el Gobierno tramitó a las Fuerzas Armadas y ocultó a la opinión pública estos dramáticos hechos. Este estado de cosas, sea causado por una incapacidad abismante del Poder Ejecutivo, por negligencia culpable, o por grave irresponsabilidad, configura una situación que no tiene otra denominación que "vacancia política".
Existe "vacancia política" cuando un régimen, por boca del Presidente de la República, acusa al movimiento militar ocurrido el 21 de octubre de "subversivo", de estar en "abierta rebelión contra la autoridad y los Mandos Militares y contra el régimen legal y democrático", y no puede proceder en concordancia con tan gravísima imputación. Y, aún más, posteriormente debe retractarse de los cargos efectuados, ya sea por impotencia para mantenerlos o por la falsedad que ellos envolvían.
Existe "vacancia política" cuando un Gobierno llama al pueblo a defenderlo de un presunto golpe de Estado y a este llamado sólo acuden un número reducido de ciudadanos y unos cuantos camiones basureros.
Existe "vacancia política" cuando un Poder, como el Ejecutivo, se ve enfrentado a la gravísima inconsecuencia que importa, por una parte, ordenar a las Fuerzas Armadas proceder a sangre y fuego en contra de obreros, campesinos, pobladores, juventud y estudiantes, y, por otra parte, llamar a esos mismos obreros, campesinos, pobladores y estudiantes detenidos, torturados y perseguidos, a que lo defiendan de las Fuerzas Armadas empleadas por él para reprimirlos.
Existe finalmente "vacancia política" cuando el Gobierno del señor Freí se ve forzado a entregar una solución improvisada y al margen de los organismos constitucionales como respuesta a] petitorio planteado por la oficialidad de los Institutos" Armados, con el fin de impedir efectos que pudieron y debieron ser evitados si aquél hubiera aprovechado responsablemente las facultades que en dos ocasiones durante este período presidencial le delegó el Congreso y que le permitían resolver las aspiraciones de las Fuerzas Armadas.
Por mantener insisto esta actitud de principios, fuimos acusados de golpistas. Pero a esa afirmación mentirosa respondemos, una vez más, que el eje y pivote central de la estrategia socialista no es estimular el aventurerismo golpista, sino incentivar una generosa y definida unidad revolucionaria del pueblo de Chile y sus destacamentos políticos y sociales más maduros y consecuentes.
Estamos conscientes de que, para sobrepasar el statu quo y promover la quiebra del sistema imperante, se requiere no una aventura castrense, sino una resuelta voluntad de poder de la clase obrera, campesina, y de las capas medias de la población, conducidas por sus vanguardias políticas.
La crisis chilena no la resuelve una solución militar.
Por eso, reiteramos esta vez lo que dijimos en el documento de septiembre:
"No somos golpistas. No creemos que debe introducirse en nuestro país la práctica perniciosa de hacer intervenir en la politiquería y el juego intrascendente de los partidos a las Instituciones Armadas. Nos oponemos tajantemente a los intentos de la reacción de querer sacar las "castañas con la mano del gato", introduciendo en los cuarteles un sentimiento antipopular. Queremos que en los militares, marinos y aviadores de Chile, oficiales, suboficiales, clases y soldados, continúe madurando seriamente una nueva conciencia de su responsabilidad ante la Patria y el Pueblo que les permita asumir una posición acorde con la necesidad de lograr la liberación social y nacional de nuestro país. Y esto es cuestión.de una revolución social y no de una simple intentona intrascendente. Las grandes transformaciones sociales las hace el pueblo, no los conciliábulos a espaldas de las masas y de sus fuerzas políticas organizadas. Una transformación social se hace con el pueblo o no hay tal transformación".
Comprendemos lo ocurrido en algunos países dependientes y atrasados, donde, por el escaso desarrollo político e ideológico, por la ausencia de partidos populares y de una organización sindical poderosa, por la ausencia incluso de una estructura administrativa y técnica relativamente eficiente, etcétera, se haya vivido la experiencia de que todo ese gran vacío lo llenase la oficialidad joven para liberar a su país, modernizarlo y crear condiciones para afianzar su independencia económica y su proceso de industrialización. Es la clásica experiencia del nasserismo en los países árabes y africanos, comprobables incluso en la realidad peruana.
Sin embargo, no creemos los socialistas que éste sea el caso de Chile. Aquí se registra la existencia de partidos populares con firme ideología revolucionaria, con gran ascendiente en las masas, con una fuerte y aguerrida organización sindical, con una intelectualidad poderosa que gravita en la vida cultural chilena, con cuadros técnicos y administrativos eficientes, con una juventud ubicada decididamente a favor de los cambios revolucionarios; en suma, con una experiencia política y social que crea condiciones maduras para el acceso al Poder de un movimiento popular resuelto que inicie el camino hacia el socialismo.
Por eso, juzgamos como altamente negativos los intentos que pudieran surgir en nuestro país de convertir a las Fuerzas Armadas en agentes y conductores de tareas políticas que están a la orden del día, que son de carácter obligadamente socialista y no meramente modernizadores o industrializadores, como en los países en que surge el nasserismo. En otras palabras, la revolución socialista que está a la orden del día en Chile necesita de un liderazgo partidista revolucionario, que las Fuerzas Armadas no pueden ofrecer.
Lo anterior no significa que dejemos de comprender que las Fuerzas Armadas chilenas viven una crisis y que no nos demos cuenta de que la pugna política nacional e internacional tiene que reflejarse en su seno. En esa misma medida, la crisis militar reciente no la juzgamos según el cartabón de la Constitución Política ni de los Códigos Penal o de Justicia Militar, sino que la interpretamos como un síntoma de la crisis general del orden social que buscamos substituir.
Dentro de estas perspectivas, juzgamos que en la medida que las Fuerzas Armadas van adquiriendo conciencia de la situación política y se van acercando primero e identificándose después, parcial o totalmente, con los objetivos del movimiento popular, en esa misma medida se van creando las condiciones para una transformación decisiva del papel que tradicionalmente les ha querido asignar la burguesía dominante al pretender siempre utilizarlas como instrumentos de represión y de garantía del "orden" capitalista, hasta llegar a constituirse en factor estimulante de los cambios sociales. En un verdadero estado revolucionario, este proceso definitorio culmina en que las Fuerzas Armadas se confunden, y el Ejército se convierte en el pueblo en armas, como ocurrió en Argelia o en Vietnam, o en el brazo armado de la revolución, como en Cuba, China y el Ejército Rojo durante la revolución soviética.
Un destino nacional y patriótico.
También es importante destacar que, bajo el predicamento de buscar nuestro destino con autonomía y profundo sentido nacional, los socialistas hemos expresado nuestro categórico rechazo a los reiterados intentos del imperialismo norteamericano de colonizar la funcionalidad, la estructura y los objetivos específicos de nuestras Fuerzas Armadas. Así se explica que resistiéramos desde un principio la concertación del llamado Pacto de Ayuda Militar (PAM), que sirvió, en último término, para vender o colocar sólo chatarra vieja a los ejércitos latinoamericanos y para obligarlos a una estéril como suicida carrera armamentista.
Así también los socialistas denunciamos los alcances tenebrosos que para la independencia y soberanía de los pueblos latinoamericanos significó aceptar y concertar el llamado "Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca" suscrito en Río de Janeiro y alabado en su época por los grupos políticos dominantes. •
Volvemos a insistir en la defensa de los fueros de la nacionalidad y soberanía para Chile cuando rechazamos, una y otra vez, la realización de Operaciones Unitas y la instalación desvergonzada, en el propio Ministerio de Defensa Nacional, de misiones militares norteamericanas. Ambos hechos representan el caso más insólito de un espionaje autorizado por Gobiernos complacientes que no supieron a tiempo decir que no a la imposición de una política militar imperialista de los Estados Unidos.
Asimismo, hemos condenado la aceptación de la teoría de las Fronteras Ideológicas, versión moderna de la agresiva e intervencionista doctrina Monroe, renovada en cada reunión interamericana para montar, inclusive, como su instrumentación material, la llamada "Fuerza ínteramericana de Paz".
Por eso, compartimos el pensamiento de Helder Cámara, el ilustre Arzobispo de Recife, quien habló de "despentagonizar" no pocas fuerzas armadas de América Latina, para hacerlas cumplir un papel eminentemente nacional.
Los socialistas estamos por el perfeccionamiento técnico y profesional de nuestras Fuerzas Armadas; por el debido pertrecho de sus necesidades materiales y logísticas; por el estímulo real en su carrera militar; por su creciente democratización; por una incorporación decisiva a las tareas del desarrollo económico y social chileno. Pero todo concebido como una gran tarea nacional y autónoma de cualquiera influencia extranjera, en forma de recoger con autenticidad el recado liberador que nos legaran los Padres de la Patria.
Por lo mismo, reiteramos nuestro juicio en el sentido de que nada puede eximir a la conciencia militar de buscar, a la manera chilena, la forma de contribuir al desarrollo y a la emancipación nacional. Nadie puede evitar a los chilenos que busquemos y forjemos nuestra propia estrategia, nuestros propios instrumentos y nuestras propias metas revolucionarias.
De igual modo, no es deseable que en la próxima contienda presidencial se reitere, por algunos pacatos sumisos del imperialismo, la versión propalada con desvergüenza en 1964, cuando se dudó de la capacidad de resistencia del pueblo de Chile, al decirse que de triunfar el movimiento popular se desencadenarían conflictos internacionales con los países limítrofes, alentados por el imperialismo. Los que propalaron ese miedo le infirieron una grave injuria a las Fuerzas Armadas y al mismo pueblo de Chile, imputándoles una cobardía anticipada. Y sus autores probaron no sólo tener miedo internacional, vivir bajo el fatalismo geográficopolítico, sino ser portavoces de un pensamiento deshonesto y de una cobardía política que los descalificaba como chilenos.
Por el contrario, los socialistas pensamos que es éste el minuto preciso para levantar la dignidad de Chile entero y comprender que, en el actual desarrollo de la vida internacional, no es fácil destruir la voluntad soberana de los pueblos. Así lo probó Cuba en su momento histórico, y Argelia con su revolución heroica. Así lo está probando victoriosamente el noble pueblo de Vietnam, y en su realidad histórica concreta, el pueblo peruano.
Deseamos, finalmente, ¡a solución integral de la crisis que afecta a las Fuerzas Armadas, que, como todos los trabajadores en su conjunto, fueron objeto de una larga y desafortunada tramitación de parte del Gobierno, con todos los efectos negativos que el país ya ha podido apreciar.
Por eso, sin creer que con este proyecto de ley se resolverán la totalidad de las aspiraciones de carácter económico, técnico y profesional de las Fuerzas Armadas, daremos nuestra aprobación a la idea general de legislar, rechazando el otorgamiento de facultades al Gobierno, que se ha demostrado ya incapaz de usarlas adecuadamente, como ocurrió en las dos ocasiones anteriores.
En nombre de mi partido, responsablemente reitero lo que expresé en el grandioso acto de masas del Teatro Caupolicán, al proclamar la candidatura del camarada Allende:
"1) No nos ha interesado ni nos interesa lo repetimos categóricamente, la caída del señor Frei a manos de un golpe cuartelero. Pensamos, por el contrario, que es útil, incluso, que el pueblo tenga la oportunidad de enjuiciar la totalidad de su gestión, para que decida a plena conciencia el reemplazo de una fórmula política reformista y engañosa por una auténtica solución socialista y revolucionaria.
"2) Hemos estado y estaremos dispuestos a resistir hasta sus últimas consecuencias cualquier intentona reaccionaria golpista, llamando al pueblo y sus organizaciones de clase para aplastar todo intento sedicioso.
"3) En septiembre de 1970, esperamos fundir el destino común de pueblo y Ejército, para iniciar hermanados la construcción de una nueva sociedad socialista, soberana, democrática y profundamente humanista.
"Sólo podrán las Fuerzas Armadas ser fieles a su misión nacional, si llegan a convertirse en Ejército del pueblo. Y eso queremos los socialistas para nuestro Ejército, para nuestras Fuerzas Armadas en general.
"Como parte del pueblo que somos y como parte del pueblo que son ellas, expresamos a toda la opinión pública nuestra palabra socialista, que sitúa y define para nuestros hombres de armas una tarea y un destino, junto a Chile, a su pueblo y a las fuerzas políticas que, como el socialismo, traducen sus aspiraciones hacia una Patria mejor."
Esta es nuestra intervención en la discusión general, que, a nuestro juicio, siempre debe contener un análisis político del problema, ya que el estudio en detalle del financiamiento corresponde a la discusión particular.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Restan doce minutos al Comité Socialista.
El señor ALLENDE.-
Más adelante ocuparé ese tiempo, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-
Los Senadores del MAPU concurrimos al acuerdo de los partidos de Izquierda de aprobar la idea de legislar, pero manifestamos nuestra disconformidad con el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, tanto por las razones expresadas esta tarde en el Seriado, como por las vertidas en el seno de la Comisión.
Estamos en contra de este sistema que se ha hecho crónico por parte de todos los Gobiernos. Lamentablemente, el actual lo ha usado de manera abusiva, contribuyendo a crear un clima de misterio en torno de la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas.
En efecto, ya en una oportunidad como aquí se ha dicho, mediante la ley Nº 16.840, el Gobierno se comprometió a resolver en forma definitiva las dificultades de carácter remunerativo y profesional de los Institutos Armados.
Además, en esa ocasión, hubo una circunstancia favorable que hoy día, en cierto sentido, no podría operar: hombres salidos de las propias filas del Ejército avalaron y garantizaron a sus compañeros de armas la obtención de una solución satisfactoria. Ese fue el caso del ex Ministro de Defensa Nacional, General Marambio, y del ex Comandante en Jefe del Ejército, señor Sergio Castillo.
La demora en encontrar la solución; la postergación creciente de las Fuerzas Armadas, tanto activas como pasivas, precipitó la crisis que culminó el 21 de octubre pasado.
Hombres de Gobierno altamente colocados saben que, de una y mil maneras, llegaron mensajes y sugerencias, en el sentido de que en el Ejército había gran malestar, no sólo por su condición económica y profesional, sino, fundamentalmente, por el desprestigio en que cayeron tanto el Gobierno y sus propios jefes militares que se habían comprometido a resolver de una vez el problema.
Parece que en este país nadie aprende las lecciones, porque después de lo ocurrido, en que se podían haber tomado medidas para no incurrir en iguales despropósitos, nuevamente se piden facultades extraordinarias, cuando se dispone de menos tiempo y existe una situación más difícil de resolver, pues el problema interno de las Fuerzas Armadas es más grave que en la víspera del 21 de octubre.
Ahora, con mayor premura para solucionar este problema que se ha agudizado, y siempre con el mismo estilo, impreciso y nebuloso, ha sido imposible conseguir en el seno de las Comisiones que los Ministros Zaldívar y Ossa presentes esta tarde dieran antecedentes respecto de cuál era su criterio respecto á las líneas fundamentales de solución.
Lo extraño es que el General Castillo, al dejar su cargo, dijo que el General Viaux había actuado en forma precipitada, porque de parte del Gobierno existía una permanente preocupación por los problemas del Ejército, y que los planes y soluciones económicas estaban prácticamente terminados.
Por tal razón, esperábamos, en lugar de petición de facultades extraordinarias, el envío al Congreso de un proyecto de ley que resolviera el problema; que, por lo menos, permitiera a la opinión pública y a los propios interesados, en la medida que no son como aquí se ha señalado gente desprovista de la capacidad de razonar, por vestir uniforme, conocer los antecedentes más elementales, a fin de no discutir la iniciativa en un clima de premura que no enaltece al Gobierno ni al Congreso.
Por tal motivo, hemos señalado nuestra posición contraria a otorgar facultades, sin perjuicio de reconocer el derecho y la necesidad de legislar en forma racional, inteligente y completa.
Nadie puede negar que tanto la mala situación económica como la anarquía de su sistema de remuneraciones lo cual es de conocimiento de quienes han ejercido el cargo de Ministro de Defensa contribuyen a crear este clima de inestabilidad, desasosiego y disconformidad absolutamente razonable en las filas del Ejército, lo que en reiteradas oportunidades se ha hecho presente tanto en la Cámara como en el Senado. Esta situación se produce no sólo por la comparación desde el punto de vista estrictamente monetario con otras actividades mejor remuneradas, que significan menores riesgos y responsabilidades, sino también por la incertidumbre que aflige a quienes pasan del sector activo al pasivo, debido al escaso monto de las remuneraciones válidas para el retiro. Tal hecho deja a los militares que se retiran en los grados medios en condiciones de absoluta inopia.
Por las razones expuestas, presentamos indicación para que el Ejecutivo dentro de las facultades que ha pedido "pueda estudiar un mecanismo a fin de que los militares que deban acogerse a retiro sigan prestando servicio al país, siempre que su alejamiento no sea efecto de una mala calificación, en instituciones dependientes, en forma preferente, del Ministerio de Defensa o en otras ramas de la Administración, porque Chile no puede soportar más una carga que significa que por cada militar en servicio activo exista la contrapartida de uno retirado.
Además, para racionalizar el sistema de sus remuneraciones, propusimos una indicación, que fue rechazada en la Comisión y que reiteraremos ahora esperamos que en esta oportunidad corra mejor suerte que entonces, en el sentido de que el conjunto de las remuneraciones imponibles que perciben los miembros activos de los Institutos Armados, se conviertan en sueldos vitales. Porque esto constituye repito no sólo una manera de racionalizar el régimen de remuneraciones, sino también de dar tranquilidad a quienes perciben sueldos que sufren alternativas de toda índole y que, en definitiva, en la mayor parte de los casos, no se mantienen hasta el momento en que el uniformado tiene que retirarse.
Por razones similares suscribimos también la indicación formulada por el Honorable señor Allende para facultar al Presidente de la República en el sentido de dar oportunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo para adquirir las viviendas que están habitando y tengan determinadas características, a fin de no entrabar el funcionamiento de los cuarteles, cuándo aquéllas estén situadas en sectores adyacentes a los regimientos.
Nosotros creemos que, si estas indicaciones se perfeccionan con alguna enmienda que las haga más operables, ellas serán acogidas por el Senado. Porque la verdad es que, a veces, quien abandona extemporáneamente las Fuerzas Armadas por razones de estricto servicio, por la necesidad de dar curso al llamado "tiraje de la chimenea", se ve imposibilitado no sólo de contar con una remuneración digna, sino también de vivir en su propia casa.
Pero, como lo han señalado los propios afectados, no es sólo un problema de carácter económico lo que está gravitando detrás del estado de tensión existente en las Fuerzas Armadas y que ha repercutido tan gravemente en el país. Sabemos, por sobre todo, que ellas se encuentran afectadas por lo que se ha llamado la "frustración profesional".
Reconocemos la razón que las Fuerzas Armadas tienen al señalar que, en un mundo donde todo se renueva y donde incluso las instituciones más estables, como la propia Iglesia Católica, o aquellas que están de acuerdo con la dinámica social, como las universidades, están adecuando su estructura y su mente a los nuevos cambios sociales, el Ejército se ha mantenido inmóvil desde el punto de vista de su capacidad y preparación, como también desde el punto de vista del papel que debe jugar, mediante una política más imaginativa, en el desarrollo del país.
De acuerdo con lo indicado, hicimos presente en las Comisiones unidas cómo el incumplimiento por parte del Gobierno de algunas disposiciones legales de carácter reservado, que obligan al Ejecutivo a entregar determinadas sumas de dinero para la realización de planes que el Ejército debe llevar adelante, estaba creando no sólo una situación de inoperancia interna, sino también de frustración profesional.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, porque no está presente el señor Ministro de Hacienda?
El señor JEREZ.-
Con todo agrado.
El señor HAMILTON.-
Me parece que se están formulando observaciones que no guardan relación con la realidad, pues al Honorable señor Jerez se le dieron amplias informaciones para demostrarle de qué manera el Gobierno estaba cumpliendo con las obligaciones que esas leyes le imponían respecto de las Fuerzas Armadas, y cuál era el monto de los compromisos, los cuales excedían en mucho las obligaciones asumidas por el Gobierno para dotar de elementos a las Fuerzas Armadas. Como es natural, dichos antecedentes fueron proporcionados en sesión secreta. En todo caso, no me parece aceptable desvirtuar lo ocurrido en la Comisión y consignar en las actas de esta sesión pública argumentos que dan a entender que esas declaraciones no se hicieron.
El señor JEREZ.-
Entiendo que esta interrupción fue concedida con cargo al tiempo de que dispone el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
No tengo tiempo.
El señor ALLENDE.-
Más fuerte.
El señor JEREZ.-
Señor Presidente, lamento que el Honorable señor Hamilton no haya estado presente durante todo el transcurso de la sesión, pues, de lo contrario, se habría ahorrado la interrupción que me hizo. Soy yo quien debe calificar si las explicaciones dadas en su oportunidad por el Ministro de Hacienda me satisfacen o no. La verdad es que no me satisfacen. Y ésa es la razón por la cual insistí en la indicación que fuera aprobada por unanimidad y que lleva, me parece, el número tres o cuatro del artículo 1°, donde se señala en forma taxativa la obligación del Ministro de informar a las Comisiones. Y esto no puede tener otra base que no sea lo razonable de la idea planteada, después de recibir las explicaciones del Ministro de Hacienda.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, Honorable Senador?
El señor JEREZ.-
Ruego al Honorable señor Hamilton no interrumpirme.
El señor HAMILTON.-
Es que Su Señoría ha dicho que no he estado presente durante toda la sesión.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, sé que el Honorable señor Jerez no tiene por qué sentirse satisfecho con mis explicaciones; pero debo recordarle que no sólo las di yo, sino también los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa oportunidad se especificó, en forma clara y terminante, cuál era el monto de las adquisiciones que estaba realizando el Gobierno con cargo a la ley reservada, y que él excedía en mucho lo que contablemente aparecía como no entregado, de acuerdo con las disposiciones de la ley 16.624, que obliga a destinar el 15% de los ingresos del cobre al equipamiento de las Fuerzas Armadas..
Era cuanto deseaba aclarar.
El señor JEREZ.-
Quiero contestar al señor Ministro de Hacienda, y advierto que no aceptaré más interrupciones, pues de otro modo no podré desarrollar mis ideas.
Debo declarar que las intervenciones de los Comandantes en Jefe mencionados me produjeron una buena impresión. No puedo ser muy exigente con ellos, desde el momento en que se trata de personeros que recién vienen asumiendo el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no puedo pedirles conocimiento absoluto, en detalle, de materias que no han tenido oportunidad de manejar como lo hace el señor Ministro.
Por lo demás, mi crítica se reducía estrictamente a lo siguiente: el incumplimiento de lo dispuesto en la referida ley 13.196, desde el punto de vista de la regularidad de los aportes y depósitos que el Ejecutivo debía hacer en favor del Consejo Superior de la Defensa. Desde el punto de vista de esta obligación, no importa que se hayan girado sumas mayores que las previstas. La crítica mía va al fondo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas no han podido planificar de manera racional la disposición de esos recursos, pues no se sabía de qué manera serían integrados en la cuenta o en qué momento iban a ser entregados.
Volviendo al desarrollo de mi intervención, debo señalar que, aunque no participamos de un criterio "desarrollista" y sabemos que el rol fundamental de las Fuerzas Armadas es preservar la soberanía del país, hicimos presente, dentro de un criterio más dinámico y moderno, que instituciones tales como FAMAE y ASMAR, que cuentan con recursos fiscales para desarrollar planes de producción de elementos bélicos y no bélicos, habían sido, en cierta medida, desestimadas y reducidas en su capacidad para producir de manera alternativa, poniendo también esta capacidad instalada a disposición del país, para la producción de materiales de carácter pacífico.
Las explicaciones que se nos dieron en la Comisión por parte del Almirante señor Porta, por ejemplo, son extraordinariamente importantes, pues él señaló que en estos momentos, si ASMAR recibiera los recursos suficientes entiendo que se está discutiendo un posible empréstito de CORFO, podría fabricar barcos de hasta 60 mil toneladas. Nosotros reiteramos que, tanto ASMAR como FAMAE, por este capítulo de producir tractores, "jeeps", herramientas neumáticas, o sea, elementos de producción para tiempos de paz, si dispusieran de recursos, podrían llevar adelante estas iniciativas que, desde el punto de vista del espíritu de lucro que prevalece en la economía del país, han sido entregadas como patrimonio de la empresa privada. Por eso, hemos planteado también que cualquiera institución semejante a ésta, que se cree para dar salida a esta iniciativa, que nos parece positiva, debe tener carácter estrictamente estatal. De este modo se puede aprovechar la capacidad técnica y humana de importantes sectores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Creemos que el Ejecutivo, aprovechando esta oportunidad de que dispondrá, pues ya se sabe que, por su acuerdo político con el Partido Nacional, tendrá un resultado favorable en la discusión general del proyecto, debe utilizar estas facultades extraordinarias para otorgar recursos que eleven el nivel de preparación que las Fuerzas Armadas están exigiendo con absoluta razón.
Desde luego, creemos que es positiva, en las Escuelas Politécnicas Militar, Naval y Aérea, la creación de cursos de graduados para culminar con el título de ingeniero; la existencia de cursos de Relaciones Humanas, Sicología, etcétera, para los Oficiales del Estado Mayor, y la creación, en dichos politécnicos, de cursos de postgraduados, tales como Física Nuclear y Auditoría Militar para los Oficiales de Intendencia.
Nosotros creemos y tenemos fundamentos para señalar la conveniencia de crear o fundar institutos o departamentos en dichas Academias Politécnicas. No basta crear cursos, como por ejemplo de Física Nuclear, sino que debe desarrollarse toda la especialidad y las investigaciones nucleares defensivas. Debe insistirse en el carácter defensivo para los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Esto no se satisface con los cursos que hoy día se hacen, sino con institutos o departamentos. Argentina y Brasil ya han tomado la delantera desde hace varios años en este aspecto.
Por otra parte, consideramos que es indispensable el otorgamiento de recursos para 1970, de manera que los oficiales puedan continuar los cursos de adiestramiento nuclear que han comenzado con medios económicos insignificantes. Con sumas moderadas se podría asegurar para Chile, por lo menos, la formación de 30 especialistas, ingenieros militares, navales y aéreos, y cubrir un déficit de diez años, que es el que tenemos en esta materia.
Es preciso observar que la parte defensiva significa aprender a proteger a la población de Chile de la radiactividad de explosiones nucleares realizadas, por ejemplo, en el Pacífico Sur por países como Francia, y cuyas cenizas radiactivas las recibe nuestro país desde Concepción hasta Antofagasta. Significa, también, aprender las técnicas electrónicas de detección nuclear y de telemetría nuclear, conjuntamente con las técnicas de servomecanismos o automatismos de telemetría nuclear en su coordinación con, el lanzamiento de cohetes.
Pareciera que esto no tuviera conexión alguna con la realidad de nuestro país. No obstante, quiero hacer presente que Estados Unidos está lanzando cohetes meteorológicos y para detección de partículas nucleares de la radiación cósmica, sin que hasta el momento hayan sido invitados ni los científicos chilenos de radiación cósmica ni los representantes de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior no tendría ninguna importancia, pues sabemos que los pactos militares que Chile ha suscribo con los Estados Unidos han establecido una situación en el hecho de dependencia y, en verdad, los norteamericanos son los arbitros en la materia. Pero lo absurdo es que estos lanzamientos no se han estado haciendo desde Cabo Kennedy, en Estados Unidos, sino que se realizan en el Cerro Tololo, en Chile. De ahí que, por lo menos, consideremos indispensable que al menos oficiales y científicos chilenos participen en el control de estas actividades realizadas por una potencia extranjera en el territorio nacional.
Por eso, estimamos que esta oportunidad de que dispondrá el Ejecutivo no sólo es propicia para resolver los problemas de carácter económico de las Fuerzas Armadas, sino también los relativos al perfeccionamiento profesional de éstas. Por consiguiente, se hace indispensable' otorgarles los recursos que les permitan sentirse al servicio de una causa de categoría y no de disciplinas anticuadas y secundarias. Vale decir, es necesario hacer desaparecer la imagen errónea de que las Fuerzas Armadas constituyen una carta sin dinamismo social, para que cada uno de sus miembros sienta que forma parte de una comunidad a la cual está prestando un servicio de carácter real.
La situación del Gobierno en esta materia es grave, pues ha asumido una responsabilidad que bien pudo compartir con el Congreso. Sin embargo, nuevamente escogió el expediente de las facultades extraordinarias, y ahora por un período más breve, en circunstancias de que, a nuestro juicio, no han desaparecido las razones valederas para el estado de insatisfacción que impera en las Fuerzas Armadas.
Los resultados, conocidos por la opinión pública y que pudieron alcanzar caracteres irreparables, obligan al Ejecutivo a meditar acerca de las consecuencias que pudiera tener una nueva frustración de las aspiraciones legítimas de los Institutos Armados.
Nosotros también sostenemos que nadie puede sustituir la voluntad del pueblo en su derecho a implantar la autoridad que, de manera democrática, gobierne el país. En tal sentido, no estamos dispuestos a ceder a tentación alguna. Nuestro compromiso es con la clase trabajadora, con sus organizaciones de expresión unitaria y con los partidos que sean solidarios de su destino, que no puede ser otro que el establecimiento de un gobierno popular.
No estamos por una solución militar para los problemas de Chile. No hacemos ningún tipo de concesiones en esta materia.
Por eso mismo, no queremos que la ceguera o falta de comprensión de las legítimas aspiraciones de las Fuerzas Armadas, o una apreciación mecánica y carente de imaginación del rol que ellas deben jugar en una sociedad que se renueva, creen condiciones de inestabilidad que favorezcan las tentativas de aquellos que pretendan utilizarlas con intenciones muy distintas de los intereses reales de nuestros Institutos Armados.
Todo esto no basta, sin embargo, para obtener que la integración de las Fuerzas Armadas en la dinámica social opere con eficacia. La inmensa mayoría del pueblo chileno soporta una condición económica tanto o más miserable que la de nuestros militares.
¿Cómo negar, entonces, al pueblo en su protesta, la comprensión que, por otra parte, se pide para quienes extremaron la suya, porque la disciplina militar no podía encubrir la pobreza de nuestros uniformados?
O sea, los problemas de las Fuerzas Armadas son los problemas del pueblo entero y, por lo tanto, no hay contradicción entre la clase trabajadora y un Ejército con real espíritu democrático.
¿No es justo, además, que en tales circunstancias sean los sectores privilegiados del país, los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, quienes financien los aumentos de las Fuerzas Armadas, y no el trabajador que comparte su mala condición económica?
Por eso, en el contexto de una experiencia tan negativa como es la que ha presenciado el país y que de manera tan peligrosa ha sacudido a las Fuerzas Armadas y la aparente estabilidad institucional de (la nación, queda, sin embargo, a nuestro juicio, como resultado positivo el repentino enfrentamiento de nuestros militares con tales realidades.
Nada más.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.
Señor Presidente, me parece necesario intervenir, en este ya largo debate, para precisar algunos aspectos relacionados con este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que, en lo fundamental, otorga facultades al Gobierno para modificar el sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en especial de su personal retirado, y de Investigaciones.
Deseo precisar algunos hechos, digo, sin ocuparme en particular en algunas de las argumentaciones, razones y ataques que se han oído en esta Sala, pues no me parece que yo deba juzgar mis propias actuaciones dentro del Ministerio de Defensa Nacional. No tengo tal pretensión, ni mucho menos.
Creo que la circunstancia de que el Senador socialista señor Aniceto Rodríguez me haya dedicado algunos ataques indica, más que el propósito de recibir una respuesta mía desde el punto de vista personal, dado el texto de su intervención, el afán de cohonestar en el aspecto político porque era necesario hacerlo "a posteriori" la situación equívoca planteada por su partido ante los hechos del 21 de octubre próximo pasado.
Creo que eso fue notorio ante la opinión pública nacional, y en cierto sentido me alegro de que el discurso escrito que ha traído Su Señoría en esta ocasión al Senado de la República no sostenga que lo que toda la nación entendió no era lo que quiso decir el 21 de octubre de 1969 la propia directiva socialista.
Por otra parte, resultan asombrosos esos ataques de labios de personas que en tal forma han querido significar lo que representó ese movimiento del 21 de octubre último, encabezado por un jefe militar que en cierto modo se ha nombrado en el curso de esta sesión, dada la conducta que personeros del mismo partido tuvieron cuando, en un ya lejano marzo de 1966, siendo Ministro de Defensa Nacional, propuse al Senado, en representación del Gobierno, conjuntamente con otros ascensos, el de ese jefe militar. Por causa de la obstrucción que hicieron parlamentarios del Partido Socialista en aquella oportunidad, ese ascenso estuvo pendiente desde el 8 de marzo de 1966 hasta la sesión del 6 de julio del mismo año, en que fue aprobado. Es indudable que ello demuestra notoria incapacidad...
El señor ALLENDE.-
¿Qué razones se dieron?
El señor CARMONA.-
Yo no interrumpí en ningún momento al señor Senador y no desearía que lo hiciera Su Señoría en este momento, porque acostumbro a respetar a los oradores, cualesquiera que sean su posición política y su capacidad. Sobre todo tratándose de una persona que ha sido tachada de incapaz, preferiría que no me interrumpiera.
El señor ALLENDE.-
En todo caso, no lo he pedido una interrupción, señor Senador.
El señor CARMONA.-
Tal como lo manifesté hace un momento, deseo referirme a algunos aspectos objetivos del problema.
Es muy curioso lo que sucede en torno de este problema. Hemos debido soportar una presión de diversos órganos de publicidad, en especial de los sectores de Derecha, y de algunos de la Izquierda, que han pretendido señalarnos y apremiarnos a propósito de la situación económica de las Fuerzas Armadas. Artículos, editoriales, noticias, planteamientos, presentación de proyectos de acuerdo, en determinado momento, a sabiendas de que constitucionalmente no se pueden tratar, por ser materia cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo. El país ha visto toda una escalada de la opinión pública. Se plantea que el país debe hacer un esfuerzo, un sacrificio, para resolver esta situación de las Fuerzas Armadas; dar los medios; tratar de aquietar la frustración que, según se dice, sufren los miembros de los cuerpos uniformados; y, en seguida, lo que estamos discutiendo en la sesión dé hoy: todo lo referente a las remuneraciones de los Institutos Armados.
Sin embargo, el Gobierno, como lo dijeron los señores Ministros en la mañana de hoy, ha estado trabajando en forma callada, desde hace meses, para dar solución a este problema. Y en circunstancias de que todo el mundo está de acuerdo en que el proyecto en debate ha de regir desde el 1° de enero próximo, se quiere hacer aparecer al Gobierno como remiso en el cumplimiento de obligaciones que está dispuesto a cumplir, y de manera acelerada, como lo demuestra la presentación de esta iniciativa, basada en estudios ya hechos por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.
Decía que se ha realizado toda una escalada de la opinión pública, afirmando que es necesario resolver esta situación cueste lo que costare al país. Quien lea todas esas publicaciones se dará cuenta de que, en esta materia, no hay límites en la forma de plantearla. Pero cosa curiosa también, cuando se analiza la forma en que el proyecto ha de financiarse, todo el mundo se niega a darle ningún tipo de financiamiento y se dice "Arrégleselas el Gobierno como pueda".
El señor ALTAMIRANO.-
Nadie ha dicho eso. ¡Es producto de la imaginación!
El señor CARMONA.-
No he afirmado que lo haya dicho el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-
¡Nadie!
El señor CARMONA.-
Lo han dicho los diarios. Y quiero manifestar...
El señor CHADWICK.-
El proyecto se aprobó en general por unanimidad.
El señor CARMONA.-
No se ponga nervioso, señor Senador, por favor. Tenga paciencia. Yo tuve extraordinaria calma esta mañana para escuchar al Honorable señor Chadwick. En realidad, no me he referido en ningún momento a lo que él haya expresado ni tampoco a lo que haya dicho o pensado el Honorable señor Altamirano. Me estoy refiriendo a un aspecto concreto: a las publicaciones sobre esta materia, a la verdadera escalada de la opinión pública para la presentación de este proyecto.
Leamos, por ejemplo, el editorial de "Eil Mercurio" del día de ayer, en que se analizan todos y cada uno de los tributos que deben imponerse para financiar la iniciativa en debate. Se nos dice que es imposible exigirle más al país, que ninguno de los impuestos o recursos de que se quiere echar mano sirve, en esta oportunidad, para solventar un asunto de la cuantía y de la categoría del que tiende a resolver el proyecto: la situación general de las Fuerzas Armadas.
Entonces, pregunto: ¿Quiere colocarse al Gobierno de la República en posición tal, que en determinado momento se le parta en dos este proyecto de ley? ¿Exigirle, por una parte, que arregle rápidamente, si es posible en veinticuatro horasr la situación de las Fuerzas Armadas y, por otra parte, negarle todo financiamiento, porque no hay capacidad tributaria en el país, porque no puede echarse mano de nuevos recursos?
¿Con qué fin se adopta esa actitud? Con un fin que deseo analizar en esta sesión, aunque sea en forma breve. Me parece que, en cierta manera, quienes hacen tal planteamiento persiguen con él, en el fondo, que se suspendan algunos programas de desarrollo en especial los de índole social iniciados por el actual Gobierno: que no haya una reforma agraria como la que se está llevando a cabo; que no haya reforma educacional, que no se extienda la educación de la manera en que lo ha intentado este Gobierno con gran éxito; que no prosiga el programa de construcción de viviendas; que no se gaste más en obras públicas, y que de esta manera, mediante el ahorro de tales recursos, de "ese enorme gasto fiscal", como se nos dice en todas las publicaciones en comentario, se puedan destinar los fondos requeridos para pagar convenientemente al personal de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
A mi juicio, no está en el ánimo del país proceder de esa manera, y no creo que las fuerzas populares y de avanzada piensen que se deba llegar a extremos de tal naturaleza.
Si se quiere presionar al Gobierno para que suspenda su programa de desarrollo económico y social, me parece que esta vía es la más inadecuada y que el único procedimiento factible de resolver la situación es dar los recursos que cuantos pretenden aquello han estado reclamando para las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, aquí se han formulado reparos en cuanto a la constitucionalidad del financiamiento que se propone. Quisiera decir una pocas palabras al respecto, antes de referirme a la materia de fondo.
A mi juicio, el señor Ministro de Hacienda ha sido claro en su exposición. Ha manifestado que en este proyecto de ley se trata de dar facultades y que, por lo mismo, sin duda el Ejecutivo debe usarlas mediante disposiciones concretas, que se conocerán una vez dictados los decretos con fuerza de ley que empezarán a regir el 1° de enero de 1970. Mientras no se concreten disposiciones sustantivas, sin duda que estamos frente a autorizaciones dadas al Poder Ejecutivo, que por lo tanto no requieren, en esta materia, de un financiamiento absoluto y cabal.
Debemos tener en cuenta, además, lo planteado con toda claridad por el señor Ministro de Hacienda, tanto en la Sala como en las Comisiones Unidas: que todo lo relativo a reajustes normales de remuneraciones será consignado en una iniciativa especial y en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 1970. De esta manera, el financiamiento de la parte normal del reajuste que les corresponde a las Fuerzas Armadas debe estar financiado en esos dos futuros cuerpos legales.
El proyecto en debate tiende a dar facultades al Ejecutivo para establecer un régimen especial de remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por lo tanto, ahora sólo corresponde financiar ese gasto.
El señor Ministro ha manifestado que, con algunas alternativas que se tienen presentes en este instante y que se están estudiando, el costo aproximado del proyecto podría alcanzar a 850 ó 900 millones de escudos, y que el reajuste normal para el personal en servicio activo y el de los pensionados, según creo recordar, alcanza a 508 millones de escudos. Por lo tanto, hay una diferencia que financiar. El resto debe estar comprendido en la ley de Presupuestos y en la ley de reajustes generales, que ya se ha anunciado.
Por estas consideraciones, creo que en esta materia está claramente expresado el propósito del Ejecutivo y que no cabe argumentar sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la forma de financiar el proyecto en discusión.
Ahora quisiera ocuparme en el problema en sí. Se ha dicho que el Ejecutivo está solicitando, por segunda vez en su Administración, facultades especiales para resolver la situación del personal de las Fuerzas Armadas. Se ha sostenido que el Gobierno hizo mal uso de las que recibió la vez anterior; que su gestión en tal aspecto fue un descalabro; que mantuvo la situación desmedrada del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. En fin, se han hecho algunas afirmaciones que, en este momento, deseo recoger.
Debo advertir, en primer lugar, que cuando el actual Gobierno asumió el poder, o sea en noviembre de 1964, existía una situación excepcional respecto del reajuste de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile: estos servidores percibían sus reajustes los días 1º de julio de cada año; o sea, sus rentas aumentaban sólo en los segundos semestres. De esta manera, el Fisco se ahorraba olímpicamente la mitad de los recursos que se requerían en el año calendario para cancelar el reajuste correspondiente a dicho personal. Esta era la situación existente en 1964. El Gobierno, frente a esta circunstancia, hizo un esfuerzo extraordinario: el primer año de su gestión, es decir en 1965, resolvió así lo propuso al Congreso Nacional adelantar la fecha de pago del reajuste al 1° de mayo de ese año. Ya en 1966, o sea, al año siguiente, prácticamente el primero de su mandato, reajustó las rentas del personal de las Fuerzas Armadas en igual forma que al resto de la Administración Pública del país. Desde esa fecha el 1° de enero de 1966 los reajustes correspondientes se han otorgado desde el 1° de enero de cada año calendario.
De igual manera, este Gobierno se encontró ante una situación también extraordinariamente difícil del personal pasivo de las Fuerzas Arnfadas, con discriminaciones en el pago de bonificaciones y quinquenios. Esta situación afectaba en especial a quienes habían jubilado con anterioridad a 1953, que tenían un régimen muy diferente del de quienes lo habían hecho después de esa fecha.
La complejidad y anormalidad en materia de remuneraciones eran muy grandes, cosa que no se ha explicado suficientemente ante la opinión pública, y continúan hasta hoy, lo cual indica que debemos medir el problema en todos sus aspectos.
Deseo destacar otro hecho: al personal que se retiraba en esa fecha, se pagaba el desahucio correspondiente a sus años de servicio con una demora de dos años a dos años y medio. No era difícil encontrar casos de personas inescrupulosas que compraban el desahucio por 40% ó 50% de su valor, en conocimiento de que el personal de las Fuerzas Armadas que jubilaba sólo lo percibirían dentro de dos años o dos años y medio después. Dicha situación fue enmendada por el actual Gobierno en muy breve plazo, y en estos instantes cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que jubila recibe su desahucio completo no el correspondiente a sólo 20 meses, como ocurría, sino a los 24, como en el resto de la Administración Pública, a los quince días después de su retiro. Esta es la realidad que estamos viviendo.
Por otra parte, quiero referirme nuevamente al cuadro a que hizo mención el señor Ministro de Defensa Nacional en la mañana de hoy, preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, sobre datos comparativos de las remuneraciones de carácter general de las Fuerzas Armadas expresadas en sueldos vitales. Dicho cuadro no consigna remuneraciones especiales, como algunas asignaciones, ni tampoco ciertas entradas esporádicas; sólo remuneraciones de carácter general y permanente que percibe la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Leeré las remuneraciones vigentes al 1° de enero de 1964, con el objeto de compararlas con las del 1° de septiembre de 1969, expresadas todas en sueldos vitales.
El comandante en jefe tenía al 1° de enero de 1964 un total de esas remuneraciones de tipo general, con siete quinquenios, correspondiente a 5,45 sueldos vitales; al 1° de septiembre de 1969, ellas alcanzaron a 10,9 sueldos vitales. En enero de 1967, cuando me correspondió desempeñar la Cartera de Defensa Nacional, tales remuneraciones habían subido a 9,4 sueldos vitales. Un general de división, con siete quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 4,9 sueldos vitales; al 1° de septiembre de 1969 no mencionaré los períodos intermedios, su remuneración llegó a 10 sueldos vitales. Un general de brigada, con seis quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 4,2 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 8,6 sueldos vitales. Un coronel, con cinco quinquenios, percibía el 1° de enero de 1964 3,5 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 7,7 sueldos vitales. Un teniente coronel, con cuatro quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 2,9 vitales; el 1° de septiembre de 1969, 6,6 sueldos vitales. Un mayor, con cuatro quinquenios, el 1° de enero de 1964 percibía 2,5 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 6,1. Un capitán, con dos quinquenios, el 1° de enero de 1964, ganaba 1,8 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 4,4 sueldos vitales. Un teniente, con un quinquenio, el 1° de enero de 1964 percibía 1,4 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 3,6 sueldos vitales. Un subteniente, sin quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 1 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 2,6 sueldos vitales. Un suboficial mayor, con seis quinquenios, el 1° de enero de 1964 recibía 2,6 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 5,8 sueldos vitales. Un sargento segundo, con tres quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 1,1 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 2,5 sueldos vitales. Un soldado primero, con un quinquenio, el 1° de enero de 1964 ganaba 0,8 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 1,9 sueldo vital, precisamente el doble. Un soldado recién ingresado, el 1° de enero de 1964 percibía 0,7 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 1,7 sueldo vital.
Pues bien, se puede advertir que se ha hecho un esfuerzo de extraordinaria importancia en materia de remuneraciones y reajustes para el personal de las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo que la situación sea perfecta, ni mucho menos. Sin duda que Chile entero está en deuda con ellas. Reitero que se ha hecho un esfuerzo extraordinario, dentro de las posibilidades del país y de los recursos de que se ha dispuesto; pero tal esfuerzo como lo ha reconocido el Gobierno en todo momento es insuficiente. Debemos mejorar esta situación. Eso estamos tratando de hacer ahora con este proyecto.
También quiero referirme al uso que se hizo de las facultades otorgadas al Gobierno en mayo de 1968.
Debo hacer presente que los beneficios que señalaré fueron agregados al reajuste que la ley Nº 16.840 concedió al personal de las Fuerzas Armadas desde el l9 de enero de 1968.
En virtud de dichas facultades, se incrementaron en 12,5% los sueldos base, con la consiguiente incidencia en los quinquenios, que se calculan sobre dichos sueldos base y otras remuneraciones imponibles, y se aumentó a 35% la bonificación profesional, la cual, hasta ese momento, era sólo de 20%. A contar del l9 de septiembre de 1968, esta última subió a 50% y, a partir del 1° de septiembre de este año, a 55%.
Con relación al personal pasivo, debo dejar constancia de que esta bonificación profesional, sin ser imponible, se agrega al sueldo para todos los efectos legales, en especial al de quienes han completado su carrera, es decir, aquellos que han cumplido 30 años de servicio. Todas estas personas, sin haber hecho los aportes previsionales correspondientes, han visto acrecentadas sus pensiones por el aumento de la bonificación profesional. Además, por medio de esas facultades se aseguraron cantidades fijas mínimas para dicha bonificación en los grados medio y bajos de los escalafones, las que fueron reajustadas en 10% a contar del 1° de septiembre de 1969. En lo que respecta a los sueldos superiores, se amplió el ámbito de servicios compatibles para su goce, haciéndolo extensivo a todos los servicios válidos para el retiro, lo cual anteriormente estaba limitado respecto de los servicios efectivos.
Por otra parte, se posibilitó a los suboficiales mayores con treinta y cinco años de servicio su acceso a la sexta categoría.
En cuanto a sobresueldos, bonificaciones y otros beneficios, hay que aclarar que se crearon e incrementaron en determinadas especialidades postergadas o funciones no consignadas anteriormente, tales como servicios de montaña, comandos, fuerzas especiales, maestranzas, especialidades nocivas o peligrosas, pilotos del Ejército e Infantería de Marina. Además, la asignación de rancho se estableció en porcentajes de sueldos vitales, en vez de sumas fijas que se determinaban anualmente. Este sistema reajustable ha incrementado en más de ciento por ciento ese beneficio.
En cuanto a las gratificaciones especiales, se elevó en 25% la del personal embarcado. Se amplió la base de cálculo de la gratificación antartica, agregando los quinquenios al sueldo base para esos efectos. Idéntica medida se adoptó con relación a las gratificaciones de buceo, maestranzas de la Fuerza Aérea y de vuelo.
Se creó la gratificación de campaña para el personal que debe cumplir esta clase de cometidos, consistente en 20% del sueldo base, más los quinquenios, por cada día.
También se introdujeron sustanciales modificaciones al régimen del personal de sanidad, mediante algunas medidas que no detallaré a fin de no cansar al Senado.
Se crearon plantas de personal paramédico y se solucionó el problema del embarque de los médicos navales, estableciendo la dedicación exclusiva con el máximo de renta consignada en el Estatuto del Médico Funcionario.
Se introdujeron importantes reformas al sistema previsional, que se han traducido en una apreciable disminución del número de pensionados de la Defensa Nacional, cuya situación da lugar a problemas prácticamente insolubles. Tal como se ha advertido en este ya largo debate en el Senado, el régimen previsional de nuestra Defensa Nacional y del país en general debe hacernos meditar profundamente. Si se examinan los datos proporcionados por el Ministro de Defensa, es posible apreciar el extraordinario número de pensionados que existen en la actualidad, en especial los que tienen pensiones correspondientes a los altos grados de las Fuerzas Armadas. Para citar sólo una cifra de las mencionadas en las Comisiones Unidas, debemos recordar que el número de personas con grado correspondiente al de general y almirante, en servicio activo, llega a 44. Sin embargo, hay cerca de 650 personas en servicio activo que ganan las rentas correspondientes a esos grados, y 2.600 del sector pasivo que se encuentran en igual situación. De ahí que este problema sea muy difícil de resolver.
Por eso, el Gobierno y al hablar de Gobierno no me refiero sólo al actual, sino a todos los anteriores ha pedido siempre facultades especiales para afrontar la situación, de acuerdo con los recursos y el conocimiento interno de una materia especializada y técnica, respecto de la cual cualquiera indicación formulada en un momento dado puede crear discriminaciones e injusticia. Es así como las normas referentes al régimen de remuneraciones de las Fuerzas Armadas están contenidas en diferentes decretos con fuerza de ley, dictados a lo largo de los años de existencia de nuestra república.
Además, mediante esas facultades se incorporó a todo el personal a jornal al sistema previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Se reconoció al personal de tropa retirado forzosamente de acuerdo con la antigua legislación y que figura en las escalas de veinte a veinticinco años, el mismo derecho que la ley actual concede a quienes tienen treinta años de servicios. Se amplió y perfeccionó el régimen previsional a favor de los cancerosos, tuberculosos y de quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Se amplió la clasificación de la inutilidad física proveniente tanto de accidentes como de enfermedades, para permitir tratamiento excepcional, según la gravedad de ellas, dando cabida a una serie de impedimentos físicos que se hallaban sin amparo, tales como ceguera, hemiplejía, demencia, etcétera. Se aseguró un mínimo de dos sueldos vitales para cuotas funerarias, lo cual favoreció especialmente al personal de bajas rentas.
En cuanto a desahucio, se adoptaron tres sustanciales medidas. Por una parte, se elevó de 20 a 24 meses de sueldo el máximo de ese beneficio, nivelando al personal militar con el de la administración civil. Se incrementó el financiamiento del fondo de desahucio mediante nuevos aportes, con lo cual se logró considerable expedición en los pagos, y se restituyó el derecho de los reincorporados para gozar de tales beneficios.
Todo lo anterior constituye sólo un resumen de los beneficios otorgados al personal de las Fuerzas Armadas mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, en uso de las facultades que el Congreso Nacional otorgó al Gobierno y respecto de las cuales se ha hecho mención en varias oportunidades durante el debate.
¿Cuántos minutos me restan, señor Presidente?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Su Señoría ha utilizado 38 minutos; le quedan 17.
El señor CARMONA.-
Hubiera querido abordar algunos otros problemas; no sólo el aspecto económico, sino también el referente a los medios y al destino de nuestras Fuerzas Armadas, pero lo haré en otra oportunidad. Por lo tanto, dejo hasta aquí mis observaciones.
El señor ALLENDE.
Honorable Senado, he escuchado con profundo interés las diversas intervenciones que tanto los señores Ministros como los señores Senadores han tenido en este hemiciclo. Sin embargo, debo destacar que, a mi juicio, el aspecto político de este trascendental problema sólo ha sido abordado por el Honorable señor Fuentealba. La importancia que Su Señoría atribuye a esta materia justifica el discurso escrito que él ha leído, ya que estamos habituados, reconociendo su capacidad, a verlo improvisar y muy satisfactoriamente sobre diversos problemas de bastante significación nacional. Comprendo la posición del señor Senador. Tan sólo, como síntesis, podría decir que su intervención, en nombre de la Democracia Cristiana, nos pareció impropia de gente que habla de revolución. Señalar que el pueblo debe participar y ser ejecutor de una revolución, lo estimamos a esta altura inconcebible. Manifestar que también las Fuerzas Armadas deben participar en un proceso revolucionario, con una mentalidad distinta de la que tienen en los países capitalistas, lo considero algo retardado.
Deploro la ausencia del señor Ministro espero que esta actitud varíe durante las intervenciones de los Honorables señores Chadwick, Rodríguez y Aguirre Doolan, porque, en realidad, me agradaría que el señor Ministro de Defensa se hiciera eco de los planteamientos que sobre esta materia se han hecho aquí y que, a mi juicio, tienen extraordinaria profundidad y un alcance político que nadie puede negar. A nosotros nos interesa profundamente dilucidar tales problemas con la claridad necesaria y por quien represente la palabra oficial del Gobierno. Imagino que será el señor Ministro de Defensa Nacional quien lo hará, ya que los antecedentes de carácter económico constituyen una parte importante, pero no significativa de esta materia. Todos sabemos lo que piensa sobre el particular el señor Ministro de Hacienda, quien, comparado con el Secretario de Defensa es sólo un cadete en este aspecto.
El Honorable señor Carmona na pretendido refutar al Honorable señor Rodríguez. A mi juicio, y quizás por sentir cierta responsabilidad, Su Señoría se ha ofuscado de tal modo, que ha dado al Senado un dato absolutamente inexacto. Yo no voy a calificar el resto de las argumentaciones hechas por el señor Senador, pero diré que lo que él sostuvo aquí es absolutamente falso. Tengo en mi mano un texto de la Oficina de Informaciones del Senado referente a ascensos militares y nombramientos diplomáticos entre los años 1964 y 1969. ¿Y qué dice? "8 de marzo de 1966. Mensaje mediante el cual se solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Coronel de Ejército en favor del Teniente Coronel señor Viaux Marambio, Roberto. Pasa a la Comisión de Defensa Nacional. El 16 de marzo, el Ejecutivo retira el mensaje. Se accede al retiro. El 21 de junio, el Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado para el ascenso. Pasa a la Comisión. Es despachado en la Comisión el 28 de junio y despachado en el Senado el 6 de julio." Lo anterior se refiere al ascenso de Teniente Coronel a Coronel. En el ascenso del señor Viaux de Coronel a General, las cosas son de una claridad mucho mayor, Honorable señor Carmena. "7 de enero de 1969. Mensaje que solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de General de Brigada al Coronel señor Roberto Viaux Marambio. El 8 de enero la Comisión lo informa para tabla y el Senado lo despacha" ¡óiganlo bien, Honorables colegas! "el 8 de enero".
Es decir, el Honorable señor Carmona confundió al señor Viaux Marambio con el señor Pinochet. Seguramente, hay una razón para ello: el Honorable señor Carmona era Ministro de Defensa Nacional cuando el señor Pinochet tuvo la responsabilidad de la masacre de El Salvador.
El señor CARMONA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ALLENDE.-
Su Señoría solicitó que no se le interrumpiera. Le pedí una interrupción, y no me la otorgó.
Pues bien, el Honorable señor Carmona deberá reconocer, por lo menos, que tuvimos la entereza e hidalguía de juzgar en este recinto su actuación como Ministro de Defensa, en especial en el caso de "El Salvador". Pensamos que alguna razón habrá tenido el Presidente de la República, señor Freí, cuando en forma brusca debió aceptar el cambio del Ministro de Defensa de la época, Honorable señor Carmona, y del Comandante en Jefe del Ejército. Por lo tanto, no juzgaremos nosotros. El país y, al parecer, también los militares, ya juzgaron.
Deseo manifestar al Honorable señor Carmona que no es la primera vez que debemos levantar nuestra voz en este hemiciclo para impedir la tergiversación intencionada de la actitud del Partido Socialista. ¡Y caramba, Honorable Senado, con qué tranquilidad de conciencia podemos hablar sobre las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros! A ello me referiré al final de mi intervención.
Por ahora debo señalar que el 16 de julio dé 1967 intervine en este" recinto, en representación de mi colectividad, para deshacer una campaña intencionada, malévola, torpe, llena de inquina, destinada a presentar a las fuerzas populares, al FRAP, particularmente al Partido Socialista, como contrarios a los institutos armados chilenos. ¡ Qué no se dijo en contra del partido y de nuestro compañero y amigo Honorable señor Carlos Altamirano, injustamente condenado por un juez militar a quien criticamos oportunamente, con antecedentes muy serios, por el fallo que emitió! ¡Alguna razón debemos de haber tenido, cuando el Gobierno aceptó la eliminación del General Mahn, a pesar de haber intervenido directamente en el arreglo con el General Viaux en el regimiento Tacna! ¡ Alguna razón tuvimos también cuando criticamos de manera directa en el Senado la actitud del Coronel Pinochet, desde el momento que fue eliminado por la Junta de Generales! ¡Este año, por cierto, no ascendió a General!
Podemos demostrar, con antecedentes irrefutables, las veces que hemos intervenido en el Senado sobre esta materia.
Sobre el particular, solicito que en la parte pertinente de mi discurso se intercalen tres páginas en las cuales se resumen las veces que en nombre del Partido Socialista hemos planteado nuestro pensamiento sobre los problemas de las Fuerzas Armadas de Chile.
¡Qué tranquilidad de conciencia!
Por ejemplo, cuando aquí se trató el Pacto de Ayuda Mutua y cuando se discutió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hubo dos Senadores que votaron en contrario: quien fue posteriormente Presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, y el Senador que habla. Todo el resto del Senado aprobó esos pactos, que siempre hemos estimado lesivos para las Fuerzas Armadas y para Chile mismo.
Por eso, con criterio superior de responsabilidad, con visión nacional y profunda, con entrañable sentido patriótico para destacar el papel distinto que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en países como los nuestros, siempre levantamos nuestra voz, no sólo para rechazar el Pacto de Ayuda Mutua, el Tratado Interamericano de Paz, la tentativa de crear un Ejército Interamericano de Paz, las "Operaciones Unidas", sino en 25 oportunidades.
Por ello, reitero a la Mesa mi petición en el sentido de insertar en la parte que corresponda de mi discurso las tres páginas a que he hecho referencia.
El año pasado, después de oponernos a las facultades extraordinarias que por segunda vez pedía el Gobierno Demócrata Cristiano, pedí el envío de un oficio, en nombre de los Senadores Socialistas, al hombre que desempeñaba la Cartera de Defensa Nacional, a fin de hacerle presente una vez más la imperiosa necesidad de preocuparse de tres proyectos que habíamos presentado anteriormente, destinados a modificar los grados y los escalafones de las Fuerzas Armadas. En ellos se insistía en que debía considerarse el sueldo base total; en la injusticia que representaba la imposición sobre un porcentaje determinado; en la diferencia extraordinaria que existía entre un determinado sector y los altos mandos.
El señor ALLENDE.-
Lo anterior demuestra que permanentemente hemos planteado estos problemas. Y ahora, ante lo sucedido, nuestra posición ha sido la misma.
-El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente: "Relación de las principales intervenciones en el Senado del señor Salvador Allende Gossens a favor de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Legislatura Extraordinaria 1946-1947.
-Páginas 927-930 y 931: Observaciones sobre: Hospital de Carabineros; aporte fiscal; aumento de la Planta del Personal. Página 947: Observaciones sobre Carabineros de Chile, Personal. Sueldos. Aumento.
Legislatura Ordinaria 1948.
Página 1897-1899: Intervenciones sobre el Ejército. Planta. Aumento.
Legislatura Extraordinaria 1948-1949.
Páginas 115-120-121-123 y 125: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Gratificación.
Páginas 489-492-495: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Mejoramiento económico.
Legislatura Ordinaria 1950.
Página 216: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas y Carabineros. Casas para el personal.
Páginas 576-577-578: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Rentas.
Legislatura Ordinaria 1951.
Páginas 348-349-350-353: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas: Nuevos hospitales.
Legislatura Extraordinaria 19511952.
Páginas 1778-1789. Reajuste remuneraciones Administración Pública y Fuerzas Armadas. Intervenciones.
Legislatura Ordinaria 1953.
Páginas 110-812-181-223: Intervenciones e indicación sobre Fuerzas Armadas. Derogación artículos 89 y 90 del D.F.L. 148, de 1953, sobre reclutamiento, nombramientos y ascensos.
Legislatura Ordinaria 1960.
Páginas 1974-1975-2058: Fuerzas Armadas. Moción para modificar ley número 8.89 (5 sobre desahucio al personal, e intervenciones.
La moción fue presentada el 24 de agosto de 1960, en la sesión 30º, Boletín número 19.036.
Página 2247: Petición de oficio sobre remuneraciones varias para el retiro de Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas.
Legislatura Extraordinaria 1960.
Sesión 17º, de 22 de noviembre de 1960.
Entrega proyecto de ley tendiente a regularizar situación anormal creada al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con motivo de la dictación de la ley 12.428, de 19 de enero de 1957. Durante la discusión de esa ley se dejó constancia de que la disminución de un 30% del beneficio de los quinquenios, a contar del 2º, dispuesta por el inciso 2º del artículo 1°, sería transitoria. Esta iniciativa tiene por objeto normalizar esa situación y retrotraer las cosas a como estaban antes de la dictación de dicha ley, y además, suprimir el artículo 2º, que estableció un tratamiento lesivo y discriminatorio para el personal en retiro y los montepíos de esas instituciones con relación a sus similares en actividad. Se remedia también en el proyecto, el estallo de cosas creado por el artículo 4ºde esa ley, que alteró fundamentalmente el sistema que regía para el cómputo de los quinquenios y eliminó, entre otros, los servicios prestados como profesores en las escuelas de las Fuerzas Armadas.
Sesión 19º, de 29 de noviembre de 1960. Figura en la Cuenta de esta sesión el texto completo del proyecto a que hizo referencia en la sesión 17º, de 22 de noviembre de 1960.
29 de noviembre de 1960. Sesión 19º. Boletín Nº 19.210: Moción proponiendo modificaciones a la ley Nº 12.428, que restableció los quinquenios para, el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Sesión 1º, de 31 de mayo de 1961. Remite oficio al señor Ministro de Defensa Nacional sobre problemas prevísionales que afectan al personal en servicio activo y en retiro de ñas Fuerzas Armadas, cuyo texto completo aparece en el "Diario de Sesiones", de la misma fecha.
Sesión 16º, de 12 de julio de 1961. Refiriéndose al proyecto de ley que reajusta las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hace presente que hace algunos meses hizo remitir oficio al señor Ministro de Defensa Nacional en el cual le condensaba algunos importantísimos aspectos que, a su juicio, debería encarar el Ejecutivo con relación a las Fuerzas Armadas y Carabineros en servicio activo y en retiro y sus montepíos, y que ello demuestra el interés y preocupación que siempre han tenido los parlamentarios de Izquierda, por solucionarles sus problemas; pero que, como el proyecto aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados adolece de muchos errores, es indispensable que sea estudiado en forma seria y responsable por las Comisiones del Senado.
20 de julio de 1961. Sesión 26º: Petición de oficio sobre aumento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
1° de agosto de 1961. Sesión 26º: Moción proponiendo beneficios para el personal fallecido en accidente a bordo del crucero "O'Higgins".
22 de agosto de 1961. Sesión 36º: Moción de amnistía para personal de la Escuela de Ingeniería de la Armada.
29 de agosto de 1961. Sesión 43º: Intervención sobre amnistía personal Escuela de Ingeniería de la Armada.
Sesión 26º de 1º de agosto de 1961: Proyecto de ley para otorgar determinados beneficios a las viudas del personal fallecido en el accidente ocurrido a una lancha del crucero O'Higgins (10 años de abono de servicios, para todos los efectos legales). Los mismos beneficios se proponían a los personales que naufragaron en el ex crucero "Presidente Pinto" y en el ex transporte "Valdivia".
Sesión 11º, de 7 de noviembre de 1961: Interviene en relación con el proyecto de ley de que es autor sobre desahucio para el personal de las Fuerzas Armadas, que modifica la ley Nº 8,895.
Año 1962.
4 de abril. Sesión 64º: Moción. Establece que las normas del D. F. L. Nº 209, de 1953, se aplicarán también a las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas decretadas con anterioridad a su vigencia.
27 de noviembre: Petición de oficio sobre remuneraciones y escala de sueldos para las Fuerzas Armadas.
Sesión 17º, de 17 de julio de 1962: En el Anexo de Documentos figura el texto de la moción que, conjuntamente con los Honorables Senadores señores Barros, Frei, Pablo y Quinteros, suscribió sobre amnistía para las personas condenadas por delitos cometidos en el recinto ,de la Escuela de Ingeniería de la Armada.
Sesión 25º, de 27 de noviembre de 1962: En los oficios números 4862 y 4863, de fecha 27 de noviembre de 1962, dirigidos a petición del Senador Allende, a los señores Ministros de Defensa Nacional y Hacienda, respectivamente, se solicitó que en los estudios que se estaban efectuando con el objeto de conceder un mejoramiento económico al personal de las Fuerzas Armadas, se consideraran los siguientes puntos:
1º.- Que se fije una nueva escala de sueldos bases.
2º.- Que se equipare el monto de los quinquenios que percibe el personal en servicio activo y el que se encuentra en retiro.
3º.- Que se incluya en los beneficios que se otorgan por ley al personal en actividad al que se halla en retiro y los montepíos, y
4º.- Que se incorporen al sueldo base las bonificaciones y asignaciones no imponibles de que actualmente disfruta el personal.
Año 1963.
Sesión 58º, de 14 de mayo de 1963, páginas 4152 a 4167: Se insertan cartas intercambiadas con los señorea Ministros del Interior, Defensa Nacional y Hacienda, con motivo de la solicitud de que se estudiara por el Gobierno un proyecto de ley que aumentara las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, acompañádose cuadros valorizados de las proposiciones hechas a nombre de los parlamentarios socialistas.
18 de junio. Sesión 6. Boletín número 20.487: Moción para modificar la ley número 9.071, que estableció el Fondo de Desahucio para el personal de Carabineros.
19 de junio. Sesión 7º: Petición de oficio a la Cámara de Diputados, proporcionando antecedentes sobre aumento de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
18 de julio. Sesión 19º: Intervención sobre reajuste de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Sesión 19º, de 18 de julio de 1963: Interviene en la discusión del proyecto de ley que mejora las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en donde señala que no sólo en esta ocasión sino que adelantándose a ella adelantó su punto de vista personal en comunicaciones que envió mediante oficios a los señores Ministros de Defensa Nacional, Interior y Hacienda.
Agrega que su preocupación sobre esta materia ha sido permanente y no sólo respecto de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino, además, con relación a lo que, a nuestro juicio, debe ser la estructuración funcional de dichas reparticiones. Expresa, además, que la indicación que concede beneficios a la mujer que trabaja en las Fuerzas Armadas, también lleva su firma.
Año 1964.
13 de mayo. Sesión 56º: Moción que otorga quinquenios de la ley 12.428 y sus modificaciones posteriores al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Año 1965.
17 de agosto. Sesión 33º: Moción para conceder beneficios a las víctimas del naufragio del escampavía "Janequeo", de la Armada Nacional.
Año 1966.
Sesión 98º, de 19 de abril de 1966: Se discute el proyecto de ley que aumenta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros e interviene para defender diversas disposiciones que benefician al personal.
7 de junio. Sesión 3°. Boletín 22.129: Moción para otorgar a los montepíos de los fallecidos en actos del servicio en las Fuerzas Armadas y Carabineros, con anterioridad a la vigencia de los decretos con fuerza de ley Nºs. 209 y 299, de 1963, los derechos que allí se establecen en estos casos.
Sesión 259, de 23 de noviembre de 1966: Se refiere en forma extensa al Proyecto de Reajuste para 1967 y a la situación del personal de las Fuerzas Armadas y solicita oficiar al Ejecutivo y a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para que estudien y resuelvan sus proposiciones.
Año 1967.
Sesión 22º, de 19 de julio de 1967: Se refiere a actitud del Partido Socialista ante las Fuerzas Armadas y Carabineros, destacando en forma extensa la labor que en beneficio de su personal y de las instituciones referidas han tenido siempre los parlamentarios socialistas, y haciendo un resumen de las más importantes que tuvieron origen en indicaciones o proyectos de ley patrocinados por sus parlamentarios.
Año 1968.
Sesión 29º, de 31 de julio de 1968: Páginas 1420 a 1424. Oficio sobre situación económica del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
"La ley Nº 16.840, de reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado, ha otorgado facultades especiales amplísimas al Ejecutivo para encarar en todos sus aspectos la solución de los problemas que afectan a nuestras Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros.
"Los respectivos decreto con fuerza de ley deberán ser cursados, según lo dispone el texto legal respectivo, dentro del plazo de 90 días, contado desde el 2º4 de mayo último, fecha de publicación de la referida ley en el "Diario Oficial".
"El Partido Socialista votó en contra de estas facultades porque, por principio, ha sido siempre adverso a concederlas y, además, porque en este caso influyó poderosamente en su ánimo el hecho de que en ese lapso perfectamente podían ser estudiados todos los problemas fundamentales de que se trata y ser resueltos a través de una ley. Así se habría evitado vulnerar lo que de una manera expresa y categórica ordena el artículo 44 de nuestra Carta Fundamental, esto es, que sólo en virtud de una ley se pueden introducir las reformas a que se alude en el artículo 16 de la ley Nº 16.840.
"Es un hecho que nadie puede desconocer que los problemas que atañen a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros, revisten alto interés público y están, por lo mismo, más allá de las parcelaciones partidarias. Los D.F.L. que habrá de dictar el Ejecutivo en virtud de las facultades que se le acaban de otorgar, tendrán, por lo tanto, trascendencia no corriente. Por lo mismo, antes de que ellos sean cursados, los Senadores socialistas consecuentes con su trayectoria inalterable cumplimos con el deber de transmitir nuestro pensamiento al Gobierno acerca de este asunto.
"Dejamos constancia, por tanto, de las observaciones más relevantes que nos merecen las disposiciones actualmente en vigor y que pensamos deberían ser consideradas, tanto en los estudios técnicos previos como en las resoluciones definitivas del Gobierno.
"I.- Observaciones relativas a las remuneraciones.
"En primer lugar, estimamos imprescindible volver sobre lo que hemos venido reiterando: cualquier mejoramiento de los sueldos propiamente tales a base de un tanto por ciento uniforme, resulta injusto en su esencia, porque beneficia en menor grado a quienes más lo necesitan.
"El deterioro que han sufrido con el correr del tiempo los sueldos del personal de las instituciones armadas se ha debido de manera casi exclusiva al hecho de no haberse mantenido vigente la norma de encasillamiento establecida en la ley N° 11.595, de 1954.
"Semejante menoscabo, que en la actualidad alcanza caracteres dramáticos, no ha sido atenuado en lo más mínimo con el sistema injusto y discriminatorio de conceder asignaciones y bonificaciones no imponibles; bonificaciones imponibles de variados porcentajes o mejoramiento en los montos por quinquenios que, en este último caso, sólo han beneficiado al personal en actividad y al en retiro con más de 30 años de servicios. Estimamos que los quinquenios deben mantenerse con los porcentajes fijados por el artículo 6º de la ley Nº 15.575, pero generalizando su aplicación de manera que no se produzcan discriminaciones de ninguna especie.
"Juzgamos, por tanto, que para resolver adecuadamente el problema de las remuneraciones, sería práctico establecer un sistema similar al que puso en vigor en el año 1954 la ley Nº 11.595, ya aludida; pero actualizándolo en cuanto a las cifras y a algunos encasillamientos.
"Por de pronto, como una medida de prudencia y más que nada de estricta justicia estimamos que debe modificarse el actual encasillamiento de los grados de Oficiales y Suboficiales que señalamos a continuación:
Sesión 32º, de 7 de agosto de 1968: Se refiere a situación económica de las Fuerzas Armadas y Carabineros, replicando con antecedentes que proporciona, al diario "El Mercurio". Después de analizar múltiples iniciativas suyas en favor de dicho personal, agrega: "Es decir, en más de siete años intervine no menos de 12 veces y patrociné proyectos para establecer escalas de remuneraciones diferentes para las Fuerzas Armadas y Carabineros. No existe, por lo tanto, de parte nuestra, actitud oportunista, ni aprovechamiento ilícito ni posición deleznable. ¡No! Estimamos que las Instituciones Armadas y Carabineros desempeñan una función que nos merece el más amplio respeto, y que por ejercer sus miembros cargos públicos, debe otorgárseles la justa renta que las necesidades del hombre exigen y requieren.
"Por eso, deseo destacar esta tarde, para terminar y agradezco la deferencia del Senado para escucharme que una vez más "El Mercurio" pretende crear determinado clima, en su anhelo de que el Gobierno desate una represión ante el fantasma de una tentativa de sublevación o subversión del orden público, destinada a defender mejor sus intereses que, por cierto, no son los de Chile".
Por oficios números 5164, 5168 y 5180 de 21 de noviembre de 1968, solicitó a los señores Ministros de Hacienda, Interior y Defensa Nacional dispusieran lo conveniente a fin de que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros pudieran cancelar al personal en retiro de esas instituciones diversos beneficios que se le están adeudando desde 1966 y que le han sido reconocidos por dictámenes del Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República.
A esta misma materia se hizo mención, detallando el texto de tales oficios, en la sesión 22º, de 10 de diciembre de 1968, por el Honorable Senador señor Aguirre Doolan, reiterándose por el Senado en esa oportunidad esas peticiones."
El señor ALLENDE.-
Lo anterior demuestra que permanentemente hemos planteado estos problemas. Y ahora, ante lo sucedido, nuestra posición ha sido la misma.
El compañero Secretario General del partido lamentablemente la ofuscación del Honorable señor Carmona le impidió darse cuenta exactamente de ello leyó los documentos textuales emitidos por nuestra colectividad antes, durante y después del llamado incidente del regimiento Tacna. No hemos cambiado de criterio ni de opinión.
Ayer nos motejaban de adversarios de las Fuerzas Armadas. Hemos señalado nuestra preocupación patriótica y nacional como partido revolucionario. Ahora, se ha pretendido decir que éramos progolpistas. Como revolucionarios, sabemos muy bien la diferencia entre un golpe de Estado o un cuartelazo y la revolución. Siempre hemos mantenido nuestra actitud, como la mantuvimos en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. . .
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor ALLENDE.-
Esta materia debe tener una solución política. Por eso, hemos planteado un proyecto de amnistía que redactó el Honorable señor Tarud.
Solicito que se me conceda un minuto para terminar mi pensamiento.
El señor JEREZ.-
Le cedo un minuto de mi tiempo, señor Senador.
El señor ALLENDE.
El Honorable señor Chadwick redactó otro proyecto de amnistía que hemos firmado seis o siete Senadores. A nuestro juicio, ella debe beneficiar no sólo a los militares que intervinieron en los incidentes del 21 de octubre, porque si éstos fueron un hecho político incluso Sus Señorías estiman que fue una huelga y no una tentativa golpista, es lógico que los sectores de Izquierda queramos incluir en la amnistía a cientos de obreros perseguidos, cuyo ejemplo más típico son los trabajadores de Saba. No podíamos juzgar parceladamente la solución de estos problemas, y pienso que el Senado debatirá profundamente esta situación.
Según una información no me consta su efectividad, y si cometo un error, pido que se me excuse, el señor Presidente del Senado habría dicho a los periodistas que él estima inconstitucional la presentación de esta iniciativa. Pienso que el señor Presidente por lo menos tendrá la deferencia de someter esta materia al conocimiento de la Corporación. Porque si esto se está encarando desde un punto de vista político, tengamos la entereza y la honradez de proceder de esta manera. No busquemos ahora resquicios reglamentarios ante problemas que los propios Senadores democratacristianos y Ministros nos han presentado como asuntos que debían enfocarse con criterio político y sentido nacional y, por cierto, por sobre banderías partidarias o actitudes de Oposición o de Gobierno.
Reitero y agradezco la deferencia del Honorable señor Jerez que nuestra posición ha sido siempre de principios y de doctrina; que nuestra autoridad moral se reafirma ahora, cuando apreciamos con claridad lo que iba a suceder y en tres oportunidades advertimos al Gobierno democratacristiano que no era posible que continuara desoyendo un justo clamor que iba más allá de reivindicaciones de tipo económico para el personal activo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pues también incidía en la propia estructuración, apertrechamiento y dotación de nuestros Institutos Armados.
Por último, sin oportunismo político, jamás hemos dejado de preocuparnos de esos otros funcionarios que cumplieron bien cuando estuvieron en servicio activo en las filas y que han sido postergados, a pesar de todo cuanto se diga y de los comentarios hechos por el Honorable señor Carmona, los que tendré que estudiar en detalle para refutarlos al igual que lo hice con la información errada que dio al Senado no intencionadamente errada respecto de nuestra actitud frente al GeneralViaux.
He dicho.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la intervención del señor Senador las tres páginas a que hizo referencia.
Acordado.
El señor CARMONA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
Sólo me referiré a algunos aspectos de este interesantísimo problema, ya que a continuación el Honorable señor Palma ocupará el resto del tiempo, Dejaré para la discusión particular las demás observaciones
Deseo referirme muy brevemente a la refutación que acaba de hacer el Honorable señor Allende y manifestarle que, lamentablemente, está muy mal informado y no tiene la razón.
El señor ALLENDE.-
Ello es responsabilidad de un secretario de Comisión.
El señor CARMONA.-
El ascenso de Teniente Coronel a Coronel del actual General en retiro señor Viaux se propuso al Senado en marzo de 1966. Es cierto que el mensaje respectivo fue retirado por el Ejecutivo. Pero, ¿por qué razón? Porque mediante una indicación de los Senadores socialistas se quiso transformar a la Comisión de Defensa Nacional en una Comisión investigadora, facultándola para trasladarse a Calama a fin de averiguar todas las actuaciones,...
El señor ALLENDE.-
¡Ah...!
El señor CARMONA.-
... no sólo profesionales sino también personales no confundamos del actual General en retiro señor Viaux,, cuyo ascenso de Teniente Coronel a Coronel había propuesto el Gobierno. El Ejecutivo no aceptó esa doctrina totalmente errada, inconstitucional y antirreglamentaria, y procedió a retirar los mensajes correspondientes hasta que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado pusiera las cosas en su lugar y restableciera la verdadera doctrina que se pretendió tergiversar.
Una vez que volvió la normalidad, el Ejecutivo envió de nuevo los mensajes, y el Teniente Coronel señor Viaux fue ascendido a Coronel.
¿A qué se debió esa demora?
Quisiera que la opinión pública juzgara...
El señor CHADWICK.-
Esa demora se debió a la resistencia política del Gobierno para que se investiguen los hechos.
El señor CARMONA.-
El General señor Mahn no fue eliminado por decisión de nadie, sino por una regla elemental existente en las Fuerzas Armadas en materia de ascensos. El Ejecutivo, en uso de sus facultades, designó Comandante en Jefe a una persona con menor antigüedad y, por lo tanto, simultáneamente se produjo el retiro de los Generales con más años de servicio. Esa ha sido una norma general, siempre se ha aplicado y, por eso, no debe extrañar. O sea, no hay cargo alguno contra el señor Mahn, quien, a mi juicio, cumplió profesionalmente, y constituyó un General de Ejército distinguido y de excepción, que ha servido al país.
Hay una situación que muy pocos pueden explicarse: generales de la república, sabiendo que no permanecerán en el Ejército, han sido capaces de cumplir misiones de alto interés nacional. Me refiero al caso concreto del General Mahn y, también, del General Ramón Valdés, quien cumplió una delicada misión en Antofagasta el día 17 de octubre, sabiendo que debía retirarse al poco tiempo después.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Por qué sabía?
El señor CARMONA.-
Porque cumplía el término reglamentario de años de servicio.
El señor ALLENDE.-
El GeneralMahn, no.
El señor CARMONA.-
Me estoy refiriendo al GeneralRamón Valdés.
Además deseo sacar de otro profundo error al Honorable señor Allende: el General señor Manuel Pinochet continúa en el Ejército. No ha sido eliminado por la Junta Calificadora. Los Generales no pueden ser eliminados de las filas por decisión de este organismo.
Nada más, señor Presidente. El resto de nuestro tiempo lo usará el Honorable señor Palma.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra al Honorable señor Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Por segunda vez en poco más de un año, el Gobierno recurre al Congreso Nacional en procura de facultades especiales para solucionar el deterioro de sueldos y pensiones de la Defensa Nacional y el Cuerpo de Carabineros. En esta ocasión, lo hace presionado por los sucesos ocurridos el 21 de octubre, cuando la acumulación de tensiones derivadas del incumplimiento por parte del Ejecutivo de sus anteriores promesas, estalló en una crisis que causó conmoción nacional. Con ciega osbtinación, no sólo no se hizo ningún esfuerzo por dar solución oportuna a los reclamos provenientes de las Fuerzas Armadas a causa de la disminución constante de sus ingresos escasos por definición, sino que se mantuvo igual rigidez frente al hecho de que todos los asalariados y pensionados del país han venido este año soportando una crítica situación, como consecuencia del incremento de los precios.
El resultado de esta política de ceguera ante una realidad que resultaba evidente para cualquier Gobierno sensible y eficiente, fue esta crisis militar, que aún no termina, debido a los procesos que se mantienen en contra de un grupo de oficiales en servicio activo y del General en retiro señor Roberto Viaux Marambio. Para poner fin a esta situación, he presentado una indicación a esta iniciativa, en virtud de la cual propongo amnistiar a todos los acusados en esos procesos. Lo he hecho con el ánimo constructivo de terminar la crisis haciendo fe en los documentos pactados entre el Gobierno y el General Viaux, y en las diversas declaraciones de éste en el sentido de que su protesta fue por decirlo así de carácter estrictamente "gremial" y profesional, y no se dirigió en momento alguno contra la legalidad o las autoridades gubernativas.
Esta indicación no intenta atrepellar ninguna autoridad ni reglamento. Sólo se encamina a terminar con un foco de tensiones y preocupaciones cuya realidad es innegable, así como es también innegable que, en el curso de los hechos ocurridos antes y después del 21 de octubre, no se precipitaron acontecimientos mayores debido a los recursos de prudencia y sensatez ejercidos, que permitieron resolver directamente la situación planteada mediante un compromiso consignado en un acta. Tales documentos, hablando con claridad, no se ciñen estrictamente a los procedimientos regulares, pero fue una solución.
La proposición de amnistía que he formulado, y por la cual un diario del partido de Gobierno me ha criticado con mucha ligereza, no es habitual en el sentido legislativo y procesal, pero es, también, una solución. Espero que ella acentuará la creación de un clima de normalidad en el rodaje institucional del Ejército e impedirá que grupos políticos interesados sigan intentando sacar provecho de una situación que repito fue creada y me atrevería a decirlo cultivada por la ceguera e ineficiencia de quienes tienen la responsabilidad de velar por la marcha normal y regular de las instituciones del Estado y de advertir con oportunidad y sentido de justicia el curso de los acontecimientos y sus tendencias y consecuencias, para impedir precisamente que se desarrollen situaciones críticas como ésta que ha vivido el país.
Volviendo al tema en debate, debo señalar que en esta oportunidad nuestra negativa a conceder las facultades extraordinarias solicitadas nuevamente por el Gobierno con el objeto de resolver los problemas económicos del personal de la Defensa Nacional y Carabineros, se inspira en un criterio de previsión y justicia que impida el surgimiento de nuevas situaciones críticas. No deseamos que tales circunstancias puedan repetirse. Anhelamos soluciones justas y definitivas para el problema de los personales activos y en retiro de la Defensa Nacional y Carabineros. Deseamos que se garantice su cumplimiento, así como pretendemos que todos los trabajadores y jubilados de la Administración tengan igual tratamiento.
Los resultados de las facultades especiales concedidas anteriormente, también destinadas a permitir al Gobierno fijar a su arbitrio y sin posterior recurso las rentas y pensiones de los uniformados, son conocidos por todo el mundo: desorden en la fijación de sueldos del personal en servicio al establecerse nuevas gratificaciones y bonificaciones, que aprovechan sólo algunos grupos, en desmedro de la mayoría; desniveles aún más pronunciados en las jubilaciones otorgadas a militares con el mismo grado y antigüedad; disminución de beneficios previsionales acordados por leyes anteriores; financiamiento de quinquenios y revalorización de pensiones con aportes de los propios jubilados; exigencia de 25 años de actividad para obtener pensión reajustable; castigo implacable, continuado y definitivo, en las pensiones de la tercera parte de los jubilados, que no lograron cumplir los 30 años de servicios y debieron abandonar antes las filas, casi siempre en forma involuntaria.
Pero la razón más fundamental no es precisamente ese mal uso de las atribuciones otorgadas al Gobierno el año pasado, sino el engaño que éste hizo al Senado y la mofa de que fueron víctimas los jubilados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hombres respetables que recibieron en servicio dignidades y merecimientos.
En esta misma sala, el 18 de abril de 1968, el ex Ministro señor Carmona, que hoy integra esta Corporación, prometió al país que serían aumentados los sueldos bases de esos personales, pues constituyen un oprobio para las Fuerzas Armadas, como lo dijo en carta pública el General Juan Retamal hace un año. El ex Ministro señor Carmona prometió, también, suprimir las gratificaciones y bonificaciones que se les pagan, para aumentar sus rentas. No cumplió el Gobierno, y el resultado de ello lo encontramos en los hechos del 21 de octubre. Con los jubilados fue peor. Dijo el entonces Ministro de Defensa Nacional que "ellos llegarían a ganar más que el personal activo", cosa que nadie le creyó, por supuesto, Pero agregó algo inaudito: informó al Senado que si se aumentaba sólo en 5% los sueldos bases del personal activo, a los jubilados este aumento tan insignificante les representaría, en cambio, un incremento de sus pensiones de hasta ciento por ciento. ¡Pensar que nuestro Honorable colega estuvo cuatro años en el Ministerio de Defensa, para salir con un despropósito tan grande!
El señor HAMILTON.-
El Honorable señor Tarud escuchó la intervención del Honorable señor Carmona; pero como traía preparado su discurso, no reparó en las expresiones del señor Senador, para no tener que corregirlo.
El señor TARUD.-
¿Desea algo Su Señoría? Estoy a sus órdenes.
El señor HAMILTON.-
¿Me concedería una interrupción?
El señor TARUD.-
No puedo conceder interrupciones, señor Senador, porque me ha costado mucho poder intervenir. He debido mendigar tiempo para poder usar de la palabra. Por lo demás, yo escuché con toda atención a Su Señoría, sin interrumpir su discurso.
Si se van a dar nuevamente facultades especiales al Ejecutivo en esta materia de tanta importancia para cerca de 140.000 personas con sus familias, deberá actuarse con mayor seriedad que la vez pasada, y con claridad, sobre todo.
El personal en retiro sabe, por ejemplo es bueno que lo sepan los hombres en actividad que se piensa establecer una escala especial para las jubilaciones y montepíos con sólo 70 % del sueldo de actividad, terminándose definitivamente con la pensión reajustable establecida por el ex Presidente de la República señor Ibáñez en su segunda Administración, y que era, hasta el advenimiento del actual Gobierno, la única póliza de garantía que tenían los uniformados para no tener que sufrir en su vejez las mismas vejaciones e injusticias de otros grupos de jubilados. Se dice que en otras partes, en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, es así; pero se olvida que esa legislación corresponde a países desarrollados, con moneda estable, y donde se da a los servidores públicos un salario con el que a lo largo de su carrera funcionaría van formando su propia previsión.
Yo ruego a los representantes del Gobierno que aquí me escuchan que anticipen francamente si es o no es ése el deseo del Gobierno, para que todos los interesados, en actividad o en retiro, lo sepan ahora y no se encuentren después con hechos consumados.
Cuando se exige al Gobierno respetar los derechos adquiridos y las leyes que protegen a los jubilados de las Fuerzas Armadas, nos encontramos inmediatamente con la monserga de que hay 44 generales en servicio activo y, en cambio, debe pagarse el mismo sueldo a dos mil o tres mil jubilados. Cada vez que tienen oportunidad, lo repiten algunos periodistas, y lo han reiterado en estos días personeros responsables del Gobierno de la Democracia Cristiana.
El señor ISLA.-
Desgraciadamente es así.
El señor TARUD.-
Para Su Señoría lo es; pero escuche bien, por favor.
El señor ISLA.-
Estoy escuchando.
El señor TARUD.-
Un señor Senador lo dijo días atrás en la prensa y en un foro de televisión. Consultando sus papeles, lo aseguró nada menos que el Presidente de un partido político. Yo quiero dejar constancia, en nombre del personal en retiro, de que toda esa información es una falsedad y de que lo único que parecieran envolver estas afirmaciones es el deseo de provocar resistencia de los civiles en contra de los militares.
El señor IRURETA.-
¿En qué año se retiró Su Señoría?
El señor TARUD.-
Desde luego, no son sólo 44 las personas a quienes se paga el sueldo de general en actividad, sino más de 400, ya que todos los coroneles y algunos comandantes también lo ganan, aparte los otros asimilados, pues al igual que en la Administración Civil del Estado, en las Fuerzas Armadas se ganan mayores sueldos, y un tercer mayor sueldo, cuando se cumplen ciertos requisitos y tiempo en el grado.
No es ninguna novedad, entonces, que haya 400 personas en servicio que ganan el sueldo de general y que existan en retiro dos o tres mil personas con el mismo derecho, un tanto disminuido.
El señor HAMILTON.-
¡Era cierto, entonces!
El señor TARUD.-
Ruego a Su Señoría escucharme sin interrumpir. Yo no interrumpí al señor Senador; pero si desea, podemos ir a un foro en otro lugar, donde no estemos limitados por el tiempo. ¡A Su Señoría le gustan tanto los foros de televisión...! ¡ ¡Se ve tan bien en ellos...!
No es culpa de los jubilados; es culpa del Estado que, como no tiene más recursos para dar una remuneración razonable a sus servidores, ha ideado este sistema de los mayores sueldos y un tercer mayor sueldo para todos por parejo: civiles y militares. Y de que se produzcan algunas jubilaciones prematuras, tampoco tienen la culpa los jubilados.
Este Gobierno ha descabezado tres veces al Alto Mando del Ejército nombrando Comandante en Jefe a un General de Brigada. Hace pocos días lo hizo; pero lo que no se dice, con toda intención, naturalmente; lo que ni el Gobierno ni sus Senadores explican bien, es que ninguno de estos ex servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que por ley tienen derecho al sueldo de general en actividad, está recibiendo en su actual retiro lo que le corresponde. Debido a que el actual Gobierno ha concedido reajustes con pago a plazo para los jubilados, ha aumentado y creado nuevas y variadas gratificaciones a que no tiene derecho el personal pasivo, este último gana menos de 70% de lo que percibe el personal en actividad. Esa es la verdad. La aseveración temeraria del ex Ministro señor Carmona de que los jubilados ganarían más que los miembros en servicio no fue otra cosa que un recurso, bueno o malo, para obtener las anteriores facultades. Y la preocupación y los trajines del sector pasivo, que los Honorables colegas habrán visto en los pasillos del Senado pidiendo, dignamente que no se le perjudique más, obedecen a que están realmente postergados.
Lo que acabo de decir me servirá también para pedir que, de una vez por todas, se termine con el recurso del pago de reajustes a plazo, por etapas, que es una crueldad, pues la gente se muere antes del vencimiento de las letras con las cuales el Gobierno, desde hace tres años, ha estado pagando a los jubilados. El sistema, además, constituye un engaño mayúsculo, pues nunca se les ha cancelado ni la segunda cuota al cambiarse el monto de los reajustes anuales.
Por otra parte, no es conveniente que el actual Gobierno deje a la próxima Administración deudas tan grandes y de tanta trascendencia como son las jubilaciones de 60 mil personas.
El Ejecutivo debe cumplir ahora lo que dejó de hacer el año pasado, si no quiere verse expuesto a situaciones difíciles en el futuro. Debe terminar con los sueldos base insignificantes y con las gratificaciones innecesarias, sobre todo, con algunas que estableció hace un año en los decretos con fuerza de ley y que dan o darán derecho a algunos para jubilar en mejores condiciones que otros, a pesar de tener los mismos requisitos. Debe dictar una legislación de sueldos y pensiones estable y definitiva, que no produzca trastornos de año en año, en la época de los reajustes. Debe dar solución también a otros problemas que se comprometió a arreglar al iniciar su administración.
Es una aberración hacer jubilar a gente con 30 ó 25 años de servicios, en la plenitud de sus energías, para tener que seguir pagándoles por 20 ó 30 años más su jubilación.
También es necesario preparar al militar o al carabinero antes de retirarse, para que después pueda desarrollar un trabajo independiente que les permita liberarse económicamente y no depender sólo de lo que les pueda dar el Estado.
A pedido de instituciones respetables de jubilados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, he hecho algunas indicaciones al proyecto con el objeto de mejorarlo. Tienen por finalidad aclarar conceptos y pedir que el 20% de bonificación profesional que debía pagarse al personal en retiro en 1970 y 1971 se agregue al reajuste que debe ser concedido en 1970.
Por último, deseo repetir lo que a diario me dicen los jubilados de las Fuerzas Armadas, y que, entiendo, es lo mismo que piensa el personal activo: "Que no se nos engañe otra vez".
Días atrás el señor Presidente del Consejo Superior del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, General en retiro Carlos Valdés, de cuya amistad me honro, dejó en mi escritorio un recado, cuya última parte dice: "Como no tenemos, como el obrero, un tribunal al que recurrir para que se cumpla lo que se nos prometió, recurrimos al Poder Legislativo para que nos ampare en esta irregularidad y para que el Fisco nos dé las pensiones y montepíos que se nos prometieron al ingresar y terminar nuestros servicios. No podemos aceptar que se legisle con "promesas a futuro", porque tenemos también una triste experiencia al respecto. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional le debe en pensiones y montepíos al personal de jubilados y de montepiados una suma superior a 35 millones de escudos". ¡Que se nos ampare!, dice el General.
En la hora de votación, mi voto será negativo para las facultades solicitadas por el Gobierno en esta iniciativa de ley.
El señor CARMONA.-
¿Puedo hacer uso, por cinco minutos, de mi derecho reglamentario?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento, Su Señoría puede usar de la palabra por 10 minutos.
El señor RODRÍGUEZ.-
Solicitamos el mismo derecho, señor Presidente:
El señor PALMA.-
¿Cuánto tiempo le resta al Comité Demócrata Cristiano?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Le quedan 13 minutos, señor Senador.
El señor CARMONA.-
Ocuparé este tiempo sólo para referirme a la parte en que he sido aludido por el Honorable señor Tarud. No abordaré todas las materias aquí tratadas, aun cuando me hubiera gustado hacerlo. Lo haré en otra oportunidad para demostrarle cuan equivocado está Su Señoría.
Por otra parte, no habría tiempo para analizar lo que él Honorable colega ha leído aquí: un verdadero programa presidencial.
El señor TARUD.-
Es bueno que lo aprenda, señor Senador.
El señor CARMONA.-
¡Indudablemente...!
Debo dejar constancia de que el Honorable señor Tarud ha cometido no sólo un error, sino que ha afirmado una falsedad, que no puedo dejar pasar: ha dicho que durante la discusión del anterior proyecto que concedía facultades al Ejecutivo, yo expresé una serie de juicios que jamás ha estado en mi mente decir en el Senado.
El señor TARUD.-
Se los puedo leer en el boletín.
El señor CARMONA.-
Por tal motivo, leeré una parte de mi intervención anterior.
En esa oportunidad, dije:
"Con justa razón se ha dicho en esta sala que el sistema de remuneraciones para el personal de los institutos armados es complicadísimo, pues, en muchos de sus aspectos, tienen por finalidad complementar los sueldos base, que son en extremo reducidos. Del mismo modo, el sistema de quinquenios es complejo y discriminatorio. Así, por ejemplo, para el personal en retiro y para los beneficiarios de montepíos, rige un mecanismo de quinquenios según el cual, muchas veces personas del mismo grado y antigüedad, perciben rentas distintas por ese concepto. También existe un sistema complicado de asignaciones y bonificaciones cuya aplicación es extraordinariamente difícil. A juicio del Gobierno, la única manera de simplificar el procedimiento, es por medio de un conjunto de facultades que hagan posible racionalizar las normas vigentes en materia de rentas de las Fuerzas Armadas, y, al mismo tiempo, introducir algunas economías en los gastos, pero sobre la base de resolver el problema principal, que es el de los reducidos sueldos base del personal activo.
"Reitero que el único modo de alcanzar los objetivos enunciados es abolir los sueldos base bajos, pero tal posibilidad se encuentra extraordinariamente restringida respecto del sector pasivo. Existe el peligro de que se produzcan distorsiones a consecuencias de las cuales se podría llegar en la práctica a resultados distintos de los que se pretende obtener con dichas facultades. Me basta citar tan sólo algunos ejemplos para demostrar que si no se toman las medidas adecuadas, un alza de 5% en los sueldos base, debido a un sistema discriminatorio de quinquenios para el sector pasivo, éste tendría aumentos de alrededor de 72%, 80% y hasta el ciento por ciento de sus actuales pensiones. De modo, pues, que, por ese motivo, una importante proporción de los recursos se desviaría a atender al sector pasivo, en desmedro del personal en actividad."
El señor TARUD.-
Eso es lo que dije.
El señor CARMONA.-
Cualquiera que lea la información que di al Senado, comprenderá la extrema cautela que pedí a la Corporación para legislar sobre la materia. Si me referí a la posibilidad de aumentar en ciento por ciento las pensiones, fue para poner de manifiesto la distorsión que se produciría al no tomar los resguardos necesarios.
Dije todo lo contrario de lo que me atribuye en este momento el Honorable señor Tarud. He querido dejarlo perfectamente esclarecido, porque no vengo a decir falsedades, a prometer cosas que no se pueden cumplir, ni a engañar a la Corporación.
Si el Honorable señor Tarud entendió mal, lo lamento por él. Pero creo conveniente que en otra oportunidad, o inclusive en este debate, comprenda mejor las observaciones de sus colegas.
El señor FUENTEALBA.-
¡Cómo es posible!
El señor ISLA.-
¡Así se escribe la historia!
El señor TARUD.-
La lectura que hemos escuchado confirma exactamente lo que acabo de decir: no se puede tergiversar y distorsionar la verdad con premisas falsas.
El Honorable señor Carmona, en la sesión 98º, de 15 de mayo de 1968, página 4573, dice lo siguiente:
"Todos los derechos consagrados en la legislación actual serán respetados, y las pensiones actuales serán reajustadas en la forma que corresponde, aun con un aumento superior al que obtenga el personal activo."
Esto ha sido falso, de falsedad absoluta. Eso prometió el Honorable señor Carmona y no se ha cumplido. Inclusive, se ofreció tal beneficio porque yo decidía las facultades con mi voto. En esa oportunidad expresé que si se aumentaban los sueldos base, no tenía inconveniente en otorgarlas. Fui engañado; por eso, no las doy más.
El señor PALMA.-
Naturalmente, no me referiré a las discusiones suscitadas entre algunos de mis colegas.
Como destacaron los Honorables señores Allende y Fuentealba, en torno de estos problemas para confirmarlo basta mirar la historia, leer novelas, recordar por ejemplo a Martín Rivas siempre hay algún hecho político de fondo que debe considerarse cuando se desea obtener una solución.
El país ha vivido en los últimos cinco años un proceso de cambios como no lo había experimentado tal vez desde la primera mitad del siglo pasado.
No entraré a analizar sus detalles, pero sí quiero destacar un solo hecho: que se ha realizado dentro de los marcos de la democracia y la libertad. Efectuar un proceso profundo de transformaciones en democracia y en libertad es extraordinariamente difícil en estos tiempos. Por cierto, la democracia chilena ha demostrado capacidad para resistirlo a pesar de las dudas de muchos.
Yo diría que en América Latina hay pocos ejemplos como éste. En verdad, constituimos un caso muy especial, que en esta hora ha vuelto a confirmarse.
Todavía más: sostengo que ejemplos de este tipo son escasos en el mundo actual. Si observamos la historia contemporánea, veremos que no todos los grandes líderes modernos han actuado respetando la dignidad humana y la libertad, como lo hemos hecho en Chile al llevar adelante tantas y tan profundas transformaciones, irreversibles, que el país apreciará en el futuro, no con criterio apasionado y politizado como suele hacer ahora.
Es explicable que en la actualidad se mire con pasión cada medida que adopta el Gobierno, pues todos son afectados por el proceso de cambios: unos, por ser víctimas, promotores o autores de las reformas y por estar englobados en ella; otros, por no tener la dirección de la tarea que se realiza; algunos, por su afán de satisfacer de inmediato anhelos incumplidos durante años y que ahora podrían lograr ante las nuevas y extraordinarias posibilidades que se abren. Naturalmente, ello produce un íntimo desajuste que no sólo afecta a las personas, sino también, muchas veces, a las instituciones y a los partidos políticos que no participan en estos procesos de cambios que desearon a lo largo de generaciones. Ello conduce a que gran número de los que se dicen revolucionarios y de avanzada se transformenen una especie de grupo frustrado. Evidentemente, durante esta etapa de evolución, nadie está satisfecho.
Sin duda, tal proceso alcanza a todos los sectores de la sociedad, y como se ha dicho durante el curso del debate el Ejército no es un sector estático frente a lo que acontece. Hasta él llegan las oleadas de un mundo que está adquiriendo nuevas estructuras y que no puede serle ajeno. ¿No es lógico, entonces, que en el Ejército también surja el anhelo de cambios profundos? ¿Acaso, desde el punto de vista profesional, no está cambiando todo lo relacionado con la actividad militar? ¿No se están modificando los armamentos y transformando el papel de los ejércitos? ¿No se está innovando en la preparación del personal? ¿No está evolucionando el criterio con que se manejan esas instituciones, en el sentido de establecer mandos colectivos o colegiados, y hasta en cuanto a sus objetivos, especialmente en países que tienen recursos limitados, como es el caso de Chile?
Por otra parte, es evidente que cuando se genera un proceso del ascenso social, como el que hemos vivido durante estos años, las aspiraciones de mejoramiento del personal de las Fuerzas Armadas también tienen que expresarse de manera tan categórica como en otros sectores. Pero, contrariamente a lo afirmado aquí, con criterio injusto por quienes han analizado este proceso, el Gobierno, aunque ha debido poner mayor énfasis en solucionar los problemas de aquellos sectores, donde era urgente introducir reformas, también ha actuado de manera concreta y profunda en todo lo atinente al problema de la modernización de las Fuerzas Armadas del país y también a los niveles de vida de su personal.
Los señores Senadores que se han preocupado más de estos asuntos y han tenido oportunidad de concurrir a algunas de las reuniones celebradas por las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, han podido darse cuenta de cuán importante es lo que el Ejecutivo ha estado tratando de hacer en este aspecto. Como Sus Señorías comprenderán, mucho de lo obrado no puede analizarse en detalle en una sesión como ésta. En todo caso, y de acuerdo con lo que nos han informado los más altos funcionarios, todos tenemos antecedentes de cómo el Gobierno ha modernizado las diferentes ramas de los Institutos Armados; de cómo ha introducido cambios profundos en cada uno de ellos; cómo se han remodelado los planes en todo orden de actividades; cómo, en fin, los sueldos del personal profesionalizado que sirve dentro de la institución, han sido duplicados, virtualmente, en cinco años y sus aumentos han superado a los de muchos de los otros sectores de la Administración Pública.
El señor RODRÍGUEZ.-
Entonces, ¿por qué se produjo esta situación?
El señor PALMA.-
Por las condiciones en que este Gobierno recibió la Administración del Estado. Los niveles de los sueldos eran extraordinariamente bajos en 1964, sobre todo en los sectores medios del Ejército. No respondían a las necesidades de la vida moderna ni al nivel económico que es indispensable otorgar a oficiales a quienes se exige cultura y preparación. De ahí que los reajustes hayan resultado insuficientes, a pesar de su importancia.
No hay duda alguna de que durante el proceso de apertura hacia una nueva sociedad, se crean impaciencias, muchas veces inmaduras, no sólo en los partidos políticos y en los grupos sociales, sino hasta en las instituciones castrenses.
¿Cuántos discursos hemos escuchado en esta Sala, que son la expresión de impaciencias inmaduras de quienes exigen mayor velocidad en el proceso de cambios que la permitida por la capacidad del país para realizarlos? ¿Cuántas veces, para criticarnos, se nos ha dicho que somos reformistas, que no somos revolucionarios, porque no vamos con la velocidad con que algunos impacientes creen que se podría avanzar en circunstancias de que durante estos cinco años se ha producido uno de los procesos de cambios más profundos en la historia del país?
El señor RODRÍGUEZ.-
¿El señor Tomic es impaciente...?
El señor PALMA.-
Pero esa impaciencia conduce muchas veces a actos inmaduros, no preparados; actos, en cierto modo, inconscientes. Y la crisis del Tacna es la expresión, como ocurre también dentro de los partidos políticos, de esa especie de impaciencia inmadura. Como es evidente, no todos los profesionales que actúan en estos casos tienen una visión amplia de la complejidad de los problemas que se plantean, y con frecuencia sus actuaciones o juicios son determinados por posiciones parcializadas o personalizadas en exceso. Por desgracia, de ello resultan juicios y actos que con frecuencia, en vez de provocar avances, hacen retroceder. El Gobierno se ha dado cuenta...
El señor CHADWICK.-
¡Tarde..!
El señor PALMA.-
...de que existe esta impaciencia inmadura en muchos sectores, especialmente en las Fuerzas Armadas. Por eso, manejó los acontecimientos con la ponderación, ductilidad y serenidad con que era necesario abordarlos, precisamente para que no se transformaran, de un acto de impaciencia inmadura, en otro proceso que podía alterar las estructuras jurídicas de la nación.
Creo que el Ejecutivo, al actuar así, ha interpretado al pueblo mejor que muchos otros. El pueblo y la democracia chilena han demostrado ser inmensamente más sólidos de lo que parecen, porque la autoridad que respeta las libertades y sabe entender la complejidad de los problemas humanos, lo que por algunos puede ser interpretado como signo de debilidad, es en el fondo la única poderosa y fuerte. En Chile no se puede actuar como si no se estuviera en el país. Ya no es el peso de la noche lo que detiene el desorden o las impaciencias inmaduras.
El señor CHADWICK.-
¿Y por qué las provoca?
El señor PALMA.-
Es el pueblo entero quien participa y el que en definitiva estoy seguro juzgará los hechos pasados ; el mismo que en un futuro próximo emitirá un juicio más serio y profundo de lo que nosotros mismos imaginamos.
Como no dispongo de tiempo, termino expresando mi convicción de que nada ni nadie, en los períodos críticos que se avecinan, podrá romper la realidad de un país democrático, progresista y abierto a la participación de cada uno para construir la nueva sociedad chilena.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, los Senadores del Partido Nacional habíamos resuelto no intervenir en este debate, por considerar que lo que el país espera del Congreso Nacional en estos momentos es la solución de un problema que no se satisface con latos discursos, sino con actitudes que no se adoptaron oportunamente y cuya responsabilidad no corresponde al Parlamento.
Me limitaré, pues, a repetir los conceptos que planteamos en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, cuando manifestamos que los nacionales reclamamos del Gobierno de la República el establecimiento de una situación compatible con la dignidad de las Fuerzas Armadas, y no sólo en cuanto a remuneraciones, sino también en el plano profesional y técnico, pues consideramos, como lo han dicho aquí algunos señores Senadores, que, por desgracia, la cuestión tiene implicaciones mucho más profundas que la meramente económica.
Planteamos el problema de la frustración profesional de los sectores castrenses, no sólo con el propósito de satisfacer la inquietud de hombres que han abrazado la carrera militar, sino porque nos sentimos obligados a exponer ante el país una honda preocupación patriótica. Ya la hemos hecho presente mediante numerosos planteamientos formulados por la directiva del Partido; de manera que nuestra actitud de ahora no es producto de la acelerada adhesión de algunos grupos, como han pretendido afirmarlo ciertos Senadores en esta Sala, sino que corresponde a una posición adoptada desde hace años y que incluso ha conducido a nuestra colectividad política a situaciones duras y difíciles. Lo dijimos así hace dos años, cuando hicimos presente al Gobierno de la República que era indispensable preocuparse de los problemas de las Fuerzas Armadas y dotarlos de los elementos técnicos esenciales para que puedan cumplir sus funciones profesionales. Lo hicimos presente a raíz de una situación que, a nuestro juicio, aún sigue vigente y que para todos los chilenos es una realidad: el problema que nuestro país vive en la región 'austral, en la zona del canal Beagle; la amenaza a nuestra soberanía por parte de naciones que han mantenido una política internacional distinta de la nuestra, que nos obliga a adoptar una actitud consecuente de defensa de nuestra integridad territorial. Digo esto con la responsabilidad que me da el conocimiento de una zona y de su realidad económica, porque es, precisamente, la que represento en esta Corporación.
Me preocupa que en el país no se haya formado suficiente conciencia acerca de la necesidad de analizar la inmensa trascendencia de los problemas de la región austral, en particular del estrecho de Magallanes y del canal Beagle, por ser estas vías la llave de salida al Pacífico. Como es lógico, ante cualquier conflicto debemos tener la seguridad de que esas vías han de ser manejadas por nuestro país. Y no sólo eso: ellas son indispensables para las expectativas de desarrollo futuro de la región.
Como consecuencia de esas declaraciones que hizo la directiva de mi partido hace dos años, los nacionales fuimos acusados de sedición. Nuestros dirigentes fueron detenidos; pero, por fortuna, la justicia ordinaria se encargó de dejar perfecta y absolutamente establecida su total falta de responsabilidad en los delitos que se les imputaban.
Ahora, ante los hechos del 21 de octubre último, tanto el Gobierno como el Partido Comunista tuvieron la pretensión de acusar a mi colectividad de participar en un movimiento sedicioso junto con grupos militares. Incluso, hubo momentos, cuando el país se enfrentó a la posibilidad de no tener libertad de prensa y radio, en que las informaciones oficiales trataron de inculparnos de los hechos. A nuestro juicio, la responsabilidad de tal imputación pesa gravemente sobre el Ministro del Interior, quien tenía en esos instantes el control de todos los medios de información. Afortunadamente, el país ha podido comprobar, con el transcurso de los días, que los sucesos del Tacna tenían fundamentos estrictamente profesionales; que no había implicacio.nes de orden político, y que menos podía haberla de un partido como el Nacional, que nunca ha buscado ni piensa buscar el camino de la aventura para conquistar un sitial político que nos ha de entregar democráticamente el pueblo de Chile.
Deseamos que la experiencia democratacristiana llegue a su término, a fin de que, no quede duda alguna de que los errores que ha cometido su Gobierno en ésta que yo califico de desgraciada gestión política...
El señor PALMA.-
No va a terminar todavía esa experiencia.
El señor OCHAGAVIA.-
Quiero decirle al Honorable señor Palma que llega a producir hilaridad su optimismo. No se lo digo en mi calidad de Senador de oposición a su Gobierno: me fundo en las palabras de su abanderado, el que hoy se dice candidato a la Presidencia de la República, que hace muy poco tiempo ni siquiera dos meses declaraba al país que no aceptaría por ningún motivo una postulación que no estuviera avalada por los partidos de Izquierda. ¡Qué prueba más evidente de que ni el propio candidato democratacristiano tiene fe en el futuro y la suerte de su postulación!
Esta mañana escuchamos al Honorable señor Fuentealba un planteamiento que no quiero contestar, porque ello me obligaría a salirme totalmente de la materia en debate, los reajustes a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. El señor Senador quiso darnos una lección de moral política e incluso repitió declaraciones de Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei. Sólo quiero preguntar a los Senadores de Gobierno si ellos consideran tener autoridad suficiente para hablar de moral política cuando están enfrentados a la tremenda crisis de orden político que está viviendo el país. Al fundar sus explicaciones, el Honorable señor Fuentealba nos hablaba de "irresponsabilidad del Parlamento" y de "demagogia". . No dijo exactamente esas palabras, pero tal era el concepto que envolvían sus expresiones. Comparto los planteamientos del Honorable colega; pero me parece que los únicos que no tienen autoridad para formularlos son los demócratacristianos, porque si en determinado grupo no ha habido esa moral, ha sido en el partido de Gobierno.
Lo digo porque cuando un gobernante anterior envió al Parlamento un proyecto fundamental el de reforma constitucional, precisamente para poner atajo a la crisis política a que hacía mención el Honorable señor Fuentealba, esa iniciativa fue juzgada por el entonces Senador señor Frei como si colocara al Congreso en una posición prácticamente indigna. Sin embargo, la experiencia de cuatro años de gobernante ha llevado al actual Primer Mandatario a reconocer el fundamento que tuvo don Jorge Alessandri para proponer aquel proyecto tendiente a solucionar la profunda crisis política que vive Chile a causa de las discrepancias que muchas veces se producen entre Parlamento y Poder Ejecutivo.
Siguiendo con el problema de orden moral, quiero preguntarle, Honorable señor Palma, cómo pueden ustedes levantar como bandera el proyecto de reforma constitucional. Ya usaron de él en la campaña electoral de marzo último. Tuve ocasión de vivir en la Cámara de Diputados, a la que entonces pertenecía, la votación de ese proyecto, que es fundamental para resolver el conflicto de poderes entre Gobierno y Parlamento que, a mi juicio, debe resolverse mediante la facultad del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso y llamar a elecciones. Pues bien, el Partido Demócrata Cristiano, ante un proyecto enviado por el Gobierno democratacristiano y que fue usado como bandera por ustedes repito, no dio una lección de moral política, pues treinta Diputados de ese partido no cumplieron el compromiso de honor que habían contraído con el país, en cuanto a aprobar un proyecto que, a mi juicio, constituye la herramienta para solucionar el conflicto de poderes.
El señor LORCA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.-
Inmediatamente después de que termine de exponer mi idea.
Y aquí, en el Senado de la República, en donde también me tocó participar en el despacho del proyecto, diez Senadores de la Democracia Cristiana tampoco aprobaron la disposición...
El señor PALMA.-
Entre ellos, yo.
El señor OCHAGAVIA.-
Entre ellos el Honorable señor Palma. ¡Su Señoría se vanagloria de su inconsecuencia política!
El país está juzgando en este momento al Parlamento por haber actuado en esa forma.
Cuando un partido político patrocina, por medio de sus organismos oficiales, de su directiva, de su Gobierno, del propio Presidente de la República, una reforma constitucional que otorga al Primer Mandatario la facultad de disolver el Parlamento, y los afectados, los perjudicados, las víctimas, podríamos decir, aparecen oponiéndose a ella, no se configura, en mi concepto, la más hermosa lección de moral política, sino todo lo contrario: la defensa de situaciones que no quiero en este momento calificar, pero sobre las cuales el pueblo tiene un juicio claro, perfectamente formado.
El señor PALMA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.-
Con cargo a su tiempo, con el mayor agrado.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
No le resta tiempo a Su Señoría.
El señor PALMA.-
Será muy breve.
El señor OCHAGAVIA.-
No tengo inconveniente, siempre que sea breve.
El señor PALMA.-
Creo que Su Señoría, como cualquier parlamentario, está interesado en mantenerse en su cargo, porque sabe los sacrificios debe de saberlo por experiencia, pues ha sido Diputado varias veces que cuesta obtenerlo.
En cuanto al problema que ha planteado Su Señoría, la disolución del Parlamento, debo decirle que entre nosotros, los democratacristianos, había una división, y aún la hay. Algunos somos partidarios de dar al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso siempre que se aleje de su cargo si, una vez realizada la nueva elección, él no logra apoyo mayoritario. Es evidente que en caso contrario se produciría anarquía. Con el fin de que tal situación no ocurra, presenté unas indicaciones que fueron debatidas en la Comisión y, estudiadas por varias personas. Contaron con algunos votos, pero no fueron aprobadas.
Así, pues, resulta absolutamente absurdo el cargo que se nos ha hecho. ¿Qué autoridad mora] tendría eventualmente un Presidente para permanecer en su cargo si, después de disolver el Congreso, se encontrara con otro Parlamento elegido por el pueblo, que le fuera también adverso? Tal situación puede perfectamente producirse en las condiciones políticas en que vive Chile. Por lo tanto, carece en absoluto de fundamento el cargo que hace Su Señoría.
¡Muchas gracias.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, he querido conceder una interrupción al señor Senador para escuchar las explicaciones que daría sobre esta materia, porque al exponer esta mañana el Honorable señor Fuentealba cómo se caía, en la función parlamentaria, en actitudes que en la práctica desquician toda planificación de orden económico de un Gobierno, en el fondo estaba diciendo algo que, a mi juicio, es muy cierto: que, por desgracia, los parlamentarios, no por falta de moral, sino por el sistema que actualmente rige las normas de este juego político, estamos obligados, querámoslo o no, a actuar influidos por los grupos de presión. Cuando hablo de "grupos de presión", no crea el Honorable Senado que me refiero a los grandes grupos económicos.
El señor CHADWICK.-
¡Esos no! ¡Esos no los menciona nunca Su Señoría!
El señor OCHAGAVIA.-
Los grandes grupos de presión se visten siempre con el ropaje y color de quien ostenta el poder, porque sólo se preocupan de defender sus intereses económicos y nunca se juegan en ninguna posición de orden político. Yo también hablo de grupos de presión para referirme a las oligarquías que, por desgracia, existen en el plano gremial: aquellos sectores que gozan de situaciones que no pueden darse a todos los demás. De ello sufre las consecuencias una inmensa cantidad de chilenos, los más débiles, lo que tienen menos representatividad y que, por lo tanto, son los más postergados. Por desgracia, a causa del régimen de reelección a que estamos sometidos los parlamentarios, esos grupos de presión, los que tienen mayor poder, son los que en definitiva obligan a la acción demagógica del Parlamento.
El Honorable señor Palma se ha contestado a sí mismo diciendo que no podía aceptarse la disolución del Parlamento por el hecho de que pudiera no obtener el Presidente de la República una mayoría que lo respaldara, lo que produciría una situación de crisis mucho mayor. No me cabe la menor duda de que el país tiene clara conciencia de dónde está el problema, de a quién debe ponerse el freno: debe ponérselo al Parlamento repito, aun cuando creo honestos a la inmensa mayoría de sus miembros. Pero es el sistema el que está viciado; es el régimen el que está podrido, y es indispensable darle una salida constitucional.
Vuelvo a las palabras del Honorable señor Fuentealba, quien quiso darnos una lección de orden moral en política. Le contesto que el Partido Demócrata Cristiano no tiene la autoridad suficiente para dar esa lección, porque no ha demostrado consecuencia para mantener la línea de su directiva, de su Gobierno e, incluso, de los proyectos con los cuales ha pretendido dar salida a esa grave crisis que considera política.
En cuanto al proyecto en debate, reitero que nuestra actitud no es de ayer ni de hoy; no es el oportunismo ante un hecho el del regimiento Tacna lo que nos mueve a declarar ante el Gobierno de • la República la necesidad imperiosa de dar solución al problema de las Fuerzas Armadas. Consideramos que no sólo debe abordarse el aspecto económico, sino también, de manera fundamental, el de dotarlo de los elementos que le permitan realizar sus funciones profesionales. Repito: lo digo por razones patrióticas, porque creo seria y responsablemente que Chile como lo dice el General Viaux en su carta, y creo que emplea palabras que repitió el Honorable señor Chadwick está en una situación criminal en cuanto a los elementos que necesita para su defensa.
Esto lo considero gravísimo. Estimo que en esta materia el país debe tomar clara conciencia. No podemos estar hablando de integración en América cuando sabemos que importantes sectores del país no están integrados en nuestra patria; cuando sabemos que cientos de miles de chilenos están al otro lado de la frontera, en la República Argentina, dependiendo en este momento del país vecino; y que, naturalmente, nosotros tenemos la obligación, como chilenos, de volver a darles una oportunidad para que vengan a ayudarnos a construir nuestra patria.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Honorable señor Ochagavía, el señor Ministro le ha solicitado una interrupción.
El señor OCHAGAVÍA.-
Ya he concedido interrupciones. Agradeceré que se me permita terminar mis observaciones.
En relación con el movimiento del 21 de octubre, reitero que a nadie le caben dudas mi partido no tuvo ninguna participación en los hechos que motivaron esa acción de índole estrictamente profesional. No hubo golpe de Estado, como quedó perfectamente comprobado.
El señor LORCA.-
No lo parece.
El señor OCHAGAVÍA.-
En cuanto a las facultades que se nos solicitan por medio de este proyecto, debo declarar que el Partido Nacional está dispuesto a otorgarlas.
Hemos escuchado a algunos señores Senadores expresar su desconfianza en cuanto al uso que pueda dar el Gobierno a tales facultades. Esperamos que la dura lección vivida por el país sea recogida por el Ejecutivo y que mediante aquéllas pueda obtenerse una solución efectiva del problema que nos preocupa.
Deseamos también que los miembros de las Fuerzas Armadas que han cumplido su misión como personal activo, como asimismo los que están en retiro, reciban el trato que se merecen. Para ello es fundamental mejorar en forma sustancial sus remuneraciones, ya que el aumento diferido de éstas no entraña el mejoramiento inmediato que ellos reclaman en forma urgente.
Termino mis palabras lamentando que hayamos tenido que vivir estos hechos y que, desgraciadamente, se haya sacrificado la carrera de un oficial distinguido para llegar a la solución definitiva o, por lo menos, la que nosotros pretendemos de una situación que por encima de cualquier consideración y en forma realmente patriótica, todos los chilenos tenemos la obligación de encarar.
Reitero que responsabilizamos al Gobierno de las facultades que le estamos entregando. Esperamos que ellas permitan solucionar el problema económico de nuestras Fuerzas Armadas y, en forma paralela, darles los elementos técnicos fundamentales para el cumplimiento de sus funciones profesionales, en forma de que nuestro país pueda estar perfecta y absolutamente garantido de su seguridad nacional.
Concedo una interrupción al Honorable señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
A las palabras que acaba de pronunciar mi Honorable colega, quisiera agregar algunas consideraciones que hice en las Comisiones de Hacienda y de Defensa, unidas. Al votar favorablemente estas facultades, los Senadores del Partido Nacional ratificamos nuestra línea de conducta invariable." No creemos que asuntos tan delicados como la fijación de remuneraciones de los distintos grados de un escalafón o el encasillamiento del personal de un servicio determinado, deban ser materias en las que intervengan los miembros del Congreso Nacional, por altamente inspirados que ellos estén. Se trata de problemas de orden estrictamente administrativo. Tenemos la absoluta convicción de que, sea cual fuere el Gobierno y no obstante todas las reservas que nos merece la Administración actual, siempre habrá un procedimiento más justo y equitativo y una decisión más eficaz entregando estas facultades al Ejecutivo que interviniendo nosotros los miembros del Senado y de la Cámara en la fijación de las remuneraciones que esta ley permitirá establecer.
En consecuencia, en esta materia hemos seguido una línea inalterable. Nosotros no cambiamos de actitud por el hecho de estar en el Gobierno o por encontrarnos fuera de él. Tuvimos la misma conducta en la Administración del señor Alessandri; la hemos seguido invariablemente durante este Gobierno, y la mantendremos también en el próximo régimen.
El señor ALLENDE.-
¡Muchas gracias!
El señor IBÁÑEZ.-
En relación con los jubilados de las Fuerzas Armadas, no nos parece aceptable proponer leyes que impliquen un financiamiento diferido al Gobierno que deberá suceder al actual. Ese procedimiento debe ser rechazado de plano por todos los partidos, incluyendo al oficial.
A este propósito, quiero invocar un precedente que estimo muy valedero y que creo conveniente ponerlo de actualidad.
En las postrimerías del Gobierno pasado, después de muchas vicisitudes y dificultades, pudo no sólo darse término completo al estudio del túnel Lo Prado, sino que se llamó a propuestas públicas. Estas fueron diferidas por demanda de los interesados, quienes deseaban saber el resultado de la elección presidencial antes de que se resolviera la licitación. Pues bien, cuando esas propuestas fueron abiertas y adjudicadas por el Gobierno anterior, y en el momento en que el Presidente de la República se aprestaba a firmar el decreto correspondiente, recibió de parte del señor Sergio Molina, por expreso encargo del Presidente electo, señor Frei, la petición de no firmar el contrato referido, porque, según palabras textuales del señor Molina, "la nueva Administración debía revisar la prioridad de esa obra dentro de la concepción que el nuevo Gobierno tendría de las obras públicas del país", y agregó que, por tanto, no juzgaba adecuado que la Administración saliente comprometiera cuantiosos recursos para un proyecto que, a juicio de la nueva Administración, podría postergarse, no hacerse o variarse en su concepción.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
El señor Molina era Jefe de la Oficina de Presupuestos; no era Ministro.
El señor IBÁÑEZ.-
Y el Presidente Alessandri accedió de inmediato a esa petición,...
El señor ISLA.-
¿Qué cargo tenía el señor Molina?
El señor IBÁÑEZ.-
....porque tenía toda la razón el señor Frei al hacer la petición que había formulado.
El señor ISLA.-
¿Qué cargo tenía el señor Molina?
El señor IBÁÑEZ.-
Era Jefe de la Oficina de Presupuestos, pero en esa oportunidad actuó como representante personal del señor Frei, y llevó el recado que he transcrito en forma textual.
El señor ISLA.-
¿Cómo le consta a Su Señoría
El señor IBÁÑEZ.-
Supongo que el señor Senador no dudará de lo que estoy diciendo. Si tiene alguna duda, pregunte al señor Molina o al señor Frei.
El señor ISLA.-
Se lo consulto a usted.
El señor IBÁÑEZ.-
Deseo invocar ese precedente en relación con este proyecto, que establece un pago diferido a tres años.
Frente a nuevos y cuantiosos contratos de obras públicas, que, a mi juicio, ya no se podrían realizar bajo esta Administración, voy a invocar el antecedente de lo solicitado por el Presidente Frei por medio de su vocero, el señor Molina. Frente a contratos repito que se están efectuando en estos momentos y a la posibilidad de que ellos no se detengan, estimo que habrá que volver sobre este tema para dilucidarlo a fondo. Y lo haré públicamente, con una serie de antecedentes que estimo conveniente que el Senado conozca.
De tal manera que nosotros, no sólo por las razones....
El señor CHADWICK.-
¿Qué pasó después?
El señor IBÁÑEZ.-
...de justicia que acaba de señalar el Honorable señor Ochagavía, sino por los motivos que acabo de exponer respecto de un buen principio de administración pública, no aceptamos diferir el pago de los beneficios que se acuerden a los jubilados de las Fuerzas Armadas.
El señor MIRANDA.-
Fue otra la posición del señor Alessandri.
El señor IBÁÑEZ.-
Finalmente, debo hacer una referencia sobre la cual hubiera preferido conversar previamente con el Honorable señor Ballesteros. Sin embargo, por la premura del tiempo, no alcancé a hacerlo.
El señor Senador ha publicado en "La Nación" una declaración en respuesta a algunos juicios emitidos por el señor Osear Fenner Marín, en la defensa que éste envió a la Corte Marcial en el proceso que se sigue al General Viaux. Lamento las expresiones violentas que contiene ese documento. Yo no me habría referido a ellas si no fuera porque el Honorable colega invoca el testimonio de los Senadores que integramos la delegación que visitó a Moscú. Sostiene que las palabras que el señor Ballesteros pronunció y que el señor Fenner citó textualmente en su alegato ante la Corte Marcial, habrían sido desautorizadas por los parlamentarios de todos los partidos que integraban la delegación si hubiesen sido lesivas para las Fuerzas Armadas, como dijo el señor Fenner.
Quiero recordar a mi Honorable colega que personalmente le representé mi total disconformidad con sus palabras. Le expliqué la inconveniencia de que él en un gesto muy diplomático, pero profundamente inadecuado recogiera la campaña a favor de la paz que, como uno de sus medios principales de propaganda, realizaba y realiza la Unión Soviética. Le dije que nosotros debíamos expresar nuestras propias ideas sobre la paz. Todas estas consideraciones y muchas otras hice a mi Honorable colega a propósito de sus palabras. Yo las consideré muy desafortunadas como lo manifestó el señor Fenner, pero en ese momento las atribuí fundamentalmente a un arranque de euforia oratoria, a un arranque retórico propio del temperamento del Honorable señor Ballesteros, y no les di, por tanto, ningún alcance peyorativo a sus expresiones.
No hice pública mi protesta, porque me pareció que bastaba con representarla privadamente a mi Honorable colega, como en realidad lo hice, y porque pude advertir que después de la conversación que tuvimos sobre esta materia, el actual Senador Ballesteros procedió con muchísima más prudencia en los discursos del resto de la gira.
Quería hacer esta declaración, porque no deseo que se invoque mi testimonio de conformidad con los conceptos que manifestó, porque en realidad fui explícito para expresarle lo contrario.
El señor BALLESTEROS.-
He sido aludido e invocó el derecho reglamentario.
El señor IBÁÑEZ.-
Permítame terminar y podrá contestar lo que desee.
El señor BALLESTEROS.-
No será el señor Senador quien me autorice para usar de la palabra, sino el Reglamento.
El señor IBÁÑEZ.-
Expresé mi desacuerdo, y no lo hice en forma pública, porque me parecía que, dentro de la cordialidad y el buen entendimiento que debían reinar en una delegación integrada por parlamentarios de diferentes tiendas políticas, tal "hecho podría haber sido motivo de roces que yo deseaba evitar a toda costa. Por eso me dirigí privadamente a mi Honorable colega y quedé satisfecho por la forma como actuó posteriormente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros, por haber sido aludido.
El señor ALLENDE.-
¿Qué disposición reglamentaria se invoca?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
El artículo 92, señor Senador.
El señor ALLENDE.-
No tengo inconveniente en que haga uso de la palabra, pero no es ése el artículo que le da derecho.
Me alegro mucho de que el Honorable señor Ballesteros intervenga, pero seamos estrictos en la aplicación del Reglamento.
El señor BALLESTEROS.-
Comienzo por lamentar que cuando se está debatiendo un proyecto de la significación para el país y para las Fuerzas Armadas como el que actualmente discute el Senado, el Honorable señor Ibáñez haya creído conveniente y oportuno aclarar lo que no puntualizó en cuatro años.
Antes de dar respuesta a sus observaciones, quiero advertir a Su Señoría que ha incurrido en algunos pequeños errores. Manifiesta que en una oportunidad me habría advertido sobre la inconveniencia de los términos que, en algunos arranques fogosos que atribuye a mi temperamento, habría expresado en mi discurso en la Unión Soviética; y que, afortunadamente, y en forma muy paternal, él pudo convencerse de que esos consejos surtieron efecto, ya que en el resto de la gira mis discursos fueron mucho más moderados, más prudentes, más ponderados. Hay un pequeño error en la afirmación del Honorable colega, porque el último discurso que pronuncié en mi gira fue el que mencionó el señor Fenner. No hubo otros posteriores, porque si Su Señoría recuerda, ese discurso fue pronunciado cuando terminábamos la gira, cuando llegábamos a Moscú.
El señor TEITELBOIM.-
Yo soy testigo.
El señor BALLESTEROS.-
Al respecto puedo citar el testimonio de varios señores Senadores que también se encontraban allí. En esa oportunidad se pronunció el discurso de marras. Pero no es eso lo importante, sino la manera sorpresiva e inesperada como empiezan a atarse los cabos. El señor Fenner, en una alegato ante la Corte Marcial, ha hecho una larga exposición que contiene diversas consideraciones de tipo político sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Tacna. Y se ha permitido criticar la supuesta posición de diversos personeros de Gobierno frente a las Fuerzas Armadas. En ella se refirió sin mencionar mi nombre y de una manera que no me atrevo a calificar al ex Presidente de la Cámara de Diputados y actual Senador por Valparaíso. ¡No hay dónde perderse! El señor Fenner citó textualmente las palabras con que yo manifesté, con vehemencia, como corresponde hacerlo, mis convicciones sobre la paz mundial. Recuerdo que vertí esas expresiones después de presenciar un gigantesco despliegue de material bélico en la Plaza Roja, con ocasión de celebrarse los 48 años de la Revolución de Octubre. En esa oportunidad hice las afirmaciones que el señor Fenner y el Honorable señor Ibáñez que se sube al carro después de cuatro años, califican de impropias e inadmisibles para las Fuerzas Armadas.
¿Acaso no podemos manifestar nuestro parecer quienes creemos en la paz no como una simple palabra sino como una real aspiración? Ello no significa que pensemos que en nuestros países no deben existir instituciones armadas eficientes, con equipos adecuados para defender la nación y con remuneraciones que les permitan vivir con dignidad y decoro. A mi juicio, no existe incompatibilidad alguna entre ambas aspiraciones. Por eso, hoy día me causa sorpresa que en forma tan apresurada, y cuando falta un cuarto de hora para votar en general un proyecto, el Honorable señor Ibáñez haya estimado oportuno hacer esta aclaración. Existen otros testimonios que me son mucho más importantes que el del señor Senador. Repito que es muy extraño que Su Señoría pretenda intervenir ahora, en circunstancias de que no protestó ni elevó su voz en el momento debido. Lo hace cuando se han lanzado ataques contra un Senador de la República, como lo ha hecho el señor Fenner.
Yo no pido solidaridad. Me basta con mi actitud para defenderme, pero estimo que, en este instante, debería haberla para juzgar las intenciones y propósitos de quienes no vacilan en denigrar maliciosamente a las instituciones públicas y a sus representantes. He sabido que actitud muy distinta han asumido otros Senadores, como el Honorable señor Teitelboim, cuya declaración acabamos de escuchar. Esos testimonios son lo que me importan, por estimar que confirman lo que, a mi juicio, debe ser nuestra conducta frente a quienes se escudan tras el anonimato y recurren al seudónimo en las páginas de los diarios, porque no se atreven a dar la cara para expresar sus propósitos e intenciones.
Yo pronuncié un discurso en la Unión Soviética, cuyos términos confirmo, y no cambiaré una coma de lo que dije; pero de ahí a pensar que mis palabras fueron lesivas, inconvenientes o inadmisibles para nuestras Fuerzas Armadas, hay un abismo de distancia.
Por eso, agradezco...
El señor RODRÍGUEZ.-
Tampoco lo habríamos aceptado nosotros.
El señor BALLESTEROS.-
Así lo expresé en mi declaración, y me alegra que lo corrobore el Honorable señor Rodríguez.
Me complace también que el Honorable señor Miranda se sume a estas expresiones. Creo que no necesito más respaldo que esas voces. Me parece que ellas contestan mejor que yo los ataques que he recibido de un individuo cuyas intenciones no tengo el derecho de ignorar.
Por eso, levanto mi voz y seguiré haciéndolo, porque callar nada soluciona y sólo tiende a ahondar los conflictos. Protesto nuevamente de la manera más categórica de que en el debate de esta iniciativa se pretenda introducir este problema, que yo, por otros conductos y como corresponde, estoy tratando de ventilar.
Pude haber usado el tiempo de mi Comité para referirme a esta materia, pero no lo hice por estimar que no debía mezclar las cosas. Por eso, deploro que otro Senador lo haya hecho.
El señor IBÁÑEZ.-
Como aún dispongo de tiempo, deseo referirme a esta materia.
Me parece que fui claro al expresar que las palabras del Honorable señor Ballesteros no las consideraba inspiradas por un propósito peyorativo, sino que constituían un arranque de su fogosa oratoria, como la que ahora hemos podido apreciarle. Ello no me impide representar mi disconformidad con sus palabras.
Si hoy he hablado aquí, no ha sido por el deseo de hacer pública esta incidencia, sino porque, desgraciadamente, el Honorable señor Ballesteros, en su declaración a mi juicio, muy precipitada, y estoy cierto de que Su Señoría, cuando la lea en unos dos o tres días más, estará de acuerdo conmigo...
El señor BALLESTEROS.-
Mañana va a leer otra Su Señoría.
El señor IBÁÑEZ.-
....apeló al testimonio de todos los Senadores que participamos en esa gira.
Si en esa oportunidad yo manifesté estar en desacuerdo con sus palabras, debo ahora dejar constancia de mi discordancia. Si los demás señores Senadores asistentes a la recepción donde el Honorable señor Ballesteros pronunció las palabras que motivan mi comentario están de acuerdo con ellas, es lógico que den a conocer su conformidad.
El señor RODRÍGUEZ.-
Nadie puede dudar de mi tajante discrepancia con el pensamiento político de los personeros de la Democracia Cristiana. Pero, en homenaje a la verdad, debo expresar que el Honorable señor Ballesteros ni remotamente quiso ofender a las Fuerzas Armadas. En caso contrario, cada uno de los integrantes de la misión parlamentaria que viajó a Moscú, en 1965, de inmediato habría tratado de modificar el texto de su intervención.
Me parece que, repito, en honor a la verdad y a la honestidad política, es justo que yo diga estas palabras.
Deploro no haber conocido de antemano la reclamación que el Honorable señor Ibáñez dice haber formulado en la oportunidad que señala, pero, en realidad, creo que el Honorable señor Ballesteros no pretendió jamás expresar denuestos o injurias contra las Fuerzas Armadas.
Hago esta aclaración como integrante de esa delegación parlamentaria.
El señor IBÁÑEZ.-
El discurso a qué se refirió el señor Ballesteros a quien traiciona la memoria fue pronunciado mucho antes del término de la gira y del desfile militar de Moscú. Recuerdo exactamente que una de las observaciones que le formulé, fue que no debíamos comulgar con las ruedas de carreta de la publicidad soviética a favor de la paz. Debo declarar, asimismo, que fui testigo de los sinceros e indiscutibles anhelos de paz del pueblo soviético, que sufrió indescriptibles horrores durante la última guerra. Pero una cosa son los anhelos de ese pueblo y otra los propósitos del Gobierno soviético. Tan evidentes son ellos, que en la entrevista que tuvimos el honor de sostener con el Presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señor Mikoyan, me obligaron a preguntarle sobre sus designios respecto de América Latina y de Chile. Es indiscutible que esa nación y el Partido Comunista soviético tienen propósitos claros y nada pacifistas hacia el resto del mundo, como lo demuestran en cada oportunidad en que intervienen e invaden a otros países.
En consecuencia, me pareció pueril que acogiéramos esas frases de propaganda pacifista de la Unión Soviética y las magnificáramos en la forma como lo hizo nuestro Honorable colega. Comprendo que él lo haya hecho de muy buena fe y movido por un sincero deseo pacifista. Pero yo sostuve que nosotros, con la mejor educación, y ateniéndonos estrictamente al protocolo, como huéspedes de un país donde se nos recibió en forma deferente, que siempre he reconocido, debíamos expresar nuestras diferencias, pues nuestro concepto sobre la paz es totalmente distinto del que tiene la Unión Soviética.
Tal fue el motivo de mi conversación con el Honorable señor Ballesteros. Comprendo que él se encuentra colocado en situación inconfortable, como sucede siempre cuando se da rienda suelta al afán retórico que suele arrastrar a ciertos políticos.
En consecuencia, el objeto de mi intervención, en esta parte, no era otro que dejar en claro, ante el requerimiento del testimonio solicitado por el Honorable señor Ballesteros a todos los demás Senadores componentes de esa delegación, que yo no participé de sus palabras y que así se lo expresé reiteradamente.
El señor BALLESTEROS.-
No deseo que quede flotando en el ambiente ningún mal entendido. Las objeciones del Honorable señor Ibáñez se refirieron, no al discurso pronunciado en Moscú, sino a criterios generales que Su Señoría creyó oportuno observar a propósito de las intervenciones que, como jefe de la delegación, me correspondían, y ello le consta al Embajador de esa época, señor Máximo Pacheco. El Honorable señor Ibáñez no me hizo las observaciones sobre la paz mundial con ocasión del discurso a que nos hemos estado refiriendo. Como yo no comulgo con ruedas de carreta, no podía aceptar en esta materia las sugerencias que el señor Pedro Ibáñez estimara oportunas,
Por último, quiero expresar nuevamente al Honorable Senador que incurre en una equivocación. Deseo enfatizar, una vez más, que el discurso fue pronunciado al finalizar la gira, después del desfile realizado en la Plaza Roja. Si Su Señoría consulta la declaración del señor Fenner, observará que la fecha de mi intervención fue el 6 ó 7 de noviembre, es decir, al finalizar la gira, no a comienzos de ella.
El señor IBÁÑEZ.-
Tanto no fue así, que el 7 de noviembre asistimos a la Parada Militar en Moscú.
El señor BALLESTEROS.-
Y el 8 nos vinimos.
El señor IBÁÑEZ.-
Aún más. Después del día 7 le comenté a mi Honorable colega: "¿Y qué me dice usted del énfasis de sus alabanzas al espíritu pacifista de la Unión Soviética, después de haber presenciado esa apabulladora demostración de armamentismo y agresividad que fue el desfile en la Plaza Roja?"
El señor BALLESTEROS.-
¡Su Señoría está en otra onda...!
El señor IBÁÑEZ.-
Como no deseo que esto quede en el aire, tendré que acudir al testimonio del señor Secretario del Senado, quien ha estada escuchando el debate con mucha atención. Insisto en que le formulé dicha observación, que ahora Su Señoría ha reconocido y que había olvidado. Ello acontece cuando se colma o se excede en la retórica, como aconteció con las palabras citadas por el señor Fenner.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra al señor Ministro de Defensa, a quien restan diez minutos.
El señor OSSA Ministro de Defensa Nacional).-
Brevemente, quiero intervenir porque esta tarde, en los últimos minutos del debate, se han vertido algunas expresiones por parte de señores Senadores que siempre hacen profesión de su seriedad y sobriedad en el desempeño de sus cargos.
Antes de abocarme a ello, debo manifestar mi extrañeza por la referencia que hizo el Honorable señor Ibáñez al túnel de Lo Prado. Ignoro a propósito de qué lo ha traído Su Señoría a colación. Tal vez lo hace pensando que, por haber asumido la Cartera de Defensa Nacional, debo dejar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y no desea perder la oportunidad de lanzar algunas frases respecto de esta obra, que tanto parece haberlo inquietado.
El Honorable señor Ibáñez, aun cuando se trata de una materia ajena a la idea central del proyecto en debate, ha mostrado verdadera preocupación al comprobar que durante este Gobierno se terminará la construcción del túnel de Lo Prado : estará abierto el próximo mes de abril y entregado al tránsito antes de que el Presidente Freí cese en sus funciones.
El señor IBÁÑEZ.-
Estoy muy contento de haber contribuido a ello.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Comprendo que esto produzca verdadera desesperación a Su Señoría y que, a propósito, pronuncie las palabras oídas por el Senado.
El señor IBÁÑEZ.-
Me referí al financiamiento del proyecto.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Yo he escuchado con mucha atención, sin pedir interrupciones.
En consecuencia, por respeto a un Ministro de Estado, rogaría que se mantuviera la misma actitud que yo asumí durante el debate.
Me llama también profundamente la atención que el Honorable señor Ochagavía haya usado algunas de las expresiones vertidas en la mañana de hoy por el Senador señor Chadwick, para calificar de "criminal" la situación de las Fuerzas Armadas, tal vez creyendo que con esto ataca al Gobierno.
El señor OCHAGAVIA.-
Es un problema político.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Cuando se habla de las Fuerzas Armadas, es inadmisible mezclar los problemas.
Repetiré lo que sostuve en la Cámara de Diputados: es lamentable que, durante una sesión pública, se viertan conceptos y se hagan análisis con liviandad, sin medir las consecuencias. Lo sostengo con la plena responsabilidad del cargo que invisto. Por lo tanto, es muy desgraciado que el Honorable señor Ochagavía...
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Está con el uso de la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional, quien no desea ser interrumpido.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro está haciendo cargos muy vagos.
El señor OCHAGAVIA.-
Tiene poco tiempo en el Ministerio.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Dije "liviandad", y usé el término en su exacto sentido.
El señor CHADWCK.-
¿A quién atribuye la liviandad?
El señor LORCA.-
A quien escribió las palabras referidas.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Espero que Sus Señorías terminen de gritar para responder.
El señor CHADWICK.-
Precise los conceptos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ruego a Sus Señorías respetar el derecho del orador.
El señor HAMILTON.-
El señor Ministro no desea ser interrumpido.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).-
Estimo deplorable que se hayan vertido conceptos de tal naturaleza en una sesión pública, y sé lo que estoy sosteniendo.
El Honorable señor Allende manifestó su extrañeza porque no estuve presente en la Sala cuando intervinieron los Honorables señores Altamirano, Rodríguez y Chadwick. Debo decir a Su Señoría que, en la práctica, llevo 15 días viviendo en el Parlamento. Por lo tanto, he tenido ocasión de conocer muy a fondo, tanto en las Comisiones unidas de ambas ramas del Congreso como en la Sala de la Cámara, el pensamiento del Partido Socialista sobre el particular. De modo que una ausencia momentánea del hemiciclo no me impide conocer a la perfección el criterio sustentado por dicha colectividad. Por lo demás, si no me equivoco, el Honorable señor Allende no estaba en la Sala cuando inicié mi intervención en la mañana de hoy. Entonces, mal podría juzgar mis palabras.
He tratado de ser claro, de mantener el debate en torno de la idea central del proyecto y de no emitir en sesión pública juicios que pueden ser muy peligrosos y dañinos.
También deseo señalar al Honorable señor Allende que, por mucho que cambie el envase, el contenido siempre es el mismo. Es cierto que el envase ha cambiado desde la Cámara a esta Corporación. Sin embargo, las expresiones vertidas por la Diputada señora Lazo en la sesión pública de la Cámara en que se debatió este proyecto fueron lo suficientemente explícitas como para reflejar con absoluta claridad el pensamiento del Partido Socialista sobre la materia.
Repetiré en este hemiciclo lo que sostuve en la Cámara de Diputados. Lo haré con mucha seriedad y tranquilidad. No soy hombre apasionado. Por eso, cuando se trata de algo que tiene profundidad y trascendencia, procuro que mis palabras sean mesuradas, tranquilas y serenas.
A mi juicio, es inadmisible emitir juicios o efectuar análisis políticos o de cualquier orden respecto de nuestras Fuerzas Armadas sin la suficiente meditación, sin conocimiento profundo del problema. No basta con haber escuchado rumores o lo que se dice de esquina en esquina. Tal vez es preciso haber vivido la situación, conocerla por dentro y, por lo tanto, saber hasta dónde los juicios que se emiten pueden tener graves consecuencias.
No deseo dramatizar el asunto. No obstante, como Ministro de Defensa Nacional, tengo una grave responsabilidad. Entonces, debo señalar una vez más que es inaceptable emitir conceptos en forma liviana.
La Diputada señora Lazo sostuvo que, por fortuna, todavía tiene mucha soltura de cuerpo, porque es joven, para emitir conceptos en la forma como lo hizo. Le respondí que, lamentablemente, en este caso, respecto de la materia en discusión, tenía demasiada soltura de cuerpo, porque no estaba midiendo el alcance de sus palabras.
Por la responsabilidad que tengo, debo señalar una vez más que, cualesquiera que sean las posiciones políticas de los partidos aquí representados, y sin desconocer la plena libertad de los señores Senadores para usar de la palabra nadie puede intervenir o atropellar sus expresiones, en este caso particular, cuando estamos viviendo una situación extremadamente crítica, sus juicios pueden tener repercusiones que ni los mismos oradores pueden tal vez medir en toda su magnitud.
No se trata tan sólo de intentar confundir problemas de Gobierno con otros de índole políticopartidista. En este caso están de por medio muestras Instituciones Armadas, que han sido mencionadas en la Sala, como en otras ocasiones, en términos que muchas veces resultan lesivos y que van mucho más al fondo, causando tal vez heridas muy difíciles de remediar.
Ruego al Senado tener en cuenta estas consideraciones para el debate particular del proyecto.
El señor CHADWICK.-
Me quedan cuatro minutos, señor Presidente. Reclamo mi derecho.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Su tiempo fue ocupado, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, a quien le restan 7 minutos.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Me referiré sólo a un punto, que estimo conveniente aclarar: el problema de los gastos diferidos para otras Administraciones. Tengo la impresión de que este tema ya fue debatido en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa del Senado.
Al parecer se cree que un país termina en un Gobierno. No es efectivo. Si empezáramos a hablar de los gastos diferidos, podríamos referirnos a muchas materias. Por ejemplo, el Senado podría pedir antecedentes acerca de cuántos contratos de obras públicas se autorizaron por decreto en 1964 con diez escudos de financiamiento.
El señor IRURETA.-
¿Y la deuda externa ?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda) .
Me informa el señor Ministro de Obras Públicas que en 1964 los compromisos que se dejaron para la siguiente Administración ascendieron a 17 millones de escudos.
El señor HAMILTON.-
De esa época.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda) .
Con el criterio sustentado aquí respecto de los gastos diferidos para otros Gobiernos, el país no podría endeudarse por un plazo que excediera al del régimen que se obliga.
El señor GARCÍA.-
Pero no con sueldos.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Ya me referiré al problema de las rentas, señor Senador.
Respecto de la deuda externa, la Administración anterior contrajo compromisos a largo plazo, que no amortizó durante su gestión, por 1.150 millones de dólares, en los seis años. El promedio anual de endeudamiento alcanzó a 196 millones de dólares. Esas deudas debían ser amortizadas. Este Gobierno empezó a hacerlo en parte, y los siguientes regímenes también deberán concurrir a la amortización.
No estoy criticando el hecho, sino destacando que el gasto diferido siempre existirá, porque un país no termina en una Administración; existe continuidad en el gasto.
Respecto del gasto diferido en materia de rentas, recuerdo que en 1964, cuando se aprobaron los reajustes para la Administración Pública, se acordó aumentar las remuneraciones de dos tercios de ella a contar del 1º de julio, y las del tercio restante, a partir del 1° de enero. En el primer caso estaban precisamente las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero ahí terminaba ese Gobierno, y el siguiente, que fue el actual, debió hacerse cargo de la situación. El gasto que realizó aquel régimen correspondió a la mitad del que debió efectuar si hubiera pagado la totalidad de los reajustes durante 1964. El actual Gobierno tuvo que resolver el problema del reajuste de remuneraciones de todo el sector público con ese mayor gasto que debía efectuar, que correspondía nada menos que a dos tercios de la Administración Pública, y no sólo a un sector determinado. Se tardó dos años en establecer el pago el día 1º He enero para toda la Administración Pública.
¿Hubo gasto diferido o no lo hubo? Indudablemente que sí.
Por eso, considero muy grave sostener que este Gobierno trataría de hacer una transferencia de obligaciones a otra Administración, cualquiera que ella sea.
Estimo que en este debate no corresponde establecer responsabilidades o decir si determinada actuación estuvo bien o mal. Como dije, un país no termina en una Administración; existe continuidad. Un Gobierno debe hacerse responsable de las obligaciones contraídas por los anteriores, sin perjuicio de su derecho a formular las críticas del caso respecto del compromiso por cumplir que se le traspasa.
El señor CHADWICK.-
El Comité Social Demócrata me cedió cuatro minutos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
A mi juicio, hay expresiones que no se pueden dejar pasar, sobre todo cuando son injustas y carentes de fundamento.
El señor Ministro de Defensa Nacional, haciéndose cargo del hecho de que el Honorable señor Ochagavía recogió parte de la versión que yo di del documento firmado por el señor Viaux, sostuvo que repetir en esta Sala el juicio que ese General manifestó por escrito en un" documento dirigido al Presidente de la República y conocido en forma amplia por todo el Ejército, constituía una liviandad.
Creo que el país se pregunta, con cierta angustia, hasta dónde llevará al Supremo Gobierno el criterio que tiene para tratar las cuestiones de las Fuerzas Armadas; si habrá de mantenerlas siempre reservadas al análisis y decisión de un grupo muy pequeño de la absoluta confianza del Jefe del Estado, y si nunca las llevará al Congreso Nacional y al seno de la opinión pública.
Pienso que en una democracia como nos recordaba esta mañana' el Honorable señor Fuentealba los grandes problemas nacionales deben ser encarados por el pueblo con una información cabal. Mientras esa información no se dé, desgraciadamente, la participación del pueblo y la solidaridad nacional serán siempre un mito, porque, en definitiva, permanecerá ajeno a las decisiones que afecten al porvenir del país.
Si el señor Ministro de Defensa calificó de livianas mis actitudes, yo digo que el Gobierno, respecto del problema de las Fuerzas Armadas,se ha conducido con absoluta irresponsabilidad.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Por haberse ocupado todo el tiempo que destinaron los Comités para la discusión, declaro cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general.
El señor OCHAGAVIA.-
Pido votación, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor OCHAGAVIA.-
Esta tarde el señor Ministro de Defensa ha pretendido darme una lección de lo que debo decir acerca de un problema importante relativo al proyecto en debate. Recojo sus palabras y le contesto que tengo plena responsabilidad de mis actuaciones y que mis planteamientos en esta materia no han sido de orden político.
Reitero: levanto el cargo gratuito que ha pretendido hacerme el señor Ministro en el sentido de que estoy juzgando los problemas de la seguridad nacional, materia específica a la que me refería, desde un punto de vista político. Todos los chilenos debemos tener sobre esta materia un planteamiento común.
Si un General de la República, que ha dedicado su vida a la función de defender nuestra nación...
El señor LORCA.-
Como todos los Generales.
El señor OCHAGAVIA.-
Sí, como todos los Generales.
Pero también yo, como ciudadano chileno y como Senador de la República, tengo al respecto mi propia opinión formada. No se trata de darla a conocer en forma pública, pues tengo conciencia de los límites dentro de los cuales este tipo de afirmaciones debe enmarcarse.
Sin embargo, esconder la cabeza como avestruz ante hechos como los que conoce la opinión pública, como si Chile fuera uno de esos países donde podría temerse el conocimiento de estas materias, no es una política patriótica.
Naturalmente, lamento que toda esta situación se haya producido, ya que ella pudo aclararse sin que ocurrieran los desgraciados incidentes del 21 de octubre. Ellos se debieron a un pésimo manejo de estas materias por parte del Gobierno, del señor Ministro de Defensa Nacional y del Comandante en Jefe del Ejército. En verdad, los planteamientos que estaba haciendo un General de la República no podía dejar de escucharlos el Primer Mandatario.
En la carta enviada al señor Frei, el General Viaux afirma que en nuestras Fuerzas Armadas existirían elementos que estarían trabajando con fines ajenos al país.
¡Cómo no va a ser fundamental que el Jefe del Estado oiga las peticiones de un General de la República que, al hacerlas, coloca en juego toda su carrera militar, en una actitud que no obedecía a una finalidad política ni desquiciadora de la institución, como quedó demostrado por el hecho de que el mismo Gobierno agradeciera su acción a este General!
El señor LORCA.-
Así lo dice Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-
En una declaración oficial, el Gobierno agradeció al señor Viaux.
Por lo tanto, los planteamientos que formulo no son de orden político, sino patriótico. Ellos deben mover a todos los chilenos a interesarse en el análisis profundo de este problema, acerca del cual tenemos una gran preocupación, porque pensamos que nuestras Fuerzas Armadas deben desempeñar un papel fundamental en el país.
Concluyo mis palabras diciendo que voto favorablemente en general la iniciativa, y espero que el Gobierno utilice La facultad que le estamos otorgando para dar solución definitiva al grave problema de nuestros Institutos Armados y también, posteriormente, al problema de orden técnico, con el objeto de colocar al Ejército, la Armada y la Aviación en el grado de eficiencia que todos los chilenos deseamos para preservar mejor la seguridad nacional.
El señor GARCÍA.-
Una de las razones del Partido Nacional para votar favorablemente la iniciativa en debate ha sido repetida varias veces: desde hace varios años se está insistiendo en que es imprescindible reorganizar el sistema de remuneraciones y en equipar al Ejército conforme a las necesidades y posibilidades del país.
El Honorable señor Altamirano objetó las explicaciones del señor Ministro de Defensa Nacional cuando comparó, en moneda estable y en sueldos vitales, las rentas percibidas por el personal uniformado hasta 1964 con las remuneraciones obtenidas durante el actual Gobierno, desde 1965 en adelante. Hubo bastantes discrepancias en las cifras, y la razón es muy simple. Los datos que se envían a la Comisión de Hacienda corresponden a plazos que van de 1º de enero a 1º de enero. Las Fuerzas Armadas obtuvieron en 1964 un reajuste de 35% y un aumento de los quinquenios a contar desde julio. Para determinar exactamente el aumento de las remuneraciones del personal de los Institutos Armados en el actual Gobierno, los guarismos deben considerarse desde el mes de noviembre de 1964, contabilizando el reajuste que tenían desde el mes de julio. Ahí está la diferencia entre ambas cifras.
En cuanto al problema del descontento en las Fuerzas Armadas, puedo decir que existe porque, cuando a cualquier grupo de funcionarios del país se le promete un aumento de sueldo y no se cumple, el descontento se debe más a la falta de cumplimiento que a las bajas remuneraciones.
Tengo en mi mano el documento oficial, acogido por la Democracia Cristiana, en que el actual Presidente de la República, cuando era candidato, fijó su pensamiento sobre cómo debía tratarse lo relativo a los sueldos de las Fuerzas Armadas. Es un discurso pronunciado en el teatro Baquedano el 19 de mayo de 1964. Lo que se prometió a las Fuerzas Armadas fue lo siguiente: "Debe asegurarse al hombre de armas una situación económica compatible con la dignidad e importancia de su función, que lo obliga a encuadrar todas sus horas en el servicio de la carrera elegida. Debe irse a una escala de remuneraciones que evite la inquietud permanente en que, hasta ahora, han vivido los miembros de las Fuerzas Armadas, escala cuyo sistema de reajustes evite las representaciones sucesivas a que se han visto obligados los altos mandos frente a los últimos Gobiernos".
Era fácil haber cumplido con lo que se prometió y, con seguridad, no habríamos tenido que lamentar los incidentes del mes de octubre.
Por eso, voto favorablemente.
El señor ALLENDE.-
Con profunda extrañeza he oído las palabras del señor Ministro de Defensa Nacional, pronunciadas seguramente por falta de experiencia parlamentaria. Desde luego, en las mías no hubo una sola expresión que rozara la epidermis un tanto delicada del señor Ministro. Lo único que deseaba en forma legítima y justa es que quien desempeña esa Cartera respondiera desde el punto de vista político las apreciaciones, términos y contenido del documento leído en esta sesión. Es tradicional que así se proceda en el Parlamento.
Por eso, me ha parecido, no diré de mal gusto, sino algo impropio de un Ministro, haber traído aquí las expresiones de una Diputada de nuestro partido, pronunciadas de una manera aislada, y haber tenido la insolencia de recordarlas en este recinto, cuando sabe que esa persona no puede responderle. Es un privilegio suyo, señor Ossa, que lo retrata de cuerpo entero y que, por cierto, no es tradicional en este hemiciclo.
El señor LORCA.-
También lo dijo en la Cámara.
El señor ALLENDE.-
Pero, sí, sepa, señor Ministro, una cosa: tenemos un mismo pensamiento, y yo, sin haber escuchado el discurso de la señora Carmen Lazo, me hago responsable de todas sus expresiones y usted puede pedirme a mí explicaciones, si quiere.
Lo que no puedo tolerar a un hombre es que proceda en la forma en que usted lo ha hecho, ni mucho menos que venga a decir que el envase es distinto y el contenido el mismo. Es así porque tenemos un mismo pensamiento doctrinario, los mismos principios, la misma ideología; porque no somos mercaderes, sino políticos que tenemos conciencia de lo que representa la idea revolucionaria.
Cualquiera puede ser Ministro. Para llegar a esta Corporación se requiere, por lo menos, una trayectoria y tener el respeto del pueblo.
Por eso, es extraño que el Ministro que, por lo demás, ha querido en forma sigilosa dar la sensación de que hay un problema de una magnitud extraordinaria diga que le parece impropio que en este recinto los Senadores queramos calificar lo que acontece en definitiva en las Fuerzas Armadas. No estamos de prestado en este recinto, señor Ministro de Defensa Nacional. Sabemos lo que representa ser Senador, aun dentro de la democracia burguesa, para quienes tenemos un pensamiento distinto.
Por eso, hemos reclamado clarificar esta materia. ¡Caramba que tenemos autoridad moral para ello así lo demostré en la tarde, porque desde el año 1946 en veinticinco oportunidades nos hemos referido a las Fuerzas Armadas chilenas, a los compromisos internacionales suscritos por otros Gobiernos y mantenidos por éste, a la situación interna de los Institutos Armados, al retraso y postergación en que se han debatido, a la situación de su personal en cuanto a remuneraciones! También hemos presentado iniciativas de ley sobre esta materia.
Por lo tanto, en nuestra actitud, y eso debe merecer respeto al señor Ministro, hay una continuidad que sólo puede ser desconocida por el paso suyo, que es transitorio en la vida política. Además, señalo que sus palabras son de un mal gusto y de una grosería infinita al referirse a la señora DiputadaCarmen Lazo. En cuanto a nosotros, ellas no nos alcanzan.
Voto que sí.
El señor TARUD.-
Voto favorablemente, en el entendido de que me pronuncio por la idea de legislar y no por conceder las facultades.
El señor REYES.-
Comprendo que en un debate de esta naturaleza, en que se ha hecho sistemáticamente la deformación de las actuaciones del Gobierno, de sus personeros y de quienes con anterioridad han actuado en el Ministerio de Defensa Nacional, como el Honorable señor Carmona, se empleen expresiones chocantes para nosotros.
Por nuestra parte, hemos tratado de intervenir en este debate con máxima serenidad. Por eso, cuando escuchamos palabras que llaman" más bien a escándalo, o a sorpresa al menos, por el tono en que se han pronunciado, más que por la intención que ellas envuelven, debo dar, en nombre de los Senadores de estas bancas y de la Democracia Cristiana, una explicación, si se quiere, en cuanto se hubiere rozado la honra de cualquier persona. Nadie ha tenido esa intención. Pero, al mismo tiempo, reafirmamos plenamente nuestras expresiones de protesta por los términos en que, a veces, se ha llevado el debate y por las calificaciones que aquí se han hecho.
Voto afirmativamente.
El señor IBÁÑEZ.-
Los señores Ministros han creído del caso recoger mis observaciones sobre el pago diferido que se pretende respecto de las pensiones de los jubilados. No puedo dejar pasar sus comentarios sin una breve respuesta.
El señor Ministro de Obras Públicas, con el estilo que ya ha puesto de relieve el Honorable señor Allende, hizo una serie de alusiones sin nexo alguno con mi mención relativa a la firma del contrato del túnel de Lo Prado como principio de buena administración, propuesto por el señor Frei y acogido por el señor Alessandri, quien desistió de firmar el decreto que adjudicaba el contrato de dicha obra. El señor Ministro decía que yo estaba profundamente disgustado por el avance de los trabajos de ese túnel, que es vital para Valparaíso. Quiero sacarlo de su error: estoy sumamente contento de haber contribuido en alguna forma a sensibilizar al Gobierno, que, después de dejar transcurrir dos años, inició los trabajos, demostrando con ello que todas las excusas aducidas antes eran falsas, puesto que el túnel que se está construyendo ahora es el mismo proyectado por la Administración anterior.
El señor ISLA.-
¡No me ayude, compadre...!
El señor IBÁÑEZ.-
Respecto de los contratos con financiamiento nominal de diez escudos a que se refirió el señor Ministro de Hacienda, debo decirle que si el señor Ministro los revisa con detenimiento verá que eran de gran conveniencia para el país. No me atrevo a decir lo mismo de lo que sucedió con el contrato del túnel de Lo Prado, que, al no ser firmado por el ex Presidente señor Alessandri, fue alterado después en sus cláusulas por el actual Gobierno. En su oportunidad analizaremos este punto.
El señor LORCA.-
Cuando se termine el túnel.
El señor IBÁÑEZ.-
Sí, prefiero que se termine la obra. Después haremos el análisis.
En cuanto a las cifras proporcionadas por el señor Zaldívar respecto del pago diferido, tendría que revisarlas para poder pronunciarme sobre ellas, puesto que los antecedentes que el señor Ministro proporcionó a la Sala sobre endeudamiento externo carecen de toda base. En efecto, señaló que el Gobierno anterior se había endeudado en 1.100 millones de dólares. En verdad, sólo al término de 1964, según datos proporcionados por la CORFO, la deuda fiscal llegó a 1.100 millones en total, puesto que el mayor endeudamiento de la anterior Administración fue de sólo 600 millones de dólares durante todo el sexenio. Mientras que al 31 de diciembre de 1968 la deuda fiscal ascendía, según datos repito de la Corporación de Fomento, a 2.050 millones de dólares.
El señor MUSALEM.-
Eso es falso.
El señor IBÁÑEZ.-
Vale decir, en el curso de cuatro años el Gobierno actual se ha endeudado en cerca de mil millones de dólares.
Considero, pues, que todos estos antecedentes requieren de un examen más detenido, como el que espero hacer en fecha muy próxima, cuando el señor Ministro dé a conocer el estado de la Hacienda Pública y tengamos oportunidad de analizarlo.
Voto afirmativamente.
El señor HAMILTON.-
En forma muy breve, quisiera hacerme cargo de las palabras de los Honorables señores Allende y Ochagavía con relación a lo expresado en la Sala por el señor Ministro de Defensa Nacional.
En primer lugar, destaco que el señor Ministro ha repetido aquí exactamente lo mismo que sostuvo en la Cámara de Diputados, de modo que no está faltando el respeto a un parlamentario ausente.
Sin duda, la materia que estamos tratando no es problema común y corriente. Exige de todos nosotros el máximo de ponderación y responsabilidad para tratarlo. Por eso, acepto las palabras del señor Ministro, que tiene la máxima responsabilidad en esta materia, y las considero un llamado hacia la ponderación que debe existir en el curso de estos debates, pues muchas veces las expresiones que aquí se vierten pueden producir efectos distintos, incluso, de los que tuvieron en vista sus propios autores al proferirlas.
Respecto de lo señalado por el Honorable señor Ochagavía, en verdad no quisiera calar muy profundo. El Partido Nacional ha tenido una actitud que puede juzgarse desde dos ángulos: por un lado, ha asumido una posición de apoyo al régimen institucional y democrático, al Gobierno legalmente establecido; pero, por otro lado, podrían señalarse no es mi ánimo hacerlo en esta ocasión muchas intervenciones de sus personeros, declaraciones de su presidente, actuaciones de sus miembros más destacados y afirmaciones difundidas mediante su prensa, que no guardan relación con la primera actitud, asumida oficialmente por su directiva.
Sólo deseo detenerme en un aspecto. Los Senadores nacionales y, en general, los dirigentes de la Derecha tradicional suelen presentarse como los únicos depositarios del patriotismo. El Honorable señor Ochagavía nos ha hablado de patriotismo esta tarde. Pero por mucho que las colectividades políticas que formaron el Partido Nacional deseen confundirse con la historia de Chile, creo que ni ellas ni ningún sector de este país puede sentirse exclusivamente dueño y señor de este sentimiento. Este patrioterismo de que tanto hacen gala sí que es algo y aquí me atrevería a emplear un término usado por el Honorable señor Allende de muy mal gusto y ya muy raído.
Voto favorablemente la idea de legislar.
El señor FUENTEALBA.-
Me preocupa haber comprobado una vez más, en especial durante la última parte de este debate, la actitud que permanentemente ha sostenido el Partido Nacional desde hace algún tiempo a esta parte respecto de la situación de las Fuerzas Armadas y de la estabilidad institucional del país.
Días antes no sé si uno o dos de los sucesos del 21 de octubre, el presidente del Partido Nacional, señor Onofre Jarpa, hizo una declaración en que se esforzó por indisponer al partido de Gobierno y al Gobierno mismo con los Institutos Armados, tratando de crear asperezas y de desprestigiar a nuestra colectividad política ante ellos y ante la opinión pública.
El señor OCHAGAVÍA.-
Fue el Honorable señor Prado quien hizo esas declaraciones.
El señor FUENTEALBA.-
En la tarde de hoy, hace pocos momentos, el Honorable señor Ibáñez trajo a colación un hecho que aparentemente nada tenía que ver con la idea central del debate. Su Señoría pretendió reafirmar o dar fe de la veracidad de las expresiones del abogado señor Fenner, quien imputaba al Honorable señor Ballesteros el haber pronunciado en el extranjero palabras desdorosas para nuestras Fuerzas Armadas. No le ha ido muy bien, pues todos los Senadores que estuvieron presentes en aquella ocasión se han encargado de dejar en claro lo ha hecho expresamente el Honorable señor Rodríguez, que es nuestro adversario político que tal imputación es falsa y que el Honorable señor Ballesteros jamás ha tenido expresión alguna en contra de nuestros Institutos Armados.
¿Qué pretende el Honorable señor Ibáñez con traer a colación este hecho esta tarde? ¿Cuál es el objeto que sistemáticamente se persigue? Ningún otro que el de indisponer al Partido Demócrata Cristiano y al Gobierno con las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué se hace esto? ¿Se actúa inocentemente? ¿Es acaso el Honorable señor Ibáñez una vestal que lanza estas acusaciones sin pensar más allá de sus propias palabras? ¿O es, por el contrario, un frío y calculador hombre de negocios que sabe lo que quiere y hacia dónde va?
El objetivo perseguido es muy claro: crear dentro de las Fuerzas Armadas la atmósfera propicia para que se decidan a subvertir el orden constitucional. Pero se estrellarán contra la fidelidad que los institutos militares guardan para con el sistema democrático de la nación.
El señor OCHAGAVIA.-
Su Señoría, que fue al Regimiento Tacna, puede decirlo.
El señor FUENTEALBA.-
Todavía más: un periodista me acaba de mostrar en los pasillos una carta que el presidente del Partido Nacional envió al señor Ministro de Hacienda. No sé si ya la habrá recibido. En todo caso, seguramente mañana será publicada profusamente en toda la prensa.
En esa carta, firmada por el presidente del Partido Nacional en nombre de su colectividad, se protesta ante el señor Ministro de Hacienda porque el Gobierno sostiene conversaciones y mantiene contacto con la Central Única de Trabajadores, organismo dice la nota del Partido Comunista y manejado por los comunistas, entidad política, según los nacionales, tradicionalmente enemiga de la democracia y de las Fuerzas Armadas.
El señor OCHAGAVIA.-
Es la verdad, no más.
El señor ALLENDE.-
¡Falso!
El señor FUENTEALBA.-
¿A dónde se quiere llegar con esto? ¿Acaso no sabemos todos que la Central Única de Trabajadores agrupa a las grandes federaciones y confederaciones de trabajadores, de empleados fiscales y semifiscales y del sector privado, donde hay dirigentes que nada tienen que ver con el Partido Comunista? ¿No sabemos que se trata de un organismo que realmente ha defendido el orden constitucional, como lo hicieron todos sus miembros, incluso los comunistas, frente a ios sucesos del 21 de octubre? Sí, lo sabemos. Pero está clara la intención del Partido Nacional. Pretende, simplemente, ir a la subversión, sacar las castañas con la mano del gato hipócritamente.
Siento mucho no disponer de más tiempo para continuar abordando esta materia.
Voto por la afirmativa.
El señor IBÁÑEZ.-
Reclamo mi derecho para responder.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Estamos en votación.
El señor IBÁÑEZ.-
He sido aludido.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Al término de la votación podrá responder Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.-
Los Senadores del Partido Comunista que han votado ya, dieron su aprobación en general a este proyecto destinado a mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas. Procedemos así por comprender que se trata de un asunto de total justicia y de acuerdo a un principio que aplicamos por igual al trabajador civil y al uniformado. Creemos repito legítimas sus aspiraciones y demandas en el orden económico y profesional. Rechazamos por entero cualquier tentativa, sobre todo venida del exterior, que pretenda especular con las necesidades apremiantes que en el orden material viven las Fuerzas Armadas, a fin de alentar aventuras extraconstitucionales. Nuestra posición es clara en este sentido.
Ahora, me referiré a algunas de las últimas intervenciones, en especial a la fundamentaron de los votos.
En primer término, ratifico lo expresado aquí por los Honorables señores Rodríguez y Miranda, quienes formaron parte de la delegación parlamentaria que en 1965 viajó por diversos países europeos.
Quiero dejar constancia porque estuve presente de que el discurso pronunciado por el presidente de la delegación, entonces Presidente de la Cámara, Honorable señor Ballesteros, fue plenamente respetuoso de las Fuerzas Armadas chilenas, acorde con el ambiente y nuestra posición en defensa del país. No se refirió a ellas en ningún momento, pues ello ni siquiera pasó por la mente de nadie. Palabras parecidas expresó el orador soviético, que en aquella ocasión fue el Presidente del Soviet Supremo, o sea, del Parlamento de la Unión Soviética, señor Mikoyan. Su alegato a favor de la paz no podía entenderse como una injuria a las Fuerzas Armadas de su país; no la hubo ni en uno ni en otro. En ese momento no escuché de parte del Honorable señor Ibáñez reclamación alguna por las palabras del Honorable señor Ballesteros, y entendimos que todos nos sentíamos interpretados por sus expresiones.
Adhiero también a las palabras de protesta formuladas por el Honorable señor Allende en cuanto a los términos usados por el señor Ministro de Defensa Nacional, en especial respecto de la intervención que tuvo en la Cámara la Diputada señora Carmen Lazo. A mi juicio, el señor Ministro no debió haber proferido tales expresiones ni en el Senado ni en la Cámara. Evidentemente, en nada ayuda a su causa el traer a colación esos problemas. Al fin y al cabo, el asunto que debatimos es tan importante, que ojalá el señor Ministro y todos nosotros manifestáramos la más alta responsabilidad en nuestras palabras, para así conseguir elevar el tono de este Parlamento, puesto en duda, sobre todo cuando discutimos un proyecto de mucha gravedad, no por lo que contiene en sí mismo, sino por lo que hay detrás.
Se aprueba en general el proyecto (40 votos por la afirmativa).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Ha llegado a la Mesa una indicación para publicar "in extenso" la sesión de hoy.
Se aprueba.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 97 del Reglamento, cuando un señor Senador ha sido aludido, tiene derecho a contestar o replicar.
El señor IBÁÑEZ.-
Pido la palabra.
Debo expresar mi protesta por las expresiones del Honorable señor Fuentealba, porque Su Señoría no tiene derecho a suponer intenciones como las que me atribuyó hace un instante.
El señor FUENTEALBA.-
Soy político, puedo interpretar los hechos que observo.
El señor IBÁÑEZ.-
Puede interpretar los hechos que observa, pero cuando se trata de cosas perfectamente claras. Su Señoría no tiene derecho a hacer imputaciones de esa naturaleza, que las estimo altamente injuriosas.
El señor FUENTEALBA.-
Fue un conjunto de hechos.
El señor IBÁÑEZ.-
Lo sucedido es tanto más extraño si se considera que el señor Senador habló durante 45 minutos para exponer el programa presidencial de su partido, y, en este instante, en la hora undécima, hace una mención injuriosa a los miembros del Partido Nacional, que afecta, en particular, al Senador que habla.
El señor HAMILTON.-
Su información fue desmentida por cuatro señores Senadores.
El señor IBÁÑEZ.-
El Honorable señor Fuentealba pierde su tiempo al tratar de inhibirme por el hecho de ser un hombre de trabajo. Me siento orgulloso de mi pasado y puedo exhibirlo ante todos mis colegas. He trabajado duramente toda mi vida. No deseo hacer comparaciones con nadie, porque son siempre odiosas. Sin embargo, creo difícil que algún Senador haya desarrollado en su existencia el tren de trabajo que he tenido, y haya ocupado los cargos...
El señor TEITELBOIM.-
Y posea el dinero que Su Señoría tiene.
El señor IBÁÑEZ.-
... más modestos que por largos años desempeñé.
Quienes deberían sentirse inhibidos son los politiqueros fríos y calculadores...
El señor ISLA.-
¿Cuáles son esos?
El señor IBÁÑEZ.-
...que a través de su actividad política llegan a situaciones que en otra forma no habrían alcanzado.
Deploro que el Honorable señor Fuentealba pierda el control como ocurrió hace un instante, en circunstancias de que yo planteé un asunto totalmente distinto. Dije que quería dejar constancia tal como lo hizo el Honorable señor Teitelboim al adherir a las palabras del Honorable señor Ballesteros de que privadamente había representado mi total desacuerdo con esas expresiones. No habría hecho esto en forma pública ni habría mencionado jamás ese incidente, a no mediar el hecho de estar emplazados por una publicación del señor Ballesteros, quien recurre a nuestro testimonio a favor de sus declaraciones.
Esa es la razón por la que me he visto obligado a decir públicamente que no estaba de acuerdo con sus palabras.
En consecuencia, no cabía en forma alguna la actitud tan violenta y descontrolada que acabamos de presenciar en el Honorable señor Fuentealba, ya que hice expresa referencia a que las expresiones las atribuía a un desborde oratorio de nuestro Honorable colega. Debo dejar constancia repito que en privado representé mi total disconformidad con tales conceptos.
El señor FUENTEALBA.-
Tengo derecho a replicar, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
Senado. Fecha 13 de noviembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 9. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
5.- SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEFENSA NACIONAL UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.
"Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen el honor de informaros, en el trámite de segundo informe, el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores señores Allende, Altamirano, Fuentealba, Irureta, Lorca, Luengo, Montes; Reyes, Rodriguez, Silva, Tarud y Valente; la Diputada señora Allende; los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Zaldívar y dé Defensa Nacional, don Sergio Ossa; los señores Subsecretarios de Guerra, don Carlos Gardeweg y de Marina, don Sergio Aguirre, y el señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional, don Fernando Castro.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:
I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 6º (que pasa a ser 8º), 10 (que pasa a ser 12), 13 (que pasa a ser 17) y 14 (que pasa a ser 19).
II.- Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas: 3º, 4º, 8º (que pasa a ser 10), 11 (que pasa a ser 14), 12 (que pasa a ser 13) y 17 (que pasa á ser 15).
III.- Artículos que fueron objeto de modificaciones: 1°, 2º 5º (que pasa a ser 7º), 7º (que pasa a ser 9º), 9º (que pasa a ser 11), 15 (que pasa a ser 21) y 16 (que pasa a ser 20).
IV.- Indicaciones rechazadas o aprobadas parcialmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 (página 4), 30 (página 5), 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61 (letras a), d) y e), 62, 63 y 65.
V.- Indicaciones retiradas: 10, 34, 46 y 50.
VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: 27, 58, 61 (letras b) y c) y 64.
VII.- Indicaciones aprobadas: 8, 24, 26, 33, 38, 39 bis, 48, 49, 51, 54 y 66.
En consecuencia, deben darse por aprobados los artículos del grupo I y los del grupo II si no son renovadas las indicaciones respectivas que están indicadas en el grupo IV.
En primer término, se discutieron las indicaciones números 1 y 2, de los Honorables Senadores señores Chadwick y Valente, y 3 del Honorable Senador señor Chadwick.
La Nº 1, propone la supresión del artículo 1°. Las Nºs. 2 y 3, la sustitución del mismo por otra disposición que crea un Fondo con los recursos que aporta el proyecto y los que establezcan las leyes de Presupuesto para 1970 y general de remuneraciones, para reajustar las rentas del personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Vuestras Comisiones Unidas, por 6 votos contra 4, rechazaron las tres indicaciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
Luego, se estudió la indicación Nº 4, de los Honorables Senadores señores Altamirano, Allende y Rodríguez, para adicionar el Nº 1º del artículo 1° con una disposición que establezca que el ejercicio de las facultades no podrá alterar la equivalencia económica de los grados y categorías que tienen actualmente los diversos escalafones.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la indicación tenía por finalidad mantener la equivalencia económica de los diversos grados y categorías, sin perjuicio de que se aumenten en mayor proporción algunos de ellos.
El señor Ministro de Defensa y el Honorable Senador señor Carmona sostuvieron que la aprobación de la indicación significaba la mantención proporcional de las actuales diferencias de remuneraciones entre las diversas categorías y grados, norma que contradecía la intención del Ejecutivo y del Congreso Nacional de conceder aumentos diferenciados, según los deterioros de las rentas respectivas.
Vuestras Comisiones Unidas por 9 votos contra 1, rechazaron la indicación. Votó por la afirmativa el Honorable Senador señor Chadwick y por la negativa los demás integrantes de vuestras Comisiones.
En seguida, se consideró la indicación Nº 5, de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Tarud, para agregar al Nº 1° del artículo 1º, una norma que establezca que el ejercicio de las facultades no podrá significar disminución de los diversos derechos o beneficios que actualmente tienen los personales de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
La mayoría de los miembros de vuestras Comisiones sostuvieron que la indicación en debate contradecía la idea de otorgar reajustes diferenciados y de racionalizar las remuneraciones del personal a que se refiere el proyecto.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, rechazaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorable Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
Seguidamente se debatieron las indicaciones Nº 6, de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Tarud; 22, del Honorable Senador señor Valente, y 44, de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda.
Las dos primeras disponen que todas las remuneraciones del sector activo de las Fuerzas Armadas deberán ser imponibles. La tercera, estatuye el mismo principio, pero excepcionando a las gratificaciones especiales a que se refiere el párrafo 3º del D.F.L. Nº 1, de 1968.
Los Honorables Senadores señores Chadwick y Miranda manifestaron que debía aprobarse la indicación Nº 44, porque ella establecía el justo principio de que sólo aquellas asignaciones que tienen carácter temporal o que se devenguen por circunstancias accidentales, pueden ser no imponibles.
Agregaron que sólo los mencionados sobresueldos deberían tener tal carácter, porque el principio básico de nuestra legislación sobre remuneraciones es considerar imponibles a todas las que tengan carácter ordinario o general.
En seguida, expresaron que por medio del subterfugio de declarar no imponibles asignaciones, que constituían en la realidad parte del sueldo, se desmejoraban las remuneraciones del personal pasivo.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que mientras se mantenga el actual sistema de previsión, diversas rentas de los funcionarios del Estado debían tener el carácter de no imponibles. Añadió, además, que muchos ingresos generales de los citados funcionarios no podían ser imponibles en caso alguno, porque se concedían precisamente para cubrir un riesgo o gasto en el que sólo incurren los que están en servicio activo, como por ejemplo, la asignación de rancho.
El señor Ministro de Hacienda dijo que la indicación significaba conceder un aumento mayor al personal pasivo respecto del activo y que la norma contenida en el Nº 5 del artículo 1º era suficiente resguardo para las personas que integran el primer grupo.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron las indicaciones Nº 6 y 22, y por 6 votos contra 4, la Nº 44. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda y polla negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
En seguida, se consideró la indicación Nº 7, de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick y Miranda, y 14, de los Honorables Senadores señores Allende, Altamirano y Rodríguez.
La primera de ellas, sustituye el Nº 3º del artículo 1º, por otro que establece que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo, deberá ser pagado automáticamente por las Cajas de Previsión respectivas, sin solicitud del interesado ni resolución que lo ordene. La segunda, estatuye que dichos reajustes deberán ser pagados sin requerimiento de los interesados ni resolución Ministerial que autorice el pago, y que la cancelación de los aumentos deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a aquél en que se publique el respectivo D.F.L.
El señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional sostuvo que era materialmente imposible pagar los aumentos de las pensiones conjuntamente con el reajuste del personal en servicio activo.
El Honorable Senador señor Chadwick dijo que sin pronunciarse en estas indicaciones respecto del pago conjunto de los aumentos de sueldos y pensiones, podría modificarse el inciso segundo del Nº 3º en el sentido de que el pago de los reajustes de estas últimas se efectúe automáticamente, para dejar claramente establecido que la norma que el citado precepto establece, significa el pago de los aumentos sin tramitaciones especiales por parte de los pensionados.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, acogieron la referida disposición.
Luego, se debatieron las indicaciones Nº 8, de los Honorables Senadores señores GARCIA, Ibáñez y Ochagavía, 9 de los Honorables Senadores señores Allende, Altamirano y Rodríguez, y 11, del Honorable Senador señor Valente.
Todas ellas proponen sustituir la norma que establece el pago escalonado del aumento de pensiones. La primera, por otra que estatuye que el referido reajuste entrará en vigencia conjuntamente con el del personal en actividad, y las dos segundas, que dicho aumento deberá producirse durante el año 1970.
El Honorable Senador señor Palma y el señor Ministro de Defensa Nacional manifestaron su oposición a la indicación porque su aprobación desfinancia el proyecto, al aumentar su costo durante los dos primeros años de su aplicación.
El Honorable Senador señor García sostuvo que no se pronunciaba sobre el sistema vigente de aumentos para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, pero que mientras no se modifique toda la estructura del mismo, no se puede postergar a dicho sector, más aún si ello significa dejar una deuda por remuneraciones futuras sin el debido financiamiento.
Los Honorables Senadores señores Montes, Valente y Miranda, sostuvieron que coincidían con la intención manifestada por el señor García, pero agregaron que el texto de la indicación Nº 8 no lo reflejaba exactamente. Por tal motivo, el Honorable Senador señor Miranda propuso modificar su redacción, proposición que contó con el acuerdo de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez.
El Honorable Senador señor Palma dijo que, si bien estaba de acuerdo con el principio contenido en la indicación, su aprobación le parecía inconveniente por la limitación de los recursos que existían para el pago de los reajustes.
Los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional, hicieron presente que el texto del proyecto del primer informe significaba que las pensiones tendrían igual monto al de los sueldos imponibles en el año 1972, y que el personal en retiro tendría por el año 1969, en todo caso, un reajuste idéntico al incremento que experimente en este año el índice de precios al consumidor, como lo dispone el Nº 4º del artículo 1°.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que la indicación significaba disminuir los recursos que se destinan a aumentar los sueldos del personal en servicio activo. Agregó que su incorporación al proyecto significaría, además, la imposibilidad de racionalizar las rentas del personal en actividad, por el impacto que dicha racionalización tendría en las pensiones. Por último, manifestó que la disposición contenida en el primer informe no perjudicaba al personal pasivo porque reconocía sus actuales derechos.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que no bastaba con hacer declaraciones en el sentido de que se respetarán los derechos del sector pasivo, sino que es necesario establecer en la ley los debidos resguardos para dicho personal, y que si los recursos no eran suficientes para otorgar el aumento que se desea, el Ejecutivo debe proponer nuevos recursos para tal objeto.
Vuestras Comisiones, por 7 votos contra 3, aprobaron la indicación Nº 8, con las enmiendas mencionadas. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, GARCIA, Ibáñez, Jerez y Miranda y por la negativa los Honorables Senadores señores Carmona, Gormaz y Palma.
Como consecuencia de este acuerdo, se dieron por rechazadas las indicaciones Nºs. 9, 11, 12, 13, 14, 15; 16; 19; 20 y 21.
En seguida se debatieron las indicaciones Nºs. 17, de los Honorables Senadores señores Allende y Rodríguez, y 59, del Honorable Senador señor Valente, para agregar una disposición que establezca que la primera diferencia de remuneraciones que reciban los personales activos y pasivos beneficiados por el proyecto no ingresarán a las respectivas Cajas de Previsión.
El señor Ministro de Hacienda explicó que las indicaciones desfinancian el Fondo Nivelador de quinquenios, cuyo único ingreso son las primeras diferencias, y que por tanto su aprobación no sólo significaba impedir que continúe la referida nivelación, sino también disminuir las pensiones en la parte que se pagan por el citado Fondo, al quitársele todos los recursos que le corresponderían para el año 1970.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron ambas indicaciones.
A continuación, se estudió la indicación Nº 18, de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez, Miranda y Valente, para agregar una disposición que establezca que el total de las remuneraciones imponibles que perciba el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas deberá refundirse en una sola remuneración básica expresada en sueldos vitales.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que la indicación tenía por objeto que en la ley se estableciera la racionalización de las remuneraciones del mencionado personal.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que el sistema de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas era sumamente complejo y prueba de ello era que algunas remuneraciones especiales tenían carácter de imponibles, por lo que era imposible, por lo menos en este momento, aprobar una norma como la propuesta sin producir injusticias.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, rechazaron la indicación.
Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
Luego, con la misma votación, se rechazó la indicación N° 23. La mayoría de vuestras Comisiones fundamentó su acuerdo en que el Nº 5º del artículo 1° , que se refiere a la misma materia, establece las normas necesarias para la regulación de la proporción entre remuneraciones imponibles y no imponibles, las que además están en concordancia con los preceptos del proyecto sobre este punto.
A continuación, por unanimidad, se aprobaron las indicaciones números 24 y 26, de los Honorables Senadores señores Altamirano, Allende y Rodríguez, que son de redacción.
Luego, se estudió la indicación Nº 25, del Honorable Senador señor Tarud, para agregar una disposición que establezca que los preceptos que dicte el Presidente de la República sobre remuneraciones) de las Fuerzas Armadas deberán representar un efectivo aumento sobre los sueldos bases, suprimiéndose las asignaciones innecesarias, con el objeto de no producir discriminaciones entre sueldos y pensiones, como también, que se deberá dar igual trato a los profesionales universitarios y al personal civil de la Defensa Nacional y de Carabineros.
Vuestras Comisiones, por 7 votos y 3 abstenciones, rechazaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Ibáñez, Jerez y Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick y Miranda.
Seguidamente, se debatió la indicación Nº 28, de los Honorables Senadores señores Altamirano, Allende y RODRIGUEZ, para agregar una regla que establezca que el Presidente de la República deberá ordenar a las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros que den cumplimiento a un dictamen de la Contraloría General de la República sobre la forma cómo debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro.
El señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional manifestó que la ley Nº 16.466 creó la bonificación profesional un porcentaje sobre los sueldos bases y quinquenios y el artículo 3° de la misma extendió este beneficio al personal que tenía 30 o más años válidos para el retiro, calculándose el porcentaje respectivo sobre la pensión base y los quinquenios correspondientes.
La aplicación de las normas de la citada ley significó que los pensionados obtuvieran una mayor bonificación profesional que la que le correspondería al personal activo, porque la pensión base es superior al sueldo base.
La ley 16.840 estableció que la mencionada bonificación, respecto del personal pasivo, debía calcularse sobre los sueldos bases que daban lugar a la pensión, sin considerar otras remuneraciones auxiliares que contribuyen a formar la pensión base.
La Contraloría General de la República emitió dos dictámenes contradictorios sobre la materia. En uno de ellos sostuvo que la bonificación debía calcularse sobre la pensión base más los quinquenios de que gozaba el similar en servicio activo. En el otro, que dicha bonificación debía aplicarse sobre la pensión más los quinquenios de que estaba disfrutando el pensionado. Al respecto hay que tener presente que los quinquenios en uno y otro caso son de porcentajes distintos.
Por último, por dictamen de 29 de agosto de 1969, el referido organismo dictaminó que el sentido de la ley 16.840 era conceder a los pensionados el mismo beneficio que al personal activo respecto de los quinquenios.
Este dictamen significa un mayor gasto de Eº 6.500.000 que no estaba presupuestado.
Agregó que, en su opinión, el dictamen de la Contraloría es errado y que por ello la Caja había pedido reconsideración del mismo, fundamentada en que la legislación que cita está modificada por el D.F.L. Nº 4, de 1968, la que no fue considerada por el Organismo Contralor.
Vuestras Comisiones, por 6 votos por la negativa, 1 por la afirmativa y 3 abstenciones, rechazaron la indicación. Votó por la afirmativa el Honorable Senador señor Jerez; por la negativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick y Miranda.
Luego, se debatieron las indicaciones Nºs 29 del señor Ministro de Defensa Nacional, y 63 del señor Valente.
La primera indicación propone la supresión del artículo 3º, que establece que el personal que hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos dentro de un plazo determinado, pudiendo solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Además, estatuye que las resoluciones pertinentes no tendrán efecto retroactivo.
La segunda indicación, propone la supresión de las normas que permiten solicitar la investigación sumaria y que impiden el efecto retroactivo de las resoluciones correspondientes.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación numero 63.
En relación al artículo 3º, el señor Ministro de Defensa Nacional sostuvo que los efectos de su aplicación son de difícil medición, aunque no cabe duda que su mantención producirá un efecto financiero en la Caja.
Agregó que era imposible determinar si hubo invalidez de segunda clase cuando el hecho se ha producido hace algún tiempo y que por ello la ley establece el plazo de dos años para impetrar el beneficio.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que el artículo era de una justicia elemental, porque permite a quienes han sufrido una incapacidad en el servicio y que no se han acogido a los beneficios respectivos por no haberlos invocado dentro de plazo, acreditar dicha situación. Si lo hacen, es lógico que se les dé el mismo tratamiento que a quienes han hecho valer sus derechos en el plazo establecido.
Agregó que por tratarse de incapacidades de tipo permanente es plausible que se comprueben los hechos pertinentes. Si no se acredita el daño, es indudable que no van a obtener nada.
El Honorable Senador señor García sostuvo que no es posible hacer perder un beneficio a una persona incapacitada, por el solo hecho de no haberse acogido a él dentro de un plazo determinado.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación.
En seguida, se discutió la indicación Nº 30 (páginas 4 y 5 del Boletín de Indicaciones), de los Honorables Senadores señores Altamirano, Allende y Rodríguez, para agregar un artículo nuevo que modifica el artículo 11 del D.F.L. 4, de 1968, sobre Fondo de Revalorización de Pensiones de las Fuerzas Armadas.
La disposición propuesta modifica las letras b), c), d) y e) del citado artículo del mencionado D.F.L. que, entre otras, destinan los siguientes recursos al referido Fondo: un 1/2% del total de los ingresos presupuestarios de la Caja; un 1/2% de las remuneraciones imponibles; un 1/2% del total de las pensiones y un aporte fiscal equivalente al total del aporte que efectúe el personal activo y pasivo.
La indicación suprime los aportes del personal activo y pasivo; destina al Fondo el 25% de los ingresos que la Caja percibe mensualmente por los descuentos del 8% o del 10% a que están afectas las pensiones de retiro y montepío, y mantiene el aporte fiscal calculado sobre el 1/2% de los montos de los sueldos y pensiones y el 1/2% de los ingresos presupuestarios de la Caja.
El señor Vicepresidente manifestó que la aprobación de la indicación significaría un grave perjuicio para la Caja, porque además del 1/2% de sus ingresos presupuestarios que se destinan al Fondo Nivelador de quinquenios, se pretende agregar un porcentaje de los recursos que percibe por descuentos a las pensiones, ingresos que están destinados al Fondo de Beneficios.
Agregó que dichos recursos, en parte, financian los montepíos a cargo de la Caja, porque si bien el Fisco paga un gran porcentaje de las pensiones más antiguas, al fallecer el personal retirado la pensión de montepío que causa es asumida por la Caja, sin aporte fiscal, por su calidad de pensión nueva.
Luego, manifestó que la aprobación de la indicación significaría paralizar o disminuir los gastos que la Caja realiza en medicina curativa, construcción de viviendas y otros beneficios.
Hizo presente que los ingresos presupuestarios de la citada institución están compuestos por las imposiciones de los funcionarios y por los intereses de los préstamos habitacionales, sin que exista aporte impositivo patronal.
Vuestras Comisiones, por 6 votos por la negativa y 4 abstenciones, rechazaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda.
En seguida, se discutió la indicación Nº 31, del señor Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 5° del proyecto, que otorga una asignación por riesgo profesional a los funcionarios del Servicio de Prisiones.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que, según los antecedentes que le ha proporcionado la Dirección de Presupuesto, en el ítem sueldos no hay un superávit de Eº 3.500.000, como se sostuvo durante el primer informe, sino sólo de E° 1.000.000, recursos que están destinados al financiamiento del déficit del ítem sobresueldos, que alcanzará a 900.000 escudos. En consecuencia, la asignación de Eº 900 por funcionario está desfinanciada y por ello debe suprimirse el precepto.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que debía concederse un beneficio al referido personal, porque su situación es verdaderamente crítica.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que como había dudas sobre los superávit presupuestarios podría establecerse que Eº 900 sería el monto máximo que podría tener la mencionada asignación.
El Honorable Senador señor Altamirano manifestó que el superávit del ítem de sueldos no podía destinarse a cubrir el déficit del ítem sobresueldos.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación 31, y con la abstención del Honorable Senador señor Chadwick, aprobaron la enmienda propuesta por el Honorable Senador señor Carmona.
El Honorable Senador señor Jerez propuso eliminar la norma que financia la citada asignación con el superávit del ítem de sueldos, manifestando que tal precepto hacía ilusorio el beneficio, porque el Ejecutivo podía excusarse de su cumplimiento arguyendo que no existen recursos.
El Honorable Senador señor Palma manifestó su oposición a la modificación propuesta, debido a que todo beneficio que signifique un gasto debe estar financiado.
El Honorable Senador señor García manifestó igual opinión, agregando que el Ejecutivo no podía destinar el superávit del ítem de sueldo a financiar el déficit del ítem de sobresueldos, porque la ley prevalece sobre las disposiciones administrativas.
Vuestras Comisiones, por 8 votos contra 2, rechazaron la enmienda propuesta por el señor Jerez. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, y por la negativa los demás miembros de vuestras Comisiones.
A continuación, se debatieron las indicaciones 32, del Honorable señor Ibáñez; 33, del Ministro de Hacienda, y 35, del Honorable Senador señor Valente, recaídas en el artículo 7º, que establece un impuesto extraordinario a las utilidades de los Bancos y de las Compañías de Seguros.
La primera de ellas, que propone la supresión del artículo, fue rechazada por 8 votos contra 2. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores GARCIA e Ibáñez, y por la negativa los demás integrantes de vuestras Comisiones. La segunda indicación propone la sustitución del precepto por otro que establece que los Bancos particulares y las Compañías de Seguros pagarán, en el año tributario 1970, el impuesto de primera categoría con una tasa adicional del 10%.
El Ministro de Hacienda expresó que la norma actualmente contenida en el proyecto afecta a utilidades nominales, porque aplica el impuesto sobre la diferencia de utilidades sin considerar la variación del índice de precios al consumidor. Señaló que la norma propuesta por el Ejecutivo es más racional y justa, porque alcanza a todos los Bancos, incluso a aquellos que no han tenido aumento de utilidades; impide que el tributo se aplique sobre el capital, y salva la situación de los Bancos pequeños.
Agregó que el rendimiento de la indicación es de E° 7.500.000, o sea, 7,5 veces más alto que el precepto propuesto en el Mensaje del Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que los posibles inconvenientes de la actual norma podrían haberse solucionado por una vía distinta a la propuesta por el Ejecutivo, y que la aprobación de la indicación significa rebajar el rendimiento del tributo de Eº 12.000.000 a Eº 7.500.000.
Vuestras Comisiones, por 6 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 2 abstenciones, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma; por la negativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda.
Como consecuencia de este acuerdo, se dio por rechazada la indicación 35, que hacía aplicable el impuesto del 50% sobre el total de las utilidades obtenidas por los Bancos.
A continuación, se discutieron las indicaciones 30 y 36, del Honorable Senador señor Valente, recaídas en el artículo 8º.
El mencionado precepto establece un recargo del 10% sobre el monto de la contribución girada por impuestos a los bienes raíces, exceptuando a los que se encuentran ubicados en las zonas afectadas por la sequía.
Las indicaciones proponen que el recargo sólo afecte a los inmuebles con un avalúo superior a 15 sueldos vitales anuales y exceptúa a los situados en las zonas afectadas por la sequía siempre que no tengan un avalúo superior a 35 sueldos vitales anuales.
El Ministro de Hacienda manifestó su oposición a la indicación porque el sistema mecanizado que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para el cobro de contribuciones hace materialmente imposible realizar las discriminaciones que suponen las indicaciones citadas.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que con un esfuerzo administrativo podrían aplicarse las normas por él propuestas.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, rechazaron ambas indicaciones. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda.
Luego, se debatió la indicación 37, del Honorable Senador señor Valente, para agregar un precepto que suspende hasta el 31 de diciembre de 1973 el servicio de la deuda externa y que autoriza al Presidente de la República para renegociarla.
El Ministro de Hacienda expresó que no se puede suspender el pago de la deuda externa por ley, porque ello atenta contra el prestigio del país y contra sus posibilidades de obtener créditos externos. Agregó que la renegociación de la misma, como su propia denominación lo indica, debe ser efectuada por medio de una negociación.
El Honorable Senador señor Valente expresó que con la mitad de lo que el país gasta en el servicio de la deuda externa, el proyecto puede financiarse íntegramente, y que otras naciones más ricas que la nuestra han recurrido a tal expediente.
El Honorable Senador señor Jerez expresó que se abstendría de votar porque la disposición, de aprobarse, no tendría efectos prácticos, dado que el Gobierno no tiene intención de renegociar la deuda externa.
El Honorable Senador señor Palma manifestó su posición a la iniciativa, agregando que su aprobación significaría recargar enormemente el servicio de la deuda externa en el año 1974.
Vuestras Comisiones, por 6 votos por la negativa y 4 abstenciones, rechazaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmena, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick; Jerez y Miranda.
Seguidamente, se discutió la indicación 37, del Ministro de Hacienda, que aumenta de un 23 a un 25% la tasa que grava los consumos en boites, cabarets y tabernas de primera clase.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la indicación aumenta en la misma proporción que la ya aprobada respecto de los impuestos que afectan a los demás suntuarios, a este tipo de consumos, y que su aprobación significaría un mayor rendimiento de E° 2.000.000.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, probaron la indicación.
Luego, se debatió la indicación 39, del Honorable Senador señor Valente, que propone sustituir los artículos 11 y 12, que aumentan la tasa del impuesto de timbres a las transferencias de bienes raíces y que trasladan a la base el impuesto al gas licuado, por una disposición que establece un empréstito forzoso de Eº 200.000.000 en favor del Fisco por parte de las empresas de la Gran Minería del Cobre.
Los Honorables Senadores señores Carmona y García abstuvieron que este empréstito grava al propio Fisco, en razón de su carácter de copropietario de las citadas empresas, y que también afecta a los destinos específicos de la ley del cobre.
El Honorable Senador señor Valente manifestó que su intención era gravar a los socios extranjeros de las referidas empresas.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra tres y una abstención, rechazaron la norma propuesta. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick, Jerez y Miranda, y se abstuvo el Honorable Senador señor Aguirre.
En seguida, se discutió la indicación 39 bis, de los Honorables Senadores señores Carmona, Chadwick, Isla, Olguín, Silva y Valenzuela, para agregar un artículo nuevo que suprime la limitación que afecta a las indemnizaciones por años de servicios de los empleados de las empresas de la Gran Minería que tienen sueldos en dólares.
El Honorable Senador señor Carmona manifestó que esta indicación estaba relacionada con el artículo 13, que aumenta el impuesto a la renta a los empleados que tienen remuneraciones en moneda extranjera.
En efecto, el artículo 189 de la ley Nº 16.617, dispone que los empleados de las empresas de la Gran Minería del Cobre cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, gozarán de una indemnización por años de servicio en las mismas condiciones en que las disfruta el personal remunerado en moneda nacional de la respectiva empresa. Sin embargo, dicha indemnización no puede ser superior a 6 sueldos vitales mensuales por cada año de servicio.
De no modificarse la limitación, agregó, el artículo 13 del proyecto no producirá rendimiento alguno, porque los empleados que tienen sueldos en dólares van a pedir que sus remuneraciones sean pagadas en moneda nacional.
Vuestras Comisiones, por 6 votos por la afirmativa y 3 abstenciones, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Jerez y Miranda.
Seguidamente, se estudió la indicación 40, del señor Ministro de Hacienda, para sustituir el artículo 15, que establece un impuesto de 10% a las remesas de dólares por concepto de regalías, por otra disposición que permite al Presidente de la República aumentar la actual tasa del tributo a dichas remesas, que es de un 37,6%, hasta un 50%, cuando las regalías y asesorías técnicas respectivas sean calificadas de improductivas o prescindible para el desarrollo económico del país.
El Ministro de Hacienda manifestó que la indicación tenía por objeto no gravar las regalías y royalties que son necesarios para la producción interna. Agregó que su posible rendimiento es de Eº 6.000.000, cantidad que puede variar porque el Banco Central no ha efectuado todavía un estudio completo sobre la materia.
El Honorable Senador señor García sostuvo que las regalías improductivas no debían existir y que votaría favorablemente la indicación porque el precepto aprobado en el primer informe, por su amplitud, podría significar un grave daño para el país.
Vuestras Comisiones, por 8 votos contra 2, aprobaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez y por la afirmativa todos los demás miembros de las Comisiones.
A continuación, por unanimidad y a proposición del Honorable Senador señor Ballesteros, se acordó aumentar la citada tasa hasta 80(%.
Luego, se debatieron las indicaciones 41, del Honorable Senador señor Ibáñez, y 42, del Ministro de Hacienda, para suprimir el artículo 16, que establece un recargo de un 20% sobre los impuestos a la renta girados para aquellos contribuyentes que tengan rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que según estudios efectuados por el Servicio de Impuestos Internos sería un error recargar aún más las tasas del impuesto global complementario. Agregó que no tenía antecedentes sobre el impacto económico que el artículo mismo podría producir.
El Honorable Senador señor García sostuvo que el impuesto directo lo paga el contribuyente medio y no el poderoso, porque este último, puede recargarlo a los costos y trasladarlo al consumidor.
El Honorable Senador señor Valente expresó que el impuesto más justo era el directo y que, en consecuencia, era partidario de mantenerlo.
El Honorable Senador señor Palma dijo que el artículo afectaba principalmente a los profesionales de clase media, sin afectar al inversionista.
El Honorable Senador señor Jerez manifestó que no debía eliminarse la norma, sino aumentarse la renta que resultaría gravada.
A indicación del Honorable Senador señor Carmona se dividió la votación, votándose separadamente los dos incisos que se agregan por el artículo 16 al articula 43 de la Ley de Impuesto a la Renta.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, aprobaron las indicaciones respecto del primero de los mencionados incisos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick, Jerez y Miranda.
Respecto del segundo de los citados incisos, por un voto por la afirmativa y 8 por la negativa, se rechazó la indicación. Votó por la afirmativa el Honorable Senador señor Jerez y por la negativa los Honorables señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez, Miranda y Palma.
Luego, se debatió la indicación 43, del Honorable Senador señor Valente, para suprimir el artículo 17, que eleva en un 20% las tasas fijas de la Ley de Timbres.
El Ministro de Hacienda manifestó su oposición a la iniciativa porque significa disminuir el financiamiento del proyecto en Eº 60.000.000, como asimismo porque este tributo es uno de los que produce menos efectos inflacionista.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, rechazaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
A continuación, se debatieron las indicaciones 45, de los Honorables señores Altamirano, Chadwick, Jerez y RODRIGUEZ, y 65, del Honorable Senador señor Valente.
La primera de ellas propone agregar una disposición que autoriza al Presidente de la República para vender a los suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones ciertas viviendas fiscales que actualmente ocupan, y destina el 50% del aporte fiscal a las dos primeras instituciones para viviendas, a la construcción de habitaciones que deberán ser transferidas al personal de suboficiales y tropa de las mismas.
La segunda indicación establece de manera obligatoria la transferencia de las viviendas que actualmente ocupe el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
La Diputado señora Allende manifestó que la indicación 45 no tenía los inconvenientes de otras proposiciones que anteriormente se habían hecho en el mismo sentido, porque excluía aquellas casas habitaciones que estaban situadas en lugares adyacentes a los cuarteles. Agregó que beneficiaba al personal más modesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que carecía de recursos para obtener préstamos para adquirir habitaciones por medio de, los sistemas corrientes.
Hizo presente, además, que el personal que actualmente ocupa las casas fiscales, normalmente les introduce mejoras, que pierden cuando es llamado a retiro. Terminó expresando que la indicación recogía una aspiración de gran parte de los citados funcionarios.
El Honorable Senador señor García manifestó su oposición a las indicaciones, porque desvirtúan el carácter de militar de ciertas poblaciones, como también porque le quitan movilidad a las Fuerzas Armadas. Agregó que el problema se obviaría si se le dieran ciertas facilidades especiales al personal de suboficiales y tropa para obtener viviendas, por los sistemas generales.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que no podría transferirse las casas fiscales, porque ello impedía administrar racionalmente la ubicación de los mencionados personales. Añadió que, asimismo, la indicación es discriminatoria, debido a que beneficia a los que actualmente ocupan las señaladas casas, cualquiera sean los años de servicios con que cuenten.
Hizo presente, además, que existe un déficit habitacional en las Fuerzas Armadas, porque no todo el personal casado puede ocupar las viviendas fiscales.
Por último, manifestó que la Caja de la Defensa Nacional ha realizado un enorme esfuerzo para que sus imponentes puedan obtener casas individualmente, como lo demuestra la construcción de 11.000 viviendas durante los cuatro últimos años.
El Honorable Senador señor Jerez dijo que la indicación podía aprobarse si se establecía como requisito un determinado número de años de ocupación de la casa respectiva.
Vuestras Comisiones, por 6 votos contra 4, rechazaron las indicaciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma.
Seguidamente, se estudiaron las indicaciones 47, del Honorable Senador señor Tarud, 53, de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, y 55, del Honorable Senador señor Valente, para agregar un artículo nuevo que dispone que la Comisión que el Gobierno designe para determinar las nuevas remuneraciones y pensiones de las Fuerzas Armadas, deberá estar integrada por un representante de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro y dos del Consejo Superior del Personal en Retiro de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, la primera de ellas, y un representante del citado Consejo Superior, las otras dos.
El Honorable Senador señor Aguirre expresó que las indicaciones tenían por finalidad que el sector pasivo de las Fuerzas Armadas, estuviera representado ante las autoridades que estudiarán los aumentos de las remuneraciones y pensiones de los institutos armados.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que como el proyecto no crea comisión alguna, y debido a que los estudios respectivos testan prácticamente terminados, no es procedente aprobar las indicaciones.
Vuestras Comisiones, por 4 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y una abstención, rechazaron las indicaciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, por la negativa los Honorables Senadores señores Carmona, García, Gormáz, Ibáñez y Palma, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ballesteros.
A continuación, se discutió la indicación 48, del Honorable Senador señor Ballesteros, para aumentar del 30 al 35% la tasa del impuesto de primera categoría respecto de las sociedades anónimas.
El Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno no considera deseable recargar el sistema tributario, pero que dada la urgencia con que se requiere financiar este aumento y a que es preferible la tributación directa a la indirecta, el Ejecutivo estima aceptable la indicación, cuyo! rendimiento fluctúa entre Eº 65.000.000 y Eº 70.000.000.
El Honorable Senador señor Ibáñez expresó que se oponía a la indicación porque los aumentos de las tasas de los impuestos, en vez de aumentar su rendimiento, lo disminuyen.
Vuestras Comisiones, por 7 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y una abstención, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, Carmona, Gormáz, Jerez y Miranda, por la negativa los Honorables Senadores señores GARCIA e Ibáñez, y se abstuvo el Honorable señor Palma.
En seguida, se discutió la indicación 49, del Ministro de Hacienda, para recargar en un 20% el impuesto a los viajes a países no latinoamericanos.
El Ministro de Hacienda señaló que este recargo rendirá Eº 2.600.000.
Vuestras Comisiones, por 8 votos contra 2, aprobaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre y Gormaz, y por la afirmativa los demás miembros de vuestras Comisiones.
Luego, se debatió la indicación 51, de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez, Miranda y Valente, para agregar una disposición que establezca que la Corporación de Fomento podrá otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción de materiales y bienes no bélicos.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que la indicación tenía por objeto que el Ejecutivo en sus planes de desarrollo considere el aporte que pueden prestar FAMAE y ASMAR.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la Corporación de Fomento ya estaba actuando de acuerdo con la idea propuesta por la indicación.
Los Honorables Senadores señores Ballesteros y Carmona manifestaron que aprobaban la indicación siempre que se modificara su redacción, para no limitar la acción que la Corporación de Fomento, FAMAE y ASMAR estaban desarrollando en la actualidad.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que era inconveniente que el legislador estimulara la inversión de las instituciones de desarrollo en el sector público, debido a que este último es normalmente deficitario.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la indicación no significaba ningún gasto fiscal, sino simplemente impulsar a las entidades de desarrollo del Estado a otorgar los mismos créditos que se conceden a la industria privada, a ciertos organismos públicos.
Agregó que una disposición de esta especie era necesaria para solucionar el problema que plantea el retiro prematuro del personal de las Fuerzas Armadas. Por medio de planes de expansión de las industrias vinculadas a las Fuerzas Armadas y al desarrollo del país se puede dar al personal retirado ocupaciones compatibles con su dignidad, al mismo tiempo provechoso para el país.
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez y afirmativos de todos los demás miembros que las integran, aprobaron la indicación, con enmiendas de redacción.
A continuación, se debatió la indicación Nº 52 de los Honorables Senadores señores Chadwick, Jerez y Valente, para agregar una disposición que dé preferencia a los miembros de las Fuerzas Armadas que sean llamado a retiro, salvo por malas calificaciones, para ocupar cargos profesionales o administrativos en los servicios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o en otros de la Administración Pública.
El Honorable Senador señor Jerez manifestó que la indicación tenía por finalidad evitar las jubilaciones prematuras del personal de las Fuerzas Armadas, permitiendo a quienes se acojan a retiro desempeñar otras labores públicas.
El Honorable Senador señor Carmona dijo que el Gobierno se había preocupado del problema, estableciendo en el D.F.L. Nº 1, de 1968, ciertos beneficios previsionales para los miembros de las Fuerzas Armadas que sea llamado a retiro y que desempeñen funciones ad honores en algunos organismos de la administración del Estado. La misma intención se ha incorporado a preceptos de la ley que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación.
Agregó que las normas indicadas no han producido los efectos deseados, pero que el Gobierno puede estudiar los defectos que ellas tienen conjuntamente con la idea contenida en la indicación, y proponer las normas que sean más convenientes en esta materia.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que era indispensable establecer un sistema que permitiera al personal de las Fuerzas Armadas en retiro prestar servicios para el Estado.
Con tal finalidad, propuso que se modificara la indicación para que el derecho que establece pudiera ejercerse en un plazo limitado, sólo respecto de las reparticiones que dependen de los Ministerios respectivos, y compatibilizándose las nuevas rentas con las pensiones.
El Honorable Senador señor García sostuvo que esta materia debía estudiarse cuidadosamente, porque la aprobación de una norma de esta especie podía significar el término de la carrera del personal civil de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional. Agregó que la solución de los retiros prematuros debía estudiarse conjuntamente con el problema general de la previsión, que parte de la base de que el jubilado no vuelve a trabajar.
El Honorable Senador señor Palma expresó su oposición a la indicación, no porque sea contrario a la idea que la inspira, sino por considerarla inoportuna en la forma en que ha sido planteada, ya que puede afectar a personales civiles, por lo que es partidario de la dictación de una ley especial sobre la materia.
El señor Ministro de Hacienda sostuvo que la idea planteada requería una serie de modificaciones legales para hacerla operante y que, en consecuencia, debía estudiarse y discutirse en otra oportunidad.
El Honorable Senador señor Jerez expresó que daría su voto favorable a la indicación con el objeto de que el Gobierno, a través de la vía de las observaciones, propusiera normas adecuadas para solucionar el problema que ella resolvía.
Vuestras Comisiones unidas, por 5 votos contra 4 y 1 abstención, rechazaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda; por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, García, Gormáz, Ibáñez y Palma, y se abstuvo el Honorable Senador señor Carmona.
Luego, se estudió la indicación Nº 54, del Honorable Senador señor Valente, que deroga el artículo 4° de la ley Nº 16.528, sobre fomento a las exportaciones.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que los Poderes Públicos debían estudiar los beneficios que la legislación vigente establece para los exportadores, debido a que éstos son evidentemente exagerados. Agregó que el efecto de las franquicias tributarias que se les ha concedido, ha sido recargar la contribución a los gastos públicos que efectúan los consumidores. Añadió que ciertos grupos industriales han descubierto el subterfugio de transformarse en exportadores a fin de eludir impuestos por medio de la devolución de los mismos.
El señor Ministro de Hacienda sostuvo que todos los países del mundo utilizan el citado sistema para fomentar las exportaciones, para hacer competitivos los precios de las producciones nacionales en los mercados internacionales. Tal ha sido, por lo demás, la política que han seguido los diversos países que integran la ALALC.
Hizo presente, también, que el Ejecutivo tiene facultades para regular el "draw back" según los intereses nacionales.
Por último, manifestó que no alcanzaba a comprender la indicación, porque la derogación del artículo 4º de la ley Nº 16.528 dejaba en vigencia una serie de normas legales que se referían a la materia.
El Honorable Senador señor García dijo que los impuestos en el país son tan altos que el sistema de "draw back" sólo permite la devolución de algunos de ellos a los exportadores. En efecto, el costo de cada bien producido en Chile está recargado por concepto de impuestos, por lo menos, en un 50%.
Agregó que el actual sistema había permitido un ingreso de US$ 70.000.000 por exportaciones de productos no tradicionales. Por ello, dijo, se oponía a la indicación, como también debido a que el país debía duplicar o triplicar el mencionado ingreso.
El Honorable Senador señor Palma expresó que el problema es muy complejo y que había que estudiarlo en conjunto con las políticas que sigan otros países latinoamericanos y que, por ello, se abstendría de votar en este trámite respecto de la idea de suprimir el sistema de "draw back".
El Honorable Senador señor Miranda manifestó su apoyo a la indicación porque la norma en ella contenida podía permitir el estudio general del problema y la eliminación de algunas franquicias injustas.
Vuestras Comisiones unidas, por 5 votos contra 3 y 2 abstenciones, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, Jerez y Miranda; por la negativa, los Honorables Senadores señores García, Gormáz e Ibáñez, y se abstuvieron los Honorables señores Carmona y Palma.
A continuación se debatió la indicación Nº 56, del Honorable Senador señor Valente, para agregar un artículo nuevo, que dispone que ciertas pensiones del personal en retiro de las Fuerzas Armadas no podrán ser inferiores a las remuneraciones permanentes de sus similares en servicio activo.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que el problema de los reajustes y quinquenios del personal retirado de las Fuerzas Armadas había sido solucionado pon el D.F.L. Nº 1, de 1968, que contiene las normas según las cuales se aumentan y calculan las citadas pensiones, por lo que estimaba inconveniente aprobar un beneficio que sin mayor estudio modificara dicho decreto con fuerza de ley, acuerdo que podría significar favorecer en mayor grado a personas que tenían menos antecedentes que las que actualmente reajustan sus pensiones según las rentas similares en servicio activo.
El Honorable Senador señor Valente expresó que el problema no estaba solucionado por el D.F.L. Nº 1, porque su aplicación significaba que diversos pensionados perdían el beneficio de que antes gozaban.
Vuestras Comisiones unidas, por 6 votos contra 4, rechazaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormáz, Ibáñez y Palma.
A continuación, por estar en contradicción con los acuerdos adoptados respecto de las indicaciones recaídas en el artículo 1º, se rechazó la indicación Nº 57, del Honorable Senador señor Valente.
Seguidamente, se debatió la indicación Nº 60, del Honorable Senador señor Valente, que da nuevamente vigencia a ciertas disposiciones legales derogadas por el D.F.L. Nº 1, de 1968, respecto del personal que se encontraba en retiro al 7 de octubre del968.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, rechazaron la parte relativa al artículo 21 del D.F.L. Nº 209, de 1953.
Respecto del artículo 16 de la ley Nº 11.595, que se refiere a aumentos quinquenales del personal retirado por invalidez de 2ª clase, el Honorable Senador señor Valente manifestó que era injusta la supresión del mencionado beneficio y que su derogación estaba seguramente motivada por un error.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que el mencionado problema está solucionado por el artículo 35 transitorio del D.F.L. Nº 1, de 1968, que establece los requisitos para gozar del beneficio.
El Honorable Senador señor García manifestó que tanto el artículo 35 transitorio como el artículo 39 del mismo decreto con fuerza de ley habían regulado la materia, estableciendo determinadas diferenciaciones. Por ello, la aprobación de la indicación, al volver a la situación anterior a la vigencia del aludido cuerpo legal, podría traer como efecto que personas con menos requisitos obtuvieran beneficios mayores que los que tienen superiores antecedentes para gozar de los referidos derechos.
Vuestras Comisiones unidas, por 4 votos contra 4 y 2 abstenciones, rechazaron esta parte de la indicación. Votaron por la afirmativa los señores Aguirre, Chadwick, Jerez Miranda; por la negativa los Honorables Senadores señores Carmona, García, Gormáz e Ibáñez, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma.
Luego se estudió la indicación Nº 61, del Honorable Senador señor Valente, que modifica la Ley Orgánica de FAMAE.
Las letras b) y c) del precepto fueron declaradas improcedentes.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que las demás letras en discusión no tenían relación alguna con el proyecto y que significaban terminar con el programa de viviendas de la empresa y con la imputación de ciertos recursos a la rebaja del costo de suministros militares.
Vuestras Comisiones unidas, por 6 votos por la negativa y 3 abstenciones, rechazaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormáz, Ibáñez y Palma y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Jerez y Miranda.
En seguida, se discutió la indicación Nº 62, del Honorable Senador señor Valente, para agregar un artículo nuevo que establezca que los contratos que celebre FAMAE con su personal deberán efectuarse por decreto supremo o con visación de la Contraloría General de la República.
Vuestras Comisiones unidas, por 7 votos por la negativa y 2 abstenciones, rechazaron la indicación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormáz, Ibáñez, Jerez y Palma, y se obtuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda.
Por último, se discutió la indicación Nº 66, de los Honorables Senadores Ballesteros y Jerez, para agregar un artículo nuevo que faculta a las instituciones del sector público para efectuar donaciones al Instituto del Tórax y Trasplantes del Hospital Naval de Valparaíso y al Director de dicho Instituto para aceptar, en nombre del Fisco, herencias, legados y donaciones.
Vuestras Comisiones unidas, por 6 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 3 abstenciones, aprobaron la indicación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores Ballesteros, Carmona, Chadwick, García, Ibáñez y Jerez; por la negativa el Honorable Senador señor Palma, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Gormáz y Miranda.
En mérito de las consideraciones anteriores vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de ley contenido en su primer informe, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Nº 3º
Refundir los incisos primero y tercero de este número, remplazándolos por el siguiente:
"3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.".
Intercalar, en el inciso segundo, entre los vocablos "otorgarse" y "sin", la expresión "automáticamente,".
Nº 6º
Sustituir la expresión "a contar de" por "contado desde".
Artículo 2º
Sustituir la expresión "a contar de" por "contado desde".
A continuación del artículo 4º consultar como artículos 5º y 6º los siguientes, nuevos:
"Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR, con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción.
Artículo 6º.- Facúltase a las Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las Instituciones u Organismos del Sector Público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Trasplantes, dependiente del Hospital Naval "Almirante Nef, de Valparaíso.
Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho Instituto.
Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones, y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso segundo de este artículo. Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza.".
Artículo 5º
Pasa a ser artículo 7º.
Intercalar, entre las expresiones "de" y "Eº 900" el vocablo "hasta".
Sustituir la redacción de la oración final por la siguiente: "Esta asignación se financiará con el superávit que se produzca en el ítem de Sueldos del Servicio de Prisiones de la Ley de Presupuestos de 1969.".
Artículo 6º
Pasa a ser artículo 8º, sin otra modificación.
Artículo 7º
Pasa a ser artículo 9°, sustituido por el siguiente:
"Artículo 9°.- Los bancos particulares pagarán en el año tributario 1970 el impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con una tasa adicional del 10%, que se calculará sobre la misma renta imponible determinada para esa Categoría.
La misma tasa adicional se aplicará también a la renta imponible de las Compañías de Seguro, determinada para el año tributario 1969.
Este impuesto deberá declararse en el plazo comprendido entre el 1º de enero y 31 de marzo y pagarse en tres cuotas iguales, la primera al momento de entregar la declaración y las siguientes en los meses de julio y octubre del mismo año.".
Artículo 8º
Pasa a ser artículo 10, sin otra modificación.
Artículo 9º
Pasa a ser artículo 11.
Agregar el siguiente Nº 7, nuevo:
"7.Reemplazar en el artículo 5º, letra c), el guarismo "23%" por "25%".".
Artículo 10
Pasa a ser artículo 12, sin otra modificación.
Artículo 11
Pasa a ser artículo 14, sin otra modificación.
Artículo 12
Pasa a ser artículo 13, sin otra modificación.
Consultar como artículos 14 y 15 los artículos 11 y 17 de nuestro primer informe, respectivamente, sin otras modificaciones.
Intercalar como artículo 16 el siguiente, nuevo:
"Articulo 16.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 22 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "30%" por "35%".".
Artículo 13
Pasa a ser artículo 17, sin otra modificación.
Agregar, a continuación, el siguiente artículo 18, nuevo:
"Artículo 18.- La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, a contar del 1º de enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 189 de la Nº 16.617.".
Artículo 14.
Pasa a ser artículo 19, sin otra modificación.
Artículo 15.
Pasa a ser artículo 21, redactado en la forma que se expresará más adelante.
Artículo 16.
Pasa a ser artículo 20, con las siguientes modificaciones:
a) Redactar su encabezamiento del modo que se expresa en seguida:
"Artículo 20.- Agrégase al artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, el siguiente inciso nuevo:", y
b) Suprimir el primer inciso nuevo que se propuso agregar, y que comienza: "Las rentas imponibles superiores a...".
A continuación, intercalar como artículo 21 el artículo 15 de nuestro primer informe, sustituido por el siguiente:
"Artículo 21.- Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964:
"En el caso de que cierta regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de las instituciones nombradas en el inciso anterior, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará un reglamento dentro de 180 días.".".
Artículo 17.
Como ya se expresara, pasó a ser artículo 15, sin otras modificaciones.
A continuación, agregar los siguientes artículos nuevos, signados con los números 22 y 23:
"Artículo 22.- Establécese un recargo del 20% sobre el impuesto del artículo 1º transitorio de la ley Nº 14.836, de 26 de enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley Nº 16.520, de 21 de abril de 1965."
"Artículo 23.- Derógase el artículo 4º de la ley Nº 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones.".
En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue:
"Proyecto de ley
Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros, sujeto a las siguientes normas:
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución del monto global de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2º.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El reajuste de las pensiones deberá otorgarse automáticamente, sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
4°.- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;
6º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda, y en todo caso entrarán a regir el 1º de enero de 1970, y
7º.- En los Decretos con Fuerza de Ley que se dicten deberá establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponible.
Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Artículo 2º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción.
Artículo 6º.- Facúltase a las Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las Instituciones u Organismos del Sector Público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Trasplantes, dependiente del Hospital Naval "Almirante Nef de Valparaíso.
Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho Instituto.
Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones, y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso 2º de este artículo.
Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza.
Artículo 7º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de hasta Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con el superávit que se produzca en el ítem de sueldos del Servicio de Prisiones de la Ley de Presupuestos de 1969.
Artículo 8º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los Decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 9°.- Los Bancos particulares pagarán en el año tributario 1970 el impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta, con una tasa adicional del 10%, que se calculará sobre la misma renta imponible determinada para esa Categoría.
La misma tasa adicional se aplicará también a la renta imponible de las Compañías de Seguro, determinada para el año tributario 1969.
Este impuesto deberá declararse en el plazo comprendido entre el l9 de enero y 31 de marzo de 1970 y pagarse en tres cuotas iguales, la primera al momento de entregar la declaración y las siguientes en los meses de julio y octubre del mismo año.
Artículo 10.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 11.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1° por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1° a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1º, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º el guarismo "23%" por "25%".
7.- Reemplazar en el artículo 5º, letra c), el guarismo "23%" por "25%".
7.- Reemplazar en el artículo 5º, letra c), el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 12.- En el artículo 9º de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios agregar el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 13.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 12,120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 14.- En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4" por "6", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento respectivo.".
Artículo 15.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.
Artículo 16.- Sustituyese en el inciso primero del artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "30%" por "35%".
Artículo 17.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" Por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9º de la presente ley.".
Artículo 18.- La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, a contar del 1º de enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo Nº 189 de la ley Nº 16.617.
Artículo 19.- Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 20.- Agrégase al artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, el siguiente…
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global consiente inciso nuevo: …plementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".
Artículo 21.- Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 61 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº15.564, de 14 de febrero de 1964:
En el caso de que ciertas regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de las instituciones nombradas en el inciso anterior, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará un reglamento dentro de 180 días.".
Artículo 22.- Establécese un recargo del 20% sobre el impuesto del artículo 1º transitorio de la ley Nº 14.836, de 26 de enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley Nº 16.520, de 21 de abril de 1965.
Artículo 23.- Derógase el artículo 4º de la ley Nº 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones.
Sala de las Comisiones Unidas, a 13 de noviembre de 1969.
Acordado en sesiones celebradas los días 11 y 12 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Chadwick, Ibáñez, Miranda y Palma, por la Comisión de Hacienda, y de los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, García, Gormaz y Jerez, por la Comisión de Defensa Nacional.
(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.
Fecha 13 de noviembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión Particular. Pendiente.
NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.
El señor PABLO ( Presidente).-
En discusión particular el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional, unidas.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4º, en 4 de noviembre de 1969.
Informes de Comisión:
Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6º, en 10 de noviembre de 1969.
Hacienda y Defensa, unidas (segundo), sesión 9ª, en 13 de noviembre de 1969.
Discusiones:
Sesión 6º, en 10 de noviembre de 1969 (se aprueba en general).
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PABLO ( Presidente).-
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-
Quisiéramos que se otorgaran al Comité Socialista unos pocos minutos a fin de pronunciarnos sobre la conducta de la Mesa, que declaró improcedentes ciertas indicaciones, en especial las que tienen relación con la amnistía. Consideramos de importancia pronunciarnos acerca de este problema, razón por la cual pido al señor Presidente recabar el acuerdo respectivo de la Sala.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para proceder en la forma señalada por el Honorable señor Altamirano.
El señor OOHAGAVIA.-
Que se dé tiempo a todos los Comités, señor Presidente, no sólo al Socialista.
El señor PABLO ( Presidente).-
Acordado.
El señor MONTES.-
Pido la palabra. Propongo que, si lo tiene a bien la Corporación, se suspenda la sesión por unos diez minutos, para que podamos terminar de leer el informe de la Comisión, que nos ha sido entregado recientemente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Propongo a los señores Senadores tratar de inmediato la conducta de la Mesa, a que desea referirse el Honorable señor Altamirano. Lo preferiría, porque a las once y media debo recibiral señor Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Después podría suspenderse la sesión.
El señor ALTAMIRANO.-
Después de tratar el asunto previo.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tratamos primero la conducta de la Mesa y después suspendemos la sesión.
Acordado.
Se ha pedido dar tiempo a todos los Comités. ¿Cuántos minutos se otorgarían a cada uno?
El señor TARUD.-
Diez minutos
El señor JEREZ.-
Cinco.
El señor ALTAMIRANO.-
Diez.
El señor PABLO ( Presidente).-
¿Hay acuerdo para fijar diez minutos por Comité?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Diez minutos.
El señor BALLESTEROS.-
Cinco.
El señor TARIUD.-
Ya están otorgados diez al Honorable señor Altamirano.
El señor PABLO ( Presidente).-
El Honorable señor Altamirano no precisó el tiempo.
La Mesa ruega al Senado otorgar la palabra por diez minutos al Honorable señor Altamirano.
Acordado.
El señor OCHAGAVIA.-
Accediendo a su gentil petición, señor Presidente.
El señor ALTAMIRANO.-
A juicio del Partido Socialista, la conducta observada por la Mesa fue absolutamente irregular y reñida con el Reglamento al declarar improcedentes determinadas indicaciones tendientes a conceder amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en los hechos del 21 de octubre y otros anteriores.
Entendemos que la idea matriz y fundamental de este proyecto es la de resolver los problemas de las Fuerzas Armadas. Así lo ha estimado también el propio Presidente de la Corporación, Honorable señor Tomás Pablo, al declarar procedentes una serie de indicaciones que no tienen relación específica con el reajuste de remuneraciones. Por ejemplo, se han declarado procedentes y se han estudiado algunas se han aprobado indicaciones, que nada tienen que ver con ese problema, como las relativas a las viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas y a la posibilidad de cierto desarrollo industrial de determinadas empresas que están en poder de esos institutos. Por ejemplo, tenemos una presentada por los Honorables señores Jerez, Miranda, Aguirre Doolan, Valente y Chadwick, que dispone que "la Corporación de Fomento podrá otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción de materiales y elementos no bélicos". ¿Qué tiene que ver esta indicación con el reajuste? Sin embargo, la Mesa la declaró procedente. Del mismo modo se ha actuado con otras relativas a los problemas de la salud, como aquella que permite a las instituciones del sector público servicios fiscales propiamente tales, descentralizados o empresas autónomas, efectuar donaciones en beneficio del Instituto del Tórax del Hospital Naval "Almirante Nef".
Así, pues, han sido admitidas una serie de indicaciones que no tienen relación con lo sustantivo del proyecto, razón ésta que habría inducido al Presidente de esta Corporación a desestimar aquellas que concedían amnistía. Por lo demás, lo lógico habría sido que, si le merecía dudas su procedencia, como debió haberle merecido, las sometiera a la consideración de esta Sala. En vez de ello, y con el objeto de impedir la discusión del tema, por sí y ante sí, utilizando un poder omnímodo que en tal sentido le otorga el Reglamento, declara la improcedencia.
Si el señor Presidente hubiera juzgado con igual estrictez el contenido general de la iniciativa, debió declarar improcedente el proyecto mismo, que, como lo manifestamos desde el comienzo, es inconstitucional, porque no tiene financiamiento; atropella abiertamente las disposiciones constitucionales, que establecen que: "no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto". Lo que afirmo es evidente, pues este proyecto autoriza al Presidente de la República para realizar gastos que, según el señor Ministro de Hacienda, en ningún caso han de ser inferiores a los 850 millones ó 900 millones de escudos, en circunstancias de que consigna recursos no superiores a los 200 millones. En consecuencia, el proyecto está desfinanciado en 650 millones ó 700 millones de escudos. Sostener que el financiamiento total se obtendrá posteriormente, mediante otros proyectos, es sentar un gravísimo precedente, porque en igual forma podrían votarse mañana gastos en obras públicas diciendo que los recursos se obtendrán después, según cuál fuere el costo resultante. Y así, podríamos mencionar decenas de ejemplos más.
Por lo tanto repito para proceder en forma estricta, el señor Presidente debió haber declarado la improcedencia, por inconstitucional, del proyecto mismo.
Los socialistas no nos amparamos en triquiñuelas legales. Dejamos establecida esta situación, pero no hemos hecho cuestión de ella porque nos interesa resolver el problema general de las Fuerzas Armadas y no valemos de recursos más o menos tinterillescos.
Por lo demás, todo lo que aquí ha ocurrido es altamente irregular.
Venir, pues, a la hora undécima a reparar en el mecanismo reglamentario y de tipo legal resulta grotesco y absurdo.
El señor Presidente sabe muy bien que esta iniciativa tiene su causa en una imposición producida a raíz del pronunciamiento militar del 21 de octubre. En esa oportunidad se levantó un acta, que no ha sido desconocida, en la cual se plantean el envío al Congreso de este proyecto y una serie de cosas más.
Con el objeto de no alargar mi intervención, puesto que me han limitado el tiempo, me hago eco de lo que escribe un columnista del diario "Clarín", bajo el seudónimo de Lord Callampa, y que manifiesta algo en lo cual nosotros concordamos en forma absoluta. Dice:
"Un representante del Presidente de la República se apersona ante los amotinados y parlamenta con ellos, llega a una transacción, suscribe un acta y así pone término a la toma de un regimiento. El acta se publica, nadie la desmiente y, por si quedaran dudas, desde el mismo día en que se firmó comienzan a cumplirse las estipulaciones con una rigurosidad que bien se quisieran los litigantes en un juicio ordinario. Ningún juez podrá dudar de la existencia y validez del acta al comprobar la forma exacta, honesta y estricta como se efectuaron los cumplimientos.
"Pero como estamos en Chile y hay que guardar las formalidades legales, se incoa un proceso ante la justicia militar. Me impuse de las alegaciones de los abogados y no encontré en ninguna parte la simple argumentación de que quien pacta con los amotinados se convierte, por ese solo hecho, en coautor o, por lo menos, cómplice del delito. Y si ese personero sostiene actuar en nombre de alguien con mayor jerarquía, ese "alguien" o lo desmiente o pasa a ser también partícipe del acto delictuoso."
En otras palabras, aquí se plantea derechamente el asunto de que si el pronunciamiento militar tenía el carácter de acto sedicioso, el Presidente de la República no podía enviar un personero a parlamentar, porque se hacía partícipe de esa acción:
Más adelante agrega el articulista:
"La justicia militar encarga reo al jefe uniformado por un delito que se sanciona con la pena de muerte; esto después de que un representante del Presidente de la República pacta con él, y tanta sería la razón de la protesta que explotan a la mañana siguiente los Altos Mandos; el día de los alegatos concurren a la Corte Marcial coroneles, capitanes, tenientes, suboficiales y hasta soldados. Si se trata de una subversión o de un motín, bastaría esa asistencia solidaria para que se diera de baja a esos hombres. Nadie piensa en ello, pues todo es disparatado y casi febril. En todo caso no tiene seriedad, es una verdadera farsa, una faramalla en la que nadie cree. Entonces, ¿para qué?, ¿qué objeto tiene seguir con la apariencia de un juicio que estaba terminado mucho antes de iniciarse?".
En síntesis, a juicio del Partido Socialista, el señor Presidente de esta Corporación se ha asilado en una simple triquiñuela legal, bastante discutible, para impedir que en el Senado se discuta y analice el problema general de las Fuerzas Armadas y, en especial, lo relativo a la amnistía.
Si nos atenemos a los preceptos de nuestra Carta Fundamental, el proyecto es inconstitucional; si nos ceñimos a la práctica y tradición existentes en nuestro país, jamás debió haberse producido la situación planteada, la cual ha motivado que la iniciativa en estudio sea consecuencia de la presión de un sector importante del país, como es el militar.
Por eso, a nuestro juicio, no hay ningún fundamento para haber declarado la improcedencia de las indicaciones.
Sin duda, lo que ha querido la Mesa, de acuerdo con el Presidente de la República y el Gobierno, es sustraer del debate de esta Alta Corporación un problema sustantivo y fundamental para resolver la situación militar en su conjunto, que implica, entre otras materias, lo referente a la amnistía, en circunstancias de que admitió a discusión, como expresé, asuntos no propiamente relacionados con el reajuste sino ajenos a él, como la salud, la vivienda, el desarrollo de cierto tipo de industrias que interesan y convienen al país y a su defensa y aquellos que dicen relación al empleo de los gastos reservados. Por ejemplo, se aprobó una indicación por la cual se obliga al Poder Ejecutivo a dar cuenta de los gastos reservados.
Por eso, nosotros protestamos por esta situación. Creemos que se ha procedido arbitrariamente. Consideramos que se ha transgredido el Reglamento, y si aún no hemos tomado la decisión de censurar a la Mesa, es porque tenemos clara conciencia de que el Partido Nacional la está apoyando. Hay una confabulación para hacer aparecer en pugna a la Democracia Cristiana con el Partido Nacional; pero, en definitiva, sabemos que la Mesa formada por los Honorables señores Tomás Pablo y Alejandro Noemi se mantiene por voluntad de la Derecha. Y por voluntad de la Derecha también ha declarado improcedentes, en forma antirreglamentaria, indicaciones que, sin duda, debieron por lo menos haber sido aceptadas a discusión.
El señor OCHAGAVIA.-
¡Eso es falso! ¡Su Señoría está prejuzgando sobre nuestra voluntad!
El señor ALTAMIRANO.-
¿Quién eligió a la actual Mesa?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a otro Comité que desee referirse a la misma materia.
Ofrezco la palabra.
El señor PABLO.-
Me agradaría saber si otros sectores del Senado también van a formular críticas a la actuación de la Mesa, porque deseo responderlas en conjunto, a fin de no tener que ir haciéndome cargo de ellas en forma parcial en los diez que me han concedido.
El señor OCHAGAVIA.-
Le daremos el tiempo que necesita el señor Presidente; pero respecto de las observaciones que nosotros tengamos que hacer, nos gustaría formularlas después.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Entonces, tendría que declarar cerrado el debate sobre esta materia.
El señor PABLO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PABLO.-
Al declarar improcedentes las indicaciones hechas sobre amnistía, he procedido asumiendo la responsabilidad que, a mi juicio, me correspondía como Presidente de la Corporación.
Frente a tales indicaciones, debo advertir que ellas no abordan un problema común o sin trascendencia. Creí conveniente que fuera el Presidente del Senado quien decidiera en uso de su derecho reglamentario.
El Honorable señor Altamirano ha dicho que yo no he declarado la improcedencia de otras indicaciones que, mirado el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas en forma muy estricta, podrían no decir relación con el proyecto respectivo. Es cierto que no me he pronunciado acerca de todas las indicaciones presentadas. No es usual, dentro de nuestras prácticas parlamentarias, que el Presidente del Senado haga uso de la facultad reglamentaria que le permite, en conformidad al artículo 10, declarar la improcedencia de una indicación durante la discusión general de los proyectos o antes de ser conocidas por las Comisiones.
Si mi actuación hubiera obedecido a una orden de partido, pude haber solicitado a la Democracia Cristiana, para no arriesgar la Mesa del Senado, que el presidente de las Comisiones unidas fuera quien declarara la improcedencia. En ese caso no habría quedado yo sujeto personalmente al juicio del Senado y se habría logrado el propósito de igual manera. Pero estimé de mi deber asumir esta responsabilidad.
El que no me haya pronunciado en contra de las demás indicaciones no quiere decir que carezca de la facultad de hacerlo durante el transcurso de esta sesión. Tengo esa facultad. Mas actué sólo respecto de las indicaciones de amnistía, fundamentalmente, de algunas otras cuya inadmisibilidad era evidente y de aquellas que contravenían disposiciones constitucionales que me obligaban a remitirlas al Ejecutivo para su patrocinio, como es tradicional en la tramitación de los proyectos.
El Honorable señor Altamirano ha sostenido que debía pronunciarme sobre la inconstitucionalidad de esta iniciativa. En cuanto a este punto, creo que mi Honorable colega está en un grave error: un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no puede ser declarado inconstitucional por la Mesa del Senado. Esto está claro en el Reglamento, y así se ha procedido de acuerdo con nuestras prácticas parlamentarias. Un proyecto despachado ya por la Cámara se aprueba o se rechaza aquí en la Sala, sin que la voluntad del Presidente de la Comisión que conoce de un proyecto o del Presidente del Senado pueda imponer su criterio sobre el de tecla una rama del Congreso.
El señor CHADWICK.-
Eso no está muy claro.
El señor PABLO.-
Se dice que habría un compromiso del Gobierno para conceder la amnistía. He actuado como Presidente del Senado y no como agente del Ejecutivo. No he recibido órdenes de mi partido ni tampoco he pretendido actuar cumpliendo la voluntad del Jefe del Estado. Soy militante del Partido Demócrata Cristiano. Me honro en serlo. Pero también sé que, como Presidente del Senado, tengo deberes para con la Corporación, los cuales van más allá de una disciplina partidista.
Es cierto que estimé graves esas indicaciones. No lo expresé antes, y perdónenme que lo diga aquí: creo que el 21 de octubre algo pasó en el país. No transcurría todavía un mes, y el Congreso corría a conceder una amnistía que ni siquiera había sido solicitada y sin una investigación acabada. ¿No era conveniente saber primero lo qué pasó? ¿Fue sólo un movimiento gremial o, en cambio, se trataba de un acto sedicioso? ¿Somos o no somos los parlamentarios la expresión del régimen democrático de Gobierno?
Si el Congreso algún día ha de ser cerrado, quiero que sus integrantes se encuentren de pie y no de rodillas, porque tengo la convicción de que si así sucediere, será reabierto con mayor rapidez.
Si algo ha pasado, averigüémoslo.
Algo se ha trizado. La democracia la han garantizado los partidos políticos de Chile; es cierto. La ha garantizado el pueblo chileno. Pero también, y en forma permanente, lo ha hecho la conducta de nuestras Fuerzas Armadas, y eso ha sido un ejemplo para América Latina. Esto es lo que hay que mantener. Quiero el respeto de ellas para esta casa, y él no se gana corriendo. Por eso asumí una responsabilidad que pude haber eludido; por eso también obré en la forma como lo hice. Actué con la más absoluta buena fe; no en cumplimiento de órdenes de partido, sino con una visión propia, que puede ser errada, pero que es honesta. Es más: tan pronto llegué al país, traté de tomar contacto con todos los sectores del Parlamento. Cuando se me insinuó la posibilidad de un proyecto de ley sobre amnistía, llamé a los representantes de todos los partidos políticos, incluso al Honorable señor Tarud. Les dije que respecto de una iniciativa de esa magnitud, a mi juicio era el Congreso como tal quien debía actuar, y que no debía procederse en forma aislada.
El señor TARUD.-
De eso se trataba.
El señor PABLO.-
Debido a lo anterior, asumí una actitud de la cual no me arrepiento Si la Corporación estima que ha sido improcedente, tiene el camino reglamentario para censurar mis acciones; pero tengo mi conciencia tranquila.
Lo único que quiero decir es que antes que ser Presidente del Senado me interesa estar tranquilo personalmente en cuanto a lo que yo estimo que debe ser la conducción de una Corporación democrática que se respeta y desea ser respetada.
El señor CHADWICK.-
La inadmisibilidad declarada por el Presidente titular de esta Corporación respecto de las indicaciones sobré amnistía suscita, de manera incuestionable, un problema de fondo y otro de procedimiento. El fondo de la cuestión está en la honestidad esencial de nuestra conducta.
No hay ningún señor Senador que ignore que el proyecto en debate es el resultado de los acontecimientos del 21 de octubre. Sabemos que el país entero está informado de que, a consecuencia de esos hechos, fueron removidos de sus cargos el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y prácticamente todos los Altos Mandos.
En virtud de tales sucesos, hubo de presentarse este proyecto de ley, manifiesta e inequívocamente inconstitucional, por ser contrario, como lo ha recordado el Honorable señor Altamirano y como lo expresé en una sesión anterior, al tenor literal del artículo 44 de la Carta Fundamental, que en su número 4º establece: "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto."
¡Cómo no iba a ser inconstitucional un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo una facultad, sin límite de ninguna especie, para efectuar gastos, a sabiendas de que no se proveen los recursos necesarios!
Por boca del señor Ministro de Hacienda, hemos sabido que esos gastos se afrontarán con los recursos previstos en este proyecto y con los que más adelante se incluirán en el presupuesto de la Nación y en la ley general de reajustes.
Frente a un proyecto de estas características y precedido por los hechos acaecidos el 21 de octubre recién pasado, era un deber de lealtad para con nosotros mismos dictar una ley de amnistía. Si hemos tomado esta posición, fue porque nos pareció una aberración, algo contrario a la dignidad más elemental de hombres maduros en el ejercicio de nuestros cargos, no reconocer la necesidad de conceder una amnistía amplia, que comprendiera no sólo a los protagonistas de la subversión militar que aquí viene a consagrar sus resultados por medio de este proyecto, sino también a todos los que hayan sido objeto de sanción, procesamiento o mera inculpación por delitos políticos.
No es argumento decir que la inconstitucionalidad no puede ser declarada por el Senado, tanto porque esa doctrina no tiene la aceptación pacífica o unánime que presume el Honorable señor Pablo como lo demuestra el hecho de existir un informe pendiente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que resuelve lo contrario como porque la inconstitucionalidad está invocada para demostrar que esta iniciativa tiene su origen en los sucesos a que he hecho referencia. Tampoco es argumento decir que el Presidente del Senado podrá en el curso de la sesión calificar como improcedentes algunas indicaciones, porque él tomó una decisión particularmente peligrosa, de orden personal, sin consultar a la Sala, sin conocer la opinión mayoritaria de la Corporación, para adherir a una doctrina que el Gobierno ha estado sosteniendo y que ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los Senadores democratacristianos: que este proyecto tendría su origen en la libre y espontánea voluntad del Ejecutivo y en manera alguna, habría sido determinada por los últimos acontecimientos.
El señor IRURETA.-
¿A qué Senador democratacristiano se refiere Su Señoría?
El señor CHADWICK.-
Para todo hombre medianamente inteligente, el Honorable señor Fuentealba planteó las cosas en su realidad.
Invito a Su Señoría a revisar el discurso del señor Senador, para que compruebe mi aserto, pues me parece que el Honorable colega no estuvo presente en ella.
El señor IRURETA.-
Leí en su totalidad el discurso del Honorable señor Fuentealba.
El señor CHADWICK.-
El propio Ministro de Defensa, durante la discusión general de este proyecto, dijo que consideraba de extrema liviandad hacer referencias a algunas situaciones pasadas, porque todavía no estaban dominados los acontecimientos producidos. Hay una evidencia que no necesita de pruebas y que resulta de lo indiscutible del conjunto de hechos que ha conocido la opinión pública. Y cuando el Presidente del Senado pretende hacernos creer que la amnistía es una materia extraña, se alza contra esa realidad, coloca a esta Corporación en una actitud absolutamente inconfortable y hiere el derecho de amplios sectores del Senado que desean un pronunciamiento directo sobre las materias a que se refieren las indicaciones mencionadas.
Pienso que el tono de desafío que el Honorable señor Pablo utilizó para incitarnos a una censura, es el resultado de ciertos escrutinios particulares, un tanto clandestinos, que se han hecho con anticipación y que asegurarían su permanencia en la Mesa, con los votos de la Derecha.
El señor PABLO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.
Con cargo a otro tiempo, no al nuestro.
El señor PABLO.-
Seré muy breve, y sólo me referiré a una aspecto abordado por el Honorable señor Altamirano.
Deseo dejar constancia de que si hubo un sector que me insistió en la aprobación de la amnistía propuesta por el Honorable señor Tarud, fue el de los Senadores de Derecha, de modo que mi actitud también les ha desagradado.
El señor CHADWICK.-
Los Senadores de estas bancas sabemos muy bien cómo se desarrollan los conflictos políticos.
Es indudable que la Derecha quiere la amnistía limitada al sector militar, pero no desea enfrentarse con la proposición, reconociendo les hechos de nuestra realidad social, de que ella comprenda todos los delitos políticos. La Derecha comprende que, presentada nuestra indicación, no podía sostenerse un criterio discriminatorio absurdo que reservara la cárcel y las sanciones penales para hechos relativamente intrascendentes.
El señor OCHAGAVIA.-
Se trata de amnistiar a delincuentes comunes.
El señor CHADWICK.-
Fueron delitos políticos, señor Senador.
Si Su Señoría es agrónomo, debe pedir asesoría a los abogados de sus bancas. La indicación estaba limitada exclusivamente a los delitos politices, y es una lástima que Su Señoría incursione en un terreno que no domina.
El señor OCHAGAVIA.-
Se trata de incendiarios.
El señor CHADWICK.-
La Derecha sabía que no podía hacer prosperar su amnistía limitada a los sectores militares,...
El señor NOEMI ( Vicepresidente)
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
...y hoy ha venido a sumarse, como lo hace siempre, a las peores actitudes de la Democracia Cristiana.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Quiero decir algunas palabras respecto de las alusiones hechas a mi persona y también sobre el problema de inconstitucionalidad planteado sobre el proyecto en debate.
En cuanto a lo primero, es efectivo lo afirmado por el Honorable señor Irureta de que jamás en mi discurso pronunciado hace unos días, dije que el proyecto del Gobierno fue enviado como fruto de la presión que significaron los acontecimientos ocurridos el 21 de octubre.
En la parte pertinente de mi intervención, expresé, en forma textual: "Aunque se ha afirmado a nosotros nos consta que es así" me refería a los Senadores democratacristianos, "que existían ya los estudios y el propósito ele enviar los antecedentes al Parlamento y de cambiar los Altos Mandos de nuestras Fuerzas Armadas, el hecho es que, antes de que esos propósitos se concretaran ha habido un movimiento dentro del Ejército que aparece ante la opinión pública como la causa inmediata de las iniciativas adoptadas".
A continuación, reconocí honradamente que esto es muy malo para el país, y que es inconveniente que aparezcamos ante la opinión pública, e inclusive ante las Fuerzas Armadas, actuando exclusivamente en virtud de las presiones que significó el movimiento del 21 de octubre. Pero dejé expresa constancia porque en realidad es así de que el Ejecutivo tenía los estudios sobre esa materia y de que los proyectos estaban por enviarse al Congreso. En consecuencia, el Gobierno había tomado las providencias necesarias para resolver el problema. Pero al mismo tiempo reconocí que lo ocurrido es malo. Eso fue lo que hice ver.
Deseo referirme ahora a un programa de televisión del periodista Igor Éntrala, en el cual participaron anoche la Honorable señora Carrera y los Diputados señores Pareto y Lorca. En esa oportunidad, la señora Senadora se refirió a mí en forma que yo agradezco, pero presentó en forma incompleta el pensamiento expresada en mi intervención en el Senado. Efectivamente, reconocí en mi discurso que analizados en forma objetiva los antecedentes, las declaraciones del señor Viaux y las conversaciones de los oficiales, no podía afirmarse que los hechos ocurridos el 21 de octubre constituyeran un golpe. Pero agregué también que había una segunda etapa de ese proceso; etapa desconocida, en la cual ya entrábamos en el terreno de las suposiciones. Manifesté que, por la propia dinámica interna de los acontecimientos, era presumible prever que, de prolongarse esos acontecimientos, podrían necesariamente desembocar en un golpe de Estado.
Lo anterior es cuanto deseaba expresar sobre las alusiones hechas a mis palabras.
Respecto del problema de la inconstitucionalidad de esta iniciativa, debo manifestar lo siguiente.
Se ha afirmado que esta iniciativa es inconstitucional por disponer nuevos gastos sin financiamiento A mi juicio, en esto hay un error. En primer lugar, porque el proyecto no fija nuevos gastos, sino que otorga facultades especiales al Presidente de la República para que aborde, entre otros, el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. La infracción a la Constitución Política del Estado sólo se cometería en el momento mismo en que, en uso de estas facultades, el Primer Mandatario dictara decretos con fuerza de ley desfinanciados. Mientras ellos no sean dictados, no podemos afirmar que carecen de financiamiento.
Por lo tanto, por tratarse de un proyecto que no establece gastos, sino que simplemente otorga facultades, no puede hablarse de que estamos contraviniendo las disposiciones pertinentes de nuestra Carta Fundamental, citadas por el Honorable señor Chadwick, según las cuales el Congreso no podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto.
A mi juicio, esta situación es extremadamente clara. Se trata de un proyecto de facultades especiales, y cuando se dicten los decretos con fuerza de ley, entonces sí deberán tener el financiamiento necesario. Al respecto, se nos aseguró por parte del señor Ministro de Hacienda y lo expresa también el Mensaje que las fuentes de recursos para esos decretos provendrán de la iniciativa que estamos estudiando, del presupuesto nacional y de la ley general de reajustes que se dictará próximamente.
Tales son las observaciones que deseaba formular.
El señor IBÁÑEZ.-
Con respecto a la idea de aprobar una amnistía a fin de poner término a la situación creada por los últimos acontecimientos militares, los Senadores nacionales hemos expresado, por diversos conductos, nuestra voluntad de concurrir a su aprobación. Ello fue confirmado hace unos momentos por el Presidente del Senado, al anticiparse a decir lo que pensábamos expresar para refutar las palabras del Honorable señor Altamirano, quien nos atribuyó propósitos que nunca hemos tenido y que, precisamente, son contrarios a los deseos del Partido Nacional respecto de la amnistía. Hay declaraciones públicas sobre el particular, además de las declaraciones que hemos hecho en forma reiterada en el Senado.
Somos partidarios de la amnistía, como una forma de tratar, en lo posible, de restaurar el orden institucional del país, que, evidentemente, sufrió un quebranto con motivo de los acontecimientos que conocemos.
El Presidente del Senado estimó de conveniencia, en uso de sus facultades, declarar inadmisible la indicación de amnistía presentada en el proyecto en debate. Consideramos que su actitud plantea un problema de forma y otro de fondo. En cuanto al primero, debemos declarar que estimamos discutible la actuación del señor Presidente. No creemos que existan razones tan claras como para haber tomado la determinación que él adoptó, por lo menos sin haber consultado previamente a la Sala. Reconocemos que esta materia podría ser objeto de un largo debate No pensamos que la actuación del señor Presidente del Senado merezca un reproche enérgico o formal, aun cuando repito nos parece discutible la forma como procedió. Habríamos considerado grave la actuación de Su Señoría si ella hubiera implicado el propósito de entrabar un deseo claramente manifestado por la Corporación, en cuanto a que se despachara una disposición de amnistía. A nuestro juicio, esa intención no ha estado en el ánimo del señor Presidente, desde el momento que la declaración pública que emitió después de haber decretado la improcedencia de la indicación del Honorable señor Tarud reflejó su propósito de pedir al Ejecutivo, mediante oficio, que incluya en la convocatoria una iniciativa sobre amnistía, lo cual satisfaría el anhelo de importantes sectores de la Corporación. Creemos que con ello el señor Presidente del Senado abrió un camino para legislar sobre la materia, evitando los vicios de inconstitucionalidad que ha creído ver en la indicación formulada en las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda.
A juicio de los Senadores nacionales, el propósito anunciado por Su Señoría debió concretarse sin mayor demora. Por eso le sugerimos que, con tal objeto, consultara a los diversos sectores de la Corporación, para permitirle dirigirse al Ejecutivo en representación de todos los partidos políticos, o de un grupo mayoritario de ellos, solicitándole la inclusión de un proyecto sobre amnistía en la convocatoria de esta legislatura extraordinaria.
Como es obvio, esa iniciativa debería referirse sólo a los militares, pues se trata de conceder amnistía por delitos o supuestos delitos de orden político. A nuestro juicio, la provocación de un incendio o el asalto a un banco no constituyen delito político. En todo caso, nos parece que solicitar amnistía para los oficiales del Ejército y, al mismo tiempo, para personas procesadas por delitos comunes, significaría colocar en situación desdorosa a las Fuerzas Armadas e inferirles una grave injuria.
Por último, en este problema ha surgido un nuevo factor: la amnistía que todos anhelamos no parece, sin embargo, ser deseada aun cuando se agradeció, fue rechazada por los abogados de las personas que serían beneficiadas con ella.
El señor ALTAMIRANO.-
No es así, señor Senador. Su interpretación es errada.
El señor IBÁÑEZ.-
Lea la declaración que han hecho los abogados de las personas procesadas, Honorable colega.
He formulado tal observación con la sola finalidad de hacer presente que, si las personas presuntamente beneficiadas con ella desean la amnistía, nosotros estamos de acuerdo en que el señor Presidente del Senado, sin mayor dilación, solicite incluir la iniciativa del caso en la convocatoria a esta legislatura.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite, señor Senador?
A juicio de los Senadores socialistas, el problema no radica en si ellos desean la amnistía, sino en que nosotros, como poder soberano, la queramos. Nosotros la deseamos independientemente del anhelo de esas personas.
El señor CHADWICK.-
Exactamente.
El señor PABLO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Ibáñez?
Debido a que, como Presidente del Senado, tengo que recibir al señor Canciller de Ecuador, me veo obligado a abandonar la Sala.
Anticipo a Sus Señorías que volveré pronto.
El señor IBÁÑEZ.-
Reitero nuestro pensamiento en el sentido de que debe dictarse una ley de amnistía. No obstante, si la parte afectada manifiesta el deseo de que sus actuaciones sean esclarecidas por los tribunales, no la podemos privar de ese derecho.
El señor ALTAMIRANO.-
¡Habría que encarcelar al Subsecretario de Salud! ¿Para qué complicar más las cosas?
El señor IBÁÑEZ.-
Insisto en que los Senadores nacionales fuimos los primeros en promover la idea de despachar una ley de amnistía. Estamos prontos a dar nuestro respaldo a una legislación de tal naturaleza. Sin embargo, ahora tenemos ciertas dudas respecto de la urgencia con que pedimos al señor Presidente del Senado el envío de un oficio solicitando incluir en la convocatoria el proyecto respectivo. Nos gustaría que las personas beneficiadas esclarecieran si desean que sus actuaciones sean dilucidadas por la justicia. Si ése es su anhelo, no podemos privarlas del derecho a probar su inocencia o la falta de consistencia de los cargos que se les han formulado. En tal caso, no podríamos vulnerar su derecho con la aprobación de una ley de amnistía que no han pedido.
Aclaradas estas circunstancias, ratifico nuestro propósito de que se despache una legislación de tal naturaleza y el deseo de que el señor Presidente del Senado curse el oficio a que hice mención anteriormente, a fin de posibilitar el estudio de una iniciativa que no adolezca de vicio alguno de inconstitucionalidad.
Por último, pido a mis Honorables colegas un momento de reflexión acerca del derecho que asiste a un ciudadano de esperar el fallo de la justicia, si él lo juzga conveniente para salvaguardar su nombre y reputación.
El señor ALTAMIRANO.-
¡Si aquí no hay justicia!
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En seguida, puede usar de la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor JEREZ.-
Con mucho gusto.
El señor GUMUCIO.-
Al enterarme de que el Senador señor Tarud había formulado una indicación sobre amnistía al proyecto relativo a las Fuerzas Armadas, le manifesté mi criterio al respecto. Comprendí perfectamente los motivos que lo impulsaban a hacerlo, y, aun cuando tenía algunas reservas acerca de la oportunidad para presentarla, estaba decidido a votarla afirmativamente.
Sin embargo, la indicación del Honorable señor Chadwick de carácter más amplio que la señalada me satisfizo en mayor grado que la del Honorable señor Tarud. En justicia considerando sobre todo que, en el caso de los militares, el sumario se había iniciado recientemente, me pareció lógico que la amnistía se hiciera extensiva a todos los delitos políticos.
Sé ha argumentado que la indicación del Honorable señor Chadwick es tan amplia, que alcanzaría a delitos que no son de índole política. A mi juicio, es muy difícil precisar si un delito es político o no lo es. En efecto, se da el caso de delitos que son calificados de comunes, en circunstancias de que tienen características de políticos.
En todo caso, habría mil posibilidades para dictar una disposición que se refiriera precisa y concretamente a los delitos políticos. Personalmente, era partidario de que la indicación fuera amplia y no restringida sólo al caso de los militares. Me habría parecido grave, sí, el hecho de haberse actuado en esta última forma, en circunstancia de que el sumario estaba recién iniciado.
Por otra parte, en el Senado la inadmisibilidad de una indicación puede ser declarada por inconstitucionalidad o cuando ella no diga relación a las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
El Honorable señor Ibáñez incurrió en un error al decir que la indicación fue declarada improcedente por inconstitucionalidad, pues en realidad lo fue por no tener relación con la idea matriz del proyecto.
En verdad, el criterio para determinar la procedencia o improcedencia de una indicación por la última circunstancia señalada ha tenido mucha laxitud desde el punto de vista de la aplicación normal de los Reglamentos de la Cámara y del Senado, porque en este caso también intervienen factores de índole política.
A mi juicio, el Presidente del Senado sin discutir su facultad reglamentaria para declarar admisible o inadmisible una indicación resuelve en definitiva aplicando determinado criterio político, que puede ser aprobado o rechazado por los miembros de la Corporación. En consecuencia, una posible censura no me estoy pronunciando sobre ella en estos momentos podría tener como base motivos de carácter político.
Me parece que en la Sala tuvo mucho eco lo expresado por el Honorable señor Ibáñez, en cuanto a que, para lo futuro, sería deseable que el Ejecutivo hiciera factible discutir en el Senado una ley de amnistía sobre el particular. En mi opinión, no es necesario que el Gobierno tome la iniciativa; bastaría tan sólo con que incluyera en la convocatoria el proyecto pertinente, a fin de que lo discutamos aquí, y manifestar su juicio definitivo con posterioridad.
El señor IBÁÑEZ.-
Ese es nuestro propósito.
El señor GUMUCIO.-
Estoy de acuerdo en que el señor Presidente del Senado haga las gestiones encaminadas a obtener esa posibilidad.
El señor JEREZ.-
Además de lo expresado por el Honorable señor Gumucio, deseo manifestar que, respecto de este problema, la actitud de los Senadores del MAPU ha mirado más al fondo y al contenido político de la situación que a las materias de carácter reglamentario o legales analizadas en esta oportunidad.
Para nosotros, el problema es simple. Somos partidarios de la amnistía porque toda esta situación ha sido irregular. A nuestro juicio, la iniciativa sobre amnistía ponía punto final al problema insisto en que se trata desde comienzo a fin de una situación irregular, y era el mejor camino por seguir.
El Honorable señor Fuentealba explicó el sentido de su discurso; sin embargo, como señaló el Honorable señor Chadwick, no es preciso ser persona de gran perspicacia para entender que estaba representando el pensamiento de numerosa gente de su partido, a la vez que concuerda con amplios sectores del país, que opinan que el Gobierno no supo manejar este problema y que la crisis se precipitó, entre otras cosas, por su negativa a las reiteradas peticiones de las Fuerzas Armadas no sólo para que resolviera el problema de remuneraciones, sino también para que dispusiera la salida del Ministro de Defensa Nacional y del Comandante en Jefe del Ejército y enviara al Congreso el proyecto que ahora conoce el Senado. Lo demás es echarse tierra a los ojos y pretender, de manera narcisista, eludir responsabilidades, que están absolutamente claras en la opinión de los dirigentes más conscientes del Partido Demócrata Cristiano.
El señor HAMILTON.-
Es una alusión al Honorable señor Irureta.
El señor JEREZ.-
No, señor Senador.
Nos parecía razonable la amnistía para poner término a la situación, pues no entendemos cómo el Gobierno, después de haber llegado a un acuerdo con los oficiales amotinados en el regimiento Tacna, los somete a proceso. Creo que con tal actitud el Ejecutivo queda en posición muy inconfortable. Si a juicio del Gobierno esos oficiales merecían ser procesados, lo razonable era no haber llegado a ningún acuerdo con ellos. Al margen del juicio que nos merezca el procedimiento, su posición tenía una fuerza y estaba asistida por la razón, y los resultados están a la vista. Cayeron el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe en buena hora, y en buena hora también el Gobierno recapacitó, enviando un proyecto que en términos generales procura hacer justicia a las aspiraciones planteadas por las Fuerzas Armadas.
Es infantil argumentar que los afectados no desean esta amnistía. Hay que ponerse en la situación de ellos.
En primer lugar, como señaló el Honorable señor Altamirano, aquí no legislaremos a gusto de los militares deploro que no esté en la Sala el Honorable señor Ibáñez, pues es el Senado quien debe calificar la procedencia o improcedencia de la iniciativa.
En segundo término, no es posible pretender debilitar la situación moral de los procesados al pedírseles que se arrodillen para solicitar la amnistía. Si ellos sostienen que su conducta fue motivada por razones puramente gremiales y que no aspiraban a dar un golpe, no se les puede colocar en situación de procurar impedir que se dicte una sentencia que, a su juicio, aclarará la situación a su favor.
Por otra parte, no sólo debe ser considerada la situación de los procesados. ¿En qué posición quedan ante ellos sus compañeros que no están sometidos a proceso?
El General Viaux y los oficiales Munizaga, Mora y Orellana, con la actitud asumida el día 21 de octubre recién pasado, obtuvieron que se oyeran sus peticiones de mejorar las condiciones en que se desenvuelve la actividad de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, el resto de la oficialidad no puede aceptar, desde el punto de vista de la solidaridad moral, que se procese a quienes han conseguido los beneficios que ellos van a empezar a disfrutar.
Por eso, deseo expresar no en los términos tan eufóricos empleados por el Presidente del Senado, cuya ausencia lamento que aquí no estamos legislando por presión de ninguna naturaleza. Celebro lo que se ha dicho: si alguien tiene la intención de cerrar el Senado, se encontrará con personas que sabrán mantener su condición de hombres. Nadie debilitará su conducta social ante cualquier tentativa de las Fuerzas Armadas de intervenir en el Senado. Pero el problema es otro.
Aún más: yo calificaría de locura la tentativa de cualquier miembro de los .Institutos Armados que pretendieran usurpar el poder, porque una cosa es mantener un movimiento reivindicativo y otra muy distinta tomar el poder y ejercerlo ordenando la situación externa e interna del país y poniendo término al creciente descontento del pueblo trabajador, mediante una solución de carácter militar ajena a los procedimientos de una nación democrática y progresista como Chile.
No se trata de competir para demostrar quién puede más ante las Fuerzas Armadas. Ya he manifestado mi juicio en esta materia: pienso que los Institutos Armados no están capacitados para ejercer el Poder, aparte que no les compete hacerlo. Y si asumieran el Mando, tendrían que hacerlo de una manera violenta, contraria a su propia naturaleza, tradición y espíritu democrático.
En este terreno bien podría aplicarse el refrán popular que dice "otra cosa es con guitarra", ya que no es lo mismo repito obtener ventajas mediante un movimiento reivindicacionista, como el realizado por el General Viaux, que tomarse el poder y mejorar la situación económica y social en que actualmente se encuentra nuestro país.
El señor MONTES.-
Oportunamente expresamos nuestra opinión acerca del problema señalado en la parte final de la intervención del Honorable señor Jerez.
Estimamos que la cuestión de fondo es defender de manera abierta, clara y rotunda los derechos del pueblo chileno de darse la forma de Gobierno que desee y de encontrar las soluciones más convenientes para los problemas del país. Esa es la actitud fundamental que hemos sostenido.
En cuanto a la materia en debate, lo esencial es pronunciarnos a favor de la amnistía o en contra de ella. Por cierto, somos partidarios de conceder amnistía amplia, no restringida como la que auspicia la Derecha. Tanto en ésta como en otras materias hemos mantenido una posición muy clara. No entendemos el criterio de negar la amnistía a los obreros de Sala mientras se la concede de manera amplia a los militares, con la cual también estamos de acuerdo. Ello implica una odiosa posición de clase muy característica, típica y propia de la Derecha, expresada en el Senado por sus personeros.
Discrepamos de la actitud asumida por el Presidente de la Corporación, porque ella ha impedido nuestro pronunciamiento sobre la amnistía.
Cuando el Senado se aboca al estudio de un problema acerca del cual la ciudadanía tiene opinión muy clara, actúa de manera abierta y sin subterfugios, a fin de que el pueblo quede debidamente informado de las soluciones propuestas. De ahí la conveniencia de evitar toda restricción en el debate y resolver sobre la materia, no entre cuatro paredes y a espaldas de la opinión pública y de la clase obrera chilena. Ello no significa que debamos doblar las rodillas cuando consideramos un problema de esta naturaleza.
Por el contrario, expresamos nuestra opinión libremente.
Deseamos encontrar los medios necesarios para lograr una amnistía amplia. Hacemos nuestras las expresiones formuladas por el Honorable señor Gumucio en el sentido de que ojalá se obtenga la finalidad perseguida. Eso es lo que interesa.
En relación con los sucesos del 21 de octubre proceso que, a nuestro juicio, no está terminado y acerca del cual no se ha dicho la última palabra, es conveniente destacar que en determinados sectores de nuestro país representados por la Derecha económica y política, que defiende sus principios sectarios, partidistas y estrechos conforme a una posición de clase, está surgiendo de manera subrepticia, y hasta diría un tanto tenebrosa, una confabulación destinada a hacer realidad la idea de reemplazar a la actual Mesa de esta Corporación por una elegida mediante procedimientos que repitan la experiencia vivida hace poco tiempo en la Cámara de Diputados. Tales propósitos se concilian con la actitud política de la Derecha, que en este caso pretende sacar las castañas con la mano del gato, a fin de obtener ventajas para la posición que defienden tanto en este recinto como en la quebrada del ají. Porque debemos reconocer que la Derecha sostiene puntos de vista claros sobre los problemas políticos, económicos y sociales del país.
Nosotros vemos con claridad que esa maniobra está caminando, y somos contrarios a ella, porque nos parece una solución extraordinariamente peor a la que hoy día existe. Estimamos posible que se esté tratando de aprovecharse de la situación que nos ocupa para repetir la experiencia de la Cámara de Diputados. Los señores Senadores pueden considerar mis observaciones como deseen: como denuncia, juicio o apreciación de un señor Senador acerca de un problema.
Reitero: el fondo del problema consiste en buscar los medios necesarios para lograr una amnistía amplia, finalidad que, a mi juicio, todos comparten.
Estas materias deben dilucidarse no como en forma equivocada opina el señor Presidente del Senado, sino de manera abierta, pública, con el objeto de evitar cualquier duda acerca de la posición de cada partido, sector o persona. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse de sus propias acciones.
Eso es cuanto quería expresar en esta oportunidad.
Cedo el resto de mi tiempo al Honorable señor Allende.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En la mañana de hoy fuimos invitados a manifestar nuestro juicio sobre la determinación tomada por el Presidente del Senado de declarar inconstitucional o improcedente, de acuerdo con sus facultades privativas, las disposiciones sobre amnistía presentadas por diversos sectores del Senado a propósito del debate del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Los Senadores de estas bancas juzgamos exagerada la actitud del señor Presidente. A nuestro juicio, era la Corporación quien debía pronunciarse sobre la materia. Por eso, lamentamos el proceder de la Mesa.
Sin embargo, estamos llanos, en atención al instante que vive el país a raíz de los acontecimientos ocurridos el 21 de octubre y con anterioridad a esa fecha, hechos que se han mencionado repetidamente esta mañana, a buscar una solución al problema que se plantea. Pensamos que éste ya debió haberse dilucidado en sesión secreta de la Corporación. En su oportunidad, los Comités solicitamos que la Mesa presidida entonces por el Honorable señor Noemi, por encontrarse ausente del país el Honorable señor Pablo convocara a una sesión, a la cual se invitaría a los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Hacienda, a fin de analizar la materia en forma exhaustiva. Esa sesión, que habría tenido carácter secreto, aún no la hemos celebrado. Esa es la razón por la cual muchos sectores se han visto obligados a formular ahora los planteamientos que hemos escuchado.
En este momento estamos abocados a considerar la actitud del Presidente de la Corporación de declarar improcedente una indicación destinada a otorgar amnistía a algunos elementos de las Fuerzas Armadas y a ciertos grupos políticos. En caso de que esta materia fuese puesta en votación, nos pronunciaríamos favorablemente, por estimar que deben buscarse los medios necesarios para llevar tranquilidad, no sólo a los institutos castrenses, sino también a otros sectores políticos, en especial si consideramos el momento que vive el país.
Reitero: daremos nuestros votos afirmativos a cualquiera iniciativa que legisle sobre esta materia, sea de origen presidencial o parlamentario. Y en caso de que la indicación en referencia no sea declarada improcedente por* la Mesa o por el presidente de la Comisión respectiva, también la apoyaremos con nuestros votos.
Nuestra intervención obedece al deseo de no desperdiciar la oportunidad de manifestar el pensamiento de los Senadores de estas bancas sobre el problema planteado en la mañana de hoy por todos los sectores del Senado.
Cedo el resto de mi tiempo al Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
De nueve, señor Senador.
El señor ALLENDE.-
Mi propósito era no intervenir en este debate, ya que el compañero y Senador Carlos Altamirano planteó la posición de nuestro partido. Pero después de las palabras del señor Presidente del Senado, me veo en la obligación de hacerlo. Lamento mucho que el Honorable señor Pablo no esté presente. Ha justificado su ausencia, y la comprendo. Mas para mí es molesto referirme a sus expresiones cuando el señor Senador no está.
Si el Honorable señor Pablo hubiera dicho tan sólo que, de acuerdo con su criterio, había resuelto que la Corporación no discutiera el proyecto de amnistía por estimarlo inconstitucional, yo no habría intervenido. Seguramente, algún otro señor Senador habría recordado al Honorable señor Pablo que Mesas anteriores, enfrentadas con materias en torno de las cuales podrían plantearse criterios distintos, siempre sometieron su resolución al juicio del Senado. En verdad, aun cuando se trata de una facultad que el Reglamento las concede en forma exclusiva al Presidente de la Corporación, su aplicación puede limitar o impedir un pronunciamiento político. Por eso, lo habitual ha sido entregar a la Sala la decisión final.
Lamentablemente, el Honorable señor Pablo no ha sostenido un criterio exclusivamente reglamentario. Por el contrario, ha dado razones políticas que, a mi juicio, en el calor de su improvisación, lo han llevado a pronunciar frases que no se justifican por tratarse, precisamente, de su actitud como Presidente del Senado, y que personalmente no puedo aceptar ni dejar pasar.
Ha dicho el señor Presidente del Senado que no estimaba conveniente discutir la amnistía, pues considera necesario que se diluciden los hechos acaecidos en el regimiento Tacna. Agregó que, si existe la posibilidad de que se cierre esta Corporación, él piensa que debe haber hombres de pie para defenderla.
Considero de gravedad extraordinaria las expresiones del señor Presidente del Senado, sobre todo por provenir de un hombre de Gobierno.
Debo señalar, en primer lugar, que por un sentido superior de prudencia y responsabilidad, los Senadores de estas bancas hemos solicitado un pronunciamiento político del Gobierno; pero no hemos quedado satisfechos con el planteamiento respetable, por cierto formulado, en nombre de la Democracia Cristiana, por el Honorable señor Renán Fuentealba. En su oportunidad manifesté que bien podía uno suponer que ése era el pensamiento del Gobierno, ya que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda no hicieron un planteamiento político propiamente tal.
En el día de ayer insistí en que Senadores de estas bancas pediríamos una sesión especial secreta, si sus características lo requieren, precisamente para profundizar en algunos conceptos del señor Ministro de Defensa, quien expresó que la situación era muy grave y pretendió aconsejarnos hecho que, desde luego, nosotros rechazamos que tuviéramos suficiente responsabilidad para discutir el problema.
El Comité Radical, con anterioridad, solicitó una sesión del Senado para dilucidar el problema político de fondo.
El señor OCHAGAVIA.-
Inclusive, existe una petición formulada en este sentido por el Comité de mi partido, anterior a esas otras dos.
El señor ALLENDE.-
Quiere decir, entonces, que todos los sectores políticos de la Corporación coinciden en la necesidad de debatir esta materia.
Por lo tanto rechazo perentoriamente las razones políticas aducidas por el señor Presidente del Senado, y lamento sobremanera su expresión de que "se encontrarán hombres de pie" si se piensa cerrar esta Corporación. Pienso que el señor Presidente, hombre de Gobierno, no puede imaginar que el Congreso chileno se cerrará por la voluntad de un auto golpe, de un golpe o de una subversión. Estimo innecesario invocar una actitud, no diré de virilidad o de machismo, como señalaba el Honorable señor Jerez, sino de dignidad de quienes estamos aquí por mandato y voluntad del pueblo.
Los socialistas ya lo ha reafirmado el Honorable señor Altamirano al suscribir el proyecto de amnistía amplia presentado por el Honorable señor Chadwick y por varios señores Senadores, estamos ejerciendo un derecho. No podemos esperar que pidan amnistía ni los militares ni los compañeros obreros procesados. Ya en reiteradas oportunidades hemos señalado la arbitrariedad y la justicia de clases que se ha aplicado a los trabajadores de Sala. A mi juicio, el Honorable señor Ibáñez no está en la razón cuando considera injuria para los militares el que pretendamos incluirlos en un mismo proyecto de amnistía destinado a dejar exentos de culpa a civiles obreros, trabajadores que no han cometido delitos comunes, sino de orden político. La iniciativa que hemos suscrito...
El señor HAMILTON.-
Algunos han asaltado bancos o supermercados.
El señor CHADWICK.-
Ellos no están comprendidos en la amnistía.
Lea la indicación, señor Senador.
El señor ALLENDE.-
El Honorable señor Hamilton es abogado y, aparentemente, estaría en mejores condiciones que yo para entender el problema.
Firmé la indicación después de leerla y sé hacerlo y de conversar con el Honorable señor Chadwick, cuyo criterio jurídico respeto. Su Señoría me precisó con claridad meridiana que quedaban taxativamente excluidos' del proyecto los delitos comunes. Debo hacer fe, pues, en la preparación jurídica del Honorable señor Chadwick y, además, en lo que leí.
El señor HAMILTON.-
Son delitos comunes cometidos por móviles políticos.
El señor ALLENDE.-
Ruego al señor Senador no interrumpirme. Si Su Señoría desea intervenir con cargo a su tiempo, no tengo inconveniente.
Hemos planteado una amnistía amplia, pues estimamos y así lo hemos dicho que los militares sólo tuvieron una expresión de protesta, una huelga en un cuartel.
El señor HAMILTON.-
Con toma del establecimiento.
El señor ALLENDE.-
De otra manera, no podríamos aceptar este criterio. El Presidente de la República habló de rebelión y subversión. Llegó a acuerdo con los rebeldes y subversivos, y ahora los entrega a la justicia. Estimamos que existen tantas contradicciones, que hemos preferido, rotunda y categóricamente,...
El señor HAMILTON.-
El acuerdo establecía eso.
El señor ALLENDE.-
Ruego al señor Senador mantener la tranquilidad. De lo contrario, habrá que darle un calmante.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito al señor Senador se abstenga de interrumpir al Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
Hemos propuesto una amnistía amplia, así como hemos pedido un reajuste amplio. No actuamos presionados por las Fuerzas Armadas. Eso no lo aceptaríamos jamás. Con mucha prioridad a los actos de protesta y rebeldía de los militares, presentamos los proyectos pertinentes y enviamos oficios requiriendo del Gobierno un pronunciamiento, pues teníamos la obligación de anticiparnos a un hecho, ya que para nosotros las Fuerzas Armadas no constituyen un compartimiento separado. Cuando se plantea un reajuste de remuneraciones, debe ser para todos los que trabajan, sea en las Fuerzas Armadas, en la Administración Civil o en el sector privado.
Nuestro criterio es muy claro. En el ejercicio de un derecho que nos asiste en nuestra calidad de Senadores, hemos presentado un proyecto. Deploramos la actitud del señor Presidente de la Corporación, sobre todo por las razones políticas invocadas, que, inclusive, llegaron a incursionar en el terreno de suponer indignidad o cobardía en algunos señores Senadores.
Los Senadores de estas bancas no aceptamos ni esos términos ni las razones expuestas.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de que disponía Su Señoría.
Corresponde entrar a la discusión particular del proyecto.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, en informe suscrito en nombre de la primera por los Honorables señores Ballesteros (presidente), Chadwick, Ibáñez, Miranda y Palma, y por los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, GARCIA, Gormaz y Palma, y por la de Defensa Nacional, recomiendan a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el boletín que los señores Senadores tienen en su poder. La primera enmienda propuesta incide en el artículo 1°; sin embargo, antes de tratar esta modificación, relativa al inciso tercero del precepto, corresponde ocuparse en la indicación Nº 1, renovada con las firmas de los Honorables señores Montes, Valente, Teitelboim, Altamirano, Contreras, Silva Ulloa, Tarud, Miranda, Juliet, Jerez, Allende, Aguirre Doolan, Chadwick y Sule y de la Honorable señora Campusano, consistente en suprimir dicho artículo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
Deseo plantear un cuestión de orden, señor Presidente.
Entiendo que también se ha renovado la indicación destinada a sustituir este mismo artículo 10 por otro. Propongo a la Mesa considerar ambas conjuntamente.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
La indicación a que se refiere Su Señoría, signada con el número 2 en el boletín respectivo, es para sustituir el artículo 1º del proyecto aprobado por las Comisiones por el siguiente:
"Con los recursos contemplados en la presente ley y con los que se consulten en la Ley General de Presupuesto y en la ley de reajuste general para el sector público correspondiente al año 1970 se constituirá un fondo para reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, activo y pasivo, sus remuneraciones anexas imponibles o no, como asimismo, para cumplir el pago de los demás beneficios establecidos en la presente ley."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En discusión ambas indicaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-
Los Senadores socialistas y, en general, el Partido Socialista de Chile, son contrarios a delegar, por tercera vez en este período presidencial, facultades legislativas en el Presidente de la República para resolver los problemas propios de las Fuerzas Armadas.
Ya el 26 de enero de 1966, hace más de tres años, el Gobierno solicitó facultades extraordinarias, no tan amplias como en esta ocasión, pero similares, para resolver dificultades de esta índole.
El Congreso Nacional se las otorgó mediante la ley Nº 16.466. Han pasado tres años y nada se ha resuelto. En ese entonces el Ejecutivo fundó su petición en términos bastante parecidos a los actuales. Señaló, en efecto: "El Ejecutivo ha estimado necesario remitir el proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones del personal de laDefensa Nacional y de Carabineros de Chile, independiente del general relativo a la Administración Pública. La escala de remuneraciones vigente en las Fuerzas Armadas y las de Orden al igual que toda la legislación que constituye el estatuto administrativo militar, es distinta de la que rige para la Administración Civil, situación que se justifica, desde que son diversas la naturaleza, caracteres y condiciones de ambos servicios públicos."
Si se lee con atención el Mensaje en que viene el proyecto en debate, se comprueba que en lo relativo a la solicitud de nuevas facultades, está redactado en términos muy similares, por no decir casi idénticos al que acabo de reproducir.
Como se sabe, las facultades extraordinarias concedidas por la ley Nº 16.464 no dieron mayores resultados. El Congreso nuevamente otorgó atribuciones legislativas al Presidente de la República mediante la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, que en su artículo 16 autorizó al Jefe del Estado "para que dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a establecer los Estatutos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, los cuales contendrán las disposiciones sobré Clasificación, Nombramientos, Ascensos, Feriados, Permisos, Licencias, Calificaciones, Plantas, Remuneraciones, Retiro, Montepío y Desahucio del Personal de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, respectivamente".
Se consideró especialmente en ese entonces la grave situación que existía en las Fuerzas Armadas. Como es de público conocimiento, en mayo de 1968 se había producido un movimiento militar a raíz del cual debió ser removido de su cargo el entonces Ministro de Defensa Nacional y actual Senador señor Juan de Dios Carmona, quien fue reemplazado por el General Tulio Marambio. Igualmente, se designó un nuevo Comandante en Jefe del Ejército, el General Castillo, quien en numerosas declaraciones públicas habló de la angustia económica en los institutos castrenses. Tal como el anterior Ministro del ramo, el General Tulio Marambio se comprometió, en reunión sostenida en la Escuela Militar, a resolver los problemas económicos.
En consecuencia, el Congreso entregó al Ejecutivo toda clase de facultades para llegar a una solución de equidad para el personal de las Fuerzas Armadas. El hecho concreto es que, por razones diversas, las atribuciones delegadas no se ejercieron con la debida inteligencia y capacidad para resolver tales problemas, y nuevamente éstos han culminado con los hechos ocurridos el 21 de octubre pasado, que indiscutiblemente revisten enorme gravedad.
El Gobierno, por medio de los señores Ministros de Defensa y de Hacienda, ha insistido hasta la saciedad en que dispondría de estudios y soluciones concretas para resolver los problemas de los Institutos Armados.
En la Cámara de Diputados, en sesión del jueves 30 de octubre, el señor Ministro de Defensa expresó textualmente: "Quiero reiterar aquí en la Sala lo que hemos sostenido, tal vez en forma majadera, en la Comisión. Los estudios, para información de los señores parlamentarios que no participaron en la Comisión, están terminados." O sea, según el Ministro, los estudios están debidamente concluidos. Esa opinión también la repitió en las Comisiones del Senado y en la discusión general.
Si el Gobierno tiene soluciones concretas, estudios ya finiquitados y está en condiciones de promulgar decretos con fuerza de ley para resolver la situación de las Fuerzas Armadas, para nosotros es un misterio que no haya podido por lo menos en el Senado y en la Cámara, según me he informado decir concretamente cómo resolverá en definitiva el problema. El Ministro de Hacienda ha dado a conocer diferentes alternativas, todas muy imprecisas, extraordinariamente vagas.
Existe abierta contradicción en las afirmaciones del Gobierno, que dice tener los estudios concluidos con mucha anterioridad al pronunciamiento del 21 de octubre, y saber lo que quiere y lo que hará. No obstante, cuando se pregunta qué van a hacer y cuál es la solución, la respuesta como lo puede testificar la totalidad de los sectores del Parlamento es absolutamente ambigua e imprecisa. En síntesis, no se puede concluir sino que el Ejecutivo ha solicitado delegación de facultades para negociar con las Fuerzas Armadas un tipo de solución que hasta el momento ignora.
Sobre esta materia, también existe contradicción de los personeros de Gobierno y de los señores Senadores que han intervenido tanto en la Comisión como en la Sala. Han dado a conocer una serie de cuadros para comprobar que es extraordinario el reajuste que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas durante la actual Administración.
Personalmente, cuando en la Comisión escuchaba al Honorable señor Carmona fundar su voto, creí que iba a anunciar su pronunciamiento contrario al proyecto, porque eran tantas las ventajas, beneficios, asignaciones y aumentos que se habían concedido al personal de la Defensa Nacional, que la única conclusión lógica de sus palabras era: "En consecuencia, voto en contra". No obstante, lo hizo a favor. Por lo tanto, debemos deducir que los extraordinarios aumentos dados a conocer en forma precipitada, entre gallos y medianoche hemos estudiado en horas el proyecto, con datos insuficientes, sin saber su contexto general, no existían en esos cuadros. De éstos hay constancia en los distintos informes de Comisión, y también han sido mencionados en la Sala.
Me agradaría mucho que el señor Ministro de Hacienda aquí presente, después de mi intervención o cuando lo estime pertinente, aclarara una serie de misterios que sobre el particular existen.
Dicho Secretario de Estado afirmó, tanto en las Comisiones de Hacienda y Defensa de la Cámara como en la Sala de esa Corporación, lo siguiente: "Puedo expresar, de acuerdo con cifras que me fueron entregadas por la Dirección de Presupuesto, que en el año 1964, cuando asumió el Gobierno, se destinaba a la Defensa Nacional 10,3% de la totalidad de los recursos presupuestarios. En el presente año se ha destinado el 10%."
Todas las comparaciones las hace con relación a la Administración anterior. Parece que el único objetivo de la Democracia Cristiana es demostrar que el Gobierno actual ha sido levemente mejor que el del señor Alessandri. Con eso se quedan muy contentos y satisfechos: superar a un pésimo sexenio. Para nosotros, no es ningún mérito.
Solicito incluir en esta parte de mi intervención un cuadro elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado, en el cual se demuestra que el porcentaje destinado a financiar al Ministerio de Defensa, en comparación al total del presupuesto, ha ido disminuyendo en forma notable.
Por ejemplo, en 1950 fecha en que se inició el estudio, 18% del total del presupuesto se dedicaba a ese rubro, y en 1970, 8,5%, y no 10%, como señaló el señor Ministro de Defensa.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para incorporar a la versión los cuadros a que hizo mención el señor Senador.
Acordado.
El señor ALTAMIRANO.-
Deseo dejar claramente establecido no quiero que se deduzca de mis palabras que el Partido Socialista no pretende que se restablezca el porcentaje que en décadas pasadas se destinaba al presupuesto de Defensa. Lo único que planteamos es la necesidad de decir los hechos tal como son.
Estimamos creo, poder asegurarlo en nombre de mi colectividad que 14%, 17%, 19% o 23%, como antes se invertía, es una cifra muy alta. A nuestro juicio, quizás, las actuales cifras sean las más apropiadas, dada la situación económica del país.
Debo reiterar que se nos dan informaciones inexactas y equivocadas.
El señor Ministro de Hacienda manifestó también que era efectivo que había disminuido el porcentaje destinado a la Defensa Nacional, pero que las cifras globales eran superiores, porque el Presupuesto Nacional aumentó. Tampoco es verdadera tal información. Mejor dicho como siempre ocurre con este tipo de datos, es efectiva a medias, pues para comparar tomó como base el año 1964, el peor de la Administración anterior. Precisamente, en esa oportunidad los gastos para las Fuerzas Armadas se redujeron con relación a los años anteriores. Una vez más debemos argüir lo que permanentemente sostuvimos durante el Gobierno del señor Alessandri, quien comparó siempre los progresos alcanzados por su gestión con las cifras de 1958, final del período del señor Ibáñez. En ese entonces expresamos que la confrontación no tenía base científica alguna y que intelectualmente era deshonesta, porque no puede tomarse como referencia un año o escogerse el peor período de una Administración, sino que la relación debía hacerse sobre la base de promedios.
De este modo, por ejemplo, si comparamos en cifras estables en escudos de 1969, comprobaremos que entre 1961 y 1969 no ha habido aumento en el presupuesto del Ministerio de Defensa, ya que se invirtieron Eº 989.932 millones y Eº 1.000.011, respectivamente.
Repito: no es el propósito ni la política de mi partido exigir aumentos desmesurados para este rubro de la actividad nacional. Ahora me estoy limitando a aclarar algunos datos que, a nuestro juicio, fueron presentados equivocadamente.
Aún más, si comparamos en moneda constante los valores consignados para remuneraciones del personal de los Institutos Armados, resulta según estudios efectuados por la Oficina de Informaciones del Senado que en 1961 se destinaban a ese ítem 420 millones de escudos; en 1962, 495 millones, y en 1969, 493 millones. Es decir, en 1969 se destinó para remuneraciones de las Fuerzas Armadas una cifra inferior que en 1962.
En cambio, si consideramos 1964, sí se produce un aumento importante, pero debemos trabajar sobre la base de promedios.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ALTAMIRANO.-
En seguida, cuando termine de expresar la idea.
Si analizamos los distintos grados y niveles de las Fuerzas Armadas, no vemos cómo se puede producir un incremento tan extraordinario y notable como el señalado por los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y por el Honorable señor Carmona, ya que, inclusive, se advierte una disminución respecto de algunos años del Gobierno pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en algunos grados ha habido aumentos mayores, y en otros, inferiores? ¿Cuáles son estos últimos?
Insisto, una vez más: hemos debido estudiar en horas un problema difícil, complejo, y se nos han dado antecedentes parciales, insuficientes.
Concedo una interrupción al Honorable señor OCHAGAVIA.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-
Las cifras estadísticas proporcionadas por el Honorable señor Altamirano rectifican lo aseverado por el señor Ministro de Defensa Nacional respecto de porcentajes del presupuesto que se destinan a las Fuerzas Armadas y a pagar las remuneraciones de su personal. Concuerdo con Su Señoría en que se parte de un error fundamental cuando se toma como base 1964 para analizar la confrontación. Igual planteamiento hizo al señor Ministro un Senador de estas bancas.
El reajuste de sueldos para ese sector de servidores del Estado, en 1964, rigió a partir del mes de julio. Por tal motivo, toda comparación que se haga desde el 1° de enero induce a grave error.
A mi juicio, la explicación dada por el Honorable señor Altamirano refuerza las afirmaciones que hicimos Senadores de estas bancas, en cuanto a que en el Gobierno anterior, que contó con recursos infinitamente inferiores a los del actual, el presupuesto de la Defensa Nacional, tanto para remuneraciones como para equipamiento, fue superior, en moneda estable, al de la actual Administración. Y como el Honorable señor Altamirano ha repetido en sus intervenciones que la comparación con el año 1964 denota un deterioro de esas cifras con relación a las actuales, observo al Honorable Senador lo mismo que hicimos presente al señor Ministro en su oportunidad: los datos de 1964 no pueden considerarse a' partir de enero de ese año, porque el reajuste entró en vigencia en el mes de julio.
Por lo tanto, no podemos dar validez a esas cifras, si juzgamos los datos estadísticos en forma parcial, sino que debemos hablar de promedios, de cifras correspondientes a un grupo de años.
Es cuanto quería decir para evitar que se siga utilizando como base de comparación el año 1964, sobre todo si se considera que el reajuste correspondiente a ese período no entró en vigencia a partir del 1° de enero.
El señor PALMA.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ALTAMIRANO.-
Permítame terminar, señor Senador, porque de lo contrario, si sigo concediendo interrupciones, dirigiré yo el debate, en vez de que lo haga el Presidente de la Corporación. Por lo demás, Sus Señorías tendrán tiempo suficiente más adelante para rebatirnos. Nos interesa mucho que estos antecedentes sean rebatidos, pues ello nos permitiría demostrar que gran parte de las cifras parciales que se nos han proporcionado no corresponden a la realidad.
El señor RODRIGUEZ.-
No sea impaciente, Honorable señor Palma.
El señor ALTAMIRANO.-
Aún más, el Ministro de Hacienda ha aseverado que en 1968 hubo un aumento de 40% para los Institutos Armados. Pero repito, en valores constantes, la suma global destinada a remuneraciones en 1967 fue de 498.438.000 escudos, y en 1968, de 498 millones 480 mil. O sea, hubo un aumento de alrededor de 40 millones, prácticamente los mismos 498 millones de escudos
¿En qué se diluyó ese 40 % ? Quiero decir que algunas categorías, niveles o grados de las Fuerzas Armadas experimentaron un aumento muy notorio si aceptamos como veraces las palabras del señor Ministro de Hacienda, y que otros sectores tuvieron un reajuste extraordinariamente bajo, porque las cifras globales no confirman lo que sostiene ese Secretario de Estado.
Algo parecido podemos afirmar en materia de pensiones, a pesar de que no se han entregado las cifras correspondientes a 1963. Porque repito disponemos de datos insuficientes para juzgar los problemas propios de las Fuerzas Armadas y, lo que es más grave, la solución que el Ejecutivo pretende darles. Así, en valores constantes, las cifras correspondientes a las pensiones pagadas en 1963 no difieren de manera notable de las que se pagaron por igual concepto en 1968. De manera que tampoco ha habido aumentos espectaculares en este rubro.
Quiero dejar constancia nuevamente de que, a nuestro juicio, no estamos tratando de defender la gestión del señor Alessandri. Hemos sido los principales impugnadores de esa Administración. El Partido Socialista se caracterizó y se caracteriza hoy por ser el más tenaz enemigo de una regresión derechista reaccionaria.
Sólo queremos dejar establecidos los hechos y que no se pretenda demostrar con datos parciales que se ha producido, en conjunto, una mejoría notoria de las Fuerzas Armadas.
Para subrayar lo dicho hace un instante por el Honorable señor Allende, debo decir que el Partido Socialista no tiene en este caso una posición oportunista o, como calificó a algunos a quienes no mencionó el Honorable señor Fuentealba, de "paterismo" frente a los institutos castrenses. Nuestro partido siempre ha defendido los reajustes de esos institutos, como también los de todos los trabajadores chilenos. Precisamente, cuando se discuta el aumento de las remuneraciones de los trabajadores en general, los partidos populares, con la misma decisión y fervor, defenderán ese reajuste.
Con el Partido Nacional, en cambio, ocurre todo lo contrario: cuando se trata de reajustar las remuneraciones del personal de la Defensa Nacional, sí que ellos están junto a nosotros o nosotros con ellos la ordenación de los factores no altera el producto; pero cuando se trata de conceder aumentos a los demás sectores de trabajadores, entonces son muy parcos para pronunciarse. Para ellos, tal vez, podrían tener validez las palabras del Honorable señor Fuentealba.
Queda en claro que nosotros hemos planteado una posición de principio, trátese de personal armado o civil; trátese de los 300 mil funcionarios públicos, que viven en condiciones miserables, o de los 120 mil personeros de los Institutos Armados, Carabineros e Investigaciones, activos o pasivos. Para todos ellos tenemos una misma conducta y una misma posición.
Por eso, cuando planteamos el proyecto de ley de amnistía, no limitamos su beneficio a las Fuerzas Armadas, sino que lo propusimos para todos aquellos que, dentro de este régimen burgués, se supone que han cometido delitos políticos por querer luchar y transformar en realidad lo que la Democracia Cristiana levantó como bandera durante su campaña pasada: hacer una revolución, que es, precisamente, lo que ha deseado toda esta gente que ha sido encarcelada, perseguida, torturada y que ha vivido en la clandestinidad. Eso fue lo que el Partido de Gobierno dijo que haría durante la campaña presidencial pasada.
Repito: nuestro partido actúa de acuerdo con una posición de principios.
Por otra parte, debo recordar que durante el Gobierno anterior, bajo el régimen del señor Alessandri, que tampoco estuvo muy predispuesto a legislar a favor de las Fuerzas Armadas ni del sector público, el Honorable señor Allende, en dos oportunidades, presentó proyectos concretos sobre la materia e hizo enviar los oficios pertinentes, tal como lo pedimos ahora. Por consiguiente, no se nos puede acusar de estar actuando presionados por el temor o el miedo, como podría deducirse de las palabras del Presidente del Senado, el Honorable señor Pablo, pues nuestro partido siempre ha actuado de acuerdo con sus principios.
Por eso, cuando el Presidente de la República, después de negársele la autorización para ir a Estados Unidos, amenazó con disolver el Congreso y presentó un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, habría significado la autoclausura, el Partido Socialista estuvo en contra de dicha iniciativa, porque no acepta ninguna presión externa o foránea. En cambio, cuando se discutió el proyecto de reformas constitucionales destinado a otorgar facultades al Ejecutivo para disolver el Parlamento, aun cuando en principio no concordamos con ello, concurrimos con nuestros votos para que no se creyera que estábamos "apernados" en nuestros cargos y defendiendo a este Parlamento burgués a troche y moche.
Repito: nuestra posición es consecuente y no se modificará por pronunciamientos militares más o menos. Siempre hemos defendido a todo hombre que vive de su trabajo, de su esfuerzo. Por eso, ahora hemos insistido en que debió haberse enviado un proyecto concreto, y no una delegación de facultades que permita al Ejecutivo, a espaldas del pueblo y de los mismos poderes del Estado, transar con las Fuerzas Armadas soluciones que posteriormente puedan no ser las más convenientes y adecuadas, y conducir, meses después, a situaciones de extrema gravedad para el régimen constitucional chileno.
Por eso, el Partido Socialista se opone a la delegación de facultades, no por afán obstruccionista o revanchista ni por el mero fin de oponerse a cualquiera iniciativa del Gobierno, pues en dos oportunidades anteriores las concedió. Hacerlo por tercera vez nos parece carente de sentido, sobre todo cuando ni siquiera se nos han entregado antecedentes concretos.
En definitiva de esto debe tener conciencia el Senado, se pretende dar un cheque en blanco al Presidente de la República para que haga lo que quiera. Porque, salvo pequeñas limitaciones y condiciones, el Jefe del Estado es soberano para llegar a las soluciones que se le antojen, sea a favor o en detrimento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Y esto no lo creemos conveniente.
Además, como ya dijimos, el proyecto está absolutamente desfinanciado. Se han hecho valer argumentos que no tienen consistencia. Se ha dicho que sus disposiciones implicarán gastos que, en definitiva, bordean los 800 millones de escudos, o, en el mejor de los casos, según lo afirmado por el señor Ministro de Hacienda, 850 millones. Posiblemente supere los mil millones.
Desde luego, la iniciativa del Ejecutivo sólo consigna ingresos por 220 millones. Se responde que en el proyecto de ley de Presupuestos o en la ley general de reajustes se financiará el saldo o diferencia. Conforme a este sistema o precedente, en el futuro podremos seguir despachando proyectos desfinanciados. Bastará proponer determinado reajuste para cualquier sector público y decir que el financiamiento se hará con cargo a futuras leyes, según el monto del gasto.
Por eso, el Partido Socialista se opone a la delegación de facultades. En cambio, ha sido siempre partidario de debatir una iniciativa legal concreta, que sea conocida por la opinión pública, el Parlamento y las Fuerzas Armadas, y no una legislación pactada a espaldas del pueblo.
El señor CHADWICK.-
¿Cómo está distribuido el tiempo, señor Presidente?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
No hay distribución de tiempo. Simplemente, se ha aplicado el Reglamento: cada señor Senador tiene derecho a una intervención de media hora y a otra de quince minutos. Los primeros treinta minutos han terminado. Pero si Su Señoría lo desea, puede juntar los tiempos correspondientes a ambas intervenciones y continuar con el uso de la palabra.
El señor MIRANDA.-
Que se aplique el Reglamento.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Lo estoy aplicando.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el Honorable señor Altamirano ha hecho algunas apreciaciones y ha calificado de inexactas las cifras dadas por el Ministro que habla. Para ello, el señor Senador se funda en algunos datos que le habría entregado la Oficina de Informaciones del Senado.
Por otra parte, Su Señoría critica el hecho de que el Gobierno compare sus cifras de tipo presupuestario con las que se tenían el año 1964.
No deseo dejar la impresión de que el Gobierno sólo persigue establecer una comparación con las Administraciones anteriores. La comparación debe hacerse de acuerdo con el estado en que se recibe el país, cualquiera que sea el Gobierno de que se trate. Por consiguiente, las cifras que debo utilizar son las correspondientes a 1964, ya que no podría dar las de 1910 o las de 1920.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Pero por qué no toma las de 1961 o 1962?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Porque la actual Administración recibió el país en 1964, y no en 1961.
El señor ALTAMIRANO.-
Entonces, lo más lógico sería señalar un promedio.
El señor CHADWICK.-
Eso es diablura.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Cuando se toman cifras presupuestarias, es preciso verlas.
El Honorable señor Altamirano ha hecho un cargo basándose en antecedentes que le entregó la Oficina de Informaciones del Senado. Yo no me atrevería a ponerlos en duda, pues se trata de una oficina que me merece respeto. Sin embargo, al basarse en esas cifras, pone en duda las proporcionadas por la Dirección de Presupuestos. Como los señores Senadores saben, ese organismo está constituido por funcionarios de alta calidad, que merecen el respeto de todos y, como es lógico, yo debo creer en la veracidad de los antecedentes que ellos me proporcionan.
El señor ALTAMIRANO.-
Pero el señor Ministro no ha dado cifras totales.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
He dado cifras totales proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
El señor ALTAMIRANO.-
No las ha dado.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Su Señoría no me ha demostrado dónde está la falla de las cifras; no me ha dicho cuál es la diversidad de criterio que hay entre esos guarismos y los dados por la Dirección de Presupuestos.
El señor ALTAMIRANO.-
No ha dado cifras Su Señoría.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
¿Cómo? ¿Si Su Señoría las ha calificado de inexactas?
No se contradiga, Honorable Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
He dicho otra cosa.
Solicito una interrupción al señor Ministro.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con el asentimiento de la Sala, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-
El señor Ministro me ha entendido mal. No he negado las cifras dadas por él, y no podría negarlas: he dicho que los datos parciales proporcionados por Su Señoría no concuerdan con las cifras globales. Porque, si parcialmente los distintos niveles de los Institutos Armados, en sus grados de coronel, capitán, teniente y soldado hubieran experimentado los aumentos que se señalan, querría decir que globalmente tendrían que haberse experimentado los mismos aumentos, y la verdades que las cifras totales no han aumentado.
Es evidente que si los datos prueban lo que afirma el señor Ministro, yo habría caído en una inconsecuencia. Por eso, me interesa ver dónde está la inconsecuencia o contradicción.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Su Señoría sigue incurriendo en contradicción, pues sostuvo que no he dado cifras, y ahora dice que he dado cifras parciales.
El señor ALTAMIRANO.-
No, cifras globales.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Sí, globales; pero las he dado, y ahora estoy ratificando que para mí son cifras ciertas mientras no se me demuestre lo contrario.
Lo más lógico sería que, si el señor Senador estuviera disconforme y creyera más en los datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado,...
El señor ALTAMIRANO.-
Son los mismos datos proporcionados por la Dirección de Presupuestos.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Es la primera vez que conozco estas cifras. Sólo ahora han llegado a mis manos.
No tengo por qué dudar de los datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado; pero hacer afirmaciones en el sentido de que estas cifras son parciales, manejadas mañosamente, inexactas, es una apreciación demasiado ligera.
El señor ALTAMIRANO.-
Es perfectamente exacta la apreciación. Y usted no me contesta por qué existe tal discrepancia entre sus cifras parciales y las globales.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Entiéndame, señor Senador. Su Señoría ha expuesto determinadas cifras de la Oficina de Informaciones del Senado. Si deseaba que yo le dijera por qué había disconformidad, podría haber tenido la delicadeza de remitírmelas al Ministerio de Hacienda o de llamarme y pedirme que le aclarara esa diversidad. No lo ha hecho.
El señor ALTAMIRANO.-
Planteé esa discrepancia, señor Ministro.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
El señor CHADWICK.-
Que el señor Ministro se dirija a la Mesa.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Le he concedido una interrupción al Honorable señor Reyes.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa.
El señor REYES.-
En lo concerniente a las cifras a que ha hecho referencia el Honorable señor Altamirano, las hice pedir, porque no las conocía hasta que las mencionó aquí el señor Senador. Y, en efecto, la de 1964 es de 334 millones de escudos. En moneda deflactada a este año, asciende a 493 millones.
Hice estudiar rápidamente, porque no había otra manera de hacerlo, el por qué de la diferencia en cuestión, en el supuesto caso de que las plantas fueran similares, no digamos idénticas. El documento que se me ha entregado es muy breve, y por eso le daré lectura. Dice:
"1.- Falta agregar en los años 19671968, los reajustes de sueldos, sumas que son las siguientes:
"1967 Eº 67.293.430
"1968 102.178.000
"1969 192.761.000
"2.- No es efectiva la observación de la nota 3) en lo que respecta a Gastos Variables, pues sólo se incluyen los gastos correspondientes a Remuneraciones y no los que se refieren a Compra de Bienes y Servicios No Personales, como ser: arriendo de bienes raíces, pasajes y fletes, materiales y artículos de consumo, material de guerra, rancho o alimentación, forraje, vestuario y equipo, impresos y publicaciones".
El señor CHADWICK.-
Esas no son remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El señor REYES.-
Eso está, sin embargo, en una nota que ha servido para apreciar el gasto general. Si no lo cree Su Señoría, la puede pedir.
El señor CHADWICK.-
Estamos hablando de remuneraciones.
El señor REYES.-
¡No, señor!
El señor PALMA.-
¡No, señor! ¡Su Señoría sabe que se está hablando de gastos globales!
El señor REYES.-
En seguida, añade el documento:
"3.- Falta agregar a los datos indicados en los años que se mencionan, las siguientes cantidades que corresponden al personal con derecho a racionamiento en dinero:
"1964 Eº 2.425.686
"1965 2.558.796
"1966 1.600.767
"1967 1.074.552
"4.- En, los datos proporcionados para los años 1968 y 1969, se encuentra incluida la Asignación de Alimentación de acuerdo al siguiente detalle:
"1968 Eº 2.186.270
"1969 10.203.000."
Dejo una copia a disposición del Honorable señor Altamirano, para que la pueda estudiar, si gusta.
El señor ISLA.-
Entregúele otra al Honorable señor Chadwick.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Con mayor razón, después de lo expresado por el Honorable señor Reyes, observamos que las cifras pueden prestarse a distintas apreciaciones.
Por eso, me parece que, antes de hacer afirmaciones tan contundentes como las que hemos oído, lo más lógico habría sido remitir al Ministerio de Hacienda las cifras entregadas por la Oficina de Informaciones, para establecer su compatibilidad y ver dónde, realmente, está la disconformidad que se produce.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Me permite, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Proporcionando cifras globales, he dicho que, a pesar de que el porcentaje correspondiente a la Defensa Nacional en el Presupuesto de 1964 ascendía a 10,3%, en el presente año es de 10%, y que las sumas destinadas a ese objetivo variaban, en términos redondos, para no hablar en cifras exactas, de 700 y tantos millones de escudos en 1964 a 1.200 y tantos millones de escudos en 1969. En cualquier momento puedo entregar, al Honorable señor Altamirano o a cualquier otro señor Senador que lo solicite, la certificación de esos montos, puesto que tengo plena confianza en los funcionarios que trabajan en la Dirección del Presupuesto. Lo que sí puede haber ocurrido es que la Oficina de Informaciones del Senado, a la que no discuto su calidad ni su mérito ni tampoco puedo discutirle sus cifras, no haya tenido a mano todos los antecedentes y explicaciones para llegar a determinado resultado. Por otra parte, el Honorable señor Altamirano sostiene que, si ha habido baja en el aporte presupuestario, es imposible que las remuneraciones hayan llegado a Los niveles expuestos por el Gobierno. Puedo expresar al señor Senador que es muy fácil llegar a tal conclusión si las cifras son falseadas. Según las del Ministerio de Defensa, previa ratificación del Ministerio de Hacienda, expresadas en sueldos vitales, resulta muy sencillo determinar la remuneración total que hoy día percibe un capitán y la que ese mismo oficial tenía en 1964.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor GARCIA.-
¿Me perdona que lo interrumpa, señor Ministro?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa, con la venia del señor Ministro de Hacienda.
El señor SILVA ULLOA.-
He estado escuchando con mucha atención lo expresado por el señor Ministro.
A mi juicio, todos los datos que se han proporcionado nada tienen que ver con la realidad, porque sólo se basan en las destinaciones presupuestarias, que pueden tener cualquier monto o incidencia en el total del Presupuesto. Pero eso a mí no me interesa. Lo que me interesa no está indicado en parte alguna: el gasto real de cada año, la inversión llevada a cabo en cada capítulo de la ley de Presupuestos, para poder determinar la relación que existe entre un año y otro.
Hay diferencia entre las asignaciones presupuestarias y la realidad. El Presupuesto parte de una hipótesis del todo irreal: que todos los cargos están ocupados en las Fuerzas Armadas. Sabemos que los hechos pueden ser del todo contradictorios con tales previsiones. Lo está demostrando, por ejemplo, el antecedente que ha permitido resolver, en la forma en que lo ha solicitado el personal, la situación del Servicio de Prisiones: con las economías que significa la circunstancia de haber numerosas vacantes en ese Servicio, se podrá financiar la bonificación de 900 escudos que se permite otorgar.
Por lo tanto repito, todos los datos proporcionados por el señor Ministro, derivados de las destinaciones presupuestarias, no tienen ningún valor.
Yo quisiera que se nos entregaran aquí cifras concretas del gasto real en remuneraciones de las Fuerzas Armadas, año por año, en moneda de un mismo valor, con el objeto de poder hacer comparaciones.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
El señor GARCIA.-
¿Me permite aclarar un poco más los conceptos?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No tengo inconveniente en conceder una interrupción a Su Señoría, pero antes deseo contestar al Honorable señor Silva Ulloa.
Quiero expresar al señor Senador que los datos que se dan hasta 1968 corresponden a gastos efectivos, no a cálculos presupuestarios. Naturalmente, los del año 1969 sí son cálculos presupuestarios; no puede ser de otro modo mientras no se conozca el balance de fin de año. Pero el Honorable señor Silva Ulloa puede estar seguro de que las cifras que se han proporcionado se refieren a gastos efectivos, tanto en inversión como en gasto corriente. No hay otras cifras. Dar otras sería falsearlas, indiscutiblemente, salvo que la comparación se hiciera igual.
El señor GARCIA.-
Quería hacerle dos preguntas al señor Ministro, pero una de ellas acaba de contestarla.
Me resta preguntarle si, cuando habla de enero de 1964 y se refiere al gasto de 338 millones señalado por el Honorable señor Reyes, considera el reajuste de 35% que se pagó en el mes de julio y el aumento de los quinquenios, cuya magnitud no recuerdo en este momento, que también se sumaron al gasto.
Si quiere ser bien exacto para determinar la situación de las Fuerzas Armadas al término del Gobierno anterior, el señor Ministro no debe tomar en consideración sus remuneraciones al 1° de enero, sino las que tenían a principios de noviembre. En el cálculo que hizo partió del 1° de enero y no del 4 de noviembre, que es el día del que debe partir.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El Honorable señor GARCIA se está refiriendo a otra materia. Yo estaba hablando de cifras globales exactas.
En cuanto al problema de las remuneraciones, a lo dicho por los Honorables señores OCHAGAVIA, Altamirano y GARCIA, lo primero que afirmé fue que las cifras que di son las proporcionadas por la Dirección del Presupuesto, comparadas año por año, sobre gastos efectivos. Son exactas para el Ministro de Hacienda mientras no se le demuestre lo contrario. Respeto, en todo caso, las cifras entregadas por la Oficina de Informaciones del Senado, de la que no tengo por qué dudar; pero pueden contener errores o defectos, por falta de los antecedentes necesarios de los que dispone el Ministerio, por ser su ramo para hacer comparaciones.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Me permite, sobre esto mismo?
Sólo quiero preguntarle cómo se compadece lo que acaba de afirmar el señor Ministro con el hecho de que el Servicio de Prisiones tenga una economía que permitirá dar el aguinaldo señalado aquí por un señor Senador.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Senador, Su Señoría no escucha o confunde las cosas. Digo que hemos comparado los gastos efectivos. Si no^ se llena una vacante, el gasto no se contabiliza. En lo relativo a 1969, dije que para este año sólo podíamos tomar las cifras presupuestarias, porque todavía no se ha realizado el gasto total. Mal puede entonces el señor Senador tomar como ejemplo el caso del Servicio de Prisiones. Está mal empleado.
Además, como lo demostré, en Prisiones, si bien había un excedente de un millón de escudos en el ítem "Sueldos", había un déficit de 900 mil escudos en el de "Sobresueldos". O sea, puede ocurrir que no se haya efectuado el gasto total en un ítem y que en otro haya un desembolso excesivo, de modo que deben compensarse. Para eso están los balances, verificados previamente por el Ministerio de Hacienda, y para eso está la Contraloría General de la República.
En cuanto al gasto en remuneraciones, en el primer cuadro que se entregó a las Comisiones unidas de Defensa y de Hacienda del Senado, y que figura en la página 10 del primer informe, se hace la comparación entre el 1º de enero de 1964 y el 1° de septiembre de 1969. No hay discusión. A pesar de no tener las cifras para dar una explicación en detalle, quiero exponer ante Sus Señorías algunos razonamientos, para demostrarles que esas cantidades no tendrían variación.
Las cifras están expresadas en sueldos vitales y, como sabemos, año tras año el sueldo vital se reajusta, por imperio de la ley, en el ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor. No hay otra variación. Y esa norma no se ha modificado desde 1964 hasta 1969.
Por otra parte, es efectivo que a las Fuerzas Armadas se les otorgó al personal activo; no confundamos en esto el quinquenio, que corresponde al pasivo un 35% de aumento a partir del 1° de julio de 1964. La inflación, al 31 de octubre, era de 47,5%; y el 31 de diciembre, transcurridos dos meses del ejercicio de este Gobierno, fue de 38,4%.
El señor CHADWICK.-
¿Cómo? ¿La bajaron? ¿O son términos distintos de comparación?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En los mismos términos, siguiendo con el mismo índice, en los meses de noviembre y diciembre bajó la tasa...
El señor OCHAGAVIA.-
Es lo normal.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
... a 38,4%. Por lo demás, lo digo sólo para demostrar una cosa, Honorable señor GARCIA: si el reajuste fue de 35% y la inflación de 38,4%, la expresión en sueldos vitales al 1° de enero de 1964 tendría que ser inferior en 3,4%; es decir, la recuperación real del poder adquisitivo que se dio al personal en actividad de las Fuerzas Armadas fue inferior en 3,4%. Por lo tanto, la expresión...
El señor GARCIA.-
Ese cálculo debe hacerse por meses.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Por lo tanto, la expresión en sueldos vitales no tiene mayor variación. Y aunque las cifras se dieran con mayor detalle y la comparación no fuera con las existentes al 1° de enero de 1964 o 1965, la situación no cambiaría.
Hay algo más, Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA, que no conviene olvidar: en 1964 se acordó un reajuste de 35%, pero sólo a contar del 1° de julio. Es decir, el Gobierno anterior se hizo responsable del pago de ese reajuste desde julio a noviembre. Al año siguiente, debió hacerse cargo del total de ese reajuste, duplicado ya que se había dado por un solo semestre, la actual Administración, que tuvo que entrar a corregir, en materia de remuneraciones, el vicio de postergar su reajuste para los dos tercios de la Administración Pública.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Y los reajustes especiales?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Los reajustes especiales son distintos de los generales, señor Senador.
A dos terceras partes de la Administración Pública se les pagó el reajuste a mitad de año, y ni siquiera por el ciento por ciento del alza del costo de la vida.
El Gobierno del Presidente Freí debió regularizar ese sistema de reajuste: en 1965 anticipó su pago para el mes de mayo y lo puso al día el 1° de enero de 1966. En esa forma, se logró realmente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, otorgándoles el reajuste por año completo y no por parcialidades.
Por eso, me parece que las cifras expuestas, aun con las observaciones del Honorable señor Altamirano y las dudas que pueda haber, son perfectamente demostrables, y que está en la razón la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Los datos suministrados demuestran que este Gobierno ha incrementado en proporción considerable, en términos reales, los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. He señalado que, a pesar de mantenerse el porcentaje de 10,3% en 1964, la suma adicional entregada en moneda de un mismo valor señala una diferencia: la que emana de la comparación entre 700 y tantos millones y 1.200 y tantos millones. No tengo las cifras exactas en este momento.
Por otra parte, debo decir al Honorable señor Altamirano, en lo relativo a la confrontación histórica que ha hecho desde 1950, que efectivamente en algunos años, sobre todo en el primer período, el porcentaje destinado a las Fuerzas Armadas fue muy alto. Pero ello se debe a que en esa época se consideraba dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas todo el gasto de su previsión, que este año excede los 540 millones de escudos.
Hasta 1960 se consideraba la previsión para los efectos del cálculo del porcentaje de participación de las Fuerzas Armadas en el Presupuesto. Ese año se eliminó la consideración de todo pago previsional para dicho cálculo y, por eso, disminuyó en apariencia el porcentaje de participación de los Institutos Armados. Si los señores Senadores observan los guarismos desde 1960 en adelante, apreciarán una baja importante, pero ella se debe a la medida expuesta, de carácter contable. Si volviéramos al sistema en boga antes de 1960, para considerar los gastos previsionales dentro del cálculo del porcentaje que correspondía a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto de la nación, sería muy conveniente para el Gobierno, porque, como dije aquí en la Sala, las sumas destinadas a gastos previsionales son mayores en 1969, en comparación con 1964. Según las cifras de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, entregadas en la Comisión y expuestas aquí por el Honorable señor Carmona, en 1964, en moneda nominal, se pagaban 94 millones de escudos por concepto de previsión; en tanto que, en 1969, el desembolso total de tipo previsional imposiciones, desahucios y otros beneficios, excluyendo la Caja de Carabineros, asciende a una suma del orden de los 440 millones de escudos. Cualquier deflactación de estas cantidades no alteraría el cálculo porcentual de la participación de la Defensa Nacional en la ley de Presupuestos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se va a suspender la sesión.
El señor ALTAMIRANO.-
Antes de suspenderla, quiero solicitar al señor Ministro algunos datos, con el objeto de que tenga el tiempo suficiente para requerirlos.
Yo di a conocer las cifras globales que se destinan a las Fuerzas Armadas para cumplir sus funciones profesionales y en términos generales. Además, pedí insertar un cuadro que contiene las cifras totales destinadas a las Fuerzas Armadas para cumplir sus fines profesionales propiamente tales. Por último, me referí a otro cuadro que consigna las cifras destinadas a remuneraciones desde 1961.
Solicito al señor Ministro de Hacienda traer las cifras globales, ya que persiste en hacer comparaciones con el Gobierno anterior, tema que no me preocupa mayormente, aunque en él se ha radicado el problema. Me interesan las cifras globales, en valores constantes: lo que se asigna a las Fuerzas Armadas en términos generales y por concepto de remuneraciones, desde 1958 hasta 1969, con el objeto de hacer una comparación.
No me cabe la menor duda de que tal comparación demostrará que es efectivo lo dicho por el señor Ministro: que con relación a 1964 hay un aumento en las remuneraciones de los personales activo y pasivo; pero con respecto a los años anteriores no sólo no se observa aumento, sino que hay un deterioro.
En consecuencia, no podemos tomar como referencia un solo año, sino el conjunto de ellos.
Para establecer quién tiene la razón, es necesario que el señor Ministro traiga las cifras globales, ya que hasta ahora no lo ha hecho. Sólo ha dado antecedentes respecto de lo que gana un capitán o un coronel.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Ruego al señor Senador que, por conducto de la Secretaría, especifique claramente lo que desea y me envíe los cuadros estadísticos que me servirán de base para trabajar. No tengo inconveniente en verificar esas cifras y entregárselas. Ahora no podría comprometerme a ello, porque pasaré todo el día en el Senado.
El señor ALTAMIRANO.-
Pero el señor Ministro no hace los cálculos: lo realizan los funcionarios del Ministerio.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Efectivamente, pero debo revisarlos, porque no puedo permitir que salgan del Servicio sin haberlos comprobado.
Reitero que no tengo inconveniente en hacerlos llegar a la Secretaría del Senado.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se suspende la sesión por dos horas.
-Se suspendió a las 13.2.
-Se reanudó a las 15.
El señor PABLO ( Presidente).-
Continúa la sesión.
Ruego a los señores Comités pasar a la sala de la Presidencia del Senado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió a las 15.
-Se reanudó a las 15.15.
El señor PABLO ( Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, supongo que ésta es la mejor hora para expresar nuestro pensamiento sobre el artículo 1º del proyecto esencialmente, respecto del inciso primero, que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. O sea, se trata de las facultades que el Jefe del Estado solicita, mediante esta iniciativa, para resolver el problema de las rentas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Hemos expresado nuestro criterio en reiteradas oportunidades. No obstante, deseamos repetir de manera breve nuestra opinión política acerca del problema, que en el transcurso del debate podremos ratificar, si es necesario.
En las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda dijimos, en primer lugar, que no estábamos de acuerdo con el artículo 1° particularmente, con el inciso primero, que otorga facultades al Primer Mandatario. Basamos nuestra oposición en un motivo aparentemente simple, pero que para nosotros tiene importante validez.
Aun cuando el problema suscitado en las Fuerzas Armadas que motivó el envío al Congreso de la iniciativa en discusión es de la responsabilidad del Gobierno, concretamente del Presidente de la República, sus implicancias y consecuencias no alcanzan sólo al Ejecutivo, sino que éstas llegan, o pueden llegar, a todos los sectores, sobre todo lo creemos así a los grupos organizados del pueblo.
Sobre tal base, estimamos que un proyecto de esta naturaleza y la decisión de resolver el problema de las Fuerzas Armadas motivado en sus necesidades profesionales de desarrollo deben ser discutidos de manera abierta, franca, pública.
Algunas enseñanzas debemos sacar de los hechos y de la historia El de los Institutos Armados no puede ser considerado como problema tabú, al margen del conocimiento del pueblo. En la medida en que los problemas generales y particulares; de cualquier orden sean tratados y conocidos en forma abierta y franca, ante la opinión ciudadana, sólo en esa medida se podrán crear la conciencia y la fuerza necesarias en el pueblo, a fin de que éste imponga las soluciones verdaderas, las que realmente interesan a nuestro país, a la clase obrera.
Por desgracia, la proposición del Ejecutivo de resolver el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros mediante el otorgamiento de facultades especiales no contiene nuestra idea, que para nosotros es capital, decisiva, de primera importancia. Por lo tanto, la situación, si concedemos las referidas facultades, será resuelta por el Jefe del Estado, en los círculos estrechos y cerrados del Gobierno. Considerando las implicancias políticas del proceso que estamos viviendo, no nos parece que esa solución sea la mejor, la más adecuada.
Por eso, expresamos nuestra opinión en el sentido de que el Congreso Nacional debía conocer un proyecto directo, susceptible de ser debatido, con todos los inconvenientes que una situación de esta naturaleza pudiera tener. A nuestro juicio, tales dificultades son mucho menores que las que puede crear el hecho de no tratar el problema en forma directa, con el conocimiento de la gran masa ciudadana de nuestro país. No podemos entregar en el fondo, no es otra cosa un voto de confianza al señor Presidente de la República, para que él resuelva la situación según su criterio.
Además, en el transcurso de este proceso, por desgracia, no hemos visto una actitud trato de medir mis palabras que refleje una responsabilidad plena por parte del Ejecutivo acerca del problema que afecta a las Fuerzas Armadas.
En las Comisiones Unidas tuve oportunidad de señalar que la situación se planteó ya cuando dejó de ser Ministro de Defensa el actual Senador señor Carmona y le sucedió en la Cartera el General señor Tulio Marambio. También expresé el hecho es de conocimiento público que este Secretario de Estado, cuando asumió su cargo, debió trasladarse a escuelas, a cuarteles, a provincias, para participar en asambleas organizadas y llevadas a cabo por uniformados, quienes plantearon de ese modo insólito en las prácticas de nuestra nación, por lo menos en los últimos años determinado tipo de problemas, que, según se ha sabido, ese Ministro se comprometió a resolver.
Eso ocurrió es del dominio público hace más de un año. En el transcurso de «se tiempo, habiendo manifestado las Fuerzas Armadas su inquietud respecto de numerosos problemas entre ellos, el de sus remuneraciones, ellos no fueron abordados de manera concreta, A nuestro juicio, el Gobierno no los resolvió adecuadamente.
El proceso continuó el 21 de octubre con el surgimiento del hecho comentado aquí por algunos señores Senadores, donde las Fuerzas Armadas expresaron en forma pública la determinación de resolver el problema.
Entonces, si ese hecho no fue casual ni fortuito; si la situación ocurrida en el regimiento Tacna, de la que fue principal protagonista el General Viaux, no correspondió a una singularidad, a un hecho aislado, a un problema específico planteado sólo en ese instante, sino a una situación que no comenzó en el Tacna ni terminó allí, nosotros tenemos derecho a preguntarnos: ¿con qué responsabilidad, de qué manera, bajo qué formas, qué métodos se están utilizando para dar respuesta a la inquietud hecha presente por las Fuerzas Armadas respecto de sus remuneraciones?
Como este proceso viene produciéndose desde hace más de un año, nosotros debemos llegar a una conclusión, que es producto de los acontecimientos y no de una simple interpretación subjetiva o del hecho de que estemos confundiendo nuestros deseos con la realidad: el proceso objetivo, la situación real, el desarrollo de los acontecimientos, nos está indicando que no podemos confiar en que el Presidente de la República, al obtener las amplias facultades que ha solicitado para resolver el problema, las utilice en forma adecuada, de una manera que interprete los intereses en juego, que por supuesto no son sólo económicos, sino, sobre todo, políticos.
Por tales razones hemos señalado que preferimos un proyecto directo, concreto. Sobre esa base, los Diputados comunistas votaron en la Cámara en contra del artículo 1°, específicamente de su inciso primero. Los Senadores de estas bancas procederemos del mismo modo. Al votarse en forma separada los diversos números que figuran a continuación en el artículo 1° en el fondo, son normativos respecto de las facultades concedidas en virtud de esa disposición, nos pronunciaremos a favor, porque ellos restringen en cierto modo dichas facultades. No obstante, el contenido del artículo 1° quedará en pie, pues lo sustancial del problema es la referida concesión de facultades.
En las Comisiones Unidas tuvimos conocimiento de que en mayo de este año estaba en estudio un proyecto de reajustes para las Fuerzas Armadas. Pero hemos llegado a la discusión de esta iniciativa en el Senado, y la verdad de las cosas es que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda también concurrieron al debate habido en las Comisiones han hecho presente que no tienen resuelto el problema; que, en la práctica, el estudio continúa, y que no existe a esta altura una iniciativa concreta.
Esto, como lo expresamos en las Comisiones, nos parece realmente grave: hace más de un año y medio que se planteó el problema; se contrajeron determinados compromisos; en mayo del año en curso comenzó a ser estudiada la iniciativa; se han suscitado los hechos que todos conocemos, y hasta el momento no se sabe qué camino se tomará para resolver la situación.
Creo que lo anterior abona nuestra posición en el sentido de que es inadmisible otorgar facultades al Jefe del Estado, al Gobierno del señor Frei, para que resuelva un problema que no ha sido capaz de solucionar hasta la fecha.
Además, a nuestro modo de ver, se plantea la siguiente cuestión. Estimamos que en este proyecto y no en otro debe abordarse la solución concreta de las dificultades que, respecto de sus remuneraciones, agobian a las Fuerzas Armadas. Aquí se plantea una solución que, según los señores Ministros de Defensa y de Hacienda, podrían ser tres. Se trata de diversas alternativas, y no ha habido pronunciamiento concreto acerca de ninguna de ellas; no se ha dicho si se va a seguir el primer camino, el segundo o el tercero. Por lo tanto, en este momento desconocemos el criterio del Gobierno para abordar la solución concreta del problema planteado. Sabemos sí que existe interés por resolverlo.
En el proyecto en debate, que otorga facultades al Presidente de la República, se propone un financiamiento que, según opinión de los Ministros de Estado, de los personeros de Gobierno y, por cierto, de los Senadores de Oposición, no alcanza a cubrir siquiera la alternativa mínima señalada por el Ejecutivo, cuyo costo asciende a 800 u 850 millones de escudos-Inicialmente, los recursos totales consignados en el proyecto del Gobierno no superaban los 230 millones de escudos, cantidad elevada en la Cámara de Diputados a más o menos 350 millones de escudos. El Senado, con la opinión favorable de los parlamentarios del partido de Gobierno y de los Ministros, disminuyó esa suma a 250 millones de escudos. El Honorable señor Valente me anota que la cifra verdadera es de 210 millones de escudos. Estos recursos, como dije, están muy lejos de constituir un total financiamiento de la mínima solución propuesta.
El señor IRURETA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MONTES.-
Una vez que termine mi idea, con mucho gusto.
El problema consiste en otorgar una solución concreta mediante una proposición de ley que disponga un financiamiento total, a fin de que la situación que afecta a nuestras Fuerzas Armadas sea superada en este momento. No debemos esperar que en las leyes de presupuestos y de reajustes futuras se incluya el financiamiento necesario, porque ello significaría atomizar la solución del problema. A mi juicio, el Ejecutivo es enteramente responsable de resolverlo de una manera clara, abierta y total.
Concedo una interrupción al Honorable señor Irureta
El señor IRURETA.-
Deseo hacer un alcance a las observaciones del Honorable señor Montes relativas al financiamiento del proyecto.
Los recursos consignados en el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados sumaban 355 millones de escudos, incluidos en esta cifra los 100 millones de escudos por concepto de impuesto al cobre. Es efectivo que ese tributo fue suprimido por las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional del Senado. Asimismo, entiendo que se crearon otras fuentes de financiamiento; por ejemplo, el aumento a 35% del impuesto a las sociedades anónimas sugerido por el Honorable señor Ballesteros. El referido reemplazo de tributación deja a la iniciativa con recursos cercanos a los 380 millones de escudos, de modo que el financiamiento que ahora consigna la iniciativa es superior al aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor BALLESTEROS.-
Deseo corroborar las afirmaciones del Honorable señor Irureta.
En verdad, por el solo concepto de alzar la tributación de las sociedades anónimas, de 30% a 35%, idea aceptada por las Comisiones unidas, se da al proyecto un mayor financiamiento de más o menos 70 millones de escudos. Es decir, en relación con el aporte, no con el impuesto, de los 100 millones de escudos provenientes de la tributación del cobre, se produce un déficit de 30 millones de escudos, que fue cubierto con creces mediante una serie de impuestos adicionales. Así, la tributación de las regalías y de los "royalties" se aumentó, de 50%, cifra aprobada por la Cámara de Diputados, a 80%.
El señor VALENTE.-
Ese es un rubro de menor rendimiento.
El señor MONTES.-
¿Me permite recuperar el uso de la palabra?
El señor BALLESTEROS.-
Por concepto de aumento de las tasas fijas de la ley de Timbres y Estampillas se produce un mayor rendimiento de 60 millones de escudos.
Deseaba hacer estas observaciones para aseverar hechos, sin entrar realmente en la argumentación que está haciendo el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
No quiero ocuparme de manera detallada en el problema, porque el fin de mi argumentación es otro.
Para mí, es válido el aserto de que el Senado, a proposición del partido de Gobierno, disminuyó el financiamiento que figuraba en el proyecto de la Cámara. Como señala el Honorable señor Ballesteros, es efectiva la creación de otros impuestos. Apoyamos esas iniciativas en el caso concreto de la mayor tributación de las sociedades anónimas. Pero todo ello no alcanza siquiera a compensar la pérdida sufrida.
Además, se aprobó una indicación formulada por el Honorable señor Valente, en representación del Partido Comunista, para derogar la devolución de impuestos a los exportadores, o "drawback". La aprobación de esta idea, surgida en nuestras filas y por cierto apoyada por todos los partidos de Izquierda, y entiendo que también por algunos Senadores democratacristianos, significa, de acuerdo con algunos datos, un ingreso de 265 millones de escudos anuales y, según otros, de 220 millones de escudos. Confío en la veracidad de la primera cifra, no sólo por el hecho de ser más alta, sino también por haber sido la suma señalada por don Radomiro Tomic cuando fue proclamado en el teatro Caupolicán como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano. Debo estimar como verdadera esta cifra por venir de un hombre de Gobierno, quien, para darla, debió estudiar con seriedad el problema.
En vista de lo anterior, las posibilidades económicas de la iniciativa, respecto de la aprobada por la Cámara, han aumentado, pero repito, y éste es el fondo de mi argumentación, en ningún caso este financiamiento alcanza siquiera a cubrir la mitad, o un poco más de la tercera parte, de lo que se necesitaría para cubrir los gastos que demandaría la solución mínima.
El procedimiento empleado, que reprobamos, no es el adecuado para lograr la solución integral, incluida en ella, por cierto, el financiamiento. Ella debió haber sido propuesta en esta iniciativa. Esperar uno o dos meses más con el fin de proponer determinadas suplementacicnes en el Presupuesto General de la Nación o nuevos impuestos en la ley general de reajustes, retrasa y diluye la solución del problema.
Y estarnos pisando un terreno que, por información de cada cual, no es el más normal. Eso mismo indica la necesidad de afrontar de manera mucho más responsable la situación.
En cuanto a las remuneraciones del personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado ha actuado sobre una base política, a nuestro juicio, enteramente contraria a lo que debe ser una solución adecuada del problema. Estamos convencidos de que en esta iniciativa se ha seguido una línea similar a la que se tuvo, por ejemplo, para modificar nuestra Carta Fundamental. Cuando las reformas constitucionales fueron discutidas en la Cámara de Diputados en nuestro concepto de una manera extraordinariamente inoportuna, se adoptó una solución política acordada por el partido de Gobierno y la Derecha de este país. Pensamos que el criterio apelado en las reformas constitucionales aun no ratificadas por el Congreso Nacional indica un camino contrario al que debería seguirse en este tipo de materias, error en que nuevamente ha incurrido el Gobierno frente a este proyecto.
Llamamos la atención en algún grado tenemos la responsabilidad de señalarlo sobre el hecho de que ese camino sólo conduce al despeñadero, a aplicar en la solución de los problemas fundamentales una política de Derecha que en Chile no tiene destino, porque ha sido probada en infinidad de ocasiones y la vida le ha dicho que no. Algunos han pretendido demostrar que ella ha triunfado o que tiene posibilidades de victoria. Pero una vez más la realidad ha comprobado algo muy distinto.
Ante un problema tan importante como el que estamos examinando, que no es fortuito ni secundario, sino producto de un hecho, se insiste repito en caminar por un sendero que no conduce a una solución definitiva, sino, por el contrario, a un agravamiento de la situación. Y como nosotros, así como cada partido aquí representado, alguna responsabilidad tenemos en el curso de los acontecimientos políticos de nuestro país y en el porvenir de nuestra patria, queremos destacar, de manera muy clara, que no nos responsabilizamos de los pasos que se están dando ni de la línea que se insiste en continuar por parte del Gobierno.
Hemos formulado nuestras opiniones públicamente. Ellas son muy claras para señalar que nuestro rechazo a las facultades solicitadas por el Presidente de la República está determinado de manera concreta por nuestra propia visión política de los acontecimientos y por el hecho de estimar equivocado el camino de buscar una posible solución a puertas cerradas, a espaldas, inclusive, de la gran masa de los propios interesados en el problema. Ese procedimiento puede ser suicida, en vista de las actuales condiciones del país. Actuar de modo equívoco, poco claro ante la situación, que no sólo afecta al Gobierno, únicamente es facilitar la aplicación de una tendencia, una línea y una política que no favorecen a los intereses populares.
Por las anteriores consideraciones, rechazaremos el artículo 1°, concretamente su primer inciso, que contiene las facultades solicitadas por el Presidente de la República. No tenemos confianza en que ellas sean bien empleadas. Estimamos que éste es un camino errado y que es absolutamente indispensable proceder de la manera que señalo, aplicando un criterio diverso del que se pretende imponer mediante el proyecto en discusión. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la probable mayoría que permitirá otorgar las facultades, hemos renovado indicación para suprimir dicho artículo y reemplazarlo por otro, como consta en él documento que obra en poder de la Mesa con las firmas reglamentarias. Lo hacemos porque no deseamos incurrir en aquello de negar, simplemente, sin proponer al mismo tiempo soluciones concretas.
Numerosos señores Senadores hemos propuesto algunas modificaciones que nos parecen esenciales. Consideramos que los recursos son reducidos; pero creemos, también, sobre todo con relación al financiamiento y a la justicia que debe hacerse a determinados sectores de las Fuerzas Armadas, que es indispensable, por lo menos, escuchar una voz que haga una proposición concreta en un artículo determinado.
Hemos manifestado que nuestra aspiración, la idea que tenemos de la solución del problema, es que el total de las remuneraciones imponibles percibidas por el personal en servicio activo sea refundido en un solo rubro básico, expresado en sueldos vitales. A nuestro juicio, esto acerca extraordinariamente la solución del conflicto. Por tal motivo, hemos presentado indicación al respecto.
El señor JEREZ.-
Hemos presentado.
El señor MONTES.-
En verdad, la observación del Honorable señor Jerez es absolutamente adecuada. Al decir "hemos presentado", no pretendo señalar que lo hayamos hecho sólo los Senadores comunistas, sino numerosos sectores de Izquierda. Concretamente, en este caso, el Honorable señor Jerez también ha patrocinado la indicación en referencia.
Hemos formulado, además, otras dos importantes indicaciones con el objeto de elevar el financiamiento del proyecto de manera sustancial, evitando que el peso del mismo recaiga de manera directa o indirecta en la masa de consumidores, en el pueblo, en los trabajadores. Por tal motivo, no estuvimos de acuerdo con determinadas fórmulas para allegar recursos.
Por esta misma razón, renovamos una indicación, que está en poder de la Mesa, en virtud de la cual los socios extranjeros de las empresas de la gran minería del cobre estarán obligados a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso de doscientos millones de escudos, cantidad que deberá ser integrada en arcas fiscales antes del 30 de junio de 1970. El servicio de la deuda comenzará a partir del 1° de enero de 1975, en las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda.
Igualmente, formulamos indicación para suspender, a contar del 1° de enero del próximo año y hasta el 31 de diciembre de 1973, el servicio de la deuda externa contraída por el país. En virtud de nuestra proposición, se autoriza al Presidente de la República para pactar la consolidación de dicha deuda, la que empezará a servirse en las nuevas condiciones a contar del 1° de enero de 1974.
Según nuestros antecedentes, la primera de estas disposiciones producirá un rendimiento anual no inferior a 97 millones de dólares, y la segunda, de no menos de 900 millones de dólares al año. Comprendemos las implicancias políticas, de comercio exterior, de relaciones internacionales y todo aquello que pueda argüirse con relación a la conveniencia o inconveniencia de la indicación, por ejemplo, relativa a la consolidación de la deuda externa. Pero ella no es producto sólo de una improvisación. No la hemos redactado hace una hora. Es fruto de una idea pensada, pues estamos absolutamente convencidos de que el enfrentamiento de los grandes y serios problemas políticos del momento, que tienen una raíz económica muy clara, requieren, necesariamente, de una actitud decidida. Si esas actitudes no se adoptan, si se decide seguir el otro camino, cada cual repito expresará esa responsabilidad en la forma de votar y abordar la situación. Por lo que a nosotros nos toca, lo haremos de la manera más clara y nítida posible, pues estimamos que es nuestra responsabilidad hacerlo y porque, a nuestro juicio, la fórmula que hemos señalado es la que posibilita una solución real a la situación planteada.
Esto es todo por el momento, señor Presidente.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En la discusión general de este proyecto tanto el Honorable señor Miranda como el Senador que habla manifestamos el pensamiento de nuestra colectividad en el sentido de que estamos dispuestos al despacho de una iniciativa de esta naturaleza en virtud de las misérrimas rentas que perciben las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Pero no deseamos abordar el problema por la vía de conceder facultades extraordinarias. Los tres últimos regímenes se han desplazado por este camino y las han solicitado, y la experiencia nos indica que en la práctica, ellas no han resultado una solución conveniente. Se concedieron atribuciones especiales en los Gobiernos del señor Ibáñez y, posteriormente, del señor Jorge Alessandri, para abordar materias concernientes a las Fuerzas Armadas de la República. Durante la actual Administración, se otorgaron facultades extraordinarias en 1966, mediante la ley N° 16.466, y el año recién pasado, en virtud del artículo 17 de la ley N° 16.840.
Pues bien, la aplicación de tales facultades no ha interpretado el sentir del Congreso Nacional. Por eso, los Senadores de estas bancas creemos que en esta ocasión habría sido, y es, más conveniente entrar directamente al análisis de un proyecto estudiado en la forma adecuada, como se ha hecho con muchas otras iniciativas destinadas a aumentar las remuneraciones tanto del sector público como de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Tengo a la mano una lista de las diversas leyes relacionadas con el mejoramiento económico de nuestros Institutos Armados que se han aprobado a partir de 1939. Es una larga enumeración que incluye una serie de leyes despachadas con el concurso directo del Parlamento. Por este motivo, no consideramos conveniente hacer una nueva excepción y entregar otra vez facultades extraordinarias al Presidente de la República.
Deseo aprovechar la oportunidad, ya que antes no tuve ocasión de hacerlo, para analizar un escrito presentado hace algunos días ante la Corte Marcial por el señor Osear Fenner, ex miembro de dicho Tribunal y de las Fuerzas Armadas. El señor Fenner señaló que el período que va desde 1933 a 1964 "se caracteriza por la tendencia a reducir el presupuesto castrense, restándose con ello importancia a. las funciones del personal y, por ende, a la preparación de la Defensa Nacional. Es de toda justicia anotar que en las postrimerías del sexenio 5864" seguramente, recordó en ese instante que era entusiasta partidario del candidato de los sectores de Derecha "se hicieron adquisiciones que por razones obvias no se especifican..."
Al respecto debo señalar que en las más directas responsabilidades de gobierno asumidas por el Partido Radical deseo referirme a la época del ex PresidenteAguirre Cerda, nuestra colectividad estuvo atenta para dar las remuneraciones adecuadas a las Fuerzas Armadas. En todo instante se trató de que ellas, como asimismo, Carabineros e Investigaciones, tuvieran rentas protegidas del alza del costo de la vida y de acuerdo con sus anhelos de mejoramiento económico.
Tengo a la vista las cantidades destinadas a remuneraciones de estos personales en las distintas leyes de Presupuesto a partir desde 1939. Por ejemplo, veo que en el Presupuesto de 1940 los recursos destinados a los sueldos fijos de la Subsecretaría de Guerra ascienden a 65.527.800 pesos, cantidad que casi se duplica en el Presupuesto de 1941, cuando llega a 116.811.410 pesos. Respecto de la Subsecretaría de Marina, los recursos de 1940 ascienden a 58.140.920 pesos, en tanto que en 1941 llegan a 107730.682 pesos. Y en cuanto a la Subsecretaría de Aviación, varían de 15.032.100 pesos en 1939, a 28.031.720 pesos, en 1941.
Más adelante, observo otras cantidades que, indiscutiblemente, reflejan un aumento de las remuneraciones de este personal. Así, por ejemplo, en la ley de presupuestos de 1950, tenemos que de un total aproximado de 298.000.000 de pesos, en el año siguiente los recursos ascienden a 641 millones para la Subsecretaría de Guerra. En cuanto a la Subsecretaría de Marina, suben de 325.000.000 a 724.000.000, es decir, más que se duplicó. Por último, los recursos de la Subsecretaría de Aviación varían de 126.123.412 a 247.540.620 pesos.
Para no restar más tiempo al Honorable Senado, ya que todos los sectores de la Corporación estamos interesados en que el proyecto sea despachado a la brevedad posible y llegue a convertirse rápidamente en ley de la República, ruego al señor Presidente recabar el acuerdo necesario para agregar estos datos al texto de mi intervención.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del Honorable señor Aguirre.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:
.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Para desvirtuar las aseveraciones del Honorable señor Fenner y le digo Honorable por su calidad de ex Ministro de la Corte Marcial, debo recordar que, por ejemplo, en el Gobierno del Presidente Aguirre Cerda se dictó la ley Nº 7.144, que creó el Consejo Superior de Defensa Nacional, estableció sus funciones y atribuciones y autorizó al Presidente de la República para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera, destinadas a la defensa del país. Dicha ley consignó recursos que permitieron a la Marina Nacional construir dos cruceros que en estos momentos son las principales unidades de la Marina Nacional.
El señor PALMA.-
¿Construir?
El señor CHADWICK.-
No sea tan purista, Honorable señor Palma.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
La ley 7.144 autorizó al Presidente de la República, textualmente, "para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera".
De todos modos, agradezco la rectificación verbal, dado el buen castellano de Su Señoría, cosa que nadie discute.
La ley 7.160 establece un impuesto extraordinario sobre las ventas de barras de cobre, destinado a conceder mayores posibilidades a la defensa nacional; la 7.161, promulgada durante la Vicepresidencia de la República de Jerónimo Méndez, fijó normas sobre reclutamiento, nombramiento y ascensos del personal de los Institutos Armados.
Asimismo, podría citar que durante el mandato presidencial de don Juan Antonio Ríos, segundo Presidente radical, se aumentó el sueldo base del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y también se estableció la pensión perseguidora para los jefes de las Fuerzas Armadas. Con posterioridad, la ley 10.343, extendió el beneficio a los suboficiales mayores de la Defensa Nacional.
Solicito al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para insertar en el texto de mi discurso algunos antecedentes que confirman y amplían lo que estoy sosteniendo.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar los documentos a que se refirió el señor Senador.
Acordado.
Los documentos cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente:
"Oficina de Informaciones.
Nº 2.689. Santiago, 29 de octubre de 1969.
"Honorable Senador:
En respuesta a la petición de Su Señoría, relacionada con una nómina de las disposiciones legales que, sobre mejoramiento de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, se han dictado desde 1938 a la fecha, me permito transcribirle, a continuación, una lista que, sobre la materia, ha remitido a esta Oficina el señor Contralor General de la República:
Agrega, además, el señor Contralor, que "atendida la complejidad del sistema remuneratorio de las Fuerzas Armadas, se han incluido en esta nómina todas las normas legales que se refieren a remuneraciones y aquellas que han significado fijación de Plantas de la Institución, o modificación de las mismas."
LEY Nº 7.144
(5 de enero de 1942)
"Crea el Consejo Superior de Defensa Nacional; funciones y atribuciones; autoriza al Presidente de la República para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera, destinadas a la defensa nacional, fijando, para este objeto, como total de los empréstitos la suma de...
"Artículo 4º.- Los recursos que produzca la presente ley se destinarán exclusivamente al pago de las adquisiciones, construcciones, reparaciones y fabricaciones retenidas y al servicio de los empréstitos, créditos y anticipos autorizados en el artículo anterior, en la forma y condiciones que establece el artículo 5º de la presente ley.,
"Los Ministros de Estado o funcionarios que dieren a los fondos creados por esta ley una aplicación distinta a la que ella establece, serán solidaria y personalmente responsables de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.
"Artículo 5°.- El Consejo Superior de Defensa Nacional dará la siguiente inversión a los fondos depositados en las cuentas de la Caja de Amortización:
"a) Reservará anualmente en moneda extranjera o en oro metálico una suma no inferior a dos millones y medio de dólares, a fin de formar un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de cruceros, mientras no se contrate la construcción de éstos o los empréstitos destinados al mismo fin.
"Desde el momento que se contrate la construcción o adquisición de cruceros, todos los fondos acumulados con arreglo al inciso anterior, se destinarán a pagos o anticipos de los mismos y la reserva en moneda extranjera que se siga haciendo en lo sucesivo corresponderá a la suma necesaria para cumplir los contratos de compra o construcción, o para el servicio de los empréstitos o créditos contratados con el mismo objeto;
"b) Reservará anualmente también en moneda extranjera o en oro metálico, la suma necesaria para cancelar la adquisición de los otros elementos necesarios para la defensa nacional o para atender el servicio de los empréstitos o créditos contraídos para la adquisición de este mismo material;
"c) Destinará el saldo disponible a los demás fines de la defensa nacional autorizados por el artículo 3º de la presente ley, o a otros gastos de las Fuerzas Armadas, siempre que no sean sueldos o remuneraciones del personal, ni gastos ordinarios que deban figurar en el Presupuesto General de Gastos de la Nación; y "d) Destinará anualmente, y durante seis años, la cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000) para el servicio de la Línea Aérea Nacional con fines de construir los aeropuertos y comprar material para la ampliación" de sus servicios de acuerdo con los planes que el propio Consejo Superior de Defensa Nacional determine."
"LEY Nª 7.160
"Establece un impuesto extraordinario sobre la renta que pagarán los establecimientos que produzcan cobre en barra.
(Publicada en el Diario Oficial Nº 19.167, de 21 de enero de 1942).
"Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
"Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Establécese un impuesto extraordinario sobre la renta, que pagarán los establecimientos que produzcan cobre en barra mediante el beneficio de minerales o concentrados de dicho metal.
"Este impuesto será el cincuenta por ciento (50%) de la mayor renta imponible que obtengan dichos establecimientos y que provenga de cualquier aumento en el precio de venta de su cobre en exceso sobre un precio básico de diez centavos de dólar por libra de cobre electrolítico, o de nueve tres cuarto centavos de dólar por libra de cobre fire refined, o de nueve cinco octavos centavos de dólar por libra de cobre Bessemer, según el caso, puesto a bordo vapor en el puerto de Nueva York.
"El impuesto no será inferior a uno un cuarto centavos de dólar por libra de cobre vendido, salvo que la mayor renta obtenida fuere inferior a uno un cuarto centavo de dólar por libra, en cuyo caso el impuesto será igual a la mayor renta íntegra.
"La mayor renta que reciban los productores y que provenga de cualquier aumento de precio sobre los ya referidos no estará afecta a ningún otro impuesto y se descontará de la renta imponible para los efectos de aplicar los impuestos sobre la renta.
"Para los efectos de lo establecido en el artículo 20, letra c), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el impuesto extraordinario que se establece por la presente ley será considerado como una contribución especial de fomento o mejoramiento.
"Para los establecimientos que produzcan menos de veinte mil toneladas anuales, este impuesto extraordinario se aplicará solamente sobre la mayor renta imponible que ellos perciban por el aumento de precio de venta del cobre en barras, puesto a bordo vapor en New York en exceso sobre el que hubieren obtenido con anterioridad al 1° de enero de 1942, sin considerar el mínimum que establece el inciso 3º de este artículo.
"Artículo 2º.- El producto de este impuesto será entregado por la Tesorería General de la República a la Caja Autónoma de Amortización, que lo depositará en una cuenta especial, mientras se determine por una ley su destino o inversión, sobre la cual no se podrá girar ni aun por decretos de insistencia.
"Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para que pueda ceder a los importadores autorizados para el efecto por la Comisión de Cambios Internacionales la moneda extranjera que produzca el impuesto establecido en el artículo 1º. El producto de estas ventas ingresará a la cuenta especial que se consulta en el artículo anterior.
"Artículo 4º.- Por exigirlo el interés nacional se autoriza al Presidente de la República para que pueda hacer obligatorio el retorno de las exportaciones de materias primas nacionales, en materiales o mercaderías elaborados con dichas materias primas, en una proporción que no exceda del veinte por ciento (20%) de las mismas.
"Para la aplicación de estas disposiciones se procederá en la forma prevista por la ley 5.107, y el artículo 2º del decreto ley 646, de fecha 23 de septiembre de 1932, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones establecidos por dichas leyes.
"Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción, creada por ley 6.334, que, con sus modificaciones se encuentra refundida en la ley 6.640, calificará los precios y calidades de las especies retornadas en la forma que determine el Reglamento.
"Podrá también intervenir directamente en las adquisiciones, a requerimiento del Presidente de la República.
"Artículo 6º.- En todo caso, las empresas exportadoras de minerales de cobre reservarán para las necesidades de consumo interno de las industrias nacionales, que fije el Presidente de la República, el metal en barras, electrolítico, standard y blister que esas industrias necesiten.
"Para determinar el precio del cobre a que se refiere el inciso anterior no se tomarán en consideración los gastos de transporte que se efectúen fuera del territorio nacional.
"Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir desde el 1º de enero de 1942.
"No obstante, los productores a que se refiere el artículo 1º, y que produzcan más de veinte mil toneladas anuales pagarán el setenta y uno y medio por ciento (711/2%) sobre la mayor renta percibida por ellos provenientes del exceso sobre los precios señalados por dicha disposición, desde el 1° de septiembre de 1941, hasta la vigencia de esta ley y en las mismas condiciones indicadas en dicho artículo. El producto ingresará a rentas generales de la Nación.
"Artículo transitorio.- Mientras se mantenga la emergencia actual, circunstancia que calificará el Presidente de la República por decreto supremo, para determinar la mayor renta imponible a que se refiere la presente ley, no se tomarán en cuenta aumentos de gastos por concepto de fletes marítimos, seguros marítimos y riesgos de guerra. Asimismo, no se considerará como mayor renta para los efectos de esta ley, cualquier aumento del precio de venta del cobre que provenga exclusivamente del alza de los fletes marítimos, seguros marítimos y riesgos de guerra.
"Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promulgúese y llévese a efecto como ley de la República.
"Santiago, veinte de enero de mil novecientos cuarenta y dos. Jerónimo Méndez. Guillermo del Pedregal H."
"LEY Nº 7.161 (31 de enero de 1942)
"Fija normas para el reclutamiento, nombramiento y ascenso del personal de las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional; y deroga todas las disposiciones anteriores sobre la materia, y el inciso 2º del decreto con fuerza de ley 2.545, de 26 de diciembre de 1927, que fija sueldos al personal de la Armada, y los artículos 25 y 32 del decreto con fuerza de ley 3.743, de la misma fecha, sobre retiro y montepío del personal del Ejército y Armada."
"Leyes generales sobre remuneraciones a las Fuerzas Armadas desde la Administración Ríos a la fecha.
"Ley Nª 7.177.-2-II-1942.- Establece quinquenios para el personal de las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional ; sueldos, sobresueldos, gratificaciones y viáticos.
"Ley Nª 7.452.- 24-VII-1943.- Modifica el artículo 22 de la ley 5.311, de 4 de diciembre de 1933, que aumenta las pensiones de los veteranos; substituye el artículo 1° de la ley 5.938, de 29 de septiembre de 1936, que dispone que el personal civil subalterno de la Justicia Militar tendrá la calidad de empleado del Ejército; modifica el artículo 6º y sustituye el 18 de la ley 6.772, de 5 de diciembre de 1940 que aumenta sueldos al personal de las Fuerzas Armadas; y modifica otras disposiciones legales.
"Ley Nª 8.048.- 21-XII-1944.- Hace extensivas al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, cuyos ceses fueron expedidos con posterioridad al 1° de enero de 1939, las disposiciones de la ley Nº 7.167, de 2 de febrero de 1942, sobre quinquenios.
"Ley Nº 8.087.- 9-II-1945.- Fija sueldos al personal de las Fuerzas Armadas; deroga los incisos 1°, 2º y 3º del artículo 15 del D.F.L. Nº 3.741 de 26 de diciembre de 1927, y el artículo 15 del 2.545, de la misma fecha; amplía la suma que señala, para la construcción de habitaciones al personal de las Fuerzas Armadas.
"Ley Nº 8.111.- 12-IV-1945.- Declara incluido en la ley 6.220, de 26 de julio de 1938, para los efectos del beneficio que fija la ley 5.561, de 7 de enero de 1935, al personal en retiro de la Armada que indica.
"Ley Nº 8.762.14111947.Aumenta sueldos bases del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional; gratificación de alojamiento; gratificación de mando; asignación familiar; viáticos y gratificación de zona.
"Ley Nª 9.260.- 9-XI-1948.- Concede al personal de las Fuerzas Armadas una gratificación extraordinaria y en las condiciones que indica.
"Ley Nª 9.289.-31XII-1948.- Modifica disposiciones del decreto 1.982, de 9 de septiembre de 1947, de Guerra, que fijó el texto refundido de las diversas disposiciones sobre sueldos y otros beneficios económicos que rigen para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. (Reemplaza escala de sueldos).
"Ley Nª 9.629.-18-VII-1950.- Aumenta al personal de las Fuerzas Armadas las pensiones de jubilación, retiro, montepío y de gracia inferiores a $ 24.000 anuales, con las excepciones que indica.
"Ley Nª 9.632.-1-VIII-1950.- Reemplaza y agrega artículos nuevos al decreto 1.982, que fijó el texto refundido de disposiciones sobre sueldos y demás beneficios económicos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, modificaciones que significan aumentar el sueldo del referido personal; suprime la asignación de rancho en dinero de que goza el personal de aquel Ministerio.
"Ley Nª 9.562.-26-I-1950.- Modifica el D.F.L. Nº 3.743, de 26 de diciembre de 1927, sobre retiro y montepío de su personal.
"Ley Nª 9.989.-22-IX-1951.- Concede anticipo de sueldo a servidores del Estado.
"Ley Nº 10.343.-28-V-1952.- Aumenta los sueldos y quinquenios del personal de las Fuerzas Armadas y establece una asignación durante el tiempo que falte para enterar el primer quinquenio; fija el porcentaje en que serán aumentadas las pensiones de retiro y montepío, etcétera.
"Ley Nº 11.175.-8-VI-1953.- Modifica y aclara disposiciones sobre reajuste de pensiones, servicios computables y sueldo del grado superior, al personal de las Fuerzas Armadas en los casos que señala.
"Ley Nª 11.595.-3-IX-1954.- Encasilla al personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, que indica, en la escala de sueldos del personal de la Administración Civil del Estado; sueldo del grado superior; aumento de sueldo por años del servicios, etcétera.
"Ley Nº 12.006.-231-1956.- Reajuste de sueldos de carácter general.
"Ley Nº 1,2.428.-191-1957.- Restablece los aumentos quinquenales con los porcentajes que indica, al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
"Ley Nº 12.434.-1-II-1957.- Reajusta en los porcentajes que indica los sueldos y jornales de los servidores del Estado, civiles y militares. Reajusta las pensiones de jubilación, retiro y montepío del personal de las Fuerzas Armadas.
"Ley Nº 12.861.-7-II-1958.- Reajuste general de remuneraciones al sector público.
"Ley Nº 13.305.-6-IV-1959.- Reajuste general de remuneraciones al sector público. (A las FF.AA. se refieren los artículos 29 y 30).
"Ley Nº 14.501.-21-XII-1960.- Concede al personal de las Fuerzas Armadas una bonificación extraordinaria de Eº 30 y Eº 4, adicionales por cada carga familiar; otros beneficios. (Artículos 13, 14, 16 y 17).
"Ley Nº 14,603.- 9-VIII-1961.- Establece la asignación que indica para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; asignación de casa para el personal con cargas de familia que no ocupe casa fiscal.
"Ley Nº 14.688.-23-X-1961.- Bonificación al sector público. (Artículo 12).
"Ley Nº 15.575.-15-V-1964.- El personal de las FF.AA. gozará del mismo régimen de viáticos de que goza la administración civil del Estado. (Artículo 70).
"Ley Nº 16.250.- 21-IV-1965.- Reajusta en un 38,4% las rentas que indica, entre ellas al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
"Ley Nº 16.258.20-V-1965.- Crea la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la Defensa Nacional.
"Ley Nº 16.466.-29-IV-1966.-Reemplaza la escala de sueldos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y del Cuerpo de Carabineros.
"Ley Nº 16.617.-31-1-1967.- Reajusta en un 10% los sueldos bases fijados por el artículo 1° de la ley 16.466, para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile. (Artículo 152).
"Ley Nº 16.840.-24-V-1968.- Reajuste a las Fuerzas Armadas. (Título I Párrafo II).
"D.F.L. N° 171-1969. Reajuste general al sector público."
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
El señor Fenner expresó que a partir de 1933 existía la tendencia a reducir el presupuesto castrense. A mi juicio, con los antecedentes que he señalado, como asimismo con las informaciones proporcionadas por el Honorable señor Altamirano y otros señores Senadores, lo que se ha hecho en forma permanente es algo claro y preciso: todos los Gobiernos, cual más cual menos, se han preocupado de dotar a las Fuerzas Armadas de los elementos necesarios para la defensa nacional y su normal desenvolvimiento.
Para la historia, deseo dejar en claro que durante el mandato de Presidentes de la República del Partido Radical de los señores Aguirre Cerda, Ríos Morales y González Videla fueron concedidas mejores remuneraciones a los Institutos Armados.
Somos contrarios a conceder facultades extraordinarias al Jefe del Estado, y por ello, votaremos negativamente esta parte del proyecto, lo cual no significa oponernos a mejorar los sueldos de ese sector.
No deseo aparecer como pitoniso, pero creo que habrá mayoría para aprobar las facultades extraordinarias. Ojalá el señor Ministro de Defensa Nacional y la comisión que lo acompañe en el estudio del problema esto es una recomendación sean suficientemente acuciosos para que no ocurra lo mismo que con las últimas facultades extraordinarias.
Señor Ministro, la inquietud dentro de los sectores castrenses indica claramente que con la delegación de facultades del mes de mayo de 1968, no se subsanaron sus inconvenientes. Lo digo con toda buena intención. Se arreglaron algunos problemas, pero ello no fue suficiente. Debo agregar que, desde un punto de vista del sentimiento democrático, Chile vio con aprensión los acontecimientos de octubre pasado.
Insisto en que los Senadores radicales rechazamos las facultades extraordinarias, pues es nuestro deseo que el personal tanto activo como pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones disfruten de rentas compatibles con la dignidad de todo ser humano.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, los Senadores de estas bancas aprobaremos la delegación de facultades extraordinarias.
Antes de fundar nuestra posición, con la venia de la Mesa daré algunos minutos al Honorable señor OCHAGAVIA, para que se refiera a las palabras pronunciadas por el señor Ministro de Hacienda.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor OCHAGAVIA.
El señor OCHAGAVIA.-
En la mañana de hoy tuvimos oportunidad de escuchar, a raíz de las expresiones de algunos señores Senadores, las aclaraciones hechas por el señor Ministro de Hacienda en cuanto a los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en las leyes de presupuestos de distintos años.
En ese debate, le hice notar que las estadísticas que presentaba tenían un error: las cifras que usaba para comparar eran de enero de 1964. Así, efectivamente, aparecía una reducción del monto total de los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en los años siguientes.
Al solicitarle una interrupción al señor Ministro, le manifesté que sus estudios y cálculos no estaban bien planteados por el hecho de que en 1964 se habían otorgado los reajustes a partir del mes de julio. Contestando a mis observaciones, dijo que el alza del costo de la vida en ese período había sido de 38%. Es decir, según el señor Ministro, no variarían las cifras estadísticas que entregaba, por el hecho de que el aumento del costo de la vida habría sido superior al reajuste otorgado ese año.
Sin embargo, debo expresar al Honorable Senado que no me dejó satisfecho la contestación del señor Ministro. Y ello por una razón muy simple: porque de acuerdo con los estudios y demás antecedentes que tenemos en nuestro poder sobre los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en los últimos años, deflactando el gasto de cada año en moneda estable de 1969, resulta que en 1964, al tomar como base el mes de enero, aparece un deterioro ficticio con relación a los años posteriores, que no corresponde a la realidad por la razón recién dada. Según el argumento del señor Ministro, el reajuste corresponde más o menos al alza del costo de la vida. Yo sólo quiero decirle lo siguiente: si en el cálculo se ha deflactado el aumento del costo de la vida y, en cambio, no se ha ponderado el reajuste, se parte de una base absolutamente errada.
No sé si el señor Ministro ha seguido mis planteamientos, pero quisiera que este punto quedara perfectamente esclarecido.
Tanto el Ministro de Hacienda como los Senadores democratacristianos en especial el Honorable señor Carmona dijeron en las Comisiones, defendiendo la posición del Gobierno, que los emolumentos de las Fuerzas Armadas, con relación al período anterior, habían tenido un mejoramiento evidente.
El señor BALLESTEROS.-
Así es.
El señor OCHAGAVIA.-
El Honorable señor Ballesteros dice que así es. Yo le probaré todo lo contrario.
Estoy haciendo una afirmación sobre la base de cifras, que tienen la frialdad que sólo corresponde a los números, y con relación a ellos, debemos plantear, en un alegato de esta naturaleza, las distintas posiciones.
El señor PALMA.-
Siempre que sean buenas esas cifras.
El señor OCHAGAVIA.-
Son buenas, señor Senador, porque provienen de la única fuente de donde podemos obtenerlas: la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que preside el señor Ministro aquí presente. Esos antecedentes llegan al Senado a través de su Oficina de Informaciones, que los solicita, y el Ejecutivo, en virtud de una ley que lo obliga, debe hacer entrega de ellos.
Tengo en mi mano las cifras totales destinadas a sueldos de las Fuerzas Armadas desde 1961 hasta el presente año. Deflactadas en moneda de 1969, aparecen algunas sorpresas para quienes afirmaron como lo hizo el Honorable señor Carmona que la situación mejoró durante este Gobierno. En realidad, ha habido un franco deterioro, no obstante que la actual Administración ha contado con mayores recursos que la anterior.
En 1961, el monto destinado a remuneraciones para los Institutos Armados, en moneda constante, ascendió a 420 millones de escudos y a 495 millones en 1962. En 1963, se produjo un descenso. Pero en las cifras de 1964 no está ponderado el aumento de 35%, con lo cual se recupera el deterioro del año anterior. En cambio, las cifras correspondientes a este Gobierno, que en 1965 destinó 396 millones de escudos para ese rubro y en 1966, 429 millones, no superan las de años anteriores y, desde luego, los promedios son inferiores.
Si agregamos a los datos que estoy entregando los porcentajes del presupuesto nacional gastados en la defensa, resulta que tampoco el Gobierno de la Democracia Cristiana queda bien puesto al compararlo con el anterior. Las proporciones bajan en forma ostensible: 13%, 11% y fracción, 10% y 7% y fracción para este año.
El señor BALLESTEROS.-
¿En cifras deflactadas?
El señor OCHAGAVIA.-
Sí, señor Senador.
El señor HAMILTON.-
¿Son porcentajes del presupuesto?
El señor OCHAGAVIA.-
Sí, señor Senador.
Las cifras totales, deflactadas, también las voy a dar.
En consecuencia, prácticamente no existe diferencia entre los años 1961 a 1969. Por ejemplo, durante la Administración pasada, las cifras ascienden en millones de escudos a 898, 937 y 978, contra 902, 937 y 1.011 del actual período. O sea repito, son casi iguales, a pesar de los inmensos recursos con que ha contado este Gobierno, como todo el país y, en especial, este Senado lo saben.
Deseo agregar algunas consideraciones respecto de los pensionados, porque también se sostuvo la tesis de que ahora ganarían más. Sin embargo, las estadísticas oficiales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional señalan que las pensiones medias es importante consignar este dato entre 1959 y 1963, con relación a las de 1964 a 1969, prácticamente no han variado. Todas estas cantidades son en moneda estable de este año.
No voy a cansar al Honorable Senado leyendo cifras, sino que me voy a permitir seguir el camino señalado por el Honorable señor Aguirre Doolan: solicito al señor Presidente que recabe el asentimiento del Senado para insertar en el texto de mi intervención los cuadros que mencioné.
El señor PABLO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
Los documentos cuya inserción se acuerda son los siguientes:
NOTAS: (1) Se considera el Presupuesto Corriente en Moneda Nacional.
Sobresueldos fijos considera: años de servicio, residencia en ciertas zonas, gastos de representación, otros conceptos.
Gastos Variables considera: personal a contrata, gratificaciones y premios, viáticos, jornales, arriendo de bienes raíces, pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pasajes y fletes en empresas privadas, materiales y artículos de consumo, material de guerra, rancho o alimentación, forraje, vestuario y equipo, impresos, impresiones y publicaciones, gastos generales de oficina, conservación y reparaciones, mantenimiento de vehículos motorizados, maniobras militares, previsión y patentes, consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas, varios e imprevistos, adquisiciones, subvenciones y premios. (2)
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en realidad, hoy en la mañana incurrí en un error, puesto que al hacer el cálculo sobre sueldos vitales dije que no experimentaba variación porque el cálculo se determinaba siempre de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Así, hice la comparación considerando el 35%, en circunstancias de que sólo se trataba de la mitad del año; de manera que, en verdad, el reajuste para las Fuerzas Armadas no fue de 35%, sino de 17,5% anual, porque, tal como reconoció el Honorable señor OCHAGAVIA, es preciso determinar cuántos meses fueron los que se les pagaron.
Realmente, no debí hacer la comparación con el 38,4% de ese año, sino con el deflactor del año anterior, que es la relación sobre la cual se determina el reajuste de remuneraciones. Y el alza del costo de la vida correspondiente a 1963, según recuerdo, fue de 42%. Es decir, me quedé un poco atrás en el cálculo que hice.
Además, quiero expresar al Honorable señor OCHAGAVIA que en materia de pensiones, de acuerdo con un cuadro entregado por la Vicepresidencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no logro comprender de dónde se han obtenido los otros datos estadísticos a que hizo mención.
El señor OCHAGAVIA.-
El documento que tengo a la mano dice: "Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Cuadro del monto de pensiones medias, 19591969". "Fuente de información: Oficina de Informaciones del Senado".
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En verdad, no me explico por qué estos datos tienen tantas variaciones. Me parece que la Oficina de Informaciones del Senado debiera indicar su procedencia, pues el Vicepresidente de ese instituto previsional dio a conocer en las Comisiones unidas cifras totalmente diversas.
De acuerdo con un cuadro que tengo a la mano, en valores constantes, la pensión media, en 1964, era de Eº 4.174, en tanto que la misma, en 1968, ascendía a Eº 9.844.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Moneda de qué año?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
De 1964.
Concluye el Vicepresidente de la Caja diciendo que el aumento de pensiones medias constantes ha sido de 137,01%.
El señor OCHAGAVIA.-
Pero esas cifras no son en moneda del mismo año, señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Son cifras deflactadas.
El señor PALMA.-
Del mismo año.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En el fondo, hay un incremento real de las pensiones, y ello explica por qué en 1964, según datos proporcionados por la Vicepresidencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, se gastaban 94 millones de escudos, y en 1969, de acuerdo con antecedentes que yo entregué a las Comisiones unidas y que fueron verificados por esa Vicepresidencia, el gasto ascendió a 140 millonea de escudos. En realidad, cualquiera quesea la deflacción que se haga, el incremento real aparece muy sustancial.
No sé cómo se manejan las cifras que se han dado aquí, pues en cifras basadas en sueldos vitales no hay dónde perderse.
El señor OCHAGAVIA.-
Quiero aprovechar de este sistema de las interrupciones, porque en la mañana de hoy, a raíz de la intervención del Honorable señor Altamirano, quedó en esta Sala la impresión de no haberse hecho suficiente claridad sobre determinado tema, ya que mientras el Ministro hablaba de ciertas cifras, el Senador socialista se refería a otras, y no se llegaba a acuerdo alguno.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me concede una interrupción, Honorable Senador?
El señor OCHAGAVIA.-
Es el Honorable señor GARCIA quien debe concederlas.
El señor ALTAMIRANO.-
¡Si las cosas están prácticamente claras! No veo por qué el señor Ministro persiste en enredarlas. El vuelve a aludir al año 1964. Aquí están las cifras dadas por el Vicepresidente de la Caja; no las enredemos ni las cambiemos.
En 1959 había 28 mil personas entre pensionados y montepiados.
El señor OCHAGAVIA.-
Así es.
El señor ALTAMIRANO.-
La suma total que se pagaba a los pensionados ascendía a 36 millones de escudos, con un promedio de un millón 297 mil escudos. Pero todas estas cifras, expresadas en escudos de 1969, de acuerdo con los datos que el señor Ministro tiene a la mano, dan los siguientes resultados: en 1959 la pensión media era de Eº 11.610; en 1960, de Eº 10.955; en 1961, de Eº 10.676; en 1962, de Eº 11.000; en 1963, de Eº 9.400, y en 1964, de Eº 8.400.
El señor Ministro persiste en comparar el peor año del Gobierno del señor Alessandri ruego al señor Ministro no arrastrarme a este tema, pues me molesta mucho aparecer defendiendo a ese ex Mandatario con los cinco de la actual Administración, lo 'que no está bien hecho. Ahora, si Su Señoría desea hacer tal comparación, debe tener presente que el señor Alessandri concedió pensiones superiores a las otorgadas por el señor Freí durante su Gobierno. Las cifras las conocemos.
Si el señor Ministro toma el peor año del Gobierno del señor Alessandri y lo compara con los de la Administración del señor Freí, claro que tiene la razón; pero en términos científicos,, y en rigor de verdad, no la tiene, pues, en conjunto, las pensiones han sido igualmente malas tanto en el pasado como ahora. La verdad es que diez escudos más o menos no revisten mayor importancia, porque tanto ayer como hoy los pensionados igualmente se están muriendo de hambre.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, quiero agradecer, ante todo, al Honorable señor Altamirano el haberme evitado leer al señor Ministro el mismo cuadro, que corresponde a las cifras oficiales, pero convertidas a moneda estable de 1969.
En el cuadro referido, se comprueba, a lo largo de todos los años, lo que aquí se ha dicho: este Gobierno no ha mejorado en nada la situación de los pensionados, ha deteriorado las remuneraciones globales, en moneda estable, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y ha disminuido el porcentaje que el presupuesto de la nación destina al Ministerio de Defensa Nacional.
Si el señor Ministro, a pesar de que esta materia ha sido suficientemente aclarada, insiste en sostener que sólo la mitad del reajuste se pagó en 1964, porque la otra mitad la canceló su Gobierno, quiero recordarle que él planteó la idea, en el proyecto que ahora discutimos, de pagar el reajuste a los personales de las Fuerzas Armadas en el curso de tres años: 1970, 1971 y 1972, y que fuimos nosotros quienes propusimos una indicación para cancelarlo de inmediato en su totalidad.
Pero lo que estamos discutiendo es el hecho de fondo: a pesar de que este Gobierno ha contado con recursos cuantiosos, no ha habido una mejoría de la situación.
El señor HAMILTON.-
Gran parte de esos recursos cuantiosos de que habla Su Señoría se han invertido en la reforma agraria.
El señor OCHAGAVIA.-
La verdad es que el debate se centró en otra materia. El planteamiento de fondo hecho por los señores Senadores gira en torno del problema de otorgar o no otorgar facultades extraordinarias. Y sobre el particular, quiero hacer algunas observaciones.
Algunos señores Senadores han sostenido que se trataría de un asunto que implica confianza o desconfianza. Personalmente, no creo necesario tener que declarar que los Senadores nacionales no tenemos fe alguna en el actual Gobierno. Y tenemos derecho a decirlo así, sobre todo si se considera que nuestra propia directiva fue vejada por este Gobierno sin fundamento alguno, como quedó aclarado por la Justicia Ordinaria.
¿Qué confianza podemos tener en un Gobierno como éste, cuando incluso los Comités del Partido Nacional fuimos también atropellados el mismo día de los hechos que ahora se analizan, el 21 de octubre, después de haber sido llamados por el propio Ministro del Interior?
Sobre el particular, quiero manifestar al Honorable señor Jerez fue él quien puso en duda ese llamado que la opinión pública conoce perfectamente los comunicados oficiales mediante los cuales se citaba a todos los presidentes de los partidos políticos al Ministerio del Interior. Fue en atención a ese llamado que nosotros asistimos para dar nuestro respaldo, no a un Gobierno, sino al régimen constitucional que nosotros estamos dispuestos a defender, porque nunca hemos buscado la aventura política. Tenemos una tradición bastante respetable, y nuestra posición en esta materia es permanente.
El señor JEREZ.-
Como Su Señoría ha hecho alusión a mi persona, le ruego concederme una interrupción.
No pongo en duda las afirmaciones del Honorable señor OCHAGAVIA, porque se refirió a informaciones que son de conocimiento público.
Lo que quiero reiterar ahora es lo que nosotros escuchamos al Ministro del Interior lo diré con franqueza cuando los dirigentes del MAPU fuimos a pedir autorización para efectuar, en la tarde de ese día, una concentración de la Central Única de Trabajadores junto con los demás partidos populares. Al hacer dicha petición, manifesté personalmente mi desagrado de estar presente en la misma antesala que ocupaban los dirigentes del Partido Nacional, en razón del juicio político que esta colectividad me merece por su conducta respecto de hechos del pasado. Incluso expresé al señor Ministro que nosotros habíamos permanecido en un compartimiento distinto, a fin de no estar junto con dichos dirigentes políticos, ante lo cual el Secretario de Estado me dijo: "Nosotros no los hemos invitado".
Eso es lo que deseaba aclarar al Honorable señor OCHAGAVIA. No se trata de una mera afirmación de mi parte, sino de palabras que el Ministro del Interior dijo delante de mí, cuando los dirigentes del Partido Nacional estaban en La Moneda.
El señor OCHAGAVIA.-
No quiero poner en duda las palabras de mi Honorable colega. Simplemente, deseo rectificarlas con el antecedente que todo el país conoce y que cualquier Senador puede obtener en la Oficina de Informaciones de esta Corporación: el comunicado número tres emitido por la Presidencia de la República, mediante el cual se citó a todos los presidentes de los partidos políticos al Ministerio del Interior. Nosotros pedimos confirmación telefónica por intermedio del Diputado señor Scarella, quien se encontraba conmigo en la sede de nuestra colectividad, y el señor Ministro nos confirmó la invitación. No me extraña que con posterioridad haya negado lo que hizo. Por desgracia, él ha quedado públicamente al descubierto, pues la simple lectura del comunicado a que me referí, que lleva el número tres, sirve para demostrar la incapacidad de que hizo gala al manejar el país en esos momentos. Atropello la libertad de prensa imponiendo una censura innecesaria y absurda, y falsificó los hechos, pues pretendió, incluso, implicarnos en una situación respecto de la cual todo el país pudo comprobar que nada tenía que ver con nosotros.
Por lo tanto, el antecedente del Ministro del Interior sólo prueba que es un funcionario carente de capacidad para desempeñar el cargo que en estos momentos inviste en el Gobierno.
En cuanto a la delegación de facultades, deseo manifestar que nuestra posición no es de confianza al Ejecutivo, que no corresponde a una colectividad de Gobierno o a una de Oposición. Ayer fuimos Gobierno, y en forma responsable otorgamos una delegación de facultades; hoy somos Oposición e igualmente las concedemos. No se trata de dar un voto de confianza al Gobierno de la Democracia Cristiana, que a nuestro juicio no lo merece, sino, simplemente, de otorgarle un instrumento y responsabilizarlo de cumplir la función que le estamos encargando mediante esta delegación.
A este respecto, también tenemos algo que decir. Pensamos que uno de los conflictos más serios que existen en nuestro régimen político es la interferencia existente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Consideramos que el primero, mediante una reforma que nosotros debemos auspiciar, debe contar con la responsabilidad, agilidad y medios para cumplir su mandato sin interferencias.
El Parlamento debe sufrir la presión de grupos es así, queramos o no queramos reconocerlo y no podemos, como parlamentarios sometidos al veredicto popular, deslindar de esos grupos nuestra acción política, por muy seria y responsable que sea. Desde luego, no contamos con todos los antecedentes y elementos de juicio ni podemos asumir la responsabilidad global. Sin embargo, cada uno de nosotros querría conceder a todos los sectores los mayores beneficios. En cambio, el Gobierno es el único que puede disponer de todos los elementos de juicio que permitan juzgar, en determinado momento, cuál es la situación real y, de esta manera, poder dar solución a un conflicto.
Esa, a mi juicio, es la razón fundamental que exige una reforma constitucional. Deseamos que tal reforma evite conflictos entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Ello no significa colocar al Parlamento en condición desmedrada, como sostenía un señor Senador en el debate sobre reforma constitucional. Queremos que el Parlamento disponga de un mecanismo de fiscalización que le permita cumplir su misión. Por desgracia, la actual estructura política permite al Congreso legislar sin ninguna responsabilidad, tomar toda clase de iniciativas, y después es el Poder Ejecutivo quien debe cumplir los mandatos que le imponemos, lo cual no nos parece serio ni responsable. Por eso, creemos absolutamente necesario, mediante una reforma política, dejar al Poder Ejecutivo libre de toda presión que desquicie su labor. Y sobre esta materia...
El señor PALMA.-
Señor Presidente, estamos saliéndonos del tema en debate.
El señor OCHAGAVIA.-
Honorable señor Palma, estoy contestando al Honorable señor Montes, que se refirió en forma expresa a esta materia y nos aludió directamente. Por esto estoy dando mi opinión y la de mi partido.
Estoy cierto de que en Chile se está formando un criterio definido en esta materia. Desgraciadamente, el Parlamento no lo comparte, tal vez no por culpa de los parlamentarios, que pueden estar muy bien inspirados, sino porque carecen de responsabilidad, como consecuencia del sistema que los rige, para desarrollar una función positiva. Interviene, desquicia, y es evidente que eso debe suprimirse.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor GARCIA.
El señor GARCIA.-
Sé que es al señor Presidente a quien corresponde dirigir el debate; pero el Honorable señor Hamilton, para terminar la discusión concerniente al cuadro de las pensiones, me ha pedido una interrupción. Si Su Señoría me da su venia, la concederé, para después expresar el pensamiento de mi partido sobre el artículo primero.
El señor PABLO ( Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Hamilton, con la venia del Honorable señor GARCIA.
El señor HAMILTON.-
No habría intervenido, si no hubiera tocado el tema el Honorable señor OCHAGAVIA.
Quiero sólo puntualizar algunos hechos relativos a la agresión de que fue víctima la Directiva del Partido Nacional el 21 de octubre próximo pasado, cuando concurrió a La Moneda.
Mucho se ha hablado sobre la invitación, pero yo no le asigno mayor importancia. Hubo, en efecto, una invitación innominada a todos los presidentes de los partidos políticos, todos los cuales, excepto uno, respondieron, Creo que su actitud de concurrir en esos difíciles momentos a La Moneda fue acertada.
La Directiva del Partido Nacional fue abucheada por la multitud que rodeaba La Moneda, a su entrada,...
El señor OCHAGAVIA.-
No era multitud.
El señor HAMILTON.-
...y un Diputado que acompañaba al Honorable señor GARCIA tuvo la mala ocurrencia de sacar un arma de fuego. Tal actitud pudo haber provocado graves consecuencias, que felizmente no se produjeron. Comunicaron estos hechos al Ministro del Interior, quien puso a disposición de ellos la Guardia de Palacio. Salieron rodeados por Carabineros,...
El señor JEREZ.-
¡Por el afecto popular..!
El señor HAMILTON.-
...no por el afecto popular, como dice el Honorable señor Jerez, sino por una guardia de Carabineros, para protegerlos de las justas iras que en ese momento se manifestaban, no en contra de sus personas, sino de la significación del partido y la tendencia que ellos representan. No salieron por la puerta de la Plaza de la Constitución. Yo los vi desde adentro. Estuvieron haciendo declaraciones a los periodistas, primero en el Patio de la Pila y después en el de los Naranjos, y después salieron por la Plaza Bulnes. La guardia de Carabineros quiso acompañarlos, pero ellos rechazaron la protección que se les quería prestar. Posteriormente fueron víctimas de una agresión. Lo deploro sinceramente; pero no se puede inculpar de ello al Ejecutivo, ni mucho menos al Ministro del Interior. No fue el Gobierno, sino las masas populares que rodeaban en ese momento a La Moneda, las que expresaron su repudio, en forma que, a mi juicio, no procedía.
El señor OCHAGAVIA.-
¡Eran cuatro gatos!
El señor HAMILTON.-
Pero ustedes no fueron capaces de repeler a esos cuatro gatos. Inclusive, quedaron heridos.
Por lo demás, ese mismo día el Partido Nacional hizo pública una declaración bastante sintomática sobre aquellos hechos. Varios miembros de esa colectividad política se vieron directa o indirectamente implicados. Y el señor Vicepresidente del Movimiento Independiente Alessandrista el mismo que días más adelante realizaba una concentración en la calle Phillips y organizaba actos juveniles matonescos en contra de la sede del Partido Demócrata Cristiano, de lo que no hemos reclamado, porque sabemos defendernos, fue detenido en un cuartel militar, prácticamente por los propios militares.
Así, pues, había base suficiente para la indignación popular manifestada en ese momento contra personas a quienes no cabía responsabilidad. Deploro sinceramente lo ocurrido en esa oportunidad al Honorable señor GARCIA. Pero no es el Gobierno el responsable de aquellos hechos. Tal vez no fue prudente la actitud de los afectados, quienes, sintiéndose seguros, desecharon el resguardo de Carabineros que se les había ofrecido. Ello permitió que las masas que se encontraban frente a La Moneda, presas de la indignación, atacaran a los representantes del Partido Nacional.
Esta es la verdad de lo ocurrido.
El señor GARCIA.-
Por una parte, me alegro de que no se haya hablado del tema para el cual se me pidió la interrupción: el monto de las pensiones. Parece que esa materia ya se agotó.
El señor BALLESTEROS
No son exactos los cuadros.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ruego a Sus Señorías no dialogar. Los Senadores democratacristianos podrán hablar con posterioridad.
El señor GARCIA.-
Yo cansé al Honorable Senado contándole todo lo que había sucedido en esa oportunidad.
Si el Honorable señor Hamilton estaba allí, debe recordar que cuando se nos empezó a agredir, los carabineros de Palacio se retiraron, entraron de nuevo a La Moneda. Y le diré por qué: porque el propio señor Ministro del Interior me dijo que él no podía emplear a Carabineros frente al pueblo, o a ese grupo de pueblo que estaba reunido.
Voy a decirle más, señor Senador: aquélla no era una masa popular, sino un grupo dirigido, de cincuenta, sesenta u ochenta personas es difícil calcularlas, provisto de elementos para lanzar proyectiles. Las heridas de los Diputados señores Frías y Avendaño fueron producidas por armas contundentes. Por lo tanto, no se trataba de una acción espontánea ni de un simple abucheo, como sostuvo el Honorable señor Hamilton.
El señor ALTAMIRANO.-
Ese no es el tema que está en debate.
El señor PABLO ( Presidente).-
Su Señoría está haciendo uso de su segundo tiempo. Le quedan doce minutos.
El señor ALTAMIRANO.-
Que hable de los reajustes.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, como ha expresado el Honorable señor OCHAGAVIA, estimamos que el responsable directo de la política de remuneraciones es el Ejecutivo. Por eso, no queremos que se nos diga, más tarde, que no dimos al Gobierno los instrumentos necesarios para realizar ese programa. Esto, en primer lugar.
En segundo término, nuestro partido tiene por norma consta en sus estatutos que la fijación de sueldos sea función del Ejecutivo, por una sencilla razón: porque la Constitución Política dice que corresponde al Presidente de la República administrar la nación, y porque para administrarla es preciso determinar cuánto ha de ganar cada uno y señalar las diferentes escalas de sueldos. No debe el Parlamento intervenir en esas materias.
En la hora actual esa responsabilidad es mucho más clara, corresponde más enteramente al Ejecutivo, por un hecho que también hemos denunciado y que es el siguiente: desde hace tres o cuatro años, se ha estado quebrando el sistema jurídico y de derecho chileno.
¿En qué consiste esa quiebra? En que cada cual pretende hacerse oír a la fuerza. Desde luego, existe para ello una incitación permanente. No se puede afirmar que ésta es una actitud revolucionaria en que todo el mundo está empapado. Por desgracia, todos empiezan a interpretar la palabra "revolución" como el estado de cosas a que me refiero y en el cual se van contagiando.
Veamos unos cuantos resultados de tales incitaciones.
Por ejemplo: los estudiantes quieren obtener una reforma universitaria. Se toman la Universidad. Permanecen tres o cuatro días en el plantel hasta obtener una reforma que, al final, resulta bastante mala. Pero se hicieron oír a la fuerza, quebrando el principio de autoridad. Después quisieron aumento de sueldo los empleados administrativos de la Universidad, y dejaron a ésta un mes sin funcionar. ¿Por qué? Porque estimaban que la manera de hacerse oír era ocupando los locales universitarios.
Después, se han ocupado fábricas. Tuvimos ocasión de conocer uno de esos actos de ocupación, en que se había establecido todo un sistema eléctrico automático para quemar el edificio por los cuatro costados, para lo cual bastaba apretar un botón.
El señor CHADWICK.-
¡Fábrica de fósforos!
El señor GARCIA.-
Se recurrió a elementos altamente explosivos, especiales para provocar un siniestro. Cuando conocimos el proceso y las declaraciones del equipo técnico y. del Cuerpo de Bomberos, supimos que ambos habían llegado a la conclusión de que, desde el punto de vista técnico, el sistema empleado constituía uno de los más seguros procedimientos para quemar una fábrica.
Cuando la CORVI no cumple en la entrega de poblaciones, para hacerse oír los pobladores ocupan los terrenos, y después se afirma que tienen legítimo derecho a ello.
Por su parte, los obreros campesinos no sólo ocupan los fundos: para ser escuchados ocupan también las casas y a veces detienen a los patrones y los encierran. Y los empresarios agrícolas, para que se fije un mayor precio al trigo, detienen el tránsito.
No necesito referirme a los estudiantes secundarios. Durante años han estado dominando las calles de Santiago, agrediendo a todo el mundo.
Más aún, el Subsecretario de Educación dice a los estudiantes en un aviso público: "No teman hacer el servicio militar, porque les garantizamos el derecho de huelga". ¡Por consiguiente, tienen derecho a huelga los niños de doce, trece o catorce años...! ¿Qué hay de raro en que, después, esos mismos niños traten de raptar aviones?
Todos estos actos son consecuencia lógica de la quiebra del orden público. No se puede jugar con él. Si se triza en una parte, continúa quebrándose en otras.
Y ahora, cuando el personal de las Fuerzas Armadas desea hacerse oír, se reúne en la Escuela Militar. Si el Ministro de Defensa Nacional no los escucha, ocupan el regimiento Tacna y declaran que allí se quedan hasta que se les preste atención.
Me está señalando el Honorable señor OCHAGAVIA que hasta los fieles, cuando quieren reclamar en materia religiosa, no encuentran otro sistema mejor que ocupar la Catedral.
Si no se le pone atajo, este sistema subsistirá, cualquiera que sea el Gobierno. No importa que éste sea socialista u otro en que la economía sea dirigida por el Estado.
La señora CAMPUSANO.-
¿Y cuando ustedes se tomaron los caminos?
El señor GARCIA.-
Frente a los ejemplos que acabo de señalar, todos deben de estar pensando que ésa es la realidad y que, en el fondo, los militares se contagiaron con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y entonces, al igual como ocurrió cuando hubo que reajustar los sueldos de los empleados administrativos de la Universidad de Chile, ahora debemos reajustar las remuneraciones de los militares. Entonces, no rasguemos vestiduras, sino que tratemos de legislar para todos los Gobiernos que hayan de venir, no para determinada Administración. No hay Gobierno en el mundo que pueda funcionar dentro de la anarquía.
Recuerdo que en Francia se produjeron situaciones muy parecidas, hasta que un día alcanzaron al Poder Judicial. Nosotros estamos al borde de lo mismo: el Poder Judicial ya anuncia que, para hacerse oír, suspenderá la administración de justicia. ¡En Francia, hasta la policía se declaró en huelga!
Porque hemos tomado conciencia de estos hechos y estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, al dar al Gobierno estas facultades le estamos diciendo: "Arregle las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros oyendo a la gente: a los pensionados, a los mandos altos y medios, sobre sus problemas. Tiene las facultades necesarias. Hemos votado todos los fondos que el Gobierno ha juzgado necesarios por el momento para estos dos meses y no para los siguientes". El será el responsable, en consecuencia, si no soluciona el problema.
Mientras no haya orden, en todos los sectores, en todas las instituciones, en todas partes seguirá brotando la inquietud.
Más de algún Honorable colega sostuvo en esta Sala que la situación no está totalmente arreglada. En este aspecto, recuerdo la sugerencia del Honorable señor Chadwick, quien manifestó que uno no debía hacerse eco de los rumores; pero, a mi juicio, cuando las apreciaciones provienen de algún Senador, no pueden ser calificadas de rumores: la situación no está solucionada en ninguna institución del país, porque en la gente se está formando conciencia de que para hacerse oír es preciso recurrir a actos de fuerza; y cuando se emplea tal procedimiento, se quiebra el sistema jurídico, y después cuesta mucho restablecerlo.
Hago votos por que estas facultades se apliquen debidamente. De no ser así, que el propio Gobierno asuma la responsabilidad.
Finalmente, deseo hacer algunas observaciones en torno de las cifras estadísticas que se han dado.
Recuerdo que hace algún tiempo yo no era Senador todavía se dijo que no tenía tanto valor esa voluminosa lista de artículos que se emplea para calcular el índice de precios al consumidor, sino la canasta que se llena para el consumo diario. El alza real del costo de la vida provoca una inquietud tremenda en todo el país. Eso lo saben todos los sectores. ¿Por qué existe esa inquietud? Por una razón de orden económico: a 120 artículos se le han congelado prácticamente los precios, mientras los de los demás continúan subiendo. Y como la mayor parte de la gente, en especial la de la clase media, no consume solamente esos 120 artículos, sino los cuatro mil que se producen, entonces surge la angustia económica. Como en el Gobierno anterior se trató de mantener una ordenación general en materia de precios, la gente no sintió los mismos efectos que sufre ahora. Esa es la razón por la cual en el régimen pasado nunca se convocó al Congreso para tratar la toma de un regimiento, de una iglesia o de una universidad. Esa es la diferencia entre la Administración anterior y la actual, y los hechos no pueden, negarse, porque son absolutamente ciertos.
Reitero que vamos a votar favorablemente las facultades y que del uso de ellas deberá asumir la responsabilidad el Gobierno.
La señora CAMPUSANO.-
No me contestó la pregunta referente a la toma de los caminos.
La señora CARRERA.-
¡Sus Señorías hablan para las galerías, igual que los democratacristianos!
El señor OCHAGAVIA.-
Lo que pasa es que no les gustó el discurso del Honorable señor GARCIA.
El señor GARCIA.-
Siempre he creído que hablo para la Sala del Senado; ahora me siento satisfecho, porque advierto que también mis intervenciones agradan a las galerías.
El señor ALTAMIRANO.-
¡Hace mucho tiempo que están coludidos!
El señor CARMONA.-
Me complacen muchos las intervenciones de los Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA, en especial la que acabamos de oír a este último colega, porque ellas precisan, a mi juicio, los términos en que debe votarse el artículo referente a las facultades que se van a conceder al Poder Ejecutivo para enfrentar el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Debo referirme en este debate y lo quiero hacer de manera muy serena a algunos de los aspectos señalados.
Se ha dicho que el proyecto obedece a la presión producida por los actos ocurridos el 21 de octubre pasado; o sea, estaríamos legislando presionados y urgidos para resolver lo relativo a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas antes del plazo que el Gobierno se habría dado para tal objeto. Pues bien, yo sostengo y lo digo con absoluta serenidad que ese hecho no es efectivo: el Gobierno, como lo prueban las diversas declaraciones oficiales hechas en su oportunidad por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional, informó que estaba preocupado de esta materia y que a su debido tiempo presentaría los proyectos del caso. Incluso pensaba enviar esta misma iniciativa días antes de que ocurrieran los acontecimientos señalados.
Al respecto, debo anotar un hecho: siempre se manifestó que cualquier solución del problema se aplicaría a contar desde el 1° de enero del año próximo. No han variado los términos en que el Ejecutivo planteó esa proposición que hizo desde el primer momento. En mi opinión, la realidad debe acreditarse con hechos, y no con simples apreciaciones, como las que se han formulado en esta Sala.
Por otra parte, se ha sostenido que la solución en estudio es el resultado de un acuerdo, suscrito entre quienes ocuparon el regimiento Tacna el 21 de octubre y el Gobierno de la República. Al respecto, mucho se ha mencionado un acta que inclusive vio la luz pública y ha causado gran conmoción. Ignoro si tal documento es auténtico y producto de las conversaciones sostenidas ese 21 de octubre. Pero lo cierto es que quien lo revise advertirá que su contenido no traduce un acuerdo, como aquí se ha dicho, entre el Gobierno y los militares que ocuparon el Tacna, sino todo lo contrario. No hay en él acuerdo alguno. Por el contrario, no es sino la manifestación de que esos militares deponen la actitud que habían asumido. Si se lee con tranquilidad el documento que publicó la prensa, se comprobará que esa actitud se produjo con el objeto de que entraran a actuar los tribunales de justicia correspondientes, que es lo que está sucediendo en estos momentos.
El Honorable señor OCHAGAVIA dijo hace un momento que el señor Ministro del Interior fue incapaz de enfrentar la situación; pero, en mi opinión, son los hechos los que cuentan, y no las apreciaciones.
En este momento hay algunos sectores extraordinariamente interesados en despachar un proyecto sobre amnistía. ¿Por qué razón? ¿Por qué se llegó a un acuerdo? ¿Porque aquí no ha pasado nada? ¿O acaso el Gobierno no fue capaz de controlar la situación? ¿Y el proceso que se está siguiendo contra personas respecto de las cuales se ha estimado que no cumplieron con las leyes y que, por lo tanto, necesitan de una ley de amnistía? Lo único cierto es que el Gobierno está actuando dentro de sus facultades constitucionales y legales y se encuentran procesados los que se supone obtuvieron un acuerdo.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Me permite uña interrupción, señor Senador?
El señor CARMONA.-
Escuché con mucha atención todas las intervenciones de los señores Senadores. Por lo tanto, les ruego que se me permita dar término a las mías y que no se corte el hilo de mis ideas.
El señor OCHAGAVIA.-
El del Ministro es un hilo de seda.
El señor CARMONA.-
A veces, aunque sea de seda, cuesta cortarlo.
El señor OCHAGAVIA.-
¡Pregunte a todo el país cómo se atentó contra la libertad de prensa!
El señor CARMONA.-
También quisiera referirme a ello, aunque sea brevemente.
Sé que no es materia del debate, pero hay que precisar algunos hechos.
Es inconcebible la inconsecuencia de algunos señores Senadores, en especial de quienes han asumido determinada conducta política, que quieren darnos clases en la tarde de hoy.
Escuché con mucha atención al Honorable señor GARCIA cuando dijo que en el país se está destruyendo el principio de autoridad: sin embargo, ahora el Honorable señor OCHAGAVIA me hace cuestión del problema de las informaciones de prensa.
En esto se advierte un hecho curioso: se reclama por la libertad de prensa, en circunstancias de que el Gobierno sólo quiso evitar que prevaleciera lo que se ha dado en llamar "libertad de información", sobre la estabilidad del régimen democrático. ¡No importa que éste no subsista; pero debemos defender la libertad de prensa! Es paradójico que este asunto haya llegado al extremo de ser considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí ya no se mide a un país latinoamericano por el hecho de estar gobernado o no por un régimen democrático, sino por la existencia o no existencia de la libertad de información. ¡Es eso lo único que interesa! ¡Para defender a aquélla en un momento determinado, poco importa que peligre la autoridad legal y democrática por la cual clamaba hace un instante el Honorable señor GARCIA! ¡Tampoco importa que la información de prensa sea verídica o no lo sea!
Estamos conscientes de la escalada informativa que hubo antes de los acontecimientos del 21 de octubre. Incluso podríamos precisar su origen. Tal vez un debate de este asunto sería de mucha importancia para la opinión pública nacional, pues permitiría demostrar las conexiones que existen. Pero no deseamos hacerlo hoy, para no alterar el curso del debate.
El señor OCHAGAVIA.-
¡Hágalo!
El señor CARMONA.-
Conviene destacar otros hechos curiosos. No pretendemos hacer comparaciones entre unos Gobiernos y otros. Sin embargo, el Honorable señor Aguirre Doolan, en representación de su partido, debió asumir la defensa de los gobiernos radicales ante ciertas apreciaciones del señor Osear Fenner en un alegato ante la Corte Marcial en torno, precisamente, del hecho que hoy nos preocupa.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Lo hice sólo con el objeto de precisar...
El señor CARMONA.-
Si aplaudo su intervención, Honorable colega.
Como lo hemos dicho constantemente en esta Sala y a lo largo de los últimos años, lo relativo a la situación de las Fuerzas Armadas y a las remuneraciones de su personal es un problema de gran magnitud y trascendencia que no puede ser resuelto con un simple afán comparativo: "Yo hice más que tu y tú hiciste menos que yo". No creo que sea ésta la manera de abordar el problema. Sin embargo, resulta extraño que hayamos tenido que retroceder hasta 1933 para despejar la duda que trató de sembrar ese escrito, a propósito del cual el Honorable señor Aguirre Doolan también hizo algunas insinuaciones.
El señor Fenner, no obstante haber sido Ministro de Relaciones Exteriores en las postrimerías de un Gobierno civil constitucional, hizo surgir dudas sobre el patriotismo de todos los Gobiernos civiles y sobre su manera de enfrentar los problemas internacionales y de encarar la situación de las Fuerzas Armadas. ¡Y ninguna Administración se salva de esos cargos desde 1933 hasta 1964, y se refirió hasta esta última fecha porque desde ahí comenzaba un nuevo período!
Pues bien, ¿a qué tiende todo eso? A consolidar no como sostiene el Honorable señor GARCIA la autoridad democrática y legal en nuestro país y reafirmar los principios que han informado siempre la conducta de las Fuerzas Armadas, de las cuales nos hemos manifestado siempre orgullosos.
Es del todo necesario decir estas cosas, porque el propósito de entregar facultades al Ejecutivo para reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas no es sólo de ahora: ha sido un principio casi constante en nuestra Administración del Estado. En efecto, generalmente los problemas de esta índole se han resuelto mediante decretos con fuerza de ley, y éstos han sido dictados no sólo por el actual Gobierno, sino también por los anteriores. No recuerdo en este momento si la Administración del señor Alessandri dispuso de facultades similares, pero, con seguridad, durante ella se dictaron decretos con fuerza de ley referentes a esta misma materia. O sea, el Gobierno inmediatamente anterior así lo hizo, y ello obedece no sólo a la complejidad de la materia que hace necesario abordarla de esa manera, sino a una profunda raíz de carácter constitucional. En efecto, el constituyente quiso que tales asuntos en especial todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas estuvieran orientados, dirigidos y manejados yo diría, en forma exclusiva por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República.
Reitero que el problema tiene un fondo constitucional: no se trata de tener confianza o no tenerla en un gobernante determinado. El Honorable señor Ochagavía ha apreciado perfectamente la situación: se trata de resolver un problema en forma adecuada y conforme a los principios que siempre han regido para enfrentar situaciones similares, ya que el artículo 72 de la Constitución Política del Estado, referente a las atribuciones del Presidente de la República, establece, en su número 13, lo siguiente: "Disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarías y distribuirlas según lo hallare por conveniente". Es decir, debemos tomar en cuenta el aspecto constitucional de la materia que nos preocupa.
Repito: la Constitución Política entrega la exclusividad al Primer Mandatario para ocuparse en estos asuntos. Por ello, es lógico que el problema de las remuneraciones del personal de la Defensa Nacional, por su complejidad y por lo preceptuado en la Carta Fundamental, debe estar en manos del Poder Ejecutivo. A ello obedece el otorgamiento de facultades para que, mediante decretos con fuerza de ley, resuelva sobre el particular.
He querido precisar tales aspectos y explicar por qué se ha abordado el problema en esa forma. En mi concepto, no sólo se debe fundar el otorgamiento de facultades en la confianza que pueda inspirar el Poder Ejecutivo, sino en razones de orden constitucional.
Deseo referirme en forma breve a las cifras, datos y antecedentes dados en esta Corporación para acreditar si ha mejorado o no ha mejorado el nivel de las remuneraciones y el presupuesto de la Defensa Nacional. No creo conveniente agregar nuevos guarismos ni tratar este asunto con sentido polémico. Sólo deseo precisar algunos puntos que estimo fundamentales en torno de los antecedentes aquí proporcionados.
En la mañana de hoy, el Honorable señor Altamirano se refirió a diferentes datos entregados por la Oficina de Informaciones del Senado sobre porcentajes del Presupuesto Nacional, en especial, desde el año 1950 a la fecha. Seguramente los antecedentes proporcionados por el señor Senador se basan en "cifras diferentes de las que tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo ; tal vez se hayan obtenido de las diferentes leyes de Presupuestos. No se trataría, entonces, de las cantidades efectivamente gastadas o, como dijo el señor Ministro de Hacienda, de los recursos invertidos en cada año calendario. Ello explica que a veces se produzcan diferencias muy profundas en los antecedentes que se dan en estos debates.
Debo advertir otro aspecto relacionado con el problema que estamos debatiendo. Se ha afirmado que el porcentaje que se destina en el Presupuesto a la Defensa Nacional es similar al otorgado por la última Administración, desde el año 1960, fecha en la cual el Ministerio de Defensa entregó al de Hacienda lo concerniente a gastos previsionales, es decir, el pago de pensiones y montepíos.
Mucho se ha insistido ante la opinión pública, mediante importantes campañas de prensa e informaciones proporcionadas por algunos parlamentarios, en que los gastos públicos se han incrementado extraordinariamente desde 1964 hasta la fecha. Inclusive, se ha reclamado de este hecho con el propósito lo hemos dicho últimamente de frenar algunos programas de desarrollo social, como las reformas agraria y educacional, la extensión de los planes de educación, los programas de vivienda y otras inversiones públicas, todo lo cual aconsejaría no incurrir en nuevos gastos derivados, según esos sectores, de la política seguida por este Gobierno.
Por todo lo anterior, no es lógico comparar un 10% de un Presupuesto que no ha incurrido en los gastos que acabo de mencionar como ocurrió en la Administración anterior con el porcentaje destinado por el Gobierno actual, que ha acometido todas las tareas señaladas. Por lo tanto, si es cierto que se ha mantenido el porcentaje correspondiente a la Defensa Nacional, debe tomarse en cuenta que el Presupuesto de la Nación ha experimentado un incremento real extraordinario.
En lo referente a este problema de las remuneraciones, es necesario destacar otros aspectos. Las comparaciones se han hecho sobre la base de sueldos vitales; es decir, estas cifras obedecen a antecedentes reales, a hechos concretos: a la canasta mencionada por el Honorable señor GARCIA. En realidad, todas las remuneraciones se miden con relación a los sueldos vitales, y ésta es la comparación que a nosotros nos interesa.
No voy a ponderar más tales cifras, por estimar que en el curso del debate ya se han dado todos los antecedentes del caso para que la opinión pública pueda formarse una visión clara. Pero sí me interesa señalar algo sumamente importante relacionado con esta materia, con el propósito de que se aprecie realmente la envergadura y complejidad del problema que nos ocupa y, al mismo tiempo, su incidencia. Ello nos demostrará que no es posible tratarlo en forma ligera para pedir soluciones que, muchas veces, son difíciles de abordar.
Es interesante analizar la afirmación hecha por el Ministro de Hacienda en la SESION anterior, en el sentido de que el monto total del proyecto, o sea, el mejoramiento económico de las Fuerzas Armadas y Carabineros, irrogará como mínimo un gasto de 850 a 900 millones de escudos. Para aquilatar la magnitud de esta cifra, el impacto que significará a nuestra economía y los esfuerzos que impondrá al país, es conveniente compararla con el presupuesto total de la Corporación de Fomento de la Producción, correspondiente al año en curso, que alcanza a 1.000 millones de escudos, incluyendo todos sus gastos administrativos y las inversiones para el desarrollo agrícola, minero e industrial. Vale decir, el costo de la iniciativa que nos preocupa es similar al presupuesto del organismo encargado de desarrollar la producción de nuestro país.
Opino que estas cifras deben ser valoradas debidamente por la opinión pública para que comprenda el extraordinario esfuerzo que hará el país. El Gobierno está plenamente consciente del problema y ha querido tratarlo con seriedad y espíritu constructivo, sin perder de vista las disponibilidades del país.
Los antecedentes que he proporcionado deben hacer meditar también a los señores Senadores respecto de los propósitos del Gobierno para abordar la situación y, al mismo tiempo, los esfuerzos que debe desplegar el país para encararla.
Tal es cuanto quería manifestar. El tiempo que me resta lo ocupará el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, los Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA han expresado reiteradamente en sus intervenciones también lo dijo el Honorable señor Ibáñez en las Comisiones que ellos votarán favorablemente las facultades especiales, entre otras razones, por estimar que el Gobierno debe asumir íntegramente la responsabilidad de resolver el problema que afecta a las Fuerzas Armadas, de tal suerte que después no tenga excusa alguna con relación a esta materia.
Al respecto, debo advertir que es conveniente no incurrir en un error que considero importante y que puede ser difundido al exterior y alcanzar, inclusive, a los propios interesados.
El proyecto en debate otorga facultades al Presidente de la República específicamente para solucionar un problema muy concreto: las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa y de Carabineros. Todavía más: estas facultades otorgadas con un objetivo tan determinado, como lo es el problema de las remuneraciones, han sido condicionadas y reglamentadas por el artículo 1° del proyecto que estamos estudiando.
Pero el problema de las Fuerzas Armadas no es sólo de remuneraciones, sino mucho más complejo, como lo dio a conocer denantes el Honorable señor Carmona. Afirmar, pues, que estas facultades se otorgan con el ánimo de que el Gobierno asuma la responsabilidad para resolver todos los problemas de las Fuerzas Armadas, no es exacto, y puede prestarse a interpretaciones peligrosas. El proyecto sólo habilita al Ejecutivo para solucionar lo concerniente a las remuneraciones, pero no el problema global. Por lo demás, en el curso del debate ha quedado de manifiesto que el problema de fondo que afecta a las Fuerzas Armadas uno de cuyos aspecto es el de las remuneraciones se viene arrastrando desde hace muchos años y, por su complejidad, importancia y delicadeza, requiere de un esfuerzo muy grande del país para ser abarcado en su totalidad.
Consideré necesario hacer estas observaciones, porque, después de las reiteradas expresiones de esos señores Senadores, quien lea sus palabras podría pensar que el Gobierno, en virtud de estas facultades especiales, queda habilitado para resolver todos los problemas de las Fuerzas Armadas, y no es así.
El señor CHADWICK.-
Exacto.
El señor GUMUCIO.-
Señor Presidente, considero que nos hemos extendido demasiado sobre algunos puntos del debate.
En primer lugar, ha habido una larga discusión respecto de algunos cuadros que demostrarían que el Gobierno democratacristiano ha dado mejor tratamiento a las Fuerzas Armadas que el del señor Alessandri. En mi opinión, eso tiene importancia relativa, porque tanto en una como en otra Administración, ese sector ha estado disconforme y sentido frustradas, sus aspiraciones.
Comprendo que el Ejecutivo haga hincapié en esas comparaciones, pues quiere dejar desubicada cierta sensibilidad, muy de última hora, de los sectores de Derecha para con el Ejército.
El señor OCHAGAVIA.-
No diga eso, señor Senador, porque es falso.
Si me permite una interrupción, podré explicarle.
El señor GUMUCIO.-
En segundo término, nos hemos extendido mucho sobre el caso del Partido Nacional y sus relaciones con los acontecimientos que todos conocemos.
Tengo juicio formado al respecto. Creo que el Partido Nacional ha querido pecar sin desear que se descubra su pecado.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Y estos curas de última hora...?
El señor GARCIA.-
¡Esa es la peor manera de pecar!
El señor GUMUCIO.-
En el último tiempo ha demostrado una tendencia a efectuar declaraciones diarias respecto de diversos problemas, y el de las Fuerzas Armadas no ha sido la excepción.
En la primera de ellas a mi juicio, el hecho revistió extraordinaria gravedad, salió en defensa del General Viaux, porque había sido eliminado como General del Ejército, debido a la aplicación de un procedimiento normal: el famoso "tiraje de la chimenea". Creo que esto se presta para que la opinión pública sospeche una concomitancia directa del Partido Nacional con algo que se veía venir.
Después, como vio que la situación era grave, que podía haber resistencia a lo que estaba sucediendo, concurrió a La Moneda, como todos los partidos según dicen los propios personeros nacionales, a expresarle su adhesión al Gobierno.
El señor OCHAGAVIA.-
Al Gobierno no, señor Senador.
El señor GUMUCIO.-
Luego viene otra etapa, donde empieza a prosperar la teoría de que se trataba sólo de un conflicto gremial, tal como acontece en las fábricas. Como esa hipótesis prendió había muchos elementos que concordaban para que la teoría tomara cuerpo, el Partido Nacional estimó conveniente hacer otra declaración, que, a mi juicio, aun cuando pasó inadvertida, tenía mucha fuerza. Hace pocos días, esa colectividad política dijo que lo acaecido el 21 de octubre fue una farsa del Gobierno y del Partido Comunista y exigió que los militares implicados en esos actos los considero ilegales volvieran a las filas del Ejército.
El señor IBÁÑEZ.-
¡No, señor Senador!
El señor GUMUCIO.-
Porque por ahí se estaba dando la cosa; el ambiente iba para allá.
El señor IBÁÑEZ.-
La declaración no dice eso.
El señor GARCIA.-
Lea ese documento.
El señor GUMUCIO.-
En todo el proceso, donde está mejor el baile, ahí se encuentra el Partido Nacional. Si está mal, rasga vestiduras, se torna constitucionalista y dice que jamás ha participado en golpes de Estado ni militares en Chile. Al respecto, debo recordarles, entre otros, el golpe del año 1924 y el de Ariosto Herrera, en que estuvieron metidos hasta no sé dónde...
Considero innecesario prolongar este debate.
El señor IBÁÑEZ.-
Así parece.
El señor GUMUCIO.-
En general, me sumo a quienes están cansados de los discursos de imágenes, de metáforas, de las contra verdades. Cuando se dice paz, es guerra; cuando se dice anticapitalismo, es capitalismo o neocapitalismo; cuando se dice libre empresa, es el deseo de aprovechar la capitalización del Estado a favor de los empresarios. Estoy aburrido de las contraverdades. Deseo que cuando se diga árbol, sea árbol; que cuando se diga muro, sea muro.
Durante toda la discusión del proyecto relativo a las Fuerzas Armadas no se ha dicho lo que se siente.
¿Cómo se ha legislado tradicionalmente respecto de ese sector?
"Llevo catorce años de parlamentario. Me ha correspondido intervenir en las discusiones de una serie de proyectos de ley de reajustes para las Fuerzas Armadas. Ello me permite sostener que se produce la siguiente situación.
A principio de año, los gobiernos reajustan las rentas del sector público en general. En el curso del año se produce descontento en las Fuerzas Armadas. Los gobiernos, en el afán de tener una fuerza que pueda servir de represión, por un lado y ante el peligro de un golpe, por el otro, se ven obligados a enviar a mediados de año un proyecto para aumentar las rentas de los miembros de ese sector.
Pues bien, como han establecido principios económicos antinflacionistas en materia de remuneraciones, para no perder la autoridad moral se ven obligados a dar diversas razones a fin de justificar esa accidental manera de legislar, al margen de la norma general. Entonces se buscan los arbitrios, y de ahí vienen las planillas con cinco y seis rubros sobre asignaciones, para sostener que no se trata de un reajuste distinto del otorgado al resto de la Administración Pública, sino de asignaciones muy especiales y técnicas, como la de embarque, la de vuelo, la de esto y la de aquello: en definitiva, sólo son arbitrios.
Sin embargo, no se discute el problema de fondo: ¿qué capacidad tiene un país subdesarrollado para afrontar gastos de Defensa Nacional? Es preciso abordar con claro sentido de patriotismo esta situación.
Ese es el problema eje. No obstante, nadie lo discute, y se sigue buscando otro camino para pasar la tempestad, que dura sólo un año. La situación se apacigua por un tiempo; pero se mantiene el problema de la previsión de la Defensa Nacional.
Los jubilados de ese sector no tienen tal carácter porque lo deseen; han sido empujados a jubilar, pues, dentro de los arbitrios, para que haya "tiraje de la chimenea", determinado número de personas deben acogerse a jubilación. Entonces vemos el cuadro trágico de que en los altos grados del Ejército hay más de mil oficiales que perciben el sueldo de general. Nadie se atreve a enfrentar el problema previsional de las Fuerzas Armadas, y de ello no son culpables sus miembros.
A mi juicio, un gobierno de futuro debe enfrentar este problema fundamental, porque es absurdo pagar igual cantidad de dinero por sueldos que por jubilaciones.
Anuncio, con sinceridad, mi voto negativo a la concesión de facultades. Considero absurdo que un Gobierno desee suicidarse: él mismo se hace la oposición, porque no resolverá el problema esencial. Si pide facultades para arreglar el problema de las remuneraciones y el del rol del Ejército, sólo resolverá esas situaciones. Por lo tanto, no nos ceguemos.
A mi juicio, el Gobierno asume una responsabilidad absurda. Pasará un año, y luego vendrá el descontento. Como las facultades, según se dice, serán usadas para mejorar un grado más, quienes no obtengan mejoría reclamarán y dirán que el Ejecutivo procede en forma arbitraria. Entonces, al año siguiente tendremos la repetición exacta de lo que hoy día estamos discutiendo.
Por eso, en el fondo, soy enemigo de las facultades. Participo de la idea de abordar la cuestión fundamental, a fin de otorgar remuneraciones adecuadas, de acuerdo con las disponibilidades económicas de Chile. Es preciso resolver el problema ocasionado por el famoso "tiraje de la chimenea"; considero absurdo que cada año numerosos miembros de las Fuerzas Armadas jubilen con una pensión equivalente al sueldo de actividad. En resumen, me inclino por abordar el asunto con sentido más profundo, y no como ahora se está haciendo.
Como dije, votaré en contra de las facultades, por estar convencido de que, al año, el Gobierno pagará los platos rotos, porque mejorará algunos grados más que otros. En definitiva, tendrá toda la responsabilidad.
Mi actitud no es opositora u obstruccionista. El hecho de votar contra las facultades implica un mínimo de patriotismo. Estoy seguro de que no habría conflicto grave si nos demoráramos veinte días. Así tendríamos la certeza de que se estudiará un proyecto destinado a resolver los problemas de fondo de las Fuerzas Armadas, incluidos, por supuesto, el de las remuneraciones y el de cambio de rol del Ejército.
El señor JEREZ.-
Sólo deseo hacer presente que en "El Diario Ilustrado" del sábado 8 de noviembre aparece una declaración del Partido Nacional, que no ha sido desmentida. Procederé a darle lectura en vista de la negativa de los Senadores del Partido Nacional respecto de las aseveraciones hechas por el Honorable señor Gumucio en torno de una declaración formulada por esa colectividad política:
Dice:
"Existe ya la evidencia de que tanto el General Viaux, como los demás oficiales que participaron en los sucesos del 21 de octubre, actuaron movidos por razones profesionales, ante el incumplimiento de los compromisos y la imposibilidad de hacerse oír por las autoridades, y que la denuncia de un golpe de Estado fue sólo una maniobra política organizada por el Gobierno en connivencia con el Partido Comunista.
"En consecuencia, el Partido Nacional estima que existen razones fundadas para estudiar una ley de amnistía y la posibilidad de reponer en sus cargos a los oficiales procesados."
Esa declaración no ha sido rectificada. Ello deja en claro que el Honorable señor Gumucio decía la verdad y que los Senadores nacionales faltaban a ella.
El señor IBÁÑEZ.-
El Honorable señor Gumucio sostuvo otra cosa.
El señor OCHAGAVIA.-
No dijo eso.
El señor GARCIA.-
La declaración dice "para estudiar."
El señor JEREZ.-
Lo que leí es muy claro.
El señor BALLESTEROS.-
¿Cómo para estudiar?
El señor OCHAGAVIA.-
Léalo nuevamente, Honorable señor Jerez.
El señor CHADWICK.-
Ya conocemos el alcance.
El señor BALLESTEROS.-
Están muy estudiosos.
El señor GARCIA.-
Somos estudiosos.
El señor CHADWICK.-
A buen entendedor, pocas palabras.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, estoy muy impresionado por la intervención del Honorable señor Gumucio. Veo que, con extraordinaria honestidad, Su Señoría trajo al "debate lo que es esencial en nuestra decisión.
Debemos resolver si se dan o no se dan las facultades especiales solicitadas por el Ejecutivo, y, en caso de negativa, decidir si se forma un fondo especial para atender el mayor gasto que importarán estas remuneraciones, en el entendido de que una ley será sometida a la aprobación del Congreso Nacional en su oportunidad.
La cuestión de fondo que provoca la decisión entre una tesis y otra toca el resorte fundamental del régimen democrático. Porque, si se atiende en concreto a lo que es el gasto público respecto de las Fuerzas Armadas en general, deberá reconocerse que las remuneraciones forman sólo una parte de ese gasto público.
Además, es necesario considerar los desembolsos que irrogan el equipamiento del Ejército, las modificaciones de su infraestructura y, en general, todos los requerimientos que la técnica contemporánea va haciendo ineludibles en el mantenimiento de una fuerza de defensa nacional efectiva y que dé garantías al fin último de defender la soberanía del país.
Bien se comprende que una nación rica que debería contar, si no con recursos ilimitados, al menos con holgadas disponibilidades 'para atender esas exigencias pudiera darse el lujo de entregar a la discrecionalidad del Presidente de la República el fijar los sueldos y gastos correspondientes a un escalafón de la Defensa Nacional, a fin de abreviar debates y evitar el empleo de métodos relativamente inconvenientes en los trajines parlamentarios. Pero cuando ocurre, como en Chile, que. se tiene la absoluta certeza de que cualquier gasto en que se incurra por concepto de sueldos de las Fuerzas Armadas incidirá, querámoslo o no, a pesar de nuestra buena o mala voluntad, en los otros rubros que forman las sumas globales a que he hecho referencia, limitándolas o haciendo imposible su consideración, debemos concluir, de manera ineludible, que el gran problema de la Defensa Nacional se plantea en términos de una decisión política en que debe informarse al pueblo para asumir una responsabilidad colectiva.
El Partido Nacional nos ha dicho que por doctrina son las expresiones del Honorable señor Ibáñez en las Comisiones Unidas y por la experiencia recogida en los últimos años si debo atender a lo manifestado por el Honorable señor GARCIA hay en Chile necesidad de centralizar en el Poder Ejecutivo ¡a totalidad de la responsabilidad sobre la materia. Este último señor Senador ha recordado incidentes más o menos pintorescos, los cuales, a su juicio, demostrarían que estaría quebrada la disciplina colectiva, y que lo acontecido en las Fuerzas Armadas no es sino la culminación de un proceso en que la autoridad está desarticulada y ha llegado a ser inoperante.
El señor GARCIA.-
En cierto modo eso es lo que dije.
El señor CHADWICK.-
Estos conceptos, que tienen fácil acogida en nuestro medio por carencia de un examen en profundidad de los grandes problemas nacionales, no pueden ser dejados pasar sin un análisis más detenido.
Es indudable que en Chile se advierten los fenómenos que el Honorable señor GARCIA menciona. Pero igualmente indudable es que la solución auspiciada por el señor Senador ha fracasado en nuestro país y en todos aquellos donde se ha intentado aplicar. Radicar la autoridad en una sola persona para que a su arbitrio imponga determinadas soluciones, es la clásica doctrina reaccionaria que finalmente confunde todos los Poderes del Estado con el absolutismo más riguroso. No hay duda de que en Chile esa doctrina fracasó, ya que desde una reforma constitucional que según entiendo arranca desde hace más de 20 años, el Presidente de la República ha tenido de manera constante y exclusiva la facultad de poder tomar la iniciativa...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Desde hace 26 años.
El señor CHADWICK.-
...desde hace 26 años para imponer un mayor gasto público.
Todo el sistema caótico que domina en el régimen de las remuneraciones y en las pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas no puede ser atribuido en parte alguna al sistema parlamentario, a la interferencia o a los vicios que a nosotros pudieran atribuírsenos. Ha sido únicamente el Presidente de la República quien durante 26 años, como anota el Honorable señor Aguirre Doolan, ha tenido la facultad privativa de agregar a los sueldos bases mayores remuneraciones por concepto de quinquenios, 20% imponible, 55% de bonificación, asignación fijada por una ley determinada, 20% no imponible, asignación de rancho, gratificaciones especiales y los sobresueldos para distintas categorías, y todo ello en la mayor anarquía.
La experiencia en Chile demuestra que el sistema de reservar al Presidente de la República la discrecionalidad para resolver el retiro del personal de las Fuerzas Armadas, ha conducido a la aberración que hoy domina entre nosotros. Comprobamos que mientras hay tres cargos de Comandantes en Jefe, uno para cada institución, como resulta lógico pensar, existen 199 funcionarios en servicio activo cuyas rentas son iguales a las remuneraciones del Comandante en Jefe y 752 empleados en retiro que también tienen pensiones equivalentes a ese sueldo. Ese sistema ha conducido a la aberración de que en cualquier medida que signifique aumento de rentas deba considerarse a una masa de 3.273 funcionarios, en actividad o en retiro, cuyos ingresos son equivalentes a los del cargo de general de brigada u otro superior.
Estas cifras son suficientes para que el Honorable Senado comprenda de qué manera el arbitrio de otorgar al Presidente de la República la facultad de decidir el problema de los emolumentos de las Fuerzas Armadas, sin entrar a discutirlo con nadie, dentro de la planificación de una política racional de un país pobre, con conflictos fronterizos en los cuales su soberanía puede estar amenazada, no puede entregarse a una sola persona. Lejos de lo que piensa el Partido Nacional, esa sola persona es la víctima más débil de las presiones que naturalmente se ejercen por los interesados.
La solución propuesta por el Partido Nacional está desmentida en los hechos no sólo aquí en Chile, sino también en Argentina y en Brasil. Es cierto que ahí se clausuraron los Parlamentos y que todo el Poder se radicó en la persona del Jefe de Estado. El Honorable señor GARCIA no podrá decir que nuestras huelgas, nuestras tomas de universidades y todos los trastornos que anota, pueden compararse siquiera...
El señor GARCIA.-
¡El poder arbitrario no sirve sin el poder moral y legal!
El señor CHADWICK.-
El Honorable señor GARCIA no podrá decir que todos estos trastornos que lo escandalizan no se dan en mayor grado y gravedad en los países que han cumplido la aspiración, siempre permanente y latente en la Derecha, de tener un mandón que imponga una autoridad que ahogue la protesta y que haga imposible el análisis de los problemas nacionales.
El señor GARCIA.-
Jamás hemos dicho eso
El señor CHADWICK.-
En Argentina y en Brasil, como todos sabemos, más que trastornos hay una verdadera guerra civil larvada. Basta abrir los diarios para informarse de que cada cierto tiempo hay batallas callejeras que a veces abarcan grandes ciudades, como sucedió en Córdoba en mayo último.
En Brasil, por ejemplo, al Embajador de Estados Unidos se le aplicó la ley de la guerra y se le tomó como rehén para exigir que el Gobierno militar pusiera en libertad a 15 de los presos políticos más calificados e hiciera las publicaciones que el bando armado contrario imponía.
La solución, evidentemente, no es tan sencilla. No se trata de otorgar al Presidente de la República todas las facultades y, en seguida, cruzarse de brazos para ver lo que pasa.
En Chile ya podemos ir configurando el problema. En el Ejército hay descontento no sólo por las remuneraciones bajas. Grupos importantes de la institución solicitan aumentar las dotaciones; de manera que cuando calculamos en 850 millones de escudos el gasto que implica el proyecto, estamos forjándonos un poco una ilusión.
Se dice, por ejemplo, que el contigente es escaso, que sólo alcanza a poco más de una decena de miles de conscriptos. Su aumento trae consigo el incremento del número de oficiales y, como consecuencia inevitable, un creciente gasto en las estructuras.
Se sostiene que el país ha aplicado una política de abandono criminal en cuanto a sus armamentos. Naturalmente, si consideramos el valor de los implementos militares, llegaremos a cifras sencillamente desconcertantes.
¿Cuánto vale un tanque? Hay quienes piensan que por el hecho de que Argentina esté construyendo 300 tanques para montar una división blindada, nosotros debemos hacer otro tanto. Cada avión Mirage tiene un costo de 6 millones de dólares, es decir, la adquisición de una sola unidad significa un gasto aproximado de 60 millones de escudos. Esto es considerando la repercusión de la compra en la infraestructura.
¿Cuánto necesitamos gastar en las Fuerzas Armadas para que las instituciones mismas estén satisfechas y asegurada la soberanía del país? ¿Este es un problema que resolverá el Presidente de la República solo, "consultando a los Comandantes en Jefe de las respectivas instituciones, expuesto a que se le diga por voceros irresponsables que está siendo manejado por enemigos de las Fuerzas Armadas?
En verdad, todo este debate sobre cuánto se gasta ahora y cuánto se gastó antes no tiene mucha importancia. Lo esencial es saber quién debe resolver acerca de lo que el país debe gastar en las Fuerzas Armadas sin producir un derrumbe. No creo lo digo con máxima honestidad que haya habido Presidente de la República alguno que consciente ni mucho menos maliciosamente haya escatimado un aumento de las Fuerzas Armadas. No lo creo por una razón sencillísima : además de las condiciones que deben atribuirse al Primer Mandatario en el plano político, debe reconocerse en él la inteligencia mínima de velar por su estabilidad, de evitarse las zozobras que la decepción y el descontento traen consigo. A mi juicio, el problema es de tal gravedad, que debemos estudiarlo todos.
El Honorable señor Carmona señaló un dato al pasar. Manifestó que el costo aproximado de este mejoramiento de los sueldos de las Fuerzas Armadas sería del orden de los 850 a 900 millones de escudos, cifra que, más o menos, equivaldría a lo que se ha dispuesto en el año en curso para inversiones de desarrollo industrial por medio de la Corporación de Fomento. Y se trata sólo de un aumento, no del total de los sueldos de este sector, ni mucho menos del gasto global de las Fuerzas Armadas en armamento, equipos, etcétera.
Yo me pregunto cómo poder hacer entender a los grupos políticos, a la opinión pública y, muy especialmente, a los propios oficiales de las Fuerzas Armadas que el país no puede hacer el gasto libremente, sin tomar en cuenta las necesidades de su desarrollo y aquellas otras, igualmente impostergables, que significan mantener lo existente. Si tenemos los hospitales sin sábanas, si tenemos los centros de salud sin poder movilizar una ambulancia por falta de dinero para bencina, si postergamos las soluciones más premiosas, ¿no es necesario que alguna vez nos reunamos, todos los que tenemos una delegación de la soberanía, para estudiar todos estos problemas de modo responsable y decir, no sólo atendiendo a lo que gastan los países limítrofes en armamento, sino a nuestras propias posibilidades, "tenemos que trazar una política"?
El Honorable señor Carmona decía: "La CORFO cuenta con peco más de mil millones de escudos para atender al desarrollo". Este proyecto, de simple aumento de remuneraciones, cuesta 950 millones de escudos. ¿Qué relación hay en esto?
Estaba pensando en otra relación: en los Estados Unidos, el gasto desorbitado de las Fuerzas Armadas, que está generando la inflación en ese país tan avanzado, alcanza a 80 mil millones de dólares en el año presupuestario. Por lo menos, ésta es la última cifra del presupuesto norteamericano que recuerdo. Pero allá la industria hace una inversión anual de 76 mil millones de dólares, que mejora la economía de ese país.
¿Qué relación existe entre lo que nosotros podemos gastar y los requerimientos de las Fuerzas Armadas? Afirmo que ésta es una pregunta que ni en todo este debate ni en el estudio del proyecto en las Comisiones ha tenido respuesta, y que nos deja en una posición de absoluta irresponsabilidad, en cuanto nos limitamos a trasladar el problema, que debiéramos resolver nosotros, a la persona del Presidente de la República, asediado por instituciones que han quebrantado su disciplina y hacen más de una manifestación indicadora de no haberla recuperado.
Digo con honestidad que el despacho de las facultades extraordinarias sólo agravará los términos políticos en que el problema está planteado. Y si, por el contrario, aprobamos la indicación sustitutiva del artículo 1º, daremos tiempo al Ejecutivo, en primer término, para cumplir con la Constitución y, en segundo lugar, para poder convencer a la opinión pública y al propio Ejército y a las demás instituciones armadas, de que se está haciendo lo único posible a través de un debate parlamentario.
Aquí, de manera directa o implícita, se ha estado haciendo valer el gran argumento de que las cosas son muy delicadas y de que hay temas que no se pueden tratar públicamente. Mientras escuchaba estas alusiones, venían a mi memoria recuerdos que no puedo silenciar.
Recuerdo perfectamente cómo en mayo de 1941 el Reino Unido estaba en la más dramática situación de su historia. No tenía más aliados que los países integrantes de la Comunidad Británica de Naciones. La costa continental del Canal de la Mancha estaba ocupada por el enemigo, que lo bombardeaba despiadadamente. Estaba solo en el momento culminante de su historia. En los primeros días de ese mes de mayo, el Primer MinistroWinston Churchill fue a la Cámara de los Comunes y allí, en discurso dramático, manifestó: "La suerte de la guerra, hasta ahora, nos es adversa. Pero tenemos confianza en nuestro pueblo y en nuestras instituciones, en los hábitos democráticos que nos han distinguido durante toda la historia y en el mundo entero. Debo decir a este Parlamento que estamos alerta respecto de operaciones que pueden hacer, incluso, más grave la situación estratégica del Imperio". Señaló algunas operaciones. Manifestó que, entre otras, podía realizarse la ocupación de Creta, la isla que dominaba todo el equilibrio estratégico en el Mediterráneo oriental. Anticipó que tenía buenas razones para confiar en que esa posición básica no sería dominada por el enemigo. "Mal que mal" dijo "después de la retirada de nuestras tropas de Grecia hemos podido organizar dos divisiones en Creta y tenemos, finalmente, el dominio del mar".
A pocos días de este pronunciamiento del Gobierno ante el Parlamento, en momento tan dramático e incierto, el poder ofensivo de la Alemania nazi hizo la operación culminante de todo un período, dominando por medio del cuerpo de paracaidistas la guarnición de la isla y dejando indefenso todo el extremo oriental mediterráneo. ¿Se derrumbó la moral de Inglaterra porque la previsión del Jefe del Gobierno, que había consultado las opiniones de los responsables de la defensa, resultaba sobrepasada por el enemigo? No, porque el pueblo inglés tenía el orgullo y la seguridad de que a través de los métodos parlamentarios, que allá son una tradición secular, estaba tomando parte de las resoluciones de su Gobierno y debía respaldarlo, cualesquiera que fuesen las alternativas de la guerra.
No creo que las experiencias británicas puedan trasladarse mecánicamente al pueblo de Chile. Vivimos otras realidades y estamos muy distantes de haber alcanzado la cultura política que tiene ese gran pueblo. Pero sí afirmo que no sólo creo sino que tengo la seguridad más absoluta de que en esta emergencia, también dramática, y en la cual el pueblo de Chile desea saber qué pasa y qué se hará con las Fuerzas Armadas, este' Congreso Nacional sigue siendo el mejor me dio para la información, el estudio, el análisis y la resolución responsables.
Gravísimo error vamos a cometer no con el voto nuestro, pero vamos a cometerlo, porque en definitiva las decisiones colectivas nos abarcan a todos por un mecanismo de simple repetición mental, por no detenernos a considerar qué hay de diferente hoy respecto de situaciones anteriores.
Lo que hay de diferente, Honorable señor GARCIA, es que las situaciones señaladas por Su Señoría respecto de América Latina ya no se pueden abordar por el simple empleo de la fuerza bruta.
El señor GARCIA.-
Estábamos mucho más entretenidos con el relato de la guerra europea. Esperábamos la narración de lo que sucedió en Normandía, pero se saltó a otro tema.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Cuánto tiempo tiene el Honorable señor Chadwick, señor Presidente?
El señor CHADWICK.-
América Latina vive un proceso revolucionario que en algunos países, finalmente, se trata de sofocar con una violencia bestial. En Brasil apareció asesinado, descuartizado, un sacerdote que se desempeñaba como Secretario del Arzobispo Dom Helder Cámara. Se sabe que aun los hombres más desaprensivos comienzan a temblar, porque son tales los tormentos, torturas, vejaciones y atrocidades que cometen quienes aplican la doctrina del autoritarismo para resolver los problemas sociales, que, si había fragmentos de revolución en Brasil hace tres años, hoy día está en movimiento una masa incontenible, a la cual no arredran ni las delaciones, ni las flagelaciones ni las balas, ni ningún otro recurso del terror físico o síquico. ¿A eso queremos llegar? Claro que, para algunos, la solución está en las manos: para hacer prevalecer el principio de autoridad, cuando se produzca una huelga se puede ordenar el apaleo, el uso de las armas de fuego, la redada de muchachos que podrán llevarse ya no a las cárceles o cuarteles de Investigaciones, sino a campos de concentración para que puedan tener cabida los miles y miles que protestan. Pero eso no sería sino desencadenar y poner en marcha la última y fatídica etapa del proceso en que finalmente caen quienes creen en el autoritarismo como solución.
Pienso que tenemos derecho de decir al Ejecutivo que no siga en la ilusión de que bastan las facultades legales para resolver los problemas. Tercera vez con ésta, como se ha recordado en esta Sala, que se van a dar facultades extraordinarias a este Gobierno para solucionar el mismo problema.
Cualquiera que sea el deseo del Presidente de la República de complacer las exigencias, creo que quienes hemos llegado a la madurez y tenemos responsabilidad política, debemos anticipar que no podrá satisfacer todos los requerimientos. Tendrá los problemas agravados y multiplicados, porque, en lugar de examinar ante la luz pública del país cuáles son las posibilidades y las limitaciones, qué cambies razonables deben hacerse para evitar algunos desbordes y, por último, qué sacrificios, nos pese o no nos pese, habremos de realizar, ha elegido el camino absurdo de reservarse para sí la decisión frente a una fuerza que hará valer sus peticiones a través del orden regular, pero que no posee capacidad política para tomar en cuenta todos los factores.
Respeto y admiro a los militares, marinos y aviadores, a todas las Fuerzas Armadas, como un testimonio de nuestra herencia patria. En algunos de los muchos manifiestos que leí se señala que ellos contribuyeron a formar la República. Digo, emocionadamente, que así es. Pero no se engañen en su papel: no pueden ir más allá de lo que nuestras instituciones les asignan; no pueden deliberar por sí mismas para imponer soluciones parciales; tienen la obligación porque de otro modo no hay salida de someterse a soluciones que consideren todos los intereses de la patria. Por ello, es de toda evidencia que el método de las facultades extraordinarias es el más inadecuado; lleva al abismo.
Por tales consideraciones, insistiremos en el pensamiento que nos ha informado durante toda la tramitación del proyecto en el Senado. Votaremos por suprimir el artículo 1° y por aprobar la indicación que lo sustituye, a fin de que, cuando el Ejecutivo tenga todos los datos elaborados, venga al Parlamento a decir: "Esta es la solución; la defiendo ante la opinión pública y la impongo con la autoridad que me da el respaldo del país". Procediendo a solas repito, se abre el camino que conduce al abismo.
El señor DURAN.-
Señor Presidente, no he tenido oportunidad de participar en el debate sobre esta materia ni siquiera en la hora de Incidentes, pues, como Senador sin Comité, no tengo tiempo reglamentario. Tampoco en el debate general del proyecto, cuando estimé que debían plantearse y abordarse las ideas sobre lo que aconteció el 21 de octubre recién pasado, tuve oportunidad de expresar un juicio. Creo que no es la discusión de este artículo una oportunidad para hacerlo. Sin embargo, deseo expresar dos alcances sobre el particular y dar respuesta a algunas ideas que escuché hoy en la mañana al Honorable señor Montes.
Esta mañana, hubo en la Sala una especie de debate general. Se concedieron 10 minutos al Honorable señor Altamirano y, más tarde, a los Comités que quisieran intervenir. Como no soy ni tengo Comité no pude usar de ese tiempo.
En primer lugar, debo hacerme cargo de los alcances hechos por el Honorable señor Montes, quien planteó en forma vaga e innominada algunas tesis con relación a la Mesa del Senado. Todo el asunto se originó porque el señor Presidente de la Corporación, al hacer uso de su facultad reglamentaria, declaró improcedente la indicación relativa a la amnistía y que, por lo tanto, esa materia no podía tratarse en las Comisiones ni en la Sala. Tal hecho dio motivo, a la imaginación de novelista de suspenso que tiene el señor Senador, para lucubrar con respecto a la constitución de la Mesa de esta Corporación.
Dijo que por conversaciones, que no sé quiénes habrían tenido, se formaría en el Senado una Mesa parecida a la de la Cámara de Diputados, la que, naturalmente, según expresó, no era de su agrado. Lo más interesante es que tampoco lo es del nuestro. La Democracia Radical no tiene especial agrado por la Mesa de la Cámara, ni la buscó.
Lo único que quiero manifestar es que el señor Senador puede sacar una enseñanza: esa Mesa logró prosperar como consecuencia de una censura en contra de la Mesa democratacristiana que su partido votó. Al quedar vacantes los cargos, se procedió a una elección en que, con ausencia de los tres Diputados de la Democracia Radical, tanto democratacristianos como nacionales eligieron la nueva Mesa. No pretendo dar consejos a Su Señoría, pero la receta está en la mano: no busque el señor Senador la censura de la Mesa y se evitará estas inquietudes que le han nacido.
La señora CAMPUSANO.-
Esa es la experiencia que sacamos, Honorable colega.
El señor DURAN.-
En consecuencia, no estén temerosos de esa fórmula. Es cuestión de que no tengan la inquietud de censurar a la Mesa y no pasará nada. Todos estaremos tranquilos, y yo, desde mi punto de vista, también.
En seguida, deseo hacer un alcance al artículo 1° en discusión, porque no quiero entrar en el debate amplio relativo al problema militar, ya que, a veces, según mi parecer, se producen mayores dificultades que arreglos cuando se expresan muchas ideas con un conocimiento muy parcial de los sucesos.
Yo leí lo que se conoció con el nombre de Acta del Tacna. Comprendo muy bien que su sola lectura basta para apreciar hechos de extraordinaria gravedad. Es inútil que pretendamos creer, como aconteció en el primer momento, que lo acontecido fue simplemente como aquí se ha señalado un movimiento de tipo gremial. Primero, porque es un gremio muy especial: usa carabinas; en consecuencia, ejerce presiones más convincentes. Como se ha recordado en la Sala la historia así lo demuestra, se comienza con un planteamiento de tipo económico y se termina con proposiciones de tipo político y con cambios en el orden institucional.
Al leer esa acta, arreglo o convenio o como se llame, desprendí que se podrían formular hoy muchas críticas. Oí a un Subsecretario dar una explicación sobre la acontecido. Negó la existencia del Acta, pero ella se publicó al día siguiente.
Al examinar las distintas posiciones y acuerdos, uno se encuentra con hechos muy graves y dolorosos. Naturalmente, comprendo también que es fácil ser general después de la batalla y tomar la posición cómoda de ignorar el acontecimiento en el instante que se desarrollaba, cuando se recibían una tras otra las nuevas noticias con relación a la magnitud del suceso. Se había levantado el Tacna. Todos pensamos que el hecho terminaba al mediodía; pero se prolongó. Esto traía nuevas inquietudes. Todo este problema a quien primero alcanza es a la concepción general democrática y a quien más directamente representa al Poder Ejecutivo. De manera que, cuando el Tacna no se entregaba, la inquietud fue adentrándose más y más en el espíritu de los demócratas.
Yo soy de los que creen que este problema no ha terminado. En consecuencia, hay por delante todo un proceso de maduración, que habrá de llevar a los hombres que actúan en las Fuerzas Armadas a buscar un camino que remedie el hecho producido.
Comparto el criterio de quienes estiman que cada uno debe jugar el papel constitucional que le ha sido entregado por mandato popular: nosotros, legislar sin apremio, pero sin innecesaria tardanza.
A mi juicio, en el Senado se han dicho algunas cosas que vale la pena recoger, para hacer un alcance a la conducta que cada uno de nosotros habrá de adoptar.
Votaré favorablemente las facultades extraordinarias. Y lo haré porque tengo el "pulso" de que los acontecimientos son extraordinariamente veloces y porque, además, el Senado, al estudiar el problema en un proyecto normal, entraría a un largo debate, en el que distraeríamos no sé si semanas, meses o años, para adentrarnos en todo el planteamiento del aspecto de carácter defensivo del país.
Escuché al Honorable señor Gumucio y, en parte., al Honorable señor Chadwick hacer recuerdos de nuestra gigantesca pobreza.
Con palabras que, en realidad, traen evocaciones amargas, el Honorable señor Chadwick hablaba de la falta de sábanas en los hospitales, de desayuno en las escuelas, de zapatos para los niños abandonados. Pienso que no debo insistir sobre una tremenda realidad, cuando aquí ya ha sido planteada.
A mi juicio, existe un problema que debemos contestar, y contestar con sinceridad.
En verdad, el proceso del montaje defensivo no sólo debe ser analizado con relación a nuestra propia pobreza. Este no es el único antecedente que el Parlamento y el país deben tener para juzgar el problema militar. Creo que hay otros, como la ubicación geográfica y las vecindades, que ni nosotros ni nuestros antepasados elegimos.
En estos instantes, estamos rodeados de países cuyas concepciones o prácticas políticas son absolutamente distintas de las del nuestro. Un día afloraron dificultades en el islote Snipe, donde tenemos inconvenientes con relación a nuestro poderío naval; más tarde, un teniente de carabineros, el señor Merino, cae en una zona limítrofe, también amagada de dificultades. Luego, uno u otro de los Presidentes o dictadores bolivianos vuelve a hablar el lenguaje de salida al mar.
¿Podría alguien negar que Chile no mejoraría mucho si todo el esfuerzo gastado en sueldos y armas se distribuyera en los planes estudiados por la CORFO para intensificar el desarrollo económico en otras actividades? Ese es un hecho innegable. Pero creo que no cumpliríamos con un deber patriótico si no tuviéramos clara conciencia de que geográficamente estamos ubicados en una zona de peligro.
Además, estimo que, cuando la gente habla de los organismos internacionales, divaga un poco sobre cosas que en el orden práctico no producen una utilidad concreta, frente a problemas internacionales. Bastaría recordar el solo caso del Medio Oriente y la guerra de los Seis Días. No obstante la opinión de todos los organismos internacionales, allí están los ejércitos ocupando exactamente las mismas tierras que lograron mediante su acción armada defensiva. Los organismos internacionales discuten, e intervienen otras naciones, pero todo queda donde mismo.
Podríamos decir que somos muy pobres, que es verdad nuestra tragedia, y, por lo mismo, preocuparnos sólo de este proceso que, desde el punto de vista humano, golpea el alma de todo chileno; pero no podemos descuidar este otro frente, que innegablemente no hemos elegido...
El señor CHADWICK.-
Nadie lo ha dicho.
El señor DURAN.-
Pero si sólo se habla de estas pobrezas, de estas miserias, de todas estas cosas señaladas en parte por Su Señoría y en parte por el Honorable señor Gumucio, yo creo que el problema no debe mirarse sólo desde este ángulo.
El señor CHADWICK.-
No.
El señor DURAN.-
Cuando se silencian las otras cosas y se destaca sólo una, es porque, en el hecho, se filosofa con criterio de escondrijo, para no tocar algo que, en realidad, es tremendo y trágico para nosotros.
Tanto el Honorable señor Altamirano como el Honorable señor Chadwick sostuvieron que el proyecto es inconstitucional. Frente a esta afirmación, se observó que ni el Senado ni la Presidencia de la Corporación podían declarar la. inconstitucionalidad de una iniciativa legal ya aprobada por la Cámara de Diputados.
El señor ALTAMIRANO.-
El Presidente del Senado contestó eso.
El señor DURAN.-
Así es: el Presidente del Senado ha tenido razón.
Además, ese proceder constituye una práctica mantenida. Pero creo que la razón no es sólo ésa. Por medio de la prensa, me informé de que este proyecto se votó aquí el lunes. Y esta iniciativa, calificada por algunos señores Senadores como inconstitucional, fue aprobada por unanimidad. En mi opinión, en ese momento, cuando los distintos partidos y Senadores expresaron su voluntad sobre la idea de legislar, debieron plantear los inconvenientes de tipo constitucional y expresar su voto negativo quienes hablan de inconstitucionalidad del proyecto.
Por otra parte, de la simple lectura de esta iniciativa, en relación con otro alcance de índole constitucional, parece desprenderse, como señaló el Honorable señor Fuentealba, que se trata de un proyecto de ley de facultades extraordinarias y que su financiamiento no dice relación a todo un proyecto de gastos, sino que se operará ele un modo distinto. ¿Cómo se procederá? Con los recursos que en él se señalan, con los del Presupuesto de la nación y con los que proporcione una ley especial. ¿En qué cuantía? En aquella que, en razón del reajuste de remuneraciones a los empleados públicos, corresponda a este grupo de funcionarios fiscales que se llama Ejército, más algunos fondos que se consignan en la propia iniciativa con el objeto de eliminar algunas postergaciones de que esos funcionarios públicos que usan uniforme habrían sido víctimas.
Por lo tanto, creo que en este aspecto tampoco tiene validez la apreciación de inconstitucionalidad.
Por último, quiero hacer un recuerdo. Desde hace poco tiempo, soy un Senador independiente, no por voluntad mía, sino por decisión de los dirigentes del partido en que militaba. Mas, leal a esa colectividad política y a su historia, porque la respeto, debo compartir el juicio señalado por el Honorable señor Aguare Doolan: los Gobiernos radicales los de Aguirre Cerda, Ríos y González Videla tuvieron siempre preocupación por ¡as Fuerzas Armadas. La tuvimos siempre, no obstante la crítica acerada de distintos sectores políticos. No olvido, por ejemplo, que con orden de partido votamos el Pacto Militar con Estados Unidos. El Partido Radical en ese entonces estaba en la Presidencia de la República el señor González Videla aprobó ese Pacto Militar, y nosotros votamos de acuerdo con las instrucciones de nuestra colectividad. Es efectivo que por ello nuestro partido fue objeto de muchas críticas que hasta hoy día se recuerdan. Bueno, pero nosotros cumplimos con el deber que una directiva, en ese instante, nos señaló como necesario para la defensa soberana de Chile. Cumplimos en ese entonces repito con ese mandato.
Ahora, con relación al otorgamiento de facultades, creo que el problema, para mi propia conciencia, es claro. He votado muchas veces estas facultades, pues no las estimo inconstitucionales. El partido en que militaba tampoco las consideró así. Por eso, muchas veces votamos facultades en Gobierno nuestros y en Gobiernos ajenos. Nosotros no elegimos al señor Alessandri, pero fuimos Gobierno con él. Las directivas radicales creyeron conveniente participar en la acción del Gobierno de ese Mandatario y tuvimos Ministros. Y siendo un partido no integrado a la acción de ese Gobierno, votamos facultades extraordinarias y, si mal no recuerdo, quienes más insistimos en ellas fuimos nosotros, que veníamos saliendo de una Administración la del señor Ibáñez que aplicó, por la vía de las facultades extraordinarias, una mano muy dura y actuó de manera poco justa en la Administración Pública. De ahí que, mediante otras facultades, pretendiéramos remediar esas injusticias.
Por consiguiente, yo no abomino de las cosas que a lo largo de mi vida realicé como parlamentario de esa colectividad política cuya historia respeto y cuyas actitudes justifico.
En consecuencia, respecto de las facultades que solicita el Ejecutivo, voto favorablemente, porque, sin impedimento constitucional ni moral, creo que el Gobierno está en condiciones más aptas que el Congreso para tratar un problema que para el país es de urgente resolución.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ofrezco a palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Respecto del artículo 1° hay dos indicaciones. La primera de ellas es para suprimir la disposición; la segunda, para sustituir su texto por otro.
El señor REYES.-
También hay una para dividir la votación.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
La disposición a que se refiere debe votarse separadamente de todas maneras, Honorable Senador.
Además, hay otras indicaciones, que deberán ser consideradas con posterioridad, referentes a la parte sustantiva del proyecto.
El señor MONTES.-
Yo pediría que se votara por incisos, tal como se procedió en las Comisiones Unidas.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
El señor Presidente pone en votación si se suprime o no el inciso primero propuesto por las Comisiones.
El señor CHADWICK.-
¿Me permite, señor Presidente?
Estimo que no se puede tomar la votación en esa forma, porque la verdad es que se suprime, se sustituye o se mantiene el artículo. No hay posibilidad de eliminar el inciso primero y mantener el resto, pues éste forma parte de ese inciso primero, ya que condiciona las facultades que se otorgan.
Lo anterior es muy importante, porque las Comisiones Unidas refundieron el inciso primero con el que era segundo en el proyecto, a fin de expresar, de este modo, que las condiciones que reglan el ejercicio de las facultades extraordinarias, a juicio del Senado, forman un todo indivisible con la idea de conceder facultades.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¿Qué pide específicamente Su Señoría?
El señor CHADWICK.-
Concretamente, pido votar si se mantiene o no se mantiene el artículo primero, pues esa votación, en caso de ser positiva, anula de hecho las indicaciones que persiguen su eliminación o sustitución.
El señor FUENTEALBA.-
Eso es lo mejor.
El señor CHADWICK.-
Quedaría pendiente la votación del Nº 3 del inciso primero, pues se ha pedido votación separada.
El señor FUENTEALBA.-
Eso es más simple.
El señor CHADWICK.-
Así nos evitamos dos votaciones.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
El señor Presidente pone en votación si se suprime o no el artículo 1°.
El señor CHADWICK.-
Eso es.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor REYES.-
No puedo votar porque estoy pareado con el Honorable señor Sule. También están pareados los Honorables señores Papic con Acuña, Aylwin con Bossay, Olguín con Juliet, Gormaz con Baltra, Foncea con Corvalán, Pablo con Silva Ulloa, Ballesteros con Gumucio y Lorca con Allende.
El señor OCHAGAVIA.-
Sólo deseo manifestar que, entre los Senadores nacionales, el Honorable señor Bulnes está pareado con el Honorable señor RODRIGUEZ.
Voto por mantener el artículo.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, creo que estoy en el deber de hacer un alcance a ciertas reflexiones hechas respecto de nuestra intervención en el debate general y de nuestra actitud, ya anunciada, en la votación en que participamos ahora.
Se ha argumentado que no es explicable que, habiendo votado favorablemente en general el proyecto., estimáramos inconstitucional el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República en este caso.
Al respecto, deseo recordar que esta iniciativa tiene dos ideas fundamentales: una, dar facultades extraordinarias al Jefe del Estado para fijar remuneraciones; otra, otorgar nuevos recursos con ese fin. Nosotros entendemos que es indispensable reunir desde ahora los recursos para aumentar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas; pero creemos que la primera idea es inconstitucional, máxime cuando, según esta iniciativa, la facultad debe ser ejercida en el plazo de 30 días. O sea, deben determinarse los nuevos gastos antes de disponer de los recursos suficientes.
En seguida, quiero hacer otro alcance a una cuestión de fondo, que no puedo dejar pasar. Cuando representé la pobreza de recursos de este país, no fue para negar la necesidad de procurar medios para una mejor defensa nacional. Por el contrario, lo hice en el convencimiento de que sólo mediante un examen muy a fondo de este problema, que considero gravísimo, podrá formarse la conciencia nacional que permita hacer el respectivo sacrificio.
No ha habido, pues, en ningún instante olvido ni abandono de esta preocupación en nuestra actitud, ni mucho menos la contradicción que se quiere ver en nuestras intervenciones.
Voto por la supresión.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Chadwick me obligan a fundar mi voto. Además presumo que el debate que hemos tenido alrededor de esta iniciativa, como es natural, interesará a las personas afectadas, y es bueno que ellas conozcan las opiniones aquí vertidas.
En primer lugar, quiero insistir en que este proyecto es perfectamente constitucional, pues son los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de las facultades los que deberán tener financiamiento suficiente. Este no es un proyecto que importe gasto alguno, sino uno de facultades extraordinarias para resolver determinado problema.
En segundo lugar, quiero dejar clara constancia de que mediante esta iniciativa se otorgan instrumentos al Poder Ejecutivo sólo para resolver en forma parcial, y según los recursos que en definitiva se reúnan, lo relativo a las remuneraciones, pero de ninguna manera para dar solución a otra clase de problemas de las Fuerzas Armadas. Desde luego, no nos pronunciamos acerca de la dotación de personal, sea administrativo o propiamente militar; no estamos resolviendo problemas de equipos ni de armamentos ni tampoco los de orden profesional o institucional.
Es éste un proyecto de facultades especiales tendiente a modificar las remuneraciones, y es constitucional.
En consecuencia, voto que no.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Los Senadores radicales presentes en la Sala votamos por suprimir este artículo. Los ausentes, que son los Honorables colegas señores Bossay, Baltra, Juliet, Acuña y Sule, como ha manifestado el Honorable señor Reyes, están pareados con los Honorables señores Aylwin, Gormaz, Olguín, Papic y Reyes.
Voto por la supresión del artículo.
-Se rechaza la indicación (16 votos contra 14 y 5 pareos).
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, con la misma votación quedaría rechazada la indicación N° 2.
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En cuanto al número 3°, aparte las modificaciones propuestas por las Comisiones, ha llegado a la Mesa una indicación, renovada con las firmas de los Honorables señores Allende, Tarud, Altamirano, Valente, Corvalán, Jerez, Campusano, Rodriguez, y Chadwick para los efectos reglamentarios, para agregar el siguiente inciso cuarto a dicho número : "La primera diferencia de sueldo, pensión de retiro y montepío que resulte con motivo de la aplicación de esta ley, no ingresará a la respectiva Caja de Previsión y quedará, en consecuencia, a beneficio del personal."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En primer término, se procederá a votar el texto propuesto por las Comisiones Unidas.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
¿Se aprueba o no el número 3º como lo propone la Comisión?
El señor OCHAGAVIA.-
Vamos por partes...
El señor VALENTE.-
¿Se votará el número 3° con la indicación o sin ella?
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Sin ella, señor Senador. La indicación se votará después.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se votará el texto aprobado por las Comisiones Unidas. Pero antes solicito el asentimiento de la Sala para escuchar la palabra del señor Ministro de Defensa Nacional sobre esta materia.
Acordado.
Puede usar de la palabra el señor Ministro.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).
Muchas gracias.
Esta indicación, que también fue formulada al estudiarse el segundo informe, fue objeto de varias declaraciones en las Comisiones. Quisiera reiterar por lo menos la del señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, quien fue muy claro y explícito. Afirmó que tal precepto provocaría el desfinanciamiento inmediato del fondo que posee la Caja para el pago de los quinquenios.
El señor GARCIA.-
No es eso lo que estamos votando, señor Ministro.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).
Pero hay una indicación sobre esta materia.
El señor GARCIA.-
Entiendo que emprimar lugar se vota la proposición de las Comisiones Unidas.
El señor OCHAGAVIA.-
¿Por qué no da lectura al texto que se va a votar, señor Secretario?
El señor GARCIA.-
Pero si quiere continuar el señor Ministro, no tenemos inconveniente en escucharlo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
Después se dará lectura a la disposición aprobada por las Comisiones Unidas.
El señor OSSA ( Ministro de Defensa Nacional).
Ya que me lo permite, señor Presidente, quiero aprovechar la gentileza que ha tenido la Sala de concederme por unanimidad el uso de la palabra, para referirme al N° 3 del artículo primero, que se pondrá en votación en seguida, y a las indicaciones de que ha sido objeto.
En forma muy breve, relataré la historia de esta disposición. Al presentar el proyecto, el Ejecutivo incluyó entre las facultades extraordinarias que solicitaba, una que le permitiera pagar en diversas etapas, que fijaría a su criterio, el reajuste de remuneraciones del personal en retiro. Después de las discusiones habidas en las Comisiones de Defensa y de Hacienda, unidas, de la Cámara de Diputados, el señor Ministro de Hacienda y el Ministro que habla recogimos el sentir que allí se manifestaba, que en el fondo tendía a puntualizar claramente las facultades que estaban solicitándose y formulamos indicación del Ejecutivo para fijar en cuatro tales etapas, las que posteriormente acordamos reducir a tres. En la discusión del primer informe de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, unidas, del Senado, se aprobó el criterio de las tres etapas aceptado por la Cámara de Diputados. Posteriormente, en el segundo informe, se renovaron indicaciones para suprimir las tres etapas, y aún más, a raíz de una indicación presentada por el Partido Nacional, se puntualizó por algunos señores Senadores la redacción del actual número 39 del artículo 1?, en el sentido de que no sólo se entendía que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones de los sectores activos entrará en vigencia conjuntamente con el del personal en actividad, sino que, además, será pagado totalmente al mismo tiempo que aquel.
A este respecto, tanto el Ministro de Hacienda como el que habla hicimos varias reflexiones ante los señores Senadores. Quiero sólo repetir una de ellas, que me parece de gran importancia, sin perjuicio de que tal vez, si la Sala asintiera, el señor Ministro de Hacienda pudiera expresar .aquí los argumentos que agregó a los que yo había dado. El pago simultáneo e instantáneo de los aumentos de remuneraciones a todo el personal activo y pasivo, crea un problema de financiamiento de gran magnitud.
Me parece superfino volver a demostrar con cifras lo que representa el sector pasivo frente al sector activo. Se ha dicho y comprobado que por cada miembro activo existe uno pasivo. Se ha explicado suficientemente el sistema por el cual se rigen los personales en retiro. Les consta a los señores Senadores e incluso participaron de este criterio en el primer informe que al aprobarse esta redacción, como existe un volumen limitado de recursos, cuya finalidad primera es la de atender al personal en actividad, ellos se verían notoriamente reducidos para cumplir tal objeto.
No desconozco en absoluto la justicia que asiste a los sectores pasivo, montepiadas y demás, en sus planteamientos. Fuimos explícitos y abundamos en cifras y argumentos para demostrar que el criterio que había imperado en la Cámara de Diputados, contenido en una indicación del Ejecutivo, y que también fue aceptada en el primer informe de las Comisiones Unidas del Senado, era realmente válido, sano; que no creaba ninguna condición de desmejoramiento para los sectores pasivos, ya que a ellos se les estaba otorgando como mínimo, por mandato mismo de esta facultad, el reajuste que toda la Administración Pública tenga, más una parte de este mejoramiento extraordinario de las Fuerzas Armadas; que en ningún caso constituía una deuda, sino simplemente un sistema de pago; que al igual como el Parlamento aprobó un acuerdo magisterial que significó incorporar por etapas, a un sistema mejor de remuneraciones a todo el profesorado de Chile, era permisible incorporar también por etapas el sector pasivo de las Fuerzas Armadas al incremento total de las remuneraciones del sector activo.
Quiero llamar la atención del Honorable Senado sobre esta materia, agradeciéndole que me haya dado la oportunidad de hacer esta pequeña intervención, ji recalcar que la redacción que ahora se propone no permitirá cumplirse el propósito que percibí y prevaleció en forma unánime en las Comisiones Unidas, cual era el de dar primera prioridad al sector activo de las Fuerzas Armadas.
El señor ALTAMIRANO.-
Pido la palabra.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Estamos en votación. Pedí el asentimiento de la Sala sólo para que pudiera usar de la palabra el señor Ministro de Defensa.
¿Desea fundar de inmediato el voto Su Señoría?
El señor ALTAMIRANO.-
Lo fundaré cuando me corresponda votar.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
El señor FIGUEROA ( Secretario) .
Lo que pone en votación el señor Presidente es lo propuesto por las Comisiones en el Nº 3°, esto es, refundir los incisos primero y tercero de este número, reemplazándolos por el siguiente:
"El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad."
E intercalar, en el inciso segundo, entre los vocablos "otorgarse" y "sin", la expresión "automáticamente".
El señor CARMONA.-
Si se rechazan estas enmiendas, ¿se da por aprobado el primer informe en la misma parte?
El señor ALTAMIRANO.-
¡No sea pesimista!
La señora CARRERA.-
Hay una indicación.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Se votará después la indicación.
-(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
En este inciso refundido parece haber una omisión que afectaría a un importante sector de pensionados. Se trata de las montepiadas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Al decir "el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones...", omitiendo la expresión "montepíos", puede entenderse que el sector a que me refiero no estaría comprendido en el beneficio.
Lo digo porque la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro nos ha hecho llegar una minuta en que señala que cuando se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 1 mediante las anteriores facultades, en el artículo 34 transitorio no aparecía la palabra "montepíos", lo que tuvo por consecuencia que la Contraloría objetara todos los pagos correspondientes a las montepiadas.
Por ello, a fin de dejar claramente consignada la inclusión de ese sector de los pensionados, solicito que por acuerdo unánime se agreguen después de la palabra "pensiones", los vocables "y montepíos".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Estamos en votación, señor Senador.
El señor VALENTE.-
En todo caso, formulo la indicación, por si merece la aprobación del Senado.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Estamos en votación.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Acompañamos al Honorable señor Valente en su solicitud.
El señor OCHAGAVIA.-
Nosotros también.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Ese ha sido el espíritu de las Comisiones.
El señor MONTES.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor MONTES.-
Como lo ha explicado el Honorable señor Valente, el contenido fundamental de esta disposición es el de que al personal denominado "no activo" se paguen de una vez los reajustes de las pensiones que se originen por el aumento de sueldos a los miembros en servicio activo, y no durante los años 1970, 1971 y 1972, como había propuesto inicialmente el Ejecutivo. Y ello ha de regir tanto para las pensiones de jubilación como para las de montepío. Es absolutamente clara la disposición, y así ha sido entendida. Esto, a propósito de lo que ha señalado nuestro colega el Honorable señor Valente.
Teniendo en cuenta que no sólo los pensionados y montepiados de las Fuerzas Armadas, sino también los de otros sectores, como los jubilados del Servicio de Seguro Social, son permanentemente postergados, precisamente por su condición de "no activos", pese a que sus condiciones de vida son aún más precarias que las del personal en actividad, los Senadores comunistas votaremos afirmativamente la enmienda propuesta por la Comisión, como ha explicado el Honorable señor Valente.
El señor PALMA.-
Me pronunciaré en contra de la fórmula aprobada por las Comisiones Unidas y por el mantenimiento del criterio con que primitivamente se propuso esta disposición.
Sin embargo, debo aclarar que en este precepto hay dos ideas que deben quedar perfectamente separadas. Una de ellas es la relativa al reajuste que deben tener las pensiones de jubilación en conformidad a los aumentos normales de los sueldos de los militares en servicio activo, el cual se va a pagar de todas maneras. Lo que se ha creído necesario pagar en varias etapas es el aumento extraordinario que se obtendrá por medio de esta ley, porque el financiamiento así lo exige.
Después del debate producido antes de tomar la votación, en el cual quedó de manifiesto la necesidad existente de dar al país y a las Fuerzas Armadas una información clara sobre las posibilidades de financiamiento para esta iniciativa dentro de la actual vida económica del país, llama la atención que precisamente los sectores que, con razones adecuadas, han estimado necesario limitar y planificar lo que se pueda gastar en las Fuerzas Armadas, sean ahora los que no participen concretamente en una decisión que implica dar a los Institutos Armados una participación posible y adecuada a un plan debidamente financiado.
Creo que hay una contradicción profunda entre desear algo muy serio y razonable y votar en este momento por algo que producirá un desequilibrio y un impacto en el resto de la economía, y desarmonizará aún más la ubicación relativa que hoy día tienen los diversos sectores que forman parte de nuestra actividad económica.
Por este motivo, en la creencia de que se tiene una razón muy justificada para financiar el presupuesto nacional; de que no se desconoce ningún derecho adquirido; de que sólo se busca una manera de llegar a un nivel adecuado dentro de las posibilidades del erario en algunos años más, como se logró en el caso de los profesores, voto negativamente el artículo en la forma aprobada por las Comisiones.
Estoy seguro de que esta disposición será motivo de un veto, que seguramente será aprobado después de que las cifras correspondientes sean estudiadas y conocidas por los señores parlamentarios.
El señor CARMONA.-
El Honorable señor Palma ya ha dado "has razones que, a mi juicio, deberían hacer meditar sobre el alcance de esta votación.
Por mi parte, quiero agregar que uno de los motivos que ha impedido llegar a una racionalización del problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y lograr subir los sueldos base, es precisamente el impacto o proyección que ese aumento tendría en los gastos de previsión y, en especial, en las pensiones y montepíos. Estas mismas circunstancias han posibilitado que en otras experiencias anteriores se haya vuelto a resolver la situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas sobre la base de mantener los sistemas tradicionales, conservando las asignaciones, bonificaciones, gratificaciones de todo tipo u otras remuneraciones no imponibles.
Por eso era factible la proposición hecha por el Ejecutivo de establecer tres etapas para la absorción definitiva de este complejo sistema de asignaciones y bonificaciones especiales de las Fuerzas Armadas, en un sueldo base, sobre todo si se considera que con ello no se perjudicaba al sector pasivo de aquéllas y de Carabineros. En efecto, de acuerdo con el número 4°, en ningún caso el aumento correspondiente a 1970 podría ser inferior al experimentado por el índice de precios al consumidor en 1969. O sea, prácticamente, con estas tres etapas se trataba de cubrir el aumento extraordinario que podría significar el hecho de refundir en un solo sueldo las distintas asignaciones.
Como la suma de recursos de que pueda disponerse en este proyecto será la misma con una solución u otra si se obliga en 1970 a pagar el total del reajuste al sector de pensionados, en forma cabal e inmediata, ello significaría una reducción proporcional de los sueldos que se fijen para el sector activo. Como no se trata de ello, sino, por el contrario de encontrar una solución adecuada al problema que no signifique un daño para los pensionados, se ha fijado el año 1972 como plazo para que reciban todos los aumentos que se deriven en virtud de estas facultades. Por eso creo que la solución propuesta por el Ejecutivo es mucho más efectiva y resuelve en forma más eficaz el problema.
Voto que no.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
No he participado en el debate por prescripción médica. Por su parte, lo han hecho en forma activa, tenaz y eficiente los Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA. Sin embargo, la alusión hecha por el Honorable señor Chadwick a "nuestra desesperada pobreza", me hace fundar mi voto respecto de este número 3º.
Creo que la desesperada pobreza si el Honorable señor Chadwick quisiera pintarla a la manera de Ibsen, precisamente está en los jubilados y montepiados de nuestras Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros. Ha sido muy pobre y lo lamento en un Senador de la talla de mi Honorable colega de tantos años la defensa que el Honorable señor Carmona ha hecho de un sistema de postergación, dilación, miseria y desesperanza de los eternamente defraudados jubilados y montepiados de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros.
El señor Ministro de Hacienda es hábil y recursista; maneja perfectamente el Presupuesto, y con sólo variar el enfoque de sus gastos presupuestarios para 1970, podría muy bien financiar el proyecto, con las lógicas y naturales economías en el derroche presupuestario nacional. Si no existiera la determinación de hacerlo ahora, hay tiempo para abordar en la ley de Presupuestos cualquier financiamiento extraordinario. Aún más: estamos dispuestos a dar gustosos nuestra votación creo que hay mayoría en este Parlamento para allegar recursos a cualquier ley especial que cubra el eventual déficit, en caso de que lo que se va a gastar en pensiones pudiera perjudicar al sector activo de nuestras Fuerzas Armadas.
Creo que la indicación presentada por el Partido Nacional es absoluta y totalmente justa: son 80 mil pensionados y montepiados los que, a través de todo Chile, están esperando que les hagamos justicia y que nos acordemos de ello.
Los militares activos, en un momento dado, pueden ser un peligro institucional. Como decía muy acertadamente el Honorable señor Duran, ellos son un gremio relativo que maneja las armas; pero los que se fueron, los que encanecieron:, los que pasaron por esa dura escuela de la disciplina y de las armas, aquellos que representan los valores espirituales de la clase media y de los estratos más bajos de nuestro pueblo, sólo pueden tener puestas sus esperanzas en el espíritu de justicia de este Parlamento. ¡Y nosotros tenemos que derrotar su miseria, reconocer que los hemos abandonado y que están postergados !
Por estas consideraciones, pido a mis Honorables colegas, al fundar mi voto, rompiendo voluntariamente un silencio a que me ha obligado mi distinguida amiga la doctora Carrera, que no cometamos un error extraordinario al rechazar este precepto. Con ello estaríamos olvidando nuestra experiencia y nuestra práctica parlamentaria.
El Senador que habla integra desde hace dieciséis años la Comisión de Hacienda del Senado, y sabe demasiado bien cómo un Ministro de Hacienda hábil puede perfectamente financiar el gasto que significa este reajuste.
El número 3° es justo, necesario e indispensable y, sobre todas las cosas, tiene el inmenso valor moral de que lo vamos a aprobar sin presión de ninguna especie. Por eso, lo voto favorablemente.
El señor OCHAGAVIA.-
Deseo agregar muy poco más a lo dicho por el Honorable señor Von Mühlenbrock.
En mi calidad de coautor de esta indicación sustitutiva del número 3° propuesto en el primer informe de las Comisiones Unidas, debo declarar que me causaron preocupación los términos del texto, pues en la práctica significaba que el Ejecutivo podía incluso no dar ningún aumento que fuera más allá del legal. Sin embargo, estoy seguro de que no es ése el espíritu del señor Ministro de Hacienda ni del Gobierno.
Por otra parte, nos ha parecido que, respecto de sectores tan postergados como los que mencionó el Honorable señor Von Mühlenbrock, convenía dejar expresa y taxativamente establecido en la ley que el reajuste para los pensionados y jubilados debía pagarse en la misma forma que al personal en servicio activo.
En relación con lo manifestado por el Honorable señor Valente en cuanto a que lo establecido para los pensionados también debe tener Validez para los montepiados, nos parece que en esto no cabe ninguna duda. Ese fue el espíritu que tuvo la Comisión, cuyos miembros pueden corroborarlo.
También deseo expresar que nos preocupa lo relativo al préstamo otorgado al personal de las Fuerzas Armadas. A nuestro juicio, habría que considerar esa situación, pues también incidirá en cualquier tipo de reajuste que se otorgue.
Por todas estas razones, voto favorablemente la sustitución del número 3°, en los términos propuestos en el segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas.
El señor ALLENDE.-
Lamentablemente, no podré votar por estar pareado con el Honorable señor Lorca. Sin embargo, deseo manifestar mi certeza de que el Senado aceptará que el pago a los montepiados y jubilados se realice simultáneamente con el del personal en actividad.
Considero útil destacar que formulamos una indicación que no fue aprobada tendiente a que un porcentaje determinado del mayor incremento del presupuesto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional se destine al aumento del fondo de revalorización de pensiones.
Tuve oportunidad de conversar latamente con el Vicepresidente de la Caja, pues estaba interesado en conocer exactamente su opinión al respecto. El me informó que había un alto número de jubilados, a quienes, a pesar de las disposiciones legales pertinentes, se les adeudaban emolumentos desde el año 1967. Me hizo saber, además, que esa deuda ascendía a más o menos 11 millones de escudos. También me hizo presente que el Ministro de Hacienda estaba de acuerdo en incluir esa cantidad en la ley de Presupuestos. Como lo indicación a que me he referido estaba destinada a resolver esa situación arbitraria, que lesionaba derechos adquiridos por ley, me interesa dejar constancia de la opinión del Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional, quien, implícitamente, reconoció el hecho que estoy mencionando. Deseo señalar, además, que, con fecha 29 de agosto de 1969, se ha recibido oficio de la Contraloría General respecto de la bonificación profesional, que los departamentos jurídicos de la Caja objetaban. El organismo contralor dice que, a su juicio, "la bonificación profesional a que se refiere el artículo 3° de la ley Nº 16.466, debe, en virtud del artículo 2° transitorio de la ley Nº 16.840, ser calculada al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en relación con el sueldo base y los quinquenios de que esté en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
"La Caja de Previsión de la Defensa Nacional deberá, entonces, ajustarse a este procedimiento para calcular el aludido beneficio".
Tales son los términos de un planteamiento que hicimos en reiteradas oportunidades. Como no fueron acogidas nuestras sugerencias, nos vimos en la obligación de solicitar la intervención de la Contraloría General, cuyo dictamen, de acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá ser cumplido por la Caja.
Recuerdo, entonces, la situación que afecta a un crecido número de imponentes de esa Caja, a quienes ni siquiera se ha cancelado lo que la ley ordena pagarles. Y me atengo a las palabras del señor Vicepresidente de la Institución, quien me manifestó que el problema sería resuelto en el Presupuesto de 1970.
He creído conveniente exponer estas razones, y reitero que no podré votar por encontrarme pareado con el Honorable señor Lorca.
El señor ALTAMIRANO.-
No pretendo abundar en argumentos que justifican esta disposición, pues se han dado bastantes razones al respecto.
Sólo deseo rectificar algunos hechos que pudieran inducir a error a la opinión pública.
En una declaración aparecida el viernes 7 de noviembre por lo menos lo fue en "El Mercurio"; imagino que en los demás diarios también, el Partido Nacional expresa que sus Diputados presentaron una indicación que impedía disminuir los derechos provisionales adquiridos, la que había sido rechazada por los demás partidos. Agrega que mediante el número 4 de dicha indicación, el Partido Nacional se habría opuesto a que el aumento correspondiente a los pensionados se pagara en tres etapas.
La realidad es que quienes desde un comienzo nos opusimos a esa proposición del Ejecutivo, fuimos los Senadores de los partidos populares: Comunista, Socialista, Socialista Popular, MAPU y Partido Radical.
En la Cámara de Diputados, los parlamentarios Phillips y Amello formularon indicación destinada a entregar al Presidente de la República la facultad de fijar, mediante decretos con fuerza de ley, la forma y modalidad del pago a los pensionados. Y precisamente fueron los Diputados Cademártori, Basso, Schnake y Guerra quienes propusieron que el pago se hiciera en 1970, juntamente con el del personal en servicio activo.
Es efectivo que la indicación en debate tuvo su origen en parlamentarios nacionales. Pero, ¿qué expresan al respecto las indicaciones de los partidos populares, pues existían varias? La única colectividad que se opuso al sistema propuesto, por las razones aquí expresadas, fue el Partido Demócrata Cristiano. No quisimos hacer cuestión de redacción.
Por eso, estimamos deshonesta la actitud del Partido Nacional al pretender atribuirse una indicación que pertenece a todas las demás colectividades, y a ellos también. Además, en un comienzo hubo vacilaciones en el Partido Nacional, pues pretendían entregar al Poder Ejecutivo la facultad de decidir en definitiva, no sólo si se pagaba en tres etapas, como había propuesto el Gobierno, sino si se hacía en cinco o diez etapas, o se pagaban ciertas cantidades o no se pagaban.
Es conveniente dejar en claro que esta indicación corresponde a un sentir de todos los sectores populares. Tengo a la mano la versión oficial de la sesión de la Cámara de Diputados, de jueves 30 de octubre, en la cual consta lo que he afirmado.
En nombre del Partido Socialista, expreso nuestra absoluta concordancia con esta indicación, pues pagar en tres etapas a los miles y miles de jubilados, quienes se encuentran en condiciones de extraordinaria miseria, habría sido una atroz injusticia. Por eso, desde un comienzo, estuvimos contra esa disposición, y nos alegra que el Partido Nacional haya cambiado de criterio.
El señor TARUD.-
El Senado conoce mi permanente actitud de defensa de los derechos de los pensionados y montepiados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, como de los jubilados en general.
Me asiste la plena seguridad de que la indicación en debate será aceptada. Ello me alegra, porque al fin se hace justicia a ese sector tan postergado de la ciudadanía.
He oído con mucha atención las palabras del Honorable señor Palma, quien, en nombre del partido de Gobierno, ha anunciado que la indicación, que seguramente por las mismas fuerzas que le han prestado su aprobación en el Senado, será también aprobada en la Cámara, será vetada. Espero que la Democracia Cristiana y el Gobierno reconsideren su actitud en lo relativo a la observación anunciada por el señor Senador.
Además, para la historia absolutamente fidedigna de la ley, en conveniente recalcar que en el término "pensionados" están incluidos también los montepiados.
Voto que sí.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, votaré favorablemente esta disposición.
El señor TARUD.-
Muy bien.
El señor FUENTEALBA.-
Quiero dejar constancia de que...
El señor RODRIGUEZ.-
El único malo es el ¡Honorable señor Carmona!
El señor FUENTEALBA.-
...el problema existente respecto de esta disposición es, en el fondo, de financiamiento. Debido a ello, el Ejecutivo propuso que el reajuste de las pensiones fuera pagado en tres etapas.
El Senado aprobará la indicación, inclusive con los votos favorables del Partido Nacional, el cual primitivamente sustentó distinto criterio sobre el particular.
Espero que el Ejecutivo, al vetar la disposición, no lo haga para rechazarla, sino como estoy seguro de que lo hará para proponer, simultáneamente, el financiamiento que permita dar cumplimiento a este mandato del Poder Legislativo. Confío en que en esa oportunidad el Partido Nacional también vote favorablemente ese financiamiento, que sin duda debe provenir de los sectores más poderosos del país, a los cuales precisamente representa dicha colectividad.
El señor OCHAGAVIA.-
Los que financian a Sus Señorías.
El señor MIRANDA.-
Los Senadores radicales, al tratarse el primer informe en la Comisión, intentamos, junto a Senadores de Izquierda, modificar la norma del proyecto de la Cámara en el sentido de pagar el aumento de las pensiones originado por el reajuste de las remuneraciones del personal activo, durante 1970 y no en las tres etapas sugeridas. Sin embargo, nuestros esfuerzos no lograron éxito, porque los Senadores nacionales, en especial el Honorable señor García, presentaron indicación con el objeto de dar facultades al Ejecutivo para fijar la forma de pago del reajuste de las pensiones.
El señor CHADWICK.-
Así fue.
El señor MIRANDA.-
Al discutirse el segundo informe, los Senadores nacionales cambiaron su criterio, actitud que nosotros aplaudimos.
El señor OCHAGAVIA.-
No es así.
El señor MIRANDA.-
Así es.
El señor TARUD.-
Exactamente.
El señor MIRANDA.-
Al respecto, la página 42 del primer informe dice:
"El Honorable Senador señor GARCIA formuló indicación para reemplazar el número por otro que disponga que el aumento de las pensiones que se originen como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, deberá ser señalado en el respectivo D.F.L.". Es decir, lo mismo que acabo de afirmar.
El señor OCHAGAVIA.-
Lea mi discurso, señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En esa intervención, Su Señoría estaba defendiendo a la FISA.
El señor MIRANDA.-
El cambio de criterio de los Senadores del Partido Nacional ha permitido, evidentemente, aprobar en el segundo informe esta justa disposición, la cual, por lo demás, fue propuesta por varios señores Senadores: los Honorables señores Allende, RODRIGUEZ, Altamirano, Valente, Chadwick y Aguirre.
Nosotros presentamos una indicación...
El señor RODRIGUEZ.
Y a última hora se apropiaron de ella los Senadores nacionales.
El señor MIRANDA.-
...para hacer justicia a los jubilados y montepiados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Por otra parte, es evidente que el término "pensiones", que figura en el número 3, está empleado en su sentido amplio. Por lo tanto, comprende tanto las pensiones de jubilación como las de montepío. En ese entendido, votamos favorablemente.
Se aprueba el informe (20 votos contra 6 y 3 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Ha llegado a la Mesa una indicación renovada por los Honorables señores Allende, Tarud, Altamirano, Valente, Corvalán, Jerez, Campusano, Carrera, RODRIGUEZ y Chadwick, para los efectos reglamentarios, consistente en agregar un inciso cuarto al Nº 3° del artículo 1°, que dice:
"La primera diferencia de sueldos, pensión de retiro y montepío que resulte con motivo de la aplicación de esta ley, no ingresará a la respectiva caja de previsión y quedará, en consecuencia, a beneficio del personal."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor CARMONA.-
Con esta indicación se produce un desfinanciamiento completo del fondo nivelador de quinquenios que se está aplicando en la actualidad y que permitirá a las pensiones más antiguas que no habían recuperado los quinquenios a que tenían derecho alcanzar ahora, sobre todo con el aumento que se producirá como consecuencia de esta iniciativa, la situación que les corresponde, nivelándose con las pensiones que han absorbido por completo los quinquenios. Además, tal como anota el señor Ministro de Hacienda, conduciría a una disminución del monto de las pensiones.
La actual ley sobre la materia dispone que esa primera diferencia ingrese al fondo nivelador de quinquenios, situación que deseamos mantener a fin de que no se produzca el perjuicio que estoy señalando. Sólo de esa manera los beneficios otorgados por ese fondo continuarán otorgándose, política que, desde la llegada al poder de la actual Administración, se ha mantenido, a fin de recuperar y obtener poco a poco su total financiamiento.
Por ello, voto que no.
El señor PALMA.-
Sólo quiero agregar que la indicación fue rechazada por unanimidad en las Comisiones Unidas. Las razones dadas aquí, en el sentido de que ella creaba un problema muy serio a los sectores de pensiones bajas, bastó para que todos los miembros de las Comisiones Unidas procedieran de esa manera.
El señor VALENTE.-
No ha leído los antecedentes, señor Senador. Los pensionados dicen otra cosa.
El señor OCHAGAVIA.-
Al emitir mi voto acerca de la indicación propuesta, deseo señalar la votación y el planteamiento de mi partido y del Senador que habla. No lo hacemos en la hora undécima ni en el último momento, como han sostenido algunos señores Senadores. Para demostrarlo, sólo basta invocar el mismo testimonio citado hace un momento por el Honorable señor Miranda, pero referido a la discusión general del primer informe de las Comisiones Unidas. Durante el fundamento ele voto en nombre de mi partido, que fue favorable a la idea de legislar, manifesté, según aparece en el informe, lo siguiente: "En cuanto a los sectores en retiro, dijo" se refiere al Senador que habla "que debían racionalizarse sus rentas y mejorarse las que se encuentran deterioradas. Asimismo, solicitó al Ejecutivo que estudiara la manera de efectuar el pago a los jubilados de manera inmediata."
Ese fue el pensamiento de mi colectividad.
Todos los señores Senadores saben que la situación de los jubilados en el proyecto discutido en primer trámite en la Cámara de Diputados no estaba perfectamente clara. La presencia en la Sala de cuatro Diputados de mi partido me permita corroborar esta posición de mi colectividad. No se trata, en verdad, de una iniciativa patrocinada por un señor Senador, ya que interpreta las aspiraciones de vastos sectores a quienes hace justicia.
El Honorable señor GARCIA aclarará lo sostenido acerca de una indicación que formuló.
Voto que sí.
El señor TARUD.-
Lo felicito cordialmente.
El señor GARCIA.-
Después de la intervención del Honorable señor Ochagavía en la discusión general del proyecto, presenté una indicación destinada a suprimir los plazos durante los cuales se proponía pagar el aumento de las pensiones. Así, la norma establecía simplemente la obligación de pagar. Indudablemente, el monto de los reajustes quedaría establecido en los respectivos decretos.
El señor ALTAMIRANO.-
No es así.
El señor GARCIA.-
Ello está muy claro.
La indicación fue rechazada no sólo por los Senadores de las bancas de enfrente, sino también por los democratacristianos, porque se suprimían los plazos.
Es cierto que el artículo no era claro ni explícito,...
El señor TARUD.-
Era malo.
El señor GARCIA.-
...y, por consiguiente, la segunda vez se mejoró su redacción.
El Honorable señor Fuentealba destacó que se aplicarían nuevos impuestos a los sectores poderosos que nosotros representamos, según su opinión. No tengo ningún temor de ello, porque la práctica ha demostrado en estos días que no representamos sectores poderosos. Nadie da cien millones de pesos al Partido Demócrata Cristiano para su campaña presidencial, sino los sectores poderosos. Son personas como el señor Banvarte quienes sufrirán la aplicación de los nuevos impuestos.
El señor IRURETA.
Y las páginas de propaganda del señor Alessandri que todos los días se publican en la prensa, ¿quién las paga?
El señor GARCIA.-
Las paga todo el pueblo.
El señor VALENTE.-
No escupa hacia el cielo, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
En verdad, tengo dudas acerca de los efectos que de ser aprobada, producirá esta indicación. Temo mucho que pueda afectar al financiamiento del sector pasivo en la recuperación de los quinquenios postergados.
Me abstengo.
El señor TARUD.-
Voto que sí.
Deploro no haber explicado con anterioridad al señor Senador los alcances de esta indicación. A mi juicio, Su Señoría está equivocado, porque sus dudas carecen de fundamento.
El señor MIRANDA.-
Después de escuchar las explicaciones del Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional, creímos conveniente rechazar la indicación. Como señaló el Honorable señor Carmona, acogerla puede significar el desfinanciamiento del fondo de nivelación de quinquenios. Según se nos informó, la aplicacación de este fondo ha permitido el reajuste o la nivelación del beneficio hasta de 50%. En consecuencia, resulta verdaderamente peligroso aceptar una norma de esta naturaleza.
Deseo referirme muy brevemente a la afirmación hecha por el Honorable señor Oehagavía.
Las palabras del señor Senador no hacen sino corroborar lo que con motivo de la votación anterior sostuve. Cuando Su Señoría señala que en la discusión general del proyecto abordó esta materia en la forma como lo acaba de repetir, está demostrando con ello el cambio de criterio de su partido con respecto a la indicación primitiva del Honorable señor GARCIA. Eso es lo que he sostenido.
En verdad, la cesión de la facultad al Ejecutivo tenía por objeto entregarle la decisión del problema en cuanto a la cantidad y al plazo. Nosotros, por el contrario, propusimos desde el primer informe que el pago del reajuste de las pensiones se hiciera durante el año 1970.
El señor OCHAGAVIA.-
Pero lea lo que dice el primer informe de las Comisiones Unidas en la página 32.
El señor ALTAMIRANO.-
En la otra fundamentación de voto le contesta, señor Senador.
El señor MIRANDA.-
Los documentos respectivos pueden ser examinados por cualquier señor Senador.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, acabo de hacerme cargo de algunos alcances, pero no voté.
Voto que sí, aunque me pronuncié en contrario en las Comisiones, porque sólo no ingresará a la Caja la diferencia que se produzca con motivo de este aumento. La que se origine con el reajuste que se otorgará a partir del 1° de enero del próximo año sí que ingresará a la Caja.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 10 votos por la afirmativa, 10 por la negativa, una abstención y 2 pareos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Debe repetirse la votación.
-(Durante la votación).
El señor OCHAGAVIA.-
A fin de que no quede flotando una afirmación de un señor Senador, que me afecta, deseo manifestar que desde el primer informe el Senador que habla, en calidad de miembro de la Comisión de Defensa Nacional, en representación de su partido y como Comité fijó nuestra posición acerca de la materia, lo que consta en la página 32 del informe de las Comisiones Unidas. No leeré de nuevo el párrafo respectivo. Estimo que las razones que he dado servirán para que el Honorable señor Miranda se dé cuenta de que él Partido Nacional no ha cambiado de actitud. Al presentar la indicación posterior, corroboramos lo que habíamos sostenido.
-Se rechaza la indicación (11 votos centra 10 y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Ha llegado a la Mesa otra indicación, renovada por los Honorables señores Jerez, Valente, Teitelboim, Montes, Chadwick, Altamirano, Contreras, Campusano, Tarud, Miranda, Allende, Sule, Gumucio, Juliet, Aguirre Doolan y Silva Ulloa, destinada a intercalar como N° 4º del artículo 1º, el siguiente:
"Nº 4°.- el total de remuneraciones imponibles que perciba el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas deberá refundirse en una sola remuneración básica, expresada en sueldos vitales."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
La primitiva indicación que formulamos tendía a hacer imponibles todas las remuneraciones del personal pasivo y activo de las Fuerzas Armadas. La razón que tuvimos para presentarla emanó de una comparación que hicimos sobre los sueldos percibidos por ese personal, según datos incluidos en el cuadro que figura en el informe de las Comisiones Unidas. Esas cifras revelan el siguiente hecho concreto: el Comandante en Jefe del Ejército, ubicado en la primera categoría, percibe una remuneración total de 5.209 escudos, pero su pensión al momento de jubilar se reduce a sólo 3.398 escudos. Es decir, se produce una pérdida de más o menos 40% respecto del sueldo del personal en actividad. El mismo caso se repite en el cargo de teniente coronel en servicio activo, cuya renta, de acuerdo con este cuadro demostrativo, asciende a 3.129 escudos, y al momento de retirarse de las filas, queda con una pensión de sólo 1.694 escudos.
Nos hizo fuerza la situación desmejorada en que queda el personal cuando se acoge a retiro y pretendimos repararla obligando al Ejecutivo a que, en el uso de estas facultades, haga imponibles todas las rentas y beneficios anexos. Lamentablemente, estas indicaciones no prosperaron y debimos presentar una sustitutiva la que se ha leído destinada a refundir en una sola remuneración básica, expresada en sueldos vitales, los beneficios imponibles, con el objeto de que cada año sea reajustada y actualizada automáticamente de acuerdo con el alza del costo de la vida.
Por las consideraciones anteriores, voto favorablemente.
El señor PALMA.-
Nosotros votamos en contra de esta indicación en las Comisiones, pues ella envuelve un problema bastante complejo.
Como se ha señalado, los sueldos del personal de la Defensa Nacional están compuestos por diversas partidas que se han ido originando con el correr del tiempo, por distintas circunstancias: unas obedecen a reajustes normales, y otras, a reajustes especiales. En seguida, existen algunas partidas denominadas "sobresueldos" y "asignaciones", que se pagan sólo transitoriamente a la persona durante su desempeño en el Ejército. Por ejemplo, si alguien es asignado en determinado momento al Cuerpo de Paracaidistas, desde este instante recibe una asignación especial. Pero si por cualquier motivo por razones de edad, por traslado, etcétera deja de pertenecer a esa rama, pierde la asignación, pues ésta obedece a la labor específica que desempeña el aviador y no depende del grado, del posible ascenso u otra situación similar. En otras palabras, no se trata de un sueldo normal y, por lo mismo, no es imponible.
Por eso, no puede aceptarse esta indicación. Resulta muy complejo tratar de incluir todas las partidas que componen el sueldo en una sola remuneración básica, que estaría fluctuando según las actividades desempeñadas por el personal dentro de las Fuerzas Armadas.
El señor GARCIA.-
La situación es más notoria en lo relativo al personal destacado en la Antártida.
El señor PALMA.-
Exactamente, es el mismo caso.
Por tales razones, voto por la negativa.
El señor OCHAGAVIA.-
Como ya se ha señalado, las asignaciones a que se ha hecho referencia, según estudios que tuvimos en vista en la Comisión de Defensa Nacional, corresponde a situaciones de índole absolutamente transitorio. Existen sobresueldos de estas características por concepto de Comando en Jefe, embarcados, rama del aire, permanencia, campaña, especialidades peligrosas, paracaidismo, montaña, comandos, pilotos, submarinistas, buzos y vuelo. La indicación en referencia produciría anarquía absoluta en la aplicación de todas estas asignaciones, que, como se ha dicho, no son permanentes, sino que corresponden a funciones profesionales, técnicas, específicas.
Voto que no.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 9 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 1 pareo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Las abstenciones influyen en el resultado. Debe repetirse la votación.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Por qué no se da por repetida?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por repetida, con el mismo resultado.
El señor MONTES.-
No hay acuerdo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor CARMONA.-
Aparte las razones que se dieron en la primera votación, deseo agregar otros antecedentes.
Si de repente se hicieran imponibles todas estas asignaciones, se ocasionaría una rebaja bastante apreciable en los sueldos del personal activo de las Fuerzas Armadas, por concepto de las nuevas imposiciones que debería aportar.
El problema es más grave aún en lo relativo a la bonificación profesional, equivalente a 55% del sueldo base, que no es imponible pero que forma parte del sueldo y alcanza a los sectores pasivos cuando se han retirado con más de 30 años de servicios hábiles. Vale decir, las pensiones de este último personal se ven incrementadas sin haber hecho imposiciones por tal concepto. De cambiarse el régimen vigente, deberían pagarse las imposiciones respectivas y ello provocaría una rebaja considerable en los actuales emolumentos y fuerte impacto en materia de descuentos previsionales sobre los aumentos futuros.
Voto por la negativa.
-Se rechaza la indicación (9 votos por la negativa, 8 por la afirmativa y 1 pareo).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
La unanimidad de los Comités parlamentarios acordó levantar la sesión en este momento y citar al Senado para el día de mañana desde las 11 hasta las 20, hora a la que se cerrará el debate y se procederá a votar, en caso de no haber terminado antes la discusión, hasta el total despacho del proyecto.
La Honorable señora Carrera ha formulado indicación para publicar "in extenso" el debate habido en el día de hoy respecto de este proyecto, hasta la discusión del artículo 1°.
-Se aprueba.
Fecha 14 de noviembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 10. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.
NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Corresponde seguir discutiendo el proyecto de la Cámara que autoriza al Presidente de la República para modificar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 4 de noviembre de 1969.
Informes de Comisiones:
Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6ª, en 10 de noviembre de 1969.
Hacienda y Defensa, unidas (segundo), sesión 9ª, en 13 de noviembre de 1969.
Discusiones:
Sesión 6ª, en 10 de noviembre de 1969 (se aprueba en general); 9ª, en 13 de noviembre de 1969.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, proponen sustituir en el artículo 1º, número 6, la expresión "a contar de" por "contado desde".
Igual enmienda se sugiere en el artículo 2º.
Se aprueban.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En el artículo 2º, han renovado la indicación número 28 las Honorables señoras Carrera y Campusano y los Honorables señores Allende, Altamirano, Luengo, Rodríguez, Tarud, Corvalán, Silva Ulloa y Jerez, y Chadwick, para los efectos reglamentarios.
La indicación es para agregar el siguiente inciso: "Deberá asimismo ordenar que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile den cumplimiento dentro de un plazo máximo de 60 días al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma como debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones".
El señor PABLO ( Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-
Varios parlamentarios de los partidos de Izquierda hemos suscrito esta indicación, que obliga a cumplir el dictamen N° 54.087 de la Contraloría General de la República, de 29 de agosto de 1969. No pretendo leerlo en su totalidad tiene tres páginas, pero una de sus partes dice: "Así, pues, la Contraloría General debe señalar que, a su entender, la bonificación profesional a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 16.466, debe, en virtud del artículo 2° transitorio de la ley Nº 16.840, ser calculada al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en relación con el sueldo base y los quinquenios de que esté en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
"La Caja de Previsión de la Defensa Nacional deberá, entonces, ajustarse a este procedimiento para calcular el aludido beneficio".
El dictamen no puede ser más terminante y categórico.
Sin embargo, a pesar de que fue dictado el 29 de agosto de 1969, hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento. La indicación en debate tiende a que este informe, suficientemente fundado y perfectamente justo, se cumpla de una vez por todas.
El señor GARCIA.-
En las Comisiones votamos en contra de esta indicación, por no haber ninguna posibilidad material de realizar en sesenta días el trabajo de recalcular alrededor de cuarenta mil pensiones. De aprobarla, sería una disposición que no podrá cumplirse y dejaríamos a los funcionarios de la mencionada caja en situación ilegal, porque, en la práctica, se necesitan seis meses para realizar esa labor.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
El señor VALENTE.-
Votaremos favorablemente la indicación renovada. Procederemos así, porque no es la primera vez ha ocurrido en reiteradas ocasiones que claras normas legales han sido mal entendidas o interpretadas por distintos organismos o por las cajas de previsión, en especial cuando han favorecido al personal jubilado de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, a pesar del dictamen de la Contraloría, no se ha pagado la diferencia de quinquenios al personal en retiro de ese sector de servidores del Estado. Tal beneficio se les adeuda desde 1962.
El precepto que se pretende agregar no sólo corrobora ese informe, sino que da plazo para que la respectiva caja haga efectiva la cancelación pendiente. Si no se cumple lo prescrito, los afectados tendrán derecho a interponer los reclamos del caso, a fin de sancionar a los responsables del incumplimiento de la disposición.
No obstante la obligatoriedad del dictamen, somos partidarios de reafirmarlo con la indicación propuesta.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor CARMONA.-
Los dictámenes de la Contraloría tienen obligatoriedad sólo en algunas circunstancias.
No me referiré concretamente a la situación planteada por la indicación. Lo que se pretende es obligar, en un plazo que no se podrá cumplir, por las razones ya señaladas, a revisar cerca de 40 mil pensiones por la Caja de Defensa Nacional, para adoptar las medidas que señala el informe de la Contraloría. O sea, la disposición quedará incumplida.
Me parece que debe legislarse con seriedad. En este momento, hay un dictamen de la Contraloría que debe ejecutarse, pero debe darse a la Caja un plazo razonable para realizar un trabajo de esa naturaleza.
Por las razones expuestas, voto en contra de la indicación renovada.
El señor ALTAMIRANO.-
Los Senadores socialistas insistiremos en el precepto.
No concordamos con las palabras del Honorable señor Carmona. En verdad, al impetrar al beneficio, los favorecidos con él invocan las leyes 16.466, de 1966, y 16.840, de 1968. O sea, han pasado dos y cuatro años, respectivamente, sin haberse calculado la bonificación sobre la base de los antecedentes que consigna el dictamen de la Contraloría.
Ahora no puede argumentarse que es necesario un nuevo plazo, pues se está exigiendo un derecho. El organismo contralor ya estipuló la forma de calcular la bonificación, que es lo planteado por los solicitantes. Para nosotros, no cabe sino aplicarla lo más pronto posible.
De las palabras del Honorable señor Carmona se deduciría que lo perseguido es no darle curso. Por el contrario, nosotros consideramos perfectamente justo cumplir una norma expresa y no buscar nuevas argucias legales para dilatar el pago y, lo que es peor, para terminar no cancelando.
El señor FUENTEALBA.-
Votaré en contra de la indicación porque, a mi juicio, tal como está redactada, resulta inútil
Se señala que ella pasará a ser inciso segundo del artículo 2º.
El señor ALTAMIRANO.-
La ordenación viene después.
El señor FUENTEALBA.-
El artículo 2° establece que "dentro del plazo de 30 días, contados desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento...", etcétera. Por su parte, la indicación señala: "Deberá asimismo" o sea, el Presidente de la República "ordenar que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile den cumplimiento, dentro de un plazo máximo de 60 días...". Esto significa que el plazo de 60 días empezará a regir desde el momento en que el Jefe del Estado dé la orden, y esto lo podrá hacer en un año más, si lo desea. Si se hubiese querido decir otra cesa, se habría establecido perentoriamente que "dentro del plazo de 60 días, la Caja deberá dar cumplimiento".
El señor VALENTE.-
No es justa la interpretación.
El señor FUENTEALBA.-
Creo que la indicación, en la forma como está redactada, es completamente inútil.
Por eso, voto negativamente.
El señor VALENTE.-
El plazo de 60 días es para que se cumpla el dictamen.
El señor FUENTEALBA.-
El Presidente de la República tiene que dar la orden primero.
El señor MIRANDA.-
Tiene razón el Honorable señor Fuentealba, pues sus observaciones demuestran que la redacción del precepto no es feliz. Y más que eso, tal como aparece, la disposición está mal ubicada.
No obstante, es evidente que, si ella fuera aprobada nosotros la votaremos favorablemente, podría recabarse el asentimiento de la Sala para facultar a la Mesa a fin de dar al artículo una redacción que haga más comprensible y claro su sentidor
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En las Comisiones Unidas, los Honorables señores Miranda y Chadwick y el que habla nos abstuvimos, en virtud de las razones dadas por mi Honorable colega de partido. Sin embargo, como ya existe un informe de la Contraloría sobre la materia, ello nos obliga a votar favorablemente una disposición de esta especie.
-Se aprueba la indicación (10 votos contra 8 y 2 pareos).
El señor MIRANDA.-
Podría autorizarse a la Mesa para dar al precepto la redacción adecuada.
El señor CHADWICK.-
Es innecesario.
El señor PABLO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor ALTAMIRANO.-
Yo no he analizado el precepto con relación al artículo a que se está refiriendo el Honorable señor Fuentealba, Pero nosotros lo hizo personalmente el Comité Socialista hemos dado nuestra aquiescencia al Comité Demócrata Cristiano, el Honorable señor Reyes, para llevar a cabo con posterioridad un reordenamiento de las disposiciones.
Por lo tanto, si existe la incongruencia a que se refirió el Honorable señor Fuentealba, debe tenerse presente que ya con anticipación expresamos al Comité Demócrata Cristiano que no teníamos inconveniente en ordenar el articulado en forma más lógica, racional y jurídica.
El señor PABLO ( Presidente).-
Hay dos problemas: uno, el reordenamiento; otro, la redacción.
El señor ALTAMIRANO.-
Los términos de la indicación son compatibles con el artículo 2º.
El señor JULIET.-
El ordenamiento es posible.
El señor MIRANDA.-
La redacción es muy simple. Bastaría decir que la Caja de la Defensa Nacional dará cumplimiento.
El señor PABLO ( Presidente).-
Pero ya se ha expresado que no hay acuerdo.
El señor MIRANDA.-
Está bien. En ese caso, no he dicho nada.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Deseo plantear una cuestión previa. Respecto del artículo 3º, si hubiera asentimiento unánime de la Sala, creo que sería posible corregirlo, pues se trata de las pensiones de invalidez de segunda clase que no han sido solicitadas.
En las últimas leyes se ha mantenido la tendencia de que el reajuste de las pensiones se otorgue por ministerio de la ley, sin necesidad de requerimiento del interesado. Pero al final de este artículo 3º, que desgraciadamente está aprobado, se dice: "Sin embargo, el aumento de las pensiones o su otorgamiento comenzará a regir desde la fecha de la resolución correspondiente". Es decir, el personal retirado por invalidez de segunda clase que no hubiere solicitado oportunamente el reajuste de su pensión, podrá pedirlo dentro del plazo de 90 días, pero el beneficio regirá desde la fecha de la resolución. Y, naturalmente, ésta puede demorar meses o años, desde el momento en que se solicita, perjudicando en forma arbitraria a quienes más necesitan de un beneficio que todas las leyes les han otorgado.
Por eso, ruego solicitar el asentimiento de la Sala para eliminar la frase final del artículo 3º.
El señor PABLO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas proponen como artículo 5°, nuevo, el siguiente: "La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción".
El señor PABLO ( Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, nosotros votamos en contra de esta disposición en las Comisiones Unidas, y para ello nos fundamos en que existe una incongruencia muy grande, pues, por una parte, se trata de satisfacer obligaciones fundamentales relacionadas con sueldos y remuneraciones de las Fuerzas Armadas y, por otra, de gastar el dinero en ampliar empresas estatales. Y decimos que en esto hay incongruencia porque ambas cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Es evidente que primero deben cumplirse esas obligaciones fundamentales, y después las otras.
Cuando este asunto se trató en las Comisiones, el Honorable señor Valente, si mal no recuerdo, adujo que ASMAR es una empresa que deja utilidades. Para comprobarlo, incluso nos exhibió un balance que señalaba una utilidad de siete millones de escudos. Como a mí siempre me han parecido dudosas las utilidades de las empresas estatales, pregunté si la mencionada percibía subvenciones del Estado, y comprobé que efectivamente recibe 11 millones de escudos de subvención fiscal. Por consiguiente, se trata de una entidad que no obtiene utilidades de especie alguna, sino que experimenta pérdidas.
Ese es el fondo del problema. De manera que entregar más dinero para ampliar esa entidad no significa otra cosa que volver a disminuir los fondos de que dispone el Estado para hacer frente a otras necesidades, como, por ejemplo, los planes de expansión de la CORFO, los cuales quedarán postergados como consecuencia de estas operaciones, que repito son incongruentes con lo que se desea arreglar: las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El señor JEREZ.-
No estimo fundados los temores del Honorable señor García respecto de la mala destinación de los recursos. La verdad, como hemos señalado, es que la Corporación de Fomento dispone de fondos y que la única parte donde podrían distraerse, para no aplicarlos a FAMAE o ASMAR, sería en los sectores de la empresa privada. Esa es la realidad.
No tiene mayor importancia que exista déficit en esas empresas.
El señor CHADWICK.-
No hay déficit.
El señor JEREZ.-
Por lo demás, el señor Subsecretario de Marina expresó que ASMAR obtuvo una utilidad de cuatro millones de escudos. Por consiguiente, quedaría por verse si es verdad lo afirmado por el Honorable señor García.
El señor CHADWICK.-
El señor Senador confunde subvención con déficit.
El señor JEREZ.-
En todo caso, lo que a nosotros nos interesa es que este grupo de entidades en las cuales hay inversiones del Estado y que han sido cercenadas por los intereses de las empresas privadas, constituyan un medio de desarrollo importante para el país. Naturalmente, con el desagrado del Honorable señor García, pues se trata de empresas de carácter estatal.
Como es lógico, ellas deben ser amparadas, en primer lugar, porque permiten que los Institutos Armados, de manera indirecta, contribuyan al desarrollo del país y, en segundo lugar, porque no queremos que se sigan utilizando los recursos del Estado en beneficio de la empresa privada, como ocurre con la destinación de los recursos de la Corporación de Fomento.
El señor Subsecretario de Marina nos dio una serie de datos de importancia en las Comisiones Unidas. Desde luego, que se aprovechan los avales del Estado para fomentar el crecimiento de las empresas marítimas particulares, en circunstancias de que Chile podría ser una gran potencia desde el punto de vista del mar.
El señor CHADWICK.-
También se las favorece con subvenciones.
El señor JEREZ.-
También se les otorgan subvenciones, como me apunta el Honorable señor Chadwick. Eso debería lamentar el Honorable señor García; pero, como ocurre siempre, estas cosas no se dicen.
ASMAR, con un pequeño complemento financiero, estaría en condiciones de construir barcos de hasta 60 mil toneladas. Estas son las perspectivas que tiene esa empresa, de enorme valor para las posibilidades de explotación de las riquezas marítimas.
Por su parte, FAMAE podría producir equipos de trabajo, como "jeeps", tractores, herramientas neumáticas, todos esos implementos que hoy son patrimonio y factor de lucro de la empresa privada. Incluso, ella ha sido despojada de más de algún tipo de producción para entregárselo al sector privado.
Por eso, creemos que la indicación es absolutamente razonable y conveniente, y que los únicos que podrían sentirse afectados por ella son los intereses privados, desde el punto de vista, financiero. No hay otra explicación.
El señor PABLO ( Presidente).-
Podríamos poner en votación el precepto, y cada Senador fundaría su voto.
Acordado.
El señor CONTRERAS.-
Pido la palabra.
El señor FUENTEALBA.-
Quiero hacer una consulta al Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-
Ya terminé.
El señor FUENTEALBA.-
Ruego al señor Senador que perdone mi ignorancia sobre la materia, pero quería preguntarle si la CORFO no puede conceder préstamos a FAMAE.
El señor GARCIA.-
Sí, puede.
El señor JEREZ.-
No sólo puede, sino que en estos momentos está tratando de crear un sistema de créditos. Y esto nos interesa mucho, porque la CORFO está destinando recursos a otros sectores, para asegurar las posibilidades futuras, en el sentido de que las operaciones sean de mayor envergadura y no se limiten a las existentes.
Esa es la razón por la cual los Honorables señores Carmona y Ballesteros votaron favorablemente el artículo en debate.
El señor FUENTEALBA.-
O sea, la disposición es para mayor abundamiento.
El señor CONTRERAS.-
Pido la palabra.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.-
Señor Presidente, yo había solicitado la palabra con anterioridad. Durante todo el día de ayer escuché las observaciones de diversos señores Senadores. Creo que yo también soy Senador y tengo derecho a usar de la palabra.
El señor MIRANDA.-
Si la había solicitado, tiene derecho a usar de ella.
El señor PABLO ( Presidente).-
Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor CONTRERAS.-
Me parece que esta indicación es de mucha importancia para las instituciones que se benefician con los aportes que debe entregar la CORFO. Ya el Honorable señor Jerez explicó la versión entregada por el señor Subsecretario de Marina respecto de ASMAR. Yo quiero referirme, particularmente, al problema de FAMAE.
Los señores Senadores tienen conocimiento de que esta última empresa es dirigida por el Ejército y sirve, principalmente, a todos los Institutos Armados de la República.
La disposición en estudio plantea la necesidad de que la CORFO entregue recursos para ampliar y modernizar las instalaciones de FAMAE. A esto se objeta que la empresa no tiene los recursos necesarios, que registra déficit en sus balances y debe ser subvencionada por el Estado.
Sabemos que en esa industria laboran más de mil personas, cuyos sueldos y salarios son incompatibles con sus necesidades. Además, sabemos que, cada vez que se ha planteado el problema de las Fuerzas Armadas, se ha sostenido que FAMAE es una empresa privada. Es decir, cuando se trata de dar beneficios a quienes laboran en esa empresa, muchos sostienen que ella es de carácter privado; pero, cuando se trata de que sus trabajadores puedan organizarse, no lo pueden hacer porque se afirma que esa entidad es una rama del Ejército.
Nosotros queremos decir que este organismo estatal desempeña una función importante en las actividades industriales del país y necesita ser modernizado.
Quiero recordar que durante la Administración del señor Ibáñez se compró una planta laminadora de cobre que costó un millón de dólares. Esa planta permaneció botada durante seis años en los patios de la empresa y sólo recientemente, al terminarse su instalación, ha quedado en condiciones de laminar cobre. Con lo anterior, FAMAE podrá tener una capacidad económica suficiente como para dar a sus trabajadores sueldos y salarios compatibles con sus necesidades. Pero el problema no reside sólo en entregar mayor cantidad de recursos. La Corporación del Cobre debe tomar en consideración que no basta instalar una planta laminadora. Intereses de otras empresas que se dedican a la misma actividad han impedido que la Corporación del Cobre entregue la cantidad de metal que puede laminar esa industria perteneciente al Estado, no ya en las instalaciones recientes, sino en las antiguas, que por cierto eran deficientes, pues sólo podían laminar cobre en planchones. Ahora, FAMAE está en situación de producir cualquier tipo de láminas de cobre. Por tal motivo, consideramos indispensable que la Corporación de Fomento le entregue todos los recursos que necesita.
Cierto es que en FAMAE se han hecho innovaciones. Se ha modificado la composición de su consejo administrativo: en él participan los trabajadores, el Banco del Estado y la Corporación de Fomento. Se han hecho cambios, pero no son suficientes para su desarrollo en buenas condiciones, y creo que la disposición en debate dará solución al problema.
Ahora, nos preguntamos el por qué del aporte del Estado. Los señores Senadores saben que todos los trabajos que se ejecutan para las Instituciones Armadas no dan a esa industria ninguna clase de utilidad: se entregan al costo. Es justo, pues, que exista el aporte del Estado.
En resumen, nos parece que el Senado debe aprobar por unanimidad esta indicación. FAMAE está produciendo actualmente sólo palas y barretas, en circunstancias de que tiene capacidad para contribuir apreciablemente al desarrollo industrial del país, porque posee personal suficientemente idóneo, de larga experiencia. Sólo le faltan recursos. En esta oportunidad, junto con dar un aumento de sueldo al personal uniformado, acordémonos también del personal civil que trabaja para los Institutos Armados.
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Deseo decir unas pocas palabras para corroborar las expresiones del Honorable señor Víctor Contreras, porque derivan de antecedentes que hemos recogido de los propios empleados de FAMAE, y para manifestar que el balance de esa institución, exhibido por nosotros ante las Comisiones Unidas, refleja utilidades de más de siete millones de escudos provenientes de ventas a los sectores, por así decirlo, privados. No se considera en esa utilidad la subvención a que ha hecho referencia el Honorable señor García, porque ella no puede ser contabilizada como ganancia, por razones obvias.
Repito, ante la sonrisa del Honorable señor García: los 7 millones 800 mil escudos de utilidad que registra ese balance corresponden a ventas efectivas realizadas por FAMAE, de materiales elaborados, y no a otro rubro. Y reitero que al sector público se le cobra al costo, de manera que tales operaciones no dejan utilidad.
Por esas razones, estamos de acuerdo con el artículo. Voto que sí.
El señor PALMA.-
Aun cuando la Corporación de Fomento está facultada para hacer ese tipo de operaciones con FAMAE y ASMAR, por tratarse nada más que de ratificar una facultad existente me parece que no hay obstáculo alguno en votar a favor del precepto.
Voto que sí.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, votaré a favor de este artículo, porque si bien es cierto que se trata de ratificar una situación legal en actual vigencia, pues la Corporación de Fomento puede otorgar créditos a FAMAE en el hecho le ha concedido algunos y otros los tiene en estudio e incluso tiene representación en el consejo de la empresa, no es menos cierto que el precepto contiene factores nuevos, pues según él podrán operar con FAMAE todas las instituciones de crédito.
Es indudable que en la actualidad puede actuar en la forma expuesta el Banco del Estado, además de la CORFO, pero sería dudoso que con la misma facilidad pudieran operar otras instituciones.
Y aun creemos que el precepto introduce otra posibilidad, cual es la de que esas industrias desarrollen cualquier línea de producción para la que estén habilitadas.
Se hace mucho caudal de la subvención fiscal; pero ella es retribuida por FAMAE y ASMAR mediante el cobro a su real costo de los implementos que entrega a las Fuerzas Armadas. Al Fisco le interesa de manera esencial, por lo tanto, ese aprovisionamiento.
En cuanto al desarrollo de otras líneas de producción, no cabe duda de que tiende a mejorar la eficacia productiva de esos organismos y de que ello puede contribuir, al mismo tiempo, a bajar los costos de materiales que interesan al país para su progreso. Quiero referirme muy principalmente, por ejemplo, al hecho de que FAMAE está fabricando muchos implementos para la agricultura, cuya producción interesa incrementar, dado el proceso de la reforma agraria, en interés de la comunidad.
Por tales razones, me parece conveniente la disposición, que votamos favorablemente en las Comisiones Unidas.
Voto que sí.
El señor GARCIA.-
No, señor Presidente, y voy a fundar mi voto.
En primer término, responderé en forma bien clara la pregunta del Honorable señor Fuentealba: está facultada la CORFO, y lo están los institutos de crédito, para otorgar préstamos a esas empresas. Y cuando en las Comisiones se preguntó lo mismo, se dijo que el precepto que se proponía era un impulso sicológico, en otras palabras, una especie de propaganda, de incentivo para que se llevaran a cabo realizaciones. Este es el fondo del problema: se trata de un artículo de propaganda.
Pues bien; este precepto merece algunos comentarios. Tiene que existir una fábrica y maestranza del Ejército. Si necesita dinero, debe financiarse. En eso estamos de acuerdo. Pero la argumentación se ha desviado a otra cosa: a la necesidad de la empresa estatal.
He oído con mucho interés al Honorable señor Jerez pero él nunca ha querido discutir conmigo la parte científica de lo que es la economía social de mercado comparada con la economía de la empresa estatal. Su Señoría siempre da argumentos que disminuyen al contradictor ante el público: "Usted está protegiendo a los ricos; está defendiendo a los poderosos; está olvidando a las clases menesterosas". Entonces, con esta inhabilidad para estudiar las materias desde el punto de vista intelectual, se empieza a desarrollar el debate.
Es todo lo contrario. Con el sistema de la economía social de mercado se mejora a la gente más modesta, pues se desarrolla la economía general del país, lo que hace que todos estemos mucho mejor. Y tan claro es, señor Senador y señor Presidente con su venia, que lo acaba de decir el Honorable señor Contreras. Me pregunto cómo es posible que se defiendan empresas en que, primero, los obreros están mal pagados nos dijo el señor Senador, segundo, en que hace doce años se trajo una planta y todavía no funciona. Le oí decir que durante seis años estuvo tirada en un patio esa máquina...
El señor VALENTE.-
Durante el Gobierno del señor Alessandri.
El señor GARCIA.-
Y durante los años de este Gobierno también, porque se trajo durante la Administración del señor Ibáñez. En consecuencia, han transcurrido doce años. ¿Qué sucede? Es típico de la empresa estatal, como lo he dicho, dejar abandonadas las máquinas durante años.
El señor CONTRERAS.-
El Gobierno de la Derecha la dejó botada seis años.
El señor GARCIA.-
¡Ahora será culpa del Gobierno de la Derecha! En cualquier Gobierno ocurre lo mismo en las empresas estatales. Invito a Sus Señorías a discutirlo ampliamente cualquier día.
Tengo la lista de más de ciento veinte empresas estatales, y podremos examinar cómo funcionan y cuáles son sus utilidades.
El señor JEREZ.-
Veamos la lista de las doscientas empresas privadas que están prácticamente financiadas por la Corporación de Fomento.
El señor GARCIA.-
Yo les digo a Sus Señorías que las empresas privadas, en un régimen mixto, que es el peor y el que nos rige, no pueden vivir. Por un lado se les fijan precios, pero por otro el Estado tiene que subvencionarlas para que funcionen. Pero al fin quiebran, por un mal sistema económico. En el fondo, no, se ha hecho la prueba de una real economía social de mercado.
En cuanto al precepto mismo, no tiene ninguna importancia legal, salvo que desde ahora hará necesario dictar leyes para dar préstamos, porque disminuye las facultades que tienen hoy día los institutos de crédito.
El señor JEREZ.-
No exagere.
El señor GARCIA.-
A pesar de esto, y por tratarse de un artículo, como lo he dicho, de propaganda, voto que no.
El señor PABLO ( Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar el artículo, con el voto contrario del Honorable señor García?
El señor ALTAMIRANO.-
No. Quiero fundar mi voto.
El señor AGUIRRE DOOLAN Yo también.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, yo había concordado con usted en que no alargáramos inútilmente los debates, pero las palabras del Honorable señor García nos obligan, a los Senadores socialistas, a fundar nuestro voto. Lo haré muy brevemente.
Estamos de acuerdo con la indicación y adherimos a lo que ya han expresado los Honorables señores Jerez, Contreras y Valente, de modo que no repetiremos los argumentos que la fundamentan.
Quiero referirme a lo expresado por el Honorable señor García.
El señor Senador ha aprovechado esta oportunidad para embestir en contra de las empresas estatales y, como le corresponde, para defender a las empresas particulares. Y ha dicho que las utilidades de aquéllas se deberían al subsidio que les entregaría el Fisco, lo que no está comprobado y ha sido desmentido por el Honorable señor Valente.
Pero voy más allá: ¿por qué el Honorable señor García no se interesa en averiguar si las empresas privadas también tendrían utilidades si no recibieran subvenciones o subsidios directos o disfrazados, inmensos, de la sociedad, de la comunidad?
El señor GARCIA.-
Me interesa mucho.
El señor ALTAMIRANO.-
La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, dirigida y regentada por el señor Alessandri, ¿tendría utilidades si se le restara el inmenso "drawback" que se le entrega? La industria pesquera de Chile quebró y se ha recuperado precisamente a costa de las subvenciones directas, ya no indirectas.
¿Cuáles son las subvenciones indirectas? Las exenciones de impuestos, los créditos, la condición privilegiada en que se coloca a ciertas industrias. Si algún día se contabilizaran, en este país, las exenciones de impuestos de que gozan determinadas industrias, las subvenciones directas que se les otorgan por medio del "drawback" y de otros mecanismos, y los créditos, que entregan en condiciones privilegiadas la Corporación de Fomento y el Banco del Estado, resultaría que la llamada economía social de mercado, de que nos habla el Honorable señor García, llevaría a la quiebra de todos los monopolios y de todas estas grandes empresas, por ser antieconómicas. Sin embargo, no caemos en el simplismo de pretender suprimirlas; pero sí queremos socializarlas.
Por tales consideraciones, no nos parece justa la apreciación del Honorable señor García. Sin embargo, nos complace, porque pienso que, cuando se ponga en votación el artículo referente al "drawback", el señor Senador se opondrá, en consecuencia, a tal sistema de subvención de la empresa privada, como lo ha hecho con las subvenciones a las empresas estatales.
El señor GARCIA.-
Esta discusión me dará base para hacer, dentro de muy poco tiempo, una exposición muy clara sobre la materia. Por ello me alegra lo dicho por el Honorable señor Altamirano.
El señor CHADWICK.-
Quiero agregar dos consideraciones en apoyo de la disposición que ahora está aprobando el Senado, con el voto en contra del Honorable señor García.
La primera es para completar lo expresado por el Honorable señor Altamirano: toda la industria privada, sin excepción, se ha desarrollado gracias a la ayuda financiera del Estado y a los márgenes de utilidad asegurados por distintos medios.
Ya se ha mencionado el "drawback". Deseo recordar que todo el mecanismo de sustitución de las importaciones que ha dado lugar al desarrollo de la industria en Chile tiene su origen, fundamentalmente, en el aporte del erario, con sacrificio de los consumidores. Hubo un tiempo en que, a través de tipos de cambio preferenciales, se reservaban millones de dólares para la Industria de Papeles y Cartones. Recuerdo perfectamente los presupuestos de divisas de los años 1936, 1938, 1940, hasta 1953, fecha en que se modificó el sistema. Se le asignaban millones de dólares para la importación de su materia prima a precios artificialmente bajos, con un dólar a 33 pesos.
La industria textil se desarrolló íntegramente mediante el mecanismo de subvención encubierta que significa dar tipos de cambio preferenciales.
Hoy mismo toda la industria nacional tiene la extraordinaria protección que representa el hecho de no poder internarse sino aquellos artículos incluidos en las listas de mercaderías de importación permitida. Basta que no aparezca un artículo en aquéllas, para que la industria privada tenga el privilegio de no someterse a la competencia internacional.
Todo esto, naturalmente, lo pagan los consumidores y lo soporta el Estado, al ver disminuidos sus recursos disponibles para otros fines.
Valga lo anterior como complemento a lo dicho por el Honorable señor Altamirano.
Hay otra consideración: creemos que el grave problema de las jubilaciones prematuras en las Fuerzas Armadas, que se aborda a través de un sistema de pensiones que hace muy gravoso cualquier aumento en las remuneraciones del personal en servicio activo, debe resolverse alguna vez con un planteamiento nuevo. Nos parece que, mediante el desarrollo de determinadas industrias o actividades reproductivas, podrían encontrar colocación los oficiales, suboficiales y personal de los cuadros permanentes del Ejército que son llamados a retiro en forma prematura, de manera que, ocupándose en actividades reproductivas, tengan ingresos compatibles con sus necesidades. Este es un camino que se insinúa al Ejecutivo, con las ventajas ya hechas presentes, por medio del sistema de ampliar las posibilidades de financiamiento de FAMAE y ASMAR por las instituciones de crédito de todo orden. En el reglamento de esta ley, el Gobierno podrá dictar las normas complementarias, a fin de que los bancos y las instituciones de crédito en general puedan colocar determinados recursos para el desarrollo de estas líneas de producción, que requieren de créditos a mediano o largo plazo, con un interés adecuado.
Por estas consideraciones, voto que sí.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Este artículo ratifica la indicación de que fuimos autores los Honorables señores Chadwick, Jerez, Miranda y Valente y el que habla, complementada por otra del Honorable señor Car mona, con el objeto de incluir a la CORFO institución creada con la finalidad de producir un despegue de la industria entre aquellas instituciones crediticias que podrán otorgar préstamos o celebrar convenios. En consecuencia, con toda razón ASMAR y FAMAE, industrias del Estado y del Ejército, podrán incrementar sus recursos con aportes de la Corporación de Fomento.
La indicación nuestra, como digo, fue complementada por una del Honorable señor Carmona, con el objeto de que no sólo la Corporación de Fomento otorgue estos préstamos o celebre convenios con FAMAE y ASMAR, sino que también lo hagan las demás instituciones de crédito.
Por tales consideraciones, los Senadores radicales concurrimos con nuestros votos favorables a este artículo, que permitirá dar gran impulso a estas industrias del Estado.
-Se aprueba el artículo (17 votos contra 1 y 2 pareos).
El señor PABLO ( Presidente).-
Señores Senadores: he consultado con algunos Comités la posibilidad de declarar cerrado el debate e ir votando sólo con fundamentación del voto las distintas disposiciones, salvo que un Comité solicite debate respecto de algún artículo.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Artículo 6º, nuevo, propuesto por las Comisiones.
El señor PABLO ( Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para suprimir la lectura de todas las disposiciones?
El señor GARCIA.-
Sólo de este artículo.
El señor ALTAMIRANO.-
No, porque nos perdemos.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Dice el artículo 6°:
"Facúltase a las Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las Instituciones u Organismos del Sector Público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Trasplantes dependiente del Hospital Naval "Almirante Neff", de Valparaíso".
"Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho Instituto.
"Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso segundo de este artículo.
"Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza."
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor FUENTEALBA.-
Pido la palabra.
El señor CHADWICK Pido la palabra.
El señor PABLO ( Presidente).-
Con la venia de la Sala, pueden fundar su voto previamente los Honorables señores Fuentealba y Chadwick.
El señor FUENTEALBA.-
La mía es sólo una observación destinada a mejorar el precepto: es indispensable agregar que las donaciones, herencias, legados y aportes gratuitos deben estar exentos de todo impuesto. Creo que, por acuerdo unánime, el Senado podría acordar la inclusión de una frase, para cuya redacción se autorizaría a la Mesa, que estableciera la franquicia.
El señor GARCIA.-
Están exentos.
El señor BALLESTEROS.-
No lo están las personas jurídicas con aportes del Fisco.
El señor GARCIA.-
Están exentos, porque se trata de donaciones de beneficencia.
El señor CHADWICK.-
Sin duda, el artículo en debate está inspirado en el propósito muy generoso de ayudar a las experiencias que se están realizando en Valparaíso, las cuales merecen el elogio de todo el país. Sin embargo, la disposición va más allá de lo que la prudencia aconseja.
Los recursos destinados a salud deben ser planificados rigurosamente, porque las necesidades exceden en mucho las posibilidades económicas de solventarlas. Cualquier señor Senador tiene el testimonio de que el Servicio Nacional de Salud es un servicio público que está desprovisto de recursos en relación con las exigencias que debe atender.
Facultar a las instituciones semifiscales, empresas del Estado, etcétera, para hacer donaciones en pro de las experiencias de la cirugía del tórax efectuadas en Valparaíso, significa abrir las puertas a golpes emocionales imprevisibles, que no podemos controlar. Lógicamente, esta disposición provocará una sensación de horror en todo el cuerpo médico.
Los especialistas saben que en materia de tratamiento de las enfermedades cardíacas se está salvando la vida a centenares y centenares de pacientes y a otros muchas veces no se les puede atender por carencia de los elementos rilas indispensables, con recursos muy inferiores a los empleados en estas operaciones espectaculares de trasplante. Creo que no estamos capacitados para poder medir qué cantidad de recursos, en el tratamiento de la salud, se pueden dedicar a esas experiencias; cuál es el proceder más razonable y a qué otras actividades deben sustraerse esos recursos. Destaco esto, no obstante la admiración que tenemos por los cirujanos y el equipo médico que trabaja en el Hospital "Almirante Neff". Si no lo podemos hacer nosotros, que tenemos oportunidad de oír en las Comisiones a los técnicos en la materia, mucho menos estarán en condiciones de efectuarlo las instituciones semifiscales, empresas del Estado, municipalidades, etcétera, todos los cuales, por simples proposiciones, y a veces buscando la espectacularidad, van a disponer de recursos públicos, con fines loables, pero que, en el fondo, significan derroche y absurda postergación de otras necesidades. Esto no lo podemos hacer posible.
Por estas consideraciones, voté en contra de la indicación en las Comisiones Unidas. Por lo mismo, pido a mis Honorables colegas reflexionar sobre el particular y tener en cuenta la necesidad de planificación de los escasos recursos de la economía chilena destinados a la atención de la salud.
El señor BALLESTEROS.-
No pretendo entrar en consideraciones de índole médica, porque ello es ajeno a la materia en debate.
Todos conocen las experiencias que se han practido en el Hospital Naval, en especial en el Instituto del Tórax y Trasplantes, de manera que sobre ello los señores Senadores tienen exacta conciencia.
Aquí no se trata de una destinación de recursos, sino de habilitar, por medio de ese instrumento legal, a las instituciones del Estado, municipalidades y otras para hacer donaciones o aportes a dicho Instituto.
Es sabido, por ejemplo, que la Caja de Previsión de los Empleados Particulares acaba de hacer cuantiosos aportes. La Contraloría, a mi juicio con razones fundadas, cuestionó el hecho de hacer este tipo de donaciones, no obstante los elevados propósitos y fines perseguidos. Por lo tanto, era necesario un instrumento jurídico, una ley que posibilitara a esas instituciones efectuar las donaciones. Pero en ningún caso se trata de una obligación ni existe una cantidad comprometida. Por eso, estimo que no merece mayores consideraciones el análisis del precepto.
Voto que sí.
El señor GARCIA.-
Votaré favorablemente, a pesar de las expresiones del Honorable señor Chadwick, bastante razonables. Me fundo para ello en que la medicina en alto nivel significa, a la postre, beneficios para los más modestos. Las nuevas técnicas se perfeccionan, y las investigaciones y los descubrimientos hacen más fácil su utilización. Si hace un tiempo hubiéramos dicho que se necesitaban recursos para destinarlos al descubrimiento de la penicilina, con seguridad se habría expresado: "¿Cómo, para una cosa tan pequeña se proporciona tanto dinero?". Sin embargo, después, todo el mundo se benefició con ese medicamento.
Voto afirmativamente.
El señor ALTAMIRANO.-
Nos abstendremos de votar.
En realidad, las razones dadas por los distintos señores Senadores no arrojan luz como para pronunciarnos al respecto.
El señor SILVA ULLOA.-
No puedo votar por estar pareado, pero me parece que la discusión ha sido interesante.
En verdad, no veo cómo las instituciones semifiscales, empresas del Estado, las municipalidades y todos los organismos del sector público podrán hacer aportes, en circunstancias de que éstos no están establecidos en sus respectivos presupuestos. Por lo tanto, la disposición es absolutamente inoperante. Aparte las observaciones del Honorable señor Fuentealba, también debió haberse previsto la posibilidad de las modificaciones presupuestarias. De lo contrario, ninguna clase de aportes podrá llevarse a efecto.
El señor BALLESTEROS.-
No os así.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
La Caja de Empleados Particulares ya lo hizo.
El señor SILVA ULLOA.-
Y la Contralorea lo rechazó..
El señor BALLESTEROS.-
Después lo reconsideró.
El señor LUENGO.
A mi juicio, este precepto de ninguna manera será una incitación para que los organismos fiscales realicen cuantiosos aportes. Me parece que, por lo contrario, si los hacen, se tratará de cantidades moderadas. Además, pienso que por mucho que se desee planificar la atención de la salud en Chile, estos institutos experimentales, como es el caso del de Valparaíso, precisan recursos extraordinarios para realizar sus investigaciones en mejor forma.
Por eso, voto favorablemente.
-Se aprueba el artículo (16 votos por la afirmativa, 2 por la negativa, 1 abstención y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En el artículo 5º, que pasa a ser 7º, la Comisión propone intercalar, entre las expresiones "de" y "Eº 900", el vocablo "hasta". Además, recomienda sustituir la redacción de la oración final por la siguiente:
"Esta asignación se financiará con el superávit que se produzca en el ítem de sueldos del Servicio de Prisiones de la ley de Presupuestos de 1969."
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor VALENTE.-
En las Comisiones unidas, se aprobó este artículo, que otorga al personal del Servicio de Prisiones Unidas se aprobó este artículo, que sola vez en el curso de este año. Durante la discusión del segundo informe, el señor Ministro de Hacienda formuló indicación para suprimirlo, expresando que, de acuerdo con antecedentes proporcionados por la Dirección de Presupuestos, no habría el superávit señalado por los dirigentes de la ANFUP en las Comisiones Unidas. Además, agregó que en caso de existir ese superávit, no alcanzaría a tres millones y medio de escudos, sino a 1 millón, de los cuales ya estarían comprometidos 900 mil escudos, para financiar el ítem de Sobresueldos, de modo que sólo quedaría un saldo disponible de 100 mil escudos para cubrir el pago de la bonificación.
Hemos recibido de parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones una carta, de fecha 13 del mes en curso. En ella se nos envía un certificado del Jefe Subrogante del Departamento del Personal, con una nómina de los cargos vacantes y los sueldos correspondientes. En su parte final se señala que el total de los fondos presupuestarios por vacantes no llenadas durante 1969 alcanza a la suma de Eº 3.789.912. Por eso, dan a conocer su extrañeza ante las informaciones del señor Ministro de Hacienda en las Comisiones Unidas.
El documento mencionado, que tiene carácter oficial y está suscrito por el funcionario responsable del Departamento del Personal del Servicio de Prisiones, confirma que se dispone de dicha cantidad para pagar la bonificación. Debemos advertir que, inclusive, esa suma es un excedente de la cantidad comprometida con el pago del beneficio solicitado por los funcionarios.
Durante el estudio del segundo informe, se aprobó una indicación del Honorable señor Carmona para agregar, antes de la palabra "Eº 900", el término "hasta", con lo cual se restringe a menos de esa cantidad el valor de la posible bonificación.
Nosotros somos contrarios a esa indicación y vamos a votar a favor del artículo propuesto en el primer informe.
Por las informaciones que hemos recibido del personal del Servicio de Prisiones y de la Asociación Nacional de Funcionarios de ese organismo, votaremos en contra del artículo 5º propuesto en el segundo informe.
Voto que no.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Ministro.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
He pedido la palabra porque las afirmaciones del Honorable señor Valente dejan en mal pie las observaciones que formulé en las Comisiones Unidas. Al respecto, debo recordar al señor Senador lo que en realidad afirmé en dicha oportunidad.
Dije que, de acuerdo con las sumas disponibles en los ítem de Sueldos y de Sobresueldos, se producía un excedente de un millón de escudos en el primero y un déficit de 900 mil escudos, en el segundo. Por lo tanto, la vacancia de determinados cargos no podría considerarse como una mayor fuente de recursos, pues el Ministerio de Hacienda, al estudiar las leyes de Presupuesto de cada año, no considera el gasto de los cargos vacantes y que se estima que no serán llenados durante el año.
Esta podría ser la explicación de las diferencias existentes entre los datos proporcionados por el personal del Servicio de Prisiones y los de la Dirección de Presupuestos. Los de esta última corresponden a los aportes hechos efectivamente por el Ministerio de Hacienda para el pago de reajustes de remuneraciones de los cargos ocupados, pues, como dije, no se dan para los cargos vacantes, salvo aquellos que figuran en el programa del año y que serán llenados. Esto último no ha sucedido en el caso de las vacantes mencionadas por los funcionarios del Servicio de Prisiones.
Por tales razones, debo ratificar, desde el punto de vista financiero, de las reales disponibilidades de recursos, que existe un excedente que alcanza a 1 millón de escudos en el ítem de Sueldos y un déficit de 900 mil escudos en el de Sobresueldos.
El señor ALTAMIRANO.-
Creo tener cierta autoridad para hablar sobre este tema, debido a que me honro de haber sido cliente de las cárceles chilenas. No lo fui por coimas ni por gestiones administrativas, sino por una posición justa de principios y por defender el pensamiento del Partido Socialista.
Nadie duda de que el personal del Servicio de Prisiones está extraordinariamente recargado de trabajo, como claramente lo expresan en un documento que ha sido repartido a todos los señores Senadores. Por lo menos, faltan 2.500 funcionarios para que la jornada de ocho horas pueda ser una realidad, pues en la actualidad trabajan 18 horas diarias, con permisos cada cinco días, en algunas cárceles, y cada diez, en otras. Tan así es, que el ex Ministro de Justicia señor Jaime Castillo, con fecha 25 de marzo, les dirigió una carta en la cual manifestó que el Servicio de Prisiones disponía de seis millones de escudos para cancelar trabajos extraordinarios durante este año. El número de horas que es posible pagar con esa cantidad es muy inferior al total de las horas extraordinarias que realmente trabaja el personal de Prisiones, en especial, el de vigilancia. En efecto, éstos deben realizar sacrificados turnos de 14, 48 horas, o aún más. Para otorgarles el descanso legal restante, sería preciso duplicar el actual número de funcionarios. Es decir, un ex Ministro de Justicia de este Gobierno reconoció que los funcionarios de esa repartición trabajan más de 14 horas diarias y que ni siquiera se les puede dar el descanso a que tienen derecho.
Las argumentaciones dadas por el señor Ministro de Hacienda nos parecen discutibles, pero no podemos analizarlas en profundidad en este momento. Lo cierto es que tenemos a nuestra vista un documento que ruego insertar en mi fundamento de voto del Jefe Subrogante del Departamento del Personal del Servicie de Prisiones, en el cual se establece que el número de vacantes existentes daría un superávit de tres y medio millones de escudos. De ser efectivas las afirmaciones del señor Ministro de Hacienda, como sólo estamos entregando facultades al Presidente de la República, si se comprobara inclusive por la Contraloría que no necesitan tales recursos, simplemente le bastaría al Primer Mandatario no hacer uso de ellas en este caso. Por lo tanto, sus afirmaciones no bastan para negar una bonificación a ese personal, que, como dijo el ex Ministro de Justicia de esta Administración señor Jaime Castillo, y como todo el mundo lo sabe, se desempeña en forma sacrificada y peligrosa. Sin embargo, se les da una subvención miserable, no obstante reconocerse, como consta en la carta a que me he referido, que falta más de la mitad del personal, que no se les concede el descanso a que tienen derecho y que tampoco se les pagan las horas extraordinarias. Como dijo el ex Ministro, trabajan promedios de hasta 14 horas diarias; es decir, hemos vuelto al siglo XIX en materia laboral. Deben tenerse en cuenta, además, las circunstancias peligrosas y difíciles en que desarrollan sus actividades.
Voto que sí, en los mismos términos en que lo hizo el Honorable señor Valente.
El señor PABLO ( Presidente) .
Solicito el acuerdo de la Sala para insertar el documento mencionado por el Honorable señor Altamirano.
-El documento, cuya inserción se acuerda es el siguiente:
"Santiago, 13 de noviembre de 1969.
Honorable Senador:
Nos permitimos, una vez más, molestar su atención para acompañarle una síntesis de las vacantes existentes en el Servicio de Prisiones, de acuerdo a datos oficiales proporcionados por el Departamento del Personal.
Le adjuntamos, además, un cálculo por plantas del valor mensual y anual que importan esas vacantes, cuyos fondos por ley están destinados para el pago de los sueldos respectivos y que al no haberse llenado están, por tanto, sobrantes.
El total anual es de Eº 3.789.912.
Lamentamos tener que diferir con los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Al parecer se han equivocado en sus cálculos.
Honorable Senador:
Le pedimos, en nombre de todos los trabajadores penitenciarios de Chile, apoye con su voto, la indicación aprobada en las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa, a fin de otorgar a los funcionarios una asignación de 900 escudos, por riesgo y horas no canceladas.
Saluda a usted:
(Fdo.) : Raúl O campo F., Secretario General. Carlos R, Rojas, Vicepresidente.
Certificado.
El Jefe Subrogante del Departamento del Personal, que suscribe, certifica que a la fecha actual existen las siguientes vacantes en la Planta Titular estable del Servicio de Prisiones.
Planta Directiva:
4 cargos de 4ª Categoría Directiva.
Planta Profesional y Técnica:
2 cargos de 5ª Categoría Directiva (Arquitectos); 5 cargos de 6ª Categoría Directiva (3 Psicólogos y 2 Abogados); 2 de 7ª Categoría Directiva (Abogados); 1 cargo Grado 1° Directivo (Contador); 1 cargo Grado 2º Directivo (Enfermera Universitaria); 4 cargos Grado 5° Directivo (1 Constructor Civil y 3 Asistentes Sociales); 3 cargos Grado 6° Directivo (Asistentes Sociales).
Planta de Alcaides:
3 cargos Grado 5ª Categoría Administrativa.
Planta de Oficiales Administrativos:
5 cargos Grado 5º; 8 cargos Grado 6º, y 20 cargos Grado 17º.
Planta de Oficiales de Vigilancia:
2 cargos Grado 2º; 20 cargos Grado 4º, y 20 cargos Grado 17º.
Planta de Suboficiales, Cabos y Vigilantes:
3 cargos 5ª Categoría Administrativa;
8 cargos 6ª Categoría Administrativa;
50 cargos Grado 7º, Categoría Administrativa;
3 cargos Grado 3º Administrativo;
7 cargos Grado 5º Administrativo;
56 cargos grado 6º Administrativo;
60 cargos Grado 8º Administrativo;
60 cargos Grado 11º Administrativo;
60 cargos Grado 17º Administrativo;
Planta de Practicantes:
1 cargo Grado 6º y 6 Grados 7º Administrativo.
Planta de Capellanes:
1 cargo Grado 9º Administrativo.
Planta de Profesionales afectos a la ley Nº 15.076:
8 cargos de Médicos con dos horas diarias de atención.
Planta de Maestros Instructores:
1 cargo Grado 7ª Administrativa;
1 cargo Grado 1º Administrativo;
1 cargo Grado 2º Administrativo;
3 cargos Grado 4º Administrativo, y
1 cargo Grado 8º, Administrativo.
Planta de Servicios Menores:
2 cargos Grado 17º; 1 cargo Grado 18º, y
1 cargo Grado 19º Administrativo.
Santiago, noviembre 13 de 1969.
(Fdo.): Enrique Flores Jiménez, Jefe Departamento del Personal Subrogante.
(Fdo.): Luis Minchel Balladares, Director General.
.
Monto de los fondos presupuestarios sobrantes, destinados por la ley para la cancelación de estas vacantes.
(Datos oficiales del Departamento del Personal).
Valor mensual en escudos Valor anual en escudos.
Eº 315.826 3.789.912
Total fondos presupuestarios por vacantes no llenadas durante 1969:
Eº 3.789.912."
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Ministro.
Acordado.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Sólo deseo aclarar que mi intervención no tuvo como objetivo oponerme a la indicación, sino informar acerca de la fuente de los datos proporcionados por el Ministro que habla y hacer ver cuál era la diferencia de criterios existentes en uno y otro caso. Mi único propósito fue explicar las cifras y por qué se producen diferencias entre ellas.
Es indiscutible que el Honorable señor Altamirano tiene la razón. Si los fondos no existen, la bonificación deberá ser inferior; en cambio, si hay disponibilidades, de acuerdo con las facultades que se otorgan al Presidente de la República, ella puede alcanzar el monto solicitado.
El señor JEREZ.-
Me limitaré a adherir a las razones dadas por los Honorables señores Valente y Altamirano, a fin de no prolongar más el debate.
Voto por el rechazo de este precepto y la reposición del primero.
El señor GARCIA.-
Sugiero a la Sala redactar la parte final del artículo 7º en la siguiente forma: "Esta asignación se financiará con el superávit que se produzca en el ítem de sueldos del Servicio de Prisiones de la ley de Presupuestos de 1969, el cual será íntegramente destinado a tal finalidad". De este modo salvaríamos todos los inconvenientes, inclusive el señalado por el señor Ministro de Hacienda.
El señor VALENTE.-
Sería preciso eliminar la palabra "hasta".
La señora CARRERA.-
Ese término es el que perjudica a los trabajadores del Servicio de Prisiones.
El señor GARCIA.-
Exacto, señores Senadores. Así la situación se resolvería, pues se trata del otorgamiento de una facultad.
Por otra parte, las razones aducidas a favor del proyecto son semejantes: ¡todos tenemos especial simpatía por el Servicio de Prisiones...!
El señor JEREZ.-
¡Forme un sindicato con el Honorable señor Altamirano...!
El señor GARCIA.-
Sobre la base de que se presentará la dificultad señalada, voto a favor del artículo consignado en el primer informe.
El señor ALTAMIRANO.-
Yo también voto en esa forma.
El señor ISLA.
Rechazo la disposición consignada en el segundo informe, a fin de que se suprima el vocablo "hasta".
Voto que no.
La señora CARRERA.-
Señor Presidente, también conozco bastante el trabajo de los funcionarios del Servicio de Prisiones, por haber tenido a dos parientes en la cárcel: hace varios años, a mi esposo, y, últimamente, a mi hijo. De más está decir que ellos no cometieron estafa, no se apropiaron de dineros ajenos ni tampoco no deseo emplear términos que podrían herir recibieron "donaciones".
Me he percatado del sacrificio que implica desarrollar ese trabajo, del esfuerzo constante que despliegan los funcionarios y del poco personal con que cuentan las cárceles. Si los delincuentes verdaderos estuvieran informados sobre el escaso número de vigilantes, las fugas serían mucho más frecuentes. En la cárcel principal de Santiago, ubicada en la calle General Mackenna, la población penal alcanza a más o menos 1.400 reos, algunos de ellos sicópatas peligrosísimos. Sin embargo, a veces, durante la noche no hay más de tres o cuatro vigilantes. Es cierto que éstos se encuentran armados; pero los presos también lo están, pues transforman el metal de sus catres en estoques. A veces acaecen hechos horrendos. Aun cuando algunos diarios publican lo ocurrido, la ciudadanía no conoce en profundidad el drama que viven los funcionarios de Prisiones y la población penal.
Por otra parte, es preciso destacar que esas personas trabajan diez millones de horas extraordinarias al año, de las cuales sólo se les paga un millón, o sea, 10%. Como señaló el Honorable señor Altamirano, don Jaime Castillo, en su calidad de Ministro de Justicia, reconoció el número de horas que esos funcionarios laboran de más.
También deseo hacer presente que un dictamen de la Contraloría General de la República establece que esos trabajadores pertenecen a la escala ANEF, se rigen por el Estatuto Administrativo y deben trabajar en turnos de ocho horas diarias. Además, debemos considerar que se trata de funciones extraordinariamente peligrosas.
Por tratarse de un proyecto que otorga facultades especiales al Presidente de la República, es imprescindible que se corrija esta situación anómala y se proceda a investigar por qué las cuentas del señor Ministro dan como resultado una cantidad de recursos inferior a la que debería existir, según datos fidedignos entregados por el jefe subrogante del Departamento del Personal del Servicio de Prisiones.
Por estar pareada, no puedo votar.
El señor CHADWICK.-
Soy uno de los autores de esta indicación. De lo expresado por Sus Señorías se desprende qué; ella está plenamente justificada. En consecuencia, no haré argumentaciones de esta índole.
Deploro que la Corporación deba ocuparse del problema que afecta al personal del Servicio de Prisiones sólo de manera incidental, sin que tenga oportunidad de efectuar un completo estudio acerca de la grave situación carcelaria en Chile.
Ya me ocupé de esta materia también de paso al discutirse el proyecto de ley que otorgaba recursos para dotar de viviendas a los funcionarios del Poder Judicial. En esa oportunidad hice presente que, aun cuando consideraba justa la iniciativa, estimaba que debía ser pospuesta, ante la necesidad de resolver el problema carcelario, a fin de posibilitar la aplicación de métodos humanos en el tratamiento penitenciario a los condenados, de llevar a la realidad, aunque fuera en parte, todos los principios que una cultura medianamente desarrollada reclama para obtener la readaptación del delincuente.
Ahora debemos ocuparnos sólo de entregar una migaja al personal de Prisiones. Pienso que otorgar 900 escudos por una sola vez, como compensación del riesgo profesional que corren esos funcionarios les cuesta más de 28 muertos y decenas y decenas de heridos graves, es una solución muy insignificante y precaria. No obstante, si no podemos hacer otra cosa para resolver el problema, por lo menos facultemos al Jefe del Estado para que otorgue tal asignación.
Voto por el artículo del primer informe, a fin de que desaparezca el término "hasta".
El señor LUENGO.-
Señor Presidente, me pronuncio por la supresión de la palabra "hasta", o sea, por el artículo consignado en el primer informe.
Considero justo otorgar la asignación de 900 escudos a los funcionarios de un servicio que generalmente ha estado mal remunerado, donde el trabajo diario, por su naturaleza, implica permanente riesgo para quienes lo ejecutan. Sin embargo, estimo que esa cantidad de dinero no resuelve el problema del Servicio de Prisiones.
El artículo 8° autoriza al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y el sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile. Formulé indicación para que se incluyera al Servicio de Prisiones. El señor Presidente del Senado a mi juicio, en una interpretación absolutamente errada, no permitió que ella fuera discutida en las Comisiones Unidas, y la envió al Ejecutivo para que la auspiciara. Ese patrocinio no era indispensable, porque se trataba de otorgar una mera facultad al Primer Mandatario.
Considero que en el debate se aclaró que mientras esa facultad no sea usada, no se producirá nuevo gasto. Lo dijeron inclusive algunos señores Senadores de la Democracia Cristiana cuando se discutió la inconstitucionalidad del artículo 1º de la iniciativa.
A mi juicio, el señor Presidente del Senado incurrió en error. Desde ya, anticipo que en otro proyecto insistiré en la aprobación de la norma que propuse, por considerar que no existen motivos para hacer distingos entre el Servicio de Prisiones y los señalados anteriormente.
Lo establecido en el artículo 8º significa que el personal de Investigaciones gozará del sistema de quinquenios aplicado a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Reitero que no veo razón para no dar igual tratamiento al Servicio de Prisiones, cuyos funcionarios están expuestos día y noche a un constante peligro, por la naturaleza de su trabajo. Además, es preciso destacar, como lo hicieron algunos señores Senadores, que laboran 14,48 horas diarias.
Por último, reclamo el procedimiento que siguió el señor Presidente del Senado respecto de mi indicación.
El señor FUENTEALBA.-
También votaré a favor del primer informe. Lo hago con mucho gusto, porque, al igual que algunos señores Senadores, yo también he estado en la cárcel.
Cuando terminé mis estudios de Derecho, el Honorable señor Chadwick me envió a hacer mi práctica forense a la cárcel pública de Santiago. Una de las experiencias más hermosas y valiosas de mi vida fueron precisamente los meses que estuve recluido. No sólo conviví cada día con el personal de Prisiones, sino que conocí la vida de los reos.
Con posterioridad, en el curso de un intenso ejercicio profesional de 15 años, tuve ocasión de estar en contacto con las cárceles de nuestro país, especialmente con las de La Serena, Coquimbo, Illapel y Ovalle, localidades donde me desempeñé como abogado. Eso me posibilitó interiorizarme del problema que afecta al Servicio de Prisiones.
Solicito que, como fundamento de mi voto a favor del artículo que beneficia a ese personal, se inserte en la versión la carta que éste dirigió al Presidente de la República, concebida en términos claros, precisos y muy respetuosos, pues es el mejor argumento para sus peticiones.
Voto por el primer informe.
El señor PABLO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se insertará en la versión el documento mencionado por el señor Senador.
Acordado.
El documento, cuya inserción se acuerda, es el siguiente:
"Carta al Presidente de Chile dirigida por la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, ANFUP.
Excmo. Señor:
Nuestro gremio le remitió con fecha 10 de octubre una comunicación solicitándole apoye nuestra petición de asignación de riesgo, por todo el año 1969 de 900 escudos para cada uno de los trabajadores penitenciarios de Chile. Hoy, respetuosamente insistimos en nuestra petición que se encuentra presentada como indicación en el proyecto que otorga facultades para mejorar rentas de FF. A A., Carabineros e Investigaciones. Queremos entregar a Ud. las siguientes razones que abonan nuestra justa petición:
1.- Hay actualmente 270 vacantes en la Planta de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. El D.F.L. 5 publicado en el Diario Oficial el día 18 de octubre de 1968, es decir, hace justo un año, aumentó en 180 hombres esta Planta. Esto significa que no se ha llenado una sola de las 180 plazas o cargos creados y que además -Quedan 90 más sin ocuparse.
2.- Que también hay cargos acéfalos en otras Plantas, lo que ha producido dineros sobrantes en el Presupuesto de Prisiones del orden de los tres mil quinientos millones de pesos, solamente en el rubro remuneraciones. Los dineros efectivamente sobrantes son más, pues al no llenarse las vacantes en la Planta de Vigilancia sobra dinero en el ítem de horas extraordinarias, en el de rancho, en el de uniformes, etcétera.
3.- El personal trabaja en horarios extenuantes que contravienen las normas más elementales de respeto a la dignidad de la persona humana. Cinco, seis y hasta diez días seguidos en el Penal, sin una sola franquía, transforman a nuestro trabajador penitenciario en un preso a sueldo. La familia del funcionario vive huérfana del jefe del hogar con todas las repercusiones consiguientes.
4.- Los trabajadores penitenciarios laboran diez millones de horas extraordinarias al año. Sólo se les cancelan un millón y medio de horas.
5.- Solamente con dos mil funcionarios más sería posible la jornada de ocho horas. Esto significa que aun llenándose todas las vacantes seguirá el trabajo extralegal, pues la Contraloría General de la República ha determinado que los trabajadores penitenciarios deben laborar ocho horas diarias en turnos.
6.- Queda en claro que los mismos funcionarios que actualmente laboran con su trabajo extenuante y de horarios ilegales son los que provocan las economías descritas, por lo cual es indiscutible el derecho que poseen para que dichos dineros economizados con su sacrificio físico le sean devueltos.
7.- Nosotros pedimos una asignación por riesgo y peligrosidad que también involucre las horas extraordinarias no canceladas, que como se explicó, no significan ningún gasto y que es el resultado de una realidad propia del Servicio de Prisiones que no tiene semejanza con ningún otro. La pedimos para todos los funcionarios, pues el riesgo de peligrosidad en la tarea carcelaria involucra a todos sin excepción.
Comprendemos que el Presidente de la República está empeñado en mejorar los niveles de vida de los trabajadores en general y en especial en el desarrollo social de la gente más humilde, lo que se hace por intermedio de enormes sumas de dinero que se invierten en promoción de la educación, reforma agraria, capacitación industrial, etcétera, lo que hará posible sacar al país del subdesarrollo.
Lo que estamos pidiendo se encuentra autofinanciado por los propios trabajadores penitenciarios. Por lo tanto no existe problema de financiamiento en el Ministerio de Hacienda.
Agradecemos al Presidente de la República la acogida que brindará haciendo suya esta petición, patrocinándola ante el Legislativo en el proyecto mencionado que incluye a servicios que también como Prisiones dependen de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile. Lo saludan muy atentamente en el nombre de los funcionarios de Prisiones de Chile, mujeres, hijos, y todas sus familias.
Milenko Mihovilovic E., presidente; Raúl Ocampo F., secretario; Manuel Viveros N., director; Rufino Delgado S., Secretario provincial; Teófilo Pizarro P., director; Luis Riquelme R., delegado Cárcel Santiago; María Andrade, Delegada Casa Correccional; Manuel Urzúa D., director ; Pedro Piñeda R., director; Darío Chandia, Delegado ANEF; Julio Albornoz I., Director Servicios Menores; Ramón Muñoz M., Delegado Penitenciaría; Javier Soto M., Delegado Carpintería; Carlos Rene Rojas, secretario; Luis Chancerel D., protesorero; Mario Valero L., director ; Juan Pérez Zapata, director; Oscar López L., director; Roberto Alfaro Ll., Delegado Centro Menores; Raúl .Araya A., Delegado Imprenta."
El señor MIRANDA.-
Señor Presidente, en las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Hacienda, los Senadores radicales votamos favorablemente esta disposición. Ella nos parece muy justa, porque, tal como los señores Senadores que han expresado su aprobación, estamos conscientes de la naturaleza de las labores que desarrolla el personal del Servicio de Prisiones.
Somos partidarios del artículo consignado en el primer informe es decir, eliminando la palabra "hasta", pues de otro modo se corre el riesgo de que no surta efecto la autorización que se otorga al Primer Mandatario para conceder la asignación de 900 escudos.
Aun cuando el señor Ministro de Hacienda manifestó su criterio favorable al precepto, hizo cuestión sobre el financiamiento. No obstante, si el Gobierno está por el establecimiento definitivo del artículo, en caso de que el superávit no existiera, tendrá en sus manos la posibilidad de crear el ítem correspondiente en la iniciativa de ley de Presupuestos para 1970, con lo cual desaparecería el inconveniente.
El señor ALTAMIRANO.-
Podría efectuar un traspaso de fondos.
El señor MIRANDA.-
También es factible, señor Senador.
Personalmente, también tengo experiencia en materia carcelaria advierto que no la adquirí con motivo de la comisión de delitos comunes, y por lo tanto pude comprobar en forma directa cuán difícil y peligroso es el trabajo que desempeñan esos esforzados trabajadores del Estado.
Voto a favor del artículo contenido en el primer informe.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Al igual que los Honorables señores Chadwick y Fuentealba, por el ejercicio profesional, especialmente en el aspecto criminal, he podido conocer de cerca durante muchos años las penurias que en el desempeño de sus cargos debe sufrir el personal de Prisiones. Son funcionarios con alto sentido de responsabilidad y que cumplen con mucha eficiencia la tarea de vigilancia, que es de gran riesgo. Por ello, a mi juicio, la norma es de absoluta justicia.
Por expresa autorización del Honorable señor Duran, con quien estoy pareado, puedo votar este precepto. En consecuencia, me pronuncio favorablemente por el criterio aprobado en el primer informe.
El señor CARMONA.-
Deseo rectificar mi voto.
Me inclino por rechazar el artículo que figura en el segundo informe.
El señor GARCIA.-
Quiere decir que la norma fue aprobada por unanimidad.
El señor HAMILTON.-
Y que hubo más discursos que votos.
Se rechaza el artículo propuesto en el segundo informe (17 votos por la negativa y 3 pareos), y queda, aprobado el contenido en el primero.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa Nacional proponen sustituir el artículo 7º, que pasa a ser 9º, por el siguiente:
"Los bancos particulares pagarán en el año tributario 1970 el impuesto de Primera Categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta, con una tasa adicional del 10%, que se calculará sobre la misma renta imponible determinada para esa categoría.
"La misma tasa adicional se aplicará también a la renta imponible de las Compañías de Seguro, determinada para el año tributario 1969.
"Este impuesto deberá declararse en el plazo comprendido entre el 1° de enero y 31 de marzo de 1970 y pagarse en tres cuotas iguales, la primera al momento de entregar la declaración y las siguientes en los meses de julio y octubre del mismo año."
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
Durante la votación.
El señor VALENTE.-
El artículo 3º contenido en el mensaje del Ejecutivo establecía el impuesto que ahora se debate, pero en forma restringida, ya que sólo otorgaba recursos por un millón de escudos. En la Cámara de Diputados se incluyó a las sociedades anónimas entre las instituciones a las cuales se aplicaba el gravamen, Así, esta parte del financiamiento de la iniciativa aumentó a 12 millones de escudos.
En la discusión del primer informe en el Senado, el señor Ministro de Hacienda anunció que presentaría una indicación destinada a corregir el artículo aprobado por las Comisiones Unidas, En el segundo informe, tanto el señor Ministro de Hacienda como el Honorable señor Ibáñez presentaron indicaciones tendientes a suprimir el impuesto a los bancos particulares y a las compañías de seguro. La aprobación del criterio del señor Ministro de Hacienda trajo como consecuencia la disminución del rendimiento, de 12 millones de escudos, a 7.500.000 escudos.
Insistiremos en aprobar el artículo que figura en el primer informe, por las razones que dimos a conocer durante la discusión general del proyecto.
Las compañías de seguro nacionales y extranjeras obtuvieron durante los últimos 9 años, 80 millones de escudos por concepto de utilidad neta; y los bancos particulares, en igual lapso, ganaron una suma superior a los 220 millones de escudos.
Si tomamos en consideración que estas empresas no arriesgan capitales y no trabajan con capital propio, sino con el ahorro de la ciudadanía, es plenamente injustificado que obtengan utilidades tan elevadas como las señaladas. Nadie desconoce la especulación en materia de crédito bancario y el subido interés que estas instituciones cobran, especialmente cuando se trata de favorecer a los sectores medios y pequeños del comercio, de la industria o de la agricultura.
Por ello repito, es del todo injustificado rebajar 5 o más millones de escudos del financiamiento que otorga esta disposición.
En nombre del Partido Comunista formulamos una indicación destinada a eliminar una frase del artículo original que aplicaba el recargo de 50% sólo al exceso de las utilidades obtenidas entre el año actual y el venidero, con el objeto de aumentar los recursos de 12 millones de escudos a más de 20 millones. Lamentablemente, nuestra proposición fue rechazada. En todo caso, aprobaremos el artículo del primer informe, porque mediante su aplicación se obtienen 5 millones de escudos más para financiar el beneficio que se está otorgando a los personales activo y pasivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En consecuencia, voto que no.
El señor JEREZ.-
Sólo deseo agregar una observación a las ya formuladas por el Honorable señor Valente.
Soy partidario de rechazar la norma en votación, a fin de reponer la del primer informe.
Deseo destacar que en el seno de las Comisiones Unidas se argumentó que el empleo de las utilidades de los bancos podría afectar al derecho de los gremios bancarios.
Quiero hacer presente que ello es una falacia, ya que los propios interesados emitieron una declaración pública en el sentido de que no se sentían lesionados por la aprobación de una norma que ordena disponer parte del exceso de utilidades bancarias al financiamiento de esta iniciativa, por la sencilla razón de que sus remuneraciones se determinan en virtud de las leyes de reajuste de carácter general o por convenios que ellos suscriben con los bancos.
A mi juicio, nadie tiene derecho a ser más papista que el Papa en esta materia. Los propios interesados son partidarios del artículo del primer informe. Por lo tanto, nadie puede argumentar que él no es del todo justo y conveniente.
Voto que no.
El señor PALMA.-
Me pronunciaré favorablemente por el artículo propuesto por el segundo informe, porque afecta a las utilidades reales del banco y no, como acontecía con el anterior, a las nominales, pues no se tomaba en cuenta usando una expresión tan en boga la deflactación correspondiente al proceso inflacionario.
Además, quiero hacer notar que este precepto, si bien tiene un rendimiento aproximado de 7,5 millones de escudos, viene a reemplazar una indicación primitiva del Ejecutivo que sólo producía un millón de escudos.
El señor VALENTE.-
La Cámara de Diputados introdujo una modificación que permitió elevar esta cifra.
El señor PALMA.-
En efecto, con la enmienda introducida por la otra rama del Congreso, el artículo otorgaba recursos por 12 millones de escudos, pero provocando, en cuanto a las disponibilidades de las instituciones bancarias, una situación que afectaba a su capacidad de servicio. Y mientras rija el actual sistema bancario, no es posible impedir o disminuir sus posibilidades de servicio.
Por lo expuesto, mantengo mi votación favorable al artículo aprobado en el segundo informe.
El señor GARCIA.-
Voto afirmativamente el artículo del segundo informe.
Fundo mi opinión en que es más parejo y justo. El precepto primitivo, como expliqué en las Comisiones Unidas, era vago en el sentido de que no se sabía qué instituciones debían pagar el impuesto. Hay empresas que ganaron mucho los años anteriores y, por tener pocas utilidades en el actual, no pagarán el impuesto. Por otra parte, se daba la situación inversa, con la agravante de que en este caso las empresas que debían pagar podrían estar en peor situación que las anteriores, por arrastrar pérdidas de muchos años. Es decir, la aplicación de este tributo no estaba bien estudiada. La norma actual, en cambio, es pareja.
No olvidemos que este financiamiento se complementa con otro consistente en aumentar el impuesto de todas las sociedades anónimas, de 30%, a 35%. En consecuencia, los recursos consignados en la norma son mayores que la diferencia de 4 millones de escudos señalada por el Honorable señor Valente.
Deseo dejar constancia de que en 10 años, los bancos y las sociedades anónimas han ganado en Chile 300 millones de escudos, esto es, 30 millones de escudos al año, según los balances.
El señor VALENTE.-
Trabajando con capital ajeno.
El señor IBAÑEZ.-
Oportunamente, me haré cargo de las consecuencias tremendamente adversas que tiene para el país, y en especial para los asalariados, legislar sin medida en materia de impuestos. Lo explicaré con cifras en la próxima semana, a fin de que los señores Senadores midan su responsabilidad cuando despachan iniciativas legales en forma desaprensiva, destinadas a elevar la tributación. Es necesario que todos los señores Senadores tengan que rendir cuentas, no sólo frente a las personas que pagan los impuestos, sino también ante el país que sufre las consecuencias de ello, como lo demostraré repito con cifras la semana venidera.
No voto por estar pareado con la Honorable señora Carrera.
El señor ALTAMIRANO.-
Por las razones expuestas por los Honorables señores Jerez y Valente, nos pronunciamos por el rechazo de esta norma, esto es, por la reposición de la primitiva.
-Se aprueba el artículo propuesto en el segundo informe (9 votos contra 8 y 4 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Artículo 8°, que pasa a ser 10, sin modificaciones.
Ha llegado a la Mesa una indicación renovada por los Honorables señores Teitelboim, Montes, Valente, Miranda, Altamirano, Silva Ulloa, Contreras, Campusano, Tarud, Jerez, Allende, Sule y Chadwick, destinada a agregar, después del inciso 1º del artículo 8º, el inciso nuevo siguiente:
"Este recargo sólo afectará a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales escala A) del departamento de Santiago, siempre que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite."
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
Durante la votación.
El señor PABLO ( Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que el señor Ministro de Hacienda pueda dar una explicación al respecto.
Acordado.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
De nuevo quiero referirme a esta indicación presentada tanto en la Cámara de Diputados como en las Comisiones Unidas del Senado.
Comprendo la finalidad que ella persigue. Sin embargo, en reiteradas oportunidades he señalado que la aplicación de una norma de esa naturaleza es absolutamente imposible. El hecho de no aplicar este recargo a los predios cuyo avalúo sea inferior a los 15 sueldos vitales, siempre que su dueño posea sólo un bien raíz y lo habite, implicaría un mecanismo de fiscalización, basado en declaraciones juradas de los contribuyentes, cuyo cumplimiento total demandaría al Servicio de Impuestos Internos un trabajo administrativo no inferior a 6 u 8 meses. Sólo la mantención al día del rol con los nombres de los verdaderos propietarios, para los efectos del cobro de las contribuciones de bienes raíces, tiene un retraso normal que va de un año a un año y medio. Para poder cobrar este recargo, deberá recurrirse a sistemas mecanizados, y los datos necesarios para emitir los boletines con cierta regularidad y poder tenerlos listos para su cobro oportuno en mayo, deben estar finiquitados en diciembre, a más tardar en la primera quincena del mes. Por eso, de aprobarse esta indicación, el artículo 10 sería inaplicable.
Por otra parte, debo hacer presente al Senado que este recargo ya está vigente en el año en curso, y sin ningún tipo de exención, para todos los contribuyentes de bienes raíces. Por lo tanto, no se trata de un recargo nuevo, y se proyecta prorrogar su aplicación en las mismas condiciones para el próximo año, exceptuándose sólo los bienes de las zonas afectadas por la sequía.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Cuál es el rendimiento del impuesto, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Cuarenta y siete millones de escudos, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
Y en caso de aprobarse la indicación, ¿a cuánto ascendería, según sus cálculos, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Estimo que los bienes raíces con avalúos inferiores a 15 sueldos vitales deben constituir aproximadamente 60% del total. En consecuencia, dichas propiedades son 500 mil, sobre un total de un millón doscientas mil.
El señor VALENTE.-
Pero son casas de madera, señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
En todo caso, son 500 mil.
El señor VALENTE.-
Hemos renovado esta indicación porque no deseamos gravar una vez más a los propietarios modestos poseedores de una sola vivienda habitada por ellos mismos, con un nuevo recargo en el pago de las contribuciones. Es realmente difícil para esos propietarios hacer frente a los actuales tributos, y su situación se empeoraría de no establecerse la exención que proponemos mediante la indicación renovada.
Al seno de la Comisión llegó un antecedente muy valioso: se señaló que hasta la fecha, en el curso de este año, la suma adeudada por concepto de contribuciones alcanza nada menos que a 300 millones de escudos. Esta situación, excluyendo a quienes no pagan sus impuestos en espera de una ley de condonación o consolidación, revela que el grueso de los pequeños contribuyentes no está capacitado económicamente para hacer frente a sus obligaciones tributarias, como asimismo la agobiante condición impositiva en que se halla la pequeña propiedad, la casa que ha comprado una persona después de haber invertido todo su desahucio por ejemplo con el fin de habitarla con su familia. En lugar de premiar a este contribuyente por haber solucionado un problema realmente angustioso, se le atosiga con imposiciones tributarias permanentes, al extremo de que generalmente debe vender su propiedad, pues no quiere hacerse del problema de seguir pagando contribuciones o no desea seguir en calidad de deudor del Fisco sin tener la posibilidad de sanear su deuda.
Por tales consideraciones, insistimos en nuestra indicación. Estimamos que las razones expresadas por el señor Ministro de Hacienda no son atendibles. No comprendo cómo la Administración Pública, que dispone en la actualidad de máquinas IBM y equipo mecanizado en general, no puede estar en condiciones de fiscalizar el cumplimiento de la fórmula de excepción que hemos propuesto.
Voto por la afirmativa.
El señor PALMA.-
En virtud de la indicación en referencia, teóricamente se beneficiarían las propiedades de avalúo fiscal inferior a 75.000 escudos, aproximadamente. Se trata, por lo tanto, de bienes raíces de valor intermedio, modestas, pero que, en realidad, son la regla general.
En todo caso, no es un impuesto nuevo. En efecto, según la indicación del Honorable señor Valente quedarían exentas de este recargo propiedades que en la actualidad lo están pagando.
El señor CHADWICK.-
Sólo por este año.
El señor PALMA.-
Si la situación es ésa, deben continuar tributando para poder financiar esta iniciativa. No recuerdo cuál es el monto de los recursos producidos por el gravamen, pero el hecho concreto es que él se aplica en la actualidad a todos los bienes urbanos. El artículo 10 del segundo informe sólo viene a prorrogar el plazo de aplicación.
A propósito de esta materia prórroga de plazos, me parece que en el artículo despachado antes olvidamos debatir un punto importante. Perdonen mis Honorables colegas que me refiera al asunto de pasada.
El recargo establecido respecto de la primera categoría, que afecta a las instituciones bancarias, se consigna sólo para 1970. En verdad, el tributo debe seguir vigente con posterioridad, para poder obtener los recursos y financiar los gastos permanentes que origina el proyecto en debate.
El señor ALTAMIRANO.-
Todos los artículos contienen el mismo error.
El señor PALMA.-
Por tales consideraciones, los Senadores de estas bancas votamos en contra de la indicación.
El señor IRURETA.-
En primer lugar, deseo señalar que el antecedente proporcionado tanto en la Sala como en las Comisiones en el sentido de que la suma de los impuestos de bienes raíces adeudados alcanza a 300 millones de escudos, es erróneo, porque incluye el total de los boletines girados, los cuales, por lo general no se refieren a situaciones reales. El informe del Consejo de Defensa del Estado relativo al rendimiento de la cobranza judicial indica un saldo adeudado al 31 de diciembre de 1968 ascendente a 166.554.209 escudos, cantidad en la cual se encuentran consideradas las deudas afectas a convenios. Las deudas realmente en mora por concepto de bienes raíces no pasan de los 101 millones de escudos, si excluimos de la cifra global las sumas de los impuestos objeto de convenios.
Como señaló el señor Ministro de Hacienda, los propietarios de bienes raíces con avalúos inferiores a 100 mil escudos, suman más o menos 500 mil.
Deseaba proporcionar estos antecedentes, porque la magnitud del problema es menor que la que aquí se ha señalado.
Voto que no.
El señor GARCIA.-
Votaré negativamente esta indicación, para mantener el artículo tal como venía en el segundo informe. La razón de mi actitud: es que la disposición en estudio implica dejar sin efecto el artículo 10, ya que no hay manera de comprobar quiénes viven en su propia casa y quiénes las han entregado en arriendo.
Es muy útil que el país conozca ciertas cifras. Se acaba de hablar de 300 millones de escudos por contribuciones de bienes raíces adeudados, y luego de 160 millones. Pero sucede que se consideran los últimos boletines y no los anteriores. El Ministro de Hacienda dijo que éstos ya no tenían significación alguna. Estimo que no es así, pues en dos oportunidades se han dictado leyes que obligan a pagar los impuestos atrasados antes de cancelar los últimos. Al dictarse el Código Tributario se permitía pagar cualquier boletín. Luego esta disposición quedó derogada, y hoy día repito deben cancelarse previamente los tributos atrasados. En estas circunstancias, las cifras de impuestos en mora, que llegan a los 300 millones de escudos, se pagarán una vez saldada la deuda de los 160 millones pendientes.
Vale decir, lo que el Gobierno debe hacer es activar la cobranza de impuestos pendientes, que ascienden a más de 500 millones de escudos. Si pudiéramos lograr recaudar los tributos pendientes, conseguiríamos reunir todo el financiamiento que el señor Ministro de Hacienda requiere.
Por estas consideraciones, he aprovechado la posibilidad de fundar mi voto para señalar estos datos que el país necesita conocer.
El señor CHADWICK.-
Deploro que el Ejecutivo no haya tomado la iniciativa de corregir el exceso que se advierte en el goce de los beneficios del D.F.L. 2, justificables respecto de las personas que construyen o compran habitaciones modestas para destinarlas a ser habitadas por ellas pero no en cuanto se invierten grandes fortunas en verdaderos conjuntos habitacionales exentos de gravámenes, situación que obliga a recargar las tasas vigentes y a hacer más insoportable la situación tributaria de vastos sectores de modestos pobladores.
Voto a favor de la indicación.
El señor CONTRERAS.-
A mi juicio, debiéramos haber comenzado por rechazar el artículo. Ello, por los siguientes motivos.
Entiendo que hace alrededor de seis años se concedieron al Presidente de la República, con carácter permanente, facultades para alzar las contribuciones de bienes raíces. Por otra parte, el Ejecutivo tiene atribuciones para reavaluar los bienes raíces. Ahora, para colmo, tenemos una autorización que permite aumentar en 10% el monto de las contribuciones. De seguir así las cosas si continúan aprobándose gravámenes sin ninguna excepción, dentro de poco tiempo seguramente costará más dinero ser propietario que arrendar una vivienda.
Después de dictada la ley que concedía la facultad a que me refiero, se quiso favorecer a todos los propietarios de bienes raíces que tuviesen viviendas de avalúo inferior a 5.000 escudos. Pero esto fue una gran farsa, porque a continuación se reavaluaron todas las propiedades y se vieron defraudados quienes pensaban que la ley los beneficiaría.
Considero que ya se está colmando la medida en lo que se refiere a aumento de contribuciones y a las facultades que todos los años se otorgan para proceder a ello.
Debo votar favorablemente la indicación, pero creo que lo correcto hubiese sido rechazar el artículo.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 9 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 3 pareos.
El señor PABLO ( Presidente).-
Corresponde repetir la votación.
Si le parece a la Sala, se dará por repetida.
El señor CHADWICK.-
No. No hay acuerdo.
El señor CONTRERAS.-
Pido votación nominal.
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación nominal.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 9 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 4 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan, Altamirano, Contreras, Chadwick, Fuentealba, Jerez, Miranda, Silva Ulloa y Valente.
Votaron por la negativa los señores Carmona, García, Hamilton, Irureta, Noemi, Pablo, Palma y Reyes.
No votaron, por estar pareados, la señora Carrera, y los señores Ibáñez, Luengo y Morales Adriasola.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Se ha renovado la indicación número 37 por los Honorables Senadores señora Campusano y señores Montes, Valente, Teitelboim, Altamirano, Contreras, Silva Ulloa, Tarud, Jerez, Allende y Chadwick, para agregar a continuación del artículo 9º, uno nuevo que dice: "A contar del 1° de enero de 1970 y hasta el 31 de diciembre de 1973 quedará suspendido el servicio de la deuda externa. Autorízase al Presidente de la República para pactar la consolidación de esa deuda, la que empezará a servirse en las nuevas condiciones a contar del 1° de enero de 1974".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor NOEMI. ( Vicepresidente).
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que el Honorable señor Ibáñez pueda fundar su voto de inmediato.
Acordado.
El señor IBAÑEZ.-
Por de pronto, en el precepto aparece una contradicción que sería conveniente que los autores la aclararan. Primero señala que se suspenderá el servicio de la deuda externa, y después autoriza al Gobierno para consolidarla, a fin de prorrogar su pago, lo cual es completamente contradictorio.
El señor CHADWICK.-
¿Dónde está la contradicción?
El señor IBAÑEZ.-
Si se dispone por ley suspender el pago de la deuda externa,...
El señor CHADWICK.-
Si se suspende el pago sólo por tres años.
El señor IBAÑEZ.-
... no hay necesidad de consolidarla, porque lo anterior significa romper unilateralmente el contrato con los acreedores. Por cierto, somos contrarios a ello y nos parece inaceptable siquiera insinuar la idea de esa ruptura.
Comprendo que se pueda proponer una disposición que faculte al Ejecutivo para consolidar las deudas contraídas en el exterior. Pero desde el momento en que un poder del Estado ordena al Gobierno suspender su pago, todas las demás consideraciones son superfluas.
A nuestro juicio, es monstruosa la sola insinuación que este precepto contiene.
Parece que los autores de la indicación tuvieron un cargo de conciencia, porque en la segunda parte facultan al Ejecutivo para reiniciar el servicio a contar de enero de 1974.
El señor CHADWICK.-
No es tan monstruosa.
Pido la palabra.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Ministro.
Acordado.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
En las Comisiones de Defensa y Hacienda, unidas, fui bastante explícito para explicar las razones por las cuales esta norma era inconveniente, aparte que podría provocar grave daño al país. Dije que no era lógico suspender, en virtud de disposiciones legales, el pago de la deuda externa, pues este asunto se ha pactado conforme a contratos bilaterales que puede celebrar cualquier Gobierno en forma libre y espontánea.
También debe tomarse en cuenta que ningún país cualquiera que sea su posición respecto de Chile permitirá renegociar la deuda externa al término de un período presidencial. Para que tal medida tenga éxito, la negociación debe efectuarse al comienzo de un Gobierno.
Es cierto que la suspensión puede decidirse en forma unilateral, pero tal sistema ha tenido funestas consecuencias en los países que lo han aplicado.
El señor CHADWICK.-
Casi todos han dado ese paso.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Han sido muy pocos, señor Senador, y siempre las consecuencias han sido funestas para realizar operaciones crediticias posteriores.
Todos los países acreedores nuestros, sin distinción de regímenes políticos, exigen, como es lógico, cuando el deudor quiere aliviar el servicio de la deuda, determinar por medio de resoluciones bilaterales las condiciones de la prórroga.
Aun cuando la indicación pudiera ser efectiva, la considero perjudicial e innecesaria, pues el hecho de disponer de más dólares porque la amortización se hace en esa moneda no significará mayores recursos en escudos. Por lo tanto, no se solucionará lo relativo a los gastos presupuestarios corrientes, debido a que el problema como lo expresé en la Comisión radica en convertir esos dólares a escudos sin distorsionar la política monetaria.
Vender dólares al Banco Central para que éste los convierta en una cantidad equivalente de escudos, sin que tales dólares correspondan ya sea a un retiro en la emisión monetaria o a una importación, significa efectuar una emisión neta por parte del Banco Central y, por lo tanto, un estímulo directo a la inflación. . Por las razones expuestas, estimo que la indicación no puede ser aprobada, que es perjudicial y que, además, no financia en absoluto el presupuesto fiscal.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Chadwick pueda fundar de inmediato su voto.
Acordado.
El señor CHADWICK.-
Las objeciones del Gobierno, expresadas por boca de su Ministro de Hacienda, merecen un examen, aunque sea en los breves minutos de que dispongo para fundar el voto.
Se dice que la suspensión del pago de la deuda externa sería extemporánea porque estamos al término de un período presidencial. Precisamente, tal medida permitirá al nuevo Gobierno renegociar la deuda. Es decir, para que aquélla sea oportuna, debe acordarse al final de una administración.
El segundo reparo se refiere a los graves efectos que esto produciría en el manejo financiero. La verdad es absolutamente distinta. La característica en el mercado financiero actual es el alza constante de los intereses, lo que obliga a considerar que cualquier sustitución de deudas existentes por otras nuevas, hará más oneroso el servicio de los capitales así conseguidos para atender al pago de amortizaciones extraordinarias a contar de 1970.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
O sea, Su Señoría quiere que paguemos más caro.
El señor CHADWICK.-
Si la deuda externa continúa sirviéndose en las condiciones actuales y se reemplazan por nuevos créditos los recursos que se destinan a ese fin, el servicio será mucho más gravoso.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
El pago de los créditos será más oneroso.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro lo sabe y no puede discutirlo.
El Honorable señor Ibáñez expresó que esa medida produciría graves efectos en el prestigio internacional de Chile. No es así.
Todas las naciones cuando se han encontrado en un período de crisis han recurrido a estas medidas de emergencia. Inclusive Inglaterra y todos los países europeos que contrajeron obligaciones con motivo de la primera guerra mundial, desde 1930 en adelante suspendieron el pago de la deuda externa, en virtud de actos unilaterales. Se puede decir que Estados Unidos es la única nación que nunca ha usado tal recurso.
El señor GARCIA.-
Suiza tampoco.
El señor CHADWICK.-
Suiza no participa en este mercado de capitales; tiene otra función, como sabe perfectamente el Honorable señor García, que siempre hace interrupciones muy personales.
El señor GARCIA.-
Lo hago presente para dejar las cosas claras.
El señor CHADWICK.-
Suiza no contrata empréstitos. Por el contrario, es el centro financiero que recibe los depósitos para hacer estas operaciones.
En seguida, el informe Rockefeller, que es motivo de alarma, no puede silenciar el hecho de que tendrá que darse un tratamiento especial a la deuda externa de los países latinoamericanos.
Respecto de las dificultades, que el señor Ministro hacía notar, para convertir en escudos el excedente de dólares que se originará, quiero advertirle que éste es uno de los sofismas más en uso. Si los recursos se emplearan en el mercado interno, se gastarían en escudos, pero si se llevan a cabo planes de desarrollo y se destinan a importación de maquinaria, a fletes, a costear1 conocimientos especializados, inclusive a poner en marcha las nuevas industrias que se contraten en el extranjero, no repercute en el proceso inflacionario.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
¿Me permite, señor Senador?
El señor CHADWICK.-
Soy representante de dos provincias mineras que necesitan recursos en dólares para desarrollar sus fuentes de producción, lo cual de ninguna manera significa acelerar la inflación.
Voto que sí.
El señor VALENTE.-
Votaré afirmativamente la indicación. Hago nuestros los argumentos del Honorable señor Chadwick, los cuales compartimos plenamente.
Deploro que el Honorable señor Ibáñez no esté en la Sala: llega como un cometa, dice dos palabras, sale del hemiciclo y no es posible responderle.
El precepto en debate no es contradictorio.
Primero, dispone suspender el pago de la deuda externa a partir del 1° de enero de 1970, hasta el 31 de diciembre de 1973. Luego autoriza al Presidente de la República para consolidarla, de modo que no se advierte la contradicción.
En la exposición de la Hacienda Pública de 1968, se dieron cifras importantes: se expresó que la amortización de los créditos externos para 1967 fue de 163,2 millones de dólares, y para 1968, de 1315,5 millones. Como podemos observar, se trata de un monto apreciable de divisas que, en momentos de apremio económico como los que ahora vive el país, es necesario economizar. Para lograr tal fin, no hemos visto otra forma más adecuada que la indicación que estamos votando.
El señor PALMA.-
Por las razones dadas por el señor Ministro analizadas detenidamente por la Comisión, votaré negativamente.
Además, debo agregar que el precepto envuelve una contradicción muy seria.
En la actualidad, nuestro país, por la situación internacional de sus principales productos de exportación, posee una disponibilidad de dólares bastante elevada y tiene problemas frecuentes en cuanto a su empleo. Por eso, en estos momentos estamos en condiciones de servir la deuda externa y abrir posibilidades para futuros créditos. En cambio, lo propuesto en la indicación significa trasladar el pago a años venideros, período que puede ser mucho más crítico que el actual, por ejemplo, si el precio del cobre bajara. En tal caso, sería mucho más difícil el servicio de la deuda.
Por este motivo, creo que en el momento actual una indicación como ésta es contraria a toda política racional.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, votaré en forma negativa porque, aparte la señalada, se incurre en otra grave contradicción ; en efecto, mientras esta indicación propone suspender el pago de la deuda externa, otra dispone que las empresas de la gran minería del cobre otorguen un préstamo forzoso. O sea, por una parte se suspende el pago de esas obligaciones, y, por otra, se solicitan nuevos préstamos, cuyo servicio en los años venideros resultará más oneroso.
Y diré algo más: no se crea que esta medida permitirá librarse de pagar tarde o temprano. Todos aquellos países que, por motivos de orden económico, no pagan las deudas que contraen, al final deben arreglar sus compromisos, y a veces en condiciones muy severas.
El caso más extraordinario al respecto ocurrió a Rusia hace cincuenta años, cuando dejó de pagar su deuda externa. Hoy día, los bonos que emitió se están transando en la Bolsa de París y están subiendo de precio, lo que indica que el Gobierno soviético está comprando los bonos de su propia deuda y los de la contraída bajo el régimen zarista, con el objeto de entrar al mercado de capitales de Occidente y borrar la imagen desfavorable que produjo hace cincuenta años la suspensión del pago de su deuda externa.
El señor CHADWICK Son transacciones comprometidas en operaciones técnicas y de tipo especulativo.
El señor GARCIA.-
O sea, los países débiles, más tarde que temprano, pagan estas decisiones que el pueblo puede considerar muy favorables en determinado momento, pero que en lo futuro significan reducir las posibilidades de conseguir nuevos créditos.
Voto que no.
Se rechaza la indicación (7 votos contra 4, 2 abstenciones y 4 pareos).
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se suspende la sesión hasta las 18.00.
-Se suspendió a las 13.27.
-Continuó a las 15.6.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Corresponde ocuparse en la enmienda propuesta por las Comisiones Unidas al artículo 9º, que pasa a ser artículo 11. Consiste en agregar el siguiente Nº 7, nuevo:
"7.- Reemplazar en el artículo 5º, letra c), el guarismo "23%" por "25%"."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
El señor PALMA.-
¿Es necesario votar?
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 1 pareo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¿Podría abstenerse, Honorable señor Morales? Como Senador pareado, debe considerarse ausente de la Sala.
El señor MORALES.-
Lo voy a consultar con mi Comité.
Si me abstengo, ¿hay quórum?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor MORALES.-
Bien. Me abstengo.
-Se aprueba la enmienda (8 votos contra 3 y 1 abstención).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Los artículos 10 y 11 pasan a ser 12 y 14, respectivamente, sin modificaciones.
El señor REYES.-
¿Me permite, señor Presidente, plantear una cuestión de ordenamiento para el despacho del proyecto?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor REYES.-
El Honorable señor Altamirano ha consultado a diversos Comités con el fin de autorizar a la Mesa para que aplique el siguiente procedimiento, respecto del cual el señor Secretario de la Comisión de Hacienda tiene una proposición que no voy a exponer en detalle: los artículos que sean transitorios quedarían como tales y los que se refieran a una misma ley tributaria se reunirían en uno solo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¿Se aceptaría la proposición?
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
El artículo 12 pasa a ser 13, sin modificaciones de las Comisiones unidas.
Los Honorables señores Teitelboim, Valente, Montes, Altamirano, Chadwick, Campusano, Silva Ulloa, Contreras, Gumucio, Jerez, Tarud, Allende, Miranda, Sule, Aguirre Doolan y Juliet han renovado la indicación Nº 3°, para reemplazar dicho precepto y el N° 11, por el siguiente:
"Artículo....- Las empresas de la gran minería del cobre otorgarán al Estado chileno un préstamo forzoso por 200 millones de escudos, que deberán ser enterados en arcas fiscales antes del 30 de junio de 1970.
"El servicio de este empréstito se efectuará a contar del 1° de enero de 1975 en las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación la indicación.
- (Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, esta indicación fue conocida por las Comisiones Unidas en el estudio del segundo informe. Al votarse había sido modificada de modo que sus primeras palabras fueran: "Los socios extranjeros de las empresas de la gran minería del cobre....". Se aceptó que así se votara....
El señor PALMA.-
No.
El señor VALENTE.-
Sí, así se votó.
En todo caso, estimamos que es enteramente justa. Se trata de obligar a los socios extranjeros de las empresas de la gran minería del cobre a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso por doscientos millones de escudos. Hemos tenido en consideración, al proponerla, el hecho de que esas empresas, en especial sus socios extranjeros, han obtenido cuantiosas ganancias, no sólo por la explotación de nuestra principal riqueza, sino también por el tipo de cambio que generalmente las favorece.
Debo traer al recuerdo de los señores Senadores lo que sucedió en la Administración anterior, cuando se produjo la desaparición del peso y su sustitución por el escudo. De acuerdo con las denuncias que se formularon tanto en la Cámara como en el Senado, esas empresas, sólo por concepto de diferencia de cambio, ganaron 47 millones de dólares, que no han devuelto al país no obstante haberse tramitado leyes con tal fin y haberse obtenido del Consejo de Defensa del Estado y de la Contrataría General de la República claros dictámenes en el sentido de que estaban obligadas a devolver aquella suma. El préstamo forzoso que se les exige es de 200 millones de escudos, vale decir, algo así como 20 millones de dólares, ni siquiera la mitad de lo que todavía no devuelven al país.
Si los Gobiernos han sido tan fervientes partidarios de exigir préstamos forzosos a los modestos contribuyentes chilenos para financiar el Presupuesto Nacional o leyes especiales de reajustes, no vemos por qué se discrimina y no se exige a esas empresas extranjeras un trato similar.
Repito: estimamos que la indicación es justa y la votamos favorablemente.
El señor CARMONA.-
Las Comisiones Unidas votaron la indicación en la forma como la ha leído el señor Secretario.
Sabido es que las empresas de la gran minería del cobre, o algunas de ellas, se encuentran en una situación especial: en el régimen de sociedades mixtas o en un proceso de nacionalización. De acuerdo con las normas en vigencia, en virtud de los convenios que se han celebrado, en la práctica el empréstito tendría que ser solventado en 80% por el Fisco, dado el régimen a que están sometidas ahora esas empresas. O sea, el Estado tendría que prestarse a sí mismo cerca de 80% de lo que se propone.
Se dice ahora que podemos modificar la indicación, pero no es éste el momento de hacerlo. No se modificó en su oportunidad. No fue bien pesada, ni bien estudiada ni bien redactada, y a última hora, en virtud de las observaciones que se hacen, se pretende variar sus términos cuando se vota el proyecto en particular. Tampoco se midieron las consecuencias que ella podría tener.
En seguida, extraña mucho que el autor de la indicación, que representa a las provincias productoras de cobre, no haya advertido que su aprobación mermará en más o menos cuarenta millones de escudos los ingresos fiscales provenientes de esas provincias, o sea, los que se destinan al desarrollo....
El señor VALENTE.-
Tales ingresos no se tocan.
El señor CARMONA.-
Dice el señor Senador que no se tocan, pero en realidad el préstamo obligatorio tendría por consecuencia restringir el próximo año en alrededor de 40 millones de escudos los aportes del Estado a las provincias productoras de cobre, para obras públicas, universidades y otros rubros de interés.
La indicación está, pues, mal planteada y mal estudiada, y no puede perfeccionarse a estas alturas por un simple cambio de redacción. Deberían revisarse las diferentes disposiciones legales existentes en cuanto a nacionalización progresiva de la industria y al régimen de sociedades mixtas, lo que requeriría un estudio meticuloso.
Por las razones expuestas, voto que no.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, el Honorable señor Carmona ha discurrido sobre la base de dos argumentos equivocados.
Sostiene, en primer lugar, el Honorable colega que aprobar la indicación significaría disminuir la participación que corresponde a distintos sectores universidades, organizaciones regionales por concepto de la tributación del cobre. No es efectivo, porque su objetivo es precisamente que los socios extranjeros hagan un préstamo al Fisco chileno, y ello no significa reducir los impuestos que pagan las empresas.
Segundo: tampoco es efectivo que, aun en el caso de mantenerse la indicación tal como está convengo con los señores Senadores que la han criticado en que su redacción es desacertada, al Fisco le correspondería pagar 80% del préstamo, porque Chile tiene 51% de participación en El Teniente; en la Anaconda, hasta el día hoy, no tiene nada; en La Exótica, 25%, y en El Salvador, 25%. De modo que en ningún caso veo que pueda llegarse a esa cifra. Pero estoy de acuerdo en que, de aprobarse la indicación, sería necesario agregar las palabras que se añadieron cuando se discutió en las Comisiones: "Los socios extranjeros de". Como no fue aprobada entonces, por un error se ha renovado en la Sala en forma incompleta.
Por las razones que he dado, y porque creo que si resultara aprobada, nadie tendría inconveniente en hacer la enmienda indicada, concurro a su aprobación.
El señor PALMA.-
Creo innecesario advertir que estamos ante una indicación concreta, redactada en forma que adolece de todos los defectos a que se han referido varios señores Senadores, entre otros, el Honorable señor Altamirano.
En caso de aprobarse en la forma como está redactada, es evidente que sería el Fisco, en definitiva, quien aportaría la cuota más importante de ingresos al mismo Fisco. Es decir, por un lado se trata de aumentar sus ingresos, y por el otro, se pretende disminuirlos, pues si bien es cierto que los impuestos fijos de algunas empresas son sólo de 51% ó 55%, no lo es menos que el Fisco tiene una participación en las utilidades de aquéllas y en el sobreprecio del cobre, que rige desde el 1º de junio del año actual. De manera que la participación del Estado chileno, en conformidad a los actuales precios del cobre, fluctúa más allá del 70%.
Por estas consideraciones, es inconveniente aprobar la indicación en los momentos actuales.
El señor MIRANDA.-
Durante la discusión del primer informe, voté en contra del artículo propuesto en el proyecto despachado por la Cámara, que autorizaba al Presidente de la República para disponer de hasta 100 millones de escudos de los ingresos correspondientes al Fisco por concepto de su participación en las utilidades de las empresas de la gran minería del cobre.
Al oponerme a la aprobación de ese artículo, sostuve que de alguna manera su aplicación podría lesionar los intereses de las provincias productoras de cobre, las cuales, en virtud de leyes especiales, tienen una participación destinada a ejecutar obras públicas extraordinarias, del mismo modo que a otorgar subvenciones a las universidades y a otros organismos del Estado.
Al votar favorablemente la disposición en debate, de ninguna manera quiero aparecer en contradicción con lo que dije en esa oportunidad. Por este motivo deseo dejar expresa constancia de que, a nuestro entender, en forma alguna la aprobación de esta indicación significará deterioro para las provincias productoras de cobre o para las instituciones favorecidas por leyes especiales, ya que no afecta a los impuestos que gravan a la gran minería del cobre.
Por otra parte, concuerdo con la proposición de los Honorables señores Altamirano y Valente en el sentido de que, al aprobarse la indicación, no habría dificultad para enmendar la redacción de su encabezamiento,...
El señor PALMA.-
Tendría que haber unanimidad.
El señor MIRANDA.-
...en el sentido de que el préstamo de que se trata debe ser efectuado por los socios extranjeros.
En esa virtud voto favorablemente.
Se rechaza (8 votos por la negativa, 7 por la afirmativa y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Los artículos 14 y 15 del primer informe pasan a ser 11 y 17, respectivamente, sin modificaciones.
Los Honorables Senadores señores Montes, Valente, Chadwick, Altamirano, Contreras, Campusano, Silva Ulloa, Tarud, Juliet, Teitelboim, Jerez, Sule, Allende, Gumucio y Aguirre Doolan, han renovado la indicación signada con el número 43, para suprimir el artículo 17, que pasa a ser 15.
El señor CHADWICK.-
¿Por qué no se lee el artículo que se propone suprimir?
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Dice el artículo:
"Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Voto que sí, porque los Senadores comunistas estimamos que no es posible gravar en la forma propuesta en la indicación los formularios indispensables en las tramitaciones que deben hacer los sectores populares. Ello significaría aumentar los impuestos a los "carnets", ...
El señor PALMA.-
Son impuestos fijos.
El señor VALENTE.-
... a los certificados de nacimiento, al papel sellado y a otros documentos necesarios para realizar ciertos trámites.
Por estas consideraciones, somos partidarios de aprobar la indicación y suprimir el artículo.
El señor CARMONA.-
El artículo propuesto en el segundo informe tiene por objeto reponer los recursos del todo necesarios, según las cifras proporcionadas por el señor Ministro de Hacienda. De no aprobarse, se restringiría en alrededor de 60 millones de escudos el financiamiento de la ley.
No veo cómo se puede financiar un proyecto si se niega el otorgamiento de recursos. Esta situación ya la planteé ayer. No se puede establecer la obligación de pagar de una sola vez los beneficios acordados, si se niegan los recursos que financian el gasto.
En cuanto a los trámites a que se ha referido el Honorable colega, debo advertir que ellos son ocasionales y no de carácter permanente. Es decir, la persona que requiere su cédula de identidad o debe hacer otro trámite similar no está obligada a realizarlo diariamente.
Por otra parte, ya se ha restringido en este precepto todo lo referente a las actuaciones judiciales. Sólo Quedan gravadas las tasas fijas, y no las que están sujetas a porcentaje.
Por estas consideraciones, y dado el hecho de que se necesita financiar el proyecto, votamos en contra de la indicación y por mantener el artículo.
El señor CHADWICK.-
Este es un impuesto indirecto más, que viene a agravar las características de todo nuestro sistema tributario que el actual Gobierno se comprometió a corregir en lo esencial, de manera que el Estado se financie con impuestos directos sobre las rentas.
Mediante el artículo en debate se están aplicando impuestos a los actos de las personas más modestas que, por la frondosa legislación vigente, deben acreditar una serie de circunstancias y requisitos, cada uno de los cuales obliga a pagar una tributación, en conformidad a lo dispuesto en la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Porque no creo que el pueblo de Chile pueda seguir soportando más tributos, que merman los recursos de que debe disponer para su consumo habitual, voto por la supresión del artículo.
Se rechaza la indicación (9 votos contra 1 y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones proponen intercalar como artículo 16, nuevo, el siguiente:
"Sustituyese en el inciso primero del artículo 22 de la ley sobre Impuesto a la Renta, el guarismo "30%" por "35%".
El señor ALTAMIRANO.-
¿A qué se refiere?
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
A las sociedades anónimas, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Démoslo por aprobado con el voto en contra del Honorable señor García.
El señor GARCIA.-
No, con mi voto a favor.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En seguida, las Comisiones proponen agregar el siguiente artículo 18, nuevo:
"La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, a contar del 1º de enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
"Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 189 de la ley Nº 16,617."
Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Respecto del artículo 16, que pasa a ser 20, las Comisiones proponen aprobarlo con las siguientes modificaciones:
a) Redactar su encabezamiento del modo que se expresa en seguida:
"Artículo 20.- Agrégase al artículo 43 de la ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, el siguiente inciso nuevo:".
b) Suprimir el primer inciso nuevo que se propuso agregar, y que comienza: "Las rentas imponibles superiores a...".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor SILVA ULLOA.-
Desgraciadamente, no podré votar por estar pareado.
El artículo tenía su justificación cuando en el proyecto estaba incorporado el recargo del impuesto global complementario a las rentas superiores a veinte sueldos vitales. Sin embargo, ahora su aprobación significaría menos ingresos, lo cual me parece totalmente absurdo.
El señor PALMA.-
Así es.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazaría el artículo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
No.
El señor ALTAMIRANO.-
Está claro que en las Comisiones no se aprobó el recargo de 20% sobre el impuesto global complementario.
El señor PALMA.-
Fue rechazado en las Comisiones.
El señor MIRANDA.-
No hay razón.
El señor VALENTE.-
Que se rechace por unanimidad.
El señor GARCIA.-
Se supone que nadie va a pagar más del 75%. Para eso es la disposición.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazaría el artículo con el voto en contra del Honorable señor Carmona.
El señor GARCIA.-
Y con el mío, también.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Pero si Su Señoría está de acuerdo en el rechazo.
El señor GARCIA.-
El artículo nuevo evitará que el empresario pague más del 75% de la renta. Por eso deseo que se mantenga la disposición.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Entonces, se rechazaría el artículo, con los votos en contra de los Honorables señores Carmona y García.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.-
Nos encontramos frente a un proyecto que tiende a allegar recursos.
El señor GARCIA.-
Con este artículo no se logra esa finalidad.
El señor SILVA ULLOA.-
Los disminuye.
El señor GARCIA.-
No, señor Senador.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
A continuación, las Comisiones proponen intercalar como artículo 21 el 15 de su primer informe, sustituido por el siguiente:
"Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 61 de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964:
"En el caso de que ciertas regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de las instituciones nombradas, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará un reglamento dentro de 180 días."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, daré por aprobado el artículo.
El señor ALTAMIRANO.-
Con la salvedad de que consideramos mejor la indicación primitiva; pero, como no podemos plantear su reposición, votamos favorablemente.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones proponen agregar dos artículos nuevos, signados con los números 22 y 23,
El primero de ellos dice: "Establécese un recargo de 20% sobre el impuesto del artículo 1° transitorio de la ley Nº 14.836, de 26 de enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley 16.620, de 21 de abril de 1965."
Se trata de aumentar el tributo sobre los viajes a los países fuera del área latinoamericana.
Se aprueba, con el voto contrario del señor Aguirre Doolan.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
El artículo 23 deroga el artículo 4º de la ley 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Las Comisiones Unidas aprobaron esta indicación derogatoria del sistema de "draw-back", que consiste en la devolución de impuestos a los exportadores. La razón que tuvimos para plantear la supresión de dicho régimen, muy favorable, de privilegio, diría yo, para los exportadores, es el exceso de recursos a favor de algunas grandes empresas que significa su aplicación.
Cuando se discutió en el Senado el proyecto de ley modificatorio de la legislación sobre sociedades anónimas, di a conocer una nómina completa de las empresas favorecidas con el "drawback". En esa oportunidad señalé, entre otras, a la Compañía Frutera Sudamericana, Compañía de Industrias Forestales, Manufacturera de Papeles y Cartones, Papelera de Laja, Compañía Minera Santa Adriana, Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, Sudamericana de Vapores, Empresa Pesquera EPERVA, Empresa Pesquera INDUS y Pesquera Guanaye, todas las cuales reciben importantes recursos estatales por concepto de devolución de tributos. En 18 meses, el Fisco ha debido pagar 387 millones de escudos, cifra extremadamente elevada y que, a nuestro juicio, no puede seguir constituyendo una forma de bonificación para empresarios que no sólo obtienen este tipo de ventajas, sino que también son muy favorecidos por las continuas alzas del dólar, de acuerdo con la política cambiaría del actual Gobierno.
Nos parece justa la indicación. Sabemos que puede producir un rendimiento anual de 230 a 265 millones de escudos. Nuestros cálculos se aproximan a la primera de estas cantidades, pero nos quedamos con la cifra proporcionada por el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, quien, al referirse a este punto en un discurso pronunciado en el teatro Caupolicán, señaló que la devolución de impuestos fiscales a favor de los exportadores alcanza a 265 millones de escudos.
Las Comisiones Unidas aprobaron; la indicación por estimarla de toda conveniencia, aunque se formularon algunas objeciones de redacción y no se consideró en su plenitud la derogación del beneficio. En todo caso, pensamos que, por cualquiera vía, corresponde mantener la indicación, con las enmiendas que acuerde el Senado o aquellas que con posterioridad pueda introducir el veto.
Por lo tanto, votamos favorablemente el artículo.
El señor GARCIA.-
He pedido la palabra con el objeto de solicitar votación nominal, porque esta materia es de suma importancia. Además, creo insuficientes los cinco minutos que cada Senador tiene para fundar el voto.
El señor IRURETA.-
Podría reabrirse el debate sobre este artículo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se someterá a debate este asunto, con límite de tiempo para cada orador.
El señor GARCIA.-
Podrían concederse diez minutos a cada Comité.
El señor VALENTE.-
Hasta diez minutos por cada Comité, señor Presidente.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
El artículo en debate es de enorme importancia, pues lesiona algunas exportaciones vitales no sólo para el país en general, sino también para ciertas regiones de Chile. Me asiste el temor de que el Ejecutivo no tiene pleno conocimiento de los alcances y consecuencias de la disposición que estamos discutiendo.
Por la votación habida en las Comisiones, no cabe la menor duda de que la proposición del Honorable señor Valente será aprobada. Sin embargo, el propio Ministro de Hacienda expresó en las Comisiones de Defensa y de Hacienda que no había estudiado suficientemente la legislación en que incide la iniciativa en estudio, como para prever sus alcances.
Me parece que la importancia de la materia, por un lado, y, por otro, la opinión del señor Ministro, quien no está compenetrado de las consecuencias de este problema, aconsejan alterar el orden del debate y su votación, para discutir el asunto en presencia del Secretario de la Cartera de Hacienda, quien deberá enfrentar la aplicación de una ley trunca, como la de fomento a las exportaciones, la cual tendrá una serie de vacíos insalvables, perjudiciales para diversas zonas que viven de las exportaciones.
Es conveniente ilustrar al Ministro de Hacienda quien no conoce la materia, como lo expresó en las Comisiones acerca de los efectos de la disposición. No lo digo con un ánimo de crítica, sino con el deseo de aportar soluciones sobre la base del conocimiento que tengo de algunas exportaciones de la zona austral, como la de lana. Esta industria sufrirá la paralización absoluta de sus faenas en las estancias de las provincias de Aisén y Magallanes. La producción lanar en esas regiones, que no es absorbida totalmente por el consumo nacional, debe colocarse en países como Japón, Holanda, España, Inglaterra, Suecia y otros. En consecuencia, la paralización que se producirá en las provincias mencionadas por la derogación del sistema de devolución de impuestos, reviste absoluta seriedad, por constituir dicho rubro la única fuente de producción en Aisén y Magallanes.
Me parece que el señor Ministro no ha meditado acerca del alcance del problema, y que algunos señores Senadores, con el propósito de sancionar y terminar con algunos vicios que reconozco se han producido en esta materia, no han tenido presente que la supresión del artículo 4º provocará los efectos descritos.
Repito que no me mueve un afán de crítica ni al Ministro ni a la indicación del Honorable señor Valente. No podría hacerlo tampoco, porque mis Honorables colegas señores Miranda y Aguirre han expuesto oficialmente la opinión de mi partido sobre el particular. Sólo deseo analizar las posibles consecuencias, a fin de que el Ejecutivo, en un eventual veto, adopte medidas que signifiquen otorgar facultades al Presidente de la República, dentro de la reglamentación concerniente al Banco Central, que él estudiará, con el objeto de evitar el grave peligro a que están expuestas las zonas cuyos productos no tienen otro mercado que el extranjero.
Por lo tanto, reitero mi petición en el sentido de alterar el orden seguido hasta ahora, para discutir la materia una vez que el señor Ministro se encuentre en la Sala.
El señor GARCIA.-
Entiendo que mi petición de votación nominal está aprobada, porque es muy importante que el país sepa quiénes van a destruir la incipiente economía chilena.
Debo advertir también que mis Honorables compañeros de bancas se encuentran pareados. El señor Von Mühlenbrock lo está con el señor Tarud; el señor Bulnes Sanfuentes con el señor Rodríguez; el señor Ibáñez con la señora Carrera, y el señor Ochagavía con el señor Montes. En esta forma, contribuirán a impedir que prospere el artículo en debate.
Me asiste la plena seguridad de que lo que se pretende es lograr 230 millones de escudos más para financiar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El señor VALENTE.-
Sólo pretendemos terminar con los abusos.
El señor GARCIA.-
Le contestaré da inmediato en qué consiste el abuso, para que Su Señoría pueda precisarlo mejor.
Consiste en que han aumentado las exportaciones, en virtud de esta devolución de impuestos, en los productos agropecuarios y en los industriales. Respecto de los primeros, se ha producido un aumento desde 33 millones de dólares, en el año 1967, a 37 millones de dólares en 1968. Los productos industriales han subido, de 58 millones de dólares en 1967, a 68 millones en 1968. En los datos correspondientes al primer semestre del año en curso, se advierte 9% más que en el mismo período del año anterior. En cuanto a los productos agropecuarios, su incremento es de 3,8%. Es decir, en el año en curso se obtendrán sobre 100 millones de dólares por medio del mecanismo consistente en impulsar las exportaciones ¿Aprecian Sus Señorías lo que significa disponer de esa cantidad?
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GARCIA.-
Con cargo a su tiempo, porque el mío es muy limitado.
El señor CHADWICK.-
Le ruego repetir las diferencias que se han obtenido y que Su Señoría atribuye a la ley de fomento de ¡las exportaciones.
El señor VALENTE.-
Indique a cuánto asciende el aumento.
El señor GARCIA.-
Imaginen Sus Señorías lo que significa subir a 58 millones, 68 millones y 72 millones de dólares cada año, en un trienio, por exportaciones de productos industriales. En lo relativo a los agropecuarios se aumentó, de 33,8 millones en 1967, a 37,6 millones de dólares en 1968. Y este año debemos multiplicar por dos el primer semestre, con lo cual llegaremos a 52 millones. De manera que habrá más de 100 millones de dólares que servirán para traer, no artículos esenciales, sino mercaderías que pagan ciento por ciento de derechos de aduana.
El señor VALENTE.-
El aumento es sólo de 33 millones.
El señor CHADWICK.-
¿Cómo van a ser 100 millones?
El señor GARCIA.-
Se empezó con un tímido "drawback". Y si se comparan estas cifras con las de años anteriores, es posible comprobar que, en realidad, se ha producido un aumento. Basta con sacar estas cuentas tan sencillas. Con esos dólares se traerán del extranjero artículos que pagarán ciento y doscientos por ciento por capítulo de derechos aduaneros. De modo que, fácilmente, aunque se obtuvieran sólo 50 millones de dólares, significarán un ingreso fiscal de 700 a 800 millones de escudos, gracias a los estímulos a las exportaciones.
Debo agregar que en ningún país del mundo se gravan las exportaciones, y que el sistema de "drawback" chileno no es otra cosa que devolución de impuestos. Me parece conveniente meditar en ello.
Cada artículo chileno tiene un recargo de 50 a 60% por los numerosos tributos indirectos que llegan al final de la mercadería. Si Sus Señorías compran alguna vez cigarrillos norteamericanos, por ejemplo, se darán cuenta de que ellos son más baratos fuera del país que dentro de él, pues en el exterior están exentos de impuestos, al igual que el resto de los productos. Por eso, las personas que desean adquirir mercaderías para traerlas a Chile, procuran comprarlas fuera de Estados Unidos, porque los productos exportados no pagan impuestos.
En consecuencia, se trata de que tengamos un sistema similar al que rige en el resto de los países sudamericanos. Si no nos colocamos en igualdad de condiciones esto es, devolviendo los impuestos por concepto de exportaciones, no habrá posibilidades de comerciar con ellos.
Aquí se ha hecho mucho caudal en cuanto a que el sistema del "drawback" significa el enriquecimiento de ciertas personas. Debo hacer presente que sólo se trata de seiscientas o setecientas empresas industriales y agrícolas. Desearía que hubiera más exportadores, que las devoluciones alcanzaran un monto superior, a fin de que nos convirtiéramos en país exportador, que es el desiderátum a que debe aspirar toda economía.
En la mañana de hoy me correspondió recibir a muchas delegaciones de diversos sectores, y todas concurrieron al Senado para señalar lo mismo que expresaba un Honorable colega del Partido Radical: que algunas empresas paralizarán sus exportaciones si no obtienen la devolución de impuestos. El día en que disminuya la actividad económica en Chile y los obreros queden cesantes, a los afectados les interesará saber quiénes fueron los responsables de la destrucción de esta fuente de los negocios chilenos.
Estamos desfinanciando la ley por raptos emocionales, porque el Estado chileno, mediante la mayor ocupación y el movimiento que se da a las empresas que colaboran con los exportadores, recibe una importante cantidad de recursos provenientes de los impuestos.
Por otra parte, aquí no se puede sostener que se trata de terminar con los abusos, porque, de acuerdo con la legislación actual, el Presidente de la República está facultado para reducir el monto de la devolución de impuestos: puede dejar de otorgarla o concederla en cualquier proporción, con un máximo de 30%.
Por lo tanto, en ese sentido el precepto no tiene objeto práctico. Tan sólo produce conmoción en los trabajadores y en las empresas, porque ya está causando daño. Desde el momento en que el artículo se votó en las Comisiones Unidas hasta el día de hoy, se ha notado gran inquietud, porque es sabido que se destruirán muchas empresas y los trabajadores irán a la cesantía.
El Honorable señor Valente hizo algunas observaciones respecto de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. No tengo inconveniente en plantearle la situación tal como es.
Antes de ello, recogeré la afirmación del Senador señor Altamirano en cuanto a que los representantes del Partido Nacional somos partidarios del tipo de cambio discriminado. No es así, señores Senadores. El verdadero sistema de la economía social de mercado no propugna los cambios preferenciales. A nuestro juicio, el hecho de que ellos existieran fue lo más fatal que pudo suceder a Chile.
El señor ALTAMIRANO.-
Esta es una forma de cambio discriminatorio.
El señor GARCIA.-
Esta es devolución de impuestos.
Se ha hablado también de la protección que tiene la empresa mediante la liberación de los derechos de aduana. Pues bien, para industrializar a un país, es necesario proteger las industrias incipientes hasta que se desarrollen. Los Senadores del Partido Radical están muy orgullosos por el hecho de haber contribuido a industrializar al país en esa forma.
Además, aquí se sostuvo que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones es una empresa que, al igual que las estatales, necesita de subvenciones. El motivo de esta protección no puede ser más simple: en Chile la tonelada de papel de diario, que en el extranjero vale 161 dólares, tiene un precio de 144 dólares, fijado por la Dirección de Industria y Comercio. ¡Es lo mismo que si fabricáramos automóviles y les fijáramos un valor más bajo que el existente en Estados Unidos! Entonces, la citada compañía, por los precios fijados, debe vender ese producto a un valor 20% más bajo que en el exterior. Esto es lo que arruina a las empresas y les impide prosperar.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Advierto a los señores Senadores que la Mesa está inscribiendo a los que deseen intervenir.
El Honorable señor Morales, que denantes ocupó cuatro minutos, me pidió el resto de su tiempo.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Me alegra que se haya incorporado a la sesión el señor Ministro de Hacienda, por dos razones.
En primer lugar, porque todos sabemos que este precepto, desde el punto de vista económico, tiene gran trascendencia para el país, pues producirá una variación en los costos y en todo el engranaje que impulsa a las empresas, especialmente a las exportadoras.
En segundo término, porque en las Comisiones Unidas el señor Ministro confesó no haber entendido en todo su alcance la indicación formulada por el Honorable señor Valente.
Se trata de derogar el artículo 4º de la ley 16.528, sobre estímulo a las exportaciones. En consecuencia, -Quedan exceptuadas de tal derogación las empresas mineras. Por ejemplo, la norma no afectará a las exportaciones señaladas en el artículo 2º de esa legislación, entre las cuales están las que realiza la gran minería del cobre. Pero no sucederá lo mismo con una serie de actividades que, además de sostener la economía de sus respectivas regiones, incrementan nuestro Presupuesto.
Muchas empresas que explotan rubros como el agrícola, pecuario, forestal, alimenticio, bebidas, textiles y vestuarios, artículos de caucho, derivados del petróleo, etcétera, colocan sus productos en el extranjero exclusivamente gracias a esa ley, que, al iniciarse la actual Administración, fue calificada como una de sus vigas maestras.
A mí me alarma un hecho. La mayoría de los Senadores en especial los que representamos a la Décima Agrupación conocemos el enorme esfuerzo que, para enfrentar la competencia, realizan quienes explotan el rubro lana. Todos los países, particularmente los miembros de la ALALC, tienden a estimular las exportaciones. Entonces, para colocar nuestros productos en el exterior, debemos hacer frente a una permanente competencia de precios, sobre todo con los de la lana que, en mayor tonelaje, la Patagonia argentina coloca en Inglaterra, Holanda, Suecia, Japón y España.
El señor CHADWICK.-
¿Se refiere a la lana, señor Senador?
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Así es.
El señor CHADWICK.-
Resulta que la lana fija su precio por el mercado mundial y con la competencia muy importante de otras regiones del mundo. De manera que la competencia no es, como anota Su Señoría, determinante en el precio de ese producto.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
El precio internacional de la lana está sujeto a muy pocas variaciones. En todo caso, debemos tener presente que todas las empresas...
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Le ruego que me escuche, Honorable colega.
La derogación del artículo 4º afectará a todas las empresas exportadoras que no se dediquen en forma exclusiva a la exportación. El productor de lana, por ejemplo, coloca tanto en el extranjero como en Chile. En consecuencia, no está favorecido por el artículo 11 de la ley 16.528.
En todo caso, es demasiado peligroso el solo hecho de estimar que una empresa pueda llegar a competir con un precio internacional sin tener el estímulo del Estado. Los países de la ALALC especialmente Argentina, con el cual competimos gozan de tal incentivo.
Para aclarar lo que estoy sosteniendo, daré un ejemplo. En 1968, la producción de lana en Chile alcanzó a 23 mil toneladas, y se estableció un "drawback" de 20% y 7%, del 12 de diciembre de 1967 al 29 de octubre de 1969. En 1967 se hicieron embarques de lana por valor de 5 millones de dólares; en 1968, por 5 millones y fracción, y, en el primer semestre del año en curso, por 6 millones.
En nuestro país son muy pocas las empresas con capacidad para absorber la producción nacional. Las sociedades, los pequeños ganaderos, los estancieros de Magallanes la única actividad real existente en las provincias de Aisén y Magallanes es la explotación de la lana no tendrán los incentivos ni el respaldo necesarios para colocar sus productos en el extranjero, pues quedarán en condiciones desmejoradas ante la competencia, que los estancieros argentinos enfrentan muy bien, estimulados por las ayudas a las exportaciones que mantiene su país.
Si se aprueba la indicación en los términos en que está concebida, causaremos daño a las importantes actividades que sostienen la economía de las zonas australes, las cuales, por el contrario, deberían ser estimuladas, por razones de orden internacional.
En Punta Arenas se ha puesto gran vigor en toda acción que signifique, por ejemplo, fortalecer la V División del Ejército, por motivos de carácter internacional. También es preciso desde los puntos de vista económico, militar y otros, estimular a las provincias del norte, porque son geográficamente difíciles, complejas, y están muy distantes del centro, de la capital.
Deseo que el señor Ministro de Hacienda se compenetre bien del contenido del artículo, por lo menos respecto de lo que a mí me interesa, como representante de una zona que será lesionada.
Estoy de acuerdo con la idea general, pero no en la forma absoluta como se plantea.
Sugiero al señor Ministro de Hacienda que, si el precepto es aprobado, estudie la posibilidad de enviar al Congreso un veto sustitutivo o aditivo, con el objeto de que el Presidente de la República, con los procedimientos que determine el Banco Central, quede facultado para proceder en esta materia.
El señor GARCIA.-
Ya los tiene, señor Senador.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Ahora se deroga totalmente el artículo 4?, como también los siguientes, porque se refieren a él.
El señor IRURETA.-
Menos el artículo 11.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Sí, señor Senador, pues se refiere a las empresas dedicadas exclusivamente a la exportación. Como los estancieros, las sociedades y los pequeños ganaderos colocan sus productos en Chile y en el extranjero, resultan excluidos de esa norma.
Soy partidario de que el señor Ministro de Hacienda consigne en el veto disposiciones que faculten al Jefe del Estado para establecer, de acuerdo con los procedimientos del Banco Central, excepciones al artículo.
El señor IRURETA.-
Señor Presidente, votaré a favor de este artículo, en el entendido de que el Gobierno por medio de un veto aditivo o de otro proyecto ofrecerá al Congreso Nacional una reglamentación más adecuada para todo el sistema.
Como es evidente, no podría establecerse una supresión total de la ayuda a las exportaciones, pero sí una reglamentación que impidiera la serie de abusos están a la vista cometidos durante la vigencia de la ley 16.528.
La ayuda a las exportaciones se efectúa, principalmente, por tres vías: créditos, subsidios y sistema de "drawback" propiamente tal.
El procedimiento establecido en el artículo 11 de la ley de estímulo a las exportaciones, como sabe el Senado, es automático y ajeno a cualquier programa efectivo de fomento de ellas.
En materia de franquicias ni siquiera hay una información completa. Se carece de antecedentes, por ejemplo, respecto de los beneficios que el referido artículo 11 otorga a determinadas empresas.
Reconozco que ciertas actividades no podrían subsistir si el Estado no las ayudara. Tal es el caso de la pesca, de las industrias del salitre, del carbón, de la celulosa, etcétera.
A mi juicio, lo peor es proceder en forma indiscriminada, como está sucediendo con la aplicación de la ley 16.528. No la condeno, porque se trata de una experiencia nueva y alguna vez había que hacerlo, de la cual debemos sacar una lección.
Por ejemplo, la industria de la celulosa no podría subsistir sin la ayuda estatal. Pero resulta que, gracias a la aplicación indiscriminada de la ley, se beneficia, por ejemplo, a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto, que, a nuestro juicio, podría mantenerse perfectamente sin subsidios.
El señor GARCIA.-
No puede subsistir.
El señor ALTAMIRANO.-
Es tan ineficiente que no podría subsistir sin la ayuda del Estado
El señor GARCIA.-
Se debe a la fijación de precios arbitrarios.
El señor IRURETA.-
En el primer semestre de este año, la Papelera de Puente Alto ha recibido "drawback" por 20.405.747 escudos. La utilidad, según su último ejercicio, fue de 31 millones de escudos. Esas son las cifras que figuran en la memoria de esa empresa.
Entre paréntesis, deseo destacar un hecho que debe llevarnos a una meditación moral sobre este problema. El directorio de esa compañía, integrado por siete personas, ha ganado por concepto de remuneraciones y por el hecho de asistir a sesión no más de 2 ó 3 veces en el año, la suma de 630 millones de pesos.
El señor GARCIA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor IRURETA.-
Cómo no.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
El Honorable señor García ha ocupado todo su tiempo.
El señor IRURETA.-
No tengo inconveniente en conceder una interrupción al Honorable señor García, siempre que sea con cargo a su tiempo.
El señor GARCIA.-
Quiero explicar que los directores son ocho personas.
El señor IRURETA.-
Una materia tan importante como ésta debemos discutirla desprovistos de cualquiera segunda intención. Por eso, propongo que el señor Presidente solicite el asentimiento unánime de la Sala a fin de que todos los sectores del Senado podamos disponer de un poco más de tiempo. Si los minutos empleados por un señor Senador no han sido suficientes para formular sus observaciones y señalar hechos concretos, es razonable concurrir a un acuerdo para permitirle expresar su pensamiento de modo total.
El señor CHADWICK Estoy de acuerdo con esa petición.
El señor PALMA.-
Yo también.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).
Son las 4 de la tarde, estamos discutiendo el último artículo y el debate debe cerrarse a las 8 de la noche.
El señor IRURETA.-
Ayer el Senado fue criticado por la Radio Corporación a propósito de este artículo. La Confederación de la Industria y el Comercio también se ha referido a este problema. Por ello, es importante que en este momento se emita una opinión.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Sólo estoy haciendo cumplir un acuerdo de la Sala.
El señor FUENTEALBA.-
Revoquómoslo y adoptemos otro.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito la autorización de la Sala para ampliar el tiempo. ..
El señor PALMA.-
Sin límite.
El señor MORALES.-
En 10 minutos por cada Comité.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
...a 20 minutos por cada Comité, sin perjuicio del derecho a fundar el voto.
El señor CONTRERAS.-
El tema en discusión es muy importante. Ayer el Senado demoró 8 horas en despachar el primer artículo del proyecto.
Ahora se trata de prorrogar el tiempo otorgado a cada Comité en razón de que el debate debe clausurarse a las 8 de la noche. Todos estamos interesados en resolver a la brevedad posible el problema de las Fuerzas Armadas. Pero este propósito no lo conseguiremos pronunciando discursos. Aquí nadie convence a nadie; todos tenemos formado un criterio sobre el asunto.
Prolongar el debate de la iniciativa significa perjudicar a los interesados. El despacho total del proyecto concluirá esta noche; con seguridad, el personal del Senado trabajará mañana todo el día a fin de enviarlo el lunes a la Cámara, la cual difícilmente alcanzará a tramitarlo la próxima semana. Todo ello implica una prolongación considerable de los plazos.
Estimo suficiente 10 minutos para que cada Comité encargue a los Senadores expertos en materias económicas la tarea de plantear su posición partidaria. El Comité Comunista no dará acuerdo para discutir perdónenme los términos vulgares hasta que las velas no ardan. A mi juicio, la iniciativa ya ha sido debatida con largueza.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Hay oposición.
Puede continuar con la palabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-
Lamento que no haya acuerdo para prorrogar el tiempo.
Discrepo de la opinión del Honorable señor Contreras. Es muy importante dar razones a fin de que mañana no se confunda a la opinión pública en esta materia.
Prosigo.
Según una proposición hecha al Gobierno por el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, existe la posibilidad mediante la revisión del sistema de "draw-back" de obtener un ahorro, una mayor disponibilidad en dinero, por una suma cercana a los 40 ó 50 millones de escudos en el curso de 1970. Por ello, es muy importante discutir esta materia con los antecedentes en la mano.
El señor CONTRERAS.-
Le concedemos 5 minutos de nuestro tiempo, señor Senador.
El señor IRURETA.-
Antes de reseñar las proposiciones que a juicio del Partido Demócrata Cristiano debieran introducirse en un veto aditivo en esta materia, quiero hacer una observación a lo señalado por el Honorable señor Morales.
La mayor beneficiada con la exportación de lana, afortunadamente sólo por ahora ya que día a día crece en términos muy auspiciosos la producción de lana de los asentamientos de la Corporación de la Reforma Agraria en Magallanes, es la Ganadera de Tierra del Fuego. Su balance nos indica que el directorio, por dos sesiones en el año, recibió 459 mil escudos de remuneración. Estos datos orientan a la opinión pública en el sentido de que estas empresas no deben estar tan mal en materia de finanzas como para requerir los subsidios del Estado.
En conclusión, como primera medida, estimamos que deben otorgarse porcentajes de devolución no superiores a 25%.
Segundo. Pensamos que debe ponerse un tope estricto al gasto en "drawback". Hemos propuesto para 1970 que la política del Gobierno en esta materia se dirija a reducirlo a un máximo de 200 millones de escudos.
El señor VALENTE.-
Al año.
El señor IRURETA.-
Sí, señor Senador, al año.
Tercero. Hemos propuesto impulsar, la aprobación de las indicaciones legales necesarias para incorporar a la harina y aceite de pescado y a los fletes al régimen general.
Cuarto. Creemos conveniente que periódicamente se aplique en forma automática la facultad de rebaja del porcentaje de devolución hasta cualquier nueva mejora del tipo de cambio y, desde luego, aplicar desde fines de octubre una rebaja por parejo equivalente al mejoramiento real del tipo de cambio.
Quinto. Hemos recomendado la supresión del "drawback" en los productos sujetos a contingente de exportación.
Sexto. Hemos propuesto la supresión del artículo 11 de la ley 16.528, por ser contrario a la concepción de un programa eficiente de fomento a las exportaciones.
Por último, proponemos no otorgar ningún nuevo "drawback" ni aumentar los vigentes en los próximos doce meses.
Estas son las medidas que el Partido Demócrata Cristiano ha propuesto al Gobierno. Esperamos que sean consideradas en el próximo veto aditivo, o en algún otro proyecto, a fin de regular esta materia y evitar los abusos que se han cometido.
Votaremos favorablemente este precepto, en la esperanza de que en el veto aditivo se establezca una reglamentación adecuada del sistema.
El señor VALENTE.-
Nos alegramos de la intervención del Honorable señor Irureta.
Nos parece muy importante reestudiar esta materia, sobre todo en cuanto a la forma de pagar o devolver los impuestos.
El señor García nos acaba de dar cifras emanadas de un cuadro...
El señor CHADWICK.-
¡Astronómicas!
El señor VALENTE.-
...sobre exportaciones. Pero Su Señoría ha cometido un error en el cálculo. Apoyándome en los mismos antecedentes que proporcionó, puedo manifestar que el aumentó de las exportaciones entre 1967 y el primer semestre de 1969, vale decir, durante la vigencia del sistema de "drawback", ha llegado sólo a 27 millones 810 mil dólares, o sea, 28 millones de dólares. Si multiplicamos esta cifra por siete, que es el valor dado por el señor Senador al efectuar el cambio de los dólares a escudos,...
El señor GARCIA.-
Dije 10 escudos por dólar.
El señor VALENTE.-
Si hacemos el cálculo sobre la base de 10 escudos por dólar, concluimos que, durante los tres años de vigencia del sistema de "drawback", el aumento de las exportaciones ha sido de 280 millones de escudos, que es, prácticamente, lo que el Estado devuelve a los importadores en un año.
Aún más: un solo grupo económico, el que controla la Manufacturera de Papeles y Cartones, el Banco Sudamericano, la Compañía Sudamericana de Vapores y la Papelera del Laja, ha recibido sobre 100 millones de escudos por devolución de impuestos.
En consecuencia, es de urgente necesidad aprobar esta indicación, para sanear este aspecto de nuestra economía.
Habrá que esperar la proposición que nos haga llegar el Gobierno por la vía del veto, para apreciar si hay mejoramiento sustancial en la materia o se repite el vicio que estamos tratando de corregir.
Uno de los planteamientos del Honorable señor Irureta mantiene el asunto en los términos en que ahora se encuentra. Se propone que el Gobierno fije un tope de hasta 200 millones de escudos para el gasto en "drawback", cantidad cercana al máximo de 265 ó 280 millones de escudos que ahora se entrega por devolución de impuestos.
A mi juicio, debería mantenerse la aplicación del sistema de "drawback" sólo para las exportaciones plenamente justificadas, es decir, para las que verdaderamente necesiten de este incentivo.
En todo caso, las finalidades que tuvimos para presentar nuestra indicación fueron promover un debate en esta materia y, sobre todo, buscar la definición del partido de Gobierno. Aparentemente, hemos logrado estos propósitos. Ojalá que la indicación prospere tal como la hemos planteado.
Voto que sí.
El señor CHADWICK.-
Ya se ha esclarecido suficientemente el principal objetivo perseguido por las Comisiones Unidas al incorporar en este proyecto la norma en estudio.
Nadie ha pretendido resolver el problema del fomento a las exportaciones mediante un artículo incluido en un segundo trámite constitucional en una iniciativa que tiene una finalidad distinta. Lo que interesa tomar en cuenta es que se hace indispensable revisar todo el sistema de estímulo a las exportaciones, dadas las penurias por que atraviesa la caja fiscal a consecuencia de estas alzas de remuneraciones que tenemos la necesidad de aprobar.
Entiendo que con ese propósito el Honorable Senado aprobará el artículo en votación. Sin embargo, quiero hacer valer algunos antecedentes, a fin de que el Gobierno los tenga en cuenta al enviar el veto sustitutivo en esta materia.
El señor Ministro de Hacienda nos ha dicho reiteradamente que el problema radica hoy día en la dificultad de cambiar el excedente en dólares de las arcas fiscales. Esto significa, concretamente, que la situación producida como resultado del alza del precio del cobre en el mercado internacional está creando problemas para la absorción de los dólares, y demuestra que no estamos interesados, como lo estuvimos en 1967, cuando despachamos la respectiva ley de fomento, en estimular artificialmente toda clase de exportaciones. Las circunstancias económicas del país han variado. No tenemos necesidad de hacer sacrificios extraordinarios para obtener determinada cantidad de dólares. Si pensamos que es necesario liberar de todo impuesto producido en los actos, contratos, documentos o trámites que obvia y directamente conduzcan o sean necesarios para llevar a cabo una exportación, y el efecto es que no sólo se beneficia con esta exención la diferencia obtenida por el mecanismo de estímulo, sino también lo que antes naturalmente se exportaba, concluiremos que estamos pagando un precio muy alto por los dólares nuevos, adicionales, adquiridos por este sistema.
Pensemos, por ejemplo, en los productos agropecuarios. En 1967, este rubro económico alcanzó una exportación de 33 millones 800 mil dólares; en 1968, de 37 millones 600 mil dólares. Es decir, existe una diferencia, entre ambos años, de 3 millones 800 mil dólares. Para obtener este beneficio estamos liberando de impuesto a toda la masa de 33 millones 800 mil dólares que se exportaba antes de que empezara a regir la ley Nº 16.528.
Creo que una política de exportaciones no debe ser rígida, sino que debe permitir adoptar conductas tributarias de acuerdo con las circunstancias que viva el país.
Pienso que las estadísticas que tenemos a la vista podrían inducir a error a más de un estudioso. No se trata, por ejemplo, sencillamente de doblar los resultados obtenidos en el primer semestre de 1969 para calcular aproximadamente lo que se recibirá durante el año, porque existen ventas al exterior de temporada, algunas de las cuales se hacen en los primeros meses del año.
El señor PALMA.-
Como es el caso de toda la fruta chilena.
El señor CHADWICK.-
La fruta, necesariamente, y la lana, pero en este caso el envío dependerá de las condiciones del mercado. Cuando es favorable, los industriales embarcan el producto; en caso contrario, lo retienen.
Por lo tanto, la operación hecha sobre la base de cálculos relativos al primer semestre de 1969, obliga a tener cierta reticencia. No es llegar y doblar las cifras.
A mi juicio, el Ejecutivo deberá hacer un estudio nuevo de toda la situación producida. Si tiene dólares de excedente, y si tanto le cuesta el avance que ha conseguido en ciertos rubros, no puede negarse a aceptar la idea predominante en el Senado de que el precepto en discusión significa la oportunidad para remediar inmediatamente lo que se ha denunciado como un abuso que atenta contra el sentido moral de nuestro pueblo.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, aparte lo ya expresado por diferentes señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, quisiera, una vez más, insistir en el criterio contradictorio del Senador nacional señor García para juzgar los problemas según se trate de una empresa estatal o de una entidad privada.
Hace poco rato, cuando se debatió la situación de FAMAE, el señor Senador expresó que las utilidades registradas en los balances de esa empresa se debían a las importantes subvenciones que recibía del Estado. Se discutió el hecho, y no quedó claramente establecido que así fuera. En ese instante le manifestamos que no consideraba los extraordinarios subsidios que las industrias particulares reciben a través de exenciones tributarias, subvenciones directas y créditos privilegiados.
En este momento debatimos lo relativo a una subvención directa el "drawback" y dentro de este debate se trajo a colación precisamente el caso de Papeles y Cartones. Sin embargo, el Honorable señor García emplea un criterio muy distinto para juzgar este caso y el de FAMAE.
Si consideramos la suma global que se entrega a Papeles y Cartones por concepto de "drawback" no estoy en condiciones de afirmar con exactitud su monto, concluimos que es similar a las utilidades de esa empresa. Por lo tanto, debemos colegir que el señor Alessandri es un pésimo gerente, porque la industria que administra obtiene una ganancia que proviene más bien de la subvención entregada a través del "drawback".
Quiero ir más allá. No sólo por la exportación de papel y celulosa recibe "drawback". Es sabido que también percibe otro tipo de estímulo, más directo y oculto, que pagamos todos los chilenos al comprar papel en el país. No es un misterio que el papel que esa empresa vende en Chile es mucho más caro que el exportado, porque este último debe competir en el mercado internacional. Casi me atrevería a decir que en el país se cancela, por la tonelada de papel, el doble del valor de la exportada.
El señor GARCIA.-
No, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
En el fondo, también se subvenciona al papel a través de este mecanismo de precios.
El señor GARCIA.-
En seguida se lo explicaré, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
De esta manera, la empresa es subvencionada dos veces, aparte las múltiples exenciones tributarias existentes. Una subvención clara, categórica e irrefutable es el "drawback": es decir, el subsidio en escudos contantes y sonantes. La segunda es la obtenida por el precio superior cobrado internamente, para poder competir en el mercado internacional.
Tampoco concordamos con el criterio expuesto por el Honorable señor García ya refutado por varios señores Senadores, pero no está de más abundar al respecto, en el sentido que desde el establecimiento del "drawback" habría habido un notable incremento de las exportaciones, que avaluó en 100 millones de dólares.
Tal cifra no tiene ni siquiera un remoto fundamento.
El señor CHADWICK.-
Es imaginaria.
El señor ALTAMIRANO.-
Es absolutamente imaginaria, como afirma el Honorable señor Chadwick.
En 1967, en el rubro agropecuario, los retornos ascendieron a 34,2 millones de dólares; en 1968, a 37,5 millones de dólares. Vale decir, hubo una diferencia de tres millones de dólares entre un año y otro. En la producción industrial, los retornos alcanzaron a 62,3 millones de dólares y a 63,8 millones de dólares, respectivamente. O sea, se produjo una diferencia de un millón de dólares. Este año no lo podemos considerar, pues sólo se han entregado las cifras correspondientes al primer semestre.
Pero vamos más al fondo del problema.
En realidad, los rubros fundamentales de la producción agropecuaria no han tenido un alza importante en sus exportaciones. O sea, no podemos decir que el "drawback" sea la causa determinante del pequeño aumento observado entre 1967 y 1968. En años anteriores Chile exportó mucho más, y no existía tal estímulo. En verdad, deben considerarse otros antecedentes y factores.
Por ejemplo, el Honorable señor Morales se refirió al problema de la lana. Es sabido que hace dos o tres años su precio internacional experimentó una caída violentísima.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Exactamente, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.-
Sin embargo, ahora ha tenido un repunte considerable.
En el primer período se produjo una merma en las exportaciones de lana, debido a su bajo precio en el exterior. En cambio, ahora que experimentó un brusco aumento, se han elevado los envíos al extranjero.
Los productos industriales se reducen a tres rubros fundamentales: la celulosa, el papel y la harina de pescado. El resto tiene mínima importancia.
El señor CHADWICK.-
Es paja molida.
El señor ALTAMIRANO.-
Sin duda, debe estudiarse qué exportaciones es justo subvencionar.
Los tres rubros más importantes en el capítulo de los productos agropecuarios y del mar son las frutas frescas, los mariscos y la lana.
En realidad, dentro de las exportaciones mencionadas, son dos o tres las empresas que reciben la mayor parte del "drawback".
Por lo dicho, no concordamos en que la devolución de impuestos sea la causa determinante del incremento de las exportaciones, porque ello no ha ocurrido en forma importante en los rubros agropecuarios e industriales. En el caso concreto de la lana y de la harina de pescado, el aumento de las ventas al exterior se ha debido al precio internacional.
En el fondo, el "drawback" significa entregar al exportador un mejor retorno, ya que, en vez de devolverle 10 escudos por dólar, se le restituyen 12 ó 13. O sea, en forma más oculta e ignorada, se está volviendo a un sistema preferencial de cambio.
Somos partidarios de derogar esta disposición, sin perjuicio de que, si en el veto se entregan otros antecedentes mejor estudiados y categóricos, podamos modificar nuestro criterio.
En síntesis, nos parece una monstruosidad distribuir a la industria particular, en forma más o menos indiscriminada, 230 millones de escudos, como afirmaba el Honorable señor Valente, o 265 millones de escudos, como sostenía el señor Tomic, cuando se argumenta por algunos señores Senadores que no existe financiamiento suficiente y que se estaría impidiendo dar recursos para solventar este proyecto, que, por lo demás, está absolutamente desfinanciado.
Concluyo expresando mi disconformidad con las palabras del Honorable señor Carmona. Decía que nosotros estamos desfinanciando el proyecto. ¡Si el proyecto ha partido totalmente desfinanciado! Precisamente, la argumentación del Gobierno es que las fuentes de ingresos se establecerán en otras iniciativas. ¡Inclusive, con el criterio del Ejecutivo, podríamos despachar este proyecto sin financiamiento! Tal vez lo más lógico habría sido estudiar todo el problema en un solo proyecto, no por parcialidades y con una visión deformada del conjunto, cual es obtener los recursos destinados a remuneraciones del sector público, sea de las Fuerzas Armadas, sea del personal civil.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .
El Gobierno, en forma reiterada, no sólo en la discusión de este proyecto, sino que desde el debate de la ley 16.528, ha defendido el sistema de devolución de impuestos para los productos exportados.
No quiero referirme a casos particulares ni a la defensa de determinadas industrias acerca de su eficiencia o ineficiencia, sino a la necesidad de tener esta herramienta en un país como Chile.
Las naciones que realmente quieren tener un crecimiento cualquiera que sea el sistema político que las rija deben incrementar sus mercados; en especial los países pequeños, como el nuestro. Más se justifica ese estímulo cuando Chile se está integrando en un mercado común, en una alianza regional.
Por ese motivo, el Gobierno propuso el sistema de devolución de impuestos, que en definitiva se aprobó en la ley 16.528.
A mi juicio, ha tenido resultados positivos, pues realmente ha habido un incremento de las ventas al exterior, se ha creado un espíritu exportador entre los productores nacionales. Ello ha permitido que en los últimos cinco años hayan crecido en 40% en cifras redondas las exportaciones chilenas no tradicionales. En consecuencia, no se incluyen entre ellas las de cobre y otras.
El señor CHADWICK.-
¿El hierro no está incluido?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
No, porque es tradicional.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
La minería no está afectada.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .
El sistema de devolución de impuestos es utilizado por un sinnúmero de naciones. En los países sin régimen socialista se devuelven los tributos que tendrían que haberse pagado por esos productos si se hubieran vendido internamente. En el caso de los Gobiernos socialistas, el mecanismo opera vendiendo las mercaderías a precios inferiores a los del mercado interno. En esta forma, con precios marginales, pasan a poder competir con los otros países.
Si nosotros revisamos la situación de los países vecinos al nuestro, podremos darnos cuenta de que también utilizan este mecanismo. Si observamos el caso de Japón, una de las naciones que ha experimentado el crecimiento más grande de los últimos tiempos durante la última década, se ha colocado en segundo lugar en materia de crecimiento, y puede pasar a ser el primero en la década próxima, también vemos que utiliza la devolución de los impuestos para los productos exportados, llegando incluso a porcentajes muy superiores al 30% aquí utilizado.
Si no se aplicara un mecanismo amplio para extender el mercado chileno, no se produciría más que lo necesario para el consumo interno, y al no producirse más, indiscutiblemente habría menos rendimiento por impuestos. Por consiguiente, si bien nos ahorraríamos el gasto que significa hacer la devolución de impuestos, se produciría una disminución de ingresos por el hecho de haber menor producción.
Por otra parte, si revisamos el "drawback", debemos distinguir dos clases. Y quiero ser muy franco al respecto. Existe un "drawback" que significa realmente una devolución de impuestos a favor de quien ha creado una producción nueva, que ha ampliado el mercado y que está dentro de la concepción más pura que tiene la ley Nº 16.528. Pero también esto corresponde a una realidad del país existe la devolución de impuestos por mercaderías que deben ser subsidiadas para poder ser colocadas en el extranjero.
Si analizamos la lista de estos productos, nos encontraremos, en primer lugar, con el salitre, que el próximo año, mediante el sistema de subsidio, tendrá una devolución cercana a los 6 millones de dólares, para una exportación por una suma que oscila entre los 23 millones y los 25 millones de dólares.
¿Qué sucede con esto? El salitre es sabido por el Parlamento pasó en parte a poder de la CORFO, mediante la suscripción de acciones por dicho organismo en un porcentaje de 25% ó 30%, según me parece, con la posibilidad de comprar la totalidad de ellas, puesto que los inversionistas extranjeros estuvieron dispuestos a vendérselas.
El Gobierno se encuentra ante un dilema que debemos abordar realistamente: o se aplica el "drawback", no para beneficiar al inversionista extranjero, porque está establecido en los estatutos de la sociedad que todo lo que por ese concepto se perciba deberá irse abonando a la compra de las acciones es decir, el Estado se hará dueño de la totalidad de la empresa o afronta otro problema. ¿Qué habría sucedido si el Gobierno no hubiera aceptado aplicar el "drawback"? Me tocó, precisamente, resolver como Ministro. Habría significado, lisa y llanamente, el cierre de la totalidad de las salitreras, menos una, pues las demás estaban produciendo a pérdida.
¿Y qué significaba cerrar las salitreras? Dejar a más o menos 8 mil a 10 mil personas 50 mil en total, si tomamos el conjunto de las familias sin medios de subsistencia, pues en esa zona existe un problema crítico de ocupación. Y por eso se aplicó el "drawback".
En seguida, tenemos el rubro de la celulosa. ¿Qué ha sucedido con este producto? En Chile existen dos plantas de celulosa, y ambas han tenido que entrar a competir en el mercado, ante los grandes productores mundiales, con producciones marginales, que aplican precios de "dumping" a fin de mantener los mercados que han tenido tradicionalmente. Y mercados que están al lado nuestro, aquí en Latinoamérica, son los que Chile ha tenido que entrar a conquistar, con una producción subsidiada para tener posibilidades de colocar su celulosa en el extranjero.
Yo me pregunto, ¿qué sucedería hoy si no se diera subsidio a las dos plantas de celulosa existentes y tuviéramos que quedarnos con la producción en Chile, de la cual no consumimos ni siquiera el 10% ó 20%, y no vemos que el mercado pueda absorberla a corto plazo? Teníamos, pues, que exportar esa mercadería.
Sin embargo, el problema en referencia va en vías de solución. El mercado de la celulosa hoy día está, al parecer, en un proceso de recuperación. Cuando ella se logre, en ese momento, de acuerdo con la ley Nº 16.528, el Gobierno deberá entrar a revisar el problema del "drawback" relativo a ese producto.
El tercer rubro importante de subsidio es el que se da al papel de diario.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Otro ejemplo es el de los derivados del petróleo, con relación a Uruguay y Argentina.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
A esa no me he querido referir, porque es de menor monto. Por ahora quiero limitarme a los grandes rubros.
En Chile existen dos grandes fábricas de papel de diario, una de las cuales vende gran parte de su producción en el mercado interno. Indudablemente, ella nació con una serie de incentivos para que pudiera colocar su producción en el país y se lograra sustituir las importaciones de papel de diario que debían realizarse.
Pero existe otra fábrica que se instaló en Chile como industria de exportación, no para vender en el mercado interno, que debió entrar a competir en el mercado externo en las mismas condiciones de la celulosa, o sea, con precios de "dumping". Y, como es natural, debió recibir subsidio, puesto que en caso contrario habría tenido problemas de tal gravedad en lo financiero, que inevitablemente se habría visto obligada a cerrar y, con ello, a dejar sin trabajo a una población cercana a las 500 ó 600 personas, sin contar las fuentes de ocupación indirectas que origina este tipo de industria.
Aparte los mencionados, existen otros rubros, pero que ya no son de subsidio, sino que constituyen, realmente, devolución de impuestos por exportaciones.
El Gobierno cree preciso mantener el mecanismo consignado en la ley Nº 16.528, que autoriza al Presidente de la República para hacer una revisión permanente de la ganancia real que se vaya produciendo en el tipo de cambio y para revisar, cada tres años, los porcentajes de devolución establecidos en los decretos, la mayoría de los cuales comenzarán a vencer en 1970. Como es lógico, en esa oportunidad el Ejecutivo deberá examinar la situación de las empresas exportadoras y su monto de utilidades, y determinar qué porcentaje de devolución deberá asignárseles.
Ahora, quiero preguntarme: ¿cuál es el alcance de la indicación formulada por el Honorable señor Valente? A mi modo de ver, ella no tendrá efecto alguno. Personalmente, yo no estaría preocupado. Como Gobierno, estoy tranquilo, puesto que la derogación del artículo 4°...
El señor GARCIA.-
Es el efecto sicológico.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .
Puede ser, pero yo no me guío por los efectos sicológicos. Lo que debe entender la gente es si los beneficios se mantienen o no se mantienen.
A mi juicio, el artículo 4º constituye un mero precepto declarativo. Y lo digo por la siguiente razón: si observamos el artículo 3º de la ley 16.528, podemos ver que establece un primer sistema de exención de impuestos, el que opera de pleno derecho respecto de todos aquellos actos o contratos que deben celebrarse para realizar la exportación; por ejemplo, los impuestos de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado o cualquiera de los otros que deban pagarse en el Banco Central para realizar una exportación.
El señor GARCIA.-
De embarque.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Por su parte, el artículo 4º de la ley 16.528 dice:
"Los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos cuya exención no opere en la forma prevista por el artículo 3º," o sea, de pleno derecho "deberán ser pagados por el respectivo contribuyente, no obstante la exención que pueda favorecerlo. El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes".
¿Qué sucede? Si en la actualidad estos contribuyentes pagan los impuestos, la derogación de este artículo no conducirá a nada nuevo, pues tendrán que seguir abonándolos de igual manera. ¿Y dónde, realmente, está establecido el sistema de devolución? En los artículos 5º y siguientes, en virtud de los cuales se han dictado los decretos, que continuarán rigiendo hasta la fecha de su vencimiento.
El señor MORALES.-
El artículo 5º se refiere al sistema establecido en el artículo 4º, de modo que al derogarse éste, quedará sin efecto.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Pero el artículo 4º no establece ningún mecanismo.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
El sistema está establecido en el artículo 4°.
El señor GARCIA.-
Ya están dictados los decretos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Están dictados los decretos, pero no pueden derogarse. Para eso tendría que haberse dicho, por ejemplo: "Deróganse las disposiciones de la ley N° 16.528 y déjanse sin efecto los decretos que en virtud de ella se hubiesen dictado." En esa forma sí que desaparecería la devolución de impuestos.
A mi modo de ver en esto quiero ser claro, el artículo 4º, cuya derogación se propone mediante la indicación del Honorable señor Valente, no pasa de ser de tipo meramente declarativo. Incluso, podría no haber sido necesaria la disposición del artículo 4º de la ley Nº 16.528, puesto que todo su mecanismo está en los artículos 5º y siguientes y no en aquél.
El señor GARCIA.-
¿Me permite, señor Ministro?
Se consignó el artículo 4º para que no quedara vigente la llamada "Ley Faivovich", que permitía al exportador no pagar esos impuestos, y esa ley es la que va a renacer ahora al derogarse dicha disposición.
El señor CARMONA.-
No, señor Senador.
El señor VALENTE.-
No va a renacer.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
No lo creo. La primera parte del artículo podría tener relación con el decreto con fuerza de ley Nº 258, llamado "Ley Faivoyich", pero no la segunda, que dice: "El Fisco procederá a efectuar las devoluciones correspondientes de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes", porque es una mera declaración. La parte taxativa, en la que se establece el sistema de devolución, está en los artículos 5º y siguientes, y la exención de pleno derecho está en el artículo 3º. Sin embargo, ninguno de esos artículos ha sido derogado por la indicación. Por lo tanto, el Gobierno cree que el alcance dado a la indicación por el Honorable señor Valente es nulo, no produce problemas.
Sin embargo, quiero hacer algunos alcances. El Gobierno ha tomado algunas medidas en virtud de una facultad que le otorgó una ley modificatoria de la ley Nº 16.528, que ha de seguir operando. Ha rebajado en cierto porcentaje el "drawback" respecto del papel de diario, de la celulosa y de la pesca. Para ello se basó en la facultad que se le había dado de reducir el porcentaje de devolución en la misma proporción en que hubieran aumentado las ganancias de la empresa, en términos reales, por la variación del tipo de cambio; norma muy justa, porque si el exportador obtiene mayor ingreso por ese concepto, no es lógico mantenerle igual porcentaje de "drawback". En vista de ello, el Gobierno está dictando todos los decretos necesarios para cumplir estrictamente esa norma, lo que producirá un ahorro en el próximo año, ya consignado en las cifras presupuestarias de 1970, de treinta millones a cuarenta millones de escudos.
No quisiera dejar pasar una apreciación que hizo el Honorable señor Chadwick.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
¿Me permite una interrupción muy breve?
En todo caso, creo que conviene dejar exactamente aclarado el problema, pues de otro modo después vendrán las consultas a la Contraloría General de la República y a los organismos judiciales, y, como es natural, la historia de la ley no tiene la fuerza de una disposición legal precisa.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Cómo? ¿Acaso ya no transcurrieron los 10 minutos de que dispone el señor Ministro?
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Si los señores Senadores no desean darme tiempo, renuncio a mi consulta.
El señor ALTAMIRANO.-
No se trata de eso, señor Senador. Queremos saber si el señor Ministro tiene derecho a más tiempo, porque a nosotros también nos gustaría hacer reflexiones sobre lo que él ha dicho.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
No he estado midiendo el tiempo al señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ.-
Muy mal hecho.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se tomó el acuerdo de dar a cada Comité diez minutos, pero no de limitar el tiempo al señor Ministro.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
A mi juicio, realmente el problema sicológico anotado por el Honorable señor García no tiene importancia en la aplicación de la ley. Lo que me preocupa es que, si se dicta una legislación que exija interpretaciones de parte de la Contraloría o el Poder Judicial, ellas puedan no corresponder a lo que estamos discutiendo en este momento.
La ley Nº 16.528 establece dos sistemas, para dos clases de productos: el del artículo 1°, que está reglado por el artículo 3º, que es el que exime de impuestos de pleno derecho y sin más trámite, y el del artículo 4º, para los productos no incluidos en el 1°, que se reglamenta en el artículo 5º. En consecuencia, para todas aquellas mercaderías exportables no comprendidas en el artículo 1º y sí en el artículo 4º, es natural que al derogarse este último, como a él se refiere el artículo 5º, quedaría sin poderse aplicar toda la disposición.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
No, señor Senador.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Señor Ministro, le ruego no conceder interrupciones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Me parece muy grave lo que está diciendo el Honorable señor Morales, que no es el alcance real de la ley, porque en el artículo 4º se lee: "de acuerdo con las normas que se señalan en los artículos siguientes"; y en el 5º se expresa que será el Presidente de la República quien, por decreto supremo, determine los impuestos que se devolverán.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
No quiero abusar de su tiempo, señor Ministro, pero el artículo 5º dice lo siguiente: "a que se refiere el artículo anterior". En consecuencia, si se deroga el artículo 4º, queda sin efecto el artículo 5º.
Por lo demás, el artículo 4º, que se trata de derogar, no se refiere a los productos a que se aplica el artículo 1º. Vea, señor Ministro: hay dos procedimientos distintos. Uno de ellos es la exención de pleno derecho, como está establecido con toda claridad...
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Excúseme, señor Senador.
Quiero solicitar el asentimiento de la Sala para que el señor Ministro pueda dar interrupciones, porque otros señores Senadores desean intervenir.
El señor DURAN.-
No tiene por qué consultar a la Sala, señor Presidente. Es un derecho del señor Ministro.
Ya le dio una interrupción al Honorable señor Morales.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Ya me la concedió. Termino de inmediato.
Hay dos ideas claras, señor Ministro, y le ruego examinar la ley correspondiente. Si lee con detención el artículo 3°, verá que realmente establece un procedimiento que opera de pleno derecho, como Su Señoría ha dicho, para los productos a que se refiere el artículo 1°. Pero es totalmente distinto el procedimiento que establece el artículo 5º, que se relaciona con el artículo 4º. En consecuencia, al derogarse éste queda sin efecto el artículo 5°.
El señor CHADWICK.-
Es indudable.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Creo que si el Honorable señor Morales desea defender el "drawback", no debería siquiera haber hecho esa aseveración, pues está tratando de establecer en la historia de la ley una cosa que no es tal. Pudiera ser que tuviera razón el señor Senador respecto de nuevas devoluciones de impuestos que quisieran establecerse más adelante, y ello con una interpretación muy estricta, pero no sobre los decretos que hayan sido dictados en virtud de esa ley, que rigen por un plazo de tres años, en virtud del mecanismo legal. Es lo que estoy sosteniendo: que la derogación de que se trata no ha de afectar al sistema de devolución de impuestos establecido.
Ahora bien, repito, llegando al extremo de la interpretación que Su Señoría ha tratado de dar por establecida, que no comparto, pudiera ser que no pudieran otorgarse nuevos "drawbacks" o modificarse los decretos que se hubieran dictado en virtud de la ley Nº 16.528.
Por último, quisiera referirme a algunas observaciones formuladas por el Honorable señor Chadwick, porque a mi juicio revisten cierta gravedad.
Se preguntaba el señor Senador para qué tener todo un sistema de incremento del mercado de exportaciones si traer más dólares nos producía un problema; y opinaba que si no podemos traducirlos en escudos, mejor sería no imponer un sacrificio al país. Tal afirmación me parece desatinada.
El señor CHADWICK.-
No es así.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Creo que interpreto a Su Señoría en la mejor forma posible.
El señor CHADWICK.-
¡ Estamos dando mucho color al debate!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Entiendo que un país debe tratar de exportar lo más que pueda y acumular en sus reservas el mayor número de moneda dura. Todos los países tienden a ello. Es muy distinto incrementar el gasto en escudos, y hoy día se utilizan ciertos mecanismos para que realmente esos dólares, al traducirse' en escudos, no signifiquen un impacto a la inflación. Lo decía en la mañana de hoy: si el Estado recibe una cantidad equis de dólares que los precisa para financiar sus gastos corrientes internos en escudos y excede la cuota normal que el Banco Central absorbe por importaciones, ese Banco puede recibir esos dólares y reducir al sistema monetario un número equivalente a los escudos que entregará al Estado por la venta de aquéllos. También puede incrementar sus importaciones en dólares para traer más maquinaria, más elementos que signifiquen trabajo. Estos son los dos mecanismos más ágiles que existen para poder traducir los dólares en escudos. Pero, a mi juicio, aun cuando tenga esa limitación, debe siempre incrementar sus reservas y jamás probar siquiera de cerrar sus fronteras en cuanto a país exportador.
La grandeza de todas las naciones está en su capacidad de exportar o de obtener un crecimiento de tal magnitud en su producción interna, que les signifique poder hacer una redistribución mayor de ingresos a favor de todos sus habitantes.
Si nos quedamos con la tesis de que tener más dólares provoca problemas, será lo mismo que decir: "Paralicemos este país, porque estamos recibiendo muchos dólares por el cobre y otras mercaderías. No produzcamos más. Veamos primero cómo liquidamos esos dólares del cobre, y después veremos si vamos o no vamos a exportar".
El señor CHADWICK.-
Es una deformación de mis palabras.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
A mi juicio, esa teoría es errada. Debemos fomentar las exportaciones mediante los mecanismos de devolución de impuestos, que son los que utilizan todos los países del mundo donde funciona la economía como en el nuestro, salvo los socialistas, los cuales, como dije, operan mediante precios marginales; es decir, en los mercados externos venden a precios más bajos que en los mercados internos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Ha terminada el tiempo de todos los Comités.
El señor CHADWICK.-
Quiero fundar mi voto.
El señor GARCIA.-
Pido votación nominal.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se ha pedido votación nominal.
Los señores Senadores podrán fundar su voto en el momento oportuno.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor ALTAMIRANO.-
Quiero contestar las múltiples afirmaciones que implica la exposición del señor Ministro de Hacienda.
No pretenderá el señor Ministro haber convencido al Senado con el argumento de que basta establecer un "drawback" mayor o menor para que un país tenga desarrollo de cierta significación. El nos recordó el caso del Japón. Supongo que el señor Ministro no creerá no quiero hacerle ese agravio ni pienso que él lo haga a los señores Senadores que seamos tan simplistas que atribuyamos el extraordinario progreso, en lo cual concuerdo con él, alcanzado por ese país se deba a que las exportaciones tienen 10%, 15% o 20% más de "drawback", o no lo tienen. En el caso concreto de Alemania Federal, que también ha experimentado un crecimiento importante muy inferior, entre paréntesis, al de Alemania Democrática, se están dictando disposiciones que obstaculizan las exportaciones por una serie de condiciones particulares del país. Sin embargo, sería absurdo pretender sacar una teoría política de la situación concreta en que se desenvuelve Alemania Federal.
Por último, no sé si el señor Ministro de Hacienda habrá de tener más capacidad de convicción con nosotros que la que pueda haber tenido con el ex Senador señor Radomiro Tomic, actual candidato a la Presidencia de la República por la Democracia Cristiana, quien ha criticado en forma bastante más violenta que nosotros mismos la existencia del "drawback". No sé a qué se deba tal duplicidad o contradicción en que permanentemente incurren distintos personeros del Gobierno y de la Democracia Cristiana.
En síntesis: estamos por derogar la disposición. Creemos que ella no es fundamental para estimular las exportaciones; que tal estímulo depende de un proceso general en la economía del país: de precios internos, de tipos de cambio, de retornos, etcétera.
Reducir el problema económico y financiero de un país a un hecho tan concreto y relativamente adjetivo, nos parece una simplificación inadmisible en que, por lo menos, nosotros no participamos.
Estamos de acuerdo con la indicación, señor Presidente.
El señor CARMONA.-
Fundaré mi voto en forma muy breve, porque me parece que los claros argumentos dados por el señor Ministro de Hacienda han colocado el problema en su verdadera dimensión.
Aparte dichas razones, creo que debe tomarse en consideración que un país pequeño como el nuestro, de altos costos internos, que necesita defenderse ante competidores grandes en los mercados internacionales, requiere medidas de esa naturaleza, que, como ha explicado el señor Ministro, se usan por parte de todos los países, sean de la órbita que fueren.
En cuanto a lo manifestado por el Honorable señor Altamirano en el sentido de que el ex Senador señor Radomiro Tomic haya planteado la derogación del "drawback", no es efectivo. El ha planteado...
El señor ALTAMIRANO.-
¡En el "Caupolicán"!
El señor CARMONA.-
...muchas veces, con extrema claridad, que el sistema de exportaciones de nuestro país tiene que ser revisado, que debemos tener la oportunidad de hacerlo con prontitud.
No creo que lo referente a esta materia deba resolverse así, en una votación tan sencilla y rápida, como pretende la indicación del Honorable señor Valente, sobre todo después de las explicaciones dadas por el señor Ministro de Hacienda en el sentido de que la derogación del artículo 4º de la ley 16.528 no tendría mayor alcance.
No creo que el Senado pueda aceptar el propósito de obligar al Ejecutivo, mediante la aprobación de este precepto, a introducir, por la vía de la observación, las enmiendas legales que requiere una materia de la complejidad e importancia de ésta, porque un veto sustitutivo sería rígido e impediría su debida consideración por parte del Parlamento.
Por otra parte, todas las materias relativas a las importaciones tienen implicancias extraordinariamente graves en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, como en esta sesión se ha dejado establecido, dicen relación a los índices de ocupación.
Por todas estas consideraciones, me parece que lo referente a esta materia no puede votarse con demasiada ligereza, sobre todo si se tiene presente que la Cámara despachó el proyecto con extrema urgencia y que el Senado la está conociendo con el carácter de suma urgencia. En estas condiciones, un veto planteado en términos rígidos por el Ejecutivo en esta materia impediría su consideración adecuada en el Parlamento.
Voto que no.
El señor CHADWICK.-
Me ha sorprendido en la exposición del señor Ministro el deseo de resucitar la antigua "doctrina Colbert", según la cual lo de más importancia, lo único que debería preocupar en la dirección superior de la economía de los respectivos países, era colocarlos en posición de exportadores. Sabemos muy bien que fue ésa la doctrina de un Ministro de Hacienda si así pudiera llamársele, quien asesoraba al Absolutismo Francés en el Mercantilismo del siglo XVII. Sin embargo, desde entonces a esta parte, esas ideas han sido revisadas y abandonadas en su totalidad, y ello por una razón muy sencilla: porque hay exportaciones que, siendo antieconómicas, deterioran al país que la hacen. Si se exporta trabajo o una cosa determinada y se recuperan menores valores que los incluidos en las exportaciones, el país de origen está pagando un costo adicional por la moneda extranjera que adquiere por este medio. Eso es elemental. Hay naciones que, en dificultades económicas y en situaciones especiales, premian las exportaciones; tienen que pagar un precio adicional. Chile, en determinadas circunstancias, puede estar en esa necesidad; hay regiones del país que pueden reclamar un sacrificio de esa especie de parte de la economía nacional. Pero afirmar, como ha dicho el señor Ministro, que la solución del problema económico de un estado es colocarlo en condición de exportador, cualesquiera que sean las condiciones a través del "drawback", por ejemplo, denota un incipiente dominio de los problemas económicos básicos que debe afrontar un director de finanzas.
En cuanto a mi pensamiento, me parece que el señor Ministro lo ha deformado. He dicho que las circunstancias han cambiado; que es necesario revisar los imperativos que se tuvieron en cuenta en el momento de promulgarse la ley Nº 16.528, y que es indudable la conveniencia de replantear el problema y considerar que el país debe ser orientado hacia producciones que no necesiten del estímulo y las subvenciones que se pagan a través del "drawback".
Mucho más grave me parece el error en que incurre el señor Ministro cuando dice al Senado que la ley de estímulo a las exportaciones no juega con la minería del hierro. Soy Senador de la provincias de Coquimbo y Atacama, y puedo informar al señor Zaldívar que hay devolución de impuestos en esa actividad. Los únicos que están excluidos de la ley son aquellos industriales o exportadores de minerales de hierro que no retornan al país el total de sus exportaciones, en concreto, Bethlehem. Todos los demás tienen devolución de impuestos. Basta saber, por ejemplo, que la bencina está gravada con un tributo destinado a mantener los caminos. Cuando se afecta a los productores mineros en general y no sólo a los del cobre, tienen el descuento correspondiente.
Por estas razones, deploro que mis ideas hayan sido deformadas y se haya demostrado un desconocimiento tan evidente sobre la situación que existe en materia de estímulo de las exportaciones. Lamento, asimismo, que el señor Ministro de Hacienda haya desautorizado tan categóricamente al Partido Demócrata Cristiano, el cual, por boca del Honorable señor Irureta, nos hizo saber que se votaría favorablemente este artículo, con el mismo propósito que tuvimos en cuenta cuando lo aprobamos en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas.
El señor FUENTEALBA.-
El Honorable señor Irureta ha expuesto con meridiana claridad el pensamiento del Partido Demócrata Cristiano sobre este particular. De su intervención, se desprende que la Democracia Cristiana es partidaria de hacer una revisión de la política del "drawback".
Al votar favorablemente esta disposición, creemos que por la vía del veto se podría en esta oportunidad conforme al criterio expresado por el Honorable señor Irureta introducir un precepto que, precisamente, concretara esa revisión de la política del "drawback".
No creo, como lo ha afirmado el Honorable señor Chadwick, que el señor Ministro de Hacienda se haya puesto en contradicción con nuestro pensamiento y nuestra aspiración partidaria. Simplemente se ha limitado a precisar los alcances de la derogación, que estamos considerando en este momento, del artículo 4º de la ley Nº 16.528. De ningún modo se desprende aquello de la exposición del señor Ministro. Por el contrario, entiendo que él también es partidario de reconsiderar esa política.
En ese entendido y en esa esperanza, ...
El señor ALTAMIRANO.-
¡El Honorable señor Fuentealba es muy generoso!
El señor FUENTEALBA.-
... voto a favor de la disposición, esperando que el Presidente de la República legisle efectivamente sobre la materia.
El señor GARCIA.-
Nuevamente llamo la atención sobre un hecho: no se pueden discutir estos problemas en un terreno técnico, científico o económico, Cuando se trata de alegar sobre algunas cosas, imputando a ciertas personas o exceso de ganancias o un reparto de dinero.
Quiero hacerme cargo de las observaciones del Honorable señor Irureta, quien sostuvo que los directores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se habrían repartido 630 millones de pesos. Desde luego, habría que restar a esa cantidad el impuesto inmediato que tienen estas instituciones, que es de 20% y que ahora será de 30%. Aplicando el primer porcentaje de impuestos, -Quedan 504 millones; con el segundo, se llegaría a la cantidad de 441 millones, para dividirse entre ocho directores. Por lo tanto, cada uno de ellos no percibe más allá de cinco millones de pesos mensuales.
El señor ALTAMIRANO.-
¡No está mal!
El señor GARCIA.-
En seguida, se dijo que esos directores asistían a sesiones dos veces por año. Eso es desconocer la ley sobre sociedades anónimas, la cual establece que a los tres meses pierde su calidad de director la persona que no asiste a las sesiones. Por otra parte, y es bueno que esto se conozca, aquellos ejecutivos, que manejan un capital de 600 mil millones en ventas anuales,...
El señor ALTAMIRANO.-
¡Ellos no manejan a nadie; los manejan a ellos!
El señor GARCIA.-
...van a reuniones de comité hasta dos veces por semana y deben asistir a una sesión del directorio en pleno una vez al mes. Por lo tanto, concurren a las reuniones en forma más constante que otros directores que conocemos, que ganan mucho y respecto de los cuales aquí nunca se dice nada. Es el caso, por ejemplo, del gerente de la Caja de Amortización, cuyo sueldo mensual es de 18 millones. Sin embargo, no observamos que ese funcionario vaya a la Caja todos los días, pues incluso lo vemos con frecuencia aquí en el Senado.
El señor IRURETA.-
¿Cuánto gana el gerente de la Compañía de Papeles y Cartones?
El señor GARCIA.-
No lo sé; pero sí puedo informar que el gerente de la Caja de Amortización gana 18 millones mensuales, sin que esto cause repugnancia a nadie. Pero por tratarse de los directores de la Compañía de Papeles y Cartones, se quiere dar un grado emocional al asunto.
En el hecho, si restamos el impuesto global complementario pagado por esas personas, resulta que por su calidad de directores sólo reciben 2.500 escudos mensuales, no obstante tener su cargo la responsabilidad en el manejo de este tipo de empresas.
El señor RODRIGUEZ.
¡Podríamos acordarles una pensión de gracia!
El señor GARCIA.-
Ahora quiero hacerme cargo de algunas apreciaciones del Honorable señor Altamirano.
Repito mi planteamiento anterior, con el objeto de que quede bien en claro: el precio de la tonelada de papel en el exterior es de 161,70 dólares; aquí en Chile se vende a 144 dólares, porque tiene precio fijo. Por lo tanto, cuando se habla de que esta compañía no obtiene utilidades, debemos preguntarnos por qué se les fijan esos precios.
Por último, deseo hacer algunas consideraciones respecto de las exportaciones, que es conveniente tener en cuenta. En Chile pasarán muchos años antes de que sean valederas las afirmaciones del Honorable señor Chadwick. Ello por una razón muy simple: todo lo que se está haciendo en el país tiene por objeto ampliar los mercados, para que puedan bajar los costos, para que haya más empresas, para que haya más trabajo.
El señor Senador dijo que nosotros estábamos exportando trabajo. ¡Ojalá lo pudiéramos hacer, porque en estos momentos tenemos mucha mano de obra que no se está utilizando, debido a la inmensa y gran cesantía, situación que se agravará cuando se empiecen a paralizar las empresas.
El señor Ministro de Hacienda sabe que legalmente quedarán vigentes todos los decretos. Yo le digo que las medidas tomadas por las empresas para activar sus exportaciones y ampliar sus plantas quedarán paralizadas porque van a saber que en el Parlamento hay mayoría para derogar el incentivo que constituye la devolución de impuestos. Y a fin de que no queden dudas, quiero hacer un poco de historia acerca del origen de la devolución de impuestos. ¿De dónde nació? De. la llamada "ley Faivovich", promulgada con anterioridad a la dietación del decreto con fuerza de ley a que se refirió el señor Ministro. No recuerdo si fue la número 12.008 ó la 12.800. En ella se estableció la devolución de tributos por el trámite administrativo, de los impuestos a la producción, a las compraventas y aun los aplicados a productos como la bencina y los carburantes empleados en el proceso productivo. Cuando se trataba, por ejemplo, de devolver impuestos correspondientes al uso de electricidad, se creaba una situación tan grave, que se cambió ese sistema por este otro, consistente en no devolver exactamente el impuesto pagado, sino una suma determinada por el Gobierno. El Partido Demócrata Cristiano ha encontrado malo ese sistema; sin embargo, su Ministro de Hacienda lo ha calificado de bueno. ¡Hasta el momento, es la primera queja que se ha oído sobre esto!
Voto que no.
El señor HAMILTON.-
Aprovecharé el fundamento de mi voto, para hacer dos aclaraciones respecto de los datos proporcionados por el Honorable señor García.
La única diferencia existente entre lo dicho por el señor Senador y el Honorable señor Irureta, consiste en que el primero habla de 8 directores, y el segundo, de 7. Tiene razón el Honorable señor García para los efectos de calcular la dieta que reciben los directores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. En realidad, ellos no son siete, sino ocho, pues el Presidente de la empresa gana el doble y debe considerarse como un director más. No tiene ninguna importancia la rebaja de los impuestos. Estamos hablando de las rentas. Todas ellas, salvo contadas excepciones, pagan impuesto. Es natural que si hasta el más modesto obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, como a cualquier otro, se les descuenta el impuesto a la renta y paga el global complementario, también se haga lo mismo con los dirigentes de esa empresa.
Debo referirme también a las palabras del Honorable señor Altamirano.
No es primera vez que el señor Senador cita al señor Tomic nuestro candidato a la Presidencia de la República, con el propósito acostumbrado de ponerlo en contradicción con el Gobierno del Presidente Frei y la posición política del Partido Demócrata Cristiano.
Me parece que en esta ocasión, como en otras, también se ha equivocado. Y si a Su Señoría le interesa, tengo a mano el discurso pronunciado por Radomiro Tomic en el TeatroCaupolicán, oportunidad en la cual se refirió a esta materia. El no abordó lo referente a la derogación del "drawback", y pienso que debe estar de acuerdo con la posición oficial de nuestra colectividad, en el sentido de revisar el sistema y mantener lo que tenga de esencial y de interés para el fomento de las exportaciones, a fin de solidificar nuestra economía. El señor Tomic se refirió a otra cosa: a las críticas de la Derecha, la cual culpa al Gobierno por exceso en los gastos públicos, e hizo ver la insinceridad de tales cargos. Al respecto, manifestó textualmente:
"Entonces la Derecha plantea: "Que se reduzcan los programas sociales. Si el país no tiene cómo financiar la reforma agraria, o los programas de educación, salud y viviendas, debe reconocerlo y actuar en consecuencia". Es decir, quiere que el Gobierno democratacristiano que preside Eduardo Frei, renuncie a su más grande justificación ante el pueblo y ante la historia.
"Pero, ¿por qué reducir los programas sociales y no las subvenciones de dineros fiscales y la generosidad del crédito público a favor de lo que luego ellos llaman "empresa privada"? Mientras el aporte fiscal para la reforma agraria alcanzará este año a Eº 246 millones, el "drawback", o sea la devolución de impuestos fiscales a favor de los exportadores, alcanzará a Eº 265 millones."
En su intervención, y dentro del contexto en que plantea sus críticas, puede entenderse perfectamente que es partidario de revisar el sistema de "drawback", pero no es legítimo afirmar que está a favor de derogarlo, ni menos ponerlo en contracción con el criterio de su partido ni el del Gobierno.
Voto que sí.
El señor IRURETA.-
Por las razones que di anteriormente, votaré favorablemente la indicación.
Como acaba de manifestar el Honorable señor Hamilton, creo que no existe contradicción entre las palabras del señor Ministro de Hacienda y lo expresado por nosotros; más aún si se considera que ha sido el propio Ministro quien ha llevado a la práctica algunas deducciones del "drawback" en el último tiempo.
Deseo referirme también a ciertas expresiones del Honorable señor García, quien, como dijo el Honorable señor Hamilton, considera exagerado que yo haya dado a conocer el monto de las remuneraciones brutas del directorio de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones sin haber deducido el impuesto a la renta, que es de 20% ; de modo que, en lugar de 630 mil escudos, debí decir 504 mil escudos, deducidos los impuestos.
El señor GARCIA.-
El primer impuesto.
El señor IRURETA.-
Y esa cantidad la perciben por asistir a sesiones no más de dos o tres veces al año.
Quiero leer, muy de paso, porque pienso referirme a esta materia la próxima semana, las remuneraciones que perciben algunos directorios del sector privado, porque nos dará una pauta de hasta dónde no es efectivo que en ellos, o por lo menos, en algunos de ellos, exista esa fatiga tributaria de que tanto se habla y la imposibilidad de hacer mayores esfuerzos para financiar los gastos públicos. Por ejemplo, tengo aquí las remuneraciones correspondientes al directorio de Fideos Lucchetti, que alcanza a 410.164 escudos, para diez directores; al de Fideos Carozzi, a 614.635 escudos, para siete directores; al de la Empresa Minera Mantos Blancos, 104.800 dólares más de 1.200.000 escudos, para cinco directores, que celebraron sólo una reunión en el año. El directorio de Textil Progreso percibe 702 mil escudos, para ocho miembros. Podría cansar al Senado si continuara la lista. Algunas de estas empresas utilizan la línea de créditos según presupuesto de caja y gozan de la devolución de impuestos, que las coloca en situación muy privilegiada frente al resto de los empresarios chilenos, de miles de nuestros industriales, comerciantes y agricultores. Por ejemplo, SOMELA tiene créditos vigentes según presupuesto de caja por 20 millones de escudos; la RCA, por 19 millones de escudos; Fideos Lucchetti, por 24 millones de escudos; Carozzi, por 34 millones de escudos; Textil Progreso, por 10 millones de escudos, y Sindelen, por 33 millones de escudos. Denantes señalamos que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones recibió, por concepto de devolución de impuestos, la cantidad de 20 millones de escudos en el primer semestre de este año.
Tales son las cifras en las cuales debemos meditar cuando se nos viene a hablar aquí de fatiga tributaria.
Voto que sí.
El señor MIRANDA.-
Al aprobar está indicación en las Comisiones Unidas, sostuvimos, como lo han hecho ahora varios señores Senadores, que era útil plantear la posibilidad de una revisión de la ley Nº 16.528. Es indudable que no hay ningún sector del Congreso contrario a una política de ayuda y fomento a las exportaciones.
Como aquí se ha dicho, tenemos una experiencia relativamente breve sobre la materia, y es lógico que se plantee de par te de muchos señores Senadores la necesidad de efectuar una revisión, atendiendo precisamente a los resultados prácticos de la ley. Por lo tanto, no obstante considerar absolutamente respetables las observaciones formuladas por el Honorable señor Morales, quien protege los intereses de las provincias que representa también puede haber otros rubros de exportaciones que precisan la atención del Gobierno y del Parlamento, nos parece oportuno que el Congreso Nacional tenga la posibilidad, como aquí se ha planteado, al tratar el veto del Ejecutivo a que seguramente dará lugar la aprobación de este precepto de estudiar más detenidamente el problema y revisar una legislación que, en principio, consideramos conveniente.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Son más de 30 los rubros de exportación que, de manera rápida, podemos anotar de las estadísticas que los señores Senadores tienen en su poder. Sólo quiero dejar constancia en mi fundamentación de voto de que los productos agrícolas, pecuarioá, forestales y de la pesca, tienen la siguiente incidencia: 12,3, 6,5, 1,1 y 3,5, respectivamente. En cuanto a los pecuarios, planteé la necesidad de revisar completamente el sistema de "drawback", por medio de un voto sustitutivo. Pero me parece que hay regiones cuyos intereses se verán gravemente lesionados con la aprobación de este precepto, por sus términos tan absolutos.
Por último, quiero hacerme cargo de lo expresado por los Honorables señores Hamilton e Irureta.
Respecto de las exportaciones de las provincias de Magallanes y Aisén, debo expresar que no es un simple problema regional, sino de carácter nacional, por la incidencia de esos rubros en las estadísticas oficiales. Tenemos entre ellos el caso del petróleo y sus derivados en la provincia de Magallanes. Esos rubros que se encuentran en plena competencia con los de Argentina en el mercado latinoamericano, se encuentran subvencionados en los países que integran la ALALC. En consecuencia, de aprobarse esta disposición, quedaremos en situación desventajosa frente a los países que compiten con el nuestro en los mercados internacionales.
El Honorable señor Irureta se refirió al caso de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, en la provincia de Magallanes, dando a entender que dicha empresa resultaría favorecida con un posible rechazo, que no creo, de esta indicación.
Al respecto, debo aclarar que, de las 23 mil toneladas de lana que exporta Chile, sólo 2.500 corresponden a dicha empresa. Por lo tanto, 20.500 mil toneladas favorecidas por los estímulos a las exportaciones provienen del trabajo de los pequeños estancieros, de las sociedades formadas en esas dos provincias e inclusive de los asentamientos, los cuales, no obstante la opinión del Honorable señor Irureta, han disminuido su producción.
El señor HAMILTON.-
Eso es absolutamente falso.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Desafío al Honorable señor Hamilton, con quien represento en el Senado a la misma agrupación, que en esta oportunidad ha votado a favor de este precepto que perjudicará a la producción de nuestra zona, a que discutamos en una próxima sesión el rendimiento que han tenido los asentamientos de las provincias de Aisén y Magallanes, el que ha bajado notoriamente. Todavía más: existen asentamientos que han sido abandonados por haber estado dirigidos por gasfiters en calidad de técnicos. Inclusive algunos han cruzado la cordillera para buscar trabajo en la República Argentina.
El señor HAMILTON.-
Su Señoría está equivocado.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Desafío al señor Senador a dilucidar estos problemas en una próxima sesión.
Deploro sinceramente que el Honorable señor Hamilton, quien representa en el Senado a las mismas provincias que yo tengo a honor representar en esta Corporación, haya votado favorablemente una disposición que perjudicará enormemente a la producción lanera de las provincias de Aisén y Magallanes ya veremos los problemas sociales que provocará cuya economía está basada fundamentalmente en dicha producción. Además, como consecuencia de este precepto, nos encontraremos en una posición, además de contradictoria, muy desventajosa frente a Argentina, país con el cual competimos en los mercados de Alemania Occidental, España, Inglaterra, Holanda, Italia, Japón, Yugoslavia y otras naciones, en circunstancias de que en la Patagonia Argentina está subvencionada la lana para colocarla sobre la chilena. Más aún, esa lana que produce la Patagonia argentina es explotada por 200 mil chilenos que viven en Chubut y en Santa Cruz.
Voto en contra de la indicación.
El señor PALMA.-
A mi juicio, durante el debate se han planteado diversos problemas, uno de los cuales se pretende resolver por medio de esta indicación. Según se expresó en las Comisiones, su objetivo es proporcionar recursos para contribuir al financiamiento del proyecto en debate.
En verdad, el precepto, tal como está redactado en especial, lo relativo a la indiscriminada supresión del "drawback", no cumple con tal objetivo y, en alguna medida, desfinancia el presupuesto y la economía nacionales.
Por qué se recurre, en Chile y en otros países, al sistema de "drawback"? Su sola denominación nos indica su origen foráneo. Precisamente, los países más desarrollados e industrializados de la tierra se han visto obligados, contrariamente a lo manifestado aquí por el Honorable señor Chadwick, a recurrir a todo tipo de medidas para aumentar sus exportaciones. Incluso, uno de los grandes líderes de la postguerra sintetizó la política económica de su país en una sola frase: "exportar o morir". Esta es la importancia de establecer en un momento determinado los estímulos necesarios para exportar. La salida de artículos producidos en el país, no sólo se traduce en mayor cantidad de divisas o mejoría de la balanza de pagos o de otros factores económicos, sino que también favorece en alto grado la situación interna. Si en vez de 10.000 motores que se necesitan en el país se producen 15.000, surge la posibilidad de exportar 5.000, disminuir el precio de fabricación de esos vehículos y venderlos en el mercado interno en condiciones mucho más favorables para el comprador, lo cual constituye un verdadero estímulo al desarrollo económico, por la inversión que ello implica en bienes de capital y en dinero.
El señor CHADWICK.-
No es así.
El señor PALMA.-
Aún más, señor Senador: con mucha frecuencia se exporta a precios más bajos de lo que se vende en el mercado interno, con todas las ventajas señaladas muy claramente por el señor Ministro.
Desde otro punto de vista, no hay duda alguna de que la exportación de mercaderías significa exportar trabajo. El Honorable señor Valente, entre otros, está extraordinariamente interesado en establecer en las provincias de Tarapacá, en algún lugar del departamento de Iquique algunas instalaciones...
El señor DURAN.-
Almacenes de depósito.
El señor PALMA.-
....o, mejor dicho, una zona franca....
El señor GARCIA.-
Pero eso no tiene nada que ver con la devolución de impuestos.
El señor PALMA.-
....en la cual se importarían determinadas materias primas, se transformarían en productos manufacturados es decir, se les agregará trabajo y se exportarían. Pues bien, esas actividades no serían gravadas con impuestos, porque su finalidad es procurar dar trabajo lo han dicho todos los Senadores representantes de la zona a las personas que allí tanto lo requieren.
El señor VALENTE.-
No soy autor de la indicación. Mire a su lado.
El señor PALMA.-
Por último, éste es un problema que no se ha planteado solamente en Chile, sino también en todos los países latinoamericanos, porque es una materia de importancia extraordinaria.
El señor VALENTE.-
Fue una indicación del Gobierno.
El señor PALMA.-
"El Informativo ALALC" del 14 de octubre de 1969 reproduce, entre otras cosas, la exposición del Secretario de Estado de Comercio Exterior argentino, doctor Elvio Baldinelli, que dice: "Hemos estado procurando durante los últimos años realizar todo tipo de exportaciones no tradicionales, como el extracto de quebracho o la carne enlatada..."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PALMA.-
Solicito que se me concedan 2 minutos para terminar de leer este documento.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Hay oposición.
El señor GARCIA.-
Que lo lea, no más.
El señor PALMA.-
"En el año 1966 exportábamos 95 millones de dólares de productos industriales nuevos para pasar en el año 1967 a 108 millones de dólares y en 1968 a 157 millones de dólares".
Todo lo anterior es válido para Argentina, cuya situación económica es distinta de la nuestra, pero cuyo volumen de exportaciones no tradicionales apenas sobrepasa al de Chile.
El señor Baldinelli sigue diciendo: "Se han instaurado sistemas de devolución de impuestos pagados a quienes exportan y, además, se ha agilizado el pago de esas devoluciones para que resulten efectivas".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¡Señor Senador, ha terminado su tiempo!
El señor PALMA.-
Es evidente que en esta materia deben tomarse en cuenta las preposiciones formuladas por el Partido Demócrata Cristiano, con el fin de rectificar algunos errores en el sistema. .
Voto en contra del artículo.
El señor REYES. Se ha producido consenso en torno de dos apreciaciones. En primer lugar, la indicación aprobada por las Comisiones Unidas es ineficaz, y, segundo, es absolutamente necesario cambiar el sistema de "drawback", si no exactamente en los términos propuestos por el Partido Demócrata Cristiano, que constituyen un aporte extraordinariamente positivo, por lo menos en el sentido señalado por dicha colectividad.
El señor CHADWICK.-
Estamos de acuerdo.
El señor REYES.-
Se espera que la redacción se modifique mediante el veto. En mi opinión, al Senado no le ha sido posible estudiar más a fondo el problema por estar abocado a despachar la ley en proyecto con trámite de suma urgencia. Inclusive, el Honorable señor Contreras se oponía a conceder 10 minutos para referirse a esta materia, en circunstancias de que si la Cámara de Diputados rechaza algunas de las enmiendas introducidas por el Senado, la iniciativa tendrá cuarto trámite. Y si el Ejecutivo la veta, también las observaciones deberán ser despachadas con urgencia, a lo más, en una semana.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Esperamos que el veto sea debidamente estudiado.
El señor REYES.-
Repito: el estudio del sistema de "drawback", inclusive sobre la base de los términos propuestos por el Partido Demócrata Cristiano, requerirá un análisis mucho más a fondo por parte del Congreso.
Por estimar inadecuada la incorporación de una norma de esta naturaleza, voto negativamente.
El señor DURAN.-
Deseo intervenir brevemente para decir que en torno de este problema fluye lo que tan comúnmente observamos en los debates políticos y, especialmente, en los parlamentarios: se crean determinados fantasmas, mitos, y sobre ellos se dispara con una violencia y encarnizamiento increíbles. Y cuando se analiza el problema planteado, al que se le han dado caracteres de escándalo, uno se da cuenta de que en el fondo estamos siendo víctimas de un juego subalterno sin relación alguna al fondo de la cuestión, pero que va produciendo determinado efecto político.
En el Senado se ha planteado el problema del "drawback" por lo menos he escuchado cinco o seis debates sobre la materia como algo monstruoso, contrario al interés público, en que se hace aparecer al Gobierno íntimamente coludido con los sectores empresariales. Entonces, el hombre común llega a convencerse, sin saber de lo que se trata, de que este sistema de devolución de impuestos constituye un verdadero vampiro que está consumiendo la economía nacional.
Me alegro del discurso pronunciado por el señor Ministro, porque ha dicho una gran verdad: esta indicación no dio en el blanco: se disparó contra el "drawback" y se dio a la sombra, de modo que ella no modificará el planteamiento de fondo. Una vez ocurrido lo anterior, uno se pregunta por qué la votan algunos señores Senadores del propio partido de Gobierno. Seguramente, ello obedece al propósito de seguir disparando contra aquellas creaciones fantasmales. Fue el partido de Gobierno el que en 1966 creó el sistema de devolución de impuestos, y después de tres años de vigencia, el señor Ministro dice estar satisfecho de sus resultados.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
Es otra viga maestra.
El señor DURAN.-
Sin embargo, aun dentro del propio partido de Gobierno, existe disconformidad respecto de esta viga maestra.
¿Qué sostuvo el Honorable señor Irureta? Alcancé a oír algunos planteamientos acerca de lo que el Partido Demócrata Cristiano desea en esta materia. Expresó que era necesario establecer un tope máximo de 200 millones de escudos para la devolución de impuestos. ¡ Si este asunto está en manos del propio Gobierno! La ley de fomento a las exportaciones es elástica, ya que permite pagar más o menos, según sean las condiciones económicas en que las exportaciones se realicen respecto del mercado nacional.
El señor IRURETA.-
El artículo 11 opera automáticamente.
El señor DURAN.-
El artículo 11 dice que el "drawback" se aplicará exclusivamente a las industrias de exportación, y yo no sé cuáles son las de esta índole que existen en Chile, salvo las tradicionales de la gran minería.
A uno se le aflige un poco el alma cuando se encuentran defectos a organismos e instituciones que han dado resultados positivos y significado progreso.
A mi juicio, la materia en debate nada tiene que ver con los créditos otorgados a algunas industrias o con los sueldos de ciertos directores. Pienso que ello configura una materia que debe aclararse de manera definitiva, esencialmente, por la Cámara de Diputados. En Chile se ha creado la idea de que quien perciba alguna entrada es un monstruo que debe ser perseguido. Por el contrario, pienso que las posibilidades de obtener mayores ingresos constituyen un incentivo que favorece el desarrollo. En todo caso, ésta no es la oportunidad para tratar el problema.
En cuanto a la crítica al otorgamiento de créditos, debo recordar a los Senadores del partido de Gobierno que el crédito más importante de Chile se canaliza por medio del Banco del Estado, del Banco Central y de la Corporación de Fomento. Estas instituciones crediticias son fiscalizadas per los Gobiernos respectivos y, en este caso, por el que Sus Señorías apoyan. En consecuencia, cabe preguntarse hasta dónde es responsabilidad del Gobierno el otorgamiento de créditos a las grandes empresas que, según algunos, constituye un procedimiento tan antipopular que transforma en privilegiados a algunos sectores.
Debe concluirse, sin duda alguna, que estamos frente a una contradicción un poco de tipo económico y un poco de carácter político.
Por eso, voto en contra de la indicación.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 11 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan, Altamirano, Contreras, Chadwick, Fuentealba, Hamilton, Irureta, Luengo, Miranda, Silva Ulloa y Valente.
Votaron por la negativa los señores Carmona, Duran, García, Isla, Morales Adriasola, Musalem, Noemi, Pablo, Palma y Prado.
No votaron, por estar pareados, los señores Juliet y Rodríguez.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Aprobado el artículo.
La segunda, renovada por los Honorables señores Valente, Montes, Teitelboim, Altamirano, Contreras, Chadwick, Tarad, Campusano, Jerez, Gumucio, Sule, Allende, Miranda, Juliet, Aguirre Doolan y Silva Ulloa, tiene por objeto agregar el siguiente artículo nuevo: "Revalídase para el personal que se encontraba en retiro el 7 de octubre de 1968 y sus correspondientes montepíos, los artículos 21 del D.F.L. 209 de 1953 y 16 de la ley Nº 11.595, que fueron derogados por el D.F.L. Nº 1 de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional."
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Han llegado a la Mesa dos indicaciones. La primera, renovada por los Honorables señores Valente, Teitelboim, Montes, Chadwick, Altamirano, Contreras, Campusano, Silva Ulloa, Miranda, Tarud, Jerez, Sule, Allende, Aguirre Doolan, Juliet y Gumucio, consistente en añadir un artículo nuevo que dice: "En todo caso, las remuneraciones que, por aplicación de las disposiciones de la presente ley, corresponda percibir al personal afecto al artículo 56 de la ley Nº 10.343 no podrán ser inferiores al total de las remuneraciones permanentes de sus similares en servicio activo."
El señor CARMONA.-
Son materias que sólo pueden ser patrocinadas por el Ejecutivo.
El señor REYES.-
Precisamente, eso era lo que deseaba decir.
Ambas indicaciones mejoran condiciones previsionales. La primera propone modificar el sueldo base y les quinquenios en el sentido de que no pueden ser inferiores a las remuneraciones permanentes que perciben los personales de igual categoría en servicio activo. La segunda, se refiere a los inválidos en segundo grado, quienes podrán ganar, después de recibir la pensión durante cinco años, un grado, beneficio que también se aplicará a los diez años de pensionado.
Según informes que figuran en el Manual del Senado, en las páginas 592 y 594, respectivamente, el aumento de gastos previsionales es de patrocinio del Ejecutivo.
El señor IRURETA.-
Son improcedentes.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Este es el momento de declararlas improcedentes?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).
En virtud del artículo 45 de la Constitución y de un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, declaro improcedentes ambas indicaciones.
El referido informe dice: "Vuestra Comisión de Legislación tiene el honor de recomendaros que absolváis el dictamen que os ha sido requerido por el Ejecutivo, en el sentido ele que los parlamentarios no tienen actualmente la facultad de iniciar proyectos de ley que signifiquen un aumento general o parcial de las pensiones fiscales, sin perjuicio de su derecho para formular proyectos de gracia de carácter particular."
El señor MORALES ADRIASOLA.-
¿Por qué no las declaró improcedente en el momento oportuno?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
La Mesa también las declara improcedentes en virtud del artículo 101 del Reglamento.
El señor LUENGO.-
La Mesa debió pronunciarse sobre estas indicaciones cuando correspondía, al igual como lo hizo respecto de la amnistía.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
No lo hizo, señor Senador, porque sólo en este momento las conoce.
En consecuencia, queda despachado el proyecto en este trámite.
Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 18 de noviembre, 1969. Oficio en Sesión 9. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
13.-OFICIO DEL SENADO
"Nº 7190.- Santiago, 14 de noviembre de 1969.
El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Ha sustituido, en el inciso primero, el punto final (.) por una coma (,), y ha agregado la siguientes frase: "sujeto a las siguientes normas:".
Ha suprimido el encabezamiento del inciso segundo, que dice: "Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:".
Nº 1º
Ha intercalado entre las palabras "disminución" y "de", las siguientes: "del monto global".
Nº 3º
Ha sido remplazado por el siguiente:
"3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.".
A continuación, ha agregado el siguiente inciso, nuevo:
"El reajuste de las pensiones deberá otorgarse automáticamente sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión:".
Nº 5º
Ha pasado a ser artículo 2º, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Deberá, asimismo, ordenar que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile den cumplimiento, dentro de un plazo máximo de sesenta días, al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma cómo debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones.".
A continuación, ha agregado como Nº 5, nuevo, los artículos 14 y 15 del proyecto de la H. Cámara, refundidos y redactados de la manera que se indicará en su oportunidad.
Nº 6º
Ha sustituido la expresión "a contar de" por "contado desde"; ha reemplazado las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo", y ha agregado la siguiente frase final: "y en todo caso entrarán a regir el 1º de enero de 1970, y", sustituyendo el punto (.) que la antecede por una coma (,).
Número 7, nuevo.
Luego, ha consultado como Nº 7 el siguiente, nuevo:
"7º.- En los Decretos con Fuerza de Ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.".
Artículo 2º
Ha pasado a ser artículo 7º.
Ha sustituido, en su inciso tercero, las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo".
A continuación, ha consultado los siguientes artículos, nuevos, signados con los números 3º, 4º, 5º, y 6º:
"Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en sesión secreta,, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción.
Artículo 6º.- Facúltase a las Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las Instituciones u Organismos del Sector Público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Trasplantes, dependiente del Hospital Naval "Almirante Neff" de Valparaíso.
Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho Instituto.
Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones, y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso segundo de este artículo.
Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza.".
Artículo 3º
Ha pasado a ser artículo 2º transitorio sustituido en los siguientes términos:
"Artículo 2º.- Los Bancos particulares pagarán en el año tributario 1970 el impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con una tasa adicional del 10%, que se calculará sobre la misma renta imponible determinada para esa Categoría.
La misma tasa adicional se aplicará también a la renta imponible de las Compañías de Seguros, determinada para el año tributario 1969.
Este impuesto deberá declararse en el plazo comprendido entre el 1º de enero y 31 de marzo de 1970 y pagarse en tres cuotas iguales, la primera al momento de entregar la declaración y las siguientes en los meses de julio y octubre del mismo año.".
Artículo 4º
Ha pasado a ser artículo 3º transitorio con la modificación que consiste en agregar el siguiente inciso segundo nuevo:
"Este recargo sólo afectará a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento de Santiago, siempre que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite.".
Artículo 5º
Ha sido suprimido.
Artículo 6º
Ha pasado a ser artículo 8º, refundido conjuntamente con los artículos 7º y 9º en los siguientes términos:
"Artículo 8º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g) del inciso tercero:
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º, a continuación de la nueva letra g), la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
4.- Sustituir en el inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1°, el guarismo "23%" por "25%".
5.- Reemplazar la letra ñ) del inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1°, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el artículo 5°, letra c), el guarismo "23%" por "25%".
7.- Reemplazar el inciso primero del artículo 8°, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
8.- Agregar al artículo 9º el siguiente inciso final:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10% establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.", y
9.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)", entre las palabras "tercero" e "y".".
Artículo 7º
Ha pasado a ser artículo 8º, refundido conjuntamente con los artículos 6º y 9º, en los términos como se indicó oportunamente.
Artículo 8º
Ha pasado a ser artículo 9º, sustituido en los siguientes términos:
"Artículo 9º.- En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplazar el guarismo "4" por "6", y agregar la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales, escala a), del departamento respectivo.".
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 8º, refundido conjuntamente con los artículos 6º y 7º de esa H. Cámara, en los términos que se indicaron en su oportunidad.
A continuación, ha consultado el siguiente artículo, nuevo, signado con el Nº 10:
"Artículo 10.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 11, refundido con los artículos 11 y 12, en los términos siguientes:
"Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564:
1.- Sustituir en el inciso primero del artículo 22 el guarismo "30%" por "35%".
2.- Agregar al Nº 1º del artículo 37, sustituyendo su coma (,) final por un punto (.), la siguiente frase: "Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9º de la presente ley.".
3.- Reemplazar, en el artículo 39, el guarismo "20%" por "30%", y
4.- Agregar al artículo 61, el siguiente inciso tercero:
"En el caso de que ciertas regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de las instituciones nombradas en el inciso anterior, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará un reglamento dentro de 180 días.".".
Artículo 11
Ha sido refundido -con los artículos 10 y 12 como se indicó anteriormente:
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 11, refundido con los artículos 10 y 11, como se indicó en su oportunidad.
Artículo 13
Ha sido rechazado.
Artículo 14
Ha pasado a ser Nº 5 del artículo 1º, refundido con el artículo 15, en los siguientes términos:
"5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo.".
Artículo 15
Ha pasado a ser Nº 5 del artículo 1º, refundido con el artículo 14, como se indicó en su oportunidad.
Artículo 16
Ha sido rechazado.
Artículos nuevos.
A continuación, ha consultado los siguientes artículos, nuevos, signados con los números 12, 13 y 14:
"Artículo 12.- Establécese un recargo del 20% sobre el impuesto del artículo 1º transitorio de la ley Nº 14.836, dé 26 de enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley Nº 16.520, de 21 de abril de 1965.
Artículo 13.- Derógase el artículo 4º de la ley Nº 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones.
Artículo 14.- La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, a contar del 1º de enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 189 de la ley Nº 16.617.".
Artículo transitorio
Ha sido rechazado.
En seguida, ha consultado el siguiente epífrage: "Artículos transitorios".
Luego, ha agregado el siguiente artículo transitorio, nuevo, signado con el número 1º:
"Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.".
A continuación ha consultado como artículo 2º transitorio, el artículo 3° de la Cámara, redactado en la forma indicada oportunamente.
En seguida ha consultado como artículo 3º transitorio, el artículo 4º de la Cámara, en la forma indicada anteriormente.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 296, de fecha 31 de octubre de 1969.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Alejandro Noemi Huerta. - Pelagio Figueroa Toro."
Fecha 18 de noviembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión única. Se aprueban modificaciones.
REAJUSTE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.- OFICIOS.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Entrando en la Tabla del Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley con urgencia calificada de "extrema", que autoriza al Presidente de la República para modificar la disposición relativa a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, de Chile y Dirección General de Investigaciones.
Las modificaciones están impresas en el boletín 297-69-S.
En discusión la primera de las enmiendas a la cual va a dar lectura el señor Secretario.
El señor MENA Secretario).-
En el artículo 1º, ha sustituido, el inciso primero, el punto final (.) por una coma (,), y ha agregado la siguiente frase: "sujeto a las siguientes normas".
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, como el acuerdo de la Corporación es para usar el tiempo de que disponemos para referirnos a los distintos artículos, quiero que, en mi nombre y del Comité Nacional, se oficie al señor Contralor General de la República y al señor Ministro de Justicia, para verificar si es efectivo que en el día de hoy se giraron 300 millones del presupuesto de ese Ministerio para el pago de una diferencia de sueldos del personal de los servicios menores y 600 millones; para realizar reparaciones en la Penitenciaría de Santiago, para la cual se han pedido propuestas públicas con lo cual se estarían sustrayendo los fondos destinados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de este proyecto, que faculta al Presidente de la República para dar, en el curso del presente año y por una sola vez una asignación de riesgos profesionales de 900 escudos a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones.
Al haberse hecho estos giros, no van a existir los dineros suficientes para cumplir esta disposición. En consecuencia, pido que se envíen los dos oficios que he mencionado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para enviar los oficios solicitados por el Honorable señor Patricio Phillips.
Acordado.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, para manifestar, en nombre de los Diputados democratacristianos, que hemos estudiado las modificaciones que el Senado realizara en el curso del segundo trámite constitucional de este proyecto; para expresar que, en general, las .estimamos satisfactorias y las compartimos y que, por lo tanto, las votaremos favorablemente. En el curso del debate de cada disposición expresaremos nuestras reservas respecto de aquellos puntos que nos merezcan alguna consideración, y formularemos igualmente las restantes consideraciones.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará esta enmienda hecha por el Honorable Senado.
Aprobada.
En consecuencia, la enmienda que viene a continuación para suprimir el encabezamiento del inciso segundo, de hecho, también tendría que ser aprobada.
Si se desea, el señor Secretario le dará lectura.
¿No hay necesidad?
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada.
En discusión la tercera enmienda, que aparece en la página 2, a la cual el señor Secretario va a dar lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice como sigue: "Nº 1º: Ha intercalado entre las palabras "disminución" y "de", las siguientes: "del monto global".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la enmienda Nº 3, a que dará lectura el señor Secretaria
El señor MENA ( Secretario).-
"3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad".
El señor CLAVEL.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, nosotros vamos a dar nuestra aprobación a la modificación introducida por el Senado al Nº 3. Pero queremos dejar expresa constancia de que, en esta modificación, cuando se habla de pensiones también se está hablando de montepíos, porque ésa fue la idea matriz al presentarse la indicación y al aprobarse el artículo en discusión.
En consecuencia, para la historia de la ley, hacemos presente que al hablar de pensiones también estamos hablando de montepíos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Voy a hacer una proposición.
Solicito el asentimiento de la Sala para omitir las votaciones secretas de todo el proyecto.
Acordado.
Puede usar de la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, en verdad, el Diputado señor Clavel se anticipó a plantear el mismo pensamiento de nosotros, los socialistas, respecto a cuál fue la intención de la Cámara al aprobar este artículo, es decir, que se hacía extensivo a los montepíos, porque las montepiadas constituyen un sector sumamente olvidado; como no tiene poder de presión, sencillamente el Gobierno ignora, muchas veces, los múltiples problemas de este numeroso grupo humano que vive de un modesto montepío. De ahí que, para la historia de la ley, queremos dejar constancia de que la intención nuestra al aprobar este artículo fue, justamente, incluir en él los montepíos.
Además, en el primer trámite votamos en contra de estos plazos que fijaba el proyecto del Gobierno para pagar el aumento de las pensiones, es decir, en tres cuotas o etapas, que comenzaban en 1970, continuaban en 1971 y terminaban en 1972.
Nosotros expresamos en esa ocasión, con nuestros votos y nuestra palabra, nuestra oposición a esos plazos y votamos en contra de esa disposición. De ahí que, para ser consecuentes, también votaremos favorablemente la enmienda del Nº 3, propuesta por el Senado.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, en el primer trámite constitucional de este proyecto -hoy cumple el tercero- hicimos presente, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, nuestra inquietud por dar una facultad al Gobierno para fijar estos plazos.
En la Comisión de Hacienda, donde primero se planteó la posibilidad de otorgar este aumento en cuatro etapas hubo acuerdo entre gente de Gobierno y de otros partidos, con excepción de los Partidos Nacional, Radical y Socialista, para concederlo en tres etapas.
Ha ocurrido lo contrario en el Senado. De ahí que, para mantener la línea, nuestros Senadores presentaron la indicación que está contando con la aprobación general de los sectores que han hablado hasta el momento, la cual contará también con nuestros votos en la Cámara.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, seré muy breve porque los Diputados comunistas utilizaremos el tiempo destinado a la discusión de este proyecto de ley en la medida en que se vayan poniendo en discusión las distintas modificaciones introducidas por el Senado.
Respecto al número 3° del artículo 1º, los Diputados comunistas lo votaremos favorablemente, porque es evidente que el Senado de la República ha corregido una discriminación que se había hecho en la Cámara, ya que el personal en retiro, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara, debía recibir el reajuste de sus pensiones en tres etapas, después de Haber sido reajustadas las rentas del personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Evidentemente, la modificación del Senado -criterio con el cual estamos de acuerdo -es para que este aumento, el que se refiere a las pensiones, se pague de una sola vez, en iguales condiciones que el del personal de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Desde luego, los Diputados comunistas estimamos que también deben estar consideradas en este número 3º las montepiadas de las Fuerzas Armadas.
Yo quiero decir, para terminar en este aspecto, que el Partido Nacional propuso otro procedimiento en la Comisión de Hacienda...
El señor PHILLIPS.-
Lo he dicho.
El señor CANTERO.-
...darle facultad al Presidente de la República para que, a través de un decreto, fijara la fecha, la forma y el procedimiento para pagar estas pensiones.
El señor PHILLIPS.-
¡No es efectivo!
El señor CANTERO.-
Posteriormente, modificó su criterio...
El señor PHILLIPS.-
No, señor.
El señor CANTERO.-
...en la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Yo tengo aquí el boletín, señor Phillips, y el señor García, cuando se estaba discutiendo el proyecto, el primer informe, en las Comisiones Unidas del Senado, hizo proposición para que la forma de pago de las pensiones del personal en retiro de las Fuerzas Armadas fuera fijada a través de decreto. Posteriormente, corrigió su conducta sobre esta materia. Señalo estos hechos para que queden las cosas en claro y no parezca que el Partido Nacional, desde el primer momento, estuvo de acuerdo en que se pagaran las pensiones de una sola vez.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Samuel Fuentes.
El señor PHILLIPS.-
¿Me permite una interrupción, con cargo a mi tiempo?
El señor FUENTES (don Samuel).-
Cómo no.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Patricio Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, agradezco la deferencia del colega Samuel Fuentes.
Es efectivo lo que ha dicho el señor Cantero, en el sentido de que en la Comisión de Hacienda y en la Sala propusimos, en este aspecto, concederle una facultad al Ejecutivo. También es efectivo que fue el señor García quien propuso, en el Senado, esta modificación que se vota. Pero lo que no me puede desmentir el señor Cantero es que fueron Sus Señorías los que en la Comisión de Hacienda de la Cámara propusieron el pago en tres etapas, en vez de cuatro.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Yo le rogaría al señor Cantero que oyera la cinta magnética que está en la Comisión de Hacienda. Se va a encontrar con la sorpresa de que uno de sus colegas fue quien propuso al señor Ministro de Hacienda, aquí presente, la forma de pago en etapas.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias, colega.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Fuentes, don Samuel.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CANTERO.-
¡Eso no es efectivo!
El señor MONCKEBERG.-
¡Vaya a oír la cita magnética!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, les ruego guardar silencio.
El señor KLEIN.-
A todos les cae la "teja".
El señor TEJEDA.-
Son "cuentos", señor.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Phillips, por servicio, el señor Fuentes fue generoso con usted y le concedió una interrupción; permítale, entonces, iniciar su discurso.
El señor PHILLIPS.-
Le esto agradecido al señor Fuentes.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Fuentes, por favor, sírvase iniciar sus palabras.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Muy bien.
Señor Presidente, yo creo que en esta materia debemos dejar los casos bien en claro. Fuimos los parlamentarios de oposición los primeros que objetamos al Gobierno su iniciativa para tener facultades con el objeto de modificar las remuneraciones del personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas.
Como consecuencia de esta observación nuestra, bastante reforzada, en la indicación que hizo el Gobierno sólo habló de "remuneraciones"...
-Hablan varios señores Diputados a la, vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
...y no de facultades para modificar el sistema de retiros.
Respecto de la disposición en debate, señor Presidente, fuimos también nosotros los que formulamos indicación para que dentro del año 1970 se pueda realizar el pago de los beneficios para los jubilados y montepiadas de las Fuerzas Armadas. Desgraciadamente, no se contó con la mayoría necesaria. Y por eso quedó establecido que el pago se iba a hacer en tres etapas, contra lo que el Gobierno decía: hacerlo en una o más etapas. Yo, al analizar esa disposición, señalé que el Gobierno podía haber demorado veinte años en pagar este reajuste, si así lo hubiere deseado, de acuerdo con la facultad establecida.
El señor MONCKEBERG.-
¡Como en la reforma agraria!
El señor FUENTES (don Samuel).-
Y para corroborar la idea matriz sobre esta materia, me voy a referir a la indicación que se presentó en la Sala. La leyó el Secretario, señor Mena, y dice así:
"Indicación de los señores Cademártori, Basso, jefe de nuestro Comité, Schnake, Guerra y, además, de los señores Señoret y Campos..."
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
¡Perdónenme un momentito! ¡Ahora vamos a ver la votación!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor FUENTES (don Samuel).-
..."para sustituir la frase "durante los años 1970, 1971 y 1972", por "dentro del año 1970". El señor Presidente, en la sesión 4º, del jueves 30, ordenó tomar la votación de esta indicación". ¿Y cuál fue el resultado? Dice la versión de la sesión: "Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa -se supone que son los votos de los representantes de los partidos que firmaron la indicación- 32 votos; por la negativa, 54 votos".
En consecuencia, creo que mi querido amigo el señor Phillips no puede probar que ellos votaron favorablemente esta indicación para que quedara la disposición tal cual está ahora.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTES (don Samuel).-
...ella fue suscrita por nuestro colega el señor Guerra, quien es uno de los pocos parlamentarios del Partido Nacional que se preocupa de los problemas gremiales. Esta es la realidad y así quedó establecido en la versión.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Señoret.
El señor SEÑORET.-
Señor Presidente, en realidad, creí que en esta oportunidad íbamos a darle al proyecto el tratamiento más rápido posible, pero en consideración a que se trata de dejar esclarecido este aspecto para la historia del establecimiento de la ley, es necesario decir, como lo expresó ya el Diputado señor Fuentes, don Samuel, que varios Diputados, de distintos sectores, firmamos indicaciones que llegaron por separado a la Mesa, pero que se refundieron en una sola; y que en todos nosotros primaba el deseo de que el reajuste de las pensiones de los jubilados, en general, incluyendo las montepiadas, fuera pagado junto con el que corresponde al personal en servicio activo. Por eso, nos alegramos de que en el Senado se haya restablecido esa indicación nuestra, para los efectos de que estos reajustes se paguen en conjunto.
También es necesario decir, para que se sepa, cuál es el ánimo de la Cámara y de cada uno de sus sectores. Nosotros también estimamos que al decirse "las pensiones", indudablemente se está involucrando a las montepiadas, porque ese fue el propósito y el espíritu de las indicaciones formuladas. Por esa razón, dejamos establecido esto.
Además, debemos hacer presente que la indicación para que este pago, si era realizado en tres etapas, se reajustara de acuerdo con la pérdida del valor adquisitivo, fue formulada solamente por si se aprobaba aquella disposición que contenía el pensamiento primitivo del proyecto, en el sentido de hacer el pago en tres etapas. Pero ahora que se ha modificado este aspecto y el reajuste se va a pagar a los pensionados y montepiadas con el correspondiente al personal en servicios activo, indudablemente estimamos que esta situación es de mucho mayor justicia, por lo que votaremos favorablemente la modificación del Senado.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ar-nello.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, muy brevemente, deseo manifestar que, estando la inmensa mayoría de los parlamentarios de acuerdo en aprobar la disposición del Senado, creo absolutamente innecesario seguir este debate.
El señor MONARES.-
¡Así es!
El señor ARNELLO.-
Es evidente que la disposición aprobada por el Senado y presentada como indicación por los Senadores nacionales, es mucho mejor que la planteada en la Cámara, la cual tenía posibilidades de ser aprobada o rechazada. En consecuencia,...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
¡Votaron contra los jubilados en el primer trámite constitucional!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro!
El señor ARNELLO.-
Lo importante, colega, es quien hace las cosas y quien las hace bien; de manera que pueda ser aprobada en esa forma.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Eso es lo que vamos a hacer esta tarde y yo pido al señor Presidente, en consecuencia, que solicite el acuerdo de la Sala para poner en votación este artículo.
El señor PALESTRO.-
¡La Derecha votó junto con el partido de gobierno la otra vez!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro!
El señor PALESTRO.-
¡Reconózcanlo, ustedes estuvieron de acuerdo con el gobierno!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Maira.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio y respetar el derecho del señor Maira.
Puede iniciar su intervención el señor Maira.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, formulo votos para que en la historia fidedigna de la demagogia parlamentaria...
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Muy bien!
El señor MAIRA.-
...quede perfecta constancia de esta disputa de paternidad de una criatura que aparece hoy día con tantos y tan generosos progenitores. Por nuestra parte, creemos que lo responsable no es presentar indicaciones, que se redactan en un abrir y cerrar de ojos, sino que abocarse a una tarea mucho más difícil, buscarles financiamiento.
En el primer trámite constitucional expresamos que, redactado el proyecto en la forma en que hoy lo envía el Senado, tenía un costo superior de 350 millones de escudos. Los señores parlamentarios que han propuestos las indicaciones seguramente deben conocer la disposición del artículo 44 de la Constitución Política, que impone la obligación de no aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto, disposición que ha sido vulnerada en esta oportunidad.
Por nuestra parte, dejamos constancia, como en el primer trámite, de que nuestro deber es abocarnos a proveer las condiciones más favorables, porque tenemos conciencia del problema que afecta a los pensionados de las Fuerzas Armadas y queremos resolverlo. Este no es problema de imaginar indicaciones, sino de buscar financiamiento.
Y sería muy bueno que los parlamentarios de todas las corrientes, que se disputan la paternidad de cuatro líneas, hicieran el favor de entregar la fuente de financiamiento para que pudiéramos aprobar este proyecto por unanimidad.
El señor PALESTRO.-
¡Es el Gobierno el que tiene la obligación de indicar el financiamiento!
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, en la forma planteada por el señor Maira el problema, aparentemente tiene la razón, pero ningún sector de esta Corporación, salvo el señor Maira, tiene conocimiento del costo del proyecto, porque el Ejecutivo no ha indicado el porcentaje de reajuste que va a dar.
Aquí no hay ni Casandra ni gente que vea el futuro respecto de lo que quiere hacer este Gobierno. Indiquen ustedes el porcentaje y entonces sabremos efectivamente cuáles son los fondos que se necesitan. De lo contrario, es usted el que está haciendo demagogia.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la enmienda.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario va a leer un inciso nuevo.
El señor MENA ( Secretario).-
A continuación, se ha agregado el siguiente inciso nuevo:
"El reajuste de las pensiones deberá otorgarse automáticamente sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.".
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Schnake.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a votar favorablemente este inciso, pero en la inteligencia de que no puede alterar lo dispuesto en el inciso anterior; es decir, que el reajuste se dará al personal jubilado conjuntamente con el de actividad; que no vaya a entenderse que será el organismo de previsión respectivo el que determinará la entrega del reajuste con posterioridad, o de la manera que a él le parezca.
Nada más.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas tampoco podemos dejar pasar las palabras que hemos escuchado al Diputado señor Maira. A nosotros no nos alcanzan los cargos que él ha hecho en cuanto a que no hubiéramos presentado fuentes de financiamiento para este proyecto de ley de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, sí puedo decir que es el Gobierno del señor Maira el que ha actuado irresponsablemente en esta materia.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).-
Demagógicamente.
El señor CADEMARTORI.-
La prueba de ello la tengo aquí en un cuadro, que muestra el rendimiento de este proyecto de ley, tal como lo presentó el Ejecutivo, tal como la Cámara lo despachó, con las indicaciones que presentaron los parlamentarios comunistas, socialistas y radicales.
Para que se vea, señor Presidente, y quede también en la historia de la ley esta materia, voy a detallarlo:
El impuesto a las utilidades de los bancos, según el proyecto del Gobierno, rendía un millón de escudos; en cambio, la indicación propuesta por los Diputados comunistas, socialistas y radicales, rendía 12 millones de escudos. Hay una diferencia aquí de 11 millones.
Luego, en el impuesto a las regalías o royalties, que las empresas extranjeras reciben por cuenta del uso de patentes y marcas, la Cámara aprobó la indicación de los socialistas, comunistas y radicales, que significó 10 millones más de ingresos para financiar el reajuste de las Fuerzas Armadas.
Tenemos, en seguida, el recargo propuesto por nosotros para gravar únicamente las rentas afectas en los tramos más altos del Impuesto Global Complementario. Esta fuente de financiamiento rinde 75 millones de escudos.
En resumen, para no entrar en mucho detalle, el proyecto del Ejecutivo venía con un financiamiento de 227 millones de escudos, y con el agravante de que muchos de los impuestos afectan a los sectores del pueblo, por concepto de timbres y estampillas, principalmente, y otros.
En cambio, por las fuentes de financiamiento que hemos propuesto, se mejoró el financiamiento de 227 millones a 355 millones de escudos.
Este cuadro que estoy dando a conocer ha sido recopilado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa del Honorable Senado. Esto demuestra que los parlamentarios de estos bancos hemos actuado con absoluta responsabilidad; no así el Gobierno, que hasta ahora no ha querido decir cuál es el reajuste que le va a corresponder a las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo. A pesar de eso, hemos propuesto un financiamiento que no grava, repito, a los sectores populares, sino a pequeñas minorías muy privilegiadas que hay en el país. En consecuencia, hemos actuado en forma responsable y tenemos autoridad para exigir que el Gobierno pague el reajuste de las pensiones de las Fuerzas Armadas en retiro, en la misma forma que se ha propuesto para el personal en actividad.
Nada más.
El señor PONTIGO.-
¡Contundente!
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, sólo para hacer dos consideraciones. Primero, en relación con las palabras que hemos escuchado al colega señor Phillips, quiero manifestar que en el curso del primer trámite constitucional, dejamos perfecta constancia de las explicaciones dadas por el Gobierno y del costo que tendría, a la luz de los principios considerados en artículo 1º, esta iniciativa por la forma discriminatoria como la Comisión aceptó que se formulara respecto de los distintos grados y escalafones de las Fuerzas Armadas en servicio y, consecuencialmente, por la proyección de esas cifras sobre el sector pasivo.
El señor Phillips tiene una habilidad, que yo reconozco, cual es la .de manifestar, con una vocecita un poco tonante, con una manifestación un poco histriónica, ciertos argumentos con el ánimo de impresionar a la Sala,...
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MAIRA.-
...en lugar de entrar a fundar consideraciones o a rebatir los argumentos.
En este caso, el señor Phillips ha hecho consideraciones que serían válidas si no se hubiere expresado oportunamente en la Sala que el proyecto, en la forma en que salía de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa de la Cámara y en la forma en que pensaba aplicarse a la luz de las disposiciones del artículo l9, tenía un costo aproximado a los 500 millones de escudos, cifra que fue conocida por todos los parlamentarios en esta Sala en el primer trámite constitucional. Como el colega señor Cademártori lo recordara, el financiamiento que el Ejecutivo envió al Congreso era insuficiente, pero fue enriquecido, como también tuve oportunidad de manifestarlo en esa ocasión, por un conjunto de indicaciones que entregaron poco más de 100 millones de escudos, con lo cual el proyecto, que tenía un costo de 500 millones a la luz de su redacción en el primer trámite constitucional, salió de esta Cámara con un financia-miento de poco más de 350 millones de escudos. Por lo tanto, aun en esas condiciones, entiendo que poco satisfactorias para los sectores en retiro de las Fuerzas Armadas, el proyecto tenía un desfinanciamiento de 150 millones. De manera que no pueden los parlamentarios de ningún sector, aducir desconocimiento de cifras y datos que, oportuna y fidedignamente, fueron proporcionados y que demuestran claramente el criterio que yo afirmaba en mi intervención anterior, que no pretende ser ofensivo para nadie sino solamente reflejar la verdad, esto es, que se han incluido indicaciones de gran valor efectista, que puedan colocar muy bien a determinados sectores con determinados grupos de las Fuerzas Armadas en retiro, que expresan el sentimiento dominante en todos los sectores de la Cámara, pero que no logran ocultar una realidad fundamental, cual es la de que el proyecto, a través de los financiamientos especiales, tenía un desfinanciamiento de 150 millones de escudos que ni el Congreso ni el Gobierno han logrado hasta ahora llenar y que en definitiva esta redacción, implicando una buena aspiración y una buena expresión de propósitos, no tiene por parte de sus patrocinantes ningún respaldo serio desde el punto de vista financiero. Eso y no otra cosa es lo que me interesaba destacar. Eso y no otra cosa es lo que quiero reafirmar en esta segunda intervención. No tiene gran valor patrocinar aspiraciones populares o de bien público, que pueden tener gran sentimiento y acogida en los sectores que se benefician, si simultáneamente, cuando un desfinanciamiento evidente, como en este caso, no se entregan por parte de las patrocinantes las nuevas fuentes especiales de financiamiento.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Naudon.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En seguida, señor Diputado.
El señor PHILLIPS.-
He sido aludido.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, ¿concede que haga uso de la palabra el señor Phillips?
El señor NAUDON.-
Señor Presidente, yo creo que es mejor que el colega Phillips cierre esta discusión defendiendo su situación frente al ataque personal del colega Maira.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor NAUDON.-
Nosotros los Diputados radicales nos vemos en la obligación de protestar de las palabras del colega Maira, que reconozco son desusadas en él, porque es un hombre muy sereno, tranquilo y ponderado, a quien estimamos bastante, pero que ahora ha inferido un agravio totalmente gratuito a la Cámara de Diputados. No debemos olvidar que ha dicho que para la historia de la demagogia de esta Cámara, debe dejarse constancia de las afirmaciones que algunos sectores han hecho sobre las indicaciones del proyecto en debate. No es que estemos atribuyéndonos la paternidad de disposiciones, sino que queremos esclarecer ante la opinión pública de Chile quiénes son los que se preocupan de los sectores de trabajadores y quiénes son los que permanentemente han estado atacando a estos sectores, incluso a los de jubilados y montepiadas. Eso es lo que hemos querido hacer; no dejar constancia de una paternidad, que como tal no nos interesa, sino de haber servido a un sector de trabajadores, especialmente a las montepiadas que habían sido prácticamente olvidadas, salvo el recuerdo que ahora se hace para la historia fidedigna de la ley.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, la Cámara ha escuchado la demostración de desagravio que, como una imputación personal, quiere hacerme el señor Maira. Yo le digo al señor Maira, con toda tranquilidad, que no me llegan, ni me siento alcanzado por las tonterías que a veces se le escapan a un hombre que medianamente podría ser inteligente.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
En materia de demagogia Su Señoría lleva el estandarte hace mucho tiempo.
Respecto del proyecto de las Fuerzas Armadas, en este momento, ni Su Señoría conoce el monto exacto del reajuste, porque los 500 millones, de los que Su Señoría esta haciendo alarde, yo creo que están muy lejos de la realidad de lo que va a acontecer. Habría sido mucho más serio que les hubiera preguntado a los Ministros correspondientes de cuánto es lo que se necesita para el reajuste, porque a lo mejor se va a encontrar con la sorpresa, en el veto -ya que Su Señoría acaba de votar afirmativamente con el resto de la Cámara la aceptación de esta disposición, no sé si por demagogia o por que salga luego el proyecto, no lo entro a analizar- de una serie de impuestos más para darle financiamiento a la ley. Y cuando sobrepase el ciento por ciento de los 500 millones que indica Su Señoría, yo le pido que en esa oportunidad me reconozca que, por lo menos, el Gobierno en esta facultad no ha indicado el monto del reajuste. Si Su Señoría conoce el costo y el porcentaje del reajuste que se le va a dar a las Fuerzas Armadas, yo le ruego que saque al país de la duda. Y se lo va agradecer el personal en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas, porque va a traer la tranquilidad democrática al país. ¡No sea mezquino!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Le digo que si tiene los datos, los entregue. No sea egoísta.
En la Comisión se me dijo que el artículo 1°, que concede una facultad al Presidente de la República y que ha sido modificado en el sentido de que esta facultad sea normativa, había sido redactado por el Ministro de Defensa Nacional -aquí presente- don Sergio Ossa Pretot; sin embargo, en los diarios apareció después que era una moción del señor Maira. Esto viene a cambiar las reglas del juego. ¿Fue el Gobierno el que tuvo la iniciativa en esta materia o un señor Diputado? Me inclino a creer en la palabra del señor Ossa, Ministro de Defensa Nacional. Estas son las cosas que conviene aclarar.
Insisto, una vez más, en que si el señor Maira tiene los antecedentes, se sirva entregarlos, para que la opinión pública los conozca.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, No es mi ánimo prolongar indefinidamente el debate. Por el contrario, los Diputados de estos bancos deseamos que el despacho de esta iniciativa sea lo más rápido posible. Por tanto, voy a formular una última y muy breve consideración.
Yo me he remitido -y el señor Phillips lo sabe- a lo que fue el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa Nacional, donde se recogieron informaciones que fueron suficientemente indicativas del espíritu del Ejecutivo y suficientemente ilustrativas para cada parlamentario, a fin de que se pronunciaran por la afirmativa o por la negativa. El señor Phillips, como yo y como la mayoría de los miembros de esta Cámara, se pronunció por dar facultad al Ejecutivo, a la luz de las consideraciones y garantías que allí recibimos. Quienes hemos procedido así no tenemos derecho a exigir otras precisiones que aquellas que tuvimos a la vista para adoptar nuestro acuerdo; y una vez adoptado, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Señor Presidente, hay un viejo adagio popular que dice que es muy fácil observar la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga en el propio.
Nuestro colega, el Diputado señor Maira, manifestaba que para la historia de la demagogia en este Parlamento era necesario recurrir a la historia fidedigna de cómo se ha ido gestando este proyecto de ley. Pero yo le voy a decir al señor Maira que también para la historia de la demagogia de los políticos demócrata-cristianos en nuestro país es bueno recordar lo que decía el 19 de mayo del año 1964, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Senador don Eduardo Frei, en el TeatroBaquedano, hablando ante el personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Y voy a leer textualmente parte de ese discurso: "Para el personal de las Fuerzas Armadas, el aliciente económico, casi único, es su previsión. Esto requiere entonces el respeto a los derechos adquiridos. Si este último principio se ha vulnerado en estos días, es obligación del Gobierno" -decía el señor Frei -y no del Parlamento- "del actual o del próximo, enmendar el precedente, que no sólo constituye una evidente injusticia para el personal en retiro, sino que debe preocupar a los que, estando en servicio, no pueden olvidar que también algún día estarán en retiro."
Eso era lo que señalaba el entonces Senador de la Repúblicadon Eduardo Frei en su discurso, que más tarde fue editado y repartido profusamente.
Ahora, se pretende decir aquí que en este Parlamento se hace la mayor demagogia. Yo no quiero, con todo, afirmar que Su Excelencia el Presidente de la República sea un demagogo, sino que creo que su equipo de Gobierno ha sido incapaz de satisfacer las promesas que hizo el señor Frei cuando fue candidato.
Gracias.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PENNA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENNA.-
Señor Presidente, la verdad es que, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, con los datos entregados por el señor Ministro de Hacienda a todos los parlamentarios, quedó bien en claro el monto global del reajuste.
Varios señores DIPUTADOS.-
¿Cuánto?
El señor PENNA.-
Déjenme explicar.
Se dijo ahí que las remuneraciones actuales de las Fuerzas Armadas en actividad y de Carabineros correspondían a alrededor de 960 millones de escudos y otros 940 millones a las Fuerzas Armadas en retiro, lo cual da un total de alrededor de 1.900 millones de escudos.
El señor KLEIN.-
¿Cuánto es el reajuste, porque no estuve en la Comisión?
El señor PENNA.-
El costo de este reajuste es de Eº 500 millones, que van en la Ley de Presupuestos y corresponden al alza del costo de la vida, y con los otros quinientos millones son mil millones de escudos. De manera que el porcentaje de aumento es aproximadamente del 50%, en total. Ese es el criterio, por lo menos, respecto de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando en cifras globales; lo que no se quiere dar es una cifra pareja a todos, porque hay ciertos rangos intermedios que necesitan más. El propio proyecto original de la Cámara decía que había que preferir a los rangos intermedios, que eran los más postergados. De manera que no se puede pedir una cifra exacta, porque para unos será más, y para otros será menos. Pero el término medio de reajuste de las remuneraciones será de alrededor del 50%.
El señor FUENTES (don Samuel).-
-Pero el alza del costo de la vida va en un 30%.
La señora LAZO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, después de escuchar al señor Penna...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CLAVEL.-
¿Por qué no ofrece la palabra al Ministro para salir de la duda?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúsenme, señores Diputados; está con la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-
Después de escuchar al señor Penna, creo que hemos quedado mucho más en tinieblas que en un principio...
El señor PENNA.-
¡Aprenda a sumar!
La señora LAZO.-
...y eso que hemos escuchado a todos los señores Diputados durante la discusión en las Comisiones unidas. Por eso yo prefiero que el señor Ministro de Hacienda dé a la Cámara una explicación, porque tengo entendido que el único que tiene una idea clara de lo que va a ser el financiamiento de las Fuerzas Armadas es, precisamente, el señor Ministro de Hacienda. Por eso, le rogaría que diera él la explicación y no el señor Penna, que sé que anda por ahí no más en el asunto.
-Risas.
El señor PENNA.-
No sé si usted habrá aprendido a sumar y a restar en la escuela.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la enmienda.
Aprobada.
El señor Secretario va a dar lectura a la modificación que sigue.
El señor MENA ( Secretario).-
El número 5 del artículo 1° ha pasado a ser artículo 2º, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 2°.- Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
"Deberá, asimismo, ordenar que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile den cumplimiento, dentro de un plazo máximo de sesenta días, al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma cómo debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación al Nº 6º.
El señor MENA ( Secretario).-
Esta modificación consiste en sustituir las expresiones "a contar de" por "contado desde"; en reemplazar las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo" y en agregar la siguiente frase final: "y en todo caso entrarán a regir el 1º de enero de 1970, y", sustituyendo el punto (.) que la antecede por una coma (,).
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, propongo que esta modificación se vote conjuntamente con la del artículo 14; porque, si no se aprueba una, tampoco se puede aprobar la otra y, si se aprueba una, se tiene que aprobar la otra, ya que en el artículo 14, que pasa a ser el Nº 5 del artículo 1°, se refunden los artículos 14 y 15 de la Cámara.
El señor MAIRA.-
Que se apruebe de inmediato.
El señor SCHNAKE.-
A mí no me gusta.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARNELLO.-
No, señor Presidente, ya no deseo hacer uso de la palabra
El señor MONCKEBERG.-
Tiene razón el señor Schnake.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aceptará la proposición hecha por el señor Schnake, de votar de una sola vez las modificaciones que ha mencionado.
El señor ARNELLO.-
No; si es otra cosa; está equivocado.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que se voten en conjunto las modificaciones a que ha hecho referencia el señor Schnake.
El señor PHILLIPS.-
Página 15, artículo 14,que ha pasado a ser Nº 5 del artículo 1º, refundido con el artículo 15.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Exactamente.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PHILLIPS.-
Que se discuta.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, estamos conscientes de que lo indicado por el señor Schnake es lo que se debe poner en votación, o sea, el artículo 14, que está en la página 15, que ha pasado a ser el Nº 5 del artículo 1º, refundido con el artículo 15.
Quiero hacer presente que ésta es la disposición que se rechazó en la Comisión de Hacienda y aquí en la Sala, que habla de porcentajes y sobre la cual, al final de la discusión del proyecto, un Diputado democratacristiano había pedido reabrir el debate. Esa indicación, que nosotros formulamos en la Comisión de Hacienda, ha sido refundida en el Senado, establece claramente que no se pueden rebajar los porcentajes concedidos.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente. Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a las modificaciones.
El señor MENA ( Secretario).-
El artículo 14 ha pasado a ser Nº 5 del artículo 1º, refundido con el artículo 15, en los siguientes términos:
"5°.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo."
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a votar en contra de la modificación introducida por el Senado y vamos a votar por mantener los artículos 14 y 15 aprobados por la Cámara, por una razón muy simple. A través del sistema de remuneraciones no imponibles se ha ido creando, a lo largo de los años, un enorme porcentaje de estas remuneraciones que, en definitiva, el personal que llega a retiro no sigue percibiendo y, como no lo sigue recibiendo, tiene pensiones de retiro o jubilaciones extraordinariamente bajas.
Por eso, de aprobarse la disposición como quedó redactada en la Cámara, la verdad es que va a obligar, para no agregar beneficios adicionales a los que ya tiene el personal jubilado y de montepiadas de las Fuerzas Armadas, a reajustar prácticamente sólo los beneficios imponibles.
Ese es el fondo del asunto y es, precisamente, lo que queremos los Diputados socialistas: que se aumenten las remuneraciones imponibles y se deje de lado este subterfugio en virtud del cual se ha ido ahondando cada vez más la diferencia entre el sueldo en actividad y la pensión de jubilación.
Por esa razón, vamos a votar por mantener el criterio de la Cámara de Diputados.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación al artículo 14.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 8 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada.
En discusión la modificación a que el señor Secretario dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
En el Nº 6, del artículo 1° el Senado ha sustituido la expresión: "a contar de" por: "contado desde".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la modificación.
Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
Ha reemplazado las palabras: "del ramo," por el vocablo "respectivo".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la modificación.
Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
Y ha agregado la siguiente frase final: "y en todo caso entrarán a regir el 1º de enero de 1970, y", sustituyendo el punto (.) que la antecede por una coma (,).
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación a que el señor Secretario dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Luego, el Senado ha agregado como Nº 7, el siguiente nuevo:
"7º.- En los decretos con fuerza de ley que se dicten deberá establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
En discusión la modificación al artículo 2º a que el señor Secretario va a dar lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
El Senado ha sustituido, en su inciso tercero, las palabras "del ramo", por el vocablo "respectivo".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la modificación.
Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
A continuación, el Senado ha agregado los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazo pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
"Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196."
El señor MERCADO ( Presidente). -
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
"Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR, con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor JAQUE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Jaque.
El señor JAQUE.-
Señor Presidente, los Diputados radicales vamos a prestar nuestra aprobación a este artículo 5º, nuevo, porque lo consideramos altamente positivo, como se desprende de la lectura que ha hecho el señor Secretario, ya que dice: "La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR., con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción".
La verdad es que estas empresas estatales, a diferencia de los amplios beneficios que reciben algunas instituciones de carácter privado, han quedado al margen de toda protección financiera estatal.
En particular, ASMAR, que pertenece a la provincia que represento en esta Corporación, ha llevado una vida lánguida que no le ha permitido impulsar el desarrollo de su producción, ni tampoco mejorar la situación de su personal.
Durante la discusión del decreto con fuerza de ley Nº 321, del año 1960, que creó ASMAR sobre la base de la unión de diversos servicios pertenecientes a la Armada, se pensó que con la creación de esta entidad se iba a dictar un conjunto de disposiciones, con el objeto de establecer las condiciones adecuadas para que la Armada pudiera atender debidamente sus necesidades. Al mismo tiempo, se pensó echar las bases para el desarrollo de una industria naviera nacional. La verdad es que esto ha fracasado, ya que los objetivos que se tuvieron en vista fueron muy amplios.
Como decía anteriormente, este organismo ha llevado una vida lánguida por falta de protección estatal; de tal manera que se le ha conducido al marasmo y a la inactividad.
No me voy a extender en muchas consideraciones sobre esta materia, y quiero solamente anunciar que los Diputados radicales vamos a votar favorablemente este artículo nuevo del Senado.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este artículo 5°, nuevo, porque conocemos, en forma especial, el caso de FAMAE, que permanentemente, particularmente en lo que se refiere a los problemas de reajustes de salarios y sueldos de sus personales, se ha traído al tapete de la discusión en la Cámara. Nosotros estamos también totalmente de acuerdo con esta modificación, porque estimamos que esta fábrica y maestranza del Ejército pudo haber tenido un mejor destino hace muchos años, pero ha venido siendo olvidada. En estos mismos instantes, cuando perfectamente podría ser una de las usinas más importantes del país, tiene una vida lánguida, sin mayores proyecciones y sin mayores perspectivas. Cuando hace tiempo, un director de ese plantel pretendió establecer una línea de fabricación de máquinas de coser, por ejemplo, sencillamente no encontró ninguna acogida, ningún apoyo en los sectores gubernativos de la época. En cambio, ella ha estado fabricando herramientas que no tienen mayor importancia, en circunstancias que, como dije, podría ser una fábrica altamente especializada.
Creo, señor Presidente, que eso está demostrando, una vez más, la importancia de la presencia del Estado para ir en ayuda en estos servicios como FAMAE y ASMAR, no tan sólo con el objeto de solucionar sus problemas de producción, a fin de lanzarlos hacia el futuro, sino también para arreglar, de una vez por todas, el problema de salarios de su personal. Aquí mismo, en esta misma ley, también el personal de FAMAE no es considerado. Tampoco es tomado en cuenta este personal, que, hasta ahora, nadie sabe si pertenece a las Fuerzas Armadas, a la Administración Pública o a otros servicios.
Muchos parlamentarios que conocemos el problema que sufre y que inquieta, con mucha justicia, a estos personales, hemos estado planteando, desde hace muchos años, cuál es la exacta ubicación y a qué sector corresponde el obrero y el empleado, el profesional y el técnico de FAMAE.
Conocemos la situación de muchos de esos trabajadores que viven de sueldos miserables, siendo personas altamente especializadas, pero que, desgraciadamente, por la ubicación que dentro del escalafón nacional tiene esa fábrica, sencillamente no tienen los salarios y los sueldos que les corresponden. De ahí, señor Presidente, que este artículo viene a reparar una injusticia y el olvido en que se tiene a FAMAE y ASMAR. No conozco el problema de ASMAR, pero me imagino que es similar y parecido al de FAMAE.
Señor Presidente, creo que la Cámara hace justicia solamente, al aprobar este artículo 59, para que se autorice "a la Corporación de Fomento y de la Producción y las instituciones de crédito para otorgar "préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR". Esa es la manera de acordarse de estas dos instituciones de nuestras Fuerzas Armadas, que abastecen de una u otra manera a nuestras instituciones armadas. Pero no hay que olvidar el factor humano. No hay que olvidarse del obrero, del empleado y del técnico, capaz y esforzado, que están trabajando, laborando y aportando su capacidad creadora a esas instituciones que son FAMAE y ASMAR.
De ahí, señor Presidente, que nosotros vamos a votar favorablemente este artículo 5º introducido por el Senado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta modificación introducida por el Honorable Senado.
Aprobada.
En discusión el artículo 5º, nuevo. El señor Secretario le dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
"Artículo 6º.- Facúltase a las Instituciones Semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las instituciones u organismos del sector público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Trasplantes, dependiente del Hospital Naval "Almirante Neff", de Valparaíso.
"Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho instituto.
"Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso segundo de este artículo.
"Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza.".
El señor SCARELLA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCARELLA.-
Señor Presidente, el espíritu de este artículo no puede ser más justo, porque el Instituto de Trasplantes, dependiente del Hospital "Almirante Neff", está destinado a ser un centro de estudios quirúrgicos e inmunológicos que servirá a toda la población del país. No está destinado exclusivamente al uso de las Fuerzas Armadas, o de la Marina, en este caso. Por lo tanto, es de toda justicia que las municipalidades, organismos fiscales o semifiscales, etcétera, puedan hacer donaciones y aportes para su mantención.
Por este motivo, los Diputados nacionales vamos a votar favorablemente este artículo.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará esta modificación introducida por el Senado. Aprobada.
El señor MENA ( Secretario).-
El artículo 3º ha pasado a ser artículo 2º transitorio, y ha sido sustituido en los siguientes términos por el Senado:
"Artículo 2º.- Los Bancos particulares pagarán en el año tributario 1970 el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con una tasa adicional del 10%, que se calculará sobre la misma renta imponible determinada para esa categoría.
"La misma tasa adicional se aplicará también a la renta imponible de las compañías de seguros, determinada para el año tributario 1969.
"Este impuesto deberá declararse en el plazo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1970, y pagarse en tres cuotas iguales, la primera al momento de entregar la declaración, y las siguientes, en los meses de julio y octubre del mismo año."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor SEÑORET.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEÑORET.-
Señor Presidente, sobre esta materia, yo había formulado indicación para que este impuesto no afectara a las compañías de seguros o mutuales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Muchos señores Diputados seguramente conocen la enorme labor que realiza la Mutualidad de Carabineros -no conozco la de las demás instituciones- que es amplia y beneficiosa para todo el personal. Incluso en el aspecto habitacional, ha dado a numerosas imponentes la casa que habitan. En cuanto a los préstamos ordinarios, también realiza una labor muy positiva, ante las peticiones que permanentemente está haciendo el personal, que carece de recursos económicos para sortear situaciones difíciles no contempladas en los reglamentos de las respectivas cajas de previsión.
Por esta razón, consideraba muy importante esta indicación, ya que, como digo, estas instituciones no persiguen fines de lucro. Todos los beneficios que ellas reciben son entregados a sus imponentes, a sus asociados.
Lamento profundamente que en el Senado no haya sido considerada esta situación para exceptuar a las mutualidades. Sin embargo, comprendo perfectamente que la Honorable Cámara, hasta este momento, no haya querido pronunciarse sobre ninguna de las modificaciones del Senado, para los efectos de despachar este proyecto en el plazo más breve posible.
Por estas razones, no voy a insistir en esta ocasión; pero quiero dejar constancia de nuestro propósito de que en cualquiera otra iniciativa que envíe el Gobierno, ojalá se considere la necesidad de exceptuar de esta tributación a las mutualidades.
Muchas gracias.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en relación con las observaciones del Diputado señor Señoret, consulté al Servicio de Impuestos Internos, según el cual, en realidad, dentro de esta redacción, no quedarían gravadas las mutuales, puesto que no están consideradas como compañías de seguros, sino que como instituciones sin fines de lucro. Por lo tanto, esta disposición no tiene ese alcance. Sin perjuicio de eso, recogiendo las observaciones del Diputado señor Señoret, se aclarará aún más el artículo por el Ejecutivo, si ello fuere necesario. En ningún caso se pretende gravar a las mutualidades de Carabineros u otras que no persigan fines de lucro, sino sólo a las compañías de seguro, las que, realmente, persiguen tales fines y están organizadas como sociedades anónimas.
En segundo término, quiero hacer presente a la Cámara que el Ejecutivo estima más justo el artículo así propuesto, en el sentido de que establece realmente una tributación sobre la renta efectiva y de que sube el rendimiento, en relación a su proposición primitiva, de un millón de escudos a siete millones y medio de escudos.
Nada más, señor Presidente.
El señor BARAHONA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARAHONA.-
Señor Presidente, quería aprovechar la explicación del señor Ministro, para que, junto con la aclaración dada al colega señor Señoret, se pudiera esclarecer también, a muchos interesados, la situación de la ex Sociedad Mutual de las Fuerzas Armadas en Valparaíso, la que, posteriormente, se convirtió en Mutual de Seguros de Chile. Esta; a su vez, se acogió a la ley Nº 15.177, que creó la Confederación Mutualista de Chile. En la oportunidad anterior, no hubo una aclaración al respecto, pues no se indicó que por el hecho de haber dejado de ser una institución mutualista de las Fuerzas Armadas y de haber desaparecido su calidad de tal, perdía, a su vez, los derechos que esta ley de mutualidad le otorgaba.
Lamentablemente, parece que el señor Ministro no me estaba escuchando.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a Su Señoría exponer nuevamente el problema, a fin de que el señor Ministro pueda dar la explicación requerida.
El señor BASSO.-
Sin perjuicio del tiempo del Comité Radical.
El señor BARAHONA.-
Con cargo al tiempo del señor Ministro.
Quería consultarle al señor Ministro lo siguiente: en Valparaíso existió hasta hace tiempo, la Mutual de las Fuerzas Armadas, la que, posteriormente, se transformó en Mutual de Seguros de Chile. Tengo entendido también que ésta se acogió a la ley Nº 15.177, que legisla sobre el aspecto legal de estas mutualidades, a través de la Federación Provincial Mutualista. Sin embargo, como perdió su calidad de institución de las Fuerzas Armadas, no sé si acaso queda obligada al pago sobre la renta imponible, o si está liberada por el mismo imperio de la ley Nº 15.177.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No tengo antecedentes como para poderle contestar al señor Diputado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación introducida por el Senado.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 29 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación del Senado al artículo 4º, y a la cual dará lectura el señor Secretario.
El señor MENA ( Presidente).-
El artículo 4º ha pasado a ser artículo 3º transitorio con la modificación que consiste en agregar el siguiente inciso segundo nuevo:
"Este recargo sólo afectará a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento de Santiago, siempre que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite."
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, durante el primer trámite de este proyecto y luego en el Senado, hice ver que esta disposición era absolutamente inaplicable por sus dificultades administrativas. Sin embargo, el Ejecutivo cree conveniente aprobar esta modificación con el objeto de eliminar un cuarto trámite de imponer luego su criterio por la vía del veto.
La razón que di en el primer trámite era que esta disposición exigiría revisar predio por predio, por parte de Impuestos Internos, y exigir declaraciones juradas. Agregué que esto, administrativamente, era imposible hacerlo dentro de un plazo breve, necesario para que este artículo relativo al financiamiento tuviera realmente aplicación; y que en caso de no hacerse así, se perdería un financiamiento del orden de los 47 millones, suma que, por lo demás, corresponde a un recargo que se estaba pagando este año, y que, entonces, lo único que se estaba haciendo era extenderlo, en su aplicación, al año 1970.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación del Senado al artículo 5º.
El señor MENA ( Secretario).-
El artículo 5º ha sido suprimido.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor CADEMARTORI.-
No, que se vote.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 32 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación que leerá el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Artículo 6º.- Ha pasado a ser 8º, refundido conjuntamente con los artículos 7º y 9º, en los siguientes términos:
"Articulo 8º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g) del inciso tercero:
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Agregar al inciso tercero del artículo 1°, a continuación de la nueva letra g), la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales".
4.- Sustituir en el inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
5.- Reemplazar la letra ñ) del inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1º, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el artículo 5º, letra c), el guarismo "23%" por "25%".
7.- Reemplazar el inciso primero del artículo 8º, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
8.- Agregar al artículo 9º el siguiente inciso final:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.", y
9.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)", entre las palabras "tercero" e "y".".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara,...
El señor CADEMARTORI.-
No, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación introducida al artículo 8°, que ha pasado a ser 9º.
El señor MENA ( Secretario).-
El artículo 8º ha pasado a ser artículo 9º, sustituido en los siguientes términos:
"Artículo 9º.- En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplazar el guarismo "4" por "6", y agregar la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales, escala a), del departamento respectivo.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación siguiente, a la que dará lectura el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
A continuación, ha agregado el siguiente artículo, nuevo, signado con el Nº 10:
"Artículo 10.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación.
El señor CADEMARTORI.-
No.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 27 votos.,
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
Corresponde discutir las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 10, que ha pasado a ser artículo 11, refundido con los artículos 11 y 12.
El señor MENA ( Secretario).-
"Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5° de la ley Nº 15.564:
1.- Sustituir en el inciso primero del artículo 22 el guarismo "30%" por "35%".
2.- Agregar al Nº 1º del artículo 37, sustituyendo su coma (,) final por un punto (.), la siguiente frase: "Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9º de la presente ley.".
3.- Reemplazar, en el artículo 39, el guarismo "20%" por "30%", y
4.- Agregar al artículo 61, el siguiente inciso tercero:
"En el caso de que ciertas regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de de la República, previo informe de las instituciones nombradas en el inciso anterior, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará una reglamento dentro de 180 días.".".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se ha pedido división de la votación por números.
En discusión en encabezamiento.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el número 1.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
El señor PHILLIPS.-
Que se vote.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 21 votos.
El señor MERCADO (Presidente).- Aprobado el número 1.
En votación el número 2.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el número 3.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el número 4.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 20 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobado el número 4.
En discusión la modificación introducida por el Senado al artículo 13, que consiste en rechazarlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala...
El señor ACEVEDO.-
Que se vote.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 28 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación al artículo 16, que consiste en rechazarlo.
El señor PHILLIPS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, los Diputados nacionales vamos a insistir en este artículo, porque creemos lógico y conveniente que, habiendo asignación por riesgos en las Fuerzas Armadas por distintas actividades, también la tenga el Cuerpo de Carabineros.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, como lo expresé en el primer trámite constitucional y así también lo manifesté en el Senado -y fue la causa por la cual se rechazó este artículo- en relación al Cuerpo de Carabineros, en el actual estatuto D.F.L. 2, existe la facultad para otorgarle esta asignación de riesgo profesional. Por lo tanto, la disposición es innecesaria. Además, di antecedentes, en sesiones secretas de las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa, tanto de la Cámara como del Senado, sobre las razones por las cuales no era conveniente una disposición de este tipo, sobre todo existiendo esa facultad en el decreto con fuerza de ley Nº 2.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Secretario me advierte que, con posterioridad al cómputo, algunos señores Diputados levantaron las manos. Por lo tanto, se va a repetir la votación.
-Efectuada nuevamente la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 24 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación que consiste en consultar los artículos nuevos signados con los números 12, 13 y 14.
El señor Secretario leerá el artículo 12, nuevo, que se propone.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice lo siguiente: "Establécese un recargo del 20% sobre el impuesto del artículo 1º transitorio de la ley Nº 14.836, de 26 de enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley Nº 16.520, de 22 de julio de 1966.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 13, nuevo, que leerá el señor Secretario.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice: "Derógase el artículo 4º de la ley Nº 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones."
El señor NAUDON.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.-
Señor Presidente, querernos esclarecer nuestra posición, o, por lo menos, la de algunos parlamentarios de estos bancos sobre este artículo nuevo. Desde luego, consideramos que tal como ha sido aprobado, cuando dice: "Derógase el artículo 4º de la ley Nº 16.528, sobre Fomento de las Exportaciones", resultará inoperante, si consideramos lo que, en esa misma ley, dispone el artículo 3º, que hace operable de pleno derecho una serie de exenciones, y lo que establece el artículo 5º. Pero, además, estimamos que al aprobarse una disposición de esta naturaleza debiera haberse propuesto en reemplazo un sistema de estímulo a situaciones de privilegio que han favorecido a las empresas de gran capital, también lesiona una serie de exportaciones que corresponden a producción de firmas medianas y pequeñas y además causa grave perjuicio a trabajadores que quedarían cesantes por la paralización de algunas industrias.
Señor Presidente, en realidad, nosotros disponemos de muy poco tiempo, pero podemos decir, así someramente, que en todos los países existe un sistema de estímulo a las exportaciones. Estaba hojeando en este momento un libro que estudia esta materia, y según él, éste existe, por ejemplo, en Colombia, en la India, en Francia, en fin, en todos los países. Además, estamos sujetos a un tratado como el Montevideo que dio origen a la ALALC, que va a obligar a los Estados de América Latina a bajar progresivamente sus impuestos a las exportaciones, con lo cual las nuestras quedarían en una situación muy desmedrada y nuestros precios totalmente alejados de la posibilidad de competir en el mercado internacional.
Por estas razones, le pedimos al Gobierno, no a través del veto, sino de una ley positiva y completa, la sustitución del sistema de "draw-back", para evitar los abusos que se han estado cometiendo. No queremos que se legisle a través del veto, por la insistencia nuestra en aprobar esta disposición, porque con el veto, lisa y llanamente, con mayorías parlamentarias, el Gobierno puede mantener situaciones de privilegio, que nosotros queremos analizar previamente en el debate de un proyecto de ley concreto que venga a reemplazar el sistema de "draw-back".
Por estas razones,...
El señor MUÑOZ.-
Señor Presidente, pido una interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Naudon, el señor Muñoz le solicita una interrupción.
El señor NAUDON.-
...algunos Diputados de estos bancos estamos en desacuerdo con esta disposición y la votaremos en contra.
Concedo la interrupción al colega señor Muñoz.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ.-
Señor Presidente, quiero señalar que, efectivamente, algunos parlamentarios radicales votaremos en contra de esta disposición, por varios motivos.
Los Diputados que representamos a algunas provincias del sur sabemos que en ellas la cesantía constituye, de por sí, un drama doloroso. Las pocas posibilidades de trabajo que allí existen son las derivadas de la explotación y elaboración de la madera. La derogación del sistema de "draw-back" significaría dañar grávente a la industria maderera, ya que ésta no podría competir, en cuanto a precios, con las maderas de otros países. Chile entrega a la ALALC, a la cual pertenecen muchos países latinoamericanos, en especial maderas de color, maderas finas, que no tienen mercado en nuestro país.
Por eso, nosotros vamos a votar en contra de esta disposición, que no sólo afecta a la zona sur, por el aspecto de la madera, sino también a la zona norte, en lo que respecta a la industria pesquera -que ha alcanzado un desarrollo bastante creciente, desde el memento que ha exportado cerca de 20 millones de dólares, porque la harina de pescado no va a peder competir en el mercado mundial.
Una situación aún más grave se originará para la industria conservera, que ha logrado un auge muy expresivo en los últimos tiempos.
Como consecuencia del estímulo que significó a las exportaciones, que estableció el "draw-back", se han plantado en Chile miles de hectáreas dedicadas a frutales, para exportación tanto de la fruta natural como de las conservas. Al igual que en los otros casos, la supresión del "draw-back", elevará los precios de estos productos a niveles que a ningún país le interesan.
¿Cómo dejar de producir fruta de un día para otro? En algunos casos, se trata de plantaciones que aún no entran en producción, porque todos sabemos que el durazno se planta hoy día para cosechar algunos años después. ¿Por qué sin el "draw-back" los artículos chilenos tienen un precio que no les permite competir en otros países? Muy simple. Los impuestos ya vigentes, la previsión, el costo del dinero, etc., son factores que hacen subir en forma desproporcionada los precios a los consumidores de otros países. A estos no les interesa y no tienen ningún deseo de financiar al Fisco chileno. Eligen, por lo tanto, el producto más barato, venga de dónde venga.
El "draw-back", en cambio, permite al productor ofrecer su artículo a un precio competitivo.
Por último, ¿es tan importante exportar? A partir del año 1938, se eligió para Chile una vía de desarrollo que los economistas denominan "la vía de sustitución de importaciones". Para ello los gobiernos de la época, crearon las condiciones y dieron los elementos para que Chile emzara a producir los miles de artículos que en esa época debía importar. Así, se fijaron derechos de aduanas, de modo que permitieran a los productos chilenos defenderse dentro de nuestro país de los artículos importados. Esta vía de desarrollo produjo excelentes resultados. La tasa media de crecimiento industrial entre los años 1938 y 1966 fue superior al 6% anual. Vale decir, cada año la producción de artículos industriales aumentaba más de dos veces, lo que aumentaba la población; sin embargo, el desarrollo por la sustitución de importaciones ya está agotado, como se agota en todos los países del mundo. Se llega a un momento en el cual no se puede pretender incorporar nuevos artículos a la producción nacional por no ser económicamente conveniente. Muchas cosa que no se fabrican en Chile actualmente sería absurdo pretender hacerlas, porque sería muy mal negocio para el país. Continuamos, por lo tanto, haciendo siempre las mismas cosas y para un mercado que sólo aumenta a razón de un 2,4% anual En efecto, el crecimiento industrial durante los años 67, 68 y lo que va corriendo del año 69, es sólo del orden del 2,27o. Para salir de esta situación la única posibilidad es la de aumentar en forma violenta el mercado de nuestros productos. Esta política hizo grande a Inglaterra en el siglo pasado, a Estados Unidos en la primera mitad del actual y a Japón lo está transformando hoy día en-una de las primeras potencias económicas del mundo. Estos países, como todos los países más desarrollados, han surgido porque supieron darse cuenta, cuando la vía de desarrollo por sustitución de importaciones estaba agotado y eligieron entonces el camino de las exportaciones. Chile tiene elegir entre seguir creciendo a un ritmo equivalente al crecimiento demográfico, lo que en la práctica representa un estancamiento, o salir a todo el mundo con sus productos, y para ello el "draw-back" es indispensable.
Por eso, vuelvo a reiterar, algunos Diputados radicales vamos a votar en contra de este artículo que deroga el "draw-back'.
El señor MAIRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-
Señor Presidente, quiero manifestar la opinión de los Diputados democratacristianos sobre este punto, que es, por lo demás, la misma que mantuvimos cuando se discutió el proyecto de la ley Nº 16.528, el año 1965.
A nuestro juicio, lo que está en discusión en el Congreso es el análisis de un mecanismo como el de la devolución del impuesto a los exportadores, el cual debe operar en función de una estrategia nacional de desarrollo industrial y a la que debe subordinarse.
Hemos tenido ocasión, más de una vez, de señalar en esta Cámara que, a juicio nuestro, es claro, como lo indican los estudios internacionales más conspicuos, que el país enfrenta la necesidad de abrirse a una segunda expansión industrial. La primera, iniciada en la década del 30, después de la crisis mundial de los años 1929 a 1931, está definidamente agotada, ya que su motor impulsor más dinámico, que fue el efecto de la sustitución de importaciones, ya no constituye un aliciente adecuado para seguir desarrollando, la industria chilena.
Por eso, pensamos que del mismo modo que la primera expansión industrial le dio al país, en las décadas del 30, del 40 y del 50, industrias livianas o medianas, la segunda debe caracterizarse por el desarrollo de líneas de industrias pesadas selectivas, que permitan al país ganar los mercados regionales latinoamericanos. Por esa razón, creemos que hoy día, cuando se inicia una segunda expansión industrial, que tiene otras exigencias; mayor densidad de capital, mayor incorporación y perfeccionamiento tecnológico y mayor calificación de la mano de obra, y el país se abre a grandes proyectos industriales, como la industria automotriz, la petroquímica o la celulosa, lo importante es saber aplicar restrictivamente este mecanismo.
Cuando se dictó la ley Nº 16.528, sobre fomento de las exportaciones, dijimos que éste debía ser un mecanismo de aplicación estricta y severa, a fin de imponerlo selectivamente a aquellas líneas que al país, y no a los particulares, le interesa robustecer y estimular.
A la vuelta de dos años, ¿cuáles son los resultados? Creemos que se pueden medir, en forma separada, desde el punto de vista financiero, llamémoslo así, político general. Desde el punto de vista financiero, en la exposición de la Hacienda Pública que, esta mañana, entregó el señor Ministro de Hacienda, las cifras nos demuestran que en promedio, entre los años 1960 y 1964, el país exportó productos y bienes por valor de 507,6 millones de dólares. En cambio, en el año en curso las exportaciones van a llegar, aproximadamente, según un cálculo estimativo, a 1.024,7 millones de dólares. De modo que, desde el punto de vista financiero, las exportaciones han aumentado, lo que es conveniente para el país. Pero, desde el punto de vista de la aplicación estricta del mecanismo del "draw-back", pensamos, en cambio, que hay algunas posibilidades de reajustar su funcionamiento. Creemos, por lo tanto, que esta disposición contenida en el proyecto de las Fuerzas Armadas, debe dar origen a lo que, por otra parte, el señor Ministro de Hacienda ha manifestado esta mañana. En la página 45 de la exposición de la Hacienda Pública -que los señores parlamentarios tienen en su poder- expresó lo siguiente:
"Actualmente el Gobierno se encuentra estudiando una revisión estricta de las normas vigentes sobre "draw-back" con el objeto de eliminar cualquiera de estas devoluciones de impuesto que no corresponda comprobadamente al fomento de exportaciones no tradicionales, eliminando así cualquier subsidio interno que por otras razones se estuviera dando al sector exportador.
Este es también nuestro criterio, y pensamos que ésta es una buena ocasión para aplicar estos principios. Pensamos, en concreto, que una aplicación restrictiva, en el futuro, del "draw-back", puede significarle al país ahorros de 60 ó 70 millones de escudos que muy bien podrían constituir una fuente de financiamiento de este proyecto.
Por esta razón vamos a acoger la modificación introducida por el Senado, expresando que esperamos que en el veto, el señor Ministro de Hacienda, en cumplimiento de la política enunciada por él en su exposición de la Hacienda Pública, concrete esta disposición. Porque así como no somos partidarios de su aplicación masiva, tampoco lo sería de su arbitraria eliminación. Pensamos que, a la luz de una estrategia del desarrollo industrial, puede dar muy buenos frutos para el progreso económico del país una aplicación selectiva de este sistema que incentive, efectivamente, de acuerdo al interés nacional, las líneas no tradicionales de exportación.
Esto es todo.
El señor CAMPOS.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Campos, don Héctor.
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, he oído con mucho interés la explicación da por el colega Maira, pero me asalta una duda. Mi provincia, la de Curicó, es la mayor productora, en este momento, de manzanas. Su producción alcanza al volumen de 2 millones de cajas, que en un 70 u 80% se exportan hacia Europa y Estados Unidos, con un valor de 60 millones de escudos.
Ya hago fe de lo que se acaba de decir aquí, y espero que cuando se envíe ese veto se contemple el interés económico de mi provincia, y que ella no resulte afectada por esta disposición legal.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, cuando se discutió esta disposición en el Senado, manifesté, en primer término, tal como ha dicho aquí el Diputado señor Naudon, que me parecía que ella no producía ningún resultado, puesto que se derogaba un artículo meramente declarativo y, por lo tanto, no afectaba al sistema de devolución de impuestos en relación con las exportaciones.
En segundo término, manifesté que creía que la política de devolución de impuestos a las exportaciones aplicada por el Gobierno era racional y conveniente, porque, indiscutiblemente -y así también lo decía el señor Maira y lo expresé en la exposición de la Hacienda Pública que hoy leí en el Congreso- el país debe enfrentar su desarrollo con una estrategia industrial que signifique ampliar sus mercados de exportación, puesto que la sustitución de importaciones se encuentra limitada como área de desarrollo acelerado.
En tercer término, he afirmado, públicamente, en reiteradas oportunidades -y ya se han dictado varios decretos- que el Gobierno, por ningún motivo, permite que se obtenga una doble ganancia por los exportadores: por la vía del "draw-back" y por las ganancias derivadas del tipo de cambio. En virtud de ello se han dictado los decretos correspondientes relativos a la celulosa, papel, pesca y a un sinnúmero de productos, en los cuales se ha rebajado el "draw-back" en la misma proporción en que ha habido un aumento en términos reales en el valor del tipo de cambio.
En cuarto lugar, el Ejecutivo, de acuerdo con las facultades que le confiere la misma ley Nº 16.528, cada tres años tiene derecho a revisar los decretos que se han dictado para impulsar las exportaciones por medio de la devolución de impuestos. Ese mecanismos empieza a regir a contar del 1º de enero de 1970; por tal motivo, el Ejecutivo tendrá que hacer una revisión total del sistema.
En quinto lugar, el Ejecutivo cree que algunas modificaciones hay que introducir; pero, esencialmente, para completar las facultades que hoy tiene, a fin de poder, realmente, eliminar las ganancias que pudieran obtener los exportadores a través del tipo de cambio. Ese será el criterio que el Ejecutivo sustentará en el momento del veto y que, por lo demás, ha sido expuesto, en forma reiterada, tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
Muchas gracias.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI -
Señor Presidente, la indicación que aprobó el Senado, a iniciativa del Senador señor Valente, responde a un anhelo de moralización de nuestra vida pública.
Cuando hicimos la primera denuncia en relación con este verdadero escándalo que ha conmovido al país en lo relativo al "draw-back", hace ya un año, muchos sectores de esta Cámara estimaron exageradas nuestras denuncias, pero ellas sirvieron para dar una campanada de alerta a fin de que el país supiera qué había detrás de esta inocente ley llamada de fomento a las exportaciones. El país ha conocido la lista de los principales beneficiados por esta ley. Hemos podido leer, en estos días, editoriales del diario "El Mercurio", caracterizado vocero de los intereses más negros del país, y de "El Diario Ilustrado", así como declaraciones del Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y de otros altos personajes vinculados a este escándalo del "draw-back".
El Senador Julio Duran, al debatirse esta materia, llegó a decir que este llamado escándalo, según sus palabras, sólo se refería a fantasmas, a mitos; pero son fantasmas de carne y hueso, con nombres y apellidos, los que se están repartiendo el presupuesto nacional.
Una compañía, como la Manufacturera de Papeles y Cartones, es la principal beneficiada con esta ley, puesto que desde que ella se dictó ha recibido la cantidad de Eº 55.278.430...
El señor SCARELLA.-
¡Es que exporta mucho!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Más aún, en el primer semestre de este año, como dijo el señor Senador don Narciso Irureta en el debate en el Senado, con datos muy exactos, la Papelera de don Jorge Alessandri recibió Eº 20.405.747.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Les ruego respeten el derecho del señor Diputado.
El señor CADEMARTORI.-
La utilidad, según el último ejercicio, obtenida por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones fue de 31 millones de escudos. Como es natural suponer, en el próximo año tendrá que superar los 40 ó más millones.
¿Qué significa esto? Significa que esta compañía, que es un monopolio en el país,...
El señor AMUNATEGUI.-
Tiene muchos obreros.
El señor CADEMARTORI- ... está recibiendo un verdadero regalo del presupuesto nacional. Es un monopolio la Papelera, señor, y un nefasto monopolio contra el país. Y lo voy a demostrar, porque hay, además de éste, otros escándalos.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORL-
La Papelera es la única productora de papel para fabricar libros, libros de estudios, de texto.
El señor PALESTRO.-
Y para imprimir el Diario Ilustrado.
El señor CADEMARTORI.-
La Papelera cobra un precio por el papel para fabricar libros, que es tres veces superior al precio que tiene el papel importado que se traiga desde cualquier parte del mundo.
El señor PALESTRO.-
¡Es un escándalo!
El señor CADEMARTORI.-
Repito, tres veces más caro...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Tres veces más caro...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
...cuesta el papel para libros que vende la Papelera, en comparación con el papel importado.
¿Qué significa esto?
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Significa que miles y miles de padres de familia, cuando tienen que comprar un libro, un texto para que sus hijos puedan instruirse y tienen que pagar 30 escudos por este libro, están pagando tres veces su justo valor para hinchar los bolsillos del señor Jorge Alessandri y de la Papelera de Puente Alto. Esa es la verdad.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Y esto es grave, porque aquí también hay complicidad. Todas las empresas editoriales del país que han reclamado solución para este problema. Se lo han planteado al Gobierno y le han dicho: Señor, si acaso usted no es capaz de lograr que la Papelera baje el precio del papel para fabricar libros, por lo menos autorice la importación. Evidentemente, esto significaría fabricar en el país libros de un precio tres veces más bajo del que tienen hoy día, debido a este abuso y este escándalo que comete la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Voy a pedir, señor Presidente, que se dirija un oficio para que el Banco Central de Chile confirme esta denuncia que estoy haciendo; para que nos diga cuál es el precio a que la Papelera vende el papel para fabricar libros y cuál es el precio que tiene este mismo papel importado.
Es tan grave la situación que ella está privando de trabajo a los obreros gráficos de las industrias editoras de Chile, porque muchas de estas empresas editoras llevan sus libros a Argentina, Méjico o España para que sean editados, porque en Chile el costo del papel para fabricar estos libros es prohibitivo y no se pueden fabricar libros que salen a 60 ó 70 escudos.
Entonces, no hay trabajo para las industrias gráficas en Chile, debido a este monopolio de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
El señor SCARELLA.-
¿Cómo explica la exportación de papel, entonces?
El señor CADEMARTORI.-
Por eso es necesario desenmascarar esta situación.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
Podría nombrar a otros "peces gordos"...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
...que se han beneficiado, como la Compañía Sudamericana de Vapores; la Papelera Laja, que ya nombré, de Puente Alto; la empresa pesquera Guanaye; al señor Edmundo Zujovic, que recibió, según estos datos, Eº 7.524.434 de regalo del presupuesto nacional.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CADEMARTORI.-
De ahí, entonces, la necesidad de revisar profundamente esta situación.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LAVANDERO.-
¿Por qué no las menciona a todas?
El señor CADEMARTORI.-
Sí, puedo hacerlo; aquí tengo la lista de todos los "peces gordos". Están todos, los principales; y el señor Pérez Zujovic figura entres los principales beneficiados.
Este escándalo tiene que terminar, porque no es posible que aquí se diga que se van a paralizar industrias; lo que se va a paralizar es la hinchazón de este monopolio.
Nadie puede comprender en el país por qué cuando se dice que hay fatiga tributaria, cuando efectivamente muchos miles de pequeños contribuyentes no pueden pagar sus impuestos, porque ellos son recargados con intereses y con multas, hay organizaciones privilegiadas, como estas empresas, a las cuales se les devuelve hasta el último centavo que han pagado en impuestos. ¿Que hay que fomentar las exportaciones? Es evidente que hay que fomentarlas; pero también hay que fomentar la producción nacional y, sobre todo, hay que establecer de una vez por todas justicia tributaria en el país, y no permitir que haya unos cuantos "paniaguados", vinculados a todos les regímenes, vacas sagradas, que todavía dicen ante el país que son honestos, que son honrados, que son independientes, que no tienen intereses creados; pero que van creando todo un sistema para estrujar el presupuesto nacional a costa de todos los chilenos. Este es el escándalo que hay detrás de esta negociación oscura, que es el "draw-back". Por eso, no nos cansaremos de continuar denunciando su existencia, porque detrás de ella -repito- hay negociados escandalosos. Por esto también, los Diputados comunistas vamos a votar a favor de la indicación presentada por el Senado.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para enviar los oficios solicitados por el señor Cademártori.
El señor PHILLIPS.-
No hay acuerdo.
La señora BALTRA.-
Los momios dijeron que no.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MATURANA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Maturana.
El señor MATURANA.-
Señor Presidente, hemos escuchado a un parlamentario que es economista,...
El señor PHILLIPS.-
Que era.
El señor MATURANA.-
...y que tiene la obligación de analizar estos problemas con criterio científico, con criterio técnico, con generalidad y sin vehemencia política enturbiando su razonamiento. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a referir exclusivamente al argumento de tipo económico que ha dado. Ha tocado a rebato campanas de escándalo, porque una industria chilena, la Papelera que él menciona, produciría pepel mas caro que el papel que se produce en el extranjero. ¿Dónde está el delito y dónde está el escándalo? Este es un mal de la industria nacional: Huachipato produce el acero de la Compañía de Acero del Pacífico a un valor inmensamente más caro que el acero extranjero. Sin embargo, es necesario que exista Huachipato, porque es conveniente para la economía del país.
IANSA produce azúcar mucho más cara que el azúcar que se trae del extranjero. Sin embargo, es conveniente para las provincias agrícolas de Chile que haya remolacha y que haya IANSA. La INSA produce neumáticos más caros que los neumáticos de igual calidad, con los impuestos, que se producen en el extranjero. Los autos que se fabrican o se arman en Chile, inmensamente inferiores en calidad a los vehículos similares importados, son tres veces más caros que los autos que se importan.
¿A qué corresponde esto? A algo que no depende de las empresas productoras, sino que depende, fundamentalmente, de las reglas de juego que el Estado fija.
La situación tributaria interna, de altísimos gravámenes, un sistema previsional que no da beneficios efectivos a los trabajadores, pero que es inmensamente caro, la permanente situación de inestabilidad, de inseguridad, de los cambios. Todas estas cosas, que significan ineficiencia, y es un defecto general de los países que están recién montando una actividad competitiva a nivel internacional, hacen que los productos de la industria sean caros. Porque existe esta situación, existe también el "draw-back". Entonces, tenemos la inconsecuencia de que las industrias de los países subdesarrollados, que no están en situación de competir con las grandes empresas que producen masivamente, a nivel mundial, necesitan un "draw-back", precisamente, porque tienen que producir caro. Sin embargo, se toca a escándalo cuando se menciona a una empresa que, en las difíciles condiciones generales de la industria chilena, ha logrado crear una fuente de riqueza, ha significado trabajo, ha significado bienestar, ha llevado el nombre de Chile a las rotativas de todos los diarios de América Latina, porque los diarios se están haciendo con papel de la Papelera.
El señor GUASTAVINO.-
¡Balances millonarios!
El señor MATURANA.-
Sólo se hace este escándalo porque el Presidente de esa compañía va a ser el futuro Presidente de Chile. Esa es la única razón.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-
¡Si es que llega al 70!
El señor LORCA (don Gustavo.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).-
Señor Presidente, sobre esta materia, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones, porque, desgraciadamente, aquí se hacen algunas afirmaciones y no se prueban.
Quisiera dejar establecido que el "draw-back", por el hecho de integrar los ingresos de las empresas, aflora en las utilidades. Y éstas están sujetas, por lo tan-tol, al 35% de impuesto más el 30% de la desvalorización. O sea, 35% más un 10,5 más 5% CORVI y más el préstamo forzoso; es decir, más del 52% del "draw-back" vuelve, bajo forma de impuesto, al Gobierno.
En segundo lugar, quiero dejar en claro que el "draw-back" proporciona dólares que sirven para incrementar el presupuesto de importaciones. Cada dólar de "draw-back" recibe una bonificación de 20 a 30 por ciento, cuyo costo efectivo para el Fisco es la mitad, debido a las consideraciones que acabo de hacer y que se refieren al número 1º.
Pero las mercaderías que se importan con estos dólares y que se adicionan al presupuesto de divisas sirven para traer productos que no son de primera necesidad: o semi suntuarios o suntuarios. Las diversas partidas que componen el arancel aduanero representan para dichos productos entre un 50% y un 200% ad valorem.
El señor GUASTAVINO.-
¡Qué vergüenza! ¡Las cuentas del "gran capitán"!
El señor LORCA (don Gustavo).-
De ello se deduce que por una bonificación que en la práctica es de 10 ó 15% del valor del dólar, el Fisco recibe impuestos de aduana que equivalen al ciento por ciento de ese mismo dólar, obteniendo, de ese modo, inmensos ingresos que hacen que el "draw-back" sea el mejor ingreso fiscal.
En tercer lugar, a base del "draw back" se mantienen todas las industrias de exportación que, de otro modo, no podrían subsistir debido a que la paridad cambiaría está por debajo de su valor real.
El señor CADEMARTORI.-
¡Nunca está por debajo!
El señor LORCA (don Gustavo).-
La supresión del "draw back" significaría la paralización de sus actividades y la cesantía consiguiente.
Tengo aquí, por ejemplo, una carta dirigida por la firma Calaf al señor Intendente de la provincia de Talca, en la cual señala que debería cerrar la fábrica, si se suprimiera el "draw back".
Fuera de lo anterior, es importante anotar que Chile ha ordenado la construcción de una gran flota naviera, que sólo puede operar con el sistema de "draw back". Los tripulantes y oficiales para esos barcos, que se están entrenando en este momento, quedarían sin destino, si se elimina este sistema de fomento de nuestro comercio exterior.
El señor GUASTAVINO.-
¡Es el Apocalipsis!
El señor LORCA (don Gustavo).-
Quiero dejar sentadas estas bases para que no se venga a llamar a escándalo, cuando se ha establecido un sistema jurídico perfectamente claro. Y lo que es más importante es que existe una ley en virtud de la cual el Presidente de la República puede rectificar todos los errores que se puedan cometer en la dictación de los decretos supremos que establecieron el "draw back" para determinadas empresas.
Por lo tanto, hay todo un estatuto jurídico que permite operar en forma perfectamente clara y sin necesidad de establecer las formas absurdas que en este momento se han querido dejar consignadas aquí y que realmente, si uno creyera que las cosas se estudian con seriedad, no podría pensar que una persona de la categoría del señor Cademártori, que siempre se ha dado en llamar "economista" en esta Sala, haya podido expresar las cosas que ha dicho con un desenfado y con una soltura de cuerpo que verdaderamente es inconcebible.
Nada más, señor Presidente.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Alessandri.
Señor Diputado, resta un minuto y medio a su Comité.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Señor Presidente, ha quedado como flotando en el ambiente que este sistema llamado de "draw back" existiría solamente en los países subdesarrollados y especialmente aquí en la República de Chile.
Hemos escuchado con la mayor atención al colega señor Cademártori analizar cómo resulta mucho más económico imprimir determinados libros en la República Argentina; pero sí el señor Cademártori tuvo mucho cuidado de no hacer presente que en la República Argentina existe una acabada legislación sobre la materia, especialmente en devolución de impuestos. Para tales efectos y útilmamente, en Argentina se han suscrito convenios con Suecia, con Alemania, con el Japón y con Paraguay.
Pero esto no es todo, señor Presidente. Nuestros vecinos de Argentina, que sí están desarrollando en forma acelerada la industrialización del país, no sólo se han quedado en el sistema de "draw back", sino que, de acuerdo con informaciones que tengo en mi poder, el Banco Central argentino está entregando créditos especiales a todos los que están produciendo con fines de exportación. Pero...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Lo lamento mucho.
El señor SALVO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvo.
El señor SALVO.-
Señor Presidente, sólo para expresar que, por mi parte, voy a votar por el criterio del Senado. Creo que, en la forma como viene la disposición, se eliminan una serie de injusticias y tendremos, en el futuro, como lo ha anunciado el señor Ministro de Hacienda, un régimen mejor para esta materia.
Como no tenemos más tiempo, esto es todo cuanto deseo expresar.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 28 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la modificación que ha pasado a ser el artículo 14, nuevo. El señor Secretario la va a leer.
El señor MENA ( Secretario).-
"La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, a contar del 1º de enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
"Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad, percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 189 de la ley Nº 16.617.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación que consiste en rechazar el artículo transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada la modificación.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 29 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación que aparece en la página 18 y que consiste en agregar un artículo transitorio, nuevo.
El señor Secretario va a dar lectura a la disposición.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice como sigue:
"Facúltase al Presidente de a República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-
Los Diputados socialistas, señor Presidente, vamos a votar favorablemente este artículo transitorio, nuevo, introducido en el Senado, porque él constituye un pequeño reconocimiento que se hace a este esforzado personal de Prisiones. Nosotros creemos que este sector de trabajadores uniformados, en este caso, que trabaja en Prisiones, es justamente el más olvidado de la Administración Pública.
Ayer mismo hemos leído en la prensa que hubo una sublevación, durante la cual, incluso, fue herido un funcionario de Prisiones. Pero el Gobierno, sencillamente, no ha cumplido la obligación de contratar más personales. En dos o tres ocasiones, por radio y televisión, le escuché, al propio Director General de Prisiones, señor Minchel, que en el Servicio a su cargo, la Dirección General de Prisiones, no existía el personal necesario para cumplir las funciones como corresponde. Incluso aquí se ha dicho, y lo han reconocido todos los sectores de la Cámara, que el gendarme, el hombre de Prisiones, prácticamente permanece mucho más tiempo en los servicios carcelarios que los propios detenidos. Eso, señor Presidente, no se paga ni es reconocido absolutamente por nadie.
Este año había un ítem en el presupuesto para llenar varios cientos de vacantes que no fueron cubiertas durante el año 1969. Y se ha producido, como digo, una inconsecuencia más entre las muchas inconsecuencias de este Gobierno. Ayer, señor Presidente, cuando se produjo este motín en la Penitenciaría, en el que salió herido un funcionario, se estableció que, pese a haber dinero disponible, no se ha contratado más personal. Y cuando se ha aprobado en el Senado un artículo 1º transitorio que, en cierta manera, va a solucionar, en pequeña parte, el drama económico de este personal, sencillamente el Gobierno, como hemos tenido conocimiento, ha hecho los trámites necesarios para efectuar cambios de ítem y dejar este artículo sin el financiamiento correspondiente. Esto demuestra que se sigue dejando en el olvido a este personal.
Nosotros creemos que ésta es la ocasión para, por lo menos, establecer esta asignación de riesgos y facultar al Presidente de la República para otorgarla a los funcionarios del Servicio de Prisiones.
Este es uno de los sectores que cuenta con las mayores simpatías, porque nadie desconoce la situación económica en que se encuentra. Pero creemos que no es nada más que una paliativo esta asignación de riesgos profesionales de 900 escudos para cada funcionario, es decir, una pequeña inyección, frente al drama permanente de orden económico, humano y social, que vive diariamente este personal.
De ahí que los socialistas, con todo gusto, como lo hemos hecho siempre, en beneficio de estos servidores de Prisiones, vamos a votar favorablemente este artículo 1º transitorio.
Nada más.
El señor CLAVEL.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Clavel, don Eduardo.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, los Diputados radicales vamos a votar afirmativamente este artículo 1° transitorio. Lo haremos, en primer lugar, porque deseamos hacer justicia a un personal que todos sabemos ha estado y está postergado en su situación económica, y porque los dineros con que se va a pagar esta asignación por riesgos profesionales, de 900 escudos, va a salir de las economías que con esfuerzo y sacrificio han hecho estos funcionarios a través de todo el año, por el recargo en los honorarios de trabajo y por no haber sido llenadas las vacantes en ese Servicio.
Aquí se ha hecho una denuncia, que nosotros también hemos recibido, en el sentido de que el Gobierno, con fecha de hoy, habría girado las sumas del presupuesto que, casualmente, van a servir para pagar la asignación de estos funcionarios. Creo que el mejor mentís para esta información es que la Cámara apruebe este artículo 1º en forma igual como lo hizo el Senado, para que, en consecuencia, si el Ejecutivo ha retirado los fondos correspondientes, los devuelva, para que este pago sea hecho a la brevedad posible.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Clavel, el señor Fuentes, don Samuel, le solicita una interrupción.
El señor CLAVEL.-
Con todo gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas también vamos a votar favorablemente esta importante iniciativa del Senado que otorga Eº 900, como asignación por riesgos profesionales, al personal de Prisiones.
Como aquí ya se ha señalado, este personal tiene rentas bajas, realiza una labor extraordinariamente sacrificada trabajando mucho más allá de las 8 horas diarias y, además, diariamente está expuesto a riesgos como los que acabamos de conocer en estos días.
A los parlamentarios de los distintos Comités, señor Presidente, nos ha llegado una petición de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, en la que solicitan el apoyo de todos los sectores del Parlamento para que hagamos nuestro este artículo aprobado por el Senado. Ellos señalan los fundamentos de su petición. Dicen que en el presupuesto del Servicio de Prisiones, en el ítem correspondiente a sueldos del año 1969, hay un excedente de 3 mil millones de pesos por vacantes que no se han cubierto en las diferentes plantas. Es decir, como ellos mismos lo señalan en esta circular enviada a los parlamentarios, se trata de recursos acumulados a expensas de los mismos funcionarios de Prisiones, porque al no llenarse las respectivas vacantes se ha recargado excesivamente el trabajo de los actuales funcionarios.
Por lo tanto, señor Presidente, nosotros, los Diputados comunistas, apoyaremos con todo gusto esta iniciativa y la votaremos favorablemente.
Nada más.
Varios señores DIPUTADOS.-
Votemos
El señor MAIRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Maira.
El señor MAIRA.-
En el muy breve tiempo que le resta a nuestro Comité, quiero dejar constancia de que casi es innecesario que los parlamentarios democratacristianos anunciemos nuestros votos favorables, porque los trabajadores de Prisiones y la directiva de ANFUP saben que, desde siempre, nuestros parlamentarios, sin excepción, han tratado de ser amigos y colaboradores de este gremio de trabajadores.
Por esta razón, todos nuestros votos estarán por la aprobación del artículo. Y es más, comprometemos nuestra gestión para obtener, finalmente, no sólo la aprobación, sino el cumplimiento de la disposición,
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada esta modificación.
Aprobada.
Despachado el proyecto.
Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 19 de noviembre, 1969. Oficio en Sesión 12. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
OFICIO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
-Se manda archivarlo.
Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 19 de noviembre, 1969. Oficio en Sesión 12. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
OFICIO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
-Se manda archivarlo.
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 02 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 14. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 14.235.Santiago, 1º de diciembre de 1969.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al Proyecto de Ley que otorga Facultades Especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones:
Artículo 1º Nº 3: Para sustituirlo por el siguiente:
3º "El aumento de las pensiones de retiro y montepíos que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma:
El 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30 % restante para completar el 100% de dicho aumento a contar del 1º de diciembre del mismo año".
El inciso 1º del Nº 3 del artículo 1º del proyecto aprobado, dispone que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones al personal activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Estado no está en condiciones de pagar el reajuste al sector pasivo en los términos aprobados. El costo del reajuste al sector pasivo sobrepasa los Eº 830 millones que no tienen financiamiento posible en un sólo año.
El impacto de esta cifra en 1970 crearía una situación de extrema gravedad, con una repercuden inflacionaria de tal magnitud que desvirtuaría el esfuerzo realizado por el país para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Aparte de ello cabe considerar, que el aumento a los pensionados es de considerable proporción, ya que por el sistema mismo de pensiones de retirados y montepíos, los reajustes resultantes para estos sectores son mayores que los correspondientes al sector activo.
Por tal razón, el Supremo Gobierno estima que el aumento al personal en retiro y montepíos sólo puede ser pagado en etapas. Artículo 2º inciso 2º: Suprimirlo.
El inciso 2º del Artículo 2º establece que dentro del plazo de 60 días las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deberán dar cumplimiento al dictamen de 29 de agosto de 1969 de la Contraloría General de la República.
El referido dictamen, por la vía de la interpretación, señaló que a juicio de la Contraloría General de la República la Bonificación Profesional a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 16.466, debería, en virtud del artículo 2º transitorio de la ley Nº 16.840, ser calculada al personal en retiro en relación con el sueldo base y los quinquenios de que está en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
El Ejecutivo estima que esta interpretación no se aviene con el espíritu ni con la letra de la ley, por cuanto la bonificación profesional allí referida debe necesariamente calcularse sobre el sueldo base y el porcentaje de los quinquenios que les corresponde en virtud de la ley. Igual procedimiento, a su juicio, cabe aplicar en esta materia en el cálculo de la bonificación profesional a que se refiere el artículo 4º del D.F.L. Nº 3, de 1968. De no aceptarse este criterio existiría un mayor gasto de aproximadamente Eº 13.000.000 que no fueron financiados en esas leyes.
Por otra parte, el precepto que se veta es inconstitucional ya que constituye en el hecho un aumento de remuneraciones de cargo fiscal que no cuenta ni ha contado con el patrocinio del Presidente de la República.
Finalmente, cabe señalar que el Ejecutivo al formular ese veto ha podido hacerlo en formal sustitutiva del precepto, paira reafirmar el verdadero alcance de lo dispuesto en el lartíoulo 3º de la ley Nº 16.466, 2º transitorio de la Ley Nº 16.840 y artículo 4º del D.F.L. Nº 3 de 1968. Sin embargo, ha preferido formular esta observación supresiva del precepto, a fin de que la situación sea dilucidada sin imponer un criterio determinado por la vía legal.
Artículo 6 Nº 9: Para sustituirlo por el siguiente:
"9.- Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:
Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los
impuestos establecidos en los artículos 1º y 4º, con excepción de los incisos 3°, letra g) y 4º del artículo 1º, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo."
Con la modificación propuesta se desea mejorar y adecuar ese artículo a las modificaciones introducidas al Art. 1º de la ley sobre Compraventas y Servicios. En efecto, el artículo 8º Nº 2 del proyecto en discusión sustituyó el inciso 4º de dicho artículo 1º reemplazándolo por la letra g) del inciso 3º que contempla las mismas disposiciones de ese inciso 4º.
Como consecuencia de este cambio se alteró el orden de los incisos del artículo 1º de la ley Nº 12.120 con lo cual quedó inconexa la referencia que hace el artículo 13 a las normas del artículo 1º y mediante la cual se obligaba a pagar el impuesto completo a las Cooperativas de Consumo por las transferencias de piscos, vinos y artículos suntuarios.
El nuevo artículo 13 no innova respecto de la disposición vigente sino que persigue conciliar las referencias y presentar una redacción más clara.
Artículo 99.- Para suprimir la frase final que se agrega al inciso 1º del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Se propone suprimir la frase señalada por cuanto reduce la recaudación presupuestada de Eº 30.000.000 a Eº 10.000.000, con las implicaciones que es fácil prever para el cumplimiento adecuado del reajuste de remuneraciones á los sectores señalados en el presente proyecto de ley.
Además, vale hacer presente que el impuesto que grava las transferencias de bienes raíces se aplica sobre el precio de venta del predio que, por regla general, es superior al avalúo. De esta manera el beneficio que se ha querido conceder es imponderable y puede ser injusto en a medida que, en un momento dado, un bien avaluado en igual suma que otros, obtenga un mayor beneficio debido a un precio comercial más alto.
Por otra parte, la aplicación discriminada de un impuesto impersonal tendiente a desgravar las ventas según su valor de avalúo, no es un padrón de medida adecuado ya que no distingue entre las operaciones efectuadas por una persona en forma habitual y la circunstancia esporádica que ha concurrido en otra para efectuar dicha venta.
Además, ¡ya rige en la legislación vigente, la exención o una rebaja del 50% del impuesto, en las transferencias de las viviendas afectas al D.F.L. Nº 2, según se efectúen estas antes o después del año de acogida la propiedad a dicho D.F.L.
Artículo 11, Nº 2:
a) Sustituir la frase "su coma" (,) final" por "la conjunción y".
b) Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
c) Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación.
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la frase que se agrega, tal cual se propuso en el Mensaje, ya que de lo contrario se estaría suprimiendo la tasa que grava a los sueldos y salarios en general.
b) Rebajar la tasa del 8,5% al 6%, ya que la que inicialmente se propuso constituirá un aumento excesivo respecto de la tasa vigente.
c) Los funcionarios que están indicados en el artículo 9 de la Ley de la Renta ya tienen un tratamiento de excepción al considerarse como renta de los cargos que sirven en el extranjero, la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaran una función equivalente en el país.
Artículo 11 Nº 4:
a) Sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente":
b) Eliminar la frase "en el inciso anterior".
Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la oración que se agrega al artículo.61 de la Ley de la Renta, ya que de lo contrario habría 2 incisos terceros en dicha ley.
Como consecuencia, se elimina la mención al inciso anterior ya que no se ha agregado como nuevo inciso.
Artículo 11.- Para agregar los siguientes números:
"5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo 30%, cambiando el punto (.) por una coma (,) :
"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%."
"6.- Reemplazar el inciso 1° del artículo 31 por el siguiente:
"Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6%0 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor".
Los números 5 y 6 que se agregan al proyecto, tienen por objeto incluir como norma permanente dentro del articulado de la Ley de la Renta lo dispuesto por el artículo 2º transitorio que grava con una tasa adicional del 10% a los Bancos y Compañías de Seguros. Al mismo tiempo se rebaja esta tasa adicional al 5%, ya que como consecuencia del alza de la tasa a las Sociedades Anónimas de 30% a 35% ya se ha gravado dichas empresas en un 5%, porcentaje que sumado al que se contempla en este artículo da el 10% que se ha pensado gravar.
Al mismo tiempo que se alza la tasa de 1ª Categoría del 17% al 22% para los bancos extranjeros, se sube también el porcentaje sobre los depósitos para determinar la suma mayor que ss adeudará como impuesto. De esta manera, los bancos extranjeros quedarán pagando un impuesto a la renta, categoría y adicional, ascendente al 59,5% que se aplica sobre el total de sus rentas devengadas en el año.
Artículo 13.- Substituirlo por el siguiente:
Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo 8º de la ley Nº 16.528 por el siguiente:
La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7º, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.
b) Derógase, a contar del 31 de diciembre de 1969 el artículo 11 de la ley Nº 16.528. En consecuencia, a partir de esa fecha las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán acogerse al sistema general de devolución establecido en la ley Nº 16.528.
No obstante lo anterior, las empresas de la pequeña minería y la Empresa Nacional de Minería continuarán exentas de pleno derecho de los tributos mencionados en el artículo 1º de la ley Nº 16.528, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
c) Derógase a partir del 31 de diciembre de 1969 los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Se autoriza al Presidente de la República para que dentro del plazo de 120 días proceda a dictar un nuevo reglamento de la ley Nº 16.528.
En todo lo que sean compatibles con las disposiciones de la presente, ley, mantendrán su vigencia los artículos 16 y 19 del decreto Nº 1.27:0, antes mencionado, hasta la fecha de publicación del Reglamento que dictará el Presidente de la República, de acuerdo con la facultad que se le confiere en el inciso anterior.
d) Elimínase en el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, la siguiente frase: en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de la Producción", y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
e) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores".
"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala".
"Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
El actual Gobierno planteó desde sus comienzos la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país, para lo cual, entre otras medidas, estimó indispensable crear las condiciones y mecanismos necesarios para incrementar las disponibilidades de divisas con lo cual se podrá aumentar el equipamiento industrial.
Esta finalidad sólo puede obtenerse incrementando las exportaciones, salvo que se quisiera recurrir al endeudamiento externo, lo que este Gobierno no desea hacer.
Consecuente con esta política se propuso una legislación para reemplazar las disposiciones contenidas en la ley Nº 12.861 y en el D.F.L. Nº 256, de 1960, que trataban sobre incentivos a las exportaciones.
Esta nueva legislación se contiene en la ley Nº 16.528.
La aplicación de la ley de Fomento de las Exportaciones ha tenido como consecuencia un cambio notable en la composición de las exportaciones al permitir la incorporación de nuevos productos en el intercambio y al facilitar la concurrencia de productos chilenos no tradicionales a los mercados internacionales en los que, debido al dumping que se ejerce por parte de otros países competidores, les habría si imposible su colocación.
A través del cuadro que sigue puede verse los incrementos que han experimentado las exportaciones.
Embarques enero septiembre.
Años 1966 1969
1966 1969
(Miles US$) (Miles US$) % aumento 66/69
Total de exportaciones
Total exportado (no se incluye materia
prima y sus manufacturas)
Total prod. agropecuarios y del mar .... Total exportaciones prod. industriales:
1) (No se incluye manufacturas de co
bre)
Total exportaciones prod. industriales:
2) (No se incluyen harina y aceite de pes
cado y manufacturas de cobre) ..
572.055,5 755.705,2 32,1%
158.294,8 30.324,2 169.698,0 34.869,0 7,2% 14,9%
48.147,6 54.847,1 13,9%
25.880,8 38.603,4 49,1%
A pesar de que en el cuadro estadístico que se ha transcrito aparece un claro aumento en las exportaciones, no se desprende él, sin embargo, el impacto interno que ha generado la aplicación de esta ley.
En efecto, debe señalarse que además del aumento de las exportaciones, la nueva política ha traído como consecuencia nuevas inversiones en industrias diseñadas para la exportación, o ampliación de las existentes; consolidación de mercados para Chile de productos de carácter fundamental, tales como papel de diario, celulosa y cartulina, consolidación que a su vez ha permitido a la Corporación de Fomento de la Producción diseñar un programa de nuevas inversiones en estas áreas como son las nuevas plantas de celulosa de Arauco y de Constitución; consolidación de la industria pesquera de la Zona Norte; impulso efectivo al sector privado en los planes de reforestación de bosques y de plantaciones frutales; desarrollo acelerado de industrias de la metalurgia, tales como las de cables de acero con los cuales se está abasteciendo a la industria minera peruana, medidores de agua, máquinas lavadoras, bocinas y descansos; exportación de máquinas de escribir, de centrales telefónicas, etc.
Lo anterior demuestra lo que internamente el país ha ganado y puede ganar en el futuro si se mantiene una política justa y permanente de estímulo a las exportaciones evitando el desaliento que medidas cambiantes e inestables pueden producir en los inversionistas, sean éstos públicos o privados.
Por otra parte, parece útil destacar el impacto fiscal que representa cada nuevo dólar ingresado al país. En efecto, sólo por concepto de gravámenes aduaneros, un dólar utilizado en importaciones significa, en promedio, alrededor de 40 centavos de dólar.
Debe tenerse presente, además, que la inmensa mayoría de los países, tanto los industrializados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo fomentan y estimulan sus exportaciones a través de diversos mecanismos como una manera de mantener en pleno funcionamiento sus economías internas. En este aspecto cabe mencionar el ejemplo de Francia, quien subsidia a la cebada malteada hasta en un 55% cuando se exporta a países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene para el país el incremento de las exportaciones frente a los compromisos internacionales contraídos tanto en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) cuanto en el Mercado Subregional Andino.
La industria nacional debe desarrollarse en forma urgente para enfrentar la competencia de las industrias establecidas en los países a que se refieren dichos Convenios.
Por las razones anteriores, se propone sustituir el artículo 13 del proyecto aprobado, por las disposiciones que se señalan y cuyo fundamento es el siguiente:
Se establece que los certificados de devolución que emita el Banco Central de Chile sólo se entregarán a los exportadores una vez que éstos hayan retornado y liquidado las divisas correspondientes, eliminándose la disposición que permite la entrega de ellos al momento del embarque las mercaderías. Con esta norma se trata de incentivar los retornos de las exportaciones, con el objeto de que el país pueda disfrutar de los cambios que necesita para cubrir sus importaciones;
Se elimina la liberación de pleno derecho que se contiene en el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para las empresas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos para la exportación, sujetando a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De esta manera se simplificará el régimen de la ley y se permitirá al Presidente de la República regular el "draw back" para tales.
a) actividades en términos tales que ello constituya un incentivo razonable para el fomento de nuestra producción.
En todo caso se mantiene la exención de pleno derecho con respecto a la Empresa Nacional de Minería y a la pequeña minería, con el objeto de que dichos productores puedan adquirir, exentos de impuestos, los elementos que requieran para el laboreo de sus minas;
Como consecuencia de la derogación del artículo 11 se derogan las disposiciones correspondientes del Reglamento de la ley;
Se modifica también el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, con el objeto de aumentar las exportaciones de aceite y harina de pescado que se efectúen a través de los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral al régimen general establecido en dicha ley.
El artículo 22 de la ley Nº 16.724 estableció el beneficio del "draw back" aplicable a los navieros con respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
En general el "draw back" establecido por la ley Nº 16.528 tiene una duración de tres años plazo, durante el cual no es posible eliminarlo o rebajar sus porcentajes.
Sin embargo, la ley Nº 16.617, del 31 de enero de 1967, y posteriormente la ley Nº 17.073, del 31 de diciembre de 1968, permite al Presidente de la República disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos.
Con el objeto de colocar al "draw back" a que tienen derecho los navieros en la misma situación que la generalidad de los exportadores, se propone reemplazar el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724 por el que se indica.
Artículo 14.Para agregar al final en el segundo inciso, después de las expresiones "la ley Nº 16.617.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase "a contar de la vigencia de la presente ley".
Esta modificación tiene por objeto precisar la aplicación del inciso segundo del artículo referido.
Artículos transitorios
Artículo 1°.- Sustituirlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones, con excepción de los efectos a la ley Nº 15.076, en el curso del presente año, y por una sola vez, una asignación de hasta Eº 900 a cada uno, que se financiará con los excedentes presupuestarios producidos en el presente año en el ítem sueldos del Servicio de Prisiones, por las vacantes que no se llenaron en el mismo año".
Aun cuando los excedentes que se producen en los ítem de remuneraciones, constituyen un financiamiento para los múltiples gastos fiscales, el Gobierno ha estimado de justicia hacer una excepción por esta sola vez, con el personal del Servicio de Prisiones, justificada por el mayor esfuerzo que ha debido desarrollar el personal actual servicio para compensar las vacantes de personal.
Se ha colocado la cifra tope de Eº 900, ya que ella dependerá de los excedentes presupuestarios a que se refiere el mismo artículo.
El Ejecutivo estima que la disposición sustitutiva que propone es indispensable para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley, ya que si se mantiene la cifra rígida de Eº 900, que puede no calzar con el financiamiento imperativo propuesto, lo dispuesto en el artículo quedará sin aplicación.
Artículo 2º transitorio.- Para suprimirlo.
Se propone el mismo artículo como disposición permanente de la ley.
Artículo 3º transitorio.- Para suprimir el inciso segundo.
Se propone suprimir este inciso por cuanto merma considerablemente el financiamiento necesario para reajustar las remuneraciones señaladas. En efecto, de Eº 47.500.000 que se espera rendirá el recargo de 10% se perderían con la excepción incluida por el Honorable Congreso Nacional la suma de Eº 23.000.000.
Por otra parte, la discriminación relativa a los predios según su avalúo creará graves dificultades administrativas, toda vez que deberá hacerse previamente un empadronamiento del conjunto de los bienes raíces que posea una persona a lo largo del territorio nacional para aplicar la eximición propuesta, bastando un pequeño exceso sobre los 15 SVA para gravar íntegramente el predio.
El Ejecutivo está consciente de la intención que ha tenido el Honorable Congreso Nacional para marginar los bienes raíces de avalúo inferior a 15 SVA.; pero no justifica este desgravamen, dado que el recargo propuesto es sobre la contribución girada, con lo cual implícitamente se mantienen todas las franquicias y exenciones que favorecen a diversos predios.
Por último, es del caso recordar que por el presente año 1969 se aprobó un recargo similar a los bienes raíces según lo dipuso el artículo 9º de la ley Nº 17.073,
y no se divisa una razón valedera para restringir el ámbito del que se propone para el año 1970 habida consideración, además, que se marginan los bienes raíces agrícolas de ciertas zonas del país afectados por la sequía y que suman en total 18.875 predios favorecidos.
Para agregar el siguiente artículo transitorio:
Artículo... "La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970, y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal de servicio activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.900.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970".
Esta disposición tiene por objeto permitir que la primera diferencia corresponte al reajuste que se otorga por la presente ley, pueda ser descontada en 6 cuotas mensuales, en vez de una sola como lo dispone la legislación vigente. Además se allegan fondos para cubrir reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del fondo revalorizador de pensiones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo. . ."A contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley sus modificaciones posteriores".
Por la ley Nº 12.428, de 1957, se restableció el beneficio de quinquenios para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El artículo 2º de dicha ley creó también este beneficio para los retirados y montepiados, pero en porcentaje menor que el asignado al servicio activo. Esta reducción del porcentaje afecta al personal retirado antes de la dictación de la ley.
Por la supresión que se propone, se obtiene la igualdad de beneficios cualquiera que sea la época del retiro.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo. . . Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el artículo 124 del D.F.L. Nº 1, de 1968, y artículo 59 del D.F.L. Nº 2, de 1968, de los Ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
En la actualidad, el artículo 124 del D.F.L. Nº 1 y 59 del D.F.L. Nº 2, ambos de 1968, establecen que el producido de los descuentos por concepto de ocupación de casas fiscales, se destinará a la ampliación, conservación y reparación de esas propiedades o a la adquisición o construcción de otras nuevas.
El Ejecutivo estima de toda conveniencia contar con una facultad más amplia, para la destinación de estos recursos, ya que quedará un excedente para cumplir las demás finalidades de esta ley, después de destinar todas las sumas necesarias para el objetivo ya indicado.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo... Interpretando el artículo 75 de la ley Nº 17.105 declárase que las exenciones que se establecen en dicha disposición también alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y a los alcoholes importados destinados al mismo objeto sólo cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que puedan enajenarlos o transferirlos a ningún título a terceros, con excepción a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros. Asimismo, declárase que los alcoholes exentos de impuestos han quedado y quedarán sometidos a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre control y fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
Esta disposición interpretativa tiende a resolver las siguientes situaciones:
1º) Dejar claramente establecido que las adquisiciones de alcoholes que hacen las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están exentas de impuestos.
2º) Fomentar el desarrollo de las industrias que emplean los alcoholes como materia prima, los cuales sufren posteriormente una transformación química.
3º) Evitar la formación de monopolios en la internación de alcoholes, aclarándose que sólo podrían importar alcoholes exentos de impuesto los industriales que los destinen exclusivamente para el uso de sus industrias.
4º) Aclarar que la exención tributaria no excluye del control y fiscalización que deben efectuar los inspectores de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola y Ganadero.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 152 de la ley Nº 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabras "Chile" y "Banco", y reemplázase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos'' y "menicionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".
5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "ser" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
La modificación que se introduce al artículo 235 de la ley Nº 16.617, tiene por objeto, en primer lugar, incluir dentro de los créditos que grava a los que otorgue la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, ya que ambas instituciones conceden créditos no reajustables.
Además, se elimina de la exención a los créditos de preembarque, los cuales en el futuro podrán quedar liberados del tributo o pagar uno inferior en la medida en que el Comité Ejecutivo del Banco Central con aprobación del Ministro de Hacienda establezca líneas crediticias especiales para este objeto.
Por último, la modificación que se introduce al precepto en análisis tiene por objeto precisar la tasa tributaria en relación con la variación del índice de precios al consumidor en Santiago.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley que se indica:
1º) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos:
Sin embargo, no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país.
No obstante lo anterior, podrán deducirse los intereses provenientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de créditos y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central.
2º) Reemplázase el inciso primero del Nº 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas".
3º) Agrégase en el inciso segundo del
N° 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central".
Mediante la modificación que se propone se pretende corregir el vacío legal que permite eludir los impuestos mediante el subterfugio de recibir préstamos de los bancos ubicados en el exterior, cuyos intereses están exentos de impuestos en la legislación vigente, y que en el fondo son dineros facilitados por las empresas o. particulares que a su vez son socios de la empresa ubicada en Chile.
Se mantiene la exención en el impuesto adicional para los intereses pagados a favor de las instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras por considerarse una fuente de fácil control tributario y que se prestan para las operaciones descritas.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo... Reemplázase en el artículo de la ley Nº 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, 29 de abril de 1966, y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes : en la letra a) "29%" por "31%", en la letra b) "12%" por "15%", en la letra d) "11%" por "13%" y en la letra e) "20%" por "22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de combustibles y lubricantes en los porcentajes que se señalan, y que significan un mayor ingreso destinado a financiar los reajustes dispuestos por esta ley por una suma aproximada de Eº 60,02 millones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo... Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el departamento de Arica, de conformidad con la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85% de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley Nº 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley Nº 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinar das que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2º de la ley Nº 14.824, continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final de los artículos 1º y 3º de la ley Nº 14.824, del 13 de enero de 1962.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de combustibles y
A fin de que el Estado pueda contar con recursos necesarios en moneda nacional destinados a financiar parto de los reajustes de remuneraciones del año 1970, incluido el que se ha acordado a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, en este proyecto de ley, es necesario, entre otras medidas, liberalizar en forma controlada algunas importaciones. Se trata de incluir en la lista de mercaderías permitidas una serie de elementos necesarios para el más apropiado desarrollo del país.
Esta medida permitiría liquidar dólares por una cantidad cercana a los 30.000.000 de dólares, lo que significaría disponer de recursos por aproximadamente Eº 350 millones.
Para concretar esta medida es indispensable modificar la ley Nº 14.824 en la forma propuesta en este veto, ya que toda nueva mercadería que se declare de importación permitida y que ingrese en el Departamento de Arica está afecta sólo a un impuesto de un 25% sobre su valor aduanero, lo que constituye una discriminación en relación al resto del país de tal magnitud que impediría de hecho su aplicación por la dificultad de control del ingreso de dicha mercadería al resto del territorio.
La necesidad de utilizar esta fuente de financiamiento movió al Ejecutivo a remitir esta misma iniciativa a la consideración del Congreso en el veto al proyecto de ley sobre franquicias a profesionales y técnicos que regresen al país, remitido mediante oficio Nº 1.002 el 2 de septiembre de 1969. Sin embargo, mediante oficio Nº 1.055, de 12 de octubre de 1969, el Gobierno retiró del referido veto esta iniciativa ya que, respecto de ella, representantes de diversas actividades de Arica, pidieron un nuevo estudio y la adopción de otras medidas de interés para la zona.
A tal efecto, el señor Ministro de Hacienda hizo una visita al Departamento y trató con la Junta de Adelanto y el Comité de Defensa todos los problemas pendientes en la zona. Como consecuencia de ello se constituyó una comisión tripartita, integrada por representantes de la señalada Junta y Comité y del Gobierno, quienes han dado su aprobación a las medidas a que se refieren los artículos nuevos que, junto con éste, se proponen a continuación en este veto, y que representan el acuerdo logrado.
Estas medidas incluyen, aparte del nuevo tratamiento arancelario a las mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida y que se importen en el Departamento de Arica, los siguientes puntos:
1º) La limitación de la exención del impuesto de compraventa por las compras que se efectúen fuera de la zona, sólo a los productos nacionales;
2º) La exención en beneficio de las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica, del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos;
3º) El reestablecimiento de la norma en virtud de la cual sólo se encuentran exentas del impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales del Departamento de Arica; 4º) La radicación en Arica de los impuestos establecidos en la ley Nº 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento, y 5º) La autorización para que la Junta de Adelanto de Arica pueda formar todo tipo de Sociedades con la Empresa Nacional de Minería.
Sin perjuicio de la fundamentación anterior que explica globalmente el acuerdo logrado con los representantes del Departamento, se aclara, más adelante, en forma específica, el alcance de cada uno de los nuevos artículos propuestos.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Articulo....- Introdúcense al artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificado por las leyes 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso 2º por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el
Departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1º de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes."
2) Reemplázase el inciso 4º por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley Nº 13.039."
Al reemplazarse el inciso 2º se establece que la exención de compraventa por las compras efectuadas en el resto del país se aplicará, sólo a los productos nacionales, siguiendo a este respecto el mismo criterio adoptado en el artículo 18 Nº 7 de la ley Nº 12.120 que favorece a los industriales y comerciantes establecidos en las restantes zonas liberadas de derechos, ya que dicha exención no se justifica para los artículos importados. Se excluye, sin embargo, de esta exención a las bebidas analcohólicas, a fin de proteger a las industrias de este ramo establecidas en la zona.
El reemplazo del inciso 4º tiene por objeto permitir que los consumidores de Arica puedan adquirir los automóviles y televisores producidos en la zona a un menor precio, lo que fortalece la venta de estos productos nacionales y, en el caso de los televisores, permite adecuar la situación producida por la restricción de importación de los mismos recientemente establecida.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Restablécese la vigencia del inciso tercero del artículo 18 de la ley 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley Nº 17.073, a contar desde el 1º de septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el departamento de Arica con anterioridad a la vigencia de esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1º de la ley Nº 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto del país.
La derogación del actual inciso cuarto del artículo 18 de la ley Nº 16.528, que es reemplazado por el texto a que se refiere la disposición anterior propuesta en este veto, y el restablecimiento del inciso tercero de mismo artículo 18 que se propone mediante este nuevo artículo, tienen por objeto restablecer la situación existente en materia de ventas efectuadas entre sí por los comerciantes e industriales del departamento de Arica a la que existía con anterioridad a la ley Nº 17.170, en que sólo se encontraban exentas de impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales de dicho departamento, ya que la ampliación de la franquicia a todas las compras efectuadas por los comerciantes, industriales y cooperativas de Arica, dispuesta por la ley Nº 17.170 ha ocasionado problemas de financiamiento a la Junta de Adelanto de Arica.
El segundo inciso contenido en este artículo tiene por objeto hacer desaparecer el beneficio que pudieron haber obtenido
los comerciantes del resto del país que se hubieren establecido en el departamento de Arica, durante la vigencia del artículo 1º de la ley Nº 17.170, con el solo objeto de comprar, liberadas de impuesto, grandes partidas de mercaderías para ingresarlas posteriormente al resto del país.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...Los impuestos establecidos en la ley N° 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones grabadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Esta disposición tiene por objeto mantener el monto de financiamiento previsto, por este concepto, para la Junta de Adelanto de Arica.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Agrégase como inciso final del artículo 2º de la ley Nº 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
Esta disposición tiene por objeto facilitar las labores de desarrollo en la minería que realiza la Junta de Adelanto de Arica.
Por lo tanto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno desaprueba el proyecto de ley mencionado en la forma aprobada y lo devuelve a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Sergio Ossa Pretot. Andrés Zaldívar Larraín."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 02 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 14. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 14.235. Santiago, 1º de diciembre de 1969.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al Proyecto de Ley que otorga Facultades Especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones:
Artículo 1º Nº 3: Para sustituirlo por el siguiente:
3º "El aumento de las pensiones de retiro y montepíos que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma:
El 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30% restante para completar el 100% de dicho aumento a contar del 1º de diciembre del mismo año".
El inciso 1º del Nº 3 del artículo 1º del proyecto aprobado, dispone que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones al personal activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Estado no está en condiciones de pagar el reajuste al sector pasivo en los términos aprobados. El costo del reajuste al sector pasivo sobrepasa los Eº 830 millones que no tienen financiamiento posible en un sólo año.
El impacto de esta cifra en 1970 crearía una situación de extrema gravedad, con una repercuden inflacionaria de tal magnitud que desvirtuaría el esfuerzo realizado por el país para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Aparte de ello cabe considerar, que el aumento a los pensionados es de considerable proporción, ya que por el sistema mismo de pensiones de retirados y montepíos, los reajustes resultantes para estos sectores son mayores que los correspondientes al sector activo.
Por tal razón, el Supremo Gobierno estima que el aumento al personal en retiro y montepíos sólo puede ser pagado en etapas.
Artículo 2º inciso 2º: Suprimirlo.
El inciso 2º del Artículo 2º establece que dentro del plazo de 60 días las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deberán dar cumplimiento al dictamen de 29 de agosto de 1969 de la Contraloría General de la República.
El referido dictamen, por la vía de la interpretación, señaló que a juicio de la Contraloría General de la República la Bonificación Profesional a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 16.466, debería, en virtud del artículo 2º transitorio de la ley Nº 16.840, ser calculada al personal en retiro en relación con el sueldo base y los quinquenios de que está en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
El Ejecutivo estima que esta interpretación no se aviene con el espíritu ni con la letra de la ley, por cuanto la bonificación profesional allí referida debe necesariamente calcularse sobre el sueldo base y el porcentaje de los quinquenios que les corresponde en virtud de la ley. Igual procedimiento, a su juicio, cabe aplicar en esta materia en el cálculo de la bonificación profesional a que se refiere el artículo 4º del D.F.L. Nº 3, de 1968. De no aceptarse este criterio existiría un mayor gasto de aproximadamente Eº 13.000.000 que no fueron financiados en esas leyes.
Por otra parte, el precepto que se veta es inconstitucional ya que constituye en el hecho un aumento de remuneraciones de cargo fiscal que no cuenta ni ha contado con el patrocinio del Presidente de la República.
Finalmente, cabe señalar que el Ejecutivo al formular ese veto ha podido hacerlo en formal sustitutiva del precepto, paira reafirmar el verdadero alcance de lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 16.466, 2º transitorio de la Ley Nº 16.840 y artículo 4º del D.F.L. Nº 3 de 1968. Sin embargo, ha preferido formular esta observación supresiva del precepto, a fin de que la situación sea dilucidada sin imponer un criterio determinado por la vía legal.
Artículo 6 Nº 9: Para sustituirlo por el siguiente:
"9.- Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:
Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los
impuestos establecidos en los artículos 1º y 4º, con excepción de los incisos 3°, letra g) y 4º del artículo 1º, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo."
Con la modificación propuesta se desea mejorar y adecuar ese artículo a las modificaciones introducidas al Art. 1º de la ley sobre Compraventas y Servicios. En efecto, el artículo 8º Nº 2 del proyecto en discusión sustituyó el inciso 4º de dicho artículo 1º reemplazándolo por la letra g) del inciso 3º que contempla las mismas disposiciones de ese inciso 4º.
Como consecuencia de este cambio se alteró el orden de los incisos del artículo 1º de la ley Nº 12.120 con lo cual quedó inconexa la referencia que hace el artículo 13 a las normas del artículo 1º y mediante la cual se obligaba a pagar el impuesto completo a las Cooperativas de Consumo por las transferencias de piscos, vinos y artículos suntuarios.
El nuevo artículo 13 no innova respecto de la disposición vigente sino que persigue conciliar las referencias y presentar una redacción más clara.
Artículo 9°.- Para suprimir la frase final que se agrega al inciso 1º del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Se propone suprimir la frase señalada por cuanto reduce la recaudación presupuestada de Eº 30.000.000 a Eº 10.000.000, con las implicaciones que es fácil prever para el cumplimiento adecuado del reajuste de remuneraciones á los sectores señalados en el presente proyecto de ley.
Además, vale hacer presente que el impuesto que grava las transferencias de bienes raíces se aplica sobre el precio de venta del predio que, por regla general, es superior al avalúo. De esta manera el beneficio que se ha querido conceder es imponderable y puede ser injusto en a medida que, en un momento dado, un bien avaluado en igual suma que otros, obtenga un mayor beneficio debido a un precio comercial más alto.
Por otra parte, la aplicación discriminada de un impuesto impersonal tendiente a desgravar las ventas según su valor de avalúo, no es un padrón de medida adecuado ya que no distingue entre las operaciones efectuadas por una persona en forma habitual y la circunstancia esporádica que ha concurrido en otra para efectuar dicha venta.
Además, ya rige en la legislación vigente, la exención o una rebaja del 50% del impuesto, en las transferencias de las viviendas afectas al D.F.L. Nº 2, según se efectúen estas antes o después del año de acogida la propiedad a dicho D.F.L.
Artículo 11 Nº 2:
a) Sustituir la frase "su coma" (,) final" por "la conjunción y".
b) Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
c) Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación.
_____
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la frase que se agrega, tal cual se propuso en el Mensaje, ya que de lo contrario se estaría suprimiendo la tasa que grava a los sueldos y salarios en general.
b) Rebajar la tasa del 8,5% al 6%, ya que la que inicialmente se propuso constituirá un aumento excesivo respecto de la tasa vigente.
c) Los funcionarios que están indicados en el artículo 9 de la Ley de la Renta ya tienen un tratamiento de excepción al considerarse como renta de los cargos que sirven en el extranjero, la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaran una función equivalente en el país.
Artículo 11 Nº 4:
a) Sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente":
b) Eliminar la frase "en el inciso anterior".
Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la oración que se agrega al artículo 61 de la Ley de la Renta, ya que de lo contrario habría 2 incisos terceros en dicha ley.
Como consecuencia, se elimina la mención al inciso anterior ya que no se ha agregado como nuevo inciso.
Artículo 11.- Para agregar los siguientes números:
"5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo 30%, cambiando el punto (.) por una coma (,) :
"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%."
"6.- Reemplazar el inciso 1° del artículo 31 por el siguiente:
"Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6%0 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor".
Los números 5 y 6 que se agregan al proyecto, tienen por objeto incluir como norma permanente dentro del articulado de la Ley de la Renta lo dispuesto por el artículo 2º transitorio que grava con una tasa adicional del 10% a los Bancos y Compañías de Seguros. Al mismo tiempo se rebaja esta tasa adicional al 5%, ya que como consecuencia del alza de la tasa a las Sociedades Anónimas de 30% a 35% ya se ha gravado dichas empresas en un 5%, porcentaje que sumado al que se contempla en este artículo da el 10% que se ha pensado gravar.
Al mismo tiempo que se alza la tasa de 1ª Categoría del 17% al 22% para los bancos extranjeros, se sube también el porcentaje sobre los depósitos para determinar la suma mayor que se adeudará como impuesto. De esta manera, los bancos extranjeros quedarán pagando un impuesto a la renta, categoría y adicional, ascendente al 59,5% que se aplica sobre el total de sus rentas devengadas en el año.
Artículo 13.- Substituirlo por el siguiente:
Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo 8º de la ley Nº 16.528 por el siguiente:
La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7º, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.
b) Derógase, a contar del 31 de diciembre de 1969 el artículo 11 de la ley Nº 16.528. En consecuencia, a partir de esa fecha las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán acogerse al sistema general de devolución establecido en la ley Nº 16.528.
No obstante lo anterior, las empresas de la pequeña minería y la Empresa Nacional de Minería continuarán exentas de pleno derecho de los tributos mencionados en el artículo 1º de la ley Nº 16.528, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
c) Derógase a partir del 31 de diciembre de 1969 los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Se autoriza al Presidente de la República para que dentro del plazo de 120 días proceda a dictar un nuevo reglamento de la ley Nº 16.528.
En todo lo que sean compatibles con las disposiciones de la presente, ley, mantendrán su vigencia los artículos 16 y 19 del decreto Nº 1.27:0, antes mencionado, hasta la fecha de publicación del Reglamento que dictará el Presidente de la República, de acuerdo con la facultad que se le confiere en el inciso anterior.
d) Elimínase en el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, la siguiente frase: en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de la Producción", y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
e) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores".
"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala".
"Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
El actual Gobierno planteó desde sus comienzos la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país, para lo cual, entre otras medidas, estimó indispensable crear las condiciones y mecanismos necesarios para incrementar las disponibilidades de divisas con lo cual se podrá aumentar el equipamiento industrial.
Esta finalidad sólo puede obtenerse incrementando las exportaciones, salvo que se quisiera recurrir al endeudamiento externo, lo que este Gobierno no desea hacer.
Consecuente con esta política se propuso una legislación para reemplazar las disposiciones contenidas en la ley Nº 12.861 y en el D.F.L. Nº 256, de 1960, que trataban sobre incentivos a las exportaciones.
Esta nueva legislación se contiene en la ley Nº 16.528.
La aplicación de la ley de Fomento de las Exportaciones ha tenido como consecuencia un cambio notable en la composición de las exportaciones al permitir la incorporación de nuevos productos en el intercambio y al facilitar la concurrencia de productos chilenos no tradicionales a los mercados internacionales en los que, debido al dumping que se ejerce por parte de otros países competidores, les habría si imposible su colocación.
A través del cuadro que sigue puede verse los incrementos que han experimentado las exportaciones.
Embarques enero septiembre.
A pesar de que en el cuadro estadístico que se ha transcrito aparece un claro aumento en las exportaciones, no se desprende él, sin embargo, el impacto interno que ha generado la aplicación de esta ley.
En efecto, debe señalarse que además del aumento de las exportaciones, la nueva política ha traído como consecuencia nuevas inversiones en industrias diseñadas para la exportación, o ampliación de las existentes; consolidación de mercados para Chile de productos de carácter fundamental, tales como papel de diario, celulosa y cartulina, consolidación que a su vez ha permitido a la Corporación de Fomento de la Producción diseñar un programa de nuevas inversiones en estas áreas como son las nuevas plantas de celulosa de Arauco y de Constitución; consolidación de la industria pesquera de la Zona Norte; impulso efectivo al sector privado en los planes de reforestación de bosques y de plantaciones frutales; desarrollo acelerado de industrias de la metalurgia, tales como las de cables de acero con los cuales se está abasteciendo a la industria minera peruana, medidores de agua, máquinas lavadoras, bocinas y descansos; exportación de máquinas de escribir, de centrales telefónicas, etc.
Lo anterior demuestra lo que internamente el país ha ganado y puede ganar en el futuro si se mantiene una política justa y permanente de estímulo a las exportaciones evitando el desaliento que medidas cambiantes e inestables pueden producir en los inversionistas, sean éstos públicos o privados.
Por otra parte, parece útil destacar el impacto fiscal que representa cada nuevo dólar ingresado al país. En efecto, sólo por concepto de gravámenes aduaneros, un dólar utilizado en importaciones significa, en promedio, alrededor de 40 centavos de dólar.
Debe tenerse presente, además, que la inmensa mayoría de los países, tanto los industrializados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo fomentan y estimulan sus exportaciones a través de diversos mecanismos como una manera de mantener en pleno funcionamiento sus economías internas. En este aspecto cabe mencionar el ejemplo de Francia, quien subsidia a la cebada malteada hasta en un 55% cuando se exporta a países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene para el país el incremento de las exportaciones frente a los compromisos internacionales contraídos tanto en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) cuanto en el Mercado Subregional Andino.
La industria nacional debe desarrollarse en forma urgente para enfrentar la competencia de las industrias establecidas en los países a que se refieren dichos Convenios.
Por las razones anteriores, se propone sustituir el artículo 13 del proyecto aprobado, por las disposiciones que se señalan y cuyo fundamento es el siguiente:
a) Se establece que los certificados de devolución que emita el Banco Central de Chile sólo se entregarán a los exportadores una vez que éstos hayan retornado y liquidado las divisas correspondientes, eliminándose la disposición que permite la entrega de ellos al momento del embarque las mercaderías. Con esta norma se trata de incentivar los retornos de las exportaciones, con el objeto de que el país pueda disfrutar de los cambios que necesita para cubrir sus importaciones;
b) Se elimina la liberación de pleno derecho que se contiene en el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para las empresas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos para la exportación, sujetando a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De esta manera se simplificará el régimen de la ley y se permitirá al Presidente de la República regular el "draw back" para tales actividades en términos tales que ello constituya un incentivo razonable para el fomento de nuestra producción.
En todo caso se mantiene la exención de pleno derecho con respecto a la Empresa Nacional de Minería y a la pequeña minería, con el objeto de que dichos productores puedan adquirir, exentos de impuestos, los elementos que requieran para el laboreo de sus minas;
c) Como consecuencia de la derogación del artículo 11 se derogan las disposiciones correspondientes del Reglamento de la ley;
d) Se modifica también el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, con el objeto de aumentar las exportaciones de aceite y harina de pescado que se efectúen a través de los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral al régimen general establecido en dicha ley.
e) El artículo 22 de la ley Nº 16.724 estableció el beneficio del "draw back" aplicable a los navieros con respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
En general el "draw back" establecido por la ley Nº 16.528 tiene una duración de tres años plazo, durante el cual no es posible eliminarlo o rebajar sus porcentajes.
Sin embargo, la ley Nº 16.617, del 31 de enero de 1967, y posteriormente la ley Nº 17.073, del 31 de diciembre de 1968, permite al Presidente de la República disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos.
Con el objeto de colocar al "draw back" a que tienen derecho los navieros en la misma situación que la generalidad de los exportadores, se propone reemplazar el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724 por el que se indica.
Artículo 14.- Para agregar al final en el segundo inciso, después de las expresiones "la ley Nº 16.617.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase "a contar de la vigencia de la presente ley".
Esta modificación tiene por objeto precisar la aplicación del inciso segundo del artículo referido.
Artículos transitorios
Artículo 1°.- Sustituirlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones, con excepción de los efectos a la ley Nº 15.076, en el curso del presente año, y por una sola vez, una asignación de hasta Eº 900 a cada uno, que se financiará con los excedentes presupuestarios producidos en el presente año en el ítem sueldos del Servicio de Prisiones, por las vacantes que no se llenaron en el mismo año".
Aun cuando los excedentes que se producen en los ítem de remuneraciones, constituyen un financiamiento para los múltiples gastos fiscales, el Gobierno ha estimado de justicia hacer una excepción por esta sola vez, con el personal del Servicio de Prisiones, justificada por el mayor esfuerzo que ha debido desarrollar el personal actual servicio para compensar las vacantes de personal.
Se ha colocado la cifra tope de Eº 900, ya que ella dependerá de los excedentes presupuestarios a que se refiere el mismo artículo.
El Ejecutivo estima que la disposición sustitutiva que propone es indispensable para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley, ya que si se mantiene la cifra rígida de Eº 900, que puede no calzar con el financiamiento imperativo propuesto, lo dispuesto en el artículo quedará sin aplicación.
Artículo 2º transitorio.- Para suprimirlo.
Se propone el mismo artículo como disposición permanente de la ley.
Artículo 3º transitorio.- Para suprimir el inciso segundo.
Se propone suprimir este inciso por cuanto merma considerablemente el financiamiento necesario para reajustar las remuneraciones señaladas. En efecto, de Eº 47.500.000 que se espera rendirá el recargo de 10% se perderían con la excepción incluida por el Honorable Congreso Nacional la suma de Eº 23.000.000.
Por otra parte, la discriminación relativa a los predios según su avalúo creará graves dificultades administrativas, toda vez que deberá hacerse previamente un empadronamiento del conjunto de los bienes raíces que posea una persona a lo largo del territorio nacional para aplicar la eximición propuesta, bastando un pequeño exceso sobre los 15 SVA para gravar íntegramente el predio.
El Ejecutivo está consciente de la intención que ha tenido el Honorable Congreso Nacional para marginar los bienes raíces de avalúo inferior a 15 SVA.; pero no justifica este desgravamen, dado que el recargo propuesto es sobre la contribución girada, con lo cual implícitamente se mantienen todas las franquicias y exenciones que favorecen a diversos predios.
Por último, es del caso recordar que por el presente año 1969 se aprobó un recargo similar a los bienes raíces según lo dispuso el artículo 9º de la ley Nº 17.073, y no se divisa una razón valedera para restringir el ámbito del que se propone para el año 1970 habida consideración, además, que se marginan los bienes raíces agrícolas de ciertas zonas del país afectados por la sequía y que suman en total 18.875 predios favorecidos.
Para agregar el siguiente artículo transitorio:
Artículo...- "La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970, y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal de servicio activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.900.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970".
Esta disposición tiene por objeto permitir que la primera diferencia corresponde al reajuste que se otorga por la presente ley, pueda ser descontada en 6 cuotas mensuales, en vez de una sola como lo dispone la legislación vigente. Además se allegan fondos para cubrir reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del fondo revalorizador de pensiones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo...- "A contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley sus modificaciones posteriores".
Por la ley Nº 12.428, de 1957, se restableció el beneficio de quinquenios para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El artículo 2º de dicha ley creó también este beneficio para los retirados y montepiados, pero en porcentaje menor que el asignado al servicio activo. Esta reducción del porcentaje afecta al personal retirado antes de la dictación de la ley.
Por la supresión que se propone, se obtiene la igualdad de beneficios cualquiera que sea la época del retiro.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el artículo 124 del D.F.L. Nº 1, de 1968, y artículo 59 del D.F.L. Nº 2, de 1968, de los Ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
En la actualidad, el artículo 124 del D.F.L. Nº 1 y 59 del D.F.L. Nº 2, ambos de 1968, establecen que el producido de los descuentos por concepto de ocupación de casas fiscales, se destinará a la ampliación, conservación y reparación de esas propiedades o a la adquisición o construcción de otras nuevas.
El Ejecutivo estima de toda conveniencia contar con una facultad más amplia, para la destinación de estos recursos, ya que quedará un excedente para cumplir las demás finalidades de esta ley, después de destinar todas las sumas necesarias para el objetivo ya indicado.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Interpretando el artículo 75 de la ley Nº 17.105 declárase que las exenciones que se establecen en dicha disposición también alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y a los alcoholes importados destinados al mismo objeto sólo cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que puedan enajenarlos o transferirlos a ningún título a terceros, con excepción a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros. Asimismo, declárase que los alcoholes exentos de impuestos han quedado y quedarán sometidos a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre control y fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
Esta disposición interpretativa tiende a resolver las siguientes situaciones:
1º) Dejar claramente establecido que las adquisiciones de alcoholes que hacen las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están exentas de impuestos.
2º) Fomentar el desarrollo de las industrias que emplean los alcoholes como materia prima, los cuales sufren posteriormente una transformación química.
3º) Evitar la formación de monopolios en la internación de alcoholes, aclarándose que sólo podrían importar alcoholes exentos de impuesto los industriales que los destinen exclusivamente para el uso de sus industrias.
4º) Aclarar que la exención tributaria no excluye del control y fiscalización que deben efectuar los inspectores de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola y Ganadero.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 152 de la ley Nº 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabras "Chile" y "Banco", y reemplázase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos'' y "mencionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".
5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "ser" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
La modificación que se introduce al artículo 235 de la ley Nº 16.617, tiene por objeto, en primer lugar, incluir dentro de los créditos que grava a los que otorgue la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, ya que ambas instituciones conceden créditos no reajustables.
Además, se elimina de la exención a los créditos de preembarque, los cuales en el futuro podrán quedar liberados del tributo o pagar uno inferior en la medida en que el Comité Ejecutivo del Banco Central con aprobación del Ministro de Hacienda establezca líneas crediticias especiales para este objeto.
Por último, la modificación que se introduce al precepto en análisis tiene por objeto precisar la tasa tributaria en relación con la variación del índice de precios al consumidor en Santiago.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley que se indica:
1º) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos:
Sin embargo, no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país.
No obstante lo anterior, podrán deducirse los intereses provenientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de créditos y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central.
2º) Reemplázase el inciso primero del Nº 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas".
3º) Agrégase en el inciso segundo del N° 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central".
Mediante la modificación que se propone se pretende corregir el vacío legal que permite eludir los impuestos mediante el subterfugio de recibir préstamos de los bancos ubicados en el exterior, cuyos intereses están exentos de impuestos en la legislación vigente, y que en el fondo son dineros facilitados por las empresas o. particulares que a su vez son socios de la empresa ubicada en Chile.
Se mantiene la exención en el impuesto adicional para los intereses pagados a favor de las instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras por considerarse una fuente de fácil control tributario y que se prestan para las operaciones descritas.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Reemplázase en el artículo de la ley Nº 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, 29 de abril de 1966, y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes : en la letra a) "29%" por "31%", en la letra b) "12%" por "15%", en la letra d) "11%" por "13%" y en la letra e) "20%" por "22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de combustibles y lubricantes en los porcentajes que se señalan, y que significan un mayor ingreso destinado a financiar los reajustes dispuestos por esta ley por una suma aproximada de Eº 60,02 millones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo... Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el departamento de Arica, de conformidad con la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85% de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley Nº 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley Nº 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinar das que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2º de la ley Nº 14.824, continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final de los artículos 1º y 3º de la ley Nº 14.824, del 13 de enero de 1962.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de combustibles y
A fin de que el Estado pueda contar con recursos necesarios en moneda nacional destinados a financiar parto de los reajustes de remuneraciones del año 1970, incluido el que se ha acordado a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, en este proyecto de ley, es necesario, entre otras medidas, liberalizar en forma controlada algunas importaciones. Se trata de incluir en la lista de mercaderías permitidas una serie de elementos necesarios para el más apropiado desarrollo del país.
Esta medida permitiría liquidar dólares por una cantidad cercana a los 30.000.000 de dólares, lo que significaría disponer de recursos por aproximadamente Eº 350 millones.
Para concretar esta medida es indispensable modificar la ley Nº 14.824 en la forma propuesta en este veto, ya que toda nueva mercadería que se declare de importación permitida y que ingrese en el Departamento de Arica está afecta sólo a un impuesto de un 25% sobre su valor aduanero, lo que constituye una discriminación en relación al resto del país de tal magnitud que impediría de hecho su aplicación por la dificultad de control del ingreso de dicha mercadería al resto del territorio.
La necesidad de utilizar esta fuente de financiamiento movió al Ejecutivo a remitir esta misma iniciativa a la consideración del Congreso en el veto al proyecto de ley sobre franquicias a profesionales y técnicos que regresen al país, remitido mediante oficio Nº 1.002 el 2 de septiembre de 1969. Sin embargo, mediante oficio Nº 1.055, de 12 de octubre de 1969, el Gobierno retiró del referido veto esta iniciativa ya que, respecto de ella, representantes de diversas actividades de Arica, pidieron un nuevo estudio y la adopción de otras medidas de interés para la zona.
A tal efecto, el señor Ministro de Hacienda hizo una visita al Departamento y trató con la Junta de Adelanto y el Comité de Defensa todos los problemas pendientes en la zona. Como consecuencia de ello se constituyó una comisión tripartita, integrada por representantes de la señalada Junta y Comité y del Gobierno, quienes han dado su aprobación a las medidas a que se refieren los artículos nuevos que, junto con éste, se proponen a continuación en este veto, y que representan el acuerdo logrado.
Estas medidas incluyen, aparte del nuevo tratamiento arancelario a las mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida y que se importen en el Departamento de Arica, los siguientes puntos:
1º) La limitación de la exención del impuesto de compraventa por las compras que se efectúen fuera de la zona, sólo a los productos nacionales;
2º) La exención en beneficio de las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica, del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos;
3º) El reestablecimiento de la norma en virtud de la cual sólo se encuentran exentas del impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales del Departamento de Arica;
4º) La radicación en Arica de los impuestos establecidos en la ley Nº 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento, y
5º) La autorización para que la Junta de Adelanto de Arica pueda formar todo tipo de Sociedades con la Empresa Nacional de Minería.
Sin perjuicio de la fundamentación anterior que explica globalmente el acuerdo logrado con los representantes del Departamento, se aclara, más adelante, en forma específica, el alcance de cada uno de los nuevos artículos propuestos.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Articulo...- Introdúcense al artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificado por las leyes 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso 2º por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el Departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1º de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes."
2) Reemplázase el inciso 4º por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley Nº 13.039."
Al reemplazarse el inciso 2º se establece que la exención de compraventa por las compras efectuadas en el resto del país se aplicará, sólo a los productos nacionales, siguiendo a este respecto el mismo criterio adoptado en el artículo 18 Nº 7 de la ley Nº 12.120 que favorece a los industriales y comerciantes establecidos en las restantes zonas liberadas de derechos, ya que dicha exención no se justifica para los artículos importados. Se excluye, sin embargo, de esta exención a las bebidas analcohólicas, a fin de proteger a las industrias de este ramo establecidas en la zona.
El reemplazo del inciso 4º tiene por objeto permitir que los consumidores de Arica puedan adquirir los automóviles y televisores producidos en la zona a un menor precio, lo que fortalece la venta de estos productos nacionales y, en el caso de los televisores, permite adecuar la situación producida por la restricción de importación de los mismos recientemente establecida.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Restablécese la vigencia del inciso tercero del artículo 18 de la ley 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley Nº 17.073, a contar desde el 1º de septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el departamento de Arica con anterioridad a la vigencia de esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1º de la ley Nº 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto del país.
La derogación del actual inciso cuarto del artículo 18 de la ley Nº 16.528, que es reemplazado por el texto a que se refiere la disposición anterior propuesta en este veto, y el restablecimiento del inciso tercero de mismo artículo 18 que se propone mediante este nuevo artículo, tienen por objeto restablecer la situación existente en materia de ventas efectuadas entre sí por los comerciantes e industriales del departamento de Arica a la que existía con anterioridad a la ley Nº 17.170, en que sólo se encontraban exentas de impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales de dicho departamento, ya que la ampliación de la franquicia a todas las compras efectuadas por los comerciantes, industriales y cooperativas de Arica, dispuesta por la ley Nº 17.170 ha ocasionado problemas de financiamiento a la Junta de Adelanto de Arica.
El segundo inciso contenido en este artículo tiene por objeto hacer desaparecer el beneficio que pudieron haber obtenido los comerciantes del resto del país que se hubieren establecido en el departamento de Arica, durante la vigencia del artículo 1º de la ley Nº 17.170, con el solo objeto de comprar, liberadas de impuesto, grandes partidas de mercaderías para ingresarlas posteriormente al resto del país.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Los impuestos establecidos en la ley N° 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones grabadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Esta disposición tiene por objeto mantener el monto de financiamiento previsto, por este concepto, para la Junta de Adelanto de Arica.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- Agrégase como inciso final del artículo 2º de la ley Nº 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
Esta disposición tiene por objeto facilitar las labores de desarrollo en la minería que realiza la Junta de Adelanto de Arica.
Por lo tanto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno desaprueba el proyecto de ley mencionado en la forma aprobada y lo devuelve a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Sergio Ossa Pretot. Andrés Zaldívar Larraín."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Nº 1445.- Santiago, 2 de diciembre de 1969.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones el proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el primer párrafo del artículo nuevo transitorio que se propone, las palabras "hará, por una, sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos".
Para eliminar el siguiente artículo nuevo propuesto: "A contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la Ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el Artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
El aporte extraordinario contemplado en el artículo transitorio y las normas dispuestas en el referido artículo nuevo habían sido convenidos conjuntamente con el acuerdo relativo al pago fraccionado del reajuste a los pensionados dispuesto en el artículo 1º Nº 3 de este veto, y, por tanto, el rechazo de éste determina la eliminación que se hace en este Oficio.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín. Sergio Ossa Pretot."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
3.-OFICIO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 1450.- Santiago, 3 de diciembre de 1969.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones al proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el artículo 11 Nº 2 del veto que se propone, la letra c) que tenía por objeto dejar afectos, a la nueva tasa de 6% que gravará a todos los contribuyentes que perciban remuneraciones en moneda extranjera, a los funcionarios indicados en el artículo 9° de la Ley de la Renta.
Con mejor estudio se ha concluido que los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, no deben quedar afectos a una mayor tasa de impuesto de Segunda Categoría de la Ley de la Renta, en atención a que su función en el exterior es necesaria para el país y se les pagan sus sueldos en moneda extranjera por ser el instrumento de cambio que obligadamente deben usar en el país que sean designados, además que sus gastos corresponden al standard de vida del lugar en que desarrollen sus actividades.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
2.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 1453.- Santiago, 3 de diciembre de 1969.
Por el presente Oficio, vengo en retirar las observaciones que formulara en el Oficio Nº 1.445 de esta misma fecha al veto al proyecto de ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín. Sergio Ossa Pretot."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
3.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 1450.- Santiago, 3 de diciembre de 1969.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones al proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el artículo 11 Nº 2 del veto que se propone, la letra c) que tenía por objeto dejar afectos, a la nueva tasa de 6% que gravará a todos los contribuyentes que perciban remuneraciones en moneda extranjera, a los funcionarios indicados en el artículo 99 de la Ley de la Renta.
Con mejor estudio se ha concluido que los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, no deben quedar afectos a una mayor tasa de impuesto de Segunda Categoría de la Ley de la Renta, en atención a que su función en el exterior es necesaria para el país y se les pagan sus sueldos en moneda extranjera por ser el instrumento de cambio que obligadamente deben usar en el país que sean designados, además que sus gastos corresponden al standard de vida del lugar en que desarrollen sus actividades.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Nº 1445.- Santiago, 2 de diciembre de 1969.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones el proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el primer párrafo del artículo nuevo transitorio que se propone, las palabras "hará, por una, sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos".
Para eliminar el siguiente artículo nuevo propuesto: "A contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la Ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el Artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
El aporte extraordinario contemplado en el artículo transitorio y las normas dispuestas en el referido artículo nuevo habían sido convenidos conjuntamente con el acuerdo relativo al pago fraccionado del reajuste a los pensionados dispuesto en el artículo 1º Nº 3 de este veto, y, por tanto, el rechazo de éste determina la eliminación que se hace en este Oficio.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín. Sergio Ossa Pretot."
Cámara de Diputados. Fecha 04 de diciembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
27.-INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
"Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasan a informar las observaciones de S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que lo autoriza para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, enviado a estas Comisiones por acuerdo de la Sala para los efectos de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento.
Las Comisiones Unidas se ocuparon del despacho del proyecto en informe durante el día de ayer en una sesión que se inició a las 11 horas y que terminó a las 19,46 horas, con una suspensión de dos horas al mediodía. Durante la discusión del proyecto concurrieron las siguientes personas: el señor Ministro de Hacienda don Andrés Zaldívar, el señor Ministro de Defensa Nacional don Sergio Ossa, el señor Subsecretario de Marina don Sergio Aguirre, el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, don Fernando Castro, los señores Vicepresidente y Secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, don Carlos René Rojas y don Raúl Ocampo, respectivamente, el señor Presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en retiro, don Humberto Castro, el señor Presidente del Consejo Superior de Jubilados y Montepiados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, don Carlos Valdés, el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, don Francisco Sepúlveda, el señor Presidente de la Asociación General de Jubilados, viudas y montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, don Carlos Walker Garrido y diversos otros dirigentes de esa entidad, quienes entregaron a las Comisiones Unidas diversos antecedentes e informaciones para el acertado despacho del proyecto en informe.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento, corresponde a estas Comisiones Unidas informar a la Sala acerca del alcance de cada una de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República y proponer la aceptación o rechazo de las mismas.
Para la claridad de este informe se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200, expresando el alcance de las observaciones en el mismo orden en que fueron formuladas en el oficio respectivo remitido por el Ejecutivo a esta Cámara.
Artículo 1º
El Ejecutivo propone sustituir el número tercero de este artículo por una nueva disposición. El Congreso Nacional había acordado que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia de este reajuste de remuneraciones para el personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Ejecutivo propone que este aumento se otorgue en tres etapas en un plazo de dos años en la siguiente forma: un 40 % que se pagará a contar del 1º de enero de 1970, un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30% restante pagadero a contar del 1º de diciembre del mismo año.
El señor Ministro de Hacienda señaló en el seno de la Comisión que el Fisco no está en condiciones de poder pagar el reajuste al sector pasivo en la forma como lo había aprobado el Congreso Nacional. El desembolso que le significaría al erario nacional el pagar de una sola vez al sector pasivo excede los Eº 830.000.000 suma que no es posible financiar en un solo año. El señor Ministro señaló que el impacto de esta cifra en el año 1970 provocaría una grave repercusión inflacionaria que desvirtuaría el esfuerzo que se hace por mejorar las rentas del personal de las Fuerzas Armadas. Señaló, asimismo, diversas otras consideraciones para fundamentar el enorme perjuicio que, en su concepto, se causaría a la economía nacional de procederse al pago en la forma propuesta en el proyecto primitivo.
Las Comisiones Unidas acordaron, sin embargo, por la mayoría de 15 votos contra 8, proponer el rechazo del veto del ejecutivo al número tercero del artículo 1º del proyecto.
Artículo 2º
La observación formulada por S. E. el Presidente de la República propone suprimir el inciso segundo de este artículo.
Este inciso ordena al Presidente de la República que deberá disponer que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deben dar cumplimiento, dentro del plazo máximo de 60 días, al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma como debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones.
El Ejecutivo estima que disponer por la vía legislativa el cumplimiento de un dictamen que, según lo expresó el señor Ministro de Hacienda, no es la última palabra sobre la materia, porque se han interpuesto reclamos respecto de dicho dictamen, es un procedimiento inconstitucional ya que incluso esta materia que se está discutiendo ante la Contraloría, podría llegar ante los Tribunales de Justicia.
El Ejecutivo propone suprimir esta disposición que trata de dar por finiquitado un trámite administrativo pendiente y que a su juicio debe seguir pendiente, puesto que la Caja de la Defensa Nacional podría pedir reposición o los afectados podrían hacer reclamos judiciales.
La disposición aprobada por el Congreso que obliga a dar cumplimiento al referido dictamen no tiene financiamiento de ninguna especie y además, en opinión del señor Ministro de Hacienda, sería inconstitucional, porque establece un incremento de remuneraciones de cargo fiscal. Se expresó en el seno de las Comisiones Unidas que el Ejecutivo no está solicitando que se deje de cumplir dicho dictamen sino que no se cree el precedente de aprobar una disposición que ponga término a procesos administrativos o judiciales pendientes.
Las Comisiones Unidas no obstante lo anterior, rechazaron esta observación por la mayoría de 8 votos contra 4 y proponen a la Honorable Cámara adoptar igual pronunciamiento.
Artículo 8º
El Ejecutivo propone sustituir el Nº 9 de este artículo por el que figura en el boletín comparado, reemplazo que tiene por objeto sustituir el artículo 13 de la ley Nº 12.120.
Según se expresa en el oficio con el que se formulan las observaciones al proyecto, el nuevo artículo 13 no hace innovación respecto del texto vigente sino que sólo pretende conciliar las referencias y darle al precepto una redacción más clara.
Un error de referencia dejó inconexa la disposición y de ello resultaba que se obligaba pagar el impuesto completo a las compraventas a las cooperativas de consumo por todo tipo de transferencias. Lo que se persigue por la modificación propuesta por el Ejecutivo es volver a la norma que existía primitivamente, es decir, que se pague solamente el 50% del impuesto sobre los bienes de consumo y que se aplique el impuesto completo a los piscos, vinos y suntuarios en las operaciones de venta o distribución que realicen las cooperativas de consumo con sus socaos.
Las Comisiones Unidas aprobaron esta observación del Ejecutivo para sustituir el Nº 9 del artículo 8º por la unanimidad de sus miembros presentes.
Artículo 9º
La observación del Presidente de la República a este artículo tiene por objeto suprimir la frase final que en el proyecto del Congreso se propone agregar al inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Expresa el Ejecutivo que la aprobación de dicha frase final significa reducir el financiamiento presupuestado en Eº 20.000.000. La exención que contempla la frase final aludida, tiene por objeto establecer una tasa más baja para las operaciones de compraventa u otras operaciones de transferencia del dominio de bienes corporales inmuebles, cuando el avalúo de dichos bienes no exceda de quince sueldos anuales, escala A), del departamento respectivo.
Con la aprobación del artículo 9° que propone elevar la tasa de un 4 a un 6% de las transferencias recaídas en bienes raíces, el Ejecutivo estimaba que podría recaudar Eº 30.000.000; sin embargo, con la excepción consultada en la referida frase final dicha recaudación bajaría a Eº 10.000.000.
Se hace presente también en el oficio con que se formulan las observaciones que ya existe legislación vigente que contempla exenciones y rebajas de este impuesto a determinadas viviendas afectas al D.F.L. Nº 2.
Las Comisiones Unidas acordaron proponer a la Cámara el rechazo de esta observación por la mayoría de 8 votos contra 5.
Artículo 11
El Ejecutivo propone diversas observaciones a este artículo 11. Las Comisiones Unidas acordaron votar separadamente cada una de las observaciones contenidas en los números que han sido vetados.
Nº 2
Respecto del número segundo se proponen tres modificaciones signadas con las letras a), b) y c).
La modificación propuesta en la letra a) sólo tiene por objeto resolver un problema de redacción. Las que se proponen en las letras b) y c) del número segundo de este artículo tienen por objeto fijar como impuesto a la renta de Primera y Segunda Categoría para las personas que perciban rentas en moneda extranjera en vez de un 8,5% un 6%. Según expresó en las Comisiones Unidas el señor Ministro de Hacienda, esta rebaja fue solicitada por todas las personas que trabajan en la minería del cobre y que podrían ser afectadas por esta disposición.
Las Comisiones Unidas acordaron, por unanimidad, proponer a la Cámara la aceptación de esta observación.
Nº 4
El Ejecutivo ha propuesto dos observaciones al Nº 4 de este artículo. Ambas tienen por objeto corregir referencias y hacer concordar con dichas correcciones las modificaciones contenidas en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
Número 5, nuevo
En seguida, el Ejecutivo propone agregar dos nuevas disposiciones al artículo 5º de la ley Nº 15.564, ley sobre Impuesto a la Renta, signados con los números 5 y 6.
La disposición que se propone agregar mediante el número 5 había sido aprobada como artículo transitorio de este proyecto por el Congreso Nacional. Pero el recargo del 10% a la tasa del impuesto a la renta, de los Bancos y de las Compañías de Seguros, que se proponía, sólo tenía vigencia por el año 1970. Con esta modificación se hace permanente la sobretasa del 10% y se fija, entonces, en 40% la tasa de los Bancos y Compañías de Seguros. Mediante la aplicación de esta disposición, según las informaciones que se entregaron a las Comisiones Unidas al rendimiento del impuesto establecido en el artículo 22 de la ley de Impuesto a la Renta sube en Eº 7,5 millones.
Con la abstención de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, las Comisiones Unidas acordaron proponer a la Cámara la aceptación de esta observación del Ejecutivo.
Número 6, nuevo
El Ejecutivo propone reemplazar el inciso primero del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta contenido en el artículo 5° de la ley Nº 15.564, por el que se transcribe en la página 50 del boletín comparado.
El artículo 31 vigente dice que "los Bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas pagarán una contribución proporcional sobre sus depósitos equivalente a la diferencia entre el monto del impuesto que adeudan en conformidad a las normas de la presente categoría y el 2 por mil del total de sus depósitos, de modo que el impuesto que deban satisfacer no sea nunca inferior a este 2 por mil".
La disposición propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto subir la tasa del impuesto que pagan los Bancos extranjeros. La tasa sube del 17 al 22%.
Las Comisiones Unidas, con la abstención de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, acordaron proponer a la Honorable Cámara la aceptación de esta observación del Ejecutivo.
Artículo 13
El proyecto aprobado por el Congreso Nacional establecía la derogación del artículo 4° de la ley Nº 16.528, sobre fomento de las exportaciones.
El Ejecutivo propone sustituir el artículo 13 del proyecto del Congreso Nacional, por una serie de modificaciones a las leyes que en cada caso se indican.
En primer término reemplaza el artículo 8° de la ley Nº 16.528. La disposición en actual vigencia faculta al Banco Central de Chile para entregar los certificados de valores divisibles a los exportadores, tanto a la fecha del embarque como a la fecha del retorno de la mercadería, a elección del exportador.
La experiencia de la aplicación de la ley de Fomento de las Exportaciones, demostró que lo más conveniente era hacer la devolución a la fecha del retorno, o sea, cuando efectivamente esté perfeccionada la exportación en su totalidad. Se han producido situaciones de exportadores que han realizado la operación de exportación, que han recibido los certificados "draw-back" a la fecha del embarque y que por diversos motivos, porque la mercadería se ha destruido, no ha podido ser vendida, sobre todo en materia agrícola, no se ha producido el retorno. En este evento, el Banco Central de Chile tiene que empezar a perseguir a quien ha recibido los certificados para su devolución.
El alcance del último inciso de la disposición que se propone reemplazar, es el de permitir que los beneficios que obtengan los exportadores a través de la aplicación de esta ley, se difundan y se traspasen a los productores de la mercadería que se exporta.
Se establece que la facultad de que el Banco Central de Chile pueda tomar o arbitrar todas las medidas necesarias para que realmente el beneficio de la devolución se traspase a quien produce el bien exportado.
La nueva disposición propuesta por el Ejecutivo en la letra b) del artículo 13, tiene por objeto eliminar la liberación de pleno derecho a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para determinadas empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación. Tiene por finalidad, además, sujetar a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De todas maneras, se mantiene la exención de pleno derecho para la Empresa Nacional de Minería y para la pequeña minería, con el fin de que dichos productores puedan adquirir los elementos de trabajo que necesitan para la explotación de sus faenas.
La letra c) del artículo 13, propuesta por el Ejecutivo, tiene por objeto derogar los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Derogación que debe producirse como consecuencia de la ya mencionada supresión del artículo 11 de la ley Nº 16.528.
Mediante la letra d) se introduce una enmienda al inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, destinada a acoger el régimen general establecido en dicha ley a las exportaciones de aceite y harina de pescado que se hagan por los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal Chañaral.
Por último, la letra e) propone el reemplazo del inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724. Esta disposición hace aplicable el beneficio del "draw back" a los navieros respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen o liquiden en el país.
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto facultar al Presidente de la República para disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años, si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha sufrido un aumento más alto que el Índice de Precios al Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos. También se persigue con esta modificación del Ejecutivo situar el sistema de devolución a que tienen derecho los navieros, en igualdad de condiciones que la generalidad de los expoliadores.
Este es el resumen del alcance de las disposiciones que sustituyen el artículo 13 aprobado por el Congreso Nacional.
Respecto de cada una de las letras contenidas en el artículo 13 mencionado, las Comisiones Unidas adoptaron el acuerdo de proponer a la Sala su aprobación, acuerdo que contó con la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones.
Artículo 14
El artículo 14 del proyecto aprobada por el Congreso Nacional establecía que la indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo de esa disposición, a contar del 1º de enero de 1973. Preceptúa, además, que aquellos empleados que tengan 65 o más años de edad, percibirán la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617 sin la limitación del referido inciso segundo.
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto hacer aplicable esta disposición a contar de la vigencia de la presente ley para las personas que tengan 65 o más años de edad.
El artículo 189 de la ley Nº 16.617 establece que los empleados de las empresas de la Gran Minería del Cobre cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, gozarán de indemnización por años de servicios en las mismas condiciones de las que disfruta el personal remunerado en moneda corriente nacional de la respectiva empresa o firma. Su inciso segundo dispone que la citada indemnización no podrá ser superior a 6 sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, por cada año de servicios, y regirá solamente para los empleados domiciliados en Chile a la fecha de su contratación, celebrada en el país.
Las Comisiones Unidas acordaron, por unanimidad, recomiendan a la Honorable Cámara la aceptación de la observación Ejecutivo.
ARTICULOS NUEVOS
Artículo 1º
Esta disposición tiene por objeto permitir que el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile perciban los aumentos quinquenales, a que tienen derecho en virtud de la ley Nº 12.428, sin los porcentajes de reducción que el artículo 2° de dicha ley establece. En consecuencia, su finalidad es equiparar a este personal, en materia de aumentos quinquenales, con el personal en servicio activo.
Las Comisiones Unidas acordaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomendar la aprobación de este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
Artículo 2º
De los antecedentes recogidos en el seno de las Comisiones Unidas se desprende que en la actualidad se aplica una tasa de un 5% de descuento al personal de las Fuerzas Armadas que ocupa casas fiscales. Este descuento se aplica, precisamente, a la ampliación, conservación y reparación de dichas propiedades.
El objetivo de la observación propuesta por el Ejecutivo es permitir que una parte de estos descuentos pueda ser destinada otras finalidades, en atención a los excedentes que deberá rendir la tasa consultada en la nueva escala de remuneraciones del personal.
Las Comisiones Unidas acordaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomendar la aprobación de la observación que consiste en agregar este nuevo artículo.
Artículo 3º
Esta disposición tiene por objeto establecer claramente que los alcoholes para las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, como también los de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y los importados destinados a igual objeto, en las condiciones que se señalan, gozan de las exenciones de impuestos establecidas en el artículo 75 de la ley Nº 17.105, con el propósito de obviar, de este modo, problemas de interpretación que han surgido en torno a esta materia.
Las Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendar la aprobación de este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
Artículo 4º
Este artículo hace extensivo a los créditos no reajustables que otorguen la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola el impuesto que el artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por la ley Nº 16.840, estableció respecto del mismo tipo de créditos que otorgan los bancos comerciales, el Banco del Estado de Chile y el Banco Central de Chile. Se explicó, durante la discusión de esta disposición, que la finalidad que ella persigue es nivelar el tratamiento del llamado impuesto al crédito respecto de todos los préstamos no reajustables, ya que la legislación antes mencionada omitió, sin justificación alguna, a los que otorgan la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola.
Las consideraciones expuestas movieron a las Comisiones Unidas a acordar, por unanimidad, recomendar la aprobación de este nuevo artículo consultado en la observación formulada por el Ejecutivo.
Artículo 5º
El Nº 1º) agrega dos incisos nuevos al Nº 1º del artículo 25 de la ley de Impuesto a la Renta.
El primero de estos incisos tiene por objeto excluir de la deducción de intereses a que se refiere la disposición citada, aquellos que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país, como una manera de impedir la evasión de impuestos a través de posibles subterfugios.
El inciso segundo establece una excepción a la norma precedente, en atención a que se trata de intereses respecto de los cuales existe un debido control por parte del Comité Ejecutivo del Banco Central y, en consecuencia, los riesgos de tal evasión son mínimos.
Las Comisiones Unidas acordaron, por 12 votos a favor y 5 en contra, recomendar la aprobación del inciso primero de este Nº 1º) y, por 11 votos contra 8, proponer el rechazo del inciso segundo.
El Nº 2º) tiene por objeto reemplazar el inciso primero del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta, en el sentido de restringir la exención a que se refiere la disposición citada solamente a los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas, en atención a que éstas constituyen una fuente que permite un mejor control tributario.
El Nº 3º), siguiendo la misma tendencia ya descrita respecto de los dos números anteriores, tiene por objeto introducir un agregado al inciso segundo del Nº 1 de la citada ley.
Las Comisiones Unidas, por 11 votos contra 8, acordaron proponer el rechazo de estos dos números.
Artículo 6º
Este artículo establece un aumento de las diversas tasas aplicables a los combustibles y lubricantes en virtud de la Ley sobre Impuesto a las Compraventas.
Las Comisiones Unidas, por la mayoría de 10 votos contra 4, acordaron recomendar la aprobación de este nuevo artículo.
Artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 11
El alcance de estas, disposiciones se puede resumir en las siguientes ideas:
a) Liberalizar, en forma controlada, algunas importaciones con el propósito de liquidar divisas y producir excedentes que coadyuven al financiamiento del proyecto en informe. Para ello se autoriza incluir nuevos tipos de elementos en la lista de mercaderías permitidas que ingresen en el Departamento de Arica, y
b) Abrir la posibilidad de mayores ingresos en favor de la Junta de Adelanto de Arica, como una manera de compensar el aporte que esa zona hace. Con tal objeto, se establece la radicación en Arica de los impuestos establecidos en la ley 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento; la autorización para que la Junta de Adelanto pueda formar sociedades de cualquier tipo con la Empresa Nacional de Minería, y otras medidas que persiguen igual finalidad.
Las Comisiones Unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordaron recomendar la aprobación de todos estos artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo.
Artículos transitorios
Artículo 1º
La observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al artículo 1º transitorio tiene por objeto sustituirlo por otro que se transcribe en la página 62 del boletín comparado.
En resumen, el veto del Ejecutivo modifica la disposición aprobada por el Congreso Nacional en los siguientes sentidos: a) Exceptuar del otorgamiento de la asignación establecida en este precepto a los funcionarios afectos a la ley 15.076, esto es, a los médicos cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas; b) Omitir la denominación de "asignación por riesgos profesionales" dada al beneficio que se concede por este artículo, y c) Permitir que la cifra de Eº 900, pueda ser rebajada, en el caso de que los excedentes presupuestarios no alcanzaran para cubrir dicha suma, en cuyo evento el beneficio no podría pagarse, si dicha cifra fuera fija.
Las Comisiones Unidas, para formarse un juicio completo sobre la materia, escucharon a los representantes gremiales del personal de Prisiones, quienes hicieron presente diversas observaciones desfavorables al veto propuesto por el Ejecutivo, fundamentadas en la aflictiva situación económica por que atraviesan dichos funcionarios.
Las Comisiones Unidas por la mayoría de 7 votos contra 5 acordaron recomendar a la Honorable Cámara el rechazo de la observación formulada a este artículo.
Articulo 2º
El Ejecutivo propone suprimir este artículo, en atención a que en observación formulada con anterioridad se ha incorporado al texto del proyecto una disposición sobre la misma materia con el carácter de permanente. En efecto, en el número 5 nuevo propuesto al artículo 9º del proyecto se incluye, con el carácter de permanente la idea contenida en este artículo transitorio.
Por las consideraciones precedentes, las Comisiones Unidas acordaron recomendar a la Honorable Cámara la aceptación de la observación del Ejecutivo para suprimir este artículo, acuerdo que fue adoptado por unanimidad.
Artículo 3º
El Ejecutivo propone suprimir el inciso segundo de este artículo. Fundamenta esta supresión en que la vigencia del precepto que se propone eliminar, reduciría el financiamiento presupuestado, al eximir el recargo de un 10% de la contribución a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a quince sueldos vitales anuales, en el caso de que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite. Señaló el señor Ministro de Hacienda que la discriminación respecto de los bienes raíces en relación a su avalúo acarreará enormes dificultades administrativas, pues será necesario hacer un empadronamiento de todos los bienes raíces de que sea dueña una persona para poder aplicar la exención consultada en la disposición que se pretende suprimir. Se calcula que a causa de esta exención se dejarían de percibir Eº 23.000.000.
Las Comisiones Unidas acordados, por mayoría de 7 votos contra 5 recomendar la aprobación de esta observación.
Artículo transitorio nuevo
La observación tiene por objeto consultar una disposición nueva destinada a autorizar que la primera diferencia correspondiente al reajuste que concede esta ley pueda ser descontada en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970, y no, en una sola como lo ordenan las disposiciones legales vigentes. Consulta, además, este precepto fondos para el pago de reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional.
La unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas acordaron proponer la aprobación de esta disposición.
El escaso tiempo de que pudieron disponer las Comisiones Unidas para el examen y estudio de las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley, no les permitió hacer un análisis exhaustivo de las mismas y como consecuencia de ello este informe sólo ha podido expresar sucintamente el alcance de cada una de ellas.
Sala de las Comisiones Unidas, 4 de diciembre de 1969.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Agurto, Alessandri, don Gustavo; Avendaño, Amello, Cademártori, Cantero, Del Fierro, Espinoza, don Gerardo; Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don Samuel; Godoy, Ibáñez, Iglesias, Laemmermann, Lazo, doña Carmen; Leighton, Lorca, Lavandero, Maira, Maturana, Monares, Núñez, Páez, Tagle, Urra, Schnake, Giannini y Vargas.
Se designó Diputado informante al señor Cerda.
(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de las Comisiones."
Oficio Observaciones Del Ejecutivo. Fecha 04 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
2.-OFICIO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
"Nº 1453.- Santiago, 3 de diciembre de 1969.
Por el presente Oficio, vengo en retirar las observaciones que formulara en el Oficio Nº 1.445 de esta misma fecha al veto al proyecto de ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín. Sergio Ossa Pretot."
Cámara de Diputados. Fecha 04 de diciembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
27.-INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
"Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasan a informar las observaciones de S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que lo autoriza para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones del personal de las Fuer bas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, enviado a estas Comisiones por acuerdo de la Sala para los efectos de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento.
Las Comisiones Unidas se ocuparon del despacho del proyecto en informe durante el día de ayer en una sesión que se inició a las 11 horas y que terminó a las 19,46 horas, con una suspensión de dos horas al mediodía. Durante la discusión del proyecto concurrieron las siguientes personas: el señor Ministro de Haciendadon Andrés Zaldívar, el señor Ministro de Defensa Nacionaldon Sergio Ossa, el señor Subsecretario de Marina don Sergio Aguirre, el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, don Fernando Castro, los señores Vicepresidente y Secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, don Carlos René Rojas y don Raúl Ocampo, respectivamente, el señor Presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en retiro, don Humberto Castro, el señor Presidente del Consejo Superior de Jubilados y Montepiados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, don Carlos Valdés, el señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, don Francisco Sepúlveda, el señor Presidente de la Asociación General de Jubilados, viudas y montepíos de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, don Carlos Walker Garrido y diversos otros dirigentes de esa entidad, quienes entregaron a las Comisiones Unidas diversos antecedentes e informaciones para el acertado despacho del proyecto en informe.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento, corresponde a estas Comisiones Unidas informar a la Sala acerca del alcance de cada una de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República y proponer la aceptación o rechazo de las mismas.
Para la claridad de este informe se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200, expresando el alcance de las observaciones en el mismo orden en que fueron formuladas en el oficio respectivo remitido por el Ejecutivo a esta Cámara.
Artículo 1º
El Ejecutivo propone sustituir el número tercero de este artículo por una nueva disposición. El Congreso Nacional había acordado que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia de este reajuste de remuneraciones para el personal en servicio activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Ejecutivo propone que este aumento se otorgue en tres etapas en un plazo de dos años en la siguiente forma: un 40 % que se pagará a contar del 1º de enero de 1970, un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30% restante pagadero a contar del 1º de diciembre del mismo año.
El señor Ministro de Hacienda señaló en el seno de la Comisión que el Fisco no está en condiciones de poder pagar el reajuste al sector pasivo en la forma como lo había aprobado el Congreso Nacional. El desembolso que le significaría al erario nacional el pagar de una sola vez al sector pasivo excede los Eº 830.000.000 suma que no es posible financiar en un solo año. El señor Ministro señaló que el impacto de esta cifra en el año 1970 provocaría una grave repercusión inflacionaria que desvirtuaría el esfuerzo que se hace por mejorar las rentas del personal de las Fuerzas Armadas. Señaló, asimismo, diversas otras consideraciones para fundamentar el enorme perjuicio que, en su concepto, se causaría a la economía nacional de procederse al pago en la forma propuesta en el proyecto primitivo.
Las Comisiones Unidas acordaron, sin embargo, por la mayoría de 15 votos contra 8, proponer el rechazo del veto del ejecutivo al número tercero del artículo 1º del proyecto.
Artículo 2º
La observación formulada por S. E. el Presidente de la República propone suprimir el inciso segundo de este artículo.
Este inciso ordena al Presidente de la República que deberá disponer que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deben dar cumplimiento, dentro del plazo máximo de 60 días, al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma como debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones.
El Ejecutivo estima que disponer por la vía legislativa el cumplimiento de un dictamen que, según lo expresó el señor Ministro de Hacienda, no es la última palabra sobre la materia, porque se han interpuesto reclamos respecto de dicho dictamen, es un procedimiento inconstitucional ya que incluso esta materia que se está discutiendo ante la Contraloría, podría llegar ante los Tribunales de Justicia.
El Ejecutivo propone suprimir esta disposición que trata de dar por finiquitado un trámite administrativo pendiente y que a su juicio debe seguir pendiente, puesto que la Caja de la Defensa Nacional podría pedir reposición o los afectados podrían hacer reclamos judiciales.
La disposición aprobada por el Congreso que obliga a dar cumplimiento al referido dictamen no tiene financiamiento de ninguna especie y además, en opinión del señor Ministro de Hacienda, sería inconstitucional, porque establece un incremento de remuneraciones de cargo fiscal. Se expresó en el seno de las Comisiones Unidas que el Ejecutivo no está solicitando que se deje de cumplir dicho dictamen sino que no se cree el precedente de aprobar una disposición que ponga término a procesos administrativos o judiciales pendientes.
Las Comisiones Unidas no obstante lo anterior rechazaron esta observación por la mayoría de 8 votos contra 4 y proponen a la Honorable Cámara adoptar igual pronunciamiento.
Artículo 8º
El Ejecutivo propone sustituir el Nº 9 de este artículo por el que figura en el boletín comparado, reemplazo que tiene por objeto sustituir el artículo 13 de la ley Nº 12.120.
Según se expresa en el oficio con el que se formulan las observaciones al proyecto, el nuevo artículo 13 no hace innovación respecto del texto vigente sino que sólo pretende conciliar las referencias y darle al precepto una redacción más clara.
Un error de referencia dejó inconexa la disposición y de ello resultaba que se obligaba pagar el impuesto completo a las compraventas a las cooperativas de consumo por todo tipo de transferencias. Lo que se persigue por la modificación propuesta por el Ejecutivo es volver a la norma que existía primitivamente, es decir, que se pague solamente el 50% del impuesto sobre los bienes de consumo y que se aplique el impuesto completo a los piscos, vinos y suntuarios en las operaciones de venta o distribución que realicen las cooperativas de consumo con sus socaos.
Las Comisiones Unidas aprobaron esta observación del Ejecutivo para sustituir el Nº 9 del artículo 8º por la unanimidad de sus miembros presentes.
Artículo 9º
La observación del Presidente de la República a este artículo tiene por objeto suprimir la frase final que en el proyecto del Congreso se propone agregar al inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Expresa el Ejecutivo que la aprobación de dicha frase final significa reducir el financiamiento presupuestado en Eº 20.000.000. La exención que contempla la frase final aludida, tiene por objeto establecer una tasa más baja para las operaciones de compraventa u otras operaciones de transferencia del dominio de bienes corporales inmuebles, cuando el avalúo de dichos bienes no exceda de quince sueldos anuales, escala A), del departamento respectivo.
Con la aprobación del artículo 99 que propone elevar la tasa de un 4 a un 6% de las transferencias recaídas en bienes raíces, el Ejecutivo estimaba que podría recaudar Eº 30.000.000; sin embargo, con la excepción consultada en la referida frase final dicha recaudación bajaría a Eº 10.000.000.
Se hace presente también en el oficio con que se formulan las observaciones que ya existe legislación vigente que contempla exenciones y rebajas de este impuesto a determinadas viviendas afectas al D.F.L. Nº 2.
Las Comisiones Unidas acordaron proponer a la Cámara el rechazo de esta observación por la mayoría de 8 votos contra 5.
Artículo 11
El Ejecutivo propone diversas observaciones a este artículo 11. Las Comisiones Unidas acordaron votar separadamente cada una de las observaciones contenidas en los números que han sido vetados.
Nº 2
Respecto del número segundo se proponen tres modificaciones signadas con las letras a), b) y c).
La modificación propuesta en la letra a) sólo tiene por objeto resolver un problema de redacción. Las que se proponen en las letras b) y c) del número segundo de este artículo tienen por objeto fijar como impuesto a la renta de Primera y Segunda Categoría para las personas que perciban rentas en moneda extranjera en vez de un 8,5% un 6%. Según expresó en las Comisiones Unidas el señor Ministro de Hacienda, esta rebaja fue solicitada por todas las personas que trabajan en la minería del cobre y que podrían ser afectadas por esta disposición.
Las Comisiones Unidas acordaron, por unanimidad, proponer a la Cámara la aceptación de esta observación.
Nº 4
El Ejecutivo ha propuesto dos observaciones al Nº 4 de este artículo. Ambas tienen por objeto corregir referencias y hacer concordar con dichas correcciones las modificaciones contenidas en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
Número 5, nuevo
En seguida, el Ejecutivo propone agregar dos nuevas disposiciones al artículo 5º de la ley Nº 15.564, ley sobre Impuesto a la Renta, signados con los números 5 y 6.
La disposición que se propone agregar mediante el número 5 había sido aprobada como artículo transitorio de este proyecto por el Congreso Nacional. Pero el recargo del 10% a la tasa del impuesto a la renta, de los Bancos y de las Compañías de Seguros, que se proponía, sólo tenía vigencia por el año 1970. Con esta modificación se hace permanente la sobretasa del 10% y se fija, entonces, en 40% la tasa de los Bancos y Compañías de Seguros. Mediante la aplicación de esta disposición, según las informaciones que se entregaron a las Comisiones Unidas al rendimiento del impuesto establecido en el artículo 22 de la ley de Impuesto a la Renta sube en Eº 7,5 millones.
Con la abstención de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, las Comisiones Unidas acordaron proponer a la Cámara la aceptación de esta observación del Ejecutivo.
Número 6, nuevo
El Ejecutivo propone reemplazar el inciso primero del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta contenido en el artículo 59 de la ley Nº 15.564, por el que se transcribe en la página 50 del boletín comparado.
El artículo 31 vigente dice que "los Bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas pagarán una contribución proporcional sobre sus depósitos equivalente a la diferencia entre el monto del impuesto que adeudan en conformidad a las normas de la presente categoría y el 2 por mil del total de sus depósitos, de modo que el impuesto que deban satisfacer no sea nunca inferior a este 2 por mil".
La disposición propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto subir la tasa del impuesto que pagan los Bancos extranjeros. La tasa sube del 17 al 22%.
Las Comisiones Unidas, con la abstención de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, acordaron proponer a la Honorable Cámara la aceptación de esta observación del Ejecutivo.
Artículo 13
El proyecto aprobado por el Congreso Nacional establecía la derogación del artículo 49 de la ley Nº 16.528, sobre fomento de las exportaciones.
El Ejecutivo propone sustituir el artículo 13 del proyecto del Congreso Nacional, por una serie de modificaciones a las leyes que en cada caso se indican.
En primer término reemplaza el artículo 89 de la ley Nº 16.528. La disposición en actual vigencia faculta al Banco Central de Chile para entregar los certificados de valores divisibles a los exportadores, tanto a la fecha del embarque como a la fecha del retorno de la mercadería, a elección del exportador.
La experiencia de la aplicación de la ley de Fomento de las Exportaciones, demostró que lo más conveniente era hacer la devolución a la fecha del retorno, o sea, cuando efectivamente esté perfeccionada la exportación en su totalidad. Se han producido situaciones de exportadores que han realizado la operación de exportación, que han recibido los certificados "draw-back" a la fecha del embarque y que por diversos motivos, porque la mercadería se ha destruido, no ha podido ser vendida, sobre todo en materia agrícola, no se ha producido el retorno. En este evento, el Banco Central de Chile tiene que empezar a perseguir a quien ha recibido los certificados para su devolución.
El alcance del último inciso de la disposición que se propone reemplazar, es el de permitir que los beneficios que obtengan los exportadores a través de la aplicación de esta ley, se difundan y se traspasen a los productores de la mercadería que se exporta.
Se establece que la facultad de que el Banco Central de Chile pueda tomar o arbitrar todas las medidas necesarias para que realmente el beneficio de la devolución se traspase a quien produce el bien exportado.
La nueva disposición propuesta por el Ejecutivo en la letra b) del artículo 13, tiene por objeto eliminar la liberación de pleno derecho a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para determinadas empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación. Tiene por finalidad, además, sujetar a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De todas maneras, se mantiene la exención de pleno derecho para la Empresa Nacional de Minería y para la pequeña minería, con el fin de que dichos productores puedan adquirir los elementos de trabajo que necesitan para la explotación de sus faenas.
La letra c) del artículo 13, propuesta por el Ejecutivo, tiene por objeto derogar los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Derogación que debe producirse como consecuencia de la ya mencionada supresión del artículo 11 de la ley Nº 16.528.
Mediante la, letra d) se introduce una enmienda al inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, destinada a acoger el régimen general establecido en dicha ley a las exportaciones de aceite y harina de pescado que se hagan por los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal Chañaral.
Por último, la letra e) propone el reemplazo del inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724. Esta disposición hace aplicable el beneficio del "draw back" a los navieros respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen o liquiden en el país.
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto facultar al Presidente de la República para disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años, si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha sufrido un aumento más alto que el Indice de Precios al Consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos. También se persigue con esta modificación del Ejecutivo situar el sistema de devolución a que tienen derecho los navieros, en igualdad de condiciones que la generalidad de los expoliadores.
Este es el resumen del alcance de las disposiciones que sustituyen el artículo 13 aprobado por el Congreso Nacional.
Respecto de cada una de las letras contenidas en el artículo 13 mencionado, las Comisiones Unidas adoptaron el acuerdo de proponer a la Sala su aprobación, acuerdo que contó con la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones.
Artículo 14
El artículo 14 del proyecto aprobada por el Congreso Nacional establecía que la indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo de esa disposición, a contar del 1º de enero de 1973. Preceptúa, además, que aquellos empleados que tengan 65 o más años de edad, percibirán la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 189 de la ley Nº 16.617 sin la limitación del referido inciso segundo.
La modificación propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto hacer aplicable esta disposición a contar de la vigencia de la presente ley para las personas que tengan 65 o más años de edad.
El artículo 189 de la ley Nº 16.617 establece que los empleados de las empresas de la Gran Minería del Cobre cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, gozarán de indemnización por años de servicios en las mismas condiciones de las que disfruta el personal remunerado en moneda corriente nacional de la respectiva empresa o firma. Su inciso segundo dispone que la citada indemnización no podrá ser superior a 6 sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, por cada año de servicios, y regirá solamente para los empleados domiciliados en Chile a la fecha de su contratación, celebrada en el país.
Las Comisiones Unidas acordaron, por unanimidad, recomendan a la Honorable Cámara la aceptación de la observación Ejecutivo.
ARTICULOS NUEVOS
Artículo 1º
Esta disposición tiene por objeto permitir que el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile perciban los aumentos quinquenales, a que tienen derecho en virtud de la ley Nº 12.428, sin los porcentajes de reducción que el artículo 29 de dicha ley establece. En consecuencia, su finalidad es equiparar a este personal, en materia de aumentos quinquenales, con el personal en servicio activo.
Las Comisiones Unidas acordaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomendar la aprobación de este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
Artículo 2º
De los antecedentes recogidos en el seno de las Comisiones Unidas se desprende que en la actualidad se aplica una tasa de un 5% de descuento al personal de las Fuerzas Armadas que ocupa casas fiscales. Este descuento se aplica, precisamente, a la ampliación, conservación y reparación de dichas propiedades.
El objetivo de la observación propuesta por el Ejecutivo es permitir que una parte de estos descuentos pueda ser destinada otras finalidades, en atención a los excedentes que deberá rendir la tasa consultada en la nueva escala de remuneraciones del personal.
Las Comisiones Unidas acordaron, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomendar la aprobación de la observación que consiste en agregar este nuevo artículo.
Artículo 3º
Esta disposición tiene por objeto establecer claramente que los alcoholes para las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, como también los de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y los importados destinados a igual objeto, en las condiciones que se señalan, gozan de las exenciones de impuestos establecidas en el artículo 75 de la ley Nº 17.105, con el propósito de obviar, de este modo, problemas de interpretación que han surgido en torno a esta materia.
Las Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendar la aprobación de este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
Artículo 4º
Este artículo hace extensivo a los créditos no reajustables que otorguen la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola el impuesto que el artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por la ley Nº 16.840, estableció respecto del mismo tipo de créditos que otorgan los bancos comerciales, el Banco del Estado de Chile y el Banco Central de Chile. Se explicó, durante la discusión de esta disposición, que la finalidad que ella persigue es nivelar el tratamiento del llamado impuesto al crédito respecto de todos los préstamos no reajustables, ya que la legislación antes mencionada omitió, sin justificación alguna, a los que otorgan la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola.
Las consideraciones expuestas movieron a las Comisiones Unidas a acordar, por unanimidad, recomendar la aprobación de este nuevo artículo consultado en la observación formulada por el Ejecutivo.
Artículo 5º
El Nº 1º) agrega dos incisos nuevos al Nº 1º del artículo 25 de la ley de Impuesto a la Renta.
El primero de estos incisos tiene por objeto excluir de la deducción de intereses a que se refiere la disposición citada, aquellos que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país, como una manera de impedir la evasión de impuestos a través de posibles subterfugios.
El inciso segundo establece una excepción a la norma precedente, en atención a que se trata de intereses respecto de los cuales existe un debido control por parte del Comité Ejecutivo del Banco Central y, en consecuencia, los riesgos de tal evasión son mínimos.
Las Comisiones Unidas acordaron, por 12 votos a favor y 5 en contra, recomendar la aprobación del inciso primero de este Nº 1º) y, por 11 votos contra 8, proponer el rechazo del inciso segundo.
El Nº 2º) tiene por objeto reemplazar el inciso primero del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta, en el sentido de restringir la exención a que se refiere la disposición citada solamente a los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas, en atención a que éstas constituyen una fuente que permite un mejor control tributario.
El Nº 3º), siguiendo la misma tendencia ya descrita respecto de los dos números anteriores, tiene por objeto introducir un agregado al inciso segundo del Nº 1 de la citada ley.
Las Comisiones Unidas, por 11 votos contra 8, acordaron proponer el rechazo de estos dos números.
Artículo 6º
Este artículo establece un aumento de las diversas tasas aplicables a los combustibles y lubricantes en virtud de la Ley sobre Impuesto a las Compraventas.
Las Comisiones Unidas, por la mayoría de 10 votos contra 4, acordaron recomendar la aprobación de este nuevo artículo.
Artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 11
El alcance de estas, disposiciones se puede resumir en las siguientes ideas:
a) Liberalizar, en forma controlada, algunas importaciones con el propósito de liquidar divisas y producir excedentes que coadyuven al financiamiento del proyecto en informe. Para ello se autoriza incluir nuevos tipos de elementos en la lista de mercaderías permitidas que ingresen en el Departamento de Arica, y
b) Abrir la posibilidad de mayores ingresos en favor de la Junta de Adelanto de Arica, como una manera de compensar el aporte que esa zona hace. Con tal objeto, se establece la radicación en Arica de los impuestos establecidos en la ley 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento; la autorización para que la Junta de Adelanto pueda formar sociedades de cualquier tipo con la Empresa Nacional de Minería, y otras medidas que persiguen igual finalidad.
Las Comisiones Unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordaron recomendar la aprobación de todos estos artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo.
Artículos transitorios
Artículo 1º
La observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al artículo 1º transitorio tiene por objeto sustituirlo por otro que se transcribe en la página 62 del boletín comparado.
En resumen, el veto del Ejecutivo modifica la disposición aprobada por el Congreso Nacional en los siguientes sentidos: a) Exceptuar del otorgamiento de la asignación establecida en este precepto a los funcionarios afectos a la ley 15.076, esto es, a los médicos cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas; b) Omitir la denominación de "asignación por riesgos profesionales" dada al beneficio que se concede por este artículo, y c) Permitir que la cifra de Eº 900, pueda ser rebajada, en el caso de que los excedentes presupuestarios no alcanzaran para cubrir dicha suma, en cuyo evento el beneficio no podría pagarse, si dicha cifra fuera fija.
Las Comisiones Unidas, para formarse un juicio completo sobre la materia, escucharon a los representantes gremiales del personal de Prisiones, quienes hicieron presente diversas observaciones desfavorables al veto propuesto por el Ejecutivo, fundamentadas en la aflictiva situación económica por que atraviesan dichos funcionarios.
Las Comisiones Unidas por la mayoría de 7 votos contra 5 acordaron recomendar a la Honorable Cámara el rechazo de la observación formulada a este artículo.
Articulo 2º
El Ejecutivo propone suprimir este artículo, en atención a que en observación formulada con anterioridad se ha incorporado al texto del proyecto una disposición sobre la misma materia con el carácter de permanente. En efecto, en el número 5 nuevo propuesto al artículo 9º del proyecto se incluye, con el carácter de permanente la idea contenida en este artículo transitorio.
Por las consideraciones precedentes, las Comisiones Unidas acordaron recomendar a la Honorable Cámara la aceptación de la observación del Ejecutivo para suprimir este artículo, acuerdo que fue adoptado por unanimidad.
Artículo 3º
El Ejecutivo propone suprimir el inciso segundo de este artículo. Fundamenta esta supresión en que la vigencia del precepto que se propone eliminar, reduciría el financiamiento presupuestado, al eximir el recargo de un 10% de la contribución a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a quince sueldos vitales anuales, en el caso de que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite. Señaló el señor Ministro de Hacienda que la discriminación respecto de los bienes raíces en relación a su avalúo acarreará enormes dificultades administrativas, pues será necesario hacer un empadronamiento de todos los bienes raíces de que sea dueña una persona para poder aplicar la exención consultada en la disposición que se pretende suprimir. Se calcula que a causa de esta exención se dejarían de percibir Eº 23.000.000.
Las Comisiones Unidas acordados, por mayoría de 7 votos contra 5 recomendar la aprobación de esta observación.
Artículo transitorio nuevo
La observación tiene por objeto consultar una disposición nueva destinada a autorizar que la primera diferencia correspondiente al reajuste que concede esta ley pueda ser descontada en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970, y no, en una sola como lo ordenan las disposiciones legales vigentes. Consulta, además, este precepto fondos para el pago de reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del Fondo Re valorizador de Pensiones de la Defensa Nacional.
La unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas acordaron proponer la aprobación de esta disposición.
El escaso tiempo de que pudieron disponer las Comisiones Unidas para el examen y estudio de las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley, no les permitió hacer un análisis exhaustivo de las mismas y como consecuencia de ello este informe sólo ha podido expresar sucintamente el alcance de cada una de ellas.
Sala de las Comisiones Unidas, 4 de diciembre de 1969.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Acevedo, Agurto, Alessandri, don Gustavo; Avendaño, Amello, Cademártori, Cantero, Del Fierro, Espinoza, don Gerardo; Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don Samuel; Godoy, Ibáñez, Iglesias, Laemmermann, Lazo, doña Carmen; Leighton, Lorca, Lavandero, Maira, Maturana, Monares, Núñez, Páez, Tagle, Urra, Schnake, Giannini y Vargas.
Se designó Diputado informante al señor Cerda. (Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de las Comisiones."
Fecha 04 de diciembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 17. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión Observaciones Presidente de la República. Se aprueban algunas y se rechazan otras.
REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES.- OBSERVACIONES
El señor MERCADO ( Presidente).-
La presente sesión tiene por objeto tratar y despachar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Dirección General de Investigaciones.
Boletines 297-69-O, 297-69-OO y 297-690-bis.
Diputado informante es el señor Cerda.
-Las observaciones contenidas en el boletín 297-69-O son las siguientes:
"Artículo 1º.- Nº 3: para sustituirlo por el siguiente:
"3º El aumento de las pensiones de retiro y montepíos que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma: el 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30 % restante para completar el 100% de dicho aumento a contar del 1º de diciembre del mismo año".
Artículo 2º.- Inciso 2º. Para suprimirlo.
Artículo 8º.- Para sustituir el Nº 9, por el siguiente:
"9.- Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:
Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los impuestos establecidos en los artículos 1º y 4º, con excepción de los incisos 3º, letra g), y 4º del artículo 4°, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo".
Artículo 9º.- Para suprimir la frase final que se agrega al inciso 1º del Nº 8 del artículo 1º de la Ley Nº 16.272.
Artículo 11.- Para introducir las siguientes modificaciones:
Nº 2.
a) Sustituir la frase "su coma" (,) final" por "la conjunción y".
b) Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
c) Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación.
Nº 4:
a) Sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente":
b) Eliminar la frase "en el inciso anterior".
Para agregar los siguientes números:
"5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo 30%, cambiando el punto (.) por una coma (,):
"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%".
"6.- Reemplazar el inciso 1º del artículo 31 por el siguiente:
"Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6%0 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor".
Artículo 13.- Substituirlo por el siguiente:
Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo 8° de la ley Nº 16.528, por el siguiente:
La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7°, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.
b) Derógase, a contar del 31 de diciembre de 1969 el artículo 11 de la ley Nº 16.528. En consecuencia, a partir de esa fecha las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán acogerse al sistema general de devolución establecido en la ley Nº 16.528.
No obstante lo anterior, las empresas de la pequeña minería y la Empresa Nacional de Minería continuarán exentas de pleno derecho de los tributos mencionados en el artículo 1º de la ley Nº 16.528, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
c) Derógase a partir del 31 de diciembre de 1969 los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto 1.270, del 27 de septiembre de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Se autoriza al Presidente de la República para que dentro del plazo de 120 días proceda a dictar un nuevo reglamento de la ley Nº 16.528.
En todo lo que sean compatibles con las disposiciones de la presente ley, mantendrán su vigencia los artículos 16 y 19 del decreto 1.270, antes mencionado, hasta la fecha de publicación del Reglamento que dictará el Presidente de la República de acuerdo con la facultad que se le confiere en el inciso anterior.
d) Eliminase en el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, la siguiente frase: "en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción", y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
e) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores".
"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala".
"Los decretos que se dicten en conformidad, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
Artículo 14
Para agregar al final en el segundo inciso, después de las expresiones "la ley Nº 16.617.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase "a contar de la vigencia de la presente ley".
Para agregar los siguientes artículos nuevos:
Artículo...- "A contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
Artículo...- Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el artículo 124 del D.F.L. Nº 1, de 1968, y artículo 59 del D.F.L. Nº 2, de 1968, de los Ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
Artículo...- Interpretando el artículo 75 de la ley Nº 17.105 declárase que las exenciones que se establecen en dicha disposición también alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química destinados al mismo objeto sólo cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que puedan enajenarlos o transferirlos a ningún título a ten ceros, con excepción a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros. Asimismo, declárase que los alcoholes exentos de impuestos han quedado y quedarán sometidos a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre control y fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
Artículo...- Introducen se las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 152 de la ley Nº 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabras "Chile" y "Banco" y reemplazase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase" "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos" y "mencionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".
5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, eliminase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplazase la frase "respecto de" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "será" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley que se indica:
1º) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos:
Sin embargo, no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país.
No obstante lo anterior podrán deducirse los intereses provenientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central.
2º) Reemplázase el inciso 1º del Nº 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas".
3º) Agregase en el inciso segundo del Nº 1 del artículo 61 de la ley de Impuesto a la Renta, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central".
Artículo...- Reemplázase en el artículo 10 de la ley Nº 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras Convenciones sobres bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley Nº 16.466, de 29 de abril de 1966, y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes : en la letra a) "29%" por "31%", en la letra b) "12%" por "15%", en la letra d) "11%" por "13%" y en la letra e) "20%" por "22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación dé precios.
Artículo...- Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el Departamento de Arica, de conformidad con la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85% de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el Departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley Nº 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5° de la ley Nº 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinadas que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2° de la ley Nº 14.824, continuarán gozando de ése régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el Departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º y 3º de la ley Nº 14.824 del 13 de enero de 1962.
Artículo...- Introdúcense al artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificada por las leyes 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso 2° por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el Departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1º de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas alcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes."
2) Reemplázase el inciso 4° por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley Nº 13.039."
Artículo...- Restablécese la vigencia del inciso 3º del artículo 18 de la ley Nº 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley Nº 17.073, a contar desde el 1º de septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el Departamento de Arica con anterioridad a la vigencia dé esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1º de la ley Nº 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto del país.
Artículo...- Los impuestos establecidos en la ley Nº 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones gravadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho Departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley Nº 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Artículo...- Agregase como inciso final del artículo 2° de la ley Nº 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
Artículos transitorios
Artículo 1º.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones, con excepción de los afectos a la ley Nº 15.076, en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de hasta Eº 900 a cada uno, que se financiará con los excedentes presupuestarios producidos en el presente año en el ítem sueldos del Servicio de Prisiones, por las vacantes que no se llenaron en el mismo año".
Artículo 2º.- Para suprimirlo.
Artículo 3º.- Para suprimir el inciso segundo
Para agregar el siguiente artículo transitorio:
Artículo...- "La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970 y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento dé remuneraciones del personal de Servicio Activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4,de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.000.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970".
-Las observaciones contenidas en el boletín 297-69-00 son las siguientes:
Para eliminar en el primer párrafo del artículo nuevo transitorio que se propone, las palabras "hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos".
Para eliminar el siguiente artículo nuevo propuesto: "A contar del 1º de enero de 1970, él personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley N° 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 29 de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
El señor MERCADO ( Presidente).-
El procedimiento a que se sujetará el despacho de estas observaciones fue oportunamente puesto en conocimiento de los señores Diputados.
En discusión la primera de las observaciones, que tiene por objeto sustituir el número 3 del artículo 1º del proyecto aprobado por el Congreso.
Ofrezco la palabra.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, una cosa previa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.-
Una proposición de orden, antes de comenzar, señor Presidente.
Las Comisiones Unidas de Defensa y de Hacienda recomiendan la aprobación de varios artículos por la Sala. Creo que aquellos artículos en que las Comisiones Unidas procedieron en esta forma, debiéramos aprobarlos sin discusión. Esa es la proposición que hago para abreviar el trámite del proyecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición hecha por el Diputado señor Clavel.
El señor CADEMARTORI.-
¿Cuál es?
El señor IGLESIAS.-
Concretamente, ¿cuál es?
El señor MERCADO ( Presidente).-
señor Diputado Clavel, los señores Diputados desean que plantee nuevamente su punto de vista.
El señor CLAVEL.-
Señor Presidente, en el día de ayer, las Comisiones Unidas de Defensa y de Hacienda recomendaron la aprobación o el rechazo de algunos artículos del proyecto. Mi proposición, en concreto, es que aquellos artículos en que las Comisiones citadas piden a la Cámara su aprobación sean votados sin discusión. Esa es la proposición que hago a la Sala.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Urra.
El señor URRA.-
Señor Presidente, desde el punto de vista del procedimiento que puede seguir la Sala, lo razonable sería que se votaran inmediatamente, en un solo bloque, las disposiciones aprobadas por la unanimidad de las Comisiones. Ese sería, a nuestro juicio, el procedimiento razonable para acortar el trámite en la Sala.
El señor CADEMARTORI.-
¿Por qué no llama a una reunión de Comités, señor Presidente?
El señor CARDEMIL.-
Claro, también, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, me voy a permitir suspender la sesión a objeto de realizar una reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Se suspendió la sesión a las 11 horas 7 minutos.
Se reanudó la sesión a las 11 horas 42 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados por los Comités en la reunión que acaba de celebrarse.
El señor MENA ( Secretario).-
Reunidos los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Mercado y con asistencia de la totalidad de ellos, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
Votar sin debate, en un solo acto, las disposiciones observadas por el Ejecutivo y que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes proponen aprobar por unanimidad. Son las siguientes: artículos 8º, 11 Nº 4; 13 y 14; artículos nuevos Nºs. 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11; y articulo 2º transitorio.
No obstante, la observación recaída en el Nº 2 del artículo 11 del proyecto deberá ser discutida.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
¿Cuáles son, señor Presidente?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado, ¿quiere que se dé lectura de nuevo a los artículos?
El señor MENA (Secretario) da nuevamente lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, se declaran aprobados estos acuerdos por haber sido adoptados por la unanimidad de los señores Comités.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las observaciones a que dio lectura el señor Secretario.
Acordado.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Se suspendió la sesión a las 11 horas 46 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reabre la sesión.
Se suspende por cinco minutos.
Se suspendió la sesión a las 11 horas 55 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En discusión la primera de las observaciones, que consiste en sustituir el Nº 3 del artículo 1º
Ofrezco la palabra.
El señor RUIZESQUIDE (don Rufo).-
¿Qué está en discusión, señor Presidente?
El señor MERCADO ( Presidente).-
La primera observación, señor Diputado, que consiste en sustituir el Nº 3 del artículo 1º.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito la venia de la Sala para omitir la votación secreta.
El señor MONARES.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Se va a llamar a votar a los señores Diputados.
El señor KLEIN.-
¿Qué se va a votar?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para suspender la sesión por diez minutos.
El señor CARMINE.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor LAVANDERO.-
El señor Presidente tiene facultad para suspenderla.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Estamos en votación, señor Diputado. Por eso solicité la venia de la Sala.
La señora LAZO.-
Deseo hacer una proposición, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra a la señora Lazo.
Varios señores DIPUTADOS.-
Claro, de acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, nosotros aceptaríamos que sé suspendiera la sesión por 10 minutos, siempre que al reanudarla se reabriera el debate en esta observación, sobre la cual ningún señor Diputado pidió la palabra, porque muchos esperaban una información previa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la proposición hecha por la señora Carmen Lazo?
El señor CARMINE.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor SALINAS (don Edmundo).-
No se ponga difícil, señor Carmine.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito nuevamente la venia de la Sala para acceder a la proposición planteada por la señora Carmen Lazo.
Acordado.
Se suspende la sesión por diez minutos.
-Se suspendió la sesión a las 12 horas 5 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En discusión la primera de las observaciones, que consiste en sustituir el número 3 del artículo 1º.
El señor URRA.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRA.-
Señor Presidente, la discusión en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, Educación Física y. Deportes de los vetos presentados por el Ejecutivo permitió a los parlamentarios conocer exhaustivamente las razones invocadas por los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional y por los Subsecretarios de las carteras respectivas.
La opinión pública ha tenido la oportunidad de conocer la polémica producida respecto al artículo 1º y el veto que el Ejecutivo ha propuesto a su número tercero, a través de los comentarios de prensa y de radio en los últimos días. Del mismo modo se ha impuesto de los puntos de vista que sobre el veto han manifestado las asociaciones de jubilados y algunas otras organizaciones que representan al personal pasivo de las Fuerzas Armadas.
La proposición del Ejecutivo y la forma como el Congreso Nacional despachó este proyecto son bien conocidas por la totalidad de la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo propone que el aumento mencionado en el artículo 1º se otorgue en tres etapas, en Un plazo de dos años y en la siguiente forma: un 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más, para completar el 70% de aumento, a contar del 1º de enero de 1971; y el 30% restante, a contar del 1º de diciembre del mismo año.
El señor Ministro de Hacienda fue, a nuestro juicio, bastante profundo y honesto al exponer la preocupación del Ejecutivo, del Presidente de la República, en particular, por los términos en que el Congreso Nacional despachó este artículo 1°. Y las razones invocadas por el señor Ministro de Hacienda mantienen, naturalmente, plena validez en este debate.
Nosotros quisiéramos, con la misma honestidad, recordar estas expresiones y pedirles a los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados que reflexionen no sólo respecto de este proyecto de reajuste a las Fuerzas Armadas, sino también acerca de la totalidad de la política de remuneraciones convenida por el Gobierno democratacristiano, en estos días.
El señor Ministro de Hacienda manifestó en las Comisiones Unidas que el Fisco no está en condiciones de poder pagar el reajuste al sector pasivo en la forma como lo aprobó el Congreso Nacional. El desembolso que le significaría al erario el pagarle de una sola vez al sector pasivo, excede los 830 millones de escudos, suma que no es posible financiar en un solo año.
El Ministro agregó que el impacto de esta cifra, en el año 1970, provocaría una grave repercusión inflacionaria que desvirtuaría el esfuerzo que se hace por mejorar las rentas del personal de las Fuerzas Armadas.
Las razones invocadas por el señor Ministro son, a nuestro juicio, extraordinariamente relevantes. No puede el Gobierno democratacristiano ni los parlamentarios de estos bancos aprobar esta disposición, en los términos en que ha sido despachada por las Comisiones Unidas, porque el país no está en condiciones de soportar el desembolso que ella implicaría. La política de reajustes en relación con las Fuerzas Armadas es inseparable de la política de remuneraciones comprometida por el Gobierno con los dirigentes de la Central Unica de Trabajadores.
Según las informaciones entregadas por el señor Ministro de Hacienda a las Comisiones Unidas, el reajuste al Poder Judicial, el financiamiento del reajuste a las Fuerzas Armadas y el acuerdo convenido con la Central Unica de Trabajadores, representan, en cifras globales, una suma cercana a los cuatro mil millones de escudos. El total del presupuesto nacional vigente para el año 1969 alcanza a una suma cercana a los 13 mil millones de escudos. En consecuencia, el monto comprometido por el Gobierno a través del acuerdo con la Central Unica de Trabajadores, con el Poder Judicial y con las Fuerzas Armadas, alcanza a una suma cercana al tercio del total del presupuesto nacional para el año 1969. Esta es la suma comprometida responsablemente por el Gobierno, de acuerdo con su política de reajuste de remuneraciones proyectada para el año 1970.
Sin duda, entonces, que la, responsabilidad de los partidos políticos en esta materia no puede ser menor que la que han tenido las organizaciones máximas de los trabajadores chilenos al convenir con el Gobierno la política de remuneraciones para el año 1970. Y, en este sentido, señor Presidente, yo quisiera formular un llamado a los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados para que demuestren la misma madurez que ha demostrado la Central Unica de Trabajadores de Chile, a través de su dirigente máximo, don Luis Figueroa, Presidente Nacional de esa organización y parlamentario comunista, y a través de los dirigentes socialistas. Ellos suscribieron el acuerdo convenido con el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro del Interior en el día de ayer y que ha conocido el país por las informaciones de prensa. A nuestro juicio, éste es un hecho trascendental que marca, real y definitivamente, un camino positivo para enfrentar, con responsabilidad, una política de remuneraciones que comprenda las aspiraciones esenciales de los trabajadores chilenos. Esto debería hacer reflexionar a los partidos políticos. Las organizaciones sindicales y los dirigentes máximos de los trabajadores chilenos están dispuestos a conversar con los representantes del Gobierno, a recoger antecedentes acerca de la capacidad económica real del país para obtener financiamientos responsables para la política de remuneraciones sustentadas por el Gobierno. Los mismos trabajadores, a través de sus representantes y de los dirigentes de la Central Unica, firman un acta de acuerdo que conocen los señores parlamentarios y que ha sido extensamente difundida en el día de hoy. Si los gremios están expresando responsabilidad y madurez, no sólo para comprender las razones del Gobierno, sino que también la capacidad económica real del país para enfrentar el financiamiento de una política integral de remuneraciones, en la forma como lo han pedido los trabajadores, creo que los partidos políticos también tienen, en alguna forma, que entregar su cuota de responsabilidad y madurez para debatir proyectos e iniciativas de esta naturaleza. Esa madurez y esa comprensión es la que estamos pidiendo también para el veto del Ejecutivo al artículo 1º.
Por eso nos parece que la responsabilidad del Gobierno democratacristiano ha sido claramente señalada en las Comisiones Unidas y seguramente será reiterada en algunos minutos más en la Sala por el propio señor Ministro y por otros parlamentarios del partido.
En este momento, el señor Ministro de Hacienda está conversando con algunos diligentes de las Fuerzas Armadas en retiro, del personal pasivo, para tomar una decisión final sobre esta materia.
El señor PALESTRO.-
¿Me permite una interrupción?
El señor URRA.-
Con mucho gusto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de una interrupción el señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Más que nada para aclarar algunas palabras del señor Urra, cuando se refirió a la firma del acta de la Central Unica de Trabajadores con el Gobierno.
Nosotros, como socialistas, en la parte de responsabilidad que nos corresponde, no reconocemos ninguna de las razones a que alude el Diputado señor Urra y que ha dado el Gobierno para proponer este 28% de reajuste para el sector privado. Nosotros solamente nos hemos visto constreñidos, como seguramente algún otro sector de la Central Unica, a aceptar ese 28%, pero, señor Urra, Diputado democratacristiano y de Gobierno, creo que a los socialistas de la Central Unica, en general, no nos amarran las manos para seguir luchando por mayores y mejores reajustes, como corresponde en justicia a los trabajadores de nuestro país.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de una interrupción el señor Giannini.
El señor PALESTRO.-
¡No hemos entendido ninguna razón del Gobierno!
El señor GIANNINI.-
Señor Presidente, el Diputado señor Urra...
La señora LAZO.-
¿Me permite, señor Presidente, solicitarle una interrupción, antes de que intervenga el señor Giannini?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Está haciendo uso de una interrupción el señor Giannini.
La señora LAZO.-
Pero, si lo permite el señor Urra...
El señor URRA.-
Con mucho gusto.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, yo le agradecería mucho al señor Urra particularmente que, cuando se dirija a los partidos políticos representados en esta Cámara, no lo hiciera con un tono como que nos está dando una lección y como que nos está enseñando a ser responsables.
Hay que tener en cuenta que el partido de Su Señoría primitivamente también aceptó este artículo y la forma de pago establecida en él y que el Ministro, entre las razones que dio para solicitar este pago fraccionado no dio aquélla por la cual el Ejecutivo se había opuesto a un financiamiento ya aprobado por nosotros en la Comisión y que lo habíamos planteado precisamente en la Comisión respectiva. De manera, señor Presidente, que aquí se dicen verdades a medias.
Espero que el Diputado Giannini explique las razones que tiene el Gobierno incluso para estar, en este momento, conversando con los jubilados y las montepiadas, ¡y no se nos venga a hablar en este tono que, desde luego, como partido, no aceptamos!
¡Muchas gracias!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Giannini.
El señor GIANNINI.-
Quiero hacer una proposición a la Sala, que me parece que es lo más lógico formularla a esta altura del debate y en atención a que, como lo dijo el señor Urra, en estos momentos los Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional están conversando con los dirigentes de los sectores pasivos.
En estas condiciones, quiero proponer que el debate de este artículo quede pendiente para más tarde, a fin de poder continuar ahora con el debate del resto del articulado.
Concretamente, señor Presidente, propongo eso.
El señor PALESTRO.-
No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo, señor Diputado.
Puede continuar el Diputado señor Urra.
El señor URRA.-
Señor Presidente, por estas razones, hemos declarado, hace algunos minutos, que los Diputados democratacristianos, con mucha responsabilidad, respaldamos el veto presentado por el Ejecutivo, y planteamos también nuestra plena adhesión a las palabras que, con mucha honestidad, expresó el señor Ministro de Hacienda al entregar los antecedentes que las Comisiones Unidas, en su oportunidad, conocieron en el día de hoy. Respaldamos la iniciativa del Ejecutivo, porque entendemos que, responsablemente, el Gobierno y el Presidente de la República, en particular, no pueden entregar recursos que ni el proyecto les concede ni tampoco el país está en condiciones de comprometer en este momento.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Señor Presidente, los Diputados socialistas, ya en la primera oportunidad en que se discutió el proyecto de reajuste de las Fuerzas Armadas, expusimos en forma responsable el pensamiento de nuestro partido sobre la idea del reajuste, sobre la política de reajustes del Gobierno involucrada en el proyecto y sobre las líneas centrales del financiamiento propuesto por el Ejecutivo. Hago este alcance, precisamente para dar respuesta a este llamado formulado por el Diputado señor Urra a la responsabilidad de los partidos.
Los socialistas estamos conscientes de que una planteamiento de la naturaleza del que en este instante formulamos en la Sala tiene forzosamente que traer repercusiones como las que aquí se han dicho y negativas como las formuladas ayer por el señor Ministro de Hacienda en el seno de la Comisión: no hay recursos; no se puede pagar el monto de los reajustes en la forma propuesta por el Congreso, etcétera.
Estamos conscientes también de que en la tarea de ponderar los elementos de juicio entregados por el señor Ministro de Hacienda y agregados a los que entregan los señores Diputados democratacristianos, los socialistas también hemos tenido que tomar en consideración los argumentos que entregan los sectores de las Fuerzas Armadas en retiro, los que, representados por sus organizaciones más responsables han desautorizado el acuerdo a que se llegó ayer o anteayer entre gallos y medianoche, y a través de conversaciones de pasillo entre personeros del Ejecutivo y personeros no autorizados de las Fuerzas Armadas.
Yo quiero entregar aquí algunos de estos elementos de juicio que ponderan precisamente la actitud de los socialistas frente al reajuste del sector pasivo, y que dicen relación con el punto tercero del artículo 1º.
La observación que consiste en sustituir el punto tercero de este artículo, con el objeto de que el aumento al personal en retiro y a las montepiadas se pague en tres etapas, a juicio de los socialistas, debe ser rechazada y la Cámara debe insistir en lo aprobado por el Congreso, pollas razones que paso a expresar. En primer término, porque la reiteración de la modalidad propuesta en el veto es una burla a derecho adquiridos por el personal; y, además, el 40% del reajuste que tendrán sus similares en actividad y que se propone para el personal en retiro y las montepiadas, a partir desde el año 1970, en la realidad no es tal, si se tiene en cuenta que, sin existir las disposiciones de este proyecto, les correspondería, por lo menos, un 28% de aumento y sin pago diferido, en virtud de la ley de reajustes para el año 1970.
O sea, de prosperar el veto, el personal pasivo tendría apenas un 10% más de reajuste, con la agravante de que los saldos que se le quedarían adeudando, pagaderos en los años 1971 y 1972, los recibirían extremadamente desvalorizados. En segundo lugar, la sustitución propuesta en este veto del Ejecutivo contraría abiertamente el principio con que, en forma casi unánime, el Congreso aprobó el punto tercero del artículo 1º. En tercer término, además, con este veto se vulnera en forma flagrante la norma quinta del artículo 1º del proyecto, aprobado unánimemente por ambas ramas del Congreso, en la que se puntualiza de manera categórica y terminante que el uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión, ni para aumentar la proporción, porcentual, actual entre las remuneraciones imponibles y las no imponibles de que goza el personal en servicio activo, en perjuicio del personal pasivo. Lo vulnera, porque las disposiciones legales previsionales vigentes para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, establecen, para fijar las pensiones, que ésta será de una treintava parte del sueldo y demás remuneraciones de que gozan sus similares en servicio activo y, sobre todo, en ella se dispone imperativamente que la pensión de retiro debe reajustarse en todo momento, en relación con los sueldos del personal en actividad. Esto lo establece el Estatuto del Persona] de las Fuerzas Armadas en los artículos 187 y 197 del decreto con fuerza de ley Nº 1 del 6 de agosto de 1968.
A mayor abundamiento, dentro de nuestro régimen de Derecho, corresponde al Parlamento resolver soberanamente sobre la manera que estime más justa y adecuada para defender los derechos e intereses del personal en retiro y montepiadas; y el ejercicio de esta facultad no puede ser supeditado ni interferido por convenios de pasillo que no reflejan la opinión mayoritaria del personal, ni resguardan sus verdaderos intereses.
Finalmente, para agregar un argumento más y demostrar que los socialistas hemos ponderado estos elementos de juicio. Los hemos comparado con los que se nos han entregado aquí, porque como se recordó oportunamente en la Honorable Cámara, cuando este proyecto cumplía su tercer trámite constitucional, no se compadece este veto con los conceptos expresados el 19 de mayo de 1964 en el TeatroBaquedano, ante el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, por el entonces candidato a la Presidencia de la República, Senador don Eduardo Frei. Dijo el señor Frei en esa ocasión, en una parte de su discurso: "Para el personal de las Fuerzas Armadas, el aliciente económico casi único es su previsión. Esto requiere, entonces, el respeto a los derechos adquiridos, si este último principio se ha vulnerado en estos días, es obligación del Gobierno" se refería al Gobierno de aquel entonces "y no del Parlamento, del actual o del próximo, enmendar el precedente que no sólo constituye una evidente injusticia para el personal en retiro, sino que el debe preocupar a los que, estando en servicio, no pueden olvidar que también algún día estarán en retiro".
Estas fueron las palabras del señor Presidente de la República cuando era candidato a la Presidencia, el día 19 de mayo de 1964, en el Teatro Baquedano.
Todas estas razones hacen que los socialistas, habiendo también ponderado los elementos de juicio que nos han entregado aquí los colegas democratacristianos y el señor Ministro de Hacienda, votemos rechazando el veto del Ejecutivo y pidiendo que estas remuneraciones y este aumento se pague, en justicia, al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, de una sola vez, como se va a hacer con el personal en actividad.
Nada más.
-Aplausos en tribunas y galerías.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Advierto a las personas que están en tribunas y galerías que el Reglamento les prohíbe aplaudir en la Sala.
Ofrezco la palabra.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, el Gobierno ha vetado, el número tres del artículo 1º, y ha propuesto, en este veto, que el aumento correspondiente a las pensiones de retiro y montepío de las Fuerzas Armadas sea pagado en tres etapas, como está señalado en este veto.
El Parlamento había aprobado que este aumente, que esta diferencia fuera pagada íntegramente de una sola vez y junto con el pago al personal en servicio activo. De esta manera, la Cámara y el Parlamento en general, habían acogido una aspiración absolutamente legítima del personal de las Fuerzas Armadas en retiro y de las montepiadas; una aspiración legítima –repito- y un derecho establecido por las leyes vigentes, en lo que se refiere a la situación previsional de los ex funcionarios y de las montepiadas de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, este personal no está reclamando ningún privilegio. Sencillamente, está pidiendo que se cumpla con la legislación vigente; está exigiendo que no se le burle una vez más y que la diferencia, repito, le sea pagada de una sola vez, en las mismas condiciones en que las Fuerzas Armadas en servicio activo van a recibir el aumento de sus rentas.
Como es de conocimiento de la Honorable Cámara, el personal de las Fuerzas Armadas en retiro ha sido sucesivamente postergado, tanto bajo el Gobierno anterior -el Gobierno del señor Alessandri- como bajo el actual Gobierno. Desde hace mucho tiempo las pensiones y montepíos de este personal han ido cercenándose cada vez más; se han ido reduciendo sus derechos a quinquenios y se han cometido con él una serie de injusticias y discriminaciones.
Por eso, ha llegado el momento -y así lo exige el personal en retiro de las Fuerzas Armadas- de que se termine con estas discriminaciones; de que se reparen las injusticias; de que no sea postergado una vez más. Ellos reclaman, pues, un derecho legítimo.
Aquí el Diputado señor Urra ha llamado a la comprensión, particularmente a los Partidos de Oposición de Izquierda, poniendo como ejemplo el acuerdo a que ha llegado recientemente la Central Unica de Trabajadores con el Gobierno, en lo que se refiere a una serie de peticiones que los gremios han hecho, no sólo en lo que se relaciona con el aumento de sus sueldos bases, sino también a las asignaciones familiares, imposiciones previsionales, etcétera. Este acuerdo fue suscrito en el día de ayer y, como lo recordara aquí el Diputado Palestro, de ninguna manera ata las manos de los gremios, ni ha sido ése el planteamiento de la Central Unica de Trabajadores, para seguir luchando por obtener nuevas conquistas para mejorar la situación económica. En todo caso, se ha llegado a un acuerdo.
El señor MOSQUERA.-
Un acuerdo...
El señor CANTERO.-
Sí, señor, a un acuerdo. Dije claramente que se ha llegado a un acuerdo, suscrito por los gremios y el Gobierno. Está perfectamente claro. Es un acuerdo respaldado no sólo por el Consejo Directivo Nacional de la Central Unica de Trabajadores, sino por todas sus federaciones, en el cual han participado, además de comunistas, socialistas y radicales, todos los trabajadores; porque este acuerdo no sólo es obra de la acción del Consejo Directivo de la CUT; principalmente, de sus componentes, cualquiera que sea el color político que tengan, sino obra de la acción de los trabajadores organizados. Nosotros hemos valorizado este acuerdo, y lo ha hecho también el Consejo Directivo Nacional. Este es un reconocimiento explícito de que la CUT es la única central existente en el país que en realidad representa la voluntad absolutamente mayoritaria de los trabajadores, que actúan con responsabilidad y en este sentido han dado una demostración más de ello. Por lo tanto, este acuerdo es fruto de las fuerzas de esta organización, de la unidad expresada en sus filas más allá de ideologías políticas y de corrientes determinadas, pero ha sido un acuerdo al cual se ha llegado conversando directamente entre los representantes de la Central Unica y de los gremios y los personeros del Gobierno, el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro del Interior.
Podría haberse seguido, tal vez, el mismo camino con el personal de las Fuerzas Armadas en retiro; debiera, a nuestro juicio, habérseles consultado previamente, y no ahora, a la hora undécima, cuando estamos prácticamente votando el proyecto; debió haberse consultado antes con los representantes de las distintas organizaciones de las Fuerzas Armadas en retiro, con las que expresan su sentido mayoritario a través de todo el país. Desgraciadamente, no se siguió este procedimiento.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, Su Señoría. El Diputado señor Cerda le solicita una interrupción.
El señor CANTERO.-
Con todo gusto, se la concedo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, sólo quiero señalar que el informe de la Comisión de Hacienda, no está muy completo, sin duda por lo tarde que terminó el despacho del proyecto y porque los funcionarios no dispusieron del tiempo necesario para indicar más de lo que en la Comisión se trató, en especial sobre este artículo l9. Entre las informaciones recibidas de parte de quienes asistieron a ella, están las del General Carlos Valdés, quien indicó que él no había participado en acuerdos y que estaba en desacuerdo con lo indicado por el Gobierno, a través de este veto. Pero el señor Castro, Presidente de otra organización, manifestó con claridad que el acuerdo a que se llegó directamente, me parece que fue con Luis Pareto, representante de los Diputados del Partido Demócrata Cristiano, y con otras diferentes personas, fue no sólo respecto de este artículo, o sea el 1°. No era sólo lo relativo a la postergación del pago, por las razones que más adelante daré, haciendo uso de mi derecho como Diputado informante; sino que esto va acompañado de otros acuerdos, como son los que se indican en el veto del Ejecutivo. Están en la página 55.
Un artículo nuevo expresa: "A contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2° de la misma ley y sus modificaciones posteriores."
Es decir, parte del acuerdo soluciona el problema de los quinquenios. Los señores Diputados saben que las diferentes organizaciones de las Fuerzas Armadas en retiro han solicitado, muchísimas veces, que, de una vez por todas, se arregle este problema, el cual se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Por otra parte, en el último artículo transitorio, por el cual se autoriza que la primera diferencia por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío se pague en seis cuotas, , está claramente establecido que "... con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal de Servicio Activo, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.000.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970".
Es decir, este acuerdo no sólo fue para postergar hasta 1971 el pago que corresponde a los pensionados durante el año 1970, a fin de efectuarlo en otras dos etapas, sino que significa el arreglo de situaciones que en este momento son de extraordinaria gravedad para el sector más modesto de los pensionados de las Fuerzas Armadas en retiro: los que no gozan de pensión perseguidora, o sea, aquéllos que están acogidos al régimen de los quinquenios y los afectos al sistema del Fondo de Revalorización de Pensiones.
Este es el acuerdo a que se llegó con el señor Castro. Indudablemente, tal vez por el hecho de haber sido tratado con suma urgencia, no se alcanzó a dar completas informaciones al resto del país; incluso, delegaciones que asistieron a la Comisión, con absoluta buena fe, de parte de ellos, indicaron que desconocían este resto del acuerdo, con lo cual se demuestra que no hubo la difusión necesaria del mismo. Pero quiero dejar bien establecido que las informaciones que recibieron todos los señores Diputados integrantes de las Comisiones unidas el señor Cantero también estaba presente y creo que puede corroborar mis palabras fue que el acuerdo comprende estos otros puntos, como base para llegar a un arreglo definitivo de situaciones extraordinariamente graves, vuelvo a repetir, que afectan a diferentes sectores de pensionados de las Fuerzas Armadas. Todos saben que quienes están acogidos al sistema del Fondo de Revalorización de Pensiones, muchos de ellos, hace dos años que no perciben reajuste. Esa es la situación que el señor Castro explicó que había sido tratada; y llegó a este arreglo directo con el Ejecutivo para solucionar problemas de más de siete mil pensionados de las Fuerzas Armadas, de los más modestos ingresos. Las razones que tuvo el Ejecutivo y las que explicaron las diferentes personas que estuvieron en la Comisión, yo las puedo indicar. Sé que estas conversaciones también se llevaron a efecto con otros representantes de distintos partidos políticos de Oposición para buscar una fórmula, como lo mencionó aquí el señor Manuel Cantero. Quizás por la premura del tiempo, no se alcanzó a tomar un acuerdo definitivo, suscrito por todos, después de las consultas a los pensionados a través del país. Pero cuando uno va a reuniones porque no es cosa de que yo solamente como Diputado de provincia vaya a ella, sino que concurren a las provincias todos los señores Diputados les aseguro que los distintos gremios de las Fuerzas Armadas en retiro en las distintas provincias del país, lo primero que plantean es la situación desastrosa en que están muchas veces, las montepiadas y los acogidos al Fondo de Revalorización. Eso es lo que se está arreglando directamente aquí con este acuerdo.
Le agradezco al señor Cantero la interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, antes de responder la intervención del Diputado señor Cerda, quisiera terminar parte de mi observación señalando que nosotros creemos que el camino más adecuado habría sido consultar, conversar y dialogar sobre esta materia, insisto, con los representantes de las organizaciones mayoritarias de las Fuerzas Armadas en retiro, como se ha hecho con los gremios, como se hizo recientemente con el Poder Judicial, con el cual se llegó a un acuerdo, aceptado por él.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Cantero, el Diputado señor Fuentes, don Samuel, le solicita una interrupción.
El señor CANTERO.-
Señor Fuentes, yo quisiera responder antes la intervención del señor Cerda; después, puedo concederle con todo gusto la interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Efectivamente, hubo un acuerdo, claro está, con el señor Humberto Castro González, presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro. Esto es efectivo. Esto se dijo en las Comisiones Unidas. Los términos del acuerdo los explicó detalladamente el señor Ministro de Hacienda, el Diputado señor Pareto y el propio señor Castro. Fue un acuerdo global, se dijo, que involucraba estos dos artículos incluidos en el veto, a los cuales ha hecho mención el señor Cerda, que se refieren a los quinquenios y al otorgamiento de un aporte a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, para que pague el reajuste al personal de bajas pensiones, afecto a la revalorización de pensiones, y que alcanza a siete mil personas, o a un poco más. Pero era un acuerdo global. Estos artículos fueron incluidos a cambio de lo otro, a cambio de pagar la diferencia en tres etapas al personal de las Fuerzas Armadas en retiro, y tanto es así que, cuando en las Comisiones Unidas se rechazó este veto, el número 3° del artículo 1º, el Gobierno inmediatamente envió un oficio complementario, por el cual retiró del veto los dos artículos mencionados por el señor Cerda; es decir, el que corrige discriminaciones en el pago de quinquenios y el que aporta recursos a la Caja de Defensa Nacional para pagar reajustes pendientes del personal de bajas pensiones. Estos han sido retirados por oficio, porque, como dijo el Ministro de Hacienda, forma parte de un acuerdo global.
De manera que estos dos artículos, con los cuales estamos de acuerdo, fueron incluidos en ese acuerdo a cambio del pago diferido, en tres etapas, del reajuste a las Fuerzas Armadas en retiro. Evidentemente que se dio una cosa por otra, como es evidente que se llegó a un acuerdo con la organización, porque ésta, posteriormente, envió a nuestro Comité una nota suscrita por su Presidente señor Castro ¡y por dos dirigentes más, los señores Ramírez y Briceño y que con toda seguridad habrá llegado también a los demás Comités en la que se nos solicita que apoyemos el veto, tomando en cuenta el acuerdo al cual se había llegado. Sin embargo, con todo el respeto que nos merece la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro, que no dudamos que es una organización representativa, que tiene fuerzas, todos los parlamentarios de los distintos partidos sabemos que no interpreta, ni ella ni su presidente, el sentimiento mayoritario de las Fuerzas Armadas en retiro. Este es un hecho, porque a cada Comité, como a muchos señores Diputados presentes, han llegado numerosas peticiones de otras organizaciones muy respetables de las Fuerzas Armadas en retiro, tanto de Santiago como del resto del país, pidiendo que nos opongamos al veto. Cada uno tiene, en este sentido, ejemplos que exhibir. Personalmente puedo citar el de la zona que represento en esta Cámara. La Federación Provincial de las Fuerzas Armadas en Retiro de Valparaíso que es la organización más importante de este personal en la provincia, no la única pero sí la más representativa ha rechazado el veto y ha dicho que no ha sido consultada previamente. De manera que ésta y otras organizaciones de personal de bajas pensiones, como la de Suboficiales Sargento Aldea, han rechazado este veto. Ayer, como lo recordaba el señor Cerda, en la Comisión tuvimos oportunidad de escuchar a los dirigentes de las Fuerzas Armadas en retiro de Talcahuano, que había tomado el acuerdo previo de rechazar también el veto.
El señor PALESTRO.-
Y de Quillota.
El señor CANTERO.-
Y de Quillota, como lo recuerda el DiputadoPalestro. Es decir, numerosas organizaciones que no representan, aunque nos merecen respeto la opinión y los trámites que ellos han hecho, la voluntad mayoritaria. De manera que, si aceptáramos el veto, estaríamos aprobando algo que está contra de la aspiración y la voluntad de la mayoría del personal de las Fuerzas Armadas en retiro, con el cual, insisto, pudo haberse dialogado previamente para llegar a un acuerdo. Si así hubiera ocurrido, los Diputados comunistas no habríamos sido ningún obstáculo, ni podríamos serlo. Si hubiera existido un pensamiento mayoritario del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, no estaríamos por el rechazo de este veto, el que no aprobaremos ahora, teniendo en cuenta la expresión mayoritaria bastante elocuente del persona] de las Fuerzas Armadas en retiro.
Por último, el argumento fundamental que esgrime el Gobierno, y que el señor Ministro de Hacienda lo hizo notar ayer en la Comisión con un tono dramático...
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-
¿Me permite una interrupción?
El señor CANTERO.-
Si es con cargo al tiempo de su Comité, no tengo inconveniente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Por supuesto.
Puede hacer uso de una interrupción Su Señoría.
El señor RUIZESQUIDE (don Mariano).-
En primer lugar, agradezco la interrupción que me ha concedido el señor Cantero. Voy a ser muy breve.
Yo solo quiero dar un antecedente, que estimo de importancia para el momento que tengamos que votar. El señor Cantero ha señalado que la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro, no tiene la representación total del personal de las Fuerzas Armadas en retiro. Sin embargo, quiero recordar que cuando algunos miembros del Partido Demócrata Cristiano, de Diputados y Senadores, conversamos con algunos Diputados del Partido Comunista, con el ánimo de expresarles cuál era la fórmula que se estaba discutiendo para los términos del veto, en ese momento, el señor Orlando Millas, que desgraciadamente ahora no está presente,...
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Sí está!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-
Me alegro mucho de que esté, porque así podrá dar testimonio de mis palabras sugirió que era importante que se llegara, primero, antes de una conversación con los partidos políticos, a un acuerdo con los representantes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas. La aceptamos como una sugerencia válida y conveniente, porque nos parecía interesante y digna de consideración. En ese instante, y quiero ser muy honesto en reconocer que la versión que di denantes del Diputado Cantero fue distinta de lo que en verdad sucedió, planteamos con quién se discutiría, porque teníamos conciencia de que había un número muy grande de organizaciones, y de que era imposible, dada la premura del tiempo, discutir con todas ellas. Se sugirió el nombre de la Confederación de Fuerzas Armadas en Retiro que presidía el señor Humberto Castro. Pues bien, don Orlando Millas, que reconozco que no fue él quien sugirió este nombre, manifestó que concordaba con el resto de los presentes en que esta organización era la que mejor representaba la mayoría del personal de las Fuerzas Armadas en retiro. En este entendido se acordó conversar con ella, no por que se quisiera excluir a nadie, sino por el marco de extrema urgencia con que se estaba tratando de resolver el problema. En cierto modo, se hizo con la anuencia de don Orlando Millas, a quien le parecía que no agotaba el ciento por ciento de la representación, pero que sí era suficientemente representativa como para tener una conversación con sus dirigentes y saber cuál era su pensamiento.
Quería señalar esto, porque es evidente, y nadie puede negarlo, que hay muchas otras instituciones que no fueron consultadas; pero no se puede decir que se hizo con el ánimo sólo de hablar con una. Se creyó que había que hacerlo con el menor número de gente posible, con los que fueran más representativos, para poder andar rápido. Y en ese sentido hubo cierto acuerdo. Yo no he dicho, y con esto rectifico la información que di, que el DiputadoCantero haya sugerido este nombre; pero sí dio el asentimiento para que fuera el vehículo que permitiera entrar en conversación directa con los partidos políticos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Cantero.
El señor CANTERO.-
El señor Fuentes me había solicitado una interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, yo creo que nos estamos dando vueltas en un círculo vicioso.
Yo no voy a discutir la representatividad de cada una de las organizaciones de los círculos de las Fuerzas Armadas en retiro. Creo que todas ellas tiene representación. Pero el Gobierno tiene que haber estado consciente de la situación que se había planteado en las Fuerzas Armadas, situación que no nació el 21 de octubre, sino que viene desde el año pasado, cuando nosotros, acogiendo el clamor de las Fuerzas Armadas, entregamos facultades extraordinarias para que los elementos activos y pasivos, que como consecuencia de su previsión, tienen sistemas de renta perseguidora de revalorización de pensiones, pudieran ser acomodados y no presentar el espectáculo que conoció no sólo el país, sino el mundo entero, de un movimiento de las Fuerzas Armadas.
Frente a todo este problema, por el artículo 1º de este proyecto, se autorizaba al Presidente de la República para que procediera a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas. Esa fue la idea inicial del Gobierno. O sea, que el Gobierno, con tales facultades, ya pretendía modificar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Esto no se logró desde el primer instante, porque los partidos de Oposición, especialmente, formúlame o s nuestra inquietud. Es así como la modificación que hizo al artículo 1º el señor Ministro de Hacienda, atendiendo el clamor de estos sectores, aceptó dejar sin facultad la posibilidad de modificar el régimen de retiro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. De manera que si el Gobierno sabía positivamente cuál era la situación, debió buscar el financiamiento adecuado para cubrir los anhelos del personal en actividad.
El Ejecutivo estaba consciente de lo que sucedería, porque, como lo acaba de decir el colega señor Espinoza, don Gerardo, el movimiento militar último lo conoció todo Chile y todo el mundo.
Además, no fue sólo a las Fuerzas Armadas a las que el candidato a la Presidencia de la República, señor Frei, prometió dar solución a su problema previsional. No, señor Presidente. Fue a todos los jubilados, a todas las montepiadas del país. Incluso recurrió a dirigentes de la Confederación Nacional ele Jubilados para que hicieran un llamado a sus afiliados, con el fin de que le entregaran sus votos para solucionar este problema como Primer Mandatario.
Ahora se pretende que aprobemos el veto del Nº 3º del artículo 1°, basado en el hecho de que hay un convenio celebrado con dirigentes de una de las organizaciones de las Fuerzas Armadas en retiro. En vez de buscar una solución con el Parlamento, prefirieron hacerlo con una organización que las otras desautorizan. Nosotros no podemos, por ningún motivo, aceptar esta parcelación del pago, porque significa quebrar el régimen previsional que tienen las Fuerzas Armadas.
En cuanto al incentivo que se buscó para pagar a los pensionados afectos al régimen de revalorización de pensiones, no es más que una irresponsabilidad del Gobierno, que tenía la obligación, por existir una ley, cuyo proyecto trajo el ex Ministro señor Carmona, de revalorizar las pensiones de aquel sector de las Fuerzas Armadas, que no tenía pensión perseguidora. En esta misma Sala el ex Ministro se jactó mucho de que con esa ley se iba a poner a cubierto a estos humildes pensionados. ¿Y qué ha ocurrido? A confesión de parte, relevo de pruebas. El Gobierno confiesa que este sector está impago de su reajuste desde el año 1967. Y para obligarnos a aceptar este veto, este pago parcelado, ofrece cumplir un compromiso, que debió haber cumplido, por existir una ley.
Por esas razones, porque no queremos quebrar el régimen previsional de las Fuerzas Armadas, vamos a mantener la idea de que el pago se haga de acuerdo con lo que aprobó el Congreso Nacional en el Nº 3° del artículo 1º.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias, colega.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Cantero.
El señor CANTERO.-
El señor Espinoza me ha solicitado una interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Gerardo).-
Voy a ser muy breve. Es sólo para dar lectura a un telegrama que acaba de llegar de Valparaíso y que se refiere al tema que estamos discutiendo, esto es, a la representatividad del organismo que preside don Humberto Castro. Dice: "Desautorizamos al señor Humberto Castro quien no tiene nuestra representación en todas sus gestiones relacionadas con aumento de sueldo y reajuste pensiones FF. A A. y mantenemos la defensa de nuestros derechos legales para obtener pago íntegro reajuste pensión forma similar servicio activo." Firman el Cuerpo de Capitanes de Navio y Coroneles en retiro de Valparaíso.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, el Diputado señor Millas quiere hacerse cargo de la alusión.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Millas.
El señor MILLAS.-
Señor Presidente, en relación a lo expresado aquí por el colega señor Ruiz-Esquide, lo que puedo señalar es lo siguiente, que es muy concreto: cuando se consultó a parlamentarios de cada partido en relación a esta situación de las Fuerzas Armadas se nos dijo que se estaba consultando con todos, y entiendo que se conversó con parlamentarios de todos los partidos, estuvimos el presidente del Partido Radical, colega Carlos Morales, y yo, y planteado el problema por colegas democratacristianos, lo que tanto Carlos Morales como yo dijimos de inmediato fue que éste no era un asunto de resolución de los partidos, sino que nosotros deseábamos que se consultase a las organizaciones de las Fuerzas Armadas en retiro. Surgió allí, en esa conversación, el problema de que fueran organizaciones suficientemente representativas. Estuvieron de acuerdo el Diputado radical y presidente de su partido, Carlos Morales, y los colegas democratacristianos que participaron, especialmente el colega Pareto, y estuve de acuerdo yo en que debían ser organizaciones que efectivamente fueran las más representativas. Allí, en la conversación surgió la existencia yo no la conocía de esta Confederación presidida por el señor Castro y se pensó que por el conducto de esta Confederación se podía llegar a las diversas organizaciones.
Se ve que no se ha llegado a una cosa representativa auténtica, que en esa propia Confederación ha habido actuaciones unilaterales de su Presidente. La verdad es que yo, como participante de este planteamiento, que es el que nosotros invariablemente hemos sostenido: que hay que consultar a las organizaciones efectivamente representativas del personal en retiro, no veo cómo podemos nosotros tener responsabilidad respecto de la forma en que se ha llegado a las conclusiones en relación a la consulta.
El criterio de los comunistas criterio que fue expresado de inmediato y claramente ha sido éste: llegar a un acuerdo con las organizaciones representativas del personal en retiro, y en relación a tal acuerdo nosotros estaríamos con lo que se viese con el personal en retiro.
Este fue el criterio, igualmente, del colega Luis Pareto y del colega Carlos Morales. Concretamente, fue eso lo conversado. En relación a ello, aunque podamos tener diversas apreciaciones sobre el resultado, puedo decir que los parlamentarios comunistas nos mantenemos íntegramente con este criterio, con este respeto a las organizaciones representativas del personal en retiro y sin querer, por lo demás, intervenir ni interferir en el seno de ellas.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente,...
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. El Diputado señor Luis Pareto le solicita una interrupción.
El señor CANTERO.-
Voy a terminar mi intervención, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar, señor Diputado.
El señor CANTERO.-
Perdóneme, señor Pareto, pero voy a terminar mi intervención.
Señor Presidente, voy a terminar mi intervención, a nombre de los Diputados comunistas, reiterando lo que señalé al comienzo de ella: los Diputados comunistas votaremos en contra del veto al Nº 3 del artículo 1º, porque consideramos insisto en esto absolutamente legítimas y atendibles las aspiraciones del personal de las Fuerzas Armadas en retiro y de las monte piadas, en el sentido de que se les pague de una sola vez la diferencia que se produzca después del mejoramiento obtenido por las Fuerzas Armadas en servicio activo. Como estas aspiraciones son legítimas, como corresponden al sentimiento mayoritario de ellas, los Diputados comunistas las hacemos nuestras, porque nosotros también consideramos que son de estricta justicia.
Por lo tanto, votaremos en contra del veto al Nº 3 del artículo 1º.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Pareto, don Luis.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, en el debate de esta disposición he sido aludido por diversos señores Diputados. Yo deseo esta mañana plantear muy claramente cuál ha sido mi participación y por qué.
Abocado el Ejecutivo a la imposibilidad física de dar cumplimiento a una disposición que significa un gasto de sobre 800 millones de escudos, efectivamente tomamos contacto, porque es nuestra obligación, con numerosos Diputados y representantes de los partidos políticos que conforman la Cámara.
El señor ARNELLO.-
Con algunos.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Con exclusión de los nacionales.
El señor PARETO.-
También, señor, si me deja hablar.
El señor ARNELLO.-
¿Con quién, pues?
El señor PARETO.-
Señor Presidente, en esa oportunidad, cuando se planteó la necesidad y reconozco que es efectivo de que se conversara con las organizaciones gremiales, surgió el nombre de una persona a quien respeto y que no fue objetada ni por la representación comunista ni por la representación radical.
Y quiero decir algo en homenaje a la verdad, porque a las materias de la Defensa Nacional estoy vinculado hace catorce años, como miembro de la Comisión de Defensa y como Presidente de ella durante todo el período pasado. No estoy tras obtener algún tipo de favor político. Lo único es que hemos llamado a la conciencia de quienes hoy día reclaman, con justicia, porque nunca la hemos negado, la posibilidad de un pago inmediato. Pero también, señor Presidente, no sólo reclamamos la comprensión de los sectores que hoy día aparentemente pudieran ser perjudicados, sino que llamamos a la conciencia del Poder Legislativo, que obliga al Gobierno a hacer un gasto cuyos recursos no están consultados.
Y más, señor Presidente, en homenaje a la verdad, porque ahora, con legítimo derecho, el cual no entro a calificar, por respeto a los organismos gremiales, se desconoce una institución que hasta hace muy poco tiempo a todos los señores Diputados que hemos asistido a concentraciones de la Confederación Nacional nos parecía, y por lo menos a mí me sigue pareciendo respetable, Ahora no voy a caer en un agravio, ni pretendo eludir responsabilidades; pero don Humberto Castro, por quien tengo un profundo respeto, no es un hombre simpatizante de estas filas, no pertenece a la Democracia Cristiana; es un distinguido militante del Partido Radical, al que le ha entregado muchos años de su vida como dirigente gremial. Por lo tanto, con nosotros ha estado siempre en una posición adversa, ha estado siempre contra la política del Gobierno. En un momento determinado, creímos que era la más representativa, y yo insisto, en homenaje al nombre del señor Castro, que para mí sigue siéndolo, sin deterioro de que existan otras con el mismo derecho.
Pero, señor Presidente, ¿a qué se nos quiere empujar, a qué se nos quiere llevar? Y aquí voy a dar una opinión que tal vez no pueda ser compartida por mi partido. Se va a votar, en pocos días más, en el Congreso Pleno, una disposición que restringe la posibilidad de entregar remuneraciones al sector público. El Partido Nacional ha apoyado ardorosamente que se entregue en manos del Poder Ejecutivo la exclusiva facultad de fijar la previsión. ¡Qué inconsecuencia, entonces, que hoy día, cuando el Ejecutivo quiere aplicar una disposición que es de su exclusiva competencia, se le niegue esa posibilidad y se pretenda provocar, no digo una crisis institucional, pero un aspecto que sería conflictivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo! Porque tienen que entender esto los señores pensionados, por quienes tengo gran respeto, porque muchos de ellos fueron mis maestros en la vieja Escuela Militar y porque no les provocaría el agravio de decirles que están pidiendo una exageración. Pero yo les pregunto aquí, honestamente, a los partidos políticos: ¿puede un Gobierno afrontar una responsabilidad económica de 500 millones de escudos? Yo les pregunto a quienes pretenden obtener el sillón de O'Higgins en el año 1970: ¿es responsable obligar a un Gobierno a un gasto cuyos recursos no están consultados?
Es evidente que si se insiste en rechazar este veto, se provoca una crisis, se provoca una disputa, porque el Gobierno no está en condiciones físicas de cumplir esta disposición y tendrá que recurrir a los Tribunales de Justicia para reclamarla inconstitucionalidad, o no aplicar la ley, con las consecuencias que se derivan de la propia Constitución Política del Estado. Eso hay que decírselo a los pensionados; no hay que ilusionarlos con que por el solo hecho de que este veto se rechace ellos van a obtener sus remuneraciones.
Hace pocos instantes, hemos estado conversando con respetables señores Generales, tratando, incluso a esta hora, de buscar una solución que sea realista, que los beneficie seria y responsablemente. Estamos tal vez a las puertas de encontrar esa solución. Pero no se puede pretender aquí que una organización actúa a espaldas de otra. Saben los señores Diputados que han estado durante mucho tiempo preocupados de estos problemas que una de las más viejas inquietudes de los pensionados es que el Fondo de Revalorización está desfinanciado en más de 12 millones de escudos. Fue una conquista de este hombre, que no pertenece a estas filas, que pertenece a las filas del Parido Radical, que con sacrificio y con esfuerzo, a pesar de sus años y de su enfermedad, afrontó esta responsabilidad! Ahora, cuando, por razones que no quiero calificar, se le pretende desmentir y vituperar, somos nosotros, democratacristianos, los que salimos en defensa de un hombre que, no siendo de nuestras filas, actuó honesta y limpiamente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, se suspende la sesión, para reiniciarla a las 3.30 de esta tarde.
Se suspendió la sesión a las 13 horas 26 minutos.
Se reanudó la sesión a las 15 horas 30 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende por un cuarto de hora.
-Se reanudó la sesión a las 15 horas 45 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende por diez minutos.
-Se reanudó la sesión a las 15 horas 55 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende la sesión por diez minutos,
-Se reanudó la sesión a las 16 horas 5 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Amello.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, en el instante de suspender la sesión al mediodía, hacía uso de la palabra el colega Pareto, quien manifestaba que la posición de los Diputados nacionales de apoyar el pago del reajuste de una sola vez al sector pasivo de las Fuerzas Armadas constituía una inconsecuencia con lo que habíamos planteado durante la reforma constitucional al aprobar la del artículo 45. Tal apreciación del Diputado señor Pareto no constituye sino una inexactitud, que quiero precisar de inmediato.
En primer lugar, porque no hay tal inconsecuencia ni puede ella desprenderse de ninguna manera. La reforma del artículo 45 de la Constitución Política señala la iniciativa del Presidente de la República para dictar normas que otorguen nuevos beneficios previsionales; en este caso concreto, no estamos en presencia de un nuevo beneficio previsional otorgado; de ninguna manera. Se trata, lisa y llanamente, de la aplicación estricta de las leyes vigentes en materia previsional que favorecen al sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, no puede establecerse relación alguna como para señalar una inconsecuencia de nuestra parte. Pero hay más. Lo que aquí sucede, señor Presidente, es que, tanto por parte del Gobierno como por parte del Partido Demócrata Cristiano, se ha querido eludir la responsabilidad que les corresponde como gobernante y como partido de gobierno. En efecto, han pretendido traspasar esta responsabilidad a los partidos de Oposición; porque, en realidad, el pago de una vez del reajuste de las pensiones del sector pasivo de las Fuerzas Armadas no lo establece un arbitrio parlamentario, sino que, de todos modos, las leyes vigentes en materia previsional para ese sector. El Gobierno, al pretender establecer una norma diversa, ha querido innovar o cambiar lo que disponen las normas legales vigentes. Para ello, establecer un pago diferido respecto del cual no carga él con la responsabilidad, sino que pretende atribuírnosla a nosotros.
Yo he señalado al señor Pareto, anteriormente, que tanto en la Comisión como en la Sala, en el comienzo de la discusión de este proyecto, los Diputados nacionales presentamos indicación para que, tanto en el pago del reajuste al sector activo para cuyo efecto eran las facultades pedidas por el Ejecutivo como en la forma de pagarlo al sector pasivo, el Presidente de la República tuviera iniciativa y atribuciones para establecerlo en los decretos con fuerza de ley que dictara, porque estimábamos que el asumir esta Responsabilidad correspondía a quien administra económicamente el Estado. Pero esta indicación nuestra que consta en el acta de la sesión 4ª, del jueves 30 de octubre y que figura en la página 90 del Diario de Sesiones, donde aparece el Secretario, señor Mena, leyendo la indicación del señor Phillips y del Diputado que habla que, como digo, otorgaba esta facultad al Ejecutivo, fue rechazada con los votos de los Diputados democratacristianos; es decir, han sido ellos los que han querido eludir la responsabilidad, rechazando la facultad del Gobierno para adoptar una decisión en esta materia, para traspasarla políticamente a los partidos de Oposición del Congreso.
Pero, además, hay que tener muy en claro, como lo señalara esta mañana un señor Diputado, que todas las normas legales vigentes obligan a que el pago que corresponda, por su sistema previsional, a los miembros pasivos de las Fuerzas Armadas, se efectúe de inmediato, una vez establecido el aumento para el sector activo.
No es, repito, una alteración de esta norma general lo que hemos pretendido parlamentarios de distintas tiendas opositoras aquí en el Congreso, sino, simplemente, una reiteración de la misma. La alteración o la vulneración de la norma previsional existe; es lo que trata de obtener el Gobierno al fijar un pago diferido que, para el sector pasivo, significa perder las sumas que en realidad le corresponde. El argumento de fuerza que se nos da para que el Congreso Nacional así lo acuerde, es el de que no existen en poder del Estado los recursos para enfrentar ese pago; en que por la crisis económica en que se encuentra el Estado, por destinar a otros fines los cuantiosísimos recursos que ha recibido el erario, no tiene ahora cómo enfrentar estos gastos obligatorios.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor VERGARA.-
¿Qué quiere decir con eso?
El señor MOSQUERA.-
¡Que diga...!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúsenme, señores Diputados; el señor Amello está haciendo uso de su derecho.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ARNELLO.-
Los recursos que exceden de Eº 14.625 millones de escudos para el próximo año, llegan, si se consideran los ingresos en moneda extranjera, a Eº 17.465 millones. Sin embargo, esto le permite...
El señor LAVANDERO.- ¿Me permite una interrupción?
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me excusa, señor Diputado? El señor Lavandero le solicita una interrupción.
El señor ARNELLO.-
No, porque quiero terminar la idea.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El señor Arnello no desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ARNELLO.-
Sin embargo, esto le permite al señor Ministro de Hacienda y a los señores Diputados democratacristianos indicar que no cuentan con recursos para efectuar los pagos a que los obligan las leyes vigentes.
Es bueno dejar en claro que el Congreso Nacional no le ha impuesto al Gobierno el reajuste a las Fuerzas Armadas ni el monto de dicho reajuste. Lo que ha hecho el Parlamento es otorgarle facultades al Presidente de la República para que fije el reajuste de las Fuerzas Armadas. Y si el Presidente de la República fija un reajuste determinado, no se lo estamos imponiendo nosotros ni estamos creando el gasto. Es él el que lo está imponiendo, porque lo estima necesario y conducente hacerlo. Ahora si leyes vigentes lo obligan a pagar una previsión que le corresponde al sector pasivo, tampoco es el Congreso Nacional el que está imponiendo un gasto determinado, sino que leyes anteriores que el Gobierno ha tenido que tomar en cuenta.
En virtud de las facultades concedidas por esta ley, el Gobierno fijará un reajuste determinado para las Fuerzas Armadas en servicio activo; es decir, no hay imposición alguna de parte del Congreso, como se pretende decir y como figura en declaraciones imputadas a un señor Diputado de que el Presidente de la República se vería en la alternativa o de renunciar o de no cumplir con la ley. Ese problema se lo dejamos a su conciencia o a su responsabilidad de gobernante.
Lo que nosotros planteamos es que, habiéndosele otorgado al Ejecutivo facultades al máximo y habiendo concedido los Diputados nacionales facultades incluso para que por medio de decretos con fuerza de ley determinara también la situación del sector pasivo, responsabilidad que no quisieron asumir los democratacristianos, se nos venga ahora a tratar de "dar vuelta la tortilla" y presentar como que una mayoría política opositora está tratando de hacer imposible la labor de este Gobierno.
Y hay un último punto que creo que vale la pena señalar.
El Gobierno había indicado en las Comisiones Unidas, por intermedio del señor Ministro de Hacienda, que pretendía destinar 11 millones de escudos para el pago del sector pasivo de las Fuerzas Armadas y montepiadas que se encuentran afectas a la revalorización de pensiones. Sin embargo, hoy en la mañana circuló una copia, según la cual esta indicación sería retirada, como consecuencia de que en las Comisiones no habíamos aceptado la idea de pagar en tres cuotas el reajuste del sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
Pero yo pregunto: ¿es posible que esos 11 millones de escudos, que, si el Gobierno los ha otorgado o pensaba otorgarlos, porque reflejan la necesidad más imperiosa y urgente del sector pasivo de las Fuerzas Armadas, sean usados como elementos de presión para decirnos, en síntesis: "Si ustedes evitan que este Gobierno tenga que entrar a pagar 500 millones de escudos de una vez, entonces será, generoso con este sector de los pensionados afectos a la revalorización de pensiones y les otorgará 11 millones de escudos. Esta es la proporción de las cifras: eludir la responsabilidad de financiar 500 millones de escudos y entrar a reglar 11 millones de escudos. No puedo, sinceramente, concebir esta ligereza con que se ha llegado a argumentar en la mañana de hoy respecto de esta cuestión.
El señor CERDA (don Eduardo).-
¿Me permite una interrupción?
El señor ARNELLO.-
Voy a terminar. El señor Presidente puede conceder la palabra después a quien quiera.
Para finalizar, hay que tener muy presente que, aún en el veto, el Gobierno pudo haber pedido también facultades en este asunto, en vez de obligar a la Cámara, o pretender obligarla, a que sea ella la que acepta un pago en tres cuotas, que contradice las normas previsionales vigentes para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Además, no corresponde a un sector opositor tener que responder de ello, y por lo siguiente. Porque no está en nuestras manos la administración del Estado ni somos responsables del destino de los recursos del erario, que el Presidente de la República y sus Ministros manejan, enteramente, a su libertad y a su responsabilidad. En consecuencia, los que han pretendido eludir su responsabilidad son los que verdaderamente se están confesando irresponsables, porque han tenido la posibilidad de tener estas facultades y han preferido traspasarlas, trasladarlas, eludirlas, demostrando, una vez más, la poca eficiencia y la poca capacidad que tienen como gobernantes.
Nada más.
El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Han pedido la palabra los señores Lavandero, Cerda e Ibáñez.
Tiene la palabra el señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, sólo para contestarle en forma muy breve al señor Amello.
Quiero señalarle porque hay personas que piensan con criterio de gerentes argumentando en su misma tesis, que si el Gobierno exigiera, de la noche a la mañana, a los gerentes que aportaran 500 millones de escudos, los sectores que representa el señor Diputado batirían palmas y reclamarían, diciendo que el Gobierno es irresponsable, porque de la noche a la mañana estaría exigiendo esta suma.
El señor Amello no puede señalar tan desaprensivamente que el Gobierno debiera tener ahorrados 500 millones de escudos en la Caja fiscal para cubrir esta contingencia, para hacer frente a estas disposiciones que se han planteado de la noche a la mañana.
Creo que éste es el mayor caso de irresponsabilidad política visto durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Porque muy bien lo saben el señor Amello, los Diputados y Senadores del Partido Nacional y los miembros de otros partidos políticos, que aquí se está aprobando un cheque sin fondo, que es una farsa, que es un engaño que se está hablando para las galerías, toda vez que se sabe que este reajuste no se podrá pagar porque no existen los fondos. Los mismos Diputados que pretenden traspasarle esta responsabilidad al Gobierno han sido incapaces de colaborar con él frente a esta emergencia, entregándole los recursos necesarios para pagar, de una sola vez, a este sector pasivo un reajuste que, sin duda, en justicia, merecen, pero que, desgraciadamente, bien saben ellos, estamos en un país subdesarrollado que no tiene los recursos necesarios para satisfacer todas sus legítimas aspiraciones.
Pues bien, señor Presidente, ¿qué se pretende? ¿Acaso quiere el señor Amello que el Ejecutivo, para afrontar esta irresponsabilidad que propugna el señor Diputado nacional, proponga a la Cámara la derogación de todas las franquicias del decreto con fuerza de ley Nº 2? ¿Acaso quiere el señor Amello que se plantee un cupo al capital? ¿Acaso quiere el señor Amello porque, entiéndalo bien la Cámara de Diputados, para pagar este reajuste de una sola vez hay que emitir, entiéndase bien, hay que emitir que, al emitir para cumplir esta obligación, se paralice totalmente el crédito para todas las grandes empresas, incluso, para las medianas, para poder recuperar esos recursos? ¿Es eso lo que quiere el señor Arnello?
Un señor DIPUTADO.-
¡Ya está paralizado el crédito!
El señor LAVANDERO.-
¿O, subrepticiamente, con la mano escondida, sin decir las cosas como son, se pretende paralizar la reforma agraria?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Eso es lo que quieren!
El señor LAVANDERO.-
¿Acaso no sabe el señor Amello que estos impuestos significan cinco impuestos patrimoniales? ¿Acaso no sabe el señor Amello que estos impuestos significan siete veces lo que gasta la reforma agraria? ¿Acaso no sabe el señor Amello que estos impuestos significan catorce veces lo que gasta INDAP?
El señor ARNELLO.-
¡No es cierto!
El señor LAVANDERO.-
Esta es la irresponsabilidad del señor Amello. Es ligereza suya venir a plantear aquí a la Cámara semejante tesis y aprovecharse de la situación dramática de los sectores pasivos para llevar al caudal político de su partido y de su candidato los votos de algunos de estos elementos pasivos.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.-
¡A mí, señor Presidente, me daría vergüenza aprobar una disposición que es un engaño! ¡Sí, señor, un engaño, porque sabemos que no se podrá pagar, porque no están los recursos y porque la Cámara de Diputados tampoco los ha puesto a disposición de la ley! Aquí sólo se están aprobando promesas, ilusiones y engaños, y creemos que con ello se está llamando a gritos a quienes no se debiera llamar para subvertir el orden y la democracia.
Esta es la irresponsabilidad de las palabras del señor Amello.
Creo que todos nosotros deberíamos meditar, porque ésta no es una responsabilidad de un partido político, ésta no es la responsabilidad siquiera de un Diputado.
Es una responsabilidad que todos nosotros, como hombres y como ciudadanos, debemos asumir frente a una emergencia de esta naturaleza. Y cada uno de nosotros estamos conscientes de hasta dónde se puede llegar, si seguimos aprobando medidas de esta naturaleza, que constituyen un engaño para miles, y miles de personas.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, yo quisiera dar algunos datos que fueron entregados a las Comisiones Unidas por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Defensa y diferentes funcionarios, tanto en esta ocasión, como cuando se debatió en primer trámite constitucional el reajuste de las Fuerzas Armadas. Y los repetiré para contestar las aseveraciones del señor Amello.
En primer lugar, planteó el señor Diputado que aquí se ha querido poco menos que liquidar el problema de postergar el pago al sector pasivo con la suma de sólo 11 millones de escudos, que significarían los dos artículos nuevos que se propone agregar. Quiero rectificarle con los datos que él mismo escuchó en la Comisión. El costo de esos dos artículos es de 23 millones de escudos. Esto es lo que significa atender, dije en la mañana, al sector más postergado de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en retiro, como son aquellos acogidos al régimen de revalorización de pensiones, como son los que tienen el problema de los quinquenios, como son los que tienen el problema del montepío.
Y puedo agregar algo más. A lo que se ha dicho de que ha sido obligación de este Gobierno haber solucionado en estos cinco años el problema de las Fuerzas Armadas, puedo responder con un cuadro que tengo aquí sobre él gasto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. ¿Cuáles son las cifras, señor Presidente? En moneda real de 1969, proyectando el gasto de este año: gasto del año 1964, 220 millones de escudos; gasto de 1969, en moneda real, 540 millones; incremento del gasto real, 144%; promedio de aumento sobre pensión media constante, pensionados y montepío, 137%.
Y esto, ¿por qué, señor Presidente? Como lo indicó el señor Ministro de Hacienda en las Comisiones Unidas, porque cuando se inició este Gobierno, en 1964, había problemas de mucha gravedad, como lo recuerdan muy bien los señores pensionados que están en tribunas y galerías. ¿Quién no recuerda "el famoso artículo 6°", como lo llaman los pensionados, por el cual se le suprimió los quinquenios a un gran sector de las Fuerzas Armadas y sólo se les otorgaba a los que tenían 30 años de servicio activo dentro del Ejército? ¿Qué culpa tenían aquellos jubilados a quienes por disposiciones legales, incluso por disposiciones del Ejército, se les permitió retirarse con 20 años de servicio y a otros con 25 años de servicio? La verdad es que se les quitó lisa y llanamente ese derecho.
Por esa razón, cuando el señor Amello hace esta clase de planteamientos, le recuerdo que no es responsabilidad directa del Gobierno la situación existente. Es de quienes dejaron más postergados que nadie al sector de pensionados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esa es la realidad. Aquí están los datos concretos, porque ellos fueron entregados directamente a las Comisiones Unidas. Son datos reales y efectivos, avalados por el señor Vicepresidente de la Caja de Retiro de la Defensa Nacional.
Ahora bien, como no está presente el señor Ministro de Hacienda, tengo el deber de informar a la Sala sobre lo que se planteó en el debate de las Comisiones Unidas.
Quiero indicar, respondiendo al señor Amello en cuanto a que el Gobierno no quiso que se le otorgaran facultades para postergar el pago en dos o tres cuotas, que, como lo reiteró el señor Ministro de Hacienda, los que formularon la indicación en el Senado para que se pagara en una sola cuota, más bien dicho en un solo acto, fueron los señores Ibáñez y Ochagavía. Creo que el señor Amello recuerda las palabras del señor Ministro cuando ayer respondió a su observación de que el Gobierno no quiso facultades. Incluso más. Agregó el señor Ministro que el Senador García había estado primitivamente de acuerdo en el debate en las Comisiones del Senado con esta forma de pago, dándole responsabilidad para ello al Gobierno. Así fue, y así lo ha indicado el señor Ministro, que asume su responsabilidad. Porque irresponsabilidad es ilusionar a un sector tan importante, y creo que no hay ningún señor Diputado que no quisiera darle de inmediato todo el reajuste, en un solo acto. Pero ¿cuáles son las circunstancias especiales que lo impiden? Por el reajuste del sector activo, muchos porcentajes de las remuneraciones, como se ha arreglado la escala, antes no eran imponibles o no los percibían el personal en retiro, y ahora van a pasar a percibir la parte correspondiente, y el reajuste medio es de 108%...
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me excusa, señor Diputado? El señor Amello le solicita una interrupción.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Voy a terminar pronto, y, además, el señor Amello denantes no aceptó ninguna interrupción.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Decía, para terminar la idea, y en seguida le concedo la interrupción al señor Amello, que es un promedio de 108%, prácticamente, lo que tiene que ir a pensiones, y por eso el gasto es de alrededor de 800 y tantos millones de escudos, si se pagara en un sólo acto, y de 337 millones, me parece, si se pagara en cuotas.
Con mucho gusto le concedo una interrupción al señor Arnello.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Amello.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, lo que he planteado, lo señala el boletín de la sesión correspondiente en la página 90. Dice: "El señor MENA (Secretario).En consecuencia, no se votarían las indicaciones tales y cuales.
"Indicación al número 4° de los señores Phillips y Amello, para sustituir la frase final, desde "podrá otorgarse" polla siguiente "se otorgará en la forma que lo determine el Presidente de la República en el respectivo decreto con fuerza de ley". Esta indicación nuestra es la que fue rechazada aquí en la Cámara por los Diputados democratacristianos, por el señor Cerda. El señor Lavandero no sé si estaba presente en esa sesión, pero, en todo caso, fue rechazada por todos los colegas de sus bancos.
Muchas gracias.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo).-
En realidad, no es eso lo que yo he estado planteando. He dado una información, como corresponde, de lo sucedido en la Comisión y he proporcionado las cifras reales con las cuales se puede cumplir. Aquí hay muchos dirigentes de pensionados. Yo les pregunto: ¿sacan algo con los discursos, con los papeles o cualquiera otra cosa? Creo que el criterio y el deseo de todos los señores Diputados, tal como lo expresaba el señor Ministro, es llegar a un arreglo para que el sector pensionado pueda recibir una determinada cantidad por concepto de reajustes y tener el dinero. A ellos no les interesa enfrascarse en una discusión y en una pelea constante para percibir sus recursos. Pero eso va a ocurrir si no hay una capacidad financiera para pagarles este reajuste. Lo que se ha planteado es que las circunstancias actuales sólo permiten pagarles en 1970 este 40%, que tiene, como indicaba, un costo de 337 millones de escudos. El resto debería quedar diferido para el próximo año 1971. Tal como lo planteó en la Comisión el señor Pareto, no se trata de que el año 1971 vaya a haber otro Gobierno, que puede ser democratacristiano o de otro partido o combinación política, porque todos los Diputados, desde el momento que se ha planteado una fórmula determinada de reajuste, ayudaremos a buscar el financiamiento correspondiente para que en esa época se le pueda pagar el resto del reajuste al sector pasivo. Aún más, frente a estos hechos, y eso lo dijo el señor Ministro de Hacienda ayer, la situación podría ser más grave para otro Gobierno.
Eso ocurriría si no se pudiera pagar el reajuste dentro del año 1970 y hubiera que cancelarlo conjuntamente con el del año 1971. En este caso, se acumularían los Eº 500.000.000 del año 1970 a los otros quinientos millones de 1971, y habría que pagar el total dentro de este último año. O sea, no hay irresponsabilidad, ni hay el propósito de decir "que otro se las arregle". Lo que se pretende es buscar la solución correcta, que permita que los pensionados puedan recibir el dinero y que las arcas fiscales puedan otorgarlo. Para ello es preciso buscar todos los recursos disponibles, terminar con el problema de los quinquenios, con el pago al sector acogido a los sistemas de revalorización y de montepíos y dar, al mismo tiempo, las facilidades necesarias para que la diferencia del primer sueldo pueda ser descontada en varias mensualidades.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Me excusa, señor Diputado?
Se suspende la sesión por el tiempo que dure la reunión de Comités, a quienes se invita a la sala de la Presidencia.
Se suspendió la sesión a las 16 horas 32 minutos.
-Se reanudó la sesión a las 17 horas 5 minutos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Continúa la discusión de la observación al número 3º del artículo 1º.
Ofrezco la palabra.
El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ibáñez, don Jorge.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, una de las primeras dificultades surgidas en la discusión de este proyecto derivó del tratamiento que pretendía darse al personal en retiro.
El proyecto enviado inicialmente por el Ejecutivo contenía, en su artículo 1º, un precepto por el cual se otorgaban facultades extraordinarias para modificar las normas sobre el retiro del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Sin ningún propósito interesado, debemos señalar que fuimos precisamente los parlamentarios radicales los que insistimos en las Comisiones Unidas en que se explicaran, por los Ministros de Hacienda y de Defensa, los alcances de esta disposición. La información que como respuesta a nuestro requerimiento se dio en dicha ocasión, permitió conocer, por primera vez, que el propósito del Gobierno a través de esta facultad consistía, precisamente, en proceder al pago de los reajustes o mejoramientos de las Fuerzas Armadas, respecto de los funcionarios en retiro, mediante un sistema de cuotas cuyo número estaba indeterminado.
La redacción del artículo 1º del proyecto primitivo nos pareció no solamente apropiada a la intención del Ejecutivo, respecto del sistema de pago, sino que también dejaba abiertas las posibilidades para modificar todo el sistema que regula el retiro de este personal.
Debemos reconocer que nuestra argumentación fue comprendida por el Ministro de Hacienda, quien expresó que la intención del Gobierno no era modificar el régimen de retiro y que, por consiguiente, el alcance de la facultad pedida era, únicamente, el de posibilitar un pago diferido. Expresó también que no tenía inconveniente en reemplazar la redacción del artículo por un texto más preciso y explícito, lo que efectivamente se hizo mediante una indicación.
Se conoce la actitud de los partidos políticos respecto de este pago diferido. Pero, de todas maneras, será necesario decir que el Partido Radical propuso diversas fórmulas, a través de indicaciones, para evitar que este pago se hiciera a plazos, las cuales no prosperaron. La determinación del Congreso Nacional, al aprobar el pago de este mejoramiento económico en una sola cuota, ha motivado el veto del Ejecutivo, que insiste en el pago diferido.
Entre tanto, las organizaciones gremiales del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros han aparecido, lamentablemente, divididas. Y a este respecto no podríamos silenciar los alcances de las dos posiciones controvertidas que hemos advertido, señalando, como cuestión previa, que la militancia política de los dirigentes de estas organizaciones, por lo menos, respecto del Partido Radical, y sus actuaciones, en este caso, no ha comprometido ni puede comprometer nuestra actitud parlamentaria ni la del partido. Deseamos que este aspecto del problema quede libre de todo ocultamiento, para evitar suspicacias e interpretaciones mañosas o interesadas.
Uno de los sectores de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en retiro, representado por el Presidente de la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro, don Humberto Castro, que actuaba en este exclusivo carácter, llegó al siguiente acuerdo con personeros del partido de gobierno, concretado en un acta que se levantó el día 25 de noviembre. El texto de dicha acta es el siguiente:
"Acta de acuerdo.
"Entre la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro, representada por su presidente, don Humberto Castro Gonzáles, y su primer vicepresidente, don Juan de Dios Ramírez, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de la Defensa Nacional, don Fernando Castro Alamos, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, SenadorBenjamín Prado, el Senador Tomás Reyes Vicuña y el DiputadoLuis Pareto González, se acuerda:
"1º) El veto al proyecto de ley de reajuste de las FF. AA. y Carabineros se enviará al Congreso Nacional por el Gobierno y se despachará, en cuanto al reajuste de pensiones y montepíos, sujeto, a los puntos que siguen:
"2°) El aumento de las pensiones de retiro y montepío que se originen como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma: el 40% de ese aumento, a contar del 1º de enero de 1970; el 70% a contar del 1º de enero de 1971, y el 100% a contar del 1º de diciembre de 1971.
"3º) La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío que se origine por efecto de la aplicación de la ley, se descontará en seis cuotas mensuales iguales a partir de enero de 1970.
"4º) Se deberá contemplar un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional por la suma necesaria para pagar al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4 de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968. Este aporte deberá considerarse en el Presupuesto de 1970 y será pagado dentro de los 120 días a contar del 1º de enero de 1970.
"5º) Se agregará en el veto una disposición por la que se derogue las reducciones establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 12.488, de 19 de enero de 1957 como de otra disposición que las mantenga o reitere.
"6º) Como compromiso adicional se acuerda formar una comisión integrada por el Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Naval y dos representantes de las organizaciones gremiales de pensionados y montepíos, debiendo ser designado uno de ellos por la Confederación de las FF.AA. en Retiro. Esta comisión tendrá por objetivo analizar un estudio de la Ley de Revalorización de Pensiones y proponer al Ejecutivo las reformas que estime necesarias.
"Para constancia firman, comprometiéndose a realizar actuaciones ante los partidos políticos y ante los sectores parlamentarios correspondientes, para que la votación del veto se haga en concordancia con estos puntos de acuerdo.".
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Defensa, señor Presidente, pudieron comprobar que no todas las organizaciones afiliadas a la Confederación respaldaron este acuerdo, y que algunas de ellas desconocían el contenido del convenio precitado.
Por otra parte, el Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de la Defensa Nacional y Carabineros, representado por su Presidente, don Carlos Valdés, no sólo ha rechazado terminantemente el acuerdo celebrado por el Presidente de la Confederación, sino que calificó su actuación en términos desusadamente duros.
Al margen de estos conflictos internos del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, los Diputados radicales habíamos acordado rechazar el veto del Ejecutivo, para insistir en el pago de este reajuste en una sola cuota, y sobre esta base se orientará, naturalmente, nuestra votación en la Sala.
No obstante, deseamos detenernos en los alcances del acuerdo celebrado por el Presidente de la Confederación y los representantes de la Democracia Cristiana, que intervinieron en el acuerdo. Además del pago en etapas, que debía cumplirse en dos años, el acuerdo mencionado contenía otros importantes aspectos para el personal en retiro que se incorporaron en el veto y que lamentablemente no fueron considerados en el proyecto ya aprobado por el Congreso. La primera diferencia por concepto de aumento se descontaría en seis meses. Se ha sostenido por el Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de la Defensa Nacional y Carabineros, que este descuento debe hacerse de una sola vez, ya que de este modo se contribuiría al financiamiento de las Cajas respectivas, que podrían cumplir sus compromisos atrasados con el personal en retiro, lo que evidentemente constituye un error, ya que estos fondos no pueden destinarse a la finalidad indicada. Aun en el caso de que efectivamente pudieran servir al objetivo señalado, la circunstancia de que la primera diferencia se descuente de inmediato no asegura, de ningún modo, el cumplimiento por parte de las cajas de sus compromisos atrasados, ya que no se contempla ninguna disposición que imperativamente lo señale.
Las Comisiones Unidas estuvieron de acuerdo en que el precepto beneficiaba tanto al personal en servicio como en retiro.
De igual modo, el veto establece, como derivación del acuerdo comentado, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones para pagar al personal comprendido en el decreto con fuerza de ley N° 4 los reajustes de los años 1967 y 1968. Ningún sector gremial, ni la Confederación, ni el Consejo Superior, han objetado esta iniciativa.
Finalmente, el veto, en cumplimiento del mismo acuerdo, deroga las reducciones establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 12.428, materia que tampoco ha sido controvertida.
En definitiva, excluyendo el pago por etapas, el veto considera la pésima situación en que se encuentran las montepiadas y el personal en retiro con quinquenios reducidos, que ascienden en total a más de 15 mil personas, como consecuencia exclusiva del acuerdo celebrado por el Presidente de la Confederación.
Creemos, pues, que en esta parte, el veto hace justicia a un considerable número de personas mantenidas al margen de este mejoramiento aprobado por el Congreso y que constituye el sector más empobrecido y de menos recursos de todo el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Consecuencias del rechazo al pago diferido.- El Ministro de Hacienda señaló que el acuerdo a que se llegó con la Confederación constituye un todo; de tal suerte que si se rechaza el pago diferido, el Ejecutivo haría uso de sus facultades para retirar los vetos que contienen las otras disposiciones ya señaladas, determinación que excluye de un justo trato a un considerable número de personas montepiadas y jubilados no afectos a "perseguidora". La Honorable Cámara sabe que el Gobierno ya cumplió este propósito, al darse a conocer en la mañana de hoy el oficio con que se retiran los vetos a estos artículos.
Nosotros planteamos nuestro desacuerdo con esta medida del Gobierno y creemos que es imprescindible buscar, con rapidez, una fórmula que de solución al problema económico de las montepiadas y de un sector de jubilados, que es verdaderamente angustioso, ya que en las Fuerzas Armadas hay montepíos no superiores a Eº 100 y jubilaciones con rentas calculadas sobre la base de quinquenios disminuidos en sus porcentajes.
Creemos también que no se justifica de ninguna manera que se condicione el mantenimiento de los vetos que aprobamos en las Comisiones Unidas, al veto principal del pago diferido, ya que la incidencia económica, por lo menos en el aporte al fondo revalorizador, es muy baja, por cuanto se utilizaría parte de la primera diferencia del aumento aprobado.
Nuestra posición ante el pago diferido.- El Ejecutivo planteó, a través del Ministro de Hacienda, un problema de constitucionalidad frente a la iniciativa del pago en una sola cuota. Y en la eventualidad de que se rechace el veto en esta parte, se pretenderá, como se sabe, declarar en definitiva la inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad.
El Ministro de Hacienda señaló igualmente que se declarará la moratoria en el pago de este reajuste, lo que establece un sobresalto económico para más de 65 mil personas, que se verían afectadas por esta medida. Las causas de esta actitud del Ejecutivo son también conocidas. Se ha informado que el Proyecto está desfinanciado en 500 millones de escudos desde el momento en que se apruebe el pago en una sola cuota.
El Partido Radical ha sido contrario al otorgamiento de facultades extraordinarias a este Gobierno. El otorgamiento de éstas, sin nuestra aprobación, determinada por los planteamientos del Ejecutivo para salvar una situación con implicancias de extrema gravedad, fue, vuelvo a repetirlo, aprobado sin el concurso de nuestros votos. Y en el curso de la tramitación de este proyecto de ley no conocimos exactamente el costo de su financia miento, ya que la información en este sentido se conoció a última hora.
Aun cuando el sistema del pago diferido conserva los derechos de las personas en retiro con perseguidora, que son aproximadamente 40 mil, el sistema propuesto lesiona derechos adquiridos. Este personal debe gozar, en razón de numerosas leyes que así lo han establecido, de una renta similar al personal en servicio activo. El nuevo sistema que se pretende aplicar por el veto, supone establecer un desnivel temporal que afecta a estas personas y que viene a constituir un precedente delicado para su futura situación.
Los Diputados radicales no somos renuentes al entendimiento de las consecuencias que ha señalado el Ministro de Hacienda. Pero llevamos cinco años advirtiendo desaciertos repetidos, errores, algunos irremediables, en los manejos del Ejecutivo, y no podríamos, bajo pretexto alguno, en esta ocasión, sumar nuestra responsabilidad a una circunstancia, que en esta materia como en otras, debe toda su configuración a una labor de Gobierno, cuyas lamentables consecuencias estamos presenciando.
En tales condiciones, señor Presidente, no nos cabe otra determinación que votar, como lo hemos dicho, por el rechazo del veto.
El señor PALESTRO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, es sólo para expresar, en nombre de la brigada parlamentaria socialista, nuestro criterio con respecto a este artículo, el que ya, por lo demás, fue expresado claramente por el camarada Gerardo Espinoza.
Aquí se está discutiendo una vieja política aplicada a los grupos pasivos de nuestro país, es decir, a todos aquellos que han dejado de trabajar en los talleres o en las oficinas; a todos aquellos sectores que viven abandonados y acosados por una permanente miseria, como son las montepiadas, sectores todos que, por no tener poder de presión para declararse en huelga, paralizar una actividad, o apoderarse de una fábrica, de una oficina, de un Ministerio, o de los Tribunales de Justicia, como en estos últimos días, no pueden hacer exigencias ni doblarle la mano a un determinado Gobierno. Es la vieja política que se ha aplicado siempre a los pensionados y montepiadas. Y lo que ahora se pretende hacer con el sector pasivo de las Fuerzas Armadas no es otra cosa que la repetición, permanentemente denunciada y criticada por nosotros en esta Cámara, del caso de los pensionados del Servicio de Seguro Social. ¡Cuántas veces no hemos visto reflejada la miseria en forma angustiosa y desesperada en los jardines ele la Cámara! Ahora mismo hemos hecho una denuncia. Toda la Cámara conoce la justicia de las peticiones de los sectores que han venido a reclamarnos. Todos los parlamentarios, de todos los partidos, de Gobierno y de Oposición, saben que a los pensionados del Servicio de Seguro Social no tan sólo se les adeuda la segunda parte del reajuste aprobado por ley, sino que, más encima, se les han rebajado sus exiguas y ridículas pensiones en 30, 35, 40 ó 45 escudos mensuales, lo que constituye algo así como el 25 ó el 30% de sus modestas pensiones. Ahora se pretende reeditar esa misma "performance" con el personal pasivo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se propone una solución de este mismo tipo para las fuerzas en servicio activo? Porque no le conviene a la política del Gobierno. ¿Por qué no se hace exactamente igual con los personales en servicio activo del Poder Judicial? Porque tienen poder de presión y pueden paralizar actividades vitales para la Nación.
En este caso, en este artículo que estamos discutiendo, que tengo la impresión y la seguridad de que los partidos que tienen sensibilidad, que piensan hacer justicia, y que desean remediar, de una vea por todas, un problema que se viene cerniendo permanentemente desde hace muchos años, no tan sólo en este Gobierno, sino que en todos los anteriores, van a enfocar este angustioso y triste problema económico de los sectores pasivos, como son los pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas.
Esto es lo que está en juego. Por eso no debemos aceptar, por ningún motivo, que aquí se venga a repetir el caso vergonzoso, inhumano e injusto de los pensionados del Servicio de Seguro Social, porque no otra cosa es lo que se pretende cometer con el personal pasivo de las Fuerzas Armadas.
Por eso, como lo dijera el camarada Gerardo Espinoza, vamos a votar en contra del veto del Ejecutivo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, en mi calidad de Ministro voy a hacer una exposición sobre el tema en debate, con el objeto de aclarar el problema planteado.
Se ha dicho que este Gobierno no ha tenido un trato justo con los pensionados de las Fuerzas Armadas, y que habría estado en mora en el pago de algunos beneficios. Revisando los datos entregados por las Cajas de Previsión de Defensa y de Carabineros, creo que la conclusión es muy diferente. En el primero y segundo trámites de este proyecto, dije que, cuando el Gobierno asumió el Poder la Caja de Previsión de la Defensa Nacional pagaba, por concepto de pensiones y montepíos y demás beneficios, una suma equivalente a 94 millones de escudos, la que en 1969 excedía de los 360 millones de escudos.
Cualquier deflactor que se aplique a estas cifras lleva a la conclusión de que el gasto real en el pago de pensiones ha sido muy superior al de cualquier otro período, y que, indiscutiblemente, los pensionados de la Defensa y de Carabineros, si bien no han obtenido la totalidad de los beneficios que ellos hubieren querido, han recibido beneficios adicionales a los de las leyes de reajuste de cada año. Vale la pena mencionar algunas leyes de este Gobierno: la de revalorización de pensiones; la de nivelación de los quinquenios; la de bonificación profesional, que beneficia a todo el personal de la Defensa Nacional y de Carabineros en retiro, que hubiere obtenido su pensión con más de 30 años válidos. Incluso, esa bonificación, que en 1966 se fijó en un 20%, en 1968, en virtud del D.F.L. Nº 1, se subió a un 65%, y a los pensionados se les entregó en tres años, etapas que se están cumpliendo en forma rigurosa.
Cuando se discutió este proyecto en sus primeros trámites, se dieron todos estos datos, tanto en las Comisiones Unidas como en la Sala, con precisión absoluta, y no fueron desmentidos. Y en aquella ocasión, cuando planteamos el problema de las remuneraciones, no pudimos dar cifras exactas, porque se estaban afinando los estudios con los equipos responsables del Ministerio de Defensa y de Carabineros, con el objeto de poder entregar a estos personales, tanto activos como pasivos, un reajuste justo de sus remuneraciones, más allá del general, pero compatible con la economía nacional.
Durante la tramitación del proyecto, el 19 de noviembre, el Gobierno pudo fijar la escala de remuneraciones y reiterar el planteamiento que habíamos hecho tanto en la Cámara como en el Senado, de que los beneficios que se otorgaren a los pensionados, para poder dar una solución real y efectiva al personal activo, tendrían que otorgarse en tres etapas, que en la Cámara el Ejecutivo fijó para los años 1970, 1971 y 1972. Se hizo ver que éste era el procedimiento a seguir, ya que realmente los recursos requeridos para dar este reajuste no se lograban en el año 1970 y que, indiscutiblemente, en un plazo de tres años la economía del país podría entregar los recursos faltantes como para cumplir en términos efectivos con el personal jubilado en su totalidad.
Dada a conocer la escala de remuneraciones, se pudo ver que al incorporar en ella cumpliendo, además, con un deseo expresado por todos los sectores políticos la mayoría de las asignaciones, y en especial la asignación de casa, se llegaba a la conclusión de que, en términos financieros, el reajuste general y especial para el personal activo tendría un costo del orden de los 841 millones de escudos y que para el personal pasivo este mismo reajuste significaba un gasto del orden de los 830 millones de escudos. Tomando en cuenta el financiamiento obtenido en la tramitación de la ley y los financiamientos adicionales que el Ejecutivo ha propuesto en el veto, se llega a la conclusión de que el Ejecutivo sólo podría otorgar el reajuste a los pensionados en tres etapas. Para ello, previamente, les pidió a los dirigentes del partido de Gobierno que tornaran contacto con otras directivas políticas, de manera de buscar una solución a. este problema, ya que no se veía posibilidad alguna de dar satisfacción en un solo año a la aspiración de los jubilados.
Esas gestiones se hicieron. Todos conocen los hechos. Creo que el DiputadoOrlando Millas fue muy preciso hoy día en la mañana para ratificarlo en el sentido de lo que había dicho el DiputadoLuis Pareto. Sin embargo, por razones que no debo calificar, el mencionado acuerdo, suscrito en un acta en la cual se fundó el veto del Ejecutivo, fue desconocido por otras organizaciones de jubilados, exigiéndose por parte de ellos el pago de una sola vez.
En el día de hoy, en mi calidad de Ministro de Hacienda, tomé contacto con aquellas organizaciones que decían representar la parte mayoritaria de los jubilados, con el objeto de ver qué solución podía encontrarse. Se me hizo una proposición concreta, que significaba mantener el criterio del Ejecutivo para el año 1970, pero modificaba las etapas de los años 1971 y 1972, acumulando la totalidad del pago para el 1º de enero de 1971. Les reiteré que consideraba errada una decisión de este tipo, que el Gobierno no podía propiciarla, puesto que la responsabilidad de un Gobierno no llega sólo hasta el término de su mandato, sino que va más allá, hacia la permanencia misma en la historia del país; que creía, realmente, que modificar el sistema de pago significaba, para aquellos que se hicieran responsables del Gobierno después de la gestión de éste, cualesquiera que fueran los partidos políticos que asumieran esa responsabilidad, afrontar un impacto de orden financiero muy difícil de manejar, y que yo, como Ministro de Hacienda, no sólo estaba resguardando el problema que a mí me tocaba como gestión en el año 1970, sino que también tenía que mirar lo que pudiera suceder después del 3 de noviembre de 1970. A pesar de ello, les expresé que consultaría al Presidente de la República, que se encontraba fuera de la capital, con el objeto de ver si esta fórmula podría evitar esta "impasse" y dar una solución, ya que si todos los sectores políticos se hacían responsables de la modificación de esta fórmula, o, por lo menos, los sectores mayoritarios, el Gobierno podía deslindar responsabilidades después de su gestión en el año 1970, y que, indiscutiblemente, esas mismas mayorías que querían mejorar la fórmula de pago, tendrían que buscar, con el nuevo Gobierno, los mecanismos financieros, los recursos suficientes como para afrontar ese pago.
Conversé con el Presidente de la República y volví a una reunión con ellos en la tarde. Les hice una contraoferta. Ellos no la aceptaron. La contraoferta consistía en que se redujera el plazo del año 1971: en vez de pagarse en diciembre la tercera cuota, se pagara el 1º de julio, y en vez de ser el 70% de lo que se acumulara al 1º de enero de 1971, fuera un 75%.
Frente al rechazo, y nuevamente con la voluntad del Gobierno de buscar una solución a este problema, tomé contacto con el Presidente de la República y di aceptación a la fórmula y plenos poderes al partido para que, con los demás sectores políticos, buscare la mayoría necesaria como para aceptar el arreglo propuesto. Sin embargo, después de haberse logrado este entendimiento con la directiva de esta organización gremial, he sido informado...
El señor MORALES (don Carlos).-
¿A qué directiva se refiere?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Al Consejo Nacional.
El señor MORALES (don Carlos).-
Que preside el señor Valdés.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sí.
Aclarando más la pregunta del Diputado Carlos Morales, creo que es muy importante decir también que le solicité al DiputadoLuis Pareto que consultara esta fórmula al señor Humberto Castro, porque creía que si él había participado en la gestión primera, que luego había sido desconocida, era justo que estuviera también en conocimiento de esta fórmula, para que participara en la resolución.
Como expresaba, señor Presidente, la fórmula ha sido rechazada por la directiva después de haber sido aprobada. Se ha expresado que ello se debe a que, consultadas las bases, éstas no habrían aceptado el arreglo. Lamento la decisión. Si acaso había no sólo por parte del Partido Demócrata Cristiano, sino también de otros sectores políticos, la buena voluntad de encontrar una solución a este grave problema, es lamentable que en el último minuto se haya llegado a desconocer este acuerdo. Creo que esa actitud, indiscutiblemente, tiene consecuencias graves.
Quiero también analizar un poco la historia de esta disposición materia del veto, porque aquí se ha hecho mucho caudal de ella. Creo que el país debe conocer los antecedentes, para que después pueda responsabilizar a quien se debe responsabilizar. El Ejecutivo ha mantenido una posición muy clara desde el inicio de la presentación del proyecto. Planteó la necesidad del pago en etapas. Dio las razones y las justificó, después de haber precisado los costos. En la Cámara de Diputados se aprobó por mayoría la indicación del pago en tres etapas. El Partido Nacional en aquella ocasión presentó una indicación por medio de sus Diputados en las Comisiones Unidas de Defensa y de Hacienda de la Cámara, indicación en virtud de la cual entregaba al Ejecutivo la responsabilidad para que en el decreto supremo fijara las etapas en las cuales debía pagarse el reajuste a los pensionados, y la mayoría aceptó la indicación del Ejecutivo que determinaba las etapas en las cuales debía pagarse en forma precisa.
El señor PALESTRO.-
¡El oportunismo de la Derecha, con la que ustedes andan juntos muchas veces!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor Diputado, le ruego guardar silencio!
El señor PALESTRO.-
¡El oportunismo del Partido Nacional!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Señor DiputadoPalestro, le ruego guardar silencio!
Puede continuar, señor Ministro.
El señor PALESTRO.-
¡Se dieron vuelta en el aire!
El señor MOMBERG.-
¡Pero caemos parados!
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Le ruego guardar silencio, señor Diputado Momberg!
El señor PALESTRO.-
¡Son demasiado vivos!
El señor MONCKEBERG.-
¿Somos "momios" o somos vivos?
El señor MERCADO ( Presidente).-
¡Por servicio, señores Diputados!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda)
Señor Presidente, le pido, por favor, poder continuar.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar, señor Ministro; no les haga caso.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Gracias.
¿Qué es lo que sucede? El proyecto pasa en segundo trámite al Senado y en el primer informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa unidas se discute el problema. El Ejecutivo mantiene su posición. El Partido Nacional, por la boca de su Senador Víctor García, nuevamente insiste en el planteamiento hecho por los Diputados nacionales.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Le ruego continuar, señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Se propuso por el Senador García que el reajuste de los pensionados se fijara en el decreto supremo. En realidad, el Senador García no fue muy claro en su pensamiento.
A pesar de ello, se impuso en el segundo informe, pero no con una indicación del Senador García, sino del Senador Ochagavía, el pago de inmediato, en una sola etapa. Requerido por mí el Senador García acerca de este cambio de actitud, su respuesta fue que era una orden recibida de su partido. Es decir, en la historia de este artículo, desde el punto de vista político, lo que en principio las mayorías de la Cámara habían aceptado como un planteamiento razonable, el de las tres etapas en dos años, por razones políticas, se modifica y se pretende poner al Ejecutivo en la imposibilidad de pago y crearles a 69 mil jubilados una ilusión que no van a poder ver cumplida.
El señor ARNELLO.-
¿Me da una interrupción, señor Ministro?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No...!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Quiero terminar.
En este problema, no me corresponde, como Ministro, entrar a hacer calificaciones políticas acerca de por qué estos cambios de actitud, estos cambios de mayoría.
El señor GODOY.-
Las está haciendo.
El señor MONCKEBERG.-
De hecho las hace.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sólo estoy diciendo lo cierto, los hechos de que hay constancia en acta. No estoy modificando nada. Por lo demás, he conversado con varios parlamentarios del Partido Nacional y me han reconocido estos hechos.
Pero en la historia de este artículo hay...
El señor PALESTRO.-
Los niños y los curados dicen la verdad, así que le creo al Ministro.
-Risas.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Muchas gracias, Diputado Palestro...
Pero creo que la parte más importante de la historia de este artículo, materia del veto, está en otra cosa. Cuando se planteó esta indicación del Senador Ochagavía y otras más de otros sectores para que el pago se hiciera en una sola etapa y que, en definitiva, se refundieron es una sola proposición, en mi calidad de Ministro hice valer que el precepto que se estaba tratando de aprobar adolecía del vicio de inconstitucionalidad. Y sostuve la inconstitucionalidad fundado en dos preceptos; los artículos 44 y 45 de la Constitución. Expresé que era inconstitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de nuestra Constitución Política, puesto que, indiscutiblemente, modificar el pago en tres etapas propuesto por el Ejecutivo y establecer su cancelación en un solo año significaba aprobar un mayor gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarias para atender dicho gasto.
Como está demostrado que el mayor gasto no financiado es del orden de los 500 millones de escudos, indiscutiblemente este artículo incorporado en el Senado adolece del vicio de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 44, Nº 4, de la Constitución Política del Estado.
En segundo término, asilándome en el artículo 45 de la Constitución, inciso tercero, modificación introducida en la Constitución el año 1943, durante el Gobierno de don Juan Antonio Ríos, que establece que será de iniciativa exclusiva del Presidente el "conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales", expresé que si bien se había discutido el alcance de este precepto, la historia misma de la reforma constitucional así como la jurisprudencia reiterada del Senado en la cual participaron Senadores como los señores Bulnes y Faivovich, corroboraban que era materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República el aumento de pensiones de jubilación cuando ellas eran de cargo fiscal. Y como aquí se trataba de incrementar pensiones de un personal jubilado que goza del llamado sistema de "perseguidora", no cabía iniciativa por parte del Parlamento para modificar lo que el Ejecutivo había propuesto originalmente en la Cámara de Diputados.
A pesar de haber alegado la inconstitucionalidad, el precepto, en definitiva, fue aprobado. Yo reitero nuevamente en esta Sala la inconstitucionalidad de este precepto.
El señor ARNELLO.-
Solicito nuevamente una interrupción, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Ministro,...
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No voy a darla.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Ministro.
Un señor DIPUTADO.-
No quiere que aclaremos esto.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, se ha expresado en términos reiterados, con claridad meridiana; incluso lo han entendido las directivas de los pensionados, no sólo la directiva de don Humberto Castro, que aquí se ha desconocido por algunos sectores políticos, sino también la directiva del señor Valdés, que representa otra parte importante de los pensionados; ellos, y los propios afectados, lo han reconocido que no es posible el pago en un solo acto. Y ellos han llegado a un acuerdo; don Humberto Castro, en una acta, y el Presidente y la directiva del Consejo Nacional, en un acuerdo del cual hay varios testigos. Ellos mismos han aceptado. Una aceptó en tres etapas, en un año 11 meses; el otro sector aceptó que se hiciera en 12 meses, en dos etapas.
Después de las explicaciones dadas, quiero que quede claro en la Cámara de Diputados que no existen recursos como para financiar el pago total; es imposible obtener los 500 millones de escudos para pagar la totalidad del beneficio a los pensionados.
¡Qué más quisiera el Gobierno que poder satisfacer esta justa aspiración de los pensionados de las Fuerzas Aunadas y de Carabineros y entregarles la totalidad! ¿Creen ustedes que el Gobierno no tiene conciencia o no juega un papel político también al poder pagar la totalidad y dar satisfacción, en la seguridad de obtener el respaldo de tan importante sector de ciudadanos? ¡Si nos damos cuenta de ello!
Pero el papel de un Gobierno y de un Ministro de Hacienda debe ser un papel responsable no sólo para con un sector, sino para con todo el país. Un Ministro de Hacienda debe ser claro, y preciso, en el sentido de decir hasta dónde puede el país entregar un beneficio, cómo puede pagarlo. ¿O creen ustedes que el Ministro de Hacienda se queda con la plata guardada en el bolsillo para esconderla, para hacer mofa de los jubilados o tratar de impedir que ganen lo que realmente debieran ganar? ¿No es acaso porque no existe disponibilidad de recursos, como ha sido reconocido por ellos mismos, por su directiva, como ha sido reconocido por muchos parlamentarios en discusiones privadas?
Vayamos a la realidad. ¿O quieren llevar al país a un caos? ¿Qué se persigue? ¿Qué cosa hay detrás de todo esto? ¿No sería conveniente, algún día, aclarar las intenciones que se persiguen?
El Gobierno conscientemente puede expresar que sólo pagará lo que de acuerdo con las disposiciones fiscales sea capaz de cancelar.
Quiero decirles a los pensionados, en forma responsable, que lo que ha propuesto el Gobierno era lo que realmente podía pagar. Expresamos que aceptábamos pagar desde el 1º de enero de 1971, puesto que, si la totalidad de los sectores políticos representados aquí en la Cámara asumían la responsabilidad de incrementar este gasto en los términos que ellos querían, indiscutiblemente quien fuere gobierno en 1970, el 3 de noviembre, tendría que encontrar los recursos para pagar este mayor beneficio, y que todos los sectores que estaban apoyando la fórmula de pago en un solo año tendrían que aprobar los recursos necesarios para dar financiamiento al pago de las pensiones. No ha sido otra la posición del Gobierno.
Yo sé que, más allá de la disputa política, los pensionados y la gente de bien entenderán la posición del Ministro de Hacienda y la del Gobierno. No pueden ser mal interpretados. El Gobierno no quiere quedarse con recursos en el bolsillo, porque entiende lo que significaría tratar de provocar a un determinado sector por provocarlo. Lo que estamos haciendo es resguardar los intereses del país entero, de todos los trabajadores, y no sólo de los pensionados. Ellos entienden que no son el único grupo que debe recibir reajustes; hay muchos otros sectores que también necesitan reajustes.
Por eso este Gobierno, responsablemente, puede expresar que la disposición aprobada, en el caso de ser rechazado el veto, es inconstitucional. En segundo término, aun cuando se pudiera declarar su constitucionalidad por los mecanismos legales procedentes, el Ejecutivo no podría cumplirla, puesto que si acaso no existen los recursos, mal podría pagar.
Al término de mis observaciones, tengo el deber de expresar al Honorable Congreso, a través de la Cámara, en la forma más categórica y solemne, en nombre del Ejecutivo y por especial encargo del Presidente de la República, quien tiene por mandato de la Constitución la responsabilidad de administrar el Estado, que el Gobierno no tiene los recursos para pagar en el curso del año 1970 el reajuste de las jubilaciones, cuyo costo se elevaría a la suma de 830 millones de escudos. Asimismo, no podrá darse cumplimiento a la disposición aprobada por el Honorable Congreso por ser inconstitucional, como lo recalcara en el Senado en su debida oportunidad.
El Estado no dispone de los recursos para cumplir con esta obligación. Por eso ha señalado en el veto la único forma posible para pagar en tres cuotas el monto de este reajuste. Los servidores del Estado en servicio activo recibirán un reajuste equivalente al alza del costo de la vida y el resto de los jubilados recibirán un reajuste proporcional a este monto. Los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tendrán en el año 1970, de acuerdo con la proposición del Gobierno, un reajuste superior al alza del costo de la vida, o sea, un 40% o más, según el caso, y se les garantiza completarles el reajuste en dos cuotas iguales el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1971. Estarán, pues, en una situación muy superior al personal de toda la Administración no sólo este año, sino en los años posteriores.
Tenemos el mayor respeto por este importante sector de chilenos. No se trata, pues, de que el Gobierno no desee darles un mayor reajuste. Se trata de una imposibilidad que, cualquiera que sea la posición de los partidos en este debate, ellos saben que es así. Implica, asimismo, una defensa del resto de la comunidad nacional. La suma de 830 millones de escudos es equivalente al presupuesto de los más importantes Ministerios. El destinar este dinero a reajuste de jubilados implicaría paralizar obras esenciales y provocar la cesantía de vastos sectores del país, y precipitar una inflación desatada.
Por eso, en resguardo de la economía del país y del interés general de la comunidad y de los propios jubilados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que serían los perjudicados si la economía se descontrolara, el Gobierno declara que, rechazado este veto, sería imposible cualesquiera que sean los deseos que pudiera tener el Gobierno de cumplir con la ley pagar de inmediato el total del reajuste. No quiero que sobre esto haya duda alguna y el Ejecutivo, por mi intermedio, tiene que decirlo ahora y en la forma más categórica.
Por otra parte, la disposición aprobada por el Honorable Congreso que obliga al pago de los reajustes de pensiones de una sola vez y no en etapas como lo propuso el Ejecutivo, vulnera abiertamente la Constitución Política del Estado en su artículo 45, que entrega la iniciativa exclusiva al Presidente de la República para conceder o aumentar sueldos al personal de la Administración Pública. Asimismo, vulnera lo dispuesto en el artículo 44, Nº 4, que prohíbe al Honorable Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.
Esta infracción abierta a la Constitución fue reclamada por mí ante las Comisiones Unidas de Defensa y Hacienda del Senado y vuelvo a reiterarla aquí, para precisar con claridad la posición del Ejecutivo en el sentido de que, en caso de ser aprobada, no estará obligado a su cumplimiento.
En nombre del Gobierno, quiero dejar sentados claramente estos hechos, para que no se creen fuertes expectativas ni se formulen después cargos al Ejecutivo cuando esté en la imposibilidad de cumplir una disposición inconstitucional y desfinanciada.
El Gobierno sabe que al asumir esta responsabilidad será víctima de ataques y de críticas injustificadas, pero no cumpliría con su deber si no dejara muy claramente establecido estos hechos. Formulo esta declaración no por crear un conflicto, sino porque sería un engaño de nuestra parte guardar silencio.
Muchas gracias.
El señor SEÑORET.-
Pido la palabra.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede usar de la palabra el señor Señoret, don Rafael.
El señor ARNELLO.-
¿Me concede una interrupción?
El señor SEÑORET.-
¿Me excusa, por favor? Voy a tratar de no conceder interrupciones, porque de lo contrario no podré terminar como otros señores parlamentarios que en la mañana no alcanzaron a dar término a sus observaciones.
Considero que uno no puede constituirse en una especie de Mesa directiva al estar concediendo interrupciones. Así es que por esta situación no lo hago.
En realidad, señor Presidente, deseo declarar, en primer término, que yo pretenderé despojarme de todo partidarismo frente a este problema, ya que he escuchado decir muchas veces, durante este día, que la actitud que uno adopta se debe a razones de carácter político. Creo que ningún sector de la Cámara, en este caso, está actuando de acuerdo a tales consideraciones. Por encima de nuestras banderías, lo único que nosotros deseamos es que se haga justicia. Y, ante este problema, entonces, debo expresar que ojalá lo abordáramos sin este apasionamiento que nos hace aparecer a nosotros, los parlamentarios, como si estuviéramos frente al Ejecutivo, con intenciones de provocar algunos trastornos, que no es nuestra intención provocar.
Exclusivamente, nosotros estimamos que la aflicción económica que permanentemente han sufrido los jubilados y las montepiadas de este país los ha colocado en una situación cada vez más difícil. Tal es el caso, a que ya se ha hecho alusión esta tarde, de todos los jubilados del Servicio de Seguro Social.
Por esa razón, en cada oportunidad en que se promueva una disposición como la del artículo 1º del proyecto despachado por el Congreso, que venga a solucionar siquiera en parte la situación de ese personal, nosotros estaremos dispuestos a prestarle todo nuestro apoyo, máxime si tenemos en consideración el hecho de que, como lo ha expresado el propio Ejecutivo, el año próximo indudablemente se producirá un tremendo impacto sobre el costo de la vida. Si ello sucede, aquéllos que no tengan la suerte de obtener los reajustes indispensables no podrán ni siquiera continuar atendiendo las necesidades más imperiosas de sus hogares. Y con mayor razón los jubilados, no obstante, de que respecto de ellos ha existido el concepto de que necesitan menos medios económicos para vivir.
Porque quienes así opinan, parten de una concepción totalmente equivocada, pues, cuando los hombres y las mujeres llegan a una edad avanzada, entonces más necesitan de recursos económicos, debido a que requieren más alimentación, medicamentos y, muchas veces, hospitalización. En consecuencia, sus gastos aumentan en lugar de disminuir.
Por este motivo, en este afán de justicia, nosotros tenemos que definirnos en el debate que se está realizando.
Recuerdo que, cuando llegó al Congreso este proyecto de mejoramiento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, como todos sabemos, el Gobierno propuso algunas fuentes de recursos y de financiamiento. Aquí se ha expresado que no encontró la colaboración suficiente para entregar estas fuentes de recursos. Sin embargo, tenemos que recordar las circunstancia de que fueron los propios señores parlamentarios los que enriquecieron, con nuevas indicaciones, las fuentes de recursos o financiamiento para este proyecto, y que el señor Ministro de Hacienda expresó que aun cuando estos recursos que el Gobierno proponía no eran suficientes para financiar esta ley, de todos modos podría financiarla a través del Presupuesto Ordinario de la Nación, porque allí irían los recursos necesarios para cumplirla. Yo creo que el Gobierno nunca pensó que este aumento fuera exclusivamente para los personales activos. Sin duda, sabía que en esto iban a tener que ir forzosamente los jubilados. En consecuencia, aun cuando presentó un proyecto de recursos y de financiamiento insuficiente, estaba consciente de que indudablemente tendría que considerar el saldo dentro del Presupuesto de la Nación. Y en la intervención que yo tuve en esa oportunidad, dejé de manifiesto esta situación, observando que igual como un Presupuesto de la Nación iba creciendo en cuanto a los ingresos, evidentemente tenía que ir creciendo, paralelamente, en cuanto a los egresos; y que cuando los particulares, por motivo del imperativo de una ley, tienen que afrontar el cumplimiento de dicha ley, deben colocar también dentro de sus presupuestos la cantidad adecuada para poder dar cumplimiento al pago que la ley les ha impuesto. ¿Por qué, en este caso, el Fisco no tiene que proceder de la misma manera y considerar, dentro del Presupuesto, los gastos que la Nación tiene y, en consecuencia, incluirlos dentro de los presupuestos respectivos? Hace ya bastante tiempo que se está discutiendo este problema. Y cuando aquí, en la Cámara, en la votación que se llevó a efecto, se aceptó por la mayoría de esta Honorable Cámara que el pago sería diferido en tres cuotas, nosotros hicimos presente algo que era indispensable hacer constar en la ley: que con motivo de la desvalorización que permanentemente sufre nuestra moneda y que va a tener, sin duda, en el año próximo, posiblemente en forma más acelerada; entonces, como forma de paliar esto, debía considerarse este hecho y dejarse establecido que cada una de las cuotas futuras tendría que pagarse oportunamente y con un incremento equivalente al porcentaje del alza del costo de la vida.
Y en esta forma fue aprobada por esta Honorable Cámara.
Por consiguiente, esta Honorable Cámara tomó en consideración las circunstancias de la desvalorización monetaria. Así nosotros procuramos defender las exiguas rentas de este personal en caso de ser pagados su reajuste en tres cuotas, de tal forma que ellos reciban de todas maneras sus pesos desvalorizados, con la consiguiente revalorización, correspondientes al alza del costo de la vida.
Cuando el Senado de la República, más adelante, dejó consagrada nuestra intención primitiva, en el sentido de que este reajuste tenía que hacerse de inmediato, al igual que el del personal en servicio activo, en esa ocasión desapareció la indicación aprobada en esta Cámara, para que esto fuera realizado con el reajuste correspondiente.
Y por esa razón, si nosotros habiendo desaparecido esa disposición que defendía, siquiera, esas escasas remuneraciones aprobáramos el veto del Ejecutivo, querría decir que los pensionados van a recibir el pago de las futuras cuotas de su reajuste con la consiguiente desvalorización monetaria en el año 1971. Y esto sí que significa un engaño: conceder un reajuste que se sabe que se va a recibir desvalorizado en el futuro.
Por otra parte, señor Presidente, más perjudicado todavía va a quedar este personal pasivo, ya que dentro del proyecto se habían establecido los quinquenios para el personal que tuviera derecho a ellos, y, en seguida, recursos para el fondo de revalorizaciones del personal acogido a la disposición sobre revalorización de sus pensiones. En este momento, esto ha sido retirado por un oficio complementario. En consecuencia, lo que el Ejecutivo iba a dar en compensación por aceptar el arreglo que proponía para el pago del reajuste en tres cuotas, ahora también ha desaparecido, y, por lo tanto, nuevamente quedan más perjudicados todavía los personales en retiro.
Aquí se ha expresado, por algunos señores parlamentarios, que no es el deseo de los señores Diputados de Gobierno perjudicar a los pensionados y jubilados, cuya situación comprenden; pero que el imperativo de la situación económica por que atraviesa el país y las dificultades presupuestarias hacen que ellos tengan, en este momento, que apoyar el veto del Ejecutivo. Yo también comparto esa opinión y creo que ellos piensan de esa manera, porque los he conocido como hombres sensibles, frente a muchas situaciones que he visto que se han desarrollado dentro de esta Cámara. Y, por eso, yo creo que, en este caso, ellos no se están colocando en esta situación justa que yo, permanentemente, he aquilatado en los señores parlamentarios de la Democracia Cristiana. Si acaso ellos toman en consideración estos aspectos que estoy señalando, indudablemente pensarán en las consecuencias que pueden venir sobre este personal en retiro, que por la circunstancia de ser un personal pasivo, que no tiene modo de presionar, como aquí se ha dejado de manifiesto, indudablemente nunca lograrán obtener los objetivos de una reivindicación que ellos necesiten.
El señor Ministro de Hacienda ha expresado que la preocupación del Gobierno se debe a que, en este momento, no existen los recursos necesarios y que no quiere asumir la responsabilidad de dejársela al Gobierno que venga. Yo, en este caso, no quiero pronunciarme sobre esta materia; porque puede ser que el Gobierno que suceda sea democratacristiano, del FRAP o de cualquiera otra tendencia política. Pero la verdad es que, en este caso, es a la inversa de lo que el señor Ministro manifestó, porque, precisamente, al diferir este pago, traslada esta responsabilidad al nuevo Gobierno que venga a asumir, en cuanto a lo económico; y, en consecuencia, no es precisamente por esas razones que este pago se difiera o se postergue.Por otra parte, el señor Ministro ha manifestado que las directivas gremiales no han tenido la responsabilidad necesaria; porque, ellas, después de haber llegado a algunos acuerdos, no los han respetado. Y yo creo que, en este caso, esas directivas han actuado con mucha responsabilidad, porque ellas han tratado de buscar una solución. Pero, ¿qué ha ocurrido? A mí me parece que lo que ha ocurrido es que, en seguida, sabedores de la situación económica por que atraviesan las personas que ellas representan y conociendo el angustioso problema que, efectivamente, tienen los jubilados y montepiadas, no se atrevieron después a asumir una responsabilidad tan grande ante sus representados, para los efectos de llegar a un arreglo de esta situación. Yo considero dentro de toda lógica que así ocurra. Se han encontrado ellas con sus bases, y sus bases les han manifestado y expresado que en una situación económica tan angustiosa como ésta, ellas no pueden, por sentimientos de una u otra naturaleza, llegar a ninguna clase de arreglos. Porque ellos no podrían, en este caso, asumir una responsabilidad tan grande frente a los jubilados, cuya situación económica conocemos.El señor Ministro ha terminado expresando que, si nosotros rechazamos el veto, estaremos cimentando una aspiración que no será cumplida o que no podrá ser cumplida. Como representante de los trabajadores y de la ciudadanía en general, no podemos tomar en consideración un aspecto de esta naturaleza, en el sentido de que lo que aquí aprobemos no va a poder ser cumplido. Creo que puede ser cumplido. Y, justamente, cuando se plantean estas cosas, muchas veces he oído decir de inmediato: "¡Ah, lo que ustedes desean es que no se realice tal o cual cosa, que no se haga la reforma agraria, o que se paralice tal o cual proyecto". Si no se trata de paralizar nada. Se trata sencillamente de que cuando el Parlamento aprueba algo hay que considerarlo dentro de los gastos del Presupuesto Nacional.
El señor SIVORI.-
¿Y usted da los recursos?
El señor SEÑORET.-
¡Pero si los recursos se distribuyen! ¡Si todo presupuesto tiene ingresos y gastos!
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SEÑORET.-
Es indudable que los gastos que hay realizar, forzosamente hay que cargarlos al Presupuesto. No se puede dejar de hacerlo.
El señor SIVORI.-
Es cuestión de pales, entonces.
El señor SEÑORET.-
Bueno, es que nosotros sabemos cuáles han sido los recursos con que se ha contado durante este último tiempo. Porque siempre se nos indica cuánto es lo que se ha invertido y cuánto es lo que se ha gastado, por ejemplo, en el caso de la previsión. Y, señalándonos cualquiera caja se nos dice que ha aumentado considerablemente sus gastos. Pero, al mismo tiempo, habría que saber en cuánto aumentó sus ingresos. Y yo pregunto lo mismo en esta ocasión. Si han aumentado los gastos de la Nación, ¿en cuánto han aumentado los ingresos de la Nación? Este es el planteamiento que hay que hacerse. No es que nosotros seamos tan irresponsables que estemos en este Congreso exclusivamente acordando gastos. También este Congreso, cada vez que se ha solicitado, y en este caso, especialmente, un financiamiento, mediante nuevas tributaciones, indispensables y necesarias para asegurarlo,...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor SEÑORET.-
...lo ha concedido.
También se ha dicho aquí y con esto termino que este sería el único sector que recibiría un reajuste especial. Yo creo que en los días sucesivos tendremos que seguir aprobando otras iniciativas similares. Ya tenemos anunciada la que mejora la situación del Poder Judicial. Luego trataremos el reajuste de los trabajadores en general; y seguramente llegarán muchas otras iniciativas de este orden. Ante ellas tendremos que adoptar posiciones concretas. No creo que podamos cerrar los ojos o hacernos los sordos frente a las peticiones que más adelante vendrán. Indudablemente que será el Ejecutivo y no nosotros deseo hacerlo muy presente el que tendrá que buscar los recursos para dar cumplimiento a las leyes de mejoramiento que apruebe el Parlamento.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Amello.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, yo quisiera hacer algunos breves alcances y rectificaciones a lo dicho por el señor Ministro de Hacienda.
Nos decía el señor Ministro que una de las razones que tendría el Ejecutivo para no dar cumplimiento a la ley que el Congreso Nacional pueda sancionar sería la inconstitucionalidad de la disposición, que obliga a pagar de una sola vez el reajuste del sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Pero ninguna' de las dos disposiciones que señaló, ni la del artículo 44, ni la del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, se encuentran infringidas en este caso. En primer lugar, porque el Ministro aquí no ha querido destacar un hecho que ya señalábamos anteriormente y que es fundamental para comprender también por qué no puede haber esta pretendida inconstitucionalidad. Lo que hace en este proyecto el Congreso Nacional es otorgarle facultades al Presidente de la República para que él, en uso de ellas, fije los reajustes que estime convenientes al sector activo de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Congreso Nacional no está imponiendo ningún gasto, no está determinando suma alguna, no está obligando al pago de un solo escudo en concreto. Está otorgando una facultad al Presidente de la República, quien, en uso de ella, habrá de determinar en el decreto con fuerza de ley respectivo, cuál es el reajuste que dará al sector activo de las Fuerzas Armadas. Y en cuanto al sector pasivo, tampoco el Congreso Nacional ha tenido iniciativa en imponer un gasto determinado, en imponer un pago determinado. El Congreso Nacional en esto no ha hecho otra cosa que reiterar lo que constituyen normas vigentes en la legislación previsional que rige al sector pasivo de las Fuerzas Armadas: reiterar que, establecido un aumento al sector activo, este aumento debe tener su respuesta correlativa respecto del sector pasivo. Aprobar ese criterio no significa imponer ni adoptar iniciativas prohibidas por el artículo 45 de la Constitución Política. En consecuencia no hay la inconstitucionalidad en que el señor Ministro de Hacienda quiere asilarse. Si el Gobierno fija un reajuste determinado a las Fuerzas Armadas y ese reajuste significa más o menos escudos para el sector pasivo, no es repito la iniciativa del Congreso Nacional la que establece ese gasto, porque ese gasto es en escudos, y no nos referimos a un solo escudo en todo la ley que nosotros aprobamos.
En segundo lugar, el señor Ministro ha, querido hacer una relación histórica del proyecto, pero ha omitido señalar con la suficiente claridad que, tal como nosotros pretendimos facultar al Gobierno para reajustar al sector activo, quisimos darle la misma facultad para determinar el que se refiere al sector pasivo. Y no ha señalado expresamente que esta indicación renovada en la Sala, como señalé cuando él no estaba presente aquí, fue rechazada en su presencia y en la del Ministro de Defensa, en aquella sesión, con los votos de los parlamentarios de la Democracia Cristiana. En consecuencia, no es responsabilidad del Partido Nacional, cuando ya la Cámara había determinado, y en el Senado había también la misma opinión, en cuanto al pago del reajuste, el que el Ejecutivo, contrariando las normas que existen en materia previsional y asumiendo una responsabilidad que no corresponde al Congreso, porque no es él el que está administrando los recursos del Estado, pretenda vulnerar esas normas previsionales al pagar el reajuste en tres cuotas.
Nosotros dijimos que, frente a eso y ya que el Ejecutivo no quería asumir la responsabilidad que le correspondía y que estábamos llanos a darle, al otorgarle facultades para que determinara la forma de pago al sector pasivo, preferíamos nos ser responsables de vulnerar las normas previsionales vigentes, atenernos a ellas y, en consecuencia, reiterar el ánimo y la disposición de que el pago se hiciera efectivo de una sola vez, que es lo que hoy día existe y que es lo que nosotros no tenemos por qué alterar. Por eso, cuando el Gobierno proclama, hoy día, que no está dispuesto a cumplir la ley que el Congreso despache, para nosotros no significa otra cosa que la reiteración ahora, por desgracia, por intermedio del Ministro de Hacienda de la misma actitud de atropello a la ley que ha tenido el Ministro del Interior en anteriores oportunidades y que pareciera que pasa a ser norma en el actual Gobierno de la República.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el DiputadoAmello, en realidad, al tratar de objetar los planteamientos de inconstitucionalidad, se refirió sólo a uno de ellos. Me explico por qué no se refirió al segundo, puesto que, indiscutiblemente, el segundo ha sido sustentado por uno de los personeros más destacados del Partido Nacional, el Senador Bulnes. Pero, en cuanto al primero, quiero hacerle una sola observación.
En la Cámara se aprobaron tres etapas, tres años, y por una mera fórmula matemática, es un mayor gasto el que se haga en un solo año, porque es distinto pagar una cosa en tres cuotas que pagarla en una sola cuota y en término indefinido. Mediante el mecanismo propuesto por el Ejecutivo, el gasto es del orden de los 350 millones de escudos. Es mayor mediante el mecanismo impuesto en el Senado, en un cambio de actitud política, porque no fue tampoco en la Sala de la Cámara donde se hizo esa indicación y se rechazó; sino que no se trató esa indicación, porque fue aprobada la primera. En el Senado, en un cambio de actitud política, se fue con otro criterio, y se reiteró el criterio del pago de una sola vez, que fue indicación del Senador Ochagavía y otras indicaciones de otros sectores que se refundieron en una sola. Pero, al modificar la iniciativa del Presidente de la República que había tenido origen en la Cámara y obligarlo a pagar en una sola etapa, indiscutiblemente que es un mayor gasto, cualquiera que sea el nivel que se proponga para el sector activo. Es un mayor gasto y no financiado, y la inconstitucionalidad está ahí.
Y el segundo elemento de inconstitucionalidad es en cuanto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Al respecto quiero recordar al Diputado que hay jurisprudencia reiterada, firmada por el Senador Bulnes y, además, defendida por el Partido Nacional al discutirse las reformas constitucionales que tendrá que ver el Congreso Pleno.
Un señor DIPUTADO.-
¡Desgraciadamente, señor Ministro!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Y hoy día estos Diputados, que ayer decían una cosa, pretenden sostener otra o al menos olvidar esta causal de inconstitucionalidad.
Por eso quiero dejar bien claro que hay inconstitucionalidad, porque hay un mayor gasto no financiado y hay inconstitucionalidad, porque esta es materia exclusiva del Presidente de la República y no del Honorable Congreso.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, el señor Ministro insiste en que hay aquí una situación de inconstitucionalidad, porque hay iniciativa parlamentaria, dice él, en crear un nuevo gasto al Gobierno. En primer lugar, el artículo 45 de la Constitución se refiere claramente a cierto tipo de cosas en las que no se encuentra actualmente la materia previsional.
El artículo 44, número 4, dice exactamente en su inciso segundo: "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargos a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto".
Pero, ¿qué sucede, señor Presidente, en este proyecto? Los que hemos asistido a las Comisiones de Defensa y Hacienda Unidas de la Cámara, hemos podido apreciar, no una sino muchas veces, cómo el propio Ministro de Hacienda reiteraba que no iba a poder, con este proyecto, financiarse la totalidad de los gastos con que el Ejecutivo pensaba que iba a establecer el reajuste que él mismo iba a establecer. Igual cosa sostiene el mensaje de la ley. Y en consecuencia hemos estado aprobando un proyecto a sabiendas de que su costo no lo conocemos, porque el Congreso Nacional, mientras estudiaba y despachaba este proyecto, no tenía conocimiento alguno de cuál iba a ser el reajuste que sería otorgado por el Gobierno. Es decir, no sabía cuál era el valor del proyecto.
En segundo lugar, el Ministro señaló, y esto consta en las actas de la Comisión, que el mayor gasto que significara este proyecto iba a tener que ser suple mentado por el Ejecutivo en la ley de Presupuesto o en la ley que estableciera el reajuste general para la Administración Pública. Eso consta en las actas y viene a desmentir, en forma terminante, la imputación que él nos hace en este instante, de estar creando un gasto sin el financiamiento adecuado, porque resultaría que respecto de todos los gastos contemplados en este proyecto podría igualmente el Ministro alegar que no están suficientemente financiados. Pero a la Cámara no se le escapará que en este proyecto, repito, no existe un solo gasto determinado, en escudos, impuesto al Ejecutivo; ni existe condición alguna, a no ser aquella de que los reajustes en ningún caso podrán ser inferiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida, como lo establece en una de las disposiciones, no vetada, por lo demás.
En consecuencia, no existe la inconstitucionalidad que se ha querido señalar y que no es otra cosa que un argumento para eludir el cumplimiento de una obligación legal que pudiera resultar.
El señor Ministro está también en un error cuando sostiene que en la sesión de la Cámara en que se aprobó el proyecto no se renovó la indicación. Ella fue renovada, y así consta en la página 90 del Diario de la sesión 4ª, del jueves 30 de octubre de 1969. Ahí figura renovada la indicación, la cual fue votada en contra por los Diputados de su partido. Como ya la leí anteriormente, en respuesta al Diputado señor Eduardo Cerda, no volveré a hacerlo.
Nada más.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Pido la palabra.
El seño MERCADO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro; y, en seguida, el señor Fuentes, don Samuel.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, para abreviar el debate, quiero pedirle al Diputado señor Amello que haga citas completas. En su intervención pasada se refirió a la inconstitucionalidad; sólo abordó un aspecto y trató de justificar su posición, pero se olvidó del otro.
Ahora bien, él dice que este precepto tampoco es inconstitucional, porque el Ejecutivo y así consta en acta, agrega expresó que en la ley de Presupuestos consultaría los recursos que fueran necesarios. Pero éstos eran para pagar en tres etapas olvidó decirlo, como se establecía en el proyecto; y no en una etapa. Citemos las cosas como son. No tratemos de dejar constancia de hechos que no son efectivos.
El señor ARNELLO.-
No venía así el proyecto.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Decía "en etapas" y se autorizaba al Presidente de la República para fijarlas. El Ejecutivo decía "en etapas", en plural.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Ministro, ruego a Su Señoría evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Decía, repito, "en etapas". Creo que el señor Amello también conoce un poco la gramática. Es plural; es más de una. Y el Gobierno, al iniciarse la discusión del proyecto en la Comisión, formuló la indicación de que el pago fuera en tres etapas, para precisar cuántas, porque así fue requerido por diversos sectores.
No tratemos de torcer las cosas, porque es poco conveniente. Es mejor ser claros y precisarlas como son.
Un señor DIPUTADO.-
No "chuecos".
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, no voy a intervenir más, para facilitar el despacho rápido de este proyecto y porque creo que esta discusión es innecesaria, ya que cada vez se van a torcer más las cosas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Fuentes, don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, tenemos la obligación de aclarar algunos conceptos del señor Ministro.
Sabe muy bien el señor Ministro que fuimos los Diputados de Oposición, en el seno de la Comisión, los que exigimos una explicación, porque este proyecto se venía tratando en una forma muy suave, como si no significara gasto. El señor Ministro no tenía el propósito de informarnos y nosotros le pedimos que nos precisara qué pensaba hacer el Gobierno con las facultades extraordinarias. Incluso tuvimos que solicitarle que nos señalara el costo y el financiamiento. La respuesta de él no quiero aludir a la del señor Ministro de Defensa, que recientemente se había hecho cargo de esa Cartera,, fue que como este proyecto era tan complicado, el Gobierno no podía calcular el monto del gasto. Pero nosotros, que conocemos el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, como lo conocen el señor Ministro y todos los señores parlamentarios de la Democracia Cristiana, no nos podíamos imaginar que no se hubiera incluido el costo total del proyecto.
Solamente a raíz de nuestra exigencia, se redactó de nuevo este artículo 1º y se suprimió la, facultad para modificar los sistemas de retiro de las Fuerzas Armadas. Y tampoco se habló en este proyecto de pago en etapas. Debido a nuestra insistencia, el señor Ministro dijo que el señor Maira había formulado una indicación que proponía el pago en una o más etapas. Nosotros señalamos que eso no era claro, porque el Gobierno podía pagar en una etapa en 1970 y luego esperar que transcurriera el tiempo para que el próximo Gobierno cumpliera con esta disposición, porque no tenía fecha, de término. Por su parte, el señor Ministro sostiene que nosotros aceptamos, con toda tranquilidad, el sistema de las tres etapas. No es así. Nosotros formulamos una indicación en la Comisión para que el pago se efectuara, en una sola etapa, y no necesitábamos presentarla, porque el Gobierno tenía la obligación de darle financiamiento total a la ley, incluyendo, naturalmente, el reajuste de las pensiones a los funcionarios en retiro, que tienen jubilaciones perseguidoras. Esa era la obligación del Gobierno. Sólo en los últimos trámites el señor Ministro nos señaló que no estaban consultados los recursos, pero nosotros insistimos en el pago de las pensiones al contado, y quisimos dejarlo en la ley. Por esto, en la Sala de Diputados, nuestro Comité, con los Comités Socialista y Comunista y otros, renovó esta indicación. Desgraciadamente, también fue rechazada en la Cámara. De manera que el planteamiento que llegó del Senado no es para nosotros nuevo; esto era lo que necesitábamos.
El arreglo se ha, hecho a espaldas del Congreso Nacional con las directivas de las asociaciones de jubilados, para mí son todas responsables, tanto la que preside el señor Castro como la del señor Valdés, lo ha buscado el Gobierno con el propósito de burlar el cumplimiento de una obligación que le impone la ley.
En consecuencia, no veo en qué se puede basar el señor Ministro para afirmar que estamos incurriendo en un acto inconstitucional al despachar este artículo 3º como lo aprobó el Congreso Nacional. No me explico de dónde ha sacado este argumento, como lo ha explicado el colega señor Amello, que es abogado. Nosotros no lo somos; sin embargo, sabemos que las Fuerzas Armadas en ejercicio tienen una renta y que sus miembros en retiro tienen, por mandato de una ley previsional, el derecho a percibir la misma renta. De manera que lo que el Presidente y el señor Ministro han pretendido, es borrar la ley de previsión de la Defensa Nacional, para establecer el pago en etapas. Creo que no es afortunada la actitud del Gobierno, cuando ofrece otra cosa que es totalmente insuficiente. Porque también era obligación del Gobierno cumplir con la ley de revalorización de pensiones para ese sector que no tiene los beneficios de la jubilación perseguidora en las Fuerzas Armadas. Este Gobierno propuso la ley y a este Gobierno se la aprobamos. La aplicación de esa ley es de responsabilidad del Gobierno, no de ahora, sino desde el año 1967 o del año 1968. En consecuencia, debió buscarle financiamiento, porque ella empezó a entregar beneficios a partir del año 1966. No se puede culpar al Congreso Nacional de tratar de cautelar los derechos adquiridos que provienen del sistema previsional que rige para las Fuerzas Armadas. Yo creo que es el Gobierno el que pretende modificar este criterio, y lo hace a través de este veto que nos envía el Presidente de la República y que ha defendido tan ardorosamente el señor Ministro de Hacienda.
Pero debo dejar establecido porque tiene que quedar establecido que el señor Ministro de Hacienda, ni en las Comisiones, ni cuando fue requerido aquí en la Sala en el primer trámite constitucional de este proyecto, nos dijo qué pensaba hacer el Gobierno con estas facultades. Tampoco pudo contestarnos cuánto era el costo de esta iniciativa ni cuál era el porcentaje en que se iban a reajustar las rentas de las Fuerzas Armadas. Omitió esta obligación fundamental de un Ministro de Estado: informar al Congreso Nacional lo que piensa hacer. Por eso creo que ni el Gobierno ni el señor Ministro de Hacienda nos pueden amenazar, ni acusarnos de estar incurriendo en un acto inconstitucional.
Como lo ha establecido el señor Amello en sus planteamientos, aquí no se trata de pesos ni de porcentajes. Respecto de esto, debo decir que, incluso, nosotros propusimos ideas para financiar este proyecto de ley. Pero el señor Ministro de Hacienda manifestó que no necesitaba estos recursos, porque, como lo ha recordado el colega señor Señoret, con cargo al Presupuesto de la Nación se comprometía a, financiar el gasto que significaba esta iniciativa legislativa. Por eso no insistimos más en esta materia. Jamás se nos habló del pago del reajuste al sector pasivo en tres años.
Un señor DIPUTADO.-
Sí, señor.
El señor FUENTES (don Samuel).-
No, señor Diputado. Ni en el proyecto original del Gobierno, ni en la modificación aceptada por el Ejecutivo se establecieron tres años para el pago. Quiso consignar un pago diferido y muchas cosas más, que desaprobamos totalmente.
Con esta intervención he querido dejar las cosas en claro, para fundamentar el criterio realista de la votación del Partido Radical.
Nada más.
El señor SCHNAKE.-
Pido la palabra.
El señor LAVANDERO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Schnake; a continuación, el señor Lavandero.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, frente a un debate que se ha tornado, tal vez, para muchos, un tanto monótono, quiero agregar algunos antecedentes que nos parecen útiles, como también levantar algunos cargos que estimamos extraordinariamente graves. En reiteradas oportunidades, el señor Ministro de Hacienda ha insistido en el carácter inconstitucional que tendría la modificación del artículo tercero, aprobada en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Y ha reiterado que esta, inconstitucionalidad se produce porque el Gobierno, cuando hablaba de financiar la parte desfinanciada de la ley con cargo al Presupuesto ordinario de la Nación, lo hacía considerando un financiamiento en etapas para el pago de los reajustes a los jubilados.
Pues bien, señor Presidente, tengo aquí en la mano el proyecto primitivo que envió el Gobierno a la Cámara, y éste dice, simplemente: "Autorízase al Presidente de la República para que, en el plazo de 30 días, a contar de la vigencia de esta ley, proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile.
Autorízasele, asimismo, para modificar la ubicación jerárquica relativa de la escala del personal civil de dichas instituciones, para adecuarlas a las nuevas remuneraciones.
"La aplicación de los incisos anteriores no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones y pensiones".
Y agregaba, inclusive, en la fundamentación que "como el costo definitivo del proyecto sólo podrá establecerse una vez dictados, en uso de las facultades que se solicitan, los decretos respectivos por el Presidente de la República, me anticipo a manifestar que el conjunto de mayores gastos por remuneraciones que se produzcan en 1970, tanto por la aplicación de este proyecto como por la Ley General de Remuneraciones que deberá dictarse, será financiado con la provisión de fondos ordinarios que se hará en la Ley de Presupuestos para 1970." De tal suerte, señor Presidente, que jamás, en él proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, se dijo que el reajuste para el personal en retiro o para las montepiadas sería pagado en etapas, ni en una ni en dos ni en tres; no se dijo absolutamente nada. Por el contrario, se dejó libre y abierta la vía para que la Cámara, interpretando el propósito de este proyecto de facultades, hiciera un mínimo de justicia y estableciera, como lo recordaba el distinguido colega radical, en una indicación que formulamos los Diputados socialistas, comunistas y radicales, una distribución equitativa de los reajustes tanto al personal en servicio activo, como al personal en retiro. Y quisiera insistir un poco sobre esto, porque hay algunas cosas oscuras que también desearíamos aclarar nosotros, lo mismo que el señor Ministro.
Como decía hace un instante el Diputado señor Palestro, desde hace cierto tiempo, cada vez que es necesario legislar sobre algo importante, el Supremo Gobierno tiene sólo un gran argumento, que atemoriza, que provoca pequeños conciliábulos y distorsiona las opiniones. Y ese gran argumento, que a veces se da en forma velada, otras veces, de un modo subrepticio, y que en otras oportunidades se esgrime en forma de pregunta, como lo hacía el señor Ministro, parece ser el golpe de Estado.
Porque el señor Ministro de Hacienda dice: ¿qué se pretende cuando se quiere aprobar esto? Yo me atrevo a preguntarle: ¿qué pretende el Ejecutivo cuando trata de que legislemos bajo la presión de la amenaza? ¿Qué pretende el señor Ministro de Hacienda cuando nos formula esa pregunta? ¿Pretende acaso que dejemos de estimar justo el caso de los jubilados de las Fuerzas Armadas, que están mucho más necesitados que los en servicio activo, porque han sufrido durante largos años el tener que vivir con unas pensiones recortadas; o que dejemos de estimar justo el caso de las montepiadas? Porque nos pregunta así veladamente: ¿qué están buscando ustedes?
¿Somos nosotros los que estamos buscando algo o es el propio Gobierno el que está pretendiendo, en el fondo, legislar a través de la amenaza, de la coerción y de la presión sicológica? Los parlamentarios socialistas no legislamos bajo presión ni amenaza.
¿Por qué no tuvo en consideración estas mismas preguntas que hoy día se formula, cuando estudió, sí, en forma subrepticia, el proyecto de remuneraciones de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso es un misterio que en la Cámara a cada instante le preguntábamos cómo va a ser el reajuste: va a ser de un 40, un 50 ó un 60 %? Y después nos encontramos muchos lo confieso con una sorpresa bastante grande: con un reajuste que fluctuaba entre 60 y el 106%.
El señor PARETO.-
78%.
El señor SCHNAKE.-
Más grande todavía. Fue una sorpresa para nosotros, como lo ha sido para los trabajadores que van a lograr un módico 28% de reajuste, y que van a ver que aquello, sí, fue subrepticio; que no se pudo conocer. No pudimos entregar una ley financiada, porque no hacemos de pitonisos; Casandra no está en la Cámara. Habríamos tenido que darle financiado lo que el señor Ministro de Hacienda no nos podía decir. ¿Qué quería que le financiáramos? Un 60%, un 200% ó un 20%. ¡Nunca lo supimos! Se negó. Era muy difícil, muy largo hacer esos cálculos. Sin embargo, yo le pregunto al señor Ministro de Hacienda: ¿por qué de repente apareció publicado el proyecto en "El Mercurio" y en todos los diarios del país con una larga y extensa circular? Eso que era tan difícil que lo conociera el Parlamento, sobre el que ahora se pretende descargar la responsabilidad de la irresponsabilidad del Gobierno, se dio a conocer en todo el país. ¿Por qué no se hizo antes?
Creo que es el momento de levantar también algunos cargos. Cuando se dice que aquí hay irresponsabilidad, quiero recordarles a los señores del frente, que participan de las declaraciones del señor Alessandri, que hablaba de los doscientos irresponsables que hay aquí, porque hay una cierta comunidad espiritual en esas palabras, que a veces los doscientos irresponsables tenemos mucho más responsabilidad, mucho más valor moral para afrontar las responsabilidades. Por eso, no estamos dispuestos a legislar bajo presión sicológica de ninguna naturaleza ni a dejarnos embaucar con gritos de golpe de Estado, de ruidos de sables o de ruido de lo que sea. Es el Gobierno el que debe ser capaz de asumir su responsabilidad y no descargarla irresponsablemente en nosotros.
Nada más.
-Aplausos en tribunas y galerías.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Advierto a los asistentes a tribunas y galerías que les está prohibido hacer cualquier tipo de manifestaciones.
El señor CLAVEL.-
Déjelos; están contentos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, hemos escuchado un largo y tedioso debate para explicar, en una u otra forma, que un determinado sector político habría presentado alguna disposición; que ésta no habría sido aceptada por el Gobierno; y que, si se hubiese aprobado, no nos encontraríamos abocados a este problema. Pero aquí no se trata de una frase, de quién fue su autor, ni de qué alcances tiene. Lo importante, lo concreto, es no sembrar una ilusión; es no hablar, como se dice vulgarmente, para las galerías, sabiendo que no hay fondos inmediatos para pagar a funcionarios jubilados, a los sectores pasivos, a los cuales se pretende beneficiar.
El señor Arnello, que desaprensivamente ha dicho que los Diputados de su partido están dispuestos a aprobar esta disposición, y que ha escuchado con satisfacción el aplauso de las galerías, todavía no se ha atrevido a señalar, responsablemente, y por eso es irresponsable, de dónde van a salir los fondos para convertir los aplausos de las galerías en realidad. El señor Amello, representante de un partido político que aspira llegar al Gobierno, debería saber que para aprobar una disposición de esta naturaleza, primero hay que señalar, responsablemente, de dónde va a sacar recursos el Gobierno.
El señor AMUNATEGUI.-
Es una obligación legal.
El señor LAVANDERO.-
La Constitución ha sido muy sabia en establecer que, cuando se dicta una disposición que irroga gastos, deben señalarse los recursos que la hagan viable.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LAVANDERO.-
Yo le rogaría, señor Presidente, que hiciera respetar mi derecho y que la cháchara que se sostiene por algún sector se dejara para usarla en un momento adecuado.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
Si son los propios democratacristianos los que no lo dejan hablar.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, le ruego guardar silencio.
El señor LAVANDERO.-
Es necesario que los jubilados sepan que aquí hay algunos parlamentarios muy sueltos de cuerpo, que aprueban disposiciones de la mayor significación; que mandan telegramas; que se reúnen con las directivas, y que les prometen que van a solucionar sus problemas, como si ellos fueran prácticamente magos y sacaran de sus sombreros los conejos que van a entregarles como solución. Aquí se han dictado disposiciones que son una verdadera vergüenza para el Congreso Nacional. Ahí están las pensiones asistenciales, que sembraron de ilusión y esperanza a muchas personas de Chile. Que se sepa la verdad: se les iba a entregar Eº 2,5, en cada oportunidad. Ahí está, como lo recordó el señor Samuel Fuentes, el fondo de revalorización de pensiones. Cuando se trajo el proyecto del Gobierno, se cercenaron los recursos; y hoy se pretende culparlo por no entregar un fondo más justo, en circunstancias que fueron los propios parlamentarios de este hemiciclo los responsables de que se recortaran los recursos.
Y vamos más allá todavía.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor LAVANDERO.-
Ahí están los pensionados del Departamento de Periodistas. Los parlamentarios se han caracterizado por correrle una coma a algún proyecto de ley, por ponerle un punto o un guión, para entregarle algún pequeño privilegio. Pero hoy nos encontramos con que ningún periodista ha podido tener una buena jubilación, precisamente porque se les ha destruido su previsión por tratar de favorecer a algunos pequeños grupos. Ahí está la jubilación de lo regidores. Penan en este hemiciclo las promesas que se le han hecho, porque siempre se han dictado leyes con desfinanciamiento.
Por eso son irresponsables los que aquí aprueban disposiciones cuando se sienten aplaudidos.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Palestro, le ruego guardar silencio.
El señor LAVANDERO.-
Yo prefiero recibir las pifias de la galería, pero decirles la verdad; decirles que estas disposiciones que aquí se están aprobando son letra muerta.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo de su Comité.
Ofrezco la palabra.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Amello.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, aunque en realidad no vale la pena hacerse cargo de las palabras del señor Lavandero, quiero referirme a una que dijo al final.
Creo que el calificativo de "irresponsable" que él ha empleado, puede ser mucho mejor aplicado a las personas que, siendo Gobierno, no han querido recibir la facultad de fijar las normas de pago, como nosotros pretendimos hacerlo.
Si el señor Lavandero y los Diputados de su partido votaron en contra de esa indicación, a ellos les corresponde asumir la responsabilidad, porque no se puede pretender que seamos nosotros, que no tenemos responsabilidad en la administración del Estado, los que tengamos que vulnerar normas precisas en materia previsional, que otorgan al sector pasivo el derecho a percibir reajustes en forma correlativa al sector activo.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votación secreta.
Solicito nuevamente la venia de la Sala para omitirla.
El señor PARETO.-
¡No!
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor PALESTRO.-
En la reunión de la mañana se acordó omitir la votación secreta.
El señor MONARES.-
¡NO
El señor MERCADO ( Presidente).-
No, señor Diputado.
En votación.
Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 70 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazada la observación del Ejecutivo.
Corresponde votar la insistencia.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, pida el asentimiento de la Sala para omitir la votación secreta.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo, señor Diputado.
La señora BALTRA.-
Omitamos la votación secreta, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo, señora Diputada.
En votación la insistencia.
Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: por la insistencia, 70 votos; por la no insistencia, 44 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
La Cámara acuerda no insistir.
El señor PARETO.-
No hay ley.
La señora LAZO.-
No importa.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En discusión la observación que consiste en suprimir el inciso segundo del artículo 2º
Tiene la palabra el señor Olave.
El señor OLAVE.-
Señor Presidente, la verdad es que el resultado de la votación en el artículo 1º significa que no hay ley sobre la materia, lo que naturalmente traerá confusión, en especial a los interesados; pero, en el fondo, representa que el pago del reajuste tendrá que ceñirse a las disposiciones legales vigentes. De modo que los reajustes tendrán que ser pagados de una sola vez al personal pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor OLAVE.-
Además, el número 5, que no fue vetado por el Ejecutivo, dice claramente:
"El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo".
En consecuencia, quedan vigentes las disposiciones legales que no afectan los intereses del personal pasivo de estos servicios.
Nada más.
El señor LAEMMERMANN.-
Esa es la buena doctrina.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento de la Sala para omitir el trámite de votación secreta.
El señor IBAÑEZ.-
Yo había pedido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, yo estaba observando y no noté que la estuviera pidiendo. Por eso cerré el debate.
El señor IBAÑEZ.-
Oportunamente solicité la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para concederle unos minutos al señor Ibáñez, don Jorge.
El señor CASTILLA.-
No hay acuerdo.
El señor TUDELA.-
No hay acuerdo.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Solicito la venia de la Sala para omitir la votación secreta.
En votación.
Acordado.
Durante la votación:
El señor KLEIN.-
¿Qué página?
El señor CADEMARTORI.-
¿Qué se está votando?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Se está votando la supresión del inciso segundo del artículo 2.
El señor PALESTRO.-
La Democracia Cristiana y los nacionales juntos otra vez.
El señor PARETO.-
¡Claro! En todos los foros estamos "amarraditos" con los nacionales, ¿no?
El señor PALESTRO.-
Pero en las cosas grandes se juntan.
Efectuada la votación en forma económica dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 42 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la observación del Ejecutivo.
En discusión la observación al artículo 9°.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, para manifestar que los Diputados comunistas votaremos contra el veto del Ejecutivo en este artículo, porque por su intermedio se pretende que todos los bienes raíces que sean objeto de compraventas paguen, en el futuro, un aumento de la tasa de impuesto del 4 al 6%, en circunstancias que el Congreso había aprobado que esta alza del impuesto rigiera solamente para los bienes raíces cuyo valor exceda de los 15 sueldos vitales.
El señor PARETO.-
¿Cómo va a haber reajuste, entonces?
El señor CADEMARTORI.-
Nosotros hemos proporcionado bastantes recursos en este proyecto. Si acaso ustedes, por proteger los intereses de los monopolios, no hubieran vetado el draw-back, este proyecto tendría trescientos millones de escudos como recursos.
El señor PARETO.-
Vamos a arreglar eso.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 39 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la observación.
En discusión la observación que el señor Secretario va a leer.
Señores Diputados, solicito la venia de la Sala para incorporar un oficio por el cual retira este veto el Ejecutivo.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Una letra.
Varios señores DIPUTADOS.-
Que se lea.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el oficio del Ejecutivo tiene por objeto corregir un error cometido en el veto, puesto que, en caso de mantenerse el número 2 del artículo 11 en lo que se refiere a la letra c), que dice: "Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación," en realidad se gravaría con este impuesto a los funcionarios chilenos que ganan remuneraciones en dólares en el extranjero. La disposición tenía por objeto gravar a los funcionarios que prestan servicios en Chile y reciben pago en dólares. Entonces, por un error, podría interpretarse que los funcionarios chilenos en el extranjero tendrían que pagar una tasa mayor de impuesto. Esa es la razón por la cual retiramos el veto a la letra c), que modifica la frase final.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para incorporar a la cuenta el oficio enunciado y, a la vez, aprobar el retiro del veto?
Aprobado.
En discusión la observación a que el señor Secretario va a dar lectura para mayor claridad.
El señor MENA ( Secretario).-
En el artículo 11, Nº 2, letra l, el veto dice:
Sustituir la frase "su coma (,) final" por "la conjunción y".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor MENA ( Secretario).-
En la letra b) dice:
"Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobado.
En discusión la observación al Nº 5 del artículo 11.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
Aprobada.
En discusión la observación al Nº 6 del mismo artículo 11.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la observación.
Aprobada.
En discusión el primer artículo nuevo.
Su Excelencia el Presidente de la República, por oficio 1.445, del que se dio cuenta en la presenté sesión, solicitó se accediera al retiro de parte del primer párrafo del artículo nuevo transitorio y de un artículo nuevo propuesto en las observaciones formuladas al proyecto que lo autoriza para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones.
Ha llegado a la Mesa un nuevo oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita se acceda al retiro del oficio 1.445 antes señalado.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para incorporar a la cuenta de la presente sesión el oficio recién llegado.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se procederá a devolver el mencionado oficio Nº 1.445.
Acordado.
En consecuencia, queda retirada la observación que en un principio había puesto en discusión.
El señor CADEMARTORI.-
¿Me permite?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, creo que ha habido una confusión en lo que usted acaba de decir respecto del veto. ¿Podría darle lectura nuevamente
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Al oficio?
El señor CADEMARTORI.-
Sí, al oficio.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Solicito la venia de la Sala para darle lectura nuevamente al oficio a que hacía referencia.
Acordado.
El señor Secretario le dará lectura.
El señor MENA ( Secretario).-
Dice como sigue:
"Santiago, 3 de diciembre de 1969. Por el presente oficio vengo a retirar las observaciones que formulara en el oficio Nº 1.445, de esta misma fecha, al veto al proyecto de ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones".
El señor CADEMARTORI.-
¿Me permite? Según la lectura de ese oficio, entiendo que el Ejecutivo pretende retirar el artículo por el cual tendrán derecho a percibir los aumentos quinquenales el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. El señor Secretario le dará las explicaciones del caso.
El señor MENA ( Secretario).-
Señor Diputado, al comenzar la sesión de hoy, se dio cuenta del oficio Nº 1.445, por el cual se retiraban algunas observaciones. Voy a darle lectura:
Dice: "Complementando el oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones al proyecto de ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
"Para eliminar en el primer párrafo del artículo nuevo transitorio que se propone, las palabras "hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos".
"Para eliminar el siguiente artículo nuevo propuesto:
"A contar de 1º de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrán derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores."
El señor KLEIN.-
Hay que votarlo.
El señor MENA ( Secretario).-
Explica: "El aporte extraordinario contemplado en el artículo transitorio y las normas dispuestas en el referido artículo nuevo habían sido convenidos conjuntamente con el acuerdo relativo al pago fraccionado del ajuste a los pensionados dispuesto en el artículo 1º Nº 3 de este veto, y, por tanto, el rechazo de éste determina la eliminación que se hace en este oficio."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede continuar el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, me parece que la Mesa ha cometido un error al someter a votación el retiro de este oficio, por cuanto en él se hace referencia a dos artículos. Uno de ellos es el que está al final de este proyecto, pues que se trata de un artículo nuevo transitorio, que, es, justamente, el último. Mal podía ponerse en votación.
En consecuencia, solicito que se ponga a consideración de la Cámara la segunda parte de este oficio, que se refiere al artículo nuevo propuesto, que está en la página 55 del boletín y que dice lo siguiente: "A contar del 1º de enero de 1970, el personal...
El señor PARETO.-
Pido la palabra.
El señor CADEMARTORI.-
"... en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrán derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores."
Como no hemos tenido oportunidad de ver este artículo, que tenía que votarse, yo solicito que se ponga en discusión y votación, para poder pronunciarnos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Señor Diputado, tiene toda la razón Su Señoría. El señor Secretario va a dar la explicación del caso.
El señor MENA ( Secretario).-
Señor Diputado, ocurre que las Comisiones Unidas propusieron la aprobación de este artículo por unanimidad. De tal manera que, interpretando el acuerdo de los Comités, correspondería darlo también por aprobado por unanimidad.
El señor KLEIN.-
¡No! Hay que votarlo.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PARETO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor CADEMARTORI.-
Sí, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
El Diputado señor Pareto había solicitado...
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el Ejecutivo ha decidido mantener los dos vetos aditivos que estaban incluidos en el acuerdo a que llegó con la organización gremial presidida por don Humberto Castro; a pesar de haberse desconocido los acuerdos que también se tuvieron con el Consejo Nacional, el Ejecutivo cree de justicia que no puede perjudicarse a los sectores más modestos de los pensionados que, realmente, estaban contemplados en esos acuerdos, cuales eran los personales que gozaban de quinquenios reducidos, en virtud de las legislaciones dictadas los años 1953 y 1957; como, también, el personal al cual sé adeuda parte del fondo de revalorización de pensiones, cuyo desfinanciamiento se produce no porque el Ejecutivo no planteara su financiamiento, sino porque se modificó el texto de la ley y su forma de operar, que era un fondo de reparto y no un fondo fijo.
Pero, no obstante ello, el Ejecutivo, sabiendo que se trata de un grupo importante de pensionados y los de las pensiones más modestas ha querido, a pesar de haberse desconocido los acuerdos a que se llegó, mantener su palabra y beneficiar precisamente a esos sectores más postergados.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado el señor Ministro?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sí, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ha terminado el señor Ministro.
Por consiguiente, de acuerdo con lo resuelto por los Comités, los artículos que fueron aprobados por unanimidad en las Comisiones quedarían de hecho aprobados en la Sala.
Sí le parece a la Sala, se declarará aprobado.
En discusión el artículo nuevo transitorio.
Aprobado.
En discusión el artículo 5º, nuevo, que propone el Ejecutivo en el veto.
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, el Ejecutivo, en lo que se refiere al artículo 5º, nuevo, propuesto, que se refiere a las remesas al extranjero, propuso todo un conjunto de disposiciones.
Por la vía de votar dividiendo la votación por números, por letras, se aprobó sólo el primer inciso del Nº 1º. De tal manera que se vulneró el espíritu y el sentido de la disposición que propuso.
Tal como se dijo en Comisiones, esta disposición, en su conjunto, tenía por objeto impedir que las remesas por intereses, que se hacían por filiales que no utilizaban las líneas directas de créditos con su matriz, sino la línea directa de crédito con los bancos, se eximieran de esa manera del impuesto adicional.
Pero, al mismo tiempo, establecíamos las exenciones necesarias para que esto no perjudicara a toda la economía nacional. Y decíamos, en relación con el inciso segundo, que este impuesto adicional no se aplicaría para el caso de los intereses que se pagaren por créditos por bienes entrados al país con cobertura diferida, o sea, la maquinaria, y siempre que esas compras se hicieren por las líneas de créditos bancarios cuyos márgenes fueran aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central. Asimismo, se decía que el impuesto adicional por estos intereses no se pagaría cuando se tratare de créditos que se hubieren obtenido directamente de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras. De tal manera que no se gravarán con este impuesto adicional aquellos créditos en que el Gobierno participa oficialmente y respecto de los cuales no hay ninguna posibilidad de evasión.
El artículo 3° también tenía por objeto salvaguardar las operaciones que lícitamente se realicen en este sentido y que están exentas del impuesto adicional. Habiéndose rechazado el inciso segundo de la letra a) del Nº 1º y los Nºs. 2º y 3º, de llegar a aprobarse sólo el inciso primero del Nº 1º, se tendrían que gravar incluso las remesas que por intereses tienen que hacer las instituciones públicas por los créditos obtenidos por el Gobierno, o por instituciones de Gobierno, o para Gobierno, al Banco Internacional, al Banco Interamericano y a la Agencia Internacional de Desarrollo. Es decir, esto podría provocar, en la forma como ha sido aprobado, un problema de extrema gravedad.
Por esta razón, no habiéndose entendido la idea completa del Ejecutivo, el Ejecutivo pide que se rechace el veto en la parte que ha quedado. Y en una ley posterior volveremos a presentar la misma idea, a fin de impedir la evasión del impuesto adicional en aquellos casos en que realmente debe evitarse.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se ha pedido la división de la votación.
Se va a votar el primer inciso.
El señor MENA ( Secretario).-
El primer inciso dice como sigue:
"Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley que se indica:
"1) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos;
"Sin embargo, no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país."
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala…
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Se rechazaría!
El señor MERCADO ( Presidente).-
... se aprobará este inciso.
El señor PARETO.-
Se rechazará. ¡Que se vote!
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación.
Durante la votación.
El señor CADEMARTORI.-
¿En qué quedamos? ¿Quieren que continúe la evasión?
El señor ARNELLO.-
Por lo mismo que votó denantes Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Yo voto por los pensionados; no por las empresas. No estoy defendiendo los intereses de ellas.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 56 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Rechazado el inciso primero.
El inciso 2º...
El señor CADEMARTORI.-
No tiene objeto ya.
Un señor DIPUTADO.-
Claro que tiene.
El señor MERCADO ( Presidente).-
En votación el inciso segundo.
Varios señores DIPUTADOS.-
Con la misma votación; que se rechace.
El señor CADEMARTORI.-
No tiene objeto.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará.
El señor CADEMARTORI.-
Con nuestros votos en contra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Se rechazaría con la misma votación?
Con los votos en contra del Partido Socialista y del Partido Comunista.
Rechazado.
El señor CADEMARTORI.-
¿Cuánto dejó de percibir, señor Ministro, por el rechazo de este inciso?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Nada, porque estaba mal planteado.
El señor CADEMARTORI.-
Cincuenta millones de escudos...
El señor MERCADO ( Presidente).-
El discusión el Nº 2º.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ARNELLO.-
Se podría rechazar con la misma votación.
El señor RODRIGUEZ.-
Con la misma votación.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazarán los números 2º y 3º con la misma votación.
Acordado.
En discusión el artículo 6º, nuevo.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, aquí se ve claro cuál es al política económica del Gobierno y de los parlamentarios democratacristianos, junto con los nacionales, quienes acaban de rechazar una fuente de financiamiento que significaba, incluso, retener dentro del país sumas de dinero que van a parar a empresas y prestamistas extranjeros. El propio Ministro argumentó sobre este artículo en las Comisiones y dio razones en el sentido de que había una gran evasión; y, en tal entendido, nosotros aprobamos este artículo, porque significaba recursos para financiar estos reajustes.
Aquí, en cambio, vamos a votar un impuesto odioso, un aumento del impuesto a la bencina, al querosén y a los lubricantes. Con el impuesto a la bencina, se eleva el costo de la locomoción colectiva y del transporte de toda clase de mercancías dentro del país, lo que contribuirá al alza del costo de la vida. Con el alza del querosén, se afecta a miles y miles de hogares modestos "para quienes el querosén es un medio relativamente barato de calefacción.
De tal manera que vamos a rechazar este artículo, porque lo consideramos una manera de afectar el costo de la vida.
Nada más.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, así como el señor Cademártori hizo referencia al artículo anterior quiero expresarle que, si realmente se hubiere aprobado con los votos de ellos la totalidad de las modificaciones, indiscutiblemente que no habríamos tenido el problema de persistir en el artículo. Pero sucede que aprobaron precisamente el artículo 1° y rechazaron los posteriores, que eran los que interesaban al Ejecutivo, para no gravar al Estado con ese impuesto o a las organizaciones o empresas estatales.
En cuanto al artículo que se está discutiendo, puedo expresar, tal como lo dije en las Comisiones, que lo que sucede en materia de tarifas de la locomoción colectivo es debido al hecho del fraccionamiento de la moneda, como no hay una moneda para 438 pesos, y por eso, hay que ir a una suma que corresponda a la moneda divisionaria existente. Es decir, tiene que llegarse a una tarifa del orden de los 450 pesos.
El señor PALESTRO.-
¿Por qué no 400?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En esta diferencia es, precisamente, donde puede calzar este impuesto, ya que su incidencia es de un 0,6%. Y en caso de que no se estableciera este impuesto, la diferencia en la tarifa que debe autorizarse va a ir a beneficio de los empresarios. Pero en lugar de que vaya a beneficio de los empresarios, estamos pidiendo la aplicación de este impuesto en este pequeño margen de 2%.
Esa es la razón por la que el Ejecutivo cree que el impuesto debe aplicarse, ya que, realmente, no tendrá el impacto señalado por el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-
¿El querosén no?
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 35 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la observación.
En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en sustituir el artículo 1º transitorio.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos en contra del veto del Ejecutivo a este artículo transitorio que favorece al personal de Prisiones. Las Comisiones Unidas escucharon a los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, quienes entregaron, en el seno de ellas, argumentos bastante sólidos que conducen a que los Diputados comunistas mantengamos el criterio de aprobar el artículo tal como lo despachó el Parlamento.
En efecto, ellos señalan, en una circular que han entregado a los parlamentarios, que existen recursos suficientes para que el personal de Prisiones pueda disfrutar de esta asignación de 900 escudos; recursos que están allí, que no se han empleado, y que debieran haberse utilizado en contratar nuevo personal. En cambio, el veto del Ejecutivo señala que esta asignación podría ser de "hasta" 900 escudos, lo cual significa, como ellos lo dejaron expresamente establecido, en el seno de los Comisiones Unidas, que esta asignación podría ser inferior a 900 escudos.
En segundo lugar, los funcionarios señalaron también que debe mantenerse esta asignación por riesgo profesional; porque, evidentemente, este esforzado personal, que desarrolla una labor bastante peligrosa, registra en sus filas una serie de víctimas: algunos funcionarios han perdido la vida, otros han quedado heridos, inválidos varios de ellos. Merecen, pues, que se les otorgue esto en calidad de riesgo profesional. Finalmente, señalaron que están de acuerdo en que no se exeptúe de estos 900 escudos al personal afecto a la ley Nº 15.076.
Por estas circunstancias, nosotros votaremos en contra del veto del Ejecutivo.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).-
Señor Presidente, en las Comisiones Unidas, el veto a este artículo fue rechazado por la mayoría de los Diputados, incluyendo en ella a los parlamentarios democratacristianos. Se acogió la petición concreta que, en este sentido, explicó y formuló la directiva de los funcionarios de Prisiones en el seno de dichas Comisiones. Así como sucedió en ellas, me parece que acontecerá también en la Sala.
Nada más.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quisiera aclarar cuál es el espíritu del veto. El Ejecutivo reconoce la posibilidad de otorgar este beneficio por una sola vez con cargo al excedente que hubiere en el ítem de sueldos del Servicio de Prisiones, por el hecho de no haberse llenado vacantes en el mismo año. Tal como lo manifestara a los dirigentes de Prisiones, si se mantiene la idea de una asignación fija de 900 escudos, podría significar que si el excedente del ítem de sueldos que es presupuestario no fuera suficiente para dar 900 escudas, lisa y llanamente, estaríamos imposibilitados, desde un punto de vista legal, para otorgar esa bonificación.
Ese es el espíritu de la indicación del Ejecutivo; al colocar la palabra "hasta" 900 escudos; de tal manera que si resultare que lo que se puede otorgar son 800 escudos, se concedan y el beneficio no quede limitado por la expresión fija de 900 escudos.
El señor OLAVE.-
Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Olave; y, a continuación, el señor Ibáñez, don Jorge.
El señor OLAVE.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas insistiremos, naturalmente, en mantener el artículo 1º transitorio que beneficia a los funcionarios del Servicio de Prisiones, en virtud de que esta gente, en realidad, financia con sus propios medios la asignación por riesgo profesional.
Respecto de la expresión "de hasta 900 escudos", creemos que si el Ejecutivo tenía la impresión, a través del examen del financiamiento de la misma, de que no sería suficiente para entregarle una suma fija a cada uno de los funcionarios, perfectamente podría haber hecho el cálculo respectivo para señalar la cantidad en forma concreta y específica. Estimamos imprescindible otorgarles esta cantidad a los funcionarios del Servicio de Prisiones, en razón de que se trata de una reivindicación, respecto de la cual ellos han luchado largamente porque se convierta en realidad, como es la de riesgos profesionales. En verdad, el funcionario de Prisiones es el que está más continuamente expuesto al peligro, incluso hasta perder la vida, por el ambiente en que debe desarrollar sus labores. Nosotros hemos tenido conocimiento, a través de la prensa, de la serie de incidentes gravísimos ocurridos en los establecimientos penales chilenos y en los que funcionarios de Prisiones han salido heridos, incluso han perdido la vida. Sin embargo, ellos no tienen esa asignación de riesgo profesional. Ojalá que esto abra el camino para el futuro y convierta en permanente esa asignación transitoria que se les da en esta oportunidad.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ibáñez, don Jorge.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, los Diputados radicales rechazaremos el veto. Los dos argumentos que se han entregado por el Ejecutivo, a través del señor Ministro de Hacienda, no tienen, a nuestro juicio, validez suficiente, sobre todo después de haberse analizado, en las Comisiones Unidas, la fijación de la cantidad de 900 escudos.
Frente a la afirmación de que por carencia de fondos en el ítem de sueldos del Servicio de Prisiones no pudiera cumplirse el precepto contenido en el artículo primero transitorio si faltare una cantidad insignificante de dinero para completar los 900 escudos de cada funcionario, nosotros expresamos que era perfectamente posible utilizar recursos que, en estos días, existen por la modificación o la sustitución de algunos vetos de acuerdo con los cálculos que el Ministerio de Justicia pudiera tener en su poder. Ello obviaría el problema que el Ejecutivo resuelve manifestando que esta bonificación puede ser de "hasta" 900 escudos. Pero cabe señalar también que ella no puede ser inferior a una cantidad determinada, de acuerdo con las posibilidades económicas que el Servicio de Prisiones tiene como consecuencia de las vacantes que no se han llenado en este Servicio.
En el otro aspecto, no nos parece de mayor importancia la referencia al riesgo profesional, porque se trata de una disposición con carácter transitorio, que, como tal, no tiene más que el simple valor de un precepto para reconocer, en leyes futuras, dicho riesgo. En el Servicio de Prisiones, hay mayor justificación que en otras reparticiones para crear esta bonificación especial.
En consecuencia, a pesar de que convinimos con el Ministro de Hacienda sobre la posibilidad de dejar esta disposición del artículo 1º aprobado por el Congreso Nacional y que veta el Ejecutivo por señalar una cantidad fija, queremos decir que, de todas maneras, corremos ese riesgo. En efecto, los fondos existentes, que son conocidos por los funcionarios, determinarán que hay dinero suficiente para cumplir con esta bonificación extraordinaria, excepcional, por una sola vez. Desde que esta disposición fue tramitada y luego aprobada por el Congreso, hasta este momento, se tuvo tiempo suficiente para dictar decretos del Ministerio de Justicia con el propósito de, por lo menos, sustraer estos fondos, que ya tenían el financiamiento comprometido.
En las dos ramas del Congreso Nacional se ha ido produciendo un desfinancia miento de estos fondos, creando, entonces, la eventual situación que plantea el Ministro de Hacienda. Me parece que aun cuando se hayan dictado decretos con este fin, todavía es posible, si están en trámite en la Contraloría General, ser retirados por el Ministerio de Justicia para satisfacer en plenitud el compromiso económico que significa pagar esta cantidad fija. De cualquier modo, aceptamos el requerimiento oficial de los funcionarios de Prisiones y votaremos, aun corriendo el riesgo aquí señalado, por el rechazo del veto, a fin de mantener el texto aprobado por la Cámara.
He concedido una interrupción al señor Urra.
El señor URRA.-
Señor Presidente, agradezco al Diputado Ibáñez la oportunidad que nos entrega para fundamentar nuestro voto frente a este proyecto.
Los Diputados democratacristianos hemos conversado con los dirigentes de la Asociación Nacional de los Funcionarios de Prisiones y creemos que el texto contenido inicialmente en el proyecto considera en forma equitativa y justa las exigencias que ha estado planteando esta Asociación.
Al votar en contra del veto y, en definitiva, insistir, la Cámara en el texto que primariamente ha conocido y aprobado el Congreso Nacional, entregamos la seguridad que la Asociación Nacional y sus dirigentes están pidiendo al Parlamento y, en alguna medida, también al Gobierno.
Por haber conversado con los dirigentes nacionales de la Asociación y porque creemos, razonablemente, que al rechazar el veto del Ejecutivo les damos las garantías y la seguridad que estos funcionarios necesitan, las cuales repito, estimamos equitativas, votaremos en contra de esta observación.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Señor Presidente, los Diputados nacionales, aun cuando no hemos conversado con la directiva del gremio de Prisiones, que, según se nos informa, tiene una reconocida filiación política, rechazaremos el veto del Ejecutivo a este artículo, porque nos parece de toda justicia la posibilidad de entregarle la suma de E° 900 a cada uno de los funcionarios del Servicio de Prisiones, tanto más cuanto que, durante la discusión de este proyecto en las Comisiones Unidas, en el día de ayer, se estableció que existen 413 vacantes en este servicio.
Pero queremos ir más lejos. En la disposición aprobada por el Congreso Nacional se contempla una bonificación de Eº 900; pero no se crea una asignación por riesgo profesional, que nos parece, también, de toda justicia.
Sobre esta materia, debemos recordar que los Diputados nacionales, en su oportunidad, en el primer trámite constitucional de este proyecto, propusimos establecer el riesgo policial. Esto fue aceptado en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional de la Cámara y luego fue rechazado, en la Sala, con los votos de todo el resto de los Diputados de esta Corporación, con la sola excepción de los del Partido Nacional.
Por lo tanto, al manifestar que votaremos en contra del veto del Ejecutivo a este artículo, expresamos, una vez más, el deseo de que se establezca también el riesgo profesional para el Cuerpo de Carabineros de Chile.
El señor KLEIN.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.-
Señor Presidente, si bien es cierto que la directiva nacional del Servicio de Prisiones no conversó con los parlamentarios del Partido Nacional, por lo menos hasta nosotros llegaron los del "estado llano".
Esto no más quería decir.
Risas.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito la venia de la Sala para omitir la votación secreta.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se dará por rechazada esta observación.
Rechazada.
Si le parece a la Sala, se insistirá con la misma unanimidad.
Acordado.
En discusión la observación del Ejecutivo que suprime el inciso segundo del artículo 3º transitorio.
El señor CADEMARTORI.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas vamos a rechazar también este veto del Ejecutivo, porque con él se pretende gravar con un recargo del 10% la contribución territorial que deben pagar los bienes raíces de todo el país.
El inciso segundo aprobado por el Congreso Nacional dejó exento de este recargo a los bienes raíces cuyos avalúos sean inferiores a quince sueldos vitales escala A) del departamento de Santiago, siempre que el contribuyente sea dueño de un solo bien raíz y lo habite.
El Gobierno ha manifestado, por intermedio del señor Ministro de Hacienda, que, según la Dirección de Impuestos Internos, sería muy difícil establecer esta exención en la práctica.
Señor Presidente, nadie puede discutir el sentido de justicia que tiene esta exención, porque, de no establecerse, quedarían gravados los bienes raíces cuyos propietarios son empleados, obreros, que los obtienen generalmente a través del sistema de ahorro y préstamos, de la CORVI o de cajas de previsión. La segunda transferencia no está exenta de ningún recargo y, por lo tanto, está afecta también a este impuesto. El recargo del 10% que se aplicará durante el año 1970 significará, entonces, afectar también a. los propietarios de estos bienes raíces, cuyos avalúos son inferiores a quince sueldos vitales, es decir, 90 mil escudos. Todos sabemos, por los avisos que se publican en la prensa, que un departamento pequeño se vende hoy sobre los 120 mil escudos. Por lo tanto, al establecer la exención para los de un avalúo inferior a 90 mil escudos, estamos protegiendo a los sectores más modestos de la población.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, ya dije en la Comisión y también en la Sala cuando ;se discutió este artículo, que no era posible hacer diferenciación por avalúo, en beneficio de las personas que posean un solo bien raíz y que lo habiten personalmente, puesto que, de acuerdo con las consultas que había hecho al Servicio de Impuestos Internos, era imposible, administrativamente, hacer esta distinción mediante el sistema mecanizado; que esto exigiría una declaración jurada y, además, una comprobación, predio por predio, para poder determinar que existían las calidades que se pretenden señalar en el proyecto que se está vetando. No siendo posible, administrativamente, quedaría sin aplicación, a lo mejor, el artículo. Hago ver, además, a la Cámara, que éste no es un nuevo impuesto, ya que se está pagando durante el año 1969 y se prorroga para 1970, en la misma forma y en las mismas condiciones, sin modificaciones. Esta es la razón por la cual el Ejecutivo está proponiendo el veto para suprimir esta distinción entre predios inferiores o superiores a 15 sueldos vitales.
El señor MERCADO ( Presidente).-
¿Ha terminado el señor Ministro?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sí.
El señor OLAVE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas también vamos a votar por el rechazo de este inciso segundo, porque en verdad no concuerda con el espíritu que ha tenido el Congreso al aprobar leyes de excepción que benefician a la gente más humilde de nuestra Patria, como es la que favorece a los propietarios de un bien raíz inferior a Eº 10.266 y que están afectos a la exención de la parte fiscal, pagando solamente la parte municipal de las contribuciones. Hay que hacer notar que, por efecto de la ley territorial dictada con motivo de la sequía del norte, incluso han sido aplicadas exenciones a propietarios que no pagan contribuciones fiscales. De modo que esta modificación que se pretendió hacer en la Cámara con respecto a este recargo del 2 por mil o del 10 por ciento sobre el monto de la contribución, viene a convertirse, en esta forma, en un recargo permanente sobre los bienes raíces.
Para que exista concordancia con el espíritu que tuvo el legislador en el año 1964, cuando eximió del pago del impuesto a los bienes raíces, en la parte fiscal, a aquellos propietarios de inmuebles urbanos avaluados en no más de 5 mil escudos y que hoy, por efecto del reavalúo, han llegado a 10 mil 266 escudos, creemos que esta franquicia debe mantenerse y no aplicar lo propuesto por el Ejecutivo, lo que se lograría, exclusivamente, rechazando la supresión del inciso segundo del artículo 3º transitorio, que limita el recargo sólo a los bienes raíces cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales escala A) del departamento de Santiago.
Nada más.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 39 votos.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Aprobada la observación del Ejecutivo.
En conformidad...
La señora ALLENDE.-
Pido la palabra.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme, señor Diputada.
De acuerdo con lo resuelto por los señores Comités, también queda aprobado el último artículo transitorio.
Tiene la palabra la señora Allende...
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, he pedido la palabra, porque creo que se ha creado una situación sumamente injusta...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO ( Presidente).-
Excúseme señora Diputada.
Solicito la venia de la Sala para concederle la palabra a la señora Allende.
Varios señores DIPUTADOS.-
No, señor Presidente.
El señor MERCADO ( Presidente).-
No hay acuerdo.
Terminada la discusión de las observaciones.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Oficio Aprobación Observaciones . Fecha 09 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 21. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.- OBSERVACIONES DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, CRABINEROS DE CHILE Y SERVICIO DE INVESTIGACIONES.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, con excepción de las que a continuación se señalan, respecto de las cuales ha adoptado los siguientes acuerdos:
Artículo 1º
Ha rechazado la que consiste en sustituir el Nº 3º de este artículo, pero no ha insistido en la aprobación del texto original.
Artículo 11
Ha accedido al retiro de la observación que tiene por objeto sustituir la coma (,) que figura a continuación del guarismo "8,5%" y eliminar el resto de la frase que la sigue, en el Nº 2 de este artículo.
Artículos nuevos
Ha rechazado la que tiene por finalidad consultar el artículo nuevo signado con la letra f), que se contiene en la página 26 del oficio de observaciones.
Artículo 1º transitorio
Ha rechazado la que tiene por objeto sustituir su texto, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Julio Mercado A.Eduardo Mena.
Texto de las observaciones del Ejecutivo.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al Proyecto de Ley que otorga Facultades Especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones:
Artículo 1º Nº 3: Para sustituirlo por el siguiente:
3º "El aumento de las pensiones de retiro y montepíos que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma: el 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30% restante para completar el 100% de dicho aumento a contar del 1° de diciembre del mismo año".
El inciso 1º del Nº 3 del artículo 1º del Proyecto aprobado, dispone que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones al personal activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Estado no está en condiciones de pagar el reajuste al sector pasivo en los términos aprobados. El costo del reajuste al sector pasivo sobrepasa los Eº 830 millones que no tienen financiamiento posible en un solo año.
El impacto de esta cifra en 1970 crearía una situación de extrema gravedad, con una repercusión inflacionaria de tal magnitud que desvirtuaría el esfuerzo realizado por el país para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Aparte de ello cabe considerar, que el aumento a los pensionados es de considerable proporción, ya que por el sistema mismo de pensiones de retirados y montepíos, los reajustes resultantes para estos sectores son mayores que los correspondientes al sector activo.
Por tal razón, el Supremo Gobierno estima que el aumento al personal en retiro y montepíos sólo puede ser pagado en etapas.
Artículo 2° inciso 2°: Suprimirlo.
El inciso 2º del Artículo 2º establece que dentro del plazo de 60 días las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deberán dar cumplimiento al Dictamen de 29 de agosto de 1969 de la Contrataría General de la República.
El referido Dictamen, por la vía de la interpretación, señaló que a juicio de la Contraloría General de la República la Bonificación Profesional a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 16.466, debería, en virtud del Artículo 2° transitorio de la ley N° 16.840, ser calculada al personal en retiro en relación con el sueldo base y los quinquenios de que está en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
El Ejecutivo estima que esta interpretación no se aviene con el espíritu ni con la letra de la ley, por cuanto la bonificación profesional allí referida debe necesariamente calcularse sobre el sueldo base y el porcentaje de los quinquenios que les corresponde en virtud de la ley. Igual procedimiento, a su juicio, cabe aplicar en esta materia en el cálculo de la bonificación profesional a que se refiere el artículo 4° del D.F.L. Nº 3, de 1968. De no aceptarse este criterio existiría un mayor gasto de aproximadamente Eº 13.000.000.que no fueron financiados en esas leyes.
Por otra parte, el precepto que se veta es inconstitucional ya que constituye en el hecho un aumento de remuneraciones de cargo fiscal que no cuenta ni ha contado con el patrocinio del Presidente de la República.
Finalmente cabe señalar que el Ejecutivo al formular este veto ha podido hacerlo en forma sustitutiva del precepto, para reafirmar el verdadero alcance de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 16.466, 2° transitorio de la ley Nº 16.840 y Artículo 4º del D.F.L. Nº 3 de 1968. Sin embargo, ha preferido formular esta observación supresiva del precepto, a fin de que la situación sea dilucidada sin imponer un criterio determinado por la vía legal.
Artículo 8º Nº 9: Para sustituirlo por el siguiente:
"9.- Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:
Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los impuestos establecidos en los artículos 1º y 4º, con excepción de los incisos 3º, letra g) y 4º del artículo 1º, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo."
Con la modificación propuesta se desea mejorar y adecuar este artículo a las modificaciones introducidas al Art. 1º de la Ley sobre Compraventas y Servicios. En efecto, el artículo 8º Nº 2 del proyecto en discusión sustituyó el inciso 4° de dicho artículo 1º reemplazándolo por la letra g) del inciso 3º que contempla las mismas disposiciones de ese inciso 4°.
Como consecuencia de este cambio se alteró el orden de los incisos del artículo 1º de la Ley Nº 12.120 con lo cual quedó inconexa la referencia que hace el artículo 13 a las normas del artículo 1º y mediante la cual se obligaba a pagar el impuesto completo a las Cooperativas de Consumo por las transferencias de piscos, vinos y artículos suntuarios.
El nuevo artículo 13 no innova respecto de la disposición vigente sino que persigue conciliar las referencias, y presentar una redacción más clara.
Artículo 9º.- Para suprimir la frase final que se agrega al inciso 1º del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Se propone suprimir la frase señalada por cuanto reduce la recaudación presupuestada de Eº 30.000.000 a Eº 10.000.000, con las implicaciones que es fácil prever para el cumplimiento adecuado del reajuste de remuneraciones a los sectores señalados en el presente proyecto de ley.
Además, vale hacer presente que el impuesto que grava las transferencias de bienes raíces se aplica sobre el precio de venta del predio que, por regla general, es superior al avalúo. De esta manera el beneficio que se ha querido conceder es imponderable y puede ser injusto en la medida que, en un momento dado, un bien avaluado en igual suma que otros, obtenga un mayor beneficio debido a un precio comercial más alto.
Por otra parte, la aplicación discriminada de un impuesto impersonal tendiente a desgravar las ventas según su valor de avalúo, no es un padrón de medida adecuado ya que no distingue entre las operaciones efectuadas por una persona en forma habitual y la circunstancia esporádica que ha concurrido en otra para efectuar dicha venta.
Además, ya rige en la legislación vigente, la exención o una rebaja del 50% del impuesto, en las transferencias de las viviendas afectas al D.F.L. Nº 2, según se efectúen éstas antes o después del año de acogida la propiedad a dicho D.F.L.
Artículo 11 Nº 2:
a) Sustituir la frase "su coma (,) final" por "la conjunción y".
b) Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
c) Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación.
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la frase que se agrega, tal cual se propuso en el Mensaje, ya que de lo contrario se estaría suprimiendo la tasa que grava a los sueldos y salarios en general.
b) Rebajar la tasa del 8,5% al 6%, ya que la que inicialmente se propuso constituirá un aumento excesivo respecto de la tasa vigente.
c) Los funcionarios que están indicados en el artículo 9 de la Ley de la Renta ya tienen un tratamiento de excepción al considerarse como renta de los cargos que sirven en el extranjero, la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaran una función equivalente en el país.
Artículo 11 Nº 4:
a) Sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente":
b) Eliminar la frase "en el inciso anterior".
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la oración que se agrega al artículo 61 de la Ley de la Renta, ya que de lo contrario habría 2 incisos terceros en dicha ley.
b) Como consecuencia, se elimina la mención al inciso anterior ya que no se ha agregado como nuevo inciso.
Artículo 11.- Para agregar los siguientes números:
"5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo 30%, cambiando el punto (.) por una coma (,) :"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%."
"6.- Reemplazar el inciso primero del artículo 31 por el siguiente: "Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6%0 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor".
Los números 5 y 6 que se agregan al proyecto, tienen por objeto incluir como norma permanente dentro del articulado de la Ley de la Renta lo dispuesto por el artículo 2º transitorio que grava con una tasa adicional del 10% a los Bancos y Compañías de Seguros. Al mismo tiempo se rebaja esta tasa adicional al 5%, ya que como consecuencia del alza de la tasa a las Sociedades Anónimas será de 30% a 35%, ya se ha gravado dichas empresas en un 5%, porcentaje que sumado al que se contempla en este artículo da el 10% que se ha pensado gravar.
Al mismo tiempo que se alza la tasa de 1º categoría del 17% al 22% para los bancos extranjeros, se sube también el porcentaje sobre los depósitos para determinar la suma mayor que se adeudará como impuesto. De esta manera los bancos extranjeros quedarán pagando un impuesto a la renta, categoría y adicional, ascendente al 59,5% que se aplica sobre el total de sus rentas devengadas en el año.
Artículo 13.- Sustituirlo por el siguiente:
Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo de la ley Nº 16.528 por el siguiente: La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitará el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7º, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.
b) Derógase, a contar del 31 de diciembre de 1969, el artículo 11 de la ley Nº 16.528. En consecuencia, a partir de esa fecha las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán acogerse al sistema general de devolución establecido en la ley Nº 16.528.
No obstante lo anterior, las empresas de la pequeña minería y la Empresa Nacional de Minería continuarán exentas de pleno derecho de los tributos, mencionados en el artículo 1º de la ley Nº 16.528, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
c) Derógase, a partir del 31 de diciembre de 1969, los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Se autoriza al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 120 días, proceda a dictar un nuevo reglamento de la ley N° 16.528.
En todo lo que sean compatibles con las disposiciones de la presente ley, mantendrán su vigencia los artículos 16 y 19 del decreto Nº 1.270, antes mencionado, hasta la fecha de publicación del Reglamento que dictará el Presidente de la República, de acuerdo con la facultad que se le confiere en el inciso anterior.
d) Elimínase en el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, la siguiente frase: "en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción, y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
e) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso 3º, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores.
"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala."
"Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
El actual Gobierno planteó desde sus comienzos la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país, para lo cual, entre otras medidas, estimó indispensable crear las condiciones y mecanismos necesarios para incrementar las disponibilidades de divisas con lo cual se podrá aumentar el equipamiento industrial.
Esta finalidad sólo puede obtenerse incrementando las exportaciones, salvo que se quisiera recurrir al endeudamiento externo, lo que este Gobierno no desea hacer.
Consecuente con esta política, se propuso una legislación para reemplazar las disposiciones contenidas en la ley Nº 12.861, y en el D.F.L. Nº 256, de 1960, que trataban sobre incentivos a las exportaciones.
Esta nueva legislación se contiene en la ley Nº 16.528.
La aplicación de la Ley de Fomento de las Exportaciones ha tenido como consecuencia un cambio notable en la composición de las exportaciones al permitir la incorporación de nuevos productos en el intercambio y al facilitar la concurrencia de productos chilenos no tradicionales a los mercados internacionales en los que, debido al dumping que se ejerce por parte de otros países competidores, les habría sido imposible su colocación.
A través del cuadro que sigue puede verse los incrementos que han experimentado las exportaciones.
A pesar de que en el cuadro estadístico que se ha transcrito aparece un claro aumento en las exportaciones, no se desprende de él, sin embargo, el impacto interno que ha generado la aplicación de esta ley.
En efecto, debe señalarse que, además del aumento de las exportaciones, la nueva política ha traído como consecuencia nuevas inversiones en industrias diseñadas para la exportación, o ampliación de las existentes; consolidación de mercados para Chile de productos de carácter fundamental, tales como papel de diario, celulosa y cartulina, consolidación que, a su vez, ha permitido a la Corporación de Fomento de la Producción diseñar un programa de nuevas inversiones en estas áreas como son las nuevas plantas de celulosa de Arauco y de Constitución; consolidación de la industria pesquera de la Zona Norte; impulso efectivo al sector privado en los planes de reforestación de bosques y de plantaciones frutales; desarrollo acelerado de industrias de la metalurgia, tales como las de cables de acero, con los cuales se está abasteciendo a la industria minera peruana; medidores de agua, máquinas lavadoras, bocinas y descansos; exportación de máquinas de escribir, de centrales telefónicas, etc.
Lo anterior demuestra lo que internamente el país ha ganado y puede ganar en el futuro si se mantiene una política justa y permanente de estímulo a las exportaciones, evitando el desaliento que medidas cambiantes e inestables pueden producir en los inversionistas, sean éstos públicos o privados.
Por otra parte, parece útil destacar el impacto fiscal que representa cada nuevo dólar ingresado al país. En efecto sólo por concepto de gravámenes aduaneros, un dólar utilizado en importaciones significa, en promedio, alrededor de 40 centavos de dólar.
Debe tenerse presente, además, que la inmensa mayoría de los países, tanto los industrializados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo fomentan y estimulan sus exportaciones a través de diversos mecanismos como una manera de mantener en pleno funcionamiento sus economías internas. En este aspecto cabe mencionar el ejemplo de Francia, quien subsidia a la cebada malteada hasta en un 55% cuando se exporta a países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene para el país el incremento de las exportaciones frente a los compromisos internacionales contraídos tanto en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) cuanto en el Mercado Subregional Andino.
La industria nacional debe desarrollarse en forma urgente para enfrentar la competencia de las industrias establecidas en los países a que se refieren dichos Convenios.
Por las razones anteriores, se propone sustituir el artículo 13 del proyecto aprobado, por las disposiciones que se señalan y cuyo fundamento es el siguiente:
a) Se establece que los certificados de devolución que emita el Banco Central de Chile sólo se entregarán a los exportadores una vez que éstos hayan retornado y liquidado las divisas correspondientes, eliminándose la disposición que permite la entrega de ellos al momento del embarque de las mercaderías. Con esta norma se trata de incentivar los retornos de las exportaciones, con el objeto de que el país pueda disfrutar de los cambios que necesita para cubrir sus importaciones.
b) Se elimina la liberación de pleno derecho que se contiene en el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para las empresas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos para la exportación, sujetando a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De esta manera se simplificará el régimen de la ley y se permitirá al Presidente de la República regular el draw back para tales actividades en términos tales que ello constituya un incentivo razonable para el fomento de nuestra producción.
En todo caso se mantiene la exención de pleno derecho con respecto a la Empresa Nacional de Minería y a la pequeña minería, con el objeto de que dichos productores puedan adquirir, exentos de impuestos, los elementos que requieran para el laboreo de sus minas.
c) Como consecuencia de la derogación del artículo 11, se derogan las disposiciones correspondientes del Reglamento de la ley.
d) Se modifica también el inciso final del artículo 33 de la ley N° 16.528, con el objeto de someter las exportaciones de aceite y harina de pescado que se efectúen a través de los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral al régimen general establecido en dicha ley.
e) El artículo 22 de la ley Nº 16.724 estableció el beneficio del draw back aplicable a los navieros con respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
En general, el draw back establecido por la ley Nº 16.528 tiene una duración de tres años, plazo durante el cual no es posible eliminarlo o Rebajar sus porcentajes.
Sin embargo, la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, y posteriormente la ley Nº 17.073, del 31 de diciembre de 1968, permite al Presidente de la República disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos.
Con el objeto de colocar al draw back a que tienen derecho los navieros en la misma situación que la generalidad de los exportadores, se propone reemplazar el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724 por el que se indica.
Artículo 14.- Para agregar al final en el segundo inciso, después de las expresiones "la ley Nº 16.617.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase "a contar de la vigencia de la presente ley".
Esta modificación tiene por objeto precisar la aplicación del inciso segundo del artículo referido.
Artículos transitorios.
Artículo 1º.- Sustituirlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones, con excepción de los afectos a la Ley N° 15.076, en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de hasta Eº 900 a cada uno, que se financiará con los excedentes presupuestarios producidos en el presente año en el ítem sueldos del Servicio de Prisiones, por las vacantes que no se llenaron en el mismo año".
Aun cuando los excedentes que se producen en los ítem de remuneraciones, constituyen un financiamiento para los múltiples gastos fiscales, el Gobierno ha estimado de justicia hacer una excepción por esta sola vez, con el personal del Servicio de Prisiones, justificada por el mayor esfuerzo que ha debido desarrollar el personal en actual servicio para compensar las vacantes de personal.
Se ha colocado la cifra tope de Eº 900 ya que ella dependerá de los excedentes presupuestarios a que se refiere el mismo artículo.
El Ejecutivo estima que la disposición sustitutiva que propone es indispensable para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley, ya que si se mantiene la cifra rígida de Eº 900, que puede no calzar con el financiamiento imperativo propuesto, lo dispuesto en el artículo quedará sin aplicación,
Artículo 2º transitorio.- Para suprimirlo.
Se propone el mismo artículo como disposición permanente de la ley.
Artículo 3º transitorio.- Para suprimir el inciso segundo.
Se propone suprimir este inciso por cuanto merma considerablemente el financiamiento necesario para reajustar las remuneraciones señaladas. En efecto, de Eº 47.500.000 que se espera rendirá el recargo de 10% se perderían con la excepción incluida por el H. Congreso Nacional la suma de Eº 23.000.000.
Por otra parte la discriminación relativa a los predios según su avalúo creará graves dificultades administrativas, toda vez que deberá hacerse previamente un empadronamiento del conjunto de los bienes raíces que posea una persona a lo largo del territorio nacional para aplicar la eximición propuesta, bastando un pequeño exceso sobre los 15 SVA para gravar íntegramente el predio.
El Ejecutivo está consciente de Ta intención que ha tenido el Honorable Congreso Nacional para marginar los bienes raíces de avalúo inferior a 15 SVA.; pero no justifica este desgravamen dado que el recargo propuesto es sobre la contribución girada, con lo cual implícitamente se mantienen todas las franquicias y exenciones que favorecen a diversos predios.
Por último, es del caso recordar que por el presente año 1969 se aprobó un recargo similar a los bienes raíces según lo dispuso el artículo 9º de la Ley 17.073, y no se divisa una razón valedera para restringir el ámbito del que se propone para el año 1970 habida consideración, además, que se marginan los bienes raíces agrícolas de ciertas zonas del país afectados por la sequía y que suman en total 18.875 predios favorecidos.
Para agregar el siguiente artículo transitorio:
Artículo A.- "La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, que se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970 y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal de servicio activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.000.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970".
Esta disposición tiene por objeto permitir que la primera diferencia correspondiente al reajuste que se otorga por la presente ley, pueda ser descontada en 6 cuotas mensuales, en vez de una sola como lo dispone la legislación vigente. Además se allegan fondos para cubrir reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del fondo revalorizador de pensiones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo B.- "A contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la Ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
Por la ley 12.428 de 1957, se restableció el beneficio de quinquenios para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El artículo 2º de dicha ley creó también este beneficio para los retirados y montepiados, pero en porcentaje menor que el asignado al servicio activo. Esta reducción del porcentaje afecta al personal retirado antes de la dictación de la ley.
Por la supresión que se propone, se obtiene la igualdad de beneficios cualquiera que sea la época del retiro.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo C.- Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el, artículo 124 del D.F.L. Nº 1 de 1968 y artículo 59 del D.F.L. Nº 2 de 1968 de los Ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
En la actualidad, el artículo 124 del D.F.L. Nº 1 y 59 del D.F.L. Nº 2, ambos de 1968, establecen que el producido de los descuentos por concepto de ocupación de casas fiscales, se destinará a la ampliación, conservación y reparación de esas propiedades o a la adquisición o construcción de otras nuevas. El Ejecutivo estima de toda conveniencia contar con una facultad más amplia, para la destinación de estos recursos, ya que quedará un excedente para cumplir las demás finalidades de esta ley, después de destinar todas las sumas necesarias para el objetivo ya indicado.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo D.- Interpretando el artículo 75 de la ley Nº 17.105 declárase que las exenciones que se establecen en dicha disposición también alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y a los alcoholes importados destinados al mismo objeto sólo cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que puedan enajenarlos o transferirlos a ningún título a terceros, con excepción a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros. Asimismo, declárase que los alcoholes exentos de impuestos han quedado y quedarán sometidos a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre control y fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
Esta disposición interpretativa tiende a resolver las siguientes situaciones:
1º.- Dejar claramente establecido que las adquisiciones de alcoholes que hacen las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están exentas de impuestos.
2º.- Fomentar el desarrollo de las industrias que emplean los alcoholes como materia prima, los cuales sufren posteriormente una transformación química.
3º.- Evitar la formación de monopolios en la internación de alcoholes, aclarándose que sólo podrían importar alcoholes exentos de impuesto los industriales que los destinen exclusivamente para el uso de sus industrias.
4º.- Aclarar que la exención tributaria no excluye del control y fiscalización que deben efectuar los inspectores de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola: y Ganadero.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo E.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 152 de la ley Nº 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabra "Chile" y "Banco" y reemplázase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos" y "mencionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto de" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "será" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
La modificación que so introduce al artículo 235 de la ley N° 16.617, tiene por objeto, en primer lugar, incluir dentro de los créditos que grava a los que otorgue la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, ya que ambas instituciones conceden créditos no reajustables.
Además, se elimina de la exención a los créditos de preembarque, los cuales en el futuro podrán quedar liberados del tributo o pagar uno inferior en la medida en que el Comité Ejecutivo del Banco Central con aprobación del Ministerio de Hacienda establezca líneas crediticias especiales para este objeto.
Por último, la modificación que se introduce al precepto en análisis tiene por objeto precisar la tasa tributaria en relación con la variación del índice de precios al consumidor en Santiago.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo F.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley que se indica:
1°) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos:
Sin embargo no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país.
No obstante lo anterior podrán deducirse los intereses provenientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central.
2º) Reemplázase el inciso 1º del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta por el siguiente:
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas".
3º) Agrégase en el inciso 2º del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de impuesto a la Renta, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central".
Mediante la modificación que se propone se pretende corregir el vacío legal que permite eludir los impuestos mediante el subterfugio de recibir préstamos de los bancos ubicados en el exterior, cuyos intereses están exentos de impuestos en la legislación vigente, y que en el fondo son dineros facilitados por las empresas a particulares que a su vez son socios de la empresa ubicada en Chile.
Se mantiene la exención en el impuesto adicional para los intereses pagados a favor de las instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras por considerarse una fuente de fácil control tributario y que no se prestan para las operaciones descritas.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo G.- Reemplázase en el artículo 10 de la Ley Nº 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la Ley Nº 16.466, de 29 de abril de 1966 y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes: en la letra a) "29%" por "31%", en la letra b) "12%" por " 1%)", en la letra d) "11%" por "13%" y en la letra e) "20%" por "22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de Combustibles y lubricantes en los porcentajes que se señalan, y que significan un mayor ingreso destinado a financiar los reajustes dispuestos por esta ley por una suma aproximada de Eº 60.02 millones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo H.- Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el Departamento de Arica, de conformidad, con la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85% de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el Departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley Nº 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley. No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinadas que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2º de la ley Nº 14.824, continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el Departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º y 3º de la ley Nº 14.824 del 13 de enero de 1962.
A fin de que el Estado pueda contar con recursos necesarios en moneda nacional destinados a financiar parte de los reajustes de remuneraciones del año 1970, incluido el que se ha acordado a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, en este proyecto de ley, es necesario, entre otras medidas, liberalizar en forma controlada algunas importaciones. Se trata de incluir en la lista de mercaderías permitidas una serie de elementos necesarios para el más apropiado desarrollo del país.
Esta medida permitiría liquidar dólares por una cantidad cercana a los US$ 30.000.000 lo que significaría disponer de recursos por aproximadamente Eº 350 millones.
Para concretar esta medida es indispensable modificar la Ley Nº 14.824 en la forma propuesta en este veto, ya que toda nueva mercadea ría que se declare de importación permitida y que ingrese en el Departamento de Arica está afecta sólo a un impuesto de un 25% sobre su valor aduanero, lo que constituye una discriminación en relación al resto del país de tal magnitud que impediría de hecho su aplicación por la dificultad de control del ingreso de dicha mercadería al resto del territorio.
La necesidad de utilizar esta fuente de financiamiento movió al Ejecutivo a remitir esta misma iniciativa a la consideración del Congreso en el veto al proyecto de ley sobre franquicias a profesionales y técnicos que regresen al país, remitido mediante oficio N° 1.022 el 2 de septiembre de 1969. Sin embargo, mediante oficio N° 1.055, de 12 de octubre de 1969, el Gobierno retiró del referido veto esta iniciativa ya que, respecto de ella, representantes de diversas actividades de Arica, pidieron un nuevo estudio y la adopción de otras medidas de interés para la zona.
A tal efecto, el señor Ministro de Hacienda hizo una visita al Departamento y trató con la Junta de Adelanto y el Comité de Defensa todos los problemas pendientes en la zona. Como consecuencia de ello se constituyó una comisión tripartita, integrada por representantes de la señalada Junta y Comité y del Gobierno, quienes han dado su aprobación a las medidas a que se refieren los artículos nuevos que, junto con éste, se proponen a continuación en este veto, y que representan el acuerdo logrado. Estas medidas incluyen, aparte del nuevo tratamiento arancelario a las mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida y que se importen en el Departamento de Arica, los siguientes punto: 1º) la limitación de la exención del impuesto de compraventa por las compras que se efectúen fuera de la zona, sólo a los productos nacionales; 2°) la exención en beneficio de las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica, del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos; 3°) el restablecimiento de la norma en virtud de la cual sólo se encuentran exentas del impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales del Departamento de Arica; 4º) la radicación en Arica de los impuestos: establecidos en la Ley Nº 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento, y 5°) la autorización para que la Junta de Adelanto de Arica pueda formar todo tipo de Sociedades con la Empresa Nacional de Minería.
Sin perjuicio de la fundamentación anterior que explica global mente el acuerdo logrado con los representantes del Departamento, se aclara, más adelante, en forma específica, el alcance de cada uno de los nuevos artículos propuestos.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo I.- Introdúcense al artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificado por las leyes 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso 2º por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el Departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1º de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes."
2) Reemplázase el inciso 4º por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley N° 13.039."
Al reemplazarse el inciso 2º se establece que la exención de compraventa por las compras efectuadas en el resto del país se aplicara solo a los productos nacionales, siguiendo a este respecto el mismo criterio adoptado en el artículo 18 Nº 7 de la ley Nº 12.120 que favorece a los industriales y comerciantes establecidos en las restantes zonas liberadas de derechos, ya que dicha exención no se justifica para los artículos) importados. Se excluye, sin embargo, de esta exención a las bebidas analcohólicas, a fin de proteger a las industrias de este ramo establecidas en la zona.
El reemplazo del inciso 4º tiene por objeto permitir que los consumidores de Arica puedan adquirir los automóviles y televisores producidos en la zona a un menor precio, lo que fortalece la venta de estos productos nacionales y, en el caso de los televisores, permite adecuar la situación producida por la restricción de importación de los mismos recientemente establecida.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo J.- Restablécese la vigencia del inciso 3º del artículo 18 de la ley 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley Nº 17.073, a contar desde el 1º de septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el Departamento de Arica con anterioridad a la vigencia de esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1º de la ley N° 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto del país.
La derogación del actual inciso 4° del artículo 18 de la ley N° 16.528, que es reemplazado por el texto a, que se refiere la disposición anterior propuesta en este veto, y el restablecimiento del inciso 3° del mismo artículo 18 que se propone mediante este nuevo artículo, tienen por objeto restablecer la situación existente en materia de ventas efectuadas entre sí por los comerciantes e industriales del Departamento de Arica a la que existía con anterioridad a la Ley N° 17.170, en que sólo se encontraban exentas de impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales de dicho departamento, ya que la ampliación de la franquicia a todas las compras efectuadas por los comerciantes, industriales y cooperativas de Arica, dispuesta por la ley Nº 17.170 ha ocasionado problemas de financiamiento a la Junta de Adelanto de Arica.
El segundo inciso contenido en este artículo tiene por objeto hacer desaparecer el beneficio que pudieron haber obtenido los comerciantes del resto del país que se hubieren establecido en el departamento de Arica, durante la vigencia del artículo 1º de la ley Nº 17.170, con el solo objeto de comprar, liberadas de impuesto, grandes partidas de mercaderías para ingresarlas posteriormente al resto del país.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo K.- Los impuestos establecidos en la ley Nº 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones gravadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho Departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Esta disposición tiene por objeto mantener el monto de financiamiento previsto, por este concepto, para la Junta de Adelanto de Arica.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo L.- Agrégase como inciso final del artículo 2° de la ley Nº 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
Esta disposición tiene por objeto, facilitar las labores de desarrollo en la minería que realiza la Junta de Adelanto de Arica.
Por lo tanto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno desaprueba el Proyecto de Ley mencionado en la forma aprobada y lo devuelve a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Sergio Ossa Pretot. Andrés Zaldívar L.
OFICIO COMPLEMENTARIO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones al proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el artículo 11 Nº 2 del veto que se propone, la letra c) que tenía por objeto dejar afectos, a la nueva tasa del 6% que gravará a todos los contribuyentes que perciban remuneraciones en moneda extranjera, a los funcionarios indicados en el artículo 9º de la Ley de la Renta.
Con mejor estudio se ha concluido que los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, no deben quedar afectos a una mayor tasa de impuesto de Segunda Categoría de la Ley de la Renta, en atención a que su función en el exterior es necesaria para el país y se les pagan sus sueldos en moneda extranjera por ser el instrumento de cambio que obligadamente deben usar en el país que sean designados, además que sus gastos corresponden al standard de vida del lugar en que desarrollen sus actividades.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Andrés Zaldívar L.
Oficio Aprobación Observaciones . Fecha 09 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 21. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
1.- OBSERVACIONES DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, CRABINEROS DE CHILE Y SERVICIO DE INVESTIGACIONES.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, con excepción de las que a continuación se señalan, respecto de las cuales ha adoptado los siguientes acuerdos:
Artículo 1º
Ha rechazado la que consiste en sustituir el Nº 3º de este artículo, pero no ha insistido en la aprobación del texto original.
Artículo 11
Ha accedido al retiro de la observación que tiene por objeto sustituir la coma (,) que figura a continuación del guarismo "8,5%" y eliminar el resto de la frase que la sigue, en el Nº 2 de este artículo.
Artículos nuevos
Ha rechazado la que tiene por finalidad consultar el artículo nuevo signado con la letra f), que se contiene en la página 26 del oficio de observaciones.
Artículo 1º transitorio
Ha rechazado la que tiene por objeto sustituir su texto, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Julio Mercado A.Eduardo Mena.
Texto de las observaciones del Ejecutivo.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al Proyecto de Ley que otorga Facultades Especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones:
Artículo 1º Nº 3: Para sustituirlo por el siguiente:
3º "El aumento de las pensiones de retiro y montepíos que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma: el 40% del aumento a contar del 1º de enero de 1970; un 30% más para completar el 70% del aumento a contar del 1º de enero de 1971 y el 30% restante para completar el 100% de dicho aumento a contar del 1° de diciembre del mismo año".
El inciso 1º del Nº 3 del artículo 1º del Proyecto aprobado, dispone que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones al personal activo, entrará en vigencia y será pagado en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad.
El Estado no está en condiciones de pagar el reajuste al sector pasivo en los términos aprobados. El costo del reajuste al sector pasivo sobrepasa los Eº 830 millones que no tienen financiamiento posible en un solo año.
El impacto de esta cifra en 1970 crearía una situación de extrema gravedad, con una repercusión inflacionaria de tal magnitud que desvirtuaría el esfuerzo realizado por el país para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Aparte de ello cabe considerar, que el aumento a los pensionados es de considerable proporción, ya que por el sistema mismo de pensiones de retirados y montepíos, los reajustes resultantes para estos sectores son mayores que los correspondientes al sector activo.
Por tal razón, el Supremo Gobierno estima que el aumento al personal en retiro y montepíos sólo puede ser pagado en etapas.
Artículo 29 inciso 29: Suprimirlo.
El inciso 2º del Artículo 2º establece que dentro del plazo de 60 días las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile deberán dar cumplimiento al Dictamen de 29 de agosto de 1969 de la Contrataría General de la República.
El referido Dictamen, por la vía de la interpretación, señaló que a juicio de la Contraloría General de la República la Bonificación Profesional a que se refiere el Artículo 39 de la Ley N9 16.466, debería, en virtud del Artículo 29 transitorio de la ley N9 16.840, ser calculada al personal en retiro en relación con el sueldo base y los quinquenios de que está enposesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
El Ejecutivo estima que esta interpretación no se aviene con el espíritu ni con la letra de la ley, por cuanto la bonificación profesional allí referida debe necesariamente calcularse sobre el sueldo base y el porcentaje de los quinquenios que les corresponde en virtud de la ley. Igual procedimiento, a su juicio, cabe aplicar en esta materia en el cálculo de la bonificación profesional a que se refiere el artículo 49 del D.F.L. Nº 8, de 1968. De no aceptarse este criterio existiría un mayor gasto de aproximadamente Eº 13.000.000.que no fueron financiados en esas leyes.
Por otra parte, el precepto que se veta es inconstitucional ya que constituye en el hecho un aumento de remuneraciones de cargo fiscal que no cuenta ni ha contado con el patrocinio del Presidente de la República.
Finalmente cabe señalar que el Ejecutivo al formular este veto ha podido hacerlo en forma sustitutiva del precepto, para reafirmar el verdadero alcance de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N9 16.466, 29 transitorio de la ley Nº 16.840 yArtículo 4º del D.F.L. Nº 3 de 1968. Sin embargo, ha preferido formular esta observación supresiva del precepto, a fin de que la situación sea dilucidada sin imponer un criterio determinado por la vía legal.
Artículo 8º Nº 9: Para sustituirlo por el siguiente:
"9.- Reemplázase el artículo 13, por el siguiente:
Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los impuestos establecidos en los artículos 1º y 4º, con excepción de los incisos 3º, letra g) y 4º del artículo 1º, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo."
Con la modificación propuesta se desea mejorar y adecuar este artículo a las modificaciones introducidas al Art. 1º de la Ley sobre Compraventas y Servicios. En efecto, el artículo 8º Nº 2 del proyecto en discusión sustituyó el inciso 49 de dicho artículo 1º reemplazándolo por la letra g) del inciso 3º que contempla las mismas disposiciones de ese inciso 49.
Como consecuencia de este cambio se alteró el orden de los incisos del artículo 1º de la Ley Nº 12.120 con lo cual quedó inconexa la referencia que hace el artículo 13 a las normas del artículo 1º y mediante la cual se obligaba a pagar el impuesto completo a las Cooperativas de Consumo por las transferencias de piscos, vinos y artículos suntuarios.
El nuevo artículo 13 no innova respecto de la disposición vigente sino que persigue conciliar las referencias, y presentar una redacción más clara.
Artículo 9º.- Para suprimir la frase final que se agrega al inciso 1º del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272.
Se propone suprimir la frase señalada por cuanto reduce la recaudación presupuestada de Eº 30.000.000 a Eº 10.000.000, con las implicaciones que es fácil prever para el cumplimiento adecuado del reajuste de remuneraciones a los sectores señalados en el presente proyecto de ley.
Además, vale hacer presente que el impuesto que grava las transferencias de bienes raíces se aplica sobre el precio de venta del predio que, por regla general, es superior al avalúo. De esta manera el beneficio que se ha querido conceder es imponderable y puede ser injusto en la medida que, en un momento dado, un bien avaluado en igual suma que otros, obtenga un mayor beneficio debido a un precio comercial más alto.
Por otra parte, la aplicación discriminada de un impuesto impersonal tendiente a desgravar las ventas según su valor de avalúo, no es un padrón de medida adecuado ya que no distingue entre las operaciones efectuadas por una persona en forma habitual y la circunstancia esporádica que ha concurrido en otra para efectuar dicha venta.
Además, ya rige en la legislación vigente, la exención o una rebaja del 50% del impuesto, en las transferencias de las viviendas afectas al D.F.L. Nº 2, según se efectúen éstas antes o después del año de acogida la propiedad a dicho D.F.L.
Artículo 11, Nº 2:
a) Sustituir la frase "su coma (,) final" por "la conjunción y".
b) Sustituir el guarismo "8,5%" por "6%".
c) Sustituir la coma (,) que va después del guarismo 8,5% por un punto (.) y eliminar toda la frase que va a continuación.
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la frase que se agrega, tal cual se propuso en el Mensaje, ,ya que de lo contrario se estaría suprimiendo la tasa que grava a los sueldos y salarios en general.
b) Rebajar la tasa del 8,5% al 6%, ya que la que inicialmente se propuso constituirá un aumento excesivo respecto de la tasa vigente.
c) Los funcionarios que están indicados en el artículo 9 de la Ley de la Renta ya tienen un tratamiento de excepción al considerarse como renta de los cargos que sirven en el extranjero, la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaran una función equivalente en el país.
Artículo 11 Nº 4:
a) Sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente":
b) Eliminar la frase "en el inciso anterior".
a) Tiene por objeto ubicar en su verdadero lugar la oración que se agrega al artículo 61 de la Ley de la Renta, ya que de lo contrario habría 2 incisos terceros en dicha ley.
b) Como consecuencia, se elimina la mención al inciso anterior ya que no se ha agregado como nuevo inciso.
Artículo 11.- Para agregar los siguientes números:
"5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo 30%, cambiando el punto (.) por una coma (,) :"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%."
"6.- Reemplazar el inciso primero del artículo 31 por el siguiente: "Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6%0 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor".
Los números 5 y 6 que se agregan al proyecto, tienen por objeto incluir como norma permanente dentro del articulado de la Ley de la Renta lo dispuesto por el artículo 2º transitorio que grava con una tasa adicional del 10% a los Bancos y Compañías de Seguros. Al mismo tiempo se rebaja esta tasa adicional al 5%, ya que como consecuencia del alza de la tasa a las Sociedades Anónimas será de 30% a 35%, ya se ha gravado dichas empresas en un 5%, porcentaje que sumado al que se contempla en este artículo da el 10% que se ha pensado gravar.
Al mismo tiempo que se alza la tasa de 1º categoría del 17% al 22% para los bancos extranjeros, se sube también el porcentaje sobre los depósitos para determinar la suma mayor que se adeudará como impuesto. De esta manera los bancos extranjeros quedarán pagando un impuesto a la renta, categoría y adicional, ascendente al 59,5% que se aplica sobre el total de sus rentas devengadas en el año.
Artículo 13.- Sustituirlo por el siguiente:
Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo de la ley Nº 16.528 por el siguiente:
La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitará el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán expresarse en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7º, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.
b) Derógase, a contar del 31 de diciembre de 1969, el artículo 11 de la ley Nº 16.528. En consecuencia, a partir de esa fecha las empresas o sus secciones o divisiones dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, podrán acogerse al sistema general de devolución establecido en la ley Nº 16.528.
No obstante lo anterior, las empresas de la pequeña minería y la Empresa Nacional de Minería continuarán exentas de pleno derecho de los tributos, mencionados en el artículo 1º de la ley Nº 16.528, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.
c) Derógase, a partir del 31 de diciembre de 1969, los artículos 16, 19, 20 y 22 del decreto Nº 1.270, del 27 de septiembre de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Se autoriza al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 120 días, proceda a dictar un nuevo reglamento de la ley N° 16.528.
En todo lo que sean compatibles con las disposiciones de la presente ley, mantendrán su vigencia los artículos 16 y 19 del decreto Nº 1.270, antes mencionado, hasta la fecha de publicación del Reglamento que dictará el Presidente de la República, de acuerdo con la facultad que se le confiere en el inciso anterior.
d) Elimínase en el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, la siguiente frase: "en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción, y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
e) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso 3º, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores.
"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala."
"Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
El actual Gobierno planteó desde sus comienzos la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país, para lo cual, entre otras medidas, estimó indispensable crear las condiciones y mecanismos necesarios para incrementar las disponibilidades de divisas con lo cual se podrá aumentar el equipamiento industrial.
Esta finalidad sólo puede obtenerse incrementando las exportaciones, salvo que se quisiera recurrir al endeudamiento externo, lo que este Gobierno no desea hacer.
Consecuente con esta política, se propuso una legislación para reemplazar las disposiciones contenidas en la ley Nº 12.861, y en el D.F.L. Nº 256, de 1960, que trataban sobre incentivos a las exportaciones.
Esta nueva legislación se contiene en la ley Nº 16.528.
La aplicación de la Ley de Fomento de las Exportaciones ha tenido como consecuencia un cambio notable en la composición de las exportaciones al permitir la incorporación de nuevos productos en el intercambio y al facilitar la concurrencia de productos chilenos no tradicionales a los mercados internacionales en los que, debido al dumping que se ejerce por parte de otros países competidores, les habría sido imposible su colocación.
A través del cuadro que sigue puede verse los incrementos que han experimentado las exportaciones.
Embarques enero-septiembre.
Años 1966 y 1969.
1966 1969
(Miles US$) (Miles US$)
Total de exportaciones .... 572.055,5 755.705,2
Total exportado.
(No se incluye materia prima y sus manufacturas)158.294,8 169.698,0
Total productos agropecuarios
y del mar30.324,2 34.869,0
Total exportaciones productos industriales.
1) (No se incluye manuf. de cobre) 48.147,6 54.847,1 Total exportaciones productos
industriales.
2) (No se incluyen harina y aceite de pescado y manufacturas de cobre)25.880,8 38.603,4
49,1%
A pesar de que en el cuadro estadístico que se ha transcrito aparece un claro aumento en las exportaciones, no se desprende de él, sin embargo, el impacto interno que ha generado la aplicación de está ley.
En efecto, debe señalarse que, además del aumento de las exportaciones, la nueva política ha traído como consecuencia nuevas inversiones en industrias diseñadas para la exportación, o ampliación de las existentes; consolidación de mercados para Chile de productos de carácter fundamental, tales como papel de diario, celulosa y cartulina, consolidación que, a su vez, ha permitido a la Corporación de Fomento de la Producción diseñar un programa de nuevas inversiones en estas áreas como son las nuevas plantas de celulosa de Arauco y de Constitución; consolidación de la industria pesquera de la Zona Norte; impulso efectivo al sector privado en los planes de reforestación de bosques y de plantaciones frutales; desarrollo acelerado de industrias de la metalurgia, tales como las de cables de acero, con los cuales se está abasteciendo a la industria minera peruana; medidores de agua, máquinas lavadoras, bocinas y descansos; exportación de máquinas de escribir, de centrales telefónicas, etc.
Lo anterior demuestra lo que internamente el país ha ganado y puede ganar en el futuro si se mantiene una política justa y permanente de estímulo a las exportaciones, evitando el desaliento que medidas cambiantes e inestables pueden producir en los inversionistas, sean éstos públicos o privados.
Por otra parte, parece útil destacar el impacto fiscal que representa cada nuevo dólar ingresado al país. En efecto sólo por concepto de gravámenes aduaneros, un dólar utilizado en importaciones significa, en promedio, alrededor de 40 centavos de dólar.
Debe tenerse presente, además, que la inmensa mayoría de los países, tanto los industrializados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo fomentan y estimulan sus exportaciones a través de diversos mecanismos como una manera de mantener en pleno funcionamiento sus economías internas. En este aspecto cabe mencionar el ejemplo de Francia, quien subsidia a la cebada malteada hasta en un 55% cuando se exporta a países que no forman parte de la Comunidad Económica Europea.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene para el país el incremento de las exportaciones frente a los compromisos internacionales contraídos tanto en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) cuanto en el Mercado Subregional Andino.
La industria nacional debe desarrollarse en forma urgente para enfrentar la competencia de las industrias establecidas en los países a que se refieren dichos Convenios.
Por las razones anteriores, se propone sustituir el artículo 13 del proyecto aprobado, por las disposiciones que se señalan y cuyo fundamento es el siguiente:
a) Se establece que los certificados de devolución que emita el Banco Central de Chile sólo se entregarán a los exportadores una vez que éstos hayan retornado y liquidado las divisas correspondientes, eliminándose la disposición que permite la entrega de ellos al momento del embarque de las mercaderías. Con esta norma se trata de incentivar los retornos de las exportaciones, con el objeto de que el país pueda disfrutar de los cambios que necesita para cubrir sus importaciones.
b) Se elimina la liberación de pleno derecho que se contiene en el artículo 11 de la ley Nº 16.528 para las empresas que se dediquen exclusivamente a la producción de artículos para la exportación, sujetando a tales empresas al sistema general establecido en dicha ley. De esta manera se simplificará el régimen de la ley y se permitirá al Presidente de la República regular el draw back para tales actividades en términos tales que ello constituya un incentivo razonable para el fomento de nuestra producción.
En todo caso se mantiene la exención de pleno derecho con respecto a la Empresa Nacional de Minería y a la pequeña minería, con el objetode que dichos productores puedan adquirir, exentos de impuestos, los elementos que requieran para el laboreo de sus minas.
c) Como consecuencia de la derogación del artículo 11, se derogan las disposiciones correspondientes del Reglamento de la ley.
d) Se modifica también el inciso final del artículo 33 de la ley N9 16.528, con el objeto de someter las exportaciones de aceite y harina de pescado que se efectúen a través de los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral al régimen general establecido en dicha ley.
e) El artículo 22 de la ley Nº 16.724 estableció el beneficio del draw back aplicable a los navieros con respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
En general, el draw back establecido por la ley Nº 16.528 tiene una duración de tres años, plazo durante el cual no es posible eliminarlo o Rebajar sus porcentajes.
Sin embargo, la ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, y posteriormente la ley Nº 17.073, del 31 de diciembre de 1968, permite al Presidente de la República disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos.
Con el objeto de colocar al draw back a que tienen derecho los navieros en la misma situación que la generalidad de los exportadores, se propone reemplazar el inciso final del artículo 22 de la ley Nº 16.724 por el que se indica.
Artículo 14.- Para agregar al final en el segundo inciso, después de las expresiones "la ley Nº 16.617.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase "a contar de la vigencia de la presente ley".
Esta modificación tiene por objeto precisar la aplicación del inciso segundo del artículo referido.
Artículos transitorios.
Artículo 1º.- Sustituirlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones, con excepción de los afectos a la Ley N9 15.076, en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de hasta Eº 900 a cada uno, que se financiará con los excedentes presupuestarios producidos en el presente año en el ítem sueldos del Servicio de Prisiones, por las vacantes que no se llenaron en el mismo año".
Aun cuando los excedentes que se producen en los ítem de remuneraciones, constituyen un financiamiento para los múltiples gastos fiscales, el Gobierno ha estimado de justicia hacer una excepción por esta sola vez, con el personal del Servicio de Prisiones, justificada por el mayor esfuerzo que ha debido desarrollar el personal en actual servicio para compensar las vacantes de personal.
Se ha colocado la cifra tope de Eº 900 ya que ella dependerá de los excedentes presupuestarios a que se refiere el mismo artículo.
El Ejecutivo estima que la disposición sustitutiva que propone es indispensable para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley, ya que si se mantiene la cifra rígida de Eº 900, que puede no calzar con el financiamiento imperativo propuesto, lo dispuesto en el artículo quedará sin aplicación,
Artículo 2º transitorio.- Para suprimirlo.
Se propone el mismo artículo como disposición permanente de la ley. Artículo 3º transitorio.- Para suprimir el inciso segundo.
Se propone suprimir este inciso por cuanto merma considerablemente el financiamiento necesario para reajustar las remuneraciones señaladas. En efecto, de Eº 47.500.000 que se espera rendirá el recargo de 10% se perderían con la excepción incluida por el H. Congreso Nacional la suma de Eº 23.000.000.
Por otra parte la discriminación relativa a los predios según su avalúo creará graves dificultades administrativas, toda vez que deberá hacerse previamente un empadronamiento del conjunto de los bienes raíces que posea una persona a lo largo del territorio nacional para aplicar la eximición propuesta, bastando un pequeño exceso sobre los 15 SVA. para gravar íntegramente el predio.
El Ejecutivo está consciente de Ta intención que ha tenido el Honorable Congreso Nacional para marginar los bienes raíces de avalúo inferior a 15 SVA.; pero no justifica este desgravamen dado que el recargo propuesto es sobre la contribución girada, con lo cual implícitamente se mantienen todas las franquicias y exenciones que favorecen a diversos predios.
Por último, es del caso recordar que por el presente año 1969 se aprobó un recargo similar a los bienes raíces según lo dispuso el artículo 9º de la Ley 17.073, y no se divisa una razón valedera para restringir el ámbito del que se propone para el año 1970 habida consideración, además, que se marginan los bienes raíces agrícolas de ciertas zonas del país afectados por la sequía y que suman en total 18.875 predios favorecidos.
Para agregar el siguiente artículo transitorio:
Artículo A.- "La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, que se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1º de enero de 1970 y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal de servicio activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. Nº 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de Eº 30.000.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970".
Esta disposición tiene por objeto permitir que la primera diferencia correspondiente al reajuste que se otorga por la presente ley, pueda ser descontada en 6 cuotas mensuales, en vez de una sola como lo dispone la legislación vigente. Además se allegan fondos para cubrir reajustes pendientes de los años 1967 y 1968 de cargo del fondos revalorizador de pensiones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo B.- "A contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la Ley Nº 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2º de la misma ley y sus modificaciones posteriores".
Por la ley 12.428 de 1957, se restableció el beneficio de quinquenios para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El artículo 2º de dicha ley creó también este beneficio para los retirados y montepiados, pero en porcentaje menor que el asignado al servicio activo. Esta reducción del porcentaje afecta al personal retirado antes de la dictación de la ley.
Por la supresión que se propone, se obtiene la igualdad de beneficios cualquiera que sea la época del retiro.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo C.- Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el, artículo 124 del D.F.L. Nº 1 de 1968 y artículo 59 del D.F.L. Nº 2 de 1968 de los Ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
En la actualidad, el artículo 124 del D.F.L. Nº 1 y 59 del D.F.L. Nº 2, ambos de 1968, establecen que el producido de los descuentos por concepto de ocupación de casas fiscales, se destinará a la ampliación, conservación y reparación de esas propiedades o a la adquisición o construcción de otras nuevas.El Ejecutivo estima de toda conveniencia contar con una facultad más amplia, para la destinación de estos recursos, ya que quedará un excedente para cumplir las demás finalidades de esta ley, después de destinar todas las sumas necesarias para el objetivo ya indicado.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo D.- Interpretando el artículo 75 de la ley Nº 17.105 declárase que las exenciones que se establecen en dicha disposición también alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y a los alcoholes importados destinados al mismo objeto sólo cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que puedan enajenarlos o transferirlos a ningún título a terceros, con excepción a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros. Asimismo, declárase que los alcoholes exentos de impuestos han quedado y quedarán sometidos a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre control y fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
Esta disposición interpretativa tiende a resolver las siguientes situaciones:
1º.- Dejar claramente establecido que las adquisiciones de alcoholes que hacen las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están exentas de impuestos.
2º.- Fomentar el desarrollo de las industrias que emplean los alcoholes como materia prima, los cuales sufren posteriormente una transformación química.
3º.- Evitar la formación de monopolios en la internación de alcoholes, aclarándose que sólo podrían importar alcoholes exentos de impuesto los industriales que los destinen exclusivamente para el uso de sus industrias.
4º.- Aclarar que la exención tributaria no excluye del control y fiscalización que deben efectuar los inspectores de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola: y Ganadero.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo E.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 152 de la ley Nº 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabra "Chile" y "Banco!' y reemplázase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos" y "mencionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto de" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "será" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
La modificación que so introduce al artículo 235 de la ley N9 16.617, tiene por objeto, en primer lugar, incluir dentro de los créditos que grava a los que otorgue la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola, ya que ambas instituciones conceden créditos no reajustables.
Además, se elimina de la exención a los créditos de preembarque, los cuales en el futuro podrán quedar liberados del tributo o pagar uno inferior en la medida en que el Comité Ejecutivo del Banco Central con aprobación del Ministerio de Hacienda establezca líneas crediticias especiales para este objeto.
Por último, la modificación que se introduce al precepto en análisis tiene por objeto precisar la tasa tributaria en relación con la variación del índice de precios al consumidor en Santiago.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo F.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley que se indica:
1°) Agregar en el Nº 1 del artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta los siguientes incisos:
Sin embargo no serán deducibles los intereses que se paguen o abonen en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en el país.
No obstante lo anterior podrán deducirse los intereses provenientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al país con cobertura diferida y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central.
2º) Reemplázase el inciso 1º del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta por el siguiente:
"1) Intereses. Sin embargo, estarán exentos de este impuesto los intereses a favor de instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras, por créditos otorgados directamente por ellas".
3º) Agrégase en el inciso 2º del Nº 1 del artículo 61 de la Ley de impuesto a la Renta, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "y los intereses que los bancos nacionales paguen al exterior provenientes de líneas de crédito y hasta por los márgenes aprobados por el Comité Ejecutivo del Banco Central".
Mediante la modificación que se propone se pretende corregir el vacío legal que permite eludir los impuestos mediante el subterfugio de recibir préstamos de los bancos ubicados en el exterior, cuyos intereses están exentos de impuestos en la legislación vigente, y que en el fondo son dineros facilitados por las empresas a particulares que a su vez son socios de la empresa ubicada en Chile.
Se mantiene la exención en el impuesto adicional para los intereses pagados a favor de las instituciones bancarias internacionales o de instituciones públicas financieras extranjeras por considerarse una fuente de fácil control tributario y que no se prestan para las operaciones descritas.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo G.- Reemplázase en el artículo 10 de la Ley Nº 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la Ley Nº 16.466, de 29 de abril de 1966 y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes: en la letra a) "29%" por "31%", en la letra b) "12%" por " 1%)', ", en la letra d) "11%" por "13%" y en la letra e) "20%" por 22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios.
En virtud de esta disposición se está aumentando las tasas de Combustibles y lubricantes en los porcentajes que se señalan, y que signican un mayor ingreso destinado a financiar los reajustes dispuestos por esta ley por una suma aproximada de Eº 60.02 millones.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo H.- Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el Departamento de Arica, de conformidad, con la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85 % de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el Departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley Nº 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley. No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinadas que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2º de la ley Nº 14.824, continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el Departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º y 3º de la ley Nº 14.824 del 13 de enero de 1962.
A fin de que el Estado pueda contar con recursos necesarios en moneda nacional destinados a financiar parte de los reajustes de remuneraciones del año 1970, incluido el que se ha acordado a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, en este proyecto de ley, es necesario, entre otras medidas, liberalizar en forma controlada algunas importaciones. Se trata de incluir en la lista de mercaderías permitidas una serie de elementos necesarios para el más apropiado desarrollo del país.
Esta medida permitiría liquidar dólares por una cantidad cercana a los US$ 30.000.000 lo que significaría disponer de recursos por aproximadamente Eº 350 millones.
Para concretar esta medida es indispensable modificar la Ley Nº 14.824 en la forma propuesta en este veto, ya que toda nueva mercadea ría que se declare de importación permitida y que ingrese en el Departamento de Arica está afecta sólo a un impuesto de un 25% sobre su valor aduanero, lo que constituye una discriminación en relación al restó del país de tal magnitud que impediría de hecho su aplicación por la dificultad de control del ingreso de dicha mercadería al resto del territorio.
La necesidad de utilizar esta fuente de financiamiento movió al Ejecutivo a remitir esta misma iniciativa a la consideración del Congreso en el veto al proyecto de ley sobre franquicias a profesionales y técnicos que regresen al país, remitido mediante oficio N9 1.022 el 2 de septiembre de 1969. Sin embargo, mediante oficio N9 1.055, de 12 de octubre de 1969, el Gobierno retiró del referido veto esta iniciativa ya que, respecto de ella, representantes de diversas actividades de Arica, pidieron un nuevo estudio y la adopción de otras medidas de interés para la zona.
A tal efecto, el señor Ministro de Hacienda hizo una visita al Departamento y trató con la Junta de Adelanto y el Comité de Defensa todos los problemas pendientes en la zona. Como consecuencia de ello se constituyó una comisión tripartita, integrada por representantes de la señalada Junta y Comité y del Gobierno, quienes han dado su aprobación a las medidas a que se refieren los artículos nuevos que, junto con éste, se proponen a continuación en este veto, y que representan el acuerdo logrado. Estas medidas incluyen, aparte del nuevo tratamiento arancelario a las mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida y que se importen en el Departamento de Arica, los siguientes punto: 1º) la limitación de la exención del impuesto de compraventa por las compras que se efectúen fuera de la zona, sólo a los productos nacionales; 29) la exención en beneficio de las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica, del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos; 39) el restablecimiento de la norma en virtud de la cual sólo se encuentran exentas del impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales del Departamento de Arica; 4º) la radicación en Arica de los impuestos: establecidos en la Ley Nº 12.120 que afecten a operaciones relativas a bienes producidos, elaborados o transformados en dicho Departamento, y ¡59) la autorización para que la Junta de Adelanto de Arica pueda formar todo tipo de Sociedades con la Empresa Nacional de Minería.
Sin perjuicio de la fundamentación anterior que explica global mente el acuerdo logrado con los representantes del Departamento, se aclara, más adelante, en forma específica, el alcance de cada uno de los nuevos artículos propuestos.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo I.- Introdúcense al artículo 18 de la ley Nº 16.528, modificado por las leyes 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso 2º por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el Departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1º de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes."
2) Reemplázase el inciso 4º por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el Departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley N9 13.039."
Al reemplazarse el inciso 2º se establece que la exención de compraventa por las compras efectuadas en el resto del país se aplicara solo a los productos nacionales,. siguiendo a este respecto el mismo criterio adoptado en el artículo 18 Nº 7 de la ley Nº 12.120 que favorece a los industriales y comerciantes establecidos en las restantes zonas liberadas de derechos, ya que dicha exención no se justifica para los artículos) importados. Se excluye, sin embargo, de esta exención a las bebidas analcohólicas, a fin de proteger a las industrias de este ramo establecidas en la zona.
El reemplazo del inciso 4º tiene por objeto permitir que los consumidores de Arica puedan adquirir los automóviles y televisores producidos en la zona a un menor precio, lo que fortalece la venta de estos productos nacionales y, en el caso de los televisores, permite adecuar la situación producida por la restricción de importación de los mismos recientemente establecida.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo J.- Restablécese la vigencia del inciso 3º del artículo 18 de la ley 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley Nº 17.073, a contar desde el 1º de septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el Departamento de Arica con anterioridad a la vigencia de esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1º de la ley N9 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto del país.
La derogación del actual inciso 49 del artículo 18 de la ley N9 16.528, que es reemplazado por el texto a, que se refiere la disposición anterior propuesta en este veto, y el restablecimiento del inciso 39 del mismo artículo 18 que se propone mediante este nuevo artículo, tienen por objeto restablecer la situación existente en materia de ventas efectuadas entre sí por los comerciantes e industriales del Departamento de Arica a la que existía con anterioridad a la Ley N9 17.170, en que sólo se encontraban exentas de impuesto de compraventa las transferencias realizadas entre sí por los industriales de dicho departamento, ya que la ampliación de la franquicia a todas las compras efectuadas por los comerciantes, industriales y cooperativas de Arica, dispuesta por la ley Nº 17.170 ha ocasionado problemas de financiamiento a la Junta de Adelanto de Arica.
El segundo inciso contenido en este artículo tiene por objeto hacer desaparecer el beneficio que pudieron haber obtenido los comerciantes del resto del país que se hubieren establecido en el departamento de Arica, durante la vigencia del artículo 1º de la ley Nº 17.170, con el solo objeto de comprar, liberadas de impuesto, grandes partidas de mercaderías para ingresarlas posteriormente al resto del país.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo K.- Los impuestos establecidos en la ley Nº 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones gravadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho Departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5º de la ley 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Esta disposición tiene por objeto mantener el monto de financiamiento previsto, por este concepto, para la Junta de Adelanto de Arica.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo L.- Agrégase como inciso final del artículo 2? de la ley Nº 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
Esta disposición tiene por objeto, facilitar las labores de desarrollo en la minería que realiza la Junta de Adelanto de Arica.
Por lo tanto y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno desaprueba el Proyecto de Ley mencionado en la forma aprobada y lo devuelve a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Sergio Ossa Pretot.Andrés Zaldívar L.
OFICIO COMPLEMENTARIO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.
Complementando el Oficio Nº 1.423 de 1º de diciembre de 1969 mediante el cual se formulan las observaciones al proyecto de Ley que otorga facultades especiales al Ejecutivo para modificar el régimen de remuneraciones del Personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, vengo en formular la siguiente observación adicional:
Para eliminar en el artículo 11 Nº 2 del veto que se propone, la letra c) que tenía por objeto dejar afectos, a la nueva tasa del 6% que gravará a todos los contribuyentes que perciban remuneraciones en moneda extranjera, a los funcionarios indicados en el artículo 9º de la Ley de la Renta.
Con mejor estudio se ha concluido que los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, no deben quedar afectos a una mayor tasa de impuesto de Segunda Categoría de la Ley de la Renta, en atención a que su función en el exterior es necesaria para el país y se les pagan sus sueldos en moneda extranjera por ser el instrumento de cambio que obligadamente deben usar en el país que sean designados, además que sus gastos corresponden al standard de vida del lugar en que desarrollen sus actividades.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Moñtalva.- Adrés Zaldívar L.
Senado. Fecha 16 de diciembre, 1969. Informe Comisión Legislativa en Sesión 26. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
2.- INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEFENSA NACIONAL, UNIDAS, RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS DE CHILE Y SERVICIO DE INVESTIGACIONES.
"Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional, unidas, tienen el honor de informaros las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
Al a sesión en que se consideró esta materia asistieron, además de los miembros de las Comisiones Unidas, los Honorables Senadores señores Altamirano, Irureta, Montes, Noemi, OLGUIN, Tarud y Valente; los señores Ministros de Hacienda, don Andrés ZALDIVAR, y de Minería, don Alejandro Hales; los señores Subsecretarios de Hacienda don José Florencio Guzmán, y de Marina, don Sergio Aguirre; el Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, don Fernando Castro, y los funcionarios del Banco Central de Chile señores Héctor Bórquez y Rubén Dávila.
Vuestras Comisiones Unidas escucharon, asimismo, la exposición que respecto de las modificaciones del sistema del beneficios a las exportaciones hizo el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, señor Francisco Cuevas Mackenna.
Costo y financiamiento de los aumentos de remuneraciones.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que los reajustes y aumentos de remuneraciones del sector público constituyen un gasto para el año 1970 de Eº 3.540 millones, sin considerar los Eº 484 millones que corresponden al pago del 60% del reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, beneficio y cantidad que no está contenida en los proyectos del Gobierno.
Agregó que el mencionado gasto se financia con Eº 1.650 millones reservados para ¡tal fin en el proyecto de ley de presupuestos presentado en el mes de agosto; con Eº 50 millones que rinde el precepto relativo al régimen arancelario de las coberturas diferidas contenido en la ley de reajuste de los sectores público y privado; con el aumento de la cantidad primeramente indicada por diversos ajustes presupuestarios que se encuentran en estudio y que se propondrán al Congreso en el Oficio Final del proyecto de presupuestos, y con los recursos tributarios que destina el proyecto de ley en debate.
Respecto a los ajustes presupuestarios expresó que no podía indicar en este momento cuales serían, precisamente por estar en estudio, y que el Congreso Nacional los conocerá cuando se envíen a la Comisión Mixta de Presupuestos. A vía de ejemplo, señaló el aumento de 48 a 52 centavos en el cálculo del precio de la libra de cobre.
En seguida, dijo que los diversos aumentos tienen un posible desfinanciamiento global del orden de los Eº 130 millones.
Refiriéndose al costo del proyecto en informe expresó que el total de éste es de Eº 1.703 millones. Eº 887 millones para los activos, Eº 761 millones para los pasivos y Eº 55 millones para Investigaciones. En consecuencia, el gasto del proyecto en la forma presentada por el Ejecutivo es de Eº 1.219 millones.
Los recursos que el proyecto destina a financiar el reajuste de las Fuerzas Armadas y Carabineros son del orden de Eº 358,1 millones como lo demuestra el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO DE LOS TRIBUTOS.
El Honorable Senador señor Altamirano sostuvo que el proyecto contenía, además, otras dos fuentes de recursos: (a) la modificación del "draw-back", y (b) el aumento de las internaciones permitidas por Arica.
El señor Ministro de Hacienda expresó que las enmiendas que se proponían a la ley de fomento de las exportaciones producían un ahorro temporal para el próximo año, en relación a lo presupuestado para el mismo, de Eº 50 millones, porque sólo se trasladaba la fecha del pago de la devolución desde el momento del embarque al del retorno.
El señor Subsecretario de Hacienda, refiriéndose al aumento de las mercaderías de importación permitida, dijo que él produciría mayores disponibilidades de recursos en escudos hasta por Eº 350 millones, debido a que posibilitaba liquidar US$ 30 millones, pero que ello no significaba un aumento de los ingresos fiscales en el año 1970 en la mencionada cantidad.
En efecto, agregar nuevos artículos a la lista de importación permitida es un proceso largo, por todas las implicancias económicas que significa decidir sobre qué productos deben incorporarse a ella. Asimismo, una vez cumplida la etapa mencionada no es seguro la utilización íntegra por los importadores de los mencionados recursos. En seguida, hizo presente que la realización de importaciones por U,S $ 30 millones tampoco implica un ingreso adicional para el Fisco del mismo monto.
Concluyó que, por tanto, la liberación de las importaciones es necesaria para poder contar con recursos líquidos, pero que ella no significa un ingreso para financiar el proyecto.
Artículo 1° (aumento de las pensiones).
El Ejecutivo propone el reemplazo del Nº 3º del artículo 1º.
La disposición aprobada por el Congreso estatuye que los aumentos de las pensiones que se originen por la elevación de las remuneraciones del personal en servicio activo, entrarán en vigencia y serán pagados en su integridad conjuntamente con los del personal en actividad. Asimismo, establece que este reajuste deberá otorgarse automáticamente y sin solicitud de los interesados.
La norma sustitutiva, en cambio, dispone que el reajuste de las pensiones se pagará en tres etapas anuales, correspondiendo un 40% a la primera, y un 30% a cada una de las dos siguientes.
La Honorable Cámara de Diputados la rechazó, pero no insistió en la aprobación del texto primitivo.
El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que el acuerdo de la Honorable Cámara es inconstitucional porque significa un mayor gasto de Eº 484 millones que no está financiado.
Además, hizo presente que el pago conjunto de ambos reajustes significa un mayor porcentaje de aumento para el sector pasivo. En efecto, las remuneraciones del sector activo se elevan entre un 68% y un 106%, con un promedio de 88 %; en cambio, las del sector pasivo aumentarían entre un 78% y un 142%, con un promedio de 107%.
Esta situación distorsionada es causada por el aumento de los sueldos base.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que votaría favorablemente la observación porque su rechazo significa infringir la Constitución Política del Estado al ordenarse un gasto que no está financiado ni propuesto por el Ejecutivo.
Agregó, en seguida, que el rechazo de la observación significa favorecer en mayor proporción al personal, en retiro.
Luego, dijo que la proposición del Ejecutivo no perjudicaba al sector pasivo, porque éste tiene en todo caso asegurado un aumento de sus pensiones superior al que percibirán los demás funcionarios públicos. Al respecto hizo presente, también, que otras disposiciones de las observaciones mejoran la situación del personal en retiro y que la norma de la observación reconoce los actuales derechos de los mencionados ex servidores.
Añadió que el Congreso Nacional al intentar obligar al Ejecutivo a pagar de una sola vez el reajuste de los pensionados, está imponiendo al Gobierno una disminución de muchos de sus programas, especialmente los de desarrollo social.
Hizo presente, además, que la mantención del acuerdo del Congreso Nacional deteriora las destinaciones de los fondos del cobre para planes específicos, hecho que perjudica gravemente la situación de las diversas provincias que se financian con dichos recursos.
El Honorable Senador señor Chadwick hizo presente su inquietud por las reiteradas protestas de inconstitucionalidad que hace el Gobierno respecto del rechazo de la observación en debate.
A su juicio, no existen problemas de financiamiento, como lo demuestran los antecedentes expuestos en la primera parte de este informe.
En relación a los porcentajes de aumento de las pensiones, dijo que se trataba de un problema genera] de la previsión en Chile, cuya anarquía, es reconocida, pero que mientras no se resuelva modificar el mencionado sistema con un criterio lógico y válido para todos los sectores de pensionados, la conducta de los partidos populares debería estar fundamentada en la defensa de los derechos adquiridos de los diversos grupos de trabajadores.
El Honorable Senador señor GARCIA rechazó, también, el argumento de la inconstitucionalidad, debido a que el pago por etapas fue introducido al proyecto en su primer trámite constitucional, y por tanto no puede sostenerse que se infringe la Carta Fundamental por el hecho de que la Cámara revisora elimine un precepto agregado a un proyecto por la Cámara de origen, más si se tiene en consideración que la mencionada norma no estaba contenida en el Mensaje.
Luego, expresó que si bien es cierto que él siempre se ha opuesto a crear nuevos privilegios en materia previsional, no es menos cierto que no es posible suprimir o modificar los beneficios actualmente existentes.
Por lo expuesto, sostuvo que el rechazo de la observación no significa rá un aumento de rentas, sino una nivelación de las actuales remuneraciones de los retirados con las que antes tenían.
Seguidamente, hizo presente que los aumentos del índice de precios al consumidor no reflejan la verdadera elevación del costo de vida que sufren aquellas personas que no tienen sueldos o salarios mínimos.
A continuación, manifestó que las facultades que se le conceden al Ejecutivo respecto de los jubilados, no tendrán otra limitación en relación al reajuste de pensiones que la conservación de los actuales porcentajes entre las rentas imponibles y las que no tienen tal carácter.
Por último, sostuvo que la mayor parte de los sistemas de aumentos de los impuestos están referidos al valor real de los bienes sobre los cuales se aplican, y como la mayoría de tales bienes ha tenido un aumento de aproximadamente un 35%, el Ejecutivo dispondrá de mayores recursos por este concepto, fondos que le permitirán afrontar los gastos de reajustes sin paralizar otras inversiones del Estado.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que los acuerdos de la Cámara de Diputados recaídos en este punto son constitucionales. Prueba de ello es que el único argumento de cierto peso que ha dado el Gobierno para sostener su tesis: la falta de financiamiento, está en contradicción con los antecedentes proporcionados por el Ejecutivo mismo.
En seguida, hizo presente que en todo caso el eventual desfinanciamiento se produciría por culpa del Ejecutivo, ya que éste tiene amplia libertad para dictar los decretos con fuerza de ley respectivos, con aumentos que fueran significativos para todos, y con las limitaciones que dan los recursos que se destinan para tal objeto.
Agregó, además, que el propio Ejecutivo ha expresado al Senado que si los recursos que financian el proyecto no son suficientes para cumplirlo, el déficit sería pagado por nuevos ingresos que se establezcan en la Ley de Presupuestos y en la ley general de reajustes.
Por último, dijo que le parecía- absurdo sostener que es inconstitucional el hecho de no dictar una norma.
El Honorable Senador señor Aguirre concordó con las expresiones del Honorable Senador señor Miranda y añadió que una ley que facultaba al Presidente de la República para conceder un aumento de remuneraciones y destinaba recursos para ello no podía ser inconstitucional, ya que la facultad está limitada por los recursos y que si el Gobierno, en uso de las mismas, dictaba un decreto con fuerza de ley rebasándolos, lo inconstitucional era el D.F.L, respectivo y no la ley que le dio origen.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que el rechazo de la observación significa aprobar una política general contraria a la capitalización por parte del Estado, ya que los recursos fiscales tienen límites y si se destinan al pago de gastos de administración disminuye obviamente la inversión estatal, o se abre paso a una inflación incontrolable, que deja en nada los aumentos de remuneraciones y congela las posibilidades de desarrollo real de la economía chilena.
Agregó que le parecía absurdo sostener que los reajustes de remuneraciones podrían pagarse íntegramente por el aumento de los ingresos fiscales motivados por el alza de los precios y rentas, debido a que los gastos aumentan en términos reales de año en año. Así, por ejemplo, el número de matrículas se eleva de año en año, no porque en el período inmediatamente anterior no se cubran todas las necesidades, sino por el aumento de la población infantil.
Por lo demás, igual situación se produce respecto de todos los gastos estatales por el sólo aumento de la población.
También produce desfinanciamiento, agregó, el aumento anual de un 10% del número de jubilados; el vencimiento en el año 1970 de diversas cuotas del servicio de la deuda externa producida con motivo de los sismos de 1960, etc.
De lo anterior, concluyó, se desprende que es una ficción sostener que el aumento automático del rendimiento tributario se traduzca en un financiamiento completo de los compromisos que debe adquirir el Estado en el período siguiente.
Puesta en votación esta observación, las Comisiones Unidas, por 5 votos contra 4, acordaron recomendar que la rechacéis, pero que no insistáis en la aprobación del Nº 3º del artículo 1°. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, GARCIA, Miranda y Ochagavía, y por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Gormaz y Palma.
Artículo 2º
(Cumplimiento del dictamen de la Contraloría General de la República sobre cálculo de la bonificación profesional del personal en retiro de las Fuerzas Armadas).
El Ejecutivo propone la supresión del inciso segundo del artículo 2º, que dispone que el Presidente de la República deberá ordenar a las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile que den cumplimiento al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma como debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas Instituciones.
La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
Vuestras Comisiones Unidas, tácitamente y sin debate, acordaron recomendaros que procedáis en igual forma, teniendo especialmente en consideración que cualquiera sea la resolución del Senado ésta no produce efectos jurídicos por el carácter de la observación y el acuerdo ya tomado por la Honorable Cámara.
Artículo 8º
(Modificación de concordancia).
El Ejecutivo propone la sustitución del Nº 9º de este artículo con el objeto de completar la disposición en él contenida, que deja vigente la actual situación de las cooperativas respecto del impuesto de las compraventas, que es afectada por las enmiendas que los demás números del precepto introducen a la ley de compraventas.
La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
Vuestras Comisiones Unidas, tácitamente y sin debate, acordaron recomendaros que adoptéis igual predicamento.
Artículo 9º
(Aumento del impuesto de timbres que grava las compraventas de bienes raíces).
La disposición aprobada por el Congreso Nacional eleva de un 4% a un 6% la tasa del mencionado impuesto, exceptuando de dicho aumento a los bienes raíces cuyo avalúo no exceda de quince sueldos vitales anuales, Escala A, del departamento respectivo.
El Ejecutivo propone la supresión de la excepción. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
Vuestras Comisiones Unidas, por 5 votos contra 3, acordaron recomendaros que la rechacéis e insistáis en la aprobación de la norma del Congreso Nacional. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguire, Chadwick, Gormaz, Jerez y Miranda, y por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmena y Palma.
Artículo 11 Nº2
(Impuesto a la renta de las remuneraciones en moneda extranjera).
El Ejecutivo propone dos enmiendas a este número. La primera de ellas es de mera forma y la segunda rebaja la tasa del impuesto de un 8,5% a un 6%.
La Honorable Cámara de Diputados las aprobó.
El señor Subsecretario de Hacienda expresó que el Gobierno estimaba justo aumentar la tasa de este impuesto de un 3,5% a un .6%, alza que se justifica por la mayor capacidad tributaria de quienes gozan de una renta automáticamente reajustable. Añadió que, sin embargo, le parecía excesivo elevar dicha tasa a un 8,5%, como lo aprobó el Congreso Nacional, razón por la cual se proponía la rebaja al 6% citado. Agregó que esta rebaja significaba una disminución de ingresos del proyecto de Eº 5.5, millones, dejándolo con un rendimiento, por este concepto, de Eº 6 millones.
Hizo presente, además, que dado el acuerdo de la Honorable Cámara, el rechazo de la observación significaría mantener la actual tasa del impuesto.
Vuestras Comisiones Unidas, tácitamente, aprobaron la primera observación, y con las abstenciones de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, la segunda.
Artículo 11, Nº 4
(Impuesto a las regalías).
El Ejecutivo formula dos observaciones de forma a este número, que consisten en cambiar la ubicación que la disposición que él agrega al artículo 61 de la Ley de la Renta tendrá dentro del mencionado precepto.
La Honorable Cámara de Diputados las aprobó.
Vuestras Comisiones Unidas, tácitamente y sin debate, acordaron recomendaros que actuéis en igual forma.
Artículo 11, Nºs. 5 y 6
(Impuesto a la renta de Bancos y Compañías de Seguros).
El Ejecutivo propone agregar dos números nuevos a este artículo. El Nº 5 aumenta de un 30% a un 40% el impuesto de primera categoría de los Bancos y Compañías de Seguros. La Honorable Cámara de Diputados lo aceptó.
El señor Subsecretario de Hacienda expresó que el proyecto aprobado por el Congreso contenía una norma transitoria, para el año 1970, que aumentaba la tasa del mencionado impuesto en un 10% y que el Ejecutivo proponía que dicho aumento fuera permanente.
Agregó, además, que tal como despachó el Congreso el proyecto, los Bancos y Compañías de Seguros pagarían un impuesto elevado en un 15%, debido a que también se aumentó en un 5% la tasa del tributo respecto de las sociedades anónimas. Señaló que este doble aumento le parecía excesivo y que seguramente estaba motivado por un error, ya que al elevar la tasa del impuesto a las sociedades anónimas no se tuvo en cuenta el efecto que producía en el tributo que pagan los Bancos y Compañías de Seguros. Por este motivo se propone que el aumento sea del 30% al 40%.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendaros que aprobéis este número.
El nuevo Nº 6 aumenta de un 17% a un 22% la tasa de primera categoría de los Bancos extranjeros, como también el porcentaje sobre los depósitos que determina el monto del impuesto.
Según la legislación vigente, el impuesto de primera categoría de estos Bancos se paga con uno u otro sistema de los antes indicados, según sea la cantidad mayor.
El señor Subsecretario de Hacienda expresó que este número tenía por finalidad aumentar en igual porcentaje el impuesto de primera categoría de los Bancos extranjeros y el de los Bancos nacionales.
Añadió que la elevación de la tasa en el porcentaje propuesto significa que los Bancos extranjeros quedarán pagando un impuesto a la renta, categoría y adicional, ascendente al 59,5%.
Artículo 13
(Modificación del sistema de fomento de las exportaciones).
El Ejecutivo propone la sustitución del artículo 13, que derogaba el artículo 4º de la ley Nº 16.528, por otra disposición que modifica diversos preceptos legales relativos a la misma materia, y que explicaremos separadamente cada una de sus letras.
La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno tiene totalmente terminados los estudios para reducir el "draw-back" en los mismos términos en que haya habido una ganancia real en los tipos de cambio, en relación al índice de precios al consumidor. Eso va a significar una reducción neta de gastos del orden de los Eº 30 millones. Hace presente que la facultad para hacerlo la posee el Ejecutivo en virtud de la ley N° 16.528, no obstante lo cual ésta se está completando en la letra e), en relación a los fletes, respecto de los cuales no existía esta facultad, puesto que el draw-back correspondiente fue establecido por una ley especial y no en la citada.
El Gobierno estima que la reducción de lo proyectado como gasto para 1970 va a ser de alrededor de Eº 80 millones.
Esta reducción sería el resultado de la letra a) (Eº 50 millones) y de la facultad que hoy existe, que se completa en la letra e) (Eº 30 millones).
La letra a) sustituye el artículo 8º de la ley Nº 16.528.
La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
Según la legislación vigente, los certificados de devolución que emite el Banco Central, es decir, el "draw-back", se efectúa al momento del embarque o en la fecha de retorno de las divisas correspondientes.
El señor Ministro de Hacienda dijo que el Gobierno estima conveniente eliminar el primer sistema y mantener sólo el segundo, porque si bien este último puede ocasionar algún problema de financiamiento a los exportadores, el pago al momento del embarque perjudica al Fisco porque la exportación respectiva puede no llegar a concretarse, por destrucción de la mercadería u otra causa. Si este hecho se produce, y como ya se han entregado los certificados de "draw-back", es necesario iniciar un largo procedimiento para lograr su restitución.
La observación, precisamente, tiende a evitar tal inconveniente.
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Miranda, Ochagavía y Palma, y las abstenciones de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, aprobaron esta disposición.
Luego se debatió la letra b), que deroga el sistema llamado "de exención de pleno derecho", manteniendo el de "draw-back", salvo para las empresas de la pequeña minería y para la Empresa Nacional de Minería.
Al discutirse este precepto, vuestras Comisiones escucharon, en primer lugar, una exposición del señor Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, quien manifestó la preocupación de la Institución que representa por la derogación de las mencionadas normas, que no fueron estudiadas por el Ministerio de Minería y que terminan con las exenciones de pleno derecho, que son el mínimo a que puede aspirar cualquier productor que tiene que competir en el mercado exterior con otros productores que no tienen los gravámenes que, por ese medio, se eximen. Agregó que la "Ley Faivovich", el D.F.L. Nº 256 y la ley de fomento a las exportaciones, establecen que el mínimo lo constituyen las exenciones de pleno derecho y, para quienes necesiten más, sé establece el "draw-back". Hay producciones, como la del fierro, en las cuales estas exenciones significan un 6% a un 8% del costo.
Añadió que la aprobación de estas normas significaría una disminución de ingresos fiscales, debido a que las empresas mineras deberían bajar su producción. Al respecto hizo presente que por cada dólar que se deja de producir, el Estado chileno deja de percibir el 55% de su valor en derechos de aduanas, ad valorem, transferencias, etc. Ello explica el por qué el Estado cobra el 37,5% por las divisas que se sacan del país y se dejan fuera.
Teniendo presente que en ningún caso la medida afectaría a las inversiones acogidas a normas que no pueden ser modificadas, obviamente el perjuicio está referido a actividades como la minería y su establecimiento significaría la paralización del manganeso, que produce a alto costo; de la construcción de plantas de "pellets", e incluso de la minería del oro, todo ello en función de tratar de allegar un recurso insignificante al erario.
Hizo presente, en seguida, que la utilidad de las empresas mineras de extracción de hierro, que el actual Gobierno ha tratado de reunir para impedir que vayan a la quiebra, no representa, en conjunto, más allá de un 2%, porcentaje al que se arriba compensando las pérdidas de unas con las mayores utilidades de otras. Si se grava a estas empresas en un 6% a un 8%, al eliminarse la exención de pleno derecho, se produce la paralización total.
Agregó que hay, además, otras situaciones o casos que es interesante hacer presente. Las industrias de cobre que se están estableciendo en la provincia de Antofagasta; las industrias de exportación en general, como las de celulosa y otras;, perderían definitivamente la confianza para invertir sumas cuantiosas, pues ni siquiera tendrían la exención de pleno derecho que, en realidad, no es otra cosa que no recargarles impuestos ni gravámenes de aduanas por los elementos que necesitan para producir, y que las deja en condiciones de llegar a competir con los productores foráneos que no tienen estos gravámenes. No se trata por tanto de una franquicia, sino, a lo menos, de dejar en igualdad de condiciones a los exportadores chilenos y a los extranjeros con que compiten.
La norma, a su juicio, afectará, básicamente, a los pequeños mineros, producirá en la zona norte del país una aguda cesantía, no implicará un aumento significativo de los ingresos fiscales, y descansa sólo en un precio del cobre que, en cualquier momento, puede descender en forma violenta, produciendo la paralización y el estancamiento de las labores mineras.
Por las razones anotadas, solicitó a las Comisiones Unidas que estudien la posibilidad de eliminar las letras b) y c) del artículo 13.
A continuación, el señor Ministro de Minería expresó que la observación contenida en la letra b) debía rechazarse, porque por error no se había exceptuado de la derogación del sistema de exención de plano derecho a la minería.
En efecto, lo que el Ministerio de Hacienda quiso hacer fue impedir que ciertas personas pudieran acumular dos beneficios: la exención de plano derecho y el "drawback", hecho que no puede producirse en la minería, y la norma propuesta fue motivada teniendo sólo en consideración al sector industrial.
Agregó que el sistema de "drawback" es incompatible con la naturaleza de la explotación minera, especialmente la del hierro, que requiere grandes inversiones para operaciones que se efectúan en períodos de tiempo más o menos prolongados, inversiones que no se realizarán si quedan sometidas a sistemas que deben ser revisados cada tres años.
Hizo presente, además, que la derogación del artículo 11 significaba el cierre casi total de la minería del hierro, porque dado su escaso margen de utilidad no podía financiar el pago de fuertes sumas de dinero aunque éstas le sean devueltas posteriormente. A vía de ejemplo citó el caso de "El Algarrobo", al que le significa un encarecimiento de US$ 0,20 por tonelada, teniendo en la actualidad un margen de utilidad de US$ 0,17 por la misma unidad.
Agregó que la medida afectaba a empresas tales como la Compañía Chañaral y Taltal, la Sociedad Minera Andrómeda, la Sociedad Manganesos de Atacama, la Sociedad Minera Santa Rita, la Compañía Minera Los Amigos, la Compañía Minera San Andrés, la Compañía Carolina de Michilla, la Compañía Minera San Carlos de Arica, la Compañía Minera Cerro Negro, etc.
En cuanto al hierro, afecta también a las Compañías San Andrés, Santa Bárbara y Santa Fe.
En relación a la Compañía Minera Santa Fe, recordó que por las medidas adoptadas hace dos años respecto de los contratos, a los mayores valores de retorno de las toneladas exportadas, a la modificación de los contenidos de mineral, a las especificaciones del mismo, a las exigencias de contratos con los consumidores finales, al saneamiento de algunos aportes que se habían hecho a través de la utilización de certificados del Banco Central, etc., el país había obtenido un beneficio extraordinario .
En efecto, con anterioridad a dichas medidas el valor de retorno era de US$ 5,94 por tonelada, valor que aumentó en US$ 1,32 por tonelada, hecho que significó al país un mayor retorno de US$ 19 millones.
Agregó que también se había conseguido rebajar en US$ 15 millones una deuda de la mencionada empresa con la Canadian Foreign Ore Company por US$ 45 millones, consolidándola en US$ 30 millones y fracción.
Hizo presente, además, que Santa Fe se encuentra en una difícil posición, por lo que el Gobierno ha estado preocupado de que no cierre sus labores, y que felizmente la Compañía Santa Bárbara la adquirirá.
Ante una afirmación del Honorable Senador señor Chadwick en el sentido de que la Canadian y la Santa Fe pertenecían a unas mismas personas, el señor Ministro de Minería manifestó que la beneficiada por la consolidación va a ser la Compañía Santa Bárbara y que en todo caso tal acto significa un ahorro en los dólares que salen del país.
En seguida., el señor Ministro expresó que la Compañía Santa Bárbara había tenido una utilidad de Eº 4 millones en el último ejercicio, y la Santa Fe una pérdida de Eº 17 millones.
Luego, manifestó que el Gobierno estaba impulsando la expansión de la producción de hierro en la provincia de Atacama y que ya se ha suscrito un convenio con inversionistas japoneses, a cuya aplicación queda sujeta a la consecución de ciertos créditos, para la instalación de una planta de "pellets", que permitirá una producción extraordinaria de más de 110 millones de toneladas en 20 años con una inversión de US$ 135 millones, que dará trabajo a miles de personas y que generará divisas para el país por más de US$ 70 millones al año.
Esta operación ha sido perjudicada por la observación en informe, porque las empresas extranjeras suspendieron de inmediato las negociaciones respecto a los créditos.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que, por un error del Ministerio, se incorporó a esta disposición una materia sobre la cual no se quiso legislar. Agregó que lo que realmente se desea eliminar es la exención de pleno derecho respecto de la industria, porque Impuestos Internos tiene dificultades para fiscalizar si se están o no utilizando dos vías de exenciones por una misma causa.
Por este motivo, el Ejecutivo está de acuerdo en el rechazo de la letra b), con el compromiso de proponer de inmediato en otro proyecto, por ejemplo el de reajuste, una disposición similar que no afecte a la minería del hierro.
El Honorable Senador señor Noemi expresó que la aprobación de la disposición en debate perjudica gravemente a la provincia de Atacama, única productora de hierro del país, porque puede significar la paralización de dicha actividad y debido a que impedirá la concreción de la negociación que se está llevando a efecto para la instalación de una planta de "pellets", planta que permitirá la contratación de por lo menos 2.500 trabajadores y la explotación de minerales de baja ley. Agregó que este daño es adicional al que sufriría el país al disminuir sus posibilidades de disponer de divisas.
El Honorable Senador señor GARCIA manifestó su oposición a la letra, porque estima que preceptos que alteran la situación jurídica y tributaria que ha impulsado a ciertas personas a realizar determinadas acciones u obras, constituyen una de las causas principales de la inquietud existente en el país. Agregó que no se puede jugar con las personas que confían en que se les mantendrá un sistema, porque ello es atentar contra la seriedad del país.
Tal tipo de hechos, dijo en seguida, desalientan al inversionista.
El Honorable Senador señor Miranda dijo que votaría en contra de la letra, porque mientras se mantenga el actual sistema socio-económico no es posible privar a las provincias que representa de los beneficios que les significará la instalación de las plantas de pellets, más aún si se tiene conciencia de que el Gobierno no podrá salvar de otro modo la actual situación de la región citada.
Vuestras Comisiones, por ocho votos contra dos, rechazaron esta letra. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Miranda, Ochagavía y Palma, y por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez.
En seguida, se debatió la letra c), que deroga algunas disposiciones del reglamento que regula la aplicación del sistema de exención de pleno derecho y que autoriza al Presidente de la República para dictar uno nuevo.
Los señores Ministros de Hacienda y Minería sostuvieron que debían rechazarse los incisos primero y tercero, en concordancia con el acuerdo anterior, pero que era conveniente mantener el segundo, porque permitirá al Presidente de la República dictar un nuevo reglamento, en el que considere los diversos factores que inciden en el problema de la exención de - pleno derecho, como también, regular la aplicación de las nuevas normas que contiene el artículo.
El Honorable Senador señor GARCIA manifestó su oposición a la mantención del inciso segundo, porque la dictación de un nuevo reglamento también produce inestabilidad, y porque las nuevas disposiciones pueden ser reglamentadas por medio del uso de la potestad constitucional del Presidente de la República.
Vuestras Comisiones Unidas, con la misma votación anterior, rechazaron los incisos primero y tercero, y por 6 votos contra 4, aprobaron el segundo. En esta última votación, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Gormaz, Miranda y Palma, y por la negativa, los Honorables Senadores señores Chadwick, GARCIA, Jerez y Ochagavía.
La letra d) modifica el inciso final del artículo 33 de la ley Nº 16.528, que establece un sistema especial de "draw-back" para las empresas pesqueras con capturas inferiores a 700.000 toneladas al año y que exporten desde los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral.
El señor Ministro de Hacienda expresó que cuando se dictó la ley Nº 16.528 se estableció que para las exportaciones de harina y aceite de pescado regiría el sistema de "draw-back" general; pero se dispuso, asimismo, que respecto de las empresas ubicadas en los mencionados departamentos y que tuvieren una captura inferior a 700.000 toneladas al año, el "draw-back" no podía rebajarse del 30%.
Mediante la eliminación propuesta, agregó, se pretende que las citadas empresas queden sometidas al régimen general y, en consecuencia, pueda bajarse el porcentaje de "draw-back" de acuerdo con la ganancia real del tipo de cambio y según el sistema establecido en los artículos 4º y siguientes de la ley Nº 16.528.
En la situación excepcional se encontrarían este año, según los datos acumulados hasta la fecha, empresas tales como EPERVA, Indus, Coloso, Pesqueras Unidas, Tarapacá, Iquique, etc.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron la letra.
La letra e) modifica el artículo 22 de la ley Nº 16.724, que estableció el beneficio del "draw-back" para los navieros con respecto a los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
Los sistemas de "draw-back" permiten una revisión cada tres años, como norma general.
Sin embargo, la ley Nº 17.073 permite al Presidente de la República disminuir los porcentajes de devolución antes del término de tres años si se comprueba que el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones ha experimentado un aumento superior al del índice de precios al consumidor. Esta última norma no rige para los navieros, a quienes la observación deja en la misma situación de los exportadores.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la observación se fundamentaba en que no existía razón para distinguir entre la situación de unos y otros y que el sistema flexible para las utilidades provenientes de los tipos de cambio se ajusta a los fines que se persigue por medio del sistema de devolución.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron la letra.
Artículo 14.
(Indemnización por años de servicios a trabajadores remunerados en moneda extranjera).
La observación aclara la redacción del precepto. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. Vuestras Comisiones Unidas, tácitamente y sin debate, acordaron recomendaros que procedáis en igual forma.
Artículo B.
(Quinquenios del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros).
El Ejecutivo propone agregar un artículo nuevo que dispone que, a contar del 1° de enero de 1970, el personal en retiro de las mencionadas Instituciones gozará de los quinquenios en la misma forma que el personal activo.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó.
Según la legislación vigente, el personal retirado tiene quinquenios de porcentajes inferiores al personal activo, pero anualmente recupera parte de dicha diferencia.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que este beneficio estaba contenido en un convenio entre el Gobierno y organizaciones de personal en retiro, conjuntamente con el pago en etapas del reajuste que a dicho personal le corresponda por la aplicación de la ley en debate.
Hizo presente, además, que el rechazo de este precepto propendería a que el mencionado personal no tuviera un doble beneficio: el aumento de sus pensiones en una sola cuota y la recuperación inmediata de los quinquenios, no significando una aceptación por parte del Ejecutivo del primero de ellos, porque mantiene su posición sobre la inconstitucionalidad del mismo.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron la disposición.
Artículo C.
(Destinación de los recursos provenientes de descuentos por casas fiscales).
- El Ejecutivo propone agregar un artículo nuevo que faculta al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes de descuentos al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros por ocupación de casas fiscales.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó.
De acuerdo a la legislación vigente, el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que ocupa casas fiscales paga un porcentaje de sus sueldos por dicho beneficio, y los recursos así obtenidos deben invertirse en la ampliación, conservación y reparación de las citadas propiedades o en la adquisición o construcción de otras nuevas.
Por el aumento de los sueldos base que se producirá por la aplicación del proyecto, dichos fondos excederán lo necesario para el cumplimiento de las mencionadas finalidades, por lo que se propone dar mayor flexibilidad a la referida destinación.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendaros que aprobéis el precepto en informe.
Artículo D.
(Exención de impuestos a la producción de los alcoholes).
El Ejecutivo propone agregar un artículo que interpreta el artículo 75 de la ley Nº 17.105.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó.
La citada disposición exime de los impuestos a la producción a los alcoholes destinados a usos médicos y científicos que empleen las instituciones del sector público, las Universidades y las instituciones de beneficencia, como asimismo los destinados a ser mezclados con nafta.
El precepto interpretativo declara que las mencionadas exenciones alcanzan a los alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial y a los alcoholes importados destinados al mismo objeto, cuando hayan sido internados por el mismo industrial que los va a transformar, sin que pueda enajenarlos a terceros, salvo que éstos sean las Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Carabineros.
Por otra parte, declara que los alcoholes exentos quedarán sometidos a las mismas disposiciones de fiscalización que afectan a los demás alcoholes.
El señor Subsecretario manifestó que la disposición tiene por objeto dejar claramente establecido que las adquisiciones de alcoholes que hacen las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros están exentas de impuesto; fomentar el desarrollo de las industrias que emplean alcoholes como materia prima; evitar la formación de monopolios en la internación de alcoholes; aclarar que la exención tributaria no excluye la fiscalización de la Dirección de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola y Ganadero, y dar el mismo tratamiento tributario a los alcoholes nacionales y extranjeros, cuando estos últimos sean internados por el industrial que los va a utilizar.
El Honorable Senador señor Chadwick expresó su oposición al precepto porque no tiene relación con el proyecto en debate y debido a que constituye una interpretación forzada de una norma vigente, que distorsiona el sentido del artículo interpretado, extendiendo la exención tributaria.
El Honorable Senador señor Miranda manifestó que la observación presente, por la vía de la interpretación, adicionar la regla vigente con otra nueva.
Vuestras Comisiones Unidas, por 6 votos contra 3 y 1 abstención, acordaron recomendaros que rechacéis el artículo. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, GARCIA, Jerez, Miranda y Ochagavía; por la afirmativa lo hicieron los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona y Palma, y se abstuvo el Honorable Senador señor Gormaz.
Artículo E.
(Modificación del impuesto a los intereses).
El Ejecutivo propone agregar un artículo nuevo que modifica el impuesto a los intereses de los préstamos no reajustables que otorgan los bancos, incluyendo en él a los intereses de los que concedan sin reajuste la CORFO y la ECA, a los de los que se otorguen para el fomento de las exportaciones, y modificando los límites de las tasas del tributo.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 de la ley Nº 16.617, los intereses que perciben los bancos por créditos no reajustables están afectos a un impuesto único, cuya tasa es del 50%.
Sin embargo, la tasa es del 25% cuando el alza del índice de precios al consumidor es inferior a 10%; del 40%, cuando la variación de dicho índice fluctúe entre el 10% y el 15%, y del 50% si la mencionada variación es superior.
En todo caso, el Presidente de la República puede rebajar y reponer las tasas de impuestos determinadas en la forma indicada, con las limitaciones recién señaladas.
Este impuesto no afecta, entre otros, a los créditos que se otorguen para el fomento de las exportaciones.
El artículo propuesto incluye dentro del impuesto a los créditos que otorgue la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa de Comercio Agrícola; elimina la exención de los préstamos que se otorguen para fomento de las exportaciones; establece que la tasa no excederá -y no será como establece la legislación vigente- de los porcentajes del 25%, 40 %y 50%, según sea la variación del índice de precios al consumidor, y autoriza al Presidente de la República para rebajar y reponer las tasas del impuesto sin las limitaciones antes señaladas.
El señor Subsecretario expresó que la disposición tiene por finalidad, además de incluir dentro del impuesto a préstamos no reajustables que otorguen las citadas instituciones del sector público, dejar afectos al mismo a los créditos de pre embarque que dan los bancos y a dar mayor flexibilidad a la variación de las tasas del tributo.
El Honorable Senador señor GARCIA manifestó su acuerdo en orden a incluir dentro del impuesto a los préstamos de la CORFO y de la ECA,-tanto porque es una forma de crear recursos para el Fisco, como porque así se desalientan los créditos no reajustables.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron los Nºs 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo, que incluyen dentro del tributo a los créditos no reajustables que otorguen CORFO y ECA.
En relación al Nº 6 del precepto, que excluye de la exención del impuesto a los préstamos de fomento de las exportaciones, el señor Subsecretario de Hacienda manifestó que dichos créditos quedan sujetos a las normas generales y que, en consecuencia, su tasa podrá ser rebajada por el Banco Central con aprobación del Ministerio de Hacienda.
Vuestras Comisiones Unidas, por 6 votos y 4 abstenciones, aprobaron este número. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Jerez y Ochagavía, y "se abstuvieron los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Miranda y Palma.
Los Nºs 7 y 8 de la disposición, que dan flexibilidad al sistema de variación de tasas, fueron aprobados por unanimidad, acordándose dejar expresa constancia de que la facultad del Presidente de la República para reponer las tasas de impuesto sin las limitaciones ahora existentes, significa darle atribuciones para restablecer las que existían en el momento inmediatamente anterior al ejercicio de la misma y, en ningún caso, exceder de dichos porcentajes.
Artículo F.
(Establece que no serán deducibles para el impuesto a la renta los intereses que se paguen a personas sin domicilio ni residencia en el país).
Esta disposición fue rechazada por la Honorable Cámara de Diputados.
"Vuestras Comisiones Unidas, con la abstención del Honorable Senador señor Chadwick, acordaron recomendaros que adoptéis igual resolución.
Artículo G.
(Aumento del impuesto a las compraventas de los combustibles).
El Ejecutivo propone agregar un artículo nuevo que aumenta las tasas del impuesto a las compraventas de combustibles, en la siguiente forma:
De un 29% a un 31% la que corresponde al precio de venta al público de la gasolina para automóviles, camiones y otros vehículos;
De un 12% a un 15%, la que grava el precio de venta del kerosene base puerto;
De un 11% a un 13%, la que corresponde al precio de venta de los petróleos combustibles, base puerto, y
De un 20% a un 22%, la que grava el precio de venta de los aceites lubricantes para uso de automóviles, camiones y otros vehículos motorizados, tomando su precio en Santiago.
Por otra parte, el precepto estatuye que las tasas indicadas regirán desde la próxima fijación de precios.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó.
El señor Subsecretario de Hacienda expresó que el artículo produce Eº 60 millones, o sea, constituye una parte importantísima del financiamiento propuesto por el Gobierno para el proyecto.
Agregó que, consultados los Ministros de Economía y de Minería acerca de la eventual incidencia en los precios de los aumentos que en esta disposición se proponen, ellos manifestaron que era prácticamente insignificante.
Vuestras Comisiones Unidas discutieron separadamente cada uno de los aumentos de tasas.
Respecto a la letra a), elevación de la tasa de impuesto a la bencina, el Honorable Senador señor Carmona manifestó que si todos los sectores consideraban necesario pagar los reajustes de las Fuerzas Armadas, lo lógico era conceder al Ejecutivo los medios para cancelarlo.
El Honorable Senador señor Jerez manifestó su oposición a esta parte del precepto por la incidencia que tendría su aprobación en el costo del transporte público.
Vuestras Comisiones Unidas, por 6 votos contra 4, rechazaron este aumento. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, GARCIA, Jerez, Miranda y Ochagavía, y por la afirmativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Gormaz y Palma.
En seguida, se discutió la letra b), que eleva el impuesto al kerosene base puerto.
El Honorable Senador señor Carmona manifestó que se abstendría en esta votación, debido a que si no se gravaba la bencina, por el reciente acuerdo de las Comisiones Unidas, que es un impuesto que afecta a los grupos más pudientes, que tienen automóviles, no le parecía posible aumentar la tasa del impuesto al kerosene, que es consumido por los sectores de más bajos ingresos.
El Honorable Senador señor GARCIA expresó que votaría en contra de este aumento, agregando que el impuesto a la bencina afecta a todos los sectores, porque menos de la mitad de los vehículos que existen en el país son automóviles, y los buses y camiones son los que la consumen en mayor cantidad.
Vuestras Comisiones Unidas, por 7 votos por la negativa y 3 abstenciones, rechazaron esta letra. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, GARCIA, Gormaz, Jerez, Miranda y Ochagavía, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona y Palma.
A continuación, vuestras Comisiones Unidas, con la sola oposición del Honorable Senador señor Chadwick, aprobaron la elevación de la tasa a los petróleos industriales.
Por último, por seis votos contra cuatro, aprobaron el aumento de la tasa a los aceites lubricantes. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Palma y Ochagavía, y por la negativa, los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda.
Artículo H.
(Internación de nuevas mercaderías por Arica).
El Ejecutivo propone agregar un artículo que establece que las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida y que se internen por el departamento de Arica, de acuerdo a las disposiciones de la ley Nº 13.039, estarán afectas al pago del 85% de los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas y exentas del pago de la tasa de despacho.
Además, mantiene la exención a la internación para el departamento de Arica de comestibles y artículos alimenticios; materiales de construcción; maquinarias; vehículos de transporte de mercaderías y pasajeros, con excepción de los automóviles; combustibles; materias primas y demás elementos destinados a la instalación, renovación, ampliación y explotación de industrias y uso de la agricultura y minería.
Asimismo, conserva las actuales disminuciones de gravámenes aduaneros a los artículos que actualmente pueden internarse en el mencionado departamento y que no están incluidos en la enumeración recién indicada.
Por último, estatuye que los ingresos que produzca este artículo se depositarán en la cuenta especial de la Junta de Adelanto de Arica.
El Honorable Senador señor Valente manifestó que el Comité de Defensa de Arica se oponía a la aprobación de este precepto, porque aumenta el impuesto respecto de las mercaderías que en el futuro se incorporen a la lista de importación permitida, incorporando la internación que se efectúa por el mencionado departamento al régimen general vigente en esta materia.
Agregó que la disposición presentada por el Ejecutivo había tenido su origen en conversaciones entre el mencionado Comité y el Gobierno para compensar el traslado de la industria automotriz desde Arica al resto del país, pero que el pretendido beneficio significaba la quiebra del régimen de importación que rige en la zona.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que tanto la Junta de Adelanto de Arica como el Comité de Defensa local estaban de acuerdo con el precepto, porque contiene diversos beneficios para la citada zona.
En efecto, los derechos se bajan en un 15% en relación a los que corresponden al resto del país; se las eximen de la tasa de despacho, que es del 5%; se entregan los recursos que se obtengan a la Junta de Adelanto de Arica; se congela la situación existente respecto de las mercaderías que están liberadas por la ley vigente, y se mantiene la actual situación de las mercaderías que ahora se pueden internar.
En consecuencia, se dan una serie de privilegios a la zona respecto a importaciones que actualmente están prohibidas, los que no pueden ser mayores, porque se distorsionaría todo el régimen de internaciones.
El Honorable Senador señor Carmona manifestó que los representantes de la zona estaban de acuerdo con el precepto; que éste no es una compensación por el traslado de ciertas industrias automotrices, y que el sistema propuesto es conveniente para Arica, porque amplía la lista de mercaderías de importación permitida y otorga recursos a la Junta de Adelanto de Arica.
E Honorable Senador señor Ballesteros dijo que concordaba en la conveniencia de las nuevas normas de importación propuestas respecto de Arica, porque suprimían en parte un privilegio que favorece a algunos empresarios de las zonas con tratamiento aduanero especial.
Opinó, en seguida, que este precepto debería ser el punto de partida para el reexamen de las situaciones discriminatorias, con el fin de que se evite el enriquecimiento de unos pocos y el contrabando.
El Honorable Senador señor Valente replicó expresando que la disposición es rechazada por el Comité de Defensa de Arica, que en declaración pública ha reiterado su firme decisión de defender el estatuto jurídico del departamento, salvo que se le enmiende para mejorar el sistema de preferencias y franquicias del mismo, para equiparar en alguna medida su situación de aislamiento del resto del país.
El señor Ministro de Hacienda reiteró el acuerdo de la Junta de Adelanto y del Comité de Defensa respecto de la disposición, acompañando una nota en tal sentido suscrita por el Gerente de la Junta y el Presidente del Comité, de fecha 27 de noviembre del año en curso. Agregó que el precepto había sido redactado conjuntamente por el Gobierno y las mencionadas personas.
El Honorable Senador señor Valente expresó que su oposición a la norma es el cumplimiento del mandato que ha recibido del Comité de Defensa y del compromiso formal y claro adoptado por los parlamentarios de la zona, luego de la reunión que se sostuvo con el Comité de Defensa y el Ministro de Hacienda, en el sentido de que sólo se aceptarían proposiciones y se actuaría de acuerdo a las instrucciones recibidas del Comité de Defensa de Arica, Agregó que el Comité no está de acuerdo con la actuación de su Presidente.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que el propósito del Ejecutivo al proponer el precepto en debate es procurarse recursos a través de la ampliación de la lista de artículos de importación permitida. Hasta ahora ha obtenido recursos extraordinarios que le han permitido pasar por muchas de las limitaciones que Gobiernos anteriores tuvieron en cuanto a la confección de la lista de artículos de importación. Ahora se trata de ampliar estas listas, un tanto forzadamente, y el Ejecutivo se encuentra con la dificultad de que el régimen de Arica establece un gravamen del 25% de los existentes en el resto del país, para las internaciones que se efectúen en el departamento, beneficio que va a regir de pleno derecho.
Agregó que no está de acuerdo en que los mayores recursos que da al país una ocasional holganza en materia de medios de pago, se destinen por una situación de apremio económico para el financiamiento de gastos permanentes y ordinarios del Estado. Cree que estos recursos extraordinarios deben aplicarse a una política de desarrollo, en que se dé a las provincias mineras una especial atención.
El Honorable Senador señor Palma manifestó que el precepto no sólo constituye una manera de financiar los gastos públicos, sino también un impulso del desarrollo por medio de la internación de maquinarias y la renovación de equipos industriales. Agregó que esta medida permitirá abastecer mejor al país, lo que significará un control más eficiente del proceso inflacionario.
Vuestras Comisiones Unidas, por seis votos contra cuatro, aprobaron el artículo. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, GARCIA, Gormaz, Ochagavía y Palma, y polla negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda.
Artículos I, J y K (impuesto a las compraventas en las zonas liberadas).
El Ejecutivo propone agregar tres artículos nuevos que modifican algunas de las disposiciones vigentes sobre impuesto a las compraventas en las zonas liberadas.
Según las normas existentes, las compraventas que efectúen en el resto del país las cooperativas, industrias o comerciantes establecidos en las mencionadas regiones, están exentas del impuesto a las compraventas. Igualmente, gozan de la misma exención las compras que las cooperativas, industriales y comerciantes de Arica realicen en el departamento. Por otra parte, establecen que los impuestos a las compraventas que se perciban en Arica se destinarán a la Junta de Adelanto de dicho departamento.
Los artículos propuestos estatuyen que la exención del impuesto a las compraventas sólo beneficiará a la adquisición de productos nacionales que se hagan en el centro del país, salvo las bebidas analcohólicas; que en Arica sólo estarán exentas del mismo impuesto las transferencias que realicen los industriales establecidos en ese departamento, siempre que los bienes objeto de la transferencia sean producidos por el tradente; que en el citado departamento no se pagará el impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, y que los impuestos a las transferencias que afecten a las compraventas de bienes producidos, elaborados o transformados en Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho departamento aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquier otra parte del territorio nacional y, en consecuencia, incrementarán los recursos de la Junta de Adelanto de Arica.
La Honorable Cámara de Diputados los aprobó.
El señor Ministro de Hacienda expresó que las enmiendas tienen por finalidad excluir de la exención la adquisición de productos importados en el centro del país, por razones obvias, y a las bebidas analcohólicas por no ser materia prima ni productos de primera necesidad.
Asimismo, limitar la amplitud de la exención del impuesto a las compraventas de que actualmente gozan las cooperativas, industriales y comerciantes de Arica, porque tal beneficio ha ocasionado problemas de financiamiento a la Junta de Adelanto y la instalación en dicha zona de comerciantes que trasladan las mercaderías al resto del país; permitir la adquisición de automóviles y televisores nacionales en precios inferiores, y aumentar el financiamiento de la Junta de Adelanto.
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores GARCIA y Ochagavía, aprobaron el artículo I, y por unanimidad los signados con las letras J y K.
Artículo L (formación de sociedades entre la Junta de Adelanto de Arica y la Empresa Nacional de Minería).
El Ejecutivo propone agregar un artículo que autoriza a la Junta de Adelanto de Arica, con el fin de que dé cumplimiento a sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, para formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en que esta última tenga participación.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó. Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendaros que adoptéis igual resolución.
Artículo 1° transitorio (asignación a los funcionarios de Prisiones).
El Ejecutivo propone el reemplazo del precepto aprobado por el Congreso, que otorga una asignación de novecientos escudos al personal del Servicio de Prisiones, financiándola con el superávit del ítem de sueldos del Presupuesto del mismo, por una disposición que establece que la asignación será de hasta novecientos escudos, con el mismo financiamiento.
La Honorable Cámara de Diputados la rechazó e insistió en la aprobación del texto primitivo. Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron recomendaros que adoptéis igual resolución.
Artículo 2º transitorio (impuestos a las utilidades de Bancos y Compañías de Seguros).
El Ejecutivo propone la supresión de este precepto, debido a que solicitó la inclusión de este tributo entre las normas permanentes.
La Honorable Cámara de Diputados aprobó la observación. Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, os hacen igual recomendación.
Artículo 3º transitorio (recargo al impuesto de bienes raíces).
El Ejecutivo propone la supresión del inciso segundo, que exime del recargo del 10% del impuesto a los bienes raíces a los que tengan un avalúo igual o inferior a quince sueldos vitales anuales, Escala A, del departamento de Santiago.
La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la excepción reducía a la mitad los recursos que produce el mencionado recargo; que su mantención significa un grave problema administrativo, y que se beneficia a personas de ingresos medios o altos, ya que los de ingresos bajos están exentos de todo tributo a los bienes raíces.
Vuestras Comisiones Unidas, después de un doble empate, acordaron recomendaros que rechacéis la observación, pero que no insistáis en la aprobación del texto primitivo. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Gormaz, Jerez y Miranda, y por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, GARCIA, Ochagavía y Palma.
Artículo transitorio nuevo (pago de la primera diferencia de remuneraciones por el aumento de sueldos del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros).
El Ejecutivo propone agregar un artículo transitorio- nuevo, que dispone que la primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones se origine por la aplicación del proyecto, se descontará en seis cuotas mensuales iguales, a contar del 1° de enero de 1970, destinándose su producto al Fondo Revalorízador de Pensiones de la Defensa Nacional y al pago de pensiones y montepíos.
La Honorable Cámara de Diputados lo aprobó. Vuestras Comisiones
Unidas, por unanimidad, tienen el honor de recomendaros que adoptéis igual acuerdo.
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones Unidas tienen a bien proponeros que adoptéis los siguientes acuerdos respecto de las observaciones en informe:
Artículo 1° (página 40)
Rechazarla pero no insistir (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo 2º (página 41)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo 8º (páginas 41 - 43)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos.
Artículo 9º (página 43)
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo 11 (páginas 43 - 44)
Nº 2 (Primera observación).
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
(Segunda observación) (página 43)
Aprobarla (con dos abstenciones) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Nº 4 (Primera observación) (página 44)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
(Segunda observación) (página id.)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos.
Números nuevos (página 44)
Nº 5
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Nº 6
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo 13 (páginas 44 - 46)
Letra a)
Aprobarla (con dos abstenciones) (El acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Letra b) (página 45)
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos.
Letra c) (páginas 45 - 46)
Primer inciso
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Segundo inciso
Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Tercer inciso
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Letra d) (página 46)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Letra e) (página id.)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos.
Artículo 14 (páginas 46 - 47)
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículos nuevos
Artículo (B) (página 47)
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (C) (página id.)
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (D) (página id.)
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (E) (página 48)
Nºs. 1 a 5
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Nº 6
Aprobarla (con cuatro abstenciones) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Nºs. 7 y 8
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (F) (página 49)
Rechazarla (con una abstención) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo (G) (página id.)
Modificación letra a)
Rechazarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Modificación letra b)
Rechazarla (con tres abstenciones) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Modificación letra d)
Aprobarla (con un voto en contra) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Modificación letra e)
Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Inciso segundo
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (H) (página 50)
Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (I) (páginas 50 - 51)
Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (J) (página 51)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (K) (página 51)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo (L) (página 52)
Aprobarla (tácitamente) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículos transitorios
Artículo 1° (página 52)
Rechazarla e insistir (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Artículo 2º (página id.)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo 3° (página 53)
Rechazarla, pero no insistir (después de un doble empate) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).
Artículo Transitorio nuevo (A) (página 54)
Aprobarla (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).
Sala de la Comisión, a 14 de diciembre de 1949.
Acordado en sesión celebrada el día 12 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Chadwick, GARCIA y Miranda por la Comisión de Hacienda, y de los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, Gormaz, Jerez y Ochagavía por la de Defensa Nacional.
(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.
Fecha 16 de diciembre, 1969. Diario de Sesión en Sesión 26. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970. Discusión Observaciones Presidente de la República. Se aprueban algunas y se rechazan otras.
NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES. VETO.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional han informado las observaciones del Ejecutivo al proyecto que reajusta las remuneraciones de los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Las Comisiones Unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Palma (Presidente), Ballesteros, Chadwick, GARCIA y Miranda, por la de Hacienda, y los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, Gormaz, Jerez y Ochagavía, por la de Defensa Nacional, recomiendan a la Sala adoptar las resoluciones contenidas en el informe.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectó de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 4 de noviembre de 1969. Observaciones en segundo trámite, sesión 21ª, en 9 de diciembre de 1969.
Informes de Comisión:
Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6ª, en 10 de noviembre de. 1969. Hacienda y Defensa, unidas (segundo) , sesión 9ª, en 13 de noviembre de 1969.
Hacienda y Defensa, unidas (veto), sesión 26ª, en 16 de diciembre de 1969.
Discusión:
Sesión 6ª, en 10 de noviembre de 1969 (se aprueba en general); 9ª, en 13 de noviembre de 1969; 10ª, en 14 de noviembre de 1969 (se aprueba en particular).
El señor PABLO ( Presidente).-
En discusión general y particular las observaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-
En la discusión general y particular del veto, deseamos referirnos fundamentalmente a la indicación que ha sido más controvertida y que ha motivado una airada reacción del Poder Ejecutivo: la relativa al pago del reajuste de una sola vez al personal pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Inmediatamente después que la Cámara rechazó el veto, el Gobierno, a través, entre otros medios publicitarios, del diario "La Nación", manifestó que dicho acuerdo era absolutamente inconstitucional y que lesionaba a los jubilados de los Institutos Armados. Y aún más: el Presidente de la República, en una declaración formulada después de una reunión del Gabinete -entiendo que a altas horas de la noche o en la madrugada- expresó, en tono amenazante. "Soy muy respetuoso de las leyes y de las opiniones ajenas. Pero me parece que ha llegado el momento de decirle al pueblo y al país que hasta aquí debemos llegar".
¿Qué quería decir con lo anterior el Primer Mandatario?
En otra declaración había expresado que no aplicaría la ley en caso de ser rechazado el veto, como de hecho lo fue, ya que la Cámara lo desechó.
¿Cómo puede entenderse la declaración del Jefe del Estado, si por una parte manifiesta ser muy respetuoso de las leyes y, por otra, expresa que no cumplirá con la norma legal que le ordena pagar de una sola vez el reajuste al personal pasivo de las Fuerzas Armadas?
El señor Subsecretario de Hacienda -el Ministro del ramo no asistió a la discusión de las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional- insiste en que el acuerdo de la Cámara es inconstitucional, porque significa un mayor gasto de 484 millones de escudos. No puede dejar de-sorprendernos, en alguna medida, esta declaración del Ejecutivo. Digo "en alguna medida" -no totalmente-, porque las declaraciones del Gobierno son lo más contradictorias, al igual que la de los personeros que expresan la opinión de ese Poder.
Fue el Senador que habla quien manifestó que el señor Presidente del Senado había actuado en forma arbitraria al declarar improcedente la indicación formulada por los partidos populares en este proyecto, destinada a amnistiar a quienes habían actuado en los hechos del Tacna y, también, a los obreros de Saba y a otros más. En esa ocasión, expresé que el proyecto era inconstitucional, porque no venía financiado; pero agregué textualmente: "Los socialistas no nos amparamos en triquiñuelas legales. Dejamos establecida esta situación, pero no hemos hecho cuestión de ella, porque nos interesa resolver el problema general de las Fuerzas Armadas y no valemos de recursos más o menos tinterillescos".
O sea, por medio del Ministro de Hacienda el Gobierno sostuvo que el proyecto era perfectamente constitucional, tanto en la Cámara como en las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional del Senado y en la Sala misma de esta Corporación.
Sin embargo, después, con el mayor desparpajo, el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda o el Gobierno en general, declaran que el proyecto es inconstitucional, olvidando que ellos lo habían estimado constitucional.
¿Puede procederse con esta falta de seriedad ya incalificable?
Precisamente, en un documento que se nos ha entregado a los Senadores, y que defiende la constitucionalidad de este precepto, firmado por el General de Brigada en retiro señor Carlos Valdés Benavides, se consignan las siguientes palabras expresadas en la Cámara por el Ministro ZALDIVAR el día 30 de octubre: "Aquí en la Cámara quiero aclarar que el financiamiento presentado en el proyecto es estimativo y estoy consciente de que no alcanza para solucionar realmente el problema. En verdad, respecto de las facultades que se solicitan, tal como digo en el Mensaje, si esos recursos no fueren suficientes, se tendrá que recurrir a los recursos ordinarios de la Ley de Presupuestos, que debe despachar el Parlamento el día 31 de diciembre o bien se propondrá en la ley de reajuste general".
Y agregó: "Una vez indicado el costo efectivo, el Ejecutivo solicitará al Parlamento los recursos necesarios para resolver este problema".
El General Valdés Benavides añade:
"Además, después de ser interrumpido por la Diputada señora Laura Allende y el DiputadoPhillips, el Ministro puntualizó:
"Primero, es preciso conocer todos los antecedentes necesarios para poder visualizar, con claridad, la solución a la cual puede llegarse y poner en conocimiento de este Parlamento la solicitud de mayor financiamiento, en el caso de que fuere necesario."
O sea, la tesis del Ejecutivo se funda en el desconocimiento del gasto. En mi opinión, no puede alegarse la inconstitucionalidad del proyecto, porque el gasto puede ser de un escudo o de mil o dos mil millones de escudos. En otras palabras, mientras no se determine el gasto no puede insistirse en la inconstitucionalidad.
Reitero: El Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y diferentes personeros del Gobierno se dan una vuelta de carnero en 180 grados y dicen que la iniciativa es inconstitucional, que la situación es gravísima, y el Jefe del Estado declara que no aguanta más. ¡Si es el país el que no lo aguanta más a él!
El señor LORCA.-
Pregúntele al pueblo.
El señor ALTAMIRANO.-
A mayor abundamiento, el proyecto original del Poder Ejecutivo no proponía el mecanismo de pago en tres etapas al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. O sea, el Gobierno envió una iniciativa que -según su criterio actual- era inconstitucional, pues no disponía -repito- ese pago en tres etapas. A posteriori toca las campanas a rebato y argumenta que el hecho de no cumplir con el pago en tres etapas crea una situación constitucional y económica insostenible. Si la situación económica y constitucional es insostenible y el Presidente de la República "no la tolera más", ¿por qué no envió el proyecto en debida forma a la Cámara de Diputados?
En tercer lugar, la iniciativa destinada a mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas no vino financiada al Congreso Nacional. En el mensaje del Ejecutivo se establece que el proyecto consigna sólo parte del financiamiento y que el resto vendría en la iniciativa de reajustes de los sectores público y privado, agregándose que, si los recursos fueran insuficientes, se destinarían nuevos fondos en la ley general de Presupuestos. Luego, el proyecto ha venido desfinanciado desde el comienzo; el Ejecutivo ha aceptado desde el primer momento que en aquél se consigna sólo una parte muy pequeña del financiamiento general.
Aún más: el Gobierno sometió hace pocos días al conocimiento del Congreso la iniciativa que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado, que también está desfinanciada, lo cual es reconocido por aquél. Entonces, si mañana es despachada por la Cámara y por el Senado con la premura acordada hace algunos momentos por los Comités, ¿nos dirá el Primer Mandatario que el proyecto es inconstitucional, por carecer de financiamiento, en circunstancias de que él lo mandó en esa forma?
¿Qué seriedad tiene toda esta argumentación?
Por lo demás, aun cuando se pague al personal pasivo en tres etapas, como lo planteó el Gobierno, la iniciativa continuará desfinanciada, porque considera un ingreso de aproximadamente 250 millones de escudos, y el gasto general es de 1.200 millones. Es decir, inclusive en el caso de que la Cámara hubiera aprobado el veto, el proyecto estaría desfinanciado en una cifra cercana a los 950 millones de escudos.
¡Cómo puede tener cara el Presidente de la República -no un funcionario subalterno- para decir "el proyecto ha quedado sin financiamiento", cuando sabe que de todas maneras está desfinanciado en cerca de mil millones de escudos! El Jefe del Estado debe tener un mínimo de seriedad y no hacer escándalo de hechos totalmente falsos y mentirosos.
El señor LORCA.-
¡La Mesa debe retirar esas expresiones de la versión, pues constituyen una grosería!
El señor ALTAMIRANO.-
Son mentirosos los hechos, señor Senador.
El señor LORCA.-
En todo caso, es una grosería.
El señor ALTAMIRANO.-
Además, el Ejecutivo sabe perfectamente bien que, al ser rechazado él veto por el Congreso Nacional, no aumenta el gasto, pues sólo se estaría aplicando la ley existente en la actualidad, en virtud de la cual el personal pasivo percibirá reajustes en determinado porcentaje con relación a los sueldos del personal activo, según sea el tipo de servicio, ya se trate del sector público o del privado. De manera que no somos nosotros quienes estamos estableciendo un mayor gasto: es la ley vigente.
Además, hasta el momento, el Congreso no está en condiciones de decir si el total del reajuste para el sector público está desfinanciado. Cuando les consta a los señores Senadores que asistieron a las Comisiones Unidas, consulté en forma insistente al señor Subsecretario de Hacienda -el señor Ministro no estaba- acerca del cálculo total de ingresos hecho por el Gobierno. Ese personero, no en una, sino en tres o cuatro oportunidades, respondió que aún no se habían efectuado los cálculos definitivos y que todavía no se conocía ese ingreso. ¿Por qué? Porque en el actual Presupuesto el cobre se considera a 48 centavos de dólar la libra. Entiendo que él Ejecutivo, para el próximo año, tiene en perspectivas un alza del precio promedio del metal rojo que ascenderá a 52 centavos de dólar la libra, lo que yo considero muy bajo. Sólo el hecho de calcular el ingreso fiscal sobre la base del precio de 52 centavos produce una mayor entrada de 1.050 millones de escudos.
El señor IRURETA.-
¿Cómo llegó a esa suma, señor Senador?
¡Es un disparate!
El señor ALTAMIRANO.-
El señor Ministro de Hacienda, que se incorporó a la Sala, se lo puede explicar.
Ahora, si se calcula el promedio del precio del cobre a 55 ó 60 centavos de dólar la libra, los ingresos son notablemente superiores.
En el proyecto de ley de Presupuestos se presume para el próximo año, independiente del oficio final, un tipo de cambio de Eº 11 por dólar, ya que actualmente está en Eº 10,50. ¿Cómo se puede presumir un ingreso de ese orden?
Insisto: hasta el momento no conocemos el ingreso total. El Ejecutivo no ha querido decir -ni en las Comisiones ni en declaraciones, oficial, o extraoficialmente- cuál es ese ingreso, que permitiría conocer el posible déficit o superávit.
Entonces, ¿cómo puede afirmarse que hay un déficit de 400 millones, 500 millones, 600 millones ó 1.000 millones, si no se conoce el ingreso total? ¡No hay ninguna seriedad en las aseveraciones!
El señor Ministro de Hacienda y diversos señores Senadores de la Democracia Cristiana argumentaron, para defender, entre otras cosas, la constitucionalidad del proyecto, que tan sólo se estaba entregando una facultad.
El señor HAMILTON.-
¿Desde cuándo se preocupa tanto de la constitucionalidad, señor Senador?
El señor ALTAMIRANO.-
En consecuencia, al hacer uso el Ejecutivo de esa facultad, podría resultar un mayor gasto de 5 millones, 100 millones ó 1.000 millones de escudos, porque ese gasto no se conocía con anterioridad. Luego, éste no sería establecido mientras no se dictaran los decretos destinados a determinar el reajuste para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el proyecto no estaba desfinanciado.
Sin embargo, con posterioridad se olvida esta argumentación y se crea un tremendo escándalo, diciéndose que el Congreso ha despachado un proyecto de ley inconstitucional, lo que origina una gravísima situación.
Por último -con esto termino mis observaciones sobre la materia-, el Ejecutivo pretende sentar un precedente funesto: que al personal pasivo se le pague a plazo. Si ello fuera aprobado por el Congreso, sería de extraordinaria gravedad. En esta ocasión se propuso cancelar en tres años; en otra, puede establecerse un plazo de diez. Sin ir más lejos, en el proyecto de reajustes para el sector público se dispone que el aumento de la asignación familiar no vale para el sector pasivo. Esta es una nueva diferencia. Ya en la iniciativa que aumenta las remuneraciones de las Fuerzas Armadas se establece el pago diferido, y ahora se agrega que el aumento de la asignación familiar no procede respecto de parte del personal pasivo de los sectores fiscal y semifiscal. Para nosotros, estos precedentes son de extraordinaria gravedad.
Por eso, en síntesis, sostenemos que el Gobierno no es serio cuando dice que el proyecto es inconstitucional y coloca en difícil situación económica al país, porque fue él quien sostuvo que la iniciativa era constitucional.
Ahora, para medir la gravedad de la situación económica, deberíamos considerar el ingreso total; en otras palabras, el presupuesto íntegro de entradas y gastos. Sin embargo, hasta el día de ayer, por medio del señor Subsecretario de Hacienda, se nos ha manifestado que el Gobierno aún no dispone del cálculo total.
Tal vez el señor Ministro del ramo, que ha concurrido a esta sesión, nos pueda aclarar lo relativo al ingreso total, para permitir a la Corporación resolver sobre la materia con un mínimo de conocimiento. Considero inadmisible ocultar los antecedentes y la información.
Finalmente, pido insertar en mi discurso el magnífico documento que defiende la constitucionalidad del rechazo de la Cámara al veto del Ejecutivo -aun cuando es innecesario-, firmado por el General señor Carlos Valdés, presidente del Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de la Defensa Nacional y Carabineros.
El señor PABLO ( Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de Su Señoría.
Acordado.
-El documento que se acuerda insertar es el siguiente:
"Honorable Senado:
Vengo en acogerme a la garantía que el número 3º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado asegura a todos los habitantes de la República, para referirme a la situación aparentemente conflictiva creada entre el Supremo Gobierno y el Parlamento al considerarse, en su primer trámite, las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Lo hago con el objeto de demostrar que, en base a los antecedentes acumulados durante la tramitación de la iniciativa y a la legislación en actual vigencia, no se puede desconocer el derecho que le asiste al personal en retiro y a los montepíos de esas instituciones, a que el reajuste que les corresponda les sea pagado en su integridad, a contar desde el 1º de enero de 1970 y, también, para hacer ver que es factible la cancelación en esa forma si los personeros del Gobierno se atienen a lo aseverado en los debates de ambas Cámaras y a lo que, con sincera modestia y muy respetuosamente, expreso en seguida a esa Honorable Corporación:
I
Antecedentes.
Con motivo del rechazo por la Honorable Cámara de Diputados -70 votos contra 45- del veto del Ejecutivo para que el reajuste del personal en retiro y de los montepíos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, se realizara en tres etapas, se ha sostenido por los personeros más representativos del Gobierno -incluso por Su Excelencia el Presidente de la República- que no se tienen los recursos para cancelarlo en el curso de 1970; que la disposición aprobada por el Congreso es inconstitucional, porque vulnera el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que entrega a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la facultad de conceder o aumentar sueldos al personal de la Administración Pública; que infringe lo dispuesto en el artículo 44, Nº 4, que prohibe al Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto; y que el Gobierno no estará obligado al cumplimiento del pago en el curso de 1970, porque se trata de una disposición inconstitucional y desfinanciada.
A este respecto un vespertino, a grandes titulares y en primera página, calificó como "declaración contundente", la que hiciera a la salida del Palacio de Gobierno, en la madrugada del viernes último, Su Excelencia el Presidente de la República y la sintetizó así: "Esto se acabó. Haré respetar la Ley y la Constitución".
II
Analizaré con el mayor respeto y sin pasión, este delicado asunto.
Si bien es cierto que el Ministro señor ZALDIVAR expresó que no se tienen los recursos para cancelar todo el reajuste en 1970, no es menos efectivo que en la sesión celebrada por la Honorable Cámara de Diputados el 30 de octubre ppdo., en la que se despachó el proyecto, fue él quien manifestó, textualmente: "Aquí en la Cámara quiero aclarar que el financiamiento presentado en el proyecto es estimativo y estoy consciente de que no alcanza para solucionar realmente el problema. En verdad, respecto de las facultades que se solicitan, tal como digo en el Mensaje, si esos recursos no fueren suficientes, se tendrá que recurrir a los recursos ordinarios de la Ley de Presupuestos que debe despachar el Parlamento el día 31 de diciembre o bien se propondrá en la ley de reajuste general". Y agregó: "Una vez indicado el costo efectivo, el Ejecutivo solicitará al Parlamento los recursos necesarios para resolver este problema" . . . Además, después de ser interrumpido por la Diputada señora Allende y por el Diputado señor Phillips, puntualizó: "Primero, es preciso conocer todos los antecedentes necesarios para poder visualizar, con claridad, la solución a la cual puede llegarse y poner en conocimiento de este Parlamento la solicitud de mayor financiamiento, en el caso que fuere necesario".
Los mismos o análogos conceptos se le escucharon, reiteradamente, al señor Ministro de Hacienda, en las Comisiones Unidas y en la Sala del Honorable Senado.
En consecuencia, de las propias palabras del señor ZALDIVAR se desprende que, si el Supremo Gobierno quiere cumplir la ley y pagar al personal pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, en 1970, el reajuste a que tienen derecho, el camino a seguir está expedito y señalado muy bien por el señor Ministro de Hacienda en las intervenciones que he reproducido.
Por lo demás, en el Mensaje con que el Supremo Gobierno inició este proyecto de ley, no se mencionó en parte alguna -ni en la exposición de motivos, ni en el articulado mismo- que el pago del reajuste para el personal en retiro y los montepíos se haría por etapas.
Luego -como en virtud del artículo 8º del Código Civil, nadie puede alegar ignorancia de la ley, y el Supremo Gobierno menos que nadie puede alegarla- resulta que en los cálculos de financiamiento del proyecto, tenía la obligación ineludible de considerar que, conforme a las normas legales previsionales vigentes, el monto de las pensiones de retiro y montepío, tienen que reajustarse automáticamente, "en todo momento, en relación con los sueldos del personal en actividad". Si no lo hizo, por la incompetencia o ignorancia de sus asesores, todavía está en condiciones de hacerlo en las leyes que el Ministro señor ZALDIVAR mencionó, o sea, en la de Presupuestos o bien en la de reajuste general.
En cuanto a que la resolución adoptada por el Congreso es inconstitucional, no pasa de ser más que un argumento sin consistencia, por cuanto el Parlamento se limitó, exclusivamente, a otorgar facultades al Ejecutivo para que él fije el monto del reajuste, y no es culpa del Congreso que el Supremo Gobierno, al determinarlo, no considerara la norma previsional vigente que, por ser un precepto legal estatutario y de carácter permanente, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir, por mandato constitucional.
El Honorable Senador señor Fuentealba, destacado personero del Partido de Gobierno, dijo al respecto, en la sesión 9º del 13 de noviembre: "Quiero insistir en que este proyecto es perfectamente constitucional, pues son los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de las facultades los que deberán tener financiamiento suficiente. Este no es un proyecto que importe gasto alguno, sino uno de facultades extraordinarias para resolver determinado problema". Y agregó, finalmente: "Es éste un proyecto de facultades especiales tendiente a modificar las remuneraciones, y es constitucional".
La cita o mención de los artículos 44, Nº 4, y 45 de la Constitución Política, para calificar de inconstitucional lo aprobado por el Congreso, no viene ni remotamente al caso, porque la resolución del Parlamento no ha concedido ni ha aumentado sueldos ni pensiones; en ella solamente reiteró una norma previsional en plena vigencia que, como ya lo dije, por mandato constitucional, el Ejecutivo está en la obligación de respetar y cumplir.
Ahora bien, cuando no hay acuerdo entre el Presidente de la República y una o ambas ramas del Congreso -como es el caso del rechazo del veto en referencia por la Honorable Cámara de Diputados- la dificultad que por tal motivo se produce, está perfectamente resuelta por la Constitución Política del Estado: Como ¡a Cámara no tuvo a su favor los dos tercios para imponer su criterio, no predomina su voluntad ni tampoco la del Presidente de la República; simplemente no hay ley en la parte observada y, entonces, queda tan vigente como lo ha estado siempre, la norma previsional ya señalada, y que se contempla en los respectivos Estatutos del personal de las instituciones de que se trata. Solamente los vetos que tienen por objeto la supresión de una determinada disposición, necesitan de los dos tercios de ambas Cámaras para ser rechazados, de manera que, en estos casos, prima la voluntad presidencial si reúne a su favor más de un tercio de los miembros de una rama del Congreso. Es lo que sucedió con el inciso 2º del artículo 2º del proyecto, que ordenaba que en un plazo de sesenta días, las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros, procedieran a cancelar las diferencias de bonificación profesional que, de acuerdo con un dictamen de la Contraloría General de la República, están adeudando a más de doce mil pensionados, desde hace cuatro años.
Volviendo al punto principal, es indudable que la Honorable Cámara de Diputados, al rechazar el veto que proponía el pago del reajuste en tres etapas, lo hizo en uso de sus facultades constitucionales y, por tanto, no se justifican, en manera alguna, las reacciones que su decisión provocó. Tampoco se justifica que el señor Ministro de Hacienda, en un momento dado, sin medir la gravedad y alcance de sus palabras y olvidando, tal vez al calor de su discurso, sus deberes constitucionales, haya declarado que el Gobierno no acatará lo resuelto por el Congreso, o sea, no cumplirá la ley. Si ello ocurriera, resultaría que, a la postre, no ha sido el Congreso, sino él y el Gobierno, quienes, según su anuncio, se colocarían al margen de la Constitución y de la ley, al violar, especialmente, las letras a) y b) de la atribución primera del artículo 39 de nuestra Carta Fundamental y que dan pie para una acusación en su contra, por la Cámara de Diputados.
A mayor abundamiento, vale la pena recordar también que, de acuerdo con el Nº 4 del artículo 44 de la Constitución, "La ley de Presupuestos no podrá alterar los gastos o contribuciones acordados en leyes generales o especiales", y que en el artículo 76 se dispone que "Cada Ministro será responsable personalmente de los actos que firmare, y solidariamente, de los que subscribiere o acordare con los otros Ministros". Por otra parte, la Ley Orgánica de Presupuestos -D.F.L. Nº 47, de 1959- en su artículo 44 establece que el Presidente de la República puede ordenar pagos, excediéndose de las sumas consultadas en el ítem correspondiente, para atender al pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión social.
Finalmente, no está de más tener presente que las Honorables Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y Hacienda del Honorable Senado, evacuaron en 1952 un informe sobre si es constitucional la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República, y en él -con la firma de todos sus miembros, incluida la del entonces Senador señor don Eduardo Frei Montalva- entre los múltiples razonamientos que contiene, en uno de sus párrafos, se dice, categóricamente: "Establecido el hecho de que el Mensaje del Gobierno importa una delegación de las facultades legislativas que corresponden al Congreso, vuestras Comisiones cumplen con el imperioso deber de representaros que tal delegación viola nuestra Constitución Política del Estado".
He traído a colación este informe porque si se revisan los términos con que fue enviado a la Honorable Cámara de Diputados el Mensaje sobre reajuste para las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, se llega a la conclusión que violaba la Constitución y, gracias a las enmiendas que se le hicieron al proyecto en el Parlamento, se salvaron los principios constitucionales, al establecer las bases esenciales y las limitaciones conforme a las cuales debe ejercer el Primer Mandatario las facultades que se le otorgan.
III
Ruego al Honorable Senado disponer se incorpore esta presentación a los antecedentes del proyecto de que se trata y excusarme por lo extenso de ella, pero valga en mi favor que la materia en cuestión reviste un alto interés público.
Santiago, diciembre 9 de 1969.
(Fdo.) : Carlos Valdés Benavides, General de Brigada (R), Presidente del Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de la Defensa Nacional y Carabineros."
El señor PABLO ( Presidente).-
En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, nosotros también deseamos referirnos, en forma más particular, al veto recaído en el número 3º del artículo 1°, relativo al reajuste para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
Queremos enfocar este problema como lo que en realidad es: una parte del capítulo militar en nuestra historia reciente.
El referido veto dice relación al sistema propuesto por el Ejecutivo para pagar el reajuste, como dije, al sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Ya se ha creado la controversia. El Gobierno expresa que no puede pagar el respectivo aumento de una sola vez, y responsabiliza al Parlamento, entre otras consecuencias, de la inflación que se desatará para 1970; lo hace fundamentalmente respecto de esta Cámara.
En las Comisiones se dijo que, si el veto fuera rechazado, el Ejecutivo debería recurrir a expedientes inflacionarios, situación de la cual sería responsable el Congreso.
El Gobierno también ha sostenido que, en materias económicas, el Parlamento invade atribuciones exclusivas del Presidente de la República, y que, por lo tanto, como señaló en este aspecto el Honorable señor Altamirano, el rechazo del veto sería inconstitucional. En verdad, respecto de este problema, se trata de crear una crisis de orden político; a nuestro juicio, artificial.
En el fondo, el Ejecutivo considera inconstitucional el rechazo del citado veto y consecuencialmente, poco responsable la posición de quienes están en contra de él, es decir, de los partidarios de resolver de una vez por todas el problema del reajuste para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
En este mismo orden de ideas -en nuestra opinión, con algunas diferencias de matices, aunque insertos en el cuadro político general-, se da una rara tendencia, aun cuando es explicable, de diversos sectores, en el afán de demostrar supuestos vicios -de diverso orden- o la responsabilidad del Parlamento, en una época proclive o propicia a la sedición.
Como he dicho, el ataque al Parlamento, al señalar su supuesta irresponsabilidad, no sólo proviene del Gobierno, sino también de otros sectores o personalidades.
No hace muchos días -la semana pasada-, un comentarista de radio y televisión, el señor Luis Hernández Parker, en el programa del Canal 13 "Martini al Instante", en relación con el veto al Nº 3 del artículo 1° y a la posición adoptada en la Cámara de Diputados, expresó algunas ideas con palabras muy elocuentes. Dijo más o menos lo que sigue: "Los parlamentarios no vacilan en entregar dineros ajenos para pescar votos en esta época de elecciones".
En mi concepto, ésa es una idea clave; puede cambiar la forma, pero el contenido se mantiene: demostrar una supuesta irresponsabilidad del Parlamento y señalar la inmoralidad del Congreso, sin hacer distingos de ninguna naturaleza, sin tomar en cuenta que, como institución, aquí estamos juntos pero no revueltos. En este recinto hay parlamentarios de ciertos partidos políticos que, a su vez, son representativos de clases sociales y de intereses contrapuestos. Sin embargo, el señor Hernández Parker lanzó su apreciación respecto del problema del veto en forma global. Podríamos responderle que "pescar votos en esta época de elecciones" no es el motivo que nos anima al rechazar el veto, como él lo señaló. Si este comentarista analiza con cuidado nuestra conducta permanente, seguramente llegará a una conclusión distinta de la formulada en su audición.
Hay más: agrega el señor Hernández Parker que los comunistas habíamos pedido disculpas al Gobierno por votar en contra del veto en la Cámara. Por cierto, se aprecia que tal comentarista tiene una pobre idea de lo que somos, o sucumbe también a la tentación de mostrarnos en contubernio con el Gobierno en cuanto a llevar adelante y ambientar la idea que en el fondo también está inserta en el cuadro de la política general de estos días: la tendencia de diversos sectores a mostrar a los comunistas en posiciones falsas, no concordantes con su actitud de clase.
¡Si estamos, como creemos, firmemente con la razón y la justicia, no vemos por qué debemos pedir disculpas a nadie, porque además nuestras posiciones son muy claras para que una "chiva" anticomunista más, como ésta, pueda enturbiarlas ante la opinión ciudadana!
Consideramos que el anticomunismo de muchos medios de publicidad y de muchos sectores periodísticos en particular es otro factor que entronca también en la partitura antidemocrática.
En este mismo camino, a nuestro juicio, también encuentran explicación las ideas emitidas por el señor Jorge Alessandri en la entrevista que le hizo "Ercilla" y publicadas en su penúltimo número. ¿Cuál es la idea central de este candidato a la Presidencia de la República, al tenor de las declaraciones a esa revista? Llama "irresponsables" a todos los parlamentarios. En nuestro concepto, su objetivo, por cierto, es ambientar la idea de que el Congreso está de más. Este es un afán que se asimila perfectamente a los hechos sediciosos protagonizados en este tiempo y de los que, como se ha visto con alguna extensión en días pasados, no escapa tampoco la Derecha, como ha quedado demostrado.
Estamos conscientes de que el señor Alessandri conoce bien a los Diputados y Senadores nacionales; pero él no tiene derecho a que su bilis salpique también a los parlamentarios del pueblo. Aunque yo creo que no es sólo la bilis del señor Alessandri: sus ideas corresponden a una táctica bien delineada que, precisamente, está encaminada a la ruta a que me vengo refiriendo, pues él agrega que la existencia y virulencia de los problemas del país se deben a que el Parlamento tiene más atribuciones que el Ejecutivo. Es decir, insiste en la idea anti Congreso.
Si examinamos las ideas que él plantea, debemos llegar a algunas conclusiones. Personalmente, creo que el señor Alessandri, por ningún concepto, es un ignorante -nadie podría denominarlo de esa manera- para decir lo que afirma. Entonces, ¿qué? Declarar que los problemas del país y su agravamiento se deben a que el Congreso tiene más atribuciones que el Ejecutivo, es una barbaridad. ¿Es mala fe? ¿Es intento de engaño? ¿Es un escamoteo de la realidad en el análisis de los problemas? ¿Las dificultades del país y la situación de los jubilados de las Fuerzas Armadas son productos de las mayores atribuciones del Parlamento sobre el Ejecutivo? Todo es, evidentemente, falso. Quien así lo sostenga -aunque el señor Alessandri sea un hombre muy representativo de determinadas tendencias- sustenta una idea estrafalaria. Se podría pensar que ignora lo que habla, que intenta algo sospechoso o, utilizando un término similar al empleado por un señor Senador, trata, tal vez, de "avivar la cueca" para meter en un ataúd a la democracia chilena. Pudiera ser ése también el camino, el intento, la tendencia.
En este tiempo surgen posiciones con las cuales se va identificando y ubicando a la gente.
A propósito de los sucesos militares, debo declarar que ellos constituyen un factor nuevo de la política chilena; como se los ha denominado, son una especie de caldera en ebullición a la que se abren determinadas válvulas, pero cuya presión marca peligro. El proceso que ellos originaron no ha terminado, pues su capítulo final aún no se ha escrito. En relación con ellos, el Senador Fuentealba denunció la sospechosa ausencia del Embajador norteamericano, señor Korry, y pidió investigar las andanzas de la CIA.
Por su parte, el Senador nacionaldon Pedro Ibáñez -en la hora de Incidentes de la semana pasada- dio respuesta a esos planteamientos y a esas inquietudes. Salió en defensa del actual Embajador y criticó a su antecesor, el señor Dungan. Su crítica se basaba en que este último era muy democratacristiano, muy partidario del Gobierno. Además, censuró el señor Senador a los norteamericanos y observó su política -a su juicio, una situación extraordinariamente grave- de conceder préstamos al diario "Clarín" para renovar sus maquinarias y mejorar su industria periodística. Creemos -y lo estimó así personalmente- que ese discurso fue importante, pues se puede insertar también en el cuadro político actual. No fue una improvisación, sino una intervención escrita. Y fue importante, porque reflejó el pensamiento de la Derecha chilena en relación con estos problemas. A mi juicio, el "trasfondo" de lo que no dijo en palabras el Honorable señor Ibáñez fue un llamado de atención a los Estados Unidos por el apoyo que presta o prestó al actual Gobierno y a sus partidarios. No con palabras directas, sino mediante su contenido, sirvió para decir al Tío Sam que la Derecha chilena es su aliada más segura y que se equivocan los norteamericanos si miran hacia otro lado, porque es hacia ella donde debe volcarse el apoyo del país del Norte: "¡Nosotros somos la alternativa, la defensa de los privilegios!"
Ese es el fondo de la argumentación del discurso pronunciado en la hora de Incidentes por el Honorable señor Ibáñez en relación con estos problemas y en respuesta a lo dicho por el Honorable señor Fuentealba sobre su denuncia. Bajo su forma se ocultaba un llamado plañidero de la Derecha chilena hacia los Estados Unidos.
A propósito de esto, también es conveniente recordar que el propio Senadordon Francisco Bulnes se entrevistó en Estados Unidos con el señor Korry pocos días antes de que éste asumiera su nuevo cargo en Chile. En esa oportunidad, el Honorable señor Bulnes opinó que el actual Embajador de Estados Unidos es un hombre muy agradable y de personalidad muy relevante.
Por otro lado, la Derecha cree ver en la denuncia del Senador Fuentealba sobre la actividad de la CIA y las actuaciones del Embajador de Estados Unidos en Chile con relación a los sucesos militares chilenos, una maniobra política destinada a lograr un acercamiento de los democratacristianos hacia la Izquierda, con fines electorales. Esta no es una idea exclusiva de la Derecha, pues también la suscriben otros sectores.
La revista "Punto Final", por ejemplo, en su último número publica un artículo suscrito por Varilarguero, que en una de sus partes expresa la siguiente idea: "La democracia chilena, sin chance electoral, quiere presentarse ahora como una víctima de la Derecha y de los norteamericanos, a los cuales ha servido durante 5 años. La campaña iniciada por Fuentealba forma parte de un gran juego electoral que se realiza también en el plano internacional."
En el fondo, es la misma idea planteada por sectores muy diversos, pero que corresponde, a nuestro juicio, a una tendencia que se pretende desarrollar en la vida política chilena, sobre todo en los instantes en que algunas fuerzas sociales y algunos partidos políticos inician una lucha dura y frontal por la sucesión del poder.
Como hemos dicho, las facultades entregadas al Ejecutivo y el veto al Nº 3º del artículo 1º del proyecto sobre remuneraciones a las Fuerzas Armadas son una parte del proceso esencialmente político que protagonizan determinados sectores de los Institutos Armados.
Los comunistas repetimos hoy que estamos por resolver el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y su situación profesional y que, por lo tanto, la posición que hemos adoptado antes, que suscribimos en la Cámara de Diputados y que reiteraremos ahora, es no avalar la proposición del Ejecutivo contenida en el veto, según la cual el pago del reajuste de las pensiones de retiro y montepío se hará en tres cuotas: 40% en 1970; 30% en enero de 1971, y el 30% restante a fines de este último año, toda vez que en el veto no está contenida una idea que, en el proyecto aprobado por la Cámara, figuraba en el número 3, y que yo calificaría de original o inicial.
La Cámara aprobó el pago en tres cuotas, pero agregó una frase que con posterioridad fue suprimida para dar lugar a otro concepto: una vez pagado el primer aumento, el saldo deberá reajustarse cada año con relación al aumento que experimente el índice del costo de la vida, al 30 de diciembre, sin perjuicio de los reajustes generales que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo. Es decir, la idea de la reajustabilidad, en el caso del pago diferido o en tres cuotas, no está contenida en el veto, lo que, a nuestro juicio, constituye un elemento más para estimarlo improcedente y expresar nuestro rechazo de este número del artículo 1°.
La manera como se ha resuelto el problema no constituye un procedimiento definitivo ni contribuye a superar todas las dificultades que afrontan los jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas. En todo caso, será para ellos catastrófico que, argumentándose razones de orden económico y por tratarse esencialmente de un problema político, se pretenda parcelarles el reajuste y no pagarles de una vez, de acuerdo con el espíritu de las resoluciones de la Cámara, ratificado también por las Comisiones del Senado al estudiar el veto que comentamos.
Más adelante, formularemos otras observaciones.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, cuando se inició la discusión del proyecto relativo a las Fuerzas Armadas, se hizo notar que estaba relacionado, en su parte financiera, con otras iniciativas: ley de Presupuesto y proyecto de reajuste, y que el financiamiento total constituiría un asunto del cual el Ejecutivo se preocuparía en forma preferente, por afectar su política económica.
El Ejecutivo envió financiado el proyecto sobre las Fuerzas Armadas, porque estableció en la iniciativa...
El señor CHADWICK.-
Es absurdo.
El señor PALMA.-
... que el reajuste correspondiente al sector pasivo -como lo dice el mensaje- se pagaría por etapas. Me refiero a la discusión habida especialmente en el Senado. Sin embargo, en la Cámara se precisó en una indicación que se cancelaría en tres etapas: la primera, de 40%, y las restantes, de 30%. De manera que en el plazo de tres años, las Fuerzas Armadas en retiro recibirían todo el porcentaje acordado por ley, debido a que no es posible financiar el proyecto en otra forma, pues su pago inmediato provocaría un desfinanciamiento de 480 millones de escudos.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PABLO ( Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-
El Honorable señor Palma sabe perfectamente bien que desde un comienzo el proyecto venía desfinanciado y nunca contó con los recursos suficientes. Primitivamente, preveía un financiamiento de 240 millones de escudos. El señor Ministro sostuvo en esa ocasión que el desembolso total alcanzaría a 850 millones de escudos. En definitiva, el mejoramiento acordado para las Fuerzas Armadas llegará a 1.800 millones de escudos.
El señor PALMA.-
Su Señoría ha reiterado la suposición de que el Ejecutivo gastaría la cantidad de 830 y tantos millones de escudos por concepto de reajuste del sector pasivo, el primer año, en virtud de la iniciativa que estamos discutiendo. Sin embargo -como también lo ha expresado el señor Senador-, el Gobierno se proponía pagar en tres etapas. En el primer año, 200 millones de escudos, correspondientes, más o menos, a 40% del aumento originalmente previsto para el sector activo.
El señor ALTAMIRANO.-
No es así.
El señor PALMA.-
Así es, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro podría aclararnos este asunto.
El señor PABLO ( Presidente).-
Con la venia del Honorable señor Palma, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor CHADWICK.-
¿Por qué no aclaramos esta materia?
El señor HAMILTON.-
No puede seguirse insistiendo en la inconstitucionalidad del proyecto de facultades al Ejecutivo para mejorar las rentas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, sobre la base de que al ser enviado al Congreso no establecía un financiamiento completo del gasto, porque se trata exclusivamente de un proyecto de facultades.
En él figura sólo parte del financiamiento. La otra se incluirá en el proyecto de reajuste general del sector público. De modo que deberá juzgarse si hay o no financiamiento cuando se dicte el respectivo decreto con fuerza de ley. En esa oportunidad se genera el gasto. Salvo el caso de las pensiones.
Lo ocurrido entretanto es otra cosa. Por eso, no atribuyo mayor importancia -y menos aun cuando lo menciona el Honorable señor Altamirano- al problema constitucional y formal, sino al de fondo.
Se está imponiendo al Gobierno, contra su voluntad, y en una materia en que la Constitución le concede plena iniciativa, un mayor gasto de 500 millones de escudos, que no está en situación de afrontar, como tampoco lo está la economía del país.
Ese es el problema real.
Resulta curioso recordar que, cuando el proyecto llegó al Congreso, el Honorable señor Altamirano sostuvo que era inconstitucional. Sin embargo, ahora sostiene que lo es para refutar la acusación de inconstitucionalidad que el Ejecutivo formula al pago íntegro e inmediato que aprobó la Cámara.
El señor PALMA.-
Ha quedado perfectamente claro que, inicialmente, el proyecto venía financiado.
El señor MONTES.-
¡No!
El señor CHADWICK.-
¡No es así!
El señor GARCIA.-
¡No!
El señor ALTAMIRANO.-
¡Cómo! ¿Su Señoría dice que venía financiado?
El señor PALMA.-
Sí, señor Senador.
El señor GARCIA.-
No podía venir financiado, pues se ignoraba a cuánto ascendería el gasto total.
La señora CARRERA.-
¿Por qué no le pregunta al señor Ministro, que está a su lado?
El señor ALTAMIRANO.-
Es un problema de aritmética de primera preparatoria.
El señor PALMA.-
Se establecía el pago en cuotas.
El señor GARCIA.-
No se suponía pagadero en esa forma.
El señor PALMA.-
Sí, señor Senador, y así lo dice el mensaje. No especificaba cuántas, pero establecía que se haría en etapas.
Al facultarse al Ejecutivo para proceder de ese modo, éste podría cancelar el reajuste por partes, lo cual le permitiría disponer de los fondos necesarios para equilibrar los gastos. El Parlamento aprobó primero el pago del reajuste en tres cuotas. Con posterioridad, se mostró partidario de hacerlo de una sola vez, lo cual obligará al Ejecutivo a un gasto cercano a los 500 millones de escudos, no presupuestados, que implica una medida de carácter inconstitucional.
Esa es la verdad de los hechos. En cualquier forma en que se calcule la operación, el proyecto se encuentra desfinanciado.
¿Por qué el mensaje propone pagar el reajuste en etapas? Desde el primer momento, y por los estudios previos efectuados para fijar los nuevos sueldos del personal en actividad, se comprobó que si se pagaba al sector pasivo de una sola vez, el reajuste de éstos alcanzaría un monto superior al del personal en servicio. Esta situación fue debidamente analizada y figura en el informe que los señores Senadores tienen en su poder. En la parte pertinente se expresa que las remuneraciones del sector activo se elevan por disposición de esta ley de 68% a 106%, con un promedio de 88%. En cambio, como resultado de pagar de una sola vez, los sectores pasivos aumentarían entre un mínimo de 78% y un máximo de 142%, con un promedio de 107%. Es decir, el conjunto de disposiciones daba lugar a un hecho nunca producido antes e imposible de afrontar.
Por tales motivos, no es posible seguir afirmando -y no hago cuestión respecto de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la proposición- que la iniciativa original no preveía una situación financiera equilibrada. Fue la iniciativa parlamentaria la que dio lugar al desfinanciamiento y al problema de la inconstitucionalidad.
El señor ALTAMIRANO.-
Eso es totalmente erróneo.
El señor DURAN.-
El Honorable señor Palma me ha concedido una interrupción.
Deseo llamar la atención respecto de un hecho: no estamos discutiendo el problema de la- constitucionalidad o inconstitucionalidad de la acción del Parlamento al rechazar el veto. Debemos dejar definitivamente aclarado ese aspecto. Reiteradamente el Ejecutivo se ha quejado de que el Congreso actuó en forma inconstitucional al proceder como lo ha hecho. Ello no es efectivo, y me alegro mucho de haberlo escuchado de parte de las bancas democratacristianas. Se trata, en consecuencia, de un problema derivado de la posibilidad o imposibilidad del Ejecutivo para llevar a acabo el pago correspondiente.
Quiero hacer notar al Honorable señor Palma que tengo en mi poder el proyecto del Ejecutivo enviado a la Cámara, donde constan sus fundamentos. En ninguna parte del articulado se dispone una fórmula de pago diferido.
El señor CHADWICK.-
Así lo dijo el Honorable señor Altamirano.
El señor DURAN.-
Acabo de escucharlo.
En ninguna parte del mensaje el Ejecutivo habla de enfrentar el gasto con el pago diferido. Aún más: fue una iniciativa parlamentaria la que dio lugar a que el Ejecutivo expresara una opinión favorable a la tesis de pagar en forma escalonada. Si el Gobierno envió el mensaje sin proponer lo que podríamos llamar "facilidades de pago", es por haber entendido desde un comienzo que se cancelaría de la misma manera como lo establecen las leyes comunes, tanto a los sectores activos como a los pasivos. En consecuencia, después de enviar el mensaje para pagar de contado, el Ejecutivo no puede sostener que el Parlamento desfinancia el proyecto o hace imposible el pago por el hecho de no fijar etapas sucesivas, como él lo había planteado.
Por lo tanto, para entrar al fondo del problema, sería conveniente que el Ejecutivo nos expusiera realmente que en su primera iniciativa nos propuso una fórmula de pago al contado y que más tarde, cómo consecuencia de sus conversaciones con los militares,...
El señor CHADWICK.-
De las presiones.
El señor DURAN.-
... el gasto pasó a ser mayor que el previsto. Este es un hecho que estamos dispuestos a conversar y debatir; pero no me parece un buen sistema buscar caminos de escondrijo para decir la verdad. Y la verdad es que el Gobierno pensó, al enviar el mensaje, que era posible financiar el gasto. De otra manera, lo habría aclarado de inmediato en su iniciativa y habría propuesto una fórmula de pago diferido, concreta.
El señor CARMONA.-
El Honorable señor Palma me ha concedido una interrupción.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor CARMONA.-
He escuchado con mucha atención las observaciones sobre la inconstitucionalidad del proyecto y de la disposición en estudio en estos momentos. Al respecto, me parece que deben distinguirse los dos aspectos.
Recuerdo perfectamente que, durante la discusión general de la iniciativa, el Honorable señor Altamirano planteó la inconstitucionalidad del proyecto, por el hecho de que el Ejecutivo proponía un conjunto de disposiciones que implicaban gasto y que, a su juicio, no estaban financiadas. Se le contestó que dicha inconstitucionalidad podría existir una vez que el Ejecutivo dictara los decretos con fuerza de ley respectivos, si no tuvieran financiamiento; pero que ya se vería si tales decretos estaban o no estaban financiados.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Y ya se dictaron?
El señor CARMONA.-
No todavía, desde luego.
El señor ALTAMIRANO.-
Entonces, no sabemos nada.
El señor CARMONA.-
Precisamente, en el breve tiempo de que dispongo, quisiera dilucidar este asunto.
También recuerdo con toda claridad que el señor Ministro de Hacienda, en la discusión general del proyecto en esta Corporación, expresó que en los decretos con fuerza de ley debería precisarse el alcance de sus disposiciones y, al mismo tiempo, del gasto que irrogasen. Agregó que, en todo caso, el Senado no podía apreciar la inconstitucionalidad del proyecto en cuanto a la falta de financiamiento considerando sólo los recursos consignados en el proyecto mismo, sino que también debía tomar en cuenta los del Presupuesto, en el que se establece una reserva de poco más de 1.600 millones de escudos...
El señor CHADWICK.-
Sólo de 500 millones, señor Senador.
El señor CARMONA.-
Excúseme, Honorable colega: son 1.650 millones de escudos los reservados para tal fin en el proyecto de ley de Presupuestos presentado en el mes de agosto. Lo señala el informe de las Comisiones Unidas, que tenemos a la mano, porque así lo precisaron el señor Ministro de Hacienda y el Subsecretario del ramo en las discusiones habidas en ellas.
El señor CHADWICK.-
Esos recursos son para el reajuste de todo el sector público
El señor CARMONA.-
Igualmente, se establecen recursos en el proyecto de reajuste general de la Administración Pública, que el Senado discutirá esta semana.
Pues bien, ése es un aspecto del vicio de inconstitucionalidad planteado, pero no la situación en análisis en este momento.
Al discutirse las observaciones en la Cámara de Diputados, el señor Ministro de Hacienda advirtió que la inconstitucionalidad del precepto relativo al pago de una sola vez sería efectiva si el Congreso Nacional insistía en su disposición, en cuyo reemplazo el Ejecutivo proponía el pago en tres cuotas, porque obligaba al Ejecutivo a disponer de recursos no previstos ni en el proyecto mismo sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas, ni en el de Presupuestos, ni en el de reajustes de la Administración Pública, con el efecto de provocar un desfinanciamiento del orden de los 484 millones de escudos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor CARMONA.-
Estoy haciendo uso de una interrupción, Honorable colega, de modo que no puedo conceder otras.
Al rechazar la Cámara de Diputados el veto en que el Ejecutivo proponía el pago fraccionado y no insistir en el precepto en virtud del cual el aumento se pagaría de una sola vez, a mi juicio ha desaparecido toda posibilidad de formular reparos por inconstitucionalidad, pues el asunto queda sometido a las facultades de que dispondrá el Presidente de la República y que ejercerá mediante decretos con fuerza de ley. Si la Cámara hubiera insistido en el precepto primitivo y obligado al Gobierno a efectuar un desembolso de 484 millones de escudos de una sola vez, estaríamos en presencia de un evidente vicio de inconstitucionalidad, pero no por las razones expuestas durante la discusión general por el Honorable señor Altamirano, sino porque el Congreso insistiría en el despacho de una disposición sin el financiamiento respectivo, situación expresamente prohibida por nuestra Constitución Política.
El señor ALTAMIRANO.-
Deseo hacer una pregunta al Honorable señor Carmona.
¿Qué precepto autorizaría al Presidente de la República para pagar en forma discriminada el reajuste del personal pasivo? Su Señoría ha dicho que en los decretos con fuerza de ley que podrá dictar el Presidente de la República le es posible hacer tal discriminación. Quisiera saber qué normas legales tiene en mente el señor Senador para opinar así.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede continuar el Honorable señor Palma.
El señor PALMA.-
Deseo aclarar de nuevo algunas cosas que, por lo apasionado del debate, parecen haberse olvidado. Hay personas...
El señor ALTAMIRANO.-
¿Y la pregunta que formulé al Honorable señor Carmona?
El señor CHADWICK.-
Eso sí que es conveniente aclararlo.
El señor PALMA.-
... que llegan a convencerse de estar en la razón por el hecho de afirmar reiteradamente conceptos erróneos.
En el artículo 1° del proyecto, el Ejecutivo propone que se le den facultades para proceder a modificar las normas relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, los respectivos decretos con fuerza de ley se dictarán dentro de ese espíritu.
En la exposición que hizo el señor Ministro de Hacienda en las Comisiones, al explicar este precepto...
El señor ALTAMIRANO.-
Lea el mensaje.
El señor PALMA.-
Lo estoy leyendo.
Digo que en las Comisiones se explicó que el precepto tiene por objeto solicitar facultades legislativas para modificar disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas.
El señor CHADWICK.-
Son conceptos distintos "retiro" y "pensiones".
El señor AYLWIN.-
En las Fuerzas Armadas se llaman "pensiones de retiro".
El señor CHADWICK.-
Pero no es lo mismo "retiro" y pensiones".
El señor PALMA.-
El hecho cierto es que, además de lo señalado por mi Honorable colega, en el curso de la discusión producida en la Comisiones Unidas el señor Ministro de Hacienda insistió reiteradamente en que sería necesario usar estas facultades para pagar al sector pasivo por etapas, pues de otro modo el proyecto de ley no tendría financiamiento.
El señor CHADWICK.-
Pero no lo decía el mensaje.
El señor PALMA.-
En efecto, un eventual cálculo del costo del aumento para el sector activo aplicando las disposiciones vigentes -por eso se solicitan facultades: para modificarlas-, revelaría que el Fisco se vería en la necesidad de pagar una cantidad que financieramente no puede afrontar.
El señor ALTAMIRANO.-
Pero el mensaje no decía eso.
El señor PALMA.-
Estos son los hechos, las aclaraciones durante el debate, la continuidad de los sucesos.
Desde el primer instante se dejó en claro que no había posibilidad de pagar de una sola vez, por la aplicación de las disposiciones vigentes, los beneficios a que tiene derecho el sector pasivo. Se explicó en las Comisiones detenidamente la posibilidad de pagar en varias cuotas. Con motivo de este debate, el Ejecutivo se vio obligado a precisar en la Cámara de Diputados más claramente la forma en que se pagarían tales beneficios y cuáles serían las etapas: en la primera, se cancelaría 40% del reajuste; en la segunda, 30%, y en la tercera, otro 30%. Es decir, se llegaría a 100%; al cabo de tres años.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
He escuchado con mucha atención los planteamientos de los diversos señores Senadores. Por lo demás, el debate es un tanto similar al que se produjo en la Cámara de Diputados.
Para precisar el asunto en discusión, deseo hacer un poco de historia respecto del precepto observado.
Cuando el Ejecutivo remitió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en el artículo 1° solicitó una facultad amplia, equivalente a la que pidió para dictar el decreto con fuerza de ley Nº 1, en 1968, a fin de reajustar las rentas del personal de las Fuerzas Armadas, ocasión en la que se permitió al Ejecutivo modificar disposiciones relativas a remuneraciones y retiro. Según la facultad aprobada en 1968 -y así lo expliqué en la Cámara de Diputados- el Ejecutivo podía fijar etapas...
El señor ALTAMIRANO.-
¿Y por qué no lo dijo en el mensaje ahora?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Porque no era necesario. El Congreso Nacional ya se había pronunciado una vez en tal sentido y no hubo ninguna dificultad.
Durante la discusión en el Congreso, diversos sectores políticos hicieron ver la inconveniencia de dar al Presidente de la República la facultad irrestricta de modificar todas las disposiciones de retiro, lo cual incluye no sólo la forma de pago sino también el tiempo de servicio para jubilar, lo relativo a abonos por años de servicio, etcétera.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Ya había hecho lo mismo un año antes.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Era conveniente precisar este aspecto y buscar una fórmula que hiciera factible su aprobación por los diversos sectores políticos. Frente a una petición de ellos, el Ejecutivo aceptó suprimir las palabras "y retiro". Propuso entonces, dentro del artículo 1°, diversas normas tendientes a hacer efectiva la facultad. Entre ellas, propuso el pago en etapas. Aún más, algunos sectores pidieron que, antes de formular la indicación, señaláramos los años en que el beneficio se pagaría. Sobre la base de este planteamiento, propusimos los años 1970, 1971 y 1972. A raíz de la enmienda del Ejecutivo, hubo otra proposición, sostenida por el Partido Nacional, en el sentido de no establecer en el precepto mismo las etapas en que se cancelaría el reajuste, sino de entregar el asunto al Ejecutivo, quien lo determinaría por medio de los decretos con fuerza de ley, para hacerlo responsable de la forma de pago. Puestas en votación ambas indicaciones, se aceptó por mayoría el pago en tres etapas. En esos términos fue aprobada la indicación por la Cámara, no sólo con los votos a favor del partido de Gobierno, sino también con el apoyo de otras colectividades.
El señor ALTAMIRANO.-
No la nuestra.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda) .-
Esa indicación establecía la forma como el Ejecutivo podía realizar el pago y determinaba su iniciativa.
¿Qué ocurrió en el Senado? El proyecto se envió a las Comisiones Unidas y, en el primer informe, el Honorable señor GARCIA presentó indicación para insistir en el criterio de los Diputados, de manera que fuera el Gobierno quien tomara la responsabilidad de fijar la forma de pago, pero no fue aceptada. En el segundo informe, formuló nueva indicación el Honorable señor Ochagavía, si mal no recuerdo.
El señor VALENTE.-
Varios señores Senadores.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda) .-
Diversos señores Senadores hicieron otras proposiciones, pero todas perseguían el mismo fin: eliminar lo aprobado por la Cámara y consagrar el pago de una sola vez, en forma automática, o sea, cancelar el reajuste a los jubilados en el mismo instante en que lo recibieran los personales en actividad.
Frente a esa indicación -no estoy pre-fabricando un argumento, pues hay constancia de ello en las actas de las Comisiones Unidas-, pedí declararla improcedente por inconstitucional, fundado en dos artículos de la Carta Fundamental.
El artículo 45 de la Constitución dice que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República todas aquellas disposiciones que tengan por objeto aumentar las remuneraciones de cargo fiscal. También me asilé en la jurisprudencia reiterada de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la cual señala que se entienden como remuneraciones de cargo fiscal aquellos aumentos de pensiones que deben ser pagados por el Fisco. Caso típico son las pensiones perseguidoras, motivo de discusión en las Comisiones de Hacienda y Defensa del-Senado, unidas.
La segunda causal de inconstitucionalidad alegada por el Ejecutivo se fundó en el artículo 44, número 4, de la Constitución, el cual expresa que no se podrán aprobar por el Parlamento nuevos gastos sin indicar el correspondiente financiamiento. En esa oportunidad dije que esta materia era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, aun desconociendo esa facultad, que si el Parlamento quería ordenar el pago de una vez y modificar el criterio de Gobierno -que estaba dispuesto a entregar los recursos, que ascendían más o menos a 500 millones de escudos, de acuerdo con la realidad financiera del país- debía precisar la fuente de recursos, pues de otra manera se infringía el artículo 44 de la Constitución.
Planteada la inconstitucionalidad, el Presidente tuvo dudas y, consultados los Senadores, prevaleció el criterio de que la indicación no era inconstitucional. Insistí en la Sala y tampoco logré éxito. Se mantuvo, entonces, un precepto que obligaba al Gobierno a pagar de una sola vez el reajuste a los pensionados de las Fuerzas Armadas, vulnerándose así la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de remuneraciones de cargo fiscal, consagrada en el artículo 44, número 4, de la Carta Política.
En ese momento el Ministro de Hacienda alegó la causal de inconstitucionalidad -no creó ese hecho--, la que representó también en la Cámara cuando el Ejecutivo remitió el veto.
En este punto haré un poco de historia, porque es necesario hacerlo. El Presidente de la República, antes de enviar el veto, consciente de que era un problema difícil y delicado, solicitó al partido de Gobierno realizar gestiones ante diversas colectividades, a fin de dar una solución no conflictiva al asunto. Se habló con ellos y se dijo al Ejecutivo que le bastaba tomar contacto con la organización gremial presidida por determinada persona -que era la más representativa- y obtener su aval para que el veto fuera aprobado. Se realizó ese trámite y se llegó a un acuerdo con esa organización gremial, el cual se tradujo en el veto. Además, se incorporaron dos peticiones adicionales hechas por ese sector pasivo: un aspecto relativo a quinquenios y otro al fondo de revalorización de pensiones.
Se remitieron las observaciones al Parlamento, pero en ese momento se desconoció la autoridad de don Humberto Castro, presidente de la mencionada organización, que era suficiente aval para algunos partidos políticos, y apareció otra agrupación gremial, presidida por el General en retiro don Carlos Valdés, de la cual se dijo que tendría mayor representatividad.
Frente a este problema -estábamos en plena discusión del veto en la mañana de ese día-, y tratando de buscar nuevamente una solución, personalmente me reuní con la directiva encabezada por el señor Valdés. Después de darles una explicación de las dificultades del financiamiento, con todas las razones del caso, y luego de una larga discusión y de una proposición hecha por el Diputado señor Luis Pareto, me dijeron que aceptaban el pago diferido. Reconocieron que, si bien existía un problema financiero -recuerdo sus palabras textuales-, no querían poner el" cuchillo al cuello al Gobierno ni ahorcarlo y aceptaban que en 1970 se mantuviera la fórmula de pago propuesta por el Ejecutivo, siempre que el resto de lo adeudado se cancelara el 1° de enero de 1971.. Frente a este planteamiento, yo hice la contraproposición de dividir en dos el pago que debería efectuarse en 1971. Les expresé que si bien el Ministro de Hacienda no tendría responsabilidades financieras ese año, creía moral establecer lo que, a su juicio, el país podía solventar; que, para mí, la proposición formulada por el Ejecutivo era la más factible, aun encontrándola muy difícil y gravosa, y no podíamos ir más allá; y que, en cuanto a la solución que ellos proponían, yo estaba dispuesto a consultar al Presidente de la República, que en esos momentos se encontraba en Temuco. Por lo tanto les pedí reunimos a las 12 y media de esa tarde.
Hablé con el Presidente de la República; le expliqué el problema; le di a conocer mi posición personal y la necesidad de resolver el conflicto. Por último, el Presidente de la República me expresó que si la única solución era la propuesta por esa organización gremial, que representaba al personal pasivo, la aceptara en definitiva. Esto ocurrió después de la segunda conversación telefónica que efectué a Temuco.
Después de llegar a un acuerdo, se pidió una reunión de Comités de la Cámara de Diputados. Informé por separado a algunos parlamentarios y representantes de partidos. No participé en esa reunión, porque no creí del caso hacerlo. Sucedió que en los momentos en que ésta se desarrollaba, el presidente del organismo gremial, don Carlos Valdés, retiró su palabra de acuerdo. Expresó que procedía así porque, consultadas sus bases, no le habían dado respaldo. No quiero entrar al terreno de las calificaciones ni a presumir actitudes, sino narrar los hechos en la forma más verídica.
Después de lo relatado, paréntesis que me parecía necesario, deseo volver al problema de la inconstitucionalidad.
Habiéndose producido nuevamente la "impasse" para salvar el conflicto, volví a la Sala a defender el veto e hice presentes las dificultades del Ejecutivo frente a su posible rechazo. Expresé que de imponerse el precepto del Senado que obligaba a pagar de una sola vez lo adeudado, se consagraría una disposición inconstitucional, de lo cual había reclamado a tiempo el Ejecutivo, apenas presentada la indicación, y di nuevamente los fundamentos que he reiterado aquí.
En segundo término, manifesté que, como Ministro de Hacienda, en forma responsable debía declarar que de aprobarse la disposición impuesta por el Parlamento en términos inconstitucionales, el Ejecutivo se vería en la imposibilidad de cancelar el reajuste en un solo acto, puesto que no contaba con financiamiento para los 489 millones de escudos requeridos para cumplir "in integrum" lo que el Congreso despachaba. Hice una declaración por escrito, para evitar suspicacias y errores, donde planteé en términos muy responsables la posición del Gobierno.
Se efectuó la votación y la Cámara rechazó el veto, pero no pudo insistir. O sea, no prevaleció el criterio del Ejecutivo ni tampoco el del Legislativo, que obligaba a pagar de una sola vez.
Este es, en síntesis, el problema de la inconstitucionalidad alegada por el Ejecutivo -no el del financiamiento, al cual me referiré más adelante-,.en cuanto a la obligación que se le pretendía imponer de cancelar el reajuste de un golpe, en circunstancias de que el Gobierno había realizado sus estudios y solicitado facultades para pagarlo en tres cuotas.
El problema se presentará después.
Por lo demás, la votación del Senado no tiene mayor influencia, porque se mantendrá de todos modos el criterio de la Cámara. En consecuencia, ha desaparecido tanto la norma del Ejecutivo como la del Legislativo.
Será materia de un estudio jurídico determinar el alcance de la facultad. De todos modos, el Gobierno debe reiterar que buscará todos los mecanismos legales vigentes a los que pueda ceñirse para poder imponer su criterio, que es lo factible. Desde luego, declaro que no existe financiamiento para cancelar los 489 millones de escudos, de las dos etapas siguientes, a los pensionados de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo también reclamó acerca del problema del financiamiento. En este punto, también quiero comentar algunas afirmaciones hechas en el Senado.
Al discutirse la facultad, diversos parlamentarios -en especial los Honorables señores Altamirano y Chadwick- sostuvieron que el proyecto era inconstitucional, puesto que no proponía un financiamiento completo. Yo les expresé que, a mi juicio, tal como la planteó el Ejecutivo, con el pago en tres etapas al personal en retiro, la iniciativa estaba financiada; y que, si los recursos consignados no eran suficientes, los que faltaran podrían obtenerse por medio de otras leyes, como, por ejemplo, la de Presupuestos. El veto en debate contiene una serie de disposiciones tendientes a completar el financiamiento. Este no ha de ser problema, con el criterio del Ejecutivo.
Pero sí produciría desfinanciamiento el mantener el criterio del Poder Legislativo, es decir, el pago de una sola vez del beneficio correspondiente a los jubilados. En tal caso, no existiría financiamiento posible ni en la ley en debate, ni en el proyecto de ley de Presupuestos, ni -menos aún- en el de reajuste de remuneraciones del sector público, cuyo costo implica en este momento, como lo expresé en la Cámara de Diputados, una falta de recursos del orden de los ciento a los ciento treinta millones de escudos, que debe subsanarse por el Gobierno.
Entiendo que exista un problema de determinación de fondos en estos momentos, puesto que, en realidad, los recursos con que ha de contar el país en 1970 quedarán fijados en el oficio final sobre Presupuestos, una vez conocidos los textos aprobados, tanto de la ley en debate como de la que reajustará las remuneraciones del sector público. En el cálculo del Presupuesto -así lo anuncié en mi exposición sobre la Hacienda Pública- se tuvo en cuenta un precio estimativo del cobre de 52 centavos de dólar la libra, según la norma que hemos seguido, de tomar como precio base y seguro el del mercado productor americano, año tras año. Esa es la cifra que hemos consignado como ingreso por concepto del cobre en el Presupuesto del año próximo.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Eso significa cuánto más de lo previsto?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Cuatrocientos cuarenta millones de escudos, aproximadamente. No podría dar la cifra exacta, porque hay un problema de sobreprecio. No tengo aquí el cálculo. El año pasado, el ingreso por cada centavo de mayor precio era del orden de los siete millones de dólares.
El señor CHADWICK.-
Ahora ha subido considerablemente.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Eso es asunto aparte. Estoy hablando de lo que significa cada centavo.
Ahora bien; yo no quisiera referirme a algunas expresiones del Honorable señor Altamirano. Me parecen inconvenientes e innecesarias. "Falta de seriedad", "escándalo", "mentiroso" son palabras...
El señor ALTAMIRANO.-
¡El Gobierno las dijo refiriéndose a nosotros, señor Ministro!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
... que, a mi juicio, por la facilidad con que las expresa el señor Senador, algún día pueden volverse contra él. Yo, personalmente, jamás me atrevería en esta Sala, por el respeto que debo al Congreso Nacional y a los señores Senadores, hacer apreciaciones de esta índole, porque no me parece necesario herir a las personas...
El señor ALTAMIRANO.-
El Gobierno lo dijo de nosotros!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Yo no diría eso. Podría hacerlo, seguramente, pero sin usar tales calificativos y apreciaciones. A menudo, entiendo a Su Señoría. En este caso, puedo demostrarle que muchas de sus afirmaciones no se ajustan a la realidad.
El señor Senador hablaba de que este proyecto estaba desfinanciado en 900 millones de escudos. No veo de qué modo llega a esa conclusión. Me basta hacer un cálculo. He sostenido en las Comisiones que el primer financiamiento alcanzaba a 372 millones de escudos. En el veto, se consignan recursos, por venta de dólares, de 350 millones de escudos...
El señor ALTAMIRANO.-
Usted sabe, señor Ministro, que el señor Subsecretario dijo que tales ingresos no se incluirían para este fin.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Es indiscutible que ingresarán al Presupuesto de 1970. Se han calculado entre los ingresos finales.
El señor ALTAMIRANO.-
Pero no para este proyecto.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
De acuerdo. Pero, como lo he dicho, los recursos que no estén otorgados aquí lo estarán, en todo caso, en la ley de Presupuestos.
El señor ALTAMIRANO.-
Yo he sostenido que este proyecto estaría desfinanciado. El ingreso a que se refiere Su Señoría, que estoy de acuerdo en que se considere, no se tuvo presente.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
No sé de dónde lo ha sacado Su Señoría. En último término -dije- cuatro centavos de dólar son más de mil ciento cincuenta millones de escudos. ¿O no es efectivo, señor Senador?
El señor ALTAMIRANO.-
¿Cuánto?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Mil ciento cincuenta millones, a razón de cuatro centavos. ¿No es efectivo?
El señor ALTAMIRANO.-
Depende del precio del cobre.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Lo único que quiero decir a Su Señoría, porque no quiero entrar en un debate de ese tipo, es que no me parece lógico, si queremos convivir en la democracia, que de parte de un Senador se usen tales adjetivos o calificativos, que alcanzan al Presidente de la República e, incluso, al personal subalterno. En este último estaría yo incluido, seguramente. No me disgusta serlo. Pero creo que, en definitiva, quien resulta perjudicado con esas expresiones es el parlamentario que las emite y no el Gobierno, porque éste tiene una conducta muy clara.
El señor ALTAMIRANO.-
El Gobierno puede decir lo que quiera, señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El Ministro que habla nunca ha estado implicado en escándalos, ni ha sido poco serio, ni es mentiroso. Espero que la frase no haya herido a nadie.
Además, hizo otra afirmación Su Señoría. A propósito del pago en varias etapas, dijo que ahora el aumento o bonificación de veinte escudos por asignación familiar no se pagaría al sector pasivo. No sé de dónde ha obtenido tal información el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-
Me la dieron ciertos sectores de la Administración Pública.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
¡Ah! ¡Se la dieron ciertos sectores! Hablan, pero no escuchan. Hemos llegado a un acuerdo con la Central Unica de Trabajadores. Aclarado el problema, ante una pregunta hecha sobre el mismo tema en las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno Interior de la Cámara, tanto el presidente de la CUT como el que habla declaramos que los veinte escudos adicionales por bonificación a la asignación familiar alcanzan a todo el personal incluido en ese acuerdo: pasivo y activo. Y agregamos que no los percibirán quienes no han entregado su cuota para crear el fondo de redistribución, porque sería injusto que, si las Fuerzas Armadas no han contribuido, como lo hizo la CUT, con uno y medio por ciento de su reajuste para beneficiar con mayor renta a la gente de más bajo ingreso, se les pagara, a ellas, con el dinero del sector civil.
Quiero preguntar si, por esa afirmación errónea de Su Señoría, podría yo atreverme a usar los mismos calificativos que él empleó respecto del Gobierno y de mi persona. No. No me atrevo a hacerlo. Creo que lo dicho por Su Señoría está basado en una mala información.
El señor LORCA.-
¡Es que usted no es "revolucionario"!
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Resumiendo la posición del Ejecutivo, es inconstitucional, por las razones dadas, por infringir abiertamente los artículos 44 - Nº 4º- y 45 de la Constitución Política del Estado, el artículo aprobado en el Senado de la República, que ha desaparecido en el trámite del veto en la Cámara de Diputados al no producirse la insistencia por los dos tercios de sus miembros. De tal modo que no ha prevalecido ni el criterio del Ejecutivo, que obligaba, en fechas y porcentajes determinados, al pago escalonado, ni tampoco el del Poder Legislativo, que estimó necesario -si no, no tendría por qué haberlo dicho: debió haber rechazado la norma del Ejecutivo- establecer el pago de una sola vez.
En consecuencia, el Ejecutivo tendrá que buscar todas las herramientas legales que le permitan imponer su criterio. Y advierto que, no estando financiado el pago del reajuste de las pensiones en los términos que pretendió imponer el Congreso, yo, como Ministro de Hacienda -y en forma responsable, porque no quiero llevar al país a una "debacle" económica haciendo una emisión por esos 489 millones de escudos-, yo, personalmente, si no tengo dinero para hacer el pago, no podré cancelar el reajuste de los miembros pasivos de las Fuerzas Armadas sino con los recursos que tenga la caja fiscal para satisfacer las necesidades de ese personal.
Comprendo, indiscutiblemente, que lo óptimo sería dar a ese personal todo el reajuste; pero ante la imposibilidad de hacerlo, tengo que proceder por el bien del país entero y ver cuánto puedo pagar realmente. Aún más: tomando en cuenta que, según la escala propuesta por el Ejecutivo para el personal en actividad, y como lo decía el Honorable señor Palma, el reajuste promedio del sector pasivo será de 106%, en tanto que el del sector activo será de 88%, sobre la base de esta argumentación -que también es de índole moral-, creo que no estoy perjudicando al sector pasivo; seguramente no satisfago la expectativa que hoy ese personal podría tener, pero sí aquella parte de sus necesidades que, ante la realidad, y con responsabilidad de Ministro de Hacienda, puedo satisfacer.
Ahora bien; si los recursos necesarios para obrar de otro modo pudieran obtenerse de fuente sana, que no significara impacto en el proceso de la inflación, estoy abierto a escuchar proposiciones. Así lo he expresado, tanto en la Cámara como en el Senado, y ésa es la razón por la cual creo tener autoridad moral.
Como Ministro de Hacienda he realizado un esfuerzo inmenso para poder satisfacer las aspiraciones de diversos sectores gremiales del país. Desde septiembre hasta la fecha he tenido que reunir más de 3.500 millones de escudos para atender en forma razonable las peticiones de los trabajadores. El Ministro de Hacienda, creo que por primera vez en la historia de este país, ha tenido contacto directo con los representantes de los trabajadores, por medio de la Central Unica de Trabajadores. Después de un diálogo profundo y largo, en el cual los trabajadores demostraron, a mi juicio, una responsabilidad jamás vista, se compenetraron de las cifras presupuestarias y se impusieron de todos los detalles, ellos comprendieron y llegamos a un acuerdo: ahí está la iniciativa de ley de reajustes para el sector público, el sector civil, con los problemas solucionados, sin conflicto; iniciativa que se despachará, probablemente, en tiempo "record" y sin dificultad, a lo mejor antes del 31 de diciembre.
Para el sector pasivo, el mismo esfuerzo: tuve reuniones con los personeros más representativos de los jubilados. Pero ¿qué sucedió? Después que el Gobierno había puesto toda su buena voluntad en llegar a una solución, y después de haber llegado a ella, con acuerdo firmado, con suficiente aval para diferentes sectores políticos, se retiró el acuerdo, sin consultar siquiera a la otra parte, es decir, al Gobierno y al Ministro de Hacienda que se había esforzado por eliminar el conflicto.
En consecuencia, creo que mi actuación no puede haber sido más limpia, responsable y seria; no ha sido escandalosa, no ha existido falta de seriedad de mi parte, tampoco he sido un mentiroso.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, el señor Ministro de Hacienda ha sostenido que la disposición contenida en el número 3 del artículo 1° es inconstitucional, porque violaría el artículo 44 de la Carta Fundamental en cuanto dispone que el Congreso no podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto; e infringiría también el artículo 45, que reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la administración pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales".
Nosotros no estamos de acuerdo con esta opinión constitucional del señor Ministro de Hacienda y del Gobierno. Consideramos, sin lugar a dudas, que la disposición que estamos discutiendo en este momento no infringirá ninguno de los dos preceptos constitucionales señalados. En efecto, lo que prohibe el artículo 44 es aprobar un nuevo gasto sin señalar las fuentes de recursos necesarios para solventarlo ; y en el artículo 1º del proyecto no se está aprobando gasto alguno, sino autorizando al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, sobre la base de ciertas normas. No se impone al Ejecutivo gasto alguno, y no puede jugar, por lo tanto, la disposición consignada en el inciso segundo del número 4 del artículo 44.
Lo mismo puede decirse del artículo 45 de la Constitución. No estamos aprobando en este instante aumento de remuneraciones alguno ni de pensiones del sector pasivo. Estamos facultando al Gobierno para que él otorgue los aumentos que estime convenientes; pero, al concederle la autorización, no se la estamos dando en forma indiscriminada, sino con ciertas condiciones. Se está diciendo al Ejecutivo: "Disponga usted los aumentos que estime convenientes y que pueda financiar, pero las disposiciones que adopte al respecto deberán sujetarse a ciertas normas, una de las cuales será dar al personal pasivo los reajustes de pensiones en la misma oportunidad en que perciba sus aumentos el personal activo".
¿Qué es lo que sucede con esta iniciativa legal? Que en sí es anormal. Las disposiciones contenidas en los artículos 44 y 45 no pueden jugar por la muy sencilla razón de que esta iniciativa legal se limita a conceder una autorización y no determina ni los gastos ni los aumentos de remuneraciones que se efectuarán.
El señor HAMILTON.-
¡Su Señoría sabe perfectamente que existe un compromiso con las Fuerzas Armadas!
El señor BULNES SANFUENTES.-
Estoy hablando de los preceptos constitucionales.
No estoy preocupado en estos momentos de si se infringen o no se infringen los compromisos contraídos por el Gobierno con las Fuerzas Armadas, que siempre son extraoficiales.
El señor CHADWICK.-
Inconstitucionales.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Como dice él Honorable señor Chadwick, en sí son inconstitucionales, o bien, compromisos ad referéndum, que no tienen valor jurídico alguno mientras no se sancionen mediante una ley.
Me estoy limitando a analizar -repito- las disposiciones constitucionales.
El artículo 44 prohibe, como he dicho, imponer al Ejecutivo nuevos gastos sin señalar las fuentes de financiamiento y el 45 nos impide aumentar las remuneraciones del sector público sin iniciativa del Presidente de la República. En esta oportunidad, no se está haciendo ni lo uno ni lo otro.
Por lo demás, la tramitación anormal del proyecto deriva de los propios términos en que el Gobierno lo planteó. En la exposición de motivos del mensaje dirigido a la Cámara de Diputados, en el penúltimo párrafo del texto correspondiente, se expresa:
"Sin embargo, como el costo definitivo del proyecto sólo podrá establecerse una vez dictados, en uso de las facultades que se solicitan, los decretos respectivos por el Presidente de la República, me anticipo a manifestar que el conjunto de mayores gastos por remuneraciones que se produzcan en 1970, tanto por la aplicación de este proyecto como por la ley General de Remuneraciones que deberá dictarse, será financiado con la provisión de fondos ordinarios que se hará en la ley de Presupuestos para 1970, con los recursos de esta ley y con los que se aprueben en la Ley General de Remuneraciones".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
El señor Ministro de Hacienda le está pidiendo una interrupción, Honorable Senador.
El señor BULNES SANFUENTES.-
En cuanto termine de expresar la idea que estoy exponiendo, concederé al señor Ministro la interrupción que me solicita.
Por lo tanto, el propio Gobierno, el Jefe del Estado, al plantear este proyecto mediante un mensaje a la Cámara, dice: "los mayores gastos a que pueda dar lugar la ley en estos momentos son indeterminables, porque dependerán de los decretos que yo dicte".
El señor CHADWICK.-
Claro.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Y agrega el mensaje:
"Este proyecto no tiene financiamiento propio, pues habrá que sumar todos los egresos que tendrá el Fisco por concepto de los decretos que se dicten, de acuerdo con esta iniciativa legal: por reajuste de remuneraciones del sector público y por la Ley de Presupuestos; y luego, en el conjunto de estas leyes se proporcionarán los recursos correspondientes."
Mal puede hablarse ahora de un financiamiento propio de esta legislación y decirse que aquél es insuficiente para cubrir los gastos; gastos que, como digo, no están determinados en la iniciativa.
Cualquiera que sea la opinión particular que la norma despachada por el Congreso pueda merecer, hay algo que no se puede decir de ella: que sea inconstitucional por transgredir los artículos 44 y 45. Tal vez la verdadera inconstitucionalidad de la disposición esté en el fondo de ella,...
El señor CHADWICK.-
En la autorización.
El señor BULNES SANFUENTES.-
... al autorizar al Presidente de la República para fijar remuneraciones del sector público, lo cual, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, sólo puede hacerse por ley.
El señor ALTAMIRANO.-
Es lo que dije desde un comienzo.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Incluso el artículo 1° del proyecto ni siquiera fija límite al gasto que podrá hacer el Presidente de la República.
Y como éste es un proyecto anormal, que no encuadra bien en nuestra Constitución, no se le puede aplicar, a la inversa de lo que sucede con la generalidad de las iniciativas, los preceptos consignados en los artículos 44 y 45.
El señor HAMILTON.-
¡Pero Su Señoría votó a favor de la facultad!
El señor BULNES SANFUENTES.-
Estoy manifestando la duda respecto de la facultad, Honorable Senador. La falta de encaje de los artículos 44 y 45 está planteando la duda, a posteriori de si no es el proyecto entero el que se sale de los marcos de la Carta Fundamental y que imposibilita hacer jugar los preceptos constitucionales normales.
Concedo una interrupción al señor Ministro.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
En realidad, no me referiré al último aspecto analizado por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes: la inconstitucionalidad, porque creo que es una materia muy discutida. En todo caso, me parece que el argumento del señor Senador adolece de grave error, pues Su Señoría no puede desconocer que las materias por él mencionadas son de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Esta ha sido la tesis normalmente sostenida por el señor Senador en las Comisiones, tanto en lo relativo al incremento de remuneraciones como, especialmente, de las llamadas "pensiones perseguidoras".
Para enfocar el problema en cuestión, siempre se han seguido dos dictámenes de la Comisión de Legislación del Senado, que tengo a la mano y que figuran en las páginas 590 y 593 del Manual respectivo. El primero de estos informes lleva la firma de los señores Walker, Alessandri y Alvarez; el segundo, la de los señores Alessandri, Figueroa e Izquierdo.
Sobre la base de lo anterior, debo decir que Su Señoría olvida toda la explicación previa que yo di: el Ejecutivo, cuando planteó el proyecto, lo hizo solicitando una amplia facultad para establecer las etapas que comprendería el pago y, cuando se le pidió precisar éstas, las fijó, en virtud de su iniciativa exclusiva, en tres. Por consiguiente, el Honorable señor Bulnes no me puede discutir que es una iniciativa que involucra gasto, cualquiera que sea el financiamiento, y que se trata de un aumento de remuneraciones, cualquiera que sea su forma de pago, sea en tres años o la totalidad de inmediato.
Quiero hacer una pregunta al señor Senador. Supongamos que se tratara de una ley positiva, como es el caso del Acuerdo Magisterial del cual conoció el Congreso, donde se establecía que los porcentajes de aumento serían tanto para el año 1965, tanto para 1966, tanto para 1967 y tanto para 1968, y el Congreso hubiera dicho: "Todos estos aumentos se pagarán en 1965". ¿Habría inconstitucionalidad o no la habría en la enmienda hecha por el Parlamento? ¿Y que hizo el Congreso ahora? Eliminó el pago en tres etapas y obligó a hacerlo en una sola.
Lo que sostengo es que, sobre la base de la votación del veto en la Cámara, desapareció esa disposición inconstitucional aprobada por el Senado.
El señor BULNES SANFUENTES.-
El señor Ministro está olvidando lo fundamental de la cuestión.
El señor CHADWICK.-
Claro.
El señor BULNES SANFUENTES.-
El artículo 45 dice que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales". Y agrega que "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o aumentos que se propongan".
Estoy de acuerdo con la tesis -no es mía, sino la oficial del Senado- que he defendido invariablemente, en el sentido de que este precepto se refiere tanto a las remuneraciones del personal en actividad, como a las del personal pasivo. Hay acuerdos reiterados de la Corporación en tal sentido. Incluso, alguno de los informes están suscritos por mí. El señor Ministro sabe que en las Comisiones unidas de Gobierno ¡y Hacienda, cuando me tocó presidirlas, apliqué implacablemente este principio.
Pero ésta no es una ley que conceda o aumente sueldos ni para el sector activo ni para el pasivo. No concede ni aumenta nada. Es una iniciativa legal que otorga al Jefe de Estado autorización para que aumente los sueldos, si lo estima conveniente, y dentro ¡de los límites que él mismo disponga. El Congreso otorga esta autorización, no aumenta los sueldos. Cuando la ley sea promulgada, ningún sueldo estará aumentado. Pero el Parlamento dice al Presidente de la República: "La autorización que usted me solicita se la concedo bajo cuatro condiciones. Una de éstas es que el aumento de las pensiones que usted disponga sea pagado en su integridad, conjuntamente con la cancelación del reajuste al personal en actividad". El Congreso no está disponiendo un aumento de pensiones ni obligando al Primer Mandatario a que lo haga; pero le está diciendo: "Si usted quiere usar mi autorización, lo hará en los términos que yo estimo regulares, tratando al personal pasivo de igual manera que al activo".
No se está violando, pues, el artículo 45, ni mucho menos el 44. Porque, ¿cómo podemos hablar de nuevos gastos y señalar los recursos para atenderlos, cuando no sabemos a cuánto ascienden los primeros y todo dependerá de lo que el Presidente de la República disponga en sus decretos?
El señor CHADWICK.-
Quedó claro.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Quiero aprovechar ahora mi tiempo para referirme, muy de paso, a una larga intervención del Honorable señor Montes, quien, como de costumbre, trató de hacer toda clase de suposiciones o imputaciones, incluso respecto del señor Jorge Alessandri, del Partido Nacional y de cada uno de sus miembros, todos los cuales tendrían las intenciones más aviesas respecto del régimen constitucional.
No me haré cargo de toda la disertación de Su Señoría, porque francamente tendría que ser muy ingenuo para tomar en serio estas catilinarias en defensa de la democracia representativa que surgen cada día con más frecuencia desde las filas comunistas. A la opinión pública le basta con saber que la intervención corresponde a un Senador comunista, para no atribuirle gravedad, ni siquiera seriedad. Nadie ignora que el Partido Comunista en Chile, como en todas partes del mundo, auspicia la dictadura del proletariado, que es, por lo demás, la del propio partido; que acepta la vía violenta para llegar al poder, aun cuando en circunstancias determinadas, como ahora, .considere, por razones del momento, que puede ser más útil y más viable la vía pacífica. Nadie ignora que el Partido Comunista chileno está en íntimo contacto con otros Partidos Comunistas que mantienen destruida la democracia representativa, y conculcadas las libertades, en algunos casos por más de medio siglo. Nadie ignora que el Partido Comunista ha aplaudido la masacre de Hungría y la invasión de Checoslovaquia.
No necesitamos defendernos de los cargos que se nos hacen de golpistas, de tratar de subvertir el orden constitucional, porque son simples fantasías que no tienen el menor asidero.
Pero a lo que sí quiero referirme concretamente, es a la versión que el Honorable colega dio respecto de lo que llama "una entrevista al señor Alessandri", publicada en "Ercilla". Ni siquiera ese semanario pretendió que se tratara de una entrevista, pues dijo que don Jorge Alessandri había sostenido una reunión con los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Chile, ante quienes habría expuesto determinadas ideas. El señor Alessandri inmediatamente aclaró por la prensa que el motivo de su concurrencia a la Escuela de Ingeniería había sido dictar una clase solicitada por los alumnos, en su calidad de ex distinguido profesor de ese plantel, hecho que ya había acontecido el año anterior, en 1968; que no tenía el menor conocimiento de que entre los estudiantes de Ingeniería se había infiltrado un periodista con el propósito de convertir lo dicho en esa clase en declaraciones de mucha trascendencia política. Ante el desmentido del señor Alessandri, el propio director de la revista "Ercilla" publicó una carta en la cual prácticamente le da excusas, pues dice:
"Es posible que usted tenga razón en lo que se refiere a la presentación de la conferencia que dictara a los alumnos del último año de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En el encabezamiento de la información no aparece claro que se trataba de una clase solicitada por la propia Escuela.
"Lamentamos, realmente, que una omisión involuntaria de nuestra parte pudiera haber sido mal interpretada por usted. Lo mismo podemos decir en relación a otro punto."
Y más adelante agrega:
"Posiblemente, a veces nos equivocamos, pues ello es humano. Y si así fuera, siempre estamos prestos a reconocer el error. Pero es injusto ver en nosotros mala fe o participación, deliberada o no, en maquinaciones destinadas a fines innobles."
El señor GUMUCIO.-
¡Pero no desmintió los conceptos!
El señor BULNES SANFUENTES.-
Ya voy a llegar al concepto. No se precipite tanto, señor Senador.
Quedó perfectamente establecido que ello era una mala versión, pues tergiversaba conceptos que el señor Alessandri habría expresado en una clase en la Escuela de Ingeniería, y el director de la revista "Ercilla", que por cierto no es simpatizante de la candidatura del señor Alessandri, le dio excusas públicamente.
Sin embargo, el Honorable señor Montes nos viene a hablar al Senado, a fin de que sus palabras se difundan mediante la versión oficial, de la "entrevista del señor Alessandri".
Pero me voy a referir al concepto que preocupa tanto a mi distinguido colega el Honorable señor Gumucio. Se cita, como frase del señor Alessandri, la de los 200 irresponsables que forman el Congreso
La señora CAMPUSANO.-
¡Que formamos...!
El señor BULNES SANFUENTES.-
Jamás me he sentido aludido por esta frase, porque conozco muy bien el criterio que el señor Alessandri tiene en esta materia y que, por lo demás, es muy coincidente con el mío. No se trata de que el señor Alessandri considere a cada parlamentario individualmente estimado como un irresponsable. Lo que el señor Alessandri sí ha denunciado muchas veces - también lo ha hecho el actual Presidente de la República, en términos y conceptos muy parecidos y, asimismo, el Senador que habla, en otro plano más modesto-, y de manera insistente, es que el Congreso, como institución o corporación, no responde ante nadie. Aquí se pueden dictar disposiciones inconstitucionales; pueden invadirse todas las facultades administrativas del Presidente de la República, . . .
El señor HAMILTON.-
Como en el proyecto que ahora estamos discutiendo.
El señor BULNES SANFUENTES.-
No es el caso, señor Senador.
Expresaba que el Parlamento puede cometer cualquier demasía, sin que nadie responda ante nadie.
Precisamente por ello nos hemos declarado partidarios, y yo mismo abogué, en un proyecto recién discutido, por una reforma constitucional que estableciera la disolución del Congreso, a fin de que cuando se encuentre en conflicto con el Poder Ejecutivo, en virtud del cual se produzca la paralización del país con daño para todos los chilenos, el Parlamento pueda responder ante alguien: la opinión pública, el pueblo.
Quiero advertir al Honorable señor Montes y al Senado que hemos formulado muchas críticas al actual sistema constitucional. Su Señoría sabe que durante mi propia campaña electoral, realizada en la misma zona que representa el señor Senador, lo afirmé reiteradamente desde el primer día. Creemos que muestro sistema democrático, con todo lo útil que ha sido al país y con todo lo respetable que es, en este momento está padeciendo de vicios graves. Si fuéramos enemigos de la democracia representativa, nos negaríamos a ver y a denunciar esos vicios. Trataríamos de que se acentuaran, a fin de que el régimen actual se desplomara. Pero como somos partidarios de la democracia representativa, como creemos que a pesar de todas sus imperfecciones es el mejor sistema que el hombre ha encontrado para organizarse y gobernarse, estamos dispuestos a señalar los vicios que existen en él, y que no sólo se refieren a aquéllos a que aludí anteriormente. Estamos dispuestos a señalar los defectos existentes y, dentro de nuestras posibilidades, a formar opinión pública, a fin de que ellos puedan ser corregidos. Pensamos que la última reforma constitucional es un paso adelante en este sentido, pues impedirá corruptelas y demasías. Sin embargo, estimamos que todavía queda bastante por hacer en esta materia.
Porque no vamos a contestar todos los días las suposiciones e imputaciones que se nos hacen, lo decimos de una vez y para siempre: criticamos el actual sistema; creemos que se está perfilando con caracteres claros una crisis política en Chile. Pero formulamos nuestra crítica porque queremos salvar a la democracia representativa. Y a mí, francamente, se me pone la carne de gallina cuando veo que los comunistas son quienes ahora están negando todos los vicios de nuestro sistema. Ellos no están interesados en mantener la democracia, sino en que los vicios se acentúen, a fin de que el régimen se desplome.
Nosotros seguiremos criticando constructivamente, a fin de señalar las reformas que el país necesita.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite una interrupción muy breve, señor Senador?
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Advierto a la Sala que me voy a permitir suspender la sesión a la una y media.
El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¿Cuánto durará su intervención, señor Senador?
El señor Secretario me advierte que al Comité Nacional le restan doce minutos.
El señor CHADWICK.-
Antes de suspender la sesión, permitamos al Partido Nacional exponer sus ideas.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Después del discurso del Honorable señor Ibáñez suspenderé la sesión.
El señor IBAÑEZ.-
Después de la brillante disertación que acaba de realizar el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, creo que puedo omitir toda referencia a la constitucionalidad del proyecto en debate.
Pero me interesa, sí, dejar en claro dos puntos -sintetizando las ideas del Honorable señor Bulnes- que permiten señalar que el proyecto es constitucional: primero, porque concede sólo una facultad al Gobierno y, segundo, porque tanto los gastos como el financiamiento de la iniciativa tienen carácter flexible, a petición expresa del propio Gobierno, como consta en el mensaje.
En consecuencia, estimo que la constitucionalidad de la legislación en debate es un tema que está agotado y, por ello, no tiene objeto alguno insistir en él.
Sólo quiero decir que en cierto sentido me explico la defensa que ha hecho aquí el señor Ministro de Hacienda. Esta iniciativa, cuyas observaciones estamos discutiendo, estaba basada originalmente en un gasto estimado en una suma inferior a la que el Gobierno debe hacer frente en estos momentos. Por ser conocido este hecho, no tiene objeto referirnos a él en detalle. En todo caso, deseo subrayar que lo anterior ha producido el conflicto que ahora es motivo de debate. Cuando el Ejecutivo se vio compelido a realizar un gasto mayor que el previsto, estableció una limitación: pagar el reajuste al sector pasivo de las Fuerzas Armadas de manera diferida. Primitivamente, el Gobierno pretendía efectuar el pago en cuatro etapas. Pero después del envío del proyecto al Congreso, se acordó reducirlas a tres por el respaldo dado a la iniciativa por la mayoría formada por los Diputados democratacristianos y comunistas. Fueron esos parlamentarios quienes aprobaron posteriormente el pago diferido. Entre tanto, se rechazó la facultad al Ejecutivo, que el Partido Nacional ofreció a éste, destinada a cancelar el reajuste a los jubilados en los montos que el Ejecutivo estimara convenientes; es decir, para proceder respecto de aquéllos igual que con el personal en servicio activo. El Gobierno no aceptó esa idea y optó, con los votos del Partido Comunista, por el pago diferido.
El Presidente de la República pidió facultades para modificar las normas relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, las que le fueron otorgadas; pidió los recursos necesarios, y le fueron concedidos por un monto mayor que lo solicitado; nosotros ofrecimos facultades para resolver el problema de los jubilados, pero el Gobierno las rechazó.
¿Dónde estriba la dificultad? En que se quiso alterar, primero en la Cámara y últimamente a través del veto -y más que alterar, violar, diría yo- las disposiciones previsionales que rigen al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Y es a ello a lo que nos hemos opuesto.
Con las facultades que este proyecto concede al Presidente de la República; con la ley de Presupuestos que se está discutiendo -legislación estrechamente vinculada con la iniciativa en debate, según lo explicado por el señor Ministro de Hacienda-; con los nuevos ingresos que el Congreso ha acordado y que son mayores que los solicitados por el Gobierno; con la ley, cuya discusión vamos a iniciar, relativa al reajuste de todo el sector público, el Ejecutivo tenía en sus manos todos los medios que pudiera requerir para encontrar una solución justa y equilibrada a este problema. A nuestro juicio, el Gobierno debió hacer jugar estos cuatro factores, y en esa forma podía y debía haber resuelto el problema.
Si se tratara de una reforma previsional, desde ya decimos al Gobierno que envíe la iniciativa correspondiente para discutirla, para apoyar todo lo que contenga de sensato y justo; pero si se trata simplemente de una alteración violatoria del régimen previsional existente, que por un apremio circunstancial del Ejecutivo se presente atropellar, nosotros no concurriremos con nuestros votos a ese propósito.
Por las limitaciones de tiempo, no puedo hacer mayores reflexiones sobre este tema. En consecuencia, diré algunas palabras respecto de lo que el Honorable señor Montes expresó con relación a mi persona.
Quiero expresar una vez más al señor Senador comunista -aunque tengo pocas esperanzas de que logre comprender mis palabras- que rechazamos las intervenciones foráneas en todos los terrenos y vengan de donde vinieren.
El señor MONTES.-
Las de la C.I.A., no.
El señor IBAÑEZ.-
¿Ha intervenido la C.I.A. en Chile?
El señor VALENTE.-
El señor Senador sabe perfectamente que sí.
El señor IBAÑEZ.-
Insisto: rechazamos las intervenciones foráneas en Chile, vengan de donde vinieren.
El señor MONTES.-
Menos la intervención económica.
El señor IBAÑEZ.-
Exigimos una sola condición: que se hagan cargos concretos. Entonces seremos los primeros en denunciar esas intervenciones y en pedir la salida del país de quienes estén envueltos en ellas.
El señor MONTES.-
¡No lo han hecho nunca!
El señor IBAÑEZ.-
Es muy distinto hacer ataques basados en suposiciones, sin comprobación de ninguna naturaleza -como sucedió con las denuncias hechas por el Honorable señor Fuentealba, que nos mantuvieron reunidos en la Sala por espacio de 14 horas, sin que pudiera establecerse un solo cargo-, que formular acusaciones como la que hice yo, que no fue un caso particular ni circunstancial, sino un hecho concreto de intervención, respecto de la cual todavía estoy aguardando la opinión del Partido Comunista y la de las demás colectividades representadas en el Senado, para saber si están dispuestos a protestar por una intervención flagrante y comprobada como la que he denunciado.
No hemos hecho llamados de entendimiento de ninguna especie al Gobierno de Estados Unidos. No sólo no nos interesan, sino que nos desagradan profundamente. Rechazamos esos entendimientos con cualquier partido con que el Gobierno de Norteamérica desee realizarlos. La gran nación del norte, al igual que los demás países con los cuales mantenemos relacionen diplomáticas cordiales, debería cultivar los vínculos de amistad con el pueblo de Chile. Lo que no aceptamos son las uniones o asociaciones con determinados partidos políticos o con cierta prensa que actúa de vocero de esas colectividades.
El señor MONTES.-
¡Pero sí aceptan las concomitancias económicas...!
El señor IBAÑEZ.-
No aceptamos concomitancias de ningún orden.
El señor MONTES.-
Y también las políticas.
El señor IBAÑEZ.-
Dije que desistía de antemano a que los señores Senadores comunistas comprendieran mis palabras, porque, al fin y al cabo, ellos pertenecen a un partido que manda llamar a la primera potencia imperialista del mundo para que intervenga en la política de otras naciones. El caso de Checoslovaquia es el más vergonzoso que ha debido vivir la humanidad en el curso de los últimos decenios, porque, aparte haber constituido un atropello mediante el empleo de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, se tuvo el cinismo de decir que la intervención de ese país había sido solicitada por el partido gobernante de Checoslovaquia, afirmación que jamás ha logrado ser comprobada. Sí es efectivo que esa intervención fue pedida por el sector del Partido Comunista dependiente de Moscú, tal como depende de allí el Partido Comunista chileno.
El señor MONTES.-
¡Qué ignorancia!
El señor GARCIA.-
¡Por eso van siempre allá a dar cuenta!
El señor IBAÑEZ.-
Ese es el motivo por el cual los Senadores comunistas...
El señor MONTES.-
Aún le quedan dos minutos para aclarar dudas, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.-
Sus Señorías pretenden impedirme seguir en mis observaciones.
El señor MONTES.-
¡El señor Senador nunca comprenderá algunos planteamientos nuestros!
El señor IBAÑEZ.-
Como decía, por eso los comunistas jamás entenderán la posición de los auténticos demócratas como nosotros. De manera que' no seguiré gastando esfuerzo en tratar de hacer oír a sordos que simplemente no desean escuchar.
La señora CAMPUSANO.-
Es que tenemos intereses diferentes.
El señor GARCIA.-
Claro que sí: los nuestros son los de acá.
La señora CAMPUSANO.-
Intereses contrarios a los de los trabajadores, a quienes ustedes explotan.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ruego no interrumpir al Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-
A mi juicio, importa una grave intervención la de la Embajada norteamericana en la vida política de Chile y una actitud que contribuye a crear un clima de desmoralización en el país. Sostengo que es necesario que el Senado considere la denuncia que he formulado y adopte el acuerdo que la gravedad de ella recomienda tomar.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Terminó el tiempo de Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-
Pido dos minutos para concluir mis observaciones.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Lamento decir a Su Señoría que la distribución del tiempo la acordaron los Comités; ni siquiera por asentimiento unánime del Senado podría prorrogarse su tiempo.
El señor IBAÑEZ.-
Ruego a mis Honorables colegas otorgarme dos minutos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
No puede ser, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.-
El Honorable señor Durán me ha cedido dos minutos de su tiempo para dar término a mis observaciones.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra por dos minutos, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.-
Además de la intervención política, me preocupa este caso, porque, de acuerdo con un refrán muy sabio, la culpa de las inmundicias de "Clarín" no debe ser atribuida tanto al chancho como a quien le da el afrecho.
Por eso, habré de seguir persiguiendo la responsabilidad que cabe en las infamias de "Clarín" a quienes han financiado este diario; a los que le prestan su alta protección; a quienes otorgan indultos o amnistías para que ese periódico pueda seguir cometiendo las indignas tropelías que lo caracterizan.
En el caso del degenerado propietario de "Clarín", no sé si sea causal de atenuante de sus actuaciones el hecho de que la violencia y los odios que vierte en su diario sean una característica congénita de estos individuos pasados para el enemigo. Pero, en todo caso, advierto que habré de seguir persiguiendo a quienes dan afrecho a este chancho, que tan grave daño ocasiona en nuestra patria.
También habré de poner especial atención en señalar a la opinión pública las personas que defienden a Sainte-Marie, porque estoy cierto de que, mediante un examen cuidadoso de quienes asumen su defensa, los chilenos podrán construir una galería de los hombres públicos que tienen tejado de vidrio. Los que no tenemos nada que ocultar ni temer a Sainte-Marie, podemos darnos el lujo de tratarlo en la forma como lo he hecho en este recinto y como lo seguiré tratando. Pero hay otros que tal vez tienen muy buenas razones para callar o asumir la defensa de uno de los individuos más indignos que hay en nuestra patria, y que, por suerte, no es chileno.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Antes de suspender la sesión, advierto que están inscritos los Honorables señores Chadwick, Altamirano y Luengo.
Se suspende la sesión por dos horas.
-Se suspendió a las 13.13.
-Se reanudó a las 15.40.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, las palabras del señor Ministro de Hacienda en cuanto llamaban a la mesura a los sectores de Oposición, en especial al Honorable señor Altamirano, me obligan a volver sobre el sentido y alcance que tuvieron las declaraciones del Primer Mandatario.
En "El Mercurio" y en "Las Ultimas Noticias" del 5 de diciembre, he leído una misma versión, que literalmente pone en boca del Primer Magistrado de la nación lo siguiente:
"Siempre he sido extremadamente respetuoso de la Constitución, de los derechos y de todos. Pero es tal el abuso que so está produciendo que me veo en la necesidad de advertir que esto se acabó y que adoptaré todas las medidas que sean pertinentes para que el Gobierno sea respetado."
En consecuencia, es el Presidente de la República quien en la noche del 4 del mes en curso, después de conocer la resolución de la Cámara de Diputados de rechazar el veto que establecía el pago diferido del reajuste de las pensiones de las Fuerzas Armadas, toma la iniciativa y comienza por decirnos que las limitaciones que impone al desempeño de su cargo la propia Constitución, ya no serán para él obstáculo que le impida cumplir su decisión.
La interpretación que acabo de dar de las palabras del Jefe del Estado, por desgracia, coincide con el juicio de la prensa internacional. En el diario francés "Le Monde", en su edición correspondiente al 9 de diciembre, se publica una información de Chile titulada: "Conflicto entre el Jefe del Estado y el Parlamento a propósito de las pensiones militares". El texto dice a la letra:
"El Presidente de la República chilena, Eduardo Frei, ha entrado en conflicto el jueves en la tarde con el Parlamento, después que éste hubo rechazado la decisión gubernamental de pagar el monto de las pensiones militares en tres cuotas. El Gobierno no dispone de 830 millones de escudos -415 millones de francos- necesarios para un pago global. El Presidente ha reunido un Consejo Extraordinario de Gabinete en plena noche. A la salida de este Consejo, ha declarado: "He sido siempre muy respetuoso de la Constitución, pero se trata de un abuso tal que debo advertir que por ahora esto basta. Adoptaré todas las medidas que juzgue necesarias para que el Gobierno sea respetado"."
La información del diario "Le Monde" -que tiene amplia circulación en Europa e incluso en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, como saben los señores Senadores- termina diciendo:
"Después de los Diputados, los Senadores deben pronunciarse ahora sobre el proyecto del Gobierno y no será sino después de la tramitación parlamentaria que el Gobierno podrá tomar ciertas medidas."
En consecuencia, el conflicto no es acerca de si la conducta de la Cámara es o no es legítima y si ella se conforma o no se conforma a los preceptos constitucionales. El asunto es otro. El Presidente de la República ha dicho en sus declaraciones que el conflicto lo tiene él con la Constitución, porque ya no está dispuesto a seguir sometiéndose a su imperio. Es verdad que no usa estas palabras; pero el sentido de sus declaraciones, que, como digo, reproducen la prensa nacional y la internacional, no puede ser otro, ya que si él opone el respeto que hasta ahora dice haber observado por la Constitución con el nuevo estado de cosas producido, es porque en esa oposición él tiene ya -resuelto un camino. Si ése es el ánimo del Primer Mandatario, en realidad todo lo que aquí se dijo tiene escasa trascendencia, porque él mismo, con su dominio de las materias constitucionales elementales y su experiencia parlamentaria de largos años, no ha incurrido en error, no ha atribuido al Parlamento el haber observado una conducta inconstitucional. Lo que ha dicho es que, por medio del ejercicio de los poderes que la Constitución otorga al Congreso, se ha cometido un abuso tal que lo obligaría a salirse de lo que ha sido hasta ahora el cauce de su Gobierno, es decir, el respeto a la Carta Fundamental.
Esta posición es un tanto dramática, porque, si se miran bien los hechos que están ocurriendo en Chile, no cabe la menor duda de que en la precaria posición en que se encuentra el Ejecutivo, su fortaleza no es sirio aquella que le puede dar el mantenerse dentro del marco de la Constitución.
Desde el punto de vista jurídico, como lo reconoce implícitamente el Presidente de la República, el problema está resuelto de antemano, porque si en este proyecto no queda disposición alguna que modifique la ley vigente, es de toda necesidad concluir que al Jefe del Estado, por respeto a la Ley Suprema, sólo le toca estarse a lo que esa ley vigente ordena.
Y si fuere necesario todavía agregar algún argumento ante la insinuación que aquí hemos escuchado al Honorable señor Carmona, bastaría recordar que aun en el Nº 5 del artículo 1°, no modificado por el veto, se reitera lo que la ley vigente preceptúa, que no es sino el respeto a "las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones".
De modo que, aun cuando se tuvieran dudas y se pudiera pensar que en las amplias facultades entregadas imprudentemente por el Congreso Nacional al Ejecutivo mediante esta iniciativa legal, cupiera la de modificar la legislación que regula los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas, el Nº 5 del artículo 1° vendría a eliminar esas dudas y a hacer imposible sostener de buena fe, con un mínimo de honestidad intelectual, la tesis de que el Presidente de la República tiene una forma de escapar al rechazo que ya sufrió en la Cámara de Diputados la idea de pagar en cuotas el reajuste al personal retirado.
Dramática posición, porque no cabe la menor duda tampoco de que el conflicto emana no de lo hecho por el Parlamento -esto sería encontrar a un mudo para atribuirle la responsabilidad-, sino de la debilidad del propio Gobierno en sus relaciones con las Fuerzas Armadas.
Desde que el Ejecutivo envió su proyecto, nosotros sabemos que él pensó que el gasto no podría importar una suma superior a los 850 millones de escudos. En los hechos, ha resultado que, capitulando de su propia autoridad y pasando por encima de lo que es el ordenamiento más elemental en la conducción de los negocios públicos, antes que este proyecto se convirtiera en ley el Ejecutivo tomó un público compromiso con las Fuerzas Armadas, que le significa elevar ese gasto a 1.700 millones de escudos. ¡Ahí está el origen del conflicto! ¡No se venga, con la falta de hidalguía que caracteriza a las declaraciones del Presidente de la República, a ver en la conducta del Congreso un desafío a su potestad o autoridad legítima!
En el hecho está claro y evidente -ha sido publicado en términos que nadie puede desconocer-, que antes que el proyecto fuera convertido en ley, salió una declaración del Ejecutivo que fijó las tasas de aumento para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, que van desde 60 y tantos por ciento, en algunos casos, y en otros exceden 110%. Porque esto se hizo, resulta que el Ejecutivo cayó prisionero de su propia debilidad. Por lo tanto, no tiene razón alguna para venir a encontrar en la conducta de la Cámara un pretexto para crear artificialmente un conflicto entre los Poderes del Estado normalmente constituidos. ¡No existe ese conflicto! Si cada uno, en la órbita de sus atribuciones, se atiene a lo que son sus facultades, el Ejecutivo debió, sencillamente, esperar el despacho de esta autorización condicionada, antes de comprometerse con determinada escala de sueldos y adoptar compromisos que pudieran resultarle demasiado gravosos y, en parte, sin financiamiento inmediato.
Tal es el juicio que a nosotros, yendo al fondo de la cuestión, nos merece la tan examinada objeción de inconstitucionalidad en la conducta de la Cámara de Diputados.
Pero ése no es el único hecho que debemos destacar en este debate general y particular de las observaciones del Ejecutivo al proyecto en discusión. La misma línea política que lleva al Gobierno, comprometido, después de haber aceptado imposiciones inconstitucionales de las Fuerzas Armadas, a crear un conflicto artificial con el Parlamento, se observa también en el indisimulable conflicto con su partido a raíz de la derogación del artículo 13 del proyecto que eliminaba por completo el sitema "drawback". Si el Senado lo recuerda bien, esta disposición terminó siendo aprobada, en el trámite de formación de esta ley, con el voto decisivo de algunos Senadores democratacristianos, quienes hicieron presente que, aun cuando no compartían la idea que inspiraba la simple derogación del artículo 4º de la ley 16.528, entendían que debía darse lugar a la posibilidad de introducir en este proyecto una decisión de principios adoptada por su partido tendiente a corregir los excesos del sistema vigente.
El señor IRURETA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.-
Con cargo a su tiempo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-
Seré muy breve, pues sólo deseo señalar que fui uno de los Senadores de la Democracia Cristiana que votaron la disposición en el sentido mencionado por el Honorable señor Chadwick. Recuerdo que, en esa oportunidad, di lectura a una minuta que contenía siete puntos que el partido había propuesto al Gobierno, no para suprimir el sistema "drawback", sino para modificarlo.
Puedo asegurar a Su Señoría que, tal como viene redactado el veto respecto de esa materia, corresponde casi íntegramente a dichos puntos. De suerte que no existe contradicción alguna entre lo que hicimos entonces y lo que haremos ahora. Por lo tanto, no ha habido ningún conflicto con el Gobierno en esta materia. Por lo contrario, hubo acuerdo sobre la base de los puntos que he señalado.
El señor CHADWICK.-
Me alegro mucho de las palabras que acabo de oír al Honorable señor Irureta, pero debo decirle que la conducta de los Senadores democratacristianos que forman parte de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, unidas, está en oposición con lo que acabamos de escucharle.
Yo estaba poniendo especial énfasis en el recuerdo de la gestación del veto, porque a ese antecedente parlamentario debemos agregar la extraordinaria importancia de la posición política de la Democracia Cristiana, colectividad que ha llevado a la categoría de medida de enlace entre el actual Gobierno y el futuro, la medida inmediata de modificar el sistema "drawback". Para evitar la lectura de la parte pertinente de esa declaración, solicito que ella sea incorporada en la versión de mi discurso, tomándola del diario "El Mercurio", de 13 de diciembre.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
¿Qué parte de dicha intervención solicita Su Señoría que se publique?
El señor CHADWICK.-
Lo relativo al Programa de Enlace y al sistema "drawback", exclusivamente. También lo que la Democracia Cristiana, como elemento, pudiéramos decir, definitorio, opina que debe ser la política del Gobierno en materia de exportaciones.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Quiero advertir que esta materia, tratada en su oportunidad por el Honorable señor Prado, presidente de la Democracia Cristiana, fue publicada "in extenso".
El señor IRURETA.-
Precisamente, a ella se está refiriendo el señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Efectivamente, pero deseo que se incorpore ese documento en esta oportunidad.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
No puedo oponerme a nada de lo que solicita el Honorable señor Chadwick. Sólo quería llamar la atención al hecho de que ya fue publicada.
El señor PALMA.-
-Debe publicarse la versión completa del Honorable señor Prado.
El señor CHADWICK.-
Sí, señor Senador. Todo lo referente al "drawback".
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Chadwick.
Acordado.
-El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:
PROGRAMA DE ENLACE ENTRE FREI Y TOMIC.
El Senador Benjamín Prado, presidente del Partido Demócrata Cristiano, dio a conocer en el Senado la formulación de un "programa de enlace"; entre el Gobierno del Presidente Frei y el eventual segundo período democratacristiano, bajo la presidencia de Radomiro Tomic. Este programa consulta 23 puntos "de realización inmediata durante los meses que restan del período, todos los cuales son perfectamente concordantes con los propósitos contenidos en las bases programáticas para la administración de los años 70 al 76".
El texto del documento dado a conocer por Benjamín Prado, en el Senado, es el siguiente:
"Programa de enlace.
El programa de acción inmediata comprende las siguientes medidas en su primer conjunto de acuerdos:
Drawback.
1.- El sistema de subsidio a las exportaciones ha crecido en forma desmesurada para las posibilidades presupuestarias chilenas. Los exportadores reciben subsidios, principalmente por tres vías: porcentajes de devolución de impuestos (drawback) que se fija por decreto, por exención directa de impuestos que se aplica automáticamente a toda empresa exclusivamente exportadora que se acoja al artículo 11 de la ley de fomento y créditos subsidiarios.
Para facilitar la programación y control del sistema se propone concentrar todos los subsidios en una sola vía que es la del drawback. Luego, se suprimen los otros dos. Respecto al drawback se proponen las siguientes medidas dirigidas a reducir el gasto en drawback a niveles compatibles con las posibilidades presupuestarias de Chile:
a) Rebaja antes de fines de año de los porcentajes de devolución de impuestos a los exportadores, mediante la aplicación estricta, general y automática de la facultad para reducirlos en la medida que el tipo de cambio real haya experimentado un aumento;
b) La franquicia del drawback será sólo temporal para cada producto, mientras se desarrolla la respectiva industria de exportación. En ese entendido se revisarán todos los porcentajes de devolución de impuestos al cumplirse el período de tres años que otorga la ley de vigencia para los decretos que conceden el drawback para cada exportación. Se mantendrá algún drawback sólo para aquellas exportaciones en que se aprecie un esfuerzo serio por aumentar la capacidad de producción;
c) Incorporar a los fletes al régimen general de rebajas por mejoramiento real del tipo de cambio, y
d) Mantener subsidios sólo para las empresas pesqueras que participen en los programas de integración de la CORFO para racionalizar a la industria."
El señor CHADWICK.-
Después de definidas esas posiciones, hemos tenido que soportar en las Comisiones Unidas el escandalosa espectáculo de un Ministro de Estado que llega a pedirnos él rechazo de un veto del Ejecutivo, pretextando que sería el resultado de un error, puesto que se habría tenido en mente la necesidad de evitar que ciertos industriales dedicados a la exportación pudieran estar gozando de un doble o triple beneficio, en circunstancias de que la política del Gobierno consistía en evitarlos y de que, en ningún caso, se pretendía afectar los privilegios de la pequeña y mediana minerías. Se nos dijo, en términos conminatorios, que si se dejaba pasar el veto -que, naturalmente, tiene origen en el Ejecutivo-, quedaría sin efecto una negociación por la cual se vendían 110 millones de toneladas de fierro, con una inversión de 130 millones de dólares, y significaría cesantía y miseria en las provincias de Atacama y Coquimbo, a las cuales represento en el Senado.
Al calificar el asunto de escandaloso, lo hago no sólo por el caso sin precedentes de que el Gobierno se apresure a pedir el rechazo de un veto, sino también por los procedimientos utilizados. Desde luego, no hay antecedentes de ninguna industria no minera, manufacturera, sometida al sistema de las exenciones de pleno derecho. Se citó, entre ciertos balbuceos, una pequeña empresa, la cual, por último, resultó no estar inscrita en el rol correspondiente, que constituye condición previa para acogerse al beneficio.
Por otra parte, la sola lectura del veto demuestra que quedan excluidas de sus disposiciones todos los pequeños mineros y la Empresa Nacional de Minería. Tampoco es efectivo que la negociación de 110 millones de toneladas de fierro por un valor de 130 millones de dólares estuviera subordinada a esta legislación, que, por la vía de las observaciones, ya ha sido aprobada por la Cámara y pende de la resolución del Senado. Esto último, que era una flagrante falsedad, fue después acomodado mediante la explicación de que no se trataba de dicha negociación, porque, como lo manifesté en las Comisiones, existían publicaciones que demostraban que tal operación ya había sido cerrada, sino de que los créditos necesarios para llevarla adelante estarían subordinados a que el Congreso Nacional no despachara el veto en los términos propuestos por el Ejecutivo.
Señor Presidente, si se necesitara una prueba directa de los grupos de presión, de aquellos que hacen cambiar las decisiones de los poderes públicos para servir intereses perfectamente singularizados en empresas privadas, ésta sería un testimonio irredargüible comprobarlo por las actas de Comisiones.
¿Qué sentido tiene el impedir al Ejecutivo, conociendo cada una de estas negociaciones, que pueda dictar el beneficio del "drawback" conforme a la ley común?
¿Acaso se pretende ante el Senado que cualesquiera que sean las utilidades de un negocio dedicado directamente a las exportaciones, debe estar exento de los impuestos que pagan todos los chilenos? ¿Es que se pretende aquí mantener este sistema irritante en que operaciones o negocios de centenares de millones de dólares de producción están exentos del pago, incluso, de los impuestos que gravan las cuentas de los teléfonos, el expendio de la bencina y las actuaciones judiciales o administrativas en el papel sellado, es decir, todos los impuestos que persiguen al hombre más modesto y que le extrae de sus bajos ingresos los recursos con que debe participar en el sostenimiento del Estado? Cualesquiera que sean las utilidades, la magnitud de los negocios y las condiciones reales en que se desempeñan esas empresas, por el solo ministerio del artículo 11 de la ley sobre beneficios a las exportaciones, con relación a las disposiciones del Reglamento, dichas empresas no pagan un solo centavo de impuestos que afligen a todos los habitantes de este país.
Solicito; para que quede constancia de la vergüenza que significa lo que está sucediendo, incorporar en el Diario de Sesiones del Senado un documento explicativo de lo que han sido las exportaciones de mineral de hierro con sus correspondientes valores a partir de 1951. Mediante él, el Senado comprobará que algunas empresas están vendiendo mineral a precios artificialmente bajos -55, .60 ó 61 millones de dólares al año- y que ni siquiera pagan los caminos que hacen pedazos con sus camiones -porque el impuesto de la bencina se les devuelve- ni están afectas a ningún otro tipo de gravámenes.
El señor PABLO ( Presidente). -
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
.
El señor CHADWICK.-
He pedido, ya que mi tiempo es muy corto...
El señor PABLO ( Presidente).-
Está terminado, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
El Honorable señor Altamirano me ha cedido parte de su tiempo.
El señor PABLO ( Presidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
He solicitado -y aún no he obtenido respuesta- antecedentes de lo que estas empresas han pagado por impuesto a la renta. Los puedo proporcionar, aunque sin el testimonio oficial del organismo pertinente.
Hay una empresa minera -la Santa Fe- que nunca ha tenido utilidades, desde que se instaló en el país, a pesar del ascenso vertiginoso de su producción: de 200 mil toneladas en 1951, pasó a tres millones de toneladas en 1966 ó 1967. ¡Nunca esta empresa tuvo utilidad de ninguna especie lo que, indiscutiblemente, significa la burla más sarcástica a la buena fe, a la ingenuidad del país!
¿Cómo concebir que exportaciones de millones y millones de dólares no soporten impuestos calculados en 2% a 6% del valor bruto de producción? ¿Cómo creer que los financistas entregarán 130 millones de dólares para capitalizar una operación en un negocio que sería tan estrecho como que bastaría una variación de 2% a 6% de sus costos para que dejara de producir utilidades? ¿Acaso no sabemos cuáles son los términos del interés en el mercado mundial? ¿Cómo este Senado va a comulgar con ruedas de carreta?
Aquí tenemos a un grupo de presión que, rompiendo todos los precedentes, nos ha venido a dar en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa el espectáculo de Ministros de Estado que se arrepienten de vetos formulados de acuerdo con su partidos y en los cuales lo único que fundamentalmente se modifica es el término de una exención de pleno derecho para permitir que el propio Ejecutivo quede en condiciones de examinar si realmente las empresas, en cada caso en particular, justifican este sistema de exención; de Ministros de Estado que están de rodillas ante gente que ha estado burlando impuestos, lo que nos hace aparecer ante la faz del mundo como un país de incapaces o corrompidos, porque mientras gravamos a nuestros pobres habitantes, acumulamos privilegios a favor de los ricos, de aquellos que mueven negocios por 700 mil millones de pesos al año, de aquellos que celebran contratos hasta por 700 millones de dólares, en 20 años, es decir, de quienes tienen un incalculable poderío económico.
Desde ya pido que, llegado el momento de decidir respecto de la observación recaída en el artículo 13, se tome votación nominal para que cada uno sepa responder ante el país de una conducta que para mí no tiene explicación alguna.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-
Las palabras del señor Ministro de Hacienda y de algunos Senadores de la Democracia Cristiana me obligan, aunque sea en los pocos minutos de que dispongo, a insistir en el tema de la constitucionalidad del artículo referente al pago al contado del reajuste para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
Ha quedado claramente establecido que en el mensaje no hubo disposición en contrario ni tampoco se expresó en él explícitamente la intención de pagar en tres cuotas. Si el señor Ministro de Hacienda o el Gobierno la tenían en secreto, no lo podemos saber.
El artículo 1º del proyecto consignaba la facultad, radicada en el Presidente de la República, de modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y retiro del personal de las Fuerzas Armadas. Agregaba la misma disposición que "la aplicación del inciso anterior no. podrá significar disminución de las actuales remuneraciones y pensiones".
Nadie puede sostener que pagar en tres cuotas, con un proceso inflacionario promedio de 30% anual, no significa grave disminución en las pensiones del personal en retiro. En consecuencia, aun cuando se interpretase el inciso primero en el sentido de que mediante las facultades delegadas el Ejecutivo puede modificar el sistema de pago, no cabe la menor duda de que el inciso tercero del mismo artículo impide al Jefe del Estado disminuir las pensiones y, naturalmente, pagar en la forma en que se propone.
En segundo término, también ha quedado en claro que el señor Ministro no ha podido contestar la objeción de que el proyecto se envió sin financiamiento adecuado y continúa en igual situación. No puede argumentarse que ello se deba al hecho de tener que pagar en una sola cuota. El problema hubiese sido el mismo de haber pagado el reajuste en tres parcialidades. En efecto, según señaló el señaló el señor Ministro, en este último caso el costo der proyecto habría sido de 1.200 millones de escudos, en tanto que la iniciativa sólo establece ingresos de 600 a 700 millones de escudos si incluimos los 30 millones provenientes de la internación de artículos suntuarios. Es decir, aun en ese caso el proyecto estaría desfinanciado en más de 600 millones de escudos.
Por otra parte, los Honorables señores Hamilton y Carmona estuvieron de acuerdo en que el déficit se produciría en el momento de dictarse los decretos que irroguen el gasto, lo que no ha sucedido, de modo que hasta el momento no sabemos cuál es el desembolso.
A mayor abundamiento, los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra concordaron en que el proyecto se financia con los nuevos ingresos considerados en los proyectos de Presupuesto y de reajustes para la Administración Pública. En tanto dichas iniciativas no sean promulgadas como leyes, no sabemos cuál es el déficit real; de manera que el Ejecutivo no puede alegar que falten tantos o cuantos recursos.
Por último, el señor Ministro de Hacienda, que se encuentra en la Sala y podrá después corregir mis palabras, jamás hizo ver en la discusión en las Comisiones la inconstitucionalidad de este precepto. Tampoco lo hizo, cuando lo votamos por primera vez, ninguno de los señores Senadores que intervinieron en el debate. Aún más, cuando yo me referí a la inconstitucionalidad del proyecto, el Honorable señor Renán Fuentealba expresó:
"Se ha afirmado que esta iniciativa es inconstitucional por disponer nuevos gastos sin financiamiento. A mi juicio, en estoy hay un error. En primer lugar, porque el proyecto no fija nuevos gastos, sino que otorga facultades especiales al Presidente de la República para que aborde, entre otros, el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas".
Luego se extiende en otras consideraciones según las cuales, en su opinión, la iniciativa no implica gastos, sino delegación de facultades. En resumen, en respuesta a mi observación, alega que el proyecto no es inconstitucional.
Además, interviene en el debate general el Honorable señor Carmona y no dice una sola palabra sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa, aun cuando hace presente que significará un gasto muy cuantioso.. También interviene el Honorable señor Palma y tampoco dice una sola palabra al respecto, si bien manifiesta que, en su concepto, el gasto es excesivo. Luego interviene el señor Ministro de Hacienda, y, por lo menos en la parte de la versión que he logrado leer, tampoco dice una sola palabra sobre la inconstitucionalidad. Participa en el debate el Honorable señor Fuentealba y manifiesta que él es partidario de la disposición, dado su tenor general, y declara:
"... el problema existente respecto de esta disposición es, en el fondo, de financiamiento. Debido a ello, el Ejecutivo propuso que el reajuste de las pensiones fuera pagado en tres etapas.
"El Senado aprobará la indicación, inclusive con los votos favorables del Partido Nacional,. . ." Se refiere a la indicación para pagar de una sola vez el reajuste.
Más adelante agrega el Honorable señor Fuentealba:
"Espero que el Ejecutivo, al vetar la disposición, no lo haga para rechazarla,. . . -como estoy seguro de que no lo hará-". O sea, el Honorable señor Fuentealba deseaba que el Ejecutivo no rechazara la observación, sino que propusiera el financiamiento adecuado.
Tampoco se hizo ver la inconstitucionalidad en las Comisiones Unidas. El Honorable señor Ballesteros, Senador democratacristiano, votó a favor de la indicación que establece el pago en una sola cuota.
Es decir, esta "vulneración" de nuestra Carta Fundamental, la gravedad extraordinaria que el Ejecutivo ha atribuido al rechazo de este veto por parte de la Cámara de Diputados, no concuerda con la actitud de no haber hecho presente la inconstitucionalidad oportunamente. Se hizo ver el problema económico. Inclusive, algunos señores Senadores democratacristianos plantearon la esperanza de que mediante la observación se agregaran los recursos necesarios para el pago de una vez.
Al señor Ministro de Hacienda le ha extrañado un poco mi tono. Desde luego, la intervención de Su Señoría para contestar nuestras palabras ha sido tranquila y ponderada; pero no lo ha sido el tono de las expresiones usadas por el Presidente de la República ni el empleado en la cuantiosa propaganda del Gobierno. Tengan por seguro los señores Senadores que mañana nuevamente se repetirá que el Senado ha consumado un gravísimo atentado en contra de nuestra Carta Fundamental, que estamos precipitando el caos económico, que somos responsables de la inflación, que somos culpables del dramático fracaso de la gestión económica de que se ha dado cuenta en los distintos rubros. Por este motivo hemos insistido y hemos puesto pasión en nuestras palabras; no por el tono empleado por el señor Ministro, sino por el que usó el Jefe del Estado y por los medios publicitarios de que dispone el Gobierno.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, a quien le restan diez minutos.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sólo deseo expresar al Honorable señor Altamirano -el Secretario y el presidente de las Comisiones Unidas pueden ratificarlo- que me referí a la inconstitucionalidad y fundamenté mi argumentación. Tan así es que el presidente de las Comisiones tuvo dudas sobre la constitucionalidad del precepto y lo sometió a la votación de la Sala, tal como expresé en el curso de mis observaciones.
A mi juicio, el Honorable señor Altamirano incurre en un confusión: la indicación en sí misma -también así lo discutí- no es inconstitucional por el problema del financiamiento, sino porque la iniciativa exclusiva en materia de remuneraciones del sector público corresponde al Jefe del Estado. Lo afirmé así desde un principio. Expliqué que la redacción del precepto sobre remuneraciones y retiros era la misma que en 1968 permitió pagar en tres etapas la bonificación profesional al sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Pero como se objetó en la Cámara que las palabras "y retiro" eran demasiado amplias y podían modificar todo el sistema previsional de ese sector, el Ejecutivo precisó el concepto de las etapas y fijó su iniciativa en términos más concretos. Como el concepto inicial era muy amplio, hice presente las dudas expresadas por el Partido Nacional y otras colectividades.
La inconstitucionalidad radica en este aspecto, no en cuanto a la dificultad para financiar el precepto, sino en lo relativo a imponer al Ejecutivo la cancelación en una sola etapa.
Indiscutiblemente -las matemáticas más elementales así lo demuestran-, pagar en tres etapas y no en una es menos costoso y gravoso, y significa un aumento de remuneraciones inferior. En este punto fundamente la inconstitucionalidad, tanto en el Senado como en la Cámara. Luego expresé que al no mantenerse la disposición del Parlamento que obligaba a pagar de una sola vez, la inconstitucionalidad ya no existía, porque desaparece la norma inconstitucional, y que tampoco prevalecía el criterio del Ejecutivo para cancelar en tres cuotas: 1970, 1971 y 1972. En esta parte dije que el Ejecutivo, asilándose en disposiciones legales, deberá buscar la solución al problema del pago de estas pensiones. En caso de no poder hacerlo -he hecho declaraciones claras y precisas, sin tapujos-, si no tengo los recursos necesarios, no podré cancelar.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Noemi.
El señor IBAÑEZ.-
¿Me podría conceder un minuto, señor Senador?
El señor ALTAMIRANO.-
No puedo dar interrupciones, porque no tengo tiempo. De lo contrario, se la habría concedido.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Ministro, ¿me podría conceder una interrupción para precisar mis puntos de vista.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Noemi.
El señor IBAÑEZ.-
Honorable señor Noemi, ¿podría Su Señoría acceder a mi petición?
El señor NOEMI.-
No, señor Senador, pues tengo breves minutos para referirme a la materia.
Trataré en forma sucinta la parte del veto que dice relación al artículo 13, que fue mencionado por el Honorable señor Chadwick, por considerar sus palabras totalmente injustas en cuanto al criterio que sostuvimos en la Comisión de votar en contra de la observación a la letra b) del artículo 13, que elimina el sistema llamado "de exención de pleno derecho" contenido en el artículo 11 de la ley número 16.528.
Es sabido que una de las preocupaciones del actual Gobierno ha sido fomentar las exportaciones, para incrementar la disponibilidad de divisas y así poder aumentar el equipamiento industrial que permite la aceleración del proceso social y de desarrollo del país. Consecuente con esa política, el Congreso se pronunció sobre una legislación que ampliaba las disposiciones consignadas en la ley Nº 12.861 y en el D.F.L. Nº 256, de 1960, sobre incentivos a las exportaciones, y aprobó la disposición que ahora se pretende derogar. En esa legislación se mantuvieron las disposiciones atinentes a exención de pleno derecho, a las cuales hace referencia el citado decreto, y se aprobó además la devolución de impuestos, que puede llegar hasta 30% sobre el valor FOB o CIF, llamada "drawback".
¿Por qué hemos solicitado votar en contra da la letra b), como lo ha comprendido también el Gobierno después de mandar el veto? Porque iba a resultar mucho más perjudicial que beneficioso. ¿Y por qué ocurre esto? Citaré concretamente a las empresas del hierro, a las cuales se refirió el Honorable señor Chadwick, aun cuando se pueda hablar de otras. En este punto, no daré nombres ni apellidos de empresarios.
Al igual que el Honorable señor Chadwick, represento a las provincias de Atacama y Coquimbo, que aportan los doce millones de toneladas de hierro que constituyen la producción total de Chile. Analizaré este aspecto en particular, pues se trata de una actividad que ocupa seis a siete mil trabajadores en una región donde existe un serio problema de casantía. Aún más, son las únicas zonas declaradas de sequía, fuera de algunas comunas de la provincia de Aconcagua. Debo hacer presente que en cualquier oportunidad en que veinte o treinta obreros van a ser paralizados por algunas empresa llegan hasta nosotros las directivas sindicales a pedir que esa medida no se lleve a cabo.
Al no modificarse el actual sistema no se crean, en ningún caso, mayores privilegios. Los exportadores de hierro prefieren acogerse a los beneficios del sistema de pleno derecho y no al de drawback que les reportaría mayores entradas, pues el Presidente de la República está facultado para devolver hasta el 30% del valor FOB o CIF de las exportaciones, pero sus garantías sólo duran tres años. O sea, se acogen a lo que les otorga el sistema de pleno derecho, lo cual ha sido impulsado por todos los países productores, a fin de facilitar las exportaciones.
Quisiera que el Honorable señor Chadwick proporcionara un solo ejemplo "de una nación que no dé esos mismos beneficios. Naturalmente, un Estado que desea ser exportador y disponer de más divisas debe estar en condiciones de afrontar la competencia.
¿Qué ocurre con el hierro? Mientras trabajaba en Huasco, fundamentalmente en la CAP, pude apreciar que el hierro se embarcaba en grandes trozos de colpa. Posteriormente, empezó a obtener mayor precio la granza, vale decir, mineral de una y media pulgada que no necesita sólo chancadora, sino de "traillor" en las primera y segunda etapas de procesamiento. Todo esto ha requerido de inversiones y de nuevas maquinarias, lo cual ha encarecido los costos. Incluso se ha podido apreciar alza en los embarques, porque en el valle del Huasco, en el puerto mecanizado de Las Lozas, hemos visto cómo se ha ido haciendo necesario adentrarse más de cien metros en el mar para cargar barcos de cien mil toneladas, ya que no se puede competir llevando el producto en embarcaciones de cincuenta mil. Inclusive se debería usar de doscientas mil toneladas.
Para poder competir se necesitan grandes inversiones.
El señor CHADWICK.-
Para los fletes.
El señor NOEMI.-
Seguramente en el futuro se utilizarán barcos de trescientas mil toneladas.
El señor CHADWICK.-
Va a hacer mejor el negocio.
El señor NOEMI.-
Yo no podría decirle si el negocio será mejor. Lo importante es competir.
En otros países se otorgan franquicias a los exportadores; de modo que si los chilenos no las tienen, no podrán competir.
En cuanto al hierro -no pongamos nombres ni apellidos-, debo aclarar que no nos doblegamos ante la presión de ningún empresario.
El señor CHADWICK.-
De la Compañía Minera -Santa Bárbara.
El señor NOEMI.-
Como parlamentario debo defender el interés de mi país. Permanentemente he votado las leyes que lo benefician, pero tampoco puedo olvidar a las provincias que represento. Y en este momento no podría permitir que se provoque cesantía en dos provincias azotadas por una terrible sequía, lo cual traería consecuencias aún más funestas para el interés nacional, porque por cada dólar que se deja de producir, el Estado chileno-deja de percibir 55% de su valor en derechos de aduanas, "ad valorem". Dicho monto lo recibe todo el país, y no sólo las provincias que producen el metal.
Es cierto que en estos momentos hay competencia y que -tal como lo dijo el Honorable señor Chadwick- se han aprobado los contratos para instalar en Cerro Negro, ubicado entre Caldera y Copiapó, plantas concentradoras y pelletizadoras, donde no solamente se tratarán minerales de alta ley -de 62%-, los cuales ahora se exportan, sino, también, de baja ley, con lo que se dará trabajo a los pequeños mineros que poseen estos yacimientos, y se podrán efectuar las exportaciones.
Geológicamente, se han ubicado 412 millones de toneladas de magnetita. Para ser explotadas se requiere una inversión de 135 millones de dólares. Con ello se podrán producir 110 millones de toneladas exportables, con un ritmo de 5 millones anuales, de manera que se necesitarían 22 años para cumplir el convenio.
En consecuencia, un exportador necesita tener garantías para realizar una inversión de esa magnitud y contratar los préstamos necesarios. El "drawback" sólo les da tres años de garantías, y eso queda sujeto al criterio del Gobierno que en el momento esté en el Poder, o de los funcionarios respectivos. Por lo tanto, no es lo mismo estar acogido al sistema de "drawback" que al de pleno derecho, porque este último sólo puede ser suprimido por ley. Por eso, prefieren obtener menos, pero tener seguridad a fin de realizar inversiones de la magnitud señalada, que alcanzan a 135 millones de dólares, con lo cual se podrá explotar los 412 millones de toneladas de magnetita del yacimiento ubicado en Copiapó y exportar los 110 millones de toneladas de hierro, que producirán ingresos sustanciales para el país, ya que poicada dólar exportable, el país recibe más de cincuenta centavos por concepto de derechos aduaneros, "ad valorem", etcétera. Además, será necesario construir una planta concentradora y una planta pelletizadora, que no existe en el país; tender más de 65 kilómetros de vía férrea y contratar 2.500 trabajadores para poner en marcha las empresas, de los cuales 1.500 laborarán permanentemente en la explotación del mineral.
Pero no es eso todo. Tengo en mi poder una nota que me llegó mucho antes de ser enviado el veto. Me fue remitida por el Ministro de Minería, ante un requerimiento mío. Ella dice relación con el yacimiento Santa Clara, ubicado en Chañaral, y expresa lo siguiente: ...
El señor CHADWICK.-
Eso se llama "grupo de presión".
El señor NOEMI.-
... "Hoy he tenido una conversación con los representantes de ATAKA Co. y MITSUBISHI Co., quienes pondrán en explotación el yacimiento. El plan consiste en invertir alrededor de unos US$ 40 millones tanto en la mina como en una planta de concentración de minerales; como en la construcción de un puerto en la Bahía Flamenco, próximo a Chañaral; y en la construcción de una correa transportadora que sería una de las, más largas del mundo, para transportar mineral hasta el puerto que se construya. La solicitud de inversión se presentará muy pronto a este Ministerio y al Comité de Inversiones Extranjeras. Esperamos despacharla lo más pronto posible.
"De esta manera continuamos el desarrollo de los programas de explotación en el fierro, y aseguramos una importante explotación, ya que se estima probablemente una exportación del orden de 2.400.000 toneladas al año y al mismo tiempo se asegura una fuente de trabajo en esa zona".
De manera que cuando se defiende la producción de dos provincias, de las que se extrae todo el hierro de Chile; cuando no se quiere cesantía; cuando se trata de favorecer las inversiones para que haya trabajo; cuando no se está pidiendo más que eso; cunado se quiere mantener una disposición de pleno derecho, para no pedir el "drawback" -que permite dar más-, no se está cediendo ante la petición de nadie, sino atendiendo a los intereses de provincias que necesitan trabajo.
Ese es nuestro punto de vista. Por eso, no podemos aceptar que se nos acuse de estar hincados pidiendo clemencia cuando defendemos a las regiones que nos eligieron. Cada ciudadano, cada mujer que nos dio el voto en esas provincias, están angustiados en este momento por falta de trabajo. Tenemos el deber de darles ocupación, y dándosela procuramos bienestar a todo el país, pues no sólo es el derecho de determinadas provincias el que está en juego, sino el de Chile entero.
De ahí que, en el muy claro entendimiento de que con ello no se crea ningún privilegio nuevo, sino que, por lo contrario, se fomentan inversiones que han de permitir el desarrollo social de todo el país, hayamos pedido que el Senado vote en contra de la letra b) del artículo 13.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.-
Señor Presidente, con relación al veto del Ejecutivo al proyecto de aumento de sueldos de las Fuerzas Armadas, se ha estado debatiendo extensamente la constitucionalidad del número 3º del artículo 1° despachado por el Congreso.
En esta materia, me parece que no vale la pena repetir muchos de los argumentos que aquí se han dado, sino más bien señalar una especie de viraje que ha estado realizando el Ejecutivo. Este sostiene ahora que ha desaparecido la inconstitucionalidad de esa disposición por el hecho de que la Cámara rechazó el veto, pero no tuvo los dos tercios necesarios para insistir, de tal modo que el Nº 3ºdel artículo 1° no ha de quedar en el texto de la ley. El Ejecutivo ha expresado, además, primero por boca del Honorable señor Carmona y luego, por la intervención del señor Ministro de Hacienda, que, desaparecido ese Nº 3º, no cabe sostener ahora que pueda prevalecer el criterio del Parlamento, de obligarlo a pagar de una sola vez el aumento a los pensionados de las Fuerzas Armadas y que tampoco -dice- prevalece el criterio anterior del Ejecutivo.
No entiendo bien esta argumentación del Gobierno. Me parece entender que con ello querría decir que, en consecuencia, tiene las manos libres para establecer, en los decretos con fuerza de ley sobre reajuste de sueldos de las Fuerzas Armadas, la forma de pago de las pensiones de los jubilados.
En verdad, no es así. Aun cuando la disposición del Nº 3º no hubiera jamás existido, de todas maneras tendría el Ejecutivo la obligación de pagar el reajuste de las pensiones de una sola vez, en la misma fecha que los decretos respectivos fijaran para la cancelación de los reajustes de rentas del personal en actividad. Para que el Ejecutivo pudiera solventar ese pago en forma diferida, vale decir en tres, cuatro o cinco etapas -como él quisiera-, habría sido necesario consignar en el proyecto en debate, de manera expresa, la correspondiente autorización. Sólo en tales condiciones sería factible hacer esos pagos en etapas y en porcentajes: 40% en 1970; 30% en 1971, y el otro 30% en 1972.
Desde hace mucho tiempo está vigente una serie de disposiciones de orden previsional en virtud de las cuales se obliga al pago de las pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones en que se cancela el sueldo de quienes se encuentran en servicio activo. Esta es, precisamente, la razón por la cual el Ejecutivo necesitaba una disposición como la que propuso en el veto en reemplazo del número 39, que autorizara el pago en tres etapas. Y como ella ya no puede ser aprobada, debe limitarse a cumplir las disposiciones legales en vigencia que exigen pagar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en retiro en iguales condiciones que las establecidas para los en servicio activo. Se entiende que toda obligación de esta índole debe cumplirse al contado, a menos que expresamente se haya establecido por ley una modalidad diferente.
El Código Civil, cuyas normas son las del derecho común y deben entenderse como supletorias de todas las disposiciones especiales de otras leyes, establece expresamente que, si no se han establecido condiciones y plazo para el pago, éste debe hacerse pura y simplemente al contado; y el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa distinta de lo que se le debe, aun cuando se sostenga que se le quiere dar algo de mayor valor que ello.
Tales disposiciones son clarísimas. Y si mañana el Ejecutivo pretende -como, en mi opinión, se desprende de las palabras del Honorable señor Carmona y del propio señor Ministro de Hacienda- dictar un decreto con fuerza de ley que aumente las rentas de las Fuerzas Armadas, pero que establezca una modalidad distinta para los jubilados, ese decreto sí que sería inconstitucional, contrario al Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, porque afectaría un derecho adquirido por los jubilados de las Fuerzas Armadas; y de acuerdo con esa disposición constitucional nadie puede ser privado de sus derechos de propiedad -como lo es este derecho previsional-, a menos que se acuerde la indemnización correspondiente.
De ahí que mi intervención, más que a defender la constitucionalidad del precepto que pretendía establecer expresamente la obligación de pagar al contado los reajustes a los jubilados de las Fuerzas Armadas, tienda a hacer un llamado de atención, para que se sepa que algunos ya estamos alertando acerca de lo que el Ejecutivo pretenda hacer mañana y que puede ser fuente de nuevos conflictos con los institutos castrenses: establecer -repito- en algún decreto con fuerza de ley, la posibilidad de que a los jubilados no se les pague de inmediato el reajuste a que tienen derecho.
Esto es lo que advierto en diversas intervenciones, en especial -lo he señalado- en las del Honorable señor Carmona y del señor Ministro de Hacienda. Quiero dejar en claro que no comparto sus opiniones. Aún más: creo que el Ejecutivo no se atreve a decirlo todavía abiertamente, porque el señor Ministro de Hacienda, que fue el más explícito en la materia, no dijo lo que se pensaba hacer sobre el particular, sino que se limitó a declarar que lo estaban estudiando. Pero es evidente que hacia allá se dirigen sus pasos: a buscar la manera de establecer, en el respectivo decreto, el pago diferido para los jubilados.
Vuelvo a decirlo: una disposición de esa naturaleza sí que sería contraria a la Constitución Política del Estado. Sería el Ejecutivo, en consecuencia, quien estaría violando la Constitución, no el Parlamento, como cotidianamente lo están diciendo en la prensa y en la radio algunos personeros oficiales. Y una disposición como esa permitiría, inclusive, recurrir de inaplicabilidad a la Corte Suprema...
El señor CHADWICK.-
O entablar una acusación política a los Ministros de Estado.
El señor LUENGO.-
... para que declare la inconstitucionalidad de ese decreto con fuerza de ley y, por ende, por in-aplicabilidad. Ello sin perjuicio, todavía, como me acota el Honorable señor Chadwick, de que también podría dar margen a una acusación constitucional en contra de Ministros de Estado.
Estimo que el Gobierno ha jugado mucho con la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones que en el Congreso se discuten o se proponen por determinados parlamentarios.
En una nota de la cual ya se ha hecho mención aquí, enviada a los parlamentarios por el señor Carlos Valdés, general de brigada en retiro y presidente de una asociación de las Fuerzas Armadas, se habla de un acuerdo de la Comisión de Legislación y Justicia del Senado en que se declara inconstitucional un proyecto de ley por el que se otorgaban facultades extraordinarias. Dicho acuerdo lleva la firma del señor Eduardo Frei, que en ese tiempo era Senador y miembro de la Comisión, y que hoy día es Presidente de la República.
El señor Eduardo Frei ha estado cambiando de opinión continuamente. Podría señalar diez, doce o quince casos más para demostrar que sostuvo una cosa cuando era Senador, en especial cuando era de Oposición, y otra muy distinta cuando es Presidente de la República.
Si queremos la democracia, que tanto dice defender el Ejecutivo, debemos proceder en todo instante a interpretar de buena fe las disposiciones legales y constitucionales, y tener conciencia de que estamos diciendo lo que realmente sentimos, aun cuando muchas veces podamos estar equivocados. Lo importante es equivocarse de buena fe, no de mala fe.
Por eso, reitero que considero peligroso el camino por el cual se está deslizando el Ejecutivo, pretendiendo permanentemente inculpar al Congreso de violar la Constitución Política del Estado, en circunstancias de que es el propio Gobierno quien la infringe y pretende una vez más hacerlo cuando dicte los decretos con fuerza de ley de reajuste de sueldos de las Fuerzas Armadas.
He querido dejar constancia anticipada de mi opinión acerca de lo que pueda ocurrir mañana, cuando se dicten esos decretos.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, el Honorable señor Montes ya ha dado a conocer la opinión de los Senadores comunistas respecto de nuestro rechazo del veto recaído en el número 3º del artículo 1°, por el que pretendía solventar en tres cuotas el reajuste de las rentas del personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
Quiero distraer unos minutos del Senado acerca de la observación formulada al artículo 13 del proyecto en debate, vale decir, la modificación que el Gobierno plantea de la legislación relativa al "drawback".
Según el texto que tenemos a la vista, el Ejecutivo modifica el artículo 8º de la ley Nº 16.528 estableciendo que la devolución de impuesto se hará efectiva al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado, en vez de hacerse al acreditarse el embarque de la mercadería o el retorno, a elección del exportador, como lo establece la ley 16.528.
Estimamos positiva esa modificación. Primero, porque la devolución del impuesto, el pago del "drawback", se hará sólo cuando se acrediten el retorno y la liquidación de las divisas producidas por la exportación; y, segundo, porque con tal medida se evita el pago anticipado de la devolución del impuesto y, lo que es más importante, se intenta controlar -bien o mal, pero se intenta- el retorno, impidiendo así la evasión de divisas y pagándose la devolución de impuestos sobre los valores realmente retornados.
La letra b) del nuevo artículo 13 propuesto por el Ejecutivo deroga el artículo 11 de la ley Nº 16.528, a partir del 31 de diciembre de 1969, dejando a las empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos de exportación o cuyo destino final sea la exportación, acogidas a la norma general del beneficio del "drawback", sin eximirlas de pleno derecho de los tributos a que se refiere la ley de fomento de las exportaciones.
Sin embargo, la exención de pleno derecho se mantiene para la Empresa Nacional de Minería y para la pequeña minería, lo que también estimamos justo y positivo. Se aplican, en consecuencia las normas generales del "drawback", entre otras, a las empresas de la grande y mediana minerías del hierro, medida necesaria para regular este incentivo a las grandes compañías exportadoras de este mineral.
Cuando se discutió el veto en las Comisiones Unidas, se escuchó la intervención del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, quien manifestó su inquietud por la derogación de las mencionadas normas, especialmente las de la letra b) del artículo 8º y la consignada en el artículo 11. Además, ese mismo dirigente manifestó que tales medidas no fueron estudiadas por el Ministerio de Minería (y terminan con las exenciones de pleno derecho, que son el mínimo a que puede aspirar cualquier productor que tiene que competir en el mercado exterior con otros productores que no tienen los gravámenes de que, por ese medio, se eximen."
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería agregó- que "la aprobación de estas normas significaría una disminución de ingresos fiscales, debido a que las empresas mineras deberían bajar su producción. Al respecto hizo presente que por cada dólar que se deja de producir, el Estado chileno deja de percibir el 55% de su valor en derechos de aduanas, ad valorem, transferencias, etcétera".
Y continuó, más adelante: "Teniendo presente que en ningún caso la medida afectaría a las inversiones acogidas a normas que no pueden ser modificadas, obviamente el perjuicio está referido a actividades como la minería, y su establecimiento significaría la paralización del manganeso, que produce a alto costo; de la construcción de plantas de "pellets", e incluso de la minería del oro, todo ello en función de tratar de allegar un recurso insignificante al erario".
Lo anterior corresponde al planteamiento del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, quien terminó pidiendo el rechazo del veto.
El Ministro de Minería, presente también en las Comisiones, dio a conocer su opinión y señaló que el veto debería rechazarse. Agregó, además, que lo que "el Ministerio de Hacienda quiso hacer fue impedir que ciertas personas pudieran acumular dos beneficios: la exención de pleno derecho y el "drawback", hecho que no puede producirse en la minería, y la norma propuesta fue motivada teniendo sólo en consideración al sector industrial."
En seguida, ese mismo Secretario de Estado dijo que "el sistema de "drawback" es incompatible con la naturaleza de la explotación minera, especialmente la del hierro, que requiere grandes inversiones para operaciones que se efectúan en períodos de tiempo más o menos prolongados, inversiones que no se realizarán si quedan sometidas a sistemas que deben ser revisados cada tres años".
A continuación, el señor Ministro de Minería expuso otras observaciones, las cuales aparecen consignadas, precisamente, en el informe de las Comisiones Unidas.
Finalmente, el Ministro de Hacienda manifestó que, "por un error del Ministerio, se incorporó a esta disposición una materia sobre la cual no se quiso legislar. Agregó que lo que realmente se desea eliminar es la exención de pleno derecho respecto de la industria, porque Impuestos Internos tiene dificultades para fiscalizar si están o no utilizando dos vías de exenciones por una misma causa". Por eso -causa extrañeza-, el Ministro de Hacienda, autor del veto, pide que el Senado lo rechace.
Nosotros estimamos positiva la formulación contenida en la observación del Ejecutivo, pues estimamos que regula y permite controlar a las industrias de la gran minería del hierro, las cuales, hasta este momento, han permanecido prácticamente sin control alguno.
Hemos escuchado con mucho interés las observaciones del Honorable señor Noemi respecto de la necesidad de ayudar a estas compañías con exenciones de toda índole --tributarias, aduaneras- y con la devolución de impuestos de pleno derecho, como se establece en la ley respectiva, porque las grandes inversiones que requieren dichas empresas para desarrollar sus actividades necesitan de este tipo de incentivos. El señor Senador señaló que, de no otorgarse tales exenciones o de suprimirse algunas de ellas, prácticamente la zona comprendida entre las provincias de Atacama y Coquimbo paralizaría, ya que su actividad fundamental es la explotación de los minerales de hierro.
La semana pasada asistí a un foro realizado en la ciudad de Iquique, en el cual participó también el Honorable señor Carmona, donde escuchamos a los industriales pesqueros exactamente el mismo argumento -casi copiado a calco- expuesto por el Honorable señor Noemi respecto de la situación de los empresarios del hierro.
El señor NOEMI.-
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
El señor VALENTE.-
Con todo gusto.
El señor NOEMI.-
Seré muy breve, señor Presidente.
En primer término, quiero manifestar al Honorable señor Valente que estas disposiciones no afectan a la gran minería, como él sostuvo al iniciar su exposición. La gran minería no está afecta a la devolución del "drawback" y expresamente queda excluida.
El señor CHADWICK.-
La gran minería del hierro no retorna.
El señor NOEMI.-
El Honorable señor Valente, al comienzo de su exposición, manifestó que las minerías grande y mediana quedan afectas al "drawback". Y yo quiero decir que la gran minería de] cobre, por lo menos, no está considerada en ese sistema.
El señor CHADWICK.-
Estamos Hablando del hierro.
El señor NOEMI.-
En segundo término, no estoy pidiendo conceder a las empresas del hierro, de pleno derecho, esas franquicias y, además, el "drawback". No. He dicho algo muy claro y concreto: que esas empresas están hoy afectas a la garantía de pleno derecho y, mediante la eliminación del artículo 11, pasarían a acogerse al "drawback", que puede ser superior. Y he agregado que no debe dárseles una franquicia superior a las compañías, sino mantenérseles la que siempre han tenido: la de pleno derecho, porque ella les da la seguridad del plazo necesario para hacer sus inversiones. Es decir, que no se les dé más, sino, simplemente, lo que se les ha dado siempre y se concede en todas partes del mundo, que consiste en la exención de pleno derecho, porque ello les da seguridad -repito- para efectuar inversiones que les permitan llegar a casos como el que antes señalé, de que, para producir 110 millones de toneladas, se requieren 22 años de explotación.
El señor VALENTE.-
Lo que plantea el veto es beneficiar a las empresas explotadoras del hierro con las normas generales de la ley 16.528, o sea, con el "drawback", no de pleno derecho, sino cuando acrediten el retorno de los valores exportados, lo que me parece extremadamente justo y una buena norma de orden económico.
Tengo a la mano un antecedente que deseo entregar al Senado. Es conocido, pero considero necesario repetirlo. Tengo los datos de la Bethlehem Chile Iron, que opera en el país desde 1913. Desde esta fecha hasta 1953, vale decir, los cuarenta primeros años, exportó 41 millones 88 mil toneladas de hierro, por un valor de 836 millones de dólares. De esta cantidad, Chile sólo percibió 74 millones 400 mil dólares, y 762 millones de dólares quedaron en el exterior. Todo esto -repito- en cuarenta años.
Entre 1954 y 1963, la Bethlehem exportó 8 millones 541 mil toneladas más, por un valor de 228 millones 200 mil dólares; y de esta suma Chile recibió sólo 20 millones 400 mil dólares, quedando en el exterior 207 millones 800 mil dólares. Es decir, en 50 años la Bethlehem ha exportado 50 millones 400 mil toneladas de hierro, por un valor equivalente a 1.064 millones de dólares, de los cuales Chile recibió 95 millones de dólares, quedando en el extranjero, sin retornar, nada menos que 969 millones de dólares; en otras palabras, las cantidades suficientes para realizar la inversión que nos planteó hace un instante el Honorable señor Noemi, equivalente, nada menos, que a ocho plantas petroquímicas con financiamiento propio.
El señor IBAÑEZ.-
Las cifras dadas por Su Señoría indicarían que el valor de la tonelada de hierro es de 20 dólares.
El señor VALENTE.-
No he dicho eso, señor Senador. He señalado cifras globales.
El señor IBAÑEZ.-
Pero, si se hace un cálculo rápido, es fácil concluir lo que estoy afirmando.
Me parece que la tonelada de hierro se cotiza a siete dólares y medio. Por consiguiente, la cuenta de Su Señoría es equivocada.
El señor VALENTE.-
Su Señoría debe haber calculado mal.
El señor IBAÑEZ.-
¿Cuántas toneladas señaló Su Señoría?
El señor VALENTE.-
Eso podríamos discutirlo después. No podemos perder el tiempo discutiendo ahora cuáles son las cifras exactas. No sé qué interés especial tenga Su Señoría en defender a la Bethlehem.
El señor IBAÑEZ.-
No tengo ningún interés. Velo por la buena aritmética de los señores Senadores.
El señor VALENTE.-
Es decir, por cada dólar exportado en hierro, el país obtiene 9 centavos y en el extranjero quedan 91 centavos de dólar.
Pues bien, nosotros estimamos que esa determinación o medida es ajustada e indispensable. Por eso, estamos de acuerdo con el veto.
En seguida, la letra c) plantea la derogación del reglamento correspondiente al artículo 11, ya que, al desaparecer éste, es obvio que también desaparezca el reglamento.
En cuanto a la letra d), modifica el régimen especial de "drawback" para las industrias de harina ,y aceite de pescado, a fin de que este incentivo se aplique de acuerdo con las normas generales que rigen según la ley 16.528, sobre fomento de las exportaciones, y no de acuerdo con la captura, como se establece en la actualidad.
Respecto de la letra e), se modifica también el artículo 22 de la ley 16.724, que hizo extensivo el beneficio del "drawback" a las empresas navieras respecto de los saldos líquidos de fletes que retornen y liquiden en el país.
En resumen, la ley 16.528, en sus actuales términos, se presta para numerosos abusos, para muchas arbitrariedades y para un sinfín de irregularidades en el otorgamiento del "drawback". Razón tuvimos, por consiguiente, al precipitar una discusión nacional sobre esta materia y solicitar una revisión de las disposiciones de esta ley sobre fomento de las exportaciones.
Si bien se entregó al Presidente de la República facultad para disminuir los porcentajes de devolución de impuestos, no lo es menos que el texto sugerido en el veto no es el mejor ni la fórmula más adecuada para controlar el incentivo que nos preocupa. En todo caso, la nueva redacción propuesta para la ley 16.528 es mejor que la anterior, sobre todo en lo que respecta al pago discriminatorio de esta devolución de impuestos.
Por esta razón, cuando se ponga en votación el artículo 13, estaremos por su aprobación.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Durán.
El señor DURAN.-
Señor Presidente, distraeré la atención de la Sala, muy brevemente, para impugnar las tesis que hemos escuchado sobre la inconstitucionalidad por el rechazo del pago diferido y sobre la posición del Congreso en cuanto al veto del Gobierno. Insistir en el aspecto jurídico-constitucional en realidad es innecesario.
En todo caso, han quedado claramente establecidos algunos hechos. Desde luego, el Ejecutivo, al enviar el proyecto de ley, no consideró el pago en cuotas. En consecuencia, no puede sostener que cuando el Parlamento rechaza esa forma de pago, introducida en la iniciativa con su patrocinio o con el de algunos otros parlamentarios en la discusión, está procediendo de manera inconstitucional.
Deseo distraer la atención de esta Corporación para señalar un hecho que es de conocimiento de todos: el Gobierno, por medio del señor Ministro, nos ha notificado que carece de recursos para enfrentar el gasto y que buscará todos los resortes legales de que dispone a fin de hacer efectivo el sistema de pago diferido de la misma manera o de manera similar a la planteada en el veto que rechazó la Cámara.
No quiero desviar la atención del Senado señalando los eventuales alcances de esas palabras del representante del Ejecutivo. El señor Ministro ha llegado a sostener que, en vista de esa insolvencia de la caja fiscal, es posible que simplemente no pague el reajuste.
Escuché la exposición del señor Ministro y debo confesar que me ha hecho bastante fuerza un argumento relativo a la forma como se gestó el problema del pago diferido. Se trataría de que la facultad para modificar las disposiciones sobre remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, que se extendía con amplitud a los jubilados, fue resistida por distintos Comités o Diputados, lo que dio motivo a una fórmula de arreglo en virtud de la cual el Ejecutivo circunscribió toda esta materia al hecho concreto del pago diferido. Por lo tanto, esta facultad no entraría, dentro de las posibilidades legislativas por la vía de los derechos con fuerza de ley, a tratar de un conjunto de otras materias de tipo previsional.
Al respecto, quiero dejar sentado un hecho. Cuando el Gobierno planteó la fórmula de pago fraccionado, estimó que esas facultades no estaban incluidas en la norma del artículo 1º del proyecto que se refiere a la enmienda de los preceptos relativos a las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, no habría propuesto el pago en tres cuotas en forma separada, puesto que por el sistema de los decretos con fuerza de ley podía hacer el pago diferido sin necesidad de nueva disposición taxativa. Por ello, ni el Gobierno ni el Congreso estimaron, al conocer este artículo, que se trataba, mediante una frase amplia que concedía facultades para modificar disposiciones relativas a remuneraciones, de extender su alcance a lo que más tarde, por una indicación concreta, se conoció como pago diferido. En consecuencia, estamos abocados a un problema del tipo de trato entre el Congreso y el Ejecutivo.
Por ello, por existir mayoría en el Senado para rechazar el veto, nos encontraremos enfrentados a los planteamientos del señor Ministro relativos a no pago. Esto obligará a los sectores de jubilados a demandar al Ejecutivo, lo cual contraría la tesis del Honorable señor Luengo referente a un eventual juicio de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, el sistema es inverso: frente a una demanda, el Fisco, a lo largo de un proceso susceptible de extenderse en forma excesiva, puede alegar a su favor la inconstitucionalidad, si fuera condenado en todas las instancias, para lo cual, no cabe duda, se requerirá un tiempo extraordinariamente largo.
Creo, por el contrario, en búsqueda de fórmulas constructivas -si es verdad lo que hemos escuchado: que los sectores de jubilados aceptaron en principio el procedimiento del pago diferido y más tarde el señor Castro y el general Valdés habrían sido desautorizados-, que si el Gobierno, aun cuando el problema sea discutible, actúa por la vía ya señalada del decreto de insistencia, franquea, como lo mencionó el Honorable señor Luengo, la posibilidad de una acusación constitucional a algunos Ministros o a todos los Ministros. A mi juicio, el señor Senador no ha sido amplio y concreto en su apreciación : al proceder el Gobierno de la manera indicada, se abre la posibilidad de una acusación constitucional a uno, o a varios o a todos los Ministros y, asimismo, al Presidente de la República. Cuando se trata de buscar responsabilidades de tipo constitucional, no es conveniente ni correcto ni varonil decir que el Gobierno se ha hecho merecedor a una acusación, dejando fuera de ella al Presidente de la República para evitar mayores dificulta» des.
Como estoy juzgando el problema con un criterio práctico, tengo la certidumbre...
El señor LUENGO.-
¿Me concede una interrupción de medio minuto para contestar, señor Senador?
El señor DURAN.-
Me restan sólo seis minutos. Por desgracia, no tengo más tiempo.
El señor PABLO ( Presidente).-
El Honorable señor Durán está haciendo uso de otro tiempo.
El señor DURAN.-
De lo anterior se desprendería que es mucho más lógico buscar un camino que deseo señalar al Ejecutivo. Si se encuentra en la posición indicada por el señor Ministro, le insinúo una fórmula destinada a revivir lo que inicialmente constituyó un acuerdo de la Cámara: para el porcentaje que se quedaba debiendo, se disponía un procedimiento correcto de reajuste. Si la primera cuota es del 40%, el 60% restante se desvalorizaría en el curso de dos años. Lo anterior desapareció como consecuencia de lo resuelto por el Senado -aceptado más tarde por la Cámara-- en el sentido de suprimir el pago diferido. Por ello, el Ejecutivo deberá procurar en los decretos respectivos que el reajuste -si no hace el pago al contado- llegue a lo que se establezca en las fórmulas de acuerdo.
Deseo dejar constancia de otro hecho. Desde un comienzo -con esto quiero terminar mis observaciones- se comprobó que el Gobierno había enviado un proyecto que establecía el pago al contado para todos. Tan así es que el texto de la iniciativa no hace una discriminación, como lo expresé.
Algunos señores Senadores afirmaron que este proyecto era inconstitucional porque carecía de un financiamiento completo. También me correspondió expresar una opinión contraria a esta tesis, porque, como aquí se ha señalado, el financiamiento era flexible, puesto que incluía los fondos de este proyecto, del Presupuesto general de la nación y del proyecto de reajuste del sector público. Como la discusión de esta última iniciativa comenzará mañana, y en ella se encuentra parte del financiamiento de la que ahora debatimos, no podemos saber el monto disponible para solventar el gasto que demanda el reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Mediante un alza de tributos, propuesta en el proyecto de reajuste del sector público y privado, el Ejecutivo puede obtener recursos suficientes para el pago al contado del reajuste para el sector pasivo de los Institutos Armados. A mi juicio, esa solución podría ser el resultado de este prolongado debate. Por lo tanto, el Ejecutivo todavía tiene plazo para obtener financiamiento. Si ello no se lograra, deseo, en todo caso, dejar planteada una petición formal al Gobierno: que en la fórmula de pago a que se llegue mediante decretos con fuerza de ley, es decir, en este tipo de facilidades que el Ejecutivo se auto otorga, se tenga presente el proceso de desvalorización, porcentaje que debe ser reembolsado a los sectores que no gozarán de pago al contado.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor LUENGO.-
¿Me permite una interrupción, con cargo a mi tiempo?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Cómo no.
El señor LUENGO.-
Deseo referirme a lo expresado por el Honorable señor Durán, que me ha inculpado por haber aludido a una posible acusación a Ministros de Estado, y no al Presidente de la República, por dictar un decreto con fuerza de ley que estableciere el pago diferido a los jubilados. Sólo señalé, en forma improvisada, las consecuencias que podrían derivarse de esto y la posible actitud de la Oposición, e hice presente mis temores sobre el particular. Por ello, el Honorable señor Durán no puede pretender que excluí al Presidente de la República de la posibilidad de ser acusado constitucionalmente. Por lo demás, todavía el caso no se presenta.
Deseo que quede bien en claro que mi intención no fue hacer recaer, si así ocurriera, la responsabilidad sólo en los Ministros de Estado y no en el Presidente de la República. Todos ellos tienen responsabilidad, el Honorable señor Durán puede tener la seguridad de que adoptaré una posición más firme que muchos otros ante una posible acusación constitucional.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Nos encontramos abocados al estudio de las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley, ya aprobado por el Congreso, que autoriza al Jefe del Estado para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones.
Cuando en esta iniciativa el Ejecutivo pidió facultades extraordinarias, fuimos partidarios de aprobar una ley directa, por creer que con ello evitaríamos lo que ahora está sucediendo.
El veto relativo al artículo 1° dice que el aumento de las pensiones de retiro y montepío que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, se otorgará en tres etapas en un plazo de dos años y en la siguiente forma: 40% del aumento a contar del 1° de enero de 1970; 30 % más, para completar el 70%, a contar del 1° de enero de 1971, y el 30% restante, para completar el 100% de dicho aumento, a contar del 1° de diciembre del mismo año.
Cuando en las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional estudiamos está materia, nos encontramos con que los Senadores de Gobierno, por intermedio de la fundamentación del voto del Honorable señor Carmona, expresaron que votarían favorablemente la observación, porque su rechazo "significa infringir la Constitución Política del Estado al ordenarse un gasto que no está financiado ni propuesto por el Ejecutivo". El señor Senador agregó que "el rechazo de la observación significa favorecer en mayor proporción al personal en retiro.
"Luego, dijo que la proposición del Ejecutivo no perjudicaba al sector pasivo, porque éste tiene en todo caso asegurado un aumento de sus pensiones superior al que percibirían los demás funcionarios públicos."
Que el sector público perciba determinado aumento, no significa que las rentas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones obtendrán reajustes favorables. Existe consenso en que los emolumentos de estas instituciones no se compadecen con las funciones específicas que deben desempeñar, como lo demostró en el Senado el estudio hecho en general y en particular del proyecto.
El Honorable señor Miranda, al manifestar en las Comisiones unidas el pensamiento de los Senadores radicales sobre este veto, sostuvo:
"Los acuerdos de la Cámara de Diputados recaídos en este punto son constitucionales. Prueba de ello es que el único argumento de cierto peso que ha dado el Gobierno para sostener su tesis, la falta de financiamiento, está en contradicción con los antecedentes proporcionados por el Ejecutivo mismo.
"En todo caso, el eventual desfinanciamiento se produciría por culpa del Ejecutivo, ya que éste tiene amplia libertad para dictar los decretos con fuerza de ley respectivos, con aumentos significativos para todos, y con las limitaciones que dan los recursos que se destinan para tal objeto.
"El propio Ejecutivo ha expresado al Senado que si los recursos que financian el proyecto no son suficientes para cumplirlo, el déficit sería pagado con nuevos ingresos que se establezcan en la ley de Presupuestos y en la ley general de reajustes."
Por lo tanto, el señor Ministro de Hacienda tiene la palabra, para efectuar los agregados pertinentes, destinados a financiar el proyecto, en la ley de Presupuestos o en la iniciativa que empezaremos a considerar en la Comisión respectiva, en segundo trámite constitucional, el miércoles 17.
En cuanto a la posición que asumí en las Comisiones Unidas, declaro que, junto con concordar con las expresiones del Honorable señor Miranda, añadí que "una ley que facultaba al Presidente de la República para conceder un aumento de remuneraciones y destinaba recursos para ello no podía ser inconstitucional, ya que la facultad está limitada por los recursos y que si el Gobierno, en uso de las mismas, dictaba un decreto con fuerza de ley rebasándolos, lo inconstitucional era el D.F.L. respectivo y no la ley que le dio origen".
Sin embargo, en la mañana de hoy, tanto en la intervención del Honorable señor Carmona como en la del señor Ministro de Hacienda, se dio a entender que cuanto habían sostenido ellos en las Comisiones hoy día no regía; que, como la Cámara rechazó el veto y no hubo quórum de insistencia, no habría ley sobre este particular, y que el Ejecutivo, en consecuencia, quedaba en condiciones de resolver libremente.
A mi juicio, este proyecto -su costo total es estimado en 1.703 millones de escudos: 887 millones para el sector activo, 761 para el pasivo y 55 millones para Investigaciones- debe tener financiamiento a través de la ley general de Presupuestos y de la iniciativa que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.
Por otra parte, es necesario destacar que el personal pasivo de las Fuerzas Armadas no se acoge a retiro porque así lo desee; sencillamente, es impulsado a ello.
El Ministerio de Defensa ha hecho una relación sobre los retiros habidos desde 1964 a la fecha.
En aquella época, el Comandante en Jefe del Ejército General don Oscar Izu-rieta era la primera antigüedad, y estaba a seis antigüedades del sucesor, General Bernardino Parada Moreno; éste, a su vez, estaba a veinte antigüedades del General Luis Miqueles, que fue designado el 5 de julio de 1967 y duró en el cargo hasta el 3 de mayo de 1968, pues se acogió a retiro, siendo reemplazado por el General señor Castillo Aránguiz, quien estaba prácticamente a quince antigüedades del señor Miqueles.
En consecuencia, todos esos retiros, en el hecho, son forzosos. No se producen por la voluntad de muchos distinguidos oficiales que podrían seguir su carrera, sino por determinación del Ejecutivo.
El último caso es el del General señor Castillo. Fue designado en su reemplazo el General de Brigada señor Schneider, que era la octava antigüedad del Ejército. Se produjo el retiro de los seis genérales de división y el de un general de brigada, que era más antiguo que el actual Comandante en Jefe.
Expreso mi inquietud por esta "maduración" en el Mando. Creo que, muchas veces, los oficiales son sorprendidos con su designación de Comandante en Jefe del Ejército debido a esa rapidez en los llamados a retiro.
A mi juicio, no es equitativo estimar que el sector pasivo puede ser un lastre para la nación. Cuando sus miembros ingresaron a las Fuerzas Armadas, lo hicieron por ser una carrera de honor, y la única perspectiva que tenían era su retiro después de hacer una carrera digna y respetable -sabiendo de antemano que no lucrarían con ella- y, al fallecer, dejar un montepío decente para sus viudas y sus descendientes menores de 21 años.
Concuerdo con las expresiones del Honorable señor Durán en el sentido de que si mañana, por carencia de fondos en caja, como expresó el señor Ministro de Hacienda, los pagos al sector pasivo se prolongaran, debería otorgársele un reajuste con relación a la inflación y al aumento del costo de la vida.
Concluyo mi intervención anunciando que el Honorable señor Miranda se referirá a algunos rubros relacionados con el financiamiento del proyecto y a las observaciones del Ejecutivo sobre el particular.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el señor Miranda.
El señor MIRANDA.-
¿A qué hora se votará?
El señor PABLO ( Presidente).-
A las seis, señor Senador. Desearía suspender la sesión a las cinco cuarenta.
Si le parece a la Sala, quedará cerrado el debate.
El señor CHADWICK.-
A las seis, señor Presidente.
El señor LORCA.-
El señor Ministro de Minería desea intervenir.
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Señor Presidente, acabo de oír al Honorable señor Valente -por desgracia, no está en la Sala- manifestar su extrañeza por el hecho de que el Ministro de Minería haya concurrido a las Comisiones Unidas para expresar su disconformidad con el veto del Ejecutivo.
El señor ALTAMIRANO.-
Nos extraída a todos los Senadores.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Ya le dije al Honorable señor Altamirano en las Comisiones que, cuando nos asiste razón para sostener algo, lo hacemos sin importarnos que ello signifique reconocer un error. Lo grave es persistir en una equivocación cuando uno se ha dado cuenta de ella. También manifesté que, por no estar en Chile, era de mi responsabilidad no haber objetado a tiempo el veto.
Después de aclarar el punto con el señor Ministro de Hacienda y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, debo decir que el objetivo de la observación, como lo expresó aquél, es evitar que se produzca una duplicidad entre quienes pueden utilizar la exención de pleno derecho y los beneficiarios de las franquicias que otorga el "drawback". Hice presente que esta situación no se produce en Minería, y Hacienda expresó también que no había sido interés de parte del Ministerio hacer efectivo esto para la minería.
Esclarecido el problema, es plenamente justificado concurrir al Congreso para pedir que se elimine la letra b) del artículo 13 del proyecto, acogida por las Comisiones Unidas.
Advierto que aquí no se trata de un planteamiento respecto de determinada empresa, sino de una actividad en que están comprendidas las empresas del hierro y las de la mediana minería de las provincias de Atacama, Coquimbo, Antofagasta y Tarapacá.
También puse de relieve que, sin duda, existía un problema de inseguridad. En el caso del hierro es precisamente donde éste se presenta con características más nítidas. Debido al monto de las inversiones, el sistema del "drawback" produce de hecho inseguridad para las inversiones a largo plazo. Además, encarece la explotación. Es indudable que el pagar impuestos de los cuales se está exento de pleno derecho, implica un desembolso financiero que torna más onerosa la explotación, cuyos niveles están bastante altos, con márgenes de utilidad muy estrechos.
Los traslados de costo que se pueden hacer en una explotación en Chile no pueden efectuarse en una actividad destinada a producir de manera exclusiva para la exportación.
No es necesario que me refiera a las actuales condiciones del comercio internacional, especialmente en el hierro, porque en el caso del cobre no existe problema alguno. Pero sí son notorios los problemas que existen hoy en la exportación. Ante esto no hay otra defensa que poder aumentarlas o desarrollar nuevas condiciones de explotación, que permitan exportar en situación más ventajosa.
El señor PABLO ( Presidente). -
Ha terminado el tiempo de Su Señoría. Puede seguir interviniendo en el de la Democracia Cristiana.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Se da el caso de algunas compañías -por ejemplo, la empresa Algarrobo- que no están afectas al pago de impuestos que deben hacer otras empresas del hierro. A pesar de eso, se ven afectadas, provocando esta situación un encarecimiento que, en algunos casos, según informaciones de la propia compañía, puede ser superior al margen de utilidad, muy pequeño, que alcanza a 17 centavos de dólar por tonelada.
En seguida, respecto de algunos otras compañías -por ejemplo, Cerro Negro-, la eliminación de las exenciones de que hoy día disfrutan significan, al obligárselas a pagar los correspondientes impuestos, privarlas de incentivos y de recursos para iniciar otras actividades, como lo he expresado en el día de hoy.
Indudablemente, esto conduce a una situación que deseo señalar, porque, como dijo el Honorable señor Noemi, se está afectando a una industria de exportación con incidencias extraordinarias para las provincias de Atacama y Coquimbo.
Los señores Senadores del norte y de todo el país deben de recordar las condiciones de esas industrias en los últimos años. Muchas de ellas han pasado por momentos muy difíciles, que prácticamente han liquidado su actividad.
En materia de cifras se acostumbra a proporcionar numerosos datos. Acabo de oír al Honorable señor Valente dar una información que, en verdad, no sé dónde obtuvo. Aseveró que la Bethlehem, por ejemplo, ha exportado durante los últimos cincuenta años 1.000 millones de toneladas, retornando al país sólo 95 millones de dólares.
El señor CHADWICK.-
Cincuenta millones de toneladas.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Perdón. Su Señoría dijo 50 millones de toneladas, por un valor de 1.060 millones de dólares, con un retorno de 95 millones de dólares.
En realidad, el señor Senador -que entiende de números- ha caído en una confusión horrible y lamentable, pues ha mezclado los retornos con las utilidades.
El señor VALENTE.-
No.
El señor ALLENDE.-
No puede haber hecho eso.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
En los últimos 20 años,, desde 1950 hasta ahora, la Bethlehem ha exportado 27 millones de toneladas, por un valor total de 157 millones de dólares; pero esta suma resulta de la aplicación del costo que hoy día existe, es decir, de 4 dólares o más por tonelada. De manera que, para llegar a un retorno equivalente al 9% del valor total de las exportaciones, se confunde entre utilidades, retorno y exportación.
El señor VALENTE.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
No puedo concedérsela, señor Senador.
No planteo este asunto en defensa de ninguna empresa. En el caso de la Bethlehem, es una empresa que tiene un sistema que está tratando...
El señor VALENTE.-
El señor Ministro no deja aclarar el asunto.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Señor Senador, estoy contestando sus observaciones.
El señor PABLO ( Presidente).-
El señor Ministro no desea ser interrumpido.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Podría concederle la interrupción con cargo a su tiempo.
El señor ALLENDE.-
No tenemos.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Además, quiero recordar...
El señor VALENTE.-
La interrupción puede ser con cargo al tiempo de otro Comité. El Honorable señor Luengo podría cederme algunos minutos.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro hace afirmaciones y no admite réplicas.
¡Esto es un monólogo!
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Quiero recordar al señor Senador que parte de la producción de esa empresa se vende en el país. Más de 600 mil ó 700 mil toneladas se venden a la CAP al valor de costos del mineral, de acuerdo con un contrato existente.
Por último, quiero dejar expresa constancia de las condiciones de mercado de nuestros minerales de hierro. Debo destacar que debido a las medidas de control absoluto de la comercialización tomadas en el último tiempo por el respectivo Departamento del Banco Central, como lo dije en las Comisiones, se ha logrado ejercer una fiscalización en esas empresas y, en algunos casos, se ha obtenido la modificación de los contratos, con mayores posibilidades de retorno para el país.
Hoy día el precio más alto que se obtiene por el hierro chileno es el valor CIF en el mercado japonés.
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro, para aclarar este punto?
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
En, las Comisiones di respuesta a todas sus interrupciones, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Pero lo que ha dicho el señor Ministro no es verdadero.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
En este problema de la inseguridad, y dada la importancia de los planes de aumento de la producción, incide lo relativo a la modificación de un decreto que ya está operando.
El señor VALENTE.-
Eso no es cierto.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Es bastante cierto. Tanto lo es que se ha obtenido para el país la celebración de un contrato en muy buenas condiciones, que puede llegar a permitir la exportación de más de 110 millones de toneladas de hierro, en los próximos 20 años, con un retorno total que supera los mil millones de dólares, salvo la comisión, que es muy pequeña y normal en estos negocios. Esos retornos serán para el país.
Este contrato ha tenido dificultades para su financiamiento, en especial por las normas propuestas en el veto. Esta es una realidad. Y esto no es una posición de defensa de grupos. Simplemente, es reconocer la realidad de una inversión que se ha planteado al nivel de las plantas de "pellets", que han sido pedidas por todas las colectividades políticas. En la Cámara he oído al DiputadoAguilera exponer lo referente a la planta de "pellets". Pues bien, cuando estamos en presencia de la posibilidad de instalar esa planta, que puede ser muy importante para la provincia de Atacama, no me parece conveniente aprobar una medida como la propuesta, que, en el fondo, no pretende quitar nada, porque se dice que la misma exención se transformaría en "drawback". Con ello lo único que se provoca es la desconfianza frente a un régimen que se ha hecho funcionar en virtud de una ley. Y creo que la confianza en la ley, en el Parlamento y en las instituciones estables es mucho más conveniente que el capricho de un funcionario de cambiar cada tres años las condiciones fijadas.
El señor CHADWICK.-
¡Cuente la historia completa, señor Ministro!
El señor HALES (Ministro de Minería).-
No acepto la insinuación que hace Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción para aclarar este aspecto, señor Ministro?
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Esta es la razón por la cual -en lo que se refiere a la inseguridad, al financiamiento y a la necesidad no sólo de mantener la producción, sino también de poder sacar adelante los planes que están pendientes tanto en Algarrobo como en otras empresas- concurrimos a las Comisiones pidiendo el rechazo del veto en la letra b).
El señor PABLO ( Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prado.
El señor VALENTE.-
¿Y la interrupción que me dio el señor Ministro?
El señor PABLO ( Presidente).-
No se la dio, señor Senador.
El señor VALENTE.-
Era con cargo al tiempo del Honorable señor Luengo.
El señor ALLENDE.-
Le cedieron tres minutos al Honorable señor Valente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ahora corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Prado.
Hago presente a la Sala que a las seis clausuraré el debate.
El señor ALLENDE.-
Pido la palabra para plantear una cuestión previa.
El señor PRADO.-
Espero que los señores Senadores me permitan hacer mis observaciones.
El señor ALLENDE.-
Cuando votemos, le podemos dar tiempo suficiente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Eso es lo que la Mesa iba a proponer.
El señor ALLENDE.-
No hay precedentes en el Senado de que un Ministro formule una aseveración y no conceda una interrupción al Senador que quiere replicarle, no obstante disponer de tiempo, cedido en esta oportunidad por el Comité Social Demócrata.
Por lo tanto, sugiero -es de suponer que no habrá oposición- que el debate se prolongue hasta las seis diez, con el objeto de que el Honorable señor Valente pueda contestar las observaciones del señor Ministro.
El señor PABLO ( Presidente).-
La Mesa tiene una proposición distinta: cerrar el debate y cuando en la votación se aborde nuevamente este punto acordar algún tiempo especial.
El señor ALLENDE.-
Lo lógico es hacer las observaciones cuando esté presente el señor Ministro. No hay ninguna seguridad de que durante la votación permanezca en la Sala.
El señor PABLO ( Presidente).-
Por lo demás, si acordamos concederle ahora cinco minutos al Honorable señor Valente, habría que dar igual tiempo al señor Ministro para responder.
El señor ALLENDE.-
¿Por qué razón?
El señor PABLO ( Presidente).-
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en esta forma?
No hay acuerdo.
El señor ALLENDE.-
¡No es cueca larga!
El señor VALENTE.-
Que conste que el señor Ministro no quiere que yo responda.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
No es ésa mi posición, señor Senador.
El señor VALENTE.-
En todo caso, voy a contestar a Su Señoría al fundar mi voto.
El señor ALLENDE.-
En esa oportunidad no podrá intervenir el señor Ministro.
El señor PRADO.-
Aun cuando el debate ha sido extenso y varias veces se ha vuelto a abordar el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición que nos preocupa, nos interesa dejar establecida nuestra opinión al respecto.
A mi juicio, la constitucionalidad no es un problema de real importancia frente al cuadro que este proyecto de ley plantea para lo sucesivo. Puede haber un problema político, y es importante que la ciudadanía tenga un claro juicio acerca de lo que representa esta iniciativa legal en cuanto los Senadores que la han votado favorablemente están imponiendo una obligación que el Gobierno no podrá cumplir.
Los planteamientos del Honorable señor Bulnes, por ejemplo, referentes a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto, tienen cierta validez, porque el proyecto en sí es de facultades, no de legislación directa, lo cual, sin duda, crea algunas dificultades de interpretación.
El alcance que se va a dar a este proyecto una vez que se convierta en ley, no es tan sencillo, porque hay argumentos contrarios, por ejemplo, a la interpretación que le atribuye el Honorable señor Durán.
Los argumentos que permitirían al Ejecutivo sustentar la tesis de que no está obligado a pagar al contado el reajuste correspondiente al sector pasivo...
El señor ALTAMIRANO.-
¿Cuáles son esos argumentos?
El señor PRADO.-
Si su Señoría me espera dos minutos los escuchará.
El Honorable señor Durán decía, par ejemplo, que él había oído en la Cámara conversaciones según las cuales, al suprimirse en el artículo 1º la mención a las pensiones de retiro, el Gobierno quedó sin facultades suficientes para legislar sobre la materia. En consecuencia, por no haber planteado el Ejecutivo el pago en cuotas -sistema establecido en una disposición que nació en la Cámara-, no podría sostenerse que al Gobierno se le estaba imponiendo un gasto excesivo, al no permitirle ese pago fraccionado. Esa tesis -que en definitiva se transformó en la disposición aprobada por el Senado- tiene exactamente un argumento contrario en el número 3º del artículo 1°, norma introducida en el proyecto, con el objeto de producir el efecto jurídico de impedir que el Ejecutivo ejerciera las facultades en términos de proceder al pago diferido al sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
En esto, no estoy tratando de dar argumentos definitivos, porque los juicios emitidos en la Sala tampoco lo son. Por lo tanto, creo que el problema se transforma en algo complejo.
El Congreso, al otorgar facultades al Ejecutivo, estimó necesario establecer la norma consignada en el Nº 3º, que limitaba el ejercicio de esas facultades, a fin de que el Gobierno no pudiera pagar en términos distintos al personal activo de las Fuerzas Armadas y al personal en retiro.
Ahora se suprimió ese número, en virtud del mecanismo legislativo: se rechazó el veto, pero no hubo quórum para insistir.
Jurídicamente, debe tener alguna eficacia la supresión, porque el Congreso limitó el ejercicio de las facultades para reglamentar lo relativo a remuneraciones y, sin embargo, trató de legislar expresamente sobre las pensiones de retiro.
No cabe duda de que aquí hay un argumento contrario que, a mi juicio, en esta materia tiene tanta validez como el otro.
Pero no quiero quedarme sólo en este comentario. En definitiva, hay un problema más serio, que ya abordó el Honorable señor Durán. Es una cuestión de fondo que yo tocaré en forma muy escueta: aquí estamos en presencia de reajustes que, como los señores Senadores saben, representan una tasa o un incremento muy superior al nivel de aumento que pueda tener cualquier otro sector de los trabajadores civiles del Estado. Ese beneficio significa para el país un costo muy alto. El cálculo primitivo del Gobierno, sin ninguna clase de limitaciones ni de reservas, era muy inferior. Ni el Gobierno ni el Senado pensaron que se iba a llegar a un costo tan elevado. Si somos honrados con nosotros mismos, debemos reconocer que cuando el proyecto se estaba tramitando o había conversaciones al respecto, los Senadores no sabíamos exactamente a cuánto podía llegar el gasto; pero se quería llegar a una solución definitiva sobre el particular.
La primitiva cantidad de 350 millones de escudos, según la reciente explicación del Honorable señor Aguirre, asciende ahora a 1.703 millones de escudos. ¿Qué sucedió con el proyecto de facultades? Nació con un costo de 350 millones de escudos y después subió un poco más. ¿Qué ocurrió con las facultades? Después de acordarlas, se está imponiendo al Ejecutivo la obligación de pagar 1.703 millones de escudos, transformándose el primitivo gasto aceptado por decisión del país y aprobado políticamente por los distintos sectores políticos. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de reacción deberían tener el país y los sectores políticos frente a un Gobierno que viene a decir que no puede pagar el reajuste?
En segundo lugar, para resolver este serio problema, una comisión del Partido Demócrata Cristiano especialmente designada al efecto conversó con los Partidos Radical, Comunista y Socialista, en reuniones que no fueron exhaustivas, pero que revelan su interés en el intercambio de opiniones.
¿Qué se abordó en esa oportunidad? La posibilidad de llegar a una fórmula antes del veto, debido a que el Gobierno no podía imponer al país sacrificios imposibles de afrontar. Me interesa dejar clara constancia de la respuesta a tal planteamiento, formulado, como digo, por una comisión autorizada expresamente por nuestra colectividad para llevar adelante la gestión. Nos contestaron que la palabra la tenían los sectores pasivos, especialmente don Humberto Castro, antiguo dirigente de una de las organizaciones que representa más o menos a 70% del personal jubilado, especialmente al de rentas medias y bajas. Dicho dirigente no es de filiación democratacristiana y no ha sido cuestionado en sus actividades gremiales. Así lo reconocieron parlamentarios radicales, comunistas -no recuerdo si lo hicieron también los socialistas-, quienes afirmaron que don Humberto Castro les merecía confianza.
Por tales razones, tratamos estos problemas con ese dirigente. No lo hicimos con él como persona, sino en su calidad de presidente de la Confederación que agrupa al sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Además, celebramos las conversaciones en presencia de otros miembros de la directiva. Después de explicarles la situación producida, se llegó a suscribir un acta en la cual los afectados, o una parte muy importante de ellos, aceptan recibir no sólo el reajuste señalado, sino su acuerdo con el arreglo de diversos otros problemas que no habían podido ser resueltos durante muchos años. No deseo extenderme en este punto, porque en la mañana de hoy el señor Ministro de Hacienda dio una explicación al respecto. También se llegó a acuerdo con el General Valdés.
Ignoro por qué razones -no quiero calificarlas- esos dirigentes fueron desautorizados y, en definitiva, los partidos políticos han sostenido la tesis de que el Gobierno deberá pagar 1.703 millones de escudos, en circunstancias de que existe un déficit cercano a los 500 millones de escudos, que no hay manera de solventar.
En esta breve intervención, quiero preguntar qué va a pasar en el país, porque la situación podría dar lugar a graves consecuencias. Al respecto, deseo que los sectores políticos partan de la base de que haremos todos los esfuerzos posibles por llegar a entendimientos con los jubilados de las Fuerzas Armadas, no obstante lo ocurrido en el Senado, y a pesar de que, en el aspecto constitucional, tenemos argumentos que avalan nuestra posición, si se pretendiere llegar al extremo de exigir el pago total, que el Gobierno no puede hacer.
Aun cuando el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano están conscientes de los alcances de las medidas a que me referiré, creo que la decisión consistirá en hacer emisiones, con lo cual aumentará la inflación y se hará insostenible el cuadro económico del país, o castigar programas imprescindibles para Chile, como lo son los relativos al desarrollo social, viviendas, construcciones escolares y reforma agraria. Respecto de ésta última, me parece que muchos señores Senadores pertenecientes a sectores políticos que solicitan su aceleración, no han vinculado este hecho con la escasez del presupuesto en momentos que estamos planteando un nivel extraordinario de reajuste para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas.
En nombre del Partido Demócrata Cristiano, debo dejar constancia de que estimamos desafortunado el hecho de no haberse llegado a un acuerdo. Hemos buscado la manera de entendernos, pero no ha sido posible.
Debemos tener en cuenta que no se trata de un grupo de trabajadores que vaya a recibir un reajuste mínimo, sino el mayor que se otorgará en el transcurso del año. Dejo sentada esta opinión por estimar que hablar de acusación constitucional frente a la presencia de factores concretos corno la insuficiencia presupuestaria, indicaría que, políticamente, nos estamos situando en un nivel de irrealidad que ignoro hacia dónde conducirá al país. Este no es nuestro ánimo. Por el contrario, haremos todos los esfuerzos para que ello no suceda. En todo caso, quiero dejar establecidos estos hechos para que los sectores pasivos comprendan que sus problemas se están discutiendo por iniciativa del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, quienes han tratado -y me parece que lo han logrado- de resolver sus dificultades en forma satisfactoria.
El señor PABLO ( Presidente).-
Cerrado el debate.
De acuerdo con los estudios realizados por la Mesa, deben efectuarse 39 votaciones, 6 de las cuales no producen efecto alguno porque lo resuelto por la Cámara es definitivo. Respecto de estas últimas, la Mesa sugiere adoptar el mismo criterio de las Comisiones. Hay 18 observaciones que fueron aprobadas o rechazadas por unanimidad en las Comisiones y que podrían ser resueltas por la Sala en la misma forma. En estas condiciones, restarían 15 votaciones.
Si le parece al Senado, podremos proceder en esta forma.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, aunque el pronunciamiento del Senado sobre la disposición que establece el pago diferido para el sector pasivo de las Fuerzas Armadas no incidirá en el resultado final, solicitamos votación al respecto, por estimar que con tal medida se sienta un grave precedente ante el país.
El señor PABLO ( Presidente).-
Podríamos atenernos a la proposición de la Mesa, con excepción de la materia a que Su Señoría se refiere.
El señor MONTES.-
No podemos aceptar de primera intención -por así decirlo- la sugerencia de la Mesa, por desconocer muchas de las materias que figuran en las disposiciones que se pretende votar en esa forma. Además, podemos tener un criterio distinto sobre ellas, toda vez que carecemos de representantes en las Comisiones Unidas. Sin embargo, no tenemos inconveniente en acceder a un procedimiento que permita acelerar el despacho de las observaciones del Ejecutivo después de conocer de qué materia se trata y de señalar la posición de nuestro partido en el instante preciso.
El señor PABLO ( Presidente).-
La Mesa procederá a la votación. Su Señoría podrá dar a conocer su opinión con posterioridad.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
La observación del Ejecutivo recaída en el número 3 del artículo 1° consiste en sustituirlo. La Cámara la desechó, pero no contó con el quórum necesario para insistir en el texto primitivo. Las Comisiones recomiendan rechazar la observación y no insistir, porque el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos.
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Los Senadores comunistas votaremos contra la observación del Ejecutivo al número tres del artículo 1° e insistiremos en el predicamento del Congreso.
En forma muy breve reafirmaré mis expresiones respecto del sistema "drawback" y su incidencia en las empresas exportadoras de hierro. Dije que la Bethlehem, en 50 años exportó 50 millones de toneladas de ese mineral por un valor de 1.064 millones de dólares, de los cuales habían quedado en el país 95 millones de dólares. Es decir, no retornaron 969 millones de dólares.
El señor IBAÑEZ. -
¿Cuántas toneladas?
El señor VALENTE.-
El fierro se ña entregado a 26,7 dólares la tonelada, puesta en Estados Unidos, cantidad que incluye el flete, el cual, como todos sabemos, lo realizan empresas navieras subsidiarias de la Bethlehem. De modo que dicha compañía se queda también con los ingresos correspondientes a ese rubro, los cuales no retornan al país. Por otra parte, la adulteración en los fletes es manifiesta. Si el señor Ministro de Minería tiene interés en conocer la realidad de la situación, seguramente debe estar en antecedentes de los datos que estoy exponiendo. Las empresas subsidiarias adulteran el valor de los fletes en un porcentaje de bastante importancia, porque analizados los datos entregados por el Bu-reau of Mines, de los Estados Unidos, y por los del Servicio de Minas del Estado, aparecen diferencias en dicho aspecto de hasta 5,3 dólares por tonelada. Se trata de datos auténticos obtenidos por el Servicio de Minas del Estado, dependiente del Ministerio de Minería, en la Superintendencia de Aduanas, organismo que copia estos datos de las órdenes de embarque expedidas en Valparaíso o en otros puertos. Las informaciones están extraídas del libro del economista señor Mario Vera titulado "Una política definitiva para nuestras riquezas básicas", editado en 1964. Esta obra, a su vez, cita como fuente de información al Servicio de Minas del Estado, al Banco Central de Chile, al Bureau of Mines de los Estados Unidos, al Banco Nacional de Desenvolvimiento de Brasil y a la balanza de pagos correspondiente a 1962. Estos datos auténticos figuran en los boletines del Banco Central. De modo que se trata de datos reales que reflejan cuál es la cuantía del fraude que han cometido contra el país las compañías exportadores de hierro.
Votamos en contra del veto.
El señor HALES (Ministro de Minería).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ALLENDE.-
No puede hablar Su Señoría, porque estamos en votación.
El señor MONTES.-
Vamos a fundar nuestro voto para hacer un alcance a las palabras del Honorable señor Benjamín Prado en cuanto la participación que habría cabido a nuestro partido en las conversaciones sostenidas con el señor Castro sobre acuerdos relativos al pago diferido.
¿Cuál es la verdad de la milanesa? El Comité de nuestro Partido en la Cámara de Diputados, señor José Cademártori, conversó con el dirigente Humberto Castro, quien le expresó que los sectores pasivos de las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo en aceptar el pago en tres cuotas. El Diputado señor Cademártori le pidió una nota escrita en la cual quedara constancia de esa aseveración, y el señor Castro hizo llegar la carta a nuestro Comité en la Cámara de Diputados. Pero, en seguida, las organizaciones y diferentes sectores de jubilados dieron a conocer, a su vez, sus propias posiciones y expresaron que el señor Castro no los representaba y que ellos no avalaban el acuerdo suscrito por aquel dirigente.
El señor PRADO.-
Se trata del presidente de la Confederación.
El señor MONTES.-
Efectivamente, pero tal como dijo Su Señoría, fue desautorizado. Y a nosotros no nos interesa la opinión del presidente de la Confederación, sino la del sector mayoritario de quienes forman parte de ella.
El señor PRADO.-
¿Y el acuerdo con la CUT?
El señor MONTES.-
Ese es otro problema, señor Senador.
De modo que, como es natural, no acogimos la petición suscrita por el señor Humberto Castro y apoyamos la posición de los jubilados de las Fuerzas Armadas, que están en contra del pago en tres cuotas. Es decir, somos partidarios de la disposición aprobada inicialmente por el Congreso y contrarios al veto.
Nuestra posición es muy clara. Hemos escuchado la opinión, la voz y el sentimiento del sector pasivo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por otra parte, no creo que el planteamiento del Honorable señor Prado sea correcto en cuanto a que el rechazo del veto implica emitir, a raíz de lo cual se desataría una gra-. ve inflación, o podar programas en marcha en nuestro país. Me parece que esta alternativa es falsa, pues existe una tercera posibilidad: sacar los recursos de donde están, obtener financiamiento gravando a determinados sectores en las formas que hemos propuesto reiteradamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las cuales el partido de Gobierno, en algunas oportunidades con los votos de la Derecha, se ha negado a aprobar.
Hemos propuesto, por ejemplo -citaré un solo caso-, establecer un préstamo forzoso por parte de los socios extranjeros de las empresas del cobre, equivalente a 200 millones de escudos anuales. Se ha rechazado esta fórmula y se ha aportado gran cúmulo de antecedentes para señalar que el empréstito forzoso no procede. Es decir, en el cuadro político en que se mueve el Gobierno, apoyado -repito- en este tipo de decisiones por los votos de la Derecha, no ha sido posible obtener el financiamiento que habría permitido evitar aquellos males que el Honorable señor Prado estima que se producirían de rechazarse la observación del Ejecutivo.
Por estas razones, aparte los motivos expresados en intervenciones que hicimos en la mañana de hoy, nos pronunciamos en contra del veto.
El señor PRADO.-
En verdad, me desilusiona un poco el argumento del Honorable señor Montes, porque hasta el momento pensábamos que las conversaciones sostenidas por algunos señores Senadores de los partidos que mencioné y representantes del Partido Comunista en diversas reuniones, habían tenido alguna utilidad, habían sido de buena fe y, en definitiva, habían sido gestiones directas en el lenguaje de entendimiento que muchas veces se ha pedido.
Nosotros no inventamos la Confederación de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, presidida por el señor Humberto Castro. Cuando conversamos con el señor Castro, particularmente, tuvimos en cuenta que él y la Confederación representan a los grupos de menores ingresos dentro del sector pasivo de las Fuerzas Armadas: entiendo que desde capitanes hacia abajo, fundamentalmente. Esto es, consideramos que si había discrepancias de parte de algunos sectores minoritarios, se trataría, en todo caso, de personal de grado superior. En consecuencia, en pro de la justicia, en la búsqueda de lo más conveniente para los sectores más necesitados, resultaba fundamental un acuerdo de esta especie. De ahí nuestro proceder.
En realidad, deploro que se esgrima esta clase de argumentos, que dan la impresión de contravenir el sentido común y la lógica de los hechos.
No se nos habría ocurrido firmar esa acta -no sólo la suscribió el presidente de la Confederación, sino también otros directores, todos los cuales dejaron constancia de que representaban las bases y estaban debidamente autorizados por todos sus Comités- de no haber sido porque les concedimos representación.
El señor TARUD.-
Fue un error.
El señor PRADO.-
Cuando se está a diez meses de una elección, me parece que todas las cosas pueden ser o no ser, a la vez. Por eso ahora se quiere producir determinada impresión sobre algunas medidas de Gobierno.
No cabe duda de que hemos estado en desacuerdo respecto de determinadas fórmulas de financiamiento. Los recursos para enfrentar el gasto que implica este proyecto de ley se obtienen sobre la base de hacer tributar a los sectores que alcanzan niveles superiores en nuestro país. Así, las sociedades anónimas tributan más porque, en comparación con otros sectores afectos a altos gravámenes, deben contribuir en mayor proporción.
El Partido Demócrata Cristiano no ha sido reacio en esta materia, sino que, por el contrario, ha actuado con bastante más eficacia que otras colectividades que estuvieron en el Gobierno en períodos pasados, y ha estado dispuesto a imponer a los sectores económicos poderosos del país una tasa mayor de tributación, con cargo a un esfuerzo de distribución del ingreso como el que representan proyectos de esta naturaleza y programas de desarrollo social que hemos impulsado. Si no se desea detener estos programas de desarrollo social y, a la vez, se pretende imponer mayor tributación para obtener los 500 millones de escudos que faltan para financiar el proyecto en estudio, significa no saber sacar las cuentas o no querer sacarlas. El Gobierno, por intermedio del señor Ministro de Hacienda, sin que nadie lo haya pedido, hizo un estudio de la situación para saber hasta dónde podemos llegar. El costo inicial previsto en el proyecto original era de 350 millones de escudos, que ahora llega a 1.703 millones. Francamente, me parece no existir razones para pensar que el país está en condiciones de responder a un desembolso de esta naturaleza con una mayor tributación que no incida en el proceso inflacionario. No debería estarlo, por lo demás, considerado el total de gastos que representan los reajustes del sector público, no sólo de las Fuerzas Armadas y del sector pasivo.
Deseaba dejar constancia de esta respuesta a las observaciones del Honorable señor Montes.
Voto por la afirmativa.
El señor IBAÑEZ.-
La exposición que hizo en la mañana de hoy nuestro colega el Honorable señor Bulnes me evita entrar en mayores detalles al fundar el voto respecto de esta observación.
Sólo deseo insistir en que al Ejecutivo se le otorgaron los instrumentos que solicitó para arreglar esta situación.
En este debate no se ha mencionado un elemento que yo también olvidé señalar en la mañana de hoy: que todos los impuestos se cobran con un recargo correspondiente a la inflación prevista para el próximo año. En consecuencia, el Gobierno no debería tener problema alguno para reajustar las remuneraciones a todo el personal, civil y uniformado, de la Administración Pública conforme al alza del costo de la vida.
Estamos asistiendo a la culminación de un proceso de desorden fiscal que se ha venido generando en el curso de los cinco años de esta Administración y que ha llevado a extremos como los que han sido analizados durante este debate: a la imposibilidad en que se encuentra el Gobierno de pagar los emolumentos que corresponden a todos los servidores públicos.
El señor LORCA.-
Durante la Administración del señor Alessandri, en algunas ocasiones no hubo reajustes.
El señor GARCIA.-
Porque no había la inflación que observamos ahora.
El señor PABLO ( Presidente).-
Estamos en votación, señores Senadores. Ruego a Sus Señorías no interrumpir.
El señor IBAÑEZ.-
No recogeré las observaciones del Honorable señor Lorca sobre el Gobierno del señor Alessandri, porque respecto del hecho señalado por Su Señoría y de todos los actos de su Administración se pronunciará el país en plazo muy breve. Esperamos muy tranquilos y confiados el veredicto de todo el pueblo de Chile.
Únicamente me interesa subrayar que este conflicto ha sido artificialmente creado por la mala administración de este Gobierno, por los desatinos cometidos y por la insensata política económica seguida. Ahora estamos asistiendo a la culminación de este proceso, y por él no hay manera de encontrar una solución para un problema que, como digo, debió solucionarse automáticamente y no debió originar proyecto de leyes especiales ni, mucho menos, debates de esta naturaleza, tan agitados y que tanto perturban el ánimo de la opinión pública.
Antes de terminar mis palabras -me excusará el Honorable Senado- quisiera hacer presente mi deseo de salir de una curiosidad, no de tipo matemático, sino simplemente aritmético.
El Honorable señor Valente, al referirse a las exportaciones de hierro, señaló que se enviaban al extranjero 500 millones de toneladas por un valor de mil millones de dólares.
El señor VALENTE.-
El señor Senador anda totalmente perdido. Hablé de 50 millones de toneladas.
El señor IBAÑEZ.-
Bien, 50 millones de toneladas por un valor de mil millones de dólares.
El señor VALENTE.-
Mil sesenta y cuatro millones..
El señor IBAÑEZ.-
Por otra parte, el Honorable colega afirmó que el valor de la tonelada era de 7 dólares. En tal caso, el monto de las exportaciones, si mi aritmética no me falla, sería de 350 millones de dólares.
El señor VALENTE.-
¿Su Señoría no me escuchó explicar que en este costo se agrega el flete servido por empresas subsidiarias de la Bethlehem, lo que aumenta mucho más el precio por tonelada?
El señor IBAÑEZ.-
¿A 20 dólares?
El señor VALENTE.-
A 26,70 dólares.
El señor IBAÑEZ.-
Excúseme, Honorable colega, que le diga que sufre de una perturbación en sus cálculos o de un olvido lamentable de la aritmética. Tengo la impresión de que si el señor Senador debiera rendir de nuevo su examen de grado, difícilmente se recibiría de contador.
El señor VALENTE.-
Podríamos competir para ver quién de los dos es el más perturbado.
El señor IBAÑEZ.-
Veo que nuestro Honorable colega se niega a aclarar este misterio aritmético. . .
El señor VALENTE.-
No me niego.
El señor IBAÑEZ.-
... que quedará flotando en el ambiente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Ruego a Sus Señorías no provocar diálogos.
El señor IBAÑEZ.-
Votamos en contra del veto.
El señor VALENTE.-
¡El señor Senador está más perdido que el Teniente Bello...!
El señor GARCIA.-
Al fundar mi voto contrario a la observación del Ejecutivo, deseo agregar a las expresiones del Honorable señor Ibáñez que una de las razones de la distorsión existente entre los ingresos y los pagos del Estado, ambos reajustados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, radica en el hecho de que tal índice no refleja la realidad. Así, quienes ven reajustados sus sueldos de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor recuperan menos de lo que, en realidad, ha perdido su nivel de vida. Esto por la sencilla razón de que se ha congelado el índice. Es lo mismo que si para medir la temperatura de un enfermo se colocara el termómetro en agua fría. Evidentemente, en ese caso el termómetro no acusaría fiebre. Pues bien, esto es precisamente lo que se ha hecho con el "termómetro" de la inflación, para no ver cómo suben los precios.
Un solo argumento me basta para demostrar claramente mi aseveración: los precios al por mayor son más altos que el índice del costo de la vida. Asimismo, los precios considerados en la parte variable del índice de precios al consumidor, los no sujetos a congelación, tienen un alza de 38%. En cambio, los precios congelados sólo tiene nuna variación de 28%. De ahí la angustia de las personas que reciben este tipo de reajuste, absolutamente insuficiente, en sus remuneraciones. Pero el Gobierno recibe los impuestos a la renta y a la compraventa reajustados íntegramente. El tributo a la compraventa afecta no sólo a los precios congelados, sino a todos los artículos que se transan. Ya una vez observé que de los mil a mil quinientos artículo que consume habitualmente una persona de clase media, sólo 120 tienen el precio congelado. Esto lo hemos visto con los pensionados y, en general, con las personas que reciben un sueldo o un salario del Fisco. Es el resultado del mal manejo de un índice que sirva para todos los fines.
No podemos votar a favor de la disposición, porque ello significaría disminuir un beneficio del que durante los últimos tres o cuatro años se ha estado privando a los personales activo y pasivo de las Fuerzas Armadas.
El señor ISLA.-
¿No hacía lo mismo el señor Alessandri?
El señor GARCIA.-
No hacía ni decía lo mismo.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
El Honorable señor Tarud y el Senador que habla nos encontrábamos pareados, pero hemos resuelto suspender este pareo por el día de hoy en atención a la trascendencia del número 3º del artículo 1° que vamos a votar.
Numerosos señores Senadores han hecho valer razones y analizado el problema en todas sus fases. En forma brillante, en el aspecto constitucional, lo hizo en nombre de nuestro partido el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. Por su parte, el señor Ministro de Hacienda hizo una defensa desesperada de su tesis. A estos conceptos, sólo puedo agregar consideraciones relativas al aspecto humano, por cierto de importancia fundamental.
En este larguísimo debate que sostenemos desde un cuarto para las 11 de esta mañana hasta este momento, en que son las 6.25 de la tarde, se ha olvidado que se trata de la suerte de 70 mil pensionados. Multiplicado este número por cinco, que es el promedio de la familia chilena, tenemos que se trata de 350 mil seres humanos. Es éste el señor de más bajos ingresos, que percibe las peores pensiones: 120, 150, 180 ó 200 escudos. Aquí es donde moran la pobreza y el hambre, que en sesión anterior, cuando votábamos en particular esta iniciativa, definía el Honorable señor Chadwick.
En virtud de nuestro mecanismo constitucional, no habrá ley sobre esta materia; pero sobre el Ejecutivo y sus planes sociales, sobre las largas consideraciones de carácter social que nos ha hecho presente el jefe del Partido Demócrata Cristiano, Honorable señor Benjamín Prado, quiero dejar caer este antecedente: el peso del sector pasivo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Son 350 mil seres humanos a los cuales hay que tender la mano, porque su miseria es desesperada. Al elevar su escaso poder adquisitivo tendrán poder de compra, y a través del impuesto de compraventa, devolverán con creces al Ministro de Hacienda lo que significa el financiamiento del débil reajuste que recibirán.
Por estas razones, y de acuerdo con el -Honorable señor Tarud, voto a favor de esos 350 mil seres humanos, a quienes en estos momentos una mayoría amplísima del Senado está haciendo justicia.
Voto que no...
El señor ALLENDE.-
En primer lugar, debo señalar que el Partido Socialista no contrajo compromiso alguno, ni con el Gobierno, ni con el Comité Demócrata Cristiano, ni con la Confederación de Personal en Retiro que preside el señor Humberto Castro.
En segundo lugar, debo hacer presente que en reiteradas oportunidades -unas 15 ó 20 veces en el transcurso de seis u ocho años- hemos señalado desde estas bancas la situación de desamparo del personal en retiro, pensionados y montepiados de las Fuerzas Armadas. Nuestros representantes presentaron diversas iniciativas destinadas a financiar el fondo de revalorización de pensiones y evitar que los reajustes siguieran marcando una vida trágica de miles y miles de nuestros compatriotas.
Por eso, en esta oportunidad, consecuente con lo que hemos planteado, votaremos en contra del veto del Ejecutivo, con tanta mayor razón cuanto que este personal, que ya ha sufrido durante años una situación que no queremos insistir en dramatizar, deberá enfrentar en los tres primeros meses del próximo año, un alza del costo de la vida que podemos calcular en 20% o más, como consecuencia de la política económica del Ejecutivo. De ahí que su situación sería extraordinariamente injusta si no se cancelara en una sola etapa el reajuste de sus pensiones.
Por último, quiero destacar que los argumentos dados en los debates por los representantes socialistas, y fundamentalmente por el Honorable señor Altamirano, dejan en claro nuestra posición respecto de la constitucionalidad de la iniciativa aprobada por el Senado. Por lo tanto, no tenemos nada que temer en cuanto a los esfuerzos del Gobierno para colocar a esta rama del Parlamento en una posición contraria a la Carta Fundamental.
Voto que no.
El señor CHADWICK.-
Creo útil al terminar el examen del veto al número 3º del artículo 1°, hacerme cargo, aunque sea limitado por el breve tiempo de que disponemos para fundar el voto, de la interpretación dada en el sentido de que la expresión "retiro" consignada en el artículo 1° del proyecto enviado por el Ejecutivo, comprendía también las pensiones ele retiro, de modo que la autorización solicitada permitía modificar las disposiciones relativas a remuneraciones y pensiones de retiro.
En verdad, ese argumento carece de todo asidero frente a la disposición legal vigente en el artículo 156 del D.F.L. Nº 1, de 7 de octubre de 1968. En ese precepto está claramente estipulado cuál es el sentido de la expresión "retiro" en nuestra terminología militar. Se llama retiro a una de las causales que ponen término a la carrera militar; la otra es el fallecimiento. De modo que cuando el Presidente de la República pide facultades especiales para modificar la legislación vigente respecto del retiro, no lo hace para alterar las disposiciones relativas a las pensiones de retiro. Si a ello se agrega que esta materia es parte de un capítulo diferente en el D.F.L. Nº 1, ya citado, en el cual se usa una terminología propia que no permite confundir el retiro con la pensión de retiro, debemos concluir que la argumentación dada carece por completo de asidero frente a. nuestro derecho positivo.
Además, debo agregar que el número 5 del artículo 1° del proyecto en debate, que no ha sido observado, resuelve definitivamente el problema, pues contiene una regla que cuidadosamente evita que el personal en retiro pueda ser afectado por el ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República. Esta regla contiene dos términos. En uno de ellos se dice: "El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones.". Luego se agrega un concepto fundamental al señalarse: "ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo". Es decir, ni siquiera el Jefe del Estado, por el arbitrio de declarar no imponible determinada asignación que forma parte ele la remuneración total del personal en actividad, podrá burlar el número 5, que ordena respetar la previsión de las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, no sólo no hay ley que autorice al Primer Mandatario para modificar la legislación vigente -que únicamente puede derogarse por otra ley-, sino que, aún más, este proyecto se convertirá en ley sin objeción del Presidente respecto de este punto. En esta parte, se adoptan las medidas tendientes a impedir cualquier juego con las remuneraciones del personal activo, a fin de que no produzcan en el pasivo el correspondiente efecto de deterioro. O sea, se respetará sustancialmente, a lo menos, la proporción en que hoy se encuentran los sueldos del personal activo y pasivo.
Voto en contra del veto.
El señor HAMILTON.-
Diversos señores Senadores se han referido al problema constitucional. Yo no lo hará, porque comparto les juicios que en forma brillante -uso el término porque ya se ha empleado varias veces- expresaron en la mañana de hoy el Ministro de Hacienda y el Honorable señor Carmona.
Resulta curioso y hasta risible que algunos señores Senadores que proclaman ideas ultrarrevolucionarias, que aceptan cualquier vía, como manera de llegar al poder, inclusive la violencia y la lucha armada, gasten horas y horas de sesiones del Senado para probar que un determinado precepto se ajusta o no se ajusta a cierta disposición constitucional.
El señor ALLENDE.-
¡Que falaz!
El señor HAMILTON.-
A mi juicio, ése no es el problema de fondo. El radica en que el Estado, el país, no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta obligación de orden económico.
¿Qué alternativas tendría el Gobierno si el Congreso hubiera aprobado este precepto surgido en la discusión del proyecto mismo? Una, verse imposibilitado de cumplir la obligación, y la otra, en caso de que para poder pagar desatara la inflación a límites realmente inadmisibles, disminuir la inversión fiscal, con su secuela de aumento de la cesantía.
No sé si los señores Senadores, en sus diversas intervenciones, se han dado cuenta de lo que implica esta danza de 500 millones de escudos. Significan 20 mil asentados más, o sea, 20 mil campesinos más que podrán tener derecho a la propiedad de la tierra. Equivalen a nueve o diez veces el rendimiento anual del impuesto al patrimonio y de lo que en un año normal se invierte por los Ministerios de la Vivienda o de Obras Públicas. Representan más de lo que la Anaconda podrá retirar del país con la nueva modalidad en el trato del cobre, en un año normal y con precio de 52 centavos de dólar la libra.
Estamos aprobando este beneficio para un grupo, que desde el momento que se le reconoce ese nivel de remuneraciones, es justo que lo reciba; pero no es posible que lo obtenga al precio de aumentar la inflación y la desocupación y de disminuir las inversiones. Creo que ellos mismos, y así lo han pensado algunas de sus directivas responsables, no lo aceptarían. Ese es el dilema a que nos vemos abocados los parlamentarios y sectores políticos. Particularmente en vísperas de elecciones, se produce la presión justificada de un grupo determinado frente al interés general del país.
Frente a un grupo que legítimamente lucha por sus aspiraciones, quienes estamos en centra del precepto, estamos respondiendo ante el país entero, porque al acordarse estos extraordinarios aumentos, en circunstancias de que el país no está en condiciones de darlos, se podría producir inflación, falta de trabajo y de inversión.
Hace pocos días, un muy conocido político chileno expresó que todos los señores Senadores y Diputados serían irresponsables. A mi juicio, se refirió a quienes actúan en esta forma en el Congreso.
Voto que sí.
El señor VALENTE.-
¡Nada que ver!
El señor CARMONA.-
Quiero hacerme cargo de las observaciones que algunos señores Senadores han hecho al fundar su voto. No tocaré el aspecto constitucional, pues ha sido latamente discutido en la mañana de hoy y en gran parte de la sesión de la tarde.
Debo advertir, en primer lugar, que el Ejecutivo, al vetar esta disposición, lo hizo con el propósito de dar estricto cumplimiento a una finalidad que tuvo en cuanto a la política de remuneraciones de las Fuerzas Armadas: lograr, de una vez por todas, racionalizar el sistema en forma tal, que permita al personal en servicio activo saber lo que gana en la actualidad y no estar sometido a una serie de cábalas para descifrar cuánto les corresponde por cada uno de la decena de rubros -asignaciones y beneficios especiales- en que se descomponen sus remuneraciones. Por otra parte, se pensó también, concentrando y racionalizando este sistema de remuneraciones, llegar a cumplir con una aspiración del personal en retiro de las Fuerzas Armadas: que no se desvirtúen las disposiciones legales existentes al respecto, en lo relativo a que tengan derecho a una pensión casi igual o equivalente a las rentas de que gozaban en servicio activo, cuando completaron su carrera militar. Sobre el particular, quiero hacer presente que este Gobierno ha dado pasos extraordinariamente positivos al incorporar a las rentas de les militares retirados, mediante una escala progresiva, bonificaciones a que antes no tenían acceso, como asimismo, al nivelar sus quinquenios, también mediante una escala progresiva que permita, al cabo de cuatro o cinco años, eliminar las diferencias que Gobiernos anteriores habían establecido en el régimen de ese personal, según cual fuera la fecha en que se retiraba. De ahí que este Gobierno tenga autoridad para plantear estas materias. Y de la manera responsable en que lo ha hecho, posibilita el cumplimiento de los objetivos a que me estoy refiriendo.
Por eso, resulta absurdo oír opiniones como las que hemos escuchado en esta Sala, hace un momento, al Honorable señor Ibáñez, cuando nos decía que estamos en un caso de desorden fiscal y que el Gobierno se ve obligado a reajustar los impuestos para hacer frente a sus compromisos. Yo quiero preguntar en qué mundo estamos. ¿Acaso no fue el mismo Partido Nacional el que, con gran alboroto, hizo presente, en el mes de septiembre de este año, la necesidad de reajustar en forma extraordinaria, antes de diciembre de 1969, los sueldos de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso esa colectividad no presentó una indicación en tal sentido, para hacerla llegar al Gobierno con un proyecto de ley redactado? ¿Y no estamos en presencia, ante este proyecto de ley de facultades, del consenso de todos los sectores políticos en dar un reajuste extraordinario a las Fuerzas Armadas? No es un reajuste común y corriente. Sí lo hubiera sido, no habría habido necesidad de conceder facultades al Ejecutivo. Es muy posible que se hubiera aplicado la norma a que el señor Senador hacía referencia, porque todos sabemos -se ha dicho en la sesión de hoy- que el Ejecutivo ha hecho una reserva, en el proyecto de ley de Presupuestos, de 1.650 millones de escudos para atender al reajuste normal que corresponde a la Administración Pública y a las Fuerzas Armadas y Carabineros de nuestro país. Como ese reajuste normal no costaba más allá de 540 millones de escudos, estaba ya previsto su financiamiento y no había necesidad de obtener recursos extraordinarios.
Por eso, considero que no se han dado aquí argumentos serios. Y reclamo atención hacia el hecho de que la actitud del Gobierno es la de hacer posible el pago del reajuste a los jubilados de manera que conserven en su integridad los beneficios que les dan sus respectivas leyes de previsión. El Gobierno, incansablemente, ha manifestado, prescindiendo incluso de los aspectos de inconstitucionalidad planteados, que la fórmula propuesta por él es la única manera de hacer efectivos tales beneficios y de no crear conflictos que lleven a consecuencias como las que se han anotado en esta sesión, muy en especial por el Honorable señor Hamilton hace un momento.
¿Acaso estamos en presencia de la irresponsabilidad de que hablaba ese político a que se refirió también el Honorable señor Hamilton? Cuando se leen aquí las consideraciones que aparecen en la revista "Ercilla", esa irresponsabilidad ¿a quién debe aplicarse? ¿A los que están insuflando el gasto, ven que no hay manera de subvenir a él y, al mismo tiempo, acatan todo lo que dice su candidato presidencial? Este es el problema.
Por las razones expuestas, voto que sí.
El señor BALTRA.-
Lamento estar pareado con el Honorable señor Gormaz. De no ser así, habría votado negativamente.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, los Senadores de mi partido han fundado ya nuestra posición frente a este veto del Ejecutivo, posición que es consecuencia de la actitud que asumimos en el segundo trámite del proyecto, cuando correspondió al Senador que habla, como integrante de las Comisiones de Hacienda y Defensa, unidas, manifestar nuestro rechazo al pago diferido del reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas, basado en razones en que me parece innecesario abundar en esta oportunidad. Creo que todos los argumentos han sido ya expresados.
Es indudable que el deterioro de las rentas de los pensionados de las Fuerzas Armadas debe ser reparado ahora, no a un mes, a un año o dos años plazo. De ahí que nos encontremos abocados a darle solución de inmediato. Y quiero manifestar, con respecto a lo que acaba de decir el Honorable señor Carmona -que el Ejecutivo trata de racionalizar, mediante estas disposiciones legales, las rentas de' los servidores de las Fuerzas Armadas-, que el Congreso tiene derecho a enjuiciar al Poder Ejecutivo, porque en tres oportunidades le ha entregado facultados para ello, sin que, por desgracia, haya respondido dando solución al problema. El país ha debido vivir los hechos del 21 de octubre, que son la demostración más palpable de la errada conducción, por el Poder Ejecutivo, de un problema que el Partido Nacional -lo digo responsablemente- no ha denunciado sólo ahora, pues lo ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo.
Ha dicho el Honorable señor Carmona que tal situación era peor en Gobiernos anteriores. Sin embargo, ya en la discusión del proyecto en su anterior trámite, el Honorable Senado, en especial el Senador que habla, estuvo analizando cifras comparativas de los sucesivos deterioros de esas rentas y advirtió que, para determinarlas, se partía de un error fundamental. En efecto, en 1964, que es el año en que comenzaba la comparación, se reajustaron las remuneraciones de esos servidor res a partir del mes de julio y, por lo tanto, toda comparación que se hiciera a partir del mes de enero siguiente mostraba un deterioro irreal.
En seguida, en cuanto a los ingresos, creo que lo dicho por el Honorable señor Ibáñez, ampliado por el Honorable señor GARCIA Garzena, demuestra hasta qué punto el Ejecutivo tampoco tiene autoridad para manifestar falta de financiamiento, habida cuenta de los recursos que el Estado le entrega, más allá, incluso, como decía el Honorable señor GARCIA, de los pagos que debe satisfacer.
Termino expresando que, a mi juicio, estamos legislando, no ya para cualquier grupo de personas, sino para los sectores más postergados, para los hombres que han pasado a integrar el conjunto de los pasivos y que no vislumbran otra posibilidad de recuperar el deterioro actual de sus rentas que la justicia que les pueda hacer una ley de reajustes como la que está en discusión. De ahí que nos haya parecido desde el primer momento inaceptable entregarlos a un régimen de pago diferido.
Por tal razón, actuando en consecuencia, rechazamos el veto del Ejecutivo.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, no voy a volver sobre los aspectos constitucionales de esta disposición, ya que a mi juicio esa materia ha quedado sobradamente en claro en el curso del debate.
Lo que quiero expresar en voz alta son las consideraciones que me he estado haciendo todo el día durante la discusión, respecto de la incomprensible e inconsecuente actitud del Gobierno, consideraciones que han tomado forma particularmente cuando escuchaba al Honorable señor Hamilton afirmar, con acentos casi desgarradores, que no hay recursos para pagar la totalidad de este reajuste, y cuando el Honorable señor Carmona acusaba a la Oposición de actuar con falta dé seriedad y de responsabilidad.
Veamos cuál es la conducta del Gobierno. Este, por sí y ante sí, sin intervención alguna del Congreso, ha pactado determinado reajuste con los jubilados de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, luego de pactar ese reajuste, les ha dicho: "Pero yo no tengo dinero para pagarles totalmente el año próximo. Entonces, en 1970 les daré sólo 40% del reajuste que estoy pactando, y cuando nosotros no seamos ya Gobierno, cuando el "tonto" esté en otras manos, en 1971, el Gobierno que venga tendrá que entregarles 30% de ese reajuste, y a fines de ese año completarlo para enterar el ciento por ciento." Así, pues, el Gobierno que declara no tener dinero para pagar este reajuste, compromete al Gobierno que le suceda a pagar la totalidad de él. ¿Qué razón hay para suponer que si en 1970 no tenemos recursos para cubrir la totalidad del reajuste pactado, el Gobierno que venga contará con ellos? ¿Por qué es inconstitucional disponer que este Gobierno satisfaga en 1970 ciento por ciento del reajuste y no es inconstitucional obligar al Gobierno futuro a pagar un reajuste que, según las apreciaciones del actual, no estaría financiado?
En buenas cuentas, el Ejecutivo manifiesta que no hay recursos para pagar el reajuste, pero lo pacta. Lo conviene alegremente, con el propósito de hacerlo efectivo sólo en 40% y de que sus sucesores carguen con el muerto y cumplan en su plenitud el pacto que este Gobierno ha hecho. Este es un proceder muy conocido. Luis XV decía, hace dos siglos, "Después de mí, el diluvio". Un Gobierno consecuente, tan respetable, tan serio y responsable como el Honorable señor Carmona lo considera, no puede descargar sobre una Administración futura un reajuste que él ha pactado a conciencia de que quienes le sucedan no tendrán recursos con que cubrirlo.
El señor GUMUCIO.-
En 1965 hubo de pagarse un reajuste pactado por el señor Alessandri...
El señor BULNES SANFUENTES.-
Estamos en votación. De todas maneras, escucharé a Su Señoría su interrupción.
El señor GUMUCIO.-
En 1965 se pagó un reajuste fijado en etapas por el Gobierno del señor Alessandri.
El señor PABLO ( Presidente).-
Honorable señor Gumucio, estamos en votación.
Honorable señor Bulnes, está terminado su tiempo.
El señor BULNES SANFUENTES.-
No le entiendo, señor Senador.
No puedo creer que la situación de la caja fiscal vaya a ser mejor el 1º de enero de 1971 que el 1° de enero de 1970, porque todo demuestra que está haciendo crisis un proceso que nosotros advertimos en su oportunidad. Si no existen hoy día fondos suficientes para cubrir este reajuste, tampoco existirán desde el 1° de enero de 1971. No es, por lo tanto, correcto ni leal el proceder de un Gobierno que pacta ese reajuste, se defiende tenazmente de cumplir lo convenido y trata de cargar sobre los hombros del Gobierno futuro la responsabilidad de cumplir su pacto.
El señor HAMILTON.-
De acuerdo con su tesis, sólo correspondería pagar la primera cuota, y no las otras.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, de las palabras del Honorable señor Hamilton, se deduce que nada entendió de lo que nosotros hemos afirmado. Tal vez incurrió en una interpretación muy generosa, porque, como consecuencia del ritmo con que está entrando a la Sala y saliendo de ella, no alcanzó a escuchar el conjunto de las aseveraciones que se hicieron.
No nos hemos asilado en ninguna argumentación de tipo constitucional ni legal. Hemos dicho que fuimos nosotros quienes argumentamos la inconstitucionalidad del proyecto; pero que no la hicimos valer para que no se arguyera que lo estábamos obstruyendo y que, si ahora hemos traído a colación este asunto, es, precisamente, porque el Ejecutivo, nada menos que el Presidente de la República, tocando las campanas a rebato y con gran alarma, expresó que el Congreso ha vulnerado abiertamente la Constitución Política.
Toda nuestra argumentación ha estado destinada a demostrar que fue el Gobierno quien sostuvo que el proyecto era inconstitucional, y no nosotros.
En seguida, ya es evidente que el Ejecutivo cargará todas las calamidades públicas ocurridas y por ocurrir a este reajuste de 480 millones de escudos que debe cancelar a 350 mil personas, cifra aproximada, como dijo el Honorable señor Von Mühlenbrock, del personal pasivo de las Fuerzas Armadas. Ya hemos escuchado aquí la argumentación: si disminuye la inversión, culpa del personal pasivo de los Institutos Armados, aunque la inversión disminuyó antes de que se aprobara el proyecto, como sabe y lo ha reconocido el Ministro de Hacienda; si hay inflación, culpa del personal pasivo de las Fuerzas Armadas, y la inflación está en 30%, y mal calculada; si hay estancamiento económico, como lo dice la SOFOFA, culpa del personal pasivo de las Fuerzas Armadas, y hasta el momento no se despacha el proyecto de ley; si hay desocupación brutal, culpa del personal pasivo de las Fuerzas Armadas.
¿Le parece poco al Gobierno todo lo que está ocurriendo? ¿Acaso no sabe el señor Ministro de Hacienda -puede confirmar mis palabras- que el gasto del sector fiscal alcanzará a alrededor de 21 mil millones ó 22 mil millones de escudos y que lo correspondiente al sector semifiscal de las empresas autónomas son otros 20 mil millones de escudos? ¿Es decir, se trataba de 40 mil millones de escudos para el sector público?
¡Pero los 480 millones de escudos que es necesario pagar a los 350 mil miembros de las familias de los servidores pasivos de las Fuerzas Armadas, serán los culpables del desastre general...! ¡Hasta cuándo procede el Ejecutivo con tanta demagogia y falta de seriedad! ¿Cómo se pretende hacer creer al país que este proceso se debe a nosotros? Como ya se ha dicho una y mil veces, si aquí, mediante una ley especial, hubiéramos votado los reajustes, seríamos los parlamentarios populares, especialmente los Senadores, que siempre somos partidarios de dar mayor poder adquisitivo, los culpables de la inflación. Ahora no se ha dispuesto el reajuste por ley especial: por tercera vez en este período constitucional del señor Frei, el Parlamento delega facultades para que el Presidente de la República resuelva el problema de las Fuerzas Armadas. Luego es él quien, soberanamente, ha asumido la responsabilidad de conceder un reajuste promedio de 70%, 80% o 100% ; pero, de todas maneras, nosotros tenemos la culpa, en circunstancias de que el único mal que hemos hecho es decir: "¡Usted, señor Frei, que es tan grande, tan inteligente, tan capaz, tan único en la historia del universo, le entregamos esta facultad para solucionar el problema de las Fuerzas Armadas." Y por hacer eso, también tenemos la culpa.
¿Qué sistema tendremos que imaginar? Si se resuelve mediante leyes especiales, la responsabilidad se atribuye a los parlamentarios; si se resuelve por medio de delegación de facultades, también es responsabilidad del Congreso. No hemos concordado, cuando se hace esta afirmación, ni con el señor Frei ni con el señor Alessandri. En efecto, cuando este último dispuso de plenas facultades, durante un año no devaluó el dólar, pudiendo haberlo hecho, y provocó una sangría económica brutal al país, tampoco tenía derecho a culpar a los políticos, al Parlamento; sin embargo, el cojo siempre echa la culpa al empedrado... Los malos Gobiernos o regímenes siempre terminan echando la culpa a quien o quienes no la tienen.
Voto que no.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, desde el instante mismo en que se abrió este debate, se planteó el problema relativo a la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las disposiciones que se estaban aprobando en la Cámara y en el Senado. ¿Por qué se produjo este hecho? El Ejecutivo mandó un proyecto a la Cámara por medio del cual solicitaba delegación de facultades para resolver el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y, como es natural, también la situación de los pensionados. Nadie puede imaginar que el Ejecutivo usaría dichas facultades para crear una situación que después no podría controlar, especialmente en materia de inflación, o que le impidieran realizar el plan social y económico al cual se ha hecho referencia en esta Sala. Su planteamiento era genérico y destinado a respaldar un estudio serio que se estaba elaborando en el momento en que este asunto se discutía en esa rama del Parlamento.
Pues bien, la Cámara de Diputados agregó al artículo 1° propuesto por el Ejecutivo un número 3º, en virtud del cual los aumentos de las pensiones consecutivos al reajuste de remuneración del personal activo deberían ser pagados en su integridad y juntamente con los aumentos concedidos a este personal. Ese hecho provocó de inmediato una reacción del Ejecutivo, pues había programado otro sistema, como lo hicieron ver los Ministros de Hacienda y de Defensa en las Comisiones Unidas del Senado. Efectivamente, en el primer informe de dichas Comisiones, en su página 13, se deja constancia de que el Ministro de Defensa manifestó que el reajuste al sector pasivo se efectuaría en tres etapas, en los años 1970, 1971 y 1972. Y más adelante, el señor Ministro de Hacienda hizo notar, de manera muy clara, la imposibilidad de pagar el reajuste íntegro, dadas las condiciones actuales, en primer término, porque no tenía cómo hacerlo y, en segundo, porque si recurría a emisiones inorgánicas, reduciría el poder adquisitivo de los reajustes que se estaban otorgando, debido al incremento consiguiente de la inflación. De ahí que todos los parlamentarios han tenido perfecta conciencia de que, al votar por la cancelación íntegra, inmediata de las pensiones del sector pasivo, crean las condiciones precisas para acelerar el proceso inflacionista existente y motivar las condiciones políticas que todos los señores Senadores pueden apreciar.
Por lo demás, es indudable que nos encontramos frente a un hecho único, desde el punto de vista de la responsabilidad de los parlamentarios. Nadie duda de que el día de mañana, cuando las condiciones económicas de Chile hayan cambiado -dentro de tres años, Honorable señor Bulnes, las condiciones del país serán distintas-, será posible cumplir todos estos compromisos, pues se están haciendo inversiones que redituarán y, por consiguiente, permitirán cumplir estos anhelos.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Sí, porque dentro de tres años habrá otro Gobierno.
El señor PALMA.-
En vista de la forma cómo quedará esta ley, quiero citar algunos hechos, aunque sea desagradable hacerlo. ..
El señor PABLO ( Presidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
¿Cómo vota?
El señor PALMA.-
Por las razones que he expuesto, voto que sí.
El señor OCHAGAVIA.-
Eso será desde septiembre del año próximo.
El señor LORCA.-
Por ejemplo los señores Senadores olvidan con facilidad que el ex Mandatario señor Jorge Alessandri terminó el último año de su mandato con una inflación de 48%.
El señor GARCIA.-
Pero en promedio la inflación fue inferior.
El señor LORCA.-
Yo pensaba limitar-votar, pero me ha parecido que las observaciones del Honorable señor Bulnes, como las de otros Senadores del Partido Nacional, obligan a hablar para despertarlos del sueño en que ellos viven.
Sus Señorías hablaron de un rey que habría dicho: "Después de mí, el diluvio", pretendiendo comparar esa expresión con la actitud del Ejecutivo.
Creo que es al señor Jorge Alessandri a quien habría, que aplicar esa frase, y no al señor Frei...
El señor LORCA.-
Los Senadores nacionales no recuerdan ese pequeño detalle, repito. Pero -lo que es más grave-, cuando hablan de orden y de que un Gobierno debe ser serio y responsable, también olvidan el desgobierno de esa Administración.
No sé por qué se extrañan Sus Señorías de que pueda comprometerse el Presupuesto del nuevo Gobierno. Si recuerdo concretamente que durante el Gobierno del señor Alessandri se firmaron contratos de Obras Públicas, se pagaron diez escudos y el resto debió cancelarlo la actual Administración.
El señor OCHAGAVIA.-
¡Eso es falso! ¡No es cierto!
El señor LORCA.-
Y es más grave que el Honorable señor Ochagavía, que da la sensación de ser hombre serio, afirme que no es cierto algo que conocen hasta los niños en la calle: que el Ministerio de Obras Públicas dejó una deuda de 160 millones de escudos, y que califique de falsa la afirmación que hemos hecho en torno de la deuda externa que nos legó esa Administración.
Sostengo que el Gobierno del señor Alessandri ha sido el peor en cuanto a responsabilidad para con el que lo sucedió. Y aunque algunos puedan no estar de acuerdo, nosotros tenemos la seguridad de que Sus Señorías no estarán en la nueva Administración, como no lo estarán tampoco otros sectores que creen que triunfarán.
Estamos convencidos de que el pueblo de Chile ya no comulga con las ruedas de carreta del Honorable señor GARCIA ni cree las afirmaciones de Senadores como el Honorable señor Altamirano, quien, con seguridad y prepotencia, nos habló durante una hora sobre la constitucionalidad de un precepto, a pesar de sostener Su Señoría que no cree en la Constitución ni que le importan las leyes, porque es un revolucionario. No obstante, ahora nos ha deleitado con todos los conceptos jurídicos imaginables para demostrar que es constitucional la actitud del Parlamento e inconstitucional la del Ejecutivo.
Por eso, una vez más me convenzo de que aquí los extremos se juntan. Esta vez, la Derecha con el Honorable señor Altamirano.
Porque vemos lo que se está haciendo en el Gobierno del señor Frei, votamos a favor de la observación.
El señor GARCIA.-
¡El broche de oro...!
El señor PABLO ( Presidente).-
Ruego a los señores Senadores que me permitan fundar brevemente mi voto, pues deseo dar a conocer mi opinión sobre una materia que me parece importante.
Votaré a favor de la observación del Ejecutivo porque honradamente creo que el gasto es extraordinario y carece de financiamiento adecuado. Pero, rechazado el veto, nace la obligación del Gobierno y de los Poderes Públicos de satisfacer la demanda que emana de esta decisión del Congreso, porque hemos creado un derecho.
No es la primera vez que esto sucede. También ha ocurrido esto con los personales no nivelados de las Fuerzas Armadas, respecto de los cuales, no obstante haber pasado muchos años, no se ha podido cumplir lo que la ley ordena. Lo mismo sucede con los pensionados del Servicio de Seguro Social: no puede pagárseles las pensiones que por ley les corresponde, porque no hay financiamiento.
Terminada la discusión de esta materia, nace nuestra obligación de buscar financiamiento, porque las leyes se dictan para ser cumplidas.
Voto a favor del veto.
El señor TARUD.-
Su Señoría debe contribuir a ello.
El señor PABLO ( Presidente).-
Oportunamente lo haré.
El señor TARUD.-
Le voy a cobrar la palabra.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 22 votos por la negativa, 14 por la afirmativa y 2 pareos.
El señor PABLO ( Presidente).-
Rechazada la observación.
Si al Senado le parece, con la misma votación se insistiría.
Acordado.
De nuevo formalizo la proposición hecha inicialmente en el sentido de dar por aprobadas las observaciones que las Comisiones Unidas aceptaron por unanimidad.
El señor VALENTE.-
Nosotros queremos decir algunas palabras sobre ciertos vetos, señor Presidente.
El señor PABLO ( Presidente).-
Advierto a la Sala que restan 39 votaciones, y que sólo en la primera hemos demorado una hora diez minutos.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Observación del Ejecutivo consistente en suprimir el inciso segundo del artículo 2º.
El señor PABLO ( Presidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
El veto propone suprimir el inciso segundo del artículo 2º del proyecto aprobado por el Congreso, en virtud del cual se ordena que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile den cumplimiento, dentro del plazo máximo de sesenta días, al dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 29 de agosto de 1969, sobre la forma como debe calcularse la bonificación profesional que corresponde al personal en retiro de las mencionadas instituciones.
La Contraloría señala en el dictamen en referencia que esa bonificación profesional debe ser calculada al personal en retiro en relación con el sueldo base y los quinquenios de que está en posesión, determinados estos últimos sobre la base de los porcentajes aplicables a los servidores activos.
El precepto vetado obliga al Presidente de la República a ordenar a las cajas de previsión el cumplimiento del dictamen.
La norma es conveniente, ya que es costumbre que los institutos previsionales adeuden, por no entrega oportuna de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, bonificaciones, quinquenios, aumentos de grado, deudas médicas y de hospitalización, montepíos, etcétera, al sector pasivo de las Fuerzas Armadas. Estos beneficios jamás se pagan si no existe una disposición legal que lo ordene.
Existen deudas de las cajas de previsión, a favor de los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que vienen arrastrándose por más de siete u ocho años, a pesar de las gestiones realizadas para que esos beneficios se cancelen. La respuesta de las cajas es una sola: "Estamos esperando que el Ministerio de Hacienda suplemente el ítem correspondiente, a fin de que dispongamos de los recursos necesarios para hacer el pago". Es decir, si no hay financiamiento, esas bonificaciones no se cancelan. De ahí la urgente necesidad de resolver esos problemas por la vía de la legislación imperativa, con el objeto de no perjudicar más al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Desgraciadamente, la Cámara aprobó el veto, y por ello, nuestra votación no surtirá efecto legal.
Los Senadores comunistas nos hacemos un deber expresar las dificultades por las cuales atraviesa el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y rechazamos el veto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Me permito solicitar el asentimiento de la Sala para aprobar este veto en la forma en que lo hizo la Comisión.
El señor GUMUCIO.-
No, señor Presidente.
Quiero fundar el voto.
No voy a votar en esta sesión, por estar pareado con el Honorable señor Ballesteros. Sin embargo, me he mantenido en la Sala y escuchado con bastante atención las opiniones emitidas por los diversos sectores políticos relativas al artículo 1° del proyecto en debate. Debo confesar que algunas de esas opiniones me han causado verdadera alarma.
A mi juicio, las instituciones políticas se desprestigian cuando sus miembros no son consecuentes, y ahora he escuchado opiniones de Senadores de la Derecha que me han escandalizado.
No entiendo al Honorable señor Bulnes en cuanto a lo que sostuvo en la mañana; tampoco entiendo al profesor Alessandri -no al político, según lo ratifica en la revista "Ercilla"- cuando habla de "los 200 irresponsables". O sea, se refirió a un número muy preciso, y todos los que nos contamos en él somos irresponsables. Sin embargo, el Honorable señor Bulnes, con gran santidad, dice entender al señor Alessandri cuando éste sostiene que en su Gobierno sufrió la presión de conservadores y liberales que defendían a los centros de poder.
El señor MONTES.-
¡Una vergüenza!
El señor GUMUCIO.-
Como digo, revela gran santidad aceptar que alguien diga eso, porque tal afirmación constituye una inconsecuencia en boca de la persona que la hizo.
El Honorable señor Bulnes terminó su exposición declarándose partidario de las reformas constitucionales inspiradas por el señor Alessandri y copiadas por el señor Frei, que aquí votamos, en las cuales se establece un verdadero cesarismo, pues otorgan iniciativas exclusivas al Gobierno en materias previsionales. Si el Partido Nacional es tan ardiente partidario de esas reformas, la consecuencia debería llevarlos a considerar que tiene razón el Gobierno al establecer determinadas modalidades, con las cuales discrepo, pero que, en fin, son propuestas por el Ejecutivo. El espíritu de esas reformas fue evitar que el Parlamento se mezclara en esas materias. Es decir, cuando llega el momento de hacer demagogia electoral y de cosechar votos, son los campeones, levantan banderas a favor de esa pobre gente que no tiene pensión, que percibe reajustes mínimos. Es decir, adoptan una actitud contraria al criterio del Gobierno, cuando, en realidad, ellos son los adalides de una reforma constitucional que todos los Senadores de estos bancos votamos en contra.
Si los parlamentarios de Izquierda se pronuncian como lo hacen, votan conforme a una consecuente línea política. Lo que desprestigia al Parlamento es la inconsecuencia.
En segundo lugar, hablan del índice del alza del costo de la vida. ¿Es diferente la medida estadística actual de la aplicada en el Gobierno del señor Alessandri a partir de 1958? Se recurre al mismo índice de precios al consumidor, el mismo sistema de comprar por medio de ECA las mercaderías que escasean, en el propósito de que ellas no suban de precio más allá de lo que puede controlar el Gobierno.
¡Es el mismo método! Entonces, ¿cómo tienen cara para hablar ahora de la inflación y del índice del alza del costo de la vida? ¡Es una inconsecuencia!
El señor VALENTE.-
Es demagogia.
El señor GUMUCIO.-
¡Es la demagogia de la antidemagogia!
Y cosa curiosa, hoy día, el señor Alessandri y la Derecha son los campeones en quitarle facultades al Parlamento, porque, a su juicio, aquí se hace demagogia, y resulta que ellos son los primeros demagogos. Guardan silencio cuando no conviene. Pero, cuando se acercan las elecciones, son "buenazos" para cosechar los frutos de su demagogia. Y nadie les contesta como deberían hacerlo, ni siquiera la Democracia Cristiana, que debiera responder después de lo que aquí se ha dicho.
Aún más: se declaran enemigos de las huelgas. El señor Alessandri dice, cuando propone la disolución del Parlamento, que cuando un congresal defienda una huelga, debe perder su cargo. La Derecha dice: "¡Qué huelga más justa la de los militares! ¡Es un conflicto de tipo económico destinado a obtener mayores sueldos, y por eso la defendemos!". Si los militares se tornan el Tacna dicen: "Está bien, porque luchan por mejores remuneraciones." Pero, si los obreros se toman una fábrica, preguntan: "¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el orden? ¿Quién manda en este país?"
¡La gran inconsecuencia! ¡Eso es lo que desprestigia a las instituciones!
No voto por estar pareado.
El señor HAMILTON.-
Voto favorablemente el veto.
Aprovecho la ocasión para referirme a las palabras del Honorable señor Altamirano, no a su lenguaje, pues creo que con improperios y prepotencia no se puede fundar debidamente una posición.
Sostuve algo muy simple, como lo aclaró posteriormente el Honorable señor Palma : que el mayor gasto de quinientos millones de escudos que significa pagar en una sola cuota el reajuste al sector pasivo de las Fuerzas Armadas trae una serie de consecuencias económicas y, fundamentalmente, acelera el proceso inflacionario que estamos viviendo.
El señor Senador ha dado al voleo algunas cifras y ha sostenido que el gasto presupuestario total para el próximo año será de aproximadamente 20 mil millones de escudos, de los cuales sólo seis mil millones se destinarán a inversiones. Algunas de ellas son inversiones obligadas que no pueden postergarse. Los 500 millones de escudos para el sector castrense pasivo representan cerca del 8 ó 9 por ciento de esa inversión. Pues bien, no es indiferente que se invierta o no se invierta esa suma. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, con tales recursos se podría iniciar la construcción de 40 mil casas al año. No es de responsabilidad de los jubilados o pensionados de las Fuerzas Armadas que, de cumplirse esta ley en proyecto, no puedan realizarse esas obras; pero sí es de responsabilidad -o falta de responsabilidad, diría yo- de los Senadores que están actuando en esa forma. Y no es primera vez que esto sucede. Todos los días, desde que entramos en este período pre electoral, estamos aprobando leyes de esta naturaleza. Ayer otorgaron 58 millones de escudos a Ferrocarriles, si no me equivoco; antes, se asignaron 32 millones de escudos al Internado Nacional Barros Arana; la última semana de la legislatura ordinaria fue una verdadera orgía de creación de nuevos gastos públicos que tienen su nacimiento en el Congreso. A esto me referí.
Por último, creo que el Honorable señor Altamirano y quienes, como él, han abrazado en la vida política la carrera revolucionaria y son partidarios de la vía violenta para llegar al Poder, sea mediante el golpe de Estado o en cualquier otra forma, deben ser consecuentes: no pueden pedir a los demás que cumplan rigurosa y meticulosamente las reglas del juego democrático, si ellos, al mismo tiempo, no están dispuestos a cumplirlas, porque en caso contrario carecen de toda autoridad para opinar. A ello me referí cuando hice mención de aquellos revolucionarios que viven preocupados de la defensa o interpretación de la constitucionalidad chilena.
Voto que sí.
El señor MONTES.-
¡No tiene nada que ver!
El señor VALENTE.-
Aclare lo del amor antiguo.
El señor GARCIA.-
No sé cómo se llama. Entiendo poco de estas cosas, pero mucho de la vida. Conozco demasiado esto de tener amores y después quedar despechado.
El señor LORCA.-
¿Le ha pasado a usted, Honorable colega...?
El señor GARCIA.-
Sí, señor Senador; también me ha sucedido.
El señor VALENTE.-
El Honorable señor GARCIA sostuvo que el Senador señor Gumucio fue Subsecretario en la Administración Alessandri.
El señor GARCIA.-
Voto a favor del veto.
El señor GARCIA.-
Lo importante de esta disposición está contenido en el inciso primero del artículo 2º, que queda incólume, ya que el veto propone sólo la supresión del segundo inciso, problema que, a mi juicio, quedará sometido a la justicia ordinaria. Por ello, no procede que el Parlamento formule una interpretación legal al respecto, tanto más cuanto que los reajustes del personal en retiro se deberán fijar en relación con las remuneraciones del que está en actividad. Inclusive, ello es válido para el profesorado, porque preceptos legales anteriores permiten hacer ese reajuste.
Respocto del desprestigio por la inconsecuencia de la Derecha -lamento que el Honorable señor Gumucio se haya ido, pero como siempre, antes de hacerlo lanza su dardo-,...
El señor MONTES.-
Salió un momento.
El señor GARCIA.-
... comprendo perfectamente que el señor Senador se encuentre preocupadísimo acerca de lo que pasa a este sector político: son los complejos de los viejos amores. Quien perteneció a la Derecha, quien fue Subsecretario del señor Alessandri, tiene que atacar de modo constante y violento a la Derecha, para que la Izquierda, con la cual aparece ahora vinculado, le perdone esos viejos amores. Por lo tanto, para nosotros es perfectamente explicable la actitud del Honorable colega.
El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, los Senadores socialistas formulamos la indicación que originó el precepto vetado por el Ejecutivo. Al proceder así, nos hicimos eco de la protesta de cientos de personas que se veían lesionadas por el incumplimiento por parte del Fisco de disposiciones que estimamos claras.
Sin embargo, para no proceder con nuestra propia impresión, solicitamos un dictamen a la Contraloría General de la República, el cual se dio a conocer en el Senado; también se ha hecho mención de él, en forma parcial, en el informe.
A pesar de ello, el Ejecutivo vetó el precepto, que contenía, de acuerdo con la interpretación del organismo contralor, la solución tan anhelada por ese personal, que ha sido perjudicado, y lo sigue siendo, por la actitud del Gobierno.
Queremos destacar este hecho, insistiendo en que recurriremos a nuestro tribunal superior, la Contraloría General de la República, que en este caso es quien puede dar normas respecto de la aplicación de las disposiciones legales.
Aparte lo anterior, considero incomprensible que algunos señores Senadores piensen que quienes tenemos un ideario -por ejemplo, el socialista- no podamos o no debamos dar nuestra opinión para sostener que determinados proyectos están dentro del marco de las normas constitucionales o se apartan de ellas.
Desde luego, quedó claramente establecido que fue el Ejecutivo quien motejó de inconstitucional la iniciativa que aprobó el Senado. Para ello, el señor Ministro de Hacienda, a quien siempre escuchamos con mucho interés, pronunció un amplísimo discurso en la mañana de hoy.
Esto es totalmente distinto de una posición doctrinaria y de principios. Sería absurdo imaginar que los socialistas, que deseamos un cambio del sistema, no pudiéramos estar en el Senado o en la Cámara, que son una expresión muy clara del régimen representativo burgués.
Jamás hemos negado que anhelamos sustituir ese sistema. Lo que parece increíble es que algunos Senadores democratacristianos se atrevan a acusarnos de inconsecuentes, cuando, después de haberse declarado urbi et orbi contrarios al régimen capitalista -ahí está, por ejemplo, el más brillante Senador de la Democracia Cristiana, con lo cual no pretendo crear un complejo al resto, don Renán Fuentealba, quien ha manifestado reiteradamente esa posición-, vemos de qué manera actúan el Gobierno y sus demás compañeros de representación.
Por eso, para nosotros no es ningún impedimento moral estar aquí, creer en la revolución y luchar por todos los medios para sustituir este sistema, sobre todo después de la experiencia democratacristiana.
Me pronuncio en contra del veto, por principio y por justicia.
El señor ALTAMIRANO.-
Señor Presidente, el Honorable señor Hamilton, en la votación anterior, inició el fundamento de su voto expresando que algunas personas vivían hablando de revolución, pero que basaban sus argumentos en la constitucionalidad o inconstitucionalidad -no entendí bien- del proyecto. La Democracia Cristiana, sin embargo, caramba que nos ha aturdido durante cinco años y medio con la palabra "revolución" y con medios publicitarios más abundantes que los nuestros.
Por lo que a mí pudieran tocarme las expresiones de Su Señoría -ya lo dijo muy bien el Honorable señor Allende-, le aclaré que yo no había hecho cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que quien había procedido así era el Poder Ejecutivo y que mis observaciones estaban orientadas en forma exclusiva a poner de manifiesto la contradicción que veía y creo ver entre la actitud de ayer y de hoy por parte del Gobierno, especialmente en las palabras del Presidente de la República.
Por lo tanto, los Honorables señores Hamilton y Lorca incurren de nuevo en grave error. Este último señor Senador insiste, a pesar de mi aclaración, en que yo he hablado de constitucionalidad o inconstitucionalidad. No he planteado ese problema.
No deseo ahondar en las palabras que pronunció el Honorable señor Allende, aun cuando podría hacerlo, por tratarse de otra materia.
He formulado esta nueva aclaración, ante las explicaciones que dio el Senador señor Hamilton y por lo que sostuvo antes el Honorable señor Lorca.
Rechazo la observación.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, deseo plantear algunos hechos muy significativos que nos han hecho meditar largamente a muchos parlamentarios.
Mediante esta disposición se trata de interpretar la forma como debe calcularse la bonificación profesional del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Como es natural, la mantención del inciso aprobado por el Congreso conduciría a un aumento de las pensiones.
Deseo hacer presente a los señores Senadores que las disposiciones del artículo 1° ya aprobadas conducen a situaciones que nos deben hacer reflexionar.
En la actualidad existe una norma -no recuerdo cuál es la ley- en virtud de la cual los funcionarios civiles de la Administración Pública no pueden jubilar con más de ocho sueldos vitales. Si calculamos esos sueldos al valor que eventualmente tendrán en 1970, llegaremos a una cifra cercana a los 5 mil escudos.
Pues bien, con la disposición aprobada por la mayoría del Senado, los dos mil miembros de las Fuerzas Armadas que tienen derecho a percibir remuneraciones correspondientes al grado de general recibirán una pensión que fluctuará entre 8 mil y 9 mil escudos.
Por consiguiente, vale la pena considerar este problema y los centros de presión que estamos creando, pues muchos otros sectores empezarán a formular peticiones teniendo a la vista lo que ha acaecido.
Igual juicio podría emitir respecto de los montepiados y de los sueldos del personal intermedio.
En consecuencia, por la situación que hemos desatado, estamos creando un factor de tensión en el resto de la Administración Pública, y no sé cómo lo resolveremos.
Este problema hizo meditar en forma detenida al Gobierno. Por eso le buscó solución, pensando que, dada la situación económica -por las inversiones físicas, reales, productivas, que está haciendo ahora, pero que no producirán sus resultados este año, sino en los venideros-, el país no está en condiciones de enfrentar gastos que, en estos instantes, no se pueden realizar.
Me pronuncio a favor del veto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Señor Presidente, deseo rectificar algunos datos que proporcionó el Honorable señor Palma.
Tengo a la vista el cuadro 6º del primer informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional recaído en el proyecto que mejora las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. En el se señala que el sueldo de Comandante en Jefe es percibido sólo por 752 jubilados, y que, de acuerdo con el proyecto o convenio celebrado con el Ejecutivo -fue publicado por un diario de Santiago-, equivaldría a 8.613 escudos. En seguida, la segunda categoría corresponde a 891 retirados, con un sueldo de 8.065 escudos. El saldo, que es la tercera categoría, con una renta de 7.572 escudos.
El señor PALMA.-
¿Cuántos son?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Más o menos 1.500.
El señor PALMA.-
Yo dije 2.000, y, según los datos de Su Señoría, es una cantidad superior.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En la Comisión aceptamos el veto. Cualquiera que sea la resolución del Senado, no producirá efectos jurídicos, por el carácter de la observación y por el acuerdo que tomó la Cámara. En todo caso, en la Sala mantendremos esa actitud.
Me pronuncio a favor del veto.
El señor JULIET.-
Seré muy breve, porque, al paso que vamos, estas observaciones nos mantendrán ocupados por muchas horas.
Al eliminar el inciso segundo del artículo 2º, el Ejecutivo pretende nada menos que desconocer un dictamen de la Contraloría General de la República.
El señor ALLENDE.-
Eso dije yo.
El señor JULIET.-
Piensen, Honorables colegas, que ese dictamen del organismo contralor se basó en la interpretación que hizo del artículo 2º transitorio de la ley 16.840.
El Congreso Nacional, mediante su proyecto, sólo legisló para manifestar su interés, por que se cumpliera el dictamen mencionado.
¿Por qué esa diferencia entre el Ejecutivo y el dictamen de la Contraloría General de la República? Porque, al establecerse en la ley 16.840 cómo debía calcularse la bonificación profesional, se advirtió que este artículo significaba un gasto de 13 millones de escudos. Entonces el Ejecutivo consideró que la interpretación del organismo contralor respecto del artículo 2º transitorio de la citada ley originaba un gasto no financiado. Por lo tanto, buscando un subterfugio para no aplicar ese dictamen, pretende de esta manera violar una disposición legal vigente.
Al respecto, vale la pena hacer algunas consideraciones sobre el veto.
Si lo examinamos de acuerdo con su sentido lógico, concluiremos que éste no es sino el de evitar el cumplimiento de una ley vigente y, por lo tanto, un pago, poíno existir los fondos pertinentes.
Aquí hay un hecho muy curioso: el Ejecutivo estima que la Contraloría interpretó deficiente o inconstitucionalmente una disposición legal, en circunstancias de que la ley 16.840 está ajustada a la Carta Fundamental. En efecto, fue iniciativa del Presidente de la República, estuvo patrocinada por el Ejecutivo, y, si éste no tuvo en su oportunidad la debida diligencia para apreciar su costo, es evidente que hoy día no puede, por la vía del veto, interpretar una norma legal relativa a la bonificación profesional de manera que perjudique a un sector pasivo.
En consecuencia, me pronuncio contra el veto.
-Se aprueba (16 votos contra 11 y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
En el artículo 8º, las Comisiones recomiendan por unanimidad aprobar la observación recaída en el Nº 9.
-Se aprueba, con el voto en contra del señor Durán.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
Respecto de la observación recaída en el artículo 9º, las Comisiones, por mayoría de votos, recomiendan rechazarla. El acuerdo del Senado no produce efecto jurídico.
-Se rechaza, con los votos contrarios de la Democracia Cristiana, y con la misma votación anterior se acuerda no insistir.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
Respecto de la primera observación recaída en el Nº 2 del artículo 11, consistente en sustituir la frase "su coma final" por "la conjunción y", las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobarla.
El señor - GARCIA.-
Es de mero ordenamiento.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En cuanto a la segunda observación, consistente en sustituir el guarismo "8,5%" por "6%", las Comisiones Unidas, con dos abstenciones, recomiendan aprobarla.
El señor ALTAMIRANO.-
Se podría aprobar con nuestros votos en contra.
-Se aprueba, con los votos contrarios de los Senadores socialistas.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
En lo referente a la primera observación recaída en el Nº 4, consistente en sustituir la frase "el siguiente inciso tercero" por la frase "inciso primero, en punto seguido, lo siguiente", las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobarla.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
La segunda observación recaída en el mismo número, las Comisiones recomiendan aprobarla por unanimidad.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
Por unanimidad, las Comisiones recomiendan aprobar la observación recaída en el Nº 5, nuevo.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario). -
Asimismo, recomiendan por unanimidad aprobar la observación consistente en agregar un número 6, nuevo.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En cuanto al artículo propuesto por el Ejecutivo en sustitución del 13, las Comisiones Unidas, con dos abstenciones, recomiendan aprobar la letra a).
El Comité de la Unión Socialista Popular ha solicitado votación nominal.
El señor MONTES.-
¿Habrá una sola votación ?
El señor ALLENDE.-
Letra por letra.
El señor GARCIA.-
Respecto de este artículo, debo recordar que las Comisiones aprobaron la letra a); pero en cuanto a la letra b) hemos pedido dividir la votación. Además, solicito votar inciso por inciso la letra c), porque también en las Comisiones hubo disparidad de criterios.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Señores Senadores, se pondrá en votación sólo la letra a) del artículo 13.
En votación nominal.
- (Durante la votación).
El señor JULIET.-
Estamos todos de acuerdo en aprobar la observación. Creo que se podría omitir la votación nominal.
El señor ALTAMIRANO.-
Sólo queremos dejar constancia de que no somos partidarios del sistema tal cual está concebido; sin embargo, la disposición que propone el Ejecutivo significa un mejoramiento en relación con las normas vigentes. Por eso votamos esta parte del artículo, pero no en su totalidad.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se omitiría la votación nominal y se aprobaría la letra a).
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Por mayoría de votos, las Comisiones recomiendan rechazar la letra b).
Se ha pedido votación nominal.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación nominal.
- (Durante la votación).
El señor ALTAMIRANO.-
Votamos favorablemente esta observación del Ejecutivo, precisamente porque se excluye de esta disposición a la pequeña minería -lo dice expresamente el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 16.528- y, además, porque ni siquiera elimina totalmente las franquicias que tiene para exceptuarse automáticamente de pagar los derechos e impuestos correspondientes, ya que, según el sistema establecido por la ley general sobre devoluciones, la Nº 16.528, el que tiene derecho a ese beneficio podría gozar del "drawback" previa dictación del decreto correspondiente.
Por estas consideraciones, estamos de acuerdo y votamos favorablemente la observación.
El señor ALLENDE.-
En realidad, es un hecho excepcionalísimo que un veto del Ejecutivo sea combatido por uno o dos Ministros de Estado, lo que marca un hito en el Gobierno democratacristiano.
Hubiera deseado tener la oportunidad de conocer los argumentos que justifican la actitud de esos dos Ministros de pedir el rechazo del gravísimo error cometido por el Ejecutivo.
Siempre he creído que el Gobierno constituye un todo. Sin embargo, de la experiencia que ahora tenemos, parece que no es así. En realidad, uno aprende cada día más acerca de lo que pasa en la acción gubernativa de los democratacristianos.
El señor Ministro de Minería, al dar algunas explicaciones un tanto someras, se refirió esencialmente a la situación producida en la provincia de Atacama.
Debo decir a Su Señoría -me alegro de que esté presente en la Sala- que estuve en Copiapó hace más o menos 18 días. Allí tuve oportunidad de conversar con los pequeños mineros. Tengo que destacar al señor Ministro la situación de verdadera inquietud que vive esa gente, entre otras razones, por los préstamos de la ENAMI, no sólo de aquellos expresados en dólares para adquirir determinado tipo de maquinarias, sino aun de los que se otorgan -según las propias palabras de los pequeños mineros- hasta para cavar los hoyos.
Los señores Senadores podrán comprender lo que representa para los pequeños mineros el hecho de que el dólar suba cada 15 días, sin que de ello sean culpables ni los -pensionados ni los montepiados.
Son compromisos contraídos por el Gobierno, pero que pesan brutalmente sobre los que deben contraer los pequeños y medianos mineros en sus relaciones con la Empresa Nacional de Minería.
Quería relatar estos hechos al señor Ministro, porque me los han hecho presentes los pequeños mineros, con quienes conversé largamente sobre esta materia. Si a eso se agrega el elevado costo de la maquila, es fácil comprender el estado de indefensión en que están colocados las pequeños mineros frente a los compromisos que contraen, los cuales, repito, no sólo dicen relación a las maquinarias que adquieren, sino también a las obligaciones en dólares contraídos con la ENAMI.
Por último, quiero destacar la inquietud existente en Atacama en lo relativo a algunas plantas de concentración de propiedad de las empresas mineras que han pasado a manos de particulares, como la de Elisa de Bordo. Por lo tanto, están muy preocupados de que suceda lo mismo con la planta que, como recuerdo del ex Presidente de la República, lleva el nombre de Pedro Aguirre Cerda. Los mineros expresaron su profunda inquietud por esa posibilidad. Incluso, entre ellos había un gran movimiento destinado a impedir que con la planta Pedro Aguirre Cerda sucediera lo mismo que pasó con la denominada Elisa de Bordo.
Finalmente, debo informar al señor Ministro que tuve oportunidad de visitar el Museo Mineralógico de la Escuela de Minas de Copiapó. El Senado no tiene conciencia del valor de ese museo y del peligro de que un incendio pueda destruir muestras que son irreemplazables -porque son de museo- o que ellas puedan desaparecer. El director de esa escuela me hizo presente que el valor de algunas puede estimarse en cientos y miles de dólares. Me habló de cifras astronómicas en algunos casos. Me comunicó que el director del Museo Mineralógico de una escuela de minas de Francia, de alta alcurnia y jerarquía técnica, había venido ex profeso a visitar durante dos días el Museo Mineralógico de la Escuela de Minas de Copiapó.
Aprovecho la presencia en la Sala del señor Ministro para destacar estos hechos, lamentando que la brevedad del tiempo me impida profundizar estas observaciones.
Voto que sí.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ALLENDE.-
No puede concedérsela, pues estamos en votación.
El señor CHADWICK.-
El señor Ministro sabe que no puedo darle una interrupción durante el fundamento de mi voto; pero lo que sostengo está de acuerdo con la versión registrada en cinta magnetofónica. Este grupo de presión quiere conseguir la aprobación de la inversión de acuerdo con el Estatuto del Inversionista, que congela el régimen tributario y le concede exenciones por el tiempo señalado por el decreto.
El señor LORCA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PABLO ( Presidente).-
Ruego a los señores Senadores no interrumpir al orador, porque se encuentra fundando el voto.
El señor LORCA.-
Su Señoría debiera hacer una denuncia.
El señor CHADWICK.-
Eso he hecho.
El señor LORCA.-
Presente un proyecto de ley.
El señor CHADWICK.-
No soy inocente.
El señor CHADWICK.-
Aun cuando lo sustancial de mi exposición sobre este asunto ya fue planteado en el debate general, quiero hacerme cargo de algunas afirmaciones que el Senado escuchó al señor Ministro de Minería.
Su Señoría manifestó que la razón principalísima que tienen las grandes empresas del hierro -disfrazadas en Chile de mediana y pequeña minerías- para oponerse a este veto consiste en que prefieren la disposición cierta y categórica de la ley al beneficio del "drawback", porque este último quedaría sometido a revisiones periódicas, ya que el sistema limita su vigencia a 3 años.
Pedí al señor Ministro que contara completo el punto de vista de las compañías; a él le pareció que yo me excedía, lo que él no podía tolerar.
Debo volver al tema: el problema consiste en que un grupo de presión, que va a invertir en Chile 130 millones de dólares mediante un préstamo exterior cuyo origen el señor Ministro se cuidó de no expresar en las Comisiones cuando fue requerido sobre este punto...
El señor CHADWICK.-
Son condiciones de la inversión.
No se ha traído al Senado la información completa y leal. No se trata de preferir la simple ley, que puede ser derogada, sino de establecer el beneficio por medio del Estatuto del Inversionista.
En seguida, se nos habla de que el mercado mundial del hierro está muy deteriorado. Esta es una nueva falacia, como lo demuestra el hecho de que en este país se vayan a hacer inversiones por 130 millones de dólares. Sólo quien quiera comulgar con ruedas de carretas podrá creer que esta inversión está garantizada con un margen de utilidad que excede apenas 2% del valor bruto de la venta. ¿Qué sucede? Que hay una tremenda fuga de capitales por medio de contratos amañados que se pueden suscribir perfectamente, sin que el Banco Central detecte la maniobra, por la muy sencilla circunstancia de que los valores que se registran en el mercado mundial están gravemente influidos por el factor flete. Como se están utilizando barcos de cabida cada vez mayor y están rebajando los costos del flete, controlados por los mismos intereses, las ventas FOB sólo indican una parte del valor real del mineral.
Por último, quiero decir que en Coquimbo y Atacama la conciencia pública se ha formado ya un concepto definido acerca de esas aves de rapiña que han estado sustrayendo la principal riqueza de esa zona, sin dejar nada, burlando todos los impuestos y manteniendo un imperio donde sólo prevalecen privilegios y exenciones.
Voto por la observación del Ejecutivo.
El señor GARCIA.-
A pesar de todo lo que diga acerca de la distorsión de los sistemas tributarios que tiene la mediana minería, uno puede quedar corto.
Lo que no me explico es que uno de los problemas más complejos existentes en el derecho tributario chileno se aborde con esta impaciencia, sin pensarlo, mediante un veto aditivo. Recuerdo que, cuando las Comisiones estudiaron la reforma tributaria y el Código Tributario, dejaron aparte todas las materias relativas a la mediana minería, porque, por el momento, no había posibilidad de dictar un estatuto adecuado. ¿Por qué? Porque algunas normas se remontan a la dictación de la ley 7.747, que otorgó toda clase de franquicias. Otras están acogidas a la ley Faivovich, a la que deroga este veto, promulgada el año 1958. Algunas están de acuerdo con las disposiciones del Comité de Inversiones, del año 1953, y otras, con las nuevas normas sobre inversiones extranjeras de 1959 ó 1960, no recuerdo bien. Además de las mencionadas, existían otras normas en la ley de Impuesto a la Renta.
En consecuencia, lo más lógico es hacer un adecuado estudio para resolver la situación tributaria y no proceder en forma sorpresiva, como dije denantes, un poco sensacionalista, al tratar de legislar sobre este tipo de materias. En esta forma, lo único que se logra es producir gran inquietud.
Muchas veces hemos tenido oportunidad de escuchar críticas a la empresa privada, culpándola de no ser capaz de aceptar el desafío actual. Pero lo único que ella requiere para hacerlo es contar con reglas establecidas, un estatuto que le permita desarrollarse. El Gobierno no puede aparecer un día suprimiendo las franquicias, y otro, como lo expresó el Ministro, afirmando que ellas deben ser mantenidas. La empresa privada precisa de un sistema que le permita saber cómo puede llegar al país. Cuando hay cuatro sistemas referentes a las inversiones, los más vivos se aprovechan de esa clase de normas. Por eso, lo natural es realizar un estudio profundo y claro a fin de implantar un régimen que dé garantías para el futuro y evite la comisión de abusos.
En cuanto a los fletes, puedo decir al Honorable señor Chadwick que, en virtud de la legislación sobre el "drawback", las empresas navieras chilenas se lanzaron a la aventura de poseer barcos para fletar el hierro y detener la sangría de divisas de que hablaba el señor Senador. Pero esa actividad también está sujeta a reglas del juego que le permitan obtener determinadas devoluciones por usar los barcos.
Todo ello no puede depender del hecho de que un día se adopte una resolución y al siguiente una totalmente opuesta. De esa manera, se produce intranquilidad y se fomenta lo que Sus Señorías tratan de evitar: la evasión de capitales. No se puede invertir, trabajar ni aceptar desafíos en países que no tienen normas legales estables para el desarrollo de la empresa privada.
Por tales razones, voto negativamente.
El señor NOEMI.-
Señor Presidente, me referiré nuevamente a lo expresado durante la discusión del precepto, para exponer las razones que justifican votar contra la letra b).
La señora CAMPUSANO.-
¿Cómo puede ser eso?
El señor NOEMI.-
Es muy claro, señora Senadora. La letra b) elimina la disposición que otorga de pleno derecho liberaciones a los exportadores. Ello origina un problema grave en las provincias que representamos ambos en el Senado.
La señora CAMPUSANO.-
No tanto.
El señor NOEMI.-
Su Señoría lo ha visto y se lo probaré.
Cada vez que se producen despidos de 10, 20 ó 50 obreros, llegan a conversar con nosotros los representantes de los trabajadores, miembros del partido a que pertenece la señora Senadora y también dirigentes de la CUT.
¿Qué ocurre en esa zona? El proceso de tratamiento del hierro ha ido cambiando. Como ya lo señalé, antes se vendía la colpa; ahora se vende la granza. Hay que vender mineral de una y media pulgada. No sólo se necesitan chancadoras; también se precisan "traillor".
Hay algo más. En esas dos provincias, azotadas por la sequía, la mayor fuente de trabajo la constituyen las empresas del hierro, pues ocupan de seis mil a siete mil trabajadores. En estos momentos es necesario explotar los minerales de más baja ley. Hay contratos para explotar yacimientos que cambiarán la faz de Copiapó y Caldera: Cerro Negro, cuyas reservas se estiman en 400 millones de toneladas de hierro, donde se construirá una planta concentradora, donde se instalará la planta de "pellets", donde se harán cuantiosas inversiones.
¿Qué sucederá si se deroga el artículo que otorga las exenciones de pleno derecho? Que no se suprimirán los beneficios que hoy reciben los exportadores -que, por lo demás, se conceden en todo el mundo-, sino que simplemente se reemplazará el sistema de franquicias de pleno derecho por el de "drawback", mediante el cual pueden obtenerse mayores ventajas. No obstante, los inversionistas no desean estar expuestos a que cada tres años se alteren los procedimientos. Ellos pretenden regirse por una ley estable, que, por supuesto, el Congreso puede modificar, porque, como es natural, no constituye una garantía plena.
Necesitamos contar con inversiones para absorber la cesantía y proporcionar fuentes de trabajo en esas provincias, donde la sequía ha creado un panorama horroroso.
¿Cuál sería el único problema? Debo plantear con entera claridad que es el expuesto por el Honorable señor Valente, quien aduce la conveniencia del pago para controlar las exportaciones. Es decir, al ingresar las divisas al país. Es necesario proceder sobre la base de ese predicamento, tal como lo dispone la letra a).
Sin embargo, debo hacer presente al señor Senador que tal medida pudo ser válida anteriormente, porque en la actualidad el Banco Central controla todas las exportaciones y publica todos los contratos -para información del Honorable señor Chadwick-, como ha publicado los que se están realizando en este momento con el Japón, el único mercado con que contamos en la actualidad.
Su Señoría escuchó en las Comisiones al funcionario que nos proporcionó todos los datos, nos mostró los contratos y nos dijo cómo se obtiene el precio de 7 dólares para la granza. Puso a nuestra disposición todos los contratos publicados en diferentes documentos, en los cuales es posible verificar la realidad de lo que estoy sosteniendo. De manera que toda esta materia se halla debidamente fiscalizada, pues el Gobierno está actuando en forma muy diferente a otros.
Además, la letra c) faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de 120 días, dicte un nuevo reglamento, que le permitirá adoptar todas las medidas necesarias.
Con respecto a los préstamos, el señor Ministro no pudo informarnos por el hecho de estar en votación, pero en oportunidad anterior expresó que efectivamente esas empresas obtendrían 130 millones de dólares en Estados Unidos y en Europa para realizar las inversiones.
A mi juicio, los parlamentarios de la zona tenemos el deber de votar favorablemente la disposición, por cuanto beneficiará a provincias que necesitan mayores fuentes de trabajo y se encuentran asoladas por la sequía. Además, no sólo se favorecerá a dicha región sino a todo el país, ya que, por cada dólar que se produce, 50 centavos son de beneficio para Chile.
En cuanto a lo expresado por el Honorable señor Allende respecto del Museo Mineralógico de Copiapó, que es uno de los tres mejores del mundo en su especialidad, debo recordar que, gracias a una iniciativa del Senador que habla, en 1967, se destinaron 100 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio. Sin embargo, su director no invirtió el dinero para tal fin, provocando la desvalorización de dichos recursos, pues tiene el propósito de ocuparlos en la construcción de un plantel universitario.
La señora CAMPUSANO.-
Alcanzará para la primera piedra.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, en las Comisiones de Hacienda y de Defensa, unidas, tuve oportunidad de escuchar los planteamientos hechos sobre esta materia y en especial los conceptos del Honorable señor Chadwick con relación a estos negocios del hierro. A ese tema estuvieron dirigidas sus observaciones más de fondo.
El señor VALENTE.-
A eso se refiere el veto.
El señor OCHAGAVIA.-
También a la gran minería del cobre.
El señor VALENTE.-
Esas empresas no están acogidas al "drawback".
El señor OCHAGAVIA.-
Precisamente porque el alto precio del cobre ha determinado que las empresas productoras no tengan "drawback". El precio de los productos de exportación no depende de la voluntad del país, sino de hechos que escapan absolutamente de nuestra posibilidad de determinarlos.
Sin embargo, mis observaciones se dirigían a otro punto. El Honorable señor Chadwick denunció en las Comisiones la existencia de problemas incluso de orden moral. Se refirió también al hecho de que no retornaría al país el total del valor de las exportaciones y a que los contratos son o eran falsificados o fraudulentos. El señor Senador ha repetido más o menos los mismos conceptos en las Comisiones y en la Sala. Yo estoy con Su Señoría en cuanto a que es indispensable que el país conozca exactamente los términos de los contratos, que, desde luego, le interesan por representar una parte muy importante de sus exportaciones y de sus posibles ingresos.
Sin embargo, a nuestro juicio, los términos en que el Ejecutivo ha materializado esta disposición a través del veto son absolutamente inadecuados. Es una acción irresponsable, porque no puede ser objeto de observación aditiva una materia tan delicada como ésta, relativa al régimen de exportaciones y al "drawback" que rige actualmente para la minería,...
El señor HALES ( Ministro de Minería) .-
A la exención de pleno derecho.
El señor OCHAGAVIA.-
... a la exención de pleno derecho -como lo hace presente el señor Ministro- que tiene vigencia en especial en la minería del hierro.
No nos parece serio tratar de modificar estas disposiciones mediante un veto, por la sencilla razón de que en este tipo de actividades se trata de inversiones cuantiosas, de contratos a largo plazo, del régimen de competencia de un producto de exportación cuya suerte tampoco está determinada por la voluntad del país, sino por el mercado internacional, donde tiene que competir con minerales extranjeros que gozan del mismo beneficio del cual se pretende privar a los nacionales.
Según antecedentes que nos proporcionaron el señor Ministro y el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería en las Comisiones, el país no podría suprimir el sistema en vigor, porque ello, en la práctica, impediría a Chile competir en el mercado internacional con los productos de otros países exportadores.
Para no prolongar el fundamento de mi voto, termino señalando que estamos dispuestos a fiscalizar el régimen de exportaciones, que desde luego no puede estar sometido a los juicios y expresiones vertidos por el Honorable señor Chadwick. Estimamos que un estatuto del inversionista debe considerar una estabilidad que permita inversiones a largo plazo, como las señaladas por el señor Ministro de Minería, que implican instalación de plantas, la posibilidad de que el país cuente con su propia flota, la construcción de puertos, la creación de ferrocarriles y trabajo para varios miles de personas en una zona del país que, mediante la compra de la producción de los pequeños mineros, ocupa a mucha gente. Por eso, nos parece inconveniente e inaceptable suprimir un beneficio con tan poco estudio como lo hace la observación del Ejecutivo.
Estamos dispuestos a establecer los medios para fiscalizar a través de una legislación seria y responsable, que considere a fondo el problema de un estatuto definitivo, a fin de que los capitales invertidos en el país para explotar la riqueza de la minería nacional tengan la tranquilidad y seguridad de un régimen estable.
Por estas consideraciones, voto en contra de la observación del Ejecutivo.
El señor PALMA.-
Para los Senadores de las provincias de Atacama y Coquimbo el asunto no deja de tener gran importancia desde el punto de vista social y económico.
La señora CAMPUSANO.-
No tanta, Honorable colega.
El señor PALMA.-
En verdad, se trata de una zona de condiciones extremadamente adversas, que en los últimos tiempos ha sido afectada por calamidades.
El señor VALENTE.-
La peor calamidad de la zona es Su Señoría...
El señor PALMA.-
El desierto avanza hacia el sur en forma realmente impresionante. Por lo tanto, es necesario enfrentar el problema.
Concuerdo con varios de mis Honorables colegas que han criticado la política seguida en Chile durante muchos años en lo tocante al hierro. Es efectivo que a raíz de tal política no quedan en el país sino el hoyo, como se dice vulgarmente, algunos salarios malos y, muchas veces, personas enfermas.
El señor MONTES.-
¡Y el Gobierno... !
El señor PALMA.-
En estos instantes tenemos la posibilidad muy seria de que se instale en la zona una moderna empresa que reemplace este tipo de trabajo primario con el que se ha explotado gran parte de los minerales de hierro. Realizar este esfuerzo, crear esta empresa moderna, es fundamental.
Los Senadores de la región lo hemos comprobado. Hemos visto lo que significó para Vallenar la instalación de la Compañía de Acero del Pacífico. Basta recordar lo que era Vallenar antes y ver lo que es ahora, después de la creación de esa moderna empresa. La ciudad ha cambiado de cara, y la gente, de modo de vivir. En una palabra, es un proceso de extraordinaria importancia, amén de todo el avance que ha significado para el país.
Pues bien, de aprobarse la observación se impediría, en la práctica, la instalación de otra moderna empresa que ya tenía planes al respecto, pero sobre la base de determinadas reglas del juego: de una disposición legal que hasta ahora existe. Si tales reglas se modifican, nadie sabe cuál será el destino de este programa de tanta importancia para la región.
Considero absolutamente necesario sustituir el tipo de explotación primaria existente, con las nefastas consecuencias ya señaladas, por una empresa de alta calidad y tecnología. Estimo que debe darse este paso, pero manteniendo, las disposiciones legales vigentes, a pesar de que también participo de la opinión de que es necesario modificar las exenciones de pleno derecho, que he tenido oportunidad de (onecer y que a uno lo hacen ponerse inquieto. Estoy llano a contribuir, en su oportunidad, a que se modifique el régimen vigente en esta materia; pero, naturalmente, no puedo votar a favor de una observación que tiende a modificar una regla de juego sobre cuya base se constituirá en la zona que represento una industria moderna y de gran capacidad.
Voto que no.
El señor VALENTE.-
No, comprendo de dónde proviene la alarma de los Senadores de las provincias productoras de hierro con motivo de estas observaciones. No se trata de suprimir el pago del "drawback", sino, simplemente, de modificar las condiciones en que se verifica la devolución de impuestos a los exportadores.
El artículo 11 de la ley 16.528 establece que las empresas dedicadas exclusivamente a la producción de artículos exportables gozarán de pleno derecho de la devolución de los impuestos que se señalan. Con la modificación introducida por el Ejecutivo mediante el veto, se declara que esa devolución de impuestos, llamada "drawback", se concretará una vez que las empresas comprueben haber retornado al país el producto de las exportaciones. A nuestro juicio, ésta es una norma elemental de buen trato económico. No es justo -por el contrario, es escandaloso- que el Estado proceda a la devolución de impuestos por mercaderías cuyo valor se ignora si retornará íntegro al país. En consecuencia, en el veto no se plantea sino una regla para la comprobación previa de que se ha procedido al retorno de los valores, hecho que corresponderá certificar al Banco Central de Chile.
Somos partidarios de algunos beneficios o franquicias para determinadas zonas del país, dado el sistema político que nos rige; pero no podemos aprobar disposiciones de exención tributaria o aduanera de otra naturaleza, ni tampoco esta clase de incentivos, cuando las beneficiadas serán una, dos o varías empresas.
¿Cuánto tiempo han producido hierro Coquimbo y Atacama? ¿Desde cuándo rigen franquicias de esta índole para los empresarios exportadores de hierro y otros productos? Desde hace muchos años. Sin embargo, siempre hemos escuchado quejas de un deterioro en la economía, de crisis en la zona, de dificultades y conflictos, porque no se ha desarrollado la región beneficiada con estas franquicias.
En la provincia de Tarapacá rigen privilegios de estas características, pero la zona no ha progresado y vemos cómo Iquique se debate en la más horrenda miseria. Igualmente, Coquimbo y Atacama gozan de granjerias tributarias para una serie de actividades, pero vemos cómo las afectan la crisis económica, la cesantía, la falta de desarrollo integral, de nuevas industrias y de fuentes de trabajo.
Estimamos necesario revisar el sistema de franquicias. En consecuencia, considerarnos útil esta proposición del Ejecutivo, tendiente a establecer cierto ordenamiento en cuanto al pago de la devolución de impuestos, por lo que la votaremos favorablemente.
Voto que sí.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Voto por la negativa.
El señor CHADWICK.-
¿No está pareado con el Honorable señor Tarud Su Señoría?
El señor VON MÜHLENBROCK.-
No, señor Senador.
¿Me permite, señor Presidente?
El pareo es un código de honor, de manera que deseo dejar en claro el problema: el Honorable señor Tarud y el Senador que habla acordamos suspender nuestro pareo para poder votar yo el número 3º del artículo 1º. En seguida quedé en libertad de votar todas las disposiciones de este proyecto de ley, como lo señalé denantes.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Efectivamente, así lo dijo.
El señor CHADWICK.-
Excúseme, Honorable colega. No he querido inferirle ofensa.
El señor IBAÑEZ.-
Celebro las palabras pronunciadas por el Honorable señor Valente. Me pareció ver en ellas un cambio de posición bien notorio.
El señor VALENTE.-
¡Qué barbaridad!
El señor LORCA.-
¿A quién vende petróleo?
El señor IBAÑEZ.-
A Italia.
El señor LORCA.-
¡No lo puedo creer...!
El señor IBAÑEZ.-
¡Y a 1,65 dólares el barril!
El señor LORCA.-
¡La pilladita que le hicimos...!
La señora CAMPUSANO.-
Con la diferencia de que en la Unión Soviética no hay capitales privados.
El señor IBAÑEZ.-
Los Senadores comunistas, que anteriormente apoyaron la supresión del "drawback", ahora, por medio del Honorable señor Valente, suscriben la tesis de las limitaciones, que son obvias y que todo el mundo acepta. Por eso, celebro su posición.
El señor MONTES.-
¿Su Señoría votará a favor, entonces?
El señor IBAÑEZ.-
Estamos conformes con que se impulse en gran escala la minería del hierro y votaremos negativamente este veto,. . .
El señor MONTES.-
¡Bah...!
El señor VALENTE.-
El Padre Gatica...!
El señor IBAÑEZ.-
...para facilitar, precisamente, el desarrollo de esa industria.
Sin embargo, queremos ser muy explícitos...
El señor ISLA.-
¡Difícil!
El señor IBAÑEZ.-
... en cuanto a que estamos conscientes de que la minería del hierro tiene una situación que le ha permitido conseguir ventajas y lograr un considerable desarrollo, lo cual es absolutamente necesario para el país.
La señora CAMPUSANO.-
A través de la explotación de los mineros.
El señor IBAÑEZ.-
Queremos dejar en claro que, al votar negativamente el veto a la letra b), lo hacemos para facilitar el desarrollo masivo de la minería del hierro, en el bien entendido de que se llevarán a la práctica los planes que aquí se han descrito con minuciosidad: la inversión de 120 millones de dólares, la explotación de nuevos yacimientos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.-
Solicito algunos segundos más para completar mis ideas.
El señor VALENTE.-
No hay acuerdo.
El señor MONTES.-
No, ya está bueno. Deje votar.
El señor IBAÑEZ.-
Pafa nosotros es fundamental que las compañías construyan cuatro barcos de 150 mil toneladas, de bandera chilena.
La señora CAMPUSANO.-
¿Qué compañías?
El señor IBAÑEZ.-
Si no lo hicieran, apoyaremos cualquier nuevo gravamen que se quiera imponer más adelante a la minería del hierro.
El señor IBAÑEZ.-
Naturalmente, nosotros concordamos con sus expresiones de hace un instante, como lo demuestra el hecho de que la letra a) de la observación ha contado con nuestros votos favorables.
Su Señoría tiene toda la razón en ese punto, pero no la tuvo cuando se quiso suprimir el "drawback", junto con desarrollar una campaña verdaderamente increíble para desprestigiar un mecanismo que no sólo fomenta las exportaciones y da trabajo en el país, sino que constituye, además, considerable fuente de ingresos para el Fisco.
El señor VALENTE.-
No es efectivo. El Fisco devuelve más impuestos que los que recibe.
El señor IBAÑEZ.-
El "drawback" es uno de los mejores negocios fiscales, pues las divisas que genera, convertidas en productos de importación, producen al Estado ingresos inmensamente superiores al valor de la devolución de impuestos.
El señor CHADWICK.-
No, señor Senador. Demostramos lo contrario. Tuvimos a la vista las cifras de las exportaciones antes de regir el sistema de "drawback" y una vez en vigencia el mismo.
El señor IBAÑEZ.-
Su Señoría debe considerar los ingentes ingresos recibidos por el Fisco merced a las importaciones que permite hacer el "drawback" al generar divisas al país por los productos exportados. En eso consiste el negocio y por eso tal modalidad se aplica en todo el mundo, inclusive en los países comunistas. A este respecto, deseo citar el caso de la venta de petróleo de la Unión Soviética a determinados países.
Por ejemplo, provee de este combustible a Italia a un precio de aproximadamente 1,65 dólares el barril, en circunstancias de que a los países satélites lo entrega a más de tres dólares.
El señor IBAÑEZ.-
Sus razones tendrá la Unión Soviética para proceder en esa forma, y las considero muy respetables. ¿Por qué actúa así? Porque le conviene hacerlo.
Este mecanismo se aplica en todos los países. Si en Chile se entrabara o suspendiera el régimen de "drawback", quedaríamos en una posición extraordinariamente desventajosa para competir en el área andina, en la ALALC y en todos los lugares donde pretendamos colocar nuestras exportaciones.
La señora CAMPUSANO.-
¿Qué compañías construirán esos barcos, Honorable señor Ibáñez?
-Se rechaza la observación a la letra b) (23 votos -por la negativa, 10 por la afirmativa y 1 pareo).
Votaren por la negativa, los señores Aguirre Doolan, Aylwin, Bossay, Carmona, Durán, Ferrando, Fuentealba, GARCIA, Hamilton, Ibáñez, Isla, Juliet, Lorca, Miranda, Noemi, Ochagavía, OLGUIN, Pablo, Palma, Papic, Prado, Sule y Von Mühlenbrock.
Votaron por la afirmativa la señora Campusano y los señores Altamirano, Allende, Contreras, Chadwick, Luengo, Montes, Musalem, Silva Ulloa y Valente.
No votó, por estar pareado, el señor RODRIGUEZ.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
La Comisión, por mayoría de votos, recomienda rechazar la observación al inciso primero de la letra c) del artículo 13.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación anterior.
El señor VALENTE.-
No, votamos a favor del veto.
El señor CHADWICK.-
Tengo derecho a fundar el voto, señor Presidente. Pido votación.
La señora CAMPUSANO.-
Pido votación.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor CHADWICK.-
He solicitado votación, precisamente, para hacer uso del derecho de fundar el voto y hacerme cargo, en especial, de las observaciones del Honorable señor Ochagavía, que ha venido a sumar los votos de la Derecha para rechazar la observación del Ejecutivo que suprime la exención de impuestos de pleno derecho.
Ha dado dos argumentos. Primero, el estudio precipitado del asunto y la imposibilidad de formarse un juicio por la simple tramitación de un veto aditivo.
Encuentro razón a Su Señoría en lo que a él y a su partido respecta, pero no creo que ese criterio pueda ser compatible con la posición del partido de Gobierno, que, habiendo estudiado detenidamente el problema, lo ha levantado como posición básica para una política de conjunción entre el actual Gobierno, que expira el 4 de noviembre del próximo año, y la siguiente Administración, que ellos quieren encabezar con su candidato, el señor Tomic.
Fue la elaboración detenida del candidato a la Presidencia de la República, expuesta en el acto de proclamación del teatro Caupolicán y reducida después a una articulación de ideas por la directiva del partido, lo que dio lugar al veto. Sobre la base de este antecedente es que opino que ha actuado un grupo de presión.
En su segundo argumento, el señor Senador dice que mis denuncias son muy graves, pero no estarían confirmadas hasta ahora por los hechos.
Pido al Honorable señor Ochagavía hacer memoria y recordar que el propio Ministro de Minería nos dijo en las Comisiones que el Gobierno de la República examinó las operaciones de la Compañía Santa Fe y, al comprobar que había falta de retornos y manejos inaceptables, la obligó a acatar un nuevo trato.
El señor VALENTE.-
¡No era muy santa...!
El señor CHADWICK.-
Ese nuevo trato exigía transferir el control financiero de la Compañía Minera Santa Fe, para lo cual se buscó en los medios nacionales alguna compañía interesada en continuar con esos negocios. Desgraciadamente, toda esa operación se realizó al margen del conocimiento del Congreso y le significó al Gobierno de la República renunciar a los recursos legales que imponen multas muy graves a quienes burlan los retornos -inclusive ascienden a cinco veces el valor de lo exportado- y que llevan consigo penas de delitos comunes. Se perdió todo esto para terminar transfiriendo el control de esa empresa a la Compañía Santa Bárbara.
A mi juicio, si estos antecedentes fueron dados en las Comisiones, son suficientemente serios por sí solos para permitir al Senador que habla decir que en el manejo de la minería del hierro no sólo se ha atentado en contra de principios económicos básicos, sino también en contra de la ley y de la moral. No he sido tan ligero como supone el Honorable señor Ochagavía.
Voto a favor de la derogación de los artículos del reglamento de que se trata.
El señor ALTAMIRANO.-
En el tiempo que me corresponde para fundar el voto, solicito en nombre del Comité Socialista enviar al Senado todos los antecedentes relacionados con la transferencia del control financiero de la Compañía Santa Fe a la Santa Bárbara, y los datos referentes a la exportación de 130 mil toneladas de hierro al Japón, rubro sobre el cual el señor Ministro no pudo dar ningún antecedente.
El señor HALES ( Ministro de Minería).-
Los di.
El señor ALTAMIRANO.-
No se ha dado ninguno, pues lo único que el Ministro ha dicho es que se iban a otorgar créditos norteamericanos y europeos. Eso es no decir nada. Es obvio que no será el Banco Central el que facilitará los 130 millones de dólares. Se trata de saber cuánto producirán estas empresas; si el plazo es de 20 ó 22 años; las condiciones de precio y, por último, quién hará las inversiones. Es decir, todo lo relacionado con este negocio.
El señor GARCIA.-
Este precepto es consecuencia del anterior.
El señor OCHAGAVIA.-
He sido aludido por el Honorable señor Chadwick. Por eso, al fundar mi voto contrario al inciso primero de la letra c), que es consecuencia de la letra b), quiero manifestar que los argumentos que di al votar la derogación de la letra b) no implican que justifique la acción del Ejecutivo.
Dije claramente -y lo repito- que me parecía inconsecuente la posición del Poder Ejecutivo al enviar un veto que en mismo estudió y redactó y, en seguida, que sus propios Ministros vengan a defender el rechazo de ese veto. Todo el país tiene demasiada conciencia, más que eso, el propio Primer Mandatario, en 1965 -los señores Senadores que representan la zona lo saben-, en un congreso minero en el norte, en Copiapó, aseguró un régimen de estabilidad, y resulta que ahora se somete a la consideración del Senado un precepto que por sí solo determina la liquidación de operaciones que afectan a la mediana minería del cobre y del hierro y que al Honorable señor Chadwick le merecen serias dudas. Estudié con mucha atención todas las afirmaciones y consultas que hizo.
Pero agregué algo más, que para mí es el fundamento principal.
Estoy convencido de que en Chile se necesita dictar un estatuto definitivo para que pueda haber algún tipo de inversión permanente, de la magnitud y plazo que se requieren en la grande y mediana minerías porque los contratos a 20 años plazo, las instalaciones de puertos, la construcción de redes ferroviarias, no son obras que pueden realizarse sobre la base de un régimen que no sea de absoluta estabilidad.
Agregué que si el país competía con productos de exportación de otros países que tienen regímenes similares a los de Chile, no se podían eliminar esas franquicias sin grave detrimento para los rubros exportables, porque, como explicó el Honorable señor Ibáñez, las arcas fiscales obtienen no sólo ingresos por concepto de impuestos directos, sino también un volumen mucho más grande por el capítulo de los tributos indirectos, que perderíamos si se interrumpe el beneficio.
Termino diciendo al Honorable señor Chadwick que estamos dispuestos a estudiar en forma seria y responsable un estatuto definitivo que dé estabilidad a las inversiones de esta magnitud y garantice al Estado la veracidad de los contratos y el cumplimiento de los retornos.
A mi juicio, no se puede, en forma ligera y apresurada, aprobar una legislación que en la práctica echa por tierra un régimen, porque ello provoca trastornos muy perjudiciales. Ese es el fundamento de nuestra posición.
Consecuente con la tesis anterior, voto en contra del veto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará la observación con la misma votación anterior.
El señor VALENTE.-
Con nuestros votos favorables al veto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas proponen aprobar, por mayoría de votos, la observación al inciso segundo de la letra c), del artículo 13.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor MONTES.-
¡En el tercero también!
El señor GARCIA.-
Es consecuencia del que lo precede. No tiene mayor importancia.
El señor GARCIA.-
Deseo pedir a los Honorables colegas que votaron en contra del veto que perseveren en su actitud, a fin de mantener la estabilidad de la minería. Si ahora autorizamos al Gobierno para dictar un nuevo reglamento, querrá decir que para la minería el asunto no está terminado, porque el Gobierno podrá establecer nuevas disposiciones.
Dictar una nueva reglamentación de la ley, significa derogar preceptos vigentes, lo que constituye otro factor de inestabilidad.
Sus Señorías han visto que, siguiendo la misma línea, con la misma lógica, he sido muy categórico para rechazar el veto. Del mismo modo procedió la mayoría de los señores Senadores; pero deben persistir en la misma política: dar estabilidad.
Para dictar reglamentos que no sean decretos con fuerza de ley, no se necesita disposición legal, menos todavía en un período preelectoral. ¿Por qué? Porque el Presidente de la República puede reglamentar todas esas disposiciones legales en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política. Por consiguiente, la nueva facultad que se nos pide ha de tener por único resultado provocar intranquilidad en los negocios del hierro.
Si con el rechazo del veto anterior se quería llevar tranquilidad a la zona, a fin que en ella se realicen inversiones, debe rechazarse también este otro. Es lo que pido al Honorable Senado.
Voto que no.
El señor CARMONA.-
Las razones dadas por el Honorable señor GARCIA llevan a una conclusión diametralmente opuesta al voto por él emitido.
El señor Senador ha dicho que es necesaria la estabilidad. Lo que se pide es autorización para dictar un nuevo reglamento, un reglamento que tenga fuerza de ley, o sea, que no pueda variar sino en virtud de una nueva disposición legal. ¿Qué sucedería si no se otorgara esta facultad? Que las nuevas disposiciones sobre "drawback" -las que resulten de las modificaciones que resolvemos ahora- estarían sujetas a un reglamento que sí podría producir inestabilidad, por su posible variación, cada mes o cada seis meses, en fin, según las circunstancias que se presentaran. En cambio, con la facultad de que se trata, el reglamento resultante tendría por finalidad adecuar, con fuerza de ley, todas las nuevas disposiciones sobre "drawback" que aprobemos esta tarde.
Por eso, porque el nuevo reglamento daría la estabilidad del caso, al ser modificable sólo por una nueva disposición legal, voto afirmativamente la observación.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, quiero fundar mi voto con anticipación a los demás señores Senadores, a fin de llamar la atención del Honorable Senado sobre el sentido de la facultad que se entrega al Presidente de la República para dictar el reglamento señalado en un plazo de ciento veinte días.
En tal reglamento, el Jefe del Estado podría cambiar nuevamente las reglas del juego...
Frente a la observación que me hace el Honorable señor Carmona, debo decirle que, para adecuar las diversas normas sobre la materia, no necesita facultad el Jefe del Estado. Le basta con atenerse al mecanismo que la ley le ha entregado.
En cuanto al problema tocado por el Honorable señor Chadwick al hablar de los grupos de presión y de problemas de orden moral, quiero advertir al Honorable Senado sobre lo que implica, en1 un período de convulsión política interna como el que vive el país, en un período pre-eleccionario, la entrega al Ejecutivo de una facultad que puede dar lugar a que esos grupos de presión, cuya fuerza e importancia reconozco, por el volumen de las inversiones que manejan, se pongan en movimiento.
Así como dije que no era partidario de modificar las reglas del juego y que prefería la mantención de un régimen estable, mucho menos partidario puedo ser de permitir, en una facultad a ciento veinte días plazo, que se puedan alterar esas reglas.
No quiero entrar en un terreno de suposiciones. El Senado ha escuchado denuncias hechas por* Senadores, entre ellos el Honorable señor Valente, presente en la Sala, sobre cómo ciertos industriales han entregado "generosamente" aportes cuantiosos a las cajas electorales de algunos partidos, concretamente a la del partido de Gobierno. Esa fue la declaración que hizo la firma a que se refirió el señor Senador. Pregunto al Honorable Senado qué significado puede tener el que una facultad como ésta se encuentre en el tapete en un período preelectoral y pueda ser manejada en forma -yo no diría inmoral- de que los intereses de esos grupos de presión se pongan en actividad para defender situaciones o estatutos actuales. Yo creo que el Senado de la República no debe dejar tal facultad en manos del Gobierno en este momento, por las razones que he señalado. No sé Si he sido suficientemente claro.
El señor CARMONA.-
Son suposiciones.
El señor OCHAGAVIA.-
Aquí no hay suposiciones. El Honorable señor Chadwick habló de falsificación de contratos, habló de retornos. Todo estos hechos yo no los puedo comprobar, evidentemente.
Soy partidario de que el país siga produciendo. . .
El señor CHADWICK.-
El caso de la Compañía Minera Santa Fe.
El señor OCHAGAVIA.-
Exactamente. Pero no he podido comprobar esos antecedentes.
Soy partidario de que las inversiones, en Chile, tengan un régimen de estabilidad, de seriedad. Creo que en este momento, si facultamos al Jefe del Estado para que en cuatro meses pueda dictar normas que en la práctica signifiquen vulnerar las reglas del juego, podrían ponerse en movimiento los intereses de los grupos de presión afectados, para financiar cualquier caja electoral. Perdóneme el Honorable Senado que hable con tanta crudeza, que considero brutal, pero creo que moralmente no debemos tocar una materia clara, que no necesita de nueva disposición legal, contrariamente a lo señalado por el Honorable señor Carmona.
Por tal razón, porque la consideramos peligrosísima para la marcha moral del país en el tiempo que se avecina, votamos en contra de la facultad solicitada.
El señor VALENTE.-
La única modificación que hasta este momento se ha aprobado en cuanto al "drawback" es la que condiciona la devolución de impuestos a la comprobación del retorno de las exportaciones. Se mantiene en vigencia el artículo 11, que es el que permite operar de pleno derecho a algunas industrias para obtener ese beneficio. No hay, pues -repito-, ninguna otra innovación.
Estimamos que la facultad que ahora se vota procedería si se hubieran aprobado las letras a) y b) y el primer inciso de la letra c) de este veto. Pero ahora no tiene ninguna razón de ser, porque esas normas se rechazaron.
Con este sistema, podría perfectamente modificarse toda la reglamentación referente al "drawback" y a la ley N° 16.528, y no sabemos cuál podría ser el alcance de la enmienda y de las nuevas prescripciones reglamentarias.
En consecuencia, votamos en contra de la facultad que se pide para el Presidente de la República y de igual modo procederemos en el inciso siguiente.
El señor CHADWICK.-
Si el Ejecutivo quiere realmente reducir las exenciones escandalosas, que llegan incluso a liberar al tabaco, al alcohol y a los consumos más suntuarios de todo impuesto, a favor de los exportadores, contará, sin duda, con el voto favorable de todos los partidos populares, sin ninguna excepción. Pero no piense el Ejecutivo que vamos a darle una facultad para ampliar las exenciones. Eso, jamás.
Y si la Derecha es leal con las palabras del Honorable señor Ochagavía, tendremos que entender que empiezan a reconocer, los señores Senadores nacionales, que esas ventajas son el resultado de extorsiones de los grupos de presión.
El Honorable señor Ibáñez ha sostenido que el comercio internacional se rige por esta regla invariable del "drawback". Yo le digo al Honorable señor Ibáñez que, si bien es cierto que algunos países acuden a este sistema, todos los acuerdos del GATT, toda la Rueda presidida por Estados Unidos para normalizar el comercio internacional con el fin de impedir que se destrocen sus reglas del juego fundamentales dentro del libre comercio, son contrarios a tales subvenciones disfrazadas de devolución de impuestos.
Esa es la verdad, Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-
Existen, a pesar de todo.
El señor CHADWICK.-
Existen como tentativas para romper las reglas del juego. Y quisiera agregar más: aquí, el problema de fondo consiste en que el mecanismo que la mayoría del Senado ha hecho subsistir adolece del gravísimo vicio de ser automático, de no diferenciar de las demás a las empresas que tienen utilidades cuantiosísimas, que no pueden disfrazarse, porque sólo un malo de la cabeza puede creer que se vendan 70 millones de dólares en productos para obtener una utilidad de 2% sobre el valor de ventas. Sólo un enajenado mental, dispuesto a aceptar las sugerencias más aberrantes, podría acoger esa tesis. En el comercio internacional no hay negocio que pueda planificarse con una tasa tan ínfima de utilidad. ¡Y nosotros hemos estado entregando, además de las ventajas que obtienen estos inescrupulosos industriales, el privilegio de que ni siquiera paguen los impuestos más ineludibles que gravan a la población!
Como no quiero facilitar el trabajo de los grupos de presión, voto en contra de la autorización que solicita el Presidente de la República.
-Se rechaza la observación (16 votos contra 9).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
El inciso tercero es consecuencia del anterior.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará.
Queda rechazado el inciso tercero de la letra c).
-Se aprueban las letras d) y e) del artículo 13; la observación recaída en el artículo 14, y los dos primeros artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En cuanto al tercer artículo nuevo, el artículo D, las Comisiones, por mayoría de votos, recomiendan rechazarlo.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CHADWICK.-
Aquí debe haber un error.
El señor GARCIA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Sólo deseo informar respecto de los alcances de este artículo nuevo.
El precepto tiene por finalidad corregir un error de interpretación. Cuando el Congreso modificó la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, por olvido o por una redacción no feliz, sometió al mismo régimen de impuestos internos y de importación, a los alcoholes de uso industrial y a los destinados a otros objetivos, con lo cual se provocó grave daño a toda la industria petroquímica o química que labora con esta materia prima. También se afectó con ella a las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones que igualmente hicieron presente el problema por la forma como tendrían que hacerse efectivos los pagos de los tributos correspondientes.
El Servicio de Impuestos Internos me solicitó corregir la disposición en la forma como ha sido propuesta, con el objeto de que la importación del alcohol industrial quede exenta del impuesto que se aplica a los alcoholes corrientes no utilizados por la industria.
No corregir esta anormalidad significaría tener que girar con efecto retroactivo gravámenes a diversas industrias, lo que, lisa y llanamente, acarrearía la paralización de ellas. Dentro de esas empresas están OXIQUIM y otras que en estos momentos están haciendo importaciones dentro del régimen del mercado de la ALALC.
Repito: no corregir el error a que me he referido implica provocar un grave perjuicio para un sector industrial al cual se está cambiando la tributación que siempre se le quiso aplicar, y por eso el Ejecutivo propuso este artículo nuevo.
El señor CHADWICK.-
Pido la palabra, para fundar el voto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que los Honorables señores GARCIA y Chadwick funden su voto.
Acordado.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, por desgracia no tengo a la mano el texto pertinente del artículo 75 de la ley de Alcoholes, que es el que ahora se interpreta. En verdad, a juicio nuestro y de las Comisiones, nada había que interpretar en dicha disposición, pues su texto es absolutamente claro.
El precepto en referencia dispone que los alcoholes industriales que se empleen en servicios del Estado, de beneficencia o en fines científicos o universitarios, no pagarán impuesto alguno. Por consiguiente, aquellos usados por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros tampoco pagan tributo, pues no podría cobrarse un impuesto al propio Fisco. Este no podría aparecer cobrándose un gravamen a sí mismo.
Por eso, nosotros no entendimos el artículo propuesto, ya que nada hay que interpretar en él. Sí entendemos que ahora se pretende conceder un beneficio, mediante un veto aditivo a los que trabajan en productos químicos y, más que todo, en artículos de tocador. Esas personas adquieren alcohol, y como todo alcohol industrial debe pagar impuesto, ellas deben cancelar lo mismo que pagan todas las empresas chilenas cada vez que consumen el producto gravado.
El señor CHADWICK.-
Las pinturas también.
El señor GARCIA. -
Personalmente, debo declarar que cualquiera medida que se proponga y que esté destinada a rebajar impuestos, en un país recargado de tributos como el nuestro, contará con mi voto; pero siempre que esa medida se aplique en forma pareja, igual para todos y no sea la simple interpretación de un artículo por la vía de un veto aditivo. Por lo demás, no se trata de una interpretación, sino de conocer una franquicia limitada a aquellos alcoholes de producción nacional destinados a una transformación química en un proceso industrial.
Aún no sabemos a quiénes tendía a favorecer la medida, porque en su oportunidad se pidió la lista correspondiente y no se pudo obtener.
No nos parece aceptable, pues, que mediante un artículo como el que analizamos, sin debate ni información alguna, se pueda otorgar este tipo de exenciones. Desde luego, si se votan franquicias como éstas, sobre la base de que están bien estudiadas y de que se sabe positivamente a quién se otorgan, yo estaré siempre de acuerdo en concederlas y votarlas favorablemente; pero si nada sabemos al respecto y sólo contamos con la mera explicación que surge de la interpretación de un artículo, no me parece que debamos proceder, lisa y llanamente, a conceder estos beneficios.
Cuando el Honorable señor Chadwick analice el texto del artículo mencionado, se comprenderá mejor la razón que tuvimos para votar en contra de la observación del Ejecutivo.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, no puedo complacer al Honorable señor GARCIA, pues no tengo a la mano el texto de la disposición a que él se refirió, pero puedo decir que tiene el alcance por él mencionado.
Efectivamente, se trata de una norma que, sin la menor ambigüedad y con lenguaje claro y directo, exime de impuesto a los alcoholes de uso científico y médico destinados a ser consumidos por las instituciones semifiscales, municipales y aquellas que dependen directamente del Estado. El Ejército es una repartición estatal, de manera que no hay duda de que en esa materia nada hay que agregar.
Además, quiero decir que si en las Comisiones no hubo un pensamiento unánime, por lo menos fue manifiestamente mayoritaria la idea de que ésta era una disposición absolutamente incongruente con el proyecto en debate y que se había mencionado a las Fuerzas Armadas como un recurso especioso. Entiendo que el Honorable señor Palma, que presidía las Comisiones, no sometió a votación el asunto, exclusivamente, según dijo, porque ya había sido despachado por la Cámara de Diputados.
En todo caso, quiero insistir en que la información que nos trae el señor Ministro de Hacienda es de tal manera precipitada, que se contradice con el fundamento dado por el Subsecretario respectivo, quien, al darnos a conocer la razón del precepto, nos dijo que existía una firma que tenía el monopolio de las importaciones y que ésta era OXIQUIM. Pero ocurre que no es una firma importadora, sino productora de cierto artículo.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Es una industria.
El señor CHADWICK.-
Ahora resulta, de acuerdo con la información proporcionada por el señor Ministro de Hacienda, que es una industria.
Creo, en todo caso, que presentar una disposición como ésta, que en su esencia no interpreta nada, significa sólo dar efecto retroactivo a una liberación de tributo, lo que lleva consigo la obligación del Estado de devolver dinero cuyo monto no conocemos ni nos explicamos; a sabiendas, a demás, de que se trata de pasar por sorpresa un precepto carente de toda explicación satifactoria.
Estoy abiertamente por rechazar la disposición y, en consecuencia, voto que no.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, no entendemos el alcance de este veto interpretativo del artículo 76 de la ley 17.105. Tengo a la mano el texto de la disposición en referencia, en el cual se dice:
"Estarán exentos de impuestos a la producción los alcoholes destinados a usos médicos y científicos que empleen los establecimientos fiscales y municipales.
Entendemos que si hay exenciones para los establecimientos fiscales, implícitamente están considerados en el precepto las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, tal como se plantea en el veto.
De los datos entregados por los diversos señores Senadores en las Comisiones Unidas, se deduce que se trata, lisa y llanamente, escudados tras una franquicia a esas instituciones para la adquisición de alcoholes, de una devolución de impuesto a empresas particulares, lo que no estimamos aceptable.
En realidad, tenemos bastante dudas sobre la materia, y no alcanzamos a entender el alcance exacto del artículo. En consecuencia, nos abstendremos de votar.
El señor ALTAMIRANO.-
Por las razones dadas por los Honorables señores Chadwick y Valente, voto que no.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Consecuente con la actitud que tuvimos en las Comisiones -la disposición fue aprobada por 6 votos contra 3 y 1 abstención; el Honorable señor Gormaz se abstuvo, voto que no.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: 10 votos por la afirmativa, 10 por la negativa, 4 abstenciones y 2 pareos.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Se va a repetir la votación.
-Se rechaza el veto (9 votos contra 9, 4 abstenciones y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Respecto del artículo E), que modifica el artículo 235 de la ley 16.617, números 1 al 5, las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobarlos.
-Se aprueban.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En seguida, en cuanto al N° 6, las Comisiones recomiendan aprobarlo, con 4 abstenciones.
Dice el precepto: "En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto de" por "a"."
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el número 6.
El señor CHADWICK.-
Con mi abstención.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Aprobado, con la abstención del Honorable señor Chadwick.
-Sin debate, se aprueban los números 7 y 8 del mismo artículo.
El señor MONTES.-
Solicito, respecto de la letra F), votar separadamente por incisos. O sea, el número 1 con el inciso primero; en seguida, el número 2.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
Ya no hay ley sobre el particular.
El señor CARMONA.-
En efecto, no hay ley. La votación nuestra no tiene consecuencia alguna, puesto que la Cámara rechazó la observación.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Cualquiera que sea la resolución del Senado, ésta no produce efectos jurídicos, y las Comisiones, con una abstención, recomiendan rechazar el veto.
-Se rechaza la observación, con la abstención de los Honorables señores Chadwick y Altamirano.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas proponen dividir la votación en cuanto al veto aditivo signado con la letra G), que modifica el artículo 10 de la ley 12.120, y recomiendan rechazar el alza, de 29% a 31% de la tasa del impuesto a la compraventa de la gasolina para automóviles, camiones y otros vehículos; vale decir, la enmienda de la letra a) del citado artículo 10.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
Nos pronunciaremos en contra de este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo, por disponer un aumento de las tasas del impuesto a la compraventa de diversos derivados del petróleo, en la siguiente forma: de 29% a 31%, la correspondiente al precio de venta al público de la gasolina para automóviles, camiones y otros vehículos; de 12% a 15% la que grava el precio de venta del kerosene, base puerto; de 11% 13%, la correspondiente al precio de venta de los petróleos combustibles, base puerto, y de 20 % a 22 %, la que grava el precio de venta de los aceites lubricantes para uso de automóviles, camiones y otros vehículos motorizados, tomando su precio en Santiago.
Estimamos una aberración insistir, a fin de financiar iniciativas de esta naturaleza, en el aumento del impuesto a la compraventa. Estos son recargos que afectan de todos modos al consumidor. Además, repercuten en el alza de una serie de productos relacionados con este rubro que afectan bastante a la situación económica de las personas que viven de un sueldo o de un salario.
Por las razones expuestas, nos pronunciamos en contra de la observación.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Sala, puede fundar el voto el Honorable señor GARCIA.
El señor GARCIA.-
El Honorable señor Valente acaba de afirmar que el veto propone el aumento del impuesto a la compraventa de la bencina, parafina, petróleo y aceites.
El alza del tributo a los aceites incidirá muy poco en los costos, pues afecta a aceites de toda índole.
El petróleo gravado es el de tipo industrial.
Votamos en contra del alza del impuesto a la compraventa de la parafina por estimar que la emplean sólo los sectores más pobres del país. Nadie que tenga alguna situación económica utiliza kerosene.
También nos pronunciamos en contra del impuesto a la compraventa de la bencina, por la incidencia que tiene en otros, sectores económicos. El señor Ministro de Hacienda me aseguró que esa alza no causará el aumento de las tarifas de la locomoción, . ..
El señor MONTES.-
¡Dios lo oiga...!
El señor GARCIA.-
...porque dentro de los estudios que han realizado, está considerado ese impuesto.
Atendiendo al requerimiento de proporcionar al Estado las sumas necesarias para pagar los reajustes que ahora debatimos y fiados en lo afirmado por el señor Ministro de Hacienda en el sentido de que el aumento de la tasa del impuesto a la compraventa de la bencina no afectará a las tarifas de la locomoción colectiva, sino solamente a los automóviles, nos pronunciaremos favorablemente respecto del alza del tributo del petróleo, de los aceites y de la bencina. En cambio, votaremos en contra de la propuesta para el kerosene o parafina. Si consideramos que su rendimiento es muy escaso, ya que no alcanza a 8 millones ó 10 millones de escudos, lo lógico sería que el Senado lo rechazara, en vista de que sólo lo pagará gente muy modesta. Así lo señalé al señor Ministro. De allá me está diciendo que no es así.
En todo caso, he querido fundar el voto para señalar las razones que motivaron nuestro cambio de opinión.
Voto a favor de esta parte del veto.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Con la venia de la Sala, puede fundar el voto el Honorable señor Palma.
El señor PALMA.-
En las Comisiones Unidas se dijo que este artículo otorgaba 60 millones de escudos. Si se rechaza la encomienda a la letra a), esa cantidad se reduce a 13 millones de escudos.
El señor GARCIA.-
El impuesto a la bencina tiene un rendimiento de 38 millones o 40 millones de escudos.
El señor PALMA.-
Si consideramos que el alza de la tasa del impuesto a la compraventa de la bencina otorga recursos ascendentes a 40 millones de escudos, resulta claro que constituye la cifra más importante en este rubro del financiamiento.
Por eso, voto que sí.
El señor FUENTEALBA.-
Estoy pareado con el Honorable señor Miranda, pero, autorizado por el Comité Radical, voto que sí.
-Se aprueba la observación (18 votos contra 6, 1 abstención y 1 pareo).
El señor NOEMI ( Vicepresidente). -
Solicito el asentimiento de la Sala para que el señor Ministro de Minería pueda dar una explicación respecto de la modificación de la letra b) del artículo 10 de la ley 12.120.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HALES ( Ministro de Minería.-
Debo informar al Honorable señor GARCIA que en los últimos años el consumo de kerosene, en cuanto a los usuarios, ha variado. En la actualidad, la mayor parte de la parafina está destinada a proporcionar calefacción o al consumo de la industria. Se trata de un producto que, en esas tareas, ha reemplazo al petróleo diésel.
Por esa razón, en esta materia siempre hemos fijado dos precios: uno, para el consumo popular, la venta del combustible en pequeñas cantidades en las estaciones de servicio, y otro, para el consumo domiciliario, en grandes cantidades, destinado a la calefacción.
En resumen, la repercusión de este impuesto en el sector popular es muy pequeña. En cambio, es muy importante, por su magnitud, para el consumo industrial y la calefacción.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación esta parte del veto.
-(Durante la votación).
El señor GARCIA.-
El alza de la tasa del impuesto a la compraventa del kerosene sólo otorga cinco millones ochocientos mil escudos.
Si hay dos precios de la parafina, uno para las industrias y otro para el consumo popular, el Ejecutivo debió gravar el combustible destinado al uso industrial. En cambio, la observación afecta a los dos tipos de uso del combustible. Insisto: sólo las personas más modestas del país emplean pequeñas estufas y cocinas a parafina.
Si el veto hubiera distinguido entre esos dos factores, gravando sólo el kerosene de uso industrial, también habría contado con mi voto favorable.
Por eso, me pronuncio en contra del veto.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Resultado de la votación: (12 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 2 pareos).
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Debe repetirse la votación.
El señor OCHAGAVIA.-
Que se dé por repetida.
El señor CARMONA.-
No, señor Presidente.
-Se rechaza la observación (12 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 2 pareos).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas recomiendan, con un voto en contra, aprobar la enmienda de la letra d) del artículo 10 de la ley 12.120.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará. ..
El señor VALENTE.-
Con nuestros votos en contra.
El señor LUENGO.-
El mío también.
El señor CHADWICK.-
Voto en contra.
El señor ALTAMIRANO.-
Me pronuncio por la negativa.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
... con los votos contrarios de los Senadores comunistas y el de los Honorables señores Luengo, Chadwick y Altamirano.
Acordado.
-Con la misma, votación se aprueba la enmienda a la letra e).
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones Unidas recomiendan, por unanimidad, aprobar el inciso final del mismo artículo G) propuesto por el Ejecutivo, que dice:
"Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios."
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, recomiendan, por mayoría de votos, aprobar la observación que consiste en agregar el artículo H), relativo al régimen de importaciones de Arica.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
En votación.
-(Durante la votación).
El señor VALENTE.-
El artículo propuesto por el Ejecutivo plantea una innovación al sistema de impuestos que rige en el departamento de Arica.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el señor Ministro de Hacienda, se trataría de invertir 30 millones de dólares en internaciones, abriéndose la lista de mercaderías de importación permitida, con el propósito de obtener mayores recursos.
El hecho de incluir una mercadería en esa lista implica que ella ingrese por el departamento de Arica pagando sólo 25% de impuestos.
Mediante este artículo, aparte abrirse la lista de importaciones permitidas, se establece que las nuevas mercaderías incluidas en ella y que se internen por Arica pagarán 85% de los derechos que rigen en el resto del país. Además, se las libera del pago de 5% del impuesto ad valórem. Esto significaría, en la práctica, una ventaja de 20% con relación al impuesto que regiría en el resto de la nación.
En los incisos siguientes del precepto se consignan otras disposiciones, como la que señala que el producido de este tributo se depositará en la Junta de Adelanto de Arica, para los fines que establece el artículo 5º de la ley 13.039. También se dispone que las mercaderías que actualmente se internan en Arica con 25% de impuesto mantendrán el mismo régimen.
Por otra parte, se estatuye que las mercaderías liberadas, a la fecha, de los impuestos o derechos que recauden las aduanas por aplicación del artículo 2º de la ley 14.824 "continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera". Se refiere al que favorece a las materias primas para la industria. Creo que en este inciso hay un error de cita. Revisé el articulado de la ley 14.824, y comprobé que el artículo 2º tiene sólo un inciso.
En todo caso, los Senadores comunistas rechazaremos la observación, por estimar que no beneficia al departamento de Arica ni al país. Y lo hacemos cumpliendo un mandato del Comité de Defensa de Arica.
En una declaración pública, fechada el 27 de septiembre del año en curso, como consecuencia de una reunión sostenida el día anterior con el señor Ministro de Hacienda, ese Comité señala en forma perentoria:
"En la mencionada reunión se entregó al señor Ministro el memorándum elaborado por este Comité de Defensa para este efecto y se expresaron las opiniones de los miembros del Comité, reafirmando esos conceptos, y el señor Ministro de Hacienda planteó los puntos de vista del Gobierno sobre diversos problemas de Arica y, no habiéndose llegado a acuerdo al respecto, el Comité de Defensa de Arica declara:
"1) Que reitera su firme decisión de mantener vigente el Estatuto jurídico de Arica, sin aceptar modificaciones al mismo, a menos que éstas tengan por objeto perfeccionar el régimen general del departamento de Arica, a fin de mejorar el sistema de preferencias y franquicias que benefician a la zona y que le permitan equiparar, en alguna medida, su situación de aislamiento geográfico del resto del país."
El número 2 se refiere a otro asunto relacionado también con el régimen especial.
En el punto 3 se reitera la oposición del Comité de Defensa de Arica al traslado de las industrias automotrices a otras zonas del país.
En las Comisiones Unidas, el señor Ministro de Hacienda entregó una carta que le enviaron los señores José Solari, en representación del Comité de Defensa de Arica -dudo de que esto sea así, porque ese organismo no ha emitido un pronunciamiento distinto del señalado en la declaración pública a que me referí-, y Santiago Gajardo, gerente general de la Junta de Adelanto de Arica. En aquel documento, ambos personeros transcriben al señor Ministro, en forma textual, sin variar una sola coma, el texto completo de todos los artículos contenidos en el veto que benefician al departamento de Arica.
Consideramos que la inversión de esos 30 millones de dólares debería haberse efectuado para hacer resurgir las provincias del norte y del extremo sur.
El señor LUENGO ( Presidente accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor VALENTE.-
Lamento no poder insistir en este problema, que es de mucha importancia para la zona que represento.
Estimo que el beneficio otorgado en los demás incisos es, simplemente, una especie de "dorado de la pildora", para hacernos aceptar una situación de hecho: el traslado de las industrias automotrices.
Rechazaremos el artículo H) y aprobaremos las siguientes disposiciones relativas al departamento de Arica.
El señor CARMONA.-
Pido la palabra.
El señor LUENGO ( Presidente accidental).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda fundar su voto el Honorable señor Carmona.
Acordado.
El señor VALENTE.-
Así es.
El señor CARMONA.-
La nota a que hice mención tiene fecha 27 de noviembre.
El señor VALENTE.-
¿Está firmada por el Comité de Defensa?
El señor CARMONA.-
Sí, señor Senador.
Por lo demás, el señor Ministro de Hacienda estuvo en Arica el 29 de septiembre, es decir, con posterioridad a la fecha que señaló el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.-
Está equivocado, señor Senador.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, el artículo H) brinda la posibilidad de liberalizar nuestro régimen de importaciones -actualmente tiene un gran escollo: la disposición en vigor-, pues permite que los artículos cuya internación está prohibida puedan incorporarse, por resolución del Ejecutivo, a la lista de mercaderías de importación permitida, con lo cual sólo pagarán 85% de los derechos.
La norma vigente impide liberalizar esa lista, que se pueda ampliar, porque, en la práctica, si se permite una importación por 30 millones de dólares -como se explicó en las Comisiones Unidas-, todas las internaciones se harían por vía Arica. Como es natural, nadie preferiría pagar la totalidad de los derechos de aduana que rigen en el resto del país, porque, al importar por Arica, estaría afecto sólo a 25% de aquéllos.
En vista de que el propósito del Ejecutivo es allegar recursos y convertir dólares en escudos mediante las importaciones, para reunir fondos destinados a financiar este proyecto de ley, y, al mismo tiempo, no perjudicar el régimen de Arica, se ha llegado a una fórmula que, a nuestro juicio, complementa perfectamente los intereses local y nacional. En efecto, de todas maneras, las nuevas mercaderías -no las que ya figuran en la lista de mercaderías de importación permitida, que en Arica seguirán con el pago de 25% de los derechos- pagarán 85% de los derechos. Además, no estarán afectas al pago de tasa de despacho establecido en la ley 16.464 y sus modificaciones, que significa también una tasa adicional de 5%, con lo cual tendrán una rebaja de 20%.
Ahora bien, nosotros creemos que el Ejecutivo ha propuesto esta fórmula por haber llegado a acuerdos muy concretos con los sectores más representativos de Arica: la Junta de Adelanto y el Comité dé Defensa. Con fecha 27 de noviembre, después de una reunión sostenida con el señor Ministro de Hacienda, firmaron una declaración conjunta, en una nota dirigida al señor ZALDIVAR, donde manifestaban su acuerdo con todo el cambio de régimen y con los artículos consignados más adelante, relativos a Arica. Firman el documento el Alcalde de Arica, en representación del Comité de Defensa, y el gerente general de la Junta de Adelanto.
No ha habido desmentido de ningún orden, como pretende el Honorable señor Valente, en el sentido de que el Comité de Defensa no estaría de acuerdo con ello. Por el contrario, lo está plenamente.
Su Señoría habló de una declaración fechada el 27 de septiembre.
El señor CARMONA.-
Después de reuniones a las que no asistió el Honorable señor Valente, se llegó a acuerdos completos en esta materia.
En todo caso, no creo que esto tenga mucha significación, porque, como es evidente, aquí estamos velando por los intereses del país y de Arica.
Sobre tal base, considero que se han encontrado normas adecuadas que permiten ampliar la lista de mercaderías de importación permitida y cumplir con los objetivos del financiamiento que pretende el Gobierno para este proyecto.
Voto que sí.
-Se aprueba la observación (18 votos contra 6 y 1 pareo).
El señor GARCIA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Respecto del siguiente artículo nuevo consignado en el veto que modifica la ley 16.528, pido votar en forma separada los números 1) y 2), para eliminar la excepción que consigna el primero de ellos.
El señor MONTES.-
No se puede.
El señor MONTES.-
Cuando funde su voto.
El señor GARCIA.-
Si esas zonas privilegiadas pueden comprar, sin pagar impuestos, una serie de artículos, entre ellos bebidas,...
El señor VALENTE.-
No son privilegiadas, señor Senador.
El señor MORALES.-
No se trata de privilegios, sino de estímulos.
El señor GARCIA.-
Bueno, llamémoslo así.
Como decía, si pueden comprar en esas condiciones, lo lógico es que, al adquirir mercaderías chilenas, éstas no vayan recargadas con impuestos.
El señor VALENTE.-
Eso está aprobado en otro artículo, Honorable colega.
El señor GARCIA.-
Ese número reemplaza el inciso segundo del artículo 18 de la ley 16.528 por el siguiente: "Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de CHILOE, Aisén y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el Título I de la ley Nº 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes".
¿Puedo disponer de dos minutos para explicar esto?
El señor GARCIA.-
¿Por qué se exceptúan los impuestos correspondientes a las bebidas analcohólicas? El señor Ministro, a manera de explicación, dijo que de todas maneras se venderán, por ser más baratas.
¿Por qué se hacen distingos respecto de un grupo de artículos, entre los que figuran las aguas minerales, las bebidas de fantasía y las analcohólicas? ¿Por qué se los gravará con impuestos que son muy altos y que pueden marginarlos de la competencia? En Magallanes se consumen bebidas de fantasía extranjeras porque las chilenas son muy caras. Lo lógico es que se consuma el producto nacional, para lo cual deben reducirse los impuestos.
Pido dividir la votación, para ver si el Senado acuerda suprimir la frase que exceptúa del beneficio a las bebidas analcohólicas.
El señor LUENGO ( Presidente accidental).-
Solicito el asentimiento de la Sala para ceder la palabra al señor Ministro, quien desea dar una explicación sobre el particular.
Acordado.
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
La que ocupa al Senado es una norma vigente, salvo en lo relativo a las bebidas analcohólicas, y fue solicitada por la Junta de Adelanto de Arica y por las provincias del extremo sur.
Los impuestos a esas bebidas -el de compraventa y otros- son mucho más altos que los que gravan al artículo normal, y el producto de ellos beneficia a la Junta de Adelanto de Arica y a la ciudad del mismo nombre.
En la actualidad, estas rebajas de impuestos no se han traducido en disminución de precios de las bebidas, pues, inclusive, se venden más caro que en el centro del país.
Por lo tanto, Arica ha pedido que esos recursos, que normalmente deberían quedar dentro de las transacciones comerciales que se hacen en el departamento, beneficien ahora a la ciudad y a sus planes de fomento. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo aceptó exceptuar de la norma a las bebidas analcohólicas.
El señor GARCIA.-
¿Por qué beneficia a Arica el hecho de que el impuesto se pague en Santiago?
El señor ZALDIVAR ( Ministro de Hacienda).-
El impuesto no se paga en Santiago, señor Senador. Al no existir la referida excepción, la bebida llega sin impuesto a Arica, por lo que debería venderse a un precio más bajo. Pero no sucede así. Entonces, Arica dice: "¿Por qué no se me da ese precio y se grava la bebida analcohólica, cuya liberación de impuestos no me significa ningún beneficio y no permite vender mayor o menor cantidad de bebidas?".
Además, debo hacer presente que ni en CHILOE, Aisén y Magallanes, ni en Arica, existe importación de bebidas de fantasía.
El señor VALENTE.-
¡Votemos!
El señor GARCIA.-
Si no hay ambiente, retiro mi indicación.
El señor LUENGO ( Presidente accidental).-
El Honorable señor Montes ha propuesto votar en conjunto los cuatro últimos artículos nuevos, signados con las letras I, J, K y L, propuestos por el Ejecutivo.
El señor VALENTE.-
Pero aprobándolos.
El señor LUENGO ( Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas estas observaciones.
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Las Comisiones recomiendan, por unanimidad, aprobar la observación recaída en el artículo lv transitorio, consistente en sustituirlo por otro.
El señor CHADWICK.-
Hay un error.
El señor BOSSAY.-
La Cámara rechazó por unanimidad esta observación.
El señor CHADWICK.-
Se trata de un error, porque recuerdo perfectamente bien que, por unanimidad, en las Comisiones acordamos rechazar la observación e insistir.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Tiene razón el señor Senador: la Cámara rechazó e insistió. Las Comisiones, por su parte, recomiendan, por unanimidad, adoptar igual criterio.
El señor LUENGO.-
Hay acuerdo para rechazarla.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe.
Aprobado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
En cuanto a la observación recaída en el artículo 2º transitorio, las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobarla; sin embargo, el acuerdo del Senado no produce efecto jurídico.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Respecto de la observación al artículo 3º transitorio, las Comisiones recomiendan rechazarla, pero no que el Senado insista.
Cualquier resolución del Senado no produce efecto jurídico, pues la Cámara la aprobó.
El señor CHADWICK.-
¡Aprobemos el informe!
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará la observación.
Acordado.
El señor FIGUEROA ( Secretario).-
Respecto de la observación consistente en agregar un artículo transitorio nuevo, las Comisiones recomiendan, por unanimidad, aprobarla.
-Se aprueba.
El señor NOEMI ( Vicepresidente).-
Terminada la discusión del proyecto.
Oficio Aprobación Observaciones . Fecha 23 de diciembre, 1969. Oficio en Sesión 23. Legislatura Extraordinaria periodo 1969 -1970.
6.-OFICIO DEL SENADO
"N° 7490.- Santiago, 19 de diciembre de 1969.
El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones al proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones, con excepción de las siguientes, respecto de las cuales ha adoptado los acuerdos que se indican:
Artículo 1°
Ha rechazado la que consiste en sustituir su N° 3° por otro, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 9°
Ha desechado la que tiene por objeto suprimir la frase final que se agrega al inciso primero del N° 8 del artículo 1° de la ley N° 16.272, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 13
Ha aprobado la que consiste en reemplazarlo por otro, pero ha rechazado las letras b) y c) del artículo propuesto por el Ejecutivo.
Artículos nuevos
Ha rechazado las que tienen por objeto agregar los artículos, nuevos, signados con las letras D) y F).
Ha aprobado la que consiste en consultar un artículo, nuevo, signado con la letra G), con excepción de la frase de su inciso primero que dice: "en la letra b) "12%" por "15%",", que ha rechazado.
Artículos transitorios.
Artículo 1°
Ha desechado la que tiene por objeto sustituirlo por otro, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 3°
Ha rechazado la que consiste en suprimir su inciso segundo, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio N° 359, de fecha 4 de diciembre de 1969.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Tomás Pablo Elorza.- Pelagio Figueroa Toro."
AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS MODIFICA IMPUESTOS OTRAS MATERIAS
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente,
Proyecto de ley
"Artículo 1.o- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros, sujeto a las siguientes normas:
1.°- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución del monto global de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2.°- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3.°- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
4.°- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;
5.°- Los decretos con fuerza de ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda, y en todo caso entrarán a regir el 1° de Enero de 1970, y
6.°- En los decretos con fuerza de ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.
Artículo 2.o- Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del D.F.L. N.° 1 de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Artículo 3.o- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4.o- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes de la Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1.° y 2.° de la ley número 13.196.
Artículo 5.o- La Corporación de Fomento de la Producción y las instituciones de crédito podrán otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción.
Artículo 6.o- Facúltase a la instituciones semifiscales, empresas del Estado, Municipalidades y, en general, a las instituciones u organismos del sector público con personalidad jurídica o de administración autónoma, y a todas las personas jurídicas creadas por ley en las cuales el Estado tenga aportes de capital, para efectuar donaciones de cualquier monto y naturaleza en beneficio del Instituto del Tórax y Transplantes, dependiente del Hospital Naval "Almirante Neff" de Valparaíso.
Las referidas donaciones se destinarán exclusivamente a la construcción equipamiento, mantención y funcionamiento de dicho instituto.
Autorízase, asimismo, al Director del Instituto del Tórax y Trasplantes para aceptar, en representación del Fisco, herencias, legados, donaciones, y cualquier aporte gratuito que se le haga, con el objeto de que sean destinados a los fines indicados en el inciso segundo de este artículo.
Las donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de insinuación, cualquiera que sea su cuantía o naturaleza.
Artículo 7.o- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 8°.- Modíficase la ley N° 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1° y en la letra b) del artículo 5° el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1° por la siguiente letra g) del inciso tercero:
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley N° 17.105." 3.- Agregar al inciso tercero del artículo 1°, a continuación de la nueva letra g), la siguiente letra h):
"h) Alfombras y tapices nacionales.".
4.- Sustituir en el inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1° el guarismo "23%" por "25%".
5.- Reemplazar la letra ñ) del inciso quinto, que pasa a ser cuarto, del artículo 1°, por la siguiente:
"ñ) Tapices y alfombras importados."
6.- Sustituir en el artículo 5°, letra c), el guarismo "23%" por "25%"
7.- Reemplazar el inciso primero del artículo 8°, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
8.- Agregar al artículo 9° el siguiente inciso final:
"Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.". y
9.- Reemplázase el artículo 13 por el siguiente:
"Artículo 13.- Las Cooperativas de Consumo pagarán en las operaciones de venta o distribución que realicen con sus socios el 50% de los impuestos establecidos en los artículos 1° y 4°, con excepción de los incisos tercero, letra g) y cuarto del artículo 1°, respecto de los cuales pagarán el impuesto completo.".
Artículo 9°.- En el inciso primero del N° 8 del artículo 1° de la ley N.° 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplazar el guarismo "4" por "6".
Artículo 10 - Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley N° 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.
Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley sobre Impuestos a la Renta, contenida en el artículo 5° de la ley N° 15.564:
1.- Sustituir en el inciso primero del artículo 22 el guarismo "30%" por "35%".
2.- Agregar al N° 1° del artículo 37, sustituyendo la conjunción "y" por un punto (.), la siguiente frase:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 6%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 9° de la presente ley.".
3.- Reemplazar, en el artículo 39, el guarismo "20%" por "30%".
4.- Agregar al artículo 61, inciso primero, en punto seguido, lo siguiente:
"En el caso de que ciertas regalías y asesorías técnicas sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de las instituciones nombradas podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%, para lo cual dictará un Reglamento dentro de 180 días."
5.- Agregar al artículo 22 la siguiente frase a continuación del guarismo "30%", cambiando el punto (.) por una coma (,):
"con excepción de los Bancos y Compañías de Seguros para los cuales la tasa será de 40%.", y
6.- Reemplazar el inciso primero del artículo 31 por el siguiente:
"Los Bancos que no estén constituidos como Sociedades chilenas pagarán un impuesto mínimo de esta categoría con tasa del 22% que se determinará en conformidad a las normas de la misma, o una cantidad equivalente al 2,6 0/00 del total de sus depósitos, debiendo considerarse, en todo caso, la cantidad que resulte mayor.".
Artículo 12.- Establécese un recargo del 20% sobre el impuesto del artículo 1° transitorio de la ley N° 14.836, de 26 de Enero de 1962, cuyo texto fue reemplazado por el artículo 18 de la ley N° 16.520, de 22 de Julio de 1966.
Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones a las leyes que se indican a continuación:
a) Reemplázase el artículo 8° de la ley N° 16.528 por el siguiente:
"Artículo 8°.- La devolución a que se hace referencia en los artículos anteriores se hará efectiva mediante la entrega de certificados de valores divisibles que emitirá el Banco Central de Chile, a la orden del exportador, al acreditarse el retorno y liquidación del precio de la mercadería, y considerando sólo el monto efectivamente retornado.
Para los efectos del otorgamiento de los certificados a que se refiere este artículo, que deberán exprese en moneda corriente, el precio determinado en conformidad al artículo 7°, deberá convertirse al tipo de cambio más favorable aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones vigentes a la fecha de dicha liquidación.
Se faculta al Banco Central de Chile para adoptar las medidas que sean necesarias para que los beneficios que obtengan los exportadores por aplicación de la presente ley se difundan a los productores de la mercadería que se exporte.".
b) Elimínase en el inciso final del artículo 33 de la ley N° 16.528, la siguiente frase: "en conformidad a una escala de porcentajes decrecientes que partirá de un 30% de devolución para capturas inferiores a 700.000 toneladas anuales en los departamentos antedichos, que fijará el Presidente de la República previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción", y agrégase a continuación de las palabras "régimen general" un punto.
c) Reemplázase el inciso final del artículo 22 de la ley N° 16.724, por el siguiente:
"No obstante lo dispuesto en el inciso tercero, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución, si se comprueba que durante el lapso trascurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al indice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores.
Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala.
Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".
Artículo 14.- La indemnización a que se refiere el artículo 189 de la ley N° 16.617, de 31 de Enero de 1967, a contar del 1° de Enero de 1973, se pagará sin la limitación señalada en el inciso segundo.
Sin embargo, aquellos empleados que tengan sesenta y cinco o más años de edad percibirán la indemnización por años de servicios sin la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 189 de la ley N° 16.617, a contar de la vigencia de la presente ley.
Artículo 15.- A contar del 1° de Enero de 1970, el personal en retiro y los beneficiarios de montepío del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile tendrá derecho a percibir los aumentos quinquenales establecidos en la ley N° 12.428, de 1957, sin los porcentajes de reducción señalados en el artículo 2° de la misma ley y sus modificaciones posteriores.
Artículo 16.- Facúltase al Presidente de la República para modificar la destinación de los recursos provenientes por descuento de casa fiscal establecido en el artículo 124 del D.F.L. N° 1 de 1968 y artículo 59 del D.F.L. N° 2 de 1968, de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, respectivamente.
Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 235 de la ley N° 16 617, modificada por el artículo 152 de la ley N° 16.840:
1.- En el inciso primero, elimínase la frase "y el" ubicada entre las palabras "Chile" y "Banco" y reemplázase por una coma (,), e intercálase entre los términos "Chile" y "en" la frase "Corporación de Fomento de la Producción y Empresa de Comercio Agrícola" precedida de una coma (,).
2.- En el inciso segundo intercálase entre los términos "bancos" y "mencionados" la frase "o instituciones".
3.- En el inciso tercero intercálase entre los términos "bancos" y "perciban" la frase "o instituciones".
4.- En el inciso cuarto, intercálase entre la palabra "bancos" y la coma (,) que la sigue la frase "o instituciones".
5.- En el inciso quinto, intercálase entre los términos "bancarias" y "deberán" la frase "o instituciones".
6.- En el inciso octavo, elimínase la frase "que se otorguen para el fomento de las exportaciones, a los préstamos", y reemplázase la frase "respecto de" por "a".
7.- En el inciso noveno, sustituir en las letras a), b) y c) la palabra "será" por la frase "no excederá".
8.- En el último inciso, elimínase la frase "con las limitaciones señaladas en el inciso noveno de este artículo." reemplazando la coma (,) que la precede por un punto (.).
Artículo 18.- Reemplázase en el artículo 10 de la ley N° 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios, cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley N° 16.466, de 29 de Abril de 1966 y sus modificaciones posteriores, los guarismos siguientes: en la letra a) "29%" por "31%", en la letra d) "11%" por "13%" y em la letra e) "20%" por "22%".
Las tasas modificadas por el inciso anterior rigen desde la próxima fijación de precios.
Artículo 19.- Las nuevas mercaderías que se incluyan en la lista de importación permitida a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, y que se importen en el departamento de Arica, de conformidad con la ley N° 13.039 y sus modificaciones, estarán afectas al pago del 85% de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas, conforme a las disposiciones generales que rigen para el resto del país.
Además, la importación de estas nuevas mercaderías en el departamento de Arica no estará afecta al pago de la tasa de despacho, establecida en la ley N° 16.464 y sus modificaciones.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, aquellas mercaderías determinadas que a la fecha de publicación de esta ley estén liberadas de todo impuesto o derecho que se recauden por las Aduanas por aplicación del artículo 2° de la ley N° 14.824, continuarán gozando de ese régimen de liberación aduanera.
Las mercaderías que hasta la fecha de vigencia de esta ley figuran en la lista de importación permitida continuarán importándose en el departamento de Arica en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° y 3° de la ley N° 14.824, del 13 de Enero de 1962.
Artículo 20.- Introdúcense al artículo 18 de la ley N° 16.528, modificado por las leyes N°s. 16.640, 17.073 y 17.170, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
"Las compras de productos nacionales que efectúen las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aysen y Magallanes, en el resto del país, estarán exentas de los impuestos establecidos en el título 1° de la ley N° 12.120, con excepción de los correspondientes a bebidas analcohólicas, las que pagarán estos tributos en conformidad a las normas legales vigentes"."
2) Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:
"Las personas naturales con residencia en el departamento de Arica estarán exentas del impuesto único que grava la primera venta de automóviles y televisores nuevos, en conformidad a las normas que dicte el Presidente de la República, siempre que ellos sean producidos en dicho departamento y que los adquieran para su uso particular y no para su industria, comercio, empresa o negocio. No obstante deberán ingresar en arcas fiscales los tributos que dejaron de pagar al amparo de esta exención, cuando ingresen estas especies al resto del territorio nacional, salvo que se trate de personas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 35 de la ley número 13.039.
Artículo 21.- Restablécese la vigencia del inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 16.528, agregado por el artículo 19 de la ley N° 17.073, a contar desde el 1° de Septiembre de este año.
Las mercaderías adquiridas en el departamento de Arica con anterioridad a la vigencia de esta ley y respecto de las cuales haya operado la exención de impuestos establecida en el artículo 1° de la ley N° 17.170, pagarán el impuesto a las transferencias del cual fueron exentas al ser reexpedidas al resto de país.
Artículo 22.- Los impuestos establecidos en la ley N° 12.120 que afecten a las ventas, permutas u otras convenciones gravadas que versen sobre bienes producidos, elaborados o transformados en el departamento de Arica, deberán ser declarados e ingresados en arcas fiscales en dicho departamento, aun cuando los respectivos contratos se hayan perfeccionado en cualquiera otra parte del territorio nacional.
El producido de este impuesto se depositará en la cuenta especial a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 13.039, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la misma ley.
Artículo 23.- Agrégase como inciso final del artículo 2° de la ley N° 13.039, la siguiente disposición:
"Para el cumplimiento de sus funciones de desarrollo de las actividades mineras del departamento, la Junta de Adelanto de Arica podrá formar todo tipo de sociedades con la Empresa Nacional de Minería y con las sociedades en las cuales esta última tenga participación."
ARTICULOS TRANSITORIOS {Arts. 1-3}
Artículo 1°- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de E° 900,- a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.
Artículo 2°- Aplícase, durante el año 1970, un recargo del 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los bienes raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el departamento de Petorca y en la comuna de Putaendo de la provincia de Aconcagua, y en la comuna de Puchuncaví de la provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 3°- La primera diferencia que por concepto de aumento de remuneraciones y pensiones de retiro y montepío, se origine por la aplicación de la presente ley se descontará en seis cuotas mensuales iguales a contar del 1° de Enero de 1970 y con cargo a los ingresos provenientes de la primera diferencia correspondiente al aumento de remuneraciones del personal en servicio activo la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hará, por una sola vez, un aporte extraordinario al Fondo Revalorizador de Pensiones de la Defensa Nacional, equivalente a la suma necesaria para pagar, al personal comprendido en el D.F.L. N° 4, de 1968, los reajustes correspondientes a los años 1967 y 1968; y con cargo a los mismos fondos aportará la suma de E° 30.000.000, para el pago de pensiones y montepíos vigentes durante 1970. La Caja de Previsión de Carabineros de Chile aportará la primera diferencia correspondiente al aumento de las remuneraciones del personal en servicio activo para pagar pensiones de retiro y montepío vigentes durante 1970.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.
Santiago, veintidós de Diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.- EDUARDO FREI MONTALVA.- Sergio Ossa Pretot.- Patricio Rojas Saavedra.- Andrés Zaldívar Larraín.- Gustavo Lagos Matus.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Carlo Gardeweg Costa, Subsecretario de Guerra.