MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (BOLETÍN N° 531-06).

Honorable Cámara de Diputados:

Es propósito de mi Gobierno democratizar el sistema municipal y, a la vez, lograr una mayor eficiencia en la administración comunal. Con este fin, sometí a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de reforma de la Constitución Política que, habiendo sido ratificado por el Congreso Pleno y recientemente promulgado como ley de la República, permitirá a esa representación de la ciudadanía abocarse al estudio de las modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que se contemplan en el presente proyecto de ley.

La trascendencia de las modificaciones que se proponen a la mencionada ley orgánica constitucional hace necesario un análisis de las que revisten mayor relevancia.

En relación con el Título I de esta ley, se proponen algunas modificaciones, principalmente en materia de organización de la municipalidad.

En primer término, se incorpora a la definición de las municipalidades, contenida en el artículo 1°, la calidad de corporaciones autónomas de derecho público, de conformidad a lo preceptuado por el nuevo texto constitucional sobre la materia.

En segundo término, se plantea el reemplazo del artículo 2°, señalándose que los órganos superiores de las municipalidades son el alcalde, que es su máxima autoridad, y el concejo, estableciéndose además el consejo económico y social comunal, como órgano de carácter consultivo, en lugar de la integración actual de las municipalidades que contempla el alcalde y al consejo de desarrollo comunal. Este cambio obedece a la idea ya expresada de una mayor democratización y participación en el sistema municipal, lo que guarda concordancia con las normas que se proponen respecto a los mencionados organismos colegiados y cuya explicación se contiene más adelante.

En materia de funciones, se mantienen las contempladas actualmente, tanto privativas como de ejecución compartida o coordinada con otros órganos de la Administración del Estado.

Se agregan nuevas atribuciones a las señaladas en el artículo 5°, como son las de constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura, de conformidad con las normas que la propia ley señala, y la de establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el propósito de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana; asimismo, se contempla la facultad de las municipalidades para asociarse entre ellas a fin de facilitar el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las reglas que la misma ley señala.

El artículo 6° actual ha dado origen a problemas de interpretación y dificultades en su aplicación. El nuevo texto reafirma la competencia municipal y, al mismo tiempo, establece un mecanismo que facilita no sólo la celebración de convenios con otros órganos de la Administración del Estado, sino también la participación en corporaciones de derecho público, en las condiciones que determine la ley.

Asimismo, se faculta a las municipalidades para celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, para la ejecución de determinadas acciones, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, siempre que ello no implique el traspaso de sus funciones o potestades. En forma especial se contemplan reglas sobre concesiones que exigen la licitación pública sólo respecto de contratos de cierto monto.

A continuación, se establece un nuevo párrafo 3°, denominado "Del financiamiento y patrimonio municipal", conformado por los artículos 10 bis y 11, el que tiene por objeto desarrollar a nivel legal el nuevo marco constitucional aprobado sobre la materia, que se traduce, en el primero de los artículos señalados, en la instauración con rango orgánico constitucional del fondo común municipal y la consiguiente fórmula de su conformación, estableciéndose que las normas de distribución de este fondo serán materia de la ley de rentas municipales. El artículo 11, por su parte, establece los ingresos, bienes y derechos que conforman el patrimonio municipal.

El nuevo artículo 24 bis propuesto establece la figura del administrador municipal en las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes, siendo facultativa su existencia en aquellas de población inferior, según la determinación que efectúe el concejo a propuesta del alcalde. El administrador municipal será de designación alcaldicia con acuerdo del concejo, dependiendo directamente del alcalde; su titular requerirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres a lo menos. Sólo podrá se removido por el alcalde con acuerdo del concejo, o directamente por éste por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Al administrador municipal le corresponderá, principalmente, velar por el cumplimiento de las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo; coordinar y fiscalizar las distintas unidades municipales; velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y desempeñar las demás atribuciones que le delegue el alcalde.

Cabe consignar que el resto de las modificaciones a este título sólo consisten en adecuaciones del texto actual a las reformas substanciales que ya se han señalado.

En relación con el Título II, se concibe que el alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos, de acuerdo al procedimiento que la propia ley señala. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido.

En cuanto a los requisitos para ser elegido alcalde, se establece que son los mismos que para concejal: tener la calidad de ciudadano con derecho a sufragio; tener dieciocho años de edad; residir en la región correspondiente a lo menos en los dos años anteriores a la fecha de la elección, con lo cual se asegura que el avecindamiento local sea efectivo y no meramente ocasional; tener su situación militar al día, y no estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece la ley. Asimismo y acorde con la tendencia prevaleciente en el derecho electoral universal, se establece como requisito la idoneidad educacional el saber leer y escribir, haciendo coincidir, así, las condiciones para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

En materia de incompatibilidades para el desempeño de la función alcaldicia, se plantea la supresión de la contemplada en la ley actual con respecto a los cargos directivos en partidos políticos u organizaciones de naturaleza gremial o sindical. Ello es congruente con el afán democratizador de la institucionalidad municipal, que supone la restitución a todos los ciudadanos de la plenitud de sus derechos cívicos, la rehabilitación de los roles que incumbe desempeñar a las organizaciones políticas y sociales y la participación más amplia en la generación de las autoridades a todo nivel.

Se innova, por otra parte, en cuanto a la declaración de la eventual inhabilidad sobreviniente o incompatibilidad en que incurra el alcalde, encomendándola al órgano colegiado electo por la ciudadanía de la comuna, es decir, al concejo, exigiendo que el acuerdo respectivo se adopte por los dos tercios de los concejales en ejercicio. Se evita así que esta facultad pueda prestarse a un manejo indebido por simple afán de censura política. Análoga razón explica la exigencia de idéntico quórum para que el concejo pueda acordar la remoción del alcalde por impedimento grave o notable abandono de sus deberes. También el concejo conocerá de la renuncia que, por motivos justificados, presente el alcalde, pudiendo aceptarla por los dos tercios de los concejales en ejercicio. En todo caso, se establece que la cesación en el cargo del alcalde trae aparejada necesariamente la del de concejal.

Se dispone que el acalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, se faculta al alcalde para alterar el orden de subrogación, previa consulta al concejo. Por otra parte, cuando la ausencia o impedimento que afecte al alcalde exceda de un mes, la designación de su suplente corresponderá al concejo, por estimarse que así se cautela mejor la real representatividad de un reemplazante cuyo desempeño se prolonga en el tiempo. También, y por el mismo motivo, se confiere al propio concejo la atribución de elegir, de entre sus miembros, al concejal que concluirá el período, en caso de cesar en el cargo el alcalde titular.

En materia de atribuciones alcaldicias, se intercala una letra g) en el artículo 53, por la que se faculta al alcalde a otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, y en la nueva letra m) del mismo artículo, se lo faculta a convocar y presidir el concejo.

En el artículo 54 se establece la obligación del alcalde de consultar al concejo para efectuar la designación de delegados y para alterar el orden de subrogación de su propio cargo.

En los siguientes artículos del Título II, se hacen modificaciones de mera concordancia resultantes de las substanciales ya señaladas.

A continuación, el proyecto de ley sustituye el actual Título III, de la preceptiva vigente, regulando en su reemplazo la existencia del concejo. Este se define como un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador de la actividad municipal, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local.

La índole normativa y resolutiva está definida por las facultades que se le confieren, entre otras, en orden a aprobar -a proposición del alcalde- los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto municipal, y sus modificaciones, así como el proyecto del plan regulador comunal y sus modificaciones. Igualmente, le compete aprobar los derechos por servicios municipales y por los permisos y concesiones; aplicar, dentro del marco que permita la ley, determinados tributos de carácter local; autorizar las transacciones judiciales y extrajudiciales, y el otorgamiento de concesiones, como asimismo de subvenciones y aportes para financiar actividades comprendidas entre las funciones municipales. Destaca, entre sus atribuciones, la de elegir al alcalde cuando la mayoría ciudadana haya sido insuficiente para generarlo directamente, según se dispone en el artículo 111, y la de pronunciarse respecto de las causales de cesación en los cargos de alcalde, concejal y miembro del consejo económico y social comunal.

Su carácter fiscalizador le permite, a su turno, ejercer control sobre la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los planes municipales y las actuaciones del alcalde, debiendo velar por la legalidad y eficiencia de la gestión municipal.

El concejo estará integrado por concejales elegidos por votación directa, mediante un sistema de representación proporcional. Durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. El número de concejales será variable, dependiendo del número de electores con que cuente la comuna o agrupación de comunas respectiva. Así, el concejo estará compuesto por seis concejales en aquellas comunas de hasta setenta mil electores; ocho en las de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil, y diez en las de más de ciento cincuenta mil electores.

En el proyecto se regulan las inhabilidades e incompatibilidades, causales de cesación y reemplazo de los concejales y se establecen normas de funcionamiento del concejo y subrogación en su presidencia.

En relación con el Consejo Económico y Social Comunal, se propone readecuar el actual Consejo de Desarrollo Comunal, con una generación, composición y funciones diversas a aquel, pero manteniendo, en todo caso, su carácter de órgano asesor, de participación de la comunidad y de integración corporativa.

Se le concibe como un órgano de concertación, por cuanto se pretende que a su interior se debatan diversos temas de interés local, permitiendo con ello lograr amplios consensos entre los distintos sectores vecinales, funcionales, empresariales y laborales, representativos de la comunidad local, en torno a materias determinadas que hagan posible el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Es igualmente un órgano de consulta, por cuanto el alcalde debe pedir su opinión sobre determinadas materias de contenido general que servirán de fundamento a los proyectos específicos que luego someterá a la aprobación del concejo.

Asimismo, es un órgano asesor de la municipalidad y, en especial, del alcalde, por cuando las materias sobre las cuales podrá emitir su opinión, a petición del alcalde o de propia iniciativa, son trascendentales para la gestión del gobierno comunal.

Finalmente, se le considera como un órgano de participación, puesto que por su intermedio la comunidad organizada tiene injerencia en el gobierno local, al proponer criterios y lineamientos para la planificación en el ámbito comunal y al elevar los acuerdos que adopte, a la consideración del alcalde.

Las ideas centrales contenidas en esta parte del proyecto de reforma son fundamentalmente cuatro:

1)Participación a través de organizaciones;

2)Recuperación del rol protagónico de las juntas de vecinos;

3)Incorporación del sector laboral, y

4)Generación democrática de la representación.

En cuanto al primer aspecto, cabe señalar que el proyecto pretende que, para participar en la gestión municipal, los diversos sectores de la sociedad se organicen a nivel comunal en entidades que sean realmente representativas de los intereses comunes de sus asociados.

En lo que se refiere a las juntas de vecinos, el gobierno que presido pretende recobrar para ellas el papel preponderante que tales entidades deben jugar en el ámbito municipal, en cuanto se las considera la forma natural que tienen los vecinos para organizarse frente a la autoridad local. Por ello, el proyecto de reforma aumenta la representatividad de tales células comunales básicas, que actualmente alcanza, en el mejor de los casos, a la cuarta parte del consejo de desarrollo comunal, elevándola a la mitad de la composición de este consejo económico y social comunal, en tanto, la otra mitad del consejo estará integrada en igual proporción por representantes de organizaciones comunitarias funcionales, de organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios y de organizaciones laborales.

La tercera finalidad que se persigue con la reforma de la ley de municipalidades en este aspecto es la de incorporar a las organizaciones de trabajadores en los mecanismos de participación comunal.

El cuarto objetivo que se pretende lograr en esta parte de la reforma, que se somete a la aprobación de esa H. Cámara, es la democratización de los mecanismos de generación de los miembros de este consejo, para cuyos efectos se configura un procedimiento de elección directa de los consejeros por los delegados de las organizaciones legalmente habilitadas para participar en el proceso.

En materia de elección de los concejales, cuyas normas están contenidas en el nuevo Título V, el Gobierno considera conveniente que ella se rija por las normas de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, salvo en los aspectos específicos que se enuncian en el título pertinente del proyecto de ley.

Respecto de la elección de alcalde, se considera que éste debe ser un genuino representante de los vecinos de la comuna y contar con un sólido respaldo ciudadano. Por ello se establece que será elegido como tal quien obtenga a lo menos el treinta y cinco por ciento de los sufragios válidamente emitidos y siempre que pertenezca a la lista que, a su vez, haya obtenido la mayor cantidad de preferencias. En caso de no obtener tal mayoría ninguno de los candidatos, se prevé la elección del alcalde por la mayoría absoluta de los concejales y de entre ellos.

En cuanto a la elección de concejales, se considera conveniente establecer un sistema de representación proporcional que permita la presencia en el concejo de las diversas corrientes de opinión, partidos políticos e independientes significativos de la comuna. Dicha instancia debe ser integradora de las mayorías y minorías existentes en el ámbito local. Sólo de esta manera podrá realizarse en forma adecuada su función normativa, resolutiva y fiscalizadora. De entre la diversidad de métodos de escrutinios proporcionales, se opta por el sistema D'Hont, utilizado en Chile hasta 1973.

Del mismo modo, se propone introducir algunas enmiendas en el título que regula los plebiscitos comunales y que dicen relación con las materias susceptibles de ser plebiscitadas, los órganos competentes para solicitarlos y sus efectos.

En cuanto a las materias, se determina con precisión aquellas que podrán ser sometidas a referéndum, a diferencia de lo que acontece con la normativa vigente, señalándose que la consulta podrá recaer sobre inversiones de desarrollo comunal que absorban más del cinco por ciento del presupuesto de inversión del municipio en el año respectivo, sobre políticas de concesiones municipales y modificaciones del plan regulador comunal.

Respecto de quienes pueden solicitar la realización de un plebiscito, se establece que el alcalde, de propia iniciativa y con el acuerdo del concejo, podrá convocarlo, debiendo también hacerlo cuando se lo requiera una determinada proporción de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la respectiva comuna. En lo que se refiere a sus efectos, se deja expresamente establecido que su resultado será siempre vinculante para la autoridad comunal.

Por otra parte, se incluyen en la ley -dentro del Título VII que se añade- las disposiciones necesarias para regular las asociaciones que las municipalidades constituyan entre sí y su participación en corporaciones o fundaciones de derecho privado, confiriendo de este modo trasunto legal a la preceptiva de la reciente reforma constitucional sobre estos tópicos.

Finalmente, el proyecto contiene una serie de disposiciones transitorias, entre las cuales destaca aquella que señala que el Presidente de la República convocará a elecciones de concejales dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, suspendiéndose la inscripción en los registros electorales a contar del trigésimo día siguiente a la publicación de dicha convocatoria. Asimismo, se establece un conjunto de disposiciones transitorias que, complementaria o excepcionalmente a las permanentes del articulado, regularán la primera elección de concejales a efectuarse durante 1992.

Por último, cabe destacar que el presente proyecto de ley sólo contiene las reformas que considero más substanciales y urgentes a la actual normativa municipal, sin perjuicio de la posibilidad de someter a ese H. Congreso Nacional, en una próxima oportunidad, otras modificaciones complementarias de las contenidas en la presente iniciativa.

En consecuencia, tengo el alto honor de someter a consideración de esa Honorable Cámara, para se tratado en el curso de la presente Legislatura Extraordinaria, con trámite de urgencia simple, el siguiente proyecto de:

LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

Artículo 1°.-

Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.".

Artículo 2°.-

Sustitúyese el artículo 2° por el siguiente:

"Artículo 2°.- Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo. Cada municipalidad contará, además, con un consejo económico y social comunal de carácter consultivo.".

Artículo 3°.-

Modifícase el artículo 5° en los siguientes términos:

a)Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá asignar y cambiar la denominación de tales bienes como, asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales en el territorio bajo su administración.".

b)Reemplázanse en la letra g) la coma (,) y la conjunción "y" finales, por un punto y coma (;); y en la letra h), el punto final (.) por un punto y coma (;).

c)Agrégase la siguiente letra i):

"i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el párrafo primero del Título VII, y".

d)Agrégase la siguiente letra j):

"j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.".

e)Agrégase el siguiente inciso final:

"Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las reglas establecidas en el párrafo segundo del Título VII.".

Artículo 4°.-

Sustitúyese el artículo 6° por el siguiente:

"Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado o participar en corporaciones de derecho público en las condiciones que señale la ley respectiva.

Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, que impliquen la ejecución de acciones determinadas, siempre que ello no importe el traspaso de sus funciones o potestades.

Podrán, con la misma limitación antedicha, otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

La celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones a que aluden los incisos precedentes, se hará previa licitación pública en el caso que el monto de las obligaciones o el valor de los bienes involucrados excedan de trescientas unidades tributarias mensuales.

Si el monto de las obligaciones o el valor de los bienes fuere superior a cien y hasta trescientas unidades tributarias mensuales, se llamará a propuesta privada a la que deberán concurrir personas interesadas debidamente inscritas en los registros de contratistas que para estos efectos llevará la municipalidad. Igual procedimiento se aplicará cuando no obstante tratarse de obligaciones o bienes cuyo valor exceda de trescientas unidades tributarias mensuales, concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo.

Si el monto de las obligaciones o el valor de los bienes no excediere de cien unidades tributarias mensuales, se podrá proceder mediante contratación directa.".

Artículo 5°.-

Agrégase el siguiente párrafo 3a, nuevo, al Título I, pasando el actual 3° a ser 4°:

"Párrafo 3° Financiamiento y patrimonio municipal

Artículo 10 bis.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.

Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes recursos:

1.- Un sesenta por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15, de la Ley N° 17.235;

2.- El aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presupuestos de la Nación;

3.- Un cincuenta por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece el Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 12;

4.- Un cuarenta y cinco por ciento de lo que recaude la Municipalidad de Santiago por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, y 140 de la Ley N° 17.105, y

5.- Un sesenta y cinco por ciento de lo que recauden las Municipalidades de Providencia y Las Condes por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, y 140 de la Ley N° 17.105.

La distribución de este fondo se sujetará a las normas de la Ley de Rentas Municipales.

Artículo 11.- El patrimonio de las municipalidades estará constituido por:

a)Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;

b)El aporte que les otorgue el presupuesto del Gobierno Regional respectivo;

c)Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;

d)Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen;

e)Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su dependencia;

f)Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal;

g)Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y

h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.".

Artículo 6°.-

Modifícase el artículo 12 en los siguientes términos:

a)Sustitúyese en el inciso primero la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo", y

b)Agrégase el siguiente inciso final:

"Sin perjuicio de los dispuesto en el inciso anterior, podrá existir en las municipalidades un administrador municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 bis.".

Artículo 7°.-

Reemplázase la letra a) del artículo 16, por la siguiente:

"a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo, y".

Artículo 8°.-

Sustituyese, en el inciso primero y en las letras a) y c) del inciso segundo del artículo 17, la frase "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 9°.-

Sustitúyese, en la letra a) del artículo 18, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 10.- Agregáse el siguiente artículo 24 bis:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes. En las comunas con población inferior, la organización interna de los municipios podrá también incluir un administrador municipal, según lo requiera la municipalidad, de acuerdo a la determinación que efectúe el concejo a proposición del alcalde.

El administrador municipal será designado por el alcalde, con el acuerdo del concejo, dependerá directamente de aquel y requerirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres a lo menos. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo, el administrador municipal sólo podrá ser removido por el alcalde, con al acuerdo del concejo, o directamente por el concejo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a)Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo;

b)Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todos los organismos municipales, de acuerdo a las instrucciones del alcalde;

c)Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d)Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad a esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo al reglamento interno de la municipalidad.

Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal.".

Artículo 11.-

Reemplázase en los artículos 28, 42 y 46, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 12.-

Agrégase al artículo 44 el siguiente inciso final:

"No obstante los dispuesto en el inciso primero, estará sujeto a toma de razón el decreto alcaldicio que ponga en vigor el presupuesto municipal.".

Artículo 13.-

Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

"Artículo 48.- El alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido.".

Artículo 14.-

Reemplázase el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.- El alcalde asumirá sus funciones al instalarse el concejo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68.".

Artículo 15.-

Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente:

"Artículo 50.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113, de la Constitución Política, el cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, media o superior, que no sean municipales de la misma comuna o agrupación de comunas, hasta un límite de doce horas semanales.

Asimismo, no podrán ejercer el cargo de alcalde las personas que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen, o hayan celebrado o caucionado en los doce meses anteriores a su elección, contratos con la municipalidad o tengan litigios pendientes con ésta en calidad de demandantes.".

Artículo 16.-

Introdúcense en el artículo 51 las siguientes modificaciones:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

"b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, declarada por acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo;".

b)Suprímese la letra c).

c)Reemplázase la letra d) por la siguiente, que pasa a ser c):

"c) Remoción por impedimento grave o notable abandono de sus deberes, acordada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo, y". d) Suprímese la letra e).

e)Reemplázase la letra f), que pasa a ser d), por la siguiente:

"d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo.".

f)Agrégase el siguiente inciso final:

"En todo caso, la cesación en el cargo de alcalde traerá aparejada la del de concejal, debiendo procederse a la provisión del cargo vacante, según lo establecido en el artículo 65, previamente a la elección del nuevo alcalde.".

Artículo 17.-

Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente:

"Artículo 52.- El alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el concejo, la que deberá ser ejercida en todo caso por un concejal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70.

Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a un mes, el concejo designará de entre sus miembros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales presentes en la sesión respectiva.

En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo alcalde que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los concejales, de acuerdo a las normas del artículo 111, luego de haberse llenado la vacante de concejal de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 65, de esta ley.

La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará al efecto al concejo con cinco días de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido el alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.".

Artículo 18.-

Modifícase el artículo 53, en la forma que a continuación se indica:

a)Intercálase la siguiente letra g):

"g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales;".

b)Sustitúyese la letra m) por la siguiente:

"m) Convocar y presidir el concejo, y".

c)Elimínase la letra n), pasando la actual letra ñ) a ser letra n), sustituyéndose el guarismo "82" por "113".

Artículo 19.-

Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- El alcalde deberá consultar al concejo para efectuar la designación de delegados a que se refiere el artículo 57 y para designar como alcalde subrogante a un funcionario distinto al que correspondiere de acuerdo con el orden jerárquico dentro de la municipalidad.".

Artículo 20.-

Modifícase el artículo 55 de la siguiente forma:

a)Sustituyese en su inciso primero la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

b)En la letra a), reemplazase el punto y coma 0) con que finaliza, por una coma (,) y agrégase a continuación lo siguiente: "así como los programas de inversión correspondientes;".

c)En la letra d), reemplázase la expresión "Establecer" por "Aplicar".

d)Sustitúyese la letra j) por la siguiente:

"j) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo 25;".

e)Sustituyese la letra k) por la siguiente:

"k) Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6a de esta ley, y".

f)Sustitúyese la letra 1) por la siguiente:

"1) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal en conformidad con lo dispuesto en el Título VI.".

g) En el inciso final, sustitúyese por una coma (,) el punto (.) con que termina y agrégase a continuación lo siguiente: "previa, en este último caso, la total tramitación del decreto alcaldicio que lo ponga en vigor.".

h) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Al aprobar el presupuesto, el concejo deberá velar por que en él se indiquen las fuentes de recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar la distribución de la inversión proyectada por él. Salvo los que están establecidos por ley permanente.

Artículo 21.-

En el artículo 56, sustitúyese la expresión "consejo de desarrollo comunal" por la frase "concejo y al consejo económico y social comunal".

Artículo 22.-

Sustitúyese la oración final del inciso primero del artículo 57, por la siguiente: "Tal designación podrá recaer en un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 60 y no estén en la situación prevista por el inciso segundo del artículo 50.".

Artículo 23.-

Sustituyese el Título III por el siguiente:

TITULO III DEL CONCEJO

Artículo 58.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la presente ley.

Artículo 59.- Los concejos estarán integrados por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional, en conformidad con esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Cada concejo estará compuesto por:

a)Seis concejales en las comunas y agrupaciones de comunas de hasta setenta mil electores;

b)Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y

c)'Diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de ciento cincuenta mil electores.

El número de concejales a elegir en cada comuna o agrupación de comunas, en función de sus electores, será determinado mediante resolución del Director del Servicio Electoral. Para estos efectos, se considerará el padrón electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva. La resolución del Director del Servicio deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes al término del referido plazo de siete meses, contado hacia atrás desde la fecha de la elección.

Artículo 60.- Para ser elegido concejal se requiere:

a)Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b)Tener 18 años de edad a la fecha de la elección;

c)Saber leer y escribir;

d)Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos en los últimos dos años anteriores a la elección;

e)Tener su situación militar al día, y

f)No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.

Artículo 61.- No podrán ser candidatos a concejales:

a)Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los parlamentarios, los miembros del Consejo del Banco Central y el Contralor General de la República;

b)Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y

c)Las personas que, por sí o como representantes de otra persona, natural o jurídica, tengan pendientes con la municipalidad respectiva contratos, cauciones o litigios en calidad de demandantes, a la fecha de inscribir su candidatura.

Artículo 62.- Los cargos de concejales serán incompatibles entre sí y con los de miembros de los consejos regionales y de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad, con excepción de los empleos docentes hasta un límite de doce horas semanales.

Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:

a)Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la letra c) del artículo 61, y

b)Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra la respectiva municipalidad.

Artículo 63.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a)Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio;

b)Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c)Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales previstas en las letras a) y b) del artículo anterior;

d)Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido concejal, y

e)Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior.

Artículo 64.- Corresponderá al concejo la calificación de la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior, excluida la de la letra a). La resolución del concejo deberá adoptarse con el voto favorable de los dos tercios de los concejales en ejercicio, en sesión extraordinaria. Para estos efectos, el secretario municipal citará a sesión extraordinaria a lo menos con cinco días de anticipación, por disposición del alcalde o a petición escrita de un tercio de los concejales en ejercicio.

Artículo 65.- Si falleciere o cesare algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo.

En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante.

Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que hubieren postulado integrando listas. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en los incisos precedentes.

El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser reelegido.

Artículo 66.- Al concejo le corresponderá:

a)Elegir al alcalde, cuando proceda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111;

b)Otorgar su acuerdo al alcalde en las materias que enumera el artículo 55 de esta ley;

c)Fiscalizar el cumplimiento de los planes municipales y la ejecución del presupuesto municipal;

d)Fiscalizar las actuaciones del alcalde, velando por la legalidad y eficiencia de la gestión municipal;

e)Pronunciarse respecto de las causales de cesación en los cargos de alcalde, concejal y miembro del consejo económico y social comunal, y

f)Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones.

El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control la obligación de representar a aquel los desequilibrios que advierta en el presupuesto municipal. En todo caso, el gobierno regional respectivo podrá intervenir en la reformulación de los presupuestos municipales, aumentando ingresos o disminuyendo gastos, con el propósito de corregir los desequilibrios producidos.

Para el adecuado ejercicio de sus facultades, el concejo podrá requerir directamente a los organismos o funcionarios municipales la información y antecedentes necesarios y solicitar al alcalde o a la Contraloría General de la República, en su caso, la instrucción de las investigaciones y sumarios administrativos a que hubiere lugar.

Artículo 67.- El pronunciamiento del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo anterior se emitirá dentro del plazo de veinte días contados desde la fecha en que aquel sea requerido por el alcalde. Si dicho pronunciamiento no se produjere dentro del término legal, regirá lo propuesto por el alcalde.

Artículo 68.- El concejo se instalará noventa días después de la fecha de la elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el Tribunal Electoral Regional competente.

La primera sesión será presidida por el alcalde electo o, en su defecto, por el concejal que haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria, sorteándose en caso de empate. Actuará como ministro de fe el secretario municipal respectivo.

El secretario municipal procederá a dar lectura al fallo del Tribunal Electoral Regional que dé cuenta del resultado definitivo de la elección en la comuna y tomará a los concejales el juramento o promesa de observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo.

El concejo, en la sesión constitutiva, se abocará a elegir al alcalde, cuando proceda, en la forma establecida en el artículo 111, y a fijar los días y horas de las sesiones ordinarias.

Si la sesión de instalación no se efectuare en la fecha indicada o no se hubieren verificado los actos señalados en el inciso anterior, el concejo deberá continuar sesionando diariamente hasta cumplir con dichos objetivos.

Una copia del acta de la sesión de instalación se remitirá al intendente o gobernador respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la sesión.

Artículo 69.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias deberán efectuarse a lo menos una vez por semana, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del concejo.

Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas por el alcalde o por no menos de un tercio de los concejales en ejercicio y en ellas sólo se tratarán aquella materias indicadas en la convocatoria.

Las sesiones del concejo serán públicas, salvo las que tenga por objeto tratar materias relacionadas con el personal o que afecten a los concejales. Asimismo, la unanimidad de los concejales podrá acordar que determinadas sesiones sean secretas.

Artículo 70.- En ausencia del alcalde, presidirá la sesión el concejal presente que haya obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria en la elección respectiva, según lo establecido por el Tribunal Electoral Regional.

De no cumplirse lo previsto en el inciso anterior, se pasará, en idénticos términos, a la lista siguiente y así, sucesivamente, hasta determinar el concejal que deba presidir la sesión respectiva.

El secretario municipal, o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de secretario del concejo.

Artículo 71.- El quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva.

Corresponderá al alcalde, o a quien esté ejerciendo la presidencia del concejo, el voto dirimente para resolver los empates.

Artículo 72.- Los concejales tendrán derecho a percibir, por cada sesión a la que asistan, una dieta equivalente a una unidad tributaria mensual, la que no será imponible. En ningún caso esta asignación podrá exceder de cuatro unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario.

Artículo 73.- A los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal.

Artículo 74.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias para su funcionamiento.".

Artículo 24.-

Introdúcese el siguiente Título IV, nuevo:

"TITULO IV DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COMUNAL

Artículo 75.- En cada municipalidad habrá un consejo económico y social comunal compuesto por representantes de la comunidad local organizada. Este consejo será un órgano de concertación, consulta y asesoría de la municipalidad, que tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de otras representativas de actividades relevantes, en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Artículo 76.- Los consejos económicos y sociales comunales estarán integrados por consejeros elegidos en conformidad con el sistema establecido en esta ley, los que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El consejo económico y social comunal estará compuesto por el siguiente número de consejeros:

a)Doce miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta treinta mil habitantes.

b)Dieciocho miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de treinta mil y hasta cien mil habitantes.

c)Veinticuatro miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de cien mil habitantes.

Artículo 77- Del número total de integrantes de cada consejo, la mitad será elegida por las juntas de vecinos legalmente constituidas y la otra mitad será distribuida por partes iguales entre las organizaciones comunitarias funcionales, las organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios y las organizaciones laborales de la comuna.

Artículo 78.- Para los fines señalados en el artículo anterior, se considerarán organizaciones comunitarias funcionales aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad sea representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva. Las asociaciones de profesionales se considerarán entre este tipo de organizaciones.

Tendrán el carácter de organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas dedicadas al ejercicio de actividades empresariales dentro de la comuna o agrupación de comunas, sean ellas mineras, agrícolas u otras por las que se pague patente municipal.

Tendrán la calidad de organizaciones laborales las de carácter sindical legalmente constituidas y las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas naturales que no sean empleadoras y que ejecuten por cuenta propia actividades primarias extractivas exentas del pago de patente municipal.

Artículo 79.- En cada municipalidad deberá abrirse un registro de las organizaciones existentes en la comuna o agrupación de comunas respectiva que, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 y cumpliendo con los requisitos que se señalan en el artículo siguiente, tengan derecho a participar en la elección de los miembros del consejo económico y social comunal.

Artículo 80.- El registro permanecerá abierto entre el nonagésimo y el trigésimo día anterior a aquel en que corresponda renovar por elección popular al concejo de la municipalidad respectiva. Estará a cargo del secretario municipal, el que para tales efectos tendrá la calidad de ministro de fe.

Sólo podrán solicitar su inscripción en el registro las organizaciones que acrediten:

a)Personalidad jurídica vigente;

b)Domicilio en la comuna o agrupación de comunas con una antigüedad no inferior a dos años a la fecha de solicitarse la inscripción, y

c)Contar en la comuna o agrupación de comunas con un número de miembros activos no inferior a quince, debidamente individualizados, los que, a su vez, deberán tener una antigüedad de afiliación no inferior a seis meses.

Artículo 81.- El secretario municipal denegará la inscripción de las organizaciones que no reúnan los requisitos señalados en el artículo precedente y, dentro del tercer día de vencido el plazo a que se refiere su inciso primero, publicará en un diario o periódico dé los de mayor circulación en la región, la nómina de las organizaciones inscritas y de aquellas cuya solicitud se hubiere denegado.

Artículo 82.- Cualquiera persona podrá reclamar de la inclusión o exclusión indebida de una organización en la nómina a que se refiere el artículo anterior. La reclamación deberá presentarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la nómina, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, el que resolverá, sin ulterior recurso, en el término de quince días, rechazando el reclamo u ordenando la inclusión de la entidad en la referida nómina, según corresponda.

Artículo 83.- Vencido el término a que se refiere el artículo anterior sin que se hubieren presentado reclamaciones o una vez que le sea comunicada la resolución del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el secretario municipal citará a las organizaciones inscritas para que, en el día, hora y lugar que en la propia citación se señale, se constituyan en asamblea a fin de elegir a los miembros del consejo económico y social que a cada estamento corresponda.

Se realizarán asambleas separadas por cada estamento de los señalados en el artículo 77. Cada organización se hará representar en ellas por un delegado que se elegirá por votación directa de sus afiliados activos.

Los delegados concurrentes a la respectiva asamblea estamental elegirán, por simple mayoría, un presidente de la misma, encargado de ordenar y dirigir la votación para nominar a los representantes al consejo. Será auxiliado en su desempeño por el secretario municipal.

Los representantes serán elegidos por votación directa y nominal de los delegados, cada uno de los cuales sólo podrá votar por un candidato. Resultarán electos quienes obtengan las primeras mayorías individuales, hasta concurrencia del número de consejeros que le corresponda elegir al respectivo estamento. Un número idéntico, constituido por quienes obtengan las mayorías subsiguientes, será elegido en calidad de suplentes.

En caso de empate de votos, la asignación de el o los cargos respectivos se dirimirá por sorteo.

Del procedimiento de votación podrá reclamar, ante el competente Tribunal Electoral Regional, quien considere infringidas las normas que lo regulan. La reclamación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la celebración de la asamblea y el tribunal se pronunciará sobre ella dentro del quinto día, sin ulterior recurso.

Artículo 84.- en el evento de que, transcurrido el plazo de sesenta días a que alude el inciso primero del artículo 80, no se hubieren inscrito en el registro respectivo más de dos organizaciones que reúnan los requisitos habilitantes o, en su caso, quedaren ejecutoriadas las resoluciones denegatorias de la inscripción de las demás organizaciones que la hubieren solicitado, el concejo procederá a citar a las personas que, reuniendo los requisitos establecidos en las letras a) y c) del propio artículo 80, no estén incorporadas al registro, a fin de que acrediten sus delegados a las respectivas asambleas.

Artículo 85.- De no ser aplicable la regla prevista en el artículo precedente o si las organizaciones citadas no concurrieren a la asamblea a que se las convoque, el concejo declarará vacantes los cargos no provistos. Este acuerdo deberá adoptarse con el voto favorables de los dos tercios de los concejales en ejercicio.

Artículo 86.- Para ser miembro del consejo económico y social se requerirá:

a)Tener 18 años de edad;

b)Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización de estamento que corresponda, al momento de la elección;

c)Ser chileno o extranjero avecindado en el país por más de tres años, y

d)No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito que merezca pena aflictiva.

Serán aplicables a los miembros del consejo económico y social comunal las inhabilidades e incompatibilidades que esta ley contempla para los miembros de los concejos.

Artículo 87.- Los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a)Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio;

b)Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c)Inhabilidad sobreviniente;

d)Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero;

e)Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 62, de esta ley, y

f)Pérdida de la calidad de miembro de la organización que representen.

Corresponderá al concejo calificar y resolver la procedencia de las causales señaladas, con excepción de la prevista en la letra a), por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a petición expresa de la simple mayoría de los consejeros en ejercicio.

Artículo 88.- Los consejeros suplentes reemplazarán a los titulares cuando, por cualquier causa, no pudieren desempeñar temporalmente sus funciones.

Si un consejero titular cesare en su cargo, pasara a integrar el consejo el respectivo suplente, el cual, a su vez, será sustituido por un representante del mismo estamento, elegido en la forma que establece esta ley, en calidad de suplente; en ambos casos, por el período que reste para completar el cuadrienio respectivo.

En el evento de que un suplente cesare en sus funciones de tal, se procederá a su reemplazo por el estamento correspondiente en conformidad a esta ley.

Artículo 89.- El consejo económico y social comunal deberá ser consultado por el alcalde sobre las siguientes materias:

a)La planificación del desarrollo comunal. El consejo formulará los lineamientos que habrán de tenerse en cuenta en la preparación del plan de desarrollo comunal y de los programas que de él se deriven y aportará criterios para la elaboración del plan regulador comunal;

b)Las políticas generales para la prestación de servicios públicos municipales;

c)Los proyectos de inversión local;

d)Los proyectos sociales en las áreas de cultura, educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario;

e)La denominación de las calles, plazas, parques, poblaciones, barrios, conjuntos habitacionales y demás bienes municipales o nacionales de uso público existentes en la comuna, y

f)Las medidas generales destinadas a preservar y mejorar el medio ambiente.

El alcalde podrá, además, consultar al consejo sobre toda otra materia general de interés local que estime conveniente.

El consejo deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días a contar de la fecha en que sea requerido por el alcalde.

Anualmente, el alcalde presentará una cuenta de su gestión al consejo, en cuyo seno se abrirá debate al respecto, aportándose los elementos que sirvan de base a las proposiciones a que se refiere la letra a) de este artículo.

Artículo 90.- El consejo económico y social comunal podrá reunirse de propia iniciativa para estudiar y debatir materias generales de interés local y elevar sus opiniones para conocimiento del alcalde.

Artículo 91.- Los miembros elegidos para integrar este consejo celebrarán una sesión constitutiva, la que dará inicio al cuadrienio respectivo, al día siguiente de aquel en que finalice el período legal de los consejeros en ejercicio. En esta misma sesión se elegirá de entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario.

El consejo económico y social comunal se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos cada tres meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con las funciones propias que esta ley encomienda al consejo. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el alcalde o por no menos de un tercio de sus miembros en ejercicio y en ellas sólo podrán tratarse y adoptarse acuerdos respecto de las materias señaladas en la convocatoria.

En ambos casos, el quórum para sesionar será de la mayoría de los consejeros en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por la misma mayoría.

Artículo 92.- El consejo económico y social comunal determinará las normas necesarias para su funcionamiento interno.".

Artículo 25.-

Agrégase el siguiente nuevo Título V:

"TITULO V DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Artículo 93.- Para las elecciones municipales, en todo lo que no sea contrario a la presente ley, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

No serán aplicables, sin embargo, a las elecciones municipales los preceptos de los artículos 31 y 31 bis, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Párrafo 1° De la presentación de candidaturas

Artículo 94.- Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las veinticuatro horas del centesimovigésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente.

Para estos efectos, cada candidato deberá acompañar una declaración jurada ante un notario público de la comuna respectiva o, en su defecto, ante el oficial del Registro Civil correspondiente, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61. La eventual falsedad en que incurra dará lugar a acción pública para impugnar la elección del candidato, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Artículo 95.- En las elecciones de concejales, dos o más partidos políticos e independientes, en su caso, que formen parte de un pacto electoral, podrán acordar una federación, la cual regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes de la misma se encuentren legalmente constituidos.

A la formalización de una federación electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos cuarto y quinto del artículo 3° bis, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 96.- Las declaraciones de candidaturas a concejales que presenten los partidos políticos o los pactos electorales y las eventuales federaciones que se acuerden, deberán formalizarse en un solo acto. Tales declaraciones podrán incluir tantos candidatos como concejales corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 97.- A las federaciones se las individualizará sólo con su nombre, y a cada uno de los partidos políticos suscriptores de ellas, con su nombre y símbolo, indicándose a continuación los nombres completos de los candidatos afiliados al respectivo partido. En el caso de los independientes incorporados a un pacto o federación, junto a su nombre se expresará su calidad de tales.

Artículo 98.- Las declaraciones de candidaturas independientes a concejal deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hubieren sufragado en la votación popular más reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva.

En todo caso, entre los patrocinantes no podrá haber más de un 5% de afiliados a partidos políticos, dentro del porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.

La determinación del número mínimo necesario de patrocinantes la hará el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección.

Artículo 99.- El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva comuna, por ciudadanos inscritos en los Registros Electorales. En aquellas comunas en donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el Oficial del Registro Civil de la jurisdicción respectiva.

No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas declaraciones de candidaturas independientes. Si ello ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure en la primera declaración hecha ante el Servicio Electoral, y si se presentaren varias simultáneamente, no será válido en ninguna de ellas el patrocinio que se hubiere repetido.

Párrafo 2° De las inscripciones de candidatos

Artículo 100.- El Director Regional del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquel en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación en la región respectiva, aceptar o rechazar las que hubieren sido declaradas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el que deberá pronunciarse dentro de quinto día.

Artículo 101.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere el artículo anterior o al fallo ejecutoriado del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el Director Regional del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde este momento se considerará que los candidatos tienen la calidad de tales para todos los efectos legales.

En todo caso, el Tribunal Electoral Regional deberá notificar sus resoluciones a los respectivos Directores Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de los reclamos tan pronto como las pronuncie.

Párrafo 3° De las mesas receptoras de sufragios

Artículo 102.- El presidente del colegio escrutador remitirá al Tribunal Electoral Regional y al Director Regional del Servicio Electoral, por intermedio de Correos, el sobre especificado en el artículo 90, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, dentro de las dos horas siguientes al momento en que lo reciba.

Párrafo 4a Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones

Artículo 103.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los Tribunales Electorales Regionales, que tendrán, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones en el Título V, de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 104.- Para determinar los concejales elegidos, el Tribunal Electoral Regional deberá seguir el procedimiento indicado en los artículos siguientes.

Artículo 105.- Para establecer los votos de lista, el tribunal sumará las preferencias emitidas en favor de cada uno de los candidatos de una misma lista.

Artículo 106.- Para determinar el cuociente electoral, los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos estos cuocientes se colocarán en orden normal y decreciente hasta tener un número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

Artículo 107.- Para determinar los candidatos elegidos dentro de cada lista se observarán las siguientes reglas:

1)Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos presentados, se proclamará elegidos a todos esos.

2)Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los concejales que a la lista corresponda, se proclamará elegidos a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales, a menos que el sistema de federaciones a que se refiere el artículo siguiente dé lugar a otro orden de prelación.

3)Si el número de candidatos de alguna lista es inferior al de concejales que le haya correspondido, todos los cargos sobrantes se repartirán entre las demás listas y candidatos independientes como si se tratare de una nueva elección, en la que se aplicará el mismo sistema de cuociente.

4)Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, resultará elegido aquel que haya obtenido el mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o candidaturas independientes, resultará elegido al candidato de la lista o independiente que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

Artículo 108.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista en que se hayan establecido federaciones entre partidos, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada una de las federaciones.

El total de votos válidamente obtenidos por cada federación se dividirá por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar por cada uno de las federaciones tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la lista. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe el ordinal correspondiente al último de los cargos a elegir por la lista será el cuociente de las federaciones de la misma. El total de votos de cada federación deberá dividirse por dicho cuociente para determinar cuántos cargos corresponderá elegir a la respectiva federación.

Artículo 109.- Para determinar los candidatos elegidos dentro de cada federación, el total de votos obtenidos por cada partido integrante de la federación se dividirá por uno, dos, tres, y así sucesivamente, hasta formar por cada uno de los partidos federados tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la federación. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe el ordinal correspondiente al último de los cargos a elegir por la federación será el cuociente de los partidos federados. El total de votos de cada partido deberá dividirse por ese cuociente para determinar cuántos cargos corresponderá elegir al respectivo partido.

Dentro de cada partido, los candidatos preferirán entre sí según el número de las preferencias que hubieren obtenido.

Artículo 110.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, las postulaciones o candidaturas independientes tendrán el tratamiento propio de una lista. Sin embargo, para los efectos de formar parte de pactos o federaciones con partidos políticos, tendrán el tratamiento propio de éstos.

Artículo 111.- Será proclamado alcalde el candidato a concejal que habiendo obtenido individualmente el mayor número de preferencias, cuente a lo menos con el treinta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección de concejales y siempre que integre la lista más votada, según lo determine el tribunal electoral regional competente.

De no cumplirse los supuestos establecidos en el inciso anterior, el concejo elegirá al alcalde de entre sus miembros, en votación que se efectuará en su sesión constitutiva y por la mayoría absoluta de los concejales elegidos.

De no lograrse la mayoría señalada en el inciso precedente, el concejo repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas en la elección efectuada en el concejo, considerándose las preferencias ciudadanas individualmente obtenidas para dirimir los empates que se produjeren tanto en la primera como en la segunda mayoría relativa.

Si se produjere un empate en esta segunda votación, el cargo de alcalde se ejercerá por cada uno de los concejales empatados, en dos subperíodos de igual duración. El concejal que perteneciere a la lista que hubiere obtenido mayor votación ciudadana escogerá el período a ejercer.

En todo caso, el cargo de alcalde sólo podrá ser ejercido en cada subperíodo por el mismo concejal.

Cualquiera sea la forma de elección del alcalde, su mandato será irrevocable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

Artículo 112.- Dentro de las 48 horas siguientes a la dictación de su fallo, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo y el acta complementaria de proclamación, en lo que se refiera a las respectivas comunas, al gobernador provincial y al secretario municipal de cada una de las municipalidades de la provincia. Comunicará, al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos elegidos.

Una copia completa del fallo y de su acta complementaria se remitirá además, por el presidente del Tribunal Electoral Regional respectivo, al Ministro del Interior y al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que tomen conocimiento del término del proceso electoral municipal.".

Artículo 26.-

Introdúcense al Título IV, De los Plebiscitos Comunales, que pasa a ser Título VI, las siguientes modificaciones:

a)Sustitúyese el artículo 82, que pasa a ser artículo 113, por el siguiente:

"Artículo 113.- El alcalde, de propia iniciativa y con acuerdo del concejo o a requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones de desarrollo comunal que absorban más del 5% del presupuesto de inversión del municipio en el año respectivo, a concesiones municipales y a los proyectos de modificación del plan regulador de la comuna.".

b)Reemplázase el artículo 83, que pasa a ser artículo 114, por el siguiente:

"Artículo 114.- Los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la respectiva comuna podrán requerir al alcalde la realización de un plebiscito sobre las materias indicadas en el artículo precedente. Para tales efectos deberán concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 20% de los ciudadanos inscritos al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificado emitido por el Director del Servicio Electoral.".

c)Sustitúyese el artículo 84, que pasa a ser artículo 115, por el siguiente:

"Artículo 115.- Dentro de décimo día de adoptado el acuerdo del concejo o de recepcionado oficialmente el requerimiento ciudadano en los términos del artículo anterior, el alcalde dictará un decreto convocando a plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos.

El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. Además señalará la fecha de su realización, debiendo efectuarse, en todo caso, no antes de sesenta ni después de noventa días contados desde la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial.

Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal.

Las inscripciones electorales en la comuna respectiva se suspenderán desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Diario Oficial el decreto alcaldicio que convoque a plebiscito y se reanudarán desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al Director del Servicio Electoral el término del proceso de calificación del plebiscito.".

d)Sustitúyese el artículo 85, que pasa a ser artículo 116, por el siguiente:

"Artículo 116.- En ningún caso podrán celebrarse dos o más plebiscitos en una misma región, dentro del mismo mes calendario.

El Director del Servicio Electoral podrá convenir con los alcaldes respectivos la programación de los plebiscitos, de modo que entre uno y otro medien a lo menos treinta días.".

e)Sustitúyese en el inciso primero del artículo 86, que pasa a ser artículo 117, la palabra "seis" por "doce".

f)Sustitúyese el artículo 87, que pasa a ser artículo 118, por el siguiente:

"Artículo 118.- El costo de los plebiscitos comunales será de cargo de la municipalidad respectiva.

g)Agrégase al artículo 88, que pasa a ser artículo 119, el siguiente inciso segundo:

"En todo caso, no habrá lugar a la designación de apoderados en los plebiscitos comunales.".

Artículo 27.-

Agrégase el siguiente Título VII:

TITULO VII DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES MUNICIPALES

Párrafo 1° De las corporaciones y fundaciones municipales

Artículo 120.- Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura.

Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.

Artículo 121.- Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este párrafo podrán formarse con una o más personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro o con otras entidades del sector público.

En todo caso, la creación o participación municipal en estas entidades deberá ser aprobada por el concejo.

Artículo 122.- Las corporaciones y fundaciones que constituyan las municipalidades no podrán establecer un número de directores superior a cinco. Estos cargos serán siempre concejiles.

Asimismo, entre los fines artísticos y culturales que se proponga la entidad en ningún caso se comprenderá la administración y operación de establecimientos educacionales o de atención de menores.

Artículo 123.- Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte, no siéndoles aplicable el límite presupuestario señalado en la letra g) del artículo 5°, de esta ley.

En ningún caso las municipalidades podrán caucionar compromisos contraídos por estas entidades.

Artículo 124.- Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.

Estas entidades no podrán destinar más de 30% de sus ingresos a gastos en personal y administración.

Artículo 125.- El personal que labore en las corporaciones y fundaciones de participación municipal se regirá por las normas laborales y previsionales del sector privado.

Artículo 126.- La Contraloría General de la República fiscalizará a estas entidades de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 25 de su ley orgánica.

Párrafo 2° De las asociaciones de municipalidades

Artículo 127.- Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán asociarse para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Estas asociaciones podrán tener por objeto:

a)La atención de servicios comunes;

b)La ejecución de obras de desarrollo local;

c)El establecimiento de órganos o dependencias comunes, con excepción del administrador municipal, la Secretaría Municipal y las unidades encargadas de las finanzas, control y desarrollo comunitario;

d)La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al turismo, a la salud u otras;

e)La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, y

f)La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal.

Artículo 128.- Los convenios que celebren las municipalidades para crear asociaciones municipales deberán consultar, entre otros aspectos, los siguientes:

a)La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados;

b)Los aportes financieros y demás recursos materiales que cada municipio proporcionará para dar cumplimiento a las tareas concertadas;

c)El personal que se dispondrá al efecto, y

d)El municipio que tendrá a su cargo la administración y dirección de los servicios que se presten u obras que se ejecuten.

Estos convenios deberán contar con el acuerdo de los respectivos concejos.

Artículo 129.- Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones se consultarán en los presupuestos municipales respectivos.

Respecto del personal mencionado en la letra c) del artículo anterior, no regirá la limitación de tiempo para las comisiones de servicio que sea necesario ordenar, cuando se trate de personal municipal.

Artículo 28.-

Los actuales artículos 89, 90, 91 y 92 del Título Final pasan a ser 130, 131,132 y 133 respectivamente, sin modificaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

El Presidente de la República convocará a elecciones de concejales dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

La inscripción en los registros electorales se suspenderá a contar del trigésimo día siguiente a la publicación de dicha convocatoria.

SEGUNDA.-

Dentro del mismo término de treinta días a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, los secretarios municipales procederán a abrir los registros para la inscripción de las organizaciones que participarán en las elecciones de los miembros de los consejos económicos y sociales respectivos, los que permanecerán abiertos por el término de sesenta días.

En la primera constitución de los consejos económicos y sociales comunales no se exigirá a las organizaciones el requisito de antigüedad a que se refiere la letra b) del artículo 80.

TERCERA.-

Los primeros consejos económicos y sociales comunales se instalarán dentro de los treinta días siguientes a aquel en que asuman los consejos elegidos en conformidad a esta ley.

CUARTA.-

Para los efectos de determinar el número de miembros de los consejos económicos y sociales comunales, en tanto no rija un nuevo censo de habitantes se aplicará el censo efectuado en 1982, y en el caso de creación de comunas nuevas o traspasos de territorios efectuados con posterioridad a dicho censo, se considerará la población que señale el informe oficial que emita el Instituto Nacional de Estadísticas.

QUINTA.-

Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año desde la publicación de esta ley, para incorporar en las plantas de aquellas municipalidades cuyas comunas tengan más de cien mil habitantes a la fecha de ejercicio de esta facultad, el cargo de administrador municipal, mediante decreto con fuerza de ley dictado a través del Ministerio del Interior, que deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda.

Respecto de las comunas que a dicha data tengan cien mil o menos habitantes, el alcalde de la respectiva municipalidad, en la forma que establece el artículo 24 bis de la Ley N° 18.695, agregado por el artículo 10 de esta ley, podrá solicitar al Presidente de la República la modificación de la planta respectiva en los términos del inciso anterior.

SEXTA.-

La primera elección municipal, a efectuarse en el año 1992, se regirá por las normas de la presente ley, con las modificaciones y salvedades que se indican en las disposiciones transitorias siguientes.

SEPTIMA.-

Para los efectos de determinar el número de concejales que corresponda elegir a cada comuna o agrupación de comunas y para determinar el número mínimo de ciudadanos patrocinantes de candidaturas independientes, se considerará el padrón electoral vigente al 31 de agosto de 1991.

El Servicio Electoral publicará la resolución respectiva en el Diario Oficial, dentro de los diez días siguientes a la convocatoria a que se refiere la primera disposición transitoria.

OCTAVA.-

Los alcaldes y miembros de los consejos de desarrollo comunal que pretendan postular como candidatos en la primera elección municipal a que se refiere la disposición primera transitoria de esta ley, deberán renunciar a sus cargos con anterioridad a la declaración de las respectivas candidaturas.

NOVENA.-

Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección.

DECIMA.-

El Director del Servicio Electoral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación nacional, aceptar o rechazar las que hubieren sido declaradas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el que deberá pronunciarse dentro de idéntico plazo.

Para la inscripción definitiva de las candidaturas, se estará a lo dispuesto en el artículo 101 de la presente ley.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 18.700, el sorteo se efectuará a las nueve horas del quinto día siguiente a aquel en que quede ejecutoriada la resolución a que se refiere el inciso primero de esta disposición.

DECIMOPRIMERA.-

Mientras no entren en funcionamiento los concejos, los actuales consejos de desarrollo comunal continuarán en el desempeño de las funciones que les confiere la legislación vigente.

DECIMOSEGUNDA.- L

os alcaldes en actual ejercicio y quienes los reemplacen, como asimismo los miembros de los consejos de desarrollo comunal, cesarán en su desempeño en la fecha en que asuman los alcaldes y concejales elegidos en conformidad a la presente ley. Tal desempeño se regirá por las normas vigentes a la fecha de publicación de esta ley.

DECIMOTERCERA.-

Las funciones, atribuciones y deberes que otras leyes confieran a los consejos de desarrollo comunal se entenderán referidas, en lo sucesivo, a los concejos.

DECIMOCUARTA.-

Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación de esta ley, fije el texto refundido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dios guarde a US.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República.- Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda".

?INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

BOLETIN N° 531-06-1

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en una Mensaje y con trámite de urgencia calificada de "simple", que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Enrique Krauss, Ministro del Interior; Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Francisco Fernández y Eduardo Pérez, asesores de dicha Cartera.

Asimismo, se contó con la presencia de los señores José María Saavedra y Antonio Sancho, representantes del Instituto Libertad y Desarrollo; Tomás Duval, del Instituto Libertad; y, finalmente, Jorge Vergara, asesor jurídico de la I. Municipalidad de Las Condes.

I. ANTECEDENTES GENERALES:

Se ha estimado pertinente señalar que la normativa aplicable a las municipalidades está conformada por la Constitución Política de la República; los Títulos I y, Final de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sin perjuicio de los anteriores cuerpos legales, les resultan aplicables leyes comunes pertinentes y los decretos y reglamentos dictados para la ejecución de éstas, en la medida que no se contrapongan con la normativa Orgánica Constitucional.

1. Constitución Política. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 99 de ésta, para el gobierno y la administración interior del Estado el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias, así como para los efectos de la administración local estas últimas se han dividido en comunas.

Atendida la incidencia que, para los efectos de esta ley en proyecto, posee la reciente modificación al texto constitucional, se ha creído del caso consignar, a continuación, los artículos 107 y siguientes permanentes de la Carta Fundamental, que tratan de los gobiernos locales, en su nueva expresión:

"Artículo 107. La Administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad y por el concejo. La ley orgánica establecerá un concejo económico y social comunal de carácter consultivo.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegura su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de administración municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los municipios y los demás servicios públicos existentes en la respectiva comuna deberán coordinar su acción en conformidad a la ley.

Artículo108.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde.

El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y, otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y, funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.

Artículo 109. Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Artículo 110. Derogado.

Artículo 111. Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley, de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.

Artículo 112. La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos.

Artículo 113. Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido miembro del consejo regional o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, miembro del consejo regional y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún tribunal procederá criminalmente contra un intendente o gobernador sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formación de causa.

Artículo 114. Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcaldes, de miembro del consejo regional y de concejal.

Artículo 115. La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.”.

2. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1°, inciso segundo de esta ley, las municipalidades integran la Administración del Estado y les resultan aplicables, como ya se señalara, los Títulos I y Final del texto legal en referencia.

3.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Esta ley Orgánica Constitucional, publicada el 31 de marzo de 1988, fue dictada fundamentalmente en virtud de lo dispuesto por los artículos 107, inciso tercero, y 109, inciso segundo, del texto de la Constitución Política de 1980, vigente a la sazón.

Se cree necesario precisar que este cuerpo legal contiene disposiciones propias de ley Orgánica Constitucional y, además, normas que versan sobre materias de ley ordinaria o común, lo que el otorga un carácter mixto. Ello, de conformidad con lo resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional, en su sentencia de 29 de febrero de 1988, en la cual precisó, cuáles tenían este último rango.

4. Leves comunes y disposiciones reglamentarias. .

A este respecto, pertinente resulta hacer mención de lo resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional en sentencia de 19 de abril de 1988, en orden a que todas aquellas normas que hayan otorgado u otorguen a las municipalidades atribuciones que no revistan el carácter de esenciales, quedan entregadas a la ley común. Esto debe entenderse con la limitante de que no menoscabe, entrabe o imposibilite el cumplimiento de una función o el ejercicio de una atribución esencial que haya sido entregada por la ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades.

De igual modo, debe entenderse en vigor aquella normativa atingente a la gestión municipal, en los mismos términos precisados anteriormente.

Conocido el marco legal aplicable a la estructura municipal existente en nuestro país, cabe ahora ocuparnos del análisis de la normativa fundamental de la ley N° 18.695, al tenor de las modificaciones que por el proyecto en informe se propone introducirle, teniendo en consideración, eso sí, que las referencias que se efectúen a. la Constitución Política, por razones obvias, deben entenderse referidas al texto vigente de ésta con anterioridad a la reforma hecha a su texto por la ley N° 19.097 publicada en el Diario Oficial de fecha 12 de noviembre del presente año.

En concordancia con lo preceptuado en el artículo 107, inciso segundo, de dicho texto constitucional, el artículo 1° de la ley orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que éstas son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargadas de la administración de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley, destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

De acuerdo con lo establecido en su artículo 2° las municipalidades poseen una estructura básica, conformada por dos órganos: uno unipersonal, el Alcalde, que es su máxima autoridad, y otro colegiado, el Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO), encargados de cumplir las funciones y ejercer las atribuciones municipales en los términos que la ley señala.

Integra, además, esta estructura la organización interna de apoyo conformada por aquellas unidades a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 de la ley en comento. Así, el primero de los artículos mencionados, señala algunas de estas unidades, tales como, una Secretaría Municipal, una Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y otras encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Tales direcciones, departamentos, secciones u oficinas, de acuerdo con los artículos 13 y, 14, serán determinadas en relación con el número de habitantes que tenga la comuna, distinguiendo la norma, al efecto, entre municipios con una población superior a cien mil habitantes y aquéllos con una cantidad igual o inferior a ésta.

Ahora bien, para el cumplimiento de sus finalidades, a las municipalidades se les ha encomendado ejercer algunas, funciones con carácter de privativas, que están indicadas en el artículo 3° de la ley en comento, y otras que pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado indicadas, no taxativamente, en su artículo 4°.

Con el propósito de que los municipios puedan llevar a cabo tales funciones, han sido dotados de atribuciones. El artículo 5° de la ley distingue entre aquéllas de carácter esencial y aquéllas que no lo son.

Las atribuciones esenciales se encuentran enumeradas en el inciso primero del precitado artículo, y que, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional de fecha 19 de abril de 1988, deben estar establecidas en una ley Orgánica Constitucional. Estas son, entre otras, de elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento (letra a); la de elaborar, aprobar, modificar y, ejecutar el presupuesto municipal (letra b); la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines, la administración de estos últimos, corresponda a otros órganos de la Administración del Estado (letra c); la de establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen (letra e), y la de otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, con las limitantes y condiciones que allí se establecen (letra g).

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6° de la ley en estudio, contiene las siguientes atribuciones que, por su naturaleza, también son esenciales. Ellas son la de celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado para el cumplimiento de sus funciones (inciso primero); y la de celebrar contratos, previa licitación pública, con personas naturales o jurídicas de carácter privado para la ejecución de acciones o la administración de establecimiento o bienes que posean o tengan a cualquier título. Tal licitación pública será posible de omitir por el alcalde, previo acuerdo del CODECO, cuando el monto de la convención no supere las 100 U.T.M., operando en este caso la contratación directa; y cuando tal valor exceda del anterior, pero no vaya más allá de las 300 U.T.M., y en casos extraordinarios, pudiendo efectuarse mediante licitación privada.

En conformidad con el inciso final del artículo 5° las municipalidades tendrán, además, las atribuciones no esenciales que les confieran las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encomendado su regulación a la ley común. Así, en tal situación, se encuentra el decreto ley N° 3063, de 1979, que contiene normas sobre rentas municipales, y la ley N°17.235, sobre impuesto territorial.

Por su parte, los artículos 7°, 8° y 9° establecen la forma y modalidades de ejercicio de las funciones municipales.

Como se señalara en su oportunidad, el alcalde es la máxima autoridad del municipio y, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, inciso segundo, tiene la calidad jurídica de Funcionario municipal. De conformidad con los artículos

48 y 80 de la ley en comentario, en relación con los artículos 108, incisos primero y segundo, del texto constitucional en anterior vigencia, y 24, letra c), de la ley N° 8.605, Orgánica Constitucional de los Consejos Regionales de Desarrollo, la regla general es que los Alcaldes son designados por los citados Consejos Regionales, a propuesta en terna del CODECO, y, excepcionalmente, por el Presidente de la República en los casos que en forma expresa señala el inciso segundo del artículo 48.

De acuerdo al último de los artículos nombrados, el Alcalde durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser designado para nuevos periodos. Sobre tal particular, cabe hacer notar que la norma no distingue entre Alcaldes designados en una u otra forma, de tal manera que a ambos se les aplica la citada limitación de tiempo.

El artículo 49 de la ley Orgánica en análisis, en relación con el artículo 113, inciso primero, del texto constitucional vigente a esa fecha, exige para ser designado Alcalde cumplir con los siguientes requisitos:

a). Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b). Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna;

c). Haber aprobado enseñanza media o estudios equivalentes;

d). Tener su situación militar al día;

e). Tener, a lo menos, 21 años de edad, y

f). Poseer idoneidad moral. Cabe indicar que la Ley de Municipalidades no contempla requisito, no obstante él resulta igualmente exigible por disposición del artículo 38, letras e) y, f), de la ley N°10.336, orgánica de la Contraloría General de la República.

Según lo establecen los artículos 113, incisos segundo y tercero, del texto de la Constitución Política vigente en aquel entonces, y 50 de la ley N° 18.695, el cargo de Alcalde es incompatible con los de Intendente, Gobernador y Alcalde (incompatibilidad que no rige respecto de los Alcaldes designados por el Presidente de la República, en cuanto pueden desempeñar simultáneamente los cargos de Intendente o Gobernador); con cualquier empleo o función pública retribuida con fondos estatales, con excepción de los empleos, funciones o comisiones docentes de la enseñanza básica, media o superior, que no sean municipales y de la misma comuna o agrupación de comunas; con cargos directivos en partidos políticos o en organizaciones de naturaleza gremial o sindical. Asimismo, no podrán actuar como Alcaldes quienes, por sí o como representantes de personas jurídicas, celebren o caucionen contratos con la municipalidad o quien tenga litigios pendientes con ésta en calidad de demandante.

En materia de subrogación del Alcalde, según lo dispone el artículo 52, inciso primero, de la ley en examen, la regla general es que lo sea por el funcionario en ejercicio que le sigue en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, haciendo exclusión expresa de los Jueces de Policía Local. No obstante ello, la propia norma faculta al Alcalde, oyendo al CODECO, para designar como subrogante a algún funcionario que no corresponda a dicho orden.

El artículo 51 de la ley Orgánica en comento, consulta las causales de cese de funciones del Alcalde. Ellas son: la de pérdida de la calidad de ciudadano o suspensión del derecho a sufragio (artículos 16 y 17 de la Constitución Política); la de inhabilidad o incompatibidad sobreviniente calificadas por el COREDE o por el Presidente de la República, en su caso, de oficio o a solicitud del CODECO; la de inhabilidad declarada por el Tribunal Electoral Regional competente, fundada en el caso que allí se indica; la de remoción de los Alcaldes designados por los COREDES, por impedimento grave o notable abandono de sus deberes, por acuerdo del señalado Consejo, a petición fundada de los dos tercios de los miembros del CODECO; la de remoción dispuesta por el Presidente de la República, en el caso de los Alcaldes de su designación, mediante decreto supremo; y la de renuncia aceptada por el COREDE o por el Presidente de la República, según corresponda.

Todo lo anterior hay que entenderlo sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre responsabilidad administrativa del Alcalde, que implique cesación de funciones, según lo establecido por el artículo 32, inciso final, de la ley en referencia, la que se remite, a este respecto, al Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

En caso de vacancia en el cargo de Alcalde, el artículo 52, inciso segundo, ha previsto la posibilidad de designar uno nuevo, el que durará, como tal, por el tiempo que faltare para completar el respectivo cuadrienio. Para designar al Alcalde reemplazante, cabe señalar que tratándose de aquéllos que sean de designación del Presidente de la República, la ley en examen no ha establecido regla alguna; sin embargo, respecto de aquéllos nombrados por el Consejo Regional de Desarrollo, a propuesta del CODECO, debe estarse al procedimiento descrito en el artículo 80 de la ley, esto es, aquel empleado para la designación de los titulares.

En cuanto a la forma en que se materializa el nombramiento y remoción de los Alcaldes, interesa particularmente la situación de aquéllos cuyo nombramiento y remoción corresponde a los COREDES, cuyos acuerdos sobre el particular, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 24, letra c), de la ley N° 18.605, deben materializarse por medio de una resolución del Intendente Regional correspondiente, exenta del trámite de toma de razón.

El artículo 47 corrobora que al Alcalde le corresponde la dirección, administración y supervigilancia del funcionamiento del municipio, poseyendo, al efecto, atribuciones que la ley, con carácter de exclusividad le confiere, con independencia del CODECO, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la misma.

Sin perjuicio de las anteriores, el artículo 54 contempla otras facultades respecto de las cuales el Alcalde para su ejercicio requiere, en forma previa, la opinión del CODECO, siendo útil destacar que la referida consulta puede tener el carácter de obligatoria o facultativa para el Alcalde, según se verá.

En efecto, para las siguientes materias deberá efectuar la aludida consulta: a) para dar denominación a los bienes o lugares de uso públicos, poblaciones, barrios y sectores; b ) para designar delegados, y c) para designar como Alcalde subrogante a un funcionario distinto al que correspondiere, de conformidad con el orden jerárquico.

En cambio, el inciso final del precitado artículo prevé la posibilidad que el Alcalde consulte al CODECO sobre todos aquellos asuntos que estime conveniente, en razón de la calidad de ente asesor de éste .

No obstante lo señalado, debe advertirse que la decisión que, en definitiva, adopte el CODECO respecto de tales materias en caso alguno tiene el carácter de obligatoria para el Alcalde, aun respecto de aquellas situaciones en que tenga el carácter de trámite esencial.

Finalmente, en este tema, debe consignarse que el artículo 55 contempla una enumeración de atribuciones en que el Alcalde, para su ejercicio en forma previa, necesita de la opinión concordante del CODECO, opinión que se expresa a través de un acuerdo, cuyo fundamento constitucional está contenido en el artículo 110, inciso segundo, del texto de la Carta Fundamental vigente a la sazón. Estas son:

a). Aprobar los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto municipal y sus modificaciones;

b). Aprobar el proyecto del plan regulador y sus modificaciones;

c). Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos y concesiones;

d). Establecer, dentro de los marcos que indique la ley, los tributos que graven actividades; o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal;

e). Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles fiscales o donar bienes muebles;

f). Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal;

g). Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, y ponerles término;

h). Transigir judicial y extrajudicialmente;

i) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término;

j). Establecer multas en las ordenanzas municipales;

k). Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, y

l). Omitir el trámite de propuesta o licitación pública para contratar o ejecutar acciones con terceros, y realizarlas o ejecutarlas directamente o a través de propuesta privada, en los casos y forma que allí señala.

Toda vez que, como se indicó, para el ejercicio de las atribuciones anteriormente anotadas se requiere que la resolución que adopte el Alcalde sea coincidente, en cuanto a su contenido, con lo que acuerde el Consejo en estas materias, en caso de suscitarse alguna controversia sobre el particular, ella deberá ser resuelta exclusivamente por el Consejo Regional de Desarrollo respectivo, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 24, letra d), de la ley N° 18.605.

Los proyectos sobre plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y el plan regulador comunal, deben ser propuestos por el Alcalde; pero, una vez aprobados los dos primeros pasan a ser, respectivamente, el Plan Comunal de Desarrollo y el Presupuesto Municipal.

El artículo 56 consulta una obligación para el Alcalde en lo que respecta a su gestión anual, a la marcha de la municipalidad, al balance de la ejecución presupuestaria y al estado de situación financiera, en orden a que deberá dar cuenta pública al CODECO de todos estos aspectos, a más tardar en el mes de abril de cada año.

El Título III de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades trata del Consejo de Desarrollo Comunal, el cual es concebido como un órgano colegiado, cuyo objeto es asesorar al Alcalde y hacer efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Estará integrado, de conformidad con su artículo 60, por representantes de las organizaciones comunitarias, de carácter territorial y funcional, y de las actividades relevantes de cada comuna o agrupación de comunas, con excepción de aquéllas de naturaleza gremial o sindical y de la administración pública.

El artículo 62 se encarga de precisar, en su inciso primero, cuáles son las organizaciones comunitarias de carácter territorial, para los efectos de esta ley; las de carácter funcional, en su inciso segundo; y, finalmente, en su inciso tercero, establece cuáles actividades tendrán el carácter de relevantes.

Debe destacarse que el artículo 61 entrega al Consejo Regional de Desarrollo la determinación de aquellas entidades que, encontrándose en alguna de las tres situaciones antes mencionadas, tendrán derecho a participar en la elección de los miembros de los CODECOS, como, asimismo, designará a las personas que los integrarán. En cuanto a este último aspecto, debe anotarse que el número de componentes varía en relación con la cantidad de habitantes de cada comuna o agrupación de comunas, yendo desde cuatro miembros para aquéllas de hasta cinco mil habitantes, hasta dieciséis donde esta última cantidad supere los cien mil.

Cabe aclarar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 60, de la totalidad de los integrantes de cada CODECO, la mitad corresponderá a las organizaciones comunitarias y la restante a las personas que representen actividades relevantes dentro de la comuna o agrupación de comunas.

El artículo 71 indica que para ser designado consejero, titular o suplente, deberán cumplirse los siguientes requisitos: ser ciudadano con derecho a sufragio; tener 21 años de edad, a lo menos; haber aprobado la enseñanza básica; tener su situación militar al día; tener domicilio en la comuna, y pertenecer a alguna de las organizaciones comunitarias o ser persona que desarrolle actividades relevantes, debidamente inscritas en el registro correspondiente.

Por norma general, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 73, no podrán desempeñarse como miembro del CODECO aquellas personas que posean algunas de las incompatibilidades que establece el artículo 50 para desempeñarse como Alcalde, como, tampoco, los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo ni los funcionarios y trabajadores municipales.

El artículo 72, inciso primero, establece que los miembros del CODECO permanecerán cuatro años en sus cargos y no podrán ser designados por más de dos períodos consecutivos.

Como se reseñara anteriormente, para participar en el proceso de elección de consejeros, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 63, es menester que, a lo menos, un año antes del inicio del cuadrienio correspondiente, las organizaciones comunitarias y las personas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna o agrupación de comunas y que cumplan con los requisitos contenidos en este artículo, se inscriban en un registro, a cargo del secretario municipal, que en cada municipio deberá abrirse por el término de dos meses. Transcurrido este plazo, dicho funcionario remitirá la nómina de inscritos al Consejo Regional de Desarrollo, organismo que determinará cuáles organizaciones comunitarias de carácter funcional y qué personas naturales o jurídicas que realicen actividades relevantes tendrán derecho a participar en la designación de representantes en los CODECOS. Dicha resolución deberá, además, incluir las organizaciones comunitarias territoriales debidamente inscritas, como, asimismo, el número de representantes que corresponda a cada uno de los dos estamentos precitados.

La aludida resolución es reclamable ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el cual fallará sin ulterior recurso.

Dentro del plazo que la ley señala, los representantes de las organizaciones comunitarias, elegidos especialmente para estos efectos por sus bases, y las personas que desarrollen actividades relevantes determinadas por el COREDE, se reunirán con el propósito de formar las listas de ternas de candidatos a consejeros titulares y suplentes. Tales reuniones se harán por estamentos y, en cada una de ellas, se elegirá, en un solo acto eleccionario y en votación unipersonal, una terna por cada plaza del Consejo de Desarrollo Comunal que corresponda llenar por estamento, entregándose la lista respectiva al secretario municipal, quien actúa como ministro de fe.

Elaboradas las listas de ternas, el secretario municipal deberá remitirlas al Tribunal Electoral que corresponda, las que, una vez aprobadas, deberán ser enviadas por el aludido funcionario municipal al Consejo Regional de Desarrollo para que proceda a la designación de los miembros titulares y suplentes del CODECO respectivo.

Atendido que el proyecto de ley en informe, en cumplimiento de la reforma constitucional recientemente aprobada, suprime los Consejos de Desarrollo Comunal, los limitaremos, a continuación, a efectuar una breve reseña acerca de aquellos aspectos de ellos que se estiman de mayor relevancia.

Así, el artículo 74 de la ley en comentario consulta las causales de cesación en sus cargos de los miembros del señalado Consejo. En lo que respecta a sus atribuciones es dable señalar, al igual como en su oportunidad se hizo respecto del Alcalde, que está investido de atribuciones que le son propias las que se encuentran establecidas en el artículo 76 ; aquellas materias en que deberá prestar su acuerdo, atendida su relevancia, y que se encuentran contempladas en el artículo 78, en relación con los artículos 55 y 56 de la ley en comento, ya examinados al referirnos al Alcalde; y, finalmente, aquéllas en que deberá emitir su opinión, pero cuyo pronunciamiento no es vinculante para este último, y que están contenidas en el artículo 77, en relación con el artículo 54 de esta ley Orgánica.

El artículo 79 preceptúa que los miembros del CODECO celebrarán una sesión constitutiva al inicio del cuadrienio respectivo y, además, sesiones ordinarias y extraordinarias, facultándolo el artículo 81 para determinar las normas necesarias para su funcionamiento interno.

En lo que respecta a las sesiones ordinarias, se señala que serán de carácter público y que habrán de realizarse, a lo menos, dos veces al mes, pudiendo tratarse en ellas cualquier materia que sea de su competencia. Por su parte, las sesiones extraordinarias pueden ser públicas o privadas, deberán ser convocadas por el Alcalde o por no menos de un tercio de los miembros en ejercicio del CODECO, y sólo se tratarán en ellas aquellos asuntos indicados en la convocatoria.

En materia de quórum, se exige la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio para que este organismo pueda sesionar; en cambio, respecto de sus acuerdos, habrán de ser adoptados por la mayoría absoluta de los consejeros presentes, salvo en lo que respecta al otorgamiento y terminación de subvenciones y aportes, que exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los consejeros en ejercicio.

Finalmente, en lo que a esta entidad dice relación, cabe consignar que, aún cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, inciso primero, en relación con el artículo 53, letra m), le corresponde al Alcalde presidir el Consejo, con derecho a voz, no ostenta la calidad de miembro de aquél. De esta manera, no es considerado para el cálculo del quórum para sesionar.

El Título IV de la ley 18.695, agregado por el artículo 1°, N° 8, de la ley N°18.963, trata de los plebiscitos comunales.

Esta materia debe entenderse concordada con la segunda parte del inciso tercero del artículo 107 del texto constitucional vigente en aquel momento, la cual entregaba a la ley orgánica Constitucional la misión de señalar los asuntos de administración local, propios de la competencia de las municipalidades, que el Alcalde podrá someter a plebiscito de las personas inscritas en los registros electorales, con domicilio en la respectiva comuna o agrupación de comunas, como, igualmente, las oportunidades, forma de la convocatoria y sus efectos.

Así, el artículo 82 de la ley Orgánica Constitucional en análisis posibilita que el Alcalde, de propia iniciativa, a solicitud del CODECO o de los vecinos, pueda plebiscitar aquellas materias relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal.

Por su parte, el artículo siguiente consulta la forma cómo los vecinos, inscritos en los registros electorales respectivos, con anterioridad al 31 de diciembre del año anterior, pueden requerir del Alcalde la realización de tal acto; exigiéndose, al efecto, que concurran con su firma, a lo menos, el 20% de ellos.

El artículo 84 prescribe que el Alcalde, mediante decreto fundado y dentro de quince días, habrá de pronunciarse acerca de la petición de plebiscito efectuada por los vecinos en la forma indicada, o por acuerdo del CODECO adoptado por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio; pronunciamiento que, en el evento de no emitirse dentro de plazo, debe entenderse que aprueba dicha solicitud.

La convocatoria a plebiscito, de conformidad al artículo 85 se hará por decreto alcaldicio publicado en el Diario Oficial, en un diario de los de mayor circulación dentro de su territorio y, además, por avisos puestos en la propia municipalidad y en otros lugares públicos. La norma, a continuación, indica las menciones que deberá contener el aludido decreto, siendo particularmente relevante el hecho de que deberá consignar si su resultado será o no obligatorio para la autoridad.

El artículo 86 prohíbe la convocatoria a plebiscito en los seis meses previos a realizarse una elección de Diputados y Senadores o Presidencial. Del mismo modo, se indica que la convocatoria a plebiscito nacional o a una elección extraordinaria de Presidente de la República suspende los plazos relativos a los plebiscitos comunales.

La ley hace de cargo de la municipalidad que los ordenó el costo de los plebiscitos comunales, correspondiéndole, además, la confección de las cédulas y la distribución de los útiles respectivos.

Finalmente, el artículo 88 hacía aplicable a estos plebiscitos, en lo no modificado por la ley de municipalidades, la normativa establecida en la ley Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Un capítulo aparte, dentro del análisis de los diversos aspectos regulados por la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, merece aquello que apunta al patrimonio municipal y al régimen de bienes del mismo, toda vez que, como someramente se verá, las disposiciones que regulan esta materia se encuentran diseminadas en dicho cuerpo legal.

El artículo 1° de la ley en referencia, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 107, inciso segundo, del texto de la Constitución Política vigente en aquel entonces, señala, en lo que interesa, que “Las Municipalidades son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios...".

Al respecto cabe hacer presente que el patrimonio municipal está conformado por aquellos bienes y recursos financieros que contempla su artículo 11.

En cuanto a la administración de los recursos financieros de las municipalidades, el artículo 53, letra en prescribe que dicha facultad le corresponde al Alcalde, para cuyo efecto deberá sujetarse a las normas sobre administración financiera del Estado, conforme lo preceptúa el artículo 41 de la misma ley en análisis.

Por su parte, el artículo 22, letra b), señala que la unidad encargada de la administración y finanzas deberá asesorar al Alcalde en esta materia.

De acuerdo, entonces, a lo prescrito por el artículo 11 de la ley en comentario, el patrimonio municipal está integrado por:

a)los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título.

b) los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen. Cabe recordar que, de conformidad lo dispuesto en el artículo 41 del decreto ley N° 3063, de 1969, los derechos municipales son “las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades las personas naturales o jurídicas de derecho público o derecho privado, que obtengan de la Administración Local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención contemplada en un texto legal expreso”.

Además, debe destacarse que el artículo 5°, letra e), de la ley Orgánica Constitucional en estudio, faculta a las municipalidades para establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen, para cuyo efecto el Alcalde requerirá del acuerdo del. CODECO, según lo prevén los artículos 55, letra c), y 78, letra c).

c) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su dependencia.

En términos generales, son las rentas que provienen de las empresas, establecimientos y servicios públicos municipales.

d) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita establecer a las autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal.

Esta es una facultad que el artículo 5°, letra h), de la ley en análisis, otorga a las autoridades comunales, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 19, N° 20, inciso final, del texto constitucional vigente a la sazón. Para ejercerla, dentro requerirá el acuerdo del CODECO según lo previsto por los artículos 55, letra d), y 78, letra d).

e) Las multas a beneficio municipal.

Sobre el particular, el artículo 10, inciso segundo, prescribe que en las ordenanzas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco U.T.M., las que serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local correspondiente. Para estos efectos, el Alcalde requerirá el acuerdo del CODECO, con arreglo a lo previsto en los artículos 55, letra j). Lo anterior es sin perjuicio de las multas que a beneficio municipal están contenidas en la legislación vigente, ya sea en normas generales o especiales.

f) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.

Al efecto pueden citarse, a modo de ejemplo, los siguientes: el impuesto por permiso de circulación; la contribución por las patentes profesionales, industriales, comerciales y de alcoholes; al aporte fiscal que se conceda en la ley de presupuestos; etcétera, regulados todos ellos en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial.

El artículo 26, inciso primero, establece que los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente serán inembargables.

A su vez, el artículo 27, en su inciso primero, dispone que la adquisición del dominio de los bienes raíces por parte de los municipios se sujetará a las normas del derecho común. En consecuencia, en la especie, se aplican las disposiciones pertinentes del Código Civil, en especial las del Título II y siguientes del Libro II y las del Título XXIII del Libro IV.

Sin embargo, cabe advertir que con arreglo a lo previsto en los artículos 55, letra e), y 78, letra e), para adquirir bienes inmuebles el Alcalde requerirá el acuerdo del CODECO.

Por su parte, el inciso segundo del ya indicado artículo 27, faculta a las municipalidades, a efectos de dar cumplimiento a las normas del plan regulador comunal, para adquirir bienes raíces por expropiación, los que se declaran de utilidad pública. Para ejercer esta atribución el Alcalde requerirá el acuerdo del CODECO, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 55, letra f), y 78, letra f).

Según se desprende del contexto general de la ley N° 18.695 y, en especial, de los artículos 5°, letra f), 28, 55, letra e), y 78, letra e), la enajenación de los bienes inmuebles municipales puede ser a título oneroso y, excepcionalmente, a título gratuito.

Ahora bien, el artículo 28, en sus incisos primero y segundo, regula la disposición a título oneroso, señalando que los bienes inmuebles municipales sólo podrán ser enajenados en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para esta clase de enajenación será el remate o la licitación públicos, siendo su valor mínimo el del avalúo fiscal, el cual sólo podrá ser rebajado con el acuerdo del CODECO. Cabe consignar que la calificación de la necesidad o utilidad manifiesta corresponde al Alcalde, sin perjuicio del acuerdo que deberá requerirse al CODECO.

En lo que concierne a la facultad para transferir gratuitamente los inmuebles municipales, se infiere que se autoriza al Alcalde, con acuerdo del CODECO, para traspasar a cualquier título el dominio de dichos bienes y, por aplicación del D.F.L. N° 789, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, dicha donación procederá en casos calificados y previo decreto supremo dictado a través del Ministerio del Interior, el que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Bienes Nacionales.

De conformidad con el artículo 28, inciso primero, de la ley, los bienes inmuebles municipales sólo pueden ser gravados o arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta y para hacerlo por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título la mera tenencia de los mismos, el Alcalde requerirá, una vez más, el acuerdo del CODECO.

En lo que respecta a la adquisición de bienes muebles, el artículo 53, letra h), la consagra como una atribución exclusiva del Alcalde, regulándose por las reglas del derecho común y las normas especiales vigentes sobre la materia.

Por su parte, el artículo 29, indica que la disposición de los bienes muebles, previamente dados de baja, se efectuará mediante remate público. Sin embargo, en casos calificados, se faculta a los municipios parta donar estos bienes a instituciones, públicas o privadas, de beneficencia de la comuna. Debe precisarse, respecto de la enajenación a título oneroso de estos bienes, que ella ha de ser dispuesta por el Alcalde sin necesidad de acuerdo del CODECO; en cambio, para la donación de los bienes muebles dados de baja, al margen de la limitante que sólo puede hacerse en favor de las señaladas instituciones, corresponderá al Alcalde calificar la procedencia de la donación, pero, además, deberá contar con el acuerdo del CODECO.

El artículo 30 de la ley en comentario preceptúa que los bienes municipales o nacionales de uso público que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones o permisos, siendo estos últimos esencialmente precarios.

Respecto a las concesiones, precisa que ellas darán derecho al uso preferente del bien concedido, en las condiciones que fije el municipio. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento al sobrevenir un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.

En lo que concierne a los permisos y a las concesiones, cabe destacar que para su otorgamiento, renovación y facultad de ponerles término el Alcalde requerirá del acuerdo del CODECO.

En forma intencional se ha dejado para la parte final de este análisis, la normativa atingente a la fiscalización de los actos de las municipalidades, por entender que, si bien es cierto existe una de carácter coetáneo, la mayoría de las veces se traduce en una labor posterior al quehacer de éstas.

En esta materia, particular importancia reviste el artículo 42 de la ley en estudio, que preceptúa que "sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que corresponde al consejo de Desarrollo Comunal, al Alcalde y a las unidades municipales, dentro del ámbito de su competencia, las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley Orgánica Constitucional.

Corresponde precisar que en lo respecta a fiscalización externa, los municipios están afectos al mismo régimen que el resto de los servicios públicos, con la sola excepción que las resoluciones municipales no se encuentran sujetas al trámite de toma de razón, salvo norma legal expresa.

Ahora bien, en cuanto a fiscalización interna, entendiendo por tal, al control que por la vía jerárquica y con sus propios medios realiza el municipio, con el fin de adecuar sus actividades a las normas vigentes y a las condiciones de eficiencia que técnicamente sean exigibles de acuerdo con sus modalidades de funcionamiento, la ley en análisis, en su artículo 42, en relación con el artículo 47 de la misma, señala al Alcalde como la máxima autoridad de la municipalidad, correspondiéndole su dirección, administración superior, supervigilancia de su funcionamiento, así como la fiscalización interna de aquélla. En este aspecto, cabe destacar que le resulta aplicable el artículo 11 de la ley N° 18.575, según el cual "las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia".

Por otra parte, según se ha analizado en la parte pertinente de este capítulo, el artículo 76, letra c), confiere al Consejo de Desarrollo Comunal la facultad de fiscalizar la actuación del Alcalde. Ello, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que le corresponden, de conformidad al artículo 42 de la ley.

Además, el artículo 24 de la ley en estudio, le otorga a la Unidad de Control atribuciones y funciones que la constituyen en uno de los elementos fiscalizadores internos más importantes dentro de la estructura municipal, por cuanto ejecuta su labor evaluando el quehacer de las otras dependencias. Así, se le encomienda realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; de controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal y de representar al Alcalde los actos municipales, cuando los estime ilegales, teniendo acceso, para estos efectos, a toda la documentación pertinente.

Finalmente, cabe consignar que diversas disposiciones de la ley que se analiza asignan facultades específicas a unidades tales como la Secretaría Comunal de, Planificación y Coordinación, la de Administración y Finanzas y la de Asesoría Jurídica.

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Señala S.E. el Presidente de la República, en la parte expositiva de su Mensaje, que es propósito del Gobierno que preside democratizar el sistema municipal y lograr, al mismo tiempo, una mayor eficiencia en la administración comunal. Es por ello, agrega, que sometió a la consideración del Parlamento un proyecto de reforma de la Constitución Política que, habiendo sido ratificado por el Congreso Pleno y recientemente promulgado como ley de la República, permitirá al Poder

Legislativo abocarse al estudio de las modificaciones de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contemplada en el proyecto en estudio.

Luego de efectuar un somero análisis de las modificaciones que se proponen, como, asimismo, de sus alcances, finaliza el Primer Mandatario haciendo presente que esta iniciativa legal sólo contiene las reformas que considera más sustanciales y urgentes a la actual normativa municipal, no descartando la posibilidad de someter a la consideración del Congreso Nacional, en una próxima vez, otras modificaciones complementarias de las contenidas en el proyecto en informe.

II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES 0 FUNDAMENTAUS DEL PROYECTO.

En conformidad con lo exigido por el artículo 286, N° 1, del Reglamento de la Corporación, y para efectos de lo preceptuado en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política y en los artículos 24 y 32 de la ley N°18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a decir del Mensaje, son las siguientes:

1. Incorporar a la definición de las municipalidades la calidad de corporaciones autónomas de derecho público.

2. Señalar que los órganos superiores municipales son el Alcalde y el Concejo.

3. Establecer, además, un órgano de carácter consultivo que es el Consejo Económico y Social Comunal.

4. Agregar nuevas atribuciones a las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones.

5. Readecuar, regular y ampliar la competencia municipal de celebrar convenios y otorgar Concesiones.

6. Establecer un nuevo párrafo 3° que trata del financiamiento y patrimonio municipal, instaurando, con rango Orgánico Constitucional, el Fondo Común Municipal y su conformación.

7. Crearla figura del Administrador Municipal.

8. Consignar que el Alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos, de conformidad al procedimiento que allí se señala; que su mandato durará cuatro años, pudiendo ser reelegido.

9. Puntualizar los requisitos necesarios para ser elegido Alcalde.

10. Suprimir, en materia de incompatibilidades para el desempeño de la función alcaldicia, aquélla relativa al desempeño de cargos directivos en partidos políticos o en organizaciones de naturaleza gremial o sindical.

11. Consultar que la declaración de la eventual inhabilidad sobreviniente (o incompatibilidad en que incurra el Alcalde ha de ser adoptada por el Concejo, por los dos tercios de los concejales en ejercicio, exigiéndose igual quórum para la remoción del mismo por impedimento grave o notable abandono de sus deberes y para aceptarle la renuncia por motivos justificados.

12. Declarar que la cesación en el cargo de Alcalde trae aparejada la del de concejal.

13. Sujetar al trámite de toma de razón el decreto alcaldicio que ponga en vigor el presupuesto municipal.

14. Modificar las normas de subrogación de los Alcaldes.

15. Ampliar y readecuar las atribuciones alcaldicias.

16. Obligar al Alcalde a consultar al Concejo para efectuar la designación de delegados y para alterar el orden de subrogación de su propio cargo.

17. Crear, en cada municipalidad, un Concejo de carácter normativo, resolutivo y, fiscalizador, regulando su composición, los requisitos para ser elegido miembro del mismo, las incompatibilidades e inhabilidades para ser candidato y desempeñar el cargo, las causales de cesación en su ejercicio, la forma para proceder a su reemplazo, sus atribuciones, su funcionamiento, los quórum para sesionar y adoptar acuerdos, además de otras disposiciones que reglan la materia.

18. Establecer, en cada municipalidad, un Consejo Económico y Social Comunal,

integrado por representantes de la comunidad local interesada, normando su integración, mecanismo para acceder a él, requisitos para ser miembro de éste, causales de cesación en el cargo, reemplazo de los miembros titulares, materias que deberán serle consultadas por el Alcalde, su funcionamiento, quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, por señalar aquellas disposiciones que se estima de mayor relevancia.

19. Regular las elecciones municipales, haciéndoles aplicable la normativa consultada en la ley Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios, salvo en aquellos aspectos específicos que aparecen modificados por la ley en proyecto.

20. Modificar el Título que regula los plebiscitos comunales en cuanto a las materias susceptibles de este procedimiento, los órganos competentes para solicitarlos y sus efectos.

21. Agregar un Título destinado a regular las asociaciones que las municipalidades constituyan entre sí y su participación en corporaciones y fundaciones de derecho privado.

22. Definir una serie de situaciones de carácter transitorio, entre las cuales destaca la convocatoria por parte del Presidente de la República a elecciones de concejales dentro de los treinta días siguientes a la fecha día publicación de esta ley, suspendiéndose la elección en los registros electorales a contar del trigésimo día siguiente a la publicación de dicha convocatoria como, asimismo, establecer un conjunto de disposiciones que, complementaria o excepcionalmente a las permanentes del articulado, regularán la primera elección de concejales a efectuarse antes del 30 de junio de 1992.

Tales ideas matrices o fundamentales el proyecto en informe las plasma en veintiocho artículos permanentes y catorce disposiciones transitorias que, someramente, a continuación, pasan a analizarse.

Artículo 1°.

Incorpora al texto vigente del mismo el carácter de corporaciones "autónomas" de derecho público de las municipalidades. Ello, de conformidad con lo preceptuado por el nuevo texto constitucional sobre la materia.

Artículo 2°.

Reemplaza al en actual vigor, indicándose que los órganos superiores de los municipios son el Alcalde, que es su máxima autoridad, y el Concejo; estableciéndose, además, el Consejo Económico Social Comunal, como un ente de carácter consultivo. Este cambio, a decir del Mensaje, obedece a la idea de una mayor democratización y participación en el sistema municipal, lo que guarda concordancia con las normas que se proponen respecto a los mencionados organismos colegiados.

Artículo 3°.

Introduce cuatro modificaciones al artículo 5 de la ley N° 18.695, donde se consultan las atribuciones esenciales que se confieren a los municipios para el cumplimiento de sus funciones.

Así, en lo que respecta a la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna y de que trata su letra c) se precisa que ella lleva involucrada la facultad de asignar y cambiar la denominación de tales bienes, como, igualmente, la de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales.

Por otra parte, se consigna la atribución de la municipalidad de constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura, de conformidad con las normas que la propia ley señala (nueva letra i); la de establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, unidades vecinales, a fin de propender a un desarrollo equilibrado y a una ,adecuada canalización de la participación ciudadana (nueva letra j); y, finalmente, se contempla la facultad de las municipalidades para asociarse entre ellas a fin de facilitar el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las reglas que la misma ley señala (nuevo inciso final).

Artículo 4°.

Tiene por propósito sustituir el actual artículo 6° ampliando la facultad de las municipalidades de celebrar convenios con otros órganos de la administración del Estado a su participación en corporaciones de derecho público, encomendando a la ley su regulación. Además, condiciona las facultades del municipio para celebrar contratos con personas naturales o jurídicas para la ejecución de acciones determinadas, a que ello no importe el traspaso de sus funciones o potestades, limitación esta última, que hace aplicable al otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios municipales y para administrar establecimientos que posea o tenga a cualquier título.

En seguida, innova en cuanto al régimen aplicable a la celebración de los aludidos contratos y otorgamiento de concesiones atendiendo, al efecto, al monto de las obligaciones o al valor de los bienes involucrados. De esta manera, si éstos no excedieren de 100 U.T.M., autoriza actuar mediante contratación directa; si fuere superior a 100 y hasta 300 U.T.M., se llamará a propuesta privada, en las condiciones que indica; si excediere de 300 U.T.M., la regla general es que se proceda previa licitación pública, permitiéndose que cuando concurran imprevistos urgentes y otras circunstancias debidamente calificadas por el Concejo, puedan efectuarse a través de propuesta privada.

Artículo 5°.

Agrega un nuevo párrafo 3° al Título I de la ley Orgánica Constitucional en comentario, llamado “Financiamiento y patrimonio municipal”, conformado por los artículos 10 bis y 11. La primera de estas disposiciones, en su inciso inicial, en concordancia con lo preceptuado en la primera parte del artículo 111 nuevo de la Constitución, ratifica la autonomía que poseen las municipalidades en la administración de las finanzas. En su inciso segundo, y en cumplimiento también de la misma disposición constitucional, se consagra la existencia, con rango Orgánico Constitucional, del Fondo Común Municipal, como un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre los municipios del país, integrado por los recursos que, en los porcentajes que allí se señalan, provienen de las contribuciones de bienes raíces, de los permisos de circulación de vehículos, de lo que recaude la Municipalidad de Santiago por pago de las patentes que señala, de lo que perciban las Municipalidades de Providencia y Las Condes por concepto de las mismas patentes anteriormente aludidas; y, además, por el aporte Fiscal que, para estos efectos, se consulte en la ley de Presupuesto de la Nación.

El inciso final de este precepto, en concordancia con el texto constitucional, entrega la distribución del Fondo Común Municipal a la ley común, esto es, en la especie, a la ley de Rentas Municipales.

El artículo 11 que se propone agregar, debe entenderse sustitutivo de aquél que, con igual numeración, se consulta en el texto en actual vigor, donde se indican los recursos que integran el patrimonio municipal. A la actual enumeración, se agregan el aporte que les otorgue el presupuesto del gobierno regional respectivo (nueva letra b), y los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal (nueva letra c).

Artículos 6°, 7°, 8° y 9°.

Estas normas contienen adecuaciones de carácter meramente formal a aquéllas en actual vigencia, a excepción de la modificación que se propone a la primera de las nombradas, destinada a consultar la eventual existencia en los municipios de un administrador municipal, materia cuya regulación entrega al artículo 24 bis, que se verá a continuación.

Artículo 10.

Propone incorporar un artículo 24 bis, por el cual se crea el cargo de administrador municipal, obligatorio en aquellas comunas con una población superior a cien mil habitantes siendo facultativo para aquéllas que no superen esta cifra, exigiéndose, en este último caso, que tal determinación la adopte el concejo a propuesta del Alcalde.

Dicho administrador será de designación alcaldicia, con acuerdo del Concejo, dependiendo directamente del primero. Para desempeñar este cargo se exigirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres, a lo menos. Sólo podrá ser removido por el Alcalde con acuerdo del Concejo o directamente por éste por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Las funciones que le corresponderá desempeñar, principalmente, son la de velar por el cumplimiento de las instrucciones del Alcalde y los acuerdos del Concejo; la de coordinar y fiscalizar las distintas unidades municipales; la de velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas del municipio, y la de desempeñar las demás atribuciones que le delegue el Alcalde.

Artículo 11.

Consulta adecuaciones formales a los artículos 28, 42 y 46 del texto de la ley en actual vigencia.

Artículo 12.

Tiene por propósito agregar al artículo 44, que exime a las resoluciones que dicten los municipios del trámite de toma de razón, un nuevo inciso que sí sujeta a dicho trámite al decreto alcaldicio que ponga en vigor el presupuesto municipal.

Artículo 13.

Esta disposición, en cumplimiento de lo preceptuado en la parte final del artículo108,inciso primero, del nuevo texto constitucional, sustituye el actual artículo 48 disponiendo que el Alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría devotos de acuerdo al procedimiento que la propia ley señala, que su mandato durará cuatro años, pudiendo ser reelegido.

Artículo 14.

Sustituye el texto del actual artículo 49, que establece los requisitos para ser designado Alcalde, por otro que condiciona la asunción de funciones de éste a la instalación del Concejo, remitiéndose, al efecto, al procedimiento que, en su oportunidad, se verá, al analizar el nuevo artículo 68, donde se consulta en detalle esta materia.

Artículo 15.

Reemplaza el texto del artículo 50 por otro, que presenta respecto de aquél las siguientes diferencias:

a) En materia de incompatibilidades para el desempeño de la función alcaldicia, se plantea la supresión de la contemplada en el actual inciso primero, esto es, aquella relativa a los cargos directivos en partidos políticos u organizaciones de naturaleza gremial o sindical. A, decir del Mensaje, ello obedece al afán democratizador de la institucionalidad municipal, que supone la restitución a todos los ciudadanos de la plenitud de sus derechos cívicos, la rehabilitación de los roles que incumbe desempeñar a las organizaciones políticas y sociales y la participación más amplia en la generación de las autoridades a todo nivel.

b) Manteniendo la incompatibilidad del cargo de Alcalde con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, medio o superior, que no sean municipales, de la misma comuna o agrupación de comunas, fija un límite a esta última situación especial de hasta doce horas semanales.

c) Del mismo modo, en lo que respecta a aquella incompatibilidad para ejercer tal cargo que afecta a las personas naturales que, por sí o como representantes de personas jurídicas, celebren o caucionen contratos con la municipalidad o tengan litigios pendientes con ésta en calidad de demandante, se amplía dicha limitante a los representantes de personas naturales y, además, al hecho de haber celebrado o caucionado contratos con el municipio en los doce meses anteriores a la elección.

Artículo 16.

Consulta con respecto al artículo 51, que contempla las causales de cesación en el cargo de los Alcaldes, las siguientes innovaciones:

a) Respecto de su letra b), relativa a la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, sin perjuicio de adecuar su texto a la nueva normativa, exige que ellas sean declaradas por acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo. Se evita con ello, a decir del Mensaje, que esta facultad pueda prestarse a un manejo indebido por simple afán de censura política.

b) Se suprime aquella causal consistente en la inhabilidad declarada por el Tribunal Electoral Regional competente, fundada en haber dado cumplimiento el alcalde a órdenes o recomendaciones de un partido político en materias atinentes al desempeño de su cargo (actual letra c).

c) En lo que respecta a la remoción por impedimento grave o notable abandono de sus deberes, además de adecuar su texto, se requiere que ella sea acordada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo.

d) Suprime la actual letra e), que es aquella aplicable a los Alcaldes de designación por el Presidente de la República.

e) En cuanto a la causal de renuncia, sin perjuicio de adecuar su texto, exige que ella sea por motivos justificados y aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo.

f) Consulta un inciso final, por el cual se establece que la cesación en el cargo de alcalde lleva aparejada, necesariamente, la del de concejal.

Artículo 17.

Esta disposición, que reemplaza al artículo 52, que trata de la subrogación del Alcalde, en caso de ausencia o impedimento, por el funcionario en ejercicio que le proceda en jerarquía dentro de la municipalidad, haciendo expulsión del Juez de Policía Local, limita la operatorio de tal mecanismo automático a un plazo no superior a un mes. En cuanto a la facultad del Alcalde de designar como subrogante a algún otro funcionario, exige la modificación que se propone que ello será posible previa consulta al Concejo.

Agrega la nueva norma que se propone introducir que tal subrogación no comprenderá la atribución de convocar y presidir el Concejo, la que queda entregada al concejal que corresponda, conforme lo dispone la ley.

Ahora bien, cuando la incapacidad en comentario superare un mes, se entrega al Concejo la facultad de designar de entre sus miembros un Alcalde suplente, acuerdo que habría de ser adoptado por la mayoría absoluta de los concejales presentes.

En cuanto a la vacancia del cargo de Alcalde, se prevé una norma muy similar a la anterior, pero, en este caso, la elección debe efectuarse por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio y luego de haberse llenado la vacante de concejal así generada. Además, se exige que esta elección se verifique en una sesión extraordinaria, con las modalidades que allí se especifican, precisándose que el nuevo Alcalde durará en funciones el tiempo que faltare para completar el cuadrienio de aquél que cesó en el cargo.

Artículo 18.-

Esta disposición, que modifica el artículo 53 de la ley en comentario, que contiene las atribuciones que se confieren a los Alcaldes, al margen de efectuar adecuaciones formales, agrega una nueva consistente en otorgar, renovar y poner término a permisos municipales (nueva letra g).

Artículo 19.

El nuevo artículo 54 que se propone, en concordancia con lo preceptuado en el inciso final del artículo 108 del actual texto constitucional, contempla como materias respecto de las cuales el Alcalde obligatoriamente deberá consultar al Concejo, la designación de delegados y de Alcalde subrogante a un funcionario distinto al que correspondiere aplicando el orden jerárquico dentro de la municipalidad que se trate.

Artículo 20.

Esta disposición, que modifica el artículo 55 de la ley en comento, que consulta aquellas materias respecto de las cuales el Alcalde requerirá el acuerdo del CODECO, también encuentra su fundamentación en la última norma constitucional precitada, y presenta, respecto del texto en actual vigencia, las siguientes modificaciones:

1.- Adecua su encabezamiento, haciendo aplicables sus disposiciones al Concejo.

2.- Respecto de aquella facultad relativa a la aprobación de los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto comunal, se consulta extenderla a los programas de inversión correspondientes.

3.- En cuanto a aquélla tendiente a “establecer” los tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, se sustituye la expresión antes destacada por “aplicar”.

4.- Reemplaza aquella facultad consistente en otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término (actual letra j), por otra, consistente en dictar ordenanzas municipales y el reglamento que allí se señala.

5.- Sustituye aquélla consistente en otorgar, renovar y poner término a permisos municipales (actual letra k) por la de omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, en conformidad a la ley.

6.- Cambia la de omitir el trámite de propuesta o licitación pública para contratar o ejecutar acciones con terceros y realizarlas o acordarlas directamente o a través de propuesta privada, en los casos que señala, por la de convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal.

7.- En el inciso final, para que el proyecto de presupuesto municipal, formulado por el alcalde y aprobado por el Concejo, pase a constituir el Presupuesto Municipal, se agrega una norma que exige que para tales efectos, será necesario la total tramitación, en forma previa, del decreto alcaldicio que lo ponga en vigor. Ello, encuentra su justificación en el hecho de que, como se señalara en su oportunidad, tal decreto está sujeto al trámite de toma de razón.

8.- Finalmente, se propone agregar un inciso final que obliga al Concejo, al aprobar el presupuesto, a velar porque en él se disponga su financiamiento. Consultándose la limitante para este órgano colegiado de no poder aumentar el presupuesto de gastos presentado por el Alcalde, sino sólo su disminución o modificar la distribución de la inversión proyectada en él.

Artículo 21.

Mediante él, se adecua el texto del artículo 56 en términos de que el Alcalde habrá de dar cuenta pública al Concejo Económico Social Comunal de su gestión anual, de la marcha del municipio, presentar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, a más tardar en el mes de abril de cada año.

Artículo 22.

Por este artículo, que modifica el artículo 57, por el cual se faculta al Alcalde para designar delegados, se efectúan cambios de referencia en cuanto a que éstos deberán cumplir con los requisitos para ser concejal y no estar afectados con alguna de aquellas inhabilidades que el artículo 50, en su inciso segundo, consulta para desempeñar el cargo de Alcalde.

Artículo 23.

Este artículo sustituye el Título III de la preceptiva vigente, regulando en su reemplazo la existencia del Concejo, agregando un articulado que va desde el número 58 hasta el 74.

1.- Artículo 58.- En términos muy similares a los consultados en el artículo 108, inciso segundo, del nuevo texto constitucional, esta disposición establece la existencia de este órgano normativo, resolutivo y fiscalizador en cada municipio, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, sin perjuicio de otras facultades que la ley le entrega.

2.- Artículo 59.- Dispone que este órgano colegiado estará compuesto por concejales elegidos por votación directa, mediante un sistema de representación proporcional, durando cuatro años en sus cargos y pudiendo ser reelegidos. El número de concejales será variable, dependiendo del número de electores con que cuente la comuna o agrupación de comunas, respectivas. Así, estará compuesto por seis miembros en aquellas comunas de hasta setenta mil electores; ocho, en las que superen esta cifra y hasta ciento cincuenta mil; y, finalmente, diez en las de más de ciento cincuenta mil electores. Dicho número será determinado por el Director del Servicio Electoral, considerando, al efecto, el padrón electoral vigente siete meses antes de la elección de que se trate, mediante resolución publicada en el Diario Oficial dentro del plazo que indica.

3.- Artículo 60.- En él se establecen los requisitos para ser elegido concejal, disposición que debe entenderse concordada con el artículo 113, inciso primero, del texto constitucional en actual vigencia. Así, exige ser ciudadano con derecho a sufragio; tener dieciocho años de edad; saber leer y escribir; poseer residencia en la región de que se trate, a lo menos en los últimos dos años anteriores a la elección; tener su situación militar al día, y no estar afecto a alguna inhabilidad establecida en el presente ley.

4.- Artículo 61.- Esta disposición prohibitiva, impide ser candidato a concejal a los Ministros de Estado, a los Subsecretarios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, a los Intendentes, a los Gobernadores, a los Parlamentarios, a los miembros del Concejo del Banco Central, al Contralor General de República, a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, a los Jueces de Letras, a los funcionarios que ejerzan el Ministerio Pública, a los Miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales y, en general, a las personas que, por sí o en representación de otra, tengan pendientes contratos, cauciones o litigios, en calidad de demandante, con la respectiva municipalidad, al momento de la inscripción de su candidatura.

5.- Artículo 62.- Consulta las incompatibilidades de los cargos de concejal entre sí y con los de integrante de los Consejos Regionales y de los Consejos Económicos y Sociales Provinciales y Comunales, como, igualmente, con los cargos públicos y las situaciones enunciadas en el artículo anterior. Se agrega que, del mismo modo, lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en el mismo municipio, a excepción de aquéllos de carácter docente, con un límite de hasta doce horas semanales. Además, hace extensible estas incompatibilidades a aquéllos que actuaren como abogados o mandatarios en juicio contra la municipalidad correspondiente.

6.- Artículo 63.- En consonancia con lo preceptuado del nuevo artículo 114 de la Constitución Política, esta disposición consulta las causales de cesación en el ejercicio del cargo de concejal, considerándose, en primer lugar, la renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio; en segundo término, la inasistencia injustificada, durante el año, a más de la mitad de las sesiones celebradas en él; luego, se consulta la inhabilidad sobreviniente por las causales que allí indica; en seguida, la pérdida de alguna de las exigencias para ser elegido concejal; y, finalmente, por incurrir en las incompatibilidades que se señalan.

7.- Artículo 64.- Esta disposición entrega al Concejo la calificación de existencia de las cuatro últimas causales precedentemente indicadas, resolución que habrá de adoptarse por los dos tercios de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente citada al efecto por el secretario municipal, a iniciativa del Alcalde o de un tercio de los concejales en ejercicio.

A continuación, este artículo impide el remplazo de aquellos concejales elegidos con carácter de independientes, a menos de haber integrado listas y, por otra parte, que, en general, el concejal que ocupe una vacante, permanecerá en el cargo por el tiempo que reste para completar el respectivo cuadrienio.

8.- Artículo 65.- Esta disposición consulta la norma general a aplicar en caso de fallecimiento o cese de funciones de algún concejal, estableciendo que tal vacante será provista por aquel compañero de lista electoral que le hubiere seguido en orden de votación.

El inciso segundo de este artículo prevé la eventualidad de resultar inaplicable la norma precedente, encomendando al Concejo proveerla, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de una terna presentada por el partido político al que pertenecía quien originó la vacante al momento de su elección.

9.- Artículo 66.- Su inciso primero contempla las funciones de este órgano colegiado, las que someramente, son las de elegir al Alcalde, cuando proceda; otorgar su acuerdo a aquél en los casos que señala esta ley; fiscalizar sus actuaciones y el cumplimiento de los planes y la ejecución del presupuesto municipal; emitir su pronunciamiento en relación a las causales de cesación en los cargos de alcalde, concejal e integrante del Concejo Económico y Social Comunal; y, finalmente, aprobar la participación de la municipalidad en asociaciones, corporaciones o fundaciones.

Su inciso segundo obliga al Concejo a dar su asentimiento respecto de presupuestos debidamente financiados, encomendándole en forma especial al Jefe de la Unidad de Control la de advertirle acerca de los desajustes que detecte. No obstante ello, la norma faculta al gobierno regional para intervenir en esta materia, a fin de lograr el ajuste necesario.

El inciso final faculta al Concejo para solicitar a los distintos entes municipales los antecedentes que estime del caso para el correcto desempeño de sus funciones, como, igualmente, requerir del Alcalde o de la Contraloría General de la República la realización de las investigaciones y sumarios administrativos que considere necesarios.

10.- Artículo 67.- Esta norma fija un plazo máximo de veinte días para que el Concejo se pronuncie respecto de aquellas materias que, de conformidad con el artículo 55, requieran su acuerdo, al término del cual, de no haberlo emitido, cobrará vigencia la proposición del Alcalde.

11.- Artículo 68.- Esta disposición consulta normas de detalle en lo que respecta al proceso de instalación del Consejo, noventa días después de celebrada la respectiva elección. En esta sesión constitutiva, elegirá al Alcalde, cuando ello proceda, y determinará los días y horas de sus sesiones ordinarias, disponiéndose levantar un acta de todo lo obrado, la cual habrá de remitirse al Intendente o Gobernador respectivo.

12.- Artículo 69.- Esta norma dispone que las sesiones ordinarias se realizarán, a lo menos, una vez por semana, pudiendo ser tratadas en ellas todos aquellos tópicos de su competencia. En cuanto a las de carácter extraordinario exige que sean convocadas por el Alcalde o, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, pudiendo tratarse en ellas solamente aquellos rubros señalados en la citación.

Se consagra el carácter público de estas sesiones, a excepción de aquéllas en las cuales habrán de tratarse aspectos relativos al personal o a los concejales, como, igualmente, cuando la unanimidad del concejo así lo acuerde.

13.- Artículo 70.- Esta norma prescribe que corresponderá al Alcalde presidir las sesiones y, en ausencia de éste, al concejal más votado dentro de la lista mayoritaria; de no ser ello posible, de igual forma, se verá en la lista siguiente y así, sucesivamente, correspondiéndole al secretario municipal actuar de secretario del Consejo.

14.- Artículo 71.- Señala como quórum para sesionar y para sesionar y para adoptar acuerdos la mayoría de los concejales y la materia absoluta de los concejales asistentes, respectivamente, entregando a su presidente –al Alcalde o a quien lo subrogue el voto dirimente para resolver los empates.

15.- Artículo 72.- Consulta una dieta, no imponible, para los concejales, equivalente a una U.T.M., por cada sesión a que asistan, la que no podrá ser superior a cuatro U.T.M., por cada sesión a que asistan, la que no podrá ser superior a cuatro U.T.M. dentro del mes.

16.- Artículo 73.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que eventualmente afecte a los concejales, esta disposición los exceptúa de la aplicación de aquella normativa concerniente a los funcionarios municipales.

17.- Artículo 74.- Esta disposición final del Título en análisis, otorga al Concejo la facultad de dictarse un reglamento en el cual habrá de establecerse, en lo que no se contraponga con las normas de esta ley, la preceptiva necesaria para su funcionamiento.

Artículo 24.

Mediante él se introduce un nuevo Título IV a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el que se crea el Consejo Económico y Social Comunal. Cabe consignar que el texto de la reforma constitucional recientemente aprobado, en su artículo 107, inciso primero, sólo destaca su existencia, asignándole un carácter consultivo.

El Ejecutivo, en la parte expositiva de su Mensaje destaca el rol, que califica de preponderante, que se le confiere a este órgano. Señala que lo que se propone tiene por objeto readecuar el actual CODECO, con una generación, composición y funciones diversas a aquél, pero manteniendo, en todo caso, su carácter de órgano asesor, de participación de la comunidad y de integración corporativa.

En cuanto a la primera de las características arriba anotadas, se diferencia entre aquellas ocasiones en que el Alcalde deberá requerir su opinión, calificándolo, en este caso, como un “órgano de consulta”, y en cuanto a aquellas materias sobre las cuales podrá expresar su parecer, a requerimiento del Alcalde o de propia iniciativa, considerándolo, esta vez, como un “órgano asesor” propiamente tal.

Por otra parte, como se indicó, se resalta su rol en materia de integración corporativa, concibiéndolo como un “órgano de concertación”, toda vez que en su interior se debatirán diversos temas de interés local, haciendo viable, así, el logro de amplios consensos entre los distintos sectores vecinales, funcionales, empresariales y laborales, representativos de la comunidad local, en torno a aspectos específicos que posibiliten el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Por último y, como también se señalara, es estimado como un “órgano de participación”, por cuanto la comunidad, por su intermedio, tendrá injerencia en el gobierno local, al proponer criterios y lineamientos para la planificación en el ámbito comunal y al elevar los acuerdos que adopte a la consideración del Alcalde.

A continuación, el Mensaje destaca las ideas centrales que inspiran el establecimiento de este Consejo.

La primera de ellas es la de “participación a través de organizaciones”, la que explica en orden a que para participar en la gestión municipal, los diversos sectores de la sociedad han de organizarse a nivel comunal en entidades que sean realmente representativas de los intereses comunes de sus asociados.

La segunda, que denomina “recuperación del rol protagónico de las juntas de vecinos”, resalta el papel preponderante que estas entidades deben jugar en el ámbito municipal, al considerarlas como la forma natural que tienen los vecinos para organizarse frente a la autoridad local. En razón de ello, agrega, esta iniciativa aumenta la representatividad de tales células comunales básicas, que actualmente alcanza, en el mejor de los casos, a la cuarta parte del CODECO, elevándola al cincuenta por ciento de la integración de este Consejo Económico y Social Comunal.

La tercera finalidad apunta a incorporar a las organizaciones de trabajadores en los mecanismos de participación comunal.

Finalmente, la cuarta idea central está dirigida a la “generación democrática de la representación” en este Consejo, configurándose, a este respecto, un procedimiento de elección directa de los consejeros por los delegados de las organizaciones habilitadas legalmente para participar en el proceso.

Tales postulados se encuentran recogidos entre los artículos 75 y 91 que, integrando el nuevo Título, se proponen agregar a la mencionada ley municipal; no obstante destacaremos, a continuación, en forma somera, aquellos aspectos que, estimándose de mayor relevancia, merecen un análisis más detallado.

a) Los integrantes del Consejo Económico y Social durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos (artículo 76, inciso primero).

b) Todas las comunas o agrupaciones de comunas no tendrán el mismo número de consejeros. Así, serán doce para aquéllas que posean una población hasta treinta mil habitantes; dieciocho para las que superen la anterior cifra y hasta cien mil; y, por último, veinticuatro para las que rebasen esta última cantidad (artículo 76, inciso segundo).

c) La mitad de los integrantes de cada Consejo será elegida por las Juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, las organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios y las entidades laborales de la comuna (artículo 77).

d) Cada municipio deberá llevar un registro, a cargo del secretario municipal, de las mencionadas organizaciones existentes en la comuna o agrupación de comunas respectivas, que tengan derecho a participar en la elección del Consejo Económico y Social Comunal (artículos 79 y 80).

e) Se establece un procedimiento de reclamación, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente respecto de la inclusión o exclusión indebida de una organización en la nómina que deberá elaborar el secretario municipal, al efecto (artículo 82).

f) A fin de elegir a los miembros del Consejo, el aludido funcionario municipal citará a las organizaciones inscritas a asambleas separadas por estamento. Cada organización se hará representar en ellas por un delegado, elegido por votación directa de entre sus afiliados activos. Los representantes, a su vez, serán elegidos por votación directa y nominal de los delegados, resultando electos quienes obtengan las primeras mayorías individuales, hasta la concurrencia del número de consejeros que le corresponde elegir al respectivo estamento. Los que obtengan las mayorías subsiguientes serán elegidos en calidad de suplentes. Del procedimiento de votación se podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional respectivo (artículo 83).

g) Los requisitos para ser miembro de este Consejo son: tener dieciocho años de edad; un año de afiliación, como mínimo, en la organización; ser chileno o extranjero con más de tres años de avecindamiento en el país, y no haber sido condenado ni encontrarse procesado por delito que merezca pena aflictiva. Además, hace aplicables a los consejeros las inhabilidades e incompatibilidades consultadas para los integrantes de los concejos (artículo 86).

h) Establece, en líneas generales, y con las adecuaciones del caso, similares causales de cesación en el cargo de estos consejeros que aquéllas que resultan aplicables a los miembros del Concejo, con la salvedad que se agrega la consistente en la “pérdida de la calidad de miembro de la organización que represente”, cuya calificación y resolución, acerca de su procedencia, con excepción de la de renuncia, entrega al Concejo, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a petición de la simple mayoría de los consejeros, también, en ejercicio (artículo 87).

i) Como se señalara en su oportunidad, existen materias que la ley exige sean consultadas al Consejo por el Alcalde. Estas son: la planificación del desarrollo comunal: las políticas generales para la prestación de servicios públicos municipales: los proyectos de inversión local; los proyectos sociales en las áreas de cultura, educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario; la denominación de bienes nacionales de uso público, poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales; y, finalmente, las medidas generales encaminadas a mejorar y preservar el medio ambiente (artículo 89, inciso primero).

j) El Alcalde, anualmente, dará cuenta de su gestión al Consejo (artículo 89, inciso final).

k) La directiva del Consejo está integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que serán elegidos por los miembros del mismo (artículo 91, inciso primero).

l) En relación a las sesiones extraordinarias, se precisa que podrán ser convocadas por el Alcalde o, a lo menos, un tercio de los miembros en ejercicio del Consejo (artículo 91, inciso segundo).

m) El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de la mayoría de los consejeros en ejercicio (artículo 91, inciso tercero).

Artículo 25.

Mediante este artículo se agrega un nuevo Título V a la ley en referencia, relativo a las elecciones municipales, cuyas normas se contienen entre sus artículos 93 y 112, que se proponen agregar a la misma, disposiciones que se comentarán, a continuación, en sus aspectos más relevantes.

1.- Artículo 93.- Hace aplicable a estas elecciones, en todo lo que no sea contrario a la presente ley, la normativa contenida en las leyes Orgánicas Constitucionales sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre Partidos Políticos y sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

2.- Artículo 94.- Dispone que las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las veinticuatro horas del centesimovigésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente. Cada candidato deberá acompañar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos y no estar afecto a alguna de las incompatibilidades contempladas en los artículos 60 y 61 para los concejales.

3.- Artículo 95.- En estas elecciones, dos o más partidos políticos e independientes, en su caso, que formen parte de un pacto electoral, podrán acordar una federación, la que regirá para aquellas regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes de la misma se encuentren legalmente constituidos.

4.- Artículo 96.- Hace obligatoria la formalización, en un solo acto, de las declaraciones de candidaturas a concejales que presenten los partidos políticos o los pactos electorales y las eventuales federaciones que se acuerden, pudiendo incluir tales declaraciones igual número de candidatos como concejales corresponda elegir.

5.- Artículo 97.- Esta norma contiene la forma de individualización de las federaciones, de cada uno de los partidos políticos suscriptores de ellas; indicándose, luego, los nombres completos de los candidatos afiliados al respectivo partido. En cuanto a los independientes incorporados a un pacto o federación, junto a su nombre se expresará tal calidad.

6.- Artículo 98.- En cuanto a las declaraciones de candidaturas independientes, se exige que sean patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hubieren sufragado en la votación popular más reciente dentro del territorio respectivo, limitando a un 5%, dentro del porcentaje anterior, el eventual patrocinio de afiliados a partidos políticos. Por otra parte, se encomienda al Director del Servicio Electoral la determinación del número mínimo necesario de patrocinantes, resolución que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección.

7.- Artículo 99.- Siempre en materia de candidaturas independientes, esta disposición señala que deberá suscribirse su patrocinio ante un notario público o el oficial del Registro Civil competente, en su caso, por ciudadanos inscritos en los Registros Electorales.

8.- Artículo 100.- Esta norma faculta al Director Regional del Servicio Electoral para aceptar o rechazar aquellas candidaturas que hubieren sido declaradas, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación en la región, la que será reclamable ante el Tribunal Regional Electoral respectivo, todo ello dentro de los plazos que en ella se consultan.

9.- Artículo 101.- Las candidaturas definitivas serán inscritas por el Director Regional del Servicio Electoral en un registro que llevará a este efecto.

10.- Artículo 102.- Consulta la remisión, por parte del presidente del colegio escrutor, al Tribunal Electoral Regional y al Director Regional del Servicio Electoral, por intermedio de Correos, del sobre especificado en la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (artículo 90), dentro de las dos horas siguientes al momento en que lo reciba.

11.- Artículo 103.- Encomienda a los Tribunales Electorales Regionales la realización del escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales.

12.- Artículo 105.- En la determinación de los votos obtenidos por cada lista se sumarán aquéllos emitidos a favor de cada uno de los candidatos de la misma.

13.- Artículo 106.- Para establecer el cuociente electoral, los votos de lista se decidirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Estos se ubicarán en orden normal y decreciente, hasta copar con ellos el número de cargos por elegir. El que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista, mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

14.- Artículos 107, 108 y 109.- Estas disposiciones contienen normas de detalle acerca de los procedimientos a aplicar para determinar los candidatos elegidos dentro de cada lista; respecto de una lista en que se hayan establecido federaciones entre partidos; y, finalmente, dentro de cada federación, respectivamente, las que no requieren de mayor análisis, atendido su tenor obvio y claro.

15.- Artículo 110.- Precisa que las postulaciones o candidaturas independientes tendrán el tratamiento propio de una lista; pero que, sin embargo, para los efectos de formar parte de pactos o federaciones con partidos políticos, tendrán el tratamiento propio de éstos.

16.- Artículo 111.- Establece que será proclamado alcalde el candidato a concejal que, habiendo obtenido individualmente el mayor número de preferencias, cuente a lo menos con el treinta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos y siempre que integre la lista más votada. De no darse esta situación, el Consejo elegirá al Alcalde de entre sus miembros, en votación que se efectuará en su primera sesión y por la mayoría absoluta de los concejales elegidos. En caso de no obtenerse dicha mayoría, repetirá la votación entre los dos concejales que hayan obtenido las más altas mayorías. De producirse un empate en esta segunda votación, el cargo de Alcalde se ejercerá por cada uno de los concejales empatados, en dos subperíodos de igual duración, estableciéndose la limitante que dicho cargo sólo podrá ser ejercido en cada subperíodo por el mismo concejal.

Por último, se prescribe que el cargo de Alcalde será irrevocable, a menos de incurrir en alguna de las causales de cesación establecidas en el artículo 51 de esta ley, ya analizado.

17.- Artículo 112.- Consulta la remisión por parte del Tribunal Electoral Regional de una copia autorizada de su falloi y del acta complementaria de proclamación relativos a sus respectivas comunas al Ministro del Interior, al Director del Servicio Electoral, a los gobernadores provinciales y a los secretarios municipales, en lo pertinente, comunicando, al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos elegidos.

Artículo 26.

Esta disposición introduce al actual Título IV –que pasa a ser Vi de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que trata de los plebiscitos comunales, una serie de modificaciones, concordantes con lo preceptuado en la segunda parte del inciso tercero del artículo 107 del nuevo texto constitucional. Estas son las siguientes:

1.- En el artículo 82, que pasa a ser 113, se obliga al Alcalde a someter a plebiscito aquellas materias relativas a inversiones de desarrollo comunal que absorban más del cinco por ciento del presupuesto de inversión del municipio en el año correspondiente, a concesiones municipales y a los proyectos de modificación del plan regulador de la comuna, quien lo podrá convocar de propia iniciativa y con acuerdo del Concejo o a solicitud de los ciudadanos inscritos en los registros electorales respectivos.

2.- El artículo 83, que pasa a ser 114, preceptúa que para efectos que los ciudadanos señalados en el artículo anterior puedan requerir la realización de un plebiscito, se precisará, a lo menos, la firma del veinte por ciento de aquéllos inscritos al 31 de diciembre del año anterior, autorizada ante notario público u oficial del registro civil.

3.- El artículo 84, que pasa a ser 115, prescribe que el decreto alcaldicio convocatorio del plebiscito habrá de publicarse en el Diario Oficial y en un período de los de mayor circulación en la comuna, además de por avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos. Sin perjuicio de que el aludido decreto deberá contener las materias sometidas a plebiscito indicará, además, la fecha de su realización, la que no podrá ser anterior a sesenta ni posterior a noventa días a aquélla en que fue publicado en el Diario Oficial.

Se estatuye, en forma expresa, que el resultado del plebiscito será obligatorio.

Se establece, finalmente en este artículo, que las inscripciones electorales se suspenderán al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria a plebiscito y se reabrirán desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al Director del Servicio Electoral el término del proceso de calificación.

4.- El artículo 85, que pasa a ser 116, prohíbe la celebración de más de dos plebiscitos en una misma región dentro de un mismo mes. Se faculta, además, al Director del Servicio Electoral para acordar con los alcaldes correspondientes el programa de plebiscitos, a fin de que exista una diferencia de, a lo menos, treinta días entre ellos.

5.- En el artículo 86, que pasa a ser 117, y que prohíbe la convocatoria a plebiscito dentro de los seis meses anteriores a una elección de Parlamentarios o de Presidente de la República, se amplía a doce meses este plazo.

6.- En el artículo 87, que pasa a ser 118, que hace de cargo de la municipalidad correspondiente el costo de los plebiscitos comunales, encomendándole, además, la confección de las cédulas y distribución de los útiles, sin perjuicio de efectuar una adecuación de carácter formal, le suprime aquellas obligaciones adicionales señaladas en último término.

7.- En el artículo 88, que pasa a ser 119, mediante el cual hace aplicable a la realización del plebiscito, en lo pertinente, la normativa establecida en la ley N° 18.700, se agrega una disposición que prohíbe la designación de apoderados en estos actos comunales.

Artículo 27.

Mediante este artículo se agrega un nuevo Título VII a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, relativo a las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales. Esta normativa encuentra su respaldo constitucional en el nuevo artículo 107, inciso cuarto, de la Carta Fundamental. Las materias que aborda se encuentran contenidas en diez artículos, que van desde el 120 al 129, ambos inclusive.

Artículos 120 y 121.- Posibilitan que una o más municipalidades constituyan o participen en corporaciones o fundaciones de derecho privado, cuyo propósito sea la promoción y difusión del arte y la cultura, y que no persigan fines de lucro. Estas podrán formarse con una o más de las citadas personas jurídicas o con otras entidades del sector público. La última de las disposiciones en análisis exige que tales actos sean aprobados por el Concejo.

Artículo 122.- Limita a cinco la cantidad máxima de directores con que podrán contar las referidas corporaciones y fundaciones, los que tendrán siempre el carácter de concejal.

Esta norma se encarga de especificar que dentro de la expresión “fines artísticos y culturales” a los que circunscribe este Título el quehacer de las municipalidades en esta materia, en caso alguno podrá entenderse que comprende la administración y operación de establecimientos educacionales o de atención de menores.

Artículo 123.. Faculta a los municipios para otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte, no resultándoles aplicable, en este caso, la limitante del 7% del presupuesto municipal. No obstante, se les prohíbe, en forma expresa, caucionar obligaciones contraídas por estas entidades.

Artículo 124.- Obliga a estas corporaciones y fundaciones de participación municipal a rendir cuenta documentada a la respectiva municipalidad, en forma semestral, en lo que respecta a las labores realizadas y al uso de sus recursos, sin perjuicio del rol que, en cuanto a este último aspecto, la ley entrega al Concejo.

Por otra parte, esta norma fija un tope máximo, ascendente al 30% de sus ingresos, que estos entes pueden destinar a gastos en materias de personal y administración.

Artículo 125.- Hace aplicable a quienes presten servicios en las corporaciones y fundaciones de participación municipal la normativa laboral y previsional del sector privado.

Artículo 126.- Somete a la fiscalización de la Contraloría General de la República a las entidades en referencia.

Artículo 127.- Permite la asociación de dos o más municipios con el fin de lograr la solución de problemas comunes u optimizar la utilización de los recursos. A continuación, esta norma señala los propósitos que podrán perseguirse a través de este procedimiento asociativo, los que son: la atención de servicios comunes; la realización de obras de desarrollo local; el establecimiento de órganos o dependencias comunes, con excepción de aquéllos que allí indica; la ejecución de programas conjuntos; la capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal; y, finalmente, la coordinación con organismos nacionales e internacionales, con el objeto de mejorar el régimen municipal.

Artículo 128.- Esta disposición establece las menciones que, necesariamente, deberán ser consultadas en los convenios que celebren los municipios en la creación de este tipo de asociaciones. Ellas son: las obligaciones que expresamente contrae cada uno de los asociados; los recursos financieros y materiales que cada municipalidad aportará al efecto; el personal que se dispondrá para estos propósitos; y, finalmente, la especificación de la municipalidad que asumirá la administración y dirección de los servicios que se presten u obras que se ejecuten.

Por otra parte, esta disposición hace necesario el acuerdo de los Concejos respectivos como requisito previo a la celebración de los convenios en referencia.

Artículo 129.- Dispone que los recursos necesarios para el funcionamiento de estas asociaciones habrán de consultarse en los correspondientes presupuestos municipales.

Por último, se exceptúa de la limitación de tiempo genérica aplicable a las comisiones de servicios, a aquellos funcionarios municipales que pasen a desempeñarse en estas nuevas entidades.

Artículo 28.

Esta norma adecua la numeración de aquellos artículos que integran el Título final de la ley Orgánica Constitucional en análisis.

Disposiciones transitorias.

a) La primera de ellas dispone la convocatoria a elecciones de concejales, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, por parte del Presidente de la República; estableciendo, al mismo tiempo, que, a contar del trigésimo día siguiente a la publicación de aquélla, se suspenderá la inscripción en los registros electorales.

b) La segunda obliga a los secretarios municipales, dentro del mismo plazo aludido en primer lugar en la disposición anterior, a abrir los registros destinados a la inscripción de las organizaciones que participarán en las elecciones de los miembros de los Concejos Económicos y Sociales respectivos, manteniéndose, así, durante sesenta días.

Para este primera constitución de los consejos determina que no será aplicable a tales organizaciones el requisito de antigüedad exigida en la normativa permanente.

c) La tercera señala como plazo de instalación para los primeros consejos económicos y sociales comunales los treinta días siguientes a aquél en que asuman los Concejos.

d) La cuarta hace aplicable el censo realizado en 1982 para determinar el número de miembros de los Consejos y, en el evento de no poder aplicar éste, se encomienda al Instituto Nacional de Estadísticas evacuar un informe sobre el particular.

e) La quinta faculta al Presidente de la República para incorporar en las plantas de aquellos municipios respecto de los cuales la normativa permanente exige el establecimiento de un administrador municipal, para que, dentro de un año de la publicación de esta ley, lo establezca mediante decreto con fuerza de ley. En cuanto a las comunas que no se encuentren en la situación anotada, se posibilita que el alcalde requiera del Presidente de la República la modificación de la planta correspondiente, haciéndose aplicable, en este caso, el mismo tratamiento anterior.

f) La sexta no se comenta por su carácter obvio y sencillo.

g) La séptima hace aplicable a las próximas elecciones de concejales el padrón electoral vigente al 31 de agosto del presente año, tanto en lo que respecta a la cantidad de éstos a elegir por cada territorio, como al mínimo de ciudadanos patrocinantes de candidaturas independientes, debiendo publicarse en el Diario Oficial la resolución respectiva.

h) La octava hace obligatoria la renuncia con anterioridad a la declaración de las respectivas candidaturas de los actuales Alcaldes y miembros de los CODECOS que quieran postular en esta elección.

i) La novena determina el día y hora máximos para la declaración de las candidaturas a concejales.

j) La décima también señala un plazo dentro del cual el Director del Servicio Electoral debe aceptar o rechazar las candidaturas que hubieren sido declaradas, como, del mismo modo, otro dentro del cual se podrá reclamar de esta resolución ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente; estándose, en lo que respecta a la inscripción definitiva de las candidaturas, a la preceptiva permanente de esta ley.

Finalmente, en lo que a esta materia respecta, determina una época especial para la realización del sorteo que determinará la ubicación de los candidatos en las listas correspondientes.

k) La undécima mantiene en el desempeño de sus actuales funciones a los CODECOS, en tanto no entren a operar los Concejos.

l) La duodécima preceptúa que los actuales Alcaldes como, igualmente, quienes los reemplacen, y los miembros de los CODECOS, dejarán de prestar sus funciones al asumir los alcaldes y concejales elegidos de acuerdo a la ley cuya modificación se plantea.

m) La decimotercera hace aplicable a los Concejos todas aquellas normas contenidas en otras leyes y que se refieran a funciones, atribuciones y deberes de los CODECOS.

n) La decimocuarta faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido de la Ley Orgánica en referencia, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley en proyecto.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- Discusión general.

Cabe consignar que vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, en líneas generales, compartió los puntos de vista sustentados por el Ejecutivo al fundamentar la iniciativa en informe, procediendo, por unanimidad, a prestar su aprobación a la idea de legislar sobre la materia.

B.- Discusión particular.

Durante el estudio pormenorizado del proyecto, vuestra Comisión adoptó, respecto de su articulado, los acuerdos siguientes:

Artículo 1°.

Esta disposición, que propone el reemplazo del artículo 1° de la ley Orgánica Constitucional en comento, adecuando la definición de municipalidades al nuevo texto constitucional, según se vio, fue aprobada por asentimiento unánime y en idénticos términos a aquéllos consignados en el Mensaje.

Artículo 2°.

Esta norma, que sustituye el artículo 2° de la ley en referencia, a fin de conciliar su contenido con la reciente reforma constitucional, repitiendo, en similares términos, el inciso primero del artículo 107 de la Carta Fundamental, fue aprobado por unanimidad, con una abstención.

Artículo 3°.

Este precepto, que propone introducir cinco modificaciones al artículo 5° de la ley en comentario, que consigna las atribuciones esenciales de que dispondrán los municipios para cumplir sus funciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

Artículo 4°.

Esta disposición, que reemplaza el artículo 6° de la ley de municipalidades, fue objeto del siguiente tratamiento:

a) Su inciso primero, relativo a las facultades de los municipios de celebrar convenios con órganos de la Administración del Estado y participar en corporaciones de derecho público, fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría, copatrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta, Hamuy, Montes y Ortega, mediante la cual, se reafirma el carácter independiente que posee la municipalidad, tanto en el ámbito de lo que son sus atribuciones como en el de su acción, el cual no podrá ser afectado por aquéllos.

b) Su inciso segundo, relativo a la celebración, por parte de los municipios, de contratos relativos a la ejecución de acciones determinadas, fue aprobado por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos.

c) Su inciso tercero, atingente al otorgamiento de concesiones, fue aprobado por igual quórum de votación, sin sufrir modificaciones.

d) Sus incisos cuarto, quinto y sexto, que aluden al mecanismo a aplicar para el caso de celebración de contratos y otorgamiento de concesiones, fueron objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría y una abstención, suscrita por los señores Bombal, Cantero, Elizalde, Leay, Longton, Morales, Sotomayor y Ulloa, mediante la cual se hace obligatoria la licitación pública en estas actuaciones, cualquiera sea se monto, posibilitando que el Concejo, eventualmente, pueda autorizar al Alcalde, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, para reemplazar dicho trámite previo por el de propuesta privada.

Artículo 5°.

Este artículo, que propone agregar un nuevo párrafo tercero al Título I de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, relativo al financiamiento y patrimonio municipal, que consta de dos artículos, fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

a) Se presentó una indicación, patrocinada por los señores Bombal, Cantero, Leay, Morales, Sotomayor y Ulloa, aprobada por asentimiento unánime, por la cual se invirtió el orden de precedencia de ambos artículos.

b) El artículo 11 propuesto por el Mensaje (actual 10 bis), referido a los recursos que conforman el patrimonio municipal, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

c) El artículo 10 bis (actual 11), que contempla el Fondo Común Municipal y los elementos que lo componen, fue objeto de una indicación sustitutiva de su inciso final, suscrita por los señores Longton, Morales y Ulloa, que sujeta a los criterios y normas contenidos en la ley de Rentas Municipales la distribución del mismo.

Sometido a votación separada, los incisos primero y segundo, fueron aprobados por simple mayoría y dos abstenciones. En lo que respecta al inciso final, su texto sustitutivo fue aprobado por asentimiento.

Artículo 6°.

Esta disposición que introduce dos modificaciones al artículo 12 de la ley N° 18.695, la primera tendiente a efectuar una adecuación meramente formal, y la segunda que propone introducir una norma que posibilita la existencia en los municipios de un administrador municipal, fue objeto de la siguiente votación, sin introducirse modificaciones al texto propuesto por el Mensaje: su letra a) fue aprobada por asentimiento unánime, su letra b) lo fue por simple mayoría y una abstención.

Artículo 7°.

Esta disposición, que propone modificar el artículo 16, en el cual se consignan las funciones principales de la secretaría municipal, reemplazando la primera de ellas, en cuanto a dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo, fue aprobada por unanimidad, en iguales términos.

Artículos 8°, 9° y 11.

Estas normas, que consultan adecuaciones a los artículos 17, 18, 28, 42 y 46 de la ley en vigor, fueron aprobadas por unanimidad.

Artículo 10.

Esta disposición, que propone introducir un artículo 24 bis en la ley municipal en referencia, por el cual se regula la existencia y funciones del administrador municipal, fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

a) Su inciso primero, que hace obligatoria su existencia en aquellas comunas con una población superior a los cien mil habitante, haciéndola facultativa, con las modalidades que indica, para las que tengan una población inferior a la señalada, fue objeto de una indicación sustitutiva, copatrocinada por los señores Aguiló y Leay, aprobada por simple mayoría y una abstención, que uniforma la eventual existencia de tal cargo, a una decisión propia de cada municipalidad, adoptada en la forma que allí se menciona.

b) En su inciso segundo, que establece la forma de designación del administrador municipal, su dependencia, sus exigencias académicas y la imposibilidad de acceder a este cargo por ascenso, se presentó una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría y dos abstenciones, copatrocinada por la señora Caraball y el señor Leay, que establece la provisión de este cargo por concurso público y, además, puntualiza que el título profesional exigido para desempeñarlo ha de ser acorde con la función que se le encomienda, manteniéndose, en lo demás, sin variaciones la norma original.

c) A su inciso tercero, que preceptúa que el administrador municipal podrá ser solamente removido por el Alcalde, con el acuerdo del Concejo o por los dos tercios de los miembros en ejercicio de este último, se presentó una indicación por parte del señor Leay, de índole sustitutiva, aprobada por simple mayoría y dos abstenciones, que indica que la remoción del administrador sólo corresponderá al Concejo, mediante resolución adoptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio.

d) Su inciso cuarto, que consulta las funciones que corresponderá desempeñar al administrador municipal, fue aprobado por simple mayoría y

e) Su inciso final, que entrega al alcalde la facultad de regular el ejercicio de las funciones del administrador municipal con acuerdo del Concejo, fue aprobado por igual quórum de votación, en idénticos términos a los propuestos.

Artículo 12.

Este precepto, que consultaba agregar una norma al artículo 44, tendiente a someter al trámite de toma de razón al decreto alcaldicio destinado a poner en vigencia el presupuesto municipal, fue objeto de sendas indicaciones, de similar contenido, aprobadas por unanimidad y dos abstenciones, la primera de ellas patrocinada por la señora Caraball y los señores Elgueta, Montes y Peña; y la segunda, por los señores Cantero, Leay, Longton, Morales, Sotomayor y Ulloa, que lo suprimió.

El texto aprobado por la Comisión que lleva este número, tiene su origen en una indicación presentada por el Ejecutivo, tendiente a introducir modificaciones al artículo 35 y un nuevo artículo 38 a la ley Orgánica en referencia. En cuanto a la primera de las disposiciones nombradas que, luego de preceptuar la estabilidad en el empleo de que gozará el personal municipal, señala las causales de ordinaria aplicación de cesación en un cargo, se propone introducir una modificación destinada a consignar una nueva causal de cesación respecto de aquéllos que se encuentren en la situación prevista en el artículo 38 de la misma ley.

El texto que se propone como artículo 38, que, en su inciso primero, contiene aquellos cargos que asigna la calidad de “exclusiva confianza” y, que de acuerdo que serán designados y removidos por el Alcalde, a excepción del de secretario municipal, respecto de quien se consultan modalidades especiales para su nombramiento y remoción, fue motivo del siguiente tratamiento:

a) A su inciso primero se presentó una indicación aditiva, por parte de la señora Caraball, que consulta, además, como cargo de exclusiva confianza al de asesor urbano.

Sometido a votación el inciso con la señalada indicación, fue aprobado por simple mayoría.

b) A iniciativa, también de la señora Caraball, fue introducido, por igual quórum de votación, un nuevo inciso segundo, que dispone la provisión de los cargos de director de obras y de secretario comunal de planificación y coordinación por concurso público, como, igualmente, que su remoción sólo podrá llevarse a cabo por acuerdo del Concejo, a propuesta del Alcalde.

c) Su inciso segundo (actual tercero), también fue aprobado por simple mayoría, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo.

Artículo 13.

Este artículo, que propone sustituir el actual texto del artículo 48, estableciendo la forma de elegir al Alcalde y su duración en el cargo, fue aprobado por asentimiento unánime.

Artículo 14.

Esta disposición, que reemplaza el artículo 49 y que determina la época en que el Alcalde habrá de asumir su cargo, condicionándolo a la instalación del Concejo, fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por unanimidad, suscrita por los señores Cantero, Leay, Morales, Sotomayor y Ulloa, por la cual se suprimió tal modalidad.

Artículo 15.

En éste, que se consultan las incompatibilidades para desempeñarse como Alcalde y que propone reemplazar el artículo 50, de la manera que se analizara en su oportunidad, la Comisión, por unanimidad, acordó aprobar su inciso primero en los mismos términos propuestos en el Mensaje. No obstante, en lo que respecta a su inciso segundo, fue aprobada, por igual quórum de votación, una indicación sustitutiva, patrocinada por los señores Cantero, Bombal, Leay, Longton, Sotomayor y Ulloa que, en líneas generales, hace operable la causal que allí se establece en la medida que exista a la fecha de la inscripción de la respectiva candidatura.

Artículo 16.

Esta disposición, que introduce una serie de modificaciones al artículo 51 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que enumera las situaciones por las cuales un Alcalde dejará de desempeñar sus funciones, fue objeto de una indicación aditiva por parte de la señora Caraball y los señores Elgueta y Elizalde, aprobada por unanimidad, del mismo modo que el texto originalmente propuesto por el Ejecutivo, mediante un agregado al inciso final que se propone, en el cual se precisa que la provisión de cargo allí consignada no resulta aplicable al evento de producirse un embate en la segunda votación efectuada por el Concejo entre los dos concejales que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas, en este caso, quien haya hecho uso del primer subperíodo en calidad de Alcalde, no cesará en su condición de concejal, al finalizar éste.

Artículo 17.

Este, que reemplaza al artículo 52 y que señala normas de subrogación del Alcalde, según se viera en su momento, fue aprobado por asentimiento unánime, sin modificación alguna.

Artículo 18.

Este artículo que, como se señaló en su oportunidad, introduce una serie de modificaciones al artículo 53, en el cual se consultan las atribuciones que poseen los Alcaldes, fue objeto de una indicación presentada por el Ejecutivo, tendiente a otorgarles una nueva facultad, cual es la de nombrar y remover a su voluntad a los funcionarios de exclusiva confianza; puntualizando, a la vez, que para el resto del personal municipal, en estos aspectos, les resultará aplicable la normativa estatutaria propia que los rige.

En el seno de la Comisión, al indicado texto propuesto por el Ejecutivo, fue presentada una indicación por parte del señor Elizalde, que tiende a adecuar su redacción a lo ya aprobado como artículo 12, esto es, sometiendo tales decisiones alcaldicias a lo señalado en el nuevo artículo 38.

Sometido a votación el artículo, con la indicación del Ejecutivo adecuada en la forma antes referida, fue aprobado por simple mayoría.

Artículo 19.

Este precepto, que reemplaza al artículo 54 y que señala las oportunidades en que el concejo necesariamente habrá de ser consultado por el Alcalde, fue aprobado por igual quórum de votación, en idéntica forma a la propuesta.

Artículo 20.

Esta norma, que consulta modificaciones al artículo 55, relativo a las actuaciones en las que el Alcalde precisará el acuerdo del Concejo, fue objeto de las siguientes indicaciones aprobadas por asentimiento unánime:

1) En su letra e), que propone sustituir el texto de la actual letra k), se presentó una indicación suscrita por los señores Cantero, Leay, Longton y Morales, por la cual se remite la omisión del trámite de licitación pública a lo consignado en el artículo 6° de la ley Orgánica, sin consideración a la existencia de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas. Además, de someter al acuerdo del Concejo la aprobación de los contratos respectivos.

2) En lo que respecta a su letra g), que condiciona la entrada en vigencia del presupuesto municipal a la total tramitación del decreto alcaldicio respectivo, cabe hacer presente que fue objeto de una indicación, patrocinada por el señor Leay, que la suprimió. Para ello debe recordarse que la Comisión, por igual quórum de votación, aprobó la eliminación del artículo 12 del proyecto, que sometía a trámite de toma de razón al aludido decreto.

3) A su letra h), que agrega un inciso final al artículo en referencia de la ley sobre municipalidades, por el cual, junto con establecer la obligación del Concejo en relación al presupuesto municipal, en lo relativo a que se consideren en él recursos suficientes para solventar los gastos allí previstos, se señala la imposibilidad de éste de aumentarlo, pudiendo sólo disminuirlo y de alterar la distribución de la inversión consultada en él, mediante una indicación, el Ejecutivo introdujo una norma destinada a precisar que lo antes anotado no resultará aplicable a los gastos que estén establecidos por una ley de carácter permanente.

Cabe consignar que, por igual quórum de votación, fue aprobado el texto del artículo no afectado por las indicaciones en comento.

Artículos 21 y 22.

Ambos, que contienen adecuaciones de carácter formal a los artículos 56 y 57 de la ley municipal, fueron aprobados por unanimidad, sin variaciones.

Artículo 23.

Esta norma que, como se señalara en el capítulo anterior de este informe, introduce un nuevo Título III a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que trata del Concejo, fue objeto del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

1) Los artículos 58 y 59, que señalan la existencia de este organismo colegiado en cada municipio, sus funciones generales y su composición, fueron aprobados por unanimidad, sin alteración alguna.

2) El artículo 60, que consigna los requisitos para ser elegido concejal, fue objeto de una indicación, aprobada por unanimidad, copatrocinada por los señores Cantero y Elgueta, que suprimió aquél consistente en “tener 18 años de edad a la fecha de la elección”, por estimar que se encontraba comprendido en la letra a) del mismo; aprobándose, por igual quórum de votación, el resto del texto original.

3) El artículo 61, que señala los impedimentos para ser candidato a concejal, fue objeto de sendas indicaciones sustitutivas de sus tres letras.

a) A esta letra se incorporan, por indicación suscrita por los señores Bombal, Cantero, Leay, Longton y Morales, y aprobada por simple mayoría, los cargos de directores regionales de servicios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, los contralores regionales y todos aquellos funcionarios de la exclusiva confianza del Primer Mandatario y de la autoridad facultada para hacer el nombramiento.

B) Esta es complementada por una indicación suscrita por el señor Elgueta, aprobada por unanimidad y cinco abstenciones, en términos de hacerla extensiva al personal que preste funciones en los tribunales que allí se indican, como, asimismo, a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones.

c) Esta letra, fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por asentimiento unánime, presentada por los señores Cantero, Leay y Longton, destinada a precisar que la relación contractual que en ella se consigna, debe entenderse referida a aquélla que se contiene en el artículo 31 de la ley municipal, esto es, la que genera obligaciones con el municipio por una suma no superior a dos U.T.M.

4) En el artículo 62, que indica las incompatibilidades para desempeñar el cargo de concejal, en su inciso primero se introdujo una indicación suscrita por los señores Aguiló, Cantero, señora Caraball, Elgueta y Morales, que limita la causal relativa a “todo empleo función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad” al exceptuar de ella a los empleos desempeñados en las áreas de educación, salud y servicios municipalizados, como, asimismo, al eliminar el nivel máximo de doce horas semanales que consultaba el Mensaje respecto de los “empleos docentes”.

Este artículo, con la indicación en referencia, fue aprobado por unanimidad.

5) El artículo 63, atingente a las causales que puedan afectar a un concejal y que lo hagan cesar en sus funciones, fue motivo de una indicación sustitutiva, suscrita por los señores Aguiló y Leay, que modifica las exigencias para que la renuncia, de que trata la letra a), produzca efectos, en términos de que debe estar basada en motivos justificados y ser aceptada por el Concejo.

Sometido a votación este artículo, con la aludida indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

6) El artículo 64, que confiere al Concejo la facultad de calificar la existencia de las causales de cesación en el cargo de concejal, fue objeto de sendas indicaciones, la primera de ellas, suscrita por los señores Aguiló, Cantero y Leay, y la segunda, por el primero de los señores Diputados antes nombrados, mediante las cuales se adecua la redacción de esta norma, con la modificación introducida en la letra a) del artículo anterior. Sometido a votación el artículo, con ambas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

7) El artículo 65, que prevé la provisión de la vacante habida con motivo del fallecimiento o cesación de funciones de algún concejal, fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por mayoría de votos y una abstención, copatrocinada por los señores Bombal y Leay, tendiente a reemplazar el inciso tercero de esta disposición, que trata de los concejales elegidos como independientes. Al efecto, esta indicación mantiene la prohibición de ser reemplazados, a menos de que hubieren postulado integrando listas; pero, respecto de esta última situación, acota que le resultará aplicable lo dispuesto en el inciso primero, esto es, que dicha vacante se proveerá con el candidato a concejal que, habiendo integrado la misma lista electoral, hubiera resultado electo de haberle correspondido a dicha lista un nuevo cargo.

Por otra parte, la señora Caraball y el señor Elgueta, presentaron una indicación, aprobada por unanimidad, por la cual se establece una norma que prohíbe la realización de elecciones complementarias, con motivo de la aplicación de las disposiciones antes referidas.

Cabe destacar que el resto de los preceptos del artículo en mención, no afectado por las aludidas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

8) El artículo 66 que, en su inciso primero, contiene una enumeración de las funciones que corresponderá al Concejo desempeñar, fue objeto de una indicación aditiva a su inciso primero, suscrita por los señores Aguiló, señora Caraball, Leay y Montes, tendiente a incorporar dentro de aquéllas la de recomendar al Alcalde preferencias en la formulación y ejecución de proyectos y medidas específicas de desarrollo. De igual modo, fue presentada una indicación, suscrita por el señor Ortega, por la que se otorga al concejo la atribución de poder citar o solicitar antecedentes a los organismos y funcionarios de la municipalidad para ilustrar sus resoluciones, en aquellas materias que le son propias.

Este inciso, con las indicaciones precitadas, fue aprobado por unanimidad.

En lo que respecta al inciso segundo propuesto en el Mensaje, fue motivo de una indicación del propio Ejecutivo, aprobada por igual quórum de votación, mediante la cual se suprimió.

Por último, la Comisión rechazó, también por asentimiento unánime, el inciso tercero consultado en esta norma, por estimar que su contenido se encontraba incorporado ya en las modificaciones introducidas en su inciso primero.

9) El artículo 67 (nuevo), fue incorporado al proyecto en informe al acoger la Comisión, por unanimidad, una indicación del Ejecutivo que, recogiendo los lineamientos generales contenidos, sobre esta materia, en el Mensaje –inciso segundo derogado del artículo anterior, apunta a consultar una norma tendiente a precisar que es imperativo para el Concejo aprobar presupuestos que cuenten con el debido respaldo financiero, entregándole, específicamente, al jefe de la unidad de control la obligación de hacer presente al referido organismo colegiado aquéllos desajustes que detecte. Por otra parte, es deber para el concejo de practicar, trimestralmente, un examen del programa de ingresos y gastos, efectuando aquellos ajustes que fueren necesarios. Finalmente, se consulta una responsabilidad solidaria del alcalde y de aquellos concejales que hubieren votado favorablemente, respecto de la parte deficitaria a que dé lugar la ejecución presupuestaria anual.

Cabe hacer presente que, a instancias de los señores Hamuy, Longton y Morales, se hizo extensivo al funcionario que, circunstancialmente, cumpla las tareas de jefe de la unidad de control, a falta de este último, el deber de representar al concejo los desequilibrios que note en el presupuesto municipal, modificación que fuera, también, aprobada por unanimidad.

10) El artículo 67 (actual 68), que fija un plazo de veinte días desde que fuere requerido el concejo para emitir su acuerdo acerca de las materias respecto de las cuales el alcalde solicitará de su pronunciamiento, fue motivo de una indicación sustitutiva, patrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta, Elizalde, Leay, Montes, Morales y Ortega, aprobada por asentimiento unánime, que regula las modalidades a que habrá de ceñirse el referido pronunciamiento y, en su caso, la consulta del alcalde, según las materias de que se trate, manteniendo la obligación para este último de emitir su opinión dentro de los términos legales, en cuyo defecto, hace prevalecer la proposición del alcalde.

11) El artículo 68 (actual 69), que determina la época de instalación del Concejo; a quién corresponderá presidir dicha sesión; las formalidades de la misma; las materias a abordar en ella, entre otros aspectos, fue objeto de una indicación, patrocinada por los señores Bombal, Cantero, Leay, Longton y Sotomayor, que hace obligatoria la remisión de una copia del acta de la sesión constitutiva al Gobierno Regional en vez de al intendente o gobernador respectivo, como propiciaba el Mensaje.

Sometido a votación el artículo, con la referida indicación, fue aprobado por unanimidad.

12) El artículo 69 (actual 70), que trata de las sesiones del Concejo, fue objeto de una indicación sustitutiva de su inciso final, presentada por los señores Cantero, Hamuy, Leay, Longton y Morales, por la que, restringe el carácter de secreto que puede adoptar una sesión a las materias relativas a los concejales, sin perjuicio de aquéllas que el Concejo, por la unanimidad de sus miembros, acuerde otorgar este tratamiento especial.

Este artículo, con la mencionada indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

13) El artículo 70 (actual 71), que establece a quién corresponderá presidir las sesiones del Concejo, al faltar el Alcalde, como, asimismo, encomienda al secretario municipal las funciones secretariales del mismo, fue aprobado por unanimidad, sin alteraciones.

14) El artículo 71 (actual 72), que termina los quórum para sesionar y adoptar acuerdos por parte del Concejo, entregando, en su inciso final, al alcalde el voto dirimente en caso de empate, fue objeto de una indicación sustitutiva de este último inciso, suscrita por los señores Bombal, Cantero, Longton, Morales y Sotomayor, mediante la cual, en dicho evento, se consulta una nueva sesión para zanjar la controversia; de producirse un nuevo empate, hace operable el voto dirimente del Alcalde.

El artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

15) El artículo 72 (actual 73), que fija en una U.T.M., por sesión, la dieta consultada para los concejales, con las modalidades que se señalaran en su oportunidad, fue aprobado por asentimiento unánime, sin variaciones.

16) El artículo 73 (actual 74), que exceptúa a los concejales de la normativa aplicable a los funcionarios municipales, fue objeto de una indicación aditiva, patrocinada por los señores Elgueta, Elizalde y Ortega, que, en líneas generales, prohibe a los concejales participar en la discusión y votación de materias de su interés o de sus parientes, hasta los grados que indica.

Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

17) El artículo 74 (actual 75), que faculta al Concejo para dictarse un reglamento de funcionamiento interno, fue motivo de una indicación aditiva, patrocinada por el señor Cantero, que señala entre aquellas materias que deben ser reguladas particularmente, las relativas a audiencias públicas sobre aspectos específicos.

Cabe consignar que, al haber acordado la Comisión someter a votación separadas el texto propuesto por el Mensaje y éste modificado por la indicación, se registró en el primer caso unanimidad y cuatro abstenciones, y en el segundo simple mayoría y dos abstenciones.

Artículo 24.

Esta disposición, que introduce un nuevo Título IV a la normativa vigente en la materia, relativo al Consejo Económico y Social Comunal, fue objeto del siguiente tratamiento:

1) El artículo 75 (actual 76), que establece la existencia de este Consejo en cada municipio, destacando sus características más relevantes, fue objeto de una indicación, patrocinada por los señores Aguiló, Elgueta, Elizalde, Montes y Ortega, que sustituye la calificación de “órgano de concertación”, que se propone en el Mensaje, por la de “organo de cooperación”.

El artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

2) El artículo 76 (actual 77), que establece la integración de estas entidades colegiadas; la duración de sus miembros en el desempeño del cargo; la posibilidad de su eventual reelección y el número variable de miembros que lo componen, atendido el número de habitantes de la comuna o agrupación de comunas de que se trate, fue aprobado por simple mayoría de votos y una abstención, en los mismos términos propuestos.

3) El artículo 77 (actual 78), que indica los estamentos que estarán representados en el Consejo y sus respectivos porcentajes, fue aprobado unánimemente, sin variaciones.

4) El artículo 78 (actual 79), que define, para los efectos de esta ley, a las organizaciones comunitarias funcionales, a las organizaciones productivas de bienes y servicios y a las organizaciones laborales, fue objeto de una indicación copatrocinada por los señores Bombal, Elgueta, Hamuy, Montes y Ortega, por la cual se asimila al segundo grupo de las anteriormente señaladas a aquellas empresas constituidas como sociedades y cooperativas que, en la comuna respectiva, posean relevancia económica y social, circunstancias cuya calificación entrega al Concejo.

Habiéndose acordado someter a votación separada cada inciso, cabe consignar que el primero y el tercero fueron aprobados por unanimidad y tres abstenciones; en cambio el segundo, con la indicación antes referida, lo fue por asentimiento unánime.

5) El artículo 79 (actual 80), que se refiere al registro, que habrá de llevarse en cada municipio, relativo a las organizaciones ya mencionadas, fue aprobado por simple mayoría, en los mismos términos consultados en el Mensaje.

6) En el artículo 80 (actual 81), que establece la época en que estará abierto tal registro, como, asimismo, los requisitos que habrán de acreditar las organizaciones para requerir ser inscritas en éste, se presentaron sendas indicaciones, de igual contenido, suscrita una de ellas por el señor Aguiló, y la otra por los señores Cantero y Morales, por las que se elimina la exigencia para dichas entidades de contar con un número dado de miembros activos, con una afiliación no inferior a seis meses de antigüedad.

Sometido a votación el artículo, con las indicaciones en mención, fue aprobado por unanimidad.

7) En el artículo 81 (actual 82), que faculta al secretario municipal para no dar lugar a la inscripción de las organizaciones que no cumplan con los aludidos requisitos, debiendo publicar, dentro del plazo que indica, la lista de aquellas organizaciones registradas, como, asimismo, la de aquéllas rechazadas, se presentaron sendas indicaciones, la primera de ellas, patrocinada por los señores Leay y Morales, tendiente a incorporar entre aquellas publicaciones donde habrán de difundirse tales listas, las de mayor circulación en la provincia, como alternativa primera a aquella dispuesta por el Mensaje, que la circunscribe a la región; y la segunda, presentada por el señor Letelier, por la cual se posibilita reemplazar las mencionadas publicaciones, en aquellas comunas donde no hubiese una circulación significativa de las mismas, por carteles a ser fijados en las sedes municipales, en los servicios públicos y en los centros comunitarios.

Puesto en votación este artículo, con las referidas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

8) El artículo 82 (actual 83), que trata de la reclamación que podrá presentar cualquier persona ante el Tribunal Electoral Regional respectivo por deficiencias en la confección de las señaladas listas, como, igualmente, las modalidades de la misma, fue aprobado por unanimidad, sin variaciones.

9) En el artículo 83 (actual 84), que consulta la citación por parte del secretario municipal de las organizaciones inscritas para que elijan a los miembros del Consejo, en asamblea separadas por cada estamento, debiendo cada organización estar representada en ellas por un delegado, elegidos por sus afiliados activos, como, asimismo, la regulación de estos eventos, fue presentada una indicación, patrocinada por el señor Montes, por la que se suprime la exigencia de “activos” de los miembros que elegirán al respectivo delegado a la indicada asamblea.

10) El artículo 84 (actual 85), que otorga facultades especiales al Concejo para citar a las personas que no estén incorporadas al registro, con el propósito de que designen delegados a las respectivas asambleas, en los casos excepcionales que en él se consultan, fue aprobado por unanimidad, con adecuaciones meramente formales.

11) En el artículo 85 (actual 86), que indica las circunstancias en que el Concejo declarará vacantes los cargos no provistos, con el voto favorable de los dos tercios de los concejales en ejercicio, fue presentada una indicación por los señores Montes y Elgueta, por la cual se agrega una norma que consulta una convocatoria por parte del Concejo, transcurrido un año de haberse declarado vacantes dichos cargos, para inscribirse en los registros y proveer tales cargos hasta el término del período correspondiente.

Este artículo, con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

12) Artículo 86 (actual 87).

Su inciso primero, que contiene los requisitos exigidos para ser miembro del Consejo Económico y Social, fue objeto de sendas indicaciones: la primera de ellas, suscrita por el señor Aguiló, exceptúa del límite mínimo de edad a los representantes de las organizaciones de que trata la ley N° 18.893 (letra a); la segundo, patrocinada por los señores Morales y Sotomayor, eleva de “tres” a “cinco” años el plazo de avecindamiento en el país para los extranjeros (letra v).

Habiéndose acordado por la Comisión proceder a votar, por separado, cada uno de los requisitos contenidos en este inciso, cabe consignar la siguiente votación respecto de ellos: su letra a), con la indicación del señor Aguiló, fue aprobada por simple mayoría y cuatro abstenciones; su letra b) lo fue por unanimidad, en los mismos términos propuestos en el Mensaje; su letra c), con la indicación de los señores Morales y Sotomayor, por unanimidad; y, finalmente, su letra d) por asentimiento unánime y dos abstenciones, sin variaciones.

Su inciso segundo, que hace aplicables a los integrantes del Consejo las mismas inhabilidades que afectan a los concejales, fue motivo de una indicación sustitutiva, aprobada por unanimidad, copatrocinada por los señores Bombal, Cantero, Leay, Morales, Ortega, Sotomayor y Ulloa, la cual, junto con precisar la preceptiva de esta ley que contiene las inhabilidades e incompatibilidades que les resultan aplicables, extiende, las primeras de ellas, a los cargos de consejeros regionales, concejales y consejeros provinciales.

13) El artículo 87 (actual 88), que consulta las causales de cesación en el cargo de consejero, como, asimismo, entrega al Concejo la calificación y determinación de la procedencia de las mismas, a excepción de la primera de ellas, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, fue motivo de una indicación, por parte del señor Ulloa, por la cual elimina de la causal de renuncia el término “absoluta” previsto para aquella mayoría de consejeros en ejercicio exigida para su aceptación.

Este artículo, con la citada indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

14) Respecto del artículo 88 (actual 89), que trata de la actuación que corresponde desempeñar a los consejeros suplentes, debe consignarse lo siguiente:

a) Su inciso primero, que señala el rol de éstos de reemplazar a los titulares en caso de ausencia temporal, fue motivo de una indicación, aprobada por simple mayoría de votos y dos abstenciones, suscrita por el señor Montes, que lo eliminó. Para estos efectos, la Comisión tuvo en consideración la imposibilidad de establecer criterios objetivos que hicieren operable tal eventualidad.

b) Su inciso segundo, que estable el mecanismo mediante el cual la vacante creada por el suplente, que pasa a ocupar el cargo de titular, es provista, fue objeto de una indicación, aprobada por unanimidad y una abstención, patrocinada por el señor Elizalde, por la cual se mantiene dicho cupo sin llenar.

c) Su inciso tercero, que contempla el caso del suplente que cesare en sus funciones de tal y la forma en que habrá de ser reemplazado, fue aprobado por unanimidad, sin variaciones.

15) En el artículo 89 (actual sustitutiva, aprobada por unanimidad y una abstención, patrocinada por los señores Elizalde, Montes y Ortega, por la cual se determinan las siguientes funciones globales para el Consejo Económico y Social: las de emitir su parecer acerca del plan de desarrollo comunal, las políticas de servicios y el programa anual de acción e inversión; acerca de la cuenta anual del Alcalde y del Concejo; y, finalmente, respecto de todas aquellas materias que el Alcalde y el Concejo sometan a su pronunciamiento.

16) En el artículo 90 (actual 91), que trata de la facultad del Consejo de reunirse para estudiar y debatir asuntos de interés local y someter a la consideración del Alcalde sus opiniones, se presentó una indicación, copatrocinada por los señores Elizalde y Montes, que hace extensiva tal comunicación al Concejo.

El artículo, con la indicación, fue aprobada por unanimidad y una abstención.

17) El artículo 91 (actual 92), que trata de la sesión constitutiva del Consejo y de las materias que se abordarán en ella; de las sesiones ordinarias y extraordinarias y de sus modalidades; y, además, de los quórum para sesionar y adoptar acuerdos, fue aprobado, por asentimiento unánime, sin modificación alguna.

18) El artículo 92 (actual 93), que faculta al Consejo para fijar la normativa requerida para su funcionamiento, fue aprobado por igual quórum de votación que el anterior, sin variaciones.

Artículo 25.- Esta disposición, que agrega un nuevo Título V a la ley Orgánica Constitucional cuya modificación se propicia, que trata de las elecciones municipales, fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión.

a) El artículo 93 (actual 94) que, en líneas generales, hace aplicable a ellas, en forma supletoria, la normativa consultada en las leyes Orgánicas Constitucionales sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre Partidos Políticos y sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, fue aprobado por asentimiento unánime, en idénticos términos que los propuestos.

b) En el artículo 94 (actual 95), cuyo inciso primero establece la época de declaración de las candidaturas a concejales, y su inciso segundo las modalidades a que habrán de ceñirse aquéllas, fue objeto de una indicación, patrocinada por el Ejecutivo, aprobada por simple mayoría de votos y una abstención, que sustituye el aludido inciso primero por otro que, en relación al anterior, difiere en cuanto puntualiza que dichas declaraciones habrán de efectuarse ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral y, además, que podrán consultar, como número máximo de candidatos, el correspondiente al de concejales que deba elegirse en el territorio respectivo. En lo que respecta a su inciso segundo, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

Por otra parte, la indicación del Ejecutivo proponía agregar un nuevo inciso al artículo en comento, mediante el cual se precisan las disposiciones atingentes a esta materia de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que le resultan aplicables, lo que fuera aprobado por asentimiento unánime.

c)El artículo 95 (actual 96), que posibilita la formación de una federación en las elecciones de concejales por parte de dos o más partidos políticos e independientes, en su caso, haciendo aplicable a ella, para formalizarse, la disposición que indica contenida en la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, fue objeto de sendas indicaciones, dos de ellas, de similar contenido, suscrita la primera por el señor Rebolledo y la otra por los señores Leay y Ulloa, tendientes a suprimir la alusión que allí se efectúa a los "independientes"; y una tercera, patrocinada por el señor Ortega de carácter general, que apunta a introducir en este artículo y en todos aquellos contenidos en este Título, a continuación de la palabra "federación", la expresión "o subpacto".

Sometido a votación el inciso primero, con las anotadas dos primeras indicaciones, fue aprobado por simple mayoría y una abstención. Por su parte, la indicación de índole general presentada por el señor Ortega fue aprobada por unanimidad y cuatro abstenciones.

En cuanto al inciso segundo de este artículo, incluyendo la última de las modificaciones aludidas, fue aprobado por asentimiento unánime y tres abstenciones.

d) El artículo 96 (actual 97), que consulta la obligación de formalizar, en un solo acto, las declaraciones de candidaturas a concejales y que tales declaraciones podrán contener tantos candidatos como concejales a elegir, fue objeto de una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, aprobada por unanimidad y tres abstenciones, que remite a las declaraciones de pactos electorales, de federaciones o subpactos que se acuerden (esto último, como consecuencia de la aprobación de aquella indicación de carácter general, ya comentada oportunamente) la formalización en un solo acto, lo que habrá de hacerse ante el Director del Servicio Electoral, dentro del plazo que señala.

e)En el artículo 97 (actual 98), que señala la forma de individualizar a las federaciones, a los partidos suscriptores de las mismas y a los independientes incorporados a un pacto o federación, se presentó una indicación, suscrita por los señores Leay y Ulloa, tendiente a eliminar la referida que se hace a "federación" en su parte final.

El artículo, con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime y cuatro abstenciones.

f)El artículo 98 (actual 9°), que indica el porcentaje mínimo que deberá patrocinar las declaraciones de candidaturas independientes a concejal y las condiciones en que se debe verificar dicho patrocinio, fue motivo de una indicación presentada por el Ejecutivo, aprobada por unanimidad y cinco abstenciones, que incorpora, a su vez, una nueva indicación del señor Leay, del mismo tenor que la analizada respecto del artículo anterior, que adiciona al artículo en comento una norma que exceptúa a los independientes que postulen integrando pactos del requisito de patrocinio.

g)El artículo 9° (actual 100), que señala la forma en que debe materializarse el patrocinio de candidaturas independientes, fue objeto de una indicación del Ejecutivo que precisa que quienes suscriban dicho acto deben ser ciudadanos inscritos en los Registros Electorales de la misma comuna.

Este artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad con una abstención.

h) El artículo 100 (actual 101), que entrega al Director Regional del Servicio Electoral la facultad de aceptar o rechazar las candidaturas declaradas, con las modalidades que indica, y el procedimiento de reclamación ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, fue aprobado por unanimidad y dos abstenciones, en los mismos términos.

i) El artículo 101 (actual 10°), que consulta la oportunidad en que el Director Regional del Servicio Electoral habrá de proceder a inscribir las candidaturas en un registro especial, fue aprobado por unanimidad, sin variaciones.

j) El artículo 10° (actual 103), que prescribe la remisión del sobre especificado en el artículo 90 de la ley N° 18.700 por parte del presidente del Colegio Escrutador al Tribunal Electoral Regional y al Director Regional del Servicio Electoral, fue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

k) El artículo 103 (actual 104), que entrega a los Tribunales Electorales Regionales, en materia de escrutinio general y de calificación de las elecciones municipales, las mismas atribuciones que la ley N° 18.700 confiere al Tribunal Calificador de Elecciones, en lo pertinente, fue aprobado por unanimidad, acogiendo, además, una indicación de carácter formal del Ejecutivo.

1) El artículo 104 (actual 105), que remite a las normas contenidas en el articulado que le sigue la determinación de los concejales que resulten electos, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

m) El artículo 105 (actual 106), que señala la mecánica para establecer los votos de lista, fue aprobado por asentimiento unánime, sin variaciones.

n) El artículo 106 (actual 107), que señala el procedimiento para determinar el cociente electoral, con una adecuación de carácter formal, propiciada por los señores Cantero, Longton, Morales y García Ruminot, fue aprobado por unanimidad.

ñ) El artículo 107 (actual 108), que indica las diversas alternativas que puede presentar una lista y la forma de determinar los candidatos electos en cada una de ellas, fue objeto del siguiente tratamiento:

-Su número uno fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

-Su número dos fue objeto de una indicación sustitutiva, presentada por los señores Bombal, Leay y Ulloa, aprobada por simple mayoría y una abstención, que precisa que en el evento que el número de candidatos presentados por una lista sea mayor que el de concejales que correspondan a la misma, resultarán electos las más altas mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a un pacto electoral, caso en el cual hace aplicable el precepto contenido en el numeral siguiente.

-Su número tres, sin cambios, fue aprobado por unanimidad y dos abstenciones.

-Sus números cuatro y cinco lo fueron por unanimidad y tres abstenciones.

o) El artículo 108 (actual 109), que consulta la forma de determinar quiénes resultarán electos en una lista conformada por federaciones entre partidos, fue motivo de una indicación sustitutiva patrocinada por los señores Bombal, Leay y Ulloa, aprobada por simple mayoría y una abstención, por la cual, en líneas generales, se amplía el procedimiento consultado originalmente a listas donde se haya establecido pactos entre partidos, entre partidos y federaciones o subpactos (esto último, en razón de la indicación de índole general aprobada en su momento).

p) El artículo 109 del Mensaje fue suprimido, al aprobarse, por unanimidad y tres abstenciones, una indicación del Ejecutivo con tal fin, que encuentra su fundamentación en las modificaciones introducidas al primitivo texto.

q) El artículo 110, que señala el tratamiento a que serán sometidas las postulaciones o candidaturas independientes, fue motivo de una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría y dos abstenciones, copatrocinada por los señores Bombal, Leay y Ulloa que, en líneas generales, no difiere en lo que respecta a su primera parte de la anterior. No obstante, en cuanto a su inciso segundo, se consulta la posibilidad que las listas que incluyan pactos entre partidos políticos, federaciones o subpactos de partidos, puedan consultar dentro de la lista una o más candidaturas independientes, operando, en este caso, con el propósito de fijar los cargos que corresponde elegir a la lista, el mecanismo de que cada candidato independiente sumará su votación en forma separada e individual.

r) El artículo 111, que contiene, como se indicara en su oportunidad, la forma de elegir al Alcalde por parte del Concejo, en el evento de no obtener un candidato a concejal, en forma individual el 35% o más de los votos válidamente emitidos, fue aprobado por unanimidad y tres abstenciones, sin modificaciones.

s) El artículo 112, que consulta la remisión de una copia autorizada del fallo del Tribunal Electoral Regional y el acta complementaria de proclamación a las autoridades que alude, fue objeto de una indicación sustitutiva de su inciso primero por parte del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y una abstención donde se precisa que el plazo dentro del cual habrá de cumplirse con dicho trámite se empezará a contar desde que el fallo del tribunal aludido quede ejecutoriado. Este texto sustitutivo, a su vez, acoge una indicación de los señores Cantero, Morales y García Ruminot, aprobada por igual quórum de votación, que reemplaza al gobernador provincial por el intendente dentro de la enumeración de las señaladas autoridades.

Artículo 26.- Este precepto que introduce una serie de modificaciones en el Título IV, que pasa a ser VI, y que se refiere a los plebiscitos comunales, fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

1)El artículo 113, que sustituye al 82, que hace imperativo para el Alcalde someter a plebiscito, de motu proprio y con el acuerdo del Concejo o a requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales correspondientes, materias de inversión comunal que demanden más del 5 por ciento del presupuesto del municipio en el año respectivo, de concesiones municipales y de proyectos de modificación del respectivo plan regulador, fue motivo de una indicación sustitutiva, patrocinada por los señores Montes y Ortega, aprobada por unanimidad, que, además de efectuar adecuaciones formales a su primera parte, señala como únicas materias que deberán ser sometidas a plebiscito aquellas de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal.

2)El artículo 114, que sustituye al 83, que indica el sistema mediante el cual los ciudadanos de una comuna pueden requerir del Alcalde la realización de un plebiscito, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos propuestos en el Mensaje.

3)El artículo 115, que reemplaza al 84, relativo a las modalidades a que está sujeta la convocatoria a plebiscito, su consecuencia en cuanto a las inscripciones electorales y los efectos del mismo para la autoridad municipal, fue motivo de una indicación aditiva del señor Ortega a su inciso tercero, que condiciona el efecto vinculante que tiene para la autoridad municipal el resultado de un plebiscito a la circunstancia que en dicho acto voten más de la mitad de los ciudadanos inscritos en los registros electorales respectivos. Este inciso, con la referida indicación, fue aprobado por simple mayoría de votos, a diferencia del resto de la norma, que lo fue por unanimidad, en los mismos términos que los propuestos.

4)En el artículo 116, que reemplaza al 85, y que prohíbe la realización de dos o más plebiscitos, dentro del mes, en una misma región, como, asimismo, posibilita que el Director del Servicio Electoral convenga con los alcaldes un programa para la realización de estos eventos, a fin de que medie entre uno y otro, a lo menos, un lapso de treinta días, se presentaron sendas indicaciones: la primera, suscrita por los señores Morales, Ortega y Sotomayor, además de introducir una adecuación meramente formal, circunscribe a "una misma provincia" la limitante antes indicada; y la segunda, copatrocinada por los señores Cantero, Hamuy, Morales y Ulloa, hace obligatorio para el aludido Director la referida coordinación con los Alcaldes.

Sometido a votación el artículo, con ambas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

5)El artículo 117, que modifica al 86, y que propone ampliar la imposibilidad de convocar a plebiscito por el término de un año, previo a una elección Parlamentaria o de Presidente de la República, fue aprobado por unanimidad y tres abstenciones, sin variaciones.

6)El artículo 118, que reemplaza al 87, y que hace de cargo de cada municipio el costo que irrogue este tipo de plebiscitos, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

7)El artículo 119, que modifica al 88, y que propone consagrar una norma que impide la designación de apoderados en estos actos plebiscitarios, fue aprobado por asentimiento unánime y dos abstenciones, sin variaciones.

Artículo 27.- Esta norma, que propone introducir un Título VII a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, atingente a las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales, fue objeto del siguiente tratamiento:

1)El artículo 120, que posibilita que los municipios puedan constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, cuyo propósito sea la promoción y difusión del arte y la cultura, y que les hace aplicable la normativa que, al efecto, consulta el Código Civil, con carácter supletorio, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

2)El artículo 121, que permite la formación de estas entidades con personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro o con organismos del sector público, supeditando esta materia a la aprobación del Concejo, fue aprobado por asentimiento unánime, sin modificaciones.

3)El artículo 122, que limita a cinco la cantidad de directores que podrán darse estas personas jurídicas, cargos a los que otorga el carácter de concejiles, como, igualmente, imposibilita considerar como fines artísticos y culturales, para estos efectos, la administración y operatoria de establecimientos educacionales o de atención de menores, fue objeto de una indicación presentada por el Ejecutivo por la que se reemplaza la alusión de "concejiles", que se efectúa a los cargos de directores, por una disposición que establece que ellos no darán lugar a emolumento alguno por su desempeño.

Este artículo, con la referida indicación, fue aprobado por unanimidad.

4)El artículo 123, que permite a los municipios efectuar aportes o subvencionar a las

entidades de este tipo de que formen parte, eximiéndolos del tope del 7 por ciento del

presupuesto municipal, fue motivo de sendas indicaciones, de similar contenido, una de ellas suscrita por la señora Caraball y el señor Elizalde y la otra por los señores Cantero, Hamuy, Morales y Ulloa, que suprime tal exención.

El artículo, con las indicaciones, fue aprobado por mayoría de votos.

5)El artículo 124, que obliga a las corporaciones y fundaciones de participación municipal a rendir cuenta documentada a los municipios correspondientes, en cuanto a las actividades desarrolladas y al uso dado a los recursos, sin perjuicios del rol fiscalizador que, en esta materia, corresponda al Concejo, como, asimismo, limita al 30 por ciento de los ingresos los gastos en que puedan incurrir por concepto de personal y administración, fue aprobado por unanimidad, sin variaciones.

6)El artículo 125, que hace aplicable al personal que preste allí sus servicios la normativa del sector privado en materia laboral y previsional, fue aprobado por asentimiento unánime, sin alteraciones.

7)El artículo 126, que consulta la fiscalización de la Contraloría General de la República sobre estas entidades, fue aprobado por unanimidad, en iguales términos.

8)El artículo 127, que aborda la posibilidad de que los municipios puedan asociarse, con los propósitos que allí se indican, precisando, a continuación, los objetivos que pueden en común desarrollar, fue objeto de sendas indicaciones: la primera, suscrita por los señores Elizalde, Morales y Ulloa, tendiente a suprimir su letra c), relativa al establecimiento de órganos o dependencias comunes, con las excepciones que allí se indican; y la otra, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló, Elizalde y Montes, por la que se sustituye la mencionada letra suprimida por otra que consulta el fortalecimiento de los instrumentos de gestión.

Sometido a votación el artículo, con la primera de las indicaciones precitadas fue aprobado por unanimidad. No obstante, cabe consignar que en lo que respecta a la segunda de ellas, lo fue por simple mayoría de votos y tres abstenciones.

Debe hacerse presente que la supresión de la letra c) de este artículo, en los términos propuestos por el Ejecutivo en su Mensaje, obedeció a la opinión unánime, como se señaló, de la Comisión en orden a que la materia en ella consultada correspondía ser ubicada entre aquellas que aborda el artículo siguiente.

9)En el artículo 128, que se refiere a las cláusulas mínimas que deben consignarse en los convenios que se celebren para la creación de estas asociaciones, se presentaron sendas indicaciones: la primera de ellas, patrocina por la señora Caraball y los señores

Elizalde, Hamuy, Morales y Ortega, que adecua la redacción de la letra d) a la posibilidad de que más de un municipio tenga a su cargo la administración y dirección de las actuaciones que acometan estas entidades; la segunda, suscrita por el señor Ortega, junto con trasladar como letra e) de este artículo aquella que fuera suprimida en el precepto anterior, según se comentó, le efectúa adecuaciones en orden a eliminar la posibilidad de que puedan crear órganos comunes y, además, precisa que el establecimiento de dependencias, con ese mismo carácter, sólo se efectuará cuando corresponda.

El artículo, con las indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

10)El artículo 129, que dispone que los presupuestos municipales habrán de contener los fondos para la operatoria de estas entidades, como, asimismo, que exime a las comisiones de servicio de personal municipal que se destine a ellas de toda limitación de tiempo, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos.

Artículo 28.- Este precepto, que reordena la numeración del articulado que integra el Título Final de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, como consecuencia de las nuevas disposiciones introducidas por la ley en proyecto, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos.

Disposiciones transitorias.-

a)La primera de ellas, que determina la época en que el Presidente de la República habrá de convocar a la primera elección de concejales, como, asimismo, sus efectos en cuanto a la inscripción en los registros electorales, fue aprobada por asentimiento unánime, sin variaciones.

b)La segunda, que fija el término dentro del cual se deberán abrir los registros de las organizaciones que participarán en las primeras elecciones de consejeros, y que, además de determinar el plazo en que éstos se mantendrán en dicho estado, libera a aquellas, en su primera constitución, del requisito de antigüedad comentado oportunamente, fue objeto de una indicación, copatrocinada por la señora Caraball y los señores Aguiló, Letelier y Montes, que reduce a un año este último período. El artículo, con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

c)La tercera, que fija en treinta días, contados desde que asuman los primeros Concejos, el plazo dentro del cual se instalarán los Consejos Económicos y Sociales, fue aprobada por unanimidad, sin variaciones.

d)La cuarta, que, en términos generales, hace aplicable el censo efectuado en 1982 en la determinación del número de miembros del Consejo, fue aprobada por asentimiento unánime en los mismos términos.

e)La quinta, que consulta la facultad para el Presidente de la República de modificar las plantas de aquellos municipios con una población superior a cien mil habitantes, con el propósito introducir en ellas el cargo de administrador municipal, como, asimismo, la modalidad aplicable para aquellas que tengan menos de dicha cantidad, fue objeto de una indicación de la señora Caraball por la cual, a grandes rasgos, se adecua la norma en términos de hacer optativo para todas las municipalidades la creación de dicho cargo.

El artículo, conjuntamente con la indicación comentada, fue aprobado por simple mayoría de votos y dos abstenciones.

f)La sexta, cuyos alcaldes se desprenden de su simple lectura, fue objeto de una indicación del señor Ortega, por la cual se precisa que la disposición en ella contenida se refiere a la elección municipal a realizarse el próximo año, antes del 30 de junio.

Dicho artículo, con la indicación, fue aprobado por simple mayoría de votos y una abstención, suscitándose un breve debate acerca de la utilidad de consultar una disposición del tenor indicado.

g)La séptima, que contiene el procedimiento destinado a fijar el número de concejales por cada comuna o agrupación de comuna y el mínimo de los ciudadanos patrocinantes de candidaturas independientes en esta primera elección, fue aprobado por unanimidad y una abstención, en los mismos términos.

h) La octava, que determina la ocasión en que los actuales alcaldes y miembros de los CODECOS han de renunciar a sus cargos para postular como candidatos en la próxima elección, fue aprobada por simple mayoría, sin modificaciones.

i) La novena, que señala la oportunidad de declaración de las primeras candidaturas a concejales, fue motivo de una indicación sustitutiva, presentada por el Ejecutivo, aprobada por simple mayoría de votos, por la cual se faculta a las directivas centrales de los partidos políticos para suscribir pactos electorales, exigiéndose, al efecto, su sola aprobación por parte de los consejos generales de los mismos.

j) La décima, que establece el período dentro del cual el Director del Servicio Electoral aceptará o rechazará las candidaturas declaradas; el pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional frente a las reclamaciones que se presenten a tal resolución; el procedimiento aplicable a la inscripción definitiva de candidaturas y al respectivo sorteo, fue objeto de una indicación presentada por el Ejecutivo, por la que se determina que este último habrá de realizarse al quinto día del vencimiento del plazo consultado para la declaración de las candidaturas.

El artículo, con la referida indicación fue aprobado, por unanimidad.

k) La nueva undécima, introducida por la Comisión al proyecto al aprobar, por unanimidad y dos abstenciones, una indicación del Ejecutivo que agrega una norma que reduce, de dos meses a uno, el plazo en que los partidos políticos deberán remitir al Servicio Electoral copia de sus registros generales de afiliados, hecho que cobra especial relevancia atendido que, la misma norma, posibilita que sólo puedan ser candidatos quienes figuren en aquella, fue aprobada por unanimidad y dos abstenciones.

1) La undécima (actual duodécima), que extiende el desempeño de los CODECOS hasta la entrada en funciones de los Concejos, fue aprobada por asentimiento unánime sin variaciones.

m) La duodécima (actual decimotercera), que determina una misma época de cesación en sus cargos para los actuales Alcaldes y miembros del CODECO, fue objeto de una indicación, suscrita por el señor Ortega, que fija como fecha de cese para los primeros el 31 de agosto de 1982, manteniéndose para los segundos la fecha de asunción de los concejales.

El artículo, con la mencionada indicación, fue aprobado por simple mayoría.

n) La decimotercera (actual decimocuarta), que hace aplicable a los Concejos la nor-mativa consultada en otras leyes para los CODECOS, fue aprobada por asentimiento unánime, sin modificaciones.

ñ) La decimocuarta (actual decimoquinta), que faculta al Primer Mandatario para fijar el texto refundido de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fue aprobada por igual quórum que la anterior y en los mismos términos.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARACTER ORGANICO CONSTITUCIONAL.

En esta situación se encuentra según lo determinara la Comisión, por unanimidad, la gran mayoría de las disposiciones del proyecto aprobado, con excepción del 10 bis de su artículo 5°; las dos letras de su artículo 12; y sus artículos 16,17 y 18.

V.- ARTICULOS DEL TEXTO APROBADOS POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

Esta Comisión estimó, por asentimiento unánime, que los artículos 10 bis y 11 de su artículo 5°; su artículo 10; la letra g) de su artículo 20; los artículos 67 y 73 de su artículo 23; la letra f) de su artículo 26; los artículos 123,124,128 letra b) y 129 de su artículo 27, contienen materias propias de la competencia de la Comisión de Hacienda.

VI.- ARTICULOS DEL TEXTO NO APROBADOS POR UNANIMIDAD.

En tal circunstancia se encuentran los artículos 4°, 5°, 6°, 10,12, 18; artículos 61, 65 y 73 correspondientes a su artículos 23; 77, 78, 80 y 84 de su artículo 24; 95, 96,108,109 y 110 de su artículo 25; 115 de su artículo 26; 123 de su artículo 27; quinta, octava y decimotercera transitorias.

Además de las modificaciones resultantes de las indicaciones aprobadas, vuestra Comisión introdujo al proyecto otras de carácter meramente formal, que no se comentan especialmente por ser obvias y sencillas.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las modificaciones contenidas en los artículos siguientes:

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.".

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° por el siguiente:

"Artículo 2°.- Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo. Cada municipalidad contará, además, con un consejo económico y social comunal de carácter consultivo.".

Artículo 3°.- Modifícase el artículo 5° en los siguientes términos:

a)Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá asignar y cambiar la denominación de tales bienes, como, asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales en el territorio bajo su administración.".

b)Reemplázanse en la letra g), la coma (,) y la conjunción "y" finales, por un punto y coma 0) y, en letra h), el punto final (.) por un punto y coma (;).

c)Agrégase la siguiente letra i):

"i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el párrafo primero del Título VII y".

d)Agrégase la siguiente letra j):

"j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.".

e)Agrégase el siguiente inciso final:

"Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las reglas establecidas en el párrafo 2°, del Título VIL".

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 6° por el siguiente:

"Artículo 6°.- Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado o participar en corporaciones de derecho público en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios.

Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que impliquen la ejecución de acciones determinadas, siempre que ello no importe el traspaso de sus funciones o potestades.

Podrán, con la misma limitación antedicha, otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

La celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones a que aluden los incisos precedentes, se hará previa licitación pública.

Sin embargo, el concejo, por la mayoría absoluta de los concejales presentes, podrá autorizar al alcalde para omitir la licitación pública y reemplazarla por propuesta privada, debiendo, en este caso, conocer y aprobar los contratos que se deriven, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, letra k).

Artículo 5°.- Agrégase el siguiente párrafo 3°, nuevo, al Título I, pasando el actual 3° a ser 4°, eliminándose el actual artículo 11.

Párrafo 3° Patrimonio y financiamiento municipales

Artículo 10 bis.- El patrimonio de las municipalidades estará constituido por:

a)Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;

b)El aporte que les otorgue el presupuesto del Gobierno Regional respectivo;

c)Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;

d)Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen;

e)Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su dependencia;

f)Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tenga una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal;

g)Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y

h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.".

Artículo 11.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.

Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes recursos:

1.- Un sesenta por ciento del impuesto territorial que resulte del aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15, de la ley N° 17.235;

2.- El aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presupuestos de la Nación;

3.- Un cincuenta por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece el decreto ley N° 3.063, de 1979, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 12;

4.- Un cuarenta y cinco por ciento de lo que recaude la Municipalidad de Santiago por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y 140 de la ley N° 17.105, y

5.- Un sesenta y cinco por ciento de lo que recauden las Municipalidades de Providencia y de Las Condes por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y 140 de la ley N° 17.105.

La distribución de este Fondo se sujetará a los criterios y normas establecidos en la Ley de Rentas Municipales.

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 12 en los siguientes términos:

a)Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo", y

b)Agrégase el siguiente inciso final:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá existir en las municipalidades un administrador municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 bis.".

Artículo 7°.- Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

"a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo, y".

Artículo 8°.- Sustitúyese, en el inciso primero y en las letras a) y c) del inciso segundo del artículo 17, la frase "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 9°.- Sustitúyese, en la letra a) del artículo 18, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 10.- Agregase el siguiente artículo 24 bis:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo, a proposición del alcalde.

El cargo de administrador municipal se proveerá por concurso público, dependerá directamente del alcalde y requerirá estar en posesión de un título profesional acorde con la función. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el administrador municipal sólo podrá ser removido con el acuerdo del concejo, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a)Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo;

b)Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todos los organismos municipales, de acuerdo a las instrucciones del alcalde;

c)Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d)Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad con esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo con el reglamento interno de la municipalidad.

Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal".

Artículo 11.- Reemplázase en los artículos 28, 42 y 46, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 12.- Introdúcense a los artículos 35 y 38, las siguientes modificaciones:

a)Agrégase, en el inciso primero del artículo 35, a continuación del punto (.), la siguiente frase final: "Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.".

b)Incorpórase el siguiente artículo 38:

"Artículo 38.- Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario municipal, secretario comunal de planificación y coordinación y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, desarrollo comunitario, obras municipales y el asesor urbano.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos de director de obras y de secretario comunal de planificación y coordinación deberán llenarse por concurso público. La remoción de cualquiera de ellos se hará a propuesta del alcalde con el acuerdo del concejo.

Los funcionarios de exclusiva confianza serán designados y removidos por el alcalde. Se exceptúa el secretario municipal, quien será nombrado por el alcalde con el acuerdo de la mayoría del concejo, adoptado a proposición en terna de aquel, y removido con el acuerdo de las tres quintas partes de dicho concejo.".

Artículo 13.- Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

"Artículo 48.- El alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido.".

Artículo 14.- Reemplázase el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.- El alcalde asumirá sus funciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 68.".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente:

"Artículo 50.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113, de la Constitución Política, el cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, media o superior, que no sean municipales de la misma comuna o agrupación de comunas, hasta el límite de doce horas semanales.

Asimismo, no podrán ejercer el cargo de alcalde las personas que, por sí o como representantes de otra persona, natural o jurídica, tengan pendientes o celebren con la municipalidad respectiva contratos, cauciones o litigios en calidad de demandantes, a la fecha de inscribir su candidatura.".

Artículo 16.- Introdúcense, en el artículo 51, las siguientes modificaciones:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, declarada por acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo;”.

b) Suprímese la letra c).

c) Reemplázase la letra d) por la siguiente, que pasa a ser c):

“c) Remoción por impedimento grave o notable abandono de sus deberes, acordada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo, y”.

d) Suprímese la letra e).

e) Reemplázase la letra f), que pasa a ser d), por la siguiente:

“d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo.”.

f) Agrégase el siguiente inciso final:

“En todo caso, la cesación en el cargo de alcalde traerá aparejada la de concejal, debiendo procederse a la provisión del cargo vacante, según lo establecido en el artículo 65, previamente a la elección del nuevo alcalde, salvo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 111 de esta ley.”.

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente:

“Artículo 52.- El alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el concejo, la que deberá ser ejercida en todo caso, por un concejal, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70.

Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a un mes, el concejo designará, de entre sus miembros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales presentes en la sesión respectiva.

En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo alcalde que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los concejales, de acuerdo con las normas del artículo 111, luego de haberse llenado la vacante de concejal de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 65 de esta ley.

La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal al efecto al concejo con cinco días de anticipación, a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido el alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.”.

Artículo 18.- Modifícase el artículo 53 en la forma que a continuación se indica:

a)Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Nombrar y remover a los funcionarios que tengan la calidad de exclusiva confianza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.”.

b)Intercálase la siguiente letra g):

“g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales;”.

c)Sustitúyese la letra m) por la siguiente:

“m) Convocar y presidir el concejo, y”.

d) Elimínase la letra n), pasando la actual letra ñ) a ser letra n), sustituyéndose el guarismo “82” por “113”.

Artículo 19.- Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- El alcalde deberá consultar al concejo para efectuar la designación de delegados a que se refiere el artículo 57 y para designar como alcalde subrogante a un funcionario distinto del que correspondiere de acuerdo con el orden jerárquico dentro de la municipalidad.”.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 55 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión “consejo de desarrollo comunal” por “concejo”.

b) En la letra a), reemplázase el punto y como (;) con que finaliza por una coma (,) y agrégase, a continuación, lo siguiente: “así como los programas de inversión correspondientes;”.

c) En la letra d), reemplázase la expresión “Establecer” por “Aplicar”.

d)Sustitúyese la letra j) por la siguiente:

“j) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo 25

e)Sustitúyese la letra k) por la siguiente:

“k) Omitir el trámite de licitación pública en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de esta ley y aprobar los contratos respectivos, y”.

f)Sustitúyese la letra l) por la siguiente:

“l) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad con lo dispuesto en el Título VI.”.

g) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Al aprobar el presupuesto, el concejo deberá velar por que en él se indiquen las fuentes de recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concepto no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar la distribución de la inversión proyectada por él, salvo respecto de los gastos que estén establecidos por ley permanente.

Artículo 21.- En el artículo 56, sustitúyese la expresión “consejo de desarrollo comunal” por la frase “concejo y al consejo económico y social comunal”.

Artículo 22.- Sustitúyese la oración final del inciso primero del artículo 57 por la siguiente: “Tal designación podrá recaer en un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 60 y no estén en la situación prevista por el inciso segundo del artículo 50.”.

Artículo 23.- Sustitúyese el Título III por el siguiente:

“TITULO III.

DEL CONCEJO.

Artículo 58.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley.

Artículo 59.- Los concejos estarán integrados por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional, en conformidad con esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Cada concejo estará compuesto por:

a) Seis concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta setenta mil electores;

b) Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y

c) Diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de ciento cincuenta mil electores.

El número de concejales por elegir en cada comuna o agrupación de comunas, en función de sus electores, será determinado mediante resolución del Director del Servicio Electoral. Para estos efectos, se considerará el padrón electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva. La resolución del Director del Servicio deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes al término del referido plazo de siete meses, contado hacia atrás desde la fecha de la elección.

Artículo 60.- Para ser elegido concejal se requiere:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Saber leer y escribir;

c) Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos en los últimos dos años anteriores a la elección;

d) Tener su situación militar al día, y

e) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.

Artículo 61.- No podrán ser candidatos a concejales:

a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los directores regionales de servicios de la confianza del Presidente de la República, los intendentes, los gobernadores, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central, el Contralor General de la República, los contralores regionales y todos aquellos funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República y de la autoridad facultada para hacer el nombramiento;

b) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, el personal que forme parte de estos órganos, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y

c) Las personas que, por sí o como representantes de otra persona, natural o jurídica, tengan pendientes con la municipalidad respectiva contratos a que se refiere el artículo 31, o tengan cauciones o litigios en calidad de demandantes, a la fecha de inscribir su candidatura.

Artículo 62.- Los cargos de concejales serán incompatibles entre sí y con los de miembros de los consejos regionales y de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad, con excepción de los empleos servidos en educación, salud y servicios municipalizados.

Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:

a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la letra c) del artículo 61, y

b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra la respectiva municipalidad.

Artículo 63.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo;

b) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c) Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales previstas en las letras a) y b) del artículo anterior;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido concejal, y

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior.

Artículo 64.- Corresponderá al concejo la calificación de la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. La resolución del concejo deberá adoptarse en sesión extraordinaria, con el voto favorable de los dos tercios de los concejales, excluida la letra a). Para estos efectos, el secretario municipal citará a sesión extraordinaria, a lo menos, con cinco días de anticipación, por disposición del alcalde o a petición escrita de un tercio de los concejales en ejercicio.

Artículo 65.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo.

En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante.

Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que hubieren postulado integrando listas. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo.

El nuevo concejal permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser reelegido.

En ningún caso procederán elecciones complementarias.

Artículo 66.- Al concejo le corresponderá:

a) Elegir al alcalde, cuando proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111;

b) Otorgar su acuerdo al alcalde en las materias que enumera el artículo 55 de esta ley;

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes municipales y la ejecución del presupuesto municipal;

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde, velando por la legalidad y la eficiencia de la gestión municipal;

e) Pronunciarse respecto de las causales de cesación en los cargos de alcalde, concejal y miembro del consejo económico y social comunal;

f) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones;

g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal, y

h) Citar o pedir informe a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia.

Artículo 67.- El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél los desequilibrios que advierta en el presupuesto municipal. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar.

En todo caso, frente al incumplimiento de la obligación de aprobar presupuestos debidamente financiados, el alcalde y los concejales que hayan incurrido con su voto favorable a la aprobación de tales presupuestos, serán solidariamente responsables en la parte deficitaria que arroje la ejecución anual presupuestaria al 31 de diciembre del año respectivo.

Artículo 68.- El pronunciamiento del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 66 se realizará de la siguiente manera:

a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 30 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo económico y social comunal, cuando corresponda.

b) El proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal se regirán por los procedimientos específicos establecidos por las leyes vigentes.

c) En las demás materias, el pronunciamiento del concejo deberá emitirse dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha en que sea requerido por el alcalde.

Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde.

Artículo 69.- El concejo se instalará noventa días después de la fecha de la elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el Tribunal Electoral Regional competente.

La primera sesión será presidida por el alcalde electo o, en su defecto, por el concejal que haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria, sorteándose en caso de empate. Actuará como ministro de fe el secretario municipal respectivo.

El secretario municipal procederá a dar lectura al fallo del Tribunal Electoral Regional que dé cuenta del resultado definitivo de la elección en la comuna y tomará a los concejales el juramento o promesa de observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo.

El concejo, en la sesión constitutiva, se abocará a elegir al alcalde, cuando proceda, en la forma establecida en el artículo 111, y a fijar los días y horas de las sesiones ordinarias.

Si la sesión de instalación no se efectuare en la fecha indicada o no se hubieren verificado los actos señalados en el inciso anterior, el concejo deberá continuar sesionando diariamente hasta cumplir con dichos objetivos.

Una copia del acta de la sesión de instalación se remitirá al Gobierno Regional respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la sesión.

Artículo 70.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias deberán efectuarse a lo menos una vez por semana, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del concejo.

Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas por el alcalde y por no menos de un tercio de los concejales en ejercicio y en ellas sólo se tratarán aquellas materias indicadas en la convocatoria.

Las sesiones del concejo serán públicas, salvo las que tengan por objeto tratar materias que afecten a los concejales. La unanimidad de los concejales podrá acordar que determinadas sesiones sean secretas.

Artículo 71.- En ausencia del alcalde, presidirá la sesión el concejal presente que haya obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria en la elección respectiva, según lo establecido por el Tribunal Electoral Regional.

De no cumplirse lo previsto en el inciso anterior, se pasará, en idénticos términos, a la lista siguiente y así, sucesivamente, hasta terminar el concejal que deba presidir la sesión respectiva.

El secretario municipal, o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de secretario del concejo.

Artículo 72.- El quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva.

Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se citará a una nueva sesión, en la que se votará. Si se mantiene dicho empate, corresponderá al alcalde el voto dirimente para resolver la materia.

Artículo 73.- Los concejales tendrán derecho a percibir, por cada sesión a la que asistan, una dieta equivalente a una unidad tributaria mensual, la que no será imponible. En ningún caso, esta asignación podrá exceder de cuatro unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario.

Artículo 74.- A los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal.

Ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales.

Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas.

Artículo 75.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias para su funcionamiento, entre las cuales deberán establecerse especialmente aquéllas que regulen las audiencias públicas sobre materias específicas.”.

Artículo 24.- Introdúcese el siguiente Título IV, nuevo:

“TITULO IV

DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMUNAL

Artículo 76.- En cada municipalidad habrá un consejo económico y social comunal, compuesto por representantes de la comunidad local organizada. Este consejo será un órgano de cooperación, consulta y asesoría de la municipalidad, que tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de otras representativas de actividades relevantes, en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Artículo 77.- Los consejos económicos y sociales comunales estarán integrados por consejeros elegidos en conformidad con el sistema establecido en esta ley, los que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El consejo económico y social comunal estará compuesto por el siguiente número de consejeros:

a) Doce miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta treinta mil habitantes.

b) Dieciocho miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de treinta mil y hasta cien mil habitantes.

c) Veinticuatro miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de cien mil habitantes.

Artículo 78.- Del número total de integrantes de cada consejo, la mitad será elegida por las juntas de vecinos legalmente constituidas y la otra mitad será distribuida por partes iguales entre las organizaciones comunitarias funcionales, las organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios y las organizaciones laborales de la comuna.

Artículo 79.- Para los fines señalados en el artículo anterior, se considerarán organizaciones comunitarias funcionales aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva. Las asociaciones de profesionales se considerarán entre este tipo de organizaciones.

Tendrán el carácter de organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas dedicadas al ejercicio de actividades empresariales dentro de la comuna o agrupación de comunas, sean ellas mineras, agrícolas u otras por las que se pague patente municipal. También tendrán este carácter las empresas constituidas en sociedades y cooperativas existentes en la comuna y que tengan relevancia económica y social, la que será calificada por el concejo.

Tendrán la calidad de organizaciones laborales las de carácter sindical legalmente constituidas y las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas naturales que no sean empleadoras y que ejecuten por cuenta propia actividades primarias extractivas, exentas del pago de patente municipal.

Artículo 80.- En cada municipalidad deberá abrirse un registro de las organizaciones existentes en la comuna o agrupación de comunas respectivas que, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 y cumpliendo con los requisitos que se señalan en el artículo siguiente, tengan derecho a participar en la elección de los miembros del consejo económico y social comunal.

Artículo 81.- El registro permanecerá abierto entre el nonagésimo y el trigésimo día anterior a aquél en que corresponda renovar por elección popular al concejo de la municipalidad respectiva. Estará a cargo del secretario municipal, el que para tales efectos tendrá la calidad de ministro de fe.

Sólo podrán solicitar su inscripción en el registro las organizaciones que acrediten:

a) Personalidad jurídica vigente, y

b) Domicilio en la comuna o agrupación de comunas, con una antigüedad no inferior a dos años a la fecha de solicitarse la inscripción.

Artículo 82.- El secretario municipal denegará la inscripción de las organizaciones que no reúnan los requisitos señalados en el artículo precedente y, dentro de tercer día de vencido el plazo a que se refiere su inciso primero, publicará, en un diario o periódico de los de mayor circulación en la provincia o región, la nómina de las organizaciones inscritas y de aquéllas cuya solicitud se hubiera denegado. En las comunas donde no hubiese circulación significativa de diarios regionales o provinciales, se fijarán carteles en las sedes municipales, servicios públicos y centros comunitarios.

Artículo 83.- Cualquier persona podrá reclamar de la inclusión o exclusión indebida de una organización en la nómina a que se refiere el artículo anterior. La reclamación deberá presentarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la nómina, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, el que resolverá, sin ulterior recurso, en el término de quince días, rechazando el reclamo u ordenando la inclusión de la entidad en la referida nómina, según corresponda.

Artículo 84.- Vencido el término a que se refiere el artículo anterior sin que se hubieran presentado reclamaciones o una vez que le sea comunicada la resolución del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el secretario municipal citará a las organizaciones inscritas para que, en el día, hora y lugar que en la propia citación se señale, se constituyan en asamblea a fin de elegir a los miembros del consejo económico y social que a cada estamento corresponda.

Se realizarán asambleas separadas por cada estamento de los señalados en el artículo 77. Cada organización se hará representar en ellas por un delegado que se elegirá por votación directa a sus afiliados.

Los delegados concurrentes a la respectiva asamblea estamental elegirán, por simple mayoría, un presidente de la misma, encargado de ordenar y dirigir la votación para nominar a los representantes al consejo. Será auxiliado en su desempeño por el secretario municipal.

Los representantes serán elegidos por votación directa y nominal de los delegados, cada uno de los cuales sólo podrá votar por un candidato. Resultarán electos quienes obtengan las primeras mayorías individuales, hasta la concurrencia del número de consejeros que le corresponda elegir al respectivo estamento. Un número idéntico, constituido por quienes obtengan las mayorías subsiguientes, será elegido en calidad de suplentes.

En caso de empate de votos, la asignación de el o los cargos respectivos se dirimirá por sorteo.

Del procedimiento de votación podrá reclamar, ante el competente Tribunal Electoral Regional, quien considere infringidas las normas que lo regulan. La reclamación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la celebración de la asamblea y el tribunal se pronunciará sobre ella dentro del quinto día, sin ulterior recurso.

Artículo 85.- En el evento de que, transcurrido el plazo de sesenta días a que alude el inciso primero del artículo 81, no se hubieran inscrito en el registro respectivo más de dos organizaciones que reúnan los requisitos habilitantes o, en su caso, quedaren ejecutoriadas las resoluciones denegatorias de la inscripción de las demás organizaciones que la hubieren solicitado, el concejo procederá a citar a las personas que, reuniendo los requisitos establecidos en la letra a) del propio artículo 81, no estén incorporadas en el registro, a fin de que acrediten sus delegados a las respectivas asambleas.

Artículo 86.- De no ser aplicables la regla prevista en el artículo precedente o si las organizaciones citadas no concurrieren a la asamblea a que se las convoque, el concejo declarará vacante los cargos no provistos. Este acuerdo deberá adoptarse con el voto favorable de los dos tercios de los concejales en ejercicio.

Un año después de declarados vacantes los cargos, el concejo convocará, de acuerdo con las normas del presente título, a inscribirse en los registros y a llenar los cargos hasta completar el período.

Artículo 87.- Para ser miembro del consejo económico y social se requerirá.

a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señalados en la ley N° 18.893.

b) Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento que corresponda, en el momento de la elección;

c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país por más de cinco año, y

d) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito que merezca pena aflictiva.

Serán aplicables a los miembros del consejo económico y social comunal las inhabilidades e incompatibilidades que esta ley contempla para los miembros de los concejos en el artículo 61 y en letra b) del artículo 62.

Asimismo, serán incompatibles con los cargos de consejeros regionales, concejales y consejeros provinciales.

Artículo 88.- Los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a) Renuncia, aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercicio;

b) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c) Inhabilidad sobreviniente;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero;

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 62 de esta ley, y

f) Pérdida de la calidad de miembros de la organización que representen.

Corresponderá al concejo calificador y resolver la procedencia de las causales señaladas, con excepción de la prevista en la letra a), por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a petición expresa de la simple mayoría de los consejeros en ejercicio.

Artículo 89.- Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el consejo el respectivo suplente, por el período que reste para completar el cuadrienio que corresponda.

En el evento de que un suplente cesare en sus funciones de tal, se procederá a su reemplazo por el estamento correspondiente en conformidad con esta ley.

Artículo 90.- El consejo económico y social comunal tendrá las siguientes funciones:

a) Dar su opinión sobre el plan de desarrollo comunal, las políticas de servicios y el programa anual de acción e inversión.

b) Dar su opinión sobre la cuenta anual del alcalde y del concejo.

c) Opinar sobre todas las materias que el alcalde y el concejo sometan a su consideración.

Artículo 91.- El consejo económico y social comunal podrá reunirse de propia iniciativa para estudiar y debatir materias generales de interés local y elevar sus opiniones a conocimiento del alcalde y del concejo.

Artículo 92.- Los miembros elegidos para integrar este consejo celebrarán una sesión constitutiva, la que dará inicio al cuadrienio respectivo, al día siguiente de aquél en que finalice el período legal de los consejeros en ejercicio. En esta misma sesión, se elegirá, de entre sus miembros, un presidente, un vicepresidente y un secretario.

El consejo económico y social comunal se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinaria. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, cada tres meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con las funciones propias que esta ley encomienda al consejo. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el alcalde o por no menos de un tercio de sus miembros en ejercicio y en ellas sólo podrán tratarse y adoptarse acuerdos respecto de las materias señaladas en la convocatoria.

En ambos casos, el quórum para sesionar será el de la mayoría de los consejeros en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por la misma mayoría.

Artículo 93.- El consejo económico y social comunal determinará las normas necesarias para su funcionamiento interno.”.

Artículo 25.- Agrégase el siguiente nuevo Título V:

“TITULO V

DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Artículo 94.- Para las elecciones municipales, en todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las disposiciones de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y de la ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

No serán aplicables, sin embargo, a las elecciones municipales, los preceptos de los artículos 31 y 31 bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Párrafo 1°

De la presentación de candidaturas

Artículo 95.- Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las veinticuatro horas del centésimo vigésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente, ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral. Tales declaraciones podrán incluir hasta tantos candidatos como concejales corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Para estos efectos, cada candidato deberá acompañar una declaración jurada ante un notario público de la comuna respectiva o, en su defecto, ante el oficial del Registro Civil correspondiente, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61. La eventual falsedad en que incurra dará lugar a acción pública para impugnar la elección del candidato, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3°, 4°, incisos segundo y siguientes, y 5° de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 96.- En las elecciones de concejales, dos o más partidos políticos que formen parte de un pacto electoral podrán acordar una federación o un subpacto, que regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes se encuentren legalmente constituidos.

A la formalización de una federación o subpacto electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos cuarto y quinto del artículo 3° bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 97.- Las declaraciones de pactos electorales y de las eventuales federaciones o subpactos que se acuerden, deberán formalizarse en un solo acto, ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido por el artículo 95 para la declaración de candidaturas.

Artículo 98.- A las federaciones o subpactos se les individualizará sólo con su nombre, y a cada uno de los partidos políticos suscriptores, con su nombre y símbolo, indicándose a continuación los nombres completos de los candidatos afiliados al respectivo partido. En el caso de los independientes incorporados a un pacto, junto a su nombre se expresará su calidad de tales.

Artículo 99.- Las declaraciones de candidaturas independientes a concejal deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hayan sufragado en la votación popular más reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva.

En todo caso, entre los patrocinantes no podrá haber más de un 5% de afiliados a partidos políticos, dentro del porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.

La determinación del número mínimo necesario de patrocinantes la hará el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los independientes que postulen integrando pactos no requerirán de patrocinio.

Artículo 100.- El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva comuna, por ciudadanos inscritos en los registros electorales de la misma. En aquellas comunas en donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el oficio del Registro Civil de la jurisdicción respectiva.

No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas declaraciones de candidaturas independientes. Si ello ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure en la primera declaración hecha ante el Servicio Electoral, y si se presentaren varias simultáneamente, no será válido en ninguna de ellas el patrocinio que se haya repetido.

Párrafo 2°.

De las inscripciones de candidatos.

Artículo 101.- El Director Regional del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquél en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación en la región respectiva, aceptar o rechazar las que hubieren sido declaradas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el que deberá pronunciarse dentro de quinto día.

Artículo 102.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere el artículo anterior o al fallo ejecutorio del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el Director Regional del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde este momento, se considerará que los candidatos tienen la calidad de tales para todos los efectos legales.

En todo caso, el Tribunal Electoral Regional deberá notificar sus resoluciones a los respectivos Directores Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de los reclamos tan pronto como las pronuncie.

Párrafo 3°.

De las mesas receptoras de sufragios.

Artículo 103.- El presidente del colegio escrutador remitirá al Tribunal Electoral Regional y al Director Regional del Servicio Electoral, por intermedio de Correos, el sobre especificado en el artículo 90 de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, dentro de las dos horas siguientes al momento en que lo reciba.

Párrafo 4°.

Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones.

Artículo 104.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los Tribunales Electorales Regionales, que tendrán, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones en el Título V de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 105.- Para determinar los concejales elegidos, el Tribunal Electoral Regional deberá seguir el procedimiento indicado en los artículos siguientes.

Artículo 106.- Para establecer los votos de lista, el tribunal sumará las preferencias emitidas a favor de cada uno de los candidatos de una misma lista.

Artículo 107.- Para determinar el cuociente electoral, los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar tantos cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos estos cuocientes se colocarán en orden decreciente hasta tener un número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

Artículo 108.- Para determinar los candidatos elegidos dentro de cada lista se observarán las siguientes reglas:

1) Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos presentados, se proclamará elegido a todos éstos.

2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los concejales que a la lista corresponda, se proclamará elegidos a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a un pacto electoral, caso en el cual se aplicará la norma del artículo siguiente.

3) Si el número de candidatos de alguna lista es inferior al de concejales que le haya correspondido, todos los cargos sobrantes se repartirán entre las demás listas y candidatos independientes como si se tratare de una nueva elección, en la que se aplicará el mismo sistema de cuociente.

4) Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, resultará elegido aquél que haya obtenido el mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o candidatos independientes, resultará elegido el candidato de la lista o independiente que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

Artículo 109.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista en que se hayan establecido pactos entre partidos, o entre partidos y federaciones o subpactos, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos, de las federaciones o subpactos, según sea el caso.

El total de votos válidamente obtenidos por cada partido, federación o subpacto se dividirá por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar por cada uno de los partidos, federaciones o subpactos tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la lista. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe el ordinal correspondiente al último de los cargos por elegir por la lista será el cuociente de los partidos, federaciones o subpactos de la misma. El total de votos de cada partido, federación o subpacto deberá dividirse por dicho cuociente para determinar cuántos cargos corresponderá elegir al respectivo partido, federación o subpacto.

Dentro de cada partido, federación o subpacto, los candidatos preferirán entre sí según el número de votos que hubiere obtenido.

Artículo 110.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada postulación o candidatura independiente se considerará como si fuera una lista y tendrá el tratamiento propio de ésta.

Sin embargo, las listas que incluyan pactos entre partidos políticos, federaciones o subpactos podrán incluir, dentro de la lista, una o más candidaturas independientes. En tal caso, para los efectos de determinar los cargos por elegir por la lista, en conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, los votos a cada candidato independiente se sumarán separada e individualmente, como si lo fuera de partido político.

Artículo 111.- Será proclamado alcalde el candidato a concejal que, habiendo obtenido individualmente el mayor número de preferencias, cuente a lo menos con el treinta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección de concejales y siempre que integre la lista más votada, según lo determine el Tribunal Electoral Regional competente.

De no cumplirse los supuestos establecidos en el inciso anterior, el concejo elegirá al alcalde de entre sus miembros, en votación que se efectuará en su sesión constitutiva y por la mayoría absoluta de los concejales elegidos.

De no lograrse la mayoría señalada en el inciso precedente, el concejo repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas en la elección efectuada en el concejo, considerándose las preferencias ciudadanas individualmente obtenidas para dirimir los empates que se produjeren tanto en la primera como en la segunda mayoría relativa.

Si se produjere un empate en esta segunda votación, el cargo de alcalde se ejercerá por cada uno de los concejales empatados, en dos subperíodos de igual duración. El concejal que perteneciere a la lista que hubiere obtenido mayor votación ciudadana escogerá el período por ejercer.

En todo caso, el cargo de alcalde sólo podrá ser ejercido en cada subperíodo por el mismo concejal.

Cualquiera que sea la forma de elección del alcalde, su mandato será irrevocable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

Artículo 112.- Dentro de los dos días siguientes a aquél en que su fallo quede a firme, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo y el acta complementaria de proclamación, en lo que se refiera a las respectivas comunas, al intendente y al secretario municipal de cada una de las municipalidades de la provincia. Comunicará, al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos elegidos.

Una copia completa del fallo y de su acta complementaria se remitirá, además, por el presidente del Tribunal Electoral Regional respectivo, al Ministro del Interior y al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que tomen conocimiento del término del proceso electoral municipal.”.

Artículo 26.- Introdúcense, en el Título IV, De los Plebiscitos Comunales, que pasa a ser Título VI, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese el artículo 82, que pasa a ser 113, por el siguiente:

“Artículo 113.- El alcalde con acuerdo del concejo o a requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos siguientes.”.

b) Reemplázase el artículo 83, que pasa a ser 114, por el siguiente:

“Artículo 114.- Los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la respectiva comuna podrán requerir al alcalde la realización de un plebiscito sobre las materias indicadas en el artículo precedente. Para tales efectos, deberán concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 20% de los ciudadanos inscritos al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificado emitido por el Director del Servicio Electoral.”.

c) Sustitúyese el artículo 84, que pasa a ser 115, por el siguiente:

“Artículo 115.- Dentro de décimo día de adoptado el acuerdo del concejo o de recepcionado oficialmente el requerimiento ciudadano en los términos del artículo anterior, el alcalde dictará un decreto para convocar al plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un período de los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos.

El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. Además, señalará la fecha de su realización, debiendo efectuarse, en todo caso, no antes de sesenta ni después de noventa días, contados desde la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial.

Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.

Las inscripciones electorales en la comuna respectiva se suspenderán desde el día siguiente a aquél en que se publique en el Diario Oficial el decreto alcaldicio que convoque a plebiscito y se reanudarán desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al Director del Servicio Electoral el término del proceso de calificación del plebiscito.”.

d) Sustitúyese el artículo 85, que pasa a ser 116, por el siguiente:

“Artículo 116.- En ningún caso podrá celebrarse más de un plebiscito en una misma provincia, dentro del mismo mes calendario.

El Director del Servicio Electoral determinará con los alcaldes respectivos la programación de los plebiscitos, de modo que entre uno y otro medien, a lo menos, treinta días.”.

e) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 86, que pasa a ser 117, la palabra “seis” por “doce”.

f) Sustitúyese el artículo 87, que pasa a ser 118, por el siguiente:

“Artículo 118.- El costo de los plebiscitos comunales será de cargo de la municipalidad respectiva.

g) Agrégase el artículo 88, que pasa a ser 119, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, no habrá lugar a la designación de apoderados en los plebiscitos comunales.”.

Artículo 27.- Agrégase el siguiente Título VII:

“TITULO VII.

DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES MUNICIPALES

Párrafo 1°.

De las corporaciones y fundaciones municipales.

Artículo 120.- Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la cultura.

Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.

Artículo 121.- Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este párrafo podrán formarse con una o más personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro o con otras entidades del sector público.

En todo caso, la creación o participación municipal en estas entidades deberán ser aprobada por el concejo.

Artículo 122.- Las corporaciones y fundaciones que constituyan las municipalidades no podrán establecer un número de directores superior a cinco. Estos cargos no darán lugar a ningún emolumento por su desempeño.

Asimismo, entre los fines artísticos y culturales que se proponga la entidad, en ningún caso se comprenderán la administración y la operación de establecimientos educacionales o de atención de menores.

Artículo 123.- Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte.

En ningún caso las municipalidades podrán caucionar compromisos contraídos por estas entidades.

Artículo 124.- Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.

Estas entidades no podrán destinar más del 30% de sus ingresos a gastos en personal y administración.

Artículo 125.- El personal que labore en las corporaciones y fundaciones de participación municipal se regirá por las normas laborales y previsionales del sector privado.

Artículo 126.- La contraloría General de la República fiscalizará a estas entidades, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 25 de su ley orgánica.

Párrafo 2°.

De las asociaciones de municipalidades.

Artículo 127.- Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán asociarse para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Estas asociaciones podrán tener por objeto:

a)La atención de servicios comunes;

b) La ejecución de obras de desarrollo local;

c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión;

d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al turismo, a la salud u otras;

e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, y

f) La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal.

Artículo 128.- Los convenios que celebren las municipalidades para crear asociaciones municipales deberán comprender, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados;

b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que cada municipio proporcionará para dar cumplimiento a las tareas concertadas;

c) El personal que se dispondrá al efecto;

d) El municipio o los municipios que tendrán a su cargo la administración y la dirección de los servicios que se presten u obras que se ejecuten, y

e) El establecimiento de dependencias comunes, cuando corresponda, con excepción del administrador municipal, la secretaría municipal y las unidades encargadas de las finanzas, control y desarrollo comunitario.

Estos convenios deberán contar con el acuerdo de los respectivos concejos.

Artículo 129.- Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones se consignarán en los presupuestos municipales respectivos.

Respecto del personal mencionado en la letra c) del artículo anterior, no regirá la limitación de tiempo para las comisiones de servicio que sea necesario ordenar, cuando se trate de personal municipal.

Artículo 28.- Los actuales artículos 89, 90, 91 y 92 del Título Final pasan a ser 130, 131, 132 y 133 respectivamente, sin modificaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Presidente de la República convocará a elecciones de concejales dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

La inscripción en los registros electorales se suspenderá a contar del trigésimo día siguiente a la publicación de dicha convocatoria.

SEGUNDA.- Dentro del mismo término de treinta días a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, los secretarios municipales procederán a abrir los registros para la inscripción de las organizaciones que participarán en las elecciones de los miembros de los consejos económicos y sociales respectivos, los que permanecerán abiertos por el término de sesenta días.

En la primera constitución de los consejos económicos y sociales comunales, se exigirá a las organizaciones el requisito de antigüedad de un año.

TERCERA.- Los primeros consejos económicos y sociales comunales se instalarán dentro de los treinta días siguientes a aquél en que asuman los concejos elegidos en conformidad con esta ley.

CUARTA.- Para los efectos de determinar el número de miembros de los consejos económicos y sociales comunales, en tanto no rija un nuevo censo de habitantes, se aplicaá el censo efectuado en 1982, y en el caso de creación de comunas nuevas o traspasos de territorios efectuados con posterioridad a dicho censo, se considerará la población que señale el informe oficial que emita el Instituto Nacional de Estadísticas.

QUINTA.- Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año desde la publicación de esta ley, para incorporar el cargo de administrador municipal en las plantas de aquellas municipalidades cuyas comunas opten por crearlo. Ejercerá tal facultad mediante decreto con fuerza de ley dictado a través del Ministerio del Interior, que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.

SEXTA.- La primera elección municipal, por efectuarse antes del 30 de junio de 1992, se regirá por las normas de esta ley, con las modificaciones y salvedades que se indican en las disposiciones transitorias siguientes.

SEPTIMA.- Para los efectos de determinar el número de concejales que corresponda elegir a cada comuna o agrupación de comunas y para determinar el número mínimo de ciudadanos patrocinantes de candidaturas independientes, se considerará el padrón electoral vigente al 31 de agosto de 1991.

El Servicio Electoral publicará la resolución respectiva en el Diario Oficial, dentro de los diez días siguientes a la convocatoria a que se refiere la disposición primera transitoria.

OCTAVA.- Los alcaldes y miembros de los consejos de desarrollo comunal que pretendan postular como candidatos en la primera elección municipal a que se refiere la disposición primera transitoria de esta ley, deberán renunciar a sus cargos con anterioridad a la declaración de las respectivas candidaturas.

NOVENA.- Las directivas centrales de los partidos políticos se entenderán facultadas para suscribir un pacto electoral si cuentan con la sola aprobación de los consejos generales respectivos, que se otorgará en la forma señalada en el artículo 30 de la ley N° 18.603.

DECIMA.- El Director del Servicio Electoral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación nacional, aceptar o rechazar las que hubieren sido declaradas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el que deberá pronunciarse dentro de idéntico plazo.

Para la inscripción definitiva de las candidaturas, se estará a lo dispuesto en el artículo 101 de esta ley.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley N° 18.700, el sorteo se efectuará al quinto día del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas.

UNDÉCIMA.- Para los efectos de estas elecciones municipales, será de un mes el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

DUODÉCIMA.- Mientras no entren en funcionamiento los concejos, los actuales concejos de desarrollo comunal continuarán en el desempeño de las funciones que les confiere la legislación vigente.

DECIMOTERCERA.- Los alcaldes en actual ejercicio y quienes los reemplacen cesarán en sus cargos el 31 de agosto de 1992. Los miembros de los consejos de desarrollo comunal cesarán en su desempeño en la fecha en que asuman los concejales elegidos en conformidad con esta ley. Tal desempeño se regirá por las normas vigentes a la fecha de publicación de esta ley.

DECIMOCUARTA.- Las funciones, atribuciones y deberes que otras leyes confieran a los consejos de desarrollo comunal se entenderán referidas, en lo sucesivo, a los concejos.

DECIMOQUINTA.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de noventa días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, fije el texto refundido de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

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Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor ELGUETA, don Sergio.

Sala de la Comisión, a 30 de noviembre de 1991.

Acordado en sesiones de fechas 12, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre de 1991, con asistencia de los señores Ortega (Presidente), Aguiló, AlvarezSalamanca, Bombal, Cantero, señora Caraball, Carrasco, Elgueta, Elizalde, García Ruminot, Hamuy, Leay, Letelier, Longton, Montes, Morales, Rebolledo, Sotomayor, Ulloa y Urrutia.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Secretario de la Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N8 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (BOLETÍN N° 531-06).

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda efectuó el estudio del proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

El proyecto de ley en informe tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, cuya tramitación fue calificada de "simple urgencia".

Asistieron a la Comisión, durante el estudio de esta iniciativa, los señores Gonzalo Martner F., Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Rodrigo Pineda G., y José Espinoza F., asesores de la Subsecretaría y de la Dirección de Presupuestos, respectivamente.

También fueron recibidos por la Comisión para escuchar sus planteamientos los señores Iván Encina, Raúl Romero y Heriberto Bustamante, junto a otros dirigentes, todos en representación del Gremio de Suplementeros de Chile.

Según se señala en el Mensaje, el proyecto se enmarca en el propósito del Supremo Gobierno de democratizar el sistema municipal y, a la vez, lograr una mayor eficiencia en la administración comunal.

El informe financiero del proyecto, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que se adjunta al Mensaje, hace presente que los mayores gastos que signifique la aplicación de las modificaciones a que se refiere el proyecto, serán de cargo de las municipalidades y se financiarán con los recursos que a ellas se asignan en la Ley de Rentas Municipales. En lo referido a las elecciones de Alcaldes y Concejales municipales, el gasto que ellas signifiquen está contemplado en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1992.

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social puso en conocimiento de la Comisión de Hacienda los artículos 10 bis y 11 del artículo 5°; el artículo 10; la letra g) del artículo 20; los artículos 67 y 73 del artículo 23; la letra f) del artículo 26, y los artículos 123, 124, 128 letra b) y 129 del artículo 27, del proyecto aprobado por esa Comisión técnica.

Respecto de la discusión particular del proyecto de la Comisión de Hacienda, cabe consignar que:

Por el artículo 5° del proyecto, se agrega un párrafo 3° nuevo al Título I de la L.O.C. de Municipalidades, pasando el actual párrafo 3° a ser 4°, eliminándose el actual artículo 11. El nuevo párrafo se refiere al "Patrimonio y financiamiento municipales".

En el artículo 10 bis de dicho párrafo, se establece la composición del patrimonio municipal.

A este respecto, se debatió por la Comisión la conveniencia de precisar el contenido de las letras b) y h) propuestas en el texto de la Comisión técnica, dejándose pendiente una proposición en tal sentido para segunda discusión.

Sometido a votación el artículo 10 bis fue aprobado por 4 votos a favor y 4 abstenciones.

En el artículo 11 se prescribe que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Además, establece en su inciso segundo, que para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funciona-miento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades, denominado Fondo Común Municipal, integrándose con los recursos que indica.

Algunas observaciones que mereció el texto aprobado por la Comisión Técnica dieron lugar a dos indicaciones que tienden a precisar su alcance y que fueron rechazadas por la Comisión, consignándose en el párrafo pertinente de este informe.

En relación con el N° 5 del artículo 11, los Diputados señores Longueira, Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso, formularon una indicación para agregar, después del término "Providencia", las siguientes expresiones, precedidas de una coma (,): "Vitacura, Lo Barnechea".

Puesta en votación la indicación precedente, se aprobó por 5 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención.

Similar indicación del Diputado señor Estévez, don Jaime, para agregar al N° 5, los términos "Pucón, Viña del Mar y La Serena" fue rechazada por 3 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención.

Sometido a votación el artículo 11 fue aprobado por 8 votos a favor y un voto en contra.

Por el artículo 10 del proyecto, se agrega un artículo 24 bis, que establece la existencia de un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el Concejo, a proposición del Alcalde. Además, esta disposición se refiere a los requisitos y procedimientos para proveer el cargo, a las causales de cesación y a las funciones que les corresponden.

Analizadas las modificaciones que se introdujeron en la Comisión técnica a este artículo, en comparación con el texto propuesto en el Mensaje, los Diputados señores Arancibia, Palma, don Andrés, y Yunge presentaron una indicación sustitutiva, para reponer el texto que tenía este artículo en el Mensaje enviado por el Ejecutivo, la que se aprobó por 5 votos a favor y 4 votos en contra, la cual es del tenor siguiente:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes. En las comunas con población inferior, la organización interna de los municipios podrá también incluir un administrador municipal, según lo requiera la municipalidad, de acuerdo a la determinación que efectúe el Concejo a proposición del Alcalde.

El administrador municipal será designado por el Alcalde, con el acuerdo del Concejo, dependerá directamente de aquél y requerirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres a lo menos. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo, el administrador municipal sólo podrá ser removido por el alcalde, con el acuerdo del Concejo, o directamente por el Concejo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a)Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del Alcalde y los acuerdos del Concejo;

b)Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todos los organismos municipales, de acuerdo a las instrucciones del Alcalde;

c)Velar por el adecuado funcionamiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d)Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en conformidad a esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo al reglamento interno de la municipalidad.

Corresponderá al Alcalde, con acuerdo del Concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal.".

El Diputado señor Ringeling, don Federico, presentó una indicación, para reemplazar, en la letra b) del inciso cuarto del artículo 10, las palabras "todos los organismos municipales," por "todas las unidades municipales y de los servicios traspasados," la que fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

Por el artículo 20, letra g) del proyecto, se agrega al artículo 55, un inciso final nuevo, que dispone que al aprobarse el presupuesto de gastos presentado por el Alcalde, el Concejo deberá velar porque en él se indiquen las fuentes de recursos con que se atenderán los gastos previstos. Además, establece que el Concejo no podrá aumentar el presupuesto, sino sólo disminuirlo y modificar la distribución de la inversión proyectada por él, salvo respecto de los gastos que estén establecidos por ley permanente.

Sobre el particular, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo defendió el carácter equilibrado de la norma propuesta.

No obstante, los Diputados señores Cantero, Munizaga, Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso, formularon una indicación para sustituir la letra g), por la siguiente:

"Al aprobar el presupuesto el Concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El Concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el Alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley.".

Puesta en votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor, un voto en contra y una abstención.

En el artículo 23 del proyecto, se sustituye el Título III, reemplazándolo por uno nuevo referido al Concejo.

En el artículo 67 de dicho Título, se establece que el Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados. Contemplándose, además, la obligación para el funcionario encargado de la unidad de control, de la respectiva municipalidad, de representar al Concejo los desequilibrios que advierta en el presupuesto municipal.

Por el inciso segundo del artículo 67 se contempla, que en el caso de un presupuesto que no esté debidamente financiado, serán responsables solidariamente el Alcalde y los Concejales que hayan concurrido con su voto favorable a su aprobación, por la parte deficitaria que arroje su ejecución anual, al 31 de diciembre del año respectivo.

Los Diputados señores Arancibia, Palma, don Andrés, Ringeling y Yunge formularon una indicación para agregar en el inciso segundo, en punto seguido, la frase siguiente

"Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad.".

Puestos en votación la indicación precedente y el artículo 67, fueron aprobados por 5 votos a favor, un voto en contra y 4 abstenciones.

En el artículo 73, se señala que los Concejales tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a una unidad tributaria mensual, por cada sesión a la que asistan, la que no será imponible. En ningún caso esta asignación podrá exceder de cuatro unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario.

Sobre el particular se tuvo presente en la Comisión que el gasto anual nacional del sistema de CODECOS asciende a M$ 1.177.434 al mes de septiembre de 1991, que se comparan con M$ 1.144.908 por gasto anual de los CONCEJOS a la misma fecha, según un resumen comparativo de sueldos Concejo/Codeco preparado por la División de Desarrollo Social Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Los Diputados señores Cantero, Munizaga, Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso formularon una indicación para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 73, que fue declarado inadmisible.

"Los gastos de funcionamiento del Concejo serán de cargo fiscal.".

Sometido a votación el artículo 73 fue aprobado por mayoría de votos.

Por el artículo 26 letra f) del proyecto, se sustituye el artículo 87, pasando a ser 118, el cual contempla, que el costo de los plebiscitos comunales será de cargo de la municipalidad respectiva.

Puesta en votación esta letra f), se aprobó por unanimidad.

Por el artículo 27 del proyecto, se agrega un Título VII nuevo, referido a las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales.

En el artículo 123 de dicho Título, se establece que las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte. Además, contempla que, en ningún caso, podrán caucionar compromisos contraídos por dichas entidades.

Puesto en votación este artículo, se aprobó en forma unánime.

En el artículo 124 se señala que las fundaciones y corporaciones de participación municipal, deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas, acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el Concejo, en cuanto al uso de los aportes o subvenciones municipales.

Los Diputados señores Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso, formularon una indicación para sustituir los términos "deberán rendir semestralmente" por "deberán rendir trimestralmente".

Puesta en votación la indicación precedente y el artículo 124, fueron aprobados en forma unánime.

En el artículo 128 letra b), se establece que los convenios que celebren las municipalidades para crear asociaciones municipales deberán comprender, entre otros aspectos, los aportes financieros y demás recursos materiales que proporcionará para dar cumplimiento a las tareas concertadas.

Puesta en votación la letra b), fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 129, se establece que los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones se consignarán en los presupuestos municipales respectivos.

Sometido a votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

INDICACIONES RECHAZADAS

- Indicación del Diputado Palma, don Andrés, para sustituir en el artículo 5° del proyecto, el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior deberán sujetarse a las normas de administración financiera del Estado establecidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, sus modificaciones y normas complementarias.

Las municipalidades estarán sujetas al control de la Contraloría General de la República y a la fiscalización de los poderes públicos establecidos en la Constitución.

No podrán adquirir o construir edificios para destinarlos exclusivamente a casa habitación de su personal, salvo en lo que respecta a viviendas en zonas apartadas y localidades rurales, para personal directivo o profesional, profesores y personal de la salud, en cuyo caso no podrá destinarse más de un quinto del presupuesto anual de inversiones.

Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal. Los aportes de recursos a este Fondo y su distribución se sujetará a los criterios y normas establecidas en la ley de Rentas Municipales.".

-Indicación de los Diputados señores Cantero, Munizaga, Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso, al número 2 del inciso segundo del artículo 11, contenido en el artículo 5° del proyecto, para agregar el siguiente inciso segundo:

"En todo caso el Fisco no podrá hacer aportes directos a los municipios, sino por el mecanismo establecido en este artículo, salvo que se trate de programas nacionales de beneficio comunal en que los aportes tengan un destino específico.".

-Indicación del Diputado Estévez, don Jaime, para agregar en el N° 5 del artículo 11, contenido en el artículo 5o del proyecto, los términos "Pucón, Viña del Mar y La Serena.".

Sala de la Comisión, a 4 de diciembre de 1991.

Acordado en sesión de fechas 3 y 4 de diciembre de 1991, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Arancibia, don Armando; Devaud, don Mario; García, don José (Cantero, don Carlos); Huenchumilla, don Francisco (Yunge, don Guillermo); Huepe, don Claudio; Munizaga, don Eugenio (Ribera, don Teodoro); Ortiz, don José Miguel (Caraball, señora Eliana); Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico (Longton, don Arturo); Rodríguez, don José Alfonso y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

MODIFICACION DE LA LEY N°18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

A continuación corresponde tratar los informes de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N°18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Elgueta, y de la Comisión de Hacienda, el señor Andrés Palma.

Entiendo que el informe de esta última será verbal.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 531-06 y se encuentra en el número 11 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, no puede ser verbal, dada la urgencia del proyecto y el rango de la ley. Por lo tanto, se está elaborando un informe escrito.

Propongo empezar con el informe de la Comisión de Gobierno Interior y, si al término de aquel no ha llegado el informe de Hacienda, suspender la sesión por unos minutos.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Así se procederá, señor Diputado. Existe el acuerdo de votar a las 21:30 horas. El tiempo es restringido y hay varios señores Diputados inscritos.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Gonzalo Martner.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado don Sergio Elgueta, informante de la Comisión de Gobierno Interior.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "simple", que modifica la ley NQ 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Cabe recordar que durante la pasada campaña presidencial los tres candidatos pusieron en conocimiento del país que darían oportunidad a la recreación de gobiernos comunales democrático y a una eficiente descentralización del Estado.

La reforma constitucional, fruto del acuerdo político de 21 de agosto de 1991, estructura, a partir del 12 de noviembre de este año, un nuevo sistema de gobierno regional y la democratización de la administración comunal, junto a la participación ciudadana en los ámbitos vecinal, social y laboral. De esta manera adviene el proyecto del Ejecutivo que modifica la ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades.

Para el estudio de este proyecto se contó con la presencia del Ministro del Interior, señor Enrique Krauss; del Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Gonzalo Martner, y de los asesores, señores Francisco Fernández y Eduardo Pérez. Se oyó al Instituto Libertad y Desarrollo, al Instituto Libertad y al asesor jurídico de la Ilustre Municipalidad de Las Condes.

El proyecto tiene como antecedentes constitucionales los artículos 107, 108, 109 y 111 a 115, de la Constitución Política de la República, reformada por la ley N° 19.097; la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la Ley de Rentas Municipales.

Es menester tener presente que, de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional de 19 de abril de 1988, las normas que hayan otorgado u otorguen a las municipalidades atribuciones no esenciales son del dominio de la ley común, salvo que menoscabe, entrabe o imposibilite el cumplimiento de una función o el ejercicio de una atribución esencial.

El Mensaje del Presidente de la República, don Patricio Aylwin, destaca las proposiciones más relevantes. Se establece la noción de municipalidad como corporación autónoma de derecho público. Sus órganos son el alcalde su máxima autoridad y el concejo, y tiene como expresión participativa y consultiva, al consejo económico y social comunal, en lugar del Codeco actual. El concejo y el alcalde serán elegidos por votación popular.

Se añaden otras atribuciones, como la de constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, para la difusión del arte y la cultura; la de fijar las unidades vecinales y la de asociarse con otras municipalidades para sus fines propios; la de celebrar convenios con otros órganos del Estado; la de participar en corporaciones de derecho público, conforme con la ley que las cree, y la de celebrar contratos con personas naturales y jurídicas siempre que no se traspasen funciones propias de la municipalidad. En materia de concesiones, la licitación pública es la regla dominante.

Para darle el debido rango, al tenor de la reforma constitucional, se establece en esta ley el fondo común municipal y el patrimonio municipal, mencionándose que la distribución del primero se efectuará por ley común en la de rentas municipales.

El Mensaje propone la existencia obligatoria de un administrador municipal para las comunas de más de cien mil habitantes; para las demás, es facultativo, según lo determine el concejo. Su nombramiento es facultad del alcalde previo acuerdo del concejo, y necesita tener un título profesional de ocho semestres. Su remoción podrá efectuarse por el alcalde con acuerdo del concejo o directamente por los dos tercios de sus miembros. En general, sus funciones consisten en cumplir las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo.

La elección del alcalde puede ser directa o indirecta, según las reglas propuestas en el proyecto, dura cuatro años en el cargo y puede ser reelegido. En la iniciativa se indican también las inhabilidades e incompatibilidades y los requisitos para ser alcalde y concejal.

El concejo es el órgano que decide las inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidad del alcalde y se pronuncia sobre la renuncia del mismo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. La cesación del cargo del alcalde trae consigo la del cargo de concejal.

El concejo es un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador. Interviene en el plan comunal de desarrollo; en el presupuesto municipal; en el plan regulador comunal; en la fijación de los derechos municipales y de los tributos, dentro de los marco señalados por la ley; autoriza las transacciones judiciales y extrajudiciales y otorga concesiones, subvenciones y aportes. Debe elegir al alcalde cuando éste no es generado directamente por la voluntad popular, y se pronuncia por la cesación de los cargos de alcalde, concejal y miembro del Consejo Económico y Social.

Al fiscalizar, interviene en la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los planes municipales y las actuaciones del alcalde.

El Mensaje propone la elección directa de los concejales. Por votación, el sistema proporcional, con una duración de cuatro años en el cargo y su reelegibilidad. Su número depende del número de electores de las comunas de acuerdo con los siguientes tramos: 6, hasta 70 mil electores; 8, entre más de 70 mil y 150 mil; y 10, en las demás comunas o agrupación de comunas que conformen 150 mil electores.

El consejo económico y social comunal tiene cuatro objetivos centrales: participación a través de las organizaciones, recuperación del papel de las juntas de vecinos, incorporación del sector laboral y generación democrática de la representación. Es un órgano de coordinación, de consulta, de participación, asesor del alcalde y de la municipalidad.

El Mensaje propone, asimismo, un plebiscito comunal para ciertas materias de inversión de desarrollo comunal, con un porcentaje de concesiones y modificaciones del plan regulador. La iniciativa puede ser alcaldicia, con acuerdo del concejo, o popular, siendo sus efectos vinculantes para la autoridad comunal.

Finalmente, en el Mensaje se deja constancia de que el proyecto sólo contiene las reformas más urgentes y sustanciales, sin perjuicio de que en una próxima oportunidad se presenten otras modificaciones complementarias.

De este modo se resumen las ideas matrices del proyecto del Ejecutivo, las cuales han sido numeradas en 22 párrafos del informe en vuestro poder, páginas 32 a 36. Contiene 28 artículos permanentes y 15 disposiciones transitorias.

Cabe consignar que vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social compartió unánimamente la idea de legislar sobre la materia.

En la discusión particular del articulado se aprobó lo siguiente:

En el artículo l°, que reemplaza al artículo 1° de la ley actual, conforme con el artículo 107, incisos primero y segundo de la actual Constitución Política de la República, se incluye el principio de la autonomía municipal, inexistente en la actual ley, al definir las municipalidades como corporaciones autónomas de derecho público, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El artículo 2S también emana de la reforma constitucional del artículo 107, inciso primero, al prescribir que las municipalidades están constituidas por el alcalde, su máxima autoridad, y por el concejo, añadiendo la existencia de un consejo económico y social comunal, de carácter consultivo, lo cual fue aprobado por unanimidad, con una abstención.

El artículo 3° modifica el artículo 5° de la Ley Orgánica de Municipalidades, sustituyendo y agregando, entre otras atribuciones esenciales, las siguientes:

La letra c) dispone: "Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines, la administración de estos últimos correspondan a otros órganos de la Administración del Estado". Respecto de los primeros, o sea, de los municipales y nacionales de uso público, puede asignar y cambiar la denominación de tales bienes, como, asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales en el territorio bajo su administración. Anteriormente, esta función competía al alcalde y al Codeco, pero existían dudas respecto del cambio de esas denominaciones. El articulado del proyecto zanja estas vacilaciones de la ley anterior.

La letra i) se agrega para permitir la constitución de corporaciones y fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, a fin de promover y difundir el arte y la cultura. La participación municipal tiene reglas especiales, las cuales están consignadas en el Título VII, párrafo primero, de la actual modificación.

La letra j) permite establecer territorios llamados "unidades vecinales".

La letra e) faculta a las municipalidades para asociarse entre ellas, según lo dispuesto en el párrafo 2°, Título VII, de esta misma ley. Esta preceptiva, que emana de la reforma constitucional, fue aprobada por unanimidad.

El artículo 4° sustituye al actual artículo 6° y se refiere a las siguientes materias:

a)Facultad para celebrar convenios con otros órganos del Estado.

b)Participación con otras corporaciones de derecho público, según la ley respectiva que las crea. Todo ello en cumplimiento de sus funciones propias.

c)Celebrar contratos naturales y jurídicas que impliquen la ejecución de acciones determinadas.

d)El otorgamiento de concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

e)La licitación pública para la celebración de contratos y el otorgamiento de concesiones.

Las materias descritas en las letras a) y b)fueron objeto de indicación para afirmar la idea de que tales convenios son para coadyuvar al cumplimiento de las funciones municipales, sin alterarlas, lo que se aprobó por simple mayoría.

La celebración de contratos de la letra c)fue aprobada sin modificaciones, puesto que allí se dice que ello no importará traspaso de funciones o potestades municipales. Esto se aprobó por simple mayoría, al igual que lo relativo a las concesiones.

En cuanto a la licitación pública para contratos y concesiones, se aprobó una indicación sustitutiva que difiere de la del Ejecutivo en varios aspectos.

Primero, es obligatoria cualquiera que sea el monto. El Mensaje proponía la licitación pública sólo cuando las obligaciones o el valor de los bienes excedían de 300 Unidades Tributarias Mensuales; de 100 a 300 Unidades Tributarias Mensuales, mediante propuesta privada, con personas inscritas en el registro de contratistas. Esta propuesta privada se consultaba, asimismo, aun cuando excediera de 300 Unidades Tributarias Mensuales, en casos calificados por el concejo como imprevistos urgentes. Si el monto era inferior a 100 Unidades Tributarias Mensuales, se procedería por medio de contratación directa.

El segundo aspecto de la indicación aprobada propone autorizar al alcalde para omitir la licitación pública y llamar a propuesta privada si el concejo lo acordara por mayoría absoluta de sus miembros, sin perjuicio en lo dispuesto en la letra k) del artículo 20.

Todo lo anterior se aprobó por simple mayoría.

El artículo 5° propone un párrafo nuevo al Título 5, relativo al fondo común municipal y al patrimonio municipal. Este último, que describe los bienes y aportes, fue aprobado por unanimidad.

Los incisos primero y segundo del artículo 11, sobre el fondo común municipal, que reafirman la autonomía financiera, se aprobaron por mayoría simple y dos abstenciones. Esta norma repite la distribución que ya se encuentra en la actual Ley de Rentas Municipales, disposición a la cual se remite este proyecto.

El artículo 6° se refiere a la posibilidad de tener en las municipalidades un administrador municipal, conforme a las reglas que se indican más adelante. Tal administrador obedece al acuerdo político, según el párrafo II, numeral 9), y se aprobó por simple mayoría y una abstención. La existencia del administrador fue objeto de largas y serias discusiones.

El artículo 7° se limita a modificar el artículo 16 de la actual ley para que el secretario municipal también lo sea del concejo, lo cual se aprobó por unanimidad.

Los artículo 8°, 9°, 10 y 11 corresponden a simples adecuaciones formales a los artículos 17, 18, 28, 42 y 46, los que también fueron aprobados por unanimidad.

El artículo 10 tiene íntima relación con el 6°, sobre el administrador municipal.

El proyecto hacía obligatoria su existencia en comunas o agrupación de comunas con más de 100 mil habitantes. Mediante indicación, se sustituyó por "aquellas comunas donde decida el concejo, a proposición del alcalde". Esto se aprobó por simple mayoría y una abstención.

En el Mensaje la designación correspondía al alcalde, con acuerdo del concejo, dependiendo de aquel. Para desempeñar el cargo se requería estar en posesión de un título profesional de ocho semestres. Se reemplazó con una indicación que provee el cargo por concurso público, y se exige título profesional acorde con la función municipal. Esto se aprobó por simple mayoría y dos abstenciones.

Según el Mensaje, la remoción del administrador municipal podía ser efectuada por el alcalde, con acuerdo del concejo, o por iniciativa de éste, por los dos tercios de sus miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo. Por simple mayoría se sustituyó esta norma para que tal remoción pudiera hacerla el concejo con los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Las funciones del administrador municipal fueron aprobadas por simple mayoría y una abstención.

En general, le corresponde cumplir los acuerdos del concejo e instrucciones del alcalde, coordinar y fiscalizar los organismos municipales, previa instrucción del alcalde; velar por el cumplimiento de políticas y planes municipales y ejercer las funciones delegadas por el alcalde, el que debe dictar un reglamento para desempeñar ese cargo.

El artículo 12 contiene diversas materias.

Primero, el artículo 44 consultaba la toma de razón por la Contraloría de los presupuestos municipales en el respectivo decreto alcaldicio. Por indicación aprobada con dos abstenciones, esto se suprimió, pues se adujo que interfería con la autonomía financiera municipal, lo que consagra el artículo 111 de la Constitución Política de la República, actualmente reformada.

Segundo, mediante indicación del Ejecutivo al derogado artículo 38, se crean los cargos de exclusiva confianza, materia que ya estaba pendiente en el Senado en otro proyecto y que debía consultarse en esta ley.

Se asignan a esta categoría los cargos de secretario municipal, secretario comunal de planificación y coordinación y los que dirijan la asesoría jurídica, desarrollo comunitario, obras municipales y asesor urbanista. Este último fue agregado por indicación, aprobándose todo por simple mayoría.

De igual modo, se aprobó que la provisión de los cargos de director de obras y de secretario comunal de planificación se hiciera por concurso público, y su remoción por acuerdo del concejo a propuesta del alcalde.

El último inciso señala que los funcionarios de exclusiva confianza son designados y removidos por el alcalde. Esa es la regla general.

El secretario municipal es nombrado por el alcalde con el acuerdo de la mayoría del concejo en tema propuesta por aquel, y su remoción necesita las tres quintas partes de dicho concejo.

El artículo 13 se refiere a la elección del alcalde por sufragio universal y por mayoría de votos, conforme a la ley. Dura 4 años y puede ser reelegido, lo que fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 14 se aprobó el reemplazo del 49, que permite asumir al alcalde de acuerdo con el artículo 68, que se refiere a la sesión constitutiva del concejo.

El artículo 15 sustituye el 50, que se refiere a las incompatibilidades para ejercer dos cargos simultáneamente, las que para los alcaldes tienen dos categorías. La constitucional, consagrada en el artículo 113 de la Carta Fundamental, o sea el cargo de alcalde es incompatible con el de intendente, gobernador, consejeros regional y la que afecta al ejercicio de todo empleo o función pública retribuido con fondos estatales. La excepción la constituyen las funciones docentes de educación básica, media o superior que no sean de la misma comuna o agrupación de comunas, hasta el límite de 12 horas semanales.

Asimismo, no podrán ejercer el cargo de alcalde las personas que por sí o como representantes de otras personas, naturales o jurídicas, tengan pendientes o celebren con la municipalidad respectiva contratos, cauciones litigios como actores a la fecha de la inscripción de la candidatura.

El Ejecutivo había propuesto 12 meses antes de la elección respecto de contratos y cauciones. Este cambio se aprobó por unanimidad.

El artículo 16 contempla la cesación del cargo de alcalde. El Ejecutivo proponía que el término de tal calidad implicaba el fin del cargo de concejal.

Mediante indicación se salvó la situación del alcalde que deja de serlo por un plazo de dos años, cuando se divide el período, en caso en el cual sigue siendo concejal, lo que se aprobó por unanimidad.

El artículo 17 trata de la subrogación del alcalde y modifica el artículo 52 actual. Se presentan tres situaciones:

1°.-Ausencia o impedimento inferior a un mes. En ese caso lo subroga el funcionario que le siga en jerarquía, pudiéndose designar a otro con acuerdo del concejo.

Este funcionario no puede convocar ni presidir el concejo. En esta situación, uno de los concejales lo convoca y preside.

La subrogación se funda en la circunstancia de que el alcalde es un funcionario y, en consecuencia, el subrogante también debe tener tal calidad en la situación que he explicado.

2°.- En el caso de incapacidad temporal superior a un mes, el concejo debe designar a un concejal como alcalde suplente, por mayoría absoluta de los presentes.

3°.- Cuando se produce vacancia, el concejo debe nombrar de entre los concejales a un nuevo alcalde, elegido por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, luego de llenarse la vacante de concejal. Se verifica una nueva elección de alcalde en sesión extraordinaria.

El artículo 18 modifica las facultades del alcalde, contenidas en el artículo 53 actual. Se refieren al nombramiento de los funcionarios de confianza, al otorgamiento, renovación y fin de los permisos municipales, a la presidencia del concejo y otras.

El artículo 19 trata de la consulta del alcalde al concejo para designar delegados y, en caso de subrogación, para designar a un funcionario distinto del jerárquico.

El artículo 20 modifica el actual 55, relativo a las materias en que el alcalde requiere acuerdo del concejo, como las siguientes: dictar ordenanzas y reglamentos sobre funciones de administrador municipal, omisión de licitación pública, convocatoria de propia iniciativa para el plebiscito comunal, decreto para poner en vigencia el presupuesto, obligación del concejo de indicar la fuente de recursos del presupuesto y de no aumentar los gastos presentados por el alcalde, sino disminuirlos, pudiendo alterar su distribución, salvo lo establecido en leyes permanentes.

Al respecto, se aprobaron indicaciones para concordar estas normas con otras que se referían a la licitación pública y a la supresión de la toma de razón del decreto alcaldicio que aprueba el presupuesto.

Los artículos 21 y 22 son de mera concordancia.

El artículo 23 sustituye el Título III, del Consejo. Los artículos 58 y 59 fueron aprobados por unanimidad. Uno declara la existencia del concejo normativo, resolutivo y fiscalizador en cada municipalidad de la República, y el otro que los concejales serán elegidos en votación directa, mediante sistema proporcional, y durarán cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Se agrega que el concejo estará compuesto por seis concejales en las comunas o agrupaciones de ellas de hasta 70 mil electores; por ocho en las de más de 70 mil a 150 mil electores, y por diez en las de más de 150 mil electores. Para estos efectos, rige el padrón electoral siete meses antes de la fecha de la elección.

El artículo 60 establece los requisitos para ser concejal: Ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y escribir, tener residencia en la región a lo menos dos años antes de la elección, situación militar al día y carecer de inhabilidades. Por indicación se suprimió el requisito de tener 18 años a la fecha de la elección, pues se halla comprendido en la calidad de ciudadano con derecho a sufragio.

Las inhabilidades propuestas por el Ejecutivo para ser candidato a concejal se referían a los ministro de Estado, subsecretario, seremis, parlamentarios, miembros del Consejo del Banco Central y al Contralor General de la República. Por indicación se agregó a los directores regionales de servicios de confianza del Presidente de la República, a los contralores regionales y a todos los de confianza del Presidente de la República y de la autoridad facultada para hacer el nombramiento. Esto fue aprobado por simple mayoría.

El artículo también trata de las inhabilidades relativas al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Tribunal Calificador de Elecciones y los Electorales Regionales. Mediante indicación aprobada por unanimidad y cinco abstenciones, se agregó al personal que preste funciones en dichos tribunales, en las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.

En el caso de personas que tengan contratos pendientes con la municipalidad a la fecha de inscripción de su candidatura, se aclaró, por indicación, que se trata de aquellas cuyas obligaciones exceden de dos unidades tributarias mensuales, a que se refiere el artículo 31 de la actual Ley Orgánica Municipal. Según lo dispone este último precepto, tales personas deben rendir caución.

El artículo 62 declara que los cargos de concejales serán incompatibles entre sí y con los de miembro de los consejeros regionales y de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, como asimismo con los mencionados en las inhabilidades de las letras a) y b) del artículo anterior, relativas a los miembros superiores y de confianza de la Administración del Estado, tribunales, Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Asimismo, la incompatibilidad rige para todo empleo, función o comisión en la misma municipalidad, salvo los empleos servidos en educación, salud y servicios municipalizados. Tampoco podrán servir el cargo de concejal los contratantes o los que tengan cauciones o litigios en calidad de demandantes, de acuerdo con lo señalado en la letra c) del artículo 61; ni los abogados mandatarios en juicios contra la municipalidad.

Los concejales cesarán en sus funciones por las siguientes causales: renuncia justificada, aceptada por el concejo; más del 50 por ciento de inasistencias injustificadas a sesiones celebradas en un año calendario; inhabilidad sobreviniente por alguna de las causales indicadas en las letras a) y b) del artículo 61; pérdida de alguno de los requisitos para ser elegido e incurrir en alguna de las incompatibilidades señaladas en el inciso primero del artículo anterior.

Al concejo le corresponderá calificar estas causales. Su resolución deberá adoptarse en sesión extraordinaria, por los dos tercios de los concejales, salvo la renuncia justificada, que necesita simple mayoría.

El artículo 65 prevé la situación de vacancia de un cargo de concejal, la que se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la misma lista, habría sido elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si lo anterior fuera imposible, el concejo elegirá al concejal, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de una tema propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido al momento de ser elegido quien hubiere motivado la vacante. Los independientes no son reemplazados, salvo que hubieren postulado en listas.

El nuevo concejal completará el período y puede ser reelegido. No habrá elecciones complementarias, según se aprobó en una indicación.

Las facultades del concejo están enumeradas en el artículo 66, y son las siguientes: elegir alcalde, en caso de no haberse obtenido el 35 por ciento de los votos; otorgar acuerdo al alcalde en materia del artículo 55, fiscalizar planes y la ejecución del presupuesto, fiscalizar las actuaciones del alcalde, calificar las causales de cesación de los concejales; aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones; pedir informes; recomendar al alcalde prioridades en los planes propuestos.

El Ejecutivo agregó un artículo 67, que fue materia de controversia, relacionado con el presupuesto municipal, el cual debe estar financiado, siendo el jefe de la unidad de control el obligado a representar los desequilibrios. Primitivamente, el Ejecutivo estableció que tales desequilibrios debían ser corregidos por el gobierno regional, lo cual, se estimó, vulneraba la autonomía financiera de los municipios. Para corregir tal defecto, se establecieron dos prevenciones: a) el concejo debe examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, pudiendo corregir los desequilibrios, y b) la solidaridad del alcalde y de los concejales que aprobaren el presupuesto por la parte deficitaria, determinada al 31 de diciembre del año respectivo.

El artículo 68 regula un procedimiento para que el concejo se pronuncie sobre materias como las orientaciones globales del presupuesto, programa anual, plan comunal de desarrollo, proyectos de inversión, etcétera, teniendo para ello hasta el 30 de diciembre, y, en las otras materias, se fija un plazo de veinte días, transcurridos los cuales y si no hubiere pronunciamiento, regirá lo propuesto por el alcalde.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo. Le restan diez minutos.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Es Diputado informante!

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aunque sea Diputado informante.

El señor ELGUETA.-

El artículo 69 se refiere a la instalación del concejo luego de la elección, y a la elección del alcalde, en el caso del artículo 111, esto es, cuando no obtiene el 35 por ciento de los votos. En este caso, preside la primera sesión el alcalde electo o el de mayor votación de la lista mayoritaria.

Una copia del acta de esa sesión se remitirá al gobierno regional. El Ejecutivo propuso que esta comunicación se dirigiera al intendente y al gobernador.

Las sesiones se dividen en ordinarias y extraordinarias, públicas y secretas. Estas últimas se efectuará cuando se traten materias que afecten a concejales y cuando unánimemente se acuerden por el concejo.

Si el alcalde no está presente, presidirá el concejal presente de mayor votación dentro de la lista mayoritaria.

El quorum para sesionar será la mayoría en ejercicio.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los presentes, salvo casos especiales. Si hay empate, se tomará una segunda votación. Si persiste, se llamará a una nueva sesión. Y si se mantiene, el alcalde dirimirá.

La dieta por sesión quedó establecida en una unidad tributaria mensual, no imponible, con un máximo de cuatro en el mes calendario.

Los concejales no estarán afectos al Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales, salvo respecto de su responsabilidad civil y penal. Además, no podrán participar en asuntos que los afecten personalmente y a determinados parientes.

Un reglamento interno determinará las demás normas para su funcionamiento, entre ellas debe fijarse la regulación de las audiencias públicas.

El artículo 24 introduce un Título IV nuevo, sobre el Consejo Económico y Social Comunal, que va del artículo 76 al 93, y se reglamenta toda su organización y funcionamiento.

Los consejeros durarán cuatro años y provienen de la comunidad organizada. Se elegirán 12, en comunas o agrupación de comunas de hasta 30 mil habitantes; 18 en las de más de 30 mil hasta 100 mil, y 24 en las de más de 100 mil habitantes.

El 50 por ciento de ellos son elegidos por las juntas de vecinos y el otro 50 por ciento, por partes iguales, entre organizaciones comunitarias funcionales, las productivas de bienes y servicios y las laborales, que por primera vez se integran a esta institución. Se agregó, por indicación, a las empresas constituidas en sociedades y cooperativas relevantes, calificadas por el consejo, ya que sus proyectos de inversión en la comuna son fundamentales para su desarrollo.

Para este efecto, habrá un registro para inscribir a las organizaciones, eliminándose la afiliación de seis meses de antigüedad de sus socios activos, estableciéndose un procedimiento de aceptación y rechazo, de publicidad de tales inscripciones. El reclamo puede interponerse ante el Tribunal Electoral Regional.

La convocatoria a los diversos estamentos debe efectuarse por el secretario municipal.

El concejo puede declarar las vacantes y convocar un año después para llenar estas vacantes, previa inscripción de los registros.

Se reglamentan los requisitos para ser consejero económico y social, las inhabilidades e incompatibilidades. Cabe destacar que se aprobó una indicación para no exigir la edad mínima de 18 años a las organizaciones juveniles de la ley Ne 18.893, y otra para que los extranjeros tengan cinco años en lugar de tres de residencia en el país.

Será el concejo el encargado de calificar las causales de cesación de los cargos del consejo económico y social.

Las materias que el alcalde deberá consultar al consejo económico y social las indican los artículos 90 y 92, y se prevé la dictación de un reglamento que regirá su funcionamiento interno.

El artículo 25 de esta iniciativa agrega un Título nuevo, que se refiere a la elección popular de los concejales, proponiendo como norma supletoria la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sobre partidos políticos y sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral.

Estas normas especiales son:

1.La declaración de las candidaturas debe efectuarse "hasta las veinticuatro horas del centésimo vigésimo día anterior" a la elección, ante el Director regional del Servicio Electoral.

Debe acompañarse declaración jurada que acredite los requisitos señalados en los artículos 60 y 61.

2.Se autoriza que los partidos políticos que formen parte de un pacto electoral podrán acordar una federación o un subpacto, que regirá en todas las regiones en que uno o más de los partidos se haya constituido.

A estas federaciones o subpactos les serán aplicables los incisos cuarto y quinto del artículo 3fi bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

En este artículo 96 se acordó suprimir la expresión "independientes". Además, se aceptó otra indicación para hacer sinónimas las expresiones "federación" y "subpacto", las que fueron aprobadas, la primera por simple mayoría y una abstención y la segunda por unanimidad y cuatro abstenciones.

3.Los pactos y federaciones o subpactos deben formalizarse en un solo acto ante el Director del Servicio Electoral en el plazo para declarar las candidaturas.

4.Los independientes incorporados a un pacto, junto a su nombre deberán expresar su calidad de tales.

5.Los independientes deberán ser patrocinados por un número no inferior al 0,5 por ciento de los electores que hayan votado en la última elección popular en la comuna o agrupación de ellas.

Los independientes que integren pactos no requerirán patrocinio.

Entre los electores patrocinantes no puede haber más de un 5 por ciento de afiliados a partidos políticos, dentro del 0,5 por ciento ya indicado.

6.El patrocinio de los independientes debe suscribirse ante notario público de la comuna u oficial de registro civil donde no lo haya.

7.Las inscripciones de candidatos deberá aceptarlas o rechazarlas el Director Regional del Servicio Electoral y sus resoluciones publicarlas, pudiendo reclamarse ante el Tribunal Electoral Regional. En los tres días siguientes al vencimiento del plazo para impugnar, este funcionario debe inscribir tales candidaturas en un registro especial.

8.Las mesas receptoras de sufragios se conforman de acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y Escrutinios.

9.Con relación al escrutinio general y la calificación de las elecciones, se remite á la misma ley, pero el Tribunal Electoral Regional deberá cumplir los siguientes procedimientos especiales:

a)Los votos de lista se determinarán sumando las preferencias de cada uno de los candidatos que figuren en ella.

b)La determinación del cuociente electoral se efectuará dividiendo los votos de lista por uno, dos, tres, etcétera hasta forma tantos cuocientes por cada lista como cargos corresponda elegir. Todos los cuocientes de las diversas listas se ordenan de mayor a menor. El último cuociente determinará cuántos son los cargos elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de ella por dicho cuociente.

c)El artículo 108 permite determinar los candidatos elegidos en cada lista, lo cual ha provocado dificultades con respecto a los independientes. En este artículo se presentan 5 situaciones:

1)Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos presentados, se proclaman a todos. Esto fue aprobado por unanimidad.

2)Si el número de candidatos es mayor que el de los concejales que corresponda a la lista, elige a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales.

Al respecto, el Ejecutivo planteó que en el caso de federaciones se aplicaría otro orden de prelación. En la comisión se presentó una indicación que fue aprobada por simple mayoría y una abstención para reemplazar la voz "federación" por "pacto electoral", de modo que si a la lista corresponde un pacto electoral, se aplicará otra forma de prelación que se menciona en el artículo siguiente.

3)Cuando a una lista le sobraren cargos debido a que presentó menos candidatos, los cargos sobrantes se repartirán entre las demás listas y candidatos independientes como si se tratare de una nueva elección.

4)En el caso de que en una lista un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, será elegido el que tenga más preferencias individuales y si persistiera la igualdad, se decidirá por sorteo, que llevará a efecto el Tribunal Electoral Regional.

5)Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas, o a independientes, se elegirá al de la lista o al independiente con más preferencia individual. Si se mantiene la igualdad se procederá a un sorteo por el Tribunal Electoral Regional.

Por otra parte, el actual artículo 109 regla lo que se llama el segundo cuociente. El Ejecutivo lo establecía respecto de la determinación de los candidatos elegidos en una lista donde hubiere federación entre partidos, debiendo sumarse las preferencias de los candidatos incluidos en cada una de las federaciones, aplicándose el sistema de cuociente al interior de cada federación. Sin embargo, mediante indicación se amplió ese sistema a pactos entre partidos, o entre partidos y federación y subpactos, debiendo sumarse las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos, de las federaciones o subpactos, según el caso. Fue aprobada por simple mayoría y una abstención.

Agrega el artículo que dentro de cada partido, federación o subpacto, los candidatos preferirán entre sí, según el número de votos que hubieren obtenido.

Debo señalar que el Ejecutivo presentó indicación para suprimir el artículo 109 del Mensaje, lo que fue aprobado por unanimidad y 3 abstenciones. Establecía una especie de tercera cifra repartidora dentro de cada federación.

Los independientes, para todos estos efectos, serán considerados como si fueran cada uno una lista.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Le agradecería redondear su idea, señor Diputado, porque ha terminado el tiempo de su segundo discurso.

El señor ELGUETA.-

Sin embargo, las listas que incluyan pactos entre partidos, federaciones o subpactos podrán incluir uno o más independientes. En tal caso los votos de cada independiente se sumarán separada o individualmente, como si lo fuera de cada partido político.

También debo informar la situación que se produce cuando el alcalde no obtiene el 35 por ciento dentro de la lista más votada. En ese caso se aplica lo previsto en el artículo 111.

Otra materia de gran relevancia y que fue muy discutida, se refiere a los plebiscitos comunales, que podrá convocarlos el alcalde con acuerdo del Concejo o por iniciativa popular del 20 por ciento, a lo menos, de los inscritos.

Se acordó que este plebiscito versara sobre inversión municipal. El Ejecutivo lo proponía en iguales términos, pero que superara el 5 por ciento del Presupuesto.

Sin embargo, se rechazó esa idea y se dejó una redacción mucho más genérica relativa a materias de administración local en cuanto a inversiones específicas de desarrollo comunal. El plebiscito tiene carácter vinculante y no debe hacerse más de uno al mes en cada provincia. Su costo es de cargo municipal.

Esta ley reglamenta todos los aspectos asociativos de las municipalidades, ya sea con las corporaciones de derecho privado, con otras municipalidades o con intervención en otras corporaciones de derecho público.

Finalmente, quiero señalar que entre las disposiciones transitorias, se cuenta la convocatoria a elecciones, la instalación de los concejos y de los consejos económicos sociales; la situación de los alcaldes que deben cesar en sus funciones al momento de declarar sus candidaturas. En todo caso, los actuales alcaldes durarán en sus cargos hasta el 31 de agosto de 1992, de acuerdo con el convenio político suscrito por todos los partidos.

Es cuanto puede informar, señor Presidente.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señores Diputados, a continuación, corresponde escuchar el informe de la Comisión de Hacienda. Como no ha llegado, entraremos en la discusión general del proyecto. Cuando llegue, se ofrecerá la palabra al Diputado informante.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Ministro don Enrique Correa.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, en nombre del Presidente de la República y del Gobierno, manifiesto nuestra satisfacción por haber llegado al momento en que iniciamos en esta Sala el debate del proyecto que introduce diversas enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las que tienen por objeto desarrollar y traducir, en preceptos positivos en el nivel legal, las reformas constitucionales recientemente sancionadas por este Congreso Nacional.

Consideramos esto como un paso positivo para asegurar elecciones municipales en el próximo mes de junio, conforme con lo establecido en el articulado transitorio de la reforma constitucional aludida y lo convenido en el acuerdo político que lo acompañó, que respetaremos en todas sus partes en los diversos trámites, del proyecto. Las modificaciones legales al régimen de gobierno y administración del Estado se desarrollarán en su debate de manera armónica y acompasada, tanto en el nivel comunal como en el regional.

El Presidente de la República remitió a esta Honorable Cámara la iniciativa de reforma de la legislación municipal, cuya discusión se inicia ahora. Asimismo, se ha terminado la elaboración del proyecto de ley relativo al gobierno y administración de las regiones, el que se encuentra sometido a su fase de revisión final y estamos pronto a enviarlo cuanto antes al Parlamento.

A propósito de ello, reitero el compromiso del Gobierno de contribuir a que la ley sobre gobiernos regionales sea despachada en los plazos convenidos en el acuerdo político.

La presente iniciativa, como la ha dicho el señor Diputado informante, contiene dos objetivos fundamentales, acordes con el espíritu de la reforma constitucional que le sirve de base.

El primero apunta a regular el procedimiento de generación democrática de las autoridades municipales, en un Título V nuevo, destinado a consagrar la normativa específica que requiere la realización de estas elecciones en lo que ellas tienen de singulares, sin perjuicio de hacer aplicables las normas generales sobre elecciones populares, sistemas de inscripciones electorales y partidos políticos, respectivamente, consagrados en las leyes orgánicas constitucionales que aluden a estas materias.

El segundo propósito que persigue este proyecto es adecuar la institucionalidad municipal a las nuevas orientaciones que emergen de la propia reforma al Texto Fundamental, las cuales revisten diversas expresiones concretas, que van desde la configuración misma de los nuevos organismos municipales que se constituyen en cada una de las municipalidades hasta la regulación de asuntos de índole específica, como son, a título de ejemplo, la constitución de asociaciones intermunicipales, la participación de la municipalidad en corporaciones y fundaciones, la institución de nuevos órganos de distinta naturaleza dentro de la estructura orgánica de las municipalidades, la reposición de cargos de confianza en los niveles más altos del personal de los municipios, la regulación del procedimiento para la adjudicación de contratos y concesiones, y otras varias de importancia no menor, que resultaría demasiado largo detallar en estos momentos de discusión en general.

Reviste una especial trascendencia, a nuestro juicio y, por ello merece una mención separada, la regulación en la propia Ley Orgánica Constitucional de los distintos elementos que integran el patrimonio municipal, base de su autonomía, destacando entre éstos la configuración de preceptos referidos a temas como el Fondo Común Municipal, elevando el rango institucional del sistema de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país.

También es necesario subrayar, porque ello ha sido motivo de bastante debate, la trascendencia que reviste tanto en la reforma constitucional como en su aplicación legal, la consagración explícita de la autonomía de las municipalidades, atributo éste desde el cual históricamente se hallaban revestidas estas entidades, entendiendo en todo caso, y ellos tendrá que analizarse más a fondo en el debate en particular que esta autonomía no puede ser contradictoria ni bifuncional a la necesaria congruencia que ha de existir en el desempeño de los distintos organismos de la Administración del Estado.

Dado el carácter introductorio al debate que tienen estas palabras, no me extenderé mayormente sobre el alcance concreto de cada una de las modificaciones o adiciones que el proyecto introduce, materia que resultará más propia de la discusión en particular.

En cambio, quisiera llamar la atención de esta Cámara acerca de dos aspectos de medular importancia que han de tenerse presente en el estudio y despacho de esta iniciativa.

El primero tiene relación con la necesidad de concebir esta reforma en una dimensión de largo plazo, con la consiguiente ponderación de sus alcances, más allá de cualquier cálculo coyuntural o conveniencia política inmediata, procurando buscar las soluciones institucionales más adecuadas que den base a la descentralización administrativa que perseguimos.

En nuestra opinión, esto aconseja, y haremos todo lo que esté de nuestra parte para cumplir con ello extremar los esfuerzos para arribar a fórmulas que conciten el más alto grado de consenso posible y respondan de manera simultánea al propósito democratizador que esta reforma entraña, ya que se ha considerado la primera de una de las trascendentales reformas institucionales que abrirán camino a la modernización estructural de la Administración Pública Chilena, elemento vertebral en la conformación de nuestra fisonomía jurídico-política, congruente con el desafío de modernidad que, como nación, se ha planteado.

El otro aspecto digno de comentario consiste en que los plazos que tenemos han llevado al gobierno a discutir este proyecto con cierta premura, lo que obliga a proceder con una celeridad quizás mayor que la que hubiese sido deseable para el examen en profundidad de cada una de las enmiendas, atendida la proyección de largo alcance, a la cual acabo de referirme. Por dicho motivo sería digno de considerar la posibilidad de priorizar aquellas que más directamente se vinculan a hacer posible el proceso electoral mismo, y a la indispensable dotación de los elementos necesarios para el eficiente desempeño municipal.

El Gobierno del Presidente Aylwin ha comprometido su decidido empeño y firme voluntad en la generación de administraciones municipales que respondan fielmente al sentir de la ciudadanía y cuenten, a la vez, con recursos y atribuciones para atender la creciente satisfacción de las necesidades que plantea el desarrollo local.

El proyecto de ley que se discute en esta oportunidad responde a estos objetivos, y será una seria contribución al mejoramiento de las normas que regulan la organización y funcionamiento de las municipalidades.

Espero que el debate en esta Cámara y en el Parlamento en su conjunto, den por resultado un perfeccionamiento de este proyecto, un avance en sus normas, que, si bien no podrán satisfacer necesariamente todas y cada una de las aspiraciones de cada una de las fuerzas políticas aquí representadas, constituya un progreso sustantivo en orden a dotar a nuestro país de una legislación municipal moderna, que aproxime efectivamente el Estado y la autoridad política a la vida cotidiana de la gente.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Humanista votará favorablemente en general el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Desde hace años estamos luchando por democratizar los municipios. La reforma constitucional abrió las puertas y la reforma de la Ley Orgánica establece las modalidades concretas para hacerlo posible.

Pensamos que la tramitación y la consolidación democrática hacen indispensable, al más breve plazo el restablecimiento de la soberanía popular en las 334 comunas del país. Los municipios son hoy un poder importante. El régimen autoritario realizó una reforma municipal que incrementó significativamente el poder de estas corporaciones. Hoy, éstos administran los servicios de salud, educación y atención de menores, además de los tradicionales servicios locales de tránsito, basura, etcétera.

De los municipios dependen más de 130 mil trabajadores, con distintos tipos de relaciones contractuales. Los municipios han operado alrededor de 400 mil millones de pesos en 1991, si sumamos todas las fuentes de recursos propios o transferidos. Estos recursos ponen a Chile a la cabeza de América Latina, en términos de recursos operados por los municipios, si consideramos lo que ellos representan en el gasto público, la inversión pública y el producto geográfico bruto.

En marzo de 1988, se promulgó la Ley Orgánica Municipal que consagraba lo fundamental del actual sistema. Hay muchos aportes valiosos en las reformas de la dictadura. Sin embargo, ellas tuvieron el sello de autoritarismo, de la negación de la pluralidad, de la imposición de autoridades y normas. Además, muchos aspectos quedaron mal formulados y no han funcionado, como es el caso de los modelos de gestión y financiamiento de la salud y de la educación.

Es indispensable una reforma. Estamos ante el desafío de transitar del municipio autoritario al municipio democrático. Sabemos que las trasformaciones institucionales son un requisito fundamental. No obstantes, el tránsito del municipio autoritario al municipio democrático requiere de procesos más complejos; exige acumular experiencias; superar en la vida misma deformaciones, para reconstruir las capacidades de gobernar las comunas democráticamente; de decidir, a partir de la pluralidad, de ser eficientes en la satisfacción de las necesidades de la comunidad de manera democrática y participativa.

La presente reforma a la Ley Orgánica es parcial. Está centrada en aspectos sustantivos, que son los siguientes:

1°.- La reforma apunta a restablecer una efectiva autonomía municipal.

2°.- Redefinir la estructura del poder local y la forma de generación de la autoridad.

3°.- Dotar a los municipios de algunos instrumentos de acción que fortalezcan su eficacia.

Es necesario que más adelante se realicen otras reformas. Esta no es una reforma global, sino parcial, y fundamentalmente apunta a democratizar y a establecer la soberanía en las comunas. Se requiere, en el futuro, de nuevas reformas que hagan más democráticos, más participativos, más eficientes, más técnicos y modernos a los municipios.

Por ejemplo, en el futuro habrá que hacer a la Ley Orgánica en lo que se refiere a la competencia de las municipalidades; en temas como el medio ambiente, la defensa de los consumidores, los servidos urbanos de agua, luz; en su rol productivo. Asimismo, es fundamental dotar a los municipios modernos de capacidad empresarial efectiva, de ejecución. Para esto es necesario incorporarlos de manera fluida y flexible en nuestras normativas.

Además de estos cambios a la Ley Orgánica, se ha visto la necesidad de modificar la Ley de Rentas Municipales. Un proyecto que hay en el Congreso apunta a fortalecer la base de financiamiento, la flexibilidad, la capacidad de iniciativa.

También es imprescindible cosa que no está tratada en la Ley Orgánica enriquecer, superar, modificar la modalidad de gestión de los servicios de educación y de salud, que sabemos que tienen serias insuficiencias.

Es necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores Municipales. Es indispensable que salga adelante el proyecto de ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, para la participación.

Este conjunto de reformas debe dar lugar a un municipio más sólido, más fuerte y capaz de enfrentar los problemas locales.

Hoy, la reforma esta focalizada sólo a los tres temas que señalé. Sobre ellos quiero hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, la autonomía municipal: el derecho y la capacidad efectiva de las comunas de regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos. Este derecho se ejerce por cuerpos elegidos mediante sufragio universal. Su condición básica es que las comunidades locales generen sus autoridades. Por eso, hablamos de restablecerlas, ya que desde 1973 no ha habido autonomía.

Por otra parte, es necesario dejar en claro que la autonomía es un poder limitado. Autonomía no es soberanía. Los municipios son parte de un todo y actúan en el marco supremo de la nación.

La autonomía se concreta en las competencias y atribuciones que establece la Ley Orgánica; son reguladas por ésta y otras leyes. La autonomía es compatible con el control de legalidad que se ejerce.

Para evitar futuros debates, y malentendidos, es indispensable precisar y limitar el concepto de autonomía en la Ley Orgánica. En esta dirección, hemos presentado indicación al artículo 1°.

A su vez, la autonomía está ligada a la capacidad efectiva de iniciativa. Por lo tanto, los recursos son condición básica. En este sentido, es conveniente que la base financiera de los municipios, la base de ingreso del sistema municipal, quede establecida en la Ley Orgánica, porque define, en definitiva, el efecto del fondo común municipal.

En el proyecto están establecidos los componentes del fondo común municipal, pero no la base financiera de los municipios, por lo cual el fondo común municipal queda bastante en el aire.

A su vez, la autonomía supone flexibilidad para generar recursos, para racionalizar gastos; y esto es materia de la Ley de Rentas Municipales.

En segundo lugar, en relación con la redefinición de la estructura del poder local y a la forma de generarlo, el proyecto plantea dos órganos de gobierno local, tradicionales en todas las legislaciones municipales: el alcalde y el concejo.

El debate ha llevado de modo creciente a un esquema de equilibrio de poderes entre ambos órganos, cuestión fundamental. El modelo alcaldicio, en que todo el poder está en el alcalde, limita la participación democrática eficiente. A su vez, el modelo parlamentarista, en que todo queda en manos del concejo, no da garantías de ejecución y tiene serias insuficiencias.

Nos hemos acercado a un modelo de equilibrio entre el alcalde y el concejo. En este sentido, es importante que las ordenanzas municipales, que establecen las normas generales para tratar distintos temas de los municipios, y, a su vez, el reglamento de organización interna, sean elaborados con acuerdo del concejo, lo que modifica sustantivamente la legislación actual.

Es un importante avance también que haya un período del año el último trimestre para un debate global sobre las orientaciones del municipio; en concreto, sobre el plan de desarrollo comunal, la política de servicios públicos, las inversiones, los programas de acción. Es importante que el concejo, el alcalde y el consejo económico y social participen en él y tengan capacidad de concitar acuerdos, consenso; establecer mayorías y minorías sobre distintos temas, para los efectos de asegurar una gestión con base social y política.

Es importante también asegurar la capacidad fiscalizadora del concejo; dotarlo de facultades para pedir informes a los funcionarios, a los departamentos, cuestión que también ha perfeccionado el trabajo de la Comisión.

Para el equilibrio debido, está pendiente el nivel de la dieta. La dieta debe ser aumentada, para asegurar que los concejales se dediquen al trabajo comunal en tiempo completo.

El consejo económico y social es un órgano de participación que busca ligar el gobierno local con la comunidad organizada. La proposición está en el proyecto de Ley Orgánica; no ha sido probada y existe el riesgo de cualquier experiencia. Habrá que perfeccionarlo con la práctica.

Hemos presentado indicación para duplicar los miembros del consejo económico y social. Como órgano de participación, es importante que sea lo más representativo posible de las distintas realidades de la comuna y un lugar de debate amplio de las materias que le consultará el alcalde.

En relación con la forma de generación de la autoridad local, del alcalde y del concejo, está claro que la voluntad popular está distorsionada por el número par y por la relación entre concejales y población. Este fue el precio que hubo que pagar para hacer posible la reforma. Esperamos y lo hicimos hoy claramente que en el futuro podamos establecer un número impar y una proporcionalidad entre concejales y población.

En tercer lugar, respecto de los instrumentos de acción para fortalecer la eficacia de los municipios, ya se ha dicho que el proyecto sólo incorpora las materias que son vacíos apreciables. Una se refiere al derecho de los municipios de asociarse, que es un avance significativo, sobre todo para las comunas pequeñas, pues permite mejores formas de gestión de servicios públicos como salud y educación. Se ha demostrado que es un instrumento eficaz de modernización en países como Alemania, Francia y, hoy, Venezuela.

Presentamos indicación para que las asociaciones no sean sólo convenios entre municipios, tengan personalidad jurídica y estatutos y sean gestionadas por representantes de los municipios asociados.

Por otra parte, el administrador municipal responde a un vacío de la estructura comunal, fundamentalmente en el nivel operacional; en la dificultad para articular los distintos departamentos en la acción práctica, en la operación. Hoy, esto se suple, muchas veces, por alcaldes que cuentan con características especiales, pero lo normal es que no exista. Se trata, más bien, de un director de operaciones, según el proyecto, optativo para los municipios que lo deseen, por iniciativa del alcalde y con acuerdo del concejo. Hay que perfeccionar la idea.

Por otra parte, es muy importante el restablecimiento del artículo 38, que permite diferenciar a funcionarios de confianza en la jefatura de departamentos claves. Esta posibilidad existió en la Ley Orgánica vigente, hasta febrero de 1990. En esa fecha, se eliminaron los jefes de departamentos de confianza y se estableció que todos eran de carrera. Por lo tanto, quedaron los que estaban.

Para un adecuado ejercicio de la autoridad elegida democráticamente, es clave que haya capacidad de ejecución. Por eso, en ciertos departamentos es necesario que el alcalde o éste y el concejo, que es plural, definan quiénes los encabezarán y tengan capacidad de fiscalizarlos y de removerlos, si no se desempeñan en forma adecuada. Es un requisito de eficacia, que permite que en la gestión y operación del municipio se expresen las preferencias por las capacidades técnicas mejores.

Para terminar, pido que Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente tengan flexibilidad, ecuanimidad y visión para que los alcaldes y concejales en ejercicio que postulen como candidatos, renuncien a su cargo en el momento de hacerlo, tal como se ha acordado en este primer informe de la Comisión. En este momento de transición, es requisito de transparencia del proceso electoral. Estos alcaldes y concejales no fueron electos; asumieron con un sistema que hoy nadie defiende.

Es importante que en el Senado se logre el acuerdo y, todos los alcaldes y concejales en ejercicio dejen sus cargos, si se inscriben como candidatos.

Valoramos que Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente no hayan insistido en la indemnización a los alcaldes que terminan en este período. Esto carecía de respaldo.

La Comisión de Gobierno Interior trabajó exhaustivamente y muy bien. Por lo general, la modificación de una ley orgánica demora años; es difícil. Nosotros nos pusimos de acuerdo y acotamos los temas a debatir; no discutimos más allá de lo concordado en esta reforma parcial. Hay muchos otros aspectos que reformar. Se aportaron criterios técnicos y sensatez.

El acuerdo político ha sido muy útil para regular y avanzar en el debate y todos los sectores lo hemos respetado; cuando ha habido dudas, lo hemos consultado y discutido.

Está claro que terminaremos el trámite del proyecto dentro del plazo constitucional de la Cámara, que vence el 12 de diciembre. Esto permite que las elecciones efectivamente se realicen en junio de 1992. El Senado tendrá que seguir nuestro ritmo.

Es un triunfo de la democracia que en junio de 1992 tengamos autoridades electas en todas las comunas del país. Es nuestro compromiso y estamos seguros de que lo vamos a cumplir.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, está pendiente el informe de la Comisión de Hacienda y tengo su texto: soy su Diputado informante. Puedo darlo en el momento en que la Mesa lo disponga. A los Honorables colegas les llegará en el transcurso de la sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Podemos continuar con el debate y cuando se reparta el informe a todos, entrega el suyo.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana va a votar favorablemente la reforma que hoy debatimos.

Ha sido una larga lucha conseguir que los municipios sean democratizados y la gente elija directamente a la autoridad que tiene más cerca.

Sin embargo, el proyecto involucra una serie de otros requerimientos. Sería mezquino plantear una reforma constitucional sólo para conseguir el objetivo político: alcaldes y concejales elegidos.

La gran mayoría de los municipios del país está desfinanciada y con serios problemas presupuestarios por las innumerables tareas que les han sido traspasadas y existe la obligación de entregar los recursos suficientes a los alcaldes y concejales, de modo que el día que asuman tengan los recursos financieros suficientes para resolver los problemas de su gente.

En la reforma constitucional se ha establecido la incorporación del fondo común municipal, con carácter orgánico, y se ha dispuesto que su distribución se incluirá en la Ley de Rentas Municipales.

Sin embargo, durante la lucha electoral planteamos en el programa de la Concertación, que mediante, las reformas constitucionales que propondríamos al Parlamento, buscaríamos el equilibrio entre los municipios ricos y pobres. Hoy, cuando estamos tratando la reforma constitucional y estableciendo el fondo común, noto con preocupación que, si bien es cierto se incluyen factores de distribución en el proyecto sobre Ley de Rentas, ya remitido al Parlamento, no se ha incrementado el fondo común municipal.

A ese respecto, planteé en la Comisión una modificación respecto de los porcentajes de aportes de los diferentes municipios a la constitución de este fondo. Y esa indicación fue declarada inadmisible por el Presidente.

En mi concepto, cada uno de los ítemes que estamos proponiendo deben ser debatidos. Las indicaciones sobre recursos que deseamos que constituyan el fondo no son inadmisibles: están dentro de las materias sobre las cuales podemos legislar.

Voy a reiterar una indicación que hice en la Comisión. Necesitamos crear un fondo solidario, concreto, que permita un acercamiento entre los municipios ricos y pobres, que exista solidaridad para superar el problema de las comunidades aisladas, pobres, donde se concentra la pobreza, y naturalmente, esto debe financiarse con el aporte de los municipios que cuentan hoy día con más recursos. Voy a insistir en esta indicación, y se la voy a plantear una vez más al Presidente de la República. Me parece que a través de esa norma entregaremos a los alcaldes y concejales posibilidades concretas para superar los problemas que hoy día tiene la gente.

También me llama la atención, a pesar de que no pude comprobarlo en el Congreso Pleno, el número de concejales asignado a las diferentes comunas. Si bien es cierto que las comunas pequeñas pueden tenerlo, no es menos efectivo que esa cantidad es insuficiente para las grandes comunas. Más bien pareciera que se quiere designar un ejecutivo, un alcalde y ministro, y no permitir la participación de la gente.

La preocupación mayor consiste en que el sistema mantiene un número par de concejales, lo cual obligará a grandes pactos para conformar las listas. Esa situación puede marginar a un número importante de chilenos, quienes no podrán acceder a los municipios del país. Creo que se le hace un flaco favor a la democracia cuando se pretende, por esta vía, marginar a muchos chilenos de obtener la representación que les corresponde. Hoy día, con el sistema que se está consagrando, lamentablemente se requerirá un porcentaje muy alto de votación para que un partido pueda tener un concejal. Y muchos que hoy tiene representación suficiente, inclusive superior a la que les da la Ley de los Partidos Políticos, a lo mejor ni siquiera alcanzarán ni siquiera a elegir concejales en las comunas.

También me preocupa que se haya establecido, a través de un acuerdo político que no entiendo, la creación del administrador municipal, disposición que viene incluida en el proyecto. Me parece porque lo hemos visto al interior de la Comisión que quienes propusieron la idea ni siquiera fueron capaces de sustentarla. Ella contó con muy poca votación; la aceptamos por respetar el acuerdo político.

El administrador municipal, a mi juicio, tenderá a ser un elemento distorsionador de las facultades del alcalde. Voté en contra de ese criterio y reiteraré mi votación en contra de su participación. Cuando el pueblo se está dando sus autoridades, no se pueden crear instituciones o cargos paralelos, a los cuales se les transfieran facultades que tienden a disminuir la capacidad de las personas generadas democráticamente.

Por ello, señor Presidente, insisto en que aquí no se trata solamente de que hayan elecciones, sino de que a través de esta reforma podamos entregarles a quienes asumirán la conducción de las comunas los recursos necesarios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente,

Chile tiene una larga historia municipal. Cuenta con diferentes experiencias, que pasan desde la comuna autónoma hasta aquella que, desde la década del 60, se le fueron cercenando absolutamente sus facultades.

Como conclusión de toda esta experiencia municipal chilena, podríamos decir que existe una marcada lucha entre el poder central y las expresiones locales, fundamentalmente en el grado de dependencia para enfrentar la solución de los problemas considerados como propios de las comunidades de base.

Lo anterior provocó ineficiencia y burocracia en los municipios y desvirtuó el espíritu que los inspiró, que no es otro que constituirse en legítimos intérpretes de las necesidades de las comunidades de base.

A principios de la década del 70, ya existía clara conciencia de la crisis en la cual estaba sumido el sistema municipal, tanto en lo político como en lo administrativo y financiero. Por ello, a partir de 1974 se impulsó un profundo estudio, que se tradujo en una reforma que permitió una modernización sustancial de lo que debe ser la verdadera tarea que les corresponde a los municipios.

Esta modernización apuntó a las siguientes siete consideraciones:

Primero, una modificación al régimen jurídico.

Segundo, una redefinición de las funciones municipales.

Terceros, se determinaron funciones privativa a los municipios, a fin de desconcentrar la labor de los servicios nacionales.

Se dio un verdadero sentido a la autonomía municipal, permitiéndole el máximo de iniciativas y libertad de acción.

Se eliminó todo lo que era estructura municipal. Se crearon departamentos técnicos, que permitieron elaborar y evaluar proyectos de inversión a mediano y largo plazos. Finalmente, se autorizó a los municipios para celebrar convenios con corporaciones privadas y otras entidades, en aras de mejorar la eficiencia de la prestación de servicios a la comunidad.

Cualquier persona objetiva que haya conocido la situación de las municipalidades en la etapa previa a la modernización a que he hecho mención, reconocerá la crisis que afrontaba el sistema municipal. La superación de los defectos y debilidades no es únicamente un mérito del Gobierno de las Fuerzas Armadas, sino de todos los chilenos, y sólo una actitud mezquina y egoísta podría dejar de valorarlo.

Por ello, la UDI reafirma vigorosamente el reconocimiento a esa acción modernizadora que dotó de eficiencia, de recurso humanos calificados, de medios técnicos y de una política descentralizadora a los municipios, convirtiéndolos en entes autónomos, técnicos, ágiles, logrando que ellos volvieran a ser el polo de desarrollo de la comunidad local.

La Unión Demócrata Independiente concurrió con su voto favorable a la reforma constitucional, básicamente porque nos interesaba conciliar dos puntos.

Por una parte, abrir nuevos mecanismos de participación ciudadana, con el objeto de que las autoridades locales sean electas por sufragio popular; por otra, nos interesaba seguir profundizando las positivas tendencias implementadas durante los últimos años en el país.

Lamentablemente, el proyecto en estudio no concilia de buena manera estos dos puntos. Eso sí, hemos creado un mecanismo que permitirá la generación de las autoridades locales a través del sufragio popular.

Del mismo modo, hemos preservado la autonomía de estas corporaciones, medida que apoyamos con absoluto entusiasmo: pero no hemos profundizado, en forma seria, los mecanismos para mejorar las eficiencia de la administración comunal.

Esta situación, a corto o mediano plazo, puede ser de alto riesgo para el futuro de los municipios y, en especial, para que puedan canalizar en debida forma los intereses y el desarrollo de la comunidad local. Lo anterior se ha debido básicamente por dos motivos. Primero, porque en esta Cámara se ha hecho costumbre legislar contra el tiempo, teniendo en este caso la premura de acuerdo político.

El otro motivo, a mi juicio, es que el proyecto del Ejecutivo, más que hace prevalecer el concepto de eficiencia con generación democrática de sus autoridades, solamente ha apuntado a este último objetivo, y se encuentra carente de materias que permitan perfeccionar cada día más la administración de las comunas.

Estos aspectos son importantes porque esta iniciativa de ley merece ser estudiada en profundidad, con intercambio de ideas.

Hay temas de gran trascendencia para el futuro de los municipios, como las atribuciones y funciones para enfrentar todos los desafíos comunales y poder cumplir sus objetivos.

También es necesario un mayor estudio de la figura del administrador comunal, que puede significar, sin lugar a dudas, una modalidad de eficiencia y de buena administración.

Del mismo modo, el estudio de los cargos de confianza y estructuras de plantas de los municipios, a fin de mejorarlos técnicamente y otorgar estabilidad para el buen logro de las metas que ellos deben cumplir.

Asimismo, es menester estudiar a fondo la mecánica de los concejos y de la participación, las atribuciones que les corresponderán al alcalde, al concejo municipal y, fundamentalmente, al consejo económico social, donde radica la verdadera participación de la comunidad.

La composición de ese consejo permitirá canalizar todas las expresiones que en verdad puedan hacer progresar las tareas municipales. La participación e incentivo al sector privado en la gestión municipal es primordial, a fin de que el aporte de estas instituciones o actividades relevantes puedan ser un complemento importante en el desarrollo local, no sólo material sino cultural, educativo y social.

Finalmente, es preciso, el estudio de las asociaciones municipales que mencionaba el Diputado señor Carlos Montes, que permita orientar a estas corporaciones y fundamentalmente a los municipios pequeños, para hacerlos viables, a fin de que ellos puedan satisfacer muchas necesidades que hoy no han podido ser canalizadas.

Señor Presidente, la municipalización exige un análisis y un tratamiento riguroso y concreto. ¿Qué competencias y facultades nuevas debe asumir el nivel local? ¿A qué órganos se les encomienda? ¿Qué recursos se destinan a éstos para servir sus obligaciones? Lo claro es que se debe seguir acentuando la desconcentración y perfeccionar los instrumentos técnicos para dar más libertad y bienestar a la comunidad.

Ese tratamiento no ha existido en plenitud, y sin lugar a dudas, al aprobar el proyecto en general en el día de hoy, tenemos el sentimiento de quedar en deuda con la comunidad y con la profundización de un sistema, a fin de seguir avanzando en forma eficiente para poder, realmente, solucionar el problema de las personas.

En el día de hoy no he querido entrar al debate de algunos artículos en particular, porque todas las bancadas hemos hecho presente innumerables indicaciones que serán tratadas en el segundo informe. Esperamos, cuando se trate el proyecto en particular en esta Sala, hacer mención especial de cada una de ellas.

Hemos formulado indicaciones que apuntan en el sentido de profundizar realmente lo que ha sido el sistema municipal, y llevarlo a ser cada día más eficiente; pero también tenemos presente, por la misma premura, que quizás no podamos agotar un tema tan relevante para la comunidad y el desarrollo del país.

Ojalá en el tratamiento del segundo informe se destine el tiempo suficiente para que en este Parlamento haya un debate, un intercambio de opiniones para generar ideas de consenso que, sin lugar a dudas, pueden significar el desarrollo global del país y, fundamentalmente, de los municipios, para evitar que el día de mañana se conviertan en lo que fueron: municipios ineficientes, burocráticos y, especialmente, centros de politiquería, en lugar de ser centros de desarrollo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, para Renovación Nacional es importante llegar a esta etapa, dando cumplimiento al compromiso que asumimos con la comunidad nacional, de avanzar en consolidar un municipio que permita compatibilizar la eficiencia con mecanismos que establezcan la generación de autoridades a través del sistema del voto popular.

Nos parece importante recordar, y lamentar a la vez, este proceso y su desarrollo. Recordamos el chantaje de que fuimos objeto en su oportunidad, cuando la Concertación pretendía otorgar "patentes de demócratas" entre los chilenos, tutelando la conducta de sus adversarios y pretendiendo imponer sus condiciones y criterios. Nuestro aporte al perfeccionamiento de los distintos cuerpos constitucionales y legales ha demostrado que teníamos razón en los planteamientos que en esa oportunidad hacíamos. Si no hemos avanzado más rápidamente, ha sido, en gran medida, porque la Concertación demoró casi un año en conciliar la autonomía municipal con la necesidad de avanzar en la regionalización.

El proyecto del Gobierno ha sido objeto de múltiples indicaciones por Renovación Nacional, las que han permitido su perfeccionamiento, tanto en lo formal como en las materias de fondo. Reconocemos que ha habido importantes avances y logros; se ha cautelado adecuadamente la naturaleza de los municipios al eliminar las normas que afectaban su autonomía y el ámbito de sus atribuciones. Ello evita su manejo e instrumentalización, y cautela su funcionamiento sin intromisiones de los agentes políticos del Gobierno. Nos sentimos satisfechos de salvaguardar esta materia, que se traduce en el reconocimiento, de todos los sectores, de la autonomía municipal, al establecer las facultades privativas y compartidas en los artículos 3° y 4°, que no han sufrido modificaciones.

También reconocemos la voluntad del Ejecutivo, que "echó marcha atrás" en la intención de modificar dichos artículos, restringiendo, en nuestra opinión, gravemente la autonomía municipal.

Respecto de las atribuciones, esenciales, estamos también satisfechos de lo que hemos logrado, por cuanto en los artículos 5S y 6°, que las establecen, se mantienen dentro de parámetros aceptables para un sistema municipal eficiente, tecnificado y dinámico.

Se han establecido y perfeccionado los conceptos del patrimonio municipal, garantizando la autonomía financiera para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y funciones municipales.

Con el establecimiento del fondo común municipal a nivel de ley orgánica, se evitará la discrecionalidad administrativa en la asignación de los recursos, determinando criterios que, en nuestra opinión, consolidan este mecanismo de redistribución solidaria.

Respecto de los órganos de gestión el consejo económico y social será el representante de la expresión y del sentimiento ciudadano.

En nuestra opinión, dicho consejo no ha tenido una feliz composición, por cuanto se privilegia la participación de un tipo de organizaciones comunitarias y se eliminan actividades relevantes. El Gobierno, a nuestro juicio, pretende un sistema de participación que no es cabalmente representativo de la base social comunal. En nuestra opinión, se pretende establecer un consejo económico y social a la medida, para controlarlo y, quizás, instrumentalizarlo políticamente, razón por la cual rechazamos su composición.

Respecto del sistema electoral, Renovación Nacional ha manifestado que lamenta que la ciudadanía sólo tenga derecho al voto o sufragio, pero que, en la práctica, no elija verdaderamente a la autoridad comunal que tendrá por misión regir los destinos de la municipalidad y, en consecuencia, de la comuna.

Asimismo, Renovación Nacional rechaza la norma que deja en desventaja a los candidatos independientes en las elecciones municipales, a consecuencia de la modificación que la Comisión de Gobierno Interior le introdujo al proyecto. Por indicación de la Unión Demócrata Independiente, aprobada también con los votos de la Democracia Cristiana, se limita la posibilidad de los independientes para concurrir patrocinados por un partido, debiendo participar en forma individual, con el tratamiento propio de un partido político.

En nuestra opinión, esta disposición no cautela lo establecido en el número 15s del artículo 19 de la Constitución Política, según el cual los partidos políticos no podrán "tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana". Consideramos que la medida privilegia a los partidos políticos y discrimina con los independientes, dado que, en la práctica, los obliga a incorporarse a un partido o los condena a una condición en la que difícilmente podrán competir.

Señalamos nuestro compromiso para eliminar esa discriminación y reiteramos nuestra libertad de abrir nuestras listas para trabajar junto a los independientes que tengan afinidad con las ideas de nuestro partido.

Rechazamos la intención del Gobierno de introducir una norma que obliga a los actuales alcaldes a renunciar si desean postular como candidatos en las próximas elecciones municipales. Renovación Nacional no aceptará tal iniciativa por discriminatoria y arbitraria. Al respecto, cualquier medida que se pretenda aplicar, deberá ser de carácter permanente, es decir, regir para todos los alcaldes en el futuro.

Respecto del plebiscito, el proyecto del Gobierno, a nuestro juicio, impide la expresión ciudadana en forma democrática al restringir el ámbito de las materias factibles de consulta. De esta forma, en la práctica, se pretende eliminarlo como mecanismo de participación ciudadana. Postulamos entonces ampliar el ámbito de las materias posibles de ser sometidas a consulta ciudadana.

Respecto del administrador municipal, lo reconocemos como un compromiso contraído en el marco del acuerdo político suscrito por los distintos partidos. Estamos dispuestos a respetarlo; sin embargo, queremos precisar nuestra opinión en relación con esta figura.

En nuestro concepto, el administrador municipal constituye una figura que encarece la administración, aumenta la burocracia y mezcla el sistema municipal americano, en que el alcalde tiene un rol eminentemente protocolar, y el sistema latino, en el que desempeña un rol administrativo, constituyendo en esencia la administración.

Creemos que este mecanismo generará pugna con los alcaldes. Se da la paradoja de que aquellos que han sido alcaldes o tienen una mayor experiencia en municipios, son los que mayoritariamente rechazan esta figura. Por el contrario, la apoyan aquellos que no han tenido una directa relación y vinculación con la gestión municipal.

Por otro lado, los organigramas funcional y estructural de los municipios y los preceptos establecidos en la ley orgánica, determinan la distribución de las funciones en el marco de las atribuciones municipales. En ese sentido, los directores de departamentos, en conjunto con el alcalde, tienen un ámbito de atribuciones que ha sido entregado al administrador municipal.

Por tal razón, creemos inconveniente la presencia del administrador municipal en el marco de la ley orgánica y, en la medida en que exista acuerdo, eliminaríamos tal figura.

Respecto de los cargos de la exclusiva confianza, Renovación Nacional rechaza tal iniciativa, por cuanto atenta contra la carrera funcionaría. Por esta vía, el Gobierno del Presidente Aylwin pretende copar e instrumentalizar la gestión municipal, sacrificando la eficiencia técnica. Esta proposición aparece como una inconsecuencia, si consideramos las ácidas críticas que el Presidente Aylwin y la Concertación hicieron a la figura de los cargos de la exclusiva confianza del alcalde.

Renovación Nacional considera que el Gobierno insiste en impulsar una iniciativa que, al menos desde nuestra perspectiva, es inconstitucional. En efecto, la Carta Fundamental sólo consagra los cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y se observan contradicciones en la argumentación para justificar los cargos de la exclusiva confianza del alcalde.

Solicitamos un pronunciamiento del Ejecutivo acerca de las normas en las que se ampara para establecer esta figura. Se contestó que correspondían al artículo 32, números 9e y 102 de la Constitución, y a la ley NQ 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente en su artículo 51; pero del análisis de dichos textos se desprende que no tienen aplicación al ámbito de las municipalidades.

Por otro lado, el artículo 32 indica los cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

A este respecto, es pertinente remitirse precisamente a un Mensaje del Ejecutivo, el boletín 8206, de 7 de junio de 1990, que puntualiza que el artículo 32 de la Constitución Política prevé dos clases de empleo: los que en el lenguaje técnico-administrativo se llaman "políticos" y que la Carta Fundamental denomina "de la confianza exclusiva del Presidente de la República", y los "de carrera". Algunos de los primeros están enunciado por la propia Constitución, en los números 9a y 10Q de dicho artículo, y otros pueden ser señalados como lo expresa el Ejecutivo: "Se entiende que en la misma forma, específicamente por la ley común".

El establecimiento del cargo de exclusiva confianza del alcalde no contemplado en la Carta Fundamental plantea un problema de constitucionalidad que debe ser aclarado previamente. Si bien el artículo 48 de la ley N° 18.575 permite que otras autoridades distintas del Presidente de la República efectúen nombramientos de funcionarios de la exclusiva confianza y los remuevan, ello es posible en la medida en que esas autoridades lo hacen por delegación del Presidente de la República, del cual son sus representantes directos.

La Constitución sólo permite en carácter de excepción las designaciones por el Presidente de la República, o bien, interpretando el citado artículo de la ley N° 18.575, por las autoridades que lo representen, calidad que no reúnen los alcaldes, salvo los de designación presidencial.

Nos parece que existe una evidente contradicción sobre este particular porque del artículo 108 de la Constitución Política, relativo a la administración municipal, establece que los concejales serán elegidos por sufragio universal y que "La misma ley determinará el número de concejales y al forma de elegir al alcalde.". Es decir, el alcalde es generado por voto democrático y, en consecuencia, no se pueden establecer cargos de su exclusiva confianza, por cuanto no representa al Presidente de la República. Esto sólo tenía validez y vigencia en el marco constitucional del artículo 108 sustituido, cuyo inciso segundo establecía excepciones respecto de la generación de los alcaldes al preceptuar que podían existir algunos de la exclusiva confianza del Presidente. Todo esto nos hace pensar que respecto de esta materia existe una contradicción que debe ser revisada. De no acogerse nuestros planteamientos con relación a este tema, recurriremos oportunamente al Tribunal Constitucional.

Ahora bien, el propio informe de esta Comisión ratifica los planteamientos que hemos venido reseñando al indicar en su página 2, relativa a los "antecedentes generales, que sólo se aplican a las municipalidades los Títulos I y Final, excluyendo el II, de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. En consecuencia, la argumentación del Ejecutivo con respecto a esta materia carece de fundamento.

Los parlamentarios de Renovación Nacional insistirán en que en los distintos trámites que le restan al proyecto en análisis, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se modifiquen los preceptos observados, de forma que, una vez perfeccionado, constituya una efectiva herramienta para el desarrollo comunal.

No me extenderé más en atención a que otros parlamentarios de Renovación Nacional harán un análisis más detallado de distintas normas relativas a este cuerpo legal. Sin perjuicio de ello y reconociendo que persisten profundas diferencias entre el contenido del proyecto y los planteamientos de Renovación Nacional, votaremos a favor del proyecto de ley en este primer trámite.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Horvath.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No creo que sea conveniente, salvo que se trate de una interrupción propiamente tal.

El señor HORVATH.-

Seré breve, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, solamente para señalar que presentaremos algunas indicaciones con el objeto de mejorar, en este proyecto de ley la situación de los independientes.

De acuerdo con la Constitución, los independientes no pueden ser monopolizados por los partidos políticos. En este sentido, hay una serie de elementos que deben prevalecer, puesto que, según entiendo, la votación para elegir concejales no constituyen una elección primaria para medir las fuerzas políticas a lo largo y ancho de este país.

Por ello quería adelantar este punto y esperar la receptividad de los parlamentarios.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente ¿cuándo podré dar a conocer el informe de la Comisión de Hacienda. Si quiere no lo hacemos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡No! Hay que informar, sin duda; pero le pido esperar un poco.

El señor PALMA (don Andrés).-

Digamos a qué hora, entonces, para volver a la Sala, porque aquí se están discutiendo otros temas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Usted debe seguir todo el debate que está teniendo lugar en la Sala.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, no tengo inconveniente para que el Diputado señor Palma informe por la Comisión de Hacienda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Agradezco la deferencia del Diputado señor Rebolledo.

La Comisión de Hacienda estudió las materias que le fueron puestas en conocimiento por la Comisión de Gobierno Interior. Concurrieron a esta discusión los señores Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Rodrigo Pineda y José Espinoza, Asesores de la Subsecretaría y de la Dirección de Presupuestos, respectivamente; Iván Encina, Raúl Romero, Heriberto Bustamante y otros dirigentes, en representación del Gremio de Suplementaros de Chile.

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social puso en conocimiento de la Comisión de Hacienda las diversas materias que a continuación señalo, tratadas en el artículo único del proyecto de ley que estamos conociendo.

El artículo 5e, referente al Párrafo 3Q, sobre patrimonio y financiamientos municipales, contiene los artículos 10 bis y 11 de esta iniciativa. Este articulado fue aprobado por mayoría de votos en los mismos términos en que fue sancionado por la Comisión de Gobierno Interior, con la sugerencia de agregar al artículo 11 un aporte especial para el fondo común municipal de las comunas de Vitacura y Lo Barnechea.

La Comisión rechazó una indicación de Diputados de la Concertación tendiente a incluir en dicho aporte especial a las comunas de Pucón, Viña del Mar y La Serena.

El aspecto más importante discutido en relación con este tema fue la integración del referido fondo. En la Comisión hubo un largo debate sobre los alcances del compromiso político, acerca si era necesario establecer con rango de ley orgánica constitucional la integración del Fondo Común Municipal. Todos estuvieron de acuerdo en la conveniencia de fijar su existencia en esta ley orgánica constitucional.

La segunda materia que la Comisión de Gobierno Interior puso en conocimiento de la de Hacienda se refiere al administrador municipal. Esta Comisión repuso, vía indicación, la propuesta original del Ejecutivo. Ello significa sustituir el artículo 24 bis, contenido en el artículo 10 del artículo único del proyecto de ley, para establecer que en todas las comunas de más de cien mil habitantes habrá un administrador municipal. La Comisión de Hacienda, junto con una indicación correctiva adicional del Diputado Ringeling acogida por unanimidad, aprobó, por mayoría de votos, el nuevo texto del artículo 24 bis.

La Comisión de Gobierno Interior puso también en nuestro conocimiento las normas de aprobación del presupuesto municipal, contenidas en los artículos 20, letra g), que modifica el artículo 55, de la Ley Orgánica de Municipalidades, y 23, del artículo único que modifica el artículo 67 de la misma ley. En ambos casos, se introdujeron modificaciones sustantivas en la Comisión de Hacienda. En uno, se aprobó una indicación sustitutiva de toda la letra g), de los Diputados Ringeling, Cantero y otros; y, en el otro, se agregó el derecho de acción pública sobre la responsabilidad de los concejales que aprobaren normas presupuestarias deficitarias.

La Comisión de Hacienda consideró también la dieta de los concejales, cuestión que se aprobó, por mayoría de votos, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Gobierno Interior. Se dejó constancia en el informe de la Comisión que el volumen de recursos que hoy se entrega a los miembros de los Codecos es superior al establecido en la ley para ser distribuidos a los concejales. Por esta razón, la Comisión, por unanimidad, solicitó al Ejecutivo que estudiara la posibilidad de mejorar la dieta para los concejales.

Las otras dos normas que se pusieron en conocimiento de la Comisión, aprobadas por unanimidad, se refieren al financiamiento de los plebiscitos comunales, a los aportes y al control de las corporaciones y fundaciones previstas en el artículo 7° del proyecto. En este último caso, la modificación radica en que deberán rendir cuenta trimestral y no semestral a los concejos comunales.

La totalidad de las normas establecidas en los artículos 118, 123, 124, 128 y 129 fueron acogidas por la unanimidad de la Comisión.

Como señalé, fueron discutidas y rechazadas las siguientes indicaciones: la del Diputado que habla, para sustituir en su totalidad el artículo 5° del proyecto referido a las normas de administración financiera de los municipios; la de los Diputados Cantero, Munizaga, Ringeling y Rodríguez, don José Alfonso, referida al número 2 del inciso segundo del artículo 5° del proyecto, relativo a la responsabilidad del Fisco, y por último la del Diputado Jaime Estévez, también referida a dicho artículo, para agregar las comunas de Pucón, Viña del Mar y La Serena a aquellas que debían realizar un aporte adicional al Fondo Común Municipal.

El Reglamento de la Cámara es muy sabio al establecer que los informes deben darse a conocer con anterioridad al inicio del debate. En verdad, al escuchar las palabras del Diputado Cantero, he tenido que autolimitarme para no hacerme cargo de algunos juicios, muy aventurados, vertidos en su intervención.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, quiero fundar de manera breve el voto favorable de esta bancada al proyecto que modifica la Ley Orgánica Municipal, N° 18.695, sobre la base de algunas consideraciones políticas generales. Los aspectos más técnicos de ella son y serán propios del debate en particular.

En primer lugar, el fundamento básico de nuestra aprobación a este proyecto de ley radica en que lo concebimos como un paso sustantivo, un esfuerzo perseverante de la Concertación, del Gobierno y de los parlamentarios de estas bancadas por dar curso a un proceso que nos compromete programáticamente, de democratización integral de las distintas instituciones políticas del Estado. Consideramos que esta iniciativa es particularmente muy crucial, probablemente la más importante de cuantas hemos y llevaremos adelante en este período de transición.

No es mi ánimo polemizar, pero no puedo dejar de hacerme cargo de las aseveraciones del colega Cantero.

La democratización de los municipios y el restablecimiento de la soberanía popular para generar alcaldes y concejales estaba en el programa de la Concertación. En mayo de 1990, el Gobierno envió un Mensaje para democratizar los municipios, por la vía de las modificaciones al Capítulo XIII de la Carta Fundamental y a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Si el trámite hubiere tenido un curso regular, a estas alturas el pueblo de Chile ya habría elegido democráticamente alcaldes y concejales y habríamos terminado con 18 años de autoritarismo en los gobiernos locales de nuestro país. Si ello no ha ocurrido sólo ahora estamos modificando la Ley Orgánica Constitucional para cumplir con los plazos que nos permitan elecciones democráticas de alcaldes en junio de 1992, es por la sencilla razón de que la bancada del colega Cantero, la Derecha Renovación Nacional y la UDI no la apoyaron; por el contrario, en el Senado se opusieron a la reforma constitucional en enero de este año.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor REBOLLEDO.-

Quiero refrescarle la memoria al colega Cantero, porque hay que ver las cosas de una manera bastante distorsionada para sostener, después de haber votado en contra de la idea de legislar en el Senado, en enero de este año, lo que ha impedido que esto se apruebe a tiempo, que si no ha habido hasta ahora elecciones municipales, se debe a la Concertación de Partidos por la Democracia.

Más allá de la reivindicación que hace el colega Cantero, de que se trata de una opción programática muy crucial de su partido, quiero recordar el debate habido aquí en mayo del año pasado, cuando se imputó al Gobierno la pretensión de politizar los municipios, por la iniciativa de presentar las modificaciones constitucionales y legales que permitieran la generación democrática de alcaldes y concejales.

Vamos a votar favorablemente, porque concordamos con las dos ideas matrices de este proyecto. Primero, con la reestructuración del esquema de las autoridades del gobierno local, que establece un alcalde democráticamente elegido en lugar del designado, y sustituye al Codeco órgano antidemocrático, que permitió durante 17 años el ejercicio y la politización monopólica de los municipios por un sector minoritario de este país por un concejo democráticamente elegido; y segundo, con la idea esencial de que las autoridades municipales sean elegidas democráticamente y emerjan de la expresión de la soberanía popular.

En este sentido, quiero hacer dos referencias al sistema electoral. Concordamos con el colega Cantero en que el sistema electoral establecido presenta distorsiones indeseables, pero queremos dejar claramente sentado que ello se debe a que este sistema está fundado en un acuerdo político, al que nos hemos visto obligados para sacar adelante esta reforma. Como lo señalé ante el Congreso Pleno, este acuerdo no pasará a la historia ni por su fluidez duró quince meses ni por el altruismo y la altura de miras con que la Derecha lo enfrentó. Nos vimos abocados a una negociación y a un acuerdo político en el cual la Oposición fue siempre con la ingeniería electoral por delante, buscando de una manera permanente no establecer un sistema electoral que rija en Chile por mucho tiempo, sino mecanismos que aminoren su indiscutible condición de minorías en este país, la que, sin duda, se verá expresada en las elecciones del 30 de junio de 1992.

Por eso, hemos llegado a cosas difícilmente explicables desde un punto de vista jurídico o de un sano sistema electoral. Todavía no logramos una explicación razonable de por qué un organismo colegiado como el Concejo debe tener 6 concejales o un número par, en circunstancias de que para funcionar y garantizar la gobernabilidad del municipio necesita un número impar para generar mayorías y minorías.

Aún no hemos escuchado una explicación de cara al rigor jurídico y al rigor de un sistema electoral sano y razonable de por qué cuando se empate a tres, cuatro o cinco concejales, dependiendo de la comuna de que se trate, quien pierda la elección también participa durante la mitad del período con el alcalde. Esos son elementos de distorsión a los que nos hemos visto arrastrados debido a la presión ejercida por la Derecha, usufructuando de la mayoría que no quiero calificar con que cuenta en el Senado de la República.

Resulta incomprensible que un sector político que nos ha arrastrado a esto, hoy día venga a rasgar vestiduras de que el alcalde no va a ser elegido democráticamente por el hecho de que se elegirá, en la mayoría de los casos, de manera indirecta. Nosotros hemos estado dispuestos a elegirlo de manera directa. Nuestra bancada, colega Cantero y distinguidos colegas de la Oposición, estará siempre dispuesta a legislar para que el alcalde sea elegido directamente. Pero eso no significa admitir la argumentación demagógica, carente de sustentación, de que la elección indirecta del alcalde, hecha por concejales elegidos democráticamente, como ocurrió por lo demás en Chile durante todo el período municipal que rigió hasta 1973, no sea una elección democrática.

En cuanto al sistema electoral, el proyecto contiene algunos elementos sobre los cuales es necesario seguir trabajando en el segundo informe, pues a nuestra bancada no le parecen satisfactorios. No considero pertinente entrar al detalle en esta oportunidad, sino que lo haremos en la Comisión. La opinión pública ha tenido la ocasión de conocer las polémicas que se han ventilado acerca de la modalidad de aplicar al sistema proporcional sobre la segunda y tercera cifra repartidoras, las federaciones o el subpacto.

Sólo quiero señalar que esta bancada llevará adelante la discusión en el segundo informe sobre la base de algunos criterios que parecen indispensables para consagrar un sistema electoral razonable.

Primero, el sistema electoral que deseamos consagrar no está destinado a regir sólo en las próximas elecciones municipales de junio de 1992, sino a dar pruebas de eficiencia y de capacidad para regir en muchas elecciones y durante mucho tiempo. Creo que en el Parlamento no debiéramos perder de vista este criterio.

Segundo, es legítimo que los distintos actores políticos, cuando se discute el sistema electoral aplicable a una elección tan trascendente, busquen salvaguardar razonablemente sus intereses. Eso sucede aquí y en todas partes del mundo y, probablemente, será siempre así. Sin embargo, debe hacerse sin buscar hasta el infinito resolver problemas o servir intereses políticos coyunturales, por muy legítimos que sean, a través de un sistema electoral que debe ser general y regir para siempre. Este es el segundo criterio que, a mi juicio, debe inspirar a todas las bancadas de la Cámara, con el objeto de resolver en el segundo trámite los problemas pendientes en materia electoral.

Tercero, un criterio insoslayable al que no renunciáramos nunca en esta bancada, es el principio de representación proporcional fundante de todo sistema electoral democrático; base de solución de todo mecanismo en el que haya que asignar escaños en función del número de votos obtenidos por cada fuerza política. No estamos dispuestos a renunciar a un principio que ha sido el elemento esencial con el que esta bancada ha cuestionado y aspira, incluso, a perfeccionar el sistema electoral que rige para elegir Diputados y Senadores en el país.

Para terminar quiero tocar dos aspectos puntuales que me parecen importantes y que profundizaremos en el segundo trámite.

Como lo señalamos públicamente y como lo manifestó el Diputado señor Montes nos parece que el municipio que no es un problema menor y queremos dejarlo sentado en esta Sala ha adquirido una relevancia extraordinaria en el sistema de administración de nuestro país. Maneja competencias muy importantes, recursos financieros de gran envergadura y, por consiguiente, su administración está destinada a ejercer una influencia significativa en el futuro de nuestras comunas.

Desde ese punto de vista, hay que hacer todo lo necesario para dotarlo de órganos que puedan funcionar en forma eficiente. Los requerimientos deseables para un equipo de concejales que se pongan al frente de un municipio de estas características, hacen necesario respaldarlos en su gestión con una dieta superior a la establecida en el proyecto, acorde con las exigencias que les haremos.

Nos parece indispensable se lo planteamos al Gobierno, porque se trata de una materia que por implicar gastos no puede emanar de una indicación parlamentaria analizar y estudiar la posibilidad de dotar a los concejales de una dieta superior no queremos dar cifras a la consagrada en el proyecto, a fin de que el municipio, del que esperamos tanto los chilenos, pueda operar en forma eficiente.

No quiero terminar mi intervención sin replicar nuevamente a mi distinguido colega Cantero. El hizo un apasionado alegato en contra de la disposición que entrega al alcalde la posibilidad de nombrar algunos funcionarios de confianza.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al colega Cantero que su actitud es por completo inexplicable e incoherente, por ser miembro de un partido que sustentó al régimen pasado, y que fue alcalde de ese régimen.

El señor ULLOA.-

¡A mucha honra!

El señor REBOLLEDO.-

La ley de municipalidades de esa época en virtud de la cual el colega Cantero fue alcalde consagraba tal posibilidad en su artículo 38, que dice: 'Tendrán la calidad de funcionarios de la exclusiva confianza del alcalde, las personas que, de acuerdo con el Estatuto, sean designadas como titulares para dirigir las unidades a que se refiere el artículo 12, inciso segundo", inciso que se refiere, virtualmente, a todas las unidades sobre las que operaba el municipio.

Entonces, aquí se requiere un mínimo de coherencia. No es posible, incluso está fuera de decoro, que Renovación Nacional y el colega Cantero vengan ahora, cuando elegiremos alcaldes en forma democrática, de Arica a Punta Arenas, como expresión de la soberanía popular, a argumentar en contra de la necesidad de que el alcalde cuente con algunos funcionarios de confianza.

El señor NAVARRETE.-

Pido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? El Diputado señor Navarrete le solicita una interrupción.

El señor REBOLLEDO.-

Se la concederé una vez que termine, señor Presidente.

Incluso, quiero recordar, porque el colega Cantero ha hecho una fundamentación jurídica, que el fallo del Tribunal Constitucional a la Ley Orgánica de Municipalidades de entonces se refiere en forma explícita a que el artículo 38 es materia de ley orgánica municipal.

Por consiguiente, me parece absolutamente incongruente y carente de fundamento jurídico la aseveración y la argumentación en contra de la posibilidad de que los alcaldes, como lo propone el proyecto, cuenten con algunos funcionarios de confianza.

Con el mayor gusto, concedo una interrupción al colega señor Navarrete.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, como el Diputado señor Rebolledo ha hablado de inconsecuencias, de incongruencias, de incomprensiones y de cosas inconcebibles, quiero que me explique, ¿por qué hoy es bueno lo que ayer fue tan malo, si el famoso artículo 22 tan criticado, tan "malo" permitía a los alcaldes del régimen anterior exonerar y pedir la renuncia a funcionarios que desempeñaban cargos de la exclusiva confianza?

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Más que explicarle alguna inconsecuencia, lo voy a sacar de su lamentable error, colega.

Primero, cité el artículo 38 y no el 22.

Segundo, el artículo 38, a diferencia de lo que usted erróneamente ha entendido, no autorizaba a exonerar. Establecía la posibilidad de que el alcalde nombrara funcionarios de confianza y se remitía al artículo 12, que señala quiénes son estos funcionarios: los empleados a cargo de las unidades del municipio. Esto no tiene nada que ver con las exoneraciones.

El señor NAVARRETE.-

¿Por qué hoy es bueno y ayer era tan malo?

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, sobre la base de todas estas consideraciones, nuestra bancada votará favorablemente este proyecto. Estimamos que damos un gran paso y que logramos una gran victoria frente a quienes en algún momento pensaron que una institucionalidad municipal no sustentada en la soberanía popular, podría eternizarse en nuestro país.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente y Honorable Cámara, agradezco al Diputado señor Rebolledo la entretención de su casi media hora, que nos tuvo bastante absortos en sus elucubraciones.

En esta Sala, en el tema de la elección directa de alcalde, casi por tercera vez recordaremos que el Mensaje primitivo del Presidente de la República hablaba de elección directa y, posteriormente, el propio Ejecutivo introduce una indicación para reemplazar esa expresión por "sufragio universal".

Respecto del sistema proporcional a que se refería el Diputado señor Rebolledo que nos acusa de estar fuera de coro, no sé qué opina de los colegas de su partido que en los pasillos nos dicen a los Diputados de Renovación Nacional que no cedamos en este tema, porque realmente les conviene el sistema binominal.

Esa es una pregunta que Su Señoría debe hacerle a sus colegas.

Durante la discusión del proyecto en la Cámara, Renovación Nacional ha logrado introducir múltiples indicaciones que han permitido el perfeccionamiento de esta iniciativa.

Se ha cautelado la naturaleza de los municipios al eliminar las normas que afectaban su autonomía y ámbito de atribuciones, lo que evitará su manejo e instrumentalización y garantizará su funcionamiento, sin intromisiones de agentes políticos del gobierno de tumo.

Se han perfeccionado, también, las normas sobre patrimonio municipal, al garantizar una adecuada autonomía financiera que asegurará el efectivo cumplimiento de las funciones y atribuciones del municipio y la adecuada administración de sus bienes y recursos económicos.

Se logró que el Fondo Común Municipal se consagrara a nivel de la Ley Orgánica Constitucional, con lo cual se impide la discrecionalidad administrativa en la asignación de tales recursos.

No obstante, aún subsisten importantes diferencias con el contenido del proyecto del Gobierno. Renovación Nacional rechaza los cargos de la exclusiva confianza del alcalde, por las razones ya explicadas; la composición del consejo económico y social propuesta por el Gobierno; la intención de restringir exageradamente el ámbito de asuntos que pueden ser materia de plebiscito, y la norma que obliga a la renuncia de los actuales alcaldes que deseen postular como candidatos en las próximas elecciones municipales.

En materia electoral, Renovación Nacional ha expresado su preocupación por la indicación aprobada en la Comisión respectiva de la Cámara, que, en la práctica, margina a los independientes de la posibilidad de incorporarse a los pactos municipales, lo que significará que los partidos políticos no tendrán incentivos reales para otorgar espacios de sus cupos en la lista y obligará a los independientes a participar solos en listas separadas, o, en su defecto, a incorporarse a un partido.

Llama la atención y preocupa que la aprobación de esta indicación, altamente inconveniente y abiertamente inconstitucional, haya contado con el apoyo de la UDI. En nuestra opinión, la norma aprobada rompe el acuerdo político entre el Gobierno y la Oposición.

Queremos también hacer presente que se insiste sobre la necesidad de impedir la desnaturalización de las próximas elecciones municipales. El Gobierno y los partidos que lo apoyan, de modo permanente, han procurado desvirtuar su sentido, presentando primero estas elecciones como un referéndum de aprobación o rechazo a la gestión del actual Gobierno; posteriormente, como un mecanismo para absolver diferencias en el plano constitucional; y, en la actualidad, como una verdadera primaria presidencial.

Tal como lo ha reiterado también Renovación Nacional, estas elecciones municipales deben centrarse, necesariamente, en la discusión de asuntos locales de importancia para el desarrollo comunal y la calidad de vida de los vecinos.

Quiero situarme, principalmente, en el tema de la marginación de los independientes. Y, en este sentido, reitero lo dicho al interior de la Comisión. Renovación Nacional será inclaudicable en este tema y, desde ya, los argumentos que hemos dado y seguiremos dando, servirán de base y fundamento para que el Tribunal Constitucional los tome en consideración, si es que existe la necesidad de que recurramos a él en este punto.

Al respecto deseo recordar que el artículo 18 de la Constitución, en una de sus partes dice: "Habrá un sistema electoral público. Una Ley Orgánica Constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos.".

Aún más, en el capítulo que se refiere a los derechos fundamentales de todos los chilenos, en el número 15 del artículo 19, se dice: "Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana;...".

Nosotros pensamos que las indicaciones introducidas por la UDI y por la Democracia Cristiana, atentan seriamente contra estas disposiciones de la Constitución.

Y quiero hacer aportes interesantes. Por ejemplo, de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En sentencia del 5 de abril de 1988, rol número 53, en el considerando número cuarto, se señala: "... una de las bases de la institucionalidad consagrada en la Constitución Política reside en la organización republicana y democrática de gobierno, en el cual el ejercicio de la soberanía, además del que corresponde a las autoridades que establece la Constitución, se realiza por el pueblo mediante elecciones periódicas y plebiscitos. De esta base fundamental deriva la ciudadanía y los principales derechos que ella otorga, el de sufragio y el de optar a cargos de elección popular, los cuales, por antonomasia, constituyen derechos políticos.".

En la misma sentencia, refiriéndose al artículo 18, se indica: "... que la ley orgánica constitucional que regule el "sistema electoral público" deberá garantizar siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales y plebiscitarios.". Y agrega: "Esta es la voluntad de la Constitución y todo esfuerzo que se haga con el objeto de hacer realidad esta voluntad suprema debe ser considerado como su fiel expresión.".

En los considerandos decimoséptimo y decimoctavo del mismo fallo, se expresa:

"Que de lo expuesto en los considerandos anteriores se infieren algunas reglas concretas que el legislador deberá tener presente en la regulación de los procesos electorales y plebiscitarios, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1Q, inciso final, 18 y 19, N° 2, de la Carta Fundamental. Ellas son: 1) que los independientes y los miembros de partidos políticos deberán tener en los procesos electorales igualdad de oportunidades para elegir y ser elegidos y para gozar de las facultades inherentes a esos derechos en sus aspectos básicos, sin que obste a ello las diferencias que puedan producirse, en lo accidental, como consecuencia de la natural situación de unos y otros, según ha quedado demostrado;".

Por otra parte; en la sesión 77a, de la Comisión de Estudios de la Constitución, celebrada el 14 de octubre de 1974, su Presidente, señor Ortúzar, señala en uno de los acápites del acta correspondiente: "Evidentemente, los partidos políticos no son sino una de las formas de expresarse del derecho de participación de un pueblo en relación con las decisiones políticas. Pero este derecho de participación es más amplio. No pertenece única y exclusivamente a los partidos políticos; pertenece a los ciudadanos en general.".

Igualmente, recurriendo a las actas oficiales de la misma Comisión, citaré algunas opiniones de otros de sus miembros, que tienen una connotación política, como lo son los señores Evans y Silva Bascuñán, de reconocida militancia democratacristiana. El señor Evans, en la sesión 80a, celebrada el 21 de octubre de 1974, dice: "En todo caso, echa de menos la apertura en tomo a la participación de otras organizaciones sociales todos estos son fundamentos en la discusión de la situación de los independientes en relación con los artículos 18 y 19, N° 2°, de la Constitución y de elementos independientes en la generación del poder; considera que en esta disposición, cabe hablar de los partidos políticos y por eso las ideas contenidas en los incisos primero y segundo relativas a todos los partidos políticos, en general, le parecen adecuadas; pero, cree que, en el inciso tercero, cuando se trata de generar el poder político de la comunidad, la restricción o la idea de proporcionar este acceso sólo a los partidos políticos, no es congruente con lo que visualiza para lo futuro.".

Más adelante; "Estima también que el sistema futuro en Chile tiene que abrir las puertas para que en los procesos electorales, además de los partidos políticos, a los cuales es partidario de dar las garantías o los derechos que el señor Silva Bascuñán señala en sus dos primeros incisos, participen otras organizaciones sociales y también los ciudadanos independientes, entregando a la ley la regulación de ello, en la generación del poder político, todo lo cual debería quedar dicho sí en la Constitución Política.".

A continuación, agrega el jurista Evans: "... si el día de mañana una organización gremial de cualquier tipo, sea patronal, vecinal, cultural o de trabajadores, desea presentar uno o más candidatos y éstos tienen éxito en las urnas y representan un caudal importante de opinión pública, ¿por qué no van a tener título para ingresar al ejercicio del poder político, si el título emana en definitiva de la voluntad popular?". Esa es la pregunta que se hace el señor Evans.

Continúa diciendo: "No sabe si el día de mañana la voluntad popular en este país se va a canalizar en partidos políticos, dejando en la orfandad a las organizaciones sociales que pretendan asumir el rol de representantes en procesos electorales de un determinado caudal de voluntad ciudadana o el electorado va a volcarse en organizaciones sociales y marginar a muchos partidos políticos o a algunos de ellos, en el campo de su preferencia. No sabe si el día de mañana en este país los independientes, que deben tener, a su juicio, amplios derechos de participación en el proceso electoral, van a llevar su caudal electoral o van a ser como han sido en muchas ocasiones en Chile, especialmente en elecciones parlamentarias, marginados por la decisión de la voluntad popular.". Eso es lo que hoy está pasando.

Reitero, estos antecedentes son para el Tribunal Constitucional.

Otro miembro de dicha Comisión, en la sesión 80a, el señor Silva Bascuñán, dice: "... que en su proposición no ha pretendido, de ninguna manera, cerrar el camino al ciudadano independiente con derecho a sufragio para expresarse en la vida política a través del proceso electoral. Sería un absurdo que condicionara el ejercicio de ese derecho de sufragio a integrar una agrupación que precisamente el constituyente la considera libre. De manera, entonces, que no hay razón de exigirle al ciudadano que pertenezca a partidos políticos y se le prive de intervenir en el proceso electoral porque está marginado de los partidos políticos.".

Hay una persona a la cual le debemos mucho respeto. No sólo fue un gran político, sino que también un gran jurista. Me refiero a Jaime Guzmán.

En la sesión 360a, celebrada el 26 de abril del año 1978, Jaime Guzmán decía lo siguiente: "Manifiesta su deseo de analizar, en primer lugar, la relación entre el partido político y el sistema electoral y, luego, el problema de la personalidad jurídica de los partidos y su naturaleza que, para él, no es tan indiferente que sea de derecho público o no, no sólo desde un ángulo estrictamente jurídico, sino también sicológico.

"En cuanto al primer tema, le parece esencial evitar que el partido político sea un conducto monopólico de la participación ciudadana y que las directivas partidistas se constituyan en oligarquías que detenten ese poder monopólico. Concuerda con el señor Presidente de la Comisión en que el mejor medio para satisfacer ese objetivo es colocar a los independientes en una situación de igualdad o de equidad en las elecciones respecto de los miembros de los partidos.".

Señor Presidente, es abundante la lectura en este sentido. Quisiera terminar con dos más de actas de esta Comisión.

En la sesión 82a, de octubre del año 1974, se señala lo siguiente: "El señor Ortúzar (Presidente) expresa al señor Silva Bascuñán que, sin el ánimo de causarles una molestia, desea preguntarle cuál es su verdad sobre el aspecto que trató el señor Evans, que le parece muy importante, referente a la necesidad de evitar el monopolio de los partidos políticos sobre el acceso a la opinión pública en cuanto está llamada a generar el poder político.".

En la sesión 372, del 17 de mayo de 1978, el mismo señor Ortúzar dice que "... se concluyó en que el sistema proporcional, de cifra repartidora, ofrece serios inconvenientes, que es necesario modificar sobre la base de establecer un sistema mayoritario, que signifique una real expresión de las mayorías y que garantice la igualdad de posibilidad entre los sectores políticos y los independientes que contribuyan a la generación del poder político.".

En resumen, el espíritu de la Constitución, el ánimo, la voluntad de nuestros constituyentes es claro. No se puede, de ninguna manera, discriminar con los independientes, quienes deben concurrir en igualdad de oportunidades con los partidos políticos.

Reitero, artículos 18 y 19, número 15, de la Constitución. Además, repito que si aquí no hay un entendimiento, es decir, si no se quiere aceptar que existe una Carta Fundamental que está fijando normas definitivas, en su oportunidad recurriremos al Tribunal Constitucional.

Apelamos al Gobierno, a través de su Ministro señor Correa, aquí presente, para que haga las observaciones pertinentes, a fin de que el día de mañana en la Comisión, tengamos la oportunidad de volver sobre este punto y de poder avanzar, porque nos parece realmente un asunto de primera prioridad.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado Claudio Rodríguez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es posible, porque ya hay muchos inscritos.

Tiene la palabra el Diputado Jorge Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

¿Puedo concederle una interrupción al Diputado señor Rodríguez, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Comience usted su discurso; luego veremos.

El señor MORALES ADRIASOLA.

Después se la concedo.

Señor Presidente, Honorables señores Diputados, destacamos como aspectos positivos del proyecto de ley enviado por el Gobierno, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la reafirmación que en él se hace de la autonomía e independencia de las municipalidades para ejercer el gobierno comunal. Igualmente, hago resaltar su democratización y la participación ciudadana vía electoral, no obstante la arbitrariedad con que se privilegia a los partidos políticos en desmedro de los vastos e importantes sectores independientes. Asimismo, valiosa es la creación de un cuerpo colegiado con atribuciones, como es el Concejo Comunal.

Sin embargo, lamentamos que el Gobierno no haya aprovechado esta iniciativa para incorporar disposiciones que le permitan al sistema municipal una mayor eficiencia en su gestión, así como haber definido, precisado y reactualizado sus funciones y atribuciones, muchas de ellas confusas, que hacen dependientes a las municipalidades de los ministerios y servicios públicos. Para reafirmar esto, basta citar, como ejemplo, lo que ocurre en Santiago en relación con el transporte público, en que el ministro del sector se involucra y toma decisiones en temas que deberían ser de competencia municipal. En el proyecto, el Gobierno, poseedor de la iniciativa legislativa, no ha hecho esfuerzo alguno por mejorar e incrementar, de manera importante, los ingresos municipales, no obstante darles un rango orgánico constitucional, con lo que las municipalidades deberán seguir mendigando en ministerios y gobiernos regionales, para la inversión y el desarrollo comunal. Asimismo, es lamentable que las organizaciones de la comunidad queden en el consejo económico y social que crea este proyecto, sin capacidad de decisión alguna y sólo como una instancia consultora.

Quiero referirme, especialmente, a dos aspectos que considera esta iniciativa y que nos parecen verdaderamente negativos. Me refiero, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 38, en cuanto deja como funcionarios de la exclusiva confianza, los cargos de secretario municipal, secretario comunal de planificación y coordinación y aquellos que dirigen las unidades de asesoría jurídica, desarrollo comunitario, obras municipales y el asesor urbano.

Si bien es cierto, nos parece natural y lógico que el alcalde que asume pueda disponer de un pequeño grupo de personas de su confianza, especialmente en materias de asesoría, no estimamos conveniente que el Ejecutivo trate de hacerlo a través de los jefes de servicio, como se establece en este proyecto. Además de ser una inconsecuencia con lo que planteara el Gobierno en su campaña electoral, esta disposición vulnera muy seriamente la carrera funcionaría y la estabilidad a que tienen derecho los funcionarios municipales para alcanzar, por mérito y experiencia, las más altas jerarquías dentro del escalafón municipal. Esta norma introduce en el proyecto un elemento politizante dañino y peligroso para la eficiencia municipal. Estos cargos requieren de la idoneidad que proporciona la experiencia, y ellos deben estar al servicio de la comunidad, y de ninguna manera, del alcalde de tumo o de la mayoría política que administre la municipalidad.

Más grave es aún este hecho si se considera que por ley, vía de los pactos, se permitirá la existencia de alcaldes por dos años, por lo cual estos funcionarios municipales estarán sometidos a una verdadera rotativa en perjuicio de la eficacia de su desempeño.

Estimamos, además, que esta norma es inconstitucional, pues infringe disposiciones expresas de la Carta Fundamental. Su artículo 38, dispone textualmente: "Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaría y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará, tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes."

Por su parte, el artículo 19, número 17°, otorga el derecho a "La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;".

Al tenor de estos claros textos, la institucionalidad chilena obliga la existencia de una carrera funcionaría de Administración del Estado en todos los órganos que la integran o conforman y a la cual pueden acceder todos los chilenos en igualdad de condiciones, cumpliendo los requisitos legales pertinentes.

La excepción a esta carrera, a la cual sólo puede acceder previo concurso público, única forma de dar cumplimiento a la igualdad de oportunidades que otorga el citado número 17a del artículo 19, la establece la propia Constitución en relación con los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República. Sin embargo, el legislador común u orgánico constitucional nunca podrá crear o permitir que se cree un órgano administrativo del Estado con cargos de confianza en la totalidad de los empleos de este ente, pues, si así fuera, en esa repartición no existiría carrera funcionaría para ninguna persona, lo que, obviamente, viola la letra y el espíritu de la Constitución Política de la República.

El segundo aspecto a que me quiero referir, y que nos parece no sólo extraordinariamente negativo, sino que arbitrario e inconsecuente, es a la disposición que incorpora a este proyecto de ley una norma en orden a que los actuales alcaldes renuncien a sus cargos en el caso de ser candidatos a concejales, antes de ser declaradas sus candidaturas.

Podríamos entender esta norma si ella fuera una aplicación permanente y definitiva, aun cuando tampoco la compartiríamos, pero ocurre que este propio proyecto de ley permite la reelección, sin renuncia previa, de los próximos alcaldes. Hay aquí, entonces, una clara contradicción, una inconsecuencia y una abierta discriminación hacia quienes hoy, por mandato constitucional, desempeñan sus cargos de alcaldes.

Por esta razón, rechazaremos el artículo pertinente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Solicito una interrupción.

El señor RINGELING.-

Me referiré a este tema de la ley orgánica constitucional.

Antes, quiero otorgarle una interrupción al Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, deseo puntualizar una situación que aquí se planteó y que creo necesario aclarar.

El Diputado señor Rebolledo hizo aquí una afirmación que considero absolutamente errada: nos ha acusado de incurrir en una inconsecuencia. Lo correcto es que varios Diputados fuimos alcaldes en el Gobierno militar, y a mucha honra; pero la verdad es que nuestra labor era de alcalde y no de legislador. De ahí que no se nos puede acusar de inconsecuencia en una materia donde no teníamos facultades para influir. Sin perjuicio de ello, sería interesante conocer, por ejemplo, cuántos alcaldes aplicaron o hicieron uso de esa facultad.

Se ha dicho que, hasta febrero de 1990, existía una norma similar a la que hoy se está estableciendo en el proyecto, como el artículo 38, por lo cual resulta necesario investigar o analizar cuántos de los ex alcaldes que ahora son Diputados aplicaron ese artículo.

Más aún, deseo aclarar algo que parece desconocer el Diputado señor Rebolledo. Cuando el Diputado Navarrete hizo mención al artículo 22, se refirió específicamente a una legislación anterior, que también señalaba que los funcionarios eran de exclusiva confianza de los alcaldes. El actual Senador señor Jarpa, Ministro del Interior en esa época, instruyó a los municipios para que no se aplicara el artículo mencionado por el Diputado señor Navarrete. De modo que Su Señoría está errado en su planteamiento.

Es más, a pesar de que es cierta la situación y de que se aplicó el artículo por algunos alcaldes, nada justifica que hoy se plantee como necesario lo que tanto se criticó ayer por quienes actualmente son Gobierno.

De ahí que insistimos en que la inconsecuencia es más bien de parte de los parlamentarios de la Concertación; no de los de Renovación Nacional.

Tenemos la sensación de que se busca un verdadero asalto político a las municipalidades, más que fortalecer a los municipios, porque en ninguna parte se nota la preocupación por lograr la equidad entre ellos. Por ejemplo, no se ha dicho que es necesario que las municipalidades pequeñas tengan la oportunidad de contratar profesionales con remuneraciones adecuadas. Los señores Diputados deben saber que muchas municipalidades pequeñas no pueden contratar profesionales, porque el Subtítulo XXI, de gastos en personal, no se los permite.

Esto es preocupación real por generar municipios modernos y dar la oportunidad a las comunas más pequeñas para desarrollarse.

El artículo 38 no es bueno, pues deja a determinados funcionarios, jefes, como de la exclusiva confianza del alcalde. La Asociación Nacional de Empleados Municipales de Chile también manifestó su preocupación, en carta del 25 de noviembre, porque lo más probable es que los alcaldes electos produzcan una verdadera caza de brujas en las municipalidades.

Por último, sería bueno que la Concertación pusiera en práctica el lema que tanto predica: escuchar a la gente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, en primer lugar, los partidos de Gobierno querían un sistema electoral, y lo declararon desde un principio. Renovación Nacional siempre quiso que esto fuera algo más que una simple elección. Por eso, se abusó de nuestra posición; se impugnó nuestra calidad de demócratas.

El tiempo ha demostrado que teníamos razón y estamos llegando a una legislación que si bien no nos satisface plenamente, se encuadra en algunos de los objetivos fundamentales que declaramos.

Por otra parte, es importante lo que señaló el Diputado señor Montes, en el sentido de que durante la Administración pasada se dieron más atribuciones a los municipios, lo que significó descentralización y desconcentración del poder central y un avance que hizo más eficiente la toma de decisiones públicas.

Los municipios tienen mucho más poder de decisión que en el pasado. Me refiero al período anterior a la última reforma aprobada. Esto debe ser profundizado y asegurado. Este es el primer gran objetivo de Renovación Nacional en esta legislación.

Pero para que exista descentralización efectiva y real, al menos deben cumplirse dos aspectos: primero, autonomía en la generación de las autoridades municipales y atribuciones para que manejen los asuntos de la comuna; y segundo, uno fundamental: para que esa autonomía sea real, los municipios necesitan autonomía financiera.

Estas dos cuestiones se consideran en forma permanente durante la discusión del proyecto.

También debo destacar la unanimidad para llevar el fondo común municipal a la propia Ley Orgánica, con lo que se asegura su adecuado financiamiento y, por lo tanto, la autonomía. Además, el hecho de que se hayan incrementado algunos fondos por iniciativa de parlamentarios de Renovación Nacional, por ejemplo, el de patentes mineras, también contribuye al mismo fin.

El tercer gran objetivo es que las municipalidades deben mantener e incrementar el manejo técnico eficiente y tratar de disminuir la administración demasiado politizada, o evitar que lo ideológico tenga excesiva preponderancia.

Renovación Nacional apoya la amplia y clara participación de todos los sectores independientes, con el objeto de darles posibilidades parejas frente a los candidatos de los partidos políticos. Esto es algo esencial, porque la situación del municipio es distinta de la del Congreso, que ve problemas de otra magnitud y requiere de una posición política e ideológica clara para encauzar las leyes. En cuanto al municipio, al parecer se está dando una dirección equivocada. Más adelante explicaré el porqué.

En cuarto lugar, Renovación Nacional tiene en su programa la regionalización efectiva. Con motivo de la discusión de la modificación a la Ley Orgánica Municipal, gracias al acuerdo político, se logró un capítulo que es importante hacer resaltar, ya que en un momento se dijo que era imposible de cumplir. La porfía de nuestro partido logró doblar la mano e incluir la regionalización, para otorgar mayor poder de decisión a las autoridades y a los gobiernos regionales que se crean con el proyecto.

También quiero destacar algunas inconsecuencias que hay en el articulado que hoy se nos presenta.

En primer lugar, a propósito de la renuncia de los alcaldes, a que hizo referencia el Diputado señor Montes, no hay razón para tener una opinión distinta de los designados por el Presidente de la República o de los elegidos por el Codeco, en relación con los que a futuro se elijan por votación universal y directa.

La persona elegida por el Codeco puede haber sido excelente, regular o mala; lo mismo puede ocurrir con la persona elegida por votación directa. De hecho, sabemos muy bien que se ha dado esta situación y se dará a futuro. Por lo tanto, la ley debe ser pareja y la decisión debe tomarse con perspectiva.

La situación no está definida en el partido. Personalmente, creo que a futuro no sería positivo que el alcalde siguiera en su puesto hasta el día de la elección. En mi opinión, es preferible que en un plazo prudente, de 45 o 60 días, pueda comenzar su campaña y presentarse al público desembarazado de sus obligaciones, que, por supuesto, le exigen tiempo completo.

Esta norma es sana, al igual que la que se propone respecto de los alcaldes designados.

Se ha dicho que esto es inconsecuente con la situación de los Diputados; pero sabemos que se trata de algo distinto, porque nosotros no manejamos fondos públicos y, por lo tanto, no tenemos el grado de compromiso que los alcaldes.

Además, sería un mal negocio para los alcaldes actuales y futuros el hecho de hacer campaña como tales, porque la gente subjetivamente entendería que están aprovechando recursos públicos para proyectar su reelección y los castigaría.

Ojalá esta norma se resuelva en la segunda discusión o en el Senado, de manera de hacer equivalente la situación hacia el futuro.

Con respecto a la despolitización, también a título personal, el "staff" que algunas personas pretenden incluir o que figuró en un proyecto que el Gobierno presentó y después retiró, es algo muy negativo, pues prácticamente va a ser el apoyo político para la campaña y va a estar de modo permanente buscando la reelección de sus candidatos.

Si queremos una administración eficiente, tenemos que sacar los elementos de conflicto. Tal vez, algo mínimo sería razonable; tal vez, una persona de confianza, un secretario. No olvidemos que hay la posibilidad de que los alcaldes lleven a personas contratadas a honorarios y, de alguna forma, puedan ser de confianza.

El descabezamiento de los municipios en la forma que se plantea, obviamente conspira contra el manejo eficiente, contra la administración por sobre el poder político, que debe mantenerse en el tiempo.

Quienes hemos sido alcaldes, sabemos lo que significa cambiar un asistente social, un director de obras, un secretario municipal; el cambio, desquicia cualquiera administración, especialmente en los municipios pequeños.

Con respecto al patrimonio municipal, que se discutió en la Comisión de Hacienda, vamos a reponer la indicación para que se incluya el 40 por ciento del impuesto territorial que corresponde a cada municipio y el 50 por ciento de los ingresos por permisos de circulación.

Si el artículo 11 establece el fondo común municipal y el artículo 10Q bis su patrimonio, no veo por qué no incluir en forma explícita en la Ley Orgánica los recursos que entran directamente a los municipios.

Por último, un aspecto que considero grave. El partido político no tiene porqué monopolizar las decisiones en las municipalidades. Es perfectamente posible que tengan cupo como concejales personas que se presentan en forma individual o que están en la línea de un partido político, pero no quieren comprometerse. Constituyen un elemento moderador fundamental, efecto que a algunos tal vez no gusta. Se podría conversar sobre esto.

En el Senado de la República ha sido positivo que las decisiones no siempre se adopten con criterios políticos y se busquen acuerdos sobre bases técnicas. Quizás la comparación no es buena, porque se trata de instituciones distintas; pero en las de carácter local es fundamental que haya personas que no respondan a una inspiración ideológica y sean buenos vecinos y dirigentes preocupados de mejorar pavimentos y otras tantas cosas que es posible hacer en los municipios, sin depender de los dictados y compromisos de los partidos políticos.

Cerrar esta posibilidad no sólo es inconsecuencia de un partido que nos acompaña en la Oposición, sino de todo el Parlamento, porque el municipio es un ente intermedio de la sociedad, en el cual debe haber una amplia participación, y no podemos dejarlo como monopolio del poder político, que muy posiblemente no en todos los casos puede desquiciar su administración.

Por lo tanto, hay que buscar un acuerdo, y a los que lo suscriban estoy seguro de que muchos, porque no sólo hay independientes de Derecha, sino también de Izquierda darles la posibilidad de que compitan con los partidos políticos, y no como en la actualidad, en que es muy difícil que una persona independiente pueda, en definitiva, llegar a ser concejal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, quiero, por su intermedio, concederle una interrupción a la Diputada señora Caraball.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Diputada.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, para mantener el carácter de interrupción y en homenaje al tiempo de los señores Diputados, pediré que mi intervención propiamente tal sea anexada al acta de esta sesión.

Ahora solamente me referiré a la parte de la intervención del Diputado señor Morales, relativa a los funcionarios de la estricta confianza del alcalde.

El tema no es un punto menor, y a pesar de que hemos debatido sobre aspectos que lo rodean, tales como si por el hecho de que antes existieron ahora se les quiere reponer, no nos hemos adentrado en el fondo, que estimo de particular importancia dados los asuntos que tendrán a su cargo estas personas que en el proyecto del Ejecutivo se señalan, como de la estricta confianza del alcalde para el manejo eficiente del municipio. Al respecto, presentaremos indicaciones, aprobadas por la Comisión, en el sentido de

que esas personas, como el director de obras y el secretario comunal de planificación, cuyos cargos serán provistos mediante concurso público, sean removidas por iniciativa del alcalde, con el acuerdo de la mayoría del concejo, puesto que necesitarán también una cierta estabilidad para desarrollar sus tareas.

Llamo la atención de esta Cámara sobre este punto, porque, aparentemente, aparece como antagónico el hecho de la estricta confianza con la permanencia en el municipio. La historia del municipio chileno demuestra exactamente lo contrario: personas que han sido contratadas bajo esta forma son las que mejor se han desempeñado en cargos claves de jefatura. No se trata, como dijo aquí el Diputado señor Morales, de simples asesores del alcalde con el carácter de funcionarios de su estricta confianza, puesto que si no penetran en la estructura municipal será imposible que desarrollen verdaderamente las tareas para las cuales están llamados.

Por último, señor Presidente, solicito de la Sala que me permita insertar en el acta de esta sesión el texto completo de mi discurso.

Gracias, señor Presidente.

Gracias, Diputado señor Ortega.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se pide a la Sala la inserción de ese discurso, como también la de los de todos los señores Diputados que por la precariedad del tiempo no alcancen a hablar.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, reseñaré algunos criterios que han orientado a la Democracia Cristiana en la discusión de este proyecto.

El proyecto modificatorio de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en este momento nos ocupa, constituye la concreción de la primera iniciativa legal después de la reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso Pleno, y que se ha traducido, sustancialmente, en restablecer y consolidar la democratización de los municipios, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la Concertación.

Sobre este particular, señor Presidente, la filosofía con que hemos enfrentado la reforma de la referida ley está orientada a privilegiar los aspectos electorales, y subrayo que cualquiera circunstancia que nos impida el objetivo de democratizar el municipio en la fecha establecida mediante un compromiso de honor en el acuerdo político, debiéramos dejarla a un lado para dar paso a todas aquellas reformas que posibiliten cumplirlo.

Se ha dicho que es necesario legislar con mayor tranquilidad sobre otras materias municipales, y creo que podemos coincidir en que en otra iniciativa profundicemos las reformas indispensables para mejorar la administración municipal. Es importante que hoy valoremos la idea de reformar más en profundidad todavía, para lograr eficiencia, democracia y participación en el municipio, y modernizarlo en todos los aspectos de la vida social que debe enfrentar. Esto indica que aquellos que en el pasado señalaron que el municipio chileno había logrado el nivel de transformación indispensable para el desarrollo del país, reconocen que el proyecto actual y los futuros deben contener muchas otras materias adicionales de las que rigen el tema municipal. Lejos está, entonces, ese triunfalismo de ayer al que hacían referencia algunos señores Diputados y sobre el cual se basaba la gran transformación lograda en el pasado, muy especialmente en el aspecto de la democratización, que es el tema más de fondo y más prioritario de

esta reforma.

Señor Presidente, debemos ser claros para consignar en esta discusión nuestras diferencias con el sistema electoral que nos rige.

Estamos en desacuerdo con el número par de concejales, puesto que es un sistema que en ningún país democrático otorga estabilidad al municipio.

Estamos en desacuerdo con la falta de proporcionalidad en el número de concejales con relación a la población de cada comuna. Este fue el precio que pagamos para que se aprobara la reforma constitucional y la democratización del municipio.

En general, en materia electoral, la Democracia Cristiana se regirá por el criterio de cumplir el documento que dio paso a esta reforma. Somos formales en precisar que ése será en su totalidad, el criterio con que actuaremos en los otros aspectos que esta reforma implica en el ámbito electoral. En general, la Democracia Cristiana manifiesta su acuerdo con las normas aprobadas por la Comisión.

Consideramos también necesario consagrar como señalaba el Diputado señor Montes con mayor precisión y claridad la noción de autonomía, puesto que en el estudio de la reforma constitucional estuvo presente el hecho de que la noción de autonomía se daba en el marco de la ley. Precisarla, para no hacer de ella un populismo, en algunos casos o un concepto falto de realidad en otros. La autonomía es un principio fundamental de nuestro partido en relación con el municipio, pero tenemos que precisarla para que sea real y no solamente motivo de un discurso para estas ocasiones.

Tocaré algunos aspectos y precisaré acerca de los independientes.

Nadie discute la importancia de que los independientes participen en las confrontaciones electorales. Algunos Diputados de la Democracia Cristiana votarán favorablemente la disposición que propusieron la UDI y un Diputado del PPD. Y lo hicieron queremos decirlo explícitamente, porque el texto del acuerdo político señala que los independientes irán en las listas. No tendremos dificultades para concurrir si se logra cualquier otra forma de consenso a este respecto; pero entendemos con claridad que hacer cumplir el acuerdo implica fijarse en la letra del texto aprobado.

Señor Presidente, queremos rescatar lo expresado por el Diputado señor Horvath en cuanto a que "Los partidos no pueden monopolizar a los independientes". Creo que eso es así y debe ser una norma. Por eso, en general, no coincidimos con el hecho de que los partidos presenten a sus independientes como elementos, porque lo que hacen en el fondo es instrumentalizarlos o "monopolizarlos" palabras del Diputado señor Horvath para objetivos partidarios. Si hay independientes, según el acuerdo político, que se presenten como tales y que participen a través de las listas. Sobre ese aspecto vuelvo a señalar entendemos que cumplimos con la letra del acuerdo.

En relación con la renuncia de los alcaldes, si hay alguna indicación al respecto, estamos dispuestos a estudiar la posibilidad de que ella no rija solamente en esta ocasión, sino también en el futuro. Nos preocupa que se renuncie para esta elección, y que con ciento veinte o noventa días se renuncie también en el futuro.

En cuanto al tema de la politiquería o de la politización, término que emplearon otros señores Diputados el Diputado señor Leay mencionó la palabra "politiquería", todos recordamos el Congreso Municipal de Pucón, en el cual el país apreció cómo los mismos que hoy hablan de politiquería o de uso político del municipio Renovación Nacional y la UDI disputaron acerca de qué partido tenía más alcaldes. En definitiva, concluimos que el sistema vigente había politizado el municipio a favor de un grupo de partidos. De ahí que hayamos sido consistentes en buscar una reforma que democratice el municipio.

La Democracia Cristiana, en su reciente Congreso, reiteró que uno de sus grandes objetivos es, justamente, desarrollar el municipio en relación con su autonomía, participación y democratización. Dicho objetivo lo planteamos desde hace mucho tiempo. En 1980, cuando se aprobó la Constitución, criticamos la forma de elección de los alcaldes. Hoy, quienes dicen ganar con esta reforma, nos parecen incongruentes, porque aceptaron, apoyaron y reivindicaron un sistema municipal que, en definitiva, es corporativo y apuntaba a una forma no democrática; pero con esta reforma la Democracia Cristiana considera que la Concertación y el Gobierno del Presidente Aylwin dan cumplimiento a uno de sus compromisos fundamentales.

Señor Presidente, el Diputado señor Juan Antonio Coloma me ha solicitado una interrupción, la cual por su intermedio se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en los escasos minutos que nos quedan, me haré cargo de una afirmación de varios señores parlamentarios en cuanto a la valoración que nuestro partido en particular estaría haciendo sobre el tema de los independientes en la ley orgánica.

Desde nuestros inicios incluso el nombre de nuestro partido lleva precisamente la expresión "independiente" estuvimos convencidos de que es una legítima forma de actuar en la vida pública. Por lo mismo, nos hemos preocupado constantemente, en ésta y otras legislaciones, de preservar la posibilidad de que los independientes actúen en la vida pública nacional.

Con la misma convicción afirmamos que hoy los independientes tienen plena capacidad para participar en las elecciones municipales. De conformidad con el artículo 99 y siguientes de este proyecto de ley, podrán participar por sí mismos en estas elecciones con el patrocinio de un porcentaje de electores, o integrando una lista, conformada adicionalmente por partidos políticos.

Esa es la estricta realidad de la cuestión envuelta. Todas las afirmaciones de algunos parlamentarios, en especial del señor Longton, en relación con las actas de la Comisión de Estudios de la reforma constitucional donde se invoca el nombre de Jaime Guzmán, con quien alcancé a conversar sobre este tema antes que fuera asesinado, están ubicadas en un contexto distinto. Da la sensación, después de oírlo, que los independientes no pueden participar en estas elecciones. Eso es falso y, más bien, corresponde a otro tipo de objetivos que en este caso no puedo calificar.

Es importante destacar que sí nos hemos opuesto a que los independientes se puedan sumar a las federaciones, único ámbito donde se ha cambiado la proposición del Gobierno a este respecto. Lo hacemos porque no es lógico que haya independientes clase A y clase B, o que un partido político tenga que conformar un casco con otro para incorporar a un independiente que le sume votos a sus posibilidades.

La independencia posee una naturaleza propia que no podemos alterar más allá de las conveniencias particulares que los partidos tengan en un momento dado. Por eso, preservando a los independientes, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente hemos hecho este planteamiento con la convicción y la seguridad de que así se está garantizando su plena y justa participación.

Por último, quiero insistir en que este debate se ha dado sólo respecto del tema de las federaciones, y eso es lo que efectivamente se votó; cualquier otra vinculación con temas distintos no se ajusta a lo debatido en las Comisiones y en la Sala.

Por su intermedio, agradezco al Diputado señor Ortega la oportunidad que me dio para clarificar estos conceptos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos, porque la bancada radical es la única que no ha intervenido en este debate.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, ya estamos llegando al término de un largo proceso, cual es la posibilidad del Congreso Nacional de crear una nueva institucionalidad municipal y poner término a la que nos ha regido durante los últimos años.

Como se ha recordado repetidas veces en esta misma sesión, lo señalado fue una aspiración de todos los candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones pasadas y, de uno u otro modo, todos los partidos políticos lo tenemos incorporado en nuestros programas.

El sistema que ha regido en los últimos años, fundado en la institución de los alcaldes designados y de organismos seudocorporativos como los Codecos, no sólo no representaba los anhelos y las aspiraciones ciudadanas, sino que, por su naturaleza, tampoco se concilio con la idiosincrasia de nuestro pueblo y con la funcionalidad de este tipo de organizaciones.

Por eso, hace algunas semanas, ya aprobamos la Reforma Constitucional Municipal. Ahora, discutimos en general la reforma a la Ley Orgánica Municipal respectiva, complementaria de la anterior. Como se trata de una discusión en general, no puedo ocultar, en nombre de la bancada radical, que la fórmula acordada en materia municipal, evidentemente, no nos satisface.

Tenemos que decirlo, puesto que de los discursos de algunos colegas pareciera que ahora todos se quieren atribuir la paternidad o titularidad de esta reforma municipal, en el sentido de que fue impulsada por unos en desmedro de otros o, a la inversa, que sus deficiencias son culpa de un bando y no de otro.

Señor Presidente, para los parlamentarios radicales esta reforma municipal ha sido transaccional, dado que ha sido necesario llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la Oposición; entre los partidos políticos de la Concertación y los de la Derecha, en la que todos hemos tenido que ceder.

En lo que a nosotros respecta, naturalmente que no ha sido poco lo que hemos cedido, porque hubiéramos deseado que la composición del concejo hubiere sido impar para permitir la consolidación del principio de la proporcionalidad, que es el que, a nuestro modo de ver, debe inspirar y debe regir la representación popular.

También hubiéramos deseado una norma transitoria que permitiera lo digo sin ocultarlo remover a los actuales funcionarios municipales, puesto que bien sabemos que la estructura municipal, en lo que se refiere a los recursos humanos, al menos a nosotros los radicales, no nos da confianza. Y hubiéramos deseado que todos esos funcionarios municipales que ingresaron en los últimos 17 años hubieren entrado en un proceso de calificación objetiva, con la finalidad de que, en definitiva, sólo permanecieren aquellos que verdaderamente tienen méritos para desempeñarse en el municipio, y no queden simplemente como una herencia del régimen militar o del alcalde de tumo que, en su oportunidad, los designó.

Sin embargo, esas normas no están previstas en el proyecto que estamos aprobando, lo que refuerza la idea de que se trata de una reforma transaccional y convencional.

También a los radicales nos hubiere gustado eliminar de la Ley Orgánica Municipal toda referencia al sistema municipalizado de enseñanza y al sistema de salud municipalizada, puesto que, como lo hemos dicho tantas veces, somos absolutamente contrarios a ambos sistemas.

Sin embargo, nada se dice y, por el contrario, esa institucionalidad aparece reforzada en la legislación que hoy en general estamos aprobando, lo que reitero ratifica lo dicho anteriormente, en orden a que ésta es una reforma transaccional y convencional entre el Gobierno y la Oposición.

Sin embargo, los radicales aprobaremos en general este proyecto de reforma de la Ley Orgánica Municipal, puesto que a pesar de las deficiencias, de las reservas y de que no nos satisface integralmente, el sistema que nace es mejor que el que rige en la actualidad. Políticamente nos interesaba sobremanera, y ha sido el espíritu que nos ha animado en este tipo de materia, poner término a cualquier precio al sistema municipal actual. Y tanto con la reforma constitucional, como con ésta, estamos liquidando, de una vez por todas, el actual sistema de alcaldes designados y esos vestigios de corporativismos que existían en nuestra institucionalidad y que se expresaban a través de los Codecos.

Si el precio, señor Presidente, para poner término a los alcaldes designados y a la actual institucionalidad municipal, es transar y renunciar a otras aspiraciones que teníamos en este género de consideraciones, los parlamentarios radicales estamos dispuestos a pagarlo, puesto que estas modificaciones tienen un valor mucho mayor que las materias en que estamos cediendo.

Y digo esto, señor Presidente, porque si bien hace dos años el país tuvo la oportunidad de elegir a un Presidente de la República y al Congreso Nacional, y hoy nos jactamos en los discursos de que la democracia ha llegado a nuestro país, la verdad es que ella puede haber alcanzado esos niveles superestructurales; pero la democracia todavía no ha llegado a las comunas. Ahí están las mismas caras, las mismas autoridades, los mismos funcionarios que durante 17 años estuvieron bajo el amparo del régimen militar. Y como queremos que la democracia llegue verdaderamente a las comunas, los radicales vamos a aprobar esta reforma, única y exclusivamente porque queremos que cambien esos funcionarios y esos alcaldes designados de tan triste recuerdo para nuestra sociedad.

Ahora bien, entrando a algunas materias específicas que aquí se han señalado, en primer lugar discrepamos derechamente de la actual redacción del artículo 109 del proyecto. Básicamente, porque incorpora el concepto de voto de partido, materia que es ajena al acuerdo político. Oportunamente, vamos a presentar indicación al respecto. La actual redacción de ese artículo, en materia de elección de concejales, es una norma que sólo favorece a los grandes partidos y que no respeta el principio de la proporcionalidad.

En segundo lugar, debemos declarar que no tenemos prejuicios para estudiar, en el segundo informe, una fórmula que permita la incorporación real de los independientes a estas elecciones. Y estamos llanos, naturalmente, a la posibilidad de que ello ocurra.

También creemos que debe existir una norma permanente, no sólo transitoria, que se refiera a la renuncia de los alcaldes para poder postular o acceder a cargos de esa naturaleza.

Consideramos también que es necesario revisar el sistema de causales de inhabilidad para postular a concejal, ya que es demasiado estricto y, en la forma como está aprobado por la Comisión, impedirá el concurso valioso de importantes personas de la comuna, las que, naturalmente, podrían contribuir considerablemente al desarrollo municipal.

Por último, no podemos ocultar algo que no se ha dicho en este debate: valorar la regulación de los plebiscitos comunales, como una verdadera forma de participación de la ciudadanía en los problemas y en el manejo de su comuna.

Finalizo señalando que nadie duda, obviamente, de la importancia de los municipios. Todos estamos absolutamente conscientes de los de hoy no tienen nada que ver con los de ayer, y todos sabemos que quien verdaderamente manda en la comuna es la municipalidad por el cúmulo de facultades y de competencia que tiene...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señor Diputado.

El señor CAMPOS.-

Termino, señor Presidente, expresando que valoramos la posibilidad de estructurar un sistema municipal que se funde en los conceptos de soberanía popular, de participación ciudadana y de autonomía. Por ello, anuncio que los parlamentarios radicales vamos a votar favorablemente en general este proyecto.

He dicho.

Por acuerdo de la Sala, se incluyen las siguientes intervenciones:

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, es poco el tiempo de que dispongo, ya que la urgencia en despachar un proyecto de la importancia del que estamos tratando no nos permite un trámite más pausado, en vista a que se deben cumplir los pasos necesarios para tener elecciones en junio.

Por esto, quiero brevemente plantear dos o tres elementos, que en mi opinión, debieron haberse acordado, pero que desgraciadamente, debido a que el acuerdo político con la Derecha debe respetarse, no es posible modificar.

El primero es la elección del alcalde. Sabemos que, de acuerdo con este proyecto, su elección será indirecta. Son los concejales o regidores, como me gustaría que se llamaran para continuar con esta tradición los que decidirán quién es el alcalde. A mí me habría gustado que la elección de alcalde fuera directamente hecha por voto popular, en lista aparte de los concejales o regidores, de modo de dar al alcalde una categoría especial, una cierta majestad al cargo. Es diferente ser nominado por un grupo pequeño de 6, 8 ó 10 personas, que ser elegido por todos los habitantes de una comuna.

Está claro que las tarea y los deberes de los alcaldes en esta etapa de desarrollo del país son de gran importancia, y mientras más cercana a la base esté su legitimidad, más fuerza tendrá su gestión. Desgraciadamente, hemos perdido la oportunidad para elegirlo directamente, como lo hacen gran parte de las naciones más evolucionadas.

Otro tema que lamento que se haya establecido de la forma en que lo dispuso el acuerdo político es la cantidad de concejales que tendrá cada comuna. El número par propuesto es bastante poco racional, ya que sabemos que no permite dirimir con facilidad los empates. Por eso, su número es habitualmente impar en la casi totalidad de las legislaciones, así como son impares los números de directores de empresas y de todas las organizaciones eficientes.

Pero lo que quiero destacar al margen de reiterar, como lo han hecho muchos colegas, que ese número está calculado por los partidos de la Derecha para obtener los mejores resultados a corto plazo, sin mirar más allá, es que en las ciudades capitales de regiones no se ha establecido un número más alto de concejales que en las comunas que no son capitales. Esto no parece razonable, porque las capitales de regiones cumplen una función específica que se debiera resaltar entregándole un municipio más numeroso. En las capitales de regiones viven intendentes, rectores, parlamentarios, ministros de corte y, en fin, numerosas personas de alto nivel político y cultural. Por eso, las responsabilidades de las municipalidades de estas capitales son mayores y sus actividades mucho más numerosas que en las pequeñas comunas. Hay que realizar ceremonias protocolares que ocupan más tiempo que en las comunas menores, lo que hace necesario mayor dedicación. Un número de seis concejales no parece adecuado.

Digo esto, entre otras cosas, porque yo represento a la ciudad capital de la Cuarta Región, La Serena, que porque no alcanzó la cifra de 70 mil inscritos ya que sólo tiene 68 mil no tendrá ocho concejales, sino solamente seis. Junto a La Serena, tampoco alcanzaron los 70 mil inscritos las ciudades de Copiapó, Puerto Montt y Coihaique, también capitales de regiones.

En esta Sala, los parlamentarios de las Regiones Tercera, Cuarta, Décima y Undécima presentamos un proyecto de acuerdo para lograr que todas las capitales regionales tuviesen un mismo número de concejales; pero no se logró alterar la voluntad de los negociadores y estas ciudades sólo tendrán seis concejales.

Lamento que esto sea así. En el futuro, con el incremento de electores, podrán tener más concejales. Pero una ciudad como La Serena ha sido perjudicada en esta oportunidad. Sólo tendrá seis concejales, al igual que otras comunas del Valle del Elqui, sus comunas vecinas, que con 1.500 inscritos también tendrán seis concejales.

Sin embargo, señor Presidente, lo positivo es que tendremos un cambio municipal a corto plazo, lo que permitirá llevar la democracia a la comuna. Quedan aún algunos reductos donde la democracia no ha llegado, pero confiamos en que pronto se incorporará también a esos reductos, porque a Chile ha vuelto la racionalidad.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, estamos ante un proceso de reformas orgánicas constitucionales trascendentes; la reforma introducida a la Constitución Política del Estado, relacionada con la administración comunal y la reforma a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por cierto que esta última, hecha sobre la base de la primera reforma que hoy analizamos, transforma la estructura interna y orgánica de estos organismos. Se establece, en verdad, un municipio democrático. En la comuna, los ciudadanos y vecinos recuperan el derecho que les fue arrebatado y que les corresponde. La participación y decisión les corresponde a ellos, así como la nominación de las autoridades municipales, y ninguna autoridad política, extraña a su potestad, les puede imponer directrices o personas que no sean aquellas que decida el pueblo. Más aún, una autoridad no debe extender en demasía su poder ni a veces detentar sólo la potestad que puede transformarse en poder arbitrario y omnímodo. Debe regular sus atribuciones y controlar sus actos. El pueblo recupera la soberanía y el poder se descentraliza. Se elegirá al alcalde, esto es, no habrá ya más alcaldes designados ni autoridades impuestas. Y más aún, a la autoridad del alcalde se agrega la de un grupo de personas, también elegidas, que complementarán el trabajo, autorizando y supervigilando. Estos son los concejales. Alcaldes y concejales serán elegidos conjuntamente. Resultará elegido alcalde el que reúna más del 35 por ciento de los votos emitidos de la lista más votada. Con ello se procura que acceda al cargo de alcalde un candidato con suficiente respaldo ciudadano. Y si debe pertenecer a la lista más votada, desde luego que gozará del apoyo de una mayoría del concejo para permitir gobiernos comunales eficientes. Como una manera de democratizar realmente la elección y permitir que puedan acceder al cargo de concejal o alcalde, ya no se exige la educación escolar. Es importante la eliminación, para postular a estos cargos, de la incompatibilidad con cargos directivos en partidos políticos u organizaciones de naturaleza gremial o sindical. Y es lógico, porque estas personas están más vinculadas o interesadas en el bienestar común de los ciudadanos de la comuna; hay una relación más directa, más estrecha. Hay también un deseo de participación y de decisión más acendrada. Son ellos los más inquietos por los problemas rurales, por lo cual, mal se les puede excluir.

Señor Presidente, la reforma propuesta en este proyecto viene a satisfacer las necesidades de eficiencia y participación en los organismos municipales. Las municipalidades pertenecen a la comuna y no al señor alcalde, quien, con atribuciones ilimitadas, ha administrado mal las comunas, considerándose a veces con facultades suficientes como para hacer lo que estime conveniente, según sus gustos, sin importarle los intereses generales.

Las nuevas materias introducidas a la ley orgánica son útiles y novedosas. El fondo común municipal, viene a dar más respaldo y mayor financiamiento a las municipalidades, y operará también como un mecanismo de redistribución solidaria entre los municipios del país. Las comunas más ricas pueden ayudar a las de menos recursos. Se robustecen las municipalidades y se les da mayor eficiencia, porque se les agregan nuevas atribuciones; pueden celebrar convenios y otorgar concesiones; y constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a la promoción del arte y la cultura. También existe la posibilidad de agrupación de varias municipalidades. En fin, la reforma pretende reforzar y hacer más viable la operatividad de la acción municipal. La existencia del concejo municipal y del consejo económico social le da mayor eficacia. La responsabilidad de los concejales se asegura, entre otras, con la sanción de que podrán ser objeto si incurren en las inasistencias que la ley señala.

Es indudable, por otra parte, que el alcalde debe contar con personas de su exclusiva confianza, como son el secretario municipal y el secretario comunal de planificación y coordinación.

La estructura que se les da a las municipalidades es la resultante del parecer de todas las corrientes políticas y refleja los requerimientos de la hora presente. La institucionalidad no debe estar revestida de una aparente legitimidad; debe ser efectivamente legítima. Y estos cargos, que universal y doctrinariamente son elegidos, deben generarse de acuerdo con los métodos y procedimientos consagrados constitucionalmente con el voto popular. Un Estado no será plenamente de derecho si alguno de sus elementos configurativos no está presente. La soberanía no será tal si no se manifiesta real y concretamente con la participación y libre decisión del hombre ciudadano con el poder que le da el voto. Los alcaldes designados, de los cuales hay aún muchos en el país, serán sustituidos por aquellos que el pueblo elija, conforme al derecho que le asiste. Los actuales alcaldes designados representan la voluntad política de un gobierno que los designó y que fue ampliamente derrotado en las elecciones presidenciales pasadas; representan un pensamiento, una doctrina y un programa que el pueblo rechazó rotundamente. Por ello, en buena hora, y debió haber sido mucho antes, estos alcaldes ya no formarán parte de las autoridades legítimas de nuestro Estado de Derecho.

El proyecto evita que estos alcaldes puedan realizar una competencia desleal con los otros candidatos de gobierno, aprovechándose de las oportunidades que el cargo les da, por lo cual deberán renunciar 120 días antes de la elección. Lo mismo ocurre con los miembros del consejo de desarrollo comunal. Y esto debe ser así, señor Presidente. Es fácil conquistar votos ofreciendo y entregando obras o simplemente prometiendo.

El número de concejales responde a la proporcionalidad y necesidades de las comunas, según su número de habitantes, aunque debió establecerse una cantidad mayor para las capitales de provincia o de región, como en el caso de Puerto Montt. La variabilidad en el número de concejales hace más funcional y efectivo el trabajo municipal. Es importante la función de control que el concejo municipal ejercerá sobre el alcalde: responde a las más elementales exigencias de responsabilidad ante el país y la comunidad de parte de las autoridades políticas elegidas por el pueblo.

Las inversiones de desarrollo comunal, las políticas de concesiones municipales y las modificaciones del plan regulador comunal son situaciones relevantes que quedan sometidos a la decisión plebiscitaria de la comuna. Hay una real democracia. Termina el período de los "alcaldes feudales" que no son controlados por organismos imparciales y soberanos, que ejercen el poder comunal con plenas atribuciones, donde la comunidad no ha tenido participación ni en su designación ni las actuaciones de estas autoridades. La democracia permitirá que el vecino más modesto pueda pronunciarse y decidir, porque son sus preocupaciones y las cosas que les tocan más de cerca. La comunidad tendrá la posibilidad de actuar directa e indirectamente en los actos administrativos alcaldicios o en las decisiones que adopte el concejo municipal.

La existencia de un administrador municipal constituye un gran aporte de colaboración y eficacia del trabajo del alcalde, con capacidad técnica, subordinado al alcalde. Las municipalidades, como corporaciones autónomas, pasan a tener una personalidad y un imperio que les da mayor eficacia. Es la fuerza soberana de la nación y de la comuna. No es lo mismo que la municipalidad sea autónoma, con alcaldes designados, que con autoridades plenamente generadas por el voto. Los alcaldes designados conformaban verdaderos enclaves dentro de la institucionalidad democrática. Con la nueva estructura y fórmulas de generación, las municipalidades, con el concurso, participación y decisión de la comunidad, realizarán un trabajo que responderá cabalmente a la satisfacción de la necesidades de la comuna local, asegurando su participación en el proceso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

El municipio, señor Presidente, comienza a recuperar su verdadera naturaleza y su contenido democrático. El municipio será, ahora, en verdad, de la comunidad, y no de los señores alcaldes designados.

He dicho.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, la participación del pueblo es requisito básico para que exista la democracia. Esta participación se expresa básicamente de dos maneras:

1.Eligiendo por votación popular a las autoridades, y

2.Integrándose activamente al desarrollo del país y de su comunidad local, a través de las organizaciones e instituciones específicas que el país debe darse para permitir y fomentar esta participación activa de las personas.

Instituciones claves en la participación del pueblo a nivel local son:

1.Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que canalizan las aspiraciones, necesidades y capacidad creativa de los ciudadanos, y

2.La municipalidad, como sede del gobierno local, en la cual se encuentra la autoridad con la comunidad para concretar las aspiraciones de bienestar y desarrollo, como así también permitir la participación de la comunidad organizada en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de programas y proyectos de beneficio para la comunidad. Permite también asegurar la representación de las distintas visiones del país y su desarrollo por la conformación y generación democrática y representativa de su concejo. Constituye para el Gobierno de la Concertación una necesidad básica para consolidar la democracia, adecuar y reformar la estructura municipal, precisamente a fin de que pueda cumplir con los altos objetivos que le corresponde asumir, según lo ya dicho.

La reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno el mes pasado permite democratizar los municipios al establecer que sus autoridades se generarán por elección popular. Corresponde a la Ley Orgánica Constitucional que hoy aprobaremos, en general, establecer las estructuras internas que aseguren lo más posible la participación popular, como así también hacer más eficiente la gestión municipal.

A este respecto, cabe señalar que, si bien es cierto las reformas que se introducen a la actual Ley Municipal han sido estrictamente necesarias para permitir efectuar las elecciones en el plazo comprometido con el país, no es menos efectivo que se han introducido algunos cambios que ciertamente contribuyen a mejorar la gestión municipal, como es el caso de los funcionarios de confianza y otros que, a mi juicio, deben madurarse más, con el fin de precisar el ámbito de sus funciones, como es el caso del administrador municipal.

Me referiré, en primer lugar, a la norma que establece la facultad del alcalde para nombrar funcionarios de su confianza, con el objeto de desempeñar algunas funciones que son claves para el cumplimiento de sus tareas de gobierno y administración superior de la comuna, que le corresponden como autoridad unipersonal, y aquella que desarrolla en conjunto con el concejo municipal.

Los cargos de secretario municipal, de secretario comunal de planificación y coordinación (Secplac), las jefaturas de las unidades de asesoría jurídica, desarrollo comunitario, como así también el director de obras municipales, fueron propuestos por el Ejecutivo como de estricta confianza del alcalde, por lo que serían designados y removidos por él. Se establece la excepción del secretario municipal, quien será nombrado por el alcalde con acuerdo de la mayoría del concejo, a propuesta de una tema del alcalde.

A mi juicio, los cargos de Secplac y de director de obras municipales, son fundamentalmente técnicos, por lo que, si bien es cierto es clave que cuenten con la confianza del alcalde, esto debe compatibilizarse con la necesaria estabilidad que deben tener para desempeñar sus labores. A este propósito propuse una indicación, que fue aprobada por la Comisión, para que ambos cargos sean llenados por concurso público y que su remoción sea facultativa del alcalde, pero con acuerdo de la mayoría del concejo.

También la Comisión aprobó una indicación mía en el sentido que el cargo de asesor urbano sea también de la exclusiva confianza el alcalde. Considero estos aspectos reseñados claves para enfrentar con algún éxito la tarea de desarrollo urbano de los municipios.

No corresponde asimilar estos cargos con los de simples asesores, como propone el Diputado Morales, sino establecer jefaturas de modo que verdaderamente sean capaces de hacer trabajar a la estructura municipal en función de las tareas prioritarias que las legítimas autoridades elegidas por el pueblo sugieran para el desarrollo integral de sus comunas. No es incompatible la medida que propone el proyecto sometido a consideración de esta Cámara con la idoneidad y permanencia en los cargos. La historia municipal chilena prueba que esta medida tiende a hacer más eficiente el gobierno municipal.

El crecimiento desorbitado de muchas ciudades del país, y particularmente de la Región Metropolitana, nos obliga a legislar de manera responsable en esta materia, lo que significa que cada cuerpo legal que nos toque considerar o que ayude a establecer un desarrollo armónico de las ciudades y del país, debemos estudiarlo seriamente y colaborar a perfeccionar la estructura municipal en estos delicados aspectos.

No es, pues, una materia menor o que debe resolverse irreflexivamente. Por alguna razón, esta disposición sobre cargos de exclusiva confianza de los alcaldes ha estado presente a lo largo de casi toda la historia municipal y aunque muchas veces se han derogado algunas de estas facultades, éstas han sido repuestas sistemáticamente.

Si bien es cierto que hoy sólo votaremos la idea de legislar, me parece oportuno manifestar a mis Honorables colegas la importancia que revisten estos aspectos, porque de su aprobación en particular dependerá, en no poca medida, la eficiencia que puedan tener los municipios que se regirán por esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, y para concluir, señor Presidente, creo importante destacar que los ojos del país están puestos sobre el Parlamento, esperando el despacho oportuno de estas leyes orgánicas municipales y de gobierno regionales que permitirán que el pueblo recupere su plena soberanía al poder elegir sus autoridades comunales. De modo que, sin perjuicio de la calidad de las observaciones que formulemos los distintos parlamentarios, no nos perdamos en largos y extensos debates. Concentrémonos en despachar seriamente lo esencial, lo que permita democratizar, de una vez por todas, los municipios.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, nos corresponde en esta ocasión pronunciamos acerca de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hoy vigente. Para ello resulta del todo conveniente hacer algunas consideraciones previas.

En primer término, es extraordinariamente importante reconocer y valorar en su justa dimensión el cambio efectuado por el gobierno del Presidente Pinochet en materia de una verdadera nueva filosofía acerca del rol, funciones y orientación de la municipalidad. Digo esto porque, sin duda, el municipio, hasta el gran cambio efectuado a fines de la década de los 70 y principios de los 80, era ineficiente desde la perspectiva de una corporación que debía, real y efectivamente, atender y solucionar los problemas de sus representados, aun cuando es importante reconocer que hubo excepciones que sólo se debieron al empuje que hubo excepciones que sólo se debieron al empuje y tesón de personas que, en forma individual y de manera descollante, consiguieron grandes avances en las respectivas comunas. En el caso de mi distrito, Talcahuano, rescato y valoro a personas como don Luis Macera, gran ex alcalde, hoy día ya fallecido.

Por otro lado, también es útil recordar • ideas y palabras del actual Presidente de la República, señor Patricio Aylwin, que en la década de los 50 mencionaba que la estructura politizada de los municipios atentaba contra la eficiencia del mismo.

Todas estas situaciones de ineficiencia, burocracia y politización inútil, arrastraron a las ciudades a una deficiencia del nivel central que acentuó el centralismo y ahogó cualquier intento regionalizador.

El Gobierno del Presidente Pinochet, consecuente con su idea de regionalizar, realizó profundas transformaciones en el municipio, permitiendo que efectivamente éste sea un camino y un medio que permita solucionar los problemas de los vecinos, con autonomía financiera y desde el punto de vista de la toma de decisiones a nivel local.

El actual Gobierno está adecuando este nuevo concepto de municipio, sin cambiar su esencia. Desde luego, esto nos parece bien. Sólo me queda la duda de si efectivamente todos los cambios propuestos no ponen en jaque la eficiencia del sistema.

Por otro lado, es de vital importancia que esta Sala comprenda que no podemos exigir eficiencia municipal si no acompañamos a la propuesta del Ejecutivo un claro y cierto incentivo que se traduzca en un mejoramiento económico del sector municipal. Hoy día, los funcionarios han perdido el poder adquisitivo de sus remuneraciones, que hace una década había mejorado.

Tampoco resulta prudente agregar que los cargos directivos sean de exclusiva confianza, como lamentablemente se propone en el informe. ¿Cómo aceptar que el secretario municipal, que es el ministro de fe, sea de exclusiva confianza? ¿Qué razonamiento lógico permite argumentar que el director de obras, cargo eminentemente técnico, sea de confianza? En verdad, quiero manifestar que con la experiencia de haber sido alcalde no puedo avalar situaciones como éstas. Tampoco se respetó el acuerdo al que después de muchas discusiones se llegó el año pasado, en el sentido de que sólo dos cargos podían ser de confianza exclusiva.

A lo anterior debe sumarse la decepción que ocasiona el hecho de que para ser concejal o alcalde sólo se exige saber leer y escribir, lo que evidentemente no se compadece con el avance educacional del país y, lo que es más grave, el municipio •pasa a ser administrado por personas que no tienen el nivel mínimo deseable para atender a ésta cada vez más moderna empresa de la comuna.

Ahora bien, la idea de hacer más participativa la municipalidad a través del concejo y del consejo económico y social, nos parece bien; sin embargo, es útil decir, para la historia de la ley, que ese consejo, a mi juicio, es un órgano completamente estéril, porque no tiene ni una sola atribución, lo que por supuesto le niega todo sentido participativo.

La bancada de la Unión Demócrata Independiente va a concurrir con su voto favorable a esta modificación, para ser consecuente con nuestra postura durante la campaña eleccionaria última, sin perjuicio de las indicaciones que hemos presentado.

Especial mención merecen las afirmaciones de diversos Diputados de Renovación Nacional, especialmente el señor Longton, en cuanto a posibles discriminaciones que se estarían produciendo en esta normativa en contra de los independientes.

Unión Demócrata Independiente, desde su origen, ha tenido particular preocupación por los independientes. Es así como con nuestro patrocinio y firma se incorporó en el acuerdo político la plena capacidad de éstos de concurrir a las elecciones municipales, tanto como individuos como en listas conformadas con partidos políticos. Ello ha quedado plenamente garantizado. Por lo tanto, no alcanzamos a entender las argumentaciones señaladas por Diputados de Renovación Nacional a este efecto. Cuestión muy distinta es que nosotros, en la plena búsqueda de no desnaturalizar la institución de los independientes, nos hayamos opuesto a que éstos conformen federaciones, por cuanto ellos sufren una discriminación en la valoración de los votos al interior del pacto correspondiente.

¿Qué se busca con esta pretensión? ¿Acaso que haya independientes de federaciones de clase A y otros de clase B?

Reiteramos que ello desnaturaliza seriamente la institución de los independientes, a los cuales se dice que se está buscando proteger.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, aprobaré la ley orgánica municipal tal como se presenta por la Comisión respectiva, sin perjuicio de formular algunas observaciones de fondo.

Deseo destacar el sentido que tiene la autonomía municipal. Al votarse la reforma constitucional, el Diputado señor Elgueta señaló con mucha precisión: "La autonomía absoluta no existe, pues siempre deberán existir controles externos para asegurar la libertad e igualdad de las personas, para evitar las negligencias de los organismos locales y para impedir la arbitraria prodigalidad en la inversión de los recursos. El control, en verdad, es indispensable y tiene un triple carácter: por una parte, el principio de la legalidad de los artículos 6S y 7Q de la Constitución Política; el normativo financiero de la Contraloría General de la República; y el llamado recurso de ilegalidad ante los Tribunales superiores para que se revisen o anulen los actos municipales contrarios al derecho".

No cabe la menor duda de que tales afirmaciones son exactas. El Estado de Chile está organizado sobre la base de un poder central o administración centralizada, en la cual encontramos a los ministerios, subsecretarías, direcciones generales y demás servicios públicos de tal naturaleza.

Al mismo tiempo, y formando parte igualmente del Estado, se halla la administración funcional y territorialmente descentralizada.

Las municipalidades, en el marco de la Constitución y de la ley que estamos examinando, es un organismo autónomo funcionalmente descentralizado.

El Presidente de la República no tiene, respecto de las municipalidades, una potestad jerárquica; pero en su calidad de Jefe de Estado, de cuya organización forman parte las municipalidades, naturalmente tiene que conservar una especie de supervigilancia. Esta es la única forma de entender racionalmente el capítulo XIII de la Constitución, que se refiere al "Gobierno y administración interior del Estado" e incorpora a las municipalidades en lo que califica la "administración comunal".

Si al Jefe de Estado le está encomendado "el Gobierno y la administración del Estado", conforme con el artículo 24 de la Constitución, no cabe la menor duda de que tiene algún grado de vinculación con los municipios y ésta no puede ser otra que la supervigilancia.

En el informe de la Comisión se han calificado, por unanimidad, casi todas las normas del proyecto de ley como orgánicas constitucionales, lo que a todas luces es un error, por cuanto sólo revisten tal característica aquellas que versan' sobre las materias expresamente señaladas por la Constitución.

Pienso que la calificación de la Comisión no es correcta, por cuanto la sola lectura del texto del proyecto permite afirmar que muchas de sus normas no son disposiciones "orgánicas constitucionales", sino que simplemente leyes simples.

La Constitución determina qué materias son propias de una ley orgánica constitucional. Sólo la esencia de tales materias y el complemento indispensable es de dicha naturaleza. Todo lo demás es propio de una ley simple, sin quorum especial.

Es importante destacar que el razonamiento anterior no es baladí o superfluo, por cuanto incide directamente en las mayorías que se requieren hoy y que se exigirán mañana, en el futuro, para modificar este cuerpo legal.

La calificación de si una norma es o no materia de una ley orgánica constitucional, sobre la base del criterio definido por la Constitución, es una facultad privativa del Parlamento, no sujeta a revisión o control por el Tribunal Constitucional. Este no puede inmiscuirse en una atribución exclusiva que atañe a la esencia de la función política.

He hecho la anterior reflexión por cuanto no es conveniente ni menos constitucionalmente procedente hacer interpretaciones extensivas en relación a materias de excepción, que racionalmente son restrictivas.

Creo que aquí, en la calificación efectuada por la Comisión hoy en problema de hermenéutica constitucional. Se está siguiendo, para interpretar la Constitución, los artículos 19 a 24 del título preeliminar del Código Civil, que establecen precisas reglas de interpretación de la ley, no de la Constitución; y, lo que es más grave, se está efectuando una aplicación de tales normas con un predominio del elemento gramatical, lo que petrifica la labor del intérprete.

Si aplicamos un criterio de coherencia axiológica o teleológica para interpretar qué materias son propias de una ley orgánica constitucional municipal, tenemos que hallar los valores, preferencias, fines y objetivos que se propone la norma general máxima, esto es la Constitución, con esta nueva clase de leyes en nuestro ordenamiento jurídico.

La Constitución eleva las mayorías para la aprobación y modificación de estas leyes, pero en los aspectos esenciales o complementos necesarios o racionales de dicha materia. Todo lo demás escapa a los fines y objetivos de la Constitución, ya que ésta exige que el núcleo central, y sólo éste, de una determinada materia, sea sometida a mayorías superiores a las normales.

Como bien ha dicho el Tribunal Constitucional: "No ha estimado necesario nuestro sistema jurídico definir el alcance conceptual de ley orgánica constitucional.

Queda por tanto al intérprete determinar en cada caso su contenido específico diferenciándola, por una parte, de los preceptos constitucionales y sus leyes interpretativas y, por la otra, de la ley común. Esa tarea permitirá establecer, tanto dicho contenido imprescindible, como sus elementos complementarios indispensables, esto es, aquellos elementos que, lógicamente, deben entenderse incorporados en el rango propio de esa determinada ley orgánica constitucional. Sentencia de 26 de noviembre de 1981, dictada al ejercer el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica el Código de Comercio, Rol 4, considerando 4e".

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Habiendo finalizado el debate, corresponde votar.

En votación general la reforma municipal.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto. Se entiende que con este quorum quedan también aprobadas las normas de ley orgánica constitucional, que son casi todos los artículos del proyecto, salvo el número 10 bis, del artículo 5°, las dos letras del artículo 12 y los artículos 16,17 y 18.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Artículo 1°

1.- De los Diputados señores Montes, Aguiló y Letelier, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La autonomía de las municipalidades estará regulada por la ley, la que establecerá los correspondientes controles de legalidad a los actos que de ella emanen.".

Artículo 3°

2.- De los Diputados señores Longton, Cantero y Rodríguez, don Claudio, para sustituir en la letra e) la palabra "inciso final" por "inciso penúltimo".

3.- De los mismos señores Diputados para agregar la siguiente letra f):

"f) Agregar el siguiente inciso final:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, esta legislación común vigente o futura no podrá menoscabar, entrabar o imposibilitar el cumplimiento de una función o el ejercicio de una atribución esencial contemplada en la presente ley.".

Artículo 4°

De los Diputados señores Longton, Recondo y Rodríguez, don Claudio, para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 6° por los siguientes:

"Artículo 6°.- Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado, siempre que ello no importe el traspaso de sus funciones, atribuciones o potestades.

Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, que impliquen la ejecución de acciones, con la misma limitación del artículo anterior.

De los Diputados señores Ulloa, Masferrer, Bombal y Leay, para reemplazar en el inciso quinto la palabra "presentes" por "en ejercicio".

De los Diputados señores Longton, Recondo y Rodríguez, don Claudio para eliminar en el inciso final la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, letra k)".

Artículo 5°

De los Diputados señores Longton, Cantero y Rodríguez don Claudio, para sustituir la letra b) por la siguiente:

"b) Un cuarenta por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15 de la ley N° 17.235; un cincuenta por ciento del derecho por permisos de circulación de vehículos que establece el artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979; la totalidad de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979 y 140 de la ley N° 17.105, excepto la Municipalidad de Santiago, que le corresponderá el cuarenta y cinco por ciento, y las Municipalidades de Providencia y Las Condes, con el sesenta y cinco por ciento, respectivamente, de las patentes antes señaladas.".

De los mismos señores Diputados para agregar el siguiente inciso a la letra h):

"En todo caso, los aportes que les otorguen los gobiernos regionales no serán incorporados al patrimonio municipal.".

Del señor Diputado Elizalde, para eliminar en el inciso segundo del artículo 11 la frase ", el cual está integrado por los siguientes recursos:".

Del Diputado señor Elizalde, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La constitución de estos fondos, se integrará con diferentes recursos establecidos en la Ley de Rentas Municipales.

Del Diputado señor Elizalde, para eliminar los numerales 2, 3, 4 y 5.

Del Diputado señor Elizalde, para sustituir los numerales 3, 4 y 5 y agregar un 6 del siguiente tenor:

3. Un 70% del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece el decreto ley N° 3.063, de 1979, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.

4. Un 50% de lo que recauden todas las municipalidades, con la excepción de los municipios de Santiago, Las Condes y Providencia por pago de patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto N° 3.063, de 1979 y 140 de la ley N° 17.105.

5. Un 55% de lo que recaude la municipalidad de Santiago y un 75% de lo que recauden las municipalidades de Las Condes y Providencia, por pago de patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979 y 140 de la ley N° 17.105.

6. Otros ingresos que la ley respectiva disponga.

Artículo 6°

Del Diputado señor Elizalde, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La constitución de este fondo se integrará con diferentes recursos establecidos en la Ley de Rentas Municipales.".

Artículo 7°

De los Diputados señores Longton y Cantero, para eliminar la letra b),

Del Diputado señor Dupre para eliminar la letra b).

De los Diputados señores Cantero y Longton, para reemplazar el artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7°.- Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

"a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa de la municipalidad, y".

Artículo 10

Del Diputado señor Dupré para suprimirlo.

De los Diputados señores Cantero y Longton, para eliminar este artículo.

De la Comisión de Hacienda para sustituir el artículo 24 bis por el siguiente:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes. En las comunas con población inferior, la organización interna de los municipios podrá también incluir un administrador municipal, según lo requiera la municipalidad, de acuerdo a la determinación que efectúe el concejo a proposición del alcalde.

El administrador municipal será designado por el alcalde, con el acuerdo del concejo, dependerá directamente de aquel y requerirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres a lo menos. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo, el administrador municipal sólo podrá ser removido por el alcalde, con el acuerdo del concejo, o directamente por el concejo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a)Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo;

b)Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todos los organismos municipales, de acuerdo a las instrucciones del alcalde;

c)Velar por el adecuado funcionamiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d)Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad a esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo al reglamento interno de la municipalidad.

Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal.".

De los Diputados señores Longton y Cantero, para modificar el artículo 24 bis en la forma siguiente:

a)En el inciso tercero sustituir las expresiones "el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales" por "la presente ley,", y

b)En la letra b) del inciso cuarto sustituir la expresión "organismos" por el término "unidades".

Artículo 12

De los Diputados señores Cantero y Longton, para sustituir el artículo 12 por el siguiente:

"Artículo 12.- Agrégase al inciso segundo del artículo 32 lo siguiente:

"Sin embargo, el alcalde podrá contratar hasta 3 personas que, sin ser funcionarios, ejercerán empleos en directa vinculación con él y cuya remuneración no podrá ser superior al cargo equivalente en la planta".

De los Diputados señores Cantero y Longton, para agregar el siguiente artículo 12 bis:

"Artículo 12 bis. Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. Sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización que corresponden al concejo, al alcalde y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia, el ingresó y la inversión de los fondos municipales serán fiscalizados por la Contraloría General de la República, para lo cual podrá efectuar auditorías e inspecciones específicas.

La Contraloría General podrá, además, dictar normas técnicas generales a las unidades de control de las municipalidades, para el cumplimiento de las funciones que esta ley les encomienda en relación con el ingreso e inversión de los fondos municipales.

En el ejercicio de sus funciones de control de legalidad del ingreso e inversión de los fondos municipales, la Contraloría deberá emitir dictámenes jurídicos con el objeto de velar por la correcta aplicación de las normas que regulan estas materias.".

De los Diputados señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para eliminar el artículo 38.

Del Diputado señor Fantuzzi, para agregar al final del artículo 38 el siguiente inciso nuevo:

"Con todo, los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores, que como consecuencia de la aplicación de este artículo debieran abandonar el servicio por pedírseles renuncia, y no puedan impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrán optar por continuar desempeñándose en un cargo de extinción adscrito a la respectiva municipalidad, pudiendo ser destinados a cualquier departamento para cumplir labores propias de su profesión o especialidad.

Si el funcionario renunciare la alternativa señalada, cesará en sus funciones, recibiendo una indemnización especial y extraordinaria equivalente a un mes de la última remuneración más asignaciones, por cada año de servicio en la municipalidad, con un tope de 8 meses.

Este beneficio será compatible con las indemnizaciones que les correspondan por el cese de funciones, y no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

Del Diputado señor Navarrete, para suprimir el artículo 38 en todas sus partes, y reemplazarlo por el siguiente:

Artículo 38.- Todos los funcionarios municipales encasillados en la planta como titulares, serán considerados como funcionarios de carrera. No existirá, en consecuencia, ningún cargo de la exclusiva confianza del Alcalde.

Sin embargo, existirá una planta especial de empleos en directa vinculación con el despacho del Alcalde, que serán de su exclusiva confianza, que serán designados y removidos por el Alcalde.

Esta planta especial de cargos no se considerará parte de la dotación máxima autorizada a la municipalidad respectiva, y estará compuesta de 3 profesionales, 3 administrativos y 3 auxiliares en las municipalidades que tengan 10 concejales, dos profesionales, 2 administrativos y 2 auxiliares, en las que tengan 8 concejales, y un profesional, un administrativo y un auxiliar en aquellas en que existan 6 concejales.

Los funcionarios adscritos de esta Planta Especial no podrán percibir una remuneración superior a la que recibe el profesional, administrativo o auxiliar ubicado en el tope del respectivo escalafón.".

Artículo 15

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 50, las expresiones "contratos" por "contratos a que se refiere el artículo 31", y agregar la siguiente frase final: "No obstante, al asumir el cargo no podrá tener contratos vigentes de ninguna especie.".

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para agregar en el inciso final del artículo 51, después de la expresión "En todo caso,", las expresiones "salvo en el dispuesto en la letra d)".

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para eliminar su letra a).

Artículo 16

De los Diputados señores Bombal, Leay, Masferrer, y Ulloa, para eliminar, en su letra d) la frase "los dos tercios de".

Artículo 17

De los Diputados señores Bombal, Leay y Ulloa, para agregar, en el inciso primero, después del punto seguido (.), la siguiente frase: "Sin embargo, previa aprobación del concejo, el alcalde podrá.."

Del Diputado señor Dupré, para sustituir los incisos primero y segundo, por los siguientes:

"Artículo 52.- El Alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el concejal que él designe. En los casos de impedimento el Concejo determinará la subrogancia.

La convocatoria y providencia del Concejo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, la deberá ejercer el concejal que el Concejo determine.

Cuando la determinación deba adoptarla el Concejo y se produjere empate en dos votaciones consecutivas, se sorteará entre los concejales empatados.".

Artículo 18

Del Diputado señor Navarrete, para agregar al artículo 53 la siguiente letra nueva:

"Comprometer gastos con cargo al Presupuesto Municipal de hasta un 10% del Presupuesto de Inversión en casos de emergencia, previa autorización escrita del Gobernador Provincial respectivo.".

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para eliminar su letra a).

De los Diputados señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para eliminar su letra c).

Artículo 20

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir su letra a) por la siguiente:

"a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, así como los programas de inversión correspondientes.".

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir su letra g) por la siguiente:

"g) Al aprobar el presupuesto, el concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio."

De la Comisión de Hacienda, para sustituir su letra g) por la siguiente:

"g) Al aprobar el presupuesto el concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley.".

Artículo 22

Del Diputado señor Horvath, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"En todo caso, entre los patrocinantes no se contabilizarán los correspondientes a afiliados a partidos políticos que superen el 5% del porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.".

Artículo 60

Del Diputado señor Navarrete, para reemplazar su letra b) por la siguiente:

"b) acreditar haber cursado, a lo menos, enseñanza media completa.".

Artículo 65

Del Diputado señor Dupré para sustituir sus incisos primero y segundo, por el siguiente:

"Artículo 65.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante será proveída por el Concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante.".

Artículo 66

Del Diputado señor Navarrete, para eliminar la letra g) en todas sus partes, y reemplazarla por la siguiente:

"g) Aprobar o modificar las prioridades propuestas por el Alcalde en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal, y".

Artículo 68

De los Diputados señores Cantero y Longton para sustituir las expresiones

"letra b) del artículo 66" por "letra a) del artículo 55".

Artículo 71

De los mismos señores Diputados para eliminar las expresiones "dentro de la lista mayoritaria".

Artículo 72

Del Diputado señor Navarrete, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

"El quórum para sesionar será el 50 por ciento de los concejales en ejercicio.".

De los mismos señores Diputados para sustituir el inciso tercero, por el siguiente:

"Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se citará a una nueva sesión en la que se votará. Si se mantiene dicho empate, se entenderá rechazada la proposición.".

Al artículo 73

De los mismos señores Diputados para agregar el siguiente inciso segundo:

"Los gastos de funcionamiento del concejo serán de cargo fiscal.".

Al artículo 76

De los señores Diputados Rodríguez, don Claudio; Longton y Cantero, para eliminar las expresiones "de otras representativas".

Artículo 77

De los señores Diputados Montes y Letelier, para reemplazar en las letras a), b) y c), los guarismos "Doce", "Dieciocho" y "Veinticuatro" por "Veinticuatro", "Treinta y seis" y "Cuarenta y ocho", respectivamente.

Artículo 78.

De los señores Diputados Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para crear uno nuevo:

"Artículo 78. Del número total de integrantes de cada Consejo, un tercio será elegido por las Juntas de Vecinos legalmente constituidas, un tercio será distribuido por partes iguales entre las organizaciones comunitarias funcionales y el último tercio de entre las organizaciones de actividades productivas de bienes y actividades relevantes existentes en la comuna."

De los señores Diputados Rodríguez, don Claudio, Cantero y Longton, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 78. Del número total de integrantes de cada consejo un tercio corresponderá a las organizaciones comunitarias de carácter territorial, un tercio a las organizaciones territoriales de carácter funcional y un tercio a las actividades relevantes.".

Artículo 79.

De los señores Diputados Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para intercalar entre las palabras "profesionales" y "se considerarán" la frase "y las organizaciones laborales".

De los mismos señores Diputados, para eliminar el último inciso.

De los señores Diputados Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 79. Son organizaciones comunitarias de carácter territorial, para los efectos de esta ley, las juntas de vecinos, las organizaciones de regantes y asociaciones de propietarios, por cuyo intermedio se organizan los vecinos con el objeto de promover el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio respectivo y de colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades, siempre que se encuentren constituidas como personas jurídicas que no persiguen fines de lucro.

Son organizaciones comunitarias de carácter funcional, para los efectos de esta ley, aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tengan por objeto representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas. Entre éstas se podrán considerar a las instituciones de educación de carácter privado, los centros de padres y apoderados, los centros culturales y artísticos, los cuerpos de bomberos, los centros de madres, los grupos de transferencia tecnológica, las organizaciones privadas del voluntariado, los clubes deportivos y de recreación, las organizaciones juveniles y otras que promuevan la participación de la comunidad en su desarrollo social y cultural.

Tendrán el carácter de actividades relevantes, para los efectos de esta ley, aquellas que en mayor medida contribuyan al desarrollo económico de la comuna o agrupación de comunas".

Artículo 80.

De los mismos señores Diputados, para agregar, después de las palabras "comuna respectiva" la frase "y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna".

De los mismos señores Diputados, para corregir error, pues menciona artículo 77 debiendo ser el 78.

Artículo 81.

De los señores Diputados Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para agregar en el encabezamiento del inciso segundo, después de la palabra "organizaciones" la expresión "comunitarias", y agregar el siguiente inciso final:

"Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades que consideren relevantes sólo podrán inscribirse cuando acrediten el cumplimiento del requisito señalado en la letra b) del inciso anterior."

Artículo 82.

De los mismos señores Diputados, para agregar, después de la palabra "organizaciones", las dos veces que se menciona, las expresiones "y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna.

Artículo 83.

De los señores Diputados Cantero, Longton y Rodríguez don Claudio, para agregar, después de la palabra "organización" y "entidad" las expresiones "y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna".

Artículo 84.

De los señores Diputados Cantero, Longton y Rodríguez don Claudio, para agregar en el inciso primero, después de la palabra "organizaciones" la frase "y a las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna", y agregar en el inciso segundo, después de la palabra "organización" la frase "y a las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna".

De los Diputados señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para corregir error pues menciona artículo 77 debiendo ser el 78.

Artículo 85.

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez don Claudio, para agregar después de la letra "a)" las expresiones "b)", precedida de una coma (,).

Artículo 86.

De los mismos señores Diputados, para agregar en el inciso primero, después de la palabra "organizaciones" la frase "y las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes" y eliminar la frase que viene a continuación del punto seguido.

Artículo 87.

De los mismos señores Diputados, para sustituir en la letra b), las expresiones "que corresponda" por "en caso de que corresponda".

Artículo 88.

De los mismos señores Diputados para sustituir en el inciso final, las expresiones "mayoría absoluta" por "dos tercios" y "simple mayoría" por "mayoría absoluta".

Artículo 89.

De los mismos señores Diputados, para eliminar el inciso segundo.

Artículo 92.

Del Diputado señor Navarrete, para suprimir en el inciso segundo la expresión "a lo menos", y para agregar en el mismo inciso después de la palabra "ejercicio", la oración "con un máximo de una por mes".

De los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez don Claudio, para agregar el siguiente inciso final:

"Las sesiones serán siempre públicas.

Artículo 95.

De los Diputados señores Ulloa, Bombal, Leay, Masferrer, para sustituir la palabra "centésimo vigésimo" por "nonagésimo".

Artículo 101.

Del Diputado señor Recondo, para sustituir la expresión "región" por "provincia".

Artículo 114.

De los señores Diputados Longton y Cantero, para agregar en la letra b), el término "Regional" después de la expresión "Director'.

Artículo 116.

De los mismos señores Diputados Longton y Cantero, para agregar en la letra d) el término "Regional" después de la expresión "Director".

Artículo 121. De los señores Diputados Montes, Aguiló, Letelier

Artículo 123.

De los señores Diputados Longton y Cantero, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 123. Las municipalidades no podrán caucionar compromisos contraídos por las corporaciones y fundaciones a que se refiere este Título.".

Artículo 124.

De la Comisión de Hacienda, para sustituir los términos "deberán rendir semestralmente" por "deberán rendir trimestralmente".

Disposiciones transitorias.

Segunda.

De los Diputados señores Longton y Cantero, para eliminar el inciso segundo.

Quinta.

De los señores Diputados Longton y Cantero, para eliminarla.

Del Diputado señor Navarrete, para reemplazar la frase "desde la publicación de esta ley", por la siguiente: "Desde la instalación del primer Municipio en conformidad con los términos de esta Ley.".

Sexta.

De los señores Diputados Longton y Cantero, para eliminarla.

Octava.

De los señores Diputados Longton y Cantero, para eliminarla.

Del Diputado señor Navarrete, para eliminarla en todas sus partes.

Decimoquinta.

Del Diputado señor Dupré, para agregar el siguiente inciso segundo, "En el caso de los Municipios señalados en la Ley N° 18.591 no se constituirán los consejos de desarrollo comunal y sus funciones y atribuciones las ejercerá el Intendente Regional.".

De los señores Diputados Ulloa, Bombal, Leay y Masferrer, para agregar un nuevo artículo decimoquinto que pasa a ser decimosexto:

"Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las 24 hrs. del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección municipal".

Artículo 127.

De los señores Diputados Montes, Aguiló y Letelier, para reemplazar la frase "podrán asociarse para los efectos" por "podrán constituir Asociaciones Municipales para los efectos".

Artículo 128.

De los señores Diputados Montes, Aguiló y Letelier, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Las Asociaciones Municipales tendrán personalidad jurídica propia como Corporaciones de Derecho Público, y no podrán comprometer la responsabilidad de los municipios que las integren más allá de los límites señalados en los acuerdos respectivos. Dichos acuerdos darán lugar a un Estatuto donde se consulte, entre otros aspectos, los siguientes.".

De los señores Diputados Longton y Cantero, para agregar después de la expresión "deberán" la frase "respetar siempre la facultad resolutiva de la municipalidad respectiva y"; sustituir la letra d) por la siguiente: "El municipio que estará a cargo de la coordinación de todos ellos y de su representación frente a los servicios atendidos en forma común".

De los señores Diputados Montes, Aguiló y Letelier, para sustituir la letra d) por la siguiente: "d) El órgano de dirección de la Asociación debe estar constituido por representantes de los municipios que suscriban los acuerdos y el correspondiente Estatuto".

De los señores Diputados Longton y Cantero, para agregar al artículo 29 el siguiente artículo 130:

"Artículo 130. Deróganse todas las disposiciones que tengan, a la fecha de publicación de esta ley, el carácter de orgánico constitucional y que se opongan a sus disposiciones.

Deróganse, asimismo, el artículo 31 del decreto ley N° 575; el decreto con fuerza de ley N° 789, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, de 1978 en todas aquellas materias relativas a las municipalidades y el decreto ley N° 799, también en lo que atañe a las municipalidades.".

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

BOLETIN N° 531-06-2

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a emitiros su segundo informe respecto del proyecto de ley, de origen en un Mensaje, y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Enrique Krauss, Ministro del Interior; Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno; Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Juan Ignacio García, Director del Servicio Electoral; Francisco Fernández y Eduardo Pérez, asesores de la primera de las Carteras anteriormente nombradas.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 128 y 287 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esa H. Cámara, en su sesión de fecha 4 de diciembre próximo pasado, con todas las indicaciones admitidas a discusión en la Sala, sin perjuicio de las modificaciones que la Comisión acuerde introducirle con ocasión de este segundo informe, y debe referirse, expresamente, a las materias siguientes:

1.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

No hay disposiciones que se encuentren en esta situación. Ello, en razón de que el articulado de la iniciativa fue objeto de una indicación de carácter general, patrocinada por el señor Palma, don Andrés, tendiente a sustituir en el artículo único todos los "artículos" de que se compone por el numeral correspondiente a cada uno de éstos.

2.- Artículos suprimidos.

Ninguno de ellos se encuentra en esta situación.

3.- Artículos modificados.

Artículos 1º.-

Fue motivo de una indicación, suscrita por los señores Aguiló, Elgueta, Hamuy y Montes, aprobada por simple mayoría, por la cual se le introduce un inciso tercero que precisa que la autonomía municipal habrá de ejercerse dentro de los límites preceptuados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, como, asimismo, sujeta a los controles formativos y financieros de la Contraloría; ello, sin perjuicio de la reclamación de ilegalidad consagrada en el Título final de la ley Orgánica Constitucional cuya modificación se propone.

Artículo 4º.-

Este artículo fue objeto de una indicación, copatrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta, Hamuy y Montes, aprobada por simple mayoría, por la cual se sustituyen los incisos cuarto y quinto del texto aprobado por la Comisión en su primer informe, por otras normas que reponen, en idénticos términos a los propuestos por el Ejecutivo en su Mensaje, las modificaciones a que habrán de ceñirse la celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones referidos en este artículo, particularmente en lo que dice relación con las ocasiones en que procederán los trámites de licitación pública, licitación privada y contratación directa.

Asimismo, en el seno de la Comisión fue presentada una indicación, aprobada por unanimidad, suscrita por la señora Caraball y los señores Elizalde, Hamuy, Leay, Longton, Montes, Morales y Ortiga, por la cual se le agrega una norma que excluye a los permisos municipales de la aplicación de los preceptos contenidos en los tres primeros incisos de este artículo, especificando que tal materia se regirá por aquellas disposiciones especiales a que hace referencia.

Artículo 5º.-

En el artículo 10 bis, que consulta los distintos rubros que componen el patrimonio municipal, fue presentada una indicación por parte del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y dos abstenciones, que en la letra f), que se refiere a los ingresos recaudados vía tributos, precisa cuáles son éstos.

Artículo 10.-

A la letra b) del inciso cuarto del artículo 24 bis, que se propone agregar a la ley Orgánica Constitucional por esta disposición, fue presentada una indicación patrocinada por los señores Cantero, Hamuy, Longton, Ortiga y Ulloa, aprobada por unanimidad, que clarifica que aquella atribución que se entrega al administrador municipal, en orden a ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización, debe entenderse referida a "todas las unidades municipales y servicios municipalizados", en vez de a "los organismos municipales", como fuera aprobado en el primer informe.

Artículo 15.-

Este artículo, que sustituye la disposición 50 de la ley municipal, fue motivo de una indicación presentada en la Sala, al inciso segundo de esta última, copatrocinada por los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, aprobada por asentimiento unánime y tres abstenciones, que acota que los contratos allí aludidos son aquéllos a que hace referencia al artículo 31 del mismo cuerpo legal y, además, agrega una norma que impide al alcalde, al momento de asumir como tal, tener contratos vigentes, cualquiera sea su especie.

Artículo 17.-

A esta disposición fue presentada en l Sala una indicación, copatrocinada por los señores Bombal, Leay y Ulloa, aprobada por unanimidad, tendiente a hacer obligatoria la aprobación del concejo para que el alcalde pueda designar, en carácter de subrogante, a un funcionario distinto de aquél que le siga en orden de jerarquía dentro del respectivo municipio.

Artículo 20.-

Esta disposición, que modifica el artículo 55 de la ley Orgánica Constitucional en comento, fue objeto de las siguientes indicaciones aprobada por asentimiento unánime:

1.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para reemplazar la letra a) de la aludida norma de dicha ley por otra que entrega al concejo la atribución de aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, como, igualmente, los programas de inversión respectivos (presentada en la Sala).

2.- De los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta y Montes, para sustituir aquella norma relativa a la letra k) del artículo 55 de la ley, por otra, que repone el texto consultado en el Mensaje para la misma, esto es, hace necesario el acuerdo del concejo para que el alcalde puede prescindir del trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 6º, dejando fuera de dicho trámite obligatorio la aprobación de los contratos respectivos.

3.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir la modificación consultada en la letra g) por otra, que precisa que el concejo, en la aprobación del presupuesto, habrá de velar porque en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos, no pudiendo aumentar el presupuesto de gastos que el alcalde haya presentado, sino tan sólo disminuirlo o modificar su distribución, sin perjuicio de aquellos gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por la municipalidad.

Artículo 23.-

1.- En el artículo 61 que, entre otros, se propone por esta disposición, fue presentada una indicación, aprobada por simple mayoría, copatrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta y Montes, que repone, en los mismos términos contenidos en el Mensaje, los inhabilidades consultadas en su letra a) para ser candidato a concejal.

2.- En el artículo 66, que se ocupa de las facultades que se otorgan al concejo, se aprobaron las siguientes indicaciones:

a) Una, suscrita por los señores Cantero, Elizalde, Hamuy y Longton, por la cual se elimina la referencia que, en su letra b), se efectúa "al alcalde" (por unanimidad).

b) Otra, patrocinada por los señores Elizalde, Hamuy y Montes, por la que se complementa aquella contemplada en su letra d) en el sentido de que, en el cumplimiento de la labor de fiscalización de las actuaciones del alcalde, puede someter a la consideración de la Contraloría General de la República, en forma directa, los actos, omisiones y resoluciones que, a su modo de ver, infrinjan las leyes y reglamentos, como, asimismo, poner en conocimiento de la justicia aquellos hechos que revistan el carácter de delito (asentimiento unánime y tres abstenciones).

c) Una última, presentada por los mismos señores Diputados consignados en la letra a) precedente, y complementada, a iniciativa de los señores Leay y Montes, además de los ya indicados, mediante la cual se consagra la atribución del concejo de brindar su acuerdo para otorgar y cambiar de nombre a los bienes municipales y de uso público que se encuentren bajo la administración municipal, como, igualmente, respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales ubicados dentro de su territorio (por simple mayoría y una abstención).

3.- En el artículo 67,que obliga al concejo y al alcalde, dentro de sus respectivas esferas de acción, a aprobar presupuestos debidamente financiados y, como contrapartida, la responsabilidad solidaria de aquéllos que hayan concurrido con su voto favorable a la resolución que infrinja tal imperativo, en la parte deficitaria, fue motivo de una indicación aditiva por parte del señor Elgueta, aprobada por unanimidad y una abstención, que concede acción popular para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad.

4.- En el artículo 73, que trata de la dieta que tendrán derecho a percibir los concejales, por cada sesión a la que asistan, fue presentada una indicación por parte del Ejecutivo, aprobada por simple mayoría, por la que se fijan tres tramos para su determinación -de una, una y media y dos U.T.M., en base al número de habitantes que posea la comuna o agrupación de comunas de que se trate, la que no será imponible.

Artículo 24.-

1.- En el artículo 76, que se propone incorporar a la ley municipal, dentro de un Título IV nuevo, fue presentada en la Sala una indicación, copatrocinada por los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, aprobada por unanimidad, que eliminó la frase "de otras representativas" para efectos de dar mayor precisión al objeto del consejo económico y social comunal que, por esta norma, se crea.

2.- En los artículo 80 y 84 fueron aprobadas, por unanimidad, sendas indicaciones presentadas en la Sala por los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, por las cuales se modifica la referencia que, en ambos, se efectúa al artículo 77, haciéndola al 78.

3.- En el artículo 85 se presentó en la Sala una indicación, copatrocinada por los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, aprobada por unanimidad, por la que se agrega, después de la letra a), la expresión "y b), a fin de no excluir un requisito que es procedente para el caso de que se trata.

4.- En el artículo 87 se presentó, igualmente en la Sala, una indicación, copatrocinada por los mismos señores Diputados, aprobada por unanimidad, que establece que el requisito de tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento, para ser miembro del consejo económico y social, es exigible sólo en caso que corresponda.

Asimismo, en el seno de la Comisión, fue presentada una indicación, suscrita por el señor Aguiló, aprobada por mayoría de votos y tres abstenciones, que agrega una norma que posibilita que las personas que hayan sido condenadas por delito que merezca pena aflictiva, luego de transcurrido el término contemplado en el artículo 105 del Código Penal, contado desde el cumplimiento de la pena respectiva, puedan ser miembros del consejo económico y social.

5.- En el artículo 89 se presentó una indicación en la Sala, patrocinada por los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, aprobada por simple mayoría, que suprime aquella norma que obliga al reemplazo de aquel suplente que deba asumir como consejero titular, por parte del estamento respectivo.

6.- En el artículo 92, relativo a los distintos tipos de sesiones que puede celebrar el consejo económico y social comunal, se presentó una indicación, copatrocinada por los señores Cantero, señora Caraball, Longton, Ortiga y Ulloa, aprobada por asentimiento unánime, que prescribe que aquéllas serán públicas.

Artículo 25.-

1.- En el artículo 94 que, en su inciso segundo, exceptúa a las elecciones municipales de la aplicación de los artículos 31 y 31 bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, fue presentada una indicación, copatrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta, Hamuy, Montes y Ortiga, aprobada por unanimidad y seis abstenciones, por la cual se hace precisamente aplicable a tal situación esta normativa.

2.- En el artículo 96, que posibilita que dos o más partidos políticos que formen parte de un pacto electoral puedan acordar una federación o un subpacto en las elecciones de concejales, de aplicación en todas aquellas regiones donde uno, a lo menos, de tales partidos se encuentre constituido legalmente, fue presentada una indicación, de carácter general, patrocinada por la señora Caraball y los señores Elizalde, Hamuy y Ortiga, aprobada por unanimidad y seis abstenciones, mediante la cual se suprime la palabra "federación" en esta norma y en todo el resto del articulado donde se haga referencia a ella.

3.- En el artículo 99, que se refiere al patrocinio de las declaraciones de candidaturas de independientes a concejal, fue presentada una indicación por la señora Caraball y los señores Elizalde, Hamuy y Horvath, aprobada por unanimidad y una abstención, por la que se preceptúa que en este caso no se contabilizarán aquellos patrocinantes afiliados a partidos políticos que superen el cinco por ciento del porcentaje mínimo exigido para estos efectos.

4.- En el artículo 111, inciso primero, que trata de la elección directa de alcalde, fue presentada una indicación, copatrocinada por los señores Cantero, señora Caraball, Elgueta, Elizalde y Hamuy, aprobada por simple mayoría y una abstención, que excluye a los votos en blanco y a los nulos para el cálculo del 35% requerido para ser electo.

Artículo 26.-

En el artículo 115, que contiene el procedimiento para convocar a plebiscito comunal, el contenido de la convocatoria, los efectos del resultado del mismo y la época de suspensión de las inscripciones electorales en la comuna, fue presentada una indicación por la señora Caraball y los señores Elizalde, Hamuy y Montes, aprobada por asentimiento unánime, que proscibe de estos actos la propaganda electoral por televisión, como, asimismo, excluye la aplicación en los mismos de la formativa contenida en los artículos 31 y 31 bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 27.-

1.- En el artículo 121 que se propone consultar en la ley Orgánica Constitucional en comentario fue presentada, en la Sala, una indicación suscrita por los señores Aguiló, Letelier y Montes, aprobada por unanimidad, por la cual se elimina el requisito exigido para las personas jurídicas de derecho privado de no perseguir fines de lucro, para formar parte de las corporaciones y fundaciones que surjan de acuerdo al nuevo Título VII que se propone incorporar al referido cuerpo legal.

2.- En el artículo 123, que permite que las municipalidades otorguen aportes y subvenciones a aquellas corporaciones y fundaciones de las que formen parte, fue aprobada, por unanimidad, una indicación suscrita por los señores Cantero, Elgueta y Longton, por la que se precisa que ello debe entenderse en concordancia con lo preceptuado en el artículo 55, letra g), esto es, con el acuerdo previo del concejo.

3.- En el artículo 127, inciso primero, que, en líneas generales, posibilita que dos o más municipios puedan asociarse en aras de facilitar la solución de problemas comunes o aprovechar en mejor formalos recursos con que cuentan, fue aprobada por simple mayoría y una abstención, una indicación, presentada en la Sala, patrocinada por los señores Aguiló, Letelier y Montes, que reemplaza esta facultad de "asociarse" por la de "constituir asociaciones municipales".

4.- En el artículo 128, que trata de las cláusulas esenciales que deben contener los convenios destinados a crear asociaciones municipales, fue presentada al encabezamiento de su inciso primero una indicación, copatrocinada por los señores Aguiló, señora Caraball, Elgueta, Hamuy, Letelier y Montes, aprobada por simple mayoría, que prescribe que tales entidades gozarán de personalidad jurídica, pudiendo ser ésta de derecho público o de derecho privado, según el caso, quedando limitada la responsabilidad de las municipalidades que las conforman hasta el monto consignado en el acuerdo correspondiente.

Asimismo, a la letra d) de este inciso se presentó en la Sala una indicación sustitutita, suscrita por los señores Aguiló, Letelier y Montes, aprobada por simple mayoría, por la que se señala que el órgano directivo de la asociación estará constituido por representantes de las municipalidades suscriptoras de los acuerdos y del correspondiente estatuto.

5.- En el artículo 129, que obliga a consultar en los respectivos presupuestos municipales los recursos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones de municipalidades, fueron aprobadas las siguientes indicaciones:

a) Una, copatrocinada por la señora Caraball y el señor Hamuy, por la cual se precisa que tal exigencia debe entenderse referida a "la parte que corresponda al aporte municipal" (por unanimidad).

b) Otra, presentada por el Ejecutivo, que prohíbe a estas asociaciones contraer deudas que superen los recursos consultados en los presupuestos municipales correspondientes, como, asimismo, impide que las municipalidades que creen estos entes puedan afianzar o garantizar las deudas que éstos contraigan, sin que sea posible deducir acción de cobro alguna contra aquéllas.

Disposiciones transitorias.-

1.- En la primera, que señala la época en que el Presidente de la República habrá de convocar a elecciones de concejales y el efecto de dicho acto en la inscripción en los registros electorales, fue presentada una indicación por el Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime y tres abstenciones, que sustituye su texto por otro que fija el día 28 de junio del próximo año como fecha de realización de esta primera elección, como, asimismo, prescribe que la aludida suspensión de inscripciones se verificará ciento veinte días antes a tal fecha.

2.- En la segunda, que trata del período en que los secretarios municipales deberán mantener abiertos los registros destinados a la inscripción de las entidades que participarán en las elecciones de miembros de los consejos económicos y sociales, y el requisito mínimo de antigüedad de un año de aquéllas, se presentó por parte del Ejecutivo una indicación, aprobada por igual quórum de votación que la anterior, que introduce una adecuación de carácter formal con el propósito de mantener sus alcances.

3.- En la sexta, que alude a la realización de esta primera elección municipal, a realizarse antes del 30 de junio del año venidero, fue aprobada una indicación, por asentimiento unánime y tres abstenciones, patrocinada por el Ejecutivo, por la cual se suprime la referencia a la aludida fecha, con el propósito de conciliar su texto con aquél aprobado, en este trámite, para la primera disposición transitoria, según se vio.

4.- En la séptima que, en su inciso segundo, relaciona la época en que habrá de ser publicada la resolución del Servicio Electoral que determina el número de concejales a elegir en cada comuna y el de patrocinantes de candidaturas independientes, con la convocatoria a que se refiere la disposición primera transitoria, también fue objeto de una indicación por parte del Ejecutivo, con similares finalidades a las comentadas precedentemente, aprobada por igual quórum de votación.

5.- En la novena, que permite a las directivas de los partidos políticos suscribir pactos electorales, en las condiciones que indica, el Ejecutivo hizo presente una indicación tendiente a extender dicha posibilidad a la formación de subpactos, la que fuera aprobada por unanimidad.

6.- En la décima, que se refiere a la aceptación o rechazo por parte del Director del Servicio Electoral de las candidaturas que hubieren sido declaradas; al procedimiento de reclamación de aquélla ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente; al sorteo que habrá de efectuarse, de conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la ley Nº 18.700, y a los plazos en que deberán enmarcarse cada una de dichas actuaciones, fue presentada una indicación por parte del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y tres abstenciones, que precisa y regula en detalle, con algunas modificaciones que se desprenden de su simple lectura, tales materias.

4.- Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó revisar el pronunciamiento evacuado con ocasión del primer informe, concluyendo, en definitiva, que toda la formativa que compone la iniciativa en estudio posee el carácter de orgánico constitucional.

5.- Artículos nuevos introducidos.-

En esta situación se encuentran los siguientes:

a) El 130, propuesto introducir en el artículo 27 del proyecto, que tiene su origen en una indicación, copatrocinada por los señores Dupré, señora Caraball, Hamuy, Letelier, aprobada por unanimidad y seis abstenciones, por la cual se excluye de la aplicación de las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1990, a los servicios de agua potable de propiedad de los municipios en lo que respecta a sus transferencias de dominio o ventas de sus derechos de explotación, y

b) La decimoquinta transitoria, introducida con motivo de una indicación, aprobada por simple mayoría y tres abstenciones, suscrita por los señores Bombal, señora Caraball, Hamuy, Leay, Longton, Morales y Ulloa, cuya finalidad es facultar a los alcaldes elegidos de conformidad a esta ley, de los municipios de reciente creación en la región metropolitana, para que, dentro del plazo que indica, provean, mediante concurso público, los cargos no traspasados de sus municipalidades matrices y que se encuentren fijados en las correspondientes plantas determinadas en los decretos con fuerza de ley que en su texto se indican.

6.- Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Para los efectos reglamentarios pertinentes, cabe señalar que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los artículos 10 bis (de su artículo 5º) y 73 (de su artículo 23).

7.- Indicaciones rechazadas.

Al artículo único.-

Del señor Palma, don Andrés, del tenor siguiente:

"En el ARTICULO UNICO, sustitúyanse todos los "artículos" del proyecto por el numeral correspondiente al número del artículo.".

Cabe hace presente que la Comisión rechazó, por unanimidad, esta indicación por estimar que, si bien mejoraba la metodología empleada para clasificar las modificaciones que se propone introducir a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no es menos cierto que ello implicaría introducir un elemento de confusión, en la medida que en el Mensaje se empleó una nomenclatura similar a la adoptada por la Comisión en su primer informe, para facilitar, precisamente, la comprensión de aquél.

Por otra parte, debe recordarse que el Congreso Nacional tramitó y despachó las llamadas "leyes Cumplido" y la ley de pesca" utilizando un sistema muy parecido.

Al artículo 1º.-

De los señores Montes, Aguiló y Letelier, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La autonomía de las municipalidades estará regulada por la ley, la que establecerá los correspondientes controles de legalidad a los actos que de ella emanen." (por unanimidad).

Al artículo 3º.-

1.- De los señores Longton; Cantero y Rodríguez, don Claudio, para sustituir en la letra e) la palabra "inciso final" por "inciso penúltimo" (por simple mayoría).

2.- De los mismos señores Diputados, para agregar la siguiente letra f):

"f) Agregar el siguiente inciso final:

"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior esta legislación común vigente o futura no podrá menoscabar, entrabar o imposibilitar el cumplimiento de una función o el ejercicio de una atribución esencial contemplada en la presente ley." (por simple mayoría).

Al artículo 4º.-

1.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 6º de la ley Orgánica por los siguientes:

"Artículo 6º.- Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado, siempre que ello no importe el traspaso de sus funciones, atribuciones o potestades.

Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, que impliquen la ejecución de acciones, con la misma limitación del artículo anterior." (por simple mayoría).

2.- De los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para reemplazar en el inciso quinto del mismo artículo 6º la palabra "presentes" por "en ejercicio" (por simple mayoría).

3.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para eliminar en el inciso final del mismo artículo la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 letra k)" (por unanimidad).

Al artículo 5º.-

1.- Del señor Palma, don Andrés, del siguiente tenor:

"a) Que el actual artículo 10 bis pase a ser artículo 11.

b) Suprimir el artículo 11 propuesto." (por una unanimidad).

2.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir la letra b) del mismo artículo 10 bis que se propone introducir a la ley municipal, por la siguiente:

"b) Un cuarenta por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15 de la ley Nº 17.235; un cincuenta por ciento del derecho por permisos de circulación de vehículos que establece el artículo 12 del decreto ley Nº 3.063, de 1979; la totalidad de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley Nº 3.063, de 1979 y 140 de la ley Nº 17.105, excepto la Municipalidad de Santiago, que le corresponderá el cuarenta y cinco por ciento, y las Municipalidades de Providencia y Las Condes, con el sesenta y cinco por ciento, respectivamente, de las patentes antes señaladas." (por unanimidad).

De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente inciso a la letra h):

"En todo caso, los aportes que les otorguen los Gobiernos Regionales no serán incorporados al patrimonio municipal." (por simple mayoría).

Al artículo 6º.-

Sendas indicaciones, la primera suscrita por el señor Dupré, la segunda por los señores Cantero y Longton, y la tercera por el señor Palma, don Andrés, para eliminar la letra b) del artículo 12 de la ley municipal (por simple mayoría y una abstención).

Al artículo 7º.-

De los señores Cantero y Longton, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 7º.- Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

"a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa de la municipalidad, y" (por simple mayoría).

Al artículo 10.-

1.- Sendas indicaciones, la primera del señor Dupré, la segunda del señor Palma, don Andrés, y la tercera de los señores Cantero y Longton, para suprimirlo (simple mayoría y una abstención).

2.- De la comisión de Hacienda, para sustituir el artículo 24 bis propuesto introducir en la ley Orgánica Municipal, por el siguiente:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en las comunas cuya población sea superior a cien mil habitantes. En las comunas con población inferior, la organización interna de los municipios podrá también incluir un administrador municipal, según lo requiera la municipalidad, de acuerdo a la determinación que efectúe el concejo a proposición del alcalde.

El administrador municipal será designado por el alcalde, con el acuerdo del concejo, dependerá directamente de aquél y requerirá estar en posesión de un título profesional de ocho semestres a lo menos. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo, el administrador municipal sólo podrá ser removido por el alcalde, con el acuerdo del concejo, o directamente por el concejo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo;

b) Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todos los organismos municipales, de acuerdo a las instrucciones del alcalde;

c) Velar por el adecuado funcionamiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d) Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad a esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo al reglamento interno de la municipalidad.

De los señores Cantero y Longton, para agregar el siguiente artículos 12 bis:

"Artículo 12 bis.- Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42.- Sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización que corresponden al concejo, el alcalde y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia, el ingreso y la inversión de los fondos municipales serán fiscalizados por la Contraloría General de la República, para lo cual podrá efectuar auditorias e inspecciones específicas.

La Contraloría General podrá, además, dictar normas técnicas generales a las unidades de control de las municipalidades, para el cumplimiento de las funciones que esta ley les encomienda en relación con el ingreso e inversión de los fondos municipales.

En el ejercicio de sus funciones de control de legalidad del ingreso e inversión de los fondos municipales, la Contraloría deberá emitir dictámenes jurídicos con el objeto de velar por la correcta aplicación de las normas que regulan estas materias." (por simple mayoría y dos abstenciones).

**********

Al artículo 16.-

1.- De los señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para agregar en el inciso final del artículo 51 de la ley Nº 18.695, después de la expresión "En todo caso", las expresiones "salvo en el dispuesto en la letra d)" (por unanimidad).

2.- De los mismos señores Diputados para eliminar la letra a) de dicho artículo (por unanimidad).

3.- De los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para eliminar, en la letra d) del mismo, la frase "los dos tercios de" (simple mayoría y una abstención).

Al artículo 17.-

Del señor Dupré, para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 52 de la ley municipal, por los siguientes:

"Artículo 52.- El Alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el concejal que él designe. En los casos de impedimento el Concejo determinará la subrogancia.

La convocatoria y providencia del Concejo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, la deberá ejercer el concejal que el Concejo determine.

Cuando la determinación deba adoptarla el Concejo y se produjere empate en dos votaciones consecutivas, se sorteará entre los concejales empatados." (por unanimidad).

De los señores Huele y Palma, don Andrés, para agregar como inciso cuarto del mismo artículo 52, el siguiente:

"Se considerará causal de incapacidad temporal el hecho de que el alcalde sea sometido a proceso por causa derivada del incorrecto ejercicio de su cargo." (por unanimidad y una abstención).

Al artículo 18.-

Sendas indicaciones, la primera, suscrita por los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, y la segunda, por los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para eliminar su letra a) (por simple mayoría).

Al artículo 20.-

1.- Del señor Palma, don Andrés, para suprimir su letra g) (por unanimidad).

2.- De la Comisión de Hacienda, para sustituir su letra g) por la siguiente:

"g) Al aprobar el presupuesto el concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentados por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley." (por unanimidad.

Al artículo 23.-

1.- De los señores Cantero; Longton; Rodríguez, don Claudio, y Ulloa, al artículo 59 que por esta normas se introduce a la ley Nº 18.695, para agregar en su inciso final la expresión "Regional" después del término "Director" (por unanimidad).

2.- Del señor Navarrete, al artículo 60 que se propone introducir a la ley en referencia, para reemplazar su letra b) por la siguiente:

"b) acreditar haber cursado, a lo menos, enseñanza media completa." (por unanimidad y dos abstenciones).

Asimismo, de los señores Cantero; Longton; Rodríguez, don Claudio, y Ulloa, para sustituir esta letra por la siguiente:

"b) Haber aprobado la enseñanza básica;" (por simple mayoría).

3.- De los mismos señores Diputados, al artículo 64 que se incorpora, para agregarle lo siguiente:

"La resolución del concejo será apelable para ante la Corte de Apelaciones." (por simple mayoría).

4.- Del señor Dupré, al artículo 65, para sustituir sus incisos primero y segundo, por el siguiente:

"Artículo 65.- Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante será proveída por el Concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante." (por unanimidad).

5.- Del señor Navarrete, al artículo 66 que se propone integrar, para eliminar su letra g) en todas sus partes, y reemplazarla por la siguiente:

"g) Aprobar o modificar las prioridades propuestas por el Alcalde en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal, y" (por unanimidad y dos abstenciones).

6.- De la Comisión de Hacienda al artículo 67, para agregar en el inciso segundo, en punto seguido, la frase siguiente:

"Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad. (por unanimidad y una abstención).

De los señores Cantero y Longton, para agregar al mismo artículo 67, el siguiente inciso final:

"Habrá acción pública para los efectos de hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior." (por simple mayoría).

7.- De los mismos señores Diputados, al artículo 68 que se incorpora, para sustituir las expresiones "letra b) del artíclo 66" por "letra a) del artículo 55" (por unanimidad).

8.- De los mismos señores Diputados, al artículo 71, para eliminar las expresiones "dentro de la lista mayoritaria" (por simple mayoría).

9.- Del señor Navarrete, al artículo 72, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

"El quórum para sesionar será el 50 por ciento de los concejales en ejercicio." (por simple mayoría).

De los señores Cantero y Longton, para sustituir el inciso tercero de este artículo 72, por el siguiente:

"Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se citará a una nueva sesión en la que se votará. Si se mantiene dicho empate, se entenderá rechazada la proposición." (por simple mayoría y una abstención).

Al artículo 24.-

De los señores Palma, don Andrés, para suprimirlo (por unanimidad).

1.-De los señores Montes y Letelier, al artículo 77 que se propone incorporar a la ley Nº 18.695, para reemplazar en sus letras a), b) y c), los guarismos "Doce", "Dieciocho" y "Veinticuatro" por "Veinticuatro", "Treinta y seis" y "Cuarenta y ocho", respectivamente (por simple mayoría).

**********

De los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para introducir un nuevo artículo 78:

"Artículo 78.- Del número total de integrantes de cada Consejo, un tercio será elegido por las Juntas de Vecinos legalmente constituidas, un tercio será distribuido por partes iguales entre las organizaciones comunitarias funcionales y el último tercio de entre las organizaciones de actividades productivas de bienes y actividades relevantes existentes en la comuna." (por simple mayoría y una abstención).

**********

2.-De los señores Rodríguez, don Claudio, Cantero y Longton, al artículo 78 que se integra, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 78.- Del número total de integrantes de cada consejo un tercio corresponderá a las organizaciones comunitarias de carácter territorial, un tercio a las organizaciones territoriales de carácter funcional y un tercio a las actividades relevantes." (por simple mayoría).

3.- De los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, al artículo 79 que se propone incorporar, para intercalar entre las palabras "profesionales" y "se considerarán" la frase "y las organizaciones laborales" (por simple mayoría y una abstención).

De los mismos señores Diputados, para eliminar el último inciso de este artículo (por simple mayoría y una abstención).

De los señores Cantero, Longton y Rodríguez, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 79.- Son organizaciones comunitarias de carácter territorial, para los efectos de esta ley, las juntas de vecinos, las organizaciones de regantes y asociaciones de propietarios, por cuyo intermedio se organizan los vecinos con el objeto de promover el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio respectivo y de colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades, siempre que se encuentren constituidas como personas jurídicas que no persiguen fines de lucro.

Son organizaciones comunitarias de carácter funcional, para los efectos de esta ley, aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tengan por objeto representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva. Entre éstas se podrán considerar a las instituciones de educación de carácter privado, los centro de padres y apoderados, los centros culturales y artísticos, los cuerpos de bomberos, los centros de madres, los grupos de transferencia tecnológica, las organizaciones privadas del voluntariado, los clubes deportivos y de recreación, las organizaciones juveniles y otras que promuevan la participación de la comunidad en su desarrollo social y cultural.

Tendrán el carácter de actividad relevantes, para los efectos de esta ley, aquellas que en mayor medida contribuyan al desarrollo económico de la comuna o agrupación de comunas" (por unanimidad).

De los señores Cantero, Leay y Ulloa para sustituir el artículo 79 en los mismos términos que los consultados en la indicación precedentemente transcrita, pero, eliminando en su inciso segundo la alusión que allí se efectúa a "los cuerpos de bomberos" (por simple mayoría).

4.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, al artículo 80, para agregar, después de las palabras "comunas respectivas", la frase "y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna" (por simple mayoría).

5.- De los señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, al artículo 81, para agregar en el encabezamiento de su inciso segundo, después de la palabra "organizaciones", la expresión "comunitarias", y agregar el siguiente inciso final:

"Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades que consideren relevantes sólo podrán inscribirse cuando acrediten el cumplimiento del requisito señalado en el letra b) del inciso anterior." (por unanimidad y dos abstenciones).

6.- De los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, al artículo 82, para agregar, después de la palabra "organizaciones", las dos veces que se menciona, las expresiones "y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna" (por unanimidad y dos abstenciones).

7.- De los mismos señores Diputados, al artículo 83, para agregar, después de la palabra "organización" y "entidad", las expresiones " y las personas naturales y jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna" (por unanimidad y dos abstenciones).

8.- De los mismos señores Diputados, al artículo 84, al artículo 84, para agregar en su inciso primero, después de la palabra "organizaciones", la frase "y a las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna", y agregar en el inciso segundo, después de la palabra "organización", la frase "y a las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes dentro de la comuna" (por unanimidad y dos abstenciones).

9.- De los mismos señores Diputados, al artículo 86, para agregar en su inciso primero, después de la palabra "organizaciones", la frase "y las personas naturales o jurídicas que se desempeñen en actividades relevantes" y eliminar la frase que viene a continuación del punto seguido (por unanimidad y dos abstenciones).

10.- De los mismos señores Diputados, al artículo 88, para sustituir en su inciso final, las expresiones "mayoría absoluta" por "dos tercios" y "simple mayoría" por "mayoría absoluta" (por simple mayoría).

11.- Del señor Navarrete, al artículo 92, para suprimir en su inciso segundo la expresión "a lo menos", y para agregar en el mismo inciso, después de la palabra "ejercicio", la oración "con un máximo de una por mes" (por unanimidad y cuatro abstenciones).

También a este artículo, de los señores Cantero; Longton y Rodríguez, don Claudio, para agregar el siguiente inciso final:

"Las sesiones serán siempre públicas." (por unanimidad).

Al artículo 25.-

1.- Del Ejecutivo, al artículo 94, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"En todo caso, no habrá lugar a propaganda electoral por televisión en las elecciones municipales." (por unanimidad y seis abstenciones).

2.- De los señores Ulloa, Bombal, Leay y Masferrer, al artículo 95, para sustituir la palabra "centésimo vigésimo" por "nonagésimo".

3.- Del señor Rebolledo, al artículo 96, para suprimirlo (por simple mayoría y cinco abstenciones).

De los señores Cantero, Horvath, Longton y Morales, al mismo artículo 96, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 96.- En las elecciones de concejales, dos o más partidos políticos y candidatos independientes podrán acordar un pacto electoral. A su vez, uno o más partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, que formen parte de un pacto podrán acordar una federación o un subpacto, que regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes se encuentren legalmente constituidos.

A la formalización de un pacto, federación o subpacto electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos cuarto y quinto del artículo 3º bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios." (por simple mayoría).

4.- Del señor Rebolledo, al artículo 97, para eliminar la frase "y de las eventuales federaciones o subpactos que se acuerden" (por unanimidad y seis abstenciones).

De los señores Cantero, Longton y Morales, al mismo artículo 97, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 97.- Las declaraciones de candidaturas a concejales que presenten los partidos políticos o los pactos electorales y las eventuales federaciones o subpactos que se acuerden, deberán formalizarse en un solo acto ante el Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido por el artículo 95 para la declaración de candidaturas. Tales declaraciones podrán incluir tantos candidatos como concejales corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de comunas.

En el caso de las declaraciones de candidaturas de partidos políticos, los candidatos de la lista deberán estar afiliados a un mismo partido. Tratándose de pacto electoral, federación o subpacto, las declaraciones de candidaturas podrán incluir candidatos afiliados a cualquiera de los partidos integrantes del pacto y candidato independiente. Estos últimos podrán a su elección, ser patrocinados por un partido político los que los asimilará a los miembros de éste." (por mayoría de votos).

5.- Del señor Rebolledo, al artículo 98, para suprimirlo (por unanimidad y cuatro abstenciones).

De los señores Cantero, Longton y Morales, al mismo artículo 98, para intercalar después del punto seguido las expresión siguientes:

"En caso de los independientes incorporados a un pacto, subpacto o federación, junto a su nombre, se expresará su calidad de tales." (por simple mayoría).

6.- Del señor Recondo, al artículo 101, para sustituir la expresión "región" por "provincia" (por unanimidad).

7.- De los señores Cantero, Longton y Morales, al artículo 109, para intercalar entre las expresiones "federaciones o subpactos" y "según sea el caso", lo siguiente: "y los independientes asimilados a los primeros o integrantes de los segundos" (por simple mayoría).

Del señor Rebolledo, al mismo artículo 109, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 109.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista en que se hayan establecido pactos entre partidos, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos.

El total de votos válidamente obtenidos por cada partido, se dividirá por 1, 2, 3, 4, etc., hasta formar por cada uno de los partidos tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la lista. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe el ordinal correspondiente al último de los cargos a elegir por la lista, será el cuociente de los partidos de la misma.

El total de votos de cada partido, deberá dividirse por dicho cuociente para determinar cuántos cargos corresponde elegir al respectivo partido.

Dentro de cada partido los candidatos preferirán entre sí según el número de votos que hubieren obtenido." (por simple mayoría y cinco abstenciones).

8.- Del señor Rebolledo, al artículo 110, para eliminar en su inciso segundo, las palabras "federaciones o subpactos" (por simple mayoría y cinco abstenciones).

Del señor Horvath, al mismo artículo 110, para eliminar en su inciso segundo la parte final, ubicada a continuación de su punto seguido (por simple mayoría).

De los señores Cantero, Longton y Morales, también el artículo 110, para sustituir, en su inciso segundo, el párrafo que viene a continuación del punto seguido, por el siguiente:

"En tal caso y para los efectos de determinar los cargos a elegir por la lista, en conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, cada candidato independiente no patrocinado por un partido político, sumará separada e individualmente." (por simple mayoría).

9.- Del señor Montes, al artículo 111, para introducir entre las expresiones "válidamente emitidos" y "la respectiva elección", entre comas, la frase "incluidos los votos blancos y nulos" (por simple mayoría y una abstención).

Del señor Horvath, al mismo artículo 111, para eliminar en su inciso primero la siguiente frase: "y siempre que integre la lista más votada" (por simple mayoría y una abstención).

Al artículo 26.-

Del señor Palma, don Andrés, para suprimirlo (por unanimidad).

1.- De los señores Cantero y Longton, al artículo 114 que reemplaza el artículo 83 de la ley Nº 18.695, para agregar en su letra b) el término "Regional", después de la expresión "Director" (por simple mayoría y una abstención).

2.- Del Ejecutivo, al artículo 115, para agregar el siguiente inciso final:

"En materia de plebiscitos municipales, se observará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 94" (por unanimidad).

3.- De los señores Cantero y Longton, al artículo 116, que sustituye el artículo 85 del referido cuerpo legal, para agregar en su letra d) el término "Regional", después de la expresión "Director" (por simple mayoría y una abstención).

Artículo 27.-

Del señor Palma, don Andrés, para suprimirlo (por unanimidad).

1.- De la Comisión de Hacienda, al artículo 124 que se propone incorporar a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para sustituir los términos "deberán rendir semestralmente" por "deberán rendir trimestralmente" (por unanimidad).

2.- De los señores Longton y Cantero, al artículo 128, para agregar, después de la expresión "deberán", la frase "respetar siempre la facultad resolutiva de la municipalidad respectiva y"; sustituir la letra d) por la siguiente: "El municipio que estará a cargo de la coordinación de todos ellos y de su representación frente a los servicios atendidos en forma común" (por simple mayoría y una abstención).

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De los señores Longton y Cantero, para consultar un artículo 29, que comprenda el siguiente artículo 130:

"Artículo 130.- Deróganse todas las disposiciones que tengan, a la fecha de publicación de esta ley, el carácter de orgánico constitucional y que se opongan a sus disposiciones.

Derógase, asimismo, el artículo 31 del decreto ley Nº 575; el decreto con fuerza de ley Nº 789, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, de 1978 en todas aquellas materias relativas a las municipalidades y el decreto ley Nº 799, también en lo que atañe a las municipalidades.".

**********

Cabe hacer presente que la Comisión rechazó, por unanimidad, sendas indicaciones suscritas por el señor Palma, don Andrés, donde se efectuaban adecuaciones de numeración de Títulos y artículos consultados en la ley en proyecto, como consecuencia de aquellas proposiciones formuladas por el mismo señor Diputado tendientes a suprimir normas de ella, y que, como se vio, también fueron rechazadas por similar quórum de votación.

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A las disposiciones transitorias.-

1.- Del señor Palma, don Andrés, para "suprimir la segunda, tercera, cuarta y quinta, pasando las sexta a decimoquinta a ser segunda a undécima" (por unanimidad).

2.- De los señores Longton y Cantero, para eliminar la quinta (por simple mayoría y una abstención).

3.- De los señores Leay y Ulloa, para suprimir la octava (por simple mayoría).

De los señores Longton y Cantero, para eliminarla (por simple mayoría).

Del señor Navarrete, para eliminarla en todas sus partes (por simple mayoría).

4.- Del señor Dupré, para agregar el siguiente inciso segundo en la duodécima, "En el caso de los Municipios señalados en la Ley Nº 18.591 no se constituirán los consejos de desarrollo comunal y sus funciones y atribuciones las ejercerá el Intendente Regional." (por simple mayoría).

De los señores Bombal, Leay, Masferrer y Ulloa, para agregar un nuevo artículo decimoquinto que pasa a ser decimosexto:

"Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las 24 horas del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección municipal" por unanimidad).

8.- Indicaciones declaradas inadmisibles

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en uso de la facultad que el inciso primero que la última de estas disposiciones otorga al Presidente de la Comisión respectiva y para los fines también allí previstos, se consignan, a continuación, las siguientes indicaciones declaradas inadmisibles:

1.- De la Comisión de Hacienda, al artículo 5º del proyecto, para agregar en el número cinco del artículo 11 que se propone a la ley Nº 18.695, después del término "Providencia", las siguientes expresiones, precedidas de una coma: "Vitacura, Lo Barnechea".

2.- De los señores Cantero, Longton y Morales, al mismo artículo 11 de la ley, para agregar el siguiente inciso segundo en su número dos:

"En todo caso, el Fisco no podrá hacer aportes directos a los municipios, sino por el mecanismo establecido en este artículo, salvo que se trate de programas nacionales de beneficio comunal en que los aportes tengan un destino específico.".

3.- Del señor Elizalde, para eliminar en el inciso segundo del artículo 11 la frase ", el cual está integrado por los siguientes recursos:".

Del mismo señor Elizalde, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La constitución de estos fondos, se integrará con diferentes recursos establecidos en la Ley de Rentas Municipales.

Del mismo Diputado, para eliminar los numerales 2, 3, 4 y 5.

También del señor Elizalde, para sustituir los numerales 3, 4 y 5 y agregar un 6 del siguiente tenor:

"3.- Un 70% del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.

4.- Un 50% de lo que recauden todas las municipalidades, con la excepción de los municipios de Santiago, Las Condes y Providencia por pago de patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley Nº 3.063, de 199, y 140 de la ley Nº 17.105.

5.- Un 55% de lo que recaude la municipalidad de Santiago y un 75% de lo que recauden las municipalidades de Las Condes y Providencia, por pago de patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, y 140 de la ley Nº 17.105.

6.- Otros ingresos que la ley respectiva disponga.".

Del mismo señor Diputado, para agregar el siguiente inciso tercero:

"La constitución de este fondo se integrará con diferentes recursos establecidos en la Ley de Rentas Municipales.".

4.- De los señores Cantero y Longton, para sustituir el artículo 12 del proyecto el siguiente:

"Artículo 12.- Agrégase al inciso segundo del artículo 32 lo siguiente:

"Sin embargo, el alcalde podrá contratar hasta 3 personas que, sin ser funcionarios, ejercerán empleos en directa vinculación con él y cuya remuneración no podrá ser superior al cargo equivalente en la planta".

5.- Del señor Fantuzzi, para agregar al final del artículo 38 de la ley -consultado en el artículo 12 del proyecto- el siguiente inciso nuevo:

"Con todo, los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores, que como consecuencia de la aplicación de este artículo debieran abandonar el servicio por pedírseles renuncia, y no puedan impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrán optar por continuar desempeñándose en un cargo de extinción adscrito a la respectiva municipalidad, pudiendo ser destinados a cualquier departamento para cumplir labores propias de su profesión o especialidad.

Si el funcionario renunciare la alternativa señalada, cesará en sus funciones, recibiendo una indemnización especial y extraordinaria equivalente a un mes de la última remuneración más asignaciones, por cada año de servicio en la municipalidad, con un tope de 8 meses.

Este beneficio será compatible con las indemnizaciones que les correspondan por el cese de funciones, y no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

"Artículo 12.- Agrégase al inciso segundo del artículo 32 lo siguiente:

"Sin embargo, el alcalde podrá contratar hasta 3 personas que, sin ser funcionarios, ejercerán empleos en directa vinculación con él y cuya remuneración no podrá ser superior al cargo equivalente en la planta".

5.- Del señor Fantuzzi, para agregar al final del artículo 38 de la ley -consultado en el artículo 12 del proyecto- el siguiente inciso nuevo:

"Con todo, los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores, que como consecuencia de la aplicación de este artículo debieran abandonar el servicio por pedírseles renuncia, y no puedan impetrar el beneficio de la jubilación por falta de requisitos, podrán optar con continuar desempeñándose en un cargo de extinción adscrito a la respectiva municipalidad, pudiendo ser destinados a cualquier departamento para cumplir labores propias de su profesión o especialidad.

Si el funcionario renunciare la alternativa señalada, cesará en sus funciones, recibiendo una indemnización especial y extraordinaria equivalente a un mes de la última remuneración más asignaciones, por cada año de servicio en la municipalidad, con un tope de 8 meses.

Este beneficio será compatible con las indemnizaciones que les correspondan por el cese de funciones, y no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

6.- Del señor Navarrete, para suprimir el antes mencionado artículo 38 en todas sus partes, y reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 38.- Todos los funcionarios municipales encasillados en la planta como titulares, serán considerados como funcionarios de carrera. No existirá, en consecuencia, ningún cargo de la exclusiva confianza del Alcalde.

Sin embargo, existirá una planta especial de empleos en directa vinculación con el despacho del Alcalde, que serán de su exclusiva confianza, que serán designados y removidos por el Alcalde.

Esta planta especial de cargos no se considerará parte de la dotación máxima autorizada a la municipalidad respectiva, y estará compuesta de 3 profesionales, 3 administrativos y 3 auxiliares en las municipalidades que tengan 10 concejales, dos profesionales, 2 administrativos y 2 auxiliares, en las que tengan 8 concejales, y un profesional, un administrativo y un auxiliar en aquellas en que existan 6 concejales.

Los funcionarios adscritos de esta Planta Especial no podrán percibir una remuneración superior a la que recibe el profesional, administrativo o auxiliar ubicado en el tope del respectivo escalafón.".

7.- Del mismo señor Navarrete, para agregar al artículo 53 -consultado en el artículo 18 de la iniciativa en informe- la siguiente letra nueva:

"Comprometer gastos con cargo al Presupuesto Municipal de hasta un 10% del Presupuesto de Inversión en casos de emergencia, previa autorización escrita del Gobernador Provincial respectivo.".

8.- De los señores Cantero, Longton y Navarrete, para adicionar una nueva letra al antes referido artículo 53, del siguiente tenor:

"Comprometer gastos con cargo al presupuesto municipal, con cargo a la inversión en casos de emergencia, previa autorización del concejo.".

9.- De los señores Cantero y Longton, al artículo 73 de la ley municipal, para agregar el siguiente inciso segundo:

"Los gastos de funcionamiento del consejo serán de cargo fiscal.".

10.- Del señor Navarrete, a la quinta disposición transitoria, para reemplazar la frase "desde la publicación de esta ley", por la siguiente "Desde la instalación del primer Municipio en conformidad con los términos de esta Ley.".

11.- Del señor Palma, don Andrés, para agregar el siguiente artículo transitorio (nuevo):

"El primer período de gestión municipal iniciado luego de la aprobación de esta ley, culminará noventa días después del 14 de diciembre de 1995, fecha en que se deberán realizar elecciones generales de alcaldes y concejales.".

**********

Además de las modificaciones resultantes de las indicaciones aprobadas, vuestra Comisión introdujo al proyecto otras de carácter meramente formal, que no se comentan especialmente por ser obvias y sencillas.

*********

Por todas las consideraciones expuestas y las que os dará a conocer el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"ARTÍCULO UNICO.- Introdúcense a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las modificaciones contenidas en los artículos siguientes:

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º por el siguiente:

"Artículo 1º.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

La autonomía municipal se ejercerá dentro de los ámbitos de la legalidad a que se refieren los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, de los controles formativos y financieros de la Contraloría General de la República, y sin perjuicio del reclamo de ilegalidad del Título final de esta ley.".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

"Artículo 2º.- Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo. Cada municipalidad contará, además, con un consejo económico y social comunal de carácter consultivo.".

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º en los siguientes términos:

a)Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá asignar y cambiar la denominación de tales bienes, como, asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales en el territorio bajo su administración.".

b) Reemplázanse en la letra g), la coma (,) y la conjunción "y" finales, por un punto y coma (;) y, en la letra h), el punto final (.) por un punto y coma (;).

c) Agrégase la siguiente letra i):

"i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en estas corporaciones se regirá por las normas establecidas en el párrafo primero del Título VII, y".

d) Agrégase la siguiente letra j):

"j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.".

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las reglas establecidas en el párrafo 2º del Título VII.".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

"Artículo 6º.- Para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado o participar en corporaciones de derecho público en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios.

Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que impliquen la ejecución de acciones determinadas, siempre que ello no importe el traspaso de sus funciones o potestades.

Podrán, con la misma limitación antedicha, otorgar concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.

La celebración de los contratos y el otorgamiento de las concesiones a que aluden los incisos precedentes, se hará previa licitación pública en el caso que el monto de las obligaciones o el valor de los bienes involucrados exceda de trescientas unidades tributarias mensuales.

Si el monto de las obligaciones o el valor de los bienes fuere superior a cien y hasta trescientas unidades tributarias mensuales, se llamará a propuesta privada a la que deberá concurrir personas interesadas debidamente inscritas en los registros de contratistas que, para estos efectos, llevará la municipalidad. Igual procedimiento se aplicará cuando, no obstante tratarse de obligaciones o bienes cuyo valor exceda de trescientas unidades tributarias mensuales, concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo.

Si el monto de las obligaciones o el valor de los bienes no excediere de cien unidades tributarias mensuales, no podrá proceder mediante contratación directa.

Con todo, lo dispuesto en los incisos anteriores no será aplicable a los permisos municipales, los cuales se regirán por lo establecido en los artículos 30 y 53, letra g), de esta ley.".

Artículo 5º.- Agrégase el siguiente párrafo 3º, nuevo, al Título I, pasando el actual 3º a ser 4º, eliminándose el actual artículo 11.

"Párrafo 3º.

Patrimonio y financiamiento municipales.

Artículo 10 bis.- El patrimonio de las municipalidades estará constituido por :

a) Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;

b) El aporte que les otorgue el presupuesto del Gobierno Regional respectivo;

c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;

d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen;

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de su dependencia;

f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, comprendiéndose dentro de tales tributos el impuesto territorial establecido en la ley Nº 17.235, el permiso de circulación de vehículos consagrado en el decreto ley Nº 3063, de 1979, y las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 de dicho decreto ley y 140 de la ley Nº 17.105;

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y

h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.".

Artículo 11.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.

Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes recursos:

1.- Un sesenta por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15 de la ley Nº 17.235;

2.- El aporte fiscal que conceda para este efecto la ley de Presupuestos de la Nación;

3.- Un cincuenta por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 12;

4.- Un cuarenta y cinco por ciento de lo que recaude la Municipalidad de Santiago por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, y 140 de la ley Nº 17.105, y

5.- Un sesenta y cinco por ciento de lo que recauden las Municipalidades de Providencia y de Las Condes por pago de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, y 140 de la ley Nº 17.105.

La distribución de este Fondo se sujetará a los criterios y normas establecidos en la ley de Rentas Municipales.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 12 en los siguientes términos:

a) Sustitúyese, en el inciso primeo, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo", y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá existir en las municipalidades un administrador municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 bis.".

Artículo 7º.- Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

"a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo, y".

Artículo 8º.- Sustitúyese, en el inciso primero y en las letras a) y c) del inciso segundo del artículo 17, la frase "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 9º.- Sustitúyese, en la letra a) del artículo 18, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 10.- Agrégase el siguiente artículo 24 bis:

"Artículo 24 bis.- Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo, a proposición del alcalde.

El cargo de administrador municipal se proveerá por concurso público, dependerá directamente del alcalde y requerirá estar en posesión de un título profesional acorde con la función. A este cargo no se accederá por ascenso.

Sin perjuicio de las causales de cese de funciones aplicables a los funcionarios municipales de acuerdo con el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el administrador municipal sólo podrá ser removido con el acuerdo del concejo, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Al administrador municipal le corresponderá:

a) Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las instrucciones del alcalde y los acuerdos del concejo;

b) Ejecutar tareas de coordinación y de fiscalización de todas las unidades municipales y servicios municipalizados, de acuerdo a las instrucciones del alcalde;

c) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad, y

d) Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad con esta ley, y las demás funciones que se le encomienden de acuerdo con el reglamento interno de la municipalidad.

Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal.".

Artículo 11.- Reemplázase en los artículos 28, 42 y 46, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

Artículo 12.- Introdúcense a los artículos 35 y 38 las siguientes modificaciones:

a) Agrégase, en el inciso primero del artículo 35, a continuación del punto (.), la siguiente frase final: "Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.".

b) Incorpórase el siguiente artículo 38:

"Artículo 38.- Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario municipal, secretario comunal de planificación y coordinación y en aquéllos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, desarrollo comunitario, obras municipales y el asesor urbano.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos de director de obras y de secretario comunal de planificación y coordinación deberán llenarse por concurso público. La remoción de cualquiera de ellos se hará a propuesta del alcalde con el acuerdo del concejo.

Los funcionarios de exclusiva confianza serán designados y removidos por el alcalde. Se exceptúa el secretario municipal, quien será nombrado por el alcalde con el acuerdo de la mayoría del concejo, adoptado a proposición en terna de aquél, y removido con el acuerdo de las tres quintas partes de dicho concejo.".

Artículo 13.- Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

"Artículo 48.- El alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá se reelegido.".

Artículo 14.- Reemplázase el artículo 49 por el siguiente:

+"Artículo 49.- El alcalde asumirá sus funciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 68.".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente:

"Artículo 50.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, el cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes de educación básica, media o superior, que no sean municipales de la misma comuna o agrupación de comunas, hasta el límite de doce horas semanales.

Asimismo, no podrán ejercer el cargo de alcalde las personas que, por sí o como representantes de otra persona, natural o jurídica, tengan pendientes o celebren con la municipalidad respectiva contratos a que se refiere el artículo 31, cauciones o litigios en calidad de demandantes, a la fecha de inscribir su candidatura. No obstante, al asumir el cargo no podrá tener contratos vigentes de ninguna especie.".

Artículo 16.- Introdúcense, en el artículo 51, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:

"b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente, declarada por acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo;".

b)Suprímese la letra c).

c) Reemplázase la letra d) por la siguiente, que pasa a ser c):

"c) Remoción por impedimento gravo o notable abandono de sus deberes, acordada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo, y".

d)Suprímese la letra e).

e) Reemplázase la letra f), que pasa a ser d), por la siguiente:

"d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo.".

f) Agrégase el siguiente inciso final:

"En todo caso, la cesación en el cargo de alcalde traerá aparejada la de concejal, debiendo procederse a la provisión del cargo vacante, según lo establecido en el artículo 65, previamente a la elección del nuevo alcalde, salvo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 111 de esta ley.".

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente:

"Artículo 52.- El alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa aprobación del concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el concejo, la que deberá ser ejercida en todo caso, por un concejal, de conformidad a con lo dispuesto por el artículo 70.

Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a un mes, el concejo designará, de entre sus miembros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los concejales presentes en la sesión respectiva.

En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo alcalde que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los concejales, de acuerdo con las normas del artículo 111, luego de haberse llenado la vacante de concejal de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 65 de esta ley.

La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará al efecto al concejo con cinco días de anticipación, a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido el alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.".

Artículo 18.- Modifícase el artículo 53 en la forma que a continuación se indica:

a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Nombrar y remover a los funcionarios que tengan la calidad de exclusiva confianza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.".

b) Intercálase la siguiente letra g):

"g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales;".

c) Sustitúyese la letra m) por la siguiente:

"m) Convocar y presidir el concejo, y".

d) Elimínase la letra n), pasando la actual letra ñ) a ser letra n), sustituyéndose el guarismo "82" por "113".

Artículo 19.- Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- El alcalde deberá consultar al concejo para efectuar la designación de delegados a que se refiere el artículo 57 y para designar como alcalde subrogante a un funcionario distinto del que correspondiere de acuerdo con el orden jerárquico dentro de la municipalidad.".

Artículo 20.- Modifícase el artículo 55 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en su inciso primero, la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo".

b) Reemplázase la letra a), por la siguiente:

"a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, así como los programas de inversión correspondientes;".

c) En la letra d), reemplázase la expresión "Establecer" por "Aplicar".

d) Reemplázase la letra j) por la siguiente:

"j) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo 25;".

e) Sustitúyese la letra k) por la siguiente:

"k) Omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de esta ley, y".

f) Sustitúyese la letra l) por la siguiente:

"l) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal, en conformidad con lo dispuesto en el Título VI.".

g) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Al aprobar el presupuesto, el concejo deberá velar que en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio.".

Artículo 21.- En el artículo 56, sustitúyese la expresión "consejo de desarrollo comunal" por la frase "concejo y al consejo económico y social comunal".

Artículo 22.- Sustitúyese la oración final del inciso primero del artículo 57 por la siguiente: "Tal designación podrá recaer en un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 60 y no estén en la situación prevista por el inciso segundo del artículo 50.".

Artículo 23.- Sustitúyese el Título III por el siguiente:

"TITULO III.

DEL CONCEJO.

Artículo 58.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter formativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley.

Artículo 59.- Los concejos estarán integrados por concejales elegidos por votación proporcional, en conformidad con esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Cada concejo estará compuesto por:

a) Seis concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta setenta mil electores;

b) Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil electores, y

c) Diez concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de más de ciento cincuenta mil electores.

El número de concejales por elegir en cada comuna o agrupación de comunas, en función de sus electores, será determinado mediante resolución del Director del Servicio Electoral. Para estos efectos, se considerará el padrón electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva. La resolución del Director del Servicio deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes al término del referido plazo de siete meses, contado hacia atrás desde la fecha de la elección.

Artículo 60.- Para ser elegido concejal se requiere:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Saber leer y escribir;

c) Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de comunas, según corresponda, a lo menos en los últimos dos años anteriores a la lección;

d) Tener su situación militar al día, y

e) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece esta ley.

Artículo 61.- No podrán ser candidatos a concejales:

a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República;

b) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, el personal que forme parte de estos órganos, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y

c)Las personas que, por sí o como representantes de otra persona, natural o jurídica, tengan pendientes con la municipalidad respectiva contratos a que se refiere el artículo 31, o tengan cauciones o litigios en calidad de demandantes, a la fecha de inscribir su candidatura.

Artículo 62.- Los cargos de concejales serán incompatibles entre sí y con los de miembros de los consejos regionales y de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad, con excepción de los empleos servidos en educación, salud y servicios municipalizados.

Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:

a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude la letra c) del artículo 61, y

b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra la respectiva municipalidad.

Artículo 63.- Los concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo;

b) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c) Inhabilidad sobreviviente, por alguna de las causales previstas en las letras a) y b) del artículo anterior;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido concejal, y

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior.

Artículo 64.- Corresponderá al concejo la calificación de la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. La resolución del concejo deberá adoptarse en sesión extraordinaria, con el voto favorable de los dos tercios de los concejales, excluida la letra a). Para estos efectos, el secretario municipal citará a sesión extraordinaria, a lo menos, con cinco días de anticipación, por disposición del alcalde o a petición escrita de un tercio de los concejales en ejercicio.

Artículo 65.- Si falleciera o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del concejal que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiera correspondido otro cargo.

En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante.

Los concejales elegidos como independientes no serán reemplazados, a menos que hubieren postulado integrando listas. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo.

El nuevo concejal permanecerá en funciones al término que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser reelegido.

En ningún caso procederán elecciones complementarias.

Artículo 66.- Al concejo le corresponderá:

a) Elegir al alcalde, cuando proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111;

b) Otorgar su acuerdo en las materias que enumera el artículo 55 de esta ley;

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes municipales y la ejecución del presupuesto municipal;

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde, velando por la legalidad y la eficiencia de la gestión municipal, pudiendo poner directamente en conocimiento de la Contraloría General de la República sus actos u omisiones y resoluciones que infrinjan las leyes y reglamentos, y denunciar a los tribunales los hechos constitutitos de delitos en que aquél incurriere;

e) Pronunciarse respecto de las causales de cesación en los cargos de alcalde, concejal y miembro del consejo económico y social comunal;

f) Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones;

g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal;

h) Citar o pedir informe a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia, e

i) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público bajo su administración, existentes en la comuna, como, asimismo, de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales existentes en el territorio comunal.

Artículo 67.- El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél los desequilibrios que advierta en el presupuesto municipal. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar.

En todo caso, frente al incumplimiento de la obligación de aprobar presupuestos debidamente financiados, el alcalde y los concejales que hayan incurrido con su voto favorable a la aprobación de tales presupuestos, serán solidariamente responsables en la parte deficitaria que arroje la ejecución anual presupuestaria al 31 de diciembre del año respectivo. Habrá acción popular para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad.

Artículo 68.- El pronunciamiento del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 66 se realizará de la siguiente manera:

a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 30 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo económico y social comunal, cuando corresponda.

b) El proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal se regirán por los procedimientos específicos establecidos por las leyes vigentes.

c) En las demás materias, el pronunciamiento del concejo deberá emitirse dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha en que sea requerido por el alcalde.

Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde.

Artículo 69.- El concejo se instalará noventa días después de la fecha de la elección respectiva, con la asistencia de la mayoría absoluta de los concejales declarados electos por el Tribunal Electoral Regional competente.

La primera sesión será presidida por el alcalde electo o, en su defecto, por el concejal que haya obtenido individualmente mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria, sorteándose en caso de empate. Actuará como ministro de fe el secretario municipal respectivo.

El secretario municipal procederá a dar lectura al fallo del Tribunal Electoral Regional que dé cuenta del resultado definitivo de la elección en la comuna y tomará a los concejales el juramento o promesa de observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo.

El concejo, en la sesión constitutiva, se abocará a elegir al alcalde, cuando proceda, en la forma establecida en el artículo 111, y a fijar los días y horas de las sesiones ordinarias.

Si la sesión de instalación no se efectuare en la fecha indicada o no se hubieren verificado los actos señalados en el inciso anterior, el concejo deberá continuar sesionando diariamente hasta cumplir con dichos objetivos.

Una copia del acta de la sesión de instalación se remitirá al Gobierno Regional respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la sesión.

Artículo 70.- El concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias deberán efectuarse a lo menos una vez por semana, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del concejo.

Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas por el alcalde o por no menos de un tercio de los concejales en ejercicio y en ellas sólo se tratarán aquellas materias indicadas en la convocatoria.

Las sesiones del concejo serán públicas, salvo las que tengan por objeto tratar materias que afecten a los concejales. La unanimidad de los concejales podrá acordar que determinadas sesiones sean secretas.

Artículo 71.- En ausencia del alcalde, presidirá la sesión el concejal presente que haya obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana dentro de la lista mayoritaria en la elección respectiva, según lo establecido por el Tribunal Electoral Regional.

De no cumplirse lo previsto en el inciso anterior, se pasará, en idénticos términos, a la lista siguiente y así, sucesivamente, hasta determinar el concejal que deba presidir la sesión respectiva.

El secretario municipal, o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de secretario del concejo.

Artículo 72.- El quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva.

Si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se citará a una nueva sesión, en la que se votará. Si se mantiene dicho empate, corresponderá al alcalde el voto dirigente para resolver la materia.

Artículo 73.- Los concejales tendrán derecho a percibir una dieta, por cada sesión a la que asistan, de acuerdo a los tramos que, a continuación, se señalan:

a) Una unidad tributaria mensual, en las comunas o agrupación de comunas de hasta treinta mil habitantes. No pudiendo exceder esta asignación de cuatro unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario;

b) Una coma cinco unidades tributarias mensuales, en las comunas o agrupaciones de comunas de más de treinta mil y hasta cien mil habitantes. No pudiendo exceder esta asignación de seis unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario, y

c) Dos unidades tributarias mensuales, en las comunas o agrupación de comunas de más de cien mil habitantes. No pudiendo exceder estas asignación de ocho unidades tributarias mensuales en el respectivo mes calendario.

Para los efectos de determinar el número de habitantes por comunas o agrupación de comunas establecido en los distintos tramos del inciso anterior, se considerará el censo vigente.

La dieta establecida en este artículo no será imponible.

Artículo 74.- A los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal.

Ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales.

Se entiende que existe dicho interés cuando se resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.

Artículo 75.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias para su funcionamiento, entre las cuales deberán establecerse especialmente aquéllas que regulen las audiencias públicas sobre materias específicas.".

Artículo 24.- Introdúcense el siguiente Título IV, nuevo:

"TITULO IV

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COMUNAL

Artículo 76.- En cada municipalidad habrá un consejo económico y social comunal, compuesto por representantes de la comunidad local organizada. Este consejo será un órgano de cooperación, consulta y asesoría de la municipalidad, que tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Artículo 77.- Los consejos económicos y sociales comunales estarán integrados por consejeros elegidos en conformidad con el sistema establecido en esta ley, los que durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El consejo económico y social comunal estará compuesto por el siguiente número de consejeros:

a) Doce miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta treinta mil habitantes.

b) Dieciocho miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de treinta mil y hasta cien mil habitantes.

c) Veinticuatro miembros, en las comunas o agrupaciones de comunas con más de cien mil habitantes.

Artículo 78.- Del número total de integrantes de cada consejo, la mitad será elegido por las juntas de vecinos legalmente constituidas y la otra mitad será distribuida por partes iguales entre las organizaciones comunitarias funcionales, las organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios y las organizaciones laborales de la comuna.

Artículo 79.- Para los fines señalados en el artículo anterior, se considerarán organizaciones comunitarias funcionales aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea representar y promover valores específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva. Las asociaciones de profesionales se considerarán entre este tipo de organizaciones.

Tendrán el carácter de organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas dedicadas al ejercicio de actividades empresariales dentro de la comuna o agrupación de comunas, sean ellas mineras, agrícolas u otras por las que se pague patente municipal. También tendrán este carácter las empresas constituidas en sociedades y cooperativas existentes en la comuna y que tengan relevancia económica y social, la que será calificada por el concejo.

Tendrán la calidad de organizaciones laborales las de carácter sindical legalmente constituidas y las entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas naturales que no sean empleadoras y que ejecuten por cuenta propia actividades primarias extractivas, exentas del pago de patente municipal.

Artículo 80.- En cada municipalidad deberá abrirse un registro de las organizaciones existentes en la comuna o agrupación de comunas respectivas que, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 y cumpliendo con los requisitos que se señalan en el artículo siguiente, tengan derecho a participar en la elección de los miembros del consejo económico y social comunal.

Artículo 81.- El registro permanecerá abierto entre el nonagésimo y el trigésimo día anterior a aquél en que corresponda renovar por elección popular al concejo de la municipalidad respectiva. Estará a cargo del secretario municipal, el que para tales efectos tendrá la calidad de ministro de fe.

Sólo podrán solicitar su inscripción en el registro las organizaciones que acrediten:

a) Personalidad jurídica vigente, y

b) Domicilio en la comuna o agrupación de comunas, con una antigüedad no inferior a dos años a la fecha de solicitarse la inscripción.

Artículo 82.- El secretario municipal denegará la inscripción de las organizaciones que no reúnan los requisitos señalados en el artículo precedente y, dentro de tercer día de vencido el plazo a que se refiere su inciso primero, publicará, en su diario o periódico de los de mayor circulación en la provincia o región, la nómina de las organizaciones inscritas y de aquéllas cuya solicitud se hubiera denegado. En las comunas donde no hubiese circulación significativa de diarios regionales o provinciales, se fijarán carteles en las sedes municipales, servicios públicos y centros comunitarios.

Artículo 83.- Cualquiera persona podrá reclamar de la inclusión o exclusión indebida de una organización en la nómina a que se refiere el artículo anterior. La reclamación deberá presentarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la nómina, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, el que resolverá, sin ulterior recurso, en el término de quince días, rechazando el reclamo u ordenando la inclusión de la entidad en la referida nómina, según corresponda.

Artículo 84.- Vencido el término a que se refiere el artículo anterior sin que se hubieran presentado reclamaciones o una vez que le sean comunicada la resolución del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el secretario municipal citará a las organizaciones inscritas para que, en el día, hora y lugar que en la propia citación se señale, se constituyan en asamblea a fin de elegir a los miembros del consejo económico y social que a cada estamento corresponda.

Se realizarán asambleas separadas por cada estamento de los señalados en el artículo 78. Cada organización se hará representar en ellas por un delegado que se elegirá por votación directa de sus afiliados.

Los delegados concurrentes a la respectiva asamblea estamental elegirán, por simple mayoría, un presidente de la misma, encargado de ordenar y dirigir la votación para nominar a los representantes al consejo. Será auxiliado en su desempeño por el secretario municipal.

Los representantes serán elegidos por votación directa y nominal de los delegados, cada uno de los cuales sólo podrá votar por un candidato. Resultarán electos quienes obtengan las primeras mayorías individuales, hasta la concurrencia del número de consejeros que le corresponda elegir al respectivo estamento. Un número idéntico, constituido por quienes obtengan las mayorías subsiguientes, será elegido en calidad de suplentes.

En caso de empate de votos, la asignación de el o los cargos respectivos se dirimirá por sorteo.

Del procedimiento de votación podrá reclamar, ante el competente Tribunal Electoral Regional, quien considere infringidas las normas que lo regulan. La reclamación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la celebración de la asamblea y el tribunal se pronunciará sobre ella dentro del quinto día, sin ulterior recurso.

Artículo 85.- En el evento de que, transcurrido el plazo de sesenta días a que alude el inciso primero del artículo 81, no se hubieran inscrito en el registro respectivo más de dos organizaciones que reúnan los requisitos habilitantes o, en su caso, quedaren ejecutoriadas las resoluciones denegatorias de la inscripción de las demás organizaciones que la hubieren solicitado, el concejo procederá a citar a las personas que, reuniendo los requisitos establecidos en las letras a) y b) del propio artículo 81, no estén incorporadas en el registro, a fin de que acrediten sus delegados a las respectivas asambleas.

Artículo 86.- De no ser aplicables la regla prevista en el artículo precedente o si las organizaciones citadas no concurrieren a la asamblea a que se las convoque, el concejo declarará vacantes los cargos no provistos. Este acuerdo deberá adoptarse con el voto favorable de los dos tercios de los concejales en ejercicio.

Un año después de declarados vacantes los cargos, el concejo convocará, de acuerdo con las normas del presente título, a inscribirse en los registros y a llenar los cargos hasta completar el período.

Artículo 87.- Para ser miembro del consejo económico y social se requerirá:

a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señalados en la ley Nº 18.893.

b) Tener un año de afiliación, como mínimo, a una organización del estamento en caso que corresponda, en el momento de la elección;

c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país por más de cinco años, y

d) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito que merezca pena aflictiva.

La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena.

Serán aplicables a los miembros del consejo económico y social comunal las inhabilidades e incompatibilidades que esta ley contempla para los miembros de los concejos en el artículo 61 y en letra b) del artículo 62.

Asimismo, serán incompatibles con los cargos de consejeros regionales, concejales y consejeros provinciales.

Artículo 88.- Los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes causales:

a) Renuncia, aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercicio;

b) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

c) Inhabilidad sobreviviente;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero;

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 62 de esta ley, y

f) Pérdida de la calidad de miembros de la organización que representen.

Corresponderá al concejo calificar y resolver la procedencia de las causales señaladas, con excepción de la prevista en la letra a), por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a petición expresa de la simple mayoría de los consejeros en ejercicio.

Artículo 89.- Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el consejo el respectivo suplente, por el período que reste para completar el cuatrienio que corresponda.

Artículo 90.- El consejo económico y social comunal tendrá las siguiente funciones:

a) Dar su opinión sobre el plan de desarrollo comunal, las políticas de servicios y el programa anual de acción e inversión.

b) Dar su opinión sobre la cuenta anual del alcalde y del concejo.

c) Opinar sobre todas las materias que el alcalde y el concejo sometan a su consideración.

Artículo 91.- El consejo económico y social comunal podrá reunirse de propia iniciativa para estudiar y debatir materias generales de interés local y elevar sus opiniones a conocimiento del alcalde y del concejo.

Artículo 92.- Los miembros elegidos para integrar este consejo celebrarán una sesión constitutiva, la que dará inicio al cuatrienio respectivo, al día siguiente de aquél en que finalice el período legal de los consejeros en ejercicio. En esta misma sesión, se elegirá, de entre sus miembros, un presidente, un vicepresidente y un secretario.

El consejo económico y social comunal se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, cada tres meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con las funciones propias que esta ley encomienda al consejo. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el alcalde o por no menos de un tercio de sus miembros en ejercicio y en ellas sólo podrán tratarse y adoptarse acuerdos respecto de las materias señaladas en la convocatoria.

En ambos casos, el quórum para sesionar será el de la mayoría de los consejeros en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por la misma mayoría.

Artículo 93.- El consejo económico y social comunal determinará las normas necesarias para su funcionamiento interno.

Las sesiones serán públicas.".

Artículo 25.- Agrégase el siguiente nuevo Título V:

"TITULO V

DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Artículo 94.- Para las elecciones municipales, en todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las disposiciones de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y de la ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Serán aplicables a las elecciones municipales los preceptos referidos a las elecciones parlamentarias, contenidos en los artículos 31 y 31 bis de la ley Orgánica Constitucional sobre votaciones Populares y Escrutinios.

Párrafo 1º

De la presentación de candidaturas

Artículo 95.- Las candidaturas a concejales sólo podrán ser declaradas hasta las veinticuatro horas del centésimo vigésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente, ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral. Tales declaraciones podrán incluir hasta tantos candidatos como concejales corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de comunas.

Para estos efectos, cada candidato deberá acompañar una declaración jurada ante un notario público de la comuna respectiva o, en su defecto, ante el oficial del Registro Civil correspondiente, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61. La eventual falsedad en que incurra dará lugar a acción pública para impugnar la elección del candidato, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

En lo demás, las declaraciones de candidaturas se regirán por los artículos 3º, 4º, incisos segundo y siguientes, y 5º de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 96.- En las elecciones de concejales, dos o más partidos políticos que formen parte de un pacto electoral podrán acordar un subpacto, que regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes se encuentren legalmente constituidos.

A la formalización de un subpacto electoral le serán aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos cuarto y quinto del artículo 3º bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 97.- Las declaraciones de pactos electorales y de los eventuales subpactos que se acuerden, deberán formalizarse en un solo acto, ante el Director del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo establecido por el artículo 95 para la declaración de candidaturas.

Artículo 98.- A los subpactos se les individualizará sólo con su nombre, y a cada uno de los partidos políticos suscriptores, con su nombre y símbolo, indicándose a continuación los nombres completos de los candidatos afiliados al respectivos partido. En el caso de los independientes incorporados a un pacto, junto a su nombre se expresará su calidad de tales.

Artículo 99.- Las declaraciones de candidaturas independientes a concejal deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los electores que hayan sufragado en la votación popular más reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva.

En todo caso, entre los patrocinantes no se contabilizarán los correspondiente a afiliados a partidos políticos que superen el cinco por ciento del porcentaje mínimo que establece el inciso anterior.

La determinación del número mínimo necesario de patrocinantes la hará el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con siete meses de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los independientes que postulen integrando pactos no requerirán su patrocinio.

Artículo 100.- El patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante un notario público de la respectiva comuna, por ciudadanos inscritos en los registros electorales de la misma. En aquellas comunas en donde no exista notario público, será competente para certificar el patrocinio el oficial del Registro Civil de la jurisdicción respectiva.

No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas declaraciones de candidaturas independientes. Si ello ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure en la primera declaración hecha ante el Servicio Electoral, y si se presentaren varias simultáneamente, no será válido en ninguna de ellas el patrocinio que se haya repetido.

Párrafo 2º.

De las inscripciones de candidatos.

Artículo 101.- El Director Regional del Servicio Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquél en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación en la región respectiva, aceptar o rechazar las que hubieren sido declaradas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la referida resolución, reclamar de ella ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, el que deberá pronunciarse dentro de quinto día.

Artículo 102.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere el artículo anterior o al fallo ejecutoriado del Tribunal Electoral Regional, en su caso, el Director Regional del Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas en un registro especial. Desde este momento, se considerará que los candidatos tienen la calidad de tales para todos los efectos legales.

En todo caso, el Tribunal Electoral Regional deberá notificar sus resoluciones a los respectivos Directores Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de los reclamos tan pronto como las pronuncie.

Párrafo 3º.

De las mesas receptoras de sufragios.

Artículo 103.- El presidente del colegio escrutador remitirá al Tribunal Electoral Regional y al Director Regional del Servicio Electoral, por intermedio de Correos, el sobre especificado en el artículo 90 de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, dentro de las dos horas siguientes al momento en que lo reciba.

Párrafo 4º.

Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones.

Artículo 104.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones municipales serán practicados por los Tribunales Electorales Regionales, que tendrán, en cuanto les fueren aplicables, todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador de Elecciones en el Título V de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 105.- Para determinar los concejales elegidos, el Tribunal Electoral Regional deberá seguir el procedimiento indicado en los artículos siguientes.

Artículo 106.- Para establecer los votos de lista, el tribunal sumará las preferencias emitidas a favor de cada uno de los candidatos de una misma lista.

Artículo 107.- Para determinar el cuociente electoral, los votos de lista se dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar tanto cuocientes por cada lista como concejales corresponda elegir. Todos estos cuocientes se colocarán en orden decreciente hasta tener un número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

Artículo 108.- Para determinar los candidatos elegidos dentro de cada lista se observarán las siguientes reglas:

1) Si a una lista corresponde igual número de concejales que el de candidatos presentados, se proclamará elegidos a todos éstos.

2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el de los concejales que a la lista corresponda, se proclamará elegidos a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a un pacto electoral, caso ene. Cual se aplicará la norma del artículo siguiente.

3) Si el número de candidatos de alguna lista es inferior al de concejales que le haya correspondido, todos los cargos sobrantes se repartirán entre las demás listas y candidatos independientes como si se tratare de una nueva elección, en la que se aplicará el mismo sistema de cuociente.

4) Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, resultará elegido aquél que haya obtenido el mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o candidaturas independientes, resultará elegido el candidato de la lista o independiente que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el Tribunal Electoral Regional al sorteo del cargo en audiencia pública.

Artículo 109.- Para determinar los candidatos elegidos en una lista en que se hayan establecido pactos entre partidos, o entre partidos y subpactos, se procederá a sumar las preferencias de los candidatos incluidos en cada uno de los partidos y de los subpactos, según sea el caso.

El total de votos válidamente obtenidos por cada partido o subpactos se dividirá por uno, dos, tres, cuatro, etc., hasta formar por cada uno de los partidos o subpactos tantos cuocientes como cargos corresponda elegir a la lista. Todos esos cuocientes se ordenarán en forma decreciente y el que ocupe el ordinal correspondiente al último de los cargos por elegir por la lista será el cuociente de los partidos o subpactos de la misma. El total de votos de cada partido o subpactos deberá dividirse por dicho cuociente para determinar cuántos cargos corresponderá elegir al respectivo partido o subpacto.

Dentro de cada partido o subpacto, los candidatos preferirán entre sí según el número de votos que hubieren obtenido.

Artículo 110.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada postulación o candidatura independiente se considerará como si fuera una lista y tendrá el tratamiento propio de ésta.

Sin embargo, las listas que incluyan pactos entre partidos políticos o subpactos podrán incluir, dentro de la lista, una o más candidaturas independientes. En tal caso, para los efectos de determinar los cargos por elegir por la lista, en conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, los votos de cada candidato independiente se sumarán separadamente e individualmente, como si lo fuera de partido político.

Artículo 111.- Será proclamado alcalde el candidato a concejal que, habiendo obtenido individualmente el mayor número de preferencias, cuente a lo menos con el treinta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, excluidos los votos en blanco y los nulos, en la respectiva elección de concejales y siempre que integre la lista más votada, según lo determine el Tribunal Electoral Regional competente.

De no cumplirse los supuestos establecidos en el inciso anterior, el concejo elegirá al alcalde de entre sus miembros, en votación que se efectuará en su sesión constitutita y por la mayoría absoluta de los concejales elegidos.

De no lograrse la mayoría señalada en el inciso precedente, el concejo repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos concejales que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas en la elección efectuada en el concejo, considerándose las preferencias ciudadanas individualmente obtenidas para dirimir los empates que se produjeren tanto en la primera como en la segunda mayoría relativa.

Si se produjere un empate en esta segunda votación, el cargo de alcalde se ejercerá por cada uno de los concejales empatados, en dos subperíodos de igual duración. El concejal que perteneciere a la lista que hubiere obtenido mayor votación ciudadana escogerá el período por ejercer.

En todo caso, el cargo de alcalde sólo podrá ser ejercido en cada subperíodo por el mismo concejal.

Cualquiera que se la forma de elección del alcalde, su mandato será irrevocable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

Artículo 112.- Dentro de los dos días siguientes a aquél en que su fallo quede a firme, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo y el acta complementaria de proclamación, en lo que se refiere a las respectivas comunas, al intendente y al secretario municipal de cada una de las municipalidades de la provincia. Comunicará, al mismo tiempo, su proclamación a cada uno de los candidatos elegidos.

Una copia completa del fallo y de su acta complementaria se remitirá, además, por el presidente del Tribunal Electoral Regional respectivo, al Ministro del Interior y al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que tomen conocimiento del término del proceso electoral municipal.".

Artículo 26.- Introdúcense, en el Título IV, De los Plebiscitos Comunales, que pasa a ser Título VI, las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese el artículo 82, que pasa a ser 113, por el siguiente:

"Artículo 113.- El alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos siguientes.".

b) Reemplázase el artículo 83, que pasa a ser 114, por el siguiente:

Artículo 114.- Los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la respectiva comuna podrán requerir al alcalde la realización de un plebiscito sobre las materias indicadas en el artículo precedente. Para tales efectos, deberán concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 20% de los ciudadanos inscritos al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificado emitido por el Director del Servicio Electoral.".

c) Sustitúyese el artículo 84, que pasa a ser 115, por el siguiente:

"Artículo 115.- Dentro de décimo día de adoptado el acuerdo del concejo o de decepcionado oficialmente el requerimiento ciudadano en los términos del artículo anterior, el alcalde dictará un decreto para convocar a plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos.

El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a plebiscito. Además, señalará la fecha de su realización, debiendo efectuarse, en todo caso, no antes de sesenta ni después de noventa días, contados desde la publicación de dicho decreto en el Diario oficial.

Los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.

Las inscripciones electorales en la comuna respectiva se suspenderán desde el día siguiente a aquél en que se publique en el Diario Oficial el decreto alcaldicio que convoque a plebiscito y se reanudarán desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al Director del Servicio Electoral el término del proceso de calificación del plebiscito.

En materia de plebiscitos municipales, no habrá lugar a propaganda electoral por televisión y no serán aplicables los preceptos contenidos en los artículos 31 y 31 bis de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.".

d) Sustitúyese el artículo 85, que pasa a ser 116, por el siguiente:

"Artículo 116.- En ningún caso podrá celebrarse más de un plebiscito en una misma provincia, dentro del mismo mes calendario.

El Director del Seravicio Electoral determinará con los alcaldes respectivos la programación de los plebiscitos, de modo que entre uno y otro medien, a lo menos, treinta días.".

e) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 86, que pasa a ser 117, la palabra "seis" por "doce".

f) Sustitúyese el artículo 87, que pasa a ser 118, por el siguiente:

"Artículo 118.- El costo de los plebiscitos comunales será de cargo de la municipalidad respectiva.

g) Agrégase al artículo 88, que pasa a ser 119, el siguiente inciso segundo:

"En todo caso, no habrá lugar a la designación de apoderados en los plebiscitos comunales.".

Artículo 27.- Agrégase el siguiente Título VII:

"TITULO VII.

DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES MUNICIPALES.

Párrafo 1º.

De las corporaciones y fundaciones municipales.

Artículo 120.- Una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y de la cultura.

Estas personas jurídicas se constituirán y regirán por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en esta ley.

Artículo 121.- Las corporaciones y fundaciones a que se refiere este párrafo podrán formarse con una o más personas jurídicas de derecho privado o con otras entidades del sector público.

En todo caso, la creación o participación municipal en estas entidades deberá ser aprobada por el concejo.

Artículo 122.- Las corporaciones y fundaciones que constituyan las municipalidades no podrán establecer un número de directores superiores a cinco. Estos cargos no darán lugar a ningún emolumento por su desempeño.

Asimismo, entre los fines artísticos y culturales que se proponga la entidad, en ningún caso se comprenderán la administración y la operación de establecimientos educacionales o de atención de menores.

Artículo 123.- Las municipalidades podrán otorgar aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de que formen parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 letra g).

En ningún caso las municipalidades podrán caucionar compromisos contraídos por estas entidades.

Artículo 124.- Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones municipales.

Estas entidades no podrán destinar más del 30% de sus ingresos a gastos en personal y administración.

Artículo 125.- El personal que labore en las corporaciones y fundaciones de participación municipal se regirá por las normas laborales y provisionales del sector privado.

Artículo 126.- La Contraloría General de la República fiscalizará a estas entidades, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 25 de su ley orgánica.

Párrafo 2º.

De las asociaciones de municipalidades.

Artículo 127.- Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Estas asociaciones podrán tener por objeto:

a) La atención de servicios comunes;

b) La ejecución de obras de desarrollo local;

c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión;

d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, al turismo, a la salud u otras;

e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, y

f) La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal.

Artículo 128.- Las asociaciones municipales tendrán personalidad jurídica de derecho público, según lo establecen las normas vigentes, o de derecho privado, y no podrán comprometer la responsabilidad de los municipios que las integren más allá de los límites señalados en los acuerdos respectivos. Dichos acuerdos darán lugar a un estatuto donde se consultarán, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados;

b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que cada municipio proporcionará para dar cumplimiento a las tareas concertadas;

c) El personal que se dispondrá al efecto;

d) El órgano de dirección de la asociación debe estar constituído por representantes de los municipios que suscriban los acuerdos y el correspondiente estatuto, y

e) El establecimiento de dependencias comunes, cuando corresponda, con excepción del administrador municipal, la secretaría municipal y las unidades encargadas de las finanzas, control y desarrollo comunitario.

Estos convenios deberán contar con el acuerdo de los respectivos concejos.

Artículo 129.- Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones, en la parte que corresponda al aporte municipal, se consignarán en los presupuestos municipales respectivos. En ningún caso, dichas asociaciones podrán contraer deudas que excedan los aportes financieros previstos en los respectivos presupuestos municipales. Los municipios asociados no podrán afianzar ni garantizar los compromisos financieros que las asociaciones contraigan y éstos no darán lugar a ninguna acción de cobro contra aquéllos.

Respecto del personal mencionado en la letra c) del artículo anterior, no regirá la limitación de tiempo para las comisiones de servicio que sea necesario ordenar, cuando se trate de personal municipal.

Artículo 130.- Los servicios de agua potable de propiedad de las municipalidades no estarán sujetos a las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 30 de junio de 1990, respecto de las transferencias de dominio o ventas de los derechos de explotación de dichos servicios.

Artículo 28.- Los actuales artículos 89, 90, 91 y 92 del Título Final pasan a ser 131, 132, 133 y 134 respectivamente, sin modificaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La primera elección de concejales a que dé lugar lo dispuesto en el Título V de esta ley, se llevará a efecto el domingo 28 de junio de 1992.

La inscripción en los registros electorales se suspenderá a contar del centésimo vigésimo día precedentes a la fecha indicada en el inciso anterior.

SEGUNDA.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta ley, los secretarios municipales procederán a abrir los registros para la inscripción de las organizaciones que participarán en las elecciones de los miembros de los consejos económicos y sociales respectivos, los que permanecerán abiertos por el término de sesenta días.

En la primera constitución de los consejos económicos y sociales comunales, se exigirá a las organizaciones el requisito de antigüedad de un año.

TERCERA.- Los primeros consejos económicos y sociales comunales se instalarán dentro de los treinta días siguientes a aquél en que asuman los concejos elegidos en conformidad con esta ley.

CUARTA.- Para los efectos de determinar el número de miembros de los consejos económicos y sociales comunales, en tanto no rija un nuevo censo de habitantes, se aplicará el censo efectuado en 1982, y en el caso de creación de comunas nuevas o traspasos de territorios efectuados con posterioridad a dicho censo, se considerará la población que señale el informe oficial que emita el Instituto Nacional de Estadísticas.

QUINTA.- Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año desde la publicación de esta ley, para incorporar el cargo de administrador municipal en las plantas de aquellas municipalidades cuyas comunas opten por crearlo. Ejercerá tal facultad mediante decreto con fuerza de ley dictado a través del Ministerio del Interior, que deberá llevar, además, la firma del Ministerio de Hacienda.

SEXTA.- La primera elección municipal se regirá por las normas de esta ley, con las modificaciones y salvedades que se indican en las disposiciones transitorias siguientes.

SEPTIMA.- Para los efectos de determinar el número de concejales que corresponda elegir a cada comuna o agrupación de comunas y para determinar el número mínimo de ciudadanos patrocinantes de candidaturas independientes, se considerará el padrón electoral vigente al 31 de agosto de 1991.

El Servicio Electoral publicará la resolución respectiva en el Diario Oficial, dentro de los diez días siguientes a la publicación de esta ley.

OCTAVA.- Los alcaldes y miembros de los consejos de desarrollo comunal que pretendan postular como candidatos en la primera elección municipal a que se refiere la disposición primera transitoria de esta ley, deberán renunciar a sus cargos con anterioridad a la declaración de las respectivas candidaturas.

NOVENA.- Las directivas centrales de los partidos políticos se entenderán facultadas para suscribir un pacto o subpacto electoral si cuentan con la sola aprobación de los consejos generales respectivos, que se otorgará en la forma señalada en el artículo 30 de la ley Nº 18.603.

DECIMA.- Las declaraciones de candidaturas para la primera elección municipal, sólo podrán efectuarse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la elección, ante la Dirección del Servicio Electoral o ante la respectiva Dirección Regional.

Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral, mediante resolución que se publicará en un diario de los de mayor circulación en la región respectiva, difundirá la nómina de las candidaturas que se hubieren declarado. Esta publicación surtirá los efectos propias de la inscripción de candidaturas para todos los efectos legales.

Al quinto día siguiente a la última publicación efectuada conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, el Director del Servicio Electoral procederá a efectuar el sorteo contemplado en el artículo 23 de la ley Nº 18.700.

Las reclamaciones que pudieren deducirse contra las candidaturas que no observaren los requisitos legales, sólo serán admitidas dentro del procedimiento de calificación de estas elecciones. Si con motivo de ellas se anulare la elección de un concejal, las preferencias válidamente emitidas a favor de éste se considerarán nulas y no podrán computarse para efecto alguno.

UNDÉCIMA.- Para los efectos de estas elecciones municipales, será de un mes el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 9º de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

DUODÉCIMA.- Mientras no entren en funcionamiento los concejos, los actuales consejos de desarrollo comunal continuarán en el desempeño de las funciones que les confiere la legislación vigente.

DECIMOTERCERA.- Los alcaldes en actual ejercicio y quienes los reemplacen cesarán en sus cargos el 31 de agosto de 1992. Los miembros de los consejos de desarrollo comunal cesarán en su desempeño en la fecha en que asuman los concejales elegidos en conformidad con esta ley. Tal desempeño se regirá por las normas vigentes a la fecha de publicación de esta ley.

DECIMOCUARTA.- Las funciones, atribuciones y deberes que otras leyes confieran a los consejos de desarrollo comunal se entenderán referidas, en lo sucesivo, a los concejos.

DECIMOQUINTA.- Facúltase a los alcaldes de las comunas de Cerrilos, El Bosque, Recoleta, Vitacura, Lo Espejo, Lo Barnechea, Independencia, Pedro Aguirre Cerda y Huechuraba, que resulten electos de conformidad a esta ley, para que, dentro del plazo de noventa días, contado desde el momento que asuman sus cargos, llamen a concurso público para proveer los cargos no traspasados establecidos en las respectivas plantas municipales, fijadas mediante decreto con fuerza de ley Nºs. 27-18992, 28-18992, 29-18992, 30-18992, 31-18992, 32-18992, 33- 1899234-18992 y 35-18992, todos ellos del Ministerio del Interior y de fecha 20 de mayo de 1991.

DECIMOSEXTA.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de noventa días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, fije el texto refundido de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor ELGUETA, don Sergio.

SALA DE LA COMISIÓN, a 11 de diciembre de 1991.

Acordado en sesiones de fechas 5 y 10 de diciembre de 1991, con asistencia de los señores Ortiga, don Eugenio (Presidente; Aguiló, don Sergio; Alvarez-Salamanca, don Pedro; Bombal, don Carlos; Cantero, don Carlos; Caraball, doña Eliana; Elgueta, don Sergio; García, don José; Hamuy, don Mario; Horvath, don Antonio; Leay, don Cristián; Letelier, don Juan Pablo; Longton, don Arturo; Montes, don Carlos; Morales, don Jorge, y Ulloa, don Jorge.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Secretario de la Comisión

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES (BOLETÍN N° 531-06).

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Asistieron a la Comisión, durante el análisis de la iniciativa los señores Gonzalo Martner F., Subsecretario de Desarrollo Regional y don José Espinoza F., asesor del Ministerio de Hacienda.

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, para su especial pronunciamiento, en el trámite correspondiente a este segundo informe, son los artículos 10 bis (del artículo 5° del proyecto) y 73 (del artículo 23 del proyecto) del texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.

En el artículo 5° del proyecto, relativo al artículo 10 bis, el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior agrega una precisión de los tributos referidos en la letra f).

La Comisión de Hacienda aprobó la modificación señalada por 8 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

En el artículo 73 contenido en el artículo 23 del proyecto, que trata de la dieta que tendrán derecho a percibir los concejales, se fijan tres tramos para su determinación, según el número de habitantes que posea la comuna o agrupación de comunas de que se trate.

Sometida a votación la proposición contenida en el texto de la Comisión de Gobierno Interior, se aprobó por 7 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

La Comisión acordó pronunciarse respecto a tres indicaciones formuladas por el Ejecutivo; al artículo 129 del proyecto, 130 (que pasa a ser 131) y decimoquinta transitoria (que pasa a ser decimoséptima), agregándose como artículos nuevos estos dos últimos; las que se estimaron propias de su competencia en conformidad al artículo 219 del Reglamento de la Corporación.

a) La primera, para suprimir en el inciso primero del artículo 129, la siguiente oración:

"En ningún caso, dichas asociaciones podrán contraer deudas que excedan los aportes financieros previstos en los respectivos presupuestos municipales.".

b) La segunda, para incorporar el siguiente artículo 131, nuevo, que viene sugerido como 130.

"Artículo 131.- Ninguna corporación, fundación o asociación municipal, creada o que se cree en virtud de ésta u otras leyes, podrá contratar empréstitos sino en los mismos términos en que están facultadas las municipalidades.".

Las dos indicaciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad.

c) La tercera, para incorporar la siguiente disposición transitoria decimoséptima, que viene sugerida como decimoquinta.

"DECIMOSEPTIMA.- Lo dispuesto en el artículo 131, respecto de las corporaciones y fundaciones municipales existentes al 31 de diciembre de 1991, entrará en vigencia en los ciento ochenta días siguientes a la publicación de la presente ley.".

Esta indicación fue aprobada por 7 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

Respecto de las proposiciones de la Comisión de Hacienda efectuadas en su primer informe y rechazadas por la Comisión técnica, se acordó insistir en el texto original de la Comisión Informante en los siguientes casos:

a)en relación con el inciso final que se agrega al artículo 55, que dice:

"Al aprobar el presupuesto el concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos pre-vistos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley.", y

b)en relación con el N° 5 del artículo 11, que agrega, después del término "Providencia"; las siguientes expresiones, precedidas de una coma (,): "Vitacura, Lo Barnechea".

CONSTANCIAS

Indicaciones rechazadas

1.- De los Diputados señores Munizaga y Ringeling, para reemplazar el artículo 73 por el siguiente:

"Artículo 73.- Los concejales tendrán derecho a percibir, por cada sesión a la que asistan, una dieta equivalente a 1,3 unidad tributaria mensual, la que no será imponible. En ningún caso, esta asignación podrá exceder de 5,2 unidades tributarias en el respectivo mes calendario.".

2.- De los Diputados señores Arancibia y Palma, don Andrés, para reemplazar en el artículo decimoquinto, que pasa a ser decimoséptimo, el guarismo "180" por "90".

SALA DE LA COMISION, a 11 de diciembre de 1991.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Arancibia, don Armando; Devaud, don Mario; Estévez, don Jaime; García, don José; Huenchumilla, don Francisco; Munizaga, don Eugenio; Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico; Sota, don Vicente y Vilicic, don Milenko.

Se designó Diputado Informante al señor PALMA, don ANDRES.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAM1LLO, Secretario de la Comisión".

 MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 531-06-2 y figura en el número 1 de los documentos de la Cuenta agregada de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Elgueta, Diputado informante.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, pasa a emitir su segundo informe respecto del proyecto de ley, de origen en un Mensaje con urgencia calificada de "simple", que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En la página 2 de este informe se señala que todos los artículos del proyecto fueron objeto de modificaciones; que ninguno fue suprimido, y se indican cuáles fueron modificados. Voy a reseñar estos últimos.

En el artículo 1°, que define a la municipalidad como corporación de derecho público autónomo, se aprobó una indicación para agregar un inciso tercero, que encuadra el ejercicio de la autonomía a los artículos 6° y 7°, de la Constitución Política, al control normativo financiero de la Contraloría General de la República y al recurso de ilegalidad ante el tribunal, que se menciona en el título final del proyecto.

En el artículo 4°, se aprobó, por simple mayoría, volver a la idea del Mensaje en cuanto al procedimiento de contratos y concesiones. En el primer informe se propuso que la regla general debería ser la licitación pública, cualquiera que fuera su monto, salvo que el concejo autorizara al alcalde para omitirla por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Ahora, al volver a la idea del Mensaje, se acordó la licitación pública si las obligaciones o el valor de los bienes excedían de 300 unidades tributarias mensuales; de 100 a 300 unidades mensuales, en propuesta privada con personas inscritas en registro de contratistas, y en caso de imprevistos urgentes o de situaciones calificadas puede procederse de la misma manera si el concejo lo aprueba, aun cuando se excediera de 300 unidades tributarias mensuales. Y si el monto es inferior a 100 unidades tributarias mensuales, procede la contratación directa.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una norma relativa a permisos que no se rigen por estas reglas, sino que por los artículos 30 y 53, letra g), de la actual ley.

En el artículo 5°, sobre composición del patrimonio municipal, se aprobó por unanimidad y dos abstenciones una norma que complementa la letra f) del artículo 10 bis, que enumera los tributos actuales de carácter local, como el impuesto territorial, el permiso de circulación y las patentes.

En el artículo 10 se aprobó una indicación al artículo 24 bis, sobre el administrador municipal, para que sus labores de coordinación y fiscalización se refieran a todas las unidades y servicios municipales y no a los organismos, como se señalaba en el primer informe.

El artículo 15 tiene relación con el artículo 50 de la actual ley, sobre incompatibilidades del alcalde, y por indicación se agrega que los contratos en que pueda participar una persona y que provocan esas incompatibilidades son aquellos a que se refiere el artículo 31 de la presente ley, o sea, los que exceden de dos Unidades Tributarias Mensuales.

El artículo 17 del proyecto se refiere a los problemas de subrogación del alcalde y dice relación con el artículo 52, en el cual se aprobó, por unanimidad, que en dicha subrogación, previa aprobación del concejo, el alcalde queda facultado para designar a otros funcionarios subrogantes de menor rango que el señalado en primer término.

En el artículo 20, que se relaciona con el artículo 55 de la actual ley, se aprobó una indicación en el sentido de que el alcalde requerirá la aprobación del concejo respecto del plan comunal de desarrollo, de los presupuestos, de las modificaciones y de los programas de inversión que eleve a su consideración.

Asimismo, respecto de la letra k) se vuelve a lo dispuesto en el Mensaje en lo relativo a la licitación pública en casos imprevistos urgentes.

En la letra g) del mencionado artículo, se aprobó también una indicación para que el concejo no aumente los gastos del presupuesto presentado por el alcalde y que sólo pueda reducirlo o modificar su distribución.

En el artículo 23, que se relaciona con las inhabilidades para ser concejal, por simple mayoría se volvió a la propuesta del Ejecutivo, eliminándose de la incompatibilidad a los funcionarios de confianza del Presidente de la República y jefes de servicios de la misma índole.

En el artículo 66, sobre funciones del concejo, se efectuaron los siguientes cambios: en la letra b), se suprimió la expresión "alcalde" por ser innecesaria; en la letra d), se agrega que el concejo puede poner directamente en conocimiento de la Contraloría los actos u omisiones y resoluciones del alcalde que infrinjan las leyes y reglamentos y también denunciar a la justicia los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos.

También se aprobó facultar al concejo para la asignación y cambio de denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que administra.

En el artículo 67, se aprobó por unanimidad la indicación que concede acción popular para perseguir la responsabilidad solidaria de los alcaldes y concejales, en caso de presentar y aprobar presupuestos deficitarios.

En el artículo 73, se aprobó una nueva norma que reglamenta el pago de las dietas de los concejales. En ella se señalan pagos de una, una y media y dos Unidades Tributarias Mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 4, 6 y 8, respectivamente, en las comunas o agrupación de comunas de 30 mil habitantes, de 30 mil a 100 mil y de más de 100 mil habitantes, respectivamente.

El artículo 24 incide en el Consejo Económico y Social Comunal. Al respecto se hicieron algunas indicaciones, entre las cuales se cuentan las siguientes:

En el artículo 76 se eliminó la expresión "de otras representativas" la hablar de actividades relevantes de la comuna.

En el artículo 87, letra d), se aprobó una indicación para exigir a los candidatos a consejeros tener un año de afiliación en las organizaciones del respectivo estamento. Asimismo, se aprobó indicación para que la inhabilidad por haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva careciera de efecto transcurrido el plazo de prescripción de la pena.

Por último, se aprobó por unanimidad la idea de que las sesiones del Consejo fueran públicas.

El artículo 25 del proyecto abarca todo lo relativo a las elecciones municipales. De esta manera, en el artículo 94 se aprobó una indicación, con 6 abstenciones, para aplicar a estas elecciones los artículos 31 y 31 bis sobre Ley Orgánica Constitucional de Votaciones, referentes al uso de la franja electoral en televisión.

En todos los artículos de materia electoral, desde el 96 adelante, se aprobó indicación para suprimir la expresión "federación" en todo lo relativo a elecciones por ser sinónima de "subpacto electoral", según lo establecido en el acuerdo político adoptado sobre esta materia.

En el artículo 99, sobre patrocinio de los candidatos independientes, se aprobó con una abstención la no exigencia de un número de patrocinantes afiliados a partidos políticos que excedan del 5 por ciento.

También en el artículo 111, en el inciso concerniente al 35 por ciento de los votos válidamente emitidos para ser alcalde en forma directa, se aprobó por mayoría una indicación aclaratoria en la que se excluyen de ese porcentaje los votos nulos y en blanco.

El artículo 26, que tiene atingencia con el plebiscito municipal, prohíbe la propaganda de este acontecimiento en la televisión y establece la no aplicación de los artículos 31 y 31 bis, de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones sobre franja de televisión.

El artículo 27 agrega un título a la Ley Orgánica, sobre corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales, estableciéndose la manera cómo éstos podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado.

En la discusión de este título se abordaron diversos temas y se aprobaron las siguientes indicaciones a la ley orgánica:

En el artículo 121, se elimina la exigencia de que estas entidades deben constituirse sin fines de lucro, por lo que las corporaciones y fundaciones pueden formarse con una o más personas jurídicas de derecho privado o con otros entes del sector público. Por unanimidad se acordó que los aportes municipales a estas entidades deben otorgarse conforme al artículo 55, de la actual ley, esto es, previo acuerdo del concejo.

En el artículo 127, se aprobó por mayoría la posibilidad de constituir asociaciones municipales, las que de acuerdo con el artículo 128 podrán ser corporaciones de derecho público, por ley, caso a caso, o de derecho privado, limitando la responsabilidad de las municipalidades al monto acordado, siendo dirigidas por representantes de las corporaciones edilicias.

En el artículo 129, se aprobó la limitación de que los aportes se consignen en los presupuestos respectivos, y otra indicación para prohibir que estas asociaciones se endeuden, superando los recursos consultados en los presupuestos municipales, y para que caucionen o garanticen las deudas de los asociados.

Entre las normas más importantes que se contienen en las disposiciones transitorias, está la que fija el día de la elección, el 28 de junio de 1992, en lugar de otorgar esa posibilidad al Presidente de la República, y la suspensión de inscripciones electorales, que en este caso es de 120 días antes de la elección.

En segundo término, las declaraciones de candidaturas se efectuarán 90 días antes de la elección y no 120, como se había mencionado en el primer informe. Para ello, hubo necesidad de trasladar las reclamaciones que impugnen estas candidaturas al procedimiento de calificación que se efectúa con posterioridad a la elección. Ello fue propuesto por la Dirección del Registro Electoral.

En el informe se deja expresa constancia de que todo el articulado requiere del quorum orgánico de ley orgánica constitucional, como también las indicaciones que han sido rechazadas.

Es todo cuanto tengo que informar.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se ha solicitado autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Gonzalo Martner.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma, informante de la Comisión de Hacienda.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, a la Comisión de Hacienda le correspondió conocer, por disposición de la Comisión de Gobierno Interior, los artículos 10 bis y 73, de los artículos 5° y 23, respectivamente, del artículo único del proyecto.

Asistieron a la Comisión, en el análisis de estas disposiciones, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Gonzalo Martner, y el asesor del Ministerio de Hacienda, don José Espinoza.

La Comisión de Gobierno Interior agregó una letra f) al artículo 10 bis, que se refiere a los ingresos recaudados por tributos aplicados por las autoridades comunales con los fines que indica, precisando con ello los tributos vigentes sobre esta materia. La Comisión de Hacienda aprobó esa modificación por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención.

En el artículo 73, del artículo 23, del artículo único del proyecto, la Comisión de Gobierno Interior informó la proposición del Ejecutivo de modificar las dietas a que tendrán derecho los concejales, para las cuales se fijan tres tramos en función de los habitantes que posea la comuna o agrupación de comunas de que se trate.

Esta proposición, contenida en el texto de la Comisión de Gobierno Interior, se aprobó por siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Asimismo, la Comisión acordó pronunciarse respecto de tres indicaciones formuladas por el Ejecutivo a los artículos 129 y 130, y que pasarían a ser 130 y 131, y a la disposición decimoquinta transitoria, que pasaría a ser decimoséptima transitoria, agregándose estos dos últimos preceptos como artículos nuevos.

Con estas disposiciones se pretende suprimir en el inciso primero del artículo 129 de la Ley Orgánica Constitucional la siguiente oración, aprobada por la Comisión de Gobierno Interior: "En ningún caso, dichas asociaciones podrán contraer deudas que excedan los aportes financieros previstos en los respectivos presupuestos municipales". Al mismo tiempo de aprobar la supresión de este inciso, el Ejecutivo proponía que se estableciera el siguiente artículo 131, nuevo: "Ninguna corporación, fundación o asociación municipal, creada o que se cree en virtud de ésta u otras leyes, podrá contratar empréstitos sino en los mismos términos en que están facultadas las municipalidades".

Estas dos indicaciones anteriores fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión de Hacienda, ya que por la primera se suprimía una norma que se establecía con respecto a la posibilidad de las asociaciones de municipalidades para contraer deudas, pero el artículo nuevo propuesto regula esta materia, de manera que las asociaciones de municipalidades tengan las mismas facultades que las municipalidades para contratar empréstitos.

Asimismo, el Ejecutivo introdujo una indicación para establecer una disposición decimoséptima transitoria referente justamente a esta materia, que expresa: "Los dispuesto en el artículo 131, respecto de las corporaciones y fundaciones municipales existentes al 31 de diciembre de 1991, entrará en vigencia a los 180 días siguientes a la publicación de la presente ley", con el objeto de facilitar la transición a la norma genérica de los municipios para las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales existentes en el momento presente. Esta indicación fue aprobada por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.

La Comisión de Hacienda insistió en materias consideradas en el primer informe y rechazadas por la Comisión técnica, particularmente en lo referente al inciso final agregado al artículo 55 aparece en el primer informe de la Comisión de Hacienda, sobre las normas de aprobación del presupuesto municipal. Debemos consignar que en el informe de la Comisión de Gobierno Interior, puesto en conocimiento de la Comisión de Hacienda, esta materia contenía un error, y entendemos que es el motivo por el cual se ha atrasado la entrega del informe de la Comisión de Gobierno Interior a la totalidad de los miembros de la Cámara; y al número 5 del artículo 11, consignado en el mismo informe, a fin de establecer una contribución especial respecto de las patentes municipales para las municipalidades de Lo Barnechea y Vitacura, recientemente creadas.

En la Comisión de Hacienda también fueron rechazadas las indicaciones de los Diputados señores Munizaga y Ringeling, relativa al artículo 73, y de los Diputados Arancibia y Palma, respecto del artículo decimoséptimo transitorio, lo cual constará en el informe que se distribuirá a los señores Diputados.

Es todo cuanto puedo informar.

Muchas gracias.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Si les parece a los señores Diputados, se acordará lo siguiente:

Primero, empalmar la presente sesión con la de mañana, que se inicia a las 10:30 horas.

Segundo, considerando el deseo de los señores Diputados de tener a la vista el informe de Hacienda, el cual seguramente llegará más tarde, y que se resolvió dejar sin efecto las sesiones citadas desde las 22 horas de hoy hasta las 1:30 hora de mañana, suspender la presente sesión hasta mañana a las 10:30 y, desde esa hora, tratar el proyecto hasta su total despacho, conforme al acuerdo que se ha adoptado al respecto.

Debo recordar a los señores Diputados que la totalidad de los artículos del proyecto requieren quorum de ley orgánica constitucional, es decir, 67 Diputados.

En consecuencia, si les parece a los señores Diputados y como ya hemos escuchado los informes respectivos, se suspenderá la sesión para continuar mañana con el estudio del proyecto.

Acordado.

Se suspende la sesión hasta las 10:30 horas de mañana.

Se suspendió la sesión a las 20:29 horas del 11 de diciembre y se reanudó a las 10:30 horas del día siguiente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa a sesión.

En conformidad con los acuerdos adoptados por la Cámara, corresponde seguir ocupándose, hasta su total despacho, del proyecto que modifica la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Consta de un artículo único, dentro del cual, mediante diversos artículos, introduce varias modificaciones al referido cuerpo legal.

De acuerdo con el criterio de la Mesa, salvo que hubiera una opinión distinta por parte de quienes participaron en la discusión, corresponde votar y debatir en particular los preceptos contenidos en el artículo único y no éste en su conjunto, ya que cada uno de ellos ha sido objeto de indicaciones o de modificaciones.

En discusión el artículo 1°, que sustituye el artículo 1° de la ley N° 18.695, que se refiere a la administración local y define las municipalidades y su autonomía.

Sobre este artículo hay dos indicaciones que no corresponde discutir, sino solamente votar, de acuerdo con el Reglamento, pues no han sido renovadas.

Sólo para ser aprobadas requieren de quorum de ley orgánica constitucional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, mi observación es previa a la discusión. Quisiera apelar o hacer un llamado a la "conciencia gramatical" de la Mesa y del resto de nuestros colegas para superar este absurdo de un texto legal que tiene un artículo único, dividido luego en innumerables preceptos que, a su vez, se refieren a un conjunto de otros artículos, porque hay ya una contradicción con la lógica misma.

Puedo entender la razón de ahorrarse la molestia de reescribir los informes, pero me parece que sería completamente imposible que la Cámara despachara un proyecto con un artículo único dividido luego en artículos 1°, 2°, 3° y demás. Podrá parecer algo nimio, pero es una absoluta contradicción gramatical y en los términos.

Si mantenemos la idea de un artículo único, será el número uno el que diga: "Sustitúyese el artículo 1° de la ley, por el siguiente"; número dos o número tres, u otra fórmula. A cualquiera que se adopte, le daré mi respaldo, aunque no sea necesariamente en este momento. También se puede facultar a la Mesa y a la Secretaría. Pero ruego que este proyecto se despache con una redacción consistente y coherente, si fuera posible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, la Mesa después podría examinar este problema que, sin duda, es un poco absurdo.

Acordado.

En discusión el artículo 1°.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

el artículo 1° es la reproducción del artículo 107 de la Constitución Política reformada, y se discutió en la Comisión, aprobándose con él la indicación que se tradujo en el siguiente inciso tercero: "La autonomía municipal se ejercerá dentro de los ámbitos de la legalidad a que se refieren los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, de los controles normativos y financieros de la Contraloría General de la República, y sin perjuicio del reclamo de ilegalidad del Título final de esta ley".

En la discusión se dijo que la autonomía municipal tendría tal extensión que se llegaría al extremo de derogar una serie de disposiciones legales. Incluso, se presentó una indicación para derogar expresa o tácitamente normas legales que aparentemente se oponían a este principio.

Sin embargo, la autonomía, facultad de dictar normas propias, sin interferencias del poder central, no es absoluta, pues su ejercicio debe encuadrarse en un estado de derecho.

En la sesión N° 40 de la Comisión que estudió la Constitución del 80, de 14 de mayo de 1974, se afirmó: "En Chile hay Estado de Derecho, y las potestades estatales y todas las autoridades públicas someten su acción a la Constitución y a toda norma dictada conforme a ella".

Este principio se tradujo posteriormente en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, que en el Derecho se conoce con el nombre de "principio de la legalidad". Todos los órganos del Estado deben ajustarse a la Constitución y a la ley. La persona o los entes del Estado que así no lo hicieren, incurren en sanción de nulidad absoluta de derecho público.

Por otro lado, no cabe la menor duda de que la Contraloría General de la República, conforme con los artículos 87 y siguientes de la Constitución, ejerce el control de la legalidad de los actos de la

Administración, el cual comprende, como prescribe la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado, incluso a las municipalidades.

Fiscaliza, además, el ingreso y la inversión de los fondos municipales; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes municipales y tiene las demás funciones que le encarga su ley orgánica N° 10.336.

Con arreglo al artículo 66 de este último cuerpo legal, el Contralor puede impartir instrucciones, disponer sumario, reglamentar las cauciones de los funcionarios, fijar procedimientos sobre manejo de fondos y de bienes, inspeccionar las oficinas y hacer efectiva la responsabilidad civil y penal de los alcaldes, regidores o empleados municipales.

Por último, las resoluciones o acuerdos ilegales pueden ser anulados por el Poder Judicial, en el caso del recurso de ilegalidad que se presente en contra de las resoluciones o acuerdos de las municipalidades, en la forma reglada en el título final de la actual Ley Orgánica de Municipalidades.

En la Comisión, Renovación Nacional objetó la modificación, diciendo que era innecesaria, ya que estaba implícita en la legislación. Es decir, no negaba estos principios. Pero en otra sesión adujo un argumento contrario al anterior, asignándole nuevas atribuciones a la Contraloría. En mi opinión, no es ni lo uno ni lo otro. Si la estimáramos innecesaria, igualmente lo serían las normas sobre fiscalización de los artículos 41 al 46 de la actual Ley Orgánica Municipal e, incluso, los artículos 1° o 2° de este proyecto de ley, ya que son copia fiel de la Constitución. Luego, no hay una repetición inútil.

En consecuencia, la discrepancia suscitada en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, aducida por Renovación Nacional, no corresponde a la realidad jurídica. Es conveniente que la autonomía se ejerza dentro de este marco para que no se estime que las municipalidades pueden actuar en contra de las leyes existentes o de aquellas en las cuales los alcaldes y los concejales estimen que se está vulnerando la autonomía municipal.

Este último inciso aclara también la aparente contradicción entre dos preceptos constitucionales, porque, por un lado, en la definición de municipalidad se indica que es una corporación de derecho público autónoma; y, por otro, dispone en otra disposición que las municipalidades tienen autonomía en la administración de sus finanzas. Podría estimarse que la autonomía estaría constreñida solamente a la administración de las finanzas y que por ello se justifica la presencia de este inciso tercero, aprobado por mayoría en la Comisión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, respecto del inciso tercero de este artículo, es efectivo que Renovación Nacional hizo presente la inconveniencia de mantenerlo por dos razones.

En primer lugar, nos preocupa el papel de la Contraloría. Este inciso no sólo atenta contra la autonomía municipal, sino que, además, le está dando facultades normativas a la Contraloría, la cual nunca ha tenido facultades de esa naturaleza.

Basta ver el artículo 87 de la Constitución Política para darse cuenta de que la Contraloría General de la República no tiene tareas normativas. Por lo tanto, ya hay aquí un error de tipo jurídico.

El segundo aspecto de tipo jurídico se refiere a que los artículos 6° y 7° de la Constitución pertenecen al Capítulo I de la Constitución, que fija las bases de la institucionalidad, las cuales cumplen una función orientadora del órgano constituyente en el proceso de la reforma constitucional, toda vez que estos principios implican un límite en el ejercicio del poder constituyente, derivado del hecho de que para reformar la norma fundamental no sólo deberá ceñirse a las mayorías establecidas por la Constitución, sino que también debe considerar y respetar los principios básicos consignados en ese título. Por lo tanto, no es necesario reproducir o repetir estos artículos.

Igualmente, las bases de la institucionalidad orientan a los legisladores, cuando interpretan algún precepto de la Constitución Política, fijando el marco dentro del cual tienen que cumplir su misión.

En este caso, de ninguna manera, so pena de caer en la inconstitucionalidad, podemos transgredir estos preceptos esenciales de la institucionalidad. Para eso, además, existe un Tribunal Constitucional.

El legislador también debe tener siempre presente en el ejercicio de su actividad, lo preceptuado en este Capítulo I, para evitar dictar normas que contradigan el espíritu que el constituyente ha querido reflejar al consagrar los principios o bases sobre los que descansa toda la normativa constitucional.

Las Bases de la Institucionalidad que se consagran en el Capítulo I, de la Constitución, a cuyos artículos se hace referencia en el inciso tercero, constituyen un límite al ejercicio del poder político. Por lo tanto, es casi absurdo reproducirlos en el inciso tercero, porque con ese espíritu tendríamos que transcribir la Carta Fundamental en cada uno de los artículos que vamos aprobando.

Quiero pedir la unanimidad de la Sala lamentablemente no alcanzamos a presentar la indicación respectiva para eliminar el inciso tercero de este artículo, pues ésa es la única forma de hacerlo. De lo contrario habría que solicitarlo en el Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Su Señoría desea eliminar el inciso tercero?

El señor LONGTON.-

¡Sí, señor Presidente!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Basta con pedir la votación dividida. Es más fácil.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, junto con esta petición, quiero señalar que en el artículo 1° estamos incurriendo en errores de tipo jurídico. Más adelante demostraremos la existencia de errores de tipo constitucional y de técnica legislativa, los que prevalecen durante toda la tramitación de esta reforma de la Ley Orgánica Constitucional, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones.

Queremos hacer presente esta mañana, ante los señores Ministros y Subsecretarios, que cuando sea necesario nos haremos parte en el Tribunal Constitucional. También queremos denunciar un gran "show" montado por el Gobierno y por la Concertación en tomo de las elecciones municipales.

Aquí se ha dicho que se efectuarán elecciones; pero de alguna manera, disimuladamente, se está evitando que se realicen en el próximo mes de junio. Eso lo vamos a demostrar en el transcurso del debate.

He dicho.

El señor LEAY.-

Pido la palabra. .

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el artículo 1°, tal como lo mencionó el Diputado señor Elgueta, es idéntico al inciso segundo del artículo 107 de la Constitución Política e interpreta, de una u otra manera, el acuerdo político firmado por todos los partidos representados en esta Cámara, más el Gobierno, en el cual se manifestó el interés de que la municipalidades gozaran realmente de autonomía constitucional en la administración de sus finanzas, lo cual ratificamos en el artículo 1° de esta Ley Orgánica. No obstante, pareciera que el concepto de autonomía ha generado en el Gobierno o en algunos sectores de la Concertación una especie de temor a que tal concepto pudiera concretarse prácticamente en un federalismo en cuanto a la autonomía municipal. La Constitución claramente habla de corporaciones autónomas de derecho público, con una finalidad específica, y es obvio que esa autonomía debe ejercerse dentro del ámbito de la legalidad.

Por eso los Diputados de la Unión Demócrata Independiente consideramos inoficioso introducir este inciso en el artículo 1°, producto de una indicación presentada por el Diputado señor Elgueta, por ser repetitivo. A futuro, es obvio que la Constitución prevalece sobre cualquier otra ley, sea orgánica o simple.

Por lo tanto, en cada una de esas leyes habría que repetir los textos, los artículos o los incisos de la Carta Fundamental.

Es obvio que frente a la autonomía municipal prevalecen los ámbitos de la legalidad establecidos en los artículos 6° y 7°, de la Constitución Política.

Aún más, se ha agregado una frase que habla de "los controles normativos y financieros de la Contraloría General de la República". Aquí entramos en un terreno bastante ambiguo, pues las facultades de la Contraloría General de la República también se encuentran establecidas en la Constitución Política; pero hablar de controles normativos y financieros en la gestión de un municipio puede prestarse más adelante para confusiones que, sin lugar a dudas, pondrían en peligro la tarea de la autonomía municipal. Puede suceder que, al final, terminemos con una Contraloría supramunicipal que, absorba todas las tareas propias de los municipios.

Señor Presidente, hace algún tiempo, en otro proyecto, Su Señoría sostuvo la tesis de que cualquier modificación o nueva facultad que pudiera entregarse a la Contraloría General de la República debería hacerse a través de su ley orgánica. El señor Presidente me dice que no; pero creo que de uno u otro modo, estos controles normativos podrían interpretarse como una nueva facultad o modificación de ellas. No ha sido el espíritu del acuerdo político ni de quienes participamos en la Comisión entender que la autonomía municipal no se desarrolle dentro de los ámbitos de la legalidad vigente.

Por ello, nuestro partido votará en contra de este inciso, y en la votación del artículo solicitaremos la separación del referido inciso.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en principio me inclinaba a concordar con lo planteado por los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, en cuanto a que el inciso tercero del artículo l2 es inoficioso, toda vez que lo planteado en él es una cuestión bastante obvia: que la autonomía municipal debe ejercerse dentro de los ámbitos de la legalidad dada por las normas de nuestra Constitución Política y de la legislación pertinente. Sin embargo, en la discusión suscitada en la Comisión respecto del alcance de la autonomía municipal y, fundamentalmente, de las dudas de interpretación que allí surgieron, posteriormente cambié de opinión. Estimo que el inciso tercero debe aprobarse en los términos señalados a fin de reafirmar algo que es obvio: que la autonomía municipal debe ejercerse reitero dentro del ámbito de la legalidad que consignan la Constitución y la legislación pertinente.

Los temores planteados por algunos colegas, de que ésta sería una norma restrictiva, creo que son infundados. Cuando el inciso tercero hace referencia a "los controles normativos de la Contraloría General de la República", sólo está repitiendo facultades que los artículos 87 y 88, de la Constitución Política ya le entregaron a ese organismo contralor. El que ella ejerza controles normativos respecto de las actuaciones de la municipalidad, no quiere decir que éstas tengan facultades normativas. Se trata de situaciones absolutamente distintas: una cosa es el control normativo de los actos y, otra, la facultad normativa. En este caso, la ley no le otorga facultades normativas a la Contraloría, sino que, simplemente reitera el principio de que ella ejerce el control normativo de las actuaciones de las municipalidades, materia que, repito, se desprende claramente del contenido de los artículos 87 y 88, de la Constitución Política.

Recordamos que el artículo 87 señala que la "Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración". Naturalmente, entre ellos está el control normativo de dichas actuaciones, criterio que está mucho más expresamente ratificado en el artículo 88, que dice: "En el ejercicio de la función de control de la legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse...

En consecuencia, no debemos confundimos al sostener que por este inciso tercero se le están danto facultades normativas a la Contraloría, en circunstancias de que sólo reitera principios ya consagrados en la Constitución Política.

El señor CAMPOS.-

Termino inmediatamente, señor Presidente y luego le concedo la interrupción.

Por último, considero bastante peligrosas las expresiones del colega Longton, dichas al iniciar el estudio de este artículo Ia. Ha hecho una afirmación bastante temeraria al atribuirle a la Concertación de Partidos por la Democracia, o algunos de ellos, el deseo de dilatar el proceso de elección municipal. Del tenor de su propia intervención se desprende que quienes pretenden diferirlo son ellos mismos, pues han anunciado que recurrirán a Tribunal Constitucional, en un procedimiento absolutamente dilatorio. La ciudadanía podrá juzgar quiénes son los que verdaderamente han impulsado el proceso democratizador de las municipalidades del país y quiénes en todo momento le han puesto tropiezos a estas iniciativas.

En todo caso, no es afortunado que iniciemos el debate con estas descalificaciones. Primero, aboquémonos a aprobar la ley en los términos planteados.

En consecuencia, anuncio que los parlamentarios radicales votaremos favorablemente el artículo 1°.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al colega señor Peña.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una breve reflexión respecto de la autonomía municipal, materia que está en debate y que dice relación al inciso tercero del artículo 1°.

En verdad es bueno precisar ciertos límites dentro de los cuales necesariamente debe manejarse la administración municipal o de cualquier órgano del Estado. Aunque parezca redundante, el punto cobra mayor relevancia en especial cuando, a veces, algunos sectores representados en este Parlamento que, de alguna manera, cuando se legisla sobre instituciones que ejercen una cuota importante de lo que históricamente era propio del poder central en este país, tratan de sustraerlas al máximo del control y supervigilancia de los órganos superiores del Estado.

Esto responde a una intuición muy simple, pero muy objetiva: pretender por esa vía mantener cierta cuota de poder. Más que el interés por la administración de la municipalidad, en términos responsables y debidamente controlados y fiscalizados, quieren darle una dirección que no se compadece, incluso, con la propia Constitución.

En segundo lugar, quiero hacer una consulta a algún miembro de la Comisión, para los efectos de aclarar el alcance del inciso primero del artículo 1°, que dice: "La administración local de cada comuna o agrupación de comuna que determine la ley reside en una municipalidad".

¿Existen comunas sin municipalidad? ¿Qué situación considera el artículo 1°?

Es conveniente que alguien de la Comisión nos ilustre y nos dé un ejemplo concreto, para conocer el verdadero alcance de este inciso primero.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, somos firmes partidarios de la autonomía municipal, la que entendemos como el derecho y la capacidad efectiva de las comunas de regular y administrar, en el marco de la ley y bajo su propia responsabilidad, una parte importante de los asuntos públicos.

El requisito básico de la autonomía es que las autoridades sean generadas por la propia comunidad. Por eso, entendemos que la reforma que discutimos restablecerá la autonomía de las comunas de Chile.

En el curso del debate en la Comisión, concluimos que había diferentes interpretaciones sobre el concepto de autonomía. Nosotros quisimos dejar muy claro que la autonomía es un poder limitado y no se puede confundir con la soberanía. Los municipios forman parte de un todo y actúan en el marco y en la supremacía de la Nación.

En ese contexto, vimos la necesidad de incorporar un inciso que aclarara que la autonomía de los municipios se entiende en el marco de la ley y, por lo tanto, el legislador puede definir su competencia y las atribuciones, a través de la ley orgánica. A su vez, puede determinar mediante leyes simples, la forma de ejercer la competencia y las atribuciones, así como también muchas otras materias y aspectos de la vida municipal. Es la ley la que, en definitiva, establece los marcos de la autonomía.

Manifestamos esto porque hubo opiniones, en el sentido de que todo aquello que fuera regular el ejercicio de competencia o de atribuciones, atentaba contra la autonomía. Ello no es así. Es justamente el legislador quien establece el marco de la autonomía.

Esta materia, que parece relativamente obvia, ha generado importantes controversias en otros países, por conceptos de autonomía muy indefinidos y amplios. Por eso, es necesario acotarla y precisarla.

Este inciso tercero establece, sin duda, que la autonomía debe darse en el marco de la ley y, a su vez, que el control de legalidad lo ejerce la Contraloría en la plenitud de sus atribuciones, lo que es muy importante para evitar futuras controversias sobre esta materia.

No consideramos que esta indicación sea algo menor, porque nos evitará conflictos, interpretaciones diversas que en esta ocasión queríamos acotar.

El Diputado Longton inició el debate sobre este proyecto de ley en términos bastante conflictivos y agresivos. Al respecto, le pido que tenga calma, que no se sobreactúe, que en la Comisión y en todo el tratamiento de este proyecto trabajamos con altura de miras, logramos muchos puntos de consenso y nos esforzamos para llegar a los mejores criterios técnicos en cada uno de los artículos.

Al parecer, quiere representar la molestia que le causó que no se aprobara la participación de los independientes en los términos en que ellos aspiraban. Sin embargo, eso no debe oscurecer la discusión del proyecto. Solicitamos a Renovación Nacional que tenga un poco más de tranquilidad, que tratemos seriamente los distintos temas y que no mezclemos aquellos que no tienen relación con el punto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, queremos manifestar nuestra completa conformidad con la indicación propuesta por el Honorable Diputado señor Sergio Elgueta.

Cuando se debatió la reforma constitucional en las Comisiones Unidas de la Cámara, uno de los escasos puntos sobre el que se reflexionó recordemos que esta reforma constitucional proviene de un acuerdo político fue la autonomía municipal y el sentido que debía tener.

Se discutió lo relacionado con la vinculación existente entre el municipio y la Contraloría General de la República.

En esa oportunidad, hubo consenso y unanimidad en que el concepto de autonomía municipal que se incorporaba al definir al municipio no significaba, de ninguna manera, modificar la intervención que le correspondía a la Contraloría General de la República hasta el momento anterior a la reforma. Es decir, mantenía la totalidad de las facultades y atribuciones fiscalizadoras contempladas en el texto constitucional y que, bajo ninguna circunstancia, el concepto de autonomía municipal las modificaba.

En dicha oportunidad, el señor Gonzalo Martner nos informó que igual reflexión y debate se había producido en el Senado y que el Senador señor Sergio Diez se expresó en esos mismos términos. De tal modo que, cuando en la indicación se reitera el concepto que los redactores de la Constitución tuvieron en vista, no cabe duda que se está procediendo correctamente.

A veces, al establecer los conceptos, conviene repetir las definiciones contempladas en otros cuerpos legales, porque las leyes deben tener un sentido pedagógico, pues serán conocidas por toda la ciudadanía.

Entonces, obviamente, quien lea este texto tal como está redactado en su artículo 1°, entenderá inmediato, sin necesidad de ser un experto, qué comprende la autonomía, hasta dónde llega y cuáles son sus límites.

En consecuencia, me alegro por esta redacción, porque corresponde a una técnica jurídica adecuada, ya que las leyes no están destinadas a ser conocidas solamente por los señores Diputados o Senadores, sino que, por esencia, por la ciudadanía.

Por esta razón, las leyes deben ser claras, nítidas, ilustrativas y pedagógicas. Como el inciso que estamos estudiando cumple con estos requisitos, lo aprobaremos en todas sus partes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, quiero señalar que nos resulta sorprendente la gran preocupación que despierta en los parlamentarios de la Concertación el concepto de la autonomía municipal. Considero que esta materia se ha llevado más allá del límite aceptable.

En esta intervención quiero consignar nuestro concepto sobre la autonomía municipal. Para nosotros, es la facultad del municipio para desarrollar sus actividades en el ámbito de las atribuciones, tanto privativas como compartidas, y de las esenciales que le entrega la Constitución Política, consagradas en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Resulta evidente que el ejercicio de las facultades y atribuciones tiene y debe hacerse en el marco de la legalidad vigente. No podría entenderse de otra forma.

Ahora, la preocupación surge respecto del manejo de los recursos.

En nuestra opinión, también existe un problema de interpretación o comprensión de los planteamientos que hemos hecho al respecto, por cuanto el manejo financiero del Estado debe estar enmarcado en las leyes y, en forma muy particular, en la Ley de Administración Financiera del Estado. Esto no podría entenderse de una forma distinta.

Despejado ese punto, quiero referirme al alcance del inciso tercero de este primer artículo.

En la primera parte incisos primero y segundo, no tenemos ninguna objeción. Sin embargo, se agrega un tercer inciso, precisamente para regular, normar y fijar un límite a la autonomía municipal. Si bien es cierto, es inoficioso y reiterativo lo que se señala en las tres primera líneas que expresan: "La autonomía municipal se ejercerá dentro de los ámbitos de la legalidad que se refieren los artículos 6° y 7| de la Constitución Política", lo que, en definitiva, podría resultar aceptable, no nos parece adecuada la expresión "controles normativos", por cuanto esa figura en ambigua, amplia y motivadora de confusión, y en nada contribuye al carácter pedagógico que debe tener una ley, como se ha manifestado en esta Sala.

Respecto de los controles que debe ejercer la Contraloría, éstos figuran claramente especificados en los artículos 87 y 88, de la Constitución Política. No se refieren a una facultad de control normativo, sino de la legalidad, de la procedencia legal de los cometidos que ejerza la municipalidad, y, también, a un control de mérito, es decir, del adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas al municipio. En este sentido, se entiende que hay un control interno y uno externo. Obviamente, reconocemos esta situación.

El control interno corresponde al Consejo Municipal, así se establece entre sus atribuciones, y el control externo, evidentemente, a la Contraloría General de la República, en el marco de las atribuciones y facultades que le otorga su Ley Orgánica.

Reitero, este control normativo nos parece que es muy ambiguo, amplio, confuso y en nada contribuye a clarificar la situación o la acción pedagógica de la ley. Por lo demás, no hay dudas de que a la Contraloría le corresponde el examen de las cuentas municipales y de la contabilidad financiera del Estado. En consecuencia, la situación es clara.

El propósito de mi intervención es definir, en nuestro concepto, qué es la autonomía municipal y cuáles son los ámbitos de control, pero creemos que resulta inadecuado e inoficioso que el artículo 1° de esta ley orgánica exprese estos alcances respecto de la acción de fiscalización, toda vez que, como se ha señalado, existe un capítulo particular que se refiere a la fiscalización y allí se indica el papel que le compete a la Contraloría General de la República, de forma tal que resulta doblemente repetitivo lo indicado en la última parte de este inciso.

Por eso, solicitamos que se voten separadamente los incisos primero y segundo del artículo 3a.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este artículo tiene importancia fundamental para el despacho de la ley que estamos discutiendo y que se relaciona con la autonomía de las municipalidades.

La verdad es que quienes fuimos alcaldes o regidores en tiempos en que efectivamente había autonomía municipal y en que la Contraloría ejercía su papel que siempre fue muy duro para investigar en forma especial a los municipios populares teníamos plena seguridad de la eficiencia y de la honestidad de la gestión de los municipios dirigidos por la Izquierda y los partidos populares. Jamás reclamamos por las continuas visitas de los más acuciosos inspectores de la Contraloría, porque teníamos la plena seguridad de que nuestras gestiones administrativas y financieras eran impecables; jamás hubo nada que reprocharle a esos municipios populares. Sin embargo, no sucedió lo mismo durante los años de dictadura, en que, sencillamente, la Contraloría teniendo esa facultad dio vuelta la cara, se hizo la desentendida y no hizo absolutamente nada que obligara a cumplir con tales funciones.

Ahora no se pierde la autonomía municipal. La Ley de Municipalidades operó durante muchos años, casi desde principios del siglo. Con el correr del tiempo, con las experiencias, la soberanía y autonomía municipales se fueron expresando en forma, no digamos perfecta, pero sí muy de acuerdo con los cánones, especialmente de la honestidad con que se conducían los municipios.

En aquel tiempo era fuerte el control que la Contraloría ejercía sobre los municipios. En un terremoto ocurrido en aquellos años en el sur de Chile, en Lota, una de las ciudades más pobres, cuyos habitantes son personas modestas, sencillas, honestas y dignas, pero muy pobres, murieron cerca de 30 o 40 mineros. El alcalde, que era de mi partido, un compañero socialista, se vio en la obligación de distraer fondos, lo que se llama malversación, que no es robo ni sustracción. Le fueron entregados los dineros para unas cosas y las tuvo que destinar para otras, como fue el tener que comprar 40 ataúdes para darles sepultura a esos lotinos que murieron en el terremoto. Ese compañero Azocar que era el alcalde de Lota en aquel tiempo, compañero de mi partido, lo digo con orgullo; estuvo varios años preso por haber hecho esa obra humanitaria, que lo habría hecho cualquier alcalde o cualquier regidor, en aquel tiempo.

En cambio, en la dictadura y no me voy a referir en general, porque seguramente, también hubo alcaldes honestos hubo sinvergüenzas, verdaderos mañosos, como ocurrió en San Miguel, y lo digo concretamente, porque lo dije durante la campaña en la prensa, en la radio y en la televisión, que convirtieron a la comuna en un gran garito; en que se perdió todo el respeto por la tranquilidad del vecino, el respeto de la municipalidad por el vecino, que es quien contribuye para hacer caminar una municipalidad, porque permitió que se llenara de moteles, de topless, de cualquier cosa, en los barrios residenciales, donde siempre se respetó como el que más la tranquilidad al vecino, al niño, a los menores. ¿Y ahora qué? Ahí están todos los topless que fueron expulsados del centro de Santiago. Los enviaron a San Miguel. Allá encontraron refugio. Está lleno, como digo, de toda clase de burdeles. Nosotros nunca aceptamos los burdeles cerca de liceos o de escuelas. Eso lo denuncié públicamente. Tengo la seguridad de que en cuanto tengamos la posibilidad de que un contralor cumpla como corresponde su función, ese alcalde va a caer preso, y también otro alcalde anterior a ese señor. A simple vista, los antecedentes que tenemos de esos dos alcaldes son suficientes para que vayan a la cárcel, incluso sin sumario.

Ahora, la Derecha viene a rasgar vestiduras porque la Contraloría va a fiscalizar los municipios que se avizoran democráticos, donde se van a jugar todas las tendencias, de todos los partidos políticos. Seguramente, tienen temor de que llegue la Contraloría con más frecuencia, especialmente a los municipios democráticos. Aquí se está haciendo demagogia con algo que muchos parlamentarios de la Derecha conocieron en carne propia. En San Miguel a mí me daba la impresión de que el señor alcalde de tumo tenía los dineros de los contribuyentes en los bolsillos y los distribuía a su real saber y entender, o los gastaba como quería, porque las obras de adelanto no se vieron en esa comuna, que ahora no es grande, porque la dictadura la seccionó para hacer dos municipios más, y dejó a San Miguel convertida en una comuna pequeña.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado señor Palestra, quiero recordarle que estamos discutiendo la autonomía del municipio; no sobre San Miguel.

El señor ULLOA.-

Hay que recordarle que está en discusión el artículo único.

El señor PALESTRO.-

Es lo que estoy haciendo. Frente a la demagogia de la Derecha que justamente ahora, viene a reclamar porque los funcionarios de la Contraloría van a llegar a investigar y a controlar con qué eficiencia y con qué honestidad se van a invertir los fondos de todos los vecinos.

Ahora, los señores de la Derecha pretenden oponerse a ese control, que va a ser posible hacerlo con plena libertad, porque nosotros, la gente de los sectores democráticos y progresistas, hemos luchado por la amplitud de la municipalidad al servicio de todos los vecinos y de todos los partidos, y no de los que obedecían al dedo del señor Pinochet.

Por eso, vamos a estar de acuerdo en despachar este artículo l2 porque va a poner orden y va a permitir que los alcaldes de cualquier tendencia tengan el cuidado necesario para conducir los destinos que se les ha entregado de su municipalidad.

Voy a concederle una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ElGUETA.-

Señor Presidente, con el objeto de evitar una prolongada e inútil discusión, hemos llegado a un acuerdo, para lo cual solicitamos el asentimiento unánime de la Sala a fin de que se apruebe una indicación presentada a la Mesa.

En esa indicación, en lo relacionado con los controles normativos y financieros de la Contraloría General de la República, se suprimen expresiones y se reemplazan por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política, que se refieren, precisamente, a la Contraloría General de la República. En consecuencia, primero la indicación completa asumiría que la autonomía municipal se debe ejercer dentro del ámbito del principio de la legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución; segundo, dentro de las facultades de la Contraloría, prescritas en los artículos que allí se señalan; y tercero, todo esto, sin perjuicio del llamado recurso o reclamo de ilegalidad que deben resolver los tribunales, según el título final de esta misma ley.

Por lo tanto, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que se someta a votación esta nueva indicación que reemplaza a la anterior, y de esta manera, zanjamos esta discusión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes se había pedido el cierre del debate por parte del Comité Radical.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Clausurado el debate.

Corresponde, en primer lugar, votar dos indicaciones que no han sido renovadas. La primera apunta a lo que señalaba el Esputado señor Estévez al comienzo de la sesión y que ha sido planteado por el Diputado señor Andrés Palma, en orden a sustituir el articulado interno por números.

El señor Secretario le dará lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación del Diputado señor Andrés Palma dice: "En el artículo único sustitúyanse todos los artículos del proyecto*por el numeral correspondiente al número del artículo".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se podría aprobar en forma unánime.

Aprobada.

La segunda indicación no renovada de los Diputados señores Montes y Aguiló ha sido retirada porque se entiende incorporada en la que se ha hecho llegar a la Mesa, que cuenta con la unanimidad.

Se dará lectura a la indicación unánime, que sustituye el párrafo tercero, que figura en la página cincuenta del informe.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es para sustituir el inciso tercero por el siguiente: "La autonomía municipal se ejercerá dentro de los ámbitos de legalidad a que se refieren los artículos 6a y 7°, 87a y 88a, de la Constitución Política de la República, sin perjuicio del reclamo de ilegalidad del título final de esta ley.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 1° con la indicación.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, importante, para los efectos del procedimiento que seguiremos posteriormente, aclarar que esta indicación requiere unanimidad. Por eso, primero, habría que solicitar la unanimidad de la Sala para los efectos de la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa entendió que ya estaba dada.

El señor DUPRE.-

No se había votado, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se ratificará esa unanimidad.

Acordado.

En votación el artículo con la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 1°, con la indicación.

En discusión el artículo 2°, que se refiere a quienes constituyen la municipalidad. Se entiende que esto es obvio, porque son los nuevos organismos, en lo que todos están de acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

Nosotros queremos dejar constancia, para la historia de la ley, de que, efectivamente, en el artículo 2° casi no hubo discusión porque, en esta materia se han querido acentuar los cambios efectuados durante el Gobierno anterior. Esta es, precisamente, la mejor garantía de que se quiere profundizar, buscando la participación, pero intentando mantener la eficiencia.

Por otro lado, es importante destacar que al quedar establecido el concejo, incorporando también un consejo económico social, no se hace más que seguir siendo consecuente con el carácter participativo y con el reconocimiento y esto es lo más importante de lo que significa un Consejo Económico Social establecido ya hoy día en la Constitución Política.

Desde ese punto de vista, se ha acentuado y profundizado lo estipulado, efectivamente, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades actualmente vigente.

Por lo tanto, la UDI concurrirá con su voto favorable a este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario informa que al haberse aprobado la indicación del Diputado señor Andrés Palma, hay varios artículos que no corresponde discutir, entre ellos, éste, porque no ha sido objeto de modificación ni de indicación.

En votación el artículo 2°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 2°.

El artículo 3° no se discute; pero hay que votar dos indicaciones no renovadas, salvo que hubiera asentimiento de la Sala para omitir la votación.

Si les parece a los señores Diputados, así se procederá.

Acordado.

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 3°.

Aprobado.

En discusión el artículo 4°, que sustituye el artículo 6a, por el cual se faculta a las municipalidades para celebrar convenios con otros órganos del Estado o participar en corporaciones, efectuar contratos, dar concesiones, etcétera.

El señor LEAY.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, deseo hacer una sugerencia.

En el primer trámite reglamentario flexibilizamos bastante el llamado a propuestas, básicamente porque entendemos que la ley no debe transformarse en un reglamento para los concejos y el alcalde, sino fijar las líneas gruesas.

Dentro de este criterio, por ejemplo planteamos que todos los contratos que celebren los municipios debieran hacerse por licitación pública, salvo que el concejo, por la mayoría de los concejales presentes, autorizara al alcalde para omitirla y reemplazarla por una propuesta privada.

Lamentablemente, en el segundo trámite reglamentario se vuelve a reglamentar este sistema, en circunstancias de que no corresponde; muy por el contrario, deben darse las autorizaciones necesarias para que el concejo con el alcalde decidan, según su criterio, qué contratos o convenios se hacen mediante licitación pública y en cuáles, por motivos de buen funcionamiento del municipio, se puede omitir el trámite.

Este aspecto estaba muy bien resguardado, porque se establecía que se podía omitir la licitación pública por acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales presentes. La modalidad flexibilizaba y hacía más dinámica la acción municipal; pero ahora se establece un sistema que entraba con montos y situaciones que, sin lugar a dudas, pueden ser altamente negativas para la gestión municipal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este artículo se justifica por su contenido. Quienes hemos sido alcaldes, conocemos las presiones de diversos tipos que recaen sobre los municipios, en especial respecto de los alcaldes, regidores o concejales, cuando se trata de obtener propuestas de obras. La disposición es muy minuciosa, casi como el reglamento que tendrá la gente que trabajará en los municipios. Es positiva y debe ser aprobada, porque permitirá claridad en la gestión del municipio.

Todas las obligaciones que se imponen resguardan la honestidad de quienes trabajen en él, sean concejales o alcalde; dan claridad prístina a las gestiones económicas y financieras que se realicen con el dinero de los contribuyentes, que hay que cuidar como si fuera propio.

Por estas razones, estamos a favor del artículo en discusión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, el artículo 6° concilia perfectamente los criterios de flexibilidad que se requieren para que un municipio opere con la objetividad y la transparencia exigibles a todas las actuaciones de los organismos

públicos, puesto que al establecer cuantías y hacer distinciones en tomo al monto de los contratos y de las concesiones, se le entregan al concejo criterios que naturalmente debe respetar, lo que impide los actos de arbitrariedad tan frecuentes en las entidades municipales.

Por otro lado, este criterio objetivo se conciba con la adecuada flexibilidad, ya que, como lo señala el penúltimo inciso, para el evento de contratos que no excedan de cien unidades tributarias mensuales, expresamente se posibilita la contratación directa. Es una facultad, no una obligación, la que, en definitiva, resolverá cada caso en particular.

Por estas razones, vamos a votar favorablemente el texto aprobado por la Comisión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, en esta materia, el proyecto debe establecer una norma general que oriente al municipio. Por eso el alcalde siempre debe llamar a propuesta pública. No parece lógico, por lo tanto, introducir elementos a nuestro juicio ajenos a la ley y más bien propios de un reglamento, como la obligación de propuesta pública, el cambio a propuesta privada o el contrato directo, según las unidades tributarias, medición, por lo demás, absolutamente arbitraria.

En consecuencia, es sano para la administración municipal que el alcalde siempre esté obligado a la propuesta pública y sólo se pueda omitir cuando el concejo lo estime conveniente. En este último caso, cuando haya propuesta privada nosotros exigimos que los contratos sean aprobados posteriormente por el propio concejo.

Ademas, de ser materia de reglamento y no de ley, a nuestro entender su incorporación demuestra desconfianza en el concejo y lo hace caer un poco en interdicción.

Por eso, insistimos en que siempre debe haber propuesta pública y en que el concejo es el único facultado para omitirla, con los resguardos del caso, como es la posterior aprobación de los contratos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente la disposición como viene en el informe, por una razón muy simple.

En definitiva, se trata de la transparencia en el manejo de fondos públicos, en este caso, por el municipio. Desde este punto de vista, no es necesario argumentar mucho para concluir en que corresponde regular en la ley la licitación y ojalá de la manera más clara posible, con las mayores precisiones, como lo hace el artículo 6° propuesto. La disposición en análisis no erosiona el principio de eficacia de la administración municipal. Como se ha señalado, contiene una buena síntesis y regula cada caso en particular, según el monto de la licitación de que se trate. De ninguna manera es producto de la desconfianza.

La ley tiene la obligación y este artículo lo hace adecuadamente de establecer los mecanismos y las regulaciones que garanticen algo consubstancial, a nuestro juicio, al espíritu de la reforma en debate, que es la transparencia, la posibilidad de fiscalización y la claridad en el manejo de los recursos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El principio fundamental es otro. El proyecto es sobre organización de municipalidades; y los tres primeros incisos del artículo 6° comprenden, primero, la celebración de convenios con otros organismos de la administración del Estado; segundo, la celebración de contratos con personas naturales o jurídicas, y tercero, al otorgamiento de concesiones para la prestación de determinados servicios municipales. En consecuencia, los incisos siguientes están de más, no son materias propias de una ley, sino de un reglamento.

No existe el problema de la transparencia de la función municipal, ya que no debe olvidarse que el nuevo municipio va a tener un doble control: por una parte, tal como se dijo a propósito del artículo 1°, toda la acción fiscalizadora de la Contraloría; y por otra, el control que va a efectuar el concejo municipal. Por lo tanto, no es aceptable determinar en la ley una serie de facultades reglamentarias.

Por último, quiero hacer presente que el inicio del artículo 6a dice: "Para coadyuvar7'. Esta expresión está totalmente de más, porque se subentiende. Debe partir: "Para el cumplimiento de sus funciones.".

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido el cierre del debate.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, había pedido la palabra con anterioridad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, pero se ha pedido el cierre del debate. No depende de mí.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el cierre del debate.

Se ha pedido, además, división de la votación, en el sentido de votar separadamente los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo. O sea, desde donde dice "La celebración de los contratos..." hasta el penúltimo párrafo, inclusive.

En votación el artículo, sin esos incisos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo, sin los incisos indicados.

Corresponde votar el resto de los incisos, es decir, los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo.

El señor LEAY.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, son sólo tres los incisos. El último termina con la palabra "directa", en la página 52.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, son tres.

En votación los incisos cuarto, quinto y sexto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa 56 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 16 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazados los incisos por no haberse alcanzado el quorum necesario.

En discusión el artículo 5°, por el cual se crea un Párrafo 3°, nuevo, sobre el patrimonio y financiamiento municipales.

Existen indicaciones tanto al artículo 10 bis, nuevo, como al 11. El artículo 10 bis se refiere al patrimonio de las municipalidades; tiene dos indicaciones no renovadas.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el Párrafo 3° es una norma muy importante de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y por intermedio de la Mesa quiero informarle al señor Ministro del Interior, presente en la Sala, que con algunos parlamentarios estuvimos de acuerdo en que esta materia podría haber sido discutida en un trámite paralelo al que realizamos hoy, con el objeto de hacer una reflexión más profunda acerca de ella. Sin duda, el tema del fondo común municipal, cuya inclusión en este artículo es producto del acuerdo político, se pudo tratar con más calma, de manera que los parlamentarios y las Comisiones hubieran podido examinar, con más detenimiento los alcances exactos de estas disposiciones, que ahora se proponen con el carácter de ley orgánica constitucional, en vez de su rango actual de ley simple.

Eso hubiera sido lo ideal, porque ahora estamos legislando con prisa para tener elecciones municipales el 28 de junio, incluso en materias que no inciden directamente en esa elección. De hecho, es perfectamente posible tratarlas en otro plazo, con distinta disposición, a fin de alcanzar mayores niveles de acuerdo y perfección en la legislación. Sin embargo, estamos compelidos a aprobarlas con prisa para que pueda haber elecciones, lo cual, sin duda, no permitirá que el producto de esta legislación sea el mejor o el más adecuado.

En la Comisión formulé indicación para suprimir del tratamiento de este proyecto aquellas materias que no inciden directamente en las elecciones, la cual no fue aceptada. Entonces, deberemos legislar de una manera inadecuada y, por consiguiente, cometer errores.

Además, desde el punto de vista formal, este artículo 5° contiene un error. Presenté una indicación, que fue rechazada en la Comisión, para alterar el orden de los artículos, con el objeto de que el artículo 10 bis fuere 11, y el 11, 11 bis, porque en la actualidad el artículo 10 bis figura como 11. Al modificar la numeración de un artículo, manteniendo las mismas materias, se genera un problema para aquellas normas de otras leyes que se refieran al presente artículo 11, que pasará a ser 10 bis. En ese sentido, estamos legislando de manera equivocada. Mantendré la indicación, que no puede ser discutida, pero sí votada, para que se corrija esta situación y se mantenga la concordancia entre los textos legales.

Al mismo tiempo, estimo que debe votarse en forma separada el artículo 11 del proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Por qué no nos referimos primero al artículo 10 bis? porque las normas se votan aparte.

El señor PALMA (don Andrés).-

Estoy hablando del artículo 5a del proyecto. Ambas disposiciones, los artículos 10 bis y 11, están contenidas en el mismo Párrafo. Así evitamos una intervención posterior.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está bien.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, pido votación separada para el artículo 11, cuyo inciso segundo finaliza con las palabras "el cual estará integrado por los siguientes recursos", y después los enumera.

Esta materia, que tenemos que debatir con mayor profundidad, considero que debe quedar establecida en la Ley Orgánica Constitucional.

Solicito que se voten separadamente los números 1, 2, 3, 4 y 5, y la frase que los relaciona con el párrafo anterior.

¿Por qué pido esto? Porque existe acuerdo para que el fondo común municipal tenga rango de ley orgánica constitucional, como aquí lo estamos estableciendo. No obstante, el acuerdo político no tiene por qué inducir a error en materia legislativa. Sin duda, la integración de los ingresos municipales y el uso de los mismos deben ser debatidos en el proyecto de ley de Rentas Municipales.

Se puede argumentar que el acuerdo político es que la integración de recursos del fondo común municipal debe ser aprobada con un quorum especial; pero puede ocurrir que se haga de igual forma en el proyecto de Rentas Municipales.

Aquí estamos tratando la distribución de parte de los recursos municipales y no del resto de ellos. Me parece que eso, en técnica legislativa, constituye un error, porque estamos definiendo a priori algo que después deberemos discutir detalladamente. Estimo que debe ser un compromiso nuestro aprobar estas normas sólo cuando procedamos a debatir cada una de las disposiciones de la nueva ley de rentas municipales, la cual tendrá el carácter de ley orgánica.

Por esa razón, solicito votación separada respecto de estas materias.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.

Señor Presidente, el Diputado señor Palma acaba de señalar su punto de vista, que es muy respetable; pero esto es parte importante del acuerdo político para tratar el tema, razón por la cual fue rechazada su indicación en la Comisión. Lo que él indica se refiere, sin duda, a la distribución del fondo común municipal y no a su constitución como tal con los recursos que lo integran.

Existe acuerdo total de la Comisión en cuanto a este punto, y creo que sostener lo contrario sería inducir a error a la Sala.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el artículo 10 bis es quizás uno de los más importantes del proyecto, en la medida en que establece el patrimonio, en su conjunto, y en particular los ingresos del sistema municipal.

La letra f), modificada por la Comisión, dispone que los municipios aplicarán tres tipos de impuesto que constituirán sus ingresos propios: el impuesto territorial, los permisos de circulación de vehículos y las patentes. Hoy esos recursos ascienden a alrededor de 200 mil millones de pesos y representan más del 85 por ciento de sus ingresos.

Consideramos muy importante que esta materia quede establecida en la ley orgánica. Más aún, pensamos que está norma reviste el carácter de ley orgánica constitucional, a pesar de que la Constitución no la considera; pero, en la medida en que el fondo común municipal se encuentra determinado en la Carta Fundamental y constituye un mecanismo de redistribución de los ingresos propios para efectos solidarios y de compensación, los componentes sobre los cuales actúa también adquieren el carácter de ley orgánica, porque señalan el efecto de una disposición de esa naturaleza.

Por su importancia, aprobaremos este artículo en los términos en que viene propuesto en el proyecto.

En cuanto a las aseveraciones del Diputado señor Palma que no se refieren al artículo 10 bis, sino al 11, nos parece bastante inconveniente su indicación, puesto que el fondo común municipal es un instrumento de gran importancia para asegurar una distribución adecuada de los ingresos entre los distintos municipios. En la reforma constitucional se estableció su existencia, y no tiene ningún sentido reiterarlo en una ley orgánica. En ella deben indicarse los componentes de ese fondo para asegurar la masa de recursos que se redistribuirán solidariamente.

Por ello, consideramos fundamental que en este proyecto queden establecidos los números 1), 2), 3), 4) y 5), por constituir la base que proporciona estabilidad a este mecanismo de compensación y redistribución solidaria.

Por lo tanto, no compartimos la indicación, en el sentido de que esta disposición debería ser materia del proyecto sobre rentas municipales. En él debe quedar establecida la manera en que este fondo se distribuirá entre los municipios, pero no los componentes que lo originan y constituyen. Ahí hay una confusión de conceptos y pienso que ésa es otra materia.

En consecuencia, apoyamos los artículos 10 bis y 11, en los términos en que viene en el proyecto.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, comparto totalmente el criterio del Diputado señor Montes, de tal manera que seré muy breve.

La proposición del Diputado señor

Palma infringe el texto actual de la Constitución y también el acuerdo político. En consecuencia, esto debería votarse conjuntamente.

Desde luego, nosotros estamos de acuerdo en aprobar estas disposiciones.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, respecto de los artículos 10 bis y 11, señalo la necesidad imperiosa de aprobarlos, toda vez que guardan directa relación con el adecuado funcionamiento de las municipalidades, al establecer, por un lado, el patrimonio municipal y, por otro, el mecanismo redistributivo que se denomina ''Fondo Común Municipal".

Ahora bien, en la Comisión se acordó incluir en el proyecto las materias del artículo 10 bis, toda vez que permiten el adecuado funcionamiento municipal. Aunque no están establecidas en la Constitución como de ley orgánica, es necesario considerar al respecto el fallo del Tribunal Constitucional, del 29 de febrero de 1988, que dice: "como lo demuestra una interpretación armónica de la preceptiva constitucional contenida en el párrafo relativo a la administración comunal del Capítulo XIII, de la Constitución Política, el complemento indispensable de las materias referidas a la letra a), pues si ellas se omitieran no se lograría el objetivo del constituyente al incorporar esta clase de leyes en nuestro sistema positivo". Se refiere, entonces, a que cuando una materia es complemento indispensable de otra para su adecuado funcionamiento, ésta adquiere automáticamente el mismo rango. Señala el Tribunal Constitucional que las materias referidas al patrimonio, si bien es cierto no están todas comprendidas en la Constitución, son de quorum de ley orgánica constitucional.

Por lo tanto, en nuestra opinión, el artículo 10 bis es una materia de rango orgánico constitucional.

Ahora bien, en relación con lo manifestado por un Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en orden a que las materias del artículo 11, deberían ser tratadas en otro cuerpo legal, me parece que ello es contrario al acuerdo político suscrito por todos los partidos con representación parlamentaria en esta Sala.

En efecto, el acuerdo establece que existirá en la ley orgánica un mecanismo redistributivo, cuya composición es materia, como se consagra en la Constitución, de ley orgánica. Además, expresa que la forma de distribución, que es una cosa distinta, es materia de ley simple.

En consecuencia, soy contrario al planteamiento de separar esto y llevarlo a la ley simple o a la Ley de Rentas, como se ha propuesto; es materia propia de la ley orgánica, y lo que quedará para la Ley de Rentas Municipales es el mecanismo de distribución.

Por lo expuesto, Renovación Nacional votará favorablemente los artículos 10 bis y 11, de este proyecto de ley.

Por su intermedio, señor Presidente, otorgo una interrupción al Diputado señor Leay.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay, por la vía de la interrupción.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, comparto el primer punto de la intervención del Diputado señor Palma, como lo dije también en la discusión general de este proyecto, en cuanto a que la discusión de esta ley orgánica constitucional amerita haber tenido el tiempo suficiente para profundizar una serie de materias que, sin lugar a dudas, podrían haber continuado en la buena dinámica de la reforma municipal que se realizó en el gobierno pasado.

Pero el Diputado señor Palma comete un grave error respecto del segundo punto que señaló sobre el artículo 11, ya que, básicamente, hoy se ha logrado que la integración del Fondo Común Municipal quede respaldada en una ley orgánica.

Es interesante precisarlo, porque para muchos municipios del país dicho Fondo puede llegar a representar casi el 90 por ciento de sus ingresos. Por lo tanto, es bueno garantizarlo en una ley orgánica y no dejarlo en una ley simple, como puede ser una de rentas municipales, lo que podría poner en serio riesgo el financiamiento de los municipios, perjudicando su autonomía y su finalidad, de convertirse en un polo de desarrollo de la comuna.

Por eso, lo dicho por el Diputado señor Palma atenta básicamente contra la autonomía municipal y contra el financiamiento que hoy se garantiza en esta ley orgánica.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, me referiré en forma muy especial y breve al inciso que dice:

Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país, denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes recursos:".

Ello ratifica lo manifestado por el Diputado señor Montes, en el sentido de que este artículo es un todo que proporciona justamente los recursos para el Fondo Común Municipal.

Sobre todo, quiero expresar mi apoyo a este inciso, por la moralidad que encierra y especialmente por el sentido de solidaridad de las municipalidades más ricas con las medianas y con las evidentemente pobres que existen en todo el territorio nacional.

Por ejemplo, las municipalidades instaladas en este Gobierno, como las de Huechuraba, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y Lo Espejo, pertenecen a comunas que no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse.

La Municipalidad de Lo Espejo es la tercera o cuarta más pobre que existe en la Región Metropolitana. No tiene industrias ni comercio, y la mayoría de sus habitantes, por una ley que se promulgó hace tiempo, que por lo demás era muy justa y de la cual soy uno de sus autores, no paga contribuciones, porque provienen de poblaciones "callampas", de manera que ese municipio y el de Pedro Aguirre Cerda, no reciben ingresos por tal concepto.

No creo que esta norma vaya a perjudicar a las municipalidades ricas, que prácticamente tienen todos sus proyectos realizados; por ejemplo, no tienen problemas de urbanización ni de ningún tipo, y sus recursos generalmente los destinan al ornato de la comuna. En cambio, en otras comunas, como las que he nombrado, existen todos los problemas habidos y por haber, como son la pavimentación, la urbanización, el mal alumbrado, la construcción de los centros más elementales, como los de salud, las escuelas, en fin. Es imposible que estos municipios, como el de Lo Espejo, que pertenece a una de las comunas más grandes y de mayor densidad, realicen todas estas cosas con los recursos de que disponen. Esa municipalidad recibió 40 millones de pesos en esta etapa inicial de sus actividades para atender los servicios de todo orden que la comunidad, con justa razón, reclama.

Este es uno de los artículos más importantes, por lo que significa volver de nuevo a ese viejo concepto de la solidaridad entre los chilenos. Y no creo que Providencia, Las Condes, La Reina o Ñuñoa se vayan a sentir lesionadas en los legítimos derechos de otros vecinos a tener algunas cosas primordiales, porque incluso las que no lo son ya están solucionadas en esos municipios.

En cambio, además, de las comunas nuevas que he nombrado, hay otras, en el resto del país, que no tienen absolutamente nada, por lo que bien vale la pena que estos fondos sean mejor distribuidos, con el objeto de que también les caiga una cuota de dinero más alta a esos municipios pobres y proletarios.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

El señor ELIZALDE.-

¡Estoy inscrito hace mucho rato, señor Presidente!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay varios inscritos, pero no puedo seguir ofreciendo la palabra, salvo que se retire la petición de cierre del debate.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

A continuación, corresponde tratar el artículo 10 bis.

El señor ELIZALDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Se trata de un problema reglamentario?

El señor ELIZALDE.-

Sí, señor Presidente.

Quiero dejar constancia de que al inicio del debate fui el primer Diputado que levantó la mano para pedir la palabra, y Su Señoría, en forma arbitraria, se la dio a otro.

Posteriormente, el Vicepresidente señor Cerda mencionó a 5 Diputados que estaban inscritos para intervenir en un determinado orden, entre quienes me encontraba incluido. Me parece que por ese procedimiento se llega a un manejo del debate absolutamente arbitrario.

Un señor DIPUTADO.-

¡Censure a la Mesa!

El señor ELIZALDE.-

En consecuencia, para el próximo artículo me voy a inscribir, pero para referirme a este artículo en particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo puede hacer sin decirlo.

En relación con el artículo 10 bis, el señor Secretario me informa que hay una indicación no renovada.

Si le parece a la Sala, podría no votarse esa indicación.

Acordado.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, ¿qué dice la indicación no renovada?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación fue presentada por los Diputados señores Cantero, Longton y Rodríguez, don Claudio, para sustituir la letra b)del artículo 10 bis, por la siguiente:

"b) Un 40 por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el inciso primero del artículo 15 de la ley N° 17.235; un 50 por ciento del derecho por permisos de circulación de vehículos que establece el artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979; la totalidad de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y 140 de la ley N° 17.105, excepto la Municipalidad de Santiago, a la cual le corresponderá el cuarenta y cinco por ciento, y las Municipalidades de Providencia y Las Condes con el sesenta y cinco por ciento respectivamente, de las patentes antes señaladas.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 10 bis.

El señor ELIZALDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por un problema reglamentario, tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el informe consigna una indicación mía, referente al Fondo Común Municipal, la que, en su momento, fue declarada inconstitucional en la Comisión; la volví a presentar. Ahora, pido que se vote su constitucionalidad, por los siguientes motivos...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdone que le interrumpa, señor Diputado.

La Sala decidió que no se votaría ninguna indicación no renovada, sean admisibles o inadmisibles.

El señor ELIZALDE.-

Si son nuevas, ¿sí?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; sólo si hubiera unanimidad en la Sala o si está renovada con 40 firmas, y patrocinada por tres Comités.

Corresponde votar el artículo 10 bis.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 10 bis.

Artículo 11.

La Mesa advierte que el artículo 10 bis fue discutido junto con el artículo 11, tal como lo indicó el Diputado señor Palma.

Existe una indicación de Hacienda al artículo 11.

Un señor DIPUTADO.-

Además, pedí votación separada de este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, pero se entiende que el debate del artículo 10 bis se hizo junto con el del artículo 11.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, creo que la Mesa no puede evitar arbitrariamente que algunos parlamentarios se refieran en forma específica al artículo 11.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es lo contrario de lo que se había decidido, pero se puede hacer.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde para referirse al artículo 11.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el artículo 11 se relaciona concretamente con el Fondo Común Municipal.

En el artículo anterior se aprobó la letra f), la cual determina, tal como lo manifestó el Diputado señor Montes, que los tributos recaudados en virtud de la ley sean destinados a obras de desarrollo comunal. Quiero preguntar con qué van a pagar las municipalidades el sueldo de su personal de aquí en adelante, ya que, en definitiva, todos los recursos aprobados van al Fondo Común y nada se deja para los gastos normales de los municipios.

Me parece que ésta es una situación que en su momento deberíamos haber estudiado, pues lo que se acaba de aprobar, y que necesariamente tendrá que modificarse en el Senado, deja a los municipios en la imposibilidad de financiar el gasto de su personal.

Se ha planteado la inconstitucionalidad de una indicación que presentamos con respecto al artículo 11, para determinar porcentajes de los recursos en el Fondo Común Municipal. Se ha dicho que es inconstitucional porque estaríamos acotando recursos que sólo el Ejecutivo puede distribuir. Al determinar en la Ley Orgánica cuáles y en qué porcentajes se reparten los recursos que constituyen el Fondo Común, pensamos en nuestro compromiso, como parlamentarios, de entregar municipios con una efectiva capacidad financiera. Este compromiso fue establecido en nuestro programa de la Concertación, teniendo en vista que había que hacer un esfuerzo colectivo para entregar recursos suficientes a los municipios más pobres del país.

El Diputado señor Palestro mencionó las comunas creadas en la Región Metropolitana y ha planteado, inclusive, el caso de un municipio que, para iniciar su funcionamiento, recibió 40 millones de pesos. Esos municipios sólo van a tener posibilidades concretas de superar los problemas de la gente en la medida en que exista una justa redistribución de los recursos a través del Fondo Común Municipal, para que todas las municipalidades reciban, a lo menos, un porcentaje similar a lo que el municipio puede entregar a la comunidad.

Este tema está ligado con la Ley de Rentas Municipales. Se presupone que, por esa vía, habrá ingresos mayores; pero, de acuerdo con el debate inicial habido en esta misma Cámara, tengo muy claro que por parte de la Oposición no se entregarán nuevos recursos ya que ellos entienden esa Ley como una nueva reforma tributaria. En consecuencia', habremos elegido alcaldes y concejales que no podrán resolver los problemas cuya solución la gente espera de los municipios. Por eso, se debe votar la declaración de inadmisibilidad de mi indicación.

El Fondo Común Municipal requiere ser incrementado para que produzca los efectos perseguidos. Desde ese punto de vista, solicito que, respecto de la constitución del Fondo, se puedan votar aquí los diferentes porcentajes propuestos, para conseguir los objetivos concretos de que los alcaldes y los concejales que asuman puedan resolver los problemas en sus respectivas comunas.

Nuestro objetivo no sólo consiste en ganar las elecciones. Esa es una finalidad importante para los chilenos, desde el punto de vista democrático; pero, más que eso, tenemos la responsabilidad de entregar municipios con recursos suficientes para desarrollar la labor que la gente espera de esas autoridades que va a elegir.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene a palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, reconozco que en el caso de estos dos artículos el Ejecutivo ha superado un contrasentido que existía entre ambos. Por una parte, el artículo 11 establecía el mecanismo del Fondo Común Municipal en una ley orgánica constitucional; por la otra, al hablar de patrimonio de los municipios, en el artículo 10, no se establecía explícitamente que la parte de los impuestos territoriales y de los permisos de circulación, fundamentalmente, que no entrar al Fondo Común Municipal, queda incluido en él.

Por lo tanto, se acogió la idea, expresada en la Comisión de Hacienda supongo que también en la Comisión de Gobierno Interior en el sentido de incluir esos recursos en su patrimonio, mediante una ley orgánica constitucional, lo que da seguridad y estabilidad al sistema municipal. Sólo a través de una ley orgánica se podía lograr que esos ingresos pasen al patrimonio municipal. Sin embargo, quedaron en una redacción equivocada porque se hacen equiparables a los impuestos creados por ley, de clara identificación local, los cuales están contenidos en la actual Ley Orgánica.

Con respecto a lo afirmado por el Diputado Palestro, considero que él está equivocado. Cuando los recursos se distribuyan en virtud de la Ley de Rentas Municipales, podremos discutir cuál será el criterio más solidario. Ahora no estamos hablando de distribuir, sino de determinar cómo se conforma este Fondo Común Municipal. En consecuencia, en el momento oportuno, el colega puede defender sus posturas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, haré dos observaciones muy breves, en relación con lo que estamos discutiendo. Una, de forma, en el sentido de que me parece que el texto del artículo 11, no es materia de ley orgánica constitucional. Se ha redactado de manera de hacerlo aparecer como tal porque se ha utilizado ex profeso la misma fraseología contenida en el inciso tercero del artículo 107, de la Constitución reformada, según el cual una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. El inciso segundo dispone: "Para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento". Este es un subterfugio, porque son materia de ley orgánica sólo aquellas que la Constitución dice que lo son.

En ninguna parte del capítulo dedicado a los municipios se establece que las materias que no dicen relación con el funcionamiento de las municipalidades son propias de ley orgánica constitucional, razón por la cual no debería tener ese tratamiento. Esto no significa que no pueda estar en esta ley, porque, naturalmente, en una ley orgánica constitucional puede haber materias que no le sean propias y no requieran de quorum especial.

No estoy formulando petición alguna a la Mesa en ningún sentido a este respecto; pero me parece que el principio consignado en los números 4 y 5, es extremadamente rígido.

Comparto el criterio de distribución solidaria de los recursos en un país subdesarrollado y pobre como el nuestro, donde hay grandes desigualdades entre los distintos municipios. Pero me parece que el principio que se está aprobando no es simplemente el de la participación de la pobreza.

Al parecer, el Diputado señor Palestro no conoce la comuna de Santiago; porque de su intervención aparece como si fuera una comuna boyante, llena de riquezas y en donde los dineros del municipio sólo se pueden utilizar para mejorar el aseo y el ornato. No es así. Por lo demás, cuando determinada comuna tiene un alto grado de actividad comercial, ello conlleva obligaciones y prestación de servicios por parte de los municipios, que requieren financiarse.

Si queremos revitalizar nuestros grandes centros urbanos, me parece un contrasentido privarlos de recursos. No se trata de que no colaboren, porque deben hacerlo. Pero si consagramos esto en una ley orgánica constitucional, en el hecho estamos desincentivando el desarrollo de algunas comunas, en perjuicio de sus habitantes. El impacto definitivo de las cantidades que se puedan sustraer al cumplimiento de los planes y programas de desarrollo de comunas como la de Santiago, que no es rica, es muy poco.

En consecuencia, estamos aplicando el criterio errado, en nombre de la solidaridad, de distribuir pobreza. Vamos a empobrecer a ciertos municipios en favor de ningún beneficio concreto para otros.

El señor PALESTRO.-

Hay otras que no tienen nada.

El señor SCHAULSOHN.-

Sé, Honorable señor Palestro, que hay municipios que no tienen nada; pero ésta es la misma filosofía de la redistribución del ingreso de quitarles a los ricos para regalarles a los pobres. Esa manera de aproximarse a los problemas no ha dado resultados.

El señor PALESTRO.-

Pero lo hacía Robín Hood.

Risas en la Sala.

El señor SCHAULSOHN.-

Justamente, es lo que hacía Robín Hood, como bien dice el Diputado señor Palestro; pero ya no estamos en los tiempos de ese personaje. Simplemente, me parece un criterio muy errado consagrar en la ley orgánica constitucional una fórmula tan rígida. No me opongo a que se fije en esta ley un sistema de distribución solidaria; pero estamos cometiendo un error que afectará la revitalización de una de las áreas importantes de la ciudad, en términos del progreso económico y social de toda la Región Metropolitana.

En ese sentido, expreso mi oposición a la forma como está abordado el problema, pero no al concepto de distribución solidaria, que me parece absolutamente necesario y adecuado. No trabajemos sobre la base de mitos, que no dicen relación con la realidad de las comunas que aquí se señalan. Hay muchos pobres. También los hay en mi comuna y en muchas otras.

El señor REBOLLEDO.-

En Vitacura.

El señor SCHAULSOHN.-

En Vitacura también, Honorable señor Rebolledo; en todas partes, y las carencias son muchas. Me parece que la manera como se está abordando este tema no es la adecuada. Aunque concuerdo con el principio, he querido dejar sentada mi opinión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Cantero le solicita una interrupción.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, tengo la mejor voluntad en concederlas, pero con anterioridad me la ha pedido el Diputado señor Bombal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, seré muy breve. Sólo deseo consignar que el criterio de tomar fondos de las municipalidades de Santiago, Providencia y Las Condes ha estado siempre en la ley, lo que no es óbice para que otras del país puedan hacer sus aportes. En eso tendría que coincidir con mi Honorable colega. Se escogen esos tres municipios por ser los con más alto rendimiento tributario, precisamente por la concentración de las actividades que ellos tienen. Tal vez sería muy saludable revisar el criterio, con el objeto de incorporar otras ahora, con motivo de la creación de los nuevos municipios; o examinan la estructura presupuestaria de otros en el país, ya no en la Región Metropolitana, a fin de que el fondo se pueda compensar aún más. Lo que quiero acotar es que el criterio existe, y viene recogido de la ley anterior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el Diputado señor Schaulsohn ha sostenido dos cosas, que la composición del fondo no es materia de ley orgánica, y que los puntos 4 y 5, afectan el desarrollo del centro de la ciudad de Santiago.

En cuanto al carácter de estas disposiciones, el artículo 111, de la Constitución dice claramente; "Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal.".

Es decir, esta norma establece la manera en que se constituye el fondo, porque no basta con la declaración conceptual de principios, ni con la voluntad de crear el fondo, sino que es necesario señalar cómo se constituye, con qué recursos se compone. Es fundamental dejarlo establecido con el carácter de ley orgánica constitucional, de manera que además tenga la estabilidad necesaria, porque no puede quedar sujeto a modificaciones permanentes. Por lo tanto, tales disposiciones son plenamente pertinentes dentro de este artículo.

Se señala que los números 4 y 5, atentarían contra el desarrollo urbano del centro de la ciudad.

En verdad, como ya se planteó, esto se encuentra vigente y se están entregando los aportes de Santiago, Providencia y Las Condes al fondo común municipal. A pesar de ese aporte, en la actualidad dichas comunas concentran más del 40 por ciento de los ingresos de todos los municipios de la Región Metropolitana.

Es fundamental mantener lo que actualmente se aplica; o sea, el aporte de estos municipios al fondo común, por tratarse de un mecanismo que permite una mejor redistribución.

En cuanto a la posibilidad de que otros municipios aporten a este fondo, como el de Vitacura o Lo Barnechea, como se planteó en la Comisión de Hacienda, es una materia que merece un mayor estudio. En verdad, la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, no tiene posibilidades de efectuar aportes, pues cuenta con pocos ingresos, al igual que otras. Es necesario estudiar otras alternativas, como Viña del Mar, pero en la Comisión no existían antecedentes suficientes para incorporar aportes de otros municipios a este fondo.

Por lo tanto, es fundamental mantener el artículo en los términos planteados en el proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, sólo deseo señalar que el Diputado señor Schaulsohn está profundamente equivocado en el fondo de su planteamiento, por cuanto la Constitución Política establece que esta materia es de rango orgánico constitucional. Lo señala expresamente, ni siquiera se interpreta, sino que está en la letra de la Constitución.

De manera que, al parecer, el señor Diputado está leyendo la Constitución antigua, porque este artículo fue modificado por el Congreso Nacional hace pocas semanas.

Por otro lado, el punto 2.8 del acuerdo político suscrito por todos los partidos que tienen representación parlamentaria, también consagra este punto en forma clara, precisa y con un alcance absolutamente lógico. De modo que el artículo 11 en cuestión, es perfectamente coherente con lo que establece la Constitución y el acuerdo político. Por ello, reitero que lo votaremos favorablemente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, seré muy breve.

No estoy leyendo, Honorable señor Cantero, la Constitución al revés ni la antigua, sino el artículo 111 completo, cuya frase final dice: "Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley".

Manifesté que no estaba formulando petición a la Mesa en ese sentido. Si por lo que he escuchado de varios señores Diputados, se entiende que ésta norma puede modificarse a futuro, estamos dejando una rigidez muy grande al consagrar en una ley orgánica constitucional este tipo de materias que son, por esencia, cambiantes.

Ese es mi punto de fondo. Considero correcto el criterio del Diputado señor Montes en el sentido de que el principio de redistribución esté consagrado en la ley orgánica. Me parece razonable, porque es el principio fundamental. Pero en cuanto a los porcentajes, a la denominación específica de los municipios, a la tipificación de los tributos, que son cosas dinámicas que van cambiando con el desarrollo económico y social del país, me parece más lógico que sean materia de ley.

Debemos mirar esto en la perspectiva de lo que es el trabajo legislativo. Resulta mucho más difícil adaptarse a los tiempos cuando se utiliza el mecanismo de ley orgánica que cuando se usa el de la ley simple. Como principio general de técnica legislativa, se debe privilegiar la ley simple por sobre las normas de quorum calificado y de ley orgánica constitucional, salvo cuando se trate de consagrar como he dicho principios fundamentales. En eso no tengo discrepancias con el Diputado señor Montes, pero sí en cuanto al segundo aspecto.

El Honorable señor Bosselin me solicita una interrupción, naturalmente con cargo a mi tiempo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, coincido plenamente con el razonamiento expuesto por el Honorable Diputado señor Schaulsohn, en el sentido de que el mecanismo contemplado en relación con este fondo porcentajes, menciones de municipalidades escapa a la órbita de una ley orgánica constitucional.

La calificación de si una norma jurídica es o no orgánica constitucional, corresponde a una facultad privativa del Parlamento, que no está sujeta a control de legalidad o de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. En consecuencia, la simple mayoría de la Cámara decide cuál norma es orgánica constitucional y cuál no lo es.

Con la creación de las leyes orgánicas constitucionales se quiso elevar a ese rango lo esencial que menciona el legislador. Cuando el constituyente dice que la ley orgánica establecerá, por ejemplo, un Consejo Económico Social Comunal, no está diciendo que todo lo relacionado con ese consejo es materia de ley orgánica constitucional, sino únicamente, que el núcleo central, el núcleo rector, la sustancia premigenia es materia propia de una ley orgánica constitucional, porque tiene la característica de ser un complemento indispensable, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional.

El artículo 111 de la Carta Fundamental dispone que un ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país, con la denominación de Fondo Común Municipal. No ha dicho que todas las materias vinculadas con tal fondo tengan la categoría de ley orgánica constitucional, sino que solamente las que se vinculen con la esencia del mismo o con los complementos indispensables con esa esencia.

Con este razonamiento, no cabe la menor duda de que cuando señala, por ejemplo, que un 50 por ciento del derecho por el permiso de circulación tendrá este destino, no estamos definiendo la esencia ni un complemento indispensable. Ahí, entramos no sólo en el terreno de la ley simple, sino en el de la norma reglamentaria, porque estamos yendo a situaciones muy particulares.

La Comisión que conoció este proyecto fue extraordinariamente generosa al calificarlo como orgánico constitucional en su integridad o casi en su integridad, en circunstancias de que, de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional gran parte de sus normas no revisten tal categoría por no mirar a la esencia de las materias definidas por la Constitución ni decir relación con un complemento indispensable.

Esta prodigalidad en la calificación de las normas orgánicas constitucionales va a generar un proceso de rigidez no sólo en la aprobación de las normas y en los quorum indispensables, sino en sus modificaciones. Cuando a futuro sea necesario modificar alguna de estas disposiciones, que por naturaleza son reglamentarias y que nosotros erróneamente elevamos a la categoría de orgánicas constitucionales, estamos estableciendo impedimentos.

En consecuencia, el error emana de la propia Comisión que no fue cuidadosa en un proceso de calificación y que no analizó disposición por disposición e inciso por inciso.

Por esas razones, coincido plenamente con el Honorable señor Schaulsohn.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero agregar un antecedente más, aunque el señor Leay me censure de antemano con su mirada.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SCHAULSOHN.-

¡Señor Leay, estoy haciendo uso de mi derecho de hablar en la Cámara. La ruego que no me censure con la mirada..., ni con los gestos. Creo bueno que respetemos el derecho que todos tenemos. Este es un proyecto importantísimo y habrá que discutirlo!

Señor Presidente, quiero agregar un antecedente más.

¡Ahora, a lo mejor, el Honorable señor Leay sí va a censurarme no sólo con la mirada!

Estamos en un sistema institucional en el que una de las Cámaras tiene un alto componente de Honorables Senadores que no son fruto de la decisión popular.

Sé que al Diputado señor Coloma le molesta esto, pero es verdad. De modo que cuando elevamos a rango de ley orgánica constitucional materias que no necesariamente tienen tal jerarquía, estamos dando poder de veto sobre la forma en que legislamos a un conjunto de personas que han alterado, en los hechos y en forma reiterada, las mayorías expresadas en las elecciones populares. De manera que en tanto el Senado de la República no sea un cuerpo generado democráticamente, como lo somos nosotros en su integridad, debemos ser cautelosos en el tema de la ley orgánica constitucional.

Señor Presidente, el Honorable señor Huepe me ha pedido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo de Su Señoría.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, creemos innecesario alargar demasiado la discusión, porque ya ha sido suficientemente avalado el fundamento y la razón que tuvo la Comisión para disponer que el rango constitucional de este elemento de distribución quedara en ésta y no en otra ley de carácter orgánico constitucional; además, por mandato de la Constitución.

Pero aquí viene lo importante: el Honorable señor Schaulsohn ha argumentado en el sentido de no restarle fondos a una comuna. En este caso la suya, Santiago; pero pareciera que el Honorable colega no conoce lo que ocurre con la inversión comunal en el resto de las municipalidades.

Quienes hemos representado otro tipo de comunas y, además, hemos servido como alcaldes a mucha honra en comunas pequeñas, podemos hacer precisiones con meridiana claridad sobre la materia. En muchas ocasiones nos encontramos con comunas pequeñas como Lebu, en que más de un 60 por ciento de la inversión municipal llega fundamentalmente por la vía del Fondo Común.

En consecuencia, los aportes de redistribución que deben hacer estas comunas, especificadas hoy y propuestas en este artículo, son absolutamente necesarios. No hay ninguna razón para que algunos señores Diputados se opongan a que esta necesidad de equilibrar y de hacer más eficientes a los municipios más pequeños, se incluya en una ley orgánica constitucional, como ésta que regula el tema municipal.

Con tanta argumentación, ya resulta poco práctico seguir trabajando en el tema.

Con su venia concedo una breve interrupción al Diputado señor Coloma y, después, al señor Huepe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quizás el señor Schaulsohn que hoy está especialmente sensible, como que de las miradas se siente censurado está en un día especial y por eso ha equivocado su tradicional argumentación jurídica. De ahí que lo llamo a la reflexión en este caso.

Cualquiera interpretación pueda ser válida si se hace conforme al criterio objetivo. Pero lo que no podemos aceptar es que se interprete según el criterio de quienes hoy son parlamentarios. Ello significaría que cada vez que se elija un nuevo Parlamento, tendríamos que decir blanco a algo que es negro.

Eso, señor Schaulson y se lo digo a través suyo, señor Presidente vulnera evidentemente cualquiera concepción normal del estado de derecho, lo que atribuimos a un momento de sensibilidad, más que a un momento de reflexión jurídica.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, en este punto el debate se ha alargado, pero vale la pena, porque es un tema determinante para el financiamiento municipal.

Aquí hay dos problemas en discusión: uno, el acuerdo político al cual nos tenemos que ceñir; y otro, si el detalle que se quiere establecer corresponde exactamente a tal acuerdo político.

Ratifico la indicación del Diputado señor Andrés Palma en orden a pedir el desglose de la votación y concuerdo con la argumentación dada por algunos señores Diputados, en particular la del señor Schaulsohn. Me parece que estamos incorporando una disposición extremadamente rígida.

Según han reconocido los propios miembros de la Comisión, no había estudios suficientes. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, se argumentó acerca del porqué se dejaba sólo la Municipalidad de Santiago, en circunstancias de que otros municipios, que antes pertenecían a la comuna de Santiago, fueron separados y, a lo mejor, deberían incluirse. O, en el caso de Providencia y Las Condes, ¿por qué no aparece Vitacura? ¿Por qué se señalan estos porcentajes?

Estimo que hemos llegado a un nivel de detalle que me parece inadecuado incluirlo en una disposición de este rango.

Además, no debemos olvidar que tendremos que discutir el proyecto de ley sobre rentas municipales. Ahí, obviamente, esto debe estudiarse en forma minuciosa y si aclaramos el problema, se estima que se requiere ley de rango orgánico constitucional, en esa misma iniciativa, con un quorum especial, podrían aprobarse las disposiciones pertinentes.

Por esa razón, me parece inconveniente que este problema se plantee ahora. Porque, ¿qué dice el acuerdo político? Que "Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país, con la denominación de Fondo Común Municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley".

Al dejar y ésa ha sido la proposición concreta el inciso primero del artículo 11 hasta donde termina la expresión "Fondo Común Municipal", quedaría establecida la existencia de este mecanismo. Si suprimimos y ésa es la votación separada que se pedirá, la frase "...el cual estará integrado por los siguientes recursos:" y dejamos el inciso final: "La distribución de este fondo se sujetará a los criterios y normas establecidos en la Ley de Rentas Municipales.", cumplimos el acuerdo político y no rigidizamos esta expresión, que me parece realmente inadecuada.

Por esa razón, estimo que los parlamentarios que estamos comprometidos con el acuerdo político, pero que no creemos conveniente llegar a este nivel de detalle, podemos plantear la votación separada y dejar este tema para una discusión mucho más de fondo, cuando debatamos el proyecto de ley sobre rentas municipales, oportunidad en que se analizará el problema global del financiamiento municipal, que a esta altura todavía no está claro ni siquiera la información al respecto, como lo han reconocido los miembros de la Comisión.

Agradezco al Diputado señor Ulloa la interrupción que me concedió a pesar de saber que no iba a argumentar a favor de su posición. Pero, como fue alcalde de Lebu, distrito que represento, me imagino que por eso se sintió solidario.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a la Sala que en la tribuna se encuentra una representación del Gobierno de la República Rusa, especialmente de la ciudad de Moscú, integrada por el Primer Vicepresidente del Soviet de Moscú, el señor Stankevjv; por el miembro del Gobierno de Moscú, el señor Bystrov, y por el Jefe del Departamento de Asuntos Exteriores de la Dirección de Obras Especiales, el señor Gasparjan, acompañados por miembros de la Embajada soviética en Chile.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al colega señor Campos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, como bien lo recordó el colega señor Cantero, todo lo vinculado al Fondo Común Municipal y a la conformación del patrimonio de las municipalidades corresponde a una de las materias más largamente discutidas en las comisiones negociadoras del tema municipal.

Por su complejidad e incidencia en la autonomía financiera de los municipios, se llegó al acuerdo de que esta materia tenía que incorporarse a la Ley Orgánica Municipal. En consecuencia, hay un acuerdo político en tomo de este punto. Como fue suscrito por el Presidente de nuestro partido, los parlamentarios radicales lo respetaremos y, por eso, votaremos favorablemente el artículo 11.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al colega Longueira.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, zanjado el problema de si elevamos a rango de ley orgánica o no este artículo en los criterios establecidos respecto del Fondo Común Municipal lo cual entiendo está dentro del acuerdo político que todos debemos respetares importante tener presente que lo que se define son sus ingresos. Por lo tanto, no existe ningún nivel de detalle, sino que se indican los tributos que lo integrarán.

Así, en el N° 1 se establece que un 60 por ciento del impuesto territorial de todos los municipios del país irán a este Fondo Común Municipal. Al respecto, debo señalar que hay comunas enteras que prácticamente no reciben ningún ingreso por este concepto, como es el caso de Huechuraba, donde casi el ciento por ciento de las casas está exentas del pago de contribuciones. O sea, lo que se regula es solamente aquello que se considera ingreso para el Fondo Común Municipal.

Los N°s. 4 y 5, en el Fondo, constituyen un tipo de impuesto a las patentes, que se les exige a tres municipios del país para que contribuyan con un porcentaje, que es distinto para cada uno de ellos, establecido en función de sus ingresos. A la Municipalidad de Santiago se le pide una contribución menor que a las Municipalidades de Providencia y Las Condes.

Por lo tanto, lo que aquí se detalla es el ingreso que tendrá este fondo, para distribuirlo solidariamente entre aquellos municipios que tal como lo he señalado, ni siquiera recaudan otros impuestos.

Las Condes, Providencia y Santiago tienen un nivel de ingresos más alto y son los únicos a los que se les exige contribuir, además, con un porcentaje de las patentes. Por ello, presenté una indicación, que aparece como de la Comisión de Hacienda, para que se mantenga dentro de ese aporte a las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, que nacieron de la comuna de Las Condes y que siempre han contribuido con un 65 por ciento de sus ingresos por concepto de patentes al Fondo.

Vitacura debe ser la comuna en que, por su ubicación, no existe prácticamente ningún pobre. Por lo tanto, me parece que no es de justicia exceptuarla de esa contribución al Fondo Común.

En el caso de Lo Barnechea, hay quienes plantean que efectivamente tiene sectores de pobreza, pero por la vía de los otros tributos, como es el de contribuciones y permisos de circulación, tiene un ingreso altísimo, comparado con el resto de los municipios y con el grado de pobreza los habitantes de aquellos.

Es de toda justicia que Vitacura y Lo Barnechea sigan como ha sido siempre aportando, en consideración a la existencia de comunas con un alto grado de pobreza, sobre todo porque siempre los territorios que las conforman y que antes pertenecían a Las Condes contribuyeron al Fondo Común, efectivamente con un 65 por ciento de los ingresos por patentes. Lo mismo sucedía con las comunas de Recoleta e Independencia, que no las quise incluir en mi indicación, porque reconozco que Santiago se ha desprendido de dos sectores populosos que tienen, sin lugar a dudas, focos de pobreza muy importantes.

Por estas razones, estimo que la indicación que presenté para incluir a Vitacura y Lo Barnechea no es inadmisible, y debe ser considerada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Varios señores DIPUTADOS ¡No, señor Presidente!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

El señor Secretario dará lectura a una indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación al número 5 del artículo 11, para agregar, después del término "Providencia", las siguientes expresiones, precedidas de una coma (,): "Vitacura, Lo Barnechea".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de votar la indicación, debemos resolver la petición de votación separada que ha planteado el Diputado señor Palma, que tiene prioridad. Solicitar votar la primera parte hasta la frase "Fondo Común Municipal"; luego, el último inciso.

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, solicito al Diputado Andrés Palma que retire su petición, porque, sin lugar a dudas, rompe el acuerdo político firmado por todas las bancadas y el Gobierno, el que dispone claramente que una ley orgánica constitucional establecerá un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios de las municipalidades.

Este artículo se refiere justamente a aquello, porque en él básicamente se está determinando el mecanismo de redistribución y la integración de los recursos del fondo. El día de mañana podría mejorarse, quizás incluyendo a otros municipios, pero lo que existe en la actualidad es esto. Reitero que la división de la votación rompe el acuerdo político.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, si el Diputado Leay hubiera escuchado mi intervención inicial en este debate no estaría formulando esa petición.

No estoy en contra del acuerdo político, el cual dice en forma expresa que una ley orgánica constitucional regulará esta materia. No establece que deberá estar contenida en la de Municipalidades. En mi opinión, se puede cumplir perfectamente el acuerdo político si se pone esta materia con rango de ley orgánica en la ley que corresponda. En un balance, no es posible discutir el "debe" y no el "haber". Si vamos a debatir el Fondo Común Municipal, debemos considerar ambas partes...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se trata de fundamentar, sino de saber si usted mantiene su opinión.

El señor PALMA (don Andrés).-

Como el Diputado Leay ha hecho una fundamentación, yo también quiero explicar por qué sostengo mi indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Corresponde, entonces, votar separadamente el artículo.

En primer lugar, en votación el artículo, hasta donde dice "Municipal.", más el último inciso.

Durante la votación.

El señor LEAY.-

¡Está rompiendo el acuerdo político!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado Palma tiene derecho a solicitar la división de la votación; después se verá el resultado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el resto del artículo, desde donde dice: "...el cual estará integrado", y la forma de esta integración.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo dos abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

La Mesa declara inadmisible la indicación de Hacienda, porque incide directamente en lo que es la administración financiera del Estado, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Si alguien tiene otro criterio, lo puede plantear, y la Sala resolverá.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, me sorprende que después de la argumentación sostenida por Su Señoría en la sesión de ayer, en favor de una indicación que alteraba claramente la administración financiera del Estado, relativa a la licitación de los buses, hoy esgrime el mismo razonamiento para declarar inadmisible esta indicación. Cualquier analista, ante el artículo puesto en votación, habría comprobado que alteraba la administración financiera del Estado, porque eso era evidente. Sin embargo, ahora se repite exactamente la misma argumentación para afirmar lo contrario.

La indicación presentada no altera en nada lo existente, porque Vitacura y Lo Barnechea siempre han contribuido con el 65 por ciento del pago de patentes al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, no estoy haciendo otra cosa que mantener lo que ha existido hasta ahora.

Si no se aprueba esta indicación, se excluirá por primera vez del Fondo Común Municipal el 65 por ciento del pago de patentes de Vitacura y Lo Barnechea.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No entraré a discutir la justeza de la indicación, sino el problema formal.

La situación producida ayer era completamente distinta, porque se trataba de saber si determinada materia iba o no a la Comisión de Hacienda. En cambio, aquí resulta evidente que el Presidente de la República no incluyó a algunas municipalidades para que entregaran recursos al Fondo Común Municipal; no obstante ello, ahora los parlamentarios las incluyen, es decir, están destinando fondos de la Administración del Estado a otros asuntos, cosa que sólo le corresponde hacer al Presidente de la República. Por lo tanto, se ha declarado inadmisible.

Si alguien quiere cuestionan esa decisión, que lo diga, y se votará en la Sala.

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

El Ejecutivo ha elaborado un proyecto sobre la base de lo establecido en la Ley de Rentas.

En concreto, las comunas de Vitacura y de Lo Barnechea, desde el punto de vista de esos recursos, estaban en Las Condes. Cuando usted las excluye, señor Presidente, está marginando del Fondo Común Municipal una cantidad muy alta de recursos.

Por eso, considero que esta indicación es admisible.

La señora CARABALL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, en primer lugar, me parece que se está procediendo con mucha liviandad respecto de esta materia, porque no es el del caso discutir así los ingresos de las municipalidades.

En segundo lugar, la división de Las Condes en tres comunas, indudablemente cambia la base sobre la cual se tributa, lo que amerita una discusión más a fondo, en lugar de decir que ahora es el mismo territorio anterior porque Lo Barnechea, con una cantidad enorme de problemas, no gozará de la distribución del Fondo Común Municipal y deberá hacer un aporte desmedido en relación con sus ingresos.

Por esa razón, aparte de que esta materia es inconstitucional por lo que ha señalado el señor Presidente, es bastante poco seria una discusión de este tenor.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Declarada inadmisible la indicación, la Mesa quiere saber si algún parlamentario quiere cuestionar esa decisión.

El señor LONGUEIRA.-

¿Cuánto tiempo tengo para argumentar?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).Cinco minutos.

El señor LONGUEIRA.-

Tal como lo manifesté en mi intervención anterior, estamos estableciendo los ingresos del Fondo Común Municipal, el cual, mediante este proyecto se está elevando al rango de orgánico constitucional.

Históricamente esto ha sido así; es decir, todas aquellas patentes otorgadas en los territorios que hoy día conforman la comuna, han permitido a Vitacura aportar el 65 por ciento al Fondo Común

Municipal. Exactamente lo mismo ha ocurrido en los sectores de Lo Barnechea.

Aquí estamos hablando de un solo tipo de impuesto, de tres que se establecen a nivel municipal y que aportan al Fondo Común.

En el caso de Lo Barnechea, existen sectores populares, en cuyas poblaciones existen focos de pobreza que hay que atender.

Sin embargo, en esa misma comuna están las casas que tributan más, por ser las de mayor tasación del país. Por lo tanto, es evidente que ella tendrá ingresos más que suficientes para colaborar con aquellos sectores poblacionales que tiene Lo Barnechea.

Si uno analiza su promedio de ingresos, ve que es incomparable con el de otra comuna que está al lado, Huechuraba, la cual, por la vía del impuesto territorial no recibe un peso, porque todas sus casas están exentas.

Por lo tanto, con esta indicación se quiere mantener una contribución al Fondo Común que ha existido siempre. Por eso, señalé que Recoleta, Independencia, Lo Barnechea y Vitacura tienen un "status" distinto al de otras comunas, y en la Comisión de Hacienda estuvimos estudiando la posibilidad de que también contribuyeran comunas como Pucón, pero vimos que ésta nunca ha aportado al fondo con el 65 por ciento del ingreso de sus patentes, como lo han hecho Santiago, Providencia y Las Condes. Como estas comunas se dividieron territorialmente, es justo que mantengan su aporte. No estoy alterando absolutamente en nada lo que ha existido siempre. Por lo tanto, estimo que esta indicación es absolutamente admisible, y pido que se someta a votación el criterio de la Mesa.

El señor ORTEGA.-

Pido la palabra.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, creo que se están confundiendo dos cosas: una, la justeza de la indicación; otra, su constitucionalidad.

Nosotros no discutimos que en un momento determinado se establezca que Vitacura y Lo Barnechea participen en el Fondo Común Municipal.

Estamos cuestionando en la Comisión también declaré inadmisible la iniciativa del Diputado Longueira que la iniciativa sea de origen parlamentario, y no presidencial.

Existen municipalidades que la ley ha determinado que son diferentes, como lo señaló el Gobierno en nuestra Comisión, porque están realizando gastos para instalarse y hay que considerar la realidad de sus ingresos.

Eso es con respecto al tema de fondo. Nosotros estamos dispuestos a participar en la iniciativa en otra ocasión. Pero, en relación con la admisibilidad de la indicación, no cabe duda de que la Mesa tiene la razón, dado que el artículo 1° de la Ley de Bases de la Administración del Estado indica claramente que las municipalidades son parte de él. Además, el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución, establece que en cuanto a la Administración del Estado y a las municipalidades, la iniciativa corresponde al Ejecutivo.

Por esa razón, como Presidente de la Comisión, tuve que declarar inadmisible esta indicación.

El señor KRAUSS (Ministro del Interior).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor KRAUSS (Ministro del Interior).-

Señor Presidente, el criterio del Ejecutivo ha sido dejar constancia de que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en su condición de poder colegislador, toda vez que está afectando normas claras de la administración financiera del Estado.

En el asunto específico respecto del cual se ha discutido y en el que incide la indicación de la Comisión de Hacienda, las dos comunas obedecen a nuevas manifestaciones administrativas territoriales, cuya conducta debemos observar desde el punto de vista de su eventual contribución el fondo en el futuro. El Gobierno no se niega a considerar que ellas deban participar, conforme con el criterio global del Fondo Común Municipal; pero para adoptar un pronunciamiento y, en consecuencia, respaldar la iniciativa, requiere la experiencia concreta en materia de ingresos y gastos de cada una de las nuevas comunas.

Es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el criterio de la Mesa.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo tanto, la indicación es inadmisible.

Despachado el artículo 11°

El artículo 6° tiene algunas modificaciones de detalle, porque cambia la expresión "consejo de desarrollo comunal" por "concejo" e introduce la figura del administrador municipal; además, tiene una indicación. Quiero saber si podemos despacharlo rápidamente, o bien lo dejamos pendiente y suspendemos la sesión hasta las 15 horas.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la letra b) del artículo 6° está relacionada con el administrador municipal. Por lo tanto, puede votarse la letra a) y discutirse el otro aspecto con el artículo 24 bis, en su momento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Conforme.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

En votación la letra a) del artículo 6°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la letra a) del artículo 6°.

Los artículos 7°, 8° y 9° sólo tienen indicaciones de redacción y deben ser votados sin discusión.

Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación.

Aprobados.

Por lo tanto, al reanudarse la sesión, se partirá con el artículo 10a y la letra b) que hemos dejado pendiente.

Se suspende la sesión hasta las 15 horas.

Se suspendió la sesión a las 13:18 horas y se reanudó a las 15:04.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde entrar a discutir el artículo 10 y la letra b) del artículo 6°, que se refieren a la noción de administrador municipal.

Ofrezco la palabra sobre la materia.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, en relación con esta norma, daré a conocer algunas observaciones que me merece el establecimiento de esta institución denominada "administrador municipal".

Ella me hace recordar que desde hace un tiempo a la fecha algunos insisten en la necesidad de crear instituciones similares en la Cámara de Diputados, en los partidos políticos y ahora en el municipio. Se trata de un cargo esencialmente burocrático que invalidará las atribuciones del alcalde, del contralor y de otros jefes de oficina. No se justifica en nuestros actuales municipios generalmente de comunas con no más de 200 mil habitantes y con una planta municipal bastante exigua. Esta institución es copiada especialmente de España y Alemania, donde sí tiene justificación, porque en el Municipio de Madrid, por ejemplo, trabajan 37 mil funcionarios, y en el de Munich, 45 mil. Si bien la norma lo establece como facultativo en el sentido de que "podrá existir en las municipalidades", no es menos cierto que, conociendo nuestra forma de ser, en definitiva, por diversas presiones se establecerá en todos los municipios, porque significará un cargo más.

Por eso sería bueno que los autores y suscriptores de este acuerdo político se pongan de acuerdo y eliminen de este proyecto la existencia de la citada institución burocrática.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA

(don Jorge).-

Señor Presidente, no desconozco que haya sobre esta materia un acuerdo político; pero nos atrevemos a fundamentar nuestro voto en contra de esta disposición dado que en todas las bancadas hay consenso de que esta figura jurídica, que se introduce por el proyecto, además de contradictoria y confusa, constituye un elemento inútil e inclusive hasta puede entorpecer la organización y el funcionamiento de las municipalidades.

Se crea un administrador municipal en circunstancias de que advertimos que las mismas funciones que por este proyecto se le entregan, en las municipalidades están distribuidas entre los jefes de control, de personal, administrativos, en el Serplac, etcétera; es decir, es una figura jurídica nueva con atribuciones confusas, las que invaden las muy bien definidas por lo demás de la ley municipal o de otras instancias como la del secretario municipal que se omite. Además, contribuye a aumentar inútilmente la burocracia de las municipalidades y significará, por el tratamiento que pretende dársele, un costo considerable.

Reconocemos que a través de la Comisión de Gobierno Interior obtuvimos que el Gobierno, en cuyo proyecto primitivo planteara la obligación de la existencia de este funcionario en comunas mayores de 100 mil habitantes, ahora cambie su parecer en el sentido de que ésta sea una simple facultad para todos los municipios del país.

Pero, verdaderamente, hacemos un llamado a los señores Diputados de todas las bancadas para que, en un esfuerzo de realismo, pensando en el beneficio municipal, aprueben la indicación supresiva que hemos reiterado y en consecuencia, limpiaremos de esta ley la figura jurídica del administrador municipal, que no sólo está absolutamente de más sino que reitero entorpecerá el quehacer de la municipalidad y que mediante otras atribuciones que se pretende entregarle, entrabará, por la vía de la interferencia las inherentes al alcalde.

En consecuencia, reiterando una vez más que sería una política muy sana que esta figura jurídica ni siquiera quede como una facultad en el proyecto de ley, sino que, sencillamente, desaparezca, hemos presentado indicación para eliminar el artículo pertinente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente en la mañana varios parlamentarios manifestaron que este proyecto, en distintas materias, no tenía suficiente maduración y claridad. Sin lugar a dudas, faltó mucho que debatir en el capítulo referente a la estructura interna de los municipios. Nos estamos quedando con una estructura que no guarda relación ni con la experiencia ni con las distintas realidades; por ejemplo, hoy sigue existiendo en los municipios la unidad de aseo y ornato, en la que normalmente operan dos funcionarios, pese a lo cual está al mismo nivel de la Dirección de Obras o del Serplac.

Esta reforma ha sido concebida en forma parcial, focalizada, fundamentalmente, hacia la democratización del municipio y para incorporar en su normativa orgánica ciertas materias establecidas en la reforma constitucional.

El acuerdo político, en el Capítulo II sobre Administración Comunal, estableció en el punto 9: "La Ley Orgánica Municipal establecerá la función de administrador municipal para todas aquellas municipalidades que reúnan determinadas características y requisitos. El administrador municipal desempeñará funciones de carácter técnico". A mí, al menos, me parece que ésta es una función necesaria, por cuanto la actual estructura tiene vacíos importantes a nivel de la coordinación operacional, en la cual todo está sujeto a la capacidad y a la cualidad particular de cada alcalde. La experiencia ha demostrado que gran parte de los alcaldes no tienen esta capacidad, y no necesariamente los que vengan la van a tener, con lo cual la eficiencia y la eficacia en la coordinación de los esfuerzos de las distintas unidades quedan, normalmente, bastante precarias. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre los departamentos de políticas sociales y el área de la salud y educación. Es lo que ocurre en relación con la pequeña empresa y el departamento de patentes y obras. En suma, no hay niveles de coordinación operacional adecuado.

En este vacío se ha planteado la figura del administrador municipal, y yo asumo que en el proyecto no está bien resuelta; no presenta un perfil de funciones suficientemente claras.

Sin embargo, es una materia sobre la cual es conveniente avanzar y legislar, y por eso voy a estar de acuerdo en ella. No comparto la idea de romper el acuerdo político en este punto y dejarla afuera. Pero, de todas maneras, es necesario insistir en ella y esperar que en el Senado se perfeccione el artículo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, me parece bastante inquietante la argumentación del Honorable señor Montes en el sentido de reconocer que un tema de esta envergadura no está bien resuelto en el proyecto, al consagrarlo en una ley orgánica constitucional. Todos queremos cumplir el acuerdo político. Naturalmente, eso está fuera de discusión. Pero nadie quiere hacer cosas mal hechas o en forma precipitada, y, en este caso específico, lo digo sin el ánimo de herir ninguna susceptibilidad, es bastante aberrante la redacción.

En primer lugar, el inciso segundo de la letra d) del artículo 24 bis, dispone: "Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal". Lo único que anuncia son dificultades y problemas, por cuanto, es claramente contradictorio con el carácter taxativo que se ha querido dar el resto de las disposiciones del proyecto, que define con bastante precisión lo que son las atribuciones de este administrador municipal.

Todo hace suponer que en este artículo ha habido tensiones, en el buen sentido de la palabra, porque hay opiniones diversas, o como bien ha dicho el Diputado señor Montes, existe "un problema no resuelto". Pero me parece poco serio, desde el punto de vista de la Cámara, elevar un problema no resuelto a la categoría de ley orgánica constitucional.

Tengo la impresión, dado el esquema electoral de números pares que vamos a tener en los municipios, con una gran cantidad de comunas en que los concejales son seis, de que el tema del administrador municipal se va a prestar para un chantaje permanente o para disputa política. Sabemos que su nominación es de iniciativa del alcalde y fruto también de arduas negociaciones y conversaciones, de manera que lo más probable es que el Concejo le exija: Mire: "o me propone un administrador municipal o no le apruebo el plan que usted presenta.".

Entonces, se va a producir, primero, una negociación en tomo a la persona, aunque aquí hay un sistema de concurso, y, luego, otra relativa a la reglamentación del ejercicio de las funciones de un supra-funcionario con atribuciones amplísimas.

Y lo más grave es que se ha intentado en forma imperfecta someter al administrador municipal a las instrucciones del alcalde, de acuerdo con lo que establece la letra a) del artículo 24 bis. Hasta ahí, podría decirse que se trata de un funcionario respecto de quien habrá una negociación política. Bueno, se nombra, y queda sujeto al alcalde; pero también, de acuerdo con la misma letra a), dará cumplimiento a los acuerdos del Concejo. O sea el Concejo contará con un supra-funcionario con amplísimas atribuciones cuya obligación es hacer cumplir sus acuerdos, que el alcalde, en algunos municipios, no compartirá.

De modo que no veo ningún sentido incorporar el administrador municipal de manera indiscriminada. Podría parecer razonable que en aquellos municipios que por representar comunas que en función del número de habitantes tendrán 10 concejales y que por la envergadura de su presupuesto necesitan de una figura que desempeñe las funciones de un funcionario técnico, exista^ el administrador municipal.

Cuando se promovió este debate, se adujo que como el sistema de elección indirecta del alcalde, que estamos consagrando en la ley, debilitaría su figura de jefe de una especie de poder ejecutivo, y que como hoy los municipios poseen tanto poder habrá algunos en que la persona que resulte elegida como tal, no tendrá las calidades de carácter técnico para abordar todos los temas que debe resolver, era posible pensar en un funcionario de carácter técnico.

Señor Presidente, no me opongo a la idea de un administrador municipal; pero si sancionamos el texto del artículo en la forma como está expuesto reconocidamente imperfecta, lo único que haremos será sembrar dificultades y alimentar un conflicto potencial entre el Concejo y el alcalde que, en algunos casos, se dará con los partidarios del Gobierno, desde el Concejo, y en otras, con los partidarios de la Oposición, y al revés, porque éste no es un tema en que anticipadamente se pueda decir si va a beneficiar a uno o a otro sector político.

En consecuencia, esto no debería ser aprobado. A lo mejor, lo que deberíamos hacer y no sé si es factible desde el punto de vista de la estructuración del proyecto es consagrar la posibilidad de que este funcionario exista y dejar a la regulación de la ley la forma como ejercerá sus funciones, porque me parece grave mantener en una misma norma disposiciones que son absolutamente contradictorias.

Insisto en que el inciso final del artículo 24 bis está en contradicción con las letras a), b), c) y d), en el sentido de que por la vía de la reglamentación se pretenderá aumentar, condicionar o limitar las atribuciones que supuestamente le corresponderán al administrador municipal, sin perjuicio de los argumentos ya expresados por algunos señores Diputados en relación con que éstas entran en conflicto con las de otras autoridades del municipio.

En síntesis, aunque la idea sea valiosa requiere ser estudiada de manera más profunda, y no deberíamos precipitarnos en consagrar aquí algo que pudiere traer muchos problemas desde el punto de vista de la eficaz y correcta administración de un municipio.

En mi opinión, esto no está ajustado a las realidades de una gran cantidad no quiero decir mayoría ni minoría de municipios en el país; es contradictorio con el rol que ha jugado el alcalde desde que se modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y disminuye notoriamente sus posibilidades de conducir y responsabilizarse por la gestión de su municipio.

Por lo tanto, no sería prudente sancionar el artículo 24 bis, en los términos en que está redactado; debería estudiarse más en profundidad el tema y, probablemente, en el trámite correspondiente en el Senado, ver la manera de modificar o de perfeccionar si se cree tan indispensable esta figura del administrador municipal, que no me parece indispensable en absoluto. Además, tampoco me gusta la forma en que se consagra en esta iniciativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, respecto de este tema que evidentemente ha sido complejo pero interesante, porque escapa a la técnica electoral y va al fondo del tipo de municipio que estamos construyendo, quiero hacer dos reflexiones.

En primer lugar, me preocupa desde el punto de vista formal que distinguidos parlamentarios de la Concertación, en este caso, se hayan referido al Senado como a la institución que perfecciona los proyectos. Hace un año y medio que venimos escuchando exactamente lo contrario, y hace pocos minutos algunos Honorables Diputados se han referido al elemento perjudicial que el Senado estaría produciendo en la forma de legislar. Por su composición, al parecer, todo tipo de normas se empeoran a partir del trabajo del Senado. En este caso, se ha manifestado que es mejor entregar al Senado la responsabilidad de mejorar el texto o de reestudiar el contenido de la iniciativa, de lo cual es importante dejar expresa constancia, pues, a veces, se nota cómo los argumentos van cambiando según la conveniencia.

En segundo término, respecto del contenido de fondo del administrador municipal, es una institución importante, novedosa y, de algún modo, futurista. Evidentemente, los municipios van cambiando en el tiempo; no es lo mismo pensar en uno de hace cincuenta o cien años, que en los de hoy o mañana. Dada su actual estructura, se observa que para su adecuado funcionamiento falta un eje sobre el cual pueda desarrollarse con base en el alcalde, en los concejales y en el consejo económico y social que analizaremos con posterioridad.

Hay todo un aspecto de cómo armonizar el desarrollo de todos estos elementos con un criterio técnico. Y quiero encauzar la discusión respecto de la tecnificación que un cargo no político podría representar al interior del municipio.

Dada la estructura que hemos estado analizando en el proyecto, no cabe duda de que más allá de los esfuerzos que, en particular, nuestro partido y me imagino que muchos partidos han realizado, lo cierto es que existe una tendencia a que los partidos políticos tengan influencia importante en la elección del alcalde y de los concejales. Pero nada sería más nefasto que el nacimiento de la estructura política de determinados cargos de influencia en el municipio, se tradujera en una politización de ellos. Compartimos el deseo de que esto no ocurra, pues en el pasado fue fuente de grandes diferencias entre los chilenos y lo ha sido también de que los municipios no cumplieran con el rol fundamental que en una sociedad moderna están llamados a tener.

Por eso, desde un punto de vista técnico, es importante que exista este eje que reciba no tengo ningún inconveniente en que así sea las instrucciones del alcalde y del Concejo, las cuales tendrán que darse dentro de las facultades de cada uno. No se trata de ser arbitrario y que el administrador cumpla las instrucciones de cualquier autoridad. Evidentemente, y dada la composición de estos órganos reitero, tendrá que cumplir las instrucciones que emanen de las atribuciones que cada uno tiene.

Me parece importante que una persona ejecute las tareas de coordinación y fiscalización de las unidades municipales ajena al tema meramente político, que puede ser el que informe las actividades que los concejales y alcaldes puedan realizar.

Es importante que haya alguien a quien recurrir; que se preocupe del funcionamiento de los municipios más allá de una elección el día A o B; que vele por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas de la municipalidad.

Me parece que ese tipo de nuevos funcionarios, de nueva organización, de una nueva forma de la municipalidad, es tremendamente importante si queremos darle a estas corporaciones efectivamente la eficiencia y la calidad que estamos buscando. Todos los sectores políticos lo hemos puntualizado en su momento, porque no queremos que ésta sea una mera reforma para permitir una elección de alcaldes en forma distinta. Esta es la búsqueda por mejorar los municipios y la autonomía de éstos y de las regiones.

En ese sentido, el administrador municipal es uno de los elementos nuevos claves que deberían hacemos sentir orgullosos para realmente colocar instituciones al servicio de la comunidad.

Por eso, señor Presidente, en lo personal, me parece fundamental no sólo cumplir con el acuerdo político, que ha sido señalado por otros parlamentarios, sino también valorar el tremendo aporte técnico que la creación de un cargo de administrador municipal puede suponer en el futuro de los municipios.

Además, su forma de nombramiento garantiza este segundo carácter. Evidentemente, al ser hecho por un concurso; al tener la influencia del alcalde; al tener la influencia de los concejales, vamos a estar velando porque efectivamente este funcionario se inserte en las condiciones y características que están buscando.

Hay que darle una oportunidad real al municipio para que no todo gire en tomo a intereses políticos. Estos son fuertes, son tentadores; se ha visto demasiadas veces. Pero la solución de los problemas, de las personas que esperan, han esperado y esperarán mucho de los municipios, debe tener una estructura que permita a futuro la existencia de este eje distinto.

Por eso, señor Presidente, votaremos que sí al administrador municipal, porque creemos en su contenido, en su fondo y porque siempre hemos respetado las normas que los acuerdos políticos nos imponen.

Por su intermedio, quisiera darle una interrupción al Diputado señor Schaulsohn.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Vamos a terminar con esta práctica, porque son discursos los que se realizan y no breves interrupciones.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, muy breve. Además, para terminar con esta práctica, se tendría que modificar el Reglamento. Pero eso es otra cosa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; con los hábitos.

El señor SCHAULSOHN.-

Está bien. Me parece razonable.

Quiero hacer una pregunta a los parlamentarios que han participado en el debate de la Comisión. Entiendo que éste es un tema sobre el cual puede haber opiniones. En el último inciso, donde dice "Corresponderá al alcalde, con acuerdo del Concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal", se va a generar la siguiente situación, inédita en todos los funcionarios municipales de la historia y de cualquier repartición o servicio público, en que la forma de ejercicio de las atribuciones del administrador municipal va a poder ser diferente en los 364 municipios del país.

Eso me parece un problema bastante grave, porque como no hay una norma objetiva, al final un administrador municipal va a hacer en un municipio una cosa, y otro hará en otro municipio otra cosa, según los acuerdos a que lleguen los Concejos y los alcaldes respectivos. En este sentido, sé que la preocupación del Honorable señor Coloma es absolutamente sincera, en orden a tener el mejor municipio posible.

Me parece que, como principio, tener una autoridad municipal de esta envergadura, cuyas atribuciones o forma de ejercer su cargo va a ser diferente entre el administrador municipal eventualmente del Municipio de Santiago o del de Providencia o del de San Miguel, puede crear una situación poco nítida, porque muchas de las acciones del administrador municipal o quienquiera que ocupe este cargo, pueden ser objeto de revisiones posteriores, por ejemplo, por órganos contralores. En consecuencia, por la vía de la facultad de reglamentar lo que es muy importante vamos a crear una diversidad de instancias que hará poco armónico el funcionamiento de los municipios. Creo que la inquietud debería ser abordada.

Gracias, Honorable señor Coloma, por la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Coloma.

Le ha solicitado una interrupción el Diputado señor Dupré.

El señor COLOMA.-

Antes de concedérsela me parece importante precisar que lo que se está regulando es el ejercicio de funciones perfectamente dimensionadas. ¿Qué para el administrador municipal de Las Condes, de Melipilla o de Talagante van a ser diferentes? ¡No me cabe duda! Pero también los alcaldes, los Concejos y los problemas van a ser diferentes. Hay que tratar de no tener una especie de totalitarismo legal, en términos de que todos deban ser iguales. Se está planteando que el ejercicio de las funciones sea lo suficientemente estable, pero adecuado a cada comuna, para que este cargo sea realmente efectivo, a lo cual, estoy seguro, el Diputado Schaulsohn colaborará cuando nos toque reglamentarlo.

Antes del señor Dupré, y en uso de mis facultades reglamentarias, concedo una interrupción al Diputado Montes, quien me la había solicitado primero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, sólo para hacer ver al Diputado señor Schaulsohn que para legislar en materia municipal debe constituir una gran preocupación considerar la flexibilidad y diversidad de las realidades de las comunas, para establecer municipios apropiados a esas distintas realidades.

Es necesario que haya un marco general que establezcan los roles o funciones básicas, pero también es necesario que a partir de aquellas haya la diversidad que corresponda con las distintas realidades. Nada tienen que ver los municipios de zonas desérticas rurales industriales entre sí. Hay bastante diferencia. Es importante que la estructura de los municipios tenga la flexibilidad suficiente para adecuarse a las distintas realidades, con el objeto de hacer un buen gobierno de aquellas.

En este caso, el mayor problema no está tanto en esa frase final, sino en el alcance de las letras a), b), c) y d), donde efectivamente hay un entrecruce con las funciones de otros departamentos. Es ahí donde está la falta de decantamiento y maduración del proyecto.

Gracias, Diputado Coloma, por la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, en relación con el administrador municipal, presenté dos indicaciones a los dos artículos atinentes a esta materia, en el sentido de suprimir la creación de este cargo, las que fueron rechazadas por la Comisión.

Desde mi punto de vista, y atendida la experiencia que tengo en el ejercicio de la alcaldía y de una alcaldía democrática, me parece absolutamente un disparate la creación del administrador municipal. Creo que va a producir confusiones, conflicto de poderes y una situación interna en la municipalidad absolutamente imposible de controlar.

Quiero hacer una pregunta al señor Coloma, quien ha sostenido con mucha pasión la creación de este administrador municipal, en todo caso con una pasión teórica.

El señor COLOMA.-

¡No tanto!.

El señor DUPRE.-

¿Cómo va a compatibilizar las atribuciones que se entregan a este administrador municipal, a este superhombre planteado en la letra b), que no sólo coordina las tareas y tiene un nivel de cierta asesoría vinculada al alcalde, sino que, además, fiscaliza las unidades municipales, vela por el cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas y plantea programas de la municipalidad, en circunstancia de que el Concejo es, precisamente, el que debe tener, y el que tiene, de acuerdo con el proyecto, las atribuciones correspondientes a la fiscalización de las unidades municipales y el cumplimiento de la gestión y ejecución de las políticas determinadas por el alcalde?

Aquí habrá un claro conflicto, no sólo interno, con los funcionarios, sino que, además, un conflicto de poder con el Concejo. Esto es absolutamente incompatible. Es repito un disparate y quisiera que el Diputado señor Coloma, que tiene una claridad meridiana respecto de mucha concepciones que, al parecer, nada tienen que ver con las municipalidades, me explique cómo hace posible esta inserción del administrador municipal y cómo lo compatibiliza con las funciones que debe ejercer el Concejo.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, recupero el uso de la palabra.

Más allá del intento jocoso del Diputado señor Dupré, de hacer gala de un humor que no comparto, pienso que el municipio de cuando él fue alcalde el antiguo que Chile conoció hace varias décadas ha cambiado, notoriamente con respecto a lo que es hoy el municipio moderno. El que el Diputado señor Dupré conoció hace casi treinta años es distinto al de hoy. Es difícil concebir en el antiguo las tareas que hoy tiene el municipio moderno. Ahora existen tareas de coordinación y fiscalización que es indispensable que se asuman con un criterio objetivo y se fiscalicen desapasionadamente, cumpliendo instrucciones del alcalde o del Concejo, lo que nada tiene que ver con quien sea el que fije pautas en un momento determinado. Es perfectamente posible señalar lo que hay que fiscalizar, con el acto de fiscalizar; saber cuáles son las políticas, con el cumplimiento de las políticas, y cuáles son las gestiones, con el cumplimiento de las gestiones.

Deseo aclarar al Diputado Dupré que éstas no sólo son situaciones perfectamente compatibles en los municipios modernos, sino que a partir de esta nueva ley municipal serán necesarias para avanzar objetivamente hacia un cumplimiento adecuado de los municipios en cada uno de los rincones de este país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

El señor ORTEGA.-

¿Me permite una moción de orden?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente como este es un problema relacionado con el acuerdo político, quiero propones que la Sala convenga en estudiar los artículos 6° y 24 bis, en un nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor ORTEGA.-

El acuerdo político existe. Si nosotros queremos cumplirlo, por consenso, podríamos dejar los artículos 6° y el 24 bis, para el futuro proyecto de administración municipal.

Hago esta proposición porque puede resolver la diferencia que tenemos frente a un acuerdo de todos los partidos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, al tenor de lo planteado por el Diputado señor Ortega, solicito que suspenda la sesión por unos cinco minutos, para ver si logramos llegar a una fórmula de consenso en esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se puede llegar a un consenso en el Senado.

El señor LEAY.-

Esta es la Cámara.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tenemos partidos en la Cámara y en el Senado.

El señor LEAY.-

Veamos si logramos los acuerdos en la Cámara. Si no es así, lo hacemos en el Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió a las 15:39 y se reanudó a las 15:43.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

En votación la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, hay una indicación para suprimir la letra b).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

La letra b) del artículo 6°, agrega la figura de administrador municipal, pero debo someter a votación una indicación renovada que suprime toda la letra b).

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay una indicación renovada presentada por los parlamentarios de Renovación Nacional que suprime la letra b) del artículo 12, modificado por el artículo 6°.

La indicación es redundante, porque si la votación es negativa respecto de esa letra, es lo mismo que suprimirla.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, entiendo que cuando una indicación es contradictoria con el artículo del proyecto, se vota primero aquella.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es contradictoria, sino redundante.

El señor SCHAULSOHN.-

No, señor Presidente. Es contradictoria. Si se aprueba, no se vota el artículo porque se entiende eliminado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito a los señores Diputados que la retiren. Eso sería lo más razonable.

El señor CANTERO.-

La retiro, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Queda retirada.

En votación la letra b).

Para aprobarla se requieren 67 votos a favor.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo cinco abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la letra b) por no haberse reunido el quorum necesario.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Andrés Palma propone votar sólo los incisos primero y el último.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no hay nada que votar, porque el artículo 24 bis cayó con la votación anterior; es decir, ha quedado rechazado, porque está íntima e indisolublemente ligado con el artículo anterior, que no reunió el quorum necesario para ser aprobado. De modo que este artículo no tiene razón de ser y, por lo tanto, ha sido rechazado, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

El señor COLOMA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que los Diputados señores Masferrer, Ulloa y Bombal votaron favorablemente.

Como cambió varias veces la votación, quedó marcada la relativa a la indicación, pero los tres votos son afirmativos.

Varios señores DIPUTADOS.-

Repita la votación, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación, con el objeto de que no haya dudas.

En votación la letra b) del artículo 6°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por ¡a negativa, 21 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se ha reunido nuevamente el quorum necesario.

Ahora corresponde votar el artículo 10.

El Diputado señor Schaulsohn plantea que de no aprobarse el cargo en el artículo 12, el Concejo comunal no podría nombrar un administrador municipal a proposición del alcalde.

El señor SCHAULSOHN.-

No, porque el cargo se creaba en el artículo anterior y no se reunió el quorum para aprobarlo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, si se separa la votación del artículo 24 bis, y se aprueban sólo los incisos primero y último, no hay ninguna contradicción con lo ya obrado, pues el resto de los incisos reglamentan las características y atribuciones de este cargo, que dicen relación con el artículo que acabamos de votar.

Por lo tanto, es perfectamente pertinente votar el artículo 24 bis en forma separada.

El señor SCHAULSOHN.-

No es así.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, aun cuando voté favorablemente el artículo 12, que permitía crear el cargo de administrador municipal, la observación del Diputado señor Schaulsohn es plenamente pertinente. El cargo se creaba en el artículo 12 rechazado. El artículo 24 bis simplemente establece las normas para proveer el cargo, las condiciones de remoción de este funcionario y sus facultades.

En consecuencia, cayó automática y desgraciadamente el artículo 24 bis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el artículo 12 establece la estructura y organización interna del municipio y sus unidades. Dentro de esa norma se incorporaba la figura del administrador municipal. En la medida en que no está en la estructura, el resto de los artículos desarrollan el papel de las distintas unidades. Por lo tanto, el Diputado señor Schaulsohn tiene toda la razón.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, previo a la discusión del próximo artículo, hay algo grave que señalar. Que aquí se ha roto el acuerdo político. Si se lee el tenor de dicho acuerdo, dice claramente que la ley orgánica municipal establecerá la función de un administrador municipal para todos aquellos municipios que reúnan determinadas características y requisitos.

Solicito suspender la sesión, porque dado que se ha roto el acuerdo político que nuestro partido ha cumplido fielmente, queremos ver con los partidos cómo se seguirá tratando este tema, pues si se ha roto en éste, podría ocurrir lo mismo en otros de igual trascendencia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suprime la sesión por cinco minutos.

Se suspendió a las 15:56 horas y se reanudó a las 16:10.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

En primer lugar, quiero aclarar que el planteamiento del Diputado señor Schaulsohn corresponde a una justa deducción de lógica, de buena redacción y de claridad de la ley. Pero si se considera que eso trae consecuencias de otro tipo, es preferible crear el cargo en otro artículo. No se trata de un problema sustantivo. Y si se requiere que exista una cierta concordancia con la norma en lo que tiene razón el Diputado señor Schaulsohn, después se puede mejorar ese aspecto en la Cámara revisora.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no es como Su Señoría lo sostiene. El proyecto ya está elaborado y el cargo aparece en ese artículo.

Ahora, para introducir una indicación en este trámite del proyecto, se requiere la unanimidad de la Sala. Pero el cargo no se crea en el artículo siguiente.

Entiendo que se ha suscitado un problema de orden político, pero eso no obsta a que legislemos y cumplamos con nuestra responsabilidad. Este es un aspecto técnico, respecto del cual puede haber distintos puntos de vista.

Por lo tanto, demos por bueno el proyecto en su integridad y dejemos constancia de que cumple con los puntos de vista expresados en el acuerdo político y vámonos a nuestros respectivos distritos.

Pero si se someten a votación estas disposiciones, debemos seguir la debida lógica que exigen estas situaciones. El cargo no se pudo crear, y como han manifestado algunos parlamentarios que apoyaron su creación en mi caso personal me abstuve, el resto del artículo desgraciadamente falló.

Otra cosa es que exista unanimidad en la Sala para reponer la indicación. Personalmente, no me pronuncio en cuanto a cuál será mi comportamiento en el caso de que Su Señoría la solicite.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 12 de la ley dice:

"Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el Consejo de Desarrollo Comunal en los términos que en esta ley señala.".

Luego, agrega: "Para los efectos anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios".

O sea, la enumeración que hace el inciso segundo del artículo 12 no es taxativa, sino ejemplar.

Por lo tanto, nada impide que en un artículo 24 bis, nuevo, se diga, y así viene propuesto: "Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a proposición del alcalde.

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, la argumentación válida es la que usted ha dado, porque hicimos una argumentación común para los artículos 6° y 24 bis, tal como ocurrió en la mañana de hoy con los artículos 10 bis y 11. Pero se votaron separadamente, sin que estuvieran ligadas las dos votaciones.

Hemos rechazado la parte que dice que podrá existir un administrador municipal. O sea, hasta esta parte, en la ley no existe nada. Entonces, nada impide que en otro artículo se establezca: "Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a proposición del alcalde.".

Luego, la vinculación que algunos Diputados de esta Sala muy legítimamente tratan de hacer para formular los dos rechazos, no tiene sentido.

Al respecto, pienso que debiéramos votar separadamente el artículo 24 bis; si se aprueba, no resulta contradictorio porque corresponde a decisiones que se deben tomar separadamente, cada una en su momento.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, estamos de acuerdo con la interpretación que usted hace.

Aquí se ha provocado un problema político, pues no se ha respetado el acuerdo; no todos votaron el artículo 12. Sin embargo, la solución es la que usted ha planteado, porque en dicho artículo no se crean cargos ni funciones, sino las unidades de la municipalidad. Por lo tanto, el administrador municipal, que desempeña una función coordinadora para articular distintos departamentos, de acuerdo con el perfil de funciones que aquí se señalan, aparece en el artículo 24 bis.

Consideramos que la solución que la Mesa y el Diputado señor Huepe planteaban, en el sentido de incorporar esta figura dentro del artículo 24, en términos completos, tal como aquí se establece, permitiría resolver el problema del acuerdo político.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, quiero manifestar que, a nuestro juicio, con el respeto que nos merecen quienes estén en desacuerdo, éste es absolutamente un disparate, desde el punto de vista del funcionamiento de la municipalidad.

Si la búsqueda de una solución es posible, hay que hacerlo sobre la base de zanjar esta dificultad. En el régimen municipal existente hasta el año 1973, este tipo de funciones, explicadas teóricamente, que en este proyecto de ley tienen una connotación distinta, las ejercía el funcionario llamado secretario de la alcaldía, quien formaba parte de la municipalidad y tenía la condición de asesor, de ayudante en las funciones municipales.

Un señor DIPUTADO.-

Era el secretario del alcalde.

El señor DUPRE.-

Hago presente a los señores Diputados que no tienen conocimiento de esta materia, que yo sé distinguir entre el secretario municipal...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No entremos de nuevo en el argumento de fondo.

El señor DUPRE.-

Quiero aclarar el punto, señor Presidente, porque alguien apuntó que era el secretario del alcalde.

Debo decir que no tiene nada que ver, porque el secretario municipal era otro funcionario. Estoy explicando lo que sucedía con ese cargo, suprimido en la legislación anterior, el de secretario de la alcaldía, distinto del secretario municipal, cuya función tiene que ser asesora.

Aquí hay un problema de fondo. Cuando a una persona, en este caso el administrador municipal, se le entrega la posibilidad de ejercer actos de fiscalización, aparte de otros, es extraordinariamente grave, porque ese funcionario sustituirá al concejo municipal y entrará en conflicto con él, porque en ese concejo están representadas las personas elegidas por el pueblo para ejercer, entre otras, las labores de fiscalización de los actos del alcalde.

Siguiendo un poco en esa línea, que me parece la inició el Diputado señor Palma, pienso que si en el artículo 24 bis se señalara solamente lo siguiente: "Existirá un administrador municipal, asesor del alcalde es muy importante que figure esa palabra en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo, a proposición del alcalde..."; y después en otro inciso, se dijera: "Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de la función del administrador municipal", suprimiendo la totalidad de las funciones taxativas que menciona este proyecto, la situación sería distinta y tendría otro tipo de connotación.

Eso deseaba plantear como proposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en verdad, la no aprobación de la letra b) del artículo 6° no tiene gran incidencia, en la medida en que la idea está reproducida en el inciso primero del artículo 24 bis.

Zanjada esta situación, que se condice con el acuerdo político, hay que entrar a opinar sobre el tema del administrador municipal propiamente tal.

Como está establecido en el artículo 24 bis da garantías de operación y seguridad al futuro concejo municipal, elegido por voluntad popular, en cuanto a las funciones que se le definen en el artículo 24 bis. ¿Por qué? En primer lugar, porque el cargo de administrador municipal se provee por concurso público, o sea, se requiere y exige la transparencia necesaria para que funcione este nuevo órgano que se inscribe dentro del funcionamiento de las municipalidades.

Finalmente, está claro que las funciones de fiscalización que pueden constituir la preocupación fundamental respecto de la creación del administrador municipal están determinadas en el inciso final del artículo 24 bis, en cuanto dice que corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal.

La cuestión de fondo es si tenemos confianza o no sobre la capacidad del concejo municipal, elegido por voluntad popular, para definir las funciones del administrador municipal.

Por mi parte, yo la tengo. Confío en la decisión de la voluntad popular y también en que este concejo sea el que establezca los límites de las facultades de fiscalización del administrador municipal. Pero sí, me parece conveniente que una persona que ingrese por la vía del concurso público y que esté en posesión de un título profesional, acorde con el cargo, ejerza funciones en estas municipalidades diseñadas en un nuevo estilo, en una etapa en que estamos llegando al final del siglo XX, donde la complejidad de la labor municipal es alta. Por eso, estoy decidido a votar favorablemente el artículo 24 bis, para resolver el impasse producido por el rechazo de la disposición anterior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, sostengo que la posición de la Mesa, y algunos apoyos que ha recibido de los parlamentarios, constituye claramente una búsqueda de resquicios. En verdad, el artículo 6a, en su letra b), no reunió la votación necesaria. Y lo dispuesto en la letra b) debe estar de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 bis. Por lo tanto, son consistentes las dos normas. La única manera de poder revisar esta materia sería por la unanimidad de la Sala.

Por otra parte, el Diputado señor Dupré ha fundamentado su voto negativo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Además, si a esto se asocia que se trata de un trabajo neto de los alcaldes, a los cuales se les está exigiendo prácticamente requisitos mínimos, como es saber leer y escribir, obviamente van a necesitar funcionarios de estas características.

Por otra parte, como independiente no tengo ningún problema en señalar que no estoy dispuesto a dar esta unanimidad, pues considero que el acuerdo político no está siendo respetado en lo que corresponde a la participación de los independientes.

Por lo tanto, estimo que el señor Presidente debería requerir esa unanimidad para su proposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, pensé que ya habíamos dado por terminado este tema, pero voy a recapacitar sobre la situación del administrador municipal porque es preocupante el hecho de que se haya dicho en esta Sala que este funcionario debería ser nombrado, dado que no vamos a tener confianza en la capacidad de algunos alcaldes. En ese caso, si por esa razón debemos tener un administrador municipal, habría que elegirlo a él como alcalde, por cuanto lo que ocurrirá y concuerdo en eso con el Diputado señor Dupré es que esta persona, con múltiples atribuciones, pasará a llevar a los demás directores municipales.

Por otra parte, en el artículo siguiente se ve la situación de los funcionarios de confianza del alcalde. Ahí se podría haber determinado que el alcalde tuviera un asesor, lo cual sería mucho más lógico que este administrador con múltiples funciones, que producirá una serie de problemas en el ámbito interno de la municipalidad.

Por último, si creemos que este proyecto no ha sido capaz de asegurar que los alcaldes nos den la confianza necesaria en su administración, tiene que haber algo malo en el planteamiento total.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Están inscritos los Diputados señores Urrutia, Campos y Ortega, para hablar sobre el problema de fondo.

La situación es la siguiente. A juicio de la Mesa, este artículo no es contradictorio con el otro. Por tanto, lo someteré a votación.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra sobre un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el artículo 147 del Reglamento supongo que en el se basa la Mesa dice claramente: "No podrán ponerse en votación artículos e indicaciones que, a juicio del Presidente, sean contradictorias con las ideas ya aprobadas de un proyecto de ley o de acuerdo.".

Usted, señor Presidente, puede sostener con fundamento que el artículo 24 bis no es lo mismo que el artículo que se votó anteriormente; pero me parece que no puede afirmar que no es contradictorio con lo que la Cámara aprobó. Naturalmente, está en su derecho tener la opinión que quiera; pero yo quiero dejar constancia de que es extrapolar y extralimitar un poco el poder de razonamiento que reconocidamente tiene Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo quisiera que fuéramos avanzando en una lógica sustantiva y no solamente formal, en el sentido de que el artículo 12 hace una enumeración que repito no es taxativa, sino ejemplar de los cargos. El artículo 24 bis puede establecer un nuevo cargo. Ahora, para que quede concordante la ley hay una Cámara revisora, siempre que este artículo 24 bis se aprobara, porque puede ser que no se apruebe, ya que aquí hay distintas opiniones.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, hubo dos solicitudes para separar la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, ha habido una solicitud.

El señor PALMA (don Andrés).-

Una mía, que motivó la discusión reglamentaria sobre si estaba aprobada o no; después, en su intervención posterior, el Diputado señor Dupré ha insistido en la separación de la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

Señor Presidente, usted está buscando subterfugios para eludir una situación que ya se creó, la cual es verdaderamente complicada en mi opinión.

Ahora, respecto de que esta materia rompe el acuerdo, no rompe ninguno, porque si no existe el quorum necesario para aprobarla significa que hay algo de fondo que está motivando esa votación.

Quiero agregar un elemento más. Con este planteamiento suyo, señor Presidente, también tendremos que aprobar en esta Sala, una norma inconstitucional, porque el artículo 13 transitorio es manifiestamente contrario a la Constitución. O sea, por una parte, tendremos que aprobar normas de carácter inconstitucional, y por otro, disposiciones que, nos parece, evidentemente no logran el propósito de mejorar o de regular adecuadamente la municipalidad.

En realidad, con esta mecánica se está tratando de eludir un punto bien claro: el artículo que se acaba de rechazar es vinculante y relacionado con el 24 bis.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo no comparto su criterio.

Se ha planteado la división de la votación. Primero, se votarán los incisos primero y último del artículo 24. O sea, la creación del cargo de administrador municipal, sin decir cómo se proveerá ni cuáles serán sus atribuciones.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, tengo serias dudas de que se pueda dividir la votación como Su Señoría lo ha señalado. En el fondo, se puede dividir la votación y votar primero un inciso y después otro; pero no se pueden juntar el primer inciso con el último.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aquí están en discusión ideas distintas.

El inciso primero dice: "Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo, a proposición del alcalde", y agrega: "Corresponderá al alcalde, con acuerdo del concejo, reglamentar el ejercicio de las funciones del administrador municipal".

Esa es una idea. Otra idea es cómo se llena el cargo y cuáles son sus atribuciones.

El señor COLOMA.-

En la forma como está redactado el artículo, la Mesa puede dividir la votación, pero no sumar arbitrariamente los incisos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es un problema de incisos, sino de ideas. Es un derecho de los Diputados dividir la votación. No se puede contentar a todo el mundo.

El señor COLOMA.-

Pero es una indicación la que usted está presentando.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es una indicación; es una división de la votación.

En votación el artículo 24.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación los incisos segundo al penúltimo, no comprendidos anteriormente.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De acuerdo con el resultado de la votación, los incisos no alcanzaron el quorum necesario.

Corresponde votar, sin discusión, el artículo 11, sólo se trata de un problema de redacción.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, con el quorum requerido ya que hay más de 83 Diputados presentes.

Aprobado.

El artículo 12 tiene las letras a) y b), íntimamente ligadas con los funcionarios de exclusiva confianza, según entiendo, uno de los temas más controvertidos. En todo caso, hago la salvedad de que parte de uno de sus incisos, dice: "deberán llenarse por concurso público", lo que genera una situación un poco curiosa.

En discusión el artículo 12.

El señor URRUTIA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, en la sesión del 5 de septiembre del año pasado, cuando se estudiaba el proyecto que dio origen a una ley miscelánea de administración del Estado, manifestamos que era de vital importancia que en las municipalidades y en los organismos del Estado, los funcionarios terminaran su carrera en los más altos puestos; y que el establecimiento de cargos de confianza, en primer lugar, entrababa el acceso a ellos y, luego, llevaba a la politización de los servicios públicos.

Sin duda, los cargos de confianza que señala el proyecto de ley, necesariamente implican que los funcionarios tendrán que obedecer lo que diga el alcalde que los designe. Además, son contradictorios con la disposición que la Cámara acaba de aprobar, por cuanto quienes votaron favorablemente la existencia del administrador municipal, tuvieron presente el temor de que las personas elegidas por votación popular no fueron capaces de administrar los municipios. Así lo manifestó un señor Diputado de la Concertación en la Comisión de Gobierno Interior.

Lo lógico es que las personas que recibirán órdenes del concejo sean funcionarios de carrera, que hayan escalado todos y cada uno de los cargos de la administración municipal, para que puedan cumplir en forma eficiente la función que les otorga la ley y la Constitución.

Por ejemplo, el asesor jurídico, como cargo de confianza significará, en definitiva, que el abogado jefe de un departamento jurídico de determinado municipio del país, necesariamente tendrá que emitir informes de acuerdo con lo que le indique en forma explícita el alcalde que lo designe. En consecuencia, jamás podrá dictar resoluciones conforme a derecho y de acuerdo con las normas legales vigentes. El director de obras municipales, un arquitecto que debe cumplir una función técnica, tampoco puede ser funcionario de confianza.

El establecimiento de cargos de confianza es incoherente y contradictorio reitero con lo aprobado anteriormente. La carrera funcionaría debe terminar en los más altos puertos de los servicios públicos. Sin duda, la aspiración de un arquitecto de la dirección de obras es llegar a ser director de obras de determinada comuna y no estar sujeto a los vaivenes de las circunstancias políticas de un momento determinado.

Por las razones expuestas, votaré en contra del artículo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Urrutia vinculó este tema con el anterior, pues estamos luchando por despolitizar los municipios, más allá de los propios riesgos.

Por lo mismo, la bancada de la UDI lamenta muy sinceramente que Renovación Nacional y un sector de la Democracia Cristiana, hayan roto el acuerdo político que suscribieron los presidentes de partidos hace algunos meses.

Los presidentes de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana comprometieron sus firmas respecto de la existencia del administrador municipal; pero los votos de sus parlamentarios han sido en contra de lo que precisamente firmaron hace pocos meses. Esto es muy grave para el entendimiento y desarrollo del proyecto.

Con motivo de la reforma constitucional anterior, muchas veces se explicaron los alcances de los acuerdos políticos y se señaló que debía cumplirse, porque además de estar basados en la palabra, constituían la forma de lograr el entendimiento para las elecciones municipales. Por desgracia, con su votación, algunos parlamentarios no han cumplido lo suscrito; afortunadamente, no de todos los partidos, sino de los que he mencionado.

De conformidad con la votación que el señor Presidente ha decidido efectuar, la validez conceptual del cargo es bastante relativa; de alguna manera, fue herida en el ala al no establecerse la disposición anterior y hay riesgo evidente de politización.

Este aspecto no está en el acuerdo político, como bien saben todos los señores parlamentarios. Nos preocupa la forma en que viene planteado; se puede mejorar es predecible que ocurra en el Senado, más allá de la voluntad de algunos señores Diputados, porque es evidente que por esta vía es posible segar la carrera funcionaría.

Por lo tanto, no somos partidarios de mantener la norma en la forma establecida; pero queremos dejar expresa constancia de nuestro sentimiento porque se ha violado en la especie un acuerdo que costó mucho concebir, suscrito por los presidentes de los partidos de los parlamentarios presentes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, la letra b) del artículo 12° incorpora el artículo 38, referente a los cargos de confianza en las municipalidades.

Hay argumentos más que suficientes para sustentar y defender la idea de que en un municipio democráticamente elegido debe haber cargos de confianza; de modo fundamental, me refiero al caso del jefe de la unidad de asesoría jurídica.

Es perfectamente entendible que se defienda la carrera funcionaría dentro de la municipalidad; pero en el caso de la unidad de asesoría jurídica se justifica que el alcalde cuente con un abogado jefe de su absoluta confianza, por cuanto este cargo, además de ser político, implica un mandato de confianza.

Al respecto, el Diputado señor Urrutia hizo una crítica bastante fuerte. Si yo fuera alcalde, pese a la certeza de que Su Señoría es un excelente abogado, con gran bagaje cultural, no podría designarlo, por las posiciones políticas distintas que representamos, jefe de la unidad jurídica de esa alcaldía hipotética. De todos modos, tendría que vincular al profesional con alguien que corresponda a mi pensamiento y, en especial, a mi confianza. Los alcaldes elegidos deben tener esta alternativa.

Señor Presidente, el Diputado don Jaime Campos me solicita una interrupción. Con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, extraña la posición del colega Urrutia en contra del artículo 38, que se refiere a los funcionarios de exclusiva confianza de las municipalidades, puesto que siempre han existido, de uno u otro modo.

No hablo del municipio de los últimos 17 o 18 años; sino del anterior, incluso, al año 1973. Si la memoria no me falla, para remover a un jefe de servicio se requería el acuerdo de la sala de regidores, me parece que con quorum especial. Por ejemplo, para remover a un director de obras o a un director del tránsito, siempre se requirió el asentimiento de esa sala.

De suerte que la institución no es tan novedosa. Por el contrario, en una o en otra medida, normalmente ha estado en la organización municipal y no veo reparos como para eliminarla del municipio que viene. Doy las gracias al colega Devaud por la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, el Diputado señor Schaulsohn me solicitó una interrupción; con su venia, también se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el artículo está mal redactado, porque habla de "funcionarios de exclusiva confianza". Es razonable que la autoridad elegida democráticamente nombre a funcionarios para que lo acompañen en su gestión; pero nunca he visto a funcionarios de exclusiva confianza de un cuerpo colegiado. ¿Qué pasa con la minoría del concejo que no concurre a la designación de los supuestos funcionarios de exclusiva confianza? No son de su exclusiva confianza desde el momento en que no aprueba su nombramiento.

Hay un problema de fondo. La esencia del funcionario de exclusiva confianza es el nombramiento y la remoción a voluntad de la persona que lo nombra, individualmente considerada. Es el caso de los ministros, en fin. Pero en un cuerpo colegiado puede no haber unanimidad en este sentido y, en consecuencia, cabe de suyo que no es de la exclusiva confianza. En segundo lugar, existe la contradicción evidente que usted señaló en cuanto el inciso segundo dispone que estos cargos, o algunos de ellos, se van a llenar por concurso público. ¿De qué exclusiva confianza puede ser un cargo si el que gana el concurso debe ser nombrado? Es ridículo.

Si se quiere lograr el propósito, dígase derechamente que el concejo, a proposición del alcalde, nombrará a tales o a cuales funcionarios, los que podrán ser removidos con el acuerdo de la mayoría o de los dos tercios del concejo, o con lo que se quiera; pero, aquí, desde mi punto de vista, jurídicamente, hay una inconsistencia absoluta porque no existe el cargo de exclusiva confianza de un cuerpo colegiado, ni siquiera en caso de unanimidad. Y lo más probable es que la unanimidad no se produzca siempre y, en consecuencia, no va a ser de la exclusiva confianza de todas las personas llamadas a participar en su designación.

Formulo esta observación, porque, respetando el acuerdo político y queriendo elecciones municipales en junio, estas cosas hay que decirlas para que nadie incurra en malentendidos. Legislemos, por lo menos, en forma correcta. Creo que este artículo, como está redactado, es francamente equívoco y no corresponde.

Gracias, Diputado Devaud.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, insisto en que el jefe de la unidad de asesoría jurídica es el ejemplo clave del cargo de exclusiva confianza del alcalde. Es posible que el cargo de jefe de obras, por ejemplo, deba estar reglamentado en forma precisa, como se ha señalado en este artículo. Me parece bien. A pesar de existir en él algunas diferencias conceptuales, la idea central es correcta.

Señor Presidente, el Diputado Palestro me ha solicitado una interrupción y, con su venia, se la concedo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, a propósito de lo que decía el Diputado señor Coloma, este debate demuestra que en los municipios en que participamos, o fuimos alcaldes, o regidores, o concejales, nunca hubo cargos de confianza exclusiva del alcalde. Siempre se proveyeron sobre la base de la antigüedad, de la idoneidad, de la capacidad, de la honestidad de los funcionarios de carrera de los municipios.

Aplausos.

El señor PALESTRO.-

Y ésa es la verdad, porque con esta disposición estaríamos terminando prácticamente con una carrera funcionaría. No sabemos qué funcionarios y de qué color político van a trabajar en estos municipios renovados, nuevos, democráticos, que se establecerán a contar de junio; pero sí queremos respetar, en primer lugar, la carrera funcionaria de aquel hombre que ha estado entregando su esfuerzo en uno de ellos.

Cuando el alcalde remueve a algún alto funcionario, es porque se le ha sorprendido en algún error, y digámoslo concretamente, en alguna "coima", como sucedía continuamente, porque había presiones. Y cuando se le sorprendía sobrepasando sus atribuciones en contra de la municipalidad y de la comuna, el alcalde, sencillamente, instruía un sumario y su resultado lo entregaba a la consideración del cuerpo de regidores, quienes decidían si lo echaban o permanecía en el servicio, pero, siempre y cuando se comprobara, con antecedentes serios y responsables que ese funcionario había procedido de mala fe.

Por eso, pienso que en un organismo colegiado, como será el concejo, no puede haber funcionarios de la exclusiva confianza del alcalde, ni que éste los pueda remover y echarlos a la calle cuando quiera. Eso no puede ser. Hay otras maneras de pensar y de ver las cosas, y como quiera que se trata también del resto de los concejales, insisto en que no puede existir ese funcionario de absoluta confianza del alcalde.

Yo siempre he sido un hombre de trabajo colectivo en muchas cosas: en las poblaciones, en los sindicatos o en donde me ha tocado participar, y lo mismo es aplicable a las municipalidades, en que allí siempre se procedió a votar, a discutir, a pesar los antecedentes que pudieran influir nada menos que en la salida o en el corte de su carrera a un funcionario municipal.

Por eso, estoy también en contra de este inciso.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor PALESTRO.-

No me aplaudan mucho, que me van a echar del partido.

Risas.

El señor DEVAUD.-

Espero que eso no le suceda al distinguido Diputado señor Palestro.

En todo caso, estoy de acuerdo con la carrera funcionaría. Ese es un mérito al que toda persona tiene derecho; pero no hay carrera funcionaría que pueda transformar al más meritorio de los funcionarios en una persona de la exclusiva confianza del alcalde. Entonces, está claro que, al menos respecto del tema del jefe de la unidad de asesoría jurídica, este artículo incorpora una novedad; pero es un asunto criterioso y beneficioso para la administración municipal.

Estoy de acuerdo con que el jefe de obras y el de planificación ingresen a la carrera por concurso público y que también sean removidos por acuerdo del concejo; pero, al menos, en materia tan delicada como es la asesoría jurídica de una municipalidad, no veo el motivo por el cual un funcionario deba ascender en su carrera hasta llegar a ser de la exclusiva confianza del alcalde. Eso no sucederá, porque es una cuestión que no depende del mérito funcionario, sino, entre otras cosas, de la afinidad o de la voluntad del alcalde para buscar a sus colaboradores en la administración municipal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en diciembre de 1989 se eliminó el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, en el cual se establecía la existencia de cargos de exclusiva confianza. Fue al final del gobierno militar que se eliminaron dichos cargos, exclusiva confianza que fue utilizada, incluso, por algunos de los colegas que hoy se sientan en las bancadas de Oposición cuando fueron alcaldes. Sin duda, ellos podrán decir si era útil o no contar con funcionarios de su confianza en ciertas unidades de dirección de la acción municipal. A estos nuevos municipios hay que agregar eso que es parte de la historia fidedigna de la experiencia municipal. Ellos son distintos de los que existieron anteriormente, pues son más complejos, tienen más atribuciones y más funciones que cumplir. Estimo que es importante objetivar un debate.

Hoy, quienes ocupan los cargos que señala el artículo 38 propuesto, en los más de 220 municipios de nuestro país, no los obtuvieron a través de una carrera funcionaría, sino por ser de la exclusiva confianza política, en particular, de ciertas personas que fueron los alcaldes hasta diciembre de 1989, o por acuerdos generados en los Codecos desde ese año hasta la fecha. Por tanto, aquí hay un problema de fondo, cual es la confianza que existe con los funcionarios que ocupan esos cargos hoy día. Y pongo como ejemplo un caso que pudiera suceder en la Municipalidad de Santiago. Sería absurdo que, como resultado de una elección, un concejal de Renovación Nacional que quedara en ese municipio, no tuviera el derecho a designar al secretario municipal como cargo de su exclusiva confianza.

En mi opinión, la razón de esta oposición a restituir el artículo 38 no responde, por sobre todo, a una reflexión de buen gobierno municipal sino al problema de las confianzas o lealtades políticas de los parlamentarios con funcionarios que quedaron "apernados" desde la dictadura.

Con relación a los seis cargos de exclusiva confianza que se señalan en el artículo 38, no cabe duda de que un alcalde elegido democráticamente, que represente a la opinión mayoritaria de su comuna, debe contar, a lo menos, con dichos cargos para un buen gobierno municipal: el secretario municipal; el secretario de desarrollo comunitario, quien, a su vez, debe implementar las políticas de desarrollo comunitario; el jefe de obras municipales, debe responder a una política de desarrollo urbano y de obras de las autoridades de tumo, y así sucesivamente. Señalar lo contrario, no es más que tratar de sacar ventajas pequeñas y no pensar en municipios bien administrados.

Comparto con el Diputado señor Schaulsohn la reflexión del señor Presidente de la Corporación respecto del inciso segundo, en cuanto a que no existe una clara concordancia entre la idea de cargos de exclusiva confianza y los concursos públicos ahí enunciados.

Sin duda que el sentido de ese inciso que fue aceptado por la Comisiones asegurar que quienes ocupen cargos de secretarios de planificación y de obras, sean profesionales de primer nivel.

Sin perjuicio de lo anterior, señor Presidente, solicito que el segundo inciso de la letra b) de este artículo se vote en forma separada.

Finalmente, el Diputado señor Urrutia trajo a colación un debate que sostuvimos en esta Sala en septiembre del año pasado con ocasión de una ley miscelánea. Es importante situar los debates en su pleno contenido y contexto. En esa oportunidad, el diálogo acerca de los cargos de exclusiva confianza en los municipios se desarrolló en forma paralela a la creación de cargos de exclusiva confianza de los señores intendentes, gobernadores, subsecretarios y ministros, y no se avanzó por la negativa de la Oposición en la línea de proveer al nuevo gobierno y a los funcionarios designados por el Presidente de la República de algunos cargos de su exclusiva confianza para desarrollar sus tareas.

En consecuencia, las reflexiones del Diputado señor Urrutia no se sitúan claramente en el contexto del debate de la ley miscelánea.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente he solicitado esta interrupción exclusivamente para complementar la exposición del Diputado señor Letelier, en el sentido de que Renovación Nacional, en el fondo, estaba de acuerdo con los funcionarios de confianza y por ello presentó indicaciones mucho más extremas que la situación contenida en el actual proyecto. Es así como proponía que el alcalde, por sí solo, podía contratar hasta tres personas para formar un "staff", sin necesidad de que fueran funcionarios, y de exigirles algún requisito, y cuya remuneración no podría ser superior al cargo equivalente en la planta.

Asimismo, Diputados de esa misma bancada presentaron distintas indicaciones que acentuaba la creación de una planta propia al interior de la municipalidad, lo cual era mucho más grave que lo que se plantea por este proyecto.

Gracias Diputado señor Letelier.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa con el uso de la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, como lo han expresado otros señores parlamentarios, ésta es una discusión que a la Comisión de Gobierno Interior le significó varias sesiones durante el año pasado, y se llegó a una especie de consenso, de acercar posiciones en términos de entender, en primer lugar, de que efectivamente pudiera haber cargos que le dieran una mayor consistencia al trabajo del alcalde. Durante la discusión de esta iniciativa en la Comisión, lamenté que no se hubiera llegado precisamente, por parte del Ejecutivo, ni siquiera a considerar los elementos de juicio que tuvimos el año pasado para enfrentar esta materia.

Desde luego, la UDI no está de acuerdo en esta materia con el planteamiento que tiene este proyecto, ni con la votación que se realizó en la Comisión. Y ello, por varias razones. Primero, porque consideramos que existen cargos que no tiene absolutamente ningún fundamento para ser calificado como de exclusiva confianza. Para que el análisis tenga una argumentación más sólida tendríamos que decir que efectivamente, en los municipios existen funciones asesoras y ejecutoras. En el caso de las primeras, está Serplac; la Dirección de Desarrollo Comunitario; Finanzas y Asesoría Jurídica. Como unidades ejecutoras, estarían la Dirección de Obras Municipales, Aseo, Ornato, Tránsito y eventualmente, otras. Como unidades fiscalizadoras; es decir, distintas de aquellas, estaría Control, y en una situación bastante especial, la Secretaría Municipal.

Respecto de esta materia, aquí están los señores Diputados que participaron el año pasado en la discusión de la Comisión de Gobierno Interior, y tienen plena conciencia de que pretender que el secretario municipal sea funcionario de confianza no sólo carece de argumentos válidos, sino que de un razonamiento mínimo, fundamentalmente porque es el ministro de fe de las actuaciones tanto del actual Consejo Comunal de Desarrollo como del futuro concejo y, asimismo, de todas las actuaciones del alcalde.

Resulta entonces absolutamente inconsecuente; tampoco hay razones para que este ministro de fe sea, precisamente, un funcionario de exclusiva confianza del alcalde.

Por otro lado, el Diputado señor Letelier ha dicho que se requieren, a lo menos, estos seis cargos. Tengo la impresión de que si empezamos a revisar cada una de las materias que se están proponiendo, finalmente, llegaremos a la conclusión de que aquí hay una confusión entre las funciones ejecutoras y las asesoras.

Por ejemplo, en el caso del Director de Obras Municipales, que cumple una función de carácter ejecutivo y eminentemente técnica, tampoco existe necesidad alguna de que sea funcionario de confianza.

En la discusión del año pasado se había llegado a una cuasi conclusión o principio de acuerdo, de que efectivamente para que un alcalde pudiera tener un equipo que le permitiera cumplir con las políticas que esté impulsando, el Director de Desarrollo y el personal de Serplac deberían ser funcionarios con la condición de exclusiva confianza. Y recuerdo que el Diputado señor Montes había propuesto agregar dos funcionarios más: el Director de Finanzas y el Director de Asesoría Jurídica, lo que quedó en la nebulosa.

La pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos para no tomar en cuenta a todos los directores de confianza exclusiva en el caso de las unidades ejecutoras o, por el contrario, a todos de confianza en el caso de las unidades asesoras?

En consecuencia, pensamos que no es posible siquiera llegar a discutir el tema, porque además de aquello, existe inconsecuencia en el nombramiento de exclusiva confianza, con una mezcla incoherente, en que esta exclusiva confianza va a depender, por una parte, de un acuerdo del concejo y, por otra, de que exista este concurso público.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿Me concede una interrupción?

El señor ULLOA.-

Por supuesto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría, por la vía de la interrupción.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al Diputado señor Ulloa, porque su intervención me parece muy interesante, si lo que está pidiendo es el desglose de la votación del artículo 38, para que pueda votar a favor de los cargos que está señalando.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, como suele decir el mismo Diputado señor Andrés Palma, su pregunta se debe a que no escuchó lo anterior, por cuanto hemos dicho que no podemos votar a favor de esta situación. En las actas de la Comisión deben de estar estas mismas intervenciones, que los señores parlamentarios no estuvieron dispuestos a considerar.

Por eso hemos decidido votar en contra de una situación absolutamente confusa, no sólo para la eficiencia de la municipalidad sino que también para el desarrollo mismo del trabajo de este futuro alcalde, quien tendrá funcionarios de exclusiva confianza, pero a la vez requerirá del concurso púbico, lo que evidentemente echa por tierra la exclusiva confianza. Por otro lado, para removerlos, necesita de acuerdos del concejo.

Esto es absolutamente confuso, porque el inciso primero del artículo 38, no tiene ni guarda ninguna relación con el inciso segundo o tercero del mismo precepto.

Si aquí se pide votación separada, no sólo habría que hacerla así respecto de los cargos, sino que habría que rehacer completamente el artículo.

Estamos dispuestos a replantear el tema en otro momento de la tramitación de este proyecto, pero queremos dejar establecida aquí nuestra negativa por la forma en que se ha presentado el articulado.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero concederle una interrupción al Diputado señor Leay.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, además, de apoyar todo lo dicho por el Diputado señor Ulloa, al margen de que el artículo tiene una mala redacción, no se estudió en forma expresa y profunda cuáles cargos podrían ser de exclusiva confianza. Esperamos llegar a un acuerdo sobre esta materia en el próximo trámite constitucional.

No obstante, quiero hacer una importante mención, si es que se crean los cargos de exclusiva confianza, que el Ejecutivo considere, ya que es el único que puede patrocinarlo, una salida a las personas que serán afectadas por ocupar cargos de exclusiva confianza. Puede haber un director de obras, que es un funcionario eminentemente técnico, sirviendo durante muchos años en un municipio y, de la noche a la mañana, puede quedar sin su cargo. Eso es sumamente injusto. Siempre ha existido alguna solución para estos casos en la Administración Pública, en el sentido de que se le crea un cargo en extinción o bien se le da una indemnización con cierto tope de meses.

Tal como está contemplada en el articulado, esta medida representa también una arbitrariedad para estas personas, independientemente de los juicios que tiene el Diputado señor Letelier, que más allá de ver a los municipios como el "botín" del partido ganador, debemos hacer prevalecer siempre el concepto técnico, el de la equidad, y el de convertirlos en un polo de desarrollo que, lamentablemente, el Diputado señor Letelier no conoce.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento el desborde histriónico o la exageración que ha tenido el colega y querido amigo Juan Antonio Coloma al señalar que se ha roto un acuerdo, porque no es así. Lo que ha ocurrido es que ésta es una Cámara que tiene por facultad legislar, y cuando una norma no es adecuada, cuando es inoficiosa para el propósito que se ha creado, evidentemente tiene la facultad de no entregar su voto y, en este caso, de no brindar el quorum necesario para aprobarla.

Por otro lado, lamento mucho que el Honorable colega Coloma no haya participado en el análisis y estudio del debate, por cuanto todas las corrientes políticas, sin excepción, señalaron lo inadecuado, lo impropio de este artículo.

Señor Presidente, por su intermedio, para ilustración y conocimiento del Honorable Diputado señor Coloma, quisiera traer a esta Sala el planteamiento y el argumento de uno de los miembros de la Unión Demócrata Independiente, mi querido amigo Carlos Bombal, quien definió esto como un engendro que en nada contribuye al adecuado funcionamiento municipal. Solidarizo, participo y estoy plenamente de acuerdo con ese planteamiento, porque, en efecto, es un engendro que no ayuda en nada.

Con eso, contesto y despejo el punto señalado por el Honorable Diputado señor Coloma.

Además, quiero puntualizar y precisar que no sólo se adoptó la medida con el voto de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional. Si el Diputado señor Coloma hubiese puesto atención al panel, se habría dado cuenta de que también en los sectores de Izquierda se votó en contra de esa idea, de tal manera que ése es un punto importante de consignar.

Por otro lado, entrando derechamente en el tema de los cargos de exclusiva confianza, me parece bastante incoherente la argumentación por cierto, lo digo con mucho respeto del colega Letelier, porque, para justificar estos cargos de exclusiva confianza, ha señalado que existieron en el gobierno anterior. Pero ellos han definido dicha administración como "dictadura", y nosotros como "gobierno autoritario". De tal manera que es un escenario absolutamente distinto, y parece ilegítimo ahora tratar de recrear una institución que no existió antes del gobierno militar, argumentando que ésta resulta positiva, toda vez que fue ácidamente criticada.

En mi opinión, eso es una inconsecuencia política. Ahora, ¿qué hace meritoria hoy esta figura en un gobierno absolutamente distinto del que ellos definen como dictatorial?. Obviamente, éste es un gobierno democrático distinto del anterior. Es un elemento interesante sobre el cual reflexionar.

Por otro lado, en opinión de Renovación Nacional, este artículo tiene vicio de inconstitucionalidad, por los argumentos que señalaré a continuación.

El artículo 38 de la Carta Fundamental dispone textualmente:

"Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionarla y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes".

Es decir, se consagra la carrera funcionaría como la norma permanente y el principio general a aplicarse en esta materia.

Por su parte, el artículo 19, N° 17°, de la Constitución Política, otorga el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.

Al tenor de estos claros textos constitucionales, la institucionalidad chilena obliga a la existencia de una carrera funcionaría en la Administración del Estado y en todos los órganos que la conforman, a la cual pueden acceder todos los chilenos en igualdad de condiciones, si cumplen los requisitos legales pertinentes.

Ahora bien, la excepción a esta carrera, a la cual sólo puede accederse previo concurso público, única forma de dar cumplimiento a la igualdad de oportunidad que otorga el número 17, del artículo 19, de la Constitución, está establecida en la misma con respecto a los cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Sin embargo, el legislador común nunca podrá crear o permitir que se creen, en un órgano administrativo del Estado, cargos de la exclusiva confianza, como los señalados expresamente.

El esquema constitucional relativo a los empleos públicos es de dos tipos o clases esto también lo acoge el Ejecutivo en el Mensaje 8206: cargos políticos que la Constitución denomina "de la confianza exclusiva del Presidente de la República"; y los de carrera. Algunos están especificados en la propia Carta Fundamental y otros pueden ser señalados por la ley.

El sistema de carrera es la regla general, lo que se confirma expresamente en el artículo 38, inciso segundo, de la Constitución Política. La excepción está constituida por los cargos que se declaran de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El Ejecutivo prescinde de las normas establecidas en la Carta Fundamental al proponer respecto de las municipalidades la creación de cargos de confianza, no ya por el Presidente de la República sino por los alcaldes.

Si la regla general constitucional es la carrera funcionaría que se garantiza mal puede el legislador, sin modificar la Constitución, crear excepciones no consideradas ni menos autorizadas en ella, como es el caso de los cargos que se declaran de la confianza de los alcaldes.

Por otra parte, en las corporaciones edilicias tampoco podrían existir cargos de la confianza del Jefe del Estado por cuanto se les otorga y reconoce autonomía, la que debería verse acentuada con las elecciones directas de todos los alcaldes. Es decir, el municipio es una corporación autónoma donde sus autoridades son generadas y donde la norma permanente es la carrera funcionaría.

Al tenor de las consideraciones y fundamentos señalados precedentemente, se estima que la creación de cargos de confianza del alcalde contraviene la carrera funcionaría, dispuesta y garantizada por la Constitución Política para todos los que laboren en las municipalidades; o bien que, respecto de ellas sólo puede regir la regla general, al no haberse establecido excepciones a dicha norma.

El artículo, 32, de la Carta Fundamental enumera expresamente en los números 9° y 10°, aquellas autoridades que serán de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Y agrega el número 12: "Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley.". De tal manera que en ninguna parte de la preceptuación constitucional se consagra la figura de los cargos de confianza del alcalde.

Cuando se solicitó al Ejecutivo que señalara en qué preceptos constitucionales o legales se amparó para crear los cargos de exclusiva confianza, respondió que en el artículo 51, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; pero ocurre que ninguno de los preceptos de dicha norma podría ser aplicado a los municipios. Más aún, el artículo 18 de la mencionada ley orgánica señala: "La organización básica de los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa será la establecida en este Título".

"Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quorum calificado, según corresponda". De forma que no hay, en nuestra opinión, un soporte, un amparo legal o constitucional para la figura del cargo de la exclusiva confianza del alcalde.

Nos parece, entonces, que esta norma es inconstitucional. La argumentación que hemos venido haciendo valer es, precisamente, para que quede consignada en el acta y en los informes respectivos, de manera que el Tribunal Constitucional, al revisar o hacer el control de institucionalidad en cumplimiento del mandato constitucional, pueda verificar esta situación y emitir un pronunciamiento sobre una materia que en opinión de Renovación Nacional, evidentemente es inconstitucional.

Desde el punto de vista práctico, no puede comprenderse, y se estima verdaderamente una exageración, que el Ejecutivo haya creado los cargos de la exclusiva confianza, incluyendo en ellos al secretario municipal, al asesor jurídico, al director de obras municipales, al jefe de planificación, al director del departamento de desarrollo comunitario y al asesor jurídico. Racionalmente, no se puede entender otro alcance y propósito de esta medida que no sea pretender instrumentalizar la gestión municipal, asumir como botín de guerra la asignación de estos cargos a los funcionarios proclives a la autoridad que haya ganado las elecciones. No se puede entender que el director de obras municipales tenga que ser un cargo de la exclusiva confianza; como tampoco cuál es la razón por la cual el director o el asesor jurídico deban tener esta misma calidad.

Por todas estas razones, vamos a votar en contra este artículo.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Honorable Diputado don Juan Antonio Coloma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Cantero ha intentado explicar lo absolutamente inexplicable, de cómo un conjunto de parlamentarios puede sentirse tranquilo después de haber votado en contra del compromiso expreso asumido por el presidente de su partido y que no han votado en contra, sino que no dieron el quorum, lo cual es una forma un poco elegante, pero bastante equívoca, de señalar que en la pantalla que, suponemos, no miente los Diputados de Renovación Nacional aparecen votando en contra del administrador municipal, a pesar de estar éste contenido expresamente en el acuerdo político.

Enseguida, una reflexión. Si los Diputados señalan que no se sentían obligados a votar porque no creían que era conveniente la disposición firmada por el presidente de su partido, la pregunta resuena única, acuciante y preocupante, ¿para qué sirve, entonces, un acuerdo político firmado por el presidente de un partido?

¡Eso es lo que en el fondo está en juego, y eso es lo que los Diputados de Renovación Nacional tienen que contestar en este caso!

He dicho.

El Señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado Cantero.

El señor CANTERO.-

El Honorable Diputado señor Coloma pareciera no entender, o no querer hacerlo, el alcance de las palabras que expresé al comienzo de mi exposición.

Una cosa es lo que se establece en el acuerdo político y otra distinta lo que viene preceptuado en las normas. El Diputado señor Coloma, ha podido verificar que dentro de esta Sala hubo un rechazo al contenido de esa norma. Se la ha estimado inoficiosa, ineficiente e inconducente al logro de una mejor administración municipal, de una municipalidad calificada para promover el desarrollo comunitario. Ese es el concepto que tiene que entender el Honorable Diputado señor Coloma, aunque exista en el acuerdo político. Si la norma que lo consagra es de mala calidad, como lo hemos venido señalando; aberrante, de acuerdo con otras opiniones; engendros, según algunos parlamentarios de la UDI y, francamente, equívoca, según los planteamientos de otros parlamentarios, no puede esta Cámara, si se estima digna de llamarse legislativa, aprobar una norma de mala calidad que no conduce a un propósito y a un sentido objetivo.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado Bombal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal, por la vía de la interrupción.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, como he sido aludido en algunas partes del debate, quiero señalar que, no obstante todas las opiniones personales que se puedan tener respecto de esta ley, he reservado la mía en aras de que existe un acuerdo. El acuerdo político de marras siempre fue invocado en cada uno de los artículos o disparidades producidas en la Comisión. Más allá de las opiniones que aquí se han vertido quiero consignar el simple hecho de que durante el debate en la Comisión de Gobierno Interior, frente a cualquier disputa en que estaba de por medio el acuerdo político, se lo invocaba de inmediato, con lo cual se diluían y desaparecían las diferencias. No quiero enrostrar una ni otra situación, sino desear que ojalá pudiésemos ser consecuentes, porque de saber que iba a existir esta disparidad entre lo que significó el acuerdo político en la Comisión y lo que iba a representar en la Sala, probablemente hubiese tenido una conducta muy distinta de la que tuve anteriormente, bastante pasiva, y habría discrepado en la Comisión respecto de algunos puntos de este proyecto. Quisiera, si es del caso, que se pudiese poner a nuestra disposición el acta o las grabaciones, para ver cómo en cada oportunidad se invocó, el mentado acuerdo, por todos los grupos políticos.

Más allá de las discrepancias que podamos tener, debemos ser consecuentes con lo que se hizo en la Comisión y lo que se está haciendo en la Sala. Considero que eso ayudaría a zanjar todas estas dificultades. O si no, digamos que no prosperó el acuerdo político y que no prospera ahora y con eso nos abocamos definitivamente a tratar desde otra perspectiva este cuerpo legal.

Me atrevo a poner de testigo a todos los colegas, e incluso a mi honorable y querido amigo Carlos Cantero, quien puede atestiguar exactamente cómo fue el comportamiento que todos tuvimos respecto del acuerdo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, de la argumentación señalada se desprende que existe opinión en el sentido de que esta norma no es adecuada para el cabal cumplimiento del espíritu del acuerdo, en cuanto a crear una institución que sea eficiente para la administración municipal y la promoción del desarrollo comunitario.

Comparto el criterio del Diputado señor Bombal. Él no ha negado lo que dije, en el sentido de que se calificó como un "engendro" esta figura del administrador municipal.

Atendidas las opiniones vertidas por las personas que participaron seriamente en el debate, quienes estuvieron en todas las sesiones verificando el contenido y el alcance de las normas, el Honorable Diputado señor Morales, de Renovación Nacional, al hacer esta tarde el planteamiento oficial de nuestro partido respecto de esta materia llamó a la unanimidad para votar la eliminación de esta norma, precisamente, por considerarla inadecuada. De tal manera que sostengo y reitero lo dicho: esta norma en nada contribuye a lograr una municipalidad eficiente y participo plenamente del calificativo de engendro para la figura del administrador municipal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, nos parece fundamental respetar el acuerdo político en todos sus términos.

En este proyecto hay muchos aspectos que no nos gustan. Contiene muchos elementos aberrantes y engendros. Pero hay un acuerdo político que permitió llevar adelante la reforma constitucional y que ha permitido avanzar en el trámite de este proyecto de ley.

Renovación Nacional intenta justificar lo injustificable, porque no hay nada más ineficiente y aberrante, aparte de ser un engendro, tener concejos municipales pares y en una proporción muy inadecuada en relación con la población; pero esto es parte del acuerdo político que nos permitió avanzar.

Hoy día, Renovación Nacional no ha cumplido el acuerdo político. Ojalá que esta señal tan equívoca y confusa no se vuelva a repetir, porque ésta es la base que nos ha permitido avanzar en el tratamiento de esta materia y la clave para salir adelante con éxito, tanto en la Cámara como en el Senado.

Por otra parte, queremos aclararle a la UDI que, a nuestro juicio, a pesar de Renovación Nacional, el acuerdo político se cumplió. El administrador municipal quedó incluido en esta ley orgánica en el artículo 24 bis, aun cuando no se explicitan sus funciones en los términos acordados. Sin embargo, todos los sectores coincidimos en que, tal como venía el proyecto, era muy insuficiente. Creemos que el acuerdo político se ha cumplido en los términos aprobados, a pesar de Renovación Nacional.

Por otro lado, en relación con los cargos de confianza, Renovación Nacional también trata de justificar lo injustificable. Aquí se ha dicho que, hasta febrero de 1990, los directores de departamentos de todos los municipios del país eran de la exclusiva confianza de alcaldes que no fueron elegidos democráticamente. Hasta septiembre de 1989, todos los funcionarios municipales eran de exclusiva confianza, en virtud del artículo 22, del Estatuto Administrativo.

El tratamiento de esta materia sería muy distinto si los 23 mil funcionarios municipales que existen hubiesen llegado a sus puestos por concurso y ascendido en función de sus méritos o de sus capacidades. Todos sabemos que no es así. Durante 17 años se fue seleccionando a aquellos que les parecían más afines a sus perspectivas políticas, y por lo menos la mitad de los actuales funcionarios está muy ligado a los intereses de los sectores que en ese tiempo gobernaban.

Después de discutir distintas alternativas, porque lo lógico sería haber realizado un concurso mucho más amplio a todos los que no entraron por concurso, a todos los que nunca demostraron méritos, a los que ni siquiera tienen los títulos profesionales que requieren los cargos. A pesar de eso, hemos aceptado que de los diez cargos que existen en los directores de departamento, seis de ellos sean de confianza. Esto es necesario también para la eficiencia, porque ella tiene que ver con los objetivos, pues la comunidad va a votar y a seleccionar un programa, una perspectiva mayoritaria dentro de la comuna. Ahí es importante que los funcionarios en los cargos claves para la gestión municipal sean afines con esta perspectiva, con este enfoque. Sin duda, deben ser personas de buen nivel técnico, de buena calificación profesional, de trayectoria. Esperamos que esto se haga así.

Además, le recuerdo a Renovación Nacional que los municipios, después de junio de 1992, van a ser plurales y no monocolares, como en los últimos 17 años. Por lo tanto, habrá instancias de fiscalización, de control.

Creemos que para una buena gestión municipal es fundamental tener, a lo menos, seis cargos; o sea, 1.600 de los 23 mil, generados por decisión de la autoridad municipal, con la finalidad de asegurar que las preferencias ciudadanas se apliquen.

Todo lo demás no tiene mayor justificación. Creemos que esto es lo coherente con una real eficacia de los objetivos que se planteen.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora Caraball.-

Señor Presidente, quiero referirme a lo señalado respecto de los cargos de exclusiva confianza.

En la administración pública, el Presidente de la República y los ministros de Estado tienen la facultad de nombrar personas de su exclusiva confianza. El subsecretario, que tiene el carácter de ministro de fe, ejerce también la administración interna del ministerio y coordina la acción de los órganos y servicios públicos. De modo tal que, por analogía, no puede afirmarse que el secretario municipal no puede ser de confianza del alcalde, por tener el carácter de ministro de fe. Tampoco sería válido sostener que el puesto de director de obras no puede ser de confianza, argumentando que por ser un cargo técnico debe estar protegido por la carrera funcionaría, pues también, por analogía, podemos decir que corresponde al primer nivel jerárquico de un servicio o dirección, los que en todos los ministerios son de exclusiva confianza de los ministros respectivos. No podría afirmarse con seriedad que la autoridad que ejerce el gobierno local no puede contar con funcionarios de su exclusiva confianza para desarrollar de manera eficiente y coherente sus obligaciones públicas. Parece absolutamente absurdo y miope calificar la disposición anterior como "botín de guerra".

Creo que en un tema tan importante como la coherencia que debe tener un gobierno local para desarrollar sus tareas, el que por analogía es similar al gobierno de la República, en su debida escala, naturalmente que debe contar con estos cargos, pues no pueden ser simples asesores, sino funcionarios de exclusiva confianza, respecto de los cuales se establezcan las formas de sus nombramientos y remociones, de acuerdo con el concejo municipal. No puede afirmarse válidamente que esto va en contra de determinadas características como lo señalaba el Diputado señor Cantero que establece la Constitución respecto del Presidente de la República. Administrar el municipio solamente con un concejo y con un personal de carrera funcionaria, limita seriamente la posibilidad del alcalde de ejercer las funciones de manera eficiente como todos en la Cámara no me cabe la menor duda queremos que sean los municipios democráticamente elegidos.

Para zanjar las diferencias que se han ido presentando, sugiero votar los tres incisos en forma separada, pues reconocemos que el segundo es contradictorio con el primero y el último. Creo que así podríamos llegar a algún tipo de acuerdo y dar esta facultad con el fin de que esto sea coherente.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, como se ha planteado por algunos señores Diputados un problema constitucional, quiero dejar expresa constancia de que esta disposición es absolutamente constitucional.

El artículo 38 de la Constitución Política del Estado dice expresamente: "Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria...".

El artículo 45 de la ley N° 18.575, reglamenta la carrera funcionaría; el 51 determina los cargos de exclusiva confianza, pero el 18 declara expresamente que el "presente título no se aplicará a las municipalidades". En consecuencia, debemos volver al artículo 38 de la Constitución, que establece que una ley orgánica garantizará la carrera funcionaría. Como no lo señaló para las municipalidades, debemos aplicar el artículo 107, que dispone expresamente que una ley orgánica establecerá las atribuciones y funciones de las municipalidades. En consecuencia, la ley que vamos a dictar tiene por objeto garantizar la carrera funcionaría y determinar los cargos de exclusiva confianza, como lo indica para el resto de la administración el artículo 51.

En consecuencia, la disposición en análisis es total y absolutamente constitucional.

Muchas gracias por la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

El Diputado señor Ortega me ha pedido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, sólo quiero señalar que la Democracia Cristiana va a cumplir en toda su letra y espíritu el acuerdo político. Es la única manera de hacer viable todo el proceso iniciado con la reforma constitucional.

Aquí está comprometido un asunto de honor y cumpliremos con todo lo que nuestro presidente firmó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 24 bis.

Se ha pedido la votación separada del inciso segundo. Por lo tanto, se votarán, en primer lugar los incisos primero y tercero.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación, porque varios señores Diputados no pudieron emitir su voto.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, ya está bueno de torcerle la voluntad a la Cámara. Cada vez que no se obtiene el resultado requerido, Su Señoría repite la votación hasta conseguir su propósito.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo que propongo no significa torcer la voluntad de nadie, hice presente que varios señores Diputados no han podido emitir su voto. Si ahora lo hacen, se verá cuál es el resultado.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación.

El señor LONGTON.-

No hay unanimidad, señor Presidente.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, la suma del tablero no es correcta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos para solucionar este problema.

Se suspendió a las 17:42 y se reanudó a las 17:45 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Hay dudas sobre el resultado de la votación.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, entiendo que en la ocasión anterior nadie solicitó votación secreta. Por ello, solicito que se repita la votación, yo voté y no se vio mi voto en el tablero.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, sobre las votaciones hay que tener un criterio permanente.

En esta misma sesión, los Diputados de la UDI pidieron la repetición de una votación a lo que se accedió porque el tablero había marcado mal. Además, aunque la votación se efectúa en forma electrónica, al final debe consultarse si algún Diputado no ha emitido su voto. Hay Diputados que están en la Sala, pero no alcanzan a votar. En último caso, se puede comprobar en el tablero si se registró o no su votación. Además, si no se pregunta al final si hay algún señor Diputado que no haya emitido su voto, y uno no sabe si se contabilizó o no su voto; realmente equivale a una votación secreta. Por lo tanto, pedimos que la votación se complete formalmente y se consulte si algún señor Diputado no ha emitido su voto. Esa pregunta debe hacerse de todas maneras. Aunque tengamos sistema electrónico de votación, puede suceder que un Diputado se demore más en colocar la tarjeta o en mover la llave, y no sea registrado como votante.

Por eso, pido, en este caso, que se repita la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay dudas sobre el resultado de la votación.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, lo que ocurre, en cierto modo se debe a que no utilizamos este sistema como corresponde. En el tablero hay un espacio para el tiempo y debería darse uno o dos minutos para que se realice la votación.

Pero, al margen de eso, el artículo 159 del Reglamento faculta al Presidente, en el caso de que tenga dudas sobre el resultado de la votación electrónica, para someter la materia a votación por el sistema de manos levantadas. Si nuevamente el Presidente tiene dudas, asumiendo la responsabilidad de su cargo, por supuesto, "ordenará repetirla, pidiendo que se pongan de pie, primero los Diputados que voten afirmativamente y, después, los que voten negativamente y los que se abstengan". O sea, Su Señoría tiene facultad para repetir una votación tres veces si tiene dudas del resultado electrónico. Le ruego que aplique el Reglamento y avancemos, lo demás es inconducente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación del artículo, porque tengo dudas acerca de su resultado.

El señor LONGTON.-

Usted no lo dijo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado. Entre otros, no apareció el voto del Diputado señor Cerda.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se logró el quorum.

Rechazado el artículo y también el inciso segundo que había quedado afuera, porque es la consecuencia lógica.

En votación el artículo 13.

Pido autorización de la Sala para introducir un cambio de redacción, porque el artículo dice: "El alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos...".

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, solicito que suspenda la sesión por cinco minutos para efectuar una reunión de los Comités de la Concertación con la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Antes de votar el artículo?

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Sí, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos..

Se suspendió a las 17:50 y se reanudó a las 18 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde votar el artículo 13, en el cual se establece la forma de elegir al alcalde.

Se debe votar sin discusión. Sin embargo, algunos señores Diputados le han indicado a la Mesa que hay un error de redacción, porque dice que "el alcalde será elegido por sufragio universal y por mayoría de votos".

¿Habría acuerdo para facultar a la Mesa para cambiar la redacción?

El alcalde es elegido conforme al artículo 111. Por lo tanto, debiera decir: "El alcalde será elegido por sufragio universal y en conformidad con lo establecido en el artículo 111 de esta ley.".

¿Habría acuerdo en este sentido?

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Para darle coherencia, sería mejor decir "en conformidad con lo establecido en esta ley", sin hacer referencia a un artículo específico.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Se suprimiría la expresión "y por mayoría de votos".

En votación el artículo 13, con la supresión anteriormente mencionada.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 13.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quisiera saber si es factible que la Sala acuerde dar dos o tres minutos para efectuar la votación, y que ello se indique en el tablero donde dice "Tiempo". ¿Es posible desde el punto de vista técnico?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado; no está programado para eso.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, entonces, el Secretario puede constatarlo y cuando usted diga "en votación", que sean tres minutos para votar. De esa manera no habrá error.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

En votación el artículo 14, sin discusión.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.

Aprobado.

Ofrezco la palabra sobre el artículo 15, que se refiere a incompatibilidades del cargo de alcalde.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación. Hay un minuto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el artículo 16.

Solicito el acuerdo de la Sala para no votar las indicaciones no renovadas.

Acordado.

No corresponde discutir el artículo.

En votación.

El señor ROJO Señor Presidente, una moción de orden.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, en ese artículo es previo hacer una corrección, porque dentro de las causales, junto con la inhabilidad etcétera, en la letra d), se señala la renuncia. Según el inciso final, letra f), "la cesación en el cargo de alcalde traerá aparejada la de concejal".

Las funciones de alcalde y concejal son diferentes. Una persona puede renunciar al cargo de alcalde, pero no dejar de ser concejal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El espíritu de la norma es ése.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 17, sobre subrogación del alcalde.

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, formulé indicación al artículo 17, en el sentido de que el sistema de subrogancia sea distinto. Fue rechazada por la Comisión, pero la fundamentaré.

El cargo de alcalde es político. Por supuesto, la subrogancia que la ley ha de establecer debe quedar radicada en otra persona que desempeñe un cargo de igual naturaleza política, generada por sufragio universal, y no puede ser que el alcalde sea reemplazado o subrogado por un funcionario que, en el ejercido de su cargo, debe adoptar decisiones políticas que van más allá de la simple decisión que debe adoptar un funcionario.

Además, el alcalde tiene una relación con el concejo. Este último fiscaliza los actos del alcalde. Hay una igualdad entre el cargo de alcalde y el que ejercen los pares que fueron elegidos en condiciones similares a las suyas; de modo que me parece fundamental un cambio. Había propuesto que "el alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes como lo plantea el proyecto por el concejal que él designe. En los casos de impedimento el Concejo determinará la subrogancia.

"La convocatoria y providencia del Concejo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, la deberá ejercer el concejal que el Concejo determine.

"Cuando la determinación deba adoptarla el Concejo, y se produjere empate en dos votaciones consecutivas, se sorteará entre los concejales empatados.".

Quiero plantear esto, porque estoy en desacuerdo con la redacción del artículo 17.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, coincido con el criterio del Honorable señor Dupré. Pero bien puede darse el caso de que el funcionario que le siga en jerarquía sea de la exclusiva confianza del Concejo, de acuerdo con las disposiciones que acabamos de adoptar, situación en la cual sería absolutamente impropio tener como alcalde a una persona que no pueda actuar con entera libertad, por cuanto se expone a represalias por parte del cuerpo colegiado del cual, en definitiva, depende su empleo. De manera que si ese riesgo existe y no lo afirmo, sino más bien lo pregunto, y me parece que podría llegar a existir, sería una razón adicional para compartir el criterio del Honorable señor Dupré; sólo que creo más en la subrogancia del concejal que él designe. Ahí podría buscarse un sistema en el que pueda subrogarlo el concejal que obtuvo la segunda mayoría en la elección para ser alcalde. Me parece que es un problema menor, pero el principio del Diputado señor Dupré lo comparto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, coincido con la exposición del Diputado señor Dupré, y en parte también, con el planteamiento del Diputado señor Schaulsohn, porque hemos comprobado en muchas oportunidades que, en las municipalidades, cada vez que ha quedado un funcionario subrogando el cargo, las comunas se ven absolutamente deterioradas, porque estos funcionarios no se sienten con capacidad para tener iniciativa propia. De tal manera que si en la nueva ley se continúa con un sistema similar, evidentemente se producirán graves daños a la solución de los problemas en las comunas. Por eso, lo fundamental sería que el alcalde designara a un igual; vale decir, a una persona que haya sido elegida también a través de una expresión política. En esta materia habría que legislar sobre si ese concejal es quien el alcalde determine, o simplemente, el concejal que haya obtenido una de las más altas mayorías, porque, evidentemente, desde ese ángulo, la autoridad que reemplace, tendrá la idoneidad, capacidad e independencia para enfrentar los problemas comunales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, comparto lo que se ha planteado, porque parto de la base de que el cargo de alcalde es político. Es un concejal. Como los miembros del Concejo son sus pares, la subrogancia debe ser ejercida por quien el alcalde designe. Pero prácticamente en todos los municipios, los alcaldes serán elegidos por los concejales producto de las mayorías que arrojen las elecciones y de acuerdos políticos. De manera que la subrogancia deberá ejercerla un concejal que forme parte de la fuerza que generó la autoridad del alcalde. Por eso, es lógico establecer que la subrogancia corresponde a un concejal de confianza del alcalde.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, es muy "traída de pelo" la proposición de que la persona que subrogue al alcalde en alguna oportunidad sea funcionario de la municipalidad. Un funcionario burocrático, de cualquier municipio y grado, aun el más importante, no podría subrogar al alcalde. Durante la vigencia de la Ley de Municipalidades, es decir, cerca de 70 años, jamás sucedió eso.

Estoy de acuerdo con la indicación del Diputado señor Dupré, que ha sido compartida por otros colegas, en el sentido de que el reemplazante del alcalde debe ser de la mayoría que forzosamente lo va a elegir, porque sólo en algunos municipios chicos alguien sacará el 35 por ciento que establece la ley para ejercer automáticamente el cargo. Tendrán que formarse mayorías, de las cuales saldrá el subrogante del alcalde.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, el criterio de la Comisión fue mantener el proyecto del Ejecutivo, dado que se trata de la ausencia del alcalde no superior a un mes.

Desde el punto de vista administrativo, normalmente un alcalde se puede ausentar por pocos días. Toda la orgánica funcional del municipio se ve afectada si por cinco, seis, ocho o diez días lo debe subrogar una persona que no está vinculada al aspecto operativo.

Como el Concejo, en este caso, no está en la línea de autoridad del alcalde, se estableció esta fórmula, que garantiza la continuidad administrativa del municipio.

. En caso de que la ausencia sea mayor de un mes, funciona el sistema propuesto por el Diputado señor Dupré.

El proyecto debe mantenerse como está.

Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta me ha pedido una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, a lo dicho por el Diputado señor Ortega, deseo acotar que un concejal presidirá el Concejo siempre y en cualquier situación. No lo presidirá el alcalde subrogante, en caso de que sea funcionario.

El alcalde, en la actual normativa, es funcionario de la municipalidad. En consecuencia, asume todos los derechos, obligaciones, deberes y responsabilidades que se exigen a los funcionarios, en su más alto grado. Aquí está el fundamento del proyecto para que el funcionario que designe el alcalde lo subrogue en ausencias menores de un mes; pero, en ningún caso el funcionario podrá presidir el Concejo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Rebolledo me ha pedido una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, con la argumentación dada por los colegas señores Ortega y Elgueta, evidentemente el alcalde es funcionario; pero la naturaleza esencial del cargo es de carácter político. Esto avala la proposición del Honorable señor Dupré.

Desde el punto de vista jurídico, por regla general, al alcalde es subrogado por un personero del mismo rango; en este caso, por un concejal. No se sostiene la argumentación de la continuidad en la gestión; de lo contrario, tendríamos que establecer que siempre, incluso cuando la ausencia del alcalde se extiende a más de un mes, lo subrogará un funcionario, lo que no puede ser.

En tercer lugar, al no dejarse siempre en primer lugar de la línea de subrogación a los concejales, se establece una capitis diminutio, que rompe equilibrios elementales en el rol del Concejo y de sus integrantes en la administración y conducción del municipio.

Sobre esta base, es evidente que lo planteado, por el colega señor Dupré es adecuado. La regla general debe ser que la subrogación del alcalde, aun cuando sea por un día de ausencia, corresponde a una persona de carácter político, miembro del Concejo.

Agradezco la interrupción al colega señor Ortega.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, el Diputado don Andrés Palma me ha pedido una interrupción; con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al Diputado señor Ortega sobre los alcances de la disposición, una vez rechazado el artículo 38.

Hace unos momentos, no se alcanzó el quorum para aprobar el establecimiento de cargos de confianza en las municipalidades y, de mantenerse el artículo 52, en los términos propuestos, el alcalde será subrogado por funcionarios que no son de su confianza ni del Concejo. De hecho, habrá un conflicto permanente de poderes en el municipio, que se democratizará una vez publicada la ley, ya que los funcionarios son heredados del régimen autocrático y no responden a la confianza del elector comunal. Si el alcalde se ausenta en forma transitoria, será subrogado por alguien en quien probablemente tendrá desconfianza.

Quiero saber de los Honorables colegas que proponen el texto legal, cómo se soluciona el problema si se aprueba el artículo 52, dado que no se aprobó el 38.

Muchas gracias por la interrupción, Diputado señor Ortega.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente en ninguna parte del artículo 52, se señala el cargo de confianza; se refiere a la ausencia o impedimento del alcalde por pocos días, no más allá de un mes. Si es de más, opera la indicación del Diputado señor Dupré.

La práctica indica que el funcionario superior de la municipalidad tendrá la responsabilidad de la continuidad administrativa, en términos del día a día.

Para contestar al Diputado señor Rojo, el reemplazo no está supeditado a que sea funcionario de confianza.

Por esta razón, debemos mantener el artículo como está.

He dicho.

Un señor DIPUTADO.-

Esa no es la pregunta.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, quiero explicar el criterio del Ejecutivo en esta materia.

La disposición es eminentemente práctica, porque está referida a reemplazos por muy corto tiempo. Si bien el alcalde es concejal electo, debe tener presente que también es funcionario, habilitado para realizar un conjunto de gestiones que requieren firma y caución. Por lo tanto, como se trata de un período breve, su subrogancia por un concejal puede generar dificultades en la normal administración del municipio. Esta es la razón del Ejecutivo para sostener este criterio.

Es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido el cierre del debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la clausura del debate.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Quiero plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, quiero hacer un llamado a los Honorables Diputados para que eviten conceder interrupciones, porque con este sistema se está impidiendo que todas las bancadas puedan expresar sus opiniones. Por ejemplo, la han manifestado la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, si no me equivoco. La vía de la interrupción no es el camino más adecuado. Sería importante que se acordara no otorgarlas, para que todos pudiéramos intervenir.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en el mismo sentido de lo expresado por el colega don Claudio Rodríguez, en la discusión del artículo anterior intervinieron sólo dos parlamentarios, y el resto lo hizo a través de interrupciones.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, hay dos cosas distintas. La interrupción es con cargo al tiempo del que la concede y posibilita el diálogo; es un derecho.

Ahora, para cerrarse el debate, debe intervenir un cierto número de parlamentarios a favor y en contra. La petición de clausura no puede someterse a votación automáticamente, en cualquier momento. Para eso están las reglas. Si nos atenemos al Reglamento, no tendremos este problema.

Por mi parte, no voy a renunciar al derecho de pedir y conceder interrupciones.

El cierre del debate debe pedirse después de que haya intervenido el número de parlamentarios que establece el Reglamento; y la petición debe votarse cuando corresponda, no en cualquier instante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En este artículo intervinieron 6 parlamentarios, más las interrupciones.

El señor ROCHA.-

Una cuestión de Reglamento, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, en el supuesto de que se apruebe el artículo 52, pido que se autorice a la Mesa para modificar la redacción de su inciso tercero, bastante desafortunada, pues señala: "Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a un mes". La redacción correcta debiera ser: "Cuando el alcalde se encuentra incapacitado temporalmente por más de un mes".

Es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Conforme. A continuación el señor Secretario dará lectura a la indicación del Diputado señor Dupré.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 52, de la ley municipal, por los siguientes:

"Artículo 52.-

El Alcalde será subrogado, en caso de ausencia o impedimento no superior a un mes, por el concejal que él designe. En los casos de impedimento el Concejo determinará la subrogancia.

"La convocatoria y providencia del Concejo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 70, la deberá ejercer el concejal que el Concejo determine.

"Cuando la determinación deba adoptarla el Concejo y se produjere empate en dos votaciones consecutivas, se sorteará entre los concejales empatados.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

La Mesa advierte que para que sea aprobada también se requiere de quorum de 67 señores Diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Se dará lectura a otra indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

De los señores Huepe y Palma, don Andrés

"Se considerará causal de incapacidad temporal el hecho de que el alcalde sea sometido a proceso por causa derivada del incorrecto ejercicio de su cargo".

El señor SCHAULSOHN.-

¿Tiene discusión esta indicación?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No la tiene, señor Diputado.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 61 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde votar el artículo.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, ¿es posible desglosar los incisos primero y segundo del resto del artículo 52?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Depende de si las ideas son distintas. ¿Lo son?

El señor ESTEVEZ.-

Sí, señor Presidente, los incisos primero y segundo del artículo 52 reglamentan una materia que probablemente no sea imprescindible. ¿Qué sucede cuando el alcalde tiene impedimento inferior a un mes? Los incisos tercero, cuarto y quinto se refieren a impedimentos superiores a un mes. Es una situación distinta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se desglosará la votación respecto de los incisos primero y segundo.

En votación los incisos primero y segundo, del artículo 52.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedan rechazados los incisos primero y segundo.

Lógicamente, no tienen sentido los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 52.

Varios señores DIPUTADOS.-

Sí, lo tienen.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, en votación el inciso tercero, cuarto y quinto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados los incisos. Queda facultada la Mesa como indicaba el Diputado señor Rocha para cambiar la redacción del inciso que ahora es primero.

Acordado.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en relación con la facultad de la Mesa para revisar la redacción de los incisos que acabamos de aprobar, pido que revisen también la última parte del inciso final, puesto que dispone: "Mientras no sea elegido el alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.", y el inciso primero fue rechazado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Enseguida, corresponde tratar el artículo 18, referente a las atribuciones del alcalde y sobre el cual hay indicación.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la letra c), del artículo 18 no corresponde votarla, por cuanto no tiene sentido, al haber sido rechazado el artículo 38.

El señor MONTES.-

Así es.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la letra c) no se puede votar. Es absolutamente contrario al Reglamento hacerlo, puesto que el artículo 38 ya no tiene vigencia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, me parece que la frase "de la letra c) de acuerdo con lo establecido en el artículo 38"., no tiene por qué mantenerse, porque ese artículo, al dejar de existir, no establece nada; pero sí su parte medular que establece: "Nombrar y remover a los funcionarios que tengan la calidad de exclusiva confianza,".

El Honorable Diputado señor Schaulsohn probablemente ha citado de memoria el artículo del Reglamento, por cuanto no recuerda, quizás, su contenido literal, en el sentido de que no puede votarse algo contradictorio con algo ya aprobado, y aquí no ha habido nada del artículo 38, aprobado, por cuanto es inexistente. Es distinto aprobar que no aprobar. No hay una norma aprobada que sea contradictoria con ésta. Por tanto, es perfectamente posible proponer aquí que se pueda nombrar y remover a los funcionarios que tengan la calidad de exclusiva confianza, omitiendo, naturalmente, la frase final "de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.".

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

A contrario sensu, existe la argumentación que el Honorable Diputado señor Estévez no puede desconocer.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El Señor Bombal.-

Señor Presidente, simplemente, por esta vía estamos estableciendo cargos de confianza que no existen. El Diputado señor Estévez ha caído en un absurdo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, más allá de los esfuerzos del Diputado señor Estévez, lo cierto es que hay argumentos de lógica imposibles de evitar.

En primer lugar, en la redacción anterior se rechazó claramente la creación de los cargos de confianza. Se hace referencia, además, al artículo 38, y por más que trate de aplicar el absurdo de que se puede dividir una indicación, lo concreto es que al haberse aprobado su rechazo no puede votarse una indicación que sólo tendría sentido en el evento de haberse aprobado la anterior.

En segundo lugar, es claro que las indicaciones hay que votarlas en la forma como están redactadas, y si el Diputado señor Estévez hubiera presentado a tiempo una por la que se omita la expresión "el artículo 38", el tema por lo menos, habría sido discutible; pero como no lo hizo a tiempo es evidente que ahora no se puede separar esa votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión y se llama a una reunión de Comités.

Se suspendió a las 18:41 horas y se reanudó a las 18:49.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, ¿qué sucedió con la solicitud del Diputado señor Estévez?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar el artículo en su forma original. Si el proyecto contiene un error, será corregido por la Cámara revisora.

El señor Secretario me informa que hay una indicación al artículo 16 que consiste en eliminar la letra a). Como se trata de una indicación supresiva, si no se aprueba produce el mismo efecto, a menos que se pida votación dividida.

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, sólo para señalar que la indicación presentada es precisamente concordante con lo votado, porque elimina la letra a) que establece los cargos de exclusiva confianza del alcalde. Si 1a votación resulta favorable, el artículo queda perfectamente lógico.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, ¿es una indicación repuesta?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es una indicación que fue rechazada en la Comisión y se vota, reglamentariamente, sin discusión.

La eliminación de la letra a) significa que el alcalde nombra y remueve a los funcionarios de su exclusiva confianza.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 58 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, pido que suspenda la sesión por cinco minutos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió la sesión a las 18:54 y se reanudó a las 19:10 horas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Se suspende la sesión por quince minutos.

Se suspendió a las 19:10 y se reanudó a las 19:24 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a suspender la sesión por otros quince minutos.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no voy a pedir nada, sino apelar a su sentido de corrección, porque Su Señoría no puede suspender la sesión indefinidamente cada quince minutos.

El Reglamento es muy claro al decir "hasta por quince minutos". Sólo le solicito que las cosas que debe hacer las efectúe con un mínimo de respeto por los parlamentarios que estamos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, varios partidos que me han pedido suspender la sesión.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, estimo que el Reglamento, en su sentido e interpretación, se está aplicando en forma correcta.

Como bien se ha dicho, en esta Sala hay representantes de distintas colectividades, tendencias y partidos, elegidos para legislar y para representar el sentimiento de las personas que nos eligieron. De manera que cuando se suspende la sesión toda la Sala entiende las razones por las cuales se está haciendo y por qué los partidos lo han solicitado.

Así como el colega Schaulsohn le pide a Su Señoría que interprete correctamente el espíritu del Reglamento, también le solicito a él que tenga la misma delicadeza y criterio para exigir, cuando corresponda, la aplicación del Reglamento, porque la majadería en determinados temas también molesta mucho el sentimiento de los otros Honorables Diputados que estamos en la Sala.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no me referiré a las impertinencias del señor Pizarro, porque no me interesa. Mi partido no ha pedido suspender la sesión, y yo sólo he planteado una solicitud respetuosa en el sentido de abordar el tema que tenemos entre manos.

O sesionamos mañana o suspendemos por media hora, para lo cual se necesita asentimiento unánime, pero no podemos suspender cada 15 minutos, porque ésa no es facultad del Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En este caso, se suspende la sesión por 15 minutos.

Se suspendió a las 19:27 y se reanudó a las 19:38 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión hasta las 20:30 horas.

Se suspendió la sesión a las 19:38 horas y se reanudó a las 20:32.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, el Reglamento dice que las sesiones se pueden suspender hasta por quince minutos; en consecuencia suspender cada quince minutos una sesión, reanudarla y volver a suspenderla, es un mal uso del mismo.

En segundo lugar, en cuanto al artículo 18, votar la letra c), es prácticamente letra muerta, porque no existe el artículo al cual se refiere. Por lo tanto, pediría no votar esta indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Respecto de eso, normalmente, cuando existen esos errores, si se aprobara esa letra, se expresaría: "conforme al artículo" y a continuación se colocan tres puntos (...). Luego, lo ve la Cámara revisora.

Usted puede solicitar la división de la votación. Eso sí; esto no es una indicación.

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, una vez más deseo dejar constancia como lo hice anteriormente de que usted ha hecho un buen uso del Reglamento. No podría interpretarse que la Mesa está abusando del Reglamento cuando lo aplica de acuerdo con su buen criterio y según las circunstancias en que ejerce su obligación de dirigir el debate en esta Sala. De manera que repruebo las palabras de mi colega señor Longton, porque la Mesa se ha ajustado perfectamente al Reglamento.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Quiero consultar si, de acuerdo con el Reglamento, es posible solicitar votación nominal. Si así fuera, deseo saber cuál es el procedimiento para hacerlo. Si pudiera pedirlo, lo haría ahora mismo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La votación nominal debe solicitarse antes del cierre del debate.

Corresponde votar el artículo 18, salvo su letra a).

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Corresponde votar la letra a) del artículo 18.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 18 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada.

Corresponde votar, sin discusión el artículo 19.

Se refiere a que el alcalde debe consultar al Concejo para la designación de delegados.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Corresponde discutir y votar el artículo 20, que se refiere a algunas atribuciones del Concejo. Se trata de problemas de redacción solamente.

Tiene la palabra el señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, habría un problema sólo respecto de la letra k), porque en el artículo 6° quedó rechazada, por falta de quorum, toda la parte de las licitaciones.

Por lo tanto, habría que hacer un ajuste a la redacción de la letra k).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Palma, don Andrés.

El señor PALMA (don Andrés).-

La Comisión de Hacienda presentó una indicación sobre la letra g); sin embargo, como Diputado informante, debo manifestar que ella no conoció este texto, porque el informe de la Comisión de Gobierno Interior era diferente del que le fue comunicado a la de Hacienda. La única diferencia entre el texto que aprobamos originalmente y éste es que la Comisión de Gobierno Interior había agregado la frase "o por convenios celebrados por el municipio", al término del inciso final. Creo que no habría inconveniente en que se aprobara la letra g), tal cual está en el informe de la Comisión de Gobierno Interior, por cuanto la letra es coincidente y la frase adicional no se contradice con lo discutido en la Comisión de Hacienda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Corresponde votar una indicación a la que dará lectura el señor Secretario. Es la misma a la cual se refería el Diputado señor Palma.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Es la indicación de la Comisión de Hacienda? Yo entendí que el Honorable señor Palma la desechaba.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero él no es la Comisión de Hacienda. En todo caso, el Secretario dará lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para sustituir el inciso final que se agrega al artículo 55, por el siguiente:

"Al aprobar el presupuesto, el Concejo deberá velar que en él se identifiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos. El Concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley.".

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, ¿cuál es el fundamento de esta limitación de las facultades del Concejo? ¿Por qué el Concejo no puede aumentar, en la medida en que existan fondos de la municipalidad disponibles? Me da la impresión de que, casi por analogía, se aplica al Concejo el mismo tratamiento disminuido que se da al Parlamento en la Constitución de 1980; pero no veo absolutamente ninguna lógica. Si el Concejo conoce los recursos propios al ámbito municipal, aquí no hay injerencia o no afecta la gestión presupuestaria del Estado. En un municipio que tiene tanto dinero, el alcalde hace un presupuesto, y si está dentro de los fondos disponibles para gastar, obviamente el Concejo no puede traer a colación fondos adicionales que no existen. Pero si el alcalde determina una suma equis, y el Concejo tiene una opinión distinta, no veo ninguna razón para que éste no pueda aumentar los gastos, a menos que exista y yo la desconozca. No sé si algún señor Diputado me puede explicar la razón de esta norma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es la misma razón aducida respecto del presupuesto de la Nación: porque el Concejo podría hacer más gastos que los ingresos.

El señor SCHAULSOHN.-

Entonces, pongamos una prohibición para que el Concejo no pueda gastar más que los ingresos. Pero dentro del presupuesto que hay, no veo por qué el Concejo no podría gastar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero no tenemos más alternativa que votar.

El señor SCHAULSOHN.-

Sí, pero yo quiero saber qué voy a votar.

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, aquí se ha seguido el principio establecido en el artículo 55, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto de la letra a) antiguamente vigente, en que el alcalde requería del acuerdo del consejo de desarrollo comunal para aprobar el plan de desarrollo comunal y el presupuesto de la municipalidad. En ese sentido, se ha seguido el mismo principio consagrado en esa norma.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar. La diferencia entre la proposición de la Comisión de Hacienda y la de la Comisión de Gobierno Interior consiste en que la última, además, habla de los gastos que se puedan establecer por "convenios celebrados por el municipio", mientras que la primera no hace referencia a ello, sino sólo a la ley.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, propongo que votemos el texto de la Comisión de Gobierno Interior, y si se aprueba, se entenderá que se rechaza la indicación de Hacienda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Hay unanimidad para hacerlo de ese modo?.

Acordado.

En votación el texto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior para el artículo 20.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 20.

Corresponde votar el artículo 21, que sólo tiene una indicación de redacción.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con la votación anterior.

Aprobado.

El artículo 22 se refiere a la designación de delegados y no tiene indicación ni discusión.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.

Aprobado.

El artículo 23 sustituye el Título III, del Concejo.

Al respecto, tenemos dos posibilidades: una, votar el título en conjunto; y la otra, despacharlo artículo por artículo.

Si le parece a la Sala, se votará el título en conjunto.

Acordado.

El señor ULLOA.-

Pero, ¿tiene indicaciones?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, y vamos a votarlas primero. Se han formulado a los artículos 60, 64 y 73.

En votación el Título DI, con excepción de los tres artículos mencionados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el Título III.

El señor Secretario dará lectura a la indicación al artículo 60.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para sustituir la letra b) del artículo 60, por la siguiente: "b) Haber aprobado la enseñanza básica.".

El señor ROCHA.-

¿Quién la presenta, señor Presidente?

El señor LONGTON.-

¡Nosotros!.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la Constitución Política, en su artículo 19, inciso tercero del número 10), dice que "La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población." O sea, la indicación se basa en una referencia constitucional.

En segundo lugar, para ser elegido Diputado o Senador se nos exige tener educación media. En mi opinión, es requisito suficiente e importante para ejercer un cargo de esta envergadura.

Sin desconocer el derecho a elegir y ser elegido, fundamento que tanto invoca la Concertación, debe tener sus límites a propósito de la municipalidad, institución cada vez más tecnificada, complicada y compleja en su administración.

Por eso, hemos tenido especial cuidado, como el Ejecutivo, en presentar un proyecto que si bien adolece de falencias, se ha ido mejorando para poner ciertas cortapisas a los abusos que se pudieran producir al interior de un municipio.

Por otro lado, de no aprobarse la indicación, se producirá una contradicción. El Estatuto Administrativo exige enseñanza básica, como mínimo, para ingresar a la Administración Pública, y podría darse el caso de que un alcalde tuviera menos educación que el funcionario de más baja categoría de la municipalidad.

La parte financiera es de suyo compleja; la Contraloría establece una serie de normas. Puede haber profesionales con el conocimiento necesario; pero nadie asegura que el funcionario va a entender el deseo del alcalde de inferior educación.

Por estas razones, reconocemos el derecho de elegir y ser elegido; pero con la limitación de que para ser elegido concejal y, por ende, posteriormente alcalde, por lo menos, hay que tener educación básica aprobada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el tema se debatió largamente en la Comisión. Es evidente que el artículo 44 de la Constitución, que establece los requisitos para ser parlamentario, debe ser modificado a futuro.

Para ser Presidente de la República, el artículo 25 señala que se requiere ser chileno y tener las demás calidades de ciudadano con derecho a sufragio. Incluso, para ser parlamentario, los requisitos son mayores que para ser Presidente de la República.

En democracia, en general, el derecho de elegir y ser elegido es de todo ciudadano.

Tiempo atrás, para ejercer el derecho a sufragio, incluso, se necesitaba saber leer y escribir. Después de una larga batalla, se superó este requisito.

Dos aspectos más. Uno, las personas elegidas para cargos de representación popular no son empleados públicos. Por tanto, los requisitos que señala el colega señor Longton no corresponden a este acápite. Por tradición, dado que en nuestro país la educación básica es obligatoria y que en los últimos veinte años ha cubierto más del 75 por ciento de la población, no ha sido necesario incluirlos.

Además de estas consideraciones, debe tomarse en cuenta la capacidad de los ciudadanos chilenos, que sabrán elegir por los méritos de los candidatos. No debemos olvidar aquello que el chileno común llama "universidad de la vida", que parece enseñar bastante más que la educación formal.

En nuestra opinión, el artículo está bien tal como viene propuesto por la Comisión y, por tanto, vamos a rechazar la indicación presentada por los colegas de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, estoy en desacuerdo con la indicación. Hay una confusión de tres términos: instrucción; educación y formación.

En primer lugar, la enseñanza básica no puede ser requisito para postular a un cargo popular. Sabemos que no todos los chilenos han tenido la oportunidad de llegar a ella.

Por lo general, la educación y la formación se deben a la "universidad de la vida", como dijo el Diputado señor Letelier, y a la dedicación de los autodidactos, a quienes discrimina la indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 68 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo, tal como viene de la Comisión.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

A propósito del artículo 62, algunos señores Diputados han planteado un problema de redacción, porque dice: "Los cargos de concejales serán incompatibles entre sí y con los de miembros de los concejos...", etcétera. Se supone que una persona no puede tener dos cargos de concejal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, una persona no puede ser candidato a concejal en dos partes a la vez. Por lo tanto, es imposible que llegue a ser concejal en dos lugares. Me parece que la norma es innecesaria. Si no se puede presentar en dos lados, no puede ser elegido en dos comunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debiera quedar: "Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembros", etcétera.

El señor SCHAULSOHN.-

¡Exactamente!.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, comparto el criterio del Diputado señor Schaulsohn; pero quiero preguntar a los miembros de la Comisión de Gobierno Interior si quedó establecida la imposibilidad de presentarse en dos comunas como candidato a concejal. No tengo claro esto. Si no quedó establecido, entonces la norma es necesaria, tal como está en el artículo.

Un señor DIPUTADO.-

No quedó establecido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 64 se refiere a la calificación de las causales de cesación en el cargo

El señor Secretario dará lectura a una indicación que se ha formulado.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para agregar lo siguiente: "La resolución del concejo será apelable ante la Corte de Apelaciones.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, es improcedente establecer un mecanismo de apelación de esta resolución ante la Corte de Apelaciones; probablemente, ante el Tribunal Electoral. Si el concejo toma una resolución, es porque se ha incurrido en una de las causales. No soy partidario de la intervención de los tribunales de justicia en esta materia.

Quiero saber si se requirió la opinión de la Corte Suprema para esta norma, en función de lo que establece el artículo 74, de la Constitución.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No ha sido consultada, porque no se han introducido las modificaciones, hay una indicación renovada, que fue rechazada en la Comisión. Si se aprobara, habría que consultar a la Corte Suprema.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa; 8 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero consignar que cometí un error al votar; quise votar negativamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

En votación el artículo 64.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, el artículo 65 tiene una indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, es una indicación no renovada.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, pido que se vote, y si Su Señoría me permite, como ya votamos el artículo 64, puedo plantear el porqué.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, reglamentariamente, corresponde votarla; pero no discutirla.

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación del señor Dupré para sustituir en el artículo 65 sus incisos primero y segundo, por el siguiente:

“Artículo 65.-

Si falleciere o cesare en su cargo algún concejal durante el desempeño de su mandato, la vacante será proveída por el Concejo por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido al momento de ser elegido, que no hubiere motivado la vacante.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde tratar el artículo 73, donde hay una indicación renovada a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación piara reemplazar el artículo 73 por el siguiente:

"Los concejales tendrán derecho a percibir, por cada sesión a la que asistan, una dieta equivalente a 1,3 unidades tributarias mensuales, la que no será imponible. En ningún caso esta asignación podrá exceder de 5,2 unidades tributarias en el respectivo mes calendario.".

El señor AGUILO.-

Es una indicación claramente inadmisible porque incide en el gasto fiscal.

El señor LEAY.-

Opino lo mismo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, sin perjuicio de que discrepe de la indicación, no concuerdo con que ella sea inadmisible, por cuanto no afecta el gasto fiscal. Hasta donde mis conocimientos alcanzan, dicha dieta no será pagada por el

Fisco ni será con cargo al presupuesto de la Nación; será pagada por la municipalidad de acuerdo con sus propios recursos. Por lo tanto, no es sumable ni tampoco sacable del promedio de 1,3 unidades para compensar una con otra. No tiene sentido hacer eso. Aquí cada municipalidad paga a sus propios concejales; no son recursos fiscales y, por ende, en mi opinión, es plenamente admisible. Me gustaría referirme a su contenido, pero después que Su Señoría resuelva este primer punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Un momento, por favor. Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el artículo 62, número 3°, de la Constitución Política establece que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado", y en él se alude a las municipalidades. En consecuencia, aquí se impone una carga a las municipalidades, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Además, las municipalidades son órganos que pertenecen a la administración del Estado y, desde ese punto de vista, es inadmisible la indicación que se ha presentado.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Palma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, para complementar lo expuesto por el Diputado señor Elgueta, opino que la indicación es inadmisible por cuanto cada municipalidad debe ser considerada como un órgano del Estado. En este caso, es claro que se rebaja el gasto a algunas municipalidades; pero, sin duda, se aumenta también, a la gran mayoría, y, por lo tanto, podría ser admisible en aquellas circunstancias en que se baja el gasto e inadmisible en las que se sube.

He dicho.

Muchas gracias, Honorable señor Elgueta, por su interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa estima que la indicación es inadmisible por el número 4°, del artículo 62, de la Constitución Política, que dispone que al Presidente de la República le corresponde "la iniciativa exclusiva para fijar rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiados de montepíos, en su caso de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados," Y en lo señalado se comprende a las municipalidades.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quisiera referirme al fondo del tema.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, veamos primero si la Sala estima que la indicación es inadmisible.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quisiera decir algo sobre el fondo; es decir, sobre el artículo; no sobre la indicación.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn y, a continuación, el Diputado señor Letelier.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, me parece que en el artículo 73 se establece una fórmula discriminatoria que no tiene absolutamente ninguna fundamentación, por cuanto establece municipios de primera, de segunda y de tercera categorías, y se fija una dieta por asistencia. ¿Por qué no se paga aquí, en el Congreso, de distinta manera a los parlamentarios que representen a distritos de 150 mil, de 200 mil, de 10 mil o de 15 mil electores?

Debería fijarse una dieta única para todos los concejales en función de su asistencia a las sesiones. A lo mejor la analogía con los Honorables parlamentarios es desafortunada; la retiro; pero no tiene ninguna justificación establecer una suma diversa en función de la cantidad de habitantes que representan. Está bien que eso se considere para los efectos de saber cuántos concejales se eligen, pero su responsabilidad en la asistencia a las sesiones de cualquier municipio es exactamente de la misma envergadura y, por lo tanto, la distinción que aquí se establece me gustaría que alguien me la aclarara no me parece razonable. No veo por qué se establece esta discriminación.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este artículo fue motivo de un largo debate en la Comisión; incluso, en el transcurso de él hicimos encuestas internas para saber cuáles eran las opiniones generales que prevalecían.

Estamos conscientes y lo estuvimos en la Comisión de que, por desgracia, la iniciativa es del Presidente de la República y no del Congreso Nacional. Pero no lo voté favorablemente este artículo. Porque en él hay discriminación. Los concejales tienen la obligación de asistir un número mínimo de horas al mes, para lo cual reciben una dieta. La responsabilidad que les cabe en ese tiempo es ejercer las funciones para las cuales fueron elegidos, sin importar si lo hacen representando a una comuna de cinco mil habitantes o a una de cuatrocientos mil; más aún, cuando muchas de esas funciones tienen el mismo peso que otras decisiones de trascendental importancia, como es la elección de consejeros regionales, quienes, en última instancia, determinan el uso de cuantiosos recursos para el desarrollo regional.

Así como hoy los Honorables Diputados recibimos una dieta equivalente a la de los Senadores, porque así está establecido en la Constitución de la República...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No es igual!

El señor LETELIER.-

La dieta, según la Constitución, es la misma, al igual que los ingresos de un Ministro de Estado. La discriminación que aquí se establece no tiene un fundamento real y justificado.

Pero es más. En mi opinión, al fijar una dieta baja para la gran mayoría de las comunas de nuestro país si se quiere hacer una reflexión a fondo; estamos hablando de que en más de 310 comunas del país los concejales recibirán una dieta baja, y de que solamente en 28, aproximadamente, las habrá de 1,5 UTM o más, reflejaremos dos aspectos que constituyen un profundo error. Uno, que en nuestro sistema político y sobre esto pido que reflexionemos debiéramos hacer los máximos esfuerzos porque los mejores dirigentes sociales y políticos tengan una función en sus comunas, porque es necesario revertir en nuestra sociedad la pirámide del poder, en el sentido de asegurar que los mejores actores sociales y políticos estén lo más cerca posible de la gente en las comunas, en contacto diario, y de esa forma fortaleceremos la democracia. Y otro, porque, adicionalmente, esta norma significa que en las comunas pequeñas o medianas sólo algunas personas podrán postular a ser concejales. Para ejercer la función de concejal con seriedad se requiere dedicar mucho tiempo y no sólo las horas correspondientes a las cuatro reuniones mensuales. Con una dieta como la establecida aquí, que representa aproximadamente 60 mil pesos al mes, muchas personas con buena preparación no harán abandono de su ejercicio profesional, de su labor como profesores, como trabajadores de la salud o como pequeños empresarios u otras actividades, para dedicarse a esta actividad de trabajo público y social.

Por este motivo, manifesté mi discrepancia de esta discriminación y, sobre todo, del piso excesivamente bajo de la dieta para la gran mayoría de los concejales que serán elegidos en más de 310 comunas. Frente a ello, solicitamos al Ejecutivo que reconsiderara el piso propuesto y, en particular, los contenidos en la letra a), por estimar que, a la larga, no contribuye a fortalecer la democracia en la gran mayoría de las comunas de nuestro país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alamos.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, también deseo hacer presente la injusticia que contiene este artículo y plantear algo práctico.

En las zonas rurales, las personas que serán elegidas, por lo general, viven lejos del pueblo, de la cabecera de la comuna, de modo que los gastos en que incurrirán para trasladarse a sesionar son mucho mayores. También los concejales tendrán que viajar a las cabeceras de provincias y a las cabeceras regionales para resolver los problemas de su comuna, de manera que el gasto de ellos será, incluso, superior al de quienes viven en ciudades más grandes.

Estimo, desde el punto de vista práctico y moral, que este artículo es absolutamente injusto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, podemos concordar en que el "piso" de esta dieta inicial de los concejeros puede ser escaso, pero hay que tener presente que está financiada por los respectivos municipios. Por lo tanto, adicionar una carga de financiamiento a los municipios más pequeños va en desmedro de destinar sus recursos a inversión o al gasto corriente de las propias municipalidades.

Ahora, la proposición del Ejecutivo, de incrementar las dietas en aquellas comunas que van teniendo más habitantes, como es el caso de las que están entre 30 mil y 100 mil y aquellas que sobrepasan los 100 mil, la considero de toda justicia. Es evidente que no tiene lógica el criterio de que todos los concejales del país deban tener de alguna forma una dieta del mismo monto.

Asimismo, los alcaldes del país no tienen el mismo ingreso, el mismo sueldo. Existen alcaldes en el grado 1Q, otros, de las municipalidades más pequeñas, que están en el grado 7a, porque tienen un nivel de responsabilidad distinta.

Hoy es importante que la Sala sepa que los miembros de los Codecos tienen dietas de distinto monto, las cuales se fijan de acuerdo con la cantidad de miembros que tengan los consejos de desarrollo comunal de cada municipalidad. Por lo tanto, ya está establecida actualmente esa diferenciación.

La responsabilidad de los concejales de una comuna de más 100 mil habitantes es radicalmente distinta de la de todos aquellos que sean electos en comunas menores de 30 mil habitantes. Me parece, entonces, que la escala que ha establecido el Ejecutivo incorpora un principio de justicia, más aún cuando existe, por parte de aquellos que no comparten este criterio, el convencimiento de que, en el fondo, el monto asignado a los más pequeños es obviamente bajo y el gasto que demande cumplir la función de concejal será, sin lugar a dudas, mayor, o de un grado de responsabilidad importante. Pero no tiene nada que ver la responsabilidad de los concejales de una comuna que tiene una cantidad de habitantes alta, como son aquellas que están sobre los 100 mil habitantes, con los de comunas pequeñas.

No se discrimina con los alcaldes cuando uno recibe un sueldo distinto que el otro, si esa remuneración está ligada al grado de responsabilidad que les corresponde asumir a cada uno de ellos. Por lo tanto, me parece que no es aplicable el criterio de que todos debieran obtener la misma dieta, porque está de más decir que ya los alcaldes tienen una escala distinta de sueldos, que se ha estructurado de acuerdo a la responsabilidad y las funciones que deben cumplir.

Por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Rebolledo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, esta norma viene mejorada en relación con el primer informe. En esa ocasión, desde la Sala solicitamos al Ejecutivo que buscara un mecanismo para incrementar la UTM mensual que aparecía entonces como dieta para todos los concejales. Y efectivamente aquí se ha establecido un criterio de estratificación que nos parece mejora la norma en términos perfectamente razonables, por los motivos aquí señalados.

Desde luego, tiene un precedente en el hecho de que la remuneración que reciben los alcaldes está estratificada, de acuerdo al tamaño de la comuna donde ejerce su cargo, lo que es perfectamente obvio, porque el rango y los niveles de responsabilidad son distintos.

En segundo lugar, evidentemente la responsabilidad de administrar, de manejar recursos financieros en municipios que van desde 200 a 500 personas los más pequeños del país hasta 500 mil habitantes los mayores, es de un rango diferenciado que amerita razonablemente esta estratificación.

En ese sentido, nosotros vamos a votar favorablemente la norma; nos parece ajustado el criterio de la estratificación. Reconocemos que el Ejecutivo, al formular la indicación que mejoró el proyecto original, ha recogido el planteamiento de que la dieta de una UTM mensual era muy baja.

Sin embargo, el punto que nos sigue mereciendo objeción y, por lo tanto, queremos plantearlo nuevamente aquí, señor Presidente, y por su intermedio al Ministro y a los miembros del Ejecutivo que se encuentran presentes, es que, respetando la estratificación por considerarla un criterio adecuado, el piso de una UTM es insuficiente para las exigencias y responsabilidades que estamos planteando a los concejales comunales en el futuro del sistema municipal chileno.

Gracias, señor Presidente, y colega Longueira.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite una interrupción?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con la venia del Diputado Longueira, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, a propósito del artículo en debate, me parece importante recalcar que el avance de la democracia ha estado históricamente asociado al tránsito del financiamiento privado hacia el financiamiento público de la actividad política.

Lo que está en juego en este artículo no es algo banal ni menor, y parte de la lucha social de los países ha sido precisamente que la actividad política sea propia del financiamiento público. Mientras los mecenas privados, los grandes capitales o los intereses del poderoso "Don Dinero" sean aquellos que permitan hacer las campañas y a la gente dedicarse a la política, evidentemente la democracia va a estar limitada.

Por ello, me parece que no sólo debiera darse un financiamiento suficiente a quienes postulan a concejales para poder realizar esta actividad, proveída por el sector público, sino también que esta iniciativa debiera haber establecido un máximo de gastos en las campañas electorales. Aquí, permanentemente, se nos habla de críticas al financiamiento público, a la función política o a los partidos políticos, pero nada se dice de la necesidad de establecer cortapisas o limitantes respecto de sectores que puedan gastar en campañas cantidades que distorsionan el voto popular.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, antes de votar, quiero solicitar a la Mesa lo siguiente. Es evidente que la norma que votaremos requiere cierta flexibilidad, porque más adelante, a lo mejor, el Congreso querrá modificarla, ya sea alterando las cantidades o las proporciones por medio de la ley, independientemente de que hoy sea iniciativa del Ejecutivo. Pero ésta no es una norma de carácter orgánico constitucional. Está en una ley de esa índole, pero sabemos que no todos los preceptos que están en una normativa de esa naturaleza tienen necesariamente igual rango.

Si examinamos el capítulo respectivo de la Constitución reformada, se indica una serie de materias que son de ley orgánica constitucional y, en mi opinión, claramente no aparece ésta.

En definitiva, estoy planteando lo siguiente. Que la Mesa declare que ésta es una norma de quorum simple, porque lo es, de modo de preservar en el futuro la posibilidad de tener mayor flexibilidad para modificarla. O sea, que dejemos mayor flexibilidad votándola como ley de quorum simple. Personalmente, estimo que lo es.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cuando este tipo de leyes va en consulta al Tribunal Constitucional, como corresponde éste, al hacer la evaluación o el control de constitucionalidad, al final indica cuáles son las normas que no tienen el rango de orgánicas constitucionales en un proyecto de ley que posee ese rango. Es algo que automáticamente hace el Tribunal Constitucional.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Es cierto que lo hace, pero para el Tribunal Constitucional la opinión de la Cámara de Diputados vale.

Como entiendo que hay una amplia mayoría para aprobar mi inquietud, sugiero que consignemos que la norma se aprobó con un quorum de ley orgánica constitucional, pero que, en opinión de la Cámara, no tiene ese rango.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, con relación a este punto lo cierto es lo siguiente.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, es la Cámara de Diputados o el Senado el que tiene la facultad privativa para calificar si las disposiciones son o no de leyes orgánicas constitucionales, sin que esa calificación esté sujeta a revisión o a control de constitucionalidad. No hay ningún fallo del Tribunal Constitucional que establezca lo contrario. Solamente han existido votos de minoría de dos ministros.

Esto corresponde a la jurisprudencia recogida en un estudio reciente, publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica, elaborado por el abogado Patricio Zapata Larraín, donde toca precisamente este punto. Es decir, si calificamos esto como norma simple será simple, y el Tribunal Constitucional no podrá emitir opinión distinta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, podemos concluir que es una norma simple y votarla.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, pido que se vote por separado la letra a).

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no puede acogerse esa petición, porque se planteó cuando estaba cerrado el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es efectivo, estaba cerrado el debate.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, estábamos discutiendo un tema previo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, sobre el rango de la norma, pero el debate ya estaba cerrado.

El señor COLOMA.-

Inclusive, se había votado el cierre del debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo en su conjunto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

El artículo 24 establece el Título IV, nuevo, sobre el Consejo Económico y Social.

Propongo a la Sala operar de la misma manera que en el título anterior.

Hay indicaciones a los artículos que van desde el 78 al 84, más el artículo 86.

Propongo dar por aprobados los artículos 76, 77, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Estos son los artículos que no tienen indicación?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, de ser aprobadas las indicaciones, ¿afectarían de alguna manera los artículos que hemos dado por sancionados? De lo contrario, tendríamos una ley sin ninguna concordancia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso lo veremos en el momento oportuno.

¿Habría acuerdo para aprobarlos con el quorum de 74 votos que acaba de tener el artículo anterior?

El señor LONGTON.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, tenemos una opinión distinta respecto de la composición del Consejo Económico Social y de las facultades que se le entrega. Por esta razón, no estamos de acuerdo con el Título IV, en general, aunque no deseamos abrir debate, ya que también estamos por acelerar el proceso. Al menos queremos dejar aclarada nuestra posición.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

Presidente, quizás exista la unanimidad en la Sala para discutir todo el Título y después votar las indicaciones, una por una, sin entrar en la discusión de cada una de ella, pudiendo referirse a los artículos aquellos parlamentarios que deseen hacerlo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

En discusión el artículo 76.

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, consideramos que el Consejo Económico y Social, por el hecho de ser un organismo que representa a un sector, a la comunidad, no sólo debe tener una composición distinta, sino también mayores facultades, ya que aquí aparece sólo como un organismo de cooperación, de consulta y de asesoría.

Sin estar de acuerdo o en desacuerdo en la forma como fueron elegidos los actuales Codecos, en los últimos años éstos han tenido gran participación en las municipalidades. Por su composición, entiendo que sus facultades están bastante más disminuidas en este artículo. Hubiéramos querido que este Consejo Económico y Social tuviera una composición distinta y mayores facultades, porque las fuerzas sociales de una comuna, aquellas a las cuales algunos sectores siempre apelan, a la hora de la verdad, de darles participación, ésta no se les entrega. Basta leer el Título IV para constatar que el Consejo Económico y Social será un organismo prácticamente decorativo, o sea, sin participación de la comunidad organizada. Queremos hacer presente al Ejecutivo que ese capítulo y este artículo no nos satisfacen plenamente.

Tiene la palabra el Diputado Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el colega Longton en orden a que todo el Título IV, relativo al Consejo Económico y Social Comunal merece varias críticas y reservas.

Consideramos, al menos en lo que se refiere a los Diputados radicales, que todo este Título no debió existir. Francamente, en una municipalidad democrática, con una sala de regidores o con un concejo elegido libremente por el pueblo, no concebimos la existencia de estos consejos económicos y sociales comunales que son vestigios o resabios de una legislación autoritaria que, en su época, trató de hacer reminiscencias de experimentos corporativistas que fracasaron en el mundo. Sin embargo, como entendemos que hay un acuerdo político en tomo de la fórmula aquí acordada, daremos nuestra aprobación, lo que no impide ni obsta a que confiemos que en lo futuro estos consejos terminen por desaparecer, ya que no deberían existir en nuestra institucionalidad, ni siquiera como figuras decorativas.

He dicho.

Aplausos.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, deseo consultar solamente si hay o no indicaciones. Si no las hay, en verdad estamos perdiendo el tiempo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Este artículo está en discusión porque fue modificado en la Comisión de Constitución.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, si bien existe acuerdo acerca de la redacción de este proyecto de ley, y vamos a dar nuestra aprobación a todo el Título IV del Consejo Económico y Social, no he querido dejar pasar la oportunidad sin hacer presente que para un democratacristiano la representación y la participación del pueblo a través de todas sus comunidades intermedias, comenzando desde la familia y siguiendo por las juntas de vecinos, clubes y talleres, es un hecho que hemos reclamado desde que nacimos a la vida pública. Por lo mismo, hemos aceptado esta participación disminuida de los consejos, en circunstancia de que deberían tener una acción más directa en la estructuración de los municipios.

Creemos que el camino señalado constituye un avance parcial y que, si bien no satisface plenamente nuestras aspiraciones, llegará el momento en que estas organizaciones, que no son corporativas, sino que corresponden a las comunidades intermedias que deben tener representación, tendrán la plenitud de sus derechos.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado Longton, en su segundo discurso.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, me referiré brevemente a las palabras del Diputado Campos.

En verdad, me extraña el profundo desprecio que él siente por las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias y otras relevantes, pues son las que, en definitiva, le han dado su apoyo y su voto. Dados los argumentos que hizo valer, solicito al señor Campos que sea consecuente y vote en contra. De lo contrario, las juntas de vecinos no entenderán sus planteamientos.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Leay.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay, por la vía de la interrupción.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, es evidente que el tema del Consejo Económico Social requiere de un mayor estudio y se necesita mejorar lo que hoy figura en el proyecto. Nosotros, como partido político, le damos la mayor importancia, porque en el Consejo están consagradas todas las organizaciones intermedias de la sociedad. Es efectivo que estamos estructurando los municipios, cuyas autoridades serán elegidas democráticamente, pero consideramos necesario que se consagre la participación de estas organizaciones, pilar fundamental del quehacer comunal.

Realmente, consideramos impropios los argumentos del señor Campos, en términos de no sancionar ahora su participación, no otorgarle su verdadera relevancia y no visualizar el aporte que puede hacer una organización vecinal, una organización funcional o una actividad empresarial dentro de la comuna.

Solamente quiero rescatar este punto porque en virtud de indicaciones de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional a este artículo, se han integrado también las actividades relevantes de las comunas.

En la composición de este Consejo Económico y Social se debe consagrar también la participación activa de las organizaciones vecinales, de las organizaciones funcionales y, fundamentalmente, de las actividades de entes privados y relevantes, ya que, en conjunto, pueden convertir a los municipios en un verdadero polo de desarrollo.

Apoyamos el artículo 76 como está en el proyecto, porque consagra la real participación de todas las fuerzas vivas de la comunidad.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Cantero.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero, por la vía de la interrupción.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, seré muy breve en atención al tiempo.

Deseo manifestar nuestra decepción por la postergación que, en nuestra opinión, han tenido las instancias de participación social. Este Consejo Económico y Social está muy desmedrado, por lo que ha pasado a ser un órgano más bien ornamental dentro del quehacer municipal. Nos parece que las organizaciones básicas de la comunidad deberían tener una participación más relevante.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.