MODIFICA LOS LIBROS I, II, Y V DEL CODIGO DEL TRABAJO EN RELACION CON EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCION LABORAL Y OTROS TEXTOS LEGALES. (BOLETÍN N° 360-13).

Honorable Cámara de Diputados:

Someto a consideración de la H. Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, referidos al Contrato Individual del Trabajo y a la Capacitación, a la Protección de los Trabajadores, y a la Jurisdicción Laboral, respectivamente, a la vez que propone la modificación o establecimiento de normas de naturaleza laboral que se encuentran en otros cuerpos legales.

Este proyecto de ley, junto con otros que se han sometido a consideración del H. Congreso Nacional, constituye un esfuerzo muy sustantivo del Gobierno que presido por dar lugar a una nueva institucionalidad laboral que modifique y perfeccione la anterior y que materialice los objetivos de promover relaciones laborales más justas y modernas, coherentemente con los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenido, en los que el país se encuentra empeñado.

Este proyecto completa el proceso de modificaciones al Código del Trabajo.

Al igual que los anteriores, el Proyecto que presento en esta oportunidad se ha elaborado teniendo presente todas las consideraciones técnicas del caso y recogiendo la mayor experiencia posible tanto de la aplicación que ha resultado de las normas vigentes, como de los planteamientos o sugerencias hechas por las propias partes involucradas, a través de los organismos gremiales y sindicales más representativos del país, con quienes se ha tenido un contacto e intercambio muy frecuente.

El proyecto que someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados abarca muy diversas materias vinculadas a los contenidos de los Libros I y II del Código del Trabajo, sobre contrato individual de trabajo y protección de los trabajadores; propone varias innovaciones en materia de procedimiento laboral, y, finalmente, propone nuevas normas o modificaciones de las ya existentes, todas de naturaleza laboral, que se encuentran en otros cuerpos legales.

Los aspectos más sustantivos, de esta iniciativa son los que a continuación se exponen:

1.- Modificaciones a los Libros I y II del Código del Trabajo:

I.- En materia de formalidades del contrato de trabajo, se proponen fundamentalmente dos innovaciones, ambas con el objetivo de dotar de mayor protección al trabajador y otorgarle una mayor certeza o seguridad jurídica, como de facilitar la fiscalización por los organismos respectivos. En primer lugar, se reduce a cinco días la obligación del empleador de escriturar el contrato cuando se trate de faenas transitorias o de temporada. Además, se establece un sistema que le permita al trabajador tomar conocimiento anticipado de las modificaciones al contrato que le ofrezca su empleador o bien, exigir la presencia en el acto modificatorio de la directiva sindical o de los delegados sindical o del personal correspondiente o del inspector del trabajo respectivo u otras autoridades a las que la ley otorga el carácter de ministro de fe.

En relación con el contrato a domicilio, al proponerse la derogación del inciso tercero del artículo 8°, lo que se pretende, es que, cuando la prestación de servicios que se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar que este libremente elija -en tanto cumpla con los presupuestos de hecho para dar lugar a una relación laboral- tal prestación quede plenamente incorporada a la normativa propia del contrato de trabajo y del Código del ramo. Ello permitirá que no quede expresamente excluida a priori, como sucede en la actualidad, aún cuando se acreditaran cada uno de los elementos que dan lugar a un contrato de trabajo de conformidad con las normas generales establecidas en el Código del Trabajo. Con todo, en atención a las especiales características de dicha prestación de servicios, se excluirá expresamente a dicho contrato de las normas sobre jornada comunes al resto de los trabajadores, para lo cual se propone, además, una modificación en dicho sentido al artículo 23°.

II.- En relación con la normativa sobre jornada de trabajo, se proponen innovaciones al artículo 26°, con el objeto de consagrar el principio que la jornada ordinaria podrá tener una duración superior a las 48 horas semanales, sólo cuando las labores concretas de que se trate tengan una naturaleza intermitente, discontinua o requieran de la sola presencia del trabajador, o cuando el movimiento diario sea notoriamente escaso y los trabajadores deban mantenerse a disposición del público. De este modo, se corrige una discriminación de la norma actual que atribuye a priori, a toda una categoría de trabajadores -buena parte de los que se desempeñan en restaurantes, hoteles y clubes- una calidad que les obliga a una jornada mayor, cualquiera sea la modalidad efectiva en que en cada caso se verifique la prestación de los servicios.

En relación con la misma materia, se proponen innovaciones atingentes al personal que se desempeña a bordo de buses intercomunales, ferrocarriles y vehículos de carga terrestre, para distinguir la jornada de trabajo de los descansos o del tiempo sin cumplir labor entre tumos laborales. Con ello, se recoge un planteamiento a empleadores y trabajadores que debiera racionalizar y flexibilizar esta modalidad peculiar de prestación de servicios a la vez que facilitar o hacer posible una más adecuada fiscalización en esta área. Asimismo, se regula la extensión máxima de los tumos de trabajo de los choferes de la locomoción colectiva urbana, recogiéndose también una necesidad que dice relación no sólo con los trabajadores de esta actividad, sino con exigencias de seguridad que afectan a la comunidad toda, y en especial a los usuarios.

Finalmente, y en relación con la jornada extraordinaria de trabajo, se propone una modificación al artículo 312, para ratificar la naturaleza extraordinaria del sobretiempo. En efecto, de lo que se trata, es de prohibir expresamente un pacto en el propio contrato de trabajo, de naturaleza indefinida, por el cual se estipula una jornada superior a la ordinaria. En la misma línea, se propone la derogación del inciso segundo del artículo 29°, el que es repetitivo e innecesario dado lo señalado en el artículo 37° que norma las excepciones al descanso en días domingos y festivos. No obstante lo cual, su inclusión en el párrafo sobre normas generales de jornada de trabajo, sugiere equívocamente la posibilidad, como norma general, de pactar sobretiempo en días domingo y festivos, lo que no es efectivo, constituyendo ésta, razón suficiente para su definitiva derogación.

III.- En materia de descansos se proponen dos innovaciones. Por una parte, se consagra para los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, un descanso mínimo de ocho horas diarias. Esta norma, necesaria respecto de trabajadores que por la naturaleza de sus laborales no están afectos a jornada de trabajo, se consagra no obstante con la adaptación necesaria a las diversas modalidades de la actividad, puesto que dicho descanso podrá cumplirse, parcial o completamente, a bordo de las naves, cuando no sea posible hacerlo en tierra.

En relación con los trabajadores de establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, -los que están excluidos de la obligación del descanso dominical se establece, que al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario, deberá concederse en día domingo.

IV.- En relación con las remuneraciones y su protección, el proyecto propone cambios en varios aspectos.

En primer lugar se elimina la excepción a las normas sobre ingreso mínimo para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años, que contempla la actual legislación. Se los asimila a la remuneración mínima que la ley ha fijado para otros trabajadores, que se encuentran también en condiciones especiales de productividad y empleo, como es el caso de los menores de 18 años.

En relación con los trabajadores remunerados exclusivamente por día, se corrige una discriminación en contra de aquellos cuya remuneración se encuentre constituida tanto por un sueldo base diario como por trato u otra modalidad que la haga variable; lo que se propone es que el pago del día domingo considere no sólo el sueldo base diario, sino el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago. Asimismo, se amplían analógicamente aquellas circunstancias no imputables al trabajador, que devienen en inasistencias que no le hacen perder el derecho al pago del día domingo.

En materia de gratificaciones legales, con el objeto de ratificar su naturaleza jurídica vinculada a los resultados de la empresa, lo que se propone es que su pago no se transforme, en la práctica, en un ítem más de la remuneración mensual fija del trabajador. Para ello se establece que aquella parte que no exceda de 4.75 ingresos mínimos mensuales, se cancele, a lo más, en dos o cuatro parcialidades, según se pacte individual o colectivamente.

Finalmente, en relación con las preferencias de los créditos laborales en caso de quiebra o concurso de acreedores, se propone reemplazar el actual límite que afecta al privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral. Actualmente dicho límite, respecto de cada beneficiario, es de un monto igual a quince ingresos mínimos mensuales. Se propone su reemplazo por el de cinco ingresos mínimos por cada año de servicios y fracción superior a seis meses.

Al mismo tiempo, se incluyen modificaciones al procedimiento de pago de dichos créditos, facilitando su pago por la vía administrativa en todos aquellos casos en que no sea necesario el requisito previo de una sentencia judicial de carácter declarativo. Finalmente, se zanja definitivamente una cuestión que en principio dio origen a interpretaciones encontradas, en el sentido de si privilegios establecidos en leyes especiales, tales como la prenda industrial, prefieren a los créditos de primera clase y entre ellos, los de origen laboral. Recogiendo una jurisprudencia ya uniforme sobre la materia, el proyecto resuelve legalmente el punto en favor de los créditos laborales.

Todas estas proposiciones, sin menoscabar los intereses de otros acreedores ni afectar el procedimiento concursal, contribuirán tanto a dotar de una mayor protección a los trabajadores, como a facilitar el pago de los créditos que emanan del trabajo.

V.- En materia de feriado, el proyecto propone una serie de innovaciones, todas la cuáles contribuirán a garantizar de un modo más adecuado este derecho.

Entre éstas, la obligatoriedad del uso efectivo de al menos un período de vacaciones acumuladas antes que nazca el derecho a un tercer período; la posibilidad de imputar a vacaciones futuras el período de hasta tres días que solicite el trabajador en el evento del nacimiento de un hijo; y la ampliación del feriado progresivo, en virtud de los servicios prestados, continuamente o no, a uno o varios empleadores.

VI.- En lo que dice relación con los contratos especiales, se plantean fundamentalmente, las siguientes innovaciones:1.- Contrato de trabajadores agrícolas: Se establecen condiciones mínimas e irrenunciables de trabajo para aquellos trabajadores que se desempeñen en faenas transitorias o de temporada en actividades agrícolas, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera.

Dichas condiciones mínimas e irrenunciables se refieren en primer lugar a la obligación del empleador de proporcionar condiciones de alojamiento higiénico y adecuado, cuando, de acuerdo a las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate, el trabajador no pueda acceder a un alojamiento tal, que atendida la distancia y medios de comunicación le permita desempeñar las labores contratadas. Asimismo, será obligación del empleador proporcionar las condiciones adecuadas e higiénicas que permitan a los trabajadores mantener, preparar y consumir sus alimentos. Incluso, será su obligación proporcionar la alimentación misma, si la distancia o las dificultades de transporte no hacen posible al trabajador su adquisición.

Finalmente, será también obligación para el empleador proporcionar los medios de transporte adecuados que reúnan los requisitos de seguridad que corresponda, cuando atendida la distancia entre la ubicación de las faenas y el lugar en que el trabajador aloje o pueda alojar, no existiesen medios de transporte público entre ambos puntos.

Estas normas, incorporadas a la naturaleza del contrato, junto con el perfeccionamiento de la normativa general que regula la obligación del empleador -también de la naturaleza del contrato de trabajo- de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, contribuirán sin duda a mejorar cualitativamente las condiciones materiales en que un número cada vez mayor de trabajadores se desempeñan temporada a temporada en estas importantes y significativas áreas de actividad.

2.- Contrato de trabajadores embarcados o gente de mar: El objetivo de las normas que se proponen es mejorar la normativa que regula este contrato teniendo especial consideración de la particular condición de tratarse de servicios prestados a bordo de naves, durante la navegación, así como la confluencia de situaciones propiamente de orden laboral con otras propias de las exigencias de la navegación misma y de la seguridad a bordo de las naves que se da en esta área. Por una parte, se pretende su modernización al distinguir un componente de otro y eliminar, a la vez, una serie de anacronismos que afectan esta normativa.

Por otra parte, se busca paliar, hasta donde resulta posible, algunas situaciones que afectan a estos trabajadores, respecto del resto, precisamente por su ineludible condición de embarcados.

En cuanto al primer aspecto, se propone eliminar la duplicidad de instrumentos contractuales actualmente existente que deriva de la existencia de un contrato de trabajo por una parte -el que da cuenta de la convención laboral existente entre la partes- y el contrato de embarque, cuya finalidad no es de orden laboral sino que guarda relación con el cumplimiento de exigencias derivadas de la normativa sobre navegación y su fiscalización por parte de la autoridad marítima. Para tales efectos, se elimina el contrato de embarque, estableciéndose en su reemplazo, la obligación para el empleador de consignar sus contenidos para los efectos de las leyes sobre navegación, en la documentación de la nave, esto es, en el rol de la misma.

En cuanto a las normas propiamente laborales, se proponen algunas innovaciones sobre algunas materias que buscan mejorar dicha normativa, entre las cuales merece destacarse la referida al tratamiento del sobretiempo y los descansos. Si bien es claro que no puede innovarse en cuanto a la obligación que tiene el hombre de mar de laborar una jornada de siete días a la semana cuando se encuentra navegando o a desarrollar, también estando la nave fondeada en puerto, algunas actividades en día domingo y festivo, parece razonable y coherente establecer que, para los efectos remuneracionales y de los descansos, su jornada sea similar a la del resto de los trabajadores, esto es, de cuarenta y ocho horas semanales. Así, lo que se propone, es consagrar algunas normas, cada vez más extendidas en los instrumentos colectivos del sector, en virtud de las cuales, por una parte, el exceso de 48 horas semanales siempre origina el recargo propio del sobretiempo, y por otra, la obligación del empleador de otorgar, al término del viaje, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período de embarco.

3.- Contrato de trabajadores portuarios eventuales: Lo que se propone a este respecto es innovar en cuanto al tratamiento legal de los convenios de provisión de puestos de trabajo. En efecto, se propone establecer, como elemento de la naturaleza de dicho instrumento, la obligación para el empleador o empleadores que lo celebren, de ofrecer la garantía de un número de accesos a puestos de trabajo, suficientes como para asegurar, al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

Dicha propuesta, concordada con los empleadores y trabajadores del sector, propenderá a una mayor estabilidad laboral para los trabajadores efectivamente vinculados a la actividad sin afectar el nivel de eficiencia y competividad de los puertos, requisito necesario para asegurar plenamente los objetivos de crecimiento en que se encuentra empeñado el país.

4.- Contrato de trabajadores de casa particular: Sin perjuicio de las modificaciones legales que recientemente han beneficiado a este sector de trabajadores, se propone en primer lugar innovar en relación con su jornada diaria y descansos, ampliándose el descanso absoluto de diez a doce horas diarias al menos, distinguiendo a este respecto los trabajadores que no viven en la casa del empleador respecto de aquellos que sí lo hacen.

En cuanto a los primeros, se propone una homologación conceptual con los trabajadores que se desempeñan en labores intermitentes o discontinuas, señalándose en consecuencia, que dichos trabajadores no podrán en ningún caso cumplir una jornada que exceda de 12 horas diarias, gozando dentro de dicha jornada, de un descanso no inferior a una hora.

Respecto de los trabajadores que viven en la casa del empleador, y en virtud del mismo criterio, se amplía su descanso absoluto de diez a doce horas diarias. No obstante, se establece además, que parte muy sustantiva de éste, deberá otorgarse en forma ininterrumpida. En efecto, lo que se propone, es que un mínimo de nueve horas deberá normalmente otorgarse entre el término de la jornada diaria y el inicio de la del día siguiente.

A través de estas normas no sólo se garantiza una jornada similar a la de otros trabajadores que pueden encontrarse en situación análoga en cuanto a la continuidad de sus servicios, sino se asegura, además, la existencia de un descanso ininterrumpido -normalmente nueve horas- elemento indispensable para dotar de mayor justicia a este tipo particular de relación laboral.

En segundo término, en relación con la remuneración de estos trabajadores, se innova en el sentido de establecer una remuneración mínima en dinero. Con el objeto de facilitar la implementación de esta norma y dar lugar a un adecuado ajuste, se establece que dicha norma entrará en vigencia junto con el primer reajuste de dicho ingreso que se haga a partir del inicio del año 1992.

VII - El proyecto contiene, asimismo, algunas proposiciones vinculadas al trabajo de la mujer. Además de proponerse la supresión o modificación de algunas normas ya anacrónicas referidas al trabajo de las mujeres, se innova en el sentido de dar lugar a la posibilidad que, cuando ambos padres trabajen dependientemente, cualquiera de ambos y a elección de la madre, pueda gozar de la licencia necesaria para asumir el cuidado de los hijos menores de un año en el evento de que estos requieran atención en el hogar con motivo de enfermedad grave. Tal innovación, que recoge una tendencia cultural que se expande progresivamente en tomo al rol de la pareja y su co-responsabilidad en el cuidado de los hijos, elimina una posible fuente de discriminaciones y reconoce en plenitud el similar rango e importancia del trabajo de la mujer en relación con el de su pareja.’

VIII- Finalmente, en lo que dice relación con los Libros I y II del Código del Trabajo, el proyecto propone la incorporación de un Título especial referido a las prácticas desleales y su sanción. En efecto, del mismo modo como dicho cuerpo legal establece un criterio normativo y sancionatorio de las conductas desleales contrarias a la actividad y libertad sindical y a la negociación colectiva y sus procedimientos, lo que se propone es la sanción de las acciones que constituyan un impedimento o entorpecimiento indebido o desleal del ejercicio de los derechos de los trabajadores, emanen éstos de la ley o la convención.

Particularmente, se reputará una práctica de este tipo, la presión de cualquier forma ejercida en contra de un trabajador destinada a obtener la renuncia a su trabajo o la modificación de su contrato, o su inhibición de ejercer los derechos, emanados de la ley o la convención. Asimismo, la contratación simulada a través de terceros, o la alteración de la individualidad del que contrata, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales correspondientes, o de impedir el ejercicio por parte de los trabajadores de los derechos correlativos a éstas.

Tal como se establece respecto de las prácticas antisindicales y las prácticas desleales en relación con la negociación colectiva y sus procedimientos, el conocimiento de dichas infracciones quedará entregado a los Juzgados de Letras del Trabajo, consignando el proyecto, en cuanto al procedimiento que se establece y a las facultades de las que se encuentra dotada la magistratura referida, las mismas normas que se establecen en el proyecto de ley sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva sobre esta materia, el que fue recientemente aprobado por el H. Congreso Nacional.

2 - Modificaciones al Libro V del Código del Trabajo:

Las normas que se proponen a este respecto persiguen fundamentalmente facilitar el acceso de los trabajadores a la justicia laboral, y dar lugar a un procedimiento más expedito y eficaz, fundamentalmente a través de su concentración en una sola audiencia y un mejor sistema de distribución y conocimiento de los asuntos laborales en segunda instancia.

Los aspectos más sustantivos de las normas que se proponen son los siguientes:

I.- En materia de notificaciones, se reemplaza el sistema de notificación por el estado diario por el sistema de carta certificada a las partes. Al reponerse este sistema tradicional en el procedimiento laboral, que tan buenos resultados dio anteriormente, se busca aliviar administrativamente a la secretaría del Tribunal de un procedimiento de cuyo estricto cumplimiento depende la ritualidad del proceso, obliga a una carga que muchas veces excede las posibilidades de dicha secretaría. El nuevo sistema, mucho más expedito y eficaz para las partes como modo de tomar conocimiento de las resoluciones del Tribunal, amerita con todo, llevar un registro periódico de las resoluciones dictadas, pero con la única finalidad y responsabilidad del funcionamiento regular del tribunal.

Las notificaciones personales o por cédula se realizarán por alguno de los receptores del tribunal o por otro funcionario del mismo designado por el juez, y excepcionalmente, por Carabineros de Chile.

II - Se establece, como norma general la gratuidad de las notificaciones para los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

III.- Se propone la concentración del procedimiento en una audiencia de conciliación y prueba. Este sistema, -aún más concentrado, puesto que se contestaba en la misma audiencia-, rigió durante la vigencia del Código del Trabajo de 1931 y dió buenos resultados en la práctica. Ahora, se propone que, una vez contestada la demanda, o la reconvención o las excepciones dilatorias en su caso, la conciliación y prueba se verifiquen en una sola audiencia. De este modo, se concentra el procedimiento a la vez que se garantiza que las partes concurran a rendir la prueba con pleno conocimiento de las acciones y excepciones planteadas por cada una de ellas.

Además, si es que de la demanda por una parte y de la contestación, reconvención o excepciones dilatorias por otra, no apareciesen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se le permite al juez de la causa fallar de inmediato o se le impone el hacerlo, a más tardar dentro de tercero día.

IV.- En relación con la segunda instancia, fundamentalmente se propone reducir la prueba a la documental que las partes rindan antes de la vista de la causa y se establece un sistema por el cual se garantice la vista y fallo de las causas laborales en un plazo que no exceda de los dos meses.

Junto con los aspectos más fundamentales antedichos, se proponen otras normas todas las cuales persiguen acortar el procedimiento sin desmedro de los derechos procesales de las partes. Si bien resulta necesario para alcanzar dicho propósito a plenitud, una mayor dotación y un mejor funcionamiento de los Tribunales, estoy seguro de que todas ellas contribuirán al objetivo señalado, el que resulta de la mayor importancia para el Gobierno que presido. Puesto que, no puede hablarse con propiedad de justicia y equidad laboral si no es posible que los derechos que establece la ley sean declarados o materializados con prontitud y eficacia por los órganos llamados constitucionalmente a hacerlo.

2.- Modificaciones a otras normas de naturaleza laboral:

El proyecto que someto a consideración de esa H. Cámara contiene, además, proposiciones que modifican o complementan otros cuerpos legales de naturaleza laboral o que contienen normas de dicho carácter:

I.- Para los efectos de materializar el cambio de régimen en cuanto al límite del privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral y al procedimiento de pago de los créditos de origen laboral, tal como se haya expuesto precedentemente, se propone modificar en lo pertinente el artículo 2472 del Código Civil y el artículo 148 de la ley 18.175, de 1981, sobre Quiebras.

II.- Con el objeto de materializar legalmente un criterio que ya se había anunciado al conocer esta H. Cámara el proyecto de iniciativa del Ejecutivo sobre Centrales Sindicales, se propone una modificación a las normas del Decreto Ley N° 2757 sobre Asociaciones Gremiales, a objeto de hacer aplicables sus normas a las personas que tengan la calidad de pensionadas o montepiadas. De tal modo, se hará posible su organización en Asociaciones de Pensionados, -y en los diversos grados que dicha normativa establece-, de un modo flexible y expedito, concretándose una necesidad y aspiración reiteradamente expresada por pensionados y montepiados y a la cual el Gobierno se comprometió atender mediante una propuesta de su iniciativa.

III.- Con el objeto tanto de incentivar la suscripción de los convenios de provisión de puestos de trabajo para los trabajadores portuarios eventuales en los términos que se señalan en el nuevo artículo 130-A del Código del Trabajo, -según se señalara precedentemente-, como de facilitar el dar acceso a la capacitación profesional a estos trabajadores, se propone una modificación al Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en virtud de la cual los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a dichos instrumentos, haciendo uso de las franquicias tributarias que dicho cuerpo normativo establece.

IV.- Complementariamente a las proposiciones relativas al Libro V del Código del Trabajo, se introducen modificaciones a las normas sobre notificaciones contempladas en la ley N° 17.322 sobre cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión y sobre gratuidad en materia de interposición de recursos de queja contenidas en el artículo 549°, del Código Orgánico de Tribunales.V.- Finalmente, se propone un artículo interpretativo de la ley 19.010 que establece normas sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, promulgada con fecha 23 de noviembre de 1990 y cuya vigencia se inició a partir del 1° de diciembre del mismo año.

La referida ley, por la unanimidad de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, eliminó la causal de terminación del contrato de trabajo consistente en el desahucio escrito del empleador, contemplada en el artículo 155 letra f, del Código del Trabajo. Dicha norma, junto con el resto de las contenidas en el Título V del Libro I de dicho cuerpo normativo, fue expresamente derogado por el artículo 21 de la nueva ley.

Al mismo tiempo, el artículo 3a del nuevo cuerpo legal, junto con mantener la institución del desahucio sólo para algunas categorías de trabajadores, introdujo en su inciso primero, una nueva causal de terminación del contrato de trabajo.

Fue el espíritu manifiesto del proyecto presentado por el ejecutivo, y así se recogió en su discusión y aprobación parlamentaria, el que los beneficios que la anterior legislación asociaba a la terminación del contrato por desahucio del empleador, no quedasen sin efecto, sino que se asociasen a partir de la vigencia de la nueva ley, a la aplicación de la nueva causal de terminación, contenida como ya se ha dicho, en el inciso primero de su artículo tercero.

Manifestación clara de ello, es por ejemplo, la disposición contenida en el artículo 5a de la ley 19.010, que simplemente, mantuvo las indemnizaciones que la anterior norma asociaba a la aplicación de la causal del artículo 155 letra f, del Código del Trabajo, haciéndolas procedentes para el caso de aplicación de la nueva causal establecida en el artículo 3°.

Dicho espíritu quedó, además, de manifiesto durante la discusión y tramitación de la nueva ley, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ejemplo de ello, es la indicación formulada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados al mismo artículo 3°, en orden a agregarle un inciso final por el cual se estableció que las causales de dicho artículo no podrán ser invocadas con respecto de trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional. Dicha norma, que se encontraba vigente en la ley 18.469, pero referida solamente a la causal del artículo 155 letra f, del Código del Trabajo, fue incorporada precisamente, tal como lo consignan las actas correspondientes, en la inteligencia de que todos los beneficios asociados a la aplicación de dicha causal, son plenamente procedentes y deben entenderse extendidos a la nueva modalidad establecida por la ley 19.010.

No obstante, en los primeros meses de aplicación de la nueva ley, se han recogido algunas inquietudes de algunos sectores laborales y empresariales sobre el alcance y efecto de las nuevas disposiciones, algunas de las cuales se han traducido ya, en presentaciones a la Dirección del Trabajo solicitando un pronunciamiento sobre la materia. Esta autoridad, recientemente, ha recogido y ratificado precisamente los criterios arriba expuestos.

En efecto, en Dictamen N° 13.666 de febrero de 1991, ha señalado que, las referencias hechas en el artículo 10° de la ley 18.602 referido a la aplicación del desahucio del personal docente de los colegios del sector subvencionado, al artículo 155 letra f, del Código del Trabajo, deben entenderse hechas precisamente a la nueva causal de terminación del contrato contemplado en el artículo 3° de la ley 19.010.

En consecuencia, el objeto del artículo 8a de este proyecto, es el de aclarar legal y definitivamente el alcance y sentido de las disposiciones de la citada ley N° 19.010.

La H. Cámara, en el convencimiento de que este proyecto, al igual que los restantes a que se ha hecho referencia, contribuirá a modernizar y conferir mayor legitimidad social a nuestras instituciones laborales, y tendrá sin duda incidencia en el propósito de avanzar en la modernización y el desarrollo del país en condiciones de mayor justicia y equidad, tengo el alto honor de someter a consideración de esa H. Cámara de Diputados, con urgencia en todos sus trámites, la que para los efectos de lo establecido en los artículos 26° y siguientes de la Ley N° 18.918, califico de simple, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.- Reemplázase el inciso final del artículo 6° por el siguiente:

"El contrato es colectivo cuando se celebra entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo o de remuneraciones por un tiempo determinado.".

2.- Elimínase el inciso tercero del artículo 8°.

3.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 9°, por los siguientes:

"El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de faenas transitorias o de temporada, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales.".

4.- Agrégase al artículo 11° el siguiente inciso:

"Las modificaciones a que se refiere el inciso primero deberán ser puestas en conocimiento del trabajador con, a lo menos, tres días hábiles de anticipación a la fecha prevista para su suscripción, pudiendo éste, dentro del mismo plazo, exigir la presencia de cualesquiera de las personas indicadas en los incisos primero y segundo del artículo 19 de la ley 19.010, en el acto de suscripción.

5.- Derógase el artículo 15°.

6.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 23° por el siguiente:

"Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los trabajadores que prestan sus servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento".

7.- Agrégase el siguiente artículo 23°-A:

"Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias, el que podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica.

Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descansó mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave.

Si de conformidad con lo dispuesto precedentemente, el descanso se cumpliera o completara a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.".

8.- Reemplázase el artículo 25° por el siguiente:

"La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de choferes de vehículos de carga terrestre y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre tumos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana arriben a un terminal, después de cumplir en la rutas una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer podrá manejar más de cinco horas continuas.".

9.- Agrégase el siguiente artículo 25°-B:

"Si en la locomoción colectiva urbana, las partes acordaren cumplir en tumos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo. En todo caso, los choferes de la locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas."

10.- Reemplázase el artículo 26° por el siguiente:

"Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23° no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.".

11.- Derógase el inciso segundo del artículo 29°.

12.- Reemplázase el inciso primero del artículo 31a por el siguiente:

"Las horas extraordinarias deberán pactarse por escrito, pero no podrán ser convenidas en ningún caso en el contrato de trabajo.".

13.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 37° por el siguiente:

"Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación de las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios aplicándose la norma del artículo 35°. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por tumos para no paralizar el curso de las labores.".

14.- Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso tercero del artículo 37°, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábados, domingos o festivos o en los períodos inmediatamente anteriores a Navidad, Fiestas Patrias u otras festividades.".

15.- Derógase el inciso cuarto del artículo 43°.

16.- Reemplázase el artículo 44° por el siguiente:

"El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos de conformidad al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago.

Para los efectos del presente artículo se entiende por trabajador remunerado exclusivamente por día, aquel cuyo sistema remuneracional no contempla el pago de los días domingos y festivos, o de los días de descanso compensatorio, en su caso, cualquiera sea la periodicidad con que se liquiden las remuneraciones respectivas.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones especiales u otras.

Para gozar del derecho que establece el inciso primero de este artículo, el trabajador deberá haber cumplido la jornada diaria completa de todos los días trabajados por la empresa o sección correspondiente, en la semana respectiva. Perderá el derecho si registra atrasos que excedan de dos horas en la semana o de cuatro horas en el mes calendario.".

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34°.

No harán perder este derecho las inasistencias debidas a enfermedad común o a accidentes del trabajo, salvo que abarquen un período semanal completo. Tampoco harán perder este derecho las inasistencias debidas a permisos concedidos por el empleador o al ejercicio del derecho de huelga, y en general, a todos aquellos casos en que la ausencia del trabajador obedezca al ejercicio de un derecho.".

17.- Reemplázase el artículo 50° por el siguiente:

"Las gratificaciones legales establecidas en el artículo 46a deberán ser pagadas a los trabajadores una vez devengadas. Si el empleador optase por la modalidad establecida en el artículo 49a, podrá anticipar el pago de la gratificación de cada trabajador hasta en dos parcialidades durante el respectivo ejercicio. Por contrato colectivo, podrá pactarse dicho pago hasta en cuatro parcialidades en el mismo período.

El anticipo a que se refiere el inciso precedente no estará afecto a restitución, cualquiera sea la utilidad líquida que se obtuviere.

Podrán deducirse de las gratificaciones legales, aquellas que las partes pacten de conformidad con el artículo 45° o cualesquiera otras remuneraciones que se convengan con imputación expresa de las utilidades de la empresa, siempre y cuando se paguen de conformidad con lo dispuesto en este artículo.".

18.- Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso primero del artículo 57°, pasando los incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto:

"Asimismo, el empleador deberá descontar y depositar las cantidades que el trabajador le indique en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o cooperativa de viviendas. Este descuento no podrá exceder del 30% de la remuneración total del trabajador.".

19.- Reemplázase los incisos tercero y cuarto del artículo 60° por el siguiente:

"Para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40°, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el N° 8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a cinco ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales éstos se imputarán al máximo referido.".

20.- Agrégase, a continuación del artículo 65°, el siguiente artículo:

"Artículo 65°-A.: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, en el caso del nacimiento de un hijo del trabajador, éste podrá, dentro de los cinco días siguientes al nacimiento, hacer uso de tres días de permiso, imputables al feriado anual. En los casos a que se refieren los artículos 73° y 75°, o si al dejar el trabajador de pertenecer a la empresa no hubiese cumplido con los requisitos para tener derecho al feriado que haga posible la imputación, el permiso a que se refiere este artículo será de cargo del empleador.".

21.- Reemplázase el artículo 66a por el siguiente:

“Todo trabajador después de diez años de trabajo continuos o no, con uno o varios empleadores, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.".

22.- Agrégase al artículo 69°, el siguiente inciso:

"El empleador cuyo trabajador tenga acumulado dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.".

23.- Agrégase al artículo 70°, el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuyo pago corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.".

24.- Agrégase, a continuación del artículo 91°, el siguiente artículo:

"Artículo 91°-A.- En el contrato de los trabajadores transitorios o de temporada, se entenderá siempre incluida la obligación del empleador de proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de acuerdo a las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a un lugar de alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de comunicación, le permita desempeñar sus labores.

El empleador estará igualmente obligado a proporcionar a dichos trabajadores las condiciones adecuadas e higiénicas que les permitan mantener, preparar y consumir sus alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En el caso que, atendida la distancia entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar, de conformidad al inciso primero de este artículo, no existiesen medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento.

Las normas de este artículo se aplicarán también a los trabajadores que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera.

El costo que signifique el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo, será de cargo del empleador y no constituirá en ningún caso remuneración.".

25.- Reemplázase el nombre del párrafo 1° del Capítulo III del Libro I por el siguiente:

Del contrato de trabajo de los oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional.

26.- Reemplázase el artículo 92° por el siguiente:

"Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales en virtud de un contrato de trabajo."

27.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 93° por el siguiente:

"El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

28.- Reemplázase el artículo 94° por el siguiente:

"El contrato de trabajo de la gente de mar es el que celebran los oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional con el naviero, sea que éste obre personalmente o representado por el capitán, en virtud del cual aquellos, convienen en prestar a bordo de una o varias naves del naviero, servicios propios de la navegación marítima y éste a recibirlos en la nave, alimentarlos y pagarles el sueldo o remuneración que se hubiere convenido.

El embarco de un hombre de mar debe ser autorizado por la Capitanía de Puerto en el litoral y en los consulados de Chile cuando se produzca en el extranjero.

El capitán de la nave o quien le represente deberá presentar anticipadamente ante la respectiva Capitanía de Puerto del Litoral, la nómina de la dotación de oficiales y tripulantes embarcados, lo que constituirá el Rol de Dotación.

El Rol de Dotación deberá contener:

a) Identificación del empleador.

b) Identificación de los oficiales y tripulantes.

c) Nombre y matrícula de la nave.

d) Fecha de zarpe.

Las partes se regirán, además, por las disposiciones especiales que establezcan las leyes sobre navegación.".

29.- Derógase el artículo 96°.

30.- Reemplázase el artículo 98° por el siguiente:

"Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12.".

31.- Derógase el artículo 100°.

32.- Reemplázase en el artículo 102° la expresión "contrato de embarque" por "contrato de trabajo".

33.- Reemplázase el inciso primero del artículo 103a por el siguiente:

"La jornada semanal de la gente de mar será de cincuenta y seis horas distribuidas en ocho horas diarias, sin perjuicio de los descansos o del tiempo sin realizar labor entre tumos laborales, los que no serán imputables a la jornada.".

34.- Agrégase en el artículo 103°, el siguiente inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31°.".

35.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 108° por el siguiente:

"Al término del viaje, el empleador deberá otorgar un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en día domingo y otro por cada día festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período de embarco. Cuando se acumule un día más de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37°".

36.- Reemplázase el artículo 114a por el siguiente:

"No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor.

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional.

c) cuando sea necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento.

37.- Reemplázase en el artículo 123°, el Número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"El enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por las cajas o sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador.

38.- Reemplázase el artículo 130° por el siguiente:

"Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

39.- Agrégase el siguiente artículo 130°-A:

"El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquel conviene en ejecutar una o más labores específicas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquél o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138° y no tendrá carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.".

40.- Reemplázase los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133°.

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del tumo respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados en los inciso segundo y tercero del artículo 130°-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el tumo correspondiente en las condiciones establecidas en aquellos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente."

41.- Agrégase en el artículo 135°, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en este se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.".

42.- Reemplázase el artículo 138° por el siguiente:

"Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a) Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, estos serán solidariamente responsables de su cumplimiento.

Las partes, de común acuerdo, durante la vigencia del convenio, podrán acordar la incorporación a éste de otros empleadores para el cumplimiento de la garantía estipulada originariamente.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.- La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.- Las remuneraciones por tumo o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.- El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose además, constancia de ésta.

4.- El modo como se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f)Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, él o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrán carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.

43.- Reemplázase el artículo 139°, por el siguiente:

"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 130a, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo tumo, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

44.- Reemplázase el artículo 145° por el siguiente:

"La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrán exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador.".

45.- Agrégase en el artículo 147°, el siguiente inciso:

"En todo caso, la remuneración en dinero no podrá ser inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que viven fuera de ella.".

Artículo 2°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código del Trabajo, aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 171° por el siguiente:

"El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá, asimismo, prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.".

2.- Agrégase el siguiente artículo 173°-A:

"No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley.".

3.- Reemplázase el artículo 181a por el siguiente:

"Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. Asimismo, no obstante cualquiera en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

4.- Reemplázase el artículo 185° por el siguiente:

"Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención, médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrán gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título ni de la Ley N° 18.703, o su cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.".

5.- Agrégase, a continuación del artículo 185°, el siguiente artículo:

"Artículo 185°: Toda mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena de éste en los términos del Título III de la Ley N° 18.703, tendrá derecho a permiso y subsidio que se mantendrá durante la tramitación de aquel hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso, necesariamente deberán acompañarse una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca el juicio de adopción plena en el cual se acredite su estado de tramitación.".

6.- Agrégase el siguiente Título IV al Libro II.

TITULO IV De las prácticas desleales y su sanción.

Artículo 196°-A.: Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las acciones que impidan o entorpezcan indebidamente el ejercicio de los derechos de los trabajadores que emanan de la ley o la convención, así como el debido cumplimiento de los contratos de trabajo.

Incurre especialmente en esta infracción:

a) el que presione de cualquier forma a un trabajador para obtener su renuncia o la modificación del respectivo contrato de trabajo o la inhibición de ejercer cualquier derecho que emane de la ley o la convención.

b) el que simule la contratación de trabajadores a través de terceros o altere la individualización del que contrata con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención o de impedir por parte de los trabajadores el ejercicio de los derechos que de éstas emanan.

Artículo 196°-B.: Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de media unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía, la gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.

El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo los que resolverán en única instancia, sin formas de juicio, oyendo a las partes y con los antecedentes que le proporcionen las partes o recaben de oficio.

Si lo estima necesario, el juez abrirá un período de prueba de diez días, la que apreciará en conciencia.

La reclamación deberá interponerse en el plazo de treinta días hábiles a contar de la ocurrencia del hecho.

El Juzgado respectivo ordenará el cese de la conducta o medida y podrá reiterar las multas hasta el cese de la misma.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la responsabilidad penal en los casos en que los hechos sancionados como prácticas desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes.".

Artículo 3°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620.

1.- Reemplázase el artículo 400° por el siguiente:

"La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.

Las notificaciones personales y por cédula se practicarán por alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el respectivo tribunal, o por un empleado del mismo designado para ello por el Juez, de oficio o a petición de parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, podrá ser practicada por Carabineros de Chile.

La notificación al demandado podrá hacerse en la morada, residencia o domicilio del notificado o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, en la casa que sirve de despacho del tribunal o en el oficio del Secretario del Juzgado, en cuyos casos la diligencia podrá ser llevada a cabo por este funcionario. Los jueces no podrán ser notificados en el local en que desempeñen sus funciones."

2.- Reemplázase el artículo 405°, por el siguiente:

"Las demás resoluciones se notificarán por carta certificada remitida por el Secretario del Tribunal o por el funcionario que se designe al efecto y se entenderá practicada el segundo día hábil siguiente a su despacho a Correos, circunstancia de la que se dejará constancia en autos.

Esta forma de notificación se hará extensiva a las resoluciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que se refiere el inciso segundo del mismo artículo y esta notificación se producirá sin necesidad de petición de parte sin previa orden del tribunal.

Si la primera resolución hubiese sido notificada por aviso y los notificados no hubiesen comparecido en el juicio, las demás resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse conforme lo dispuesto en el artículo 403.

El tribunal, en casos calificados, podrá disponer que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

Del hecho de haberse dictado sentencia definitiva y de la circunstancia de haber recaído resolución en un proceso, se dejará constancia en un registro diario que se confeccionará por el Secretario y que se mantendrá en una parte visible dentro del recinto en que funcione el tribunal.

Las omisiones o defectos en que se incurra en los registros diarios, no afectarán a la validez de las respectivas notificaciones.".

3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406°, por el siguiente:

"Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del tribunal serán gratuitas para los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales señaladas en ella sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales."

4.- Reemplázase el número 3° del artículo 410°, por el siguiente:

"Todas las defensas y excepciones que se oponen a la demanda y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyan. No será admisible la interposición posterior de defensas o excepciones omitidas, y"

5.- Reemplázase el artículo 411°, por el siguiente:

"En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, se concederán al actor cinco días fatales para contestarlas. La contestación a la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 410°.

Contestada la demanda o la reconvención o excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior a decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución para la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso se notificarán por carta certificada.".

6.- Reemplázase el artículo 412° por el siguiente:

"La audiencia se celebrará con las partes que asistan, y en ella el juez presentará, en primer término, las bases que estime conducentes para lograr una conciliación sin que las opiniones que emita al efecto puedan inhabilitarlo para seguir conociendo de la causa.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, se dejará constancia de ella en el acta de la audiencia respectiva. Dicha acta la suscribirán el juez y las partes y será autorizada por el secretario del tribunal, estimándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Si no se produjere conciliación y existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal, en la misma audiencia, recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuales deba ella recaer. Si no existen tales hechos, el tribunal citará a las partes a oír sentencia la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercero día.

En contra de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior, sólo procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse de inmediato y fallarse en el acto por el tribunal.".

7.- Reemplázase el artículo 413°, por el siguiente:

"En la misma audiencia, el tribunal recibirá la prueba confesional, instrumental y testimonial y resolverá sobre las solicitudes que en ella hagan las partes respecto de los informes, oficios, pericias, inspecciones oculares y otras probanzas que solicitaren y que deban tener lugar fuera del recinto en que funciona el tribunal o que, para llevarlas a cabo, sea necesario el dictamen de personas o funcionarios ajenos al mismo.".

8.- Reemplázase el artículo 414° por el siguiente:

"La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior, cuya resolución se notificará por cédula con una antelación mínima de tres días en relación con la fecha en que deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se le notificará en la forma señalada en el artículo 405.

El pliego que contenga las posiciones, será entregado por la parte que haya pedido la diligencia, en sobre cerrado, al comienzo de la audiencia correspondiente.

Las posiciones deberán expresarse en términos claros y precisos de manera que puedan ser entendidos sin dificultad y deberán ser pertinentes con los hechos sobre los que debe versar la prueba. El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá rechazar las que no cumplan dichas exigencias.".

9.- Reemplázase el artículo 415° por el siguiente:

"El litigante cuya comparecencia personal a prestar confesión se solicite por la parte contraria o por el Juez, de oficio, deberá concurrir a la audiencia. Si no se dispusiere dicha comparecencia personal, podrá hacerlo por medio de procurador debidamente autorizado al efecto. Si no compareciere, en única citación, o si compareciendo se negare a declarar o diere respuestas evasivas o contradictorias, se le tendrá por confeso de los hechos categóricamente afirmados en el pliego. En cuanto a las posiciones redactadas en forma interrogativa, se podrá aplicar el apremio contemplado en el inciso segundo del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.".

10.- Reemplázase el artículo 416° por el siguiente:

"La prueba instrumental deberá producirse en la audiencia a que se refiere el artículo 413° y sólo por causa justificada, que el tribunal resolverá de plano, será admitida con posterioridad hasta antes de la citación para oír sentencia.".

11.- Reemplázase el artículo 417° por el siguiente:

"Cuando se dé lugar a la exhibición de documentos, el tribunal arbitrará los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el menor tiempo posible. Para este efecto, podrá ordenar el arresto de la parte que, sin justa causa, no llevare a cabo la exhibición en la primera oportunidad que se haya fijado.".

12.- Reemplázase el artículo 418° por el siguiente:

"Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Si desea que ellos sean citados por el tribunal, deberá presentar una lista conteniendo sus nombres completos, profesión y domicilio, en los escritos de demanda o contestación. En este caso, el tribunal dispondrá la citación del o de los testigos, por una sola vez, mediante carta certificada.".

13.- Reemplázase el artículo 419° por el siguiente:

"El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la contraria, no invalidará su testimonio.".

14.- Reemplázase el artículo 420° por el siguiente:

"Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa y serán interrogados bajo juramento por el tribunal sobre los puntos señalados en la resolución que recibió la causa a prueba, sin perjuicio de la facultad de las partes para hacer por su conducto las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes; estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, lo que calificará el tribunal de inmediato y sin más trámite.".

15.- Reemplázase el artículo 421° por el siguiente:

"Antes de que presten declaración los testigos de la contraria, cada parte podrá dirigir, por intermedio del tribunal, las preguntas que fueren conducentes, con el objeto de configurar posibles inhabilidades. Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y no impedirá que se tome declaración al testigo.".

16.- Reemplázase el artículo 422° por el siguiente:

"Respecto de las tachas, no se admitirá prueba testimonial, pudiendo las partes acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.".

17.- Elimínase el artículo 423°.

18.- Reemplázase el inciso primero del artículo 427° por el siguiente:

'Terminada la recepción de la prueba y no existiendo diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia.".

19.- Agrégase en el artículo 429°, el siguiente inciso final:

"El tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358° del Código de Procedimiento Civil.".

20.- Agrégase en el artículo 432°, el siguiente inciso final:

"Si el Juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta del comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de costas si éstas se estimaren procedentes.".

21.- Agrégase en el artículo 433°, la siguiente letra e):

"e) Las tercerías de dominio y posesión o los incidentes que digan relación con los bienes que formen parte de la empresa o establecimiento en que prestó servicios el trabajador demandante, no suspenderán en caso alguno la tramitación del procedimiento de apremio, cuando dichos servicios constituyan el fundamento de la demanda".

22.- Reemplázase el artículo 442° por el siguiente:

"En segunda instancia sólo será admisible la prueba documental, la que deberá rendirse antes de la vista de la causa".

23.- Reemplázase el artículo 444° por el siguiente:

"Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su vista y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.".

24.- Reemplázase el artículo 445° por el siguiente:

"Las Cortes de Apelaciones oirán alegatos de los abogados de las partes que hayan comparecido a la instancia.".

25.- Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso:

"Sin embargo, la interpretación administrativa que hagan las autoridades antes aludidas, no obligarán a los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento.".

Artículo 4°.-

Reemplázase el artículo 2472° del Código Civil por el siguiente:

"La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1.- Las cosas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.

2.- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto.

3.- Los gastos de enfermedad del deudor.

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia.

4.- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados.

5.- Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares.

6.- Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

7.- Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de cinco ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.

9.- Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

Artículo 5°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148°, de la ley 18.175, de 1981:

1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

"Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3a de la Ley N° 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11a de la Ley N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.

2.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.".

Artículo 6°.-

Los pensionados y montepiadas podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto ley N° 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37a y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

Artículo 7°.-

Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130°-A del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21° del D.F.L. N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

Artículo 8°.-

Declárase, interpretando la ley 19.010 de 1990, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3a de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1° de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de la ley 19.010.

Artículo 9°.-

Reemplázase el artículo 6a de la ley 17.822, por el siguiente:

"Las notificaciones de la demanda y requerimientos de pago se regirán por las disposiciones de los artículos 423, 434 y 435 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones se cumplirán por los Receptores Laborales que sirvan el cargo en el respectivo tribunal y en ausencia o impedimento de éstos, por un empleado del mismo o por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas.".

Artículo 10.-

Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549° del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobreza. .

Artículo 11.-

Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes 19.010, 19.049, la ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, las de los artículos 1°, 2° y 3° de ésta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alternación del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

Artículos transitorios

Artículo 1° -

La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $ 28.400.

Artículo 2°.-

La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso tercero del artículo 37° del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso segundo del nuevo artículo 44° y en el nuevo inciso tercero del artículo 103° del Código del Trabajo, regirá a partir del 1° de enero de 1992. No obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al 1° de enero de 1992, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c) Lo dispuesto en el nuevo artículo 50° del Código del Trabajo, regirá a partir del 1° de enero de 1992.

d) Los nuevos días de feriado que a la fecha de vigencia de esta ley, resulten de la aplicación del nuevo artículo 66° del Código del Trabajo, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario a partir del inicio del año en curso.

e)Lo dispuesto en la letra a), en el párrafo segundo de la letra c) y en el número 4 de la letra e) del nuevo artículo 138° del Código del Trabajo, regirá respecto de los convenios de provisión de puestos de trabajo que se celebren a partir del día 1° de enero de 1992.

f) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147° del Código del Trabajo, regirá a partir de la entrada en vigencia de la primera ley, que a partir del 1° de enero de 1992, reajuste el monto del ingreso mínimo mensual.

Artículo 3°.-

Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60° del Código del Trabajo, al artículo 2472° del Código Civil y al artículo 148° de la ley 18.175, de 1981, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

Asimismo, los trabajadores con contrato vigente a la fecha de entrada en vigor de esta ley, podrán optar, en su oportunidad, por la aplicación de las normas primitivas modificadas por ella.

Artículo 4°.-

Las organizaciones de pensionados y montepiadas, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozaren de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6°. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azocar, Presidente de la República.- René Cortázar Sanz, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia".

VALPARAISO, 21 de mayo de 1991

Oficio N° 335

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema Copia del proyecto de ley que "Modifica los Libros I, II y v del Código del Trabajo en relación con el Contrato Individual de Trabajo, la Protección de los Trabajadores y la Jurisdicción Laboral, y otros textos legales", originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que incide en materias relacionadas con las atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Dios guarde a V.E.

JOSE ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

Presidenta de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCIÓN LABORAL, Y OTROS TEXTOS LEGALES (BOLETÍN N° 360-13-1).

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los Libros I, H y V del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales. El proyecto iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República no ha sido calificado con urgencia en este trámite. "Está contenido en el boletín N° 360-13.

A las sesiones que la Comisión destinó el estudio de este asunto asistieron el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar Sanz, el señor Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola Osorio, y los abogados asesores de esa Secretaría de Estado, señores José Luis Ramacciotti y Patricio Novoa.

Además, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento, vuestra Comisión celebró audiencia pública, el día 13 de agosto del año en curso, a la cual concurrieron a exponer sus planteamientos sobre el proyecto la Confederación del Comercio Detallista, representada por la señora Yvonne Verbere (Vicepresidenta Nacional); Oscar Bruna (Presidente Quinta Región) y Manuel Yáñez (Director Nacional); la Federación de Trabajadores del Comercio de Chile, representada por el señor Arturo Farías; la Cámara Marítima de Chile, representada por los señores Ralph Delaval y Rodolfo García; CONGEMAR, representada por el señor Walter Astorga; COMACh, representada por el señor Eduardo Ríos; COTRAPORCh, representada por el señor Hernán Soto; FEMACh, representada por el señor Juan Guzmán; el Sindicato de Estibadores de Coquimbo, representado por el señor Mario Santander; la Asociación Nacional de Armadores, representada por el señor Víctor Pino; la Federación de Naves Especiales (FONECHI), representada por el señor Luis Almonarid; la Federación de Tripulantes de Naves Especiales (FETRINECh), representada por el señor Hugo Rodríguez; la Federación de Tripulantes de Chile (FETRICh), representada por el señor Luis Ries- co; el Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante (SIPROMAN), representado por el señor Rubén Duarte; la Federación Nacional de Trabajadores de Casa Particular (FENSTRACAP), representada por la señora María Torres; el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP), representado por la señora Griselda Díaz; la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (ANECAP), representada por la señora Dolores Rivas; el Sindicato Solidaridad de la DI Región, representado por el señor Héctor Rojas; la Comisión Nacional Campesina, representada por la señora Rosa Angel; la Agrupación de Mujeres Temporeras, representada por la señora Sonia Gaete; el Sindicato de Temporeras de Rengo, representado por la señora Patricia Silva; el Centro de Asesoría Laboral, representado por los señores Raúl Muñoz y Haydeé Oberreuter; la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio, de Confección del Vestuario y de la Producción y Ramas Afines o Conexos (CONSFECOVE), representada por el señor Claudio Aravena; la Agrupación de Sindicatos de Reponedores y Promotoras, representada por el señor Wilson Oliva, y la Confederación Minera de Chile, representada por el señor Moisés Labraña.

Asimismo, concurrieron a la sesión del día 6 de agosto del presente año, la Confederación de la Producción y el Comercio, representada por los señores Raúl García (Sociedad Nacional de Agricultura), Pedro Lizana (Sociedad de Fomento Fabril); Augusto Bruna (Cámara Chilena de la Construcción); Jaime Ale (Sociedad de Fomento Fabril), Cristián García Huidobro (Cámara Nacional de Comercio); la Central Unitaria de Trabajadores, representada por las señoras María Rozas (Dirigenta miembro del Comité Ejecutivo), María Ester Feres (Asesora) y el señor Hugo Díaz.

Del mismo modo, a las sesiones de los días 1° de octubre, 19 de noviembre y 20 de noviembre del presente año, concurrieron la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Soledad Alvear; la Asociación de Abogados Laboralistas, representada por los señores Sergio Pradeña y Rafael Carvallo, y la Asociación Marítima de Chile, representada por los señores Carlos Rivera y Rodolfo García.

Todos ellos hicieron valiosos planteamientos ante vuestra Comisión, que sus miembros tuvieron en cuenta durante la discusión del proyecto, y entregaron estudios, notas y memorandos que quedaron a disposición de los señores Diputados.

I.-ANTECEDENTES GENERALES.

El Mensaje, con el cual S.E. el Presidente de la República dio origen a este proyecto, completa el proceso de modificaciones al Código del Trabajo y precisa el hecho de que la nueva institucionalidad laboral constituye un esfuerzo para promover relaciones laborales más justas y modernas, coherentemente con los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenido, en los que el país se encuentra empeñado.

Existe conciencia que el hombre en su quehacer social presenta grandes necesidades llamadas "naturales" por el hecho de emanar de él en su forma natural, es decir, en su actuar común y ordinario. Entre ellas, se destaca la necesidad al trabajo. Sin ella el hombre se degrada, perdiendo todas sus habilidades y aptitudes.

Estas necesidades dan origen a los derechos "naturales", entendiéndose por tales aquellos que facultan para actuar en conformidad con las necesidades que impone la naturaleza. Hoy en día, se ha dado en llamarlos "derechos humanos", como una forma de referirse al sujeto a quien corresponda su titularidad.

La evolución de estos derechos, principalmente el derecho natural al trabajo, ha producido el surgimiento de una conciencia universal en tomo a ellos. Por esta razón se manifiesta la necesidad de establecer en forma eficaz y justa las normas legales que permitan al trabajador alcanzar sus legítimas aspiraciones dentro de la sociedad.

Sin embargo, el gran obstáculo al logro de estas aspiraciones ha sido la llamada "cuestión social", entendiendo por tal el desajuste, y por consiguiente, la tensión, originados con motivo del desconocimiento de los derechos del trabajador, en cuanto a su dignidad, sus condiciones de vida en la empresa, su remuneración y sus aspiraciones a participar en un plano de igualdad y equidad en los beneficios económicos, sociales y culturales del progreso colectivo.

En la lucha por vencer ese obstáculo los trabajadores han creado organizaciones, en algunos casos sólo de hecho, en otros de "iure", que han ido obteniendo en el transcurso del tiempo una serie de conquistas para la realización de sus aspiraciones.

Consecuencia de ello, se logra, progresivamente, la regulación jurídica del trabajo humano dependiente o subordinado. Es decir, un derecho especial para regir las relaciones laborales, de manera de dar un carácter constitucional y legal a principios tales como:

1.- El trabajo no debe ser considerado una mercancía.

2.- El derecho de asociación en vista de todos los objetivos no contrarios a las leyes, tanto para trabajadores como para empleadores;

3.- El pago de un salario que asegure un nivel de vida digno.

4.- La adopción de la jornada de 8 horas o la semana de 48 horas.

5 - Descanso semanal de 24 horas como mínimo, que debiera comprender el domingo, siempre que sea posible.

6.- Supresión del trabajo de los menores de edad.

7 - El principio del salario igual sin distinción de sexo, y

8.- Tratamiento económico equitativo a todos los trabajadores de un país.

Así nace, poco a poco, el Derecho Individual del Trabajo, entendido como el que tiene por objeto analizar el contrato individual y las cláusulas que le han sido incorporadas en virtud de ley, convención colectiva, decisión normativa o reglamento.

En esa labor de perfeccionamiento impuesta por el Derecho y la conciencia social y con la orientación de esos principios fundamentales, el Ejecutivo se ha propuesto introducir grandes cambios en la legislación laboral, como así ha ocurrido con aquellas materias que hoy son ley, referentes a terminación de contrato de trabajo, centrales sindicales y organizaciones sindicales y negociación colectiva, que han permitido acercarse cada vez más a aquellos principios orientadores recomendados por la Organización Internacional del Trabajo.

Por estas consideraciones, el Ejecutivo ha sometido al conocimiento de esta Cámara el proyecto de ley en informe.

E.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con el N° 1 del artículo 286 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como asimismo los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que las ideas matrices o fundamentales del proyecto tienden a modificar los preceptos contenidos en los Libros I, II y V del Código del Trabajo, referidos así contrato individual de trabajo, a la protección de los trabajadores y a la jurisdicción laboral, respectivamente, a la vez que propone la modificación o establecimiento de normas de naturaleza laboral que se encuentran contenidas en otros cuerpos legales.

Los aspectos más sustantivos de esta iniciativa son los que a continuación se exponen:

I.- Modificaciones a los Libros I y II del Código del Trabajo:

L- En materia de formalidades del contrato de trabajo, se proponen fundamentalmente dos innovaciones, ambas con el objetivo de dotar de mayor protección al trabajador y otorgarle una mayor certeza o seguridad jurídica, como de facilitar la fiscalización por los organismos respectivos. En primer lugar, se reduce a cinco días la obligación del empleador de escriturar el contrato cuando se trate de faenas transitorias o de temporada. Además, se establece un sistema que le permita al trabajador tomar conocimiento anticipado de las modificaciones al contrato que le ofrezca su empleador o bien, exigir la presencia en el acto modificatorio de la directiva sindical o de los delegados sindical o del personal correspondiente o del inspector del trabajo respectivo u otras autoridades a las que la ley otorga el carácter de ministro de fe:

En relación con el contrato a domicilio, al proponerse la derogación del inciso tercero del artículo 8a, lo que se pretende, es que, cuando la prestación de servicios que se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar que éste libremente elija -en tanto cumpla con los presupuestos de hecho para dar lugar a una relación laboral- tal prestación quede plenamente incorporada a la normativa propia del contrato de trabajo y del Código del ramo. Ello permitirá quemo quede expresamente excluida a priori, como sucede en la actualidad, aun cuando se acreditaran cada uno de los elementos que dan lugar a un contrato de trabajo de conformidad con las normas generales establecidas en el Código del Trabajo. Con todo, en atención a las especiales características de dicha prestación de servicios, se excluirá expresamente a dicho contrato de las normas sobre jornada comunes al resto de los trabajadores, para lo cual se propone, además, una modificación en dicho sentido al artículo 23°.

II.- En relación con la normativa sobre jornada de trabajo, se proponen innovaciones al artículo 26°, con el objeto de consagrar el principio que la jornada ordinaria podrá tener una duración superior a las 48 horas semanales, sólo cuando las labores concretas de que se trate tengan una naturaleza intermitente, discontinua o requieran de la sola presencia del trabajador, o cuando el movimiento diario sea notoriamente escaso y los trabajadores deban mantenerse a disposición del público.

De este modo, se corrige una discriminación de la norma actual que atribuye a priori, a toda una categoría de trabajadores -buena parte de los que se desempeñan en restaurantes, hoteles y clubes- una calidad que les obliga a una jornada mayor, cualquiera sea la modalidad efectiva en que en cada caso se verifique la prestación de los servicios.

En relación con la misma materia, se proponen innovaciones atingentes al personal que se desempeña a bordo de buses intercomunales, ferrocarriles y vehículos de carga terrestre, para distinguir la jornada de trabajo de los descansos o del tiempo sin cumplir labor entre tumos laborales. Con ello, se recoge un planteamiento de empleadores y trabajadores que debiera racionalizar y flexibilizar esta modalidad peculiar de prestación de servicios a la vez que facilitar o hacer posible una más adecuada fiscalización en ésta área. Asimismo, se regula la extensión máxima de los tumos de trabajo de los choferes de la locomoción colectiva urbana, recogiéndose también una necesidad que dice relación no sólo con los trabajadores de esta actividad sino con exigencias de seguridad que afectan a la comunidad toda, y en especial a los usuarios.

Finalmente, y en relación con la jornada extraordinaria de trabajo, se propone una modificación al artículo 31°, para ratificar la naturaleza extraordinaria del sobretiempo. En efecto, de lo que se trata, es de prohibir expresamente un pacto en el propio contrato de trabajo, de naturaleza indefinida, por el cual se estipule una jornada superior a la ordinaria. En la misma línea, se propone la derogación del inciso segundo del artículo 29°, el que es repetitivo e innecesario dado lo señalado en el artículo 37° que norma las excepciones al descanso en días domingo y festivos. No obstante lo cual, su inclusión en el párrafo sobre normas generales de jornada de trabajo, sugiere equívocamente la posibilidad, como norma general, de pactar sobretiempo en días domingo y festivos, lo que no es efectivo, constituyendo esta razón suficiente para su definitiva derogación.

III.- En materia de descansos se proponen dos innovaciones. Por una parte, se consagra para los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, un descanso mínimo de ocho horas diarias. Esta norma, necesaria respecto de trabajadores que por la naturaleza de sus labores no están afectos a jornada de trabajo, se consagra no obstante con la adaptación necesaria a las diversas modalidades de la actividad, puesto que dicho descanso podrá cumplirse, parcial o completamente, a bordó de las naves, cuando no sea posible hacerlo en tierra.

En relación con los trabajadores dé establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, -los que están excluidos de la obligación del descanso dominical- se establece, que al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario, deberá concederse en día domingo.

IV.- En relación con las remuneraciones y su protección, el proyectó propone cambios en varios aspectos.

En primer lugar se elimina la excepción a las normas sobre ingreso mínimo para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años, que contempla la actual legislación. Se los asimila a la remuneración mínima que la ley ha fijado para otros trabajadores, que se encuentran también en condiciones especiales de productividad y empleo, como es el caso de los menores de 18 años.

En relación con los trabajadores remunerados exclusivamente por día, se corrige una discriminación en contra de aquellos cuya remuneración se encuentre constituida tanto por un sueldo base diario como por trato u otra modalidad que la haga variable; lo que se propone es que el pago del día domingo considere no sólo el sueldo base diario, sino el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago. Asimismo, se amplían analógicamente aquellas circunstancias no imputables al trabajador, que devienen en inasistencias que no le hacen perder el derecho al pago del día domingo.

En materia de gratificaciones legales, con el objeto de ratificar su naturaleza jurídica vinculada a los resultados de la empresa, lo que se propone es que su pago no se transforme, en la práctica, en un ítem más de la remuneración mensual fija del trabajador. Para ello se establece que aquella parte que no exceda de 4.75 ingresos mínimos mensuales, se cancele, a lo más, en dos o cuatro parcialidades, según se pacte individual o colectivamente.

Finalmente, en relación con las preferencias de los créditos laborales en caso de quiebra o concurso de acreedores, se propone reemplazar el actual límite que afecta al privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral. Actualmente dicho límite, respecto de cada beneficiario, es de un monto igual a quince ingresos mínimos mensuales. Se propone su reemplazo por el de cinco ingresos mínimos por cada año de servicios y fracción superior a seis meses.

Al mismo tiempo, se incluyen modificaciones al procedimiento de pago de dichos créditos, facilitando su pago por la vía administrativa en todos aquellos casos en que no sea necesario el requisito previo de una sentencia judicial de carácter declarativo. Finalmente, se zanja definitivamente una cuestión que en principio dio origen a interpretaciones encontradas, en el sentido de si privilegios establecidos en leyes especiales, tales como la prenda industrial, prefieren a los créditos de primera clase y entre ellos, los de origen laboral. Recogiendo una jurisprudencia ya uniforme sobre la materia, el proyecto resuelve legalmente el punto en favor de los créditos laborales.

Todas estas proposiciones, sin menoscabar los intereses de otros acreedores ni afectar el procedimiento concursal, contribuirán tanto a dotar de una mayor protección a los trabajadores, como a facilitar el pago de los créditos que emanan del trabajo.

V.- En materia de feriado, el proyecto propone una serie de innovaciones, todas las cuales contribuirán a garantizar de un modo más adecuado este derecho.

Entre éstas, la obligatoriedad del uso efectivo de al menos un período de vacaciones acumuladas antes que nazca el derecho a un tercer período; la posibilidad de imputar a vacaciones futuras el período de hasta tres días que solicite el trabajador en el evento del nacimiento de un hijo; y la ampliación del feriado progresivo, en virtud de los servicios prestados, continuamente o no, a uno o varios empleadores.

VI.- En lo que dice relación con los contratos especiales, se plantean fundamentalmente, las siguientes innovaciones:

1.- Contrato de trabajadores agrícolas: Se establecen condiciones mínimas e irrenunciables de trabajo para aquellos trabajadores que se desempeñen en faenas transitorias o de temporada en actividades agrícolas, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera.

Dichas condiciones mínimas e irrenunciables se refieren en primer lugar a la obligación del empleador de proporcionar condiciones de alojamiento higiénico y adecuado, cuando, de acuerdo a las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate, el trabajador no pueda acceder a un alojamiento tal, que atendida la distancia y medios de comunicación le permita desempeñar las labores contratadas. Asimismo, será obligación del empleador proporcionar las condiciones adecuadas e higiénicas que permitan a los trabajadores mantener, preparar y consumir sus alimentos. Incluso, será su obligación proporcionar la alimentación misma, si la distancia o las dificultades de transporte no hacen posible al trabajador su adquisición.

Finalmente, será también obligación para el empleador proporcionar los medios de transporte adecuados que reúnan los requisitos de seguridad que corresponda, cuando atendida la distancia entre la ubicación de las faenas y el lugar en que el trabajador aloje o pueda alojar, no existiesen medios de transporte público entre ambos puntos.

Estas normas, incorporadas a la naturaleza del contrato, junto con el perfeccionamiento de la normativa general que regula la obligación del emplelador -también de la naturaleza del contrato de trabajo- de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, contribuirán sin duda a mejorar cualitativamente las condiciones materiales en que un número cada vez mayor de trabajadores se desempeñan temporada a temporada en estas importantes y significativas áreas de actividad.

2.- Contrato de trabajadores embarcados o gente de mar: El objetivo de las normas que se proponen es mejorar la normativa que regula este contrato teniendo especial consideración de la particular condición de tratarse de servicios prestados a bordo de naves, durante la navegación, así como la confluencia de situaciones propiamente de orden laboral con otras propias de las exigencias de la navegación misma y de la seguridad a bordo de las naves que se da en esta área. Por una parte, se pretende su modernización al distinguir un componente de otro y eliminar, a la vez, una serie de anacronismos que afectan esta normativa. Por otra parte, se busca paliar, hasta donde resulta posible, algunas situaciones que afectan a estos trabajadores, respecto del resto, precisamente por su ineludible condición de embarcados.

En cuanto al primer aspecto, se propone eliminar la duplicidad de instrumentos contractuales actualmente existente que deriva de la existencia de un contrato de trabajo por una parte -el que da cuenta de la convención laboral existente entre las partes- y el contrato de embarque, cuya finalidad no es de orden laboral sino que guarda relación con el cumplimiento de exigencias derivadas a la normativa sobre navegación y su fiscalización por parte de la autoridad marítima. Para tales efectos, se elimina el contrato de embarque, estableciéndose en su reemplazo, la obligación para empleador de consignar sus contenidos para los efectos de las leyes sobre navegación, en la documentación de la nave, esto es, en el Rol de la misma.

En cuanto a las normas propiamente laborales, se proponen algunas innovaciones sobre algunas materias que buscan mejorar dicha normativa, entre las cuales merece destacarse la referida al tratamiento del sobretiempo y los descansos. Si bien es claro que no puede innovarse en cuanto a la obligación que tiene el hombre de mar de laborar una jornada de siete días a la semana cuando se encuentra navegando o a desarrollar, también estando la nave fondeada en puerto, algunas actividades en día domingo y festivo, parece razonable y coherente establecer que, para los efectos remuneracionales y de los descansos, su jornada sea similar a la del resto de los trabajadores, esto es, de cuarenta y ocho horas semanales. Así, lo que se propone, es consagrar algunas normas, cada vez más extendidas en los instrumentos colectivos del sector, en virtud de las cuales, por una parte, el exceso de 48 horas semanales siempre origina el recargo propio del sobretiempo, y por otra, la obligación del empleador de otorgar, al término del viaje, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servidos durante el período de embarco.

3.- Contrato de trabajadores portuarios eventuales: Lo que se propone a este respecto es innovar en cuanto al tratamiento legal de los convenios de provisión de puestos de trabajo. En efecto, se propone establecer, como elemento de la naturaleza de dicho instrumento, la obligación para el empleador o empleadores que lo celebren, de ofrecer la garantía de un número de accesos a puestos de trabajo, suficientes como' para asegurar, al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

Dicha propuesta, concordada con los empleadores y trabajadores del sector, propenderá a una mayor estabilidad laboral para los trabajadores efectivamente vinculados a la actividad sin afectar el nivel de eficiencia y competitividad de los puertos, requisito necesario para asegurar plenamente los objetivos de crecimiento en que se encuentra empeñado el país.

4.- Contrato de trabajadores de casa particular: Sin perjuicio de las modificaciones legales que recientemente han beneficiado a este sector de trabajadores, se propone en primer lugar innovar en relación con su jornada diaria y descansos, ampliándose el descanso absoluto de diez a doce horas diarias al menos, distinguiendo a este respecto los trabajadores que no viven en la casa del empleador respecto de aquellos que sí lo hacen.

En cuanto a los primeros, se propone una homologación conceptual con los trabajadores que se desempeñan en labores intermitentes o’ discontinuas, señalándose en consecuencia, que dichos trabajadores no podrán en ningún caso cumplir una jornada que exceda de 12 horas diarias, gozando dentro de dicha jornada, de un descanso no inferior a una hora.

Respecto de los trabajadores que viven en la casa del empleador, y en virtud del mismo criterio, se amplía su descanso absoluto de diez a doce horas diarias. No obstante, se establece además, que parte muy sustantiva de éste, deberá otorgarse en forma ininterrumpida. En efecto, lo que se propone, es que un mínimo de nueve horas deberá normalmente otorgarse entre el término de la jornada diaria y el inicio de la del día Siguiente.

A través de estas normas no sólo se garantiza una jornada similar a la de otros trabajadores que pueden encontrarse en situación análoga en cuanto a la continuidad de sus servicios, sino se asegura, además, la existencia de un descanso ininterrumpido -normalmente nueve horas- elemento indispensable para dotar de mayor justicia a este tipo particular de relación laboral.

En segundo término, en relación con la remuneración de estos trabajadores, se innova en el sentido de establecer una remuneración mínima en dinero. Con el objeto de facilitar la implementación de esta norma y dar lugar a un adecuado ajuste, se establece que dicha norma entrará en vigencia junto con el primer reajuste de dicho ingreso que se haga a partir del inicio del año 1992.

VII.- El proyecto contiene asimismo algunas proposiciones vinculadas al trabajo de la mujer. Además de proponerse la supresión o modificación de algunas normas ya anacrónicas referidas al trabajo de las mujeres, se innova en el sentido de dar lugar a la posibilidad que, cuando ambos padres trabajen dependientemente, cualquiera de ambos y a elección de la madre, pueda gozar de la licencia necesaria para asumir el cuidado de los hijos menores de un año en el evento de que éstos requieran atención en el hogar con motivo de enfermedad grave. Tal innovación, que recoge una tendencia cultural que se expande progresivamente en tomo al rol de la pareja y su corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, elimina una posible fuente de discriminaciones y reconoce en plenitud el similar rango e importancia del trabajo de la mujer en relación con el de su pareja.

VIII- Finalmente, en lo que dice relación con los Libros I y II del Código del Trabajo, el proyecto propone la incorporación de un Título especial referido a las prácticas desleales y su sanción. En efecto, del mismo modo como dicho cuerpo legal establece un criterio normativo y sancionatorio de las conductas desleales contrarias a la actividad y libertad sindical y a la negociación colectiva y sus procedimientos, lo que se propone es la sanción de las acciones que constituyan un impedimento o entorpecimiento indebido o desleal del ejercicio de los derechos de los trabajadores, emanen éstos de la ley o la convención.

Particularmente, se reputará una práctica de este tipo la presión, de cualquier forma, ejercida en contra de un trabajador destinada a obtener la renuncia a su trabajo o la modificación de su contrato, o su inhibición de ejercer los derechos, emanados de la ley o la convención. Asimismo, la contratación simulada a través de terceros, o la alteración de la individualidad del que contrata, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales correspondientes, o de impedir el ejercicio por parte de los trabajadores de los derechos correlativos a éstas.

Tal como se establece respecto de las prácticas antisindicales y las prácticas desleales en relación con la negociación colectiva y sus procedimientos, el conocimiento de dichas infracciones quedará entregado a los Juzgados de Letras del Trabajo, consignando el proyecto, en cuanto al procedimiento que se establece y a las facultades de las que se encuentra dotada la magistratura referida, las mismas normas que se establecen en el proyecto de ley sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva sobre esta materia, el que fue recientemente aprobado por el H. Congreso Nacional.

2.- Modificaciones al Libro V del Código del Trabajo:

Las normas que se proponen a este respecto persiguen fundamentalmente facilitar el acceso de los trabajadores a la justicia laboral, y dar lugar a un procedimiento más expedito y eficaz, fundamentalmente a través de su concentración en una sola audiencia y un mejor sistema de distribución y conocimiento de los asuntos laborales en segunda instancia.

Los aspectos más sustantivos de las normas que se proponen son los siguientes:

I.- En materia de notificaciones, se reemplaza el sistema de notificación por el estado diario por el sistema de carta certificada a las partes. Al reponerse este sistema tradicional en el procedimiento laboral, que tan buenos resultados dio anteriormente, se busca aliviar administrativamente a la secretaría del Tribunal de un procedimiento de cuyo estricto cumplimiento depende la ritualidad del proceso, obligando a una carga que muchas veces excede las posibilidades de dicha secretaría. El nuevo sistema, mucho más expedito y eficaz para las partes como modo de tomar conocimiento de las resoluciones del Tribunal, amerita con todo, llevar un registro periódico de las resoluciones dictadas, pero con la única finalidad y responsabilidad del funcionamiento regular del tribunal.

Las notificaciones personales o por Cédula se realizarán por alguno de los receptores del tribunal o por otro funcionario del mismo designado por el juez, y excepcionalmente, por Carabineros de Chile.

II.- Se establece, como norma general la gratuidad de las notificaciones para los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

III.- Se propone la concentración del procedimiento en una audiencia de conciliación y prueba. Este sistema -aún más concentrado, puesto que se contestaba en la misma audiencia-, rigió durante la vigencia del Código del Trabajo de 1931 y dio buenos resultados en la práctica. Ahora, se propone que, una vez contestada la demanda, o la reconvención o las excepciones dilatorias en su caso, la conciliación y prueba se verifiquen en una sola audiencia. De este modo, se concentra el procedimiento a la vez que se garantiza que las partes concurran a rendir la prueba con pleno conocimiento de las acciones y excepciones planteadas por cada una de ellas.

Además, si es que de la demanda por una parte y de la contestación, reconvención o excepciones dilatorias por otra, no apareciesen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se le permite al juez de la causa fallar de inmediato o se le impone el hacerlo, a más tardar dentro de tercero día.

IV.- En relación con la segunda- instancia, fundamentalmente se propone reducir la prueba a la documental que las partes rindan antes de la vista de la causa y se establece un sistema por el cual se garantice la vista y fallo de las causas laborales en un plazo que no exceda de los dos meses.

3.- Modificaciones a otras normas de naturaleza laboral:-

El proyecto en informe contiene además proposiciones que modifican o complementan otros cuerpos legales de naturaleza laboral o que contienen normas de dicho carácter:

I.- Para los efectos de materializar el cambio de régimen en cuanto al límite del privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral y al procedimiento de pago de los créditos de origen laboral, se propone modificar en lo pertinente el artículo 2.472 del Código Civil y el artículo 148 de la ley 18.175, de 1981, sobre Quiebras.

II.- Con el objeto de materializar legalmente un criterio que ya se había anunciado al conocer esta H. Cámara el proyecto de iniciativa del Ejecutivo sobre Centrales Sindicales, se propone una modificación a las normas del Decreto Ley N° 2757 sobre Asociaciones Gremiales, a objeto de hacer aplicables sus normas a las personas que tengan la calidad de pensionadas o montepiadas. De tal modo, se hará posible su organización en Asociaciones de Pensionados -y en los diversos grados que dicha normativa establece-, de un modo flexible y expedito, concretándose una necesidad y aspiración reiteradamente expresada por pensionados y montepiados y a la cual el Gobierno se comprometió atender mediante una propuesta de su iniciativa.

III.- Con el objeto tanto de incentivar la suscripción de los convenios de provisión de puestos de trabajo para los trabajadores portuarios eventuales en los términos que se señalan en el nuevo artículo 130-A del Código del Trabajo -según se señalara precedentemente-, como de facilitar el dar acceso a la capacitación profesional a estos trabajadores, se propone una modificación al Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en virtud de la cual los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a dichos instrumentos, haciendo uso de las franquicias tributarias que dicho cuerpo normativo establece.

IV.- Complementariamente a las proposiciones relativas al Libro V del Código del Trabajo, se introducen modificaciones a las normas sobre notificaciones contempladas en la ley N° 17.322 sobre cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión y sobre gratuidad en materia de interposición de recursos de queja contenidas en el artículo 549° del Código Orgánico de Tribunales.

V.- Finalmente, se propone un artículo interpretativo de la ley 19.010 que establece normas sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, promulgada con fecha 23 de noviembre de 1990 y cuya vigencia se inició a partir del 1° de diciembre del mismo año.

La referida ley, por la unanimidad de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, eliminó la causal de terminación del contrato de trabajo consistente en el desahucio escrito del empleador, contemplada en el artículo 155 letra f. del Código del Trabajo. Dicha norma, junto con el resto de las contenidas en el Título V del Libro I de dicho cuerpo normativo, fue expresamente derogada por el artículo 21 de la nueva ley.

Al mismo tiempo, el artículo 3° del nuevo cuerpo legal, junto con mantener la institución del desahucio sólo para algunas categorías de trabajadores, introdujo en su inciso primero, una nueva causal de terminación del contrato de trabajo.

Fue el espíritu manifiesto del proyecto presentado por el Ejecutivo, y así se recogió en su discusión y aprobación parlamentaria, el que los beneficios que la anterior legislación asociaba a la terminación del contrato por desahucio del empleador, no quedasen sin efecto, sino que se asociasen a partir de la vigencia de la nueva ley, a la aplicación de la nueva causal de terminación, contenida como ya se ha dicho, en el inciso primero de su artículo tercero.-

Manifestación clara de ello, es por ejemplo, la disposición contenida en el artículo 5° de la ley 19.010, que simplemente, mantuvo las indemnizaciones que la anterior norma asociaba a la aplicación de la causal del artículo 155 letra f., del Código del Trabajo, haciéndolas procedentes para el caso de aplicación de la nueva causal establecida en el artículo 3°.

Dicho espíritu quedó, además, de manifiesto durante la discusión y tramitación de la nueva ley, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ejemplo de ello, es la indicación formulada por la unanimidad de los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social al mismo artículo 3°, en orden a agregarle un inciso final por el cual se estableció que las causales de dicho artículo no podrán ser invocadas con respecto de trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional. Dicha norma, que se encontraba vigente en la ley 18.469, pero referida solamente a la causal del artículo 155 letra f del Código del Trabajo, fue incorporada precisamente, tal como los consignan las actas correspondientes, en la inteligencia de que todos los beneficios asociados a la aplicación de dicha causal, son plenamente procedentes y deben entenderse extendidos a la nueva modalidad establecida por la ley 19.010.

No obstante, en los primeros meses de aplicación de la nueva ley, se han recogido algunas inquietudes de algunos sectores laborales y empresariales sobre el alcance y efecto de las nuevas disposiciones, algunas de las cuales se han traducido ya, en presentaciones a la Dirección del Trabajo solicitando un pronunciamiento sobre la materia. Esta adutoridad, recientemente, ha recogido y ratificado precisamente los criterios arriba expuestos.

En efecto, en Dictamen N° 13.666 de febrero de 1991, ha señalado que, las referencias hechas en el artículo 10a de la ley 18.602 referido a la aplicación del desahucio del personal docente de los colegios del sector subvencionado, al artículo 155 letra f., del Código del Trabajo deben entenderse hechas precisamente a la nueva causal de terminación del contrato contemplado en el artículo 3a de la ley 19.010.

En consecuencia, el objeto del artículo 8a de este proyecto, es el de aclarar legal y definitivamente el alcance y sentido de las disposiciones de la citada ley N° 19.010.

III.- DISCUSION Y VOTACION DEL PROYECTO EN LA COMISIÓN.

A.- DISCUSION GENERAL.

En el debate habido en vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social reiteró todas y cada una de las consideraciones expuestas en el Mensaje reseñando las principales orientaciones del proyecto.

Señaló que este proyecto concluye, por parte del Ejecutivo, la revisión de los distintos libros que componen el Código del Trabajo.

Agregó que el contenido del proyecto se divide en los siguientes aspectos fundamentales; contrato individual de trabajo, jornada de trabajo, descansos, remuneraciones y su protección, feriado, contratos especiales, la mujer, prácticas desleales y su sanción, procedimiento laboral y ciertas disposiciones de naturaleza laboral.

En lo que dice relación con el contrato individual, precisó que el objeto del proyecto se refiere a los siguientes aspectos:

1.- Formalidades del contrato de trabajo: Pretende a través de una mayor fiscalización dar al trabajador una mayor seguridad jurídica y protección. Para estos efectos se proponen las siguientes medidas:

a) Reducción del plazo para efectuar la escrituración de los contratos de los trabajadores transitorios o de temporada a sólo 5 días.

b) Modificaciones al contrato de trabajo: En la actualidad un trabajador puede ser convocado á modificar su contrato de trabajo de inmediato, lo que produce el problema _de que no tenga pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas que le acarreará dicha modificación. El proyecto propone establecer un plazo de 72 horas entre el momento en que el trabajador es convocado para la modificación del contrato y la celebración de la misma, a fin de que haga las consultas pertinentes, para los efectos de tener pleno conocimiento del alcance de la modificación.

c) Contrato a domicilio: Se propone que si una persona trabaja en su domicilio, pero bajo subordinación y dependencia, sea considerada como un trabajador sujeto a una relación laboral.

En el tema de la jornada de trabajo señaló que el proyecto propone lo siguiente:

1.- En la actualidad existe una situación de discriminación, que dice relación con los trabajos de naturaleza intermitente, discontinua o que requieren la sola presencia del trabajador, o cuyo movimiento es escaso. La ley les fija una jornada de 72 horas, a menos que no reúnan las características de intermitencia antes señaladas, pues en ese caso la jornada es de 48 horas semanales. Sin embargo, la ley hace una distinción, tratándose de trabajadores de restoranes, hoteles o clubes los que, no obstante, realizar una actividad continúa, tienen una jornada de 72 horas.

La norma, por tanto, debe referirse a la naturaleza discontinua del trabajo y no hacer una distinción arbitraria, respecto de los trabajadores de restoranes, clubes u hoteles.

2.- Jornada extraordinaria: En la actualidad se permite, al momento de celebrar el contrato de trabajo, pactar una jornada extraordinaria, lo que en el .fondo trastoca la idea de la existencia de una jornada ordinaria de trabajo de carácter obligatorio. El proyecto mantiene la posibilidad de pactar horas extraordinarias, pero ya no en el contrato, sino en un acto posterior.

En cuanto a los descansos, el proyecto contempla las siguientes medidas:

1.- Se establece el descanso de 8 horas diarias en el caso de naves pesqueras.

2.- Situación del comercio y servicios que atienden directamente al público. Se permite mantener el día domingo, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, pero con la obligación de otorgar un día domingo de descanso al mes.

Las remuneraciones y su protección, agregó, precisan la adopción de las siguientes disposiciones:

1.- Se establece una remuneración mínima para los trabajadores mayores de 65 años equivalente a aquella que tienen los menores de 18 años, es decir, un 85% de la remuneración mínima general.

2.- Trabajadores remunerados por día. Hoy, al trabajador con sueldo fijo el día domingo se le paga de acuerdo al promedio del sueldo base. Al trabajador cuya remuneración es variable, se le paga desacuerdo al promedio del sueldo variable, y si tiene una combinación entre sueldo base y variable, se le paga únicamente de acuerdo al promedio del sueldo base. Esto último, señaló, es de gran injusticia, por lo que se propone que se calcule de acuerdo al sueldo en su integridad.

3.- Gratificaciones legales. La ley actual permite su pago por mensualidades. Para ratificar su naturaleza jurídica que siempre estuvo pensada en relación a los resultados de la empresa, se propone que su pago se efectúe en dos o cuatro mensualidades, sin integrarla a la remuneración en su conjunto. Al distribuirse en el año, en doce mensualidades ocurre que el trabajador no percibe su existencia.

4.- Preferencia de los créditos laborales en caso de quiebra de la empresa. El límite actual es de quince ingresos mínimos mensuales. El proyecto propone un límite de cinco ingresos mínimos por cada año de servicio. Además, se facilita su pago por la vía administrativa cuando no sea necesario el requisito previo de sentencia judicial. Con ello se favorece a los de más bajos ingresos y a los que cuentan con una mayor antigüedad al interior de la empresa.

Añadió que, en lo que dice relación con el feriado, el proyecto contempla:

1.- Obligatoriedad de uso del feriado. Propone la obligación del trabajador de tomar su descanso si al primer año no lo hizo. La norma actual establece que si en el segundo período no lo toma, lo pierde. La norma propuesta pretende dar al feriado el carácter de derecho irrenunciable.

2.- Feriado progresivo. Este se acumula sólo al interior de una empresa. Se propone que éste se continúe acumulando cuando el trabajador se traslade de un empleo a otro. Con ello se le asegura la posibilidad de descanso durante su vejez.

3.- Feriado en caso de nacimiento de un hijo. Se establece la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar tres días de descanso con cargo a sus vacaciones futuras.

El tema de los contratos especiales carecen, en su gran mayoría, de un conjunto de disposiciones mínimas que regulen las condiciones de los diversos sectores. Por ello, se contempla en el proyecto el establecimiento de las siguientes disposiciones:

1.- Trabajadores agrícolas o temporeros. Se establecen las condiciones mínimas para los trabajadores de este sector, abarcando cuatro aspectos fundamentales:

a) La obligación del empleador de proporcionar al trabajador las condiciones de alojamiento mínimas, en el caso de que la distancia o la falta de movilización no le permitan retomar a su lugar de residencia.

b) El empleador debe tener los elementos para que el trabajador pueda mantener, preparar y consumir sus alimentos. En caso de no existir la posibilidad de adquisición de ellos, el empleador debe proporcionárselos.

c) Cuando no hay medios de transporte público, el empleador debe patrocinarlo, cumpliendo los requisitos de seguridad para los trabajadores.

d) Salud e Higiene. Se especifican estas normas obligando al empleador a proporcionar los instrumentos adecuados para la protección de los trabajadores.

2.- Trabajadores embarcados o gente de mar. Se analizan dos situaciones:

a) El descanso compensatorio cuando el trabajador regresa a tierra, y

b) El pago del sobretiempo.

3.- Trabajadores portuarios eventuales. En este tema se ha buscado los acuerdos sociales de manera de dar una solución a este problema. En este sentido, hizo presente que se ha llegado a un acuerdo con casi la totalidad de las organizaciones que representan al sector.

4.- Trabajadores de casa particular. Se introducen las siguientes modificaciones:

a) En relación con la jornada, se distinguen dos situaciones: en primer lugar, los trabajadores que viven fuera del hogar; en este caso, se homologa a la situación de los trabajadores que prestan servidos en forma esporádica, discontinua, etc., en lo referente a la jornada de 72 horas semanales. En segundo lugar, al trabajador que vive en el hogar se le aumenta el descanso mínimo a 12 horas diarias, pero siendo obligatorio que al menos 9 horas sean en forma continua.

b) Se establece una remuneración mínima para el sector, de 2/3 del ingreso mínimo para los trabajadores que se desempeñan dentro del hogar y de 3/4 para aquel que se desempeña fuera. Las razones de fijar una remuneración mínima distinta a la general, agregó, radica en el hecho de que el lugar de trabajo no es una empresa, sino un hogar, y en segundo lugar, existen otros elementos incorporados a la remuneración, como ocurre con los alimentos, alojamiento, etc. Esto se aplicaría a partir del primer reajuste que tenga el ingreso mínimo en 1992:

En relación con la mujer, expresó que el proyecto contempla una serie de medidas, a fin de reconocerle la igualdad que merece en el ejercicio de sus derechos laborales. Para ello se modifican los siguientes aspectos:

1,- Eliminación de la incapacidad de la mujer para el desempeño de ciertas actividades en razón de su sexo.

2.- Cuando ambos padres trabajan, se faculta a la mujer para decidir cuál de ellos toma el permiso para el cuidado del hijo. Esta norma es un elemento que sirve para enfatizar ciertos elementos como la relación de la pareja.

En el tema de las prácticas desleales y su sanción, se recoge el tema de la contratación simulada a través de terceros.

En el procedimiento laboral se simplifica éste a través de una serie de normas, como por ejemplo, establecer la gratuidad de las notificaciones cuando es él trabajador el que demanda, favoreciendo el acceso de éste a la justicia laboral.

Por último, el proyecto contempla una serie de disposiciones de naturaleza laboral, a fin de dar uniformidad a la legislación respectiva. Para ello, añadió, se proponen entre otras medidas:

1.- Modificación de la ley sobre asociaciones gremiales, permitiendo la creación de asociaciones nacionales de pensionados.

2.- Se agrega respecto del sector portuario, la posibilidad de que las empresas puedan destinar el uno por ciento de capacitación a los trabajadores que tienen convenios de provisión de puestos de trabajos, facilitando su capacitación, y

3.- Una norma interpretativa de la ley N° 19.010, que establece que los beneficios que estaban ligados al desañudo no desaparecen por el hecho de haberse derogado éste. Así se evitan, concluyó, las interpretaciones que se han originado, en sentido contrario.

Sometido el proyecto a votación, fue aprobado, en general, por unanimidad. Los votos correspondieron a los señores Diputados Ara ya, Cardemil, Fantuzzi, Gajardo, Garría, don René; Muñoz, doña Adriana; Pérez, don Víctor; Salas y Sotomayor.

B.- DISCUSION PARTICULAR.

Durante el estudio pormenorizado del proyecto, vuestra Comisión adoptó, respecto de su articulado, los acuerdos siguientes:

Artículo 1°

N° 1

Establece una nueva definición del contrato colectivo.

-La Comisión lo aprobó en forma unánime.

N° 2

Permite que los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan den origen a un contrato de trabajo.

-Por unanimidad la Comisión aprobó una indicación de los señores Caminondo, Eantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este N° 2.

N° 3

Incorpora los contratos de trabajo originados en las faenas transitorias o de temporada dentro de la obligación de constar por escrito.

-La Comisión aprobó por unanimidad el artículo con una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar en este número, el segundo inciso por el siguiente:

"El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco Unidades Tributarias Mensuales".

N° 4

Establece que toda modificación al contrato de trabajo debe ser avisado con una anticipación de 3 días antes de su suscripción. En dicho plazo el trabajador puede solicitar la presencia de alguna de las personas indicadas en los incisos primero y segundo del artículo 19° de la ley N° 19.010.

-Se aprobó, por unanimidad, Una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

4.- Agrégase al artículo 11° el siguiente inciso:

"Las modificaciones a que se refiere el inciso primero que proponga el empleador, deberán ser puestas en conocimiento del trabajador, por escrito, y con una anticipación, a lo menos, de tres días hábiles a la fecha prevista para su suscripción".

N° 5

Elimina la prohibición a la mujer para desempeñar labores mineras subterráneas o faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o peligrosas.

La Comisión aprobó el artículo por 6 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones.

N° 6

Establece que los trabajadores que se desempeñan en su propio hogar estarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este número.

N° 7

Establece un descanso mínimo de ocho horas diarias para los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras.

-Se aprobó en forma unánime.

N° 8-

Fija la jornada de los choferes de vehículos de carga terrestre en ciento noventa y dos horas mensuales al igual que el personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"8.- Reemplázase el artículo 25° por el siguiente:

"La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre tumos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas".

N° 9

Permite, en la locomoción interurbana, fijar tumos de ocho horas para cumplir la jornada ordinaria semanal, pero con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 10

Señala que lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 11

Elimina el inciso segundo del artículo 29 del Código del Trabajo que establece que las horas trabajadas el domingo y festivos se considerarán extraordinarias para efectos de su pago, siempre que excedan la jornada ordinaria semanal.

-Fue aprobado por unanimidad.

N° 12

Establece la prohibición de pactar horas extraordinarias al momento de la suscripción de un contrato de trabajo.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este número.

N° 13

Consagra en forma expresa que, tratándose de trabajadores que no tienen derecho a descanso en día domingo, pero sí en un día en la semana, éste se cuenta desde las 21 horas del día anterior, hasta las 6 horas del día siguiente.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 14

Establece que los trabajadores que se desempeñen en establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público, tienen derecho a que uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario se otorgue en día domingo,

-Se aprobó por unanimidad con una indicación de los señores Caminondo. Carde- mil, Gajardo, Muñoz, doña Adriana, Seguel, Sotomayor y Valenzuela, para eliminar la frase final "o en los períodos inmediatamente anteriores a Navidad, Fiestas Patrias u otras festividades".

N° 15

Deroga el inciso cuarto del artículo 43, que no hace aplicable a los mayores de sesenta y cinco años el ingreso mínimo mensual.

-Fue aprobado por unanimidad.

N° 16

Dispone que los trabajadores remunerados, exclusivamente por día tendrán derecho a percibir por los días domingo y festivos una remuneración equivalente al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago.

-Se aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

16.- Reemplázase el artículo 44° por el siguiente:

"El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinara dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31°, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este Título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34°".

N° 17.

Establece el pago de las gratificaciones legales una vez devengadas en dos parcialidades durante el respectivo ejercicio si se optase por la modalidad establecida en el artículo 49 ó hasta en cuatro parcialidades, si se pactó así en el contrato colectivo.

-Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"17.- Reemplázase el inciso primero del artículo 47° por el siguiente:

Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador".

N° 18

Autoriza al empleador para efectuar a petición del trabajador, descuentos de su remuneración destinados al ahorro para la vivienda.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Araya, Caminondo, Gajardo, García, don René, Muñoz, doña Adriana, Orpis, Salas y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"N° 18 - Reemplázase el inciso primero del artículo 57° por el siguiente:

"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.

N° 19

Establece lo que se entiende por remuneraciones para los efectos de los créditos privilegiados de primera clase que establece el N° 5 del artículo 2472 del Código Civil y el monto a que asciende el privilegio de las indemnizaciones legales y convencionales previstas en el N° 8 del artículo 2472 del mismo cuerpo legal.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, García, Orpis y Salas, para reemplazar en este número el inciso cuarto del artículo 60a por el siguiente:

"El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el número 8 del artículo 2472 del Código Civil no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicios y fracción superior a seis meses con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputaran al máximo referido".

Por unanimidad, la Comisión aprobó una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para intercalar el siguiente número 19°-A:

"19° A.- Para reemplazar el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente.

Del feriado anual y de los permisos".

N° 20

Concede al trabajador un permiso de tres días imputables al feriado anual, en caso de nacimiento de un hijo. Este derecho podrá hacerlo valer el trabajador dentro de los cinco días subsiguientes al nacimiento.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"20.- Agrégase, a continuación del artículo 65°, el siguiente artículo:

Artículo 65°-A.- En los casos de nacimiento y muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine".

N° 21

Establece que todo trabajador que haya prestado servicios por más de diez años continuos o no, con uno o varios empleadores, tendrá derecho a un día adicional por cada tres nuevos años trabajados.

-Se aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"21.- Reemplázase el artículo 66a por el siguiente:

"Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

Con todo, al celebrarse un contrato de trabajo, el trabajador sólo podrá hacer valer para los efectos señalados en el inciso anterior, hasta diez años de trabajo para sus anteriores empleadores".

Por unanimidad, la Comisión aprobó una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para intercalar el siguiente número 21-A.

"21-A.- Reemplázase el artículo 67°, por el siguiente:

Para los efectos del feriado, se considerarán inhábiles dos días de la semana, independientemente del modo como se distribuye la jornada, y sin perjuicio de los festivos que quedaren comprendidos en el período".

N° 22

Establece la obligación del empleador de otorgar el primero de los períodos correspondientes al feriado en caso de acumulación jurante dos años, antes de que se cumpla el año que otorga derecho a un nuevo período.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 23

Establece la obligación del pago de toda remuneración o beneficio que corresponda pagar durante el feriado aunque no haya sido considerada para el cálculo de la remuneración íntegra.

-Se aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, una indicación de los señores Cardemil, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; y Seguel, para modificar este número por el siguiente:

"23.- Agréganse al artículo 70 los siguientes incisos:

"Si el trabajador estuviera remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquel y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra".

N° 24

Establece en favor de los trabajadores transitorios o de temporada una serie de derechos, entre los que se destacan el de exigir del empleador las condiciones adecuadas de higiene tanto de alojamiento como alimentación y los medios de transporte necesarios para concurrir y retirarse del lugar de trabajo.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

24 - Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

"Párrafo 1°

Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada.

"Artículo 91-A.- Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera.

Artículo 91-B.- El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata tengan una duración superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-G- Cuando, por las características de las faenas de temporada de que se trate, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad acordes con las características de la zona, las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En las faenas a que se refieren los incisos anteriores, el empleador deberá colocar a disposición de los trabajadores que lo requieran, los medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a 3 kilómetros.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.".

N° 25.

Reemplaza el epígrafe del párrafo primero del Capítulo ni del Libro I del Código del Trabajo estableciendo la aplicación de las normas de dicho párrafo a los oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional.

-Se aprobó, por unanimidad una indicación de los señores Caminondo; Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar en este número, el nombre del párrafo 1 del Capítulo ID del Libro I, por el siguiente:

"Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional".

N° 26

Establece una definición de qué se entiende por personal embarcado o gente de mar.

-La Comisión aprobó por unanimidad, una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"26.- Reemplázase el artículo 92°, por el siguiente:

"Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.".

N° 27

Establece la facultad de la autoridad marítima para permitir el ingreso y permanencia a bordo de las naves y de impedir el acceso a ellas por razones de seguridad.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 28

Define qué se entiende por contrato de trabajo de la gente de mar y establece la obligación de que el embarco de un hombre de mar debe ser autorizado por la Capitanía de Puerto o por los consulados chilenos si es en el extranjero. Para estos efectos el capitán de la nave debe presentar la nómina de la dotación de oficiales y tripulantes embarcados, que se denominará Rol de Dotación.

-Se aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para suprimir este número.

N° 29.

Dispone la derogación del artículo 96° del Código del Trabajo el que hace aplicable las normas del párrafo sobre contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional a las tripulantes de sexo femenino que se desempeñen a bordo de las naves.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 30.

El artículo 98 del Código del Trabajo, dispone que sólo en caso de fuerza mayor la dotación de una nave estará obligada a realizar otras labores distintas a las señaladas en el artículo 97 del mismo cuerpo legal y sin sujeción a las condiciones que el referido texto legal establece sobre alteración de la naturaleza de los servicios o del lugar donde deban prestarse. El proyecto de ley propone que de la circunstancia de caso fortuito que da origen a esta situación, debe dejarse expresa constancia en el cuaderno de bitácora de la nave.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 31

Propone la derogación del artículo 100° del Código del Trabajo, el que se refiere a las menciones que debe contener el contrato de embarco.

-Se aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este número.

N° 32

Como consecuencia de la eliminación del contrato de embarco que propone el proyecto de ley se reemplaza en el artículo 102 del Código del Trabajo la referencia a él por contrato de trabajo.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este número.

N° 33

Dispone que no serán imputables a la jornada de trabajo de cincuenta y seis horas, distribuidas en ocho horas diarias, los descansos o los tiempos sin realizar labor entré tumo y tumo.

-Se aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar este número.

N° 34

El Código del Trabajo establece que la jornada de trabajo de la gente de mar es de cincuenta y seis horas semanales distribuidas en ocho horas diarias, no obstante ello, el proyecto propone que todo exceso de 48 horas semanales se pague con un recargo del cincuenta por ciento del sueldo convenido para la jornada ordinaria.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 35

Dispone que, en caso de que el trabajador preste servidos durante el período de embarco en día domingo o festivo, el empleador deberá conceder un día de descanso por cada uno de ellos, al finalizar el viaje. En caso de acumulación de más de un día de descanso a la semana el proyecto establece la posibilidad de que se acuerde una forma especial de distribución o de remuneración de esos días de descanso.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número por el siguiente:

"El empleador deberá otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingos y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.".

N° 36

Establece las circunstancias en las cuales el trabajo ordenado por el capitán no dan derecho a remuneración por sobretiempo, en una forma mejor sistematizada que la contemplada en el Código del Trabajo.

-Fue aprobado por unanimidad.

N° 37

Establece que en caso de desembarco de un tripulante enfermo al llegar a puerto, los gastos de enfermedad serán de cargo del armador, salvo que se trate de un puerto chileno en que existan sistemas de previsión al cual pertenezca el trabajador.

-Se aprobó por unanimidad con una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar la expresión "las cajas o" por el artículo 'los".

N° 38

Define qué se entiende por trabajador portuario y establece que las labores de tal pueden ser desempeñadas por trabajadores permanentes, por aquellos afectos a un contrato de provisión de puestos de trabajo o por eventuales. Además establece que el ingreso a los recintos portuarios será controlado por la autoridad marítima.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 39

Define el contrato de trabajo de los trabajadores portuarios eventuales estableciendo las condiciones bajo las cuales debe celebrarse.

-Fue aprobado por unanimidad.

N° 40.

Modifica las reglas especiales de celebración del contrato de los trabajadores portuarios eventuales contenidas en la letra a) del artículo 133 del Código del Trabajo, estableciendo que deberá ser en base a un convenio de provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquel o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Además establece el derecho del empleador de contratar a otros sin la anticipación requerida, en el caso de que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o cumplir el tumo respectivo.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 41

Establece que el pago pactado en un convenio de provisión de puestos de trabajo no' puede exceder de un mes.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 42

Dispone las normas por las que se regirán los convenios sobre previsión de puestos de trabajo.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 43

Dispone que para los efectos de que las faenas portuarias puedan ser realizadas por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo, el empleador deberá remitir el respectivo convenio dentro de las 24 horas a su celebración.

-Fue aprobado por unanimidad.

N° 44

Establece que la jornada de los trabajadores de casa particular no podrán exceder a las doce horas diarias y dentro de esa jornada tendrán derecho a un descanso de una hora imputable a ella.

Agrega que si el trabajador vive en la casa del empleador, tendrá derecho a un descanso diario de doce horas, el cual será ininterrumpido por lo menos durante nueve horas.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 45

Establece un ingreso mínimo mensual para los trabajadores de casa particular equivalente a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual general, si viven en la casa del empleador, y a las tres cuartas partes de éste si viven fuera de ella.

-Fue aprobado por seis votos a favor, uno en contra y una abstención.

Artículo 2°

N°1

Establece la obligación del empleador de mantener en las faenas las condiciones adecuadas de higiene y seguridad y los implementos para evitar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 2

Dispone que los trabajadores no pueden ser obligados a realizar faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su seguridad o salud. La calificación será efectuada por los organismos competentes.'

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 3

Establece que corresponde al padre el permiso posterior al parto o el resto de él, en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o como consecuencia directa de él.

-Se aprobó por unanimidad.

N°4

En caso de enfermedad grave del hijo menor de un año que requiera cuidado en el hogar, y en el evento de que ambos padres sean trabajadores, se confiere a la madre la facultad de decidir cuál de ellos hará uso del permiso y subsidio que establece la ley. Además extiende este beneficio a la madre adoptiva en el caso de la adopción plena contemplada en el Título ni, de la Ley N° 18.703.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

N° 5

Confiere el beneficio señalado en el número anterior a la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior á seis meses y que haya iniciado el proceso de adopción plena de conformidad con el Título ni de la Ley N° 18.703.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 6

Agrega un nuevo título referente a las prácticas desleales en que puede incurrir el empleador al entorpecer o impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Además, señala los casos en que especialmente se incurre en práctica desleal y el procedimiento para obtener su sanción.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para reemplazar este número, por el siguiente:

"6.- Agrégase el siguiente artículo 451-A:

"Artículo 451-A: Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el Capítulo I del Título I del Libro I de este Código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que, en forma dolosa, simule la contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención.

La multa será de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada den trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.".

Artículo 3°

N° 1

Establece que la notificación al demandado en el procedimiento laboral será por carta certificada.

-La Comisión lo aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 2

Dispone que las resoluciones que no sean las que ordena la comparecencia personal de las partes o la sentencia definitiva se notificarán por carta certificada.

-La Comisión lo aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 3

Establece la gratuidad de las notificaciones practicadas por los receptores o los empleados del tribunal, en su caso, en favor de los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y las partes que gocen del privilegio de pobreza.

-La Comisión lo aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 4

Agrega como requisito de la contestación de la demanda el que las excepciones y defensas que se hagan valer en ella, deben fundarse tanto en el hecho como en el derecho.

-La Comisión lo aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 5

Establece el procedimiento para el caso de que el demandado oponga reconvención o excepciones dilatorias en la contestación de la demanda.

Además, establece que una vez contestada la demanda o la reconvención o las excepciones dilatorias, el tribunal atará a las partes a una audiencia de conciliación y prueba.

-La Comisión lo aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 6

Establece que la audiencia de conciliación y prueba se celebrará con las partes que concurran y en ella el juez presentará las bases para la conciliación sin que las opiniones que exprese lo inhabiliten para seguir conociendo del asunto.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 7

Establece el orden en que se rendirán las pruebas en la audiencia de conciliación y prueba.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 8

Señala el procedimiento para solicitar y rendir la prueba de confesión judicial.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 9'

Establece la forma de comparecencia del confesante a la audiencia respectiva.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 10

Señala que en la audiencia de conciliación y prueba deberá rendirse la prueba instrumental y sólo por causa justificada el tribunal resolverá de plano.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 11

Dispone el procedimiento para la realización de la diligencia de exhibición de documentos.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 12

Fija la forma de rendir la prueba testimonial en la audiencia respectiva.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 13

En el caso de la prueba testimonial, elimina como inhabilidad que pudiera afectar a un testigo, el de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la parte contraria.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 14

Establece que los testigos prestarán su declaración sólo ante el tribunal que conoce del asunto y sobre los puntos fijados en la resolución que recibió la causa a prueba. Las partes podrán, por conducto del tribunal, hacer las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes, pero no podrán ser hechas en forma asertiva ni con elementos de juicio que determinen la respuesta.

- La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 15

Señala el procedimiento para hacer valer las posibles inhabilidades que puedan afectar a los testigos de una u otra parte y establece que dichas inhabilidades se resolverán en la sentencia definitiva.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 16

Prohíbe la prueba testimonial para acreditar las tachas por inhabilidad de los testigos que prestarán declaración en la causa principal.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 17

Elimina la exigencia del pliego de posiciones en la prueba confesional.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 18

Elimina el trámite de la citación para oír sentencia, en el caso de que realizada la audiencia de conciliación el tribunal determine que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Ello es consecuencia del cambio de naturaleza jurídica de la audiencia.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 19

Establece la posibilidad de que el tribunal dé el valor probatorio de presunción judicial a las declaraciones de los testigos inhabilitados en conformidad con el artículo 358' del Código de Procedimiento Civil.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 20

Señala los requisitos que debe contener la sentencia en el caso de que sea pronunciada por el Juez en la misma audiencia de conciliación y prueba.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 21

El artículo 433 del Código del Trabajo establece que la ejecución de las resoluciones pronunciadas por los tribunales del trabajo se sujetarán a las normas que al respecto establece el Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones que el mismo artículo 433 establece. El proyecto de ley propone agregar entre esas modificaciones el hecho de que las tercerías de dominio y posesión o los incidentes sobre los bienes de la empresa no suspenden el procedimiento de apremio.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 22

Establece qué medios probatorios son admisibles en segunda instancia.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 23

Señala la preferencia de las causas laborales para su vista y conocimiento ante los tribunales de segunda instancia.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

N° 24

Establece el trámite del alegato ante los tribunales de segunda instancia.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2-abstenciones.

N° 25

Dispone la no sujeción de los tribunales del trabajo a la interpretación administrativa que hagan las autoridades, en las causas sometidas a su conocimiento.

-La Comisión lo aprobó por 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Artículo 4°

El artículo 2472 del Código Civil contempla los créditos privilegiados de primera clase entre los cuales se encuentran las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral. El proyecto propone reemplazar el límite de ellas, de quince ingresos mínimos mensuales a cinco ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, por cada trabajador. Con ello, pretende otorgar un mejor derecho a aquellos trabajadores que cuenten con más años de servicio para la empresa.

-Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los señores Araya, García; don René y Seguel para reemplazar en este artículo, el número 8 del artículo 2472 del Código Civil, por el siguiente:

"Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.".

Artículo 5°

N° 1

Como consecuencia de la norma establecida en el artículo anterior, el proyecto propone la modificación correspondiente al procedimiento de pago de los créditos de origen laboral.

-Se aprobó por unanimidad.

N° 2

Dispone la preferencia de los créditos privilegiados de primera dase contemplados en el artículo 2472 del Código Civil por sobre cualquier otros créditos privilegiado que establezcan leyes especiales.

-Se aprobó por unanimidad.

Artículo 6°

Establece la posibilidad de que los pensionados o montepiados puedan organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regirán, en la medida de que les sea aplicable, por las disposiciones del decreto ley N°2.757, de 1979, con excepción de ciertas normas expresamente señaladas.,

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Araya, Fantuzzi, Gajardo, García; don René, Orpis, Seguel y Sotomayor, para agregar en este artículo, el siguiente inciso:

"En el nombre de las confederaciones podrá usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación" o "central".

Artículo 7°

Establece la posibilidad del empleador de capacitar a los trabajadores sujetos a un convenio de provisión de puestos de trabajo, haciendo uso de la franquicia que establece el artículo 21° del DPT, N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

Artículo 8°

Establece que todos los beneficios y derechos laborales pactados como consecuencia de la causal de terminación del contrato de trabajo por desañudo dado por el empleador, contemplado en el artículo 155, letra f), del Código del Trabajo, y que fuera derogado por el artículo 21 de la ley N° 19.010, se entenderán referidos a la nueva causal de terminación contemplada en el artículo 3° de esa ley.

-Se aprobó por unanimidad.

Artículo 9°

Establece que las notificaciones y requerimientos de pago originados con motivo de la cobranza judicial de las imposiciones, aportes y multas por parte de las Instituciones de Previsión, se regirán por las normas contempladas en los artículos 433,434 y 435 del Código del Trabajo.

-La Comisión lo aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Artículo 10°

Elimina la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, entre otros.

-Se aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

La Comisión aprueba por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para intercalar entre los artículos 10° y 11°, el siguiente nuevo artículo 11°, pasando el actual a ser 12°:

"La duración de la jornada ordinaria de trabajo de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el inciso final del artículo 5° bis del decreto ley N° 3.607, de 1981, y sus modificaciones posteriores".

Artículo 11°

Confiere al Presidente de la República la facultad de sistematizar en un solo cuerpo legal todas las modificaciones que en materia laboral se han realizado hasta la fecha.

-La Comisión lo aprobó por unanimidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°

Establece el monto de la remuneración mínima mensual para los trabajadores de más de 65 años.

Artículo 2°

Letra a).- Señala que el descanso de un domingo en el mes para los trabajadores del comercio regirá noventa días después de la entrada en vigencia de la ley.

-Se aprobó por unanimidad.

Letra b).- Dispone que el sistema de cálculo de las remuneraciones de los trabajadores remunerados por día y de las horas extraordinarias de la gente de mar cuando exceden de 48 horas semanales, no obstante tener una jornada de 56 horas semanales, se aplicará a partir del 1° de enero de 1992, salvo ciertas excepciones que la propia norma contempla.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores García, don René y Seguel para reemplazar en esta letra las referencias a la fecha 1° de enero de 1992, por "el primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley".

Letra c).- Establece que la facultad del empleador de pagar las gratificaciones legales en dos parcialidades comenzará a regir a partir del 1° de enero de 1992.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar esta letra.

Letra d).- Establece que los nuevos días del feriado que se originen como consecuencia de la acumulación de feriado para los trabajadores con más de diez años, se agregarán a razón de un día por cada año calendario a partir de la vigencia de la ley.

-La Comisión aprobó por unanimidad una indicación de los señores García, don René, y Seguel, para reemplazar esta letra por la siguiente:

"Respecto de los trabajadores con contrato vigente a la fecha de inicio de vigencia de esta ley, los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66°, se agregarán a razón de un día por cada año calendario a partir del inicio del año en curso".

Letra e).- Establece que las disposiciones relativas a los convenios de provisión de puestos de trabajo comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 1992.

-La Comisión aprueba por unanimidad una indicación de los señores García, don René, y Seguel, para eliminar esta letra.

Letra f).- Señala que el ingreso mínimo especial para los trabajadores de casa particular regirá a partir de la entrada en vigencia de la primera ley que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual.

-Se aprobó por unanimidad.

Artículo 3°

Establece que las nuevas normas sobre-créditos privilegiados de primera clase que establece este proyecto, no afectarán los juicios que se encuentren pendientes ni las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a la fecha de vigencia de la ley.

-La Comisión aprobó por unanimidad, una indicación de los señores Caminondo, Fantuzzi, Gajardo, Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel, para eliminar el inciso segundo de este artículo.

Artículo 4°

Faculta a las organizaciones de pensionados y montepiados, que a la fecha de vigencia de la ley gozaren de personalidad jurídica para adecuar sus estatutos en conformidad con las normas de este proyecto.

-Se aprobó por unanimidad.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

-En el proyecto que vuestra Comisión os informa no existen normas orgánicas constitucionales.

Tienen el carácter de normas de quórum calificado los números 3, 4 y 5 del artículo 2°.

V.- ARTICULOS DEL TEXTO APROBADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

Ninguno de los artículos aprobados por vuestra Comisión se encuentra en tal situación.

VI.- ARTICULOS DEL PROYECTO NO APROBADOS POR UNANIMIDAD.

Se encuentran en esta situación los números 5,23 y 45 del artículo 1°; los números 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23,24 y 25 del artículo 3° y los artículos 9° y 10°.

VII- INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISION.

—De la señora Muñoz, doña Adriana, para reemplazar el artículo 15 del Código del Trabajo por el siguiente.

"Se prohíbe la exigencia de cualquier tipo de examen destinado a constatar el estado de embarazo de la mujer, como requisito para acceder a un trabajo. La infracción a lo dispuesto en este artículo será considerada como práctica desleal del empleador y hará aplicable la norma contenida en el artículo 196-B de este Código".

—Del señor García, don René, para agregar como nuevo artículo 15 del Código del Trabajo el siguiente:

"Se exigirá el examen obligatorio de Sida a todo postulante a un empleo".

—Del señor Jeame Barrueto, don Víctor, para derogar el inciso tercero del artículo 23 del Código del Trabajo.

—Del señor Jeame Barrueto, don Víctor, para trasladar el artículo 23-A del proyecto al artículo 113.

—Del señor Gajardo, don Rubén, para sustituir el N° 12 que reemplaza el inciso primero del artículo 31 del Código del Trabajo por el siguiente:

"Reemplázase en el inciso tercero la expresión 'sueldo convenido' por 'remuneración íntegra"'.

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para agregar al N° 17 del artículo 1°, que modifica el artículo 50a del Código del Trabajo:

"Agrégase después de la frase 'por Contrato Colectivo' la frase "o Convenio Colectivo'".

—Del señor Jara, don Octavio, para sustituir en el artículo 63 del Código del Trabajo las expresiones "subsidiariamente" y "subsidiaria" por las expresiones "solidariamente" y "solidaria", respectivamente.

—De los señores Araya, Carrasco, Gajardo, Leblanc, Kuzmidc, Seguel, Valenzuela y Vilicic, por la cual modifican el N° 20 del artículo 1°, en el sentido de encabezarlo con la siguiente letra a), que se intercala, quedando el texto actual signado con la letra b):

"a) Intercálase en el artículo 65 del Código del Trabajo el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en las regiones I de Tarapacá; II de Antofagasta; XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de 25 días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior podrá ser negociado individual o colectivamente".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el artículo 65-A del proyecto por el siguiente:

"Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, en el caso del nacimiento de un hijo del trabajador, éste podrá, dentro de los seis días siguientes al nacimiento, hacer uso de un permiso especial de seis días. En los casos que el parto presente complicaciones, dicho permiso se ampliará hasta nueve días".

—De los señores Araya, Carrasco, Gajardo, Kuzmidc, Leblanc, Seguel, Valenzuela y Vilidc, para agregar el siguiente número 23 bis:

"En el artículo 72 del Código del Trabajo, sustitúyase la frase y en compensación

del exceso a que alude el artículo 66° por la oración y en la compensación de los excesos a que aluden los artículos 65, inciso segundo y 66".

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para agregar en el N° 38 del artículo 1° que modifica el artículo 130a del Código del Trabajo, la siguiente frase, a continuación de la frase "Como en los recintos portuarios":

"y otros que cumplan igual función dentro de la comuna".

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para agregar en el N° 38, inciso segundo, del artículo 1° que modifica el artículo 130° del Código del Trabajo, entre las palabras "trabajadores afectos", la palabra "Eventuales" y eliminar la frase "y por otros trabajadores eventuales".

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para agregar en el inciso primero del N° 39, que agrega el artículo 130-A, a continuación de la frase "recintos portuarios", la frase "otros que cumplan igual función dentro de la Comuna.", y eliminar la frase final del mismo inciso "cuya duración no es superior a veinte días".

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para derogar en el N° 40 que reemplaza el párrafo primero y segundo de la letra a) del artículo 133 del Código del Trabajo, el párrafo primero; para agregar, en el párrafo segundo de dicha letra, después de la palabra "aquellos" la frase "o se encuentren impedidos de ingresar a las faenas, por disposición de la autoridad.", y para reemplazar el párrafo tercero de la letra b) del mismo artículo 133 del Código del Trabajo, por el siguiente:

"Los tumos de 23 a 6:30 horas, los días domingo y festivos, y las horas trabajadas en exceso sobre la jornada o tumo pactado se consideran extraordinarias, se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento de las remuneraciones convenidas y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con la remuneración ordinaria del respectivo tumo".

—De los señores Cardemil, Leblanc, Ojeda, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para reemplazar en el N° 42, que reemplaza el artículo 138 del Código del Trabajo, letra a), las expresiones "de un mes cada trimestre" por "cada mes".

—De los señores Cardemil, Cornejo, Leblanc, Ojeda, Pizarro, don Jorge; Rojos, Salas, Seguel, Velasco y Vilicic, para agregar el siguiente artículo 138-A:

"Los trabajadores Portuarios y Extraportuarios Eventuales afectos a un Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo deberán negociar colectivamente de acuerdo a disposiciones generales".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el artículo 143 del Código del Trabajo por el siguiente:

"Artículo 143°: El contrato de trabajo es consensual, deberá constar por escrito dentro del plazo de cinco días de iniciada la prestación de servicios.

El incumplimiento de parte del empleador de lo dispuesto en el inciso anterior se regirá por las disposiciones del artículo 9a del Código del Trabajo.

Las dos primeras semanas de trabajo se estimarán como período de prueba y durante ese lapso podrá resolverse el contrato a voluntad de cualquiera de las partes, siempre que se dé un aviso con tres días de anticipación, a lo menos, y se pague el tiempo trabajado. El período de prueba no excusará del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el inciso primero del artículo 145 del Código del Trabajo por el siguiente:

"La jornada diaria de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador se regirá por las normas generales del Código del Trabajo".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para agregar, a continuación del artículo 145, el siguiente artículo 145 bis:

"El empleador que contrate trabajadores de casa particular menores de 18 años que habiten en su morada estará obligado a velar porque éste complete su educación general básica. Asimismo, deberá posibilitar al trabajador mayor de 18 años que lo desee la continuación de su educación o el acceso a formación técnico o profesional, concurriendo a establecimientos educacionales vespertinos al término de su jornada diaria".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el artículo 146 del Código del Trabajo por el siguiente:

"Los trabajadores que vivan en la casa del empleador tendrán derecho a un día y medio de descanso a la semana, y su distribución será materia del contrato de trabajo. Los días de descanso facultan a los trabajadores a no reanudar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para agregar, a continuación del artículo 148, el siguiente artículo 148 bis:

"Se declara Día Nacional de las Trabajadoras de Casa Particular el 21 de noviembre de cada año. Este día será festivo para los trabajadores de casa particular, considerándose como trabajado para todos los efectos legales".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el inciso segundo del artículo 181 del proyecto por el siguiente:

"Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él o durante el período de doce semanas después que éste se produzca, el permiso que a ésta correspondía o el resto de éste corresponderá al padre".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para agregar el siguiente inciso a continuación del inciso segundo del artículo 181 del proyecto, pasando el inciso tercero a ser cuarto:

"Si la madre no fuera trabajadora asalariada o dependiente y se verifiquen las circunstancias del inciso precedente, se otorgará el permiso señalado en él al padre sobreviviente".

—De la señora Rodríguez, doña Laura, para reemplazar el inciso final del artículo 186, por el siguiente:

"El fuero maternal de las trabajadoras de casa particular cubrirá el período de embarazo hasta el momento que expire el descanso de maternidad posterior al parto".

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

"ARTICULO 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.- Reemplázase el inciso final del artículo 6° por el siguiente:

"El contrato es colectivo cuando se celebra entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo o de remuneraciones por un tiempo determinado".

2.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 9° por los siguientes:

"El contrato de trabajo es consensual: deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco Unidades Tributarias Mensuales".

3.- Agrégase al artículo 11 el siguiente inciso:

"Las modificaciones a que se refiere el inciso primero que proponga el empleador, deberán ser puestas en conocimiento del trabajador, por escrito, y con una anticipación a lo menos, de tres días hábiles a la fecha prevista para su suscripción".

4.- Derógase el artículo 15.

5.- Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias, el que podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica.

Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave.

Si de conformidad con los dispuesto precedentemente, el descanso se cumpliera o completara a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello".

6.- Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

"La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre tumos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas".

7 - Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Si en la locomoción colectiva urbana las partes acordaren cumplir en tumos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo. En todo caso, los choferes de la locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas".

8.- Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, télex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes".'

9.- Derógase el inciso segundo del artículo 29.

10.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 37 por el siguiente:

"Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 35B. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por tumos para no paralizar el curso de las labores".

11.- Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso tercero del artículo 37, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo, de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no ser superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos".

12.- Derógase el inciso cuarto del artículo 43.

13.- Reemplázase el artículo 44 por el siguiente:

"El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31°, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este Título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34°.

14.- Reemplázase él inciso primero del artículo 47° por el siguiente:

'Tara estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador".

15.- Reemplázase el inciso primero del artículo 57° por el siguiente:

"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.

16.- Reemplázanse los incisos tercero y cuarto del artículo 60 por el siguiente:

“Para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el N° 8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputarán al máximo referido.".

17.- Para reemplazar el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente:

"Del feriado anual y de los permisos.".

18.- Agrégase, a continuación del artículo 65, el siguiente artículo:

"Artículo 65-A.: En los casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine".

19.- Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:

'Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

Con todo, al celebrarse un contrato de trabajo, el trabajador sólo podrá hacer valer para los efectos señalados en el inciso anterior, hasta diez años de trabajo para sus anteriores empleadores.".

20.- Reemplázase el artículo 67°, por el siguiente:

“Para los efectos del feriado, se considerarán inhábiles dos días de la semana, independientemente del modo como se distribuya la jornada, y sin perjuicio de los festivos que quedaren comprendidos en el respectivo período.".

21- Agrégase al artículo 69, el siguiente inciso:

"El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.".

22.- Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos:

"Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquel y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.".

23.- Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

- "Párrafo 1°

Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada.

"Artículo 91-A.- Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera.

Artículo 91-B.- El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata tengan una duración superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir lina copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-C.- Cuando, por las características de las faenas de temporada de que se trate, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad acordes con las características de la zona, las condiciones climáticas, y demás propias de la faena de que se trate.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

Eá las faenas a que se refieren los incisos anteriores, el empleador deberá colocar a disposición de los trabajadores que lo requieran, los medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a 3 kilómetros.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.".

24.- Reemplázase el nombre del párrafo 1° del Capítulo III del Libro I por el siguiente:

Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional.

25.- Reemplázase el artículo 92 por el siguiente:

"Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.".

26.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 93 por el siguiente:

"El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

27- Derógase el artículo 96.

28- Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

"Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12.".

29.- Agrégase en el artículo 103, el siguiente inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31.".

30.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 108 por el siguiente:

"El empleador deberá otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.".

31- Reemplázase el artículo 114 por el siguiente:

"No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor.

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional.

c) cuando sea necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento.

32.- Reemplázase en el artículo 123, el número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"El enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por los sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador.

33.- Reemplázase el artículo 130 por el siguiente:

"Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentre en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

34.- Agrégase el siguiente artículo 130-A:

"El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquel conviene en ejecutar una o más labores específicas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquel o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138° y no tendrán carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.".

35.- Reemplázanse los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133.

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del tumo respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados eri los incisos segundo y tercero del artículo 130-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el tumo correspondiente en las condiciones establecidas en aquellos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente.".

36 - Agrégase en el artículo 135, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en éste se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.".

37.- Reemplázase el artículo 138 por el siguiente:

"Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a)Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número 'de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo dé un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento.

Las partes de común acuerdo, durante la vigencia del convenio, podrán acordar la incorporación a éste de otros empleadores para el cumplimiento de la garantía estipulada originalmente.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.- La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.- Las remuneraciones por tumo o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.- El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose, además, constancia de ésta.

4.- El modo cómo se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f) Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, él o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrán carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.

38.- Reemplázase el artículo 139, por el siguiente:

'Tara los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 130a, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo tumo, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

39.- Reemplázase el artículo 145 por el siguiente:

"La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador".

40 - Agrégase en el artículo 147, el siguiente inciso:

"En todo caso, la remuneración en dinero no podrá ser inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que viven fuera de ella.".

Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código de Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 171 por el siguiente:

"El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá asimismo prestar o garantizar lo.s elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.".

2.- Agrégase el siguiente artículo 173-A:

"No podrá exigirse ni administrarse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley.".

3.- Reemplázase el artículo 181 por el siguiente:

"Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

4.- Reemplázase el artículo 85 por el siguiente:

"Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrán gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la Ley N° 18.703, o su cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.".

5.- Agrégase, a continuación del artículo 185, el siguiente artículo:

"Artículo 185-A.: Toda mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena de éste en los términos del Título III de la ley N° 18.703, tendrá derecho a permiso y subsidio que se mantendrá durante la tramitación de aquel hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso, necesariamente deberán acompañarse una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca el juicio de adopción plena en el cual se acredite su estado de tramitación.".

6.- Agrégase el siguiente artículo 451-A:

Artículo 451-A: "Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el Capítulo I del Libro I de este Código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que, en forma dolosa, simule la contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención.

La multa será de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada cien trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.

Artículo 3°: Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620.

1.- Reemplázase el artículo 400 por el siguiente:

"La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.'

Las notificaciones personales y por cédula se practicarán por alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el respectivo tribunal, o por un empleado del mismo designado para ello por el Juez, de oficio ó a petición de parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, podrá ser practicada por Carabineros de Chile.

La notificación al demandado podrá hacerse en la morada, residencia o domicilio del notificado o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, en la casa que sirve de despacho del tribunal o en el oficio del Secretario del Juzgado, en cuyos casos la diligencia podrá ser llevada a cabo por este funcionario. Los jueces no podrán ser notificados en el local en que desempeñen sus funciones.".

2.- Reemplázase el artículo 405, por el siguiente:

"Las demás resoluciones se notificarán por carta certificada remitida por el Secretario del Tribunal o por el funcionario que se designe al efecto y se entenderá practicada el segundo día hábil siguiente a su despacho a Correos, circunstancia de la que se dejará constancia en autos.

Esta forma de notificación se hará extensiva a las resoluciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que se refiere el inciso segundo del mismo artículo y esta notificación se producirá sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.

Si la primera resolución hubiese sido notificada por aviso y los notificados no hubiesen comparecido en el juicio, las demás resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse conforme lo dispuesto en el artículo 403.

El tribunal, en casos calificados, podrá disponer que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

Del hecho de haberse dictado sentencia definitiva y de la circunstancia de haber recaído resolución en un proceso, se dejará constancia en un registro diario que se confeccionará por el Secretario y que se mantendrá en una parte visible dentro del recinto en que funcione el tribunal.

Las omisiones o defectos en que se incurra en los registros diarios, no afectarán a la validez de las respectivas notificaciones.".

3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406, por el siguiente:

"Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del tribunal serán gratuitas para los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales señaladas en ella sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".

4.- Reemplázase el número 3a del artículo 410, por el siguiente:

'Todas las defensas y excepciones que se oponen a la demanda y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyan. No será admisible la interposición posterior de defensas o excepciones omitidas, y"

5.- Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, se concederán al actor cinco días fatales para contestarlas. La contestación a la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 410.

Contestada la demanda o la reconvención o excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre la excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución para la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso se notificarán por carta certificada.".

6.- Reemplázase el artículo 412 por el siguiente:

"La audiencia se celebrará con las partes que asistan, y en ella el juez presentará, en primer término, las bases que estime conducentes para lograr una conciliación sin que las opiniones que emita al efecto puedan inhabilitarlo para seguir conociendo de la causa.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, se dejará constancia de ella en el acta de la audiencia respectiva. Dicha acta la suscribirán el juez y las partes y será autorizada por el secretario del tribunal, estimándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Si no se produjere conciliación y existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal, en la misma audiencia, recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuáles deba ella recaer. Si no existen tales hechos, el tribunal citará a las partes a oír sentencia la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercero día.

En contra de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior, solo procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse de inmediato y fallarse en el acto por el tribunal.".

7.- Reemplázase el artículo 413, por el siguiente:

"En la misma audiencia, el tribunal recibirá la prueba confesional, instrumental y testimonial y resolverá sobre las solicitudes que en ella hagan las partes respecto de los informes, oficios, pericias, inspecciones oculares y otras probanzas que solicitaren y que deban tener lugar fuera del recinto en que funciona el tribunal o que, para llevarlas a cabo, sea necesario el dictamen de personas o funcionarios ajenos al mismo.".

8.- Reemplázase el artículo 414 por el siguiente:

"La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior, cuya resolución se notificará por cédula con una antelación mínima de tres días en relación con la fecha en que deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se le notificará en la forma señalada en el artículo 405.

El pliego que contenga las posiciones, será entregado por la parte que haya pedido la diligencia, en sobre cerrado, al comienzo de la audiencia correspondiente.

Las posiciones deberán expresarse en términos claros y precisos de manera que puedan ser entendidos sin dificultad y deberán ser pertinentes con los hechos sobre los que debe versar la prueba. El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá rechazar las que no cumplan dichas exigencias.".

9 - Reemplázase el artículo 415 por el siguiente:

"El litigante cuya comparecencia personal a prestar confesión se solicite por la parte contraria o por el Juez, de oficio, deberá concurrir a la audiencia. Si no se dispusiere dicha comparecencia personal, podrá hacerlo por medio de procurador debidamente autorizado al efecto. Si no compareciere, en única citación, o si compareciendo se negare a declarar o diere respuestas evasivas o contradictorias, se le tendrá por confeso de los hechos categóricamente afirmados en el pliego. En cuanto a las posiciones redactadas en forma interrogativa, se podrá aplicar el apremio contemplado en el inciso segundo del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil".

10.- Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:

"La prueba instrumental deberá producirse en la audiencia a que se refiere el artículo 413 y sólo por causa justificada, que el tribunal resolverá de plano, será admitida con posterioridad hasta antes de la citación para oír sentencia.".

11.- Reemplázase el artículo 417 por el siguiente:

"Cuando se dé lugar a la exhibición de documentos, el tribunal arbitrará los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el menor tiempo posible. Para este efecto, podrá ordenar el arresto de la parte que, sin justa causa, no llevare a cabo la exhibición en la primera oportunidad que se haya fijado.".

12.- Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva. Si desea que ellos sean citados por el tribunal, deberá presentar una lista conteniendo sus nombres completos, profesión y domicilio, en los escritos de demanda o contestación. En este caso, el tribunal dispondrá la citación del o de los testigos, por una sola vez, mediante carta certificada."

13.- Reemplázase el artículo 419 por el siguiente:

"El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la contraria, no invalidará su testimonio.".

14.- Reemplázase el artículo 420 por el siguiente:

"Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa y serán interrogados bajo juramento por el tribunal sobre los puntos señalados en la resolución que recibió la causa a prueba, sin perjuicio de la facultad de las partes para hacer por su conducto las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes; estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, lo que calificará el tribunal de inmediato y sin más trámite.".

15- Reemplázase el artículo 421 por el siguiente:

"Antes de que presten declaración los testigos de la contraria, cada parte podrá dirigir, por intermedio del tribunal, las preguntas que fueren conducentes, con el objeto de configurar posibles inhabilidades. Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y no impedirá que se tome declaración al testigo.".

16- Reemplázase el artículo 422 por el siguiente:

"Respecto de las tachas, no se admitirá prueba testimonial, pudiendo las partes acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.".

17.- Elimínase el artículo 423.

18.- Reemplázase el inciso primero del artículo 427 por el siguiente:

'Terminada la recepción de la prueba y no existiendo diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia".

19.- Agrégase en el artículo 429, el siguiente inciso final:

"El tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil."

20.- Agrégase en el artículo 432, el siguiente inciso final:

"Si el Juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta del comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de costas si éstas se estimaren procedentes".

21.- Agrégase en el artículo 433, la siguiente letra e):

"e) Las tercerías de dominio y posesión o los incidentes que digan relación con los bienes que formen parte de la empresa o establecimiento en que prestó servicios el trabajador demandante, no suspenderán en caso alguno la tramitación del procedimiento de apremio, cuando dichos servicios constituyan el fundamento de la demanda".

22.- Reemplázase el artículo 442 por el siguiente

"En segunda instancia sólo será admisible la prueba documental, la que deberá rendirse antes de la vista de la causa".

23 - Reemplázase el artículo 444 por el siguiente:

"Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69a del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su vista y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.".

24.- Reemplázase el artículo 445 por el siguiente:

"Las Cortes de Apelaciones oirán alegatos de los abogados de las partes que hayan comparecido a la instancia.".

25.- Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso:

"Sin embargo, la interpretación administrativa que hagan las autoridades antes aludidas, no obligarán a los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento.".

Artículo 4°.- Reemplázase el artículo 2472 del Código Civil por el siguiente:

"La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1- Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.

2.- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;

3.- Los gastos de enfermedad del deudor;

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4.- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;

5.- Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;

6.-Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

7.- Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia, durante los últimos tres meses.

8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.

9.- Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981:

1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la Ley N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.".

2.- Agrégase él siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.".

Artículo 6°.- Los pensionados y montepiadas podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto Ley N° 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37 y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

En el nombre de las confederaciones podrá usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación" o "central".

Artículo 7°.- Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130-A del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21° del DFL N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

Artículo 8°.- Declárase, interpretando la ley 19.010 de 1990, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1° de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de la ley 19.010.'

Artículo 9°.- Reemplázase el artículo 6° de la ley 17.322, por el siguiente:

"Las notificaciones de la demanda y requerimientos de pago se regirán por las disposiciones de los artículos 433, 434 y 435 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones se cumplirán por los Receptores Laborales que sirvan el cargo en el respectivo tribunal y en ausencia o impedimento de éstos, por un empleado del mismo o por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas.".

Artículo 10.- Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobre-

Artículo 11.- "La duración de la jornada Ordinaria de trabajo de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el inciso final del artículo 5° bis del decreto ley N° 3.607, de 1981 y sus modificaciones posteriores.".

Artículo 12.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes 19.010, 19.049, la ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, las de los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que la hayan interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y Otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $ 28.400.-

Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso tercero del artículo 37° del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso segundo del nuevo artículo 44 y en el nuevo inciso tercero del artículo 103 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley. N° obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c)Respecto de los trabajadores con contrato vigente a la fecha de inicio de vigencia de esta ley, los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo Artículo 66, se agregarán a razón de un día por cada año calendario a partir del inicio del año en curso.

d) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir de la entrada en vigencia de la primera ley, que a partir del 1° de enero de 1992, reajuste el monto del ingreso mínimo mensual.

Artículo 3°.- Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60a del Código del Trabajo, al artículo 2472° del Código Civil y al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

Artículo 4a.- Las organizaciones de pensionados y montepiadas, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozarén de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6a. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.".

Se designó Diputado informante al señor Rubén Gajardo Chacón.

Sala de la Comisión, a 4 de diciembre de 1991.

Acordado en sesiones de fecha 23 de julio, 6,13 y 20 de agosto, 3 y 24 de septiembre, 1° y 22 de octubre, 5,12,19 y 20 de noviembre, y 3 y 4 de diciembre de 1991, con asistencia de los señores Araya, don Nicanor (Presidente); Caminondo, don Carlos; Carde- mil, don Gustavo; Fantuzzi, don Angel; Gajardo, don Rubén; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares, don Héctor; Orpis, don Jaime; Pérez, don Víctor; Salas, don Edmundo; Seguel, don Rodolfo y Sotomayor, don Andrés.

Asimismo, asistieron a-sus sesiones, sin ser miembros de esta Comisión, los Diputados señores Jeame Barrueto, don Víctor; Letelier, don Juan Pablo; Ojeda, don Sergio; Soto, don Akin; Valenzuela, don Felipe y Yunge, don Guillermo.

(Fdo.): Pedro N. Muga Ramírez, Secretario de la Comisión".

SANTIAGO, de diciembre de 1991.

Oficio 063

A S.E. El Presidente de la Cámara de Diputados

Esa H. Cámara de Diputados, por Oficio N° 335 de 21 de mayo último, ha remitido a esta Corte Suprema, para su Informe, una copia del Proyecto de Ley que, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, "modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales”.

Impuesta esta Corte de la materia en consulta en sesión del día 16 de diciembre en curso, y con la asistencia del Presidente Subrogante señor Retamal y de los Ministros señores Ulloa, Aburto, Cereceda, Jordán, Zurita, Faúndez, Dávila, Béraud, Toro, Araya, Perales, Valenzuela, Alvarez y Carrasco, acordó informar favorablemente el Proyecto, sólo en cuanto a sus artículos 12 N° 10, 22 N° 6, que se refieren a la competencia de los Tribunales de Justicia en las materias que en ellos se señalan.

En cuanto a las demás disposiciones del referido Proyecto de Ley, teniendo en consideración lo preceptuado en los artículos 73, 74 y 82 N° 1° de la Constitución Política del Estado, esta Corte fue de parecer de no emitir opinión, por no corresponderle, pues tales materias no se refieren a normas propias de una ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Saluda atentamente a V.S.

RAFAEL RETAMAL LOPEZ

Presidente subrogante

MODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO Y DE OTROS TEXTOS LEGALES. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Rubén Gajardo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N°360-13 y se encuentra en el número 8 de ¡os documentos de la Cuenta de la sesión 34a., celebrada en 17 de diciembre de 1991.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar.

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, procedo a informar sobre este proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo que modifica el Código del Trabajo.

En su Mensaje, Su Excelencia el Presidente de la República señala que con esta iniciativa se completa el proceso de reformas al Código del Trabajo y precisa que la nueva institucionalidad laboral constituye un esfuerzo para promover relaciones laborales más justas y modernas, coherentes con el esfuerzo del crecimiento económico y desarrollo sostenido, en el que el país se encuentra empeñado.

Las ideas fundamentales de este proyecto tienden a modificar los Libros I, II y V del Código del Trabajo, que se refieren al contrato individual de trabajo, a la protección de los trabajadores y a la jurisdicción laboral, respectivamente, y ciertas normas de carácter laboral que se encuentran contenidas en otros cuerpos legales.

En el informe se hace un relato pormenorizado de lo que fue el debate de este proyecto. Se señalan las personas e instituciones que concurrieron a las audiencias públicas de la Comisión, para expresar la opinión que les merecía su contenido. También se precisan, con mucho detalle, las indicaciones presentadas y si se aprobaron o no.

En mi condición de Diputado informante, me limitaré a entregar una síntesis de aquellas materias respecto de las cuales se modifica la legislación del trabajo.

En primer lugar, con relación a las formalidades del contrato individual de trabajo, se mantiene su calidad de consensual, no obstante lo cual subsiste la obligación que pesa sobre el empleador de escriturarlo, con el objeto de que constituya una adecuada herramienta de prueba y, al mismo tiempo, sirva a la labor de fiscalización de los servicios del trabajo.

La modificación en esta materia consiste en que el plazo que se establece para que determinados contratos de trabajo se escrituren, será de cinco días, siendo la norma general de quince. Este plazo especial y tan breve rige para los contratos por obra, trabajo o servicio determinado y también para los de duración inferior a treinta días.

Asimismo, en cuanto a las formalidades del contrato de trabajo, se incorpora la exigencia de que cuando el empleador pretenda introducirle modificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del trabajador y con una anticipación a lo menos de tres días hábiles a la fecha prevista para su suscripción.

En materia de jomada de trabajo, se proponen innovaciones en lo relativo a los trabajadores del sector pesquero, de locomoción colectiva, de ferrocarriles y hoteles, restaurantes, fuentes de soda y ramos similares.

¿En qué consisten estas modificaciones?

Para los trabajadores pesqueros, se incorpora el derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias, "el que podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica".

"Durante la navegación, o si las faenas requieren que éstas se prolonguen por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave".

Para los trabajadores de la locomoción colectiva, se mantiene el horario de trabajo fijado en 192 horas mensuales, lo que también rige para el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles.

Se establece para garantizar el descanso de este personal que cuando "los choferes y auxiliares de la locomoción coletiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles, arriben a un terminal después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jomada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer de locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas".

Se agrega, también, una disposición respecto de los trabajadores que se desempeñan en la locomoción colectiva urbana. Se señala que las partes podrán acordar cumplir en tumos la jomada ordinaria semanal, los cuales no podrán exceder de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo. Se establece, asimismo, que los choferes de locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas.

El personal que se desempeña en hoteles, restaurantes, clubes deportivos, fuentes de soda y ramos similares, por el solo hecho de desempeñarse en estas faenas, tiene un horario mayor que el ordinario. En el artículo 26 del Código del Trabajo, se expresa que a este personal solamente se le garantiza que no podrá permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo. En el fondo, la jomada que se establece para este personal es de doce horas diarias.

La modificación propuesta, sujeta a dicho personal a la normativa general, que rige respecto de aquellos trabajadores que se desempeñan en actividades cuyo movimiento diario sea notoriamente escaso1 y deban mantenerse constantemente a disposición del público. Solamente en estos casos será posible que la jomada se extienda hasta doce horas diarias; pero si esta situación, que es de hecho, no se produce, los trabajadores que se desempeñan en hoteles y ramos similares estarán sujetos al horario normal de trabajo, es decir, a las cuarenta y ocho horas semanales.

Se establece una norma nueva en materia de jomada de trabajo respecto del personal que labora en establecimientos de comercio y de servicios. ¿En qué sentido? Normalmente, este personal trabaja en jomada continua, En consecuencia, dentro de la jomada ordinaria de trabajo pueden ser incluidos los domingos y festivos. Se dispone en la modificación que, necesariamente, uno de los descansos a que tenga derecho en el mes este personal tendrá que recaer en día domingo.

Esta modificación tiene un efecto colateral importante, que consiste en que, de hecho, este personal tendrá un día de descanso adicional al mes, por la sencilla razón de que, como la jomada de trabajo no se puede distribuir en más de seis días a la semana, para otorgar en las faenas de servicios y de comercio que se desempeñen por tumos los descansos que la legislación establece sin exceder en ninguna semana la duración distributiva en seis días, necesariamente, por efectos matemáticos, deberá concederse un día adicional que deberá caer en día domingo, con lo cual el efecto es que respecto de este personal se produce un aumento de los descansos semanales en un día al mes.

En cuanto a las remuneraciones de los trabajadores, las modificaciones son las siguientes: en primer lugar, se establece la remuneración mínima para todos los trabajadores sin distinción de edad. En consecuencia, se elimina la norma vigente que deja fuera del beneficio del ingreso mínimo a los trabajadores con más de 65 años de edad.

Para los trabajadores remunerados por día, hay modificaciones en el cálculo del pago del séptimo día, lo cual se conoce con el nombre de la "semana corrida".

¿En qué consisten esas modificaciones? En primer lugar, se dispone que el día de descanso a que el trabajador tiene derecho, es decir, el domingo y los festivos, tendrá derecho a percibir una remuneración que se calculará y será equivalente al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

¿Cuáles son las consecuencias de esta modificación? En primer lugar, el cálculo del séptimo día se hará sobre la base del promedio de lo devengado y no solamente sobre la base del sueldo diario, como se establece en la legislación vigente.

En segundo lugar, la determinación del monto efectivo de lo que corresponda percibir por séptimo día, según las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente el trabajador debió laborar, elimina la pérdida automática que hoy existe para este beneficio,

cuando el trabajador no se ha desempeñado durante todos los días de la semana.

En materia de gratificación, la reforma legal que en esta materia se propone, ratifica una jurisprudencia administrativa que ha sido invariable en relación con el cálculo de ese beneficio y con las pérdidas que ha experimentado la empresa durante los ejercicios anteriores. La jurisprudencia administrativa ha sostenido siempre que para el cálculo de la gratificación, el Servicio de Impuestos Internos sólo deberá contemplar los resultados del ejercicio, sin que puedan incidir en ellos las pérdidas que, desde el punto de vista contable, la empresa haya tenido en años anteriores. Sin embargo, esta jurisprudencia administrativa no ha sido siempre uniforme en relación a la jurisprudencia de los tribunales; de tal manera que se ha creído importante consignar legalmente la mecánica del cálculo, a fin de que no se presenten dudas sobre este particular.

En la misma materia también se establecen normas relacionadas con los privilegios a que tienen derecho los trabajadores respecto de sus remuneraciones e indemnizaciones.

En primer lugar, sabemos que las remuneraciones constituyen un crédito preferente y están contempladas como tales en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil. La modificación propone incorporar al mismo privilegio las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados. En segundo lugar, se alteran las normas vigentes en cuanto a la preferencia de que gozan los trabajadores por las indemnizaciones legales o convencionales. Actualmente, este privilegio tiene un límite de 15 ingresos mínimos por trabajador. La situación se modifica estableciendo una forma diferente de reparto, entre los trabajadores, de los beneficios a que tienen derecho en caso de quiebra o insolvencia del empleador. Lo que se propone es que para cada beneficiario el privilegio sea equivalente a 3 ingresos mínimos mensuales por cada año de servicios y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años. El saldo, si existiera, será considerado crédito valista.

En esta materia, es importante consignar la interpretación que se hace por vía legal de la situación de las prendas industriales en relación con los créditos privilegiados de la primera clase, materia en la cual se han suscitado dudas. Mediante el proyecto, se resuelve este problema por la vía legislativa, estableciéndose claramente que los créditos privilegiados de la primera clase, entre los cuales están los créditos laborales por remuneraciones y por indemnizaciones por años de servidos, preferirán a todo otro crédito privilegiado estableado por leyes especiales. De esta manera se resuelve un problema respecto de los cuales la jurisprudencia de los tribunales ha sido bastante vacilante; y, en algunas oportunidades, ha reconocido el privilegio de las prendas especiales por sobre los de la primera clase, y otras veces ha hecho lo contrario.

En cuanto a la institución del feriado, se incorporan varias modificaciones. Respecto del feriado progresivo, sabemos que la legislación vigente establece que un trabajador que se ha desempeñado durante diez años para un mismo empleador, tiene derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años que cumpla con el mismo. La modificación propone agregar la antigüedad servida para otros empleadores. En consecuencia, un trabajador puede tener derecho a un mayor feriado, en la medida en que tenga esta antigüedad de diez años, aun cuando sea para diferentes empleadores. Se establece, sin embargo, que cuando el trabajador cambie de empleador, este derecho tendrá un límite, que es el reconocimiento de diez años de antigüedad para los efectos del feriado progresivo, lo que en el lenguaje de la Comisión denominábamos "la mochila": cuando un trabajador con una determinada antigüedad en una empresa, se cambia de trabajo, puede arrastrar esa antigüedad para los efectos del feriado progresivo, pero en el límite de diez años. En consecuencia, el trabajador que tiene siete, ocho, nueve años de trabajos servidos para un empleador y se cambia de empleador, no necesita empezar de cero para enterar los diez años, sino que le basta trabajar el tiempo que le falte para enterar esos diez años. Así, entonces, se hace efectiva la progresividad establecida de un año por cada tres nuevos años de servicios.

Otra modificación importante en materia de feriado está vinculada con su cómputo. Sabemos que tiene una duración de quince días hábiles. Respecto de los trabajadores con una jornada semanal distribuida en cinco días, el día hábil que no trabajan, no se les imputa al cómputo de los quince días hábiles de feriado, lo que significa que tiene un feriado mayor que aquellos que trabajan en jomadas distribuidas en seis días a la semana. En el proyecto se propone equiparar la situación de todos los trabajadores, en el sentido de considerar no hábiles dos días de la semana para el cómputo del feriado, es decir, para calcularlo como si todos laboraran de lunes a viernes, aun cuando, de hecho, se desempeñen en día sábado. Se trata de igualar la situación de trabajadores con jomadas distribuidas de distinta manera para los efectos del feriado, de suerte que éste sea igual en uno o en otro caso;

También nos parece importante una disposición que aclara las normas relativas a determinar la remuneración durante el feriado. En la legislación vigente se distinguen dos situaciones: si el trabajador está remunerado con un ingreso fijo o si lo está con ingresos variables. En el primer caso, la remuneración del feriado se calcula sobre el ingreso fijo que percibe y en el segundo, sobre el promedio de los ingresos variables. Sin embargo, no se contempla la situación de aquellos trabajadores que indistintamente están remunerados con ingresos fijos, y además tienen un ingreso variable. Se aclara esta situación disponiendo que el trabajador tendrá derecho a percibir como remuneración íntegra el ingreso fijo y el promedio de los estipendios variables.

En materia de feriados, también se establece una norma en relación con la acumulación de éstos. Si bien es cierto que un feriado se puede acumular con otros, no existe hasta ahora una norma que obligue al empleador a otorgar los adeudados y puede llegarse al caso de que, como no es posible acumular más de dos feriados, si de hecho ocurre que un trabajador se ha desempeñado en más de dos períodos de trabajo y no ha hecho uso de sus feriados, pierde los que excedan de dos. Frente a esta situación, el proyecto establece como obligación del empleador que, cuando un trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá otorgar, en todo caso, al menos, el primero de los feriados, antes de completar el año que le da derecho a uno nuevo.

Según el proyecto, el nacimiento de un hijo tiene efectos importantes en materia laboral. En primer lugar, por este solo hecho el trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado. Este permiso remunerado por nacimiento de un hijo también se hace extensivo a otras situaciones que requieren la presencia del trabajador junto a sus familiares. Lo mismo ocurre respecto de la muerte de un hijo o del cónyuge. En cualquiera de estos casos, el trabajador tiene derecho a un día de permiso con remuneración.

El nacimiento de hijo también incorpora normas novedosas, productos de la evolución cultural que ha experimentado el tratamiento de los hijos, en el sentido de que son de la familia y no sólo de la madre. Por eso, por primera vez en nuestra legislación, se incorpora al padre en el disfrute de algunos beneficios de carácter previsional a que da derecho el nacimiento de un hijo. Así ocurre con el derecho posnatal de la madre. Este derecho que corresponde a la madre después del parto, puede invocarlo el padre si la madre muriere en él o como consecuencia directa de él. También se extiende al padre la posibilidad de hacer efectivo el permiso que la legislación establece en favor de la madre trabajadora, para el caso de enfermedad grave de un niño menor de un año que requiera de atención en el hogar. Este derecho corresponde actualmente a la madre y en el proyecto se propone que puedan gozar de él, indistintamente, la madre o el padre, a elección de la madre.

Los beneficios de la legislación vigente en relación con permisos y subsidios por nacimiento de hijo se hacen efectivos también al caso de adopción plena, derecho que se hace efectivo preferentemente a la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad de menos de un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena; o también al cónyuge a elección de la adoptante en las mismas condiciones señaladas precedentemente.

En materia de contratos especiales, se establecen normas referidas a los contratos de trabajadores de temporada, de oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional, de trabajadores portuarios y de trabajadores de casa particular, incorporándose diversas modificaciones a la legislación vigente.

En cuanto a los trabajadores de temporada o temporeros, la primera modificación se relaciona con la formalidad del contrato de trabajo.

En el caso de los trabajadores de temporada, se establecía el plazo de cinco días para que el empleador cumpliera con la obligación de escriturar el contrato de trabajo; ahora, además, el contrato deberá escriturarse en cuatro ejemplares. Enseguida, cuando la duración de las faenas sea superior a 28 días, los empleadores deberán remitir copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

También se establecen determinadas obligaciones que dicen relación con la seguridad de las faenas y con las condiciones de higiene en que se desempeñan los trabajadores de temporada.

Así, hay normas que se refieren a las obligaciones del empleador en materia de alojamiento; del lugar donde puedan preparar y consumir sus alimentos, y de movilización.

En materia de alojamiento, el proyecto señala que cuando por las características de las faenas de temporada, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y de seguridad acordes con las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trata.

En materia de facilidades para el consumo de sus alimentos, el empleador deberá, según el proyecto, proporcionar a los trabajadores las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En él caso de que, por la distancia o por las dificultades del transporte, no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá proporcionárselos.

En materia de movilización, el empleador deberá poner a disposición de los trabajadores los medios adecuados de movilización entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstos y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a tres kilómetros.

Respecto de los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves, las modificaciones principales dicen relación con dos puntos: uno, con respecto a la duración de la jomada de trabajo del personal embarcado. De acuerdo con la legislación

actual, la jomada de trabajo es de 56 horas.

En la reforma se propone el siguiente mecanismo: mantener la jomada de trabajo en 56 horas. Sin embargo, aquella parte que exceda de 48 horas semanales, será remunerada como trabajo extraordinario.

En otras palabras, el mecanismo que se propone es lo mismo que establecer una jomada de trabajo de 48 horas, con la obligación de desempeñarse en jomada extraordinaria hasta enterar 56 horas. Esto, al menos, para los efectos de la jornada de trabajo, si bien el cambio puede tener importancia también para otros efectos.

En el caso de los trabajadores portuarios, las modificaciones se refieren a los efectos de los convenios por provisión de puestos de trabajo. Se establece que el trabajador portuario es el que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves como en artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República y en los recintos portuarios.

Se precisa que las funciones y faenas a que se refiere esta disposición podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El convenio sobre provisión de puestos de trabajo podrá celebrarse entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquél o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. Se propone que los convenios de provisión de puestos de trabajo cubran períodos de tres meses, pudiendo ser uno o más períodos de tres meses; y que en los convenios se garantice a los trabajadores que los suscriben una cantidad de ofertas de trabajo que signifique la garantía de una remuneración equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte de él.

En materia de contratos especiales, el proyecto trata la situación de los trabajadores de casa particular. Las modificaciones que incorpora dicen relación con dos aspectos fundamentales: uno, relativo a la jornada de trabajo; y otro, a las remuneraciones.

En materia de jomada de trabajo, se establece que los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrán tener en ningún caso una jornada superior a doce horas diarias y, dentro de esta jomada, tendrán un descanso no inferior a una hora, imputable a ella. Cuando los trabajadores de casa particular vivan en casa del empleador, se señala que no estarán sujetos a horario; pero que éste será determinado por la naturaleza de la labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de doce horas diarias. Se señala que, entre el término de la jomada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de nueve horas.,

En cuanto a la remuneración, se incorpora también a los trabajadores de casa particular al régimen de ingreso mínimo, si bien su monto es especial.

Así, en el proyecto se distinguen las dos situaciones a que me refería precedentemente; vale decir, si los trabajadores viven en la casa del empleador o no. En el primer caso, el ingreso mínimo a que tienen derecho equivale a las dos terceras partes del ingreso mínimo general; y en el segundo caso, o sea, cuando los trabajadores no viven en la casa del empleador, tendrán derecho a un ingreso mínimo equivalente a los tres cuartos del ingreso mínimo general.

En materia de procedimiento judicial, el proyecto contiene importantes modificaciones. Voy a sintetizar los cambios más importantes.

En el procedimiento actual existen dos comparendos: uno de avenimiento, en que, si no se produce conciliación, el tribunal fija los puntos de prueba y otro de recepción de la prueba. En el proyecto, el procedimiento se concentra con el objeto de acelerar el curso de los procesos laborales, y se establece un sólo comparendo: de avenimiento y prueba.

En materia de notificaciones, en la actualidad, aquellas notificaciones que no deban ser practicadas personalmente o por cédulas son efectuadas por el estado diario, procedimiento que es poco confiable y que conspira contra la seguridad de las actuaciones judiciales para los efectos de las defensas que corresponda hacer a los abogados de las partes. Se propone un cambio, sustituyéndose la notificación por estado diario para la notificación por carta certificada.

En materia de costo de la justicia laboral, se establece la gratuidad de las notificaciones y demás actuaciones que corresponda realizar por un ministro de fe respecto de los trabajadores que tengan el carácter de demandantes y que estén fuera de su trabajo, disponiéndose que en los casos en que dicho trabajador siga prestando servicios para el empleador, también tendrá derecho a la gratuidad siempre que su remuneración no sea superior a cinco ingresos mínimos mensuales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo del informe.

Solicito el acuerdo de la Sala para que el señor Diputado sintetice sus ideas.

Acordado.

El señor GAJARDO.-

Gracias, señor Presidente, en verdad, ya estaba por terminar.

Dentro de lo procesal, la norma vinculada con las tercerías es importante. Establece que el procedimiento no podrá ser paralizado por la interposición de tercerías de dominio o posesión que digan relación con los bienes que forman parte de la empresa o del establecimiento en que prestó servicios el trabajador demandante. En estos casos, una tercería de dominio o de posesión de ninguna manera suspenderá el procedimiento de apremio.

Finalmente, en materia de procedimiento se establece la obligatoriedad para las cortes de apelaciones de escuchar alegatos en las cansas laborales, y se limita la posibilidad de prueba en segunda instancia sólo a la documental.

Termino señalando que el proyecto fue aprobado unánimamente por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y que hay tres artículos que requieren quorum calificado porque dicen relación con materias de seguridad social.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, este proyecto sobre contrato individual de trabajo y procedimiento laboral es el cuarto que el Presidente de la República envía al Congreso Nacional en materia laboral. Con él se pone término al proceso iniciado por el actual gobierno sobre modificaciones profundas a la legislación del trabajo, que culminará con la promulgación del nuevo Código del Trabajo democrático durante el transcurso del nuevo año que se inicia.

Los anteriores proyectos, ya despachados por el Congreso y convertidos en leyes vigentes, se referían a nuevas normas sobre centrales sindicales, ley NQ 19.049; terminación de contrato de trabajo, ley N° 19.010, y organizaciones sindicales y negociación colectiva, ley N° 19.069.

Los dos últimos proyectos, que se refieren, a aspectos medulares del derecho

individual del trabajo, como la terminación del contrato, y de las instituciones del derecho colectivo: las organizaciones sindicales, la negociación colectiva y la huelga, iniciaron su trámite parlamentario, por decisión del Presidente de la República, en el Senado. Dicha decisión, que entonces respeté, pero no compartí, tuvo como evidente fundamento el propósito del Gobierno de alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la más expedita y rápida aprobación de los proyectos. En efecto, teniendo el gobierno mayoría sólo en una de las Cámaras, era necesario finalmente llegar a un acuerdo con las bancadas de Oposición, para garantizar no sólo su aprobación, sino su tramitación misma. Existía el precedente negativo de lo sucedido con el primer proyecto laboral sobre centrales sindicales, enviado por el Gobierno a esta Cámara que lo aprobó sin ninguna consideración al hecho de que debía, además, ser aprobado por el Senado. El proyecto aprobado por esta Corporación, mucho más ambicioso que el del Ejecutivo, fue incapaz de suscitar el más mínimo, consenso con las bancadas opositoras, y luego fue literalmente desmantelado por la mayoría del Senado, lográndose como resultado un texto que no podía ser aceptado ahora ni por el Gobierno ni por las bancadas de la Concertación.

En definitiva, la cuestión hubo de resolverse en la Comisión Mixta, de la cual resultó un proyecto que, desde nuestro punto de vista, fue muy inferior al que, incluso, pudo obtenerse de haber mediado un acuerdo político entre los Diputados de esta Corporación.

Ante dicho precedente era previsible que el Ejecutivo optara por enviar al Senado dos de sus más fundamentales proyectos laborales. Aunque no era el propósito del Gobierno, ello significó, en la práctica, una verdadera interdicción de nuestra Corporación que es, por esencia, la Cámara política del Parlamento, puesto que, ante los acuerdos políticos sustantivos alcanzados en el Senado, quedó casi reducida al papel de revisora técnica en dos proyectos fundamentales para la vida y actividad de millones de chilenos.

Esta vez, el Ejecutivo inició el trámite parlamentario de este fundamental proyecto a través de la Cámara, y en virtud de los precedentes señalados, y en la conciencia de que importaba un desafío de envergadura para esta Corporación, el hecho de alcanzar el acuerdo que permitiese su definitiva aprobación, los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social nos abocamos a una labor muy profunda que se extendió por cerca de 6 meses de sesiones.

Después de escuchar a numerosas organizaciones sindicales y gremiales de empleadores, así como a especialistas en los diversos temas contenidos en el proyecto, hemos alcanzado un trascendental acuerdo, el que, a mi juicio, no sólo refleja los altos niveles de consenso alcanzados en todas las bancadas, sino que, con toda seguridad, mejora en muchos aspectos, tanto formales como sustantivos, la proposición del Ejecutivo. Este acuerdo, a diferencia de lo sucedido con los proyectos anteriores, permitirá radicar en esta Cámara la discusión sobre un tema de mucha importancia para trabajadores y empresarios, tal como es el relativo a las normas sobre contratación individual, las que, a diferencia de las normas sobre derecho colectivo, afectan inevitablemente a todos los trabajadores de Chile.

Ello no habría sucedido si es que no nos hubiésemos esforzado en alcanzar este acuerdo. Si la mayoría que la Concertación tiene en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y, desde luego, en esta Cámara, se hubiese limitado a actuar como tal e imponer su visión acerca de este proyecto, una vez más, en definitiva, la verdadera negociación política se habría producido fuera de esta Corporación, afectando tanto su condición de

Cámara política como su prestigio. Habría significado, además, una lamentable pérdida de tiempo, y habría afectado la urgente necesidad que tienen los trabajadores de que se legisle sobre los diversos temas contenidos en esta iniciativa. Estoy convencido de que éste es un buen acuerdo para los trabajadores de Chile. Incluso más, por primera vez, y a diferencia de lo sucedido con los anteriores proyectos en materia laboral, el acuerdo político ha significado una mejoría del proyecto original enviado por el Gobierno.

Tal como se desprende de la amplia relación del señor Diputado informante, la iniciativa que en primer informe se propone a esta Sala no sólo incluye la mayor parte de los contenidos del proyecto original del Ejecutivo, sino que agrega nuevos temas, todos de gran relevancia para los trabajadores.

El acuerdo acoge íntegramente los aspectos fundamentales del proyecto del Gobierno. Así se han acogido en su totalidad las siguientes materias:

1)Limitaciones a la jomada de trabajo, estableciéndose que ninguna categoría de trabajadores, per se, tendrá jomadas extraordinarias, tal como sucede en la actualidad respecto del personal de hoteles, restaurantes y clubes.

2)Jornada de trabajo y descanso de trabajadores de buses urbanos e interurbanos y de Ferrocarriles.

3)Descanso obligatorio para trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras.

4)Descanso dominical de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos de comercio y de atención directa al público.

5)Ingreso mínimo para trabajadores mayores de 65 años.

6)Base de cálculo para el pago de la semana corrida, considerándose no sólo el sueldo base, sino la totalidad de las remuneraciones del trabajador.

7)Garantía del uso efectivo de las vacaciones de los trabajadores.

8)condiciones mínimas de trabajo para los trabajadores agrícolas y forestales de temporada.

9)Descanso y horas extraordinarias de los trabajadores embarcados o gente de mar.

10)Condiciones de contratación para los trabajadores portuarios eventuales. Esta materia recoge los acuerdos alcanzados y firmados por los trabajadores, sus empleadores y el Ejecutivo.

11)Jomada diaria y de descansos para los trabajadores de casa particular.

12)Sanciones a los empleadores que utilicen fraudulentamente los subcontratos para eludir el cumplimiento de las obligaciones que tienen con sus trabajadores.

13)Derecho de asociación para los pensionados y montepiados.

Asimismo, el acuerdo acoge, con algunas variaciones que no afectan la esencia del proyecto, lo relativo a las modificaciones al contrato de trabajo, la garantía y preferencia de los créditos de los trabajadores en caso de quiebra o insolvencia del empleador y el derecho a feriado progresivo en relación con los años de servicio prestados, no sólo para el actual empleador, sino también para otros empleadores anteriores.

¿Cuáles son los únicos aspectos del proyecto del Ejecutivo que no recoge el acuerdo? Sólo dos: el relativo al contrato a domicilio y el del pacto de horas extraordinarias.

La propuesta del Gobierno, respecto del contrato a domicilio, innovaba en el sentido de exigir, para dar lugar a la existencia de este contrato, los mismos requisitos que para el resto de los contratos. Y en materia de pacto de horas extraordinarias, prohibía el acuerdo en el momento mismo de la celebración del contrato.

Si bien no se nos escapa la importancia de ambos temas, no es menos cierto que las propuestas del Ejecutivo no pasaban de ser innovaciones formales, ambas de muy difícil fiscalización o de fácil evasión, razón por la cual estimamos que se trata sólo de pérdidas de efecto práctico muy relativo. Pero, a cambio de ello, el acuerdo incorpora muy importantes materias que no estaban incluidas en el proyecto, que sí tienen un tremendo efecto inmediato sobre la gran masa de trabajadores de Chile, y a las cuales quiero referirme muy brevemente.

En primer lugar, se crea para todos los trabajadores un nuevo derecho de vital importancia: un permiso de un día pagado por el empleador, no imputable a vacaciones, cada vez que le nazca un hijo o que fallezca su cónyuge o uno de sus hijos.

En segundo lugar, se eliminan las discriminaciones que afectan a los trabajadores remunerados por días, en virtud de las cuales, por una parte, significaba la pérdida de su derecho al séptimo día por causa de atrasos de más de dos horas semanales, y, por otra, tenían una base de cálculo inferior de la hora extraordinaria, puesto que no se incluía para tales efectos lo ganado en la semana por efectos de la semana corrida.

Luego se establece que todos los trabajadores de Chile tendrán tres semanas completas de vacaciones. En la actualidad, los que trabajan de lunes a sábado sólo tienen dos semanas y media, lo que constituye una injusticia y discriminación en contra de quienes precisamente por contar con una jomada de trabajo más extensa, necesitan de un adecuado descanso.

Finalmente, se establece que, para los efectos del pago de gratificaciones anuales, los empresarios no podrán descontar de sus utilidades del año las pérdidas que puedan haberse producido en ejercicios anteriores, como sucede en la actualidad, lo que constituye una injusticia que afecta la esencia misma del concepto de participación en las utilidades, que existe aparte de la institución de la gratificación legal.

En suma, el acuerdo adoptado, junto con realzar el papel de esta Cámara y contribuir a su prestigio no sólo ha recogido y aprobado lo más fundamental del proyecto del Ejecutivo, sino que lo ha mejorado muy sustantivamente, hecho inédito en relación con las anteriores negociaciones políticas sobre proyectos laborales, realizadas en el Senado.

Pero, además, quisiera decir lo siguiente. En la suscripción del acuerdo se dejó expresa constancia de que aquellas materias no consultadas en el proyecto serían objeto de discusión y eventual votación en la Comisión, lo que, a la fecha del mismo, suponía incertidumbre sobre la suerte que correrían las restantes proposiciones del proyecto del Gobierno. Hoy podemos decir que, adicionalmente, ha sido aprobado, en casi todas sus partes, a través de una sostenida unanimidad, el resto del proyecto. De este modo se incorporan, como resultado del trabajo de la Comisión, importantes materias, tales como el permiso postnatal del padre por muerte de la madre; la posibilidad de uso alternativo de la licencia, en caso de enfermedad de un hijo menor de un año, y la fijación de una remuneración mínima en dinero para las trabajadoras de casa particular.

Tengo plena conciencia de que los parlamentarios de la Concertación, y especialmente los que tenemos la calidad de ex dirigentes sindicales, hemos sido criticados por los actuales dirigentes de las organizaciones sindicales más representativas.

En el fondo, se nos critica por no haber usado nuestra mayoría para imponer el proyecto de esas organizaciones sindicales. Ello, aparte de su nula eficacia práctica, y por lo tanto perjudicial para los trabajadores, supone un desconocimiento grave de las funciones y obligaciones de los parlamentarios de la República.

Como ex dirigente y ex presidente de la organización sindical más grande de trabajadores de Chile, respeto profundamente a los compañeros que hoy dirigen este movimiento y no intentaría jamás inmiscuirme en su propia esfera de acción, ni mucho menos señalarles el modo cómo deben cumplir con sus obligaciones. De la misma manera, exijo el mayor respeto por esta Corporación y por las obligaciones y deberes de los parlamentarios, particularmente del que habla.

En definitiva, convencido de que se ha alcanzado un buen acuerdo político, que no sólo prestigia a esta Cámara sino que redundará próximamente en la aprobación de una ley que otorgará importantes derechos y beneficios a la mayoría de los trabajadores de Chile, nuestra bancada, cumpliendo el acuerdo político alcanzado, lo votará afirmativamente, y convoco a los restantes parlamentarios de las bancadas de la Concertación y de la Oposición a hacer otro tanto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, no me voy a extender demasiado. Hago propio lo que ha dicho el Diputado Gajardo al relatar el informe de la Comisión y, a la vez, lo que ha manifestado el Diputado Rodolfo Seguel.

Debo puntualizar que en este proyecto hemos trabajado con mucha responsabilidad, tomando en consideración los verdaderos intereses de los trabajadores, a quienes, en un momento determinado, me correspondió representar. La responsabilidad y la voluntad que demostró esta Comisión nos permitieron obtener cuantitativos avances en sus derechos y en sus conquistas y una ampliación de los mismos.

Sin embargo, también debo puntualizar ante esta Honorable Cámara y el movimiento sindical chileno que nosotros, los parlamentarios, especialmente el que habla, jamás permitiremos una presión indebida, venga de donde viniere. Mi responsabilidad y actuación no pueden ser puestas en duda por nadie. Siempre que los trabajadores me encomendaron una misión, la supe cumplir. Ni esta Cámara ni ningún parlamentario pueden permitir una presión que vaya más allá de lo que sea debidamente razonable.

Este proyecto de ley, junto con otros presentados por el Ejecutivo a la consideración del Honorable Congreso Nacional, constituye un esfuerzo del Gobierno, del que formamos parte, por crear una nueva institucionalidad laboral que modifique y perfeccione la existente y que haga realidad los objetivos de proveer relaciones laborales más justas, más modernas, coherentes con los esfuerzos del crecimiento económico y del desarrollo sostenido en que todos hoy estamos empeñados.

Este proyecto pretende contribuir a modernizar y a conferir mayor legitimidad a nuestras instituciones laborales y, sin duda, tendrá incidencia en el propósito de avanzar en la modernización y en el desarrollo del país en condiciones de mayor justicia y de equidad, sobre todo para los trabajadores.

Pero no debemos olvidar que todas las modificaciones que en materia laboral ha presentado el Gobierno obedecen a la necesidad imperiosa de corregir lo obrado por el régimen anterior en este campo, ya que durante él los trabajadores chilenos perdieron muchas conquistas que les habían costado años alcanzar y que marcan, sin duda, etapas fundamentales en la historia del movimiento sindical chileno.

Son muchos los derechos laborales que los trabajadores perdieron durante los últimos 17 años. Por ejemplo, vieron limitado el derecho a huelga, a sindicalizarse y se les acortaron las vacaciones. Además, no tenían el derecho de petición,

pues cuando los trabajadores exigían el cumplimiento de sus derechos o el mejoramiento de su situación, la respuesta no era precisamente el diálogo, sino la persecución de los dirigentes sindicales y, muchas veces, la relegación, con un objetivo muy claro: minimizar y atomizar el movimiento sindical.

Consciente de tal situación, la Concertación, en su programa de gobierno, estableció las reformas laborales necesarias para hacer justicia a los trabajadores y eliminar las normas que había creado el Gobierno anterior, el cual había confeccionado un traje a la medida de los empresarios que hoy, en democracia, definitivamente no nos sirve.

En este marco, hemos analizado este proyecto de ley presentado a esta Honorable Cámara, y después de numerosos contactos con los trabajadores y empresarios, logramos avanzar en acuerdos básicos sumamente importantes. Y tanto es así, que tenemos el deber de decirlo: no satisfacen en su totalidad el anhelo de los trabajadores, lo que quiero dejar claramente establecido en esta Cámara.

Pero debemos decir también que hay disposición y que seguiremos avanzando, porque quiero recalcar, qué esto no puede ser lo definitivo. En la medida en que el país avance en democracia, en crecimiento y en desarrollo, tendremos que ir perfeccionando una legislación laboral que esté acorde con ello.

Con este proyecto hemos avanzado, pero no dejaremos de lado nuestro compromiso de seguir luchando por hacer realidad aspiraciones que todavía no han sido satisfechas como hubiésemos querido.

Los socialistas no creemos en la política del "chorreo", de la cual son partidarios algunos sectores, porque es altamente injusta para los trabajadores, quienes con su esfuerzo contribuyen al desarrollo del país y a la eficiencia alcanzada en las empresas. Se requiere de una redistribución adecuada para lograr la justicia social que tanto anhelan los trabajadores como también aquellos sectores de más bajos ingresos.

De no lograrse lo anterior, seguiría imperando la filosofía del Plan Laboral, esto es, continuarían existiendo trabajadores de primera, segunda y tercera categorías, toda vez que a eso nos conduce la ley de la oferta y la demanda en materia laboral.

Por lo tanto, se hace necesaria la existencia de convenios colectivos en igualdad de condiciones; capacitación para los trabajadores, romper con el esquema rígido de las empresas que sólo miran al trabajador como ente productivo y no como persona. Si se habla de la modernización de las empresas para hacerlas más competitivas, se requiere de una participación real y efectiva de los trabajadores.

En materia de jurisdicción laboral, resulta obvia la necesidad de crear nuevos juzgados del trabajo para atender la mayor población laboral. Pero, además de ello, se requerirá de una modificación interna de los juzgados, readecuando las funciones que cumple el personal actual para su mejor aprovechamiento.

Junto con lo anterior, y para evitar frecuentes incidentes de competencia que dilatan los juicios, debería otorgársele competencia a los juzgados laborales para que conozcan de todas las causas previsionales, cualquiera sea su época, naturaleza u origen, y que fueren promovidas por o contra trabajadores, funcionarios, empleados o entidades previsionales. Al mismo tiempo, y ante la inexistencia en nuestro país de tribunales contencioso-administrativos, estimo que debe darse competencia, en términos amplios, a los jueces laborales para conocer de las reclamaciones de resoluciones de la autoridad administrativa que incidan en materias laborales y previsionales.

También se requieren cambios en las notificaciones, para evitar dilataciones innecesarias, y en lo que respecta al procedimiento propiamente tal, se deben adecuar los actos jurisdiccionales en cuanto a la presentación de la demanda, la lista de testigos, la confesión judicial, la creación de una audiencia única de avenimiento y prueba, como también el plazo para dictar sentencia.

Finalmente, comparto la posición de crear salas laborales en las principales Cortes de Apelaciones del país, además de la creación de una sala laboral en la Corte Suprema. Pero, simultáneamente, se debería crear un recurso, como el de casación en asuntos laborales.

Estas y otras medidas deberían ser adoptadas en lo relativo a la jurisdicción laboral, por lo que se requiere continuar su estudio.

Otro aspecto importante de considerar es el referente a la Dirección del Trabajo. Es necesario impulsar la labor preventiva, fiscalizadora y mediadora de la Dirección del Trabajo, que puede y debe sancionar muchos conflictos en la etapa prejudicial, llegando a los tribunales del actual recargo de trabajo.

Considerando lo señalado y si entendemos que en cualquier sistema económico los trabajadores son siempre los que hacen el mayor esfuerzo y la mayor contribución a la economía y desarrollo social del país, debemos estar de acuerdo en que es necesario dignificarlos como actores sociales de primer orden, más aún si no olvidamos la gran contribución del movimiento sindical para la recuperación de la democracia que hoy todo el pueblo reconstruye.

Insisto en que quedan temas pendientes por resolver, pues esta legislación aún es insuficiente. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el sector marítimo portuario, cuyos trabajadores, confiados en la buena fe de los empresarios, firmaron un acuerdo marco, pensando que éste sería respetado en su integridad. Sin embargo, en gran parte ese convenio hoy se ha vuelto en contra de ellos, pues la sensibilidad social de algunos sectores empresariales no existe cuando se trata de lograr algunas ventajas. Por suerte, también podemos destacar que hay un gran conglomerado de empresarios con mentalidad moderna, quienes ven al trabajador como un leal colaborador que forma parte de su empresa. Por eso, no llevan las relaciones al enfrentamiento, a la confrontación. Estiman que su personal está inserto en la empresa y lo consideran como parte de ella.

Las reformas laborales no desestabilizan la economía, como pretenden hacer creer algunos sectores, lo que ha quedado demostrado durante este Gobierno.

Hoy acudimos a apoyar las reformas laborales planteadas, pero las complementaremos con indicaciones que permitan mejorar aún más lo acordado. Llamamos a los parlamentarios de la Oposición a seguir legislando en esta materia, no mirando el interés económico de un sector, ya bastante favorecido, como es el de, los empresarios, sino haciendo justicia a los trabajadores, pues ya bastante han esperado para que sus derechos sean realmente reconocidos y respetados. Esperamos que así sea.

Destaco nuevamente el esfuerzo de todos los sectores de parlamentarios que integramos la Comisión de Trabajo. Seguramente, habrá quienes nos critiquen, porque las expresiones del ser humano son infinitas, y yo los entiendo, pero recalco que los parlamentarios no podemos estar sujetos a ningún tipo de presión. Cuando nosotros, y especialmente el Diputado que habla, deba dar la cara ante los trabajadores, la voy a dar, y si tengo que explicar mi voto, también lo haré.

Por eso, respetando el acuerdo, anuncio que votaré favorablemente este proyecto.

Aplausos en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que deben abstenerse de hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, Honorable Cámara antes de analizar las ideas fundamentales que contiene este proyecto de ley, me gustaría hacer algunos alcances previos.

Desde ya, señalar que estamos en presencia de la tercera gran modificación de nuestra legislación laboral.

La primera se refirió a las normas relativas a la terminación del contrato de trabajo. La segunda, a la negociación colectiva y organizaciones sindicales, y la tercera, que ahora se somete a la consideración de esta Sala, a modificaciones del contrato individual de trabajo y a los contratos especiales.

Nuestro partido no ha tenido prejuicios para abordar todo este conjunto de ' modificaciones. Desde un punto de vista general nuestro compromiso es hacer compatible toda modificación con la nueva realidad que está viviendo nuestro país y el mundo; o sea, desde el punto de vista económico, que tales normas sean compatibles con la economía social de mercado. Adicionalmente, al abordar cada una de ellas, también hemos procurado tener presente que ellas tienen una incidencia directa sobre el empleo, la cesantía, los que buscan trabajo por primera vez y los terceros en una relación laboral, esto es, los consumidores. En tal sentido, hemos apoyado dos de estas tres grandes modificaciones y rechazado, por las razones anteriores, todo el enfoque que se le dio a la huelga indefinida y a la negociación más allá de la empresa.

En segundo término, quiero hacer otra reflexión. Del trabajo que hemos compartido en el seno de la Comisión durante estos casi dos años y después de haber

escuchado prácticamente a todas las organizaciones sociales de distintos estamentos, se concluye que muchas peticiones, más que modificaciones legales, necesitan simplemente de mayor fiscalización. En las relaciones laborales, la legislación está estrechamente vinculada a la fiscalización y muchas veces ocurre que por falta de ella se solicitan modificaciones legales que son innecesarias. Podríamos tener, quizás, la legislación más perfecta o más protectora, pero si falta fiscalización, pasa a ser letra muerta.

En definitiva, en un esquema como el que estamos viviendo se requiere más flexibilidad en las relaciones laborales; pero ésta necesariamente debe ir acompañada de una mayor fiscalización, para así proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y fomentar la iniciativa privada.

Finalmente, en el orden de las reflexiones, me gustaría destacar el trabajo realizado al interior de la Comisión, con una participación muy directa del señor Ministro y de sus asesores. Durante estos seis meses, se ha efectuado un trabajo a conciencia, en términos profesionales y en forma silenciosa; pero, por sobre todas las cosas, hemos procurado velar por el bien común más que por un sector determinado.

En esta tarea, todas las bancadas, sin excepción, han hecho aportes valiosos, muchas veces dispuestas a asumir cualquier costo político, porque sinceramente creemos que es lo mejor para el país. Nunca debemos olvidar que al asumir este cargo los hicimos como parlamentarios y no como voceros de un sector determinado. Al hacerlo en esta calidad, se presume que asumimos una posición de liderazgo que nos capacita para demostrar a los distintos sectores, especialmente a quienes más nos pueden criticar, las razones del porqué se adoptan determinadas decisiones. En ocasiones, en una primera etapa, a los sectores que no ven

satisfechas íntegramente sus aspiraciones les cuesta comprender por qué se actuó en un sentido determinado. Sin embargo, con posterioridad logran asimilar muchas de ellas. Por otra parte, es necesario tener presente que una legislación laboral no es algo inmutable en el tiempo. Ella puede y debe ir variando según las circunstancias. En nuestro país, toda la legislación debe concentrarse en cómo fomentar el empleo, la inversión y el crecimiento; es decir, cómo superar el subdesarrollo a la brevedad posible. Al ir cumpliendo estas etapas, lógicamente nuestra legislación laboral puede evolucionar, y cuando seamos un país desarrollado será válida la comparación que muchas veces se hace con las legislaciones laborales de otros países. Hoy día no es posible hacerlo.

Entrando en el contenido del proyecto, lo que hace esta modificación en términos generales es regular con mayor rigurosidad ciertas realidades laborales que han adquirido un auge importante que antes no tenían. En segundo término, elimina ciertas discriminaciones que afectaban sobre todo a la mujer. En tercer término, perfecciona ciertas disposiciones del contrato individual de trabajo y los contratos especiales. Resultaría muy largo referirse a cada una de ellas, por lo cual sólo abordaré las que considero más importantes.

La primera se refiere a las formalidades del contrato. En la actualidad, el contrato de trabajo es consensual y se establece la obligación de escriturarlo dentro de los quince días. Sin embargo, como muchas veces existen trabajos que duran menos de treinta días, se impone la obligación de escriturarlo dentro de los primeros cinco días, ya sea que se trate de faenas transitorias o de trabajos realizados por obra y faena. Es decir, aun cuando un trabajo dure menos de cinco días, deberá escriturarse, lo cual da seguridad al trabajador y al empleador. Una de las pocas actividades que por estar sujeta a una fiscalización superior inmediata quedaba excluida de la limitación de jomada, es la de los trabajadores pesqueros, Por medio de esta modificación se consagra para ellos el derecho al descanso mínimo de ocho horas, el que podrán cumplirlo a bordo o en tierra, cuando se trate de naves que recalen en forma periódica.

Se modifica el artículo 26, que consagra la jomada especial para las labores discontinuas o intermitentes. Esta enmienda beneficia en especial a los trabajadores de hoteles y restaurantes. De acuerdo con las actuales disposiciones, por definición siempre se sostuvo que estas labores eran discontinuas e intermitentes y, por lo tanto, estaban sujetas a la jomada especial de doce horas, sin excepción. Sin embargo, cualquiera puede advertir que, en muchos establecimientos, el trabajo que ellos realizan es totalmente continuo. Por tal razón, en esta disposición se eliminan todas las excepciones y a los trabajadores se les aplica la norma general de este artículo, por medio del cual sólo existirá una jomada especial de doce horas tratándose de labores efectivamente discontinuas, intermitentes o cuando el movimiento sea notoriamente escaso, sin ningún tipo de excepción.

La siguiente modificación se refiere a los trabajadores del comercio que deben laborar los días domingo. De acuerdo con las actuales disposiciones, a estos trabajadores se les debe compensar el domingo por otro día de la semana. Sin embargo, dado el interés de proteger la vida familiar, consideramos positivo que al menos uno de esos días compensatorios al mes fuera domingo. Estamos conscientes de que esta norma significará un costo adicional para el empleador cuyos trabajadores tengan jomada de seis días en una semana, porque representa un día más al mes. No obstante esta limitación, creemos que la norma es de toda justicia.

Sin duda, uno de los cambios más importantes del proyecto de ley se refiere a las modificaciones a la legislación sobre la semana corrida, porque, en definitiva, es un reconocimiento a la responsabilidad del trabajador chileno. En el fondo, se está asimilando la situación de los trabajadores contratados por mes a la de los contratados por día.

En la actualidad, al trabajador que tiene atrasos por más de dos horas se le aplica como sanción la pérdida del séptimo día, en circunstancia de que un trabajador contratado por mes sólo pierde las dos horas. Con esta modificación, la situación del primero se asimila a la del contratado por mes; es decir, con esta proposición no perderá el séptimo día. Esta modificación pretende incentivar la responsabilidad del trabajador y eliminar al que se atrasa constantemente. En adelante, si un trabajador falta en forma permanente a sus responsabilidades ya no perderá el séptimo día, sino el trabajo.

En la actualidad, cuando la remuneración de un trabajador está compuesta por una parte fija y otra variable, para los efectos del cálculo del séptimo día sólo se considera la remuneración base. Con esta modificación se toman en cuenta ambas, es decir, la remuneración base y la variable. En la práctica, se pagará lo que se devengó en el respectivo período de pago.

La gratificación es la participación del trabajador en los resultados de la empresa. Ahora, tal como está concebida, en un porcentaje no insignificante, se confunde con la remuneración. En un comienzo, en el proyecto se trató de diferenciar claramente la remuneración de la gratificación. Sin embargo, después de analizar largamente esta situación en el seno de la Comisión, se llegó a la conclusión de que, en una primera etapa, podrían producirse graves perjuicios en la renta de los trabajadores y, por lo tanto, se decidió no innovar respecto de los actuales criterios.

Sin perjuicio de lo anterior, se hizo una corrección importante sobre algo que se había prestado para diversas interpretaciones en los tribunales de justicia, en el sentido de si las gratificaciones deben o no estimarse pérdidas de arrastre. La Comisión juzgó que este tema había que resolverlo por la vía legislativa, y que para el cálculo de las gratificaciones no deben considerarse las pérdidas de arrastre. Esto, sin duda, creará muchos más incentivos y un compromiso del trabajador con su empresa, y evitará que se produzcan algunos resquicios para evitar su pago.

En materia de prelación de créditos:

Se incorporan, además de las remuneraciones, las compensaciones por feriados o descansos no otorgados. Se hace una distribución más justa del privilegio, manteniendo sus topes. En la actualidad, tal como está concebida la norma, en caso de quiebra se beneficia en mayor medida a quienes tienen remuneraciones más altas y, eventualmente, menos tiempo en la empresa. Mediante esta modificación se beneficiará en mayor medida a quienes tienen sueldos más bajos y llevan más tiempo en la empresa, criterio que nos parece de toda justicia.

También se incorporó una modificación muy importante. Actualmente la Ley de Prenda Industrial, que data de la década de los treinta, prescribe que la prenda industrial prefiere a cualquier otro privilegio. En materia de jurisprudencia, varios fallos precisaron que los acreedores prendarios se pagaban antes que el Fisco e, incluso, que los trabajadores. Por medio de esta enmienda, se zanja la duda interpretativa y se consagra que en caso de quiebra los trabajadores se pagan antes que cualquier otro acreedor, con lo cual se evitan algunos casos, como ha ocurrido hasta ahora, en que al momento de liquidarse los bienes del fallido, las instituciones acreedoras se pagan antes que el trabajador.

Se consagra el derecho de un día, con cargo al empleador, en caso de nacimiento o muerte de un hijo del cónyuge. En la actualidad ese derecho no existe, y el proyecto proponía que fueran tres días sólo en el caso de nacimiento, con cargo a las vacaciones del trabajador. La Comisión consideró de toda justicia plantearlo en los términos acordados.

En cuanto a los feriados, el proyecto consideraba el sistema de vacaciones progresivas independientemente de que el trabajador se cambiara de trabajo. El actual Código sólo consagra el sistema de vacaciones progresivas cuando existe continuidad en el empleo. Considerando que la posición del Ejecutivo podía traer efectos negativos sobre los trabajadores de mayor edad y que las actuales disposiciones del Código no consideraban la alta rotación que se produce en los primeros años de trabajo, la Comisión acordó una solución intermedia. Esta consiste en reconocer la continuidad del trabajador, para los efectos del feriado adicional, en los diez primeros años de trabajo, independientemente de que se cambie de empleador.

Esta continuidad se pierde a partir del décimo año en caso de que trabajador se cambie de empleo. Con la modificación, si un trabajador con más de diez años de trabajo se cambia de empleador, vuelve siempre a diez y no a cero, como lo dispone el actual Código. Esto también es satisfactorio en términos de empleo, por cuanto al postular a un trabajo ningún trabajador lo hará con vacaciones a su haber. De existir esta situación, el propio trabajador se vería seriamente perjudicado, porque en nuestro país aún no existe el pleno empleo y, obviamente, el empleador preferirá a aquel que no le represente ningún costo adicional, sobre todo cuando se trata de obra de mano no calificada.

En cuanto a los trabajadores agrícolas de temporadas, se consagró un párrafo especial. Se consideró un tratamiento específico sobre esta materia, por tratarse de una actividad que ha alcanzado gran desarrollo en nuestro país en un período reciente, en especial la fruticultura y el área forestal.

Dicho criterio consiste en incorporar ciertas disposiciones que otorguen mayor protección al trabajador y que permitan mayor fiscalización, sin entorpecer el desarrollo del sector. Como normalmente estas actividades se realizan en lugares apartados, se consagra la obligación de transporte a partir de una distancia mínima, para el trabajador que lo requiera; de otorgar alojamiento y alimento cuando no tenga donde pernoctar a raíz de las características de las faenas y, finalmente, de proporcionar condiciones higiénicas y adecuadas que le permitan al trabajador mantener, preparar y consumir los alimentos.

Para los efectos de una mejor fiscalización, los contratos superiores a 28 días deberán otorgarse en cuatro ejemplares, uno de los cuales deberá ser remitido a la Inspección del Trabajo. Respecto de esta última obligación, quedó claro en la Comisión que no se solucionaba el problema de informalidad, la que básicamente se genera por el problema previsional. En definitiva, el trabajador no tiene ningún incentivo para exigirlo; por el contrario, solicita que no se le haga contrato de trabajo.

En las conversaciones con el señor Ministro, el Ejecutivo se comprometió a estudiar esta materia y hará lo posible por enviar un proyecto de ley que considere lá situación especial de los trabajadores de temporada en materia previsional. Sin duda, una disposición de esta naturaleza, unida al esfuerzo por buscar una solución a los jardines infantiles para los hijos de la madre trabajadora, incrementará la formalización de los contratos y la integración de la madre trabajadora a las faenas de temporada, como una forma de incrementar los ingresos de los sectores más modestos.

Respecto de los trabajadores portuarios, básicamente la Comisión acogió un importante acuerdo suscrito entre el Gobierno, las principales organizaciones empresariales del sector portuario exportador y las organizaciones más representativas de los trabajadores.

Estas disposiciones recogen en forma casi textual los acuerdos logrados. En ellas se define claramente la forma en que un trabajador portuario puede prestar sus servicios, que se diferencia de la actual. En el proyecto, a diferencia de lo que ocurre con las actuales disposiciones del Código, los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo pasan a tener mucho mayor estabilidad, pues incluso podría ser indefinido. En cuanto a remuneraciones, se establece un mínimo asegurado equivalente a un ingreso mínimo de un mes, en el trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que forman parte del convenio, es decir, se le garantiza un ingreso mínimo trimestral, aun cuando no trabaje ningún tumo en el período.

Esta modificación apunta a eliminar la casi total eventualidad que existe en el sector, pero mantiene la flexibilidad que también exige la actividad portuaria.

La naturaleza propia de las actividades portuaria y económica del país hace imposible pensar en una dotación cerrada para los puertos. Las labores propias y permanentes de ellos deben quedar establecidas mediante el mecanismo de los trabajadores permanentes propuesto en el proyecto. Sin embargo, la total eventualidad en los puertos es una materia que tampoco resiste mayor análisis, pues se trata de un trabajo complejo, peligroso, que requiere de cierta estabilidad. Por eso, lo propuesto constituye un avance real en cuanto a dar mayor estabilidad a los trabajadores, la cual contribuirá a la eficiencia de los puertos.

También se regula la jomada de trabajo, descanso y remuneraciones de los trabajadores de casa particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Terminó el tiempo de la Unión Demócrata Independiente.

El señor ORPIS.-

Me quedan sólo cinco minutos, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede terminar la idea, con cargo al tiempo cedido por Renovación Nacional.

El señor ORPIS.-

Gracias, señor Presidente.

La enmienda propuesta debe vincularse necesariamente con la ya aprobada por el Congreso respecto de la indemnización a todo evento.

La Comisión consideró muy delicado ir demasiado lejos en esta materia, porque en definitiva afectaría a muchos trabajadores que postulan a este tipo de labores y, en especial, a sectores de mucho esfuerzo de nuestro país, en que ambos cónyuges deben trabajar para ofrecer mejores expectativas a sus hijos. Ante una legislación muy rigurosa en esta materia, estarían impedidos de contratar a una persona.

En definitiva, una excesiva protección terminaría por afectar en mayor medida a quienes se pretende defender.

Además, se consagran ciertas disposiciones de carácter humanitario para el caso de muerte de la madre en el parto, enfermedad grave del hijo, tanto legítimo como adoptado.

Se sanciona al empleador que mediante actos dolosos pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales. Con esta norma se busca sancionar una práctica que distorsiona las relaciones laborales; es decir, el problema de los "enganchadores".

Respecto de los trabajadores embarcados, se hace plenamente aplicable el contrato de embarco; se regula en forma más rigurosa la jomada y los descansos compensatorios.

En cuanto a materias de procedimiento, en la Comisión aún se está tratando de buscar un acuerdo, eminentemente técnico que, en definitiva, agilice los actuales procesos. Estamos seguros de que en esta materia se habrán logrado avances significativos en el segundo informe del proyecto.

Por todas estas razones, la bancada de la UDI dará su aprobación al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, como lo señaló el colega Nicanor Araya, la bancada de los Partidos Por la Democracia, Socialista y Humanista votará favorablemente en general este proyecto, por considerarlo una contribución importante a las reformas que el Gobierno democrático ha venido impulsando en el ámbito de las relaciones laborales. Además, porque esta iniciativa otorga importantes beneficios a un sector de trabajadores que no puede negociar colectivamente. En este sentido, coincidimos con la valoración hecha por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en cuanto a los logros alcanzados en el proyecto.

Quiero poner mayor énfasis en lo referente a la derogación del artículo 15 del Código del Trabajo, relacionado con la prohibición de la mujer de ocuparse en faenas mineras o en aquellas superiores a sus fuerzas o peligrosas para su condición física o moral. Considero que su derogación permite el acceso igualitario de la mujer al trabajo y corrige la tendencia que ha tenido la legislación laboral hasta ahora en cuanto a provocar tensión entre la idea de proteger y discriminar.

Proteger a la mujer en el sentido físico o moral e impedir con esto su desempeño en un puesto de trabajo en las faenas mineras provoca una desigualdad en la forma de acceso de hombres y mujeres al trabajo.

Pese a estos importantes avances y logros, nosotros como bancada consideramos que este proyecto presenta grandes vacíos.

En primer lugar, no establece normas en relación con el trabajo a domicilio; no aborda el concepto de empresa; es decir, no ofrece una alternativa frente a subterfugios que permiten crear distintas razones sociales para burlar disposiciones laborales; no aborda el tema de las empresas contratistas; no incorpora a las trabajadores de casa particular al beneficio del salario mínimo derecho de todos los trabajadores; no faculta la creación de sala-cunas y jardines infantiles para trabajadoras de temporada, y no trata en forma cabal todos los problemas laborales del sector portuario.

Estos vacíos constituyen problemas y temas que deben ser abordados y discutidos con prontitud.

Es altamente preocupante, por ejemplo, que no se legisle hoy día en materia de trabajo a domicilio. Esto, porque los rasgos que parecen más característicos del empleo en nuestro país y también en el mundo muestran una clara tendencia hacia el predominio de formas de empleo precario, en el cual la inestabilidad y la desprotección constituyen los aspectos más permanentes.

Sin consideramos que estos trabajos precarios y desprotegidos son realizados en su gran mayoría por mujeres, resulta preocupante no contar con la legislación que incorpore a estos trabajadores a una relación contractual.

En ese sentido, quiero señalar algunos datos revelados por la encuesta Casen, de 1990, que se aplica a una muestra nacional de la población ocupada y que revela

la siguiente situación de los trabajadores asalariados: en el área urbana, el 17 por ciento de las mujeres y el 13 por ciento de los hombres asalariados no poseen contrato de trabajo.

Sin embargo, este caso varía sustancialmente si se analiza por tramos de ingreso, pues aumenta en forma progresiva la proporción de asalariados sin contrato de trabajo en la medida en que disminuye el ingreso.

Así, entre los asalariados urbanos de ambos sexos, que se ubican en el quintil más bajo de ingresos hasta 11 mil 700 pesos un 33 por ciento de mujeres y un 25 por ciento de hombres declaran trabajar sin haber firmado contrato laboral.

Algunos datos relativos al acceso a la previsión social marcan la misma tendencia: entre los ocupados urbanos, el 34 por ciento de las mujeres y el 28 por ciento de los hombres no cuentan con previsión social.

Respecto del contrato de trabajo, la situación previsional de los ocupados se vincula directamente con sus niveles de ingreso. Entre los que se ubican en el quintil más bajo de ingresos, el 63 por ciento de las mujeres y el 43 por ciento de los hombres no tienen previsión.

Por último, quiero plantear nuestra preocupación, como bancada, en relación con las soluciones propuestas para el sector marítimo portuario, las que de ninguna manera son suficientes para resolver los problemas reales que viven hoy día los trabajadores de este importante sector económico.

Creemos que en el transcurso del debate parlamentario podremos avanzar en la búsqueda de un perfeccionamiento de este proyecto, que reviste vital importancia para miles de trabajadores y trabajadoras chilenas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, seré muy breve: primero, porque muy pocos están escuchando; segundo, porque por muy buen orador que uno sea, aquí no va a convencer a nadie ni va a volcar su opinión eso me dice la experiencia durante este año y fracción y, tercero, porque palabras sacan palabras.

Creo que no se justifica discutir un proyecto en esta etapa en general si existe la oportunidad en la discusión en particular.

El proyecto que hoy día analizamos es el resultado de un trabajo serio, responsable y muy técnico, donde todos manifestaron sus puntos de vista y fueron respetados.

Tengo que agradecer a los miembros de la Concertación que participan en la Comisión por el modo cómo se discutió este proyecto, puesto que se nos permitió dar nuestra opinión.

Sin embargo, no comparto que a este proyecto se le llame acuerdo político, como se ha hecho aquí. Esta iniciativa beneficia al país entero, dadas las circunstancias que hoy vivimos. Es muy probable que en el futuro se hagan otras modificaciones, pero en el momento actual esto es lo que el país requiere. Por lo tanto, no le daría la denominación de acuerdo político; da la sensación de que defiende intereses partidistas y no es así. Se buscó lo que consideramos mejor para el país, para el desarrollo económico y para evitar una cesantía que podría ser fatal.

El proyecto busca perfeccionar la actual legislación, sin producir trastornos en la economía ni en la contratación de mano de obra. Seguramente y con mucha razón algunos trabajadores sostendrán que es todavía muy modesto y que no contempla todas sus aspiraciones. Los empleadores manifestarán que crea algunos grados de incertidumbre. Pero puedo decir, responsablemente, que el proyecto que hoy discutimos no puede producir ninguno de los efectos que acabo de mencionar.

Lamentablemente, fue necesario incluir algunos artículos, debido al mal uso de la ley actual por algunos malos empresarios. Y, desafortunadamente, al legislar sobre la materia, perjudicamos a la gran mayoría, que son buenos empresarios. Como ya alguien lo dijo, con una mayor fiscalización podríamos evitar el revisar constantemente la legislación laboral.

No me referiré a los detalles del proyecto, porque ya lo han hecho otros Honorables colegas en forma muy explícita, especialmente el señor Diputado informante. En la discusión particular analizaremos pormenorizadamente cada artículo.

El proyecto aborda temas que para mí son de gran importancia, porque se discutieron y se acordaron entre trabajadores, empresarios y Gobierno, como lo es el de los trabajadores portuarios. En este punto es, justamente, donde más se nota que, con mayor fiscalización, es posible que la legislación propuesta funcione adecuadamente.

También ya se ha expresado en esta Sala que hay temas técnicos que todavía requieren de algunas observaciones, por lo menos de parte nuestra, que no tienen connotación política. Por lo tanto, creo que llegaremos a acuerdo.

Sí, quisiera, con mucha modestia, mencionar algunos aportes de Renovación Nacional a este proyecto. En primer lugar, el séptimo día, que se originó en un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara el 1° de mayo de 1990, cuando igualamos a los trabajadores contratados por día con los contratados mensualmente.

Un segundo aporte de nuestra bancada se relaciona con las vacaciones de 3 semanas para todos los trabajadores, tanto para los que cumplen jomadas de cinco como de seis días semanales.

Un tercer aporte de Renovación Nacional consiste en el cálculo de las horas extraordinarias. Al respecto, contamos con el apoyo de todos los señores Diputados para llevarlo adelante.

Esperamos que este proyecto, en el segundo trámite, se despache sin ningún tropiezo y lo más rápido posible, en beneficio de los trabajadores de nuestro país.

Solamente quiero agregar que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto.

Muchas gracias.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, como bien señalaran los señores Diputados informante y Orpis, ésta es la tercera reforma al Código del Trabajo que impulsamos en estos dos últimos años.

Cada sector político tiene su enfoque con respecto al rol del Código del Trabajo en una economía como la nuestra, que es la de un país subdesarrollado, que hace esfuerzos por modernizar su base productiva.

El actual esquema económico tiene entre sus supuestos la apertura externa, el reconocimiento del mercado como un medio que asigna recursos escasos y el respeto a la inversión extranjera. Sin embargo, algunas personas piensan que estos consensos entre todos los sectores políticos implican que no estamos interesados en modificar el modelo económico neoliberal, impuesto en nuestro país en el pasado. Quiero decir, francamente, que hay quienes intentan hacer una ecuación del modelo neoliberal con una economía social de mercado; no la consideramos adecuada, menos aún si la contrastamos con nuestra propuesta de una economía social de mercado basada en la equidad y en el desarrollo social.

Permítame ser muy franco, señor Presidente. El modelo neoliberal que existió en nuestro país, impulsado durante la dictadura, no cuenta con el apoyo de esta bancada. Nuestra propuesta es otra. Tenemos la convicción de que en esta transición, el principal cambio que se le hará al modelo neoliberal chileno, es el que se realizará al Código del Trabajo. El objetivo es establecer un nuevo equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios. En esencia, modificar lo que es el mercado laboral y, por cierto, en favor de los trabajadores que perdieron derechos muy importantes a partir de la dictación del plan laboral. Por lo menos, ésa es nuestra percepción y convicción.

Los cambios propuestos hasta ahora, siempre mantienen un marco filosófico: las relaciones laborales en nuestro país se harán sobre la base de un sistema bipartito. Es decir, se hace la apuesta a la capacidad de loS trabajadores y empresarios a ceñirse a las normas legales y llegar a los acuerdos, que permitan un eficiente desarrollo económico para nuestro país.

La viabilidad de esta opción filosófica y estratégica depende de la voluntad de las partes, y, permítanme decirlo con toda honestidad, tengo dudas respecto de la capacidad de ciertos empresarios de nuestro país de concretar esta opción de un modelo bipartito. En todo caso, varios estamos dispuestos a hacer una apuesta para ver su viabilidad.

Para hacer estas afirmaciones, en particular me baso en la realidad del sector agroexportador y forestal de nuestro país, altamente modernizado, que ha aportado grandes cantidades de divisas al país, pero que, en materia de relaciones laborales, está no sólo retrasado, sino, a veces, en etapa prehistórica en la forma en que se trata a determinados trabajadores.

Deseo referirme puntualmente a la situación de los temporeros, en particular del sector frutícola. Como muchos otros colegas, represento á una zona de una alta producción frutícola. En la Sexta Región se produce más del 27 por ciento de la fruta de exportación. Se trata de un sector económico que a nivel nacional emplea cerca de 400 mil trabajadores. Hasta hace poco estaban regidos por una legislación que los dejaba marginados del derecho a sindicarse y a acordar convenios colectivos. Eso lo superamos en la ley anterior.

Hoy, en mi opinión, hemos logrado lo digo con gran satisfacción un avance. Por indicaciones propuestas por nuestra bancada se introduce un párrafo especial en el Código del Trabajo sobre el contrato de los trabajadores agrícolas o de temporada, se define qué se entiende por trabajadores agrícolas, y se establecen condiciones mínimas de trabajo, que permitirán superar algunos de los vestigios más arcaicos que subsisten en estas relaciones laborales. Ello se traducirá en mejores viviendas en particular para los trabajadores forestales que viven en condiciones muy precarias e infrahumanas; en condiciones decentes de transporte para los temporeros, en su gran mayoría mujeres como es de conocimiento de todos que hasta hace poco eran transportadas por algunos empresarios, a veces, en colosos y en camiones, como animales. Además, con esta ley, se quieren garantizar condiciones mínimas de higiene en los lugares donde comen, para que no lo hagan bajo parronales, en el barro o en huertos diversos.

Estos son avances muy importantes, como también lo es la disposición que establece que el contrato de trabajo se escriture en cuatro ejemplares y que uno de ellos, cuando el contrato sea por más de 28 días, se remita a la Inspección del Trabajo. Este es un camino que hace viable que las partes se entiendan; pero para ello es necesario, además, que exista una

Inspección del Trabajo capaz de asegurar que el articulado de la ley no quede como letra muerta.

Este avance para los temporeros se hará realidad siempre que exista una efectiva fiscalización.

Señor Presidente, por su intermedio hacemos un llamado al señor Ministro, para que se realice una efectiva campaña de fiscalización de las relaciones laborales, del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de temporada y, asimismo, que se busque un mecanismo que permita la instalación de guarderías infantiles para los hijos de las temporeras.

Este tema se conversó en la Comisión, y reconozco la predisposición de todos los sectores políticos para lograr una solución. Además, existe el compromiso del Ministro de proponemos una fórmula que permita que, entre las mujeres trabajadoras, los empresarios y el Estado se llegue a un acuerdo tripartito que signifique solucionar este problema, en beneficio de los niños de las mujeres temporeras.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, quiero hacer dos observaciones en relación con este proyecto.

En primer término, deseo referirme a la situación de los choferes auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y en la que deben comprenderse también aquellos que hacen recorridos internacionales; de los que se desempeñan a bordo de Ferrocarriles y de los que realizan labores en la locomoción colectiva urbana.

La situación de hecho de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interprovincial e internacional está sujeta a normas muy especiales; sin embargo, en las disposiciones contempladas en este proyecto de ley ellos pasan a regirse por una normativa general, sobre la base de una jomada de trabajo de 192 horas mensuales. Pero se da el caso que, cuando el bus interprovincial o internacional llega a un lugar, los conductores tienen que esperar que les corresponda el siguiente tumo, o cuando arriba a un terminal, esperar el regreso de dicho vehículo.

Para poder conciliar los intereses de los empresarios de la locomoción y los de los trabajadores, se establece que el tiempo de espera entre hunos laborales, no les será imputable a la jomada. ¿Qué sucede en la realidad? Que cuando el vehículo va hada otros países, en el hecho se consume la jomada de trabajo, y el empresario está obligado a pagar horas extraordinarias. Para evitarle dicho pago, se establece que ese tiempo no será imputable a la jomada.

Lo mismo sucede cuando arriban al terminal y deben esperar el tumo siguiente; pero con esta solución, en el hecho, se perjudica gravemente al chofer y al auxiliar, porque tendrán que esperar, en el caso de líneas internacionales, uno o más días afuera, sin que le sean imputables a su jomada, sin que obtenga un beneficio por ello y sin que se establezca quién debe proveer a su alimentación y a su estada, lo que no se le puede considerar como un descanso, porque está fuera de su hogar. Distinta es la situación de aquel que actúa en la locomoción colectiva urbana, porque, lógicamente, las horas de descanso o de relevo le servirán de efectivo descanso.

Respecto de la situación de los trabajadores de la locomoción colectiva internacional, de los embarcados y de aquellos que prestan servicios en Ferrocarriles, debe legislarse en forma diferente, en relación con el viaje, con la jomada, y con la expedición que realizan; de manera que su labor no se interrumpa y no estén paralizados en el hecho, sin que ello les signifique beneficio alguno y sólo cargo.

Señor Presidente, me ha solicitado una interrupción el Diputado señor Gustavo CardemiL

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le queda un minuto.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, en este proyecto se contempla también una disposición que, cuando se discutió y aprobó el proyecto de centrales gremiales, se pidió insistentemente por los pensionados y montepíadas, quienes nos hicieron presente, su deseo de contar con una organización exactamente como las centrales gremiales. De modo que se ha cumplido con la aspiración de estos importantes sectores y también con lo que el Gobierno prometió en su oportunidad. Aquí en la Cámara, todos los sectores hicimos presente que era necesaria esta organización, para que los pensionados y montepíadas cuenten con una representación adecuada, a fin de hacer valer sus aspiraciones.

Eso es todo.

Gracias, Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Como tengo otras observaciones que formular y no queda tiempo, las materializaré a través de indicaciones en la oportunidad respectiva.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le agradezco mucho.

El señor ULLOA.-

¿De cuántos minutos dispone la UDI, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me informan que terminó el tiempo de la UDI.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, ¿me permite, al menos, decir que haré presente por escrito mis indicaciones a la Mesa?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Si le parece a la Sala, se incluirán en la versión oficial.

Acordado.

La intervención a que se refiere el acuerdo anterior es del siguiente tenor:

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quisiera referirme a una de las modificaciones propuestas a las leyes del mundo laboral por el Ejecutivo. De ellas sin duda todas importantes centraré mi intervención en las que afectan a un sector que me preocupa sobremanera, los trabajadores marítimo-portuarios o, como los llama la ley, portuarios.

Para una economía abierta y exitosa, como la dejara el Gobierno anterior, sin duda es de máxima relevancia que la eficiencia y seguridad en nuestros puertos sea cada vez mayor, porque el 90 por ciento o más de lo que ingresa o sale del país lo hace por la vía marítima y, en consecuencia, el éxito de una economía abierta al mundo, depende, en una importante medida, de los trabajadores y de las empresas del sector portuario.

El régimen anterior tuvo enormes éxitos y aciertos, sin duda. Pero, un porteño proveniente del primer puerto militar, industrial y pesquero del país, Talcahuano, aunque admirador de ese gobierno, tiene que reconocer que en esta materia se cometieron graves errores, toda vez que se pasó de una actitud protectora a una de indefensión muy grande. Nunca estuve de acuerdo ni lo estoy ahora con ese cambio.

Ahora bien, se requiere de modificaciones en la legislación laboral que rige a este sector, por cuanto, reconociendo la existencia de trabajadores permanentes y eventuales, debemos brindar a estos últimos especial protección de sus derechos, considerando la naturaleza de su labor, la importancia del sector y la gran cantidad de familias que de ellos dependen.

Estimo que el proyecto es un avance, pero claramente insuficiente en esta materia. De allí que considere necesario enfatizar ante la Honorable Cámara, la necesidad de agregar o considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, la existencia de un registro nacional de trabajadores portuarios a cargo de la autoridad marítima y el establecimiento de requisitos mínimos para desempeñar labores en este sector. Porque precisamente creo en la economía abierta al mundo, es por lo que estimo necesario mejorar la eficiencia y seguridad, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Así, sería un enorme avance que el trabajador que ingresa a un puerto tenga una calificación mínima. No hablo de la matrícula no creo que sea bueno sino de un registro nacional.

Por otro lado, estimo necesario establecer la exigencia de que el convenio de provisión de puesto de trabajo sea necesariamente firmado por la directiva de la organización sindical a que está afiliado el trabajador y se impida a la empresa respectiva contratar personas ajenas al sindicato que lo celebre.

Señor Presidente, termino anunciando que por el hecho de conocer, por vivir en un puerto, los problemas de este sector de trabajadores, los que sin duda verán un avance, pero no la solución a sus problemas, presentaré indicaciones al proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, aparte de la discusión que podría promoverse de si este proyecto constituye un acuerdo político, lo concreto es que es el resultado de un importante y patriótico acuerdo entre personeros de distintas bancadas, que han acogido el sentimiento del pueblo laboral chileno que se ha traducido en esta iniciativa.

Lo destacable y deseo señalarlo es que se ha hecho este esfuerzo legislativo en un clima de armonía, paz y concordia laboral, y que se ha traducido en lo que yo definiría como un avance espectacular en la legislación laboral de nuestro país. Además, es la muestra de la legitimidad que da el ejercicio democrático del poder.

Al anunciar los votos favorables de la bancada radical socialdemócrata, deseo referirme a algunos temas muy puntuales. Por un lado, quiero destacar la situación tan desmedrada en que se hallaron los trabajadores de Lozapenco y de otras empresas de este país que cayeron en la quiebra, y que en el caso de Lozapenco, fue motivo de una Comisión Especial de nuestra Cámara, que integré como Parlamentario de la Octava Región. Lo destacable es que se haya establecido en este proyecto de ley la preferencia de los créditos laborales en caso de quiebra o concurso de acreedores. Hoy, esos créditos estaban reducidos a 15 ingresos mínimos mensuales por trabajador. En el proyecto se establecen cinco ingresos mínimos por cada año de servicio y fracción superior a > seis meses, lo que constituye, sin duda, una mejoría importante en la situación de los trabajadores que se ven afectados por la quiebra de su empleador.

Por otra parte, quiero hacer presente que se facilitan también los pagos, de manera que no se burle, como ocurrió en Lozapenco, a los trabajadores en el reparto de algunos bienes y producidos de remates que quedan en poder de otros acreedores.

Quedó claramente establecido, acogiendo la jurisprudencia favorable para los trabajadores, que cuando existe conflicto entre los privilegios establecidos en las leyes, como el caso de la prenda industrial y los créditos laborales, se da preferencia a estos últimos.

Por otro lado, existe un avance respecto de los trabajadores temporales, que también es muy importante, pues la exigencia que se establece en el proyecto, en cuanto a otorgar alojamientos higiénicos, seguros y movilización, implica mejorar sensiblemente la situación de un importante grupo de compatriotas que hasta ahora estaban en condiciones muy indignas e inadecuadas para ejercer sus funciones.

Finalmente, las modificaciones del procedimiento judicial-laboral constituyen también un avance que los trabajadores deberán valorar cuando, contra su voluntad, deban recurrir a los tribunales de justicia, que ahora les ofrecerán un procedimiento mucho más expedito, fluido y eficiente.

En este entendido, y destacando al mismo tiempo este gran acuerdo de las distintas fuerzas políticas del país, anuncio los votos favorables de la bancada radical socialdemócrata a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cerrado el debate.

En votación los artículos del proyecto que no requieren de quorum especial.

El señor SEGUEL.-

¿Cuáles son esos artículos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Todos, salvo los números 3, 4 y 5 del artículo 2°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados los artículos.

Corresponde votar ahora los números 3,4 y 5 del artículo 2°.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados los números. Despachado en general el proyecto, y pasa a segundo informe.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y de Previsión Social).-

Señor Presidente, simplemente para reconocer el esfuerzo y la calidad del trabajo que durante todos estos meses se ha realizado en la Comisión, donde se logró un acuerdo tan amplio respecto de un proyecto que requiere precisamente de una amplia legitimidad social, y agradecer el respaldo de esta Honorable Cámara al proyecto, que también fue aprobado por unanimidad en la Comisión.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, un problema de Reglamento. Yo participé con mi votación favorable, pero no quedó consignada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se consignará.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo 1°.1.De los Diputados señora Adriana Muñoz y señores Martínez don Juan, Cornejo, Jeame Barrueto y Rojos"En todo caso, la jomada de trabajo diaria en lo que supere las 8 horas, será considerado para todos los efectos legales como jomada extraordinaria.".

2.De los Diputados señora Adriana Muñoz y señores Martínez, don Juan y Jara, don Octavio para sustituir en el artículo 63 del Código del Trabajo, las expresiones "subsidiariamente" y "subsidiaria" por las expresiones "solidariamente" y "solidaria", respectivamente.

3.Del Diputado señor Smok"Intercálase en el artículo 65 del Código del Trabajo, el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:"Los trabajadores que presten servidos en las regiones XI Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo y XII, de Magallanes y de la Antártica Chilena, tendrán derecho a un feriado anual de 25 días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior será susceptible de negociación individual.

4.Del Diputado señor Vilicic"Los trabajadores que presten servidos en la región XII, de Magallanes y Antártica Chilena, tendrán derecho a un feriado anual de 25 días hábiles. El exceso sobre el derecho estableado en el inciso anterior, podrá ser negociado individual o colectivamente.".

5.Del Diputado señor Smok para agregar en el artículo 91-A que se propone por el numerando 23, a continuación de la expresión "madera" precedida por una coma (,) lo siguiente: "así como en faenas de esquila de ganado.".

6.Del Diputado señor Ulloa para eliminar, en el inciso segundo del artículo 130 propuesto por el numerando 33, la frase final que dice: "y por otros trabajadores eventuales.".

7.Del Diputado señor Ulloa"El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la que en virtud de la ley podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

8.De los Diputados señora Muñoz, y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez, don Juan"Mensualmente y en cada puerto se establecerá un número de trabajadores portuarios que podrán ser contratados como permanentes o eventuales y, en este caso, con o sin Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo, según el movimiento del puerto que se estime para dicho período, siendo completado este cupo con los trabajadores que, de conformidad a los criterios de capacidad e idoneidad personal, sean incluidos en el Registro o Listado elaborado para este solo efecto por una Comisión Bipartita integrada por trabajadores y empresarios, sin perjuicio que a ella pueda concurrir, a solicitud de las partes, un representante de la Gobernación Marítima o la Inspección del Trabajo respectiva.Los criterios de capacidad e idoneidad personal a que se refiere el inciso anterior deben contemplar experiencias en faenas portuarias, tener más de 18 años de edad, enseñanza básica cumplida y cursos relativos a la materia.El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual deberá velar que quienes ingresen se encuentren en el listado correspondiente y podrá impedir el acceso a cualquier persona, de conformidad a la ley.".

9.Del Diputado señor Ulloa"Existirá un registro nacional de trabajadores portuarios que contemplará el número total de trabajadores actualmente existentes y que estará a cargo de la autoridad marítima.".

10.Del Diputado señor Ulloa“Para ingresar al registro nacional de trabajadores portuarios, se deberá:Tener 18 años de edad, y Comprobar una capacitación mínima de 180 horas en materias propias del sector portuario, ante la autoridad marítima.”

11.Del Diputado señor Ulloa"Cuando una o más empresas celebren un convenio sobre provisión de puestos de trabajo con uno o más sindicatos, estarán impedidas de contratar a trabajadores que no pertenezcan al o los sindicatos firmantes.".

12.De los Diputados señora Muñoz y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez, don Juan, para modificar en la letra a) del artículo 138 la frase "en cada trimestre" por "en cada mes".

13.Del Diputado señor Ulloa para modificar en la letra d) del artículo 138, lo siguiente: "..."eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos" por "... eventuales o transitorios deberán ser suscritos por los directorios respectivos".

14.De los Diputados señora Muñoz y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez, don Juan, para modificar en la letra f) del artículo 138 la expresión "tres meses" por "seis meses".

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCIÓN LABORAL, Y OTROS TEXTOS LEGALES (BOLETÍN N°360-13)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda efectuó el estudio del proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificado de "suma" urgencia para los efectos de su tramitación legislativa.

El proyecto modifica los preceptos contenidos en los Libros I, II y V del Código del Trabajo, referidos al contrato individual de trabajo, a la protección de los trabajadores y a la jurisdicción laboral, respectivamente, a la vez que propone la modificación o establecimiento de normas de naturaleza laboral que se encuentran contenidas en otros cuerpos legales.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en su segundo informe, dispuso que los números 4 y 5 del artículo 2° aprobado por esa Comisión debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Por su parte, la Comisión de Hacienda estimó materia de su competencia el N° 3 del artículo 2° del proyecto que reemplaza el artículo 181 del Código del Trabajo, por el cual se hace extensivo el permiso posterior al parto o el resto de éste, al padre, si la madre muriese en el parto o como consecuencia directa de él.

El N° 4, reemplaza el artículo 185 del Código del Trabajo relativo al permiso y subsidio que se otorga a la madre de un hijo menor a un año que deba cuidarlo en el hogar por motivo de enfermedad grave, haciéndolo extensivo a ambos padres trabajadores en las condiciones que señala y a la madre adoptiva en el caso de la adopción plena contemplada en el Título III de la ley N° 18.703.

El subsidio corresponde a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que perciba el beneficiario, con las deducciones que indica, por el período que el respectivo servicio determine.

Por el N° 5, se confiere el beneficio señalado en el número anterior a la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el proceso de adopción plena de conformidad con el Título III de la ley N° 8.703.

En el informe técnico remitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a esta Comisión de hace una estimación del mayor costo fiscal involucrado en las disposiciones antes comentadas, ascendente a los $ 78 millones anuales.

Puesto en discusión el N° 3 del artículo 2°, el Diputado Longueira, don Pablo, formuló la siguiente indicación, que fue aprobada por unanimidad.

"Intercálase en el inciso cuarto, del artículo 181, la palabra "estipulación", entre los términos "cualquiera" y "en".".

Sometidos a votación los N°s 3, 4, y 5 fueron aprobados por unanimidad.

SALA DE LA COMISION, a 15 de enero de 1992.

Acordado en sesión de fecha 14 de enero de 1992, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Alvarez Salamanca, don Pedro; Arancibia, don Armando; Estévez, don Jaime; Galilea, don José Antonio; Huepe, don Claudio (Vilicic, don Milenko); Munizaga, don Eugenio; Ramírez, don Gustavo; Rodríguez, don José Alfonso y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado Informante al señor Estévez, don Jaime.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo; Secretario de la Comisión.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCIÓN LABORAL, Y OTROS TEXTOS LEGALES (BOLETÍN N° 360-13-2).

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V, del Código del Trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales. El proyecto, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, no ha sido calificado con urgencia en este trámite.

Durante el estudio de esta iniciativa, en su segundo trámite reglamentario, la Comisión siguió contando con la asistencia y colaboración del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar Sanz, y de los abogados asesores de esa Secretaría de Estado, señores José Luis Ramaciotti y Patricio Novoa.

—o—o—

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, en este segundo informe corresponde hacer mención expresa de:

I.- ARTICULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI MODIFICACIONES EN EL TEXTO QUE VUESTRA COMISION PROPONE

Se encuentran en esta situación los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 16,17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35,37, 38 y 39, del artículo 1°; los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 22; los números 2, 9,10,12,13,14,15,16,17,18, 20, 21 y 22 del artículo 3°; artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 permanentes y artículos 1° , 3° y 4° transitorios.

Cabe hacer notar que conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento, estos artículos deberían ser declarados aprobados ipso jure, sin votación, a excepción de los números 3, 4 y 5 del artículo 2°, que tienen el carácter de normas de quórum calificado.

II.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARACTER ORGANICO CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

En el proyecto que vuestra Comisión os informe los números 7 del artículo 1° y 7 del artículo 2° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, puesto que se refieren a la competencia de los tribunales de justicia en las materias que en ellos se señalan.

Asimismo, tienen el carácter de normas de quórum calificado los números 3, 4 y 5 del artículo 2°.

III.- ARTICULOS SUPRIMIDOS

En esta situación se encuentran los números 3 del artículo 1° y 9, 21 y 24, del artículo 3° del texto del proyecto contenido en el primer informe.

IV.- ARTICULOS MODIFICADOS

Los números 5, 18, 19, 22 y 36 del artículo 1°; 7 del artículo 2°; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11 y 19 del artículo 3° y artículos 11°, 12° permanentes y artículo 2° transitorio del proyecto que vuestra Comisión propone, han sido objeto de las siguientes modificaciones.

Artículo 1° N° 5

Los señores Araya; Caminondo; Cardemil; Fantuzzi; Gajardo; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel formularon indicación para agregar en su inciso primero, cuyo punto (.) aparte pasa a ser coma (,) la siguiente oración: "cuya retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.".

Dicha indicación fue aprobada por unanimidad.

N° 18

Los señores Araya; Caminondo; Cardemil; Gajardo; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon indicación para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.".

Dicha indicación se aprobó por unanimidad.

N° 19

Los señores Araya; Caminondo; Cardemil; Gajardo; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"N° 20.- Reemplázase el artículo 67°, por el siguiente:

"Artículo 67°.- Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.".".

Dicha indicación fue aprobada por unanimidad.

N° 22

Los señores Araya; Caminondo; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel formularon indicación para agregar al artículo 91-A nuevo, que este número agrega a continuación del artículo 91° del Código del Trabajo, suprimiendo su punto final (.) la siguiente frase: "y otras afines.".

Fue aprobada por unanimidad.

N° 36

Los señores Caminondo; Cardemil; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares, Salas y Seguel formularon indicación para reemplazar la letra c) del artículo 138 propuesto, por la siguiente:

"c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento en lo que respecta a las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio.".

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 2°

N°7

Los señores Araya; Cardemil; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon indicación para agregar el siguiente inciso al artículo 451-A nuevo que este número propone agregar al Código del Trabajo:

"El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro V.".

Artículo 3°

N° 1

Los señores Araya; Cardemil; Fantuzzi; Gajardo; Muñoz, doña Adriana; Orpis y Seguel formularon indicación para reemplazar las expresiones "podrá" por "deberá".

Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

N° 3

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Orpis y Seguel formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"NQ 3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406 por los siguientes:

"Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del Tribunal serán gratuitas para los trabajadores y para las partes que gocen de privilegio de pobreza.

La norma de inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".".

N° 4

Los señores Caminondo; Cardemil; Fantuzzi; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Orpis; Seguel y Sotomayor formularon indicación para reemplazar su texto por el siguiente:

"N° 4.- Reemplázase el número 3 del artículo 410, por el siguiente:

“Todas las excepciones que se oponen a la demanda y los fundamentos de derecho en que se apoyan. No se admitirá la interposición posterior de excepciones omitidas, y".".

Se aprobó por unanimidad.

N° 5

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana y Seguel formularon indicación para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"Contestada la demanda o la reconversión o planteadas las excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución para la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso y el siguiente se notificarán por carta certificada.".

Los mismos señores Diputados formularon indicación para agregar el siguiente inciso a este número:

"Si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en la resolución a que se refiere el inciso anterior el tribunal recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuales debe ella recaer. Si no existiesen tales hechos, el tribunal así lo declarará. En contra de las resoluciones a que se refiere este inciso, sólo procederá el recurso de reposición.".

Ambas indicaciones fueron aprobadas por 5 votos a favor y 2 en contra.

N° 6

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana y Seguel formularon indicación para eliminar sus incisos tercero y cuarto.

Fue aprobada por 5 votos a favor y 2 en contra.

N° 7

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana y Seguel formularon indicación para reemplazar su texto por el siguiente:

"N° 7.- Reemplázase el artículo 413, por el siguiente:

"Si no se produjere conciliación, en la misma audiencia el tribunal recibirá la prueba de testigos, la instrumental, la confesión judicial y cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuere pertinente y que alguna de la partes hubiere solicitado. Si no se recibe la causa a prueba, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercero día.".".

Fue aprobada por 5 votos a favor y 2 en contra.

N° 8

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana y Seguel formularon indicación para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

"La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. La resolución se notificará por cédula con una anticipación mínima de tres días en relación con la fecha en que deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se le notificará en la forma señalada en el artículo 405.".

Fue aprobada por 6 votos a favor y 2 en contra.

N° 11

Los señores Araya; Cardemil; Gajardo; Muñoz, doña Adriana y Seguel formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"N° 12.- Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución pertinente. La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al comparendo, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión y domicilio de los testigos.

Si alguna parte desea que sus testigos sean citados por el tribunal, la lista a que se refiere el inciso anterior deberá ser presentada dentro de los días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. En este evento, el tribunal dispondrá la citación del o los testigos, mediante carta certificada y bajo apercibimiento de arresto, en la forma que indica el inciso segundo del artículo 380, del Código de Procedimiento Civil".".

Fue aprobada por 6 votos a favor y 2 en contra.

N° 19

El señor Gajardo formuló indicación para reemplazar este número por el siguiente:

"N° 20.- Modifícase el artículo 43° de la manera que se indica:

"a) Sustitúyase el N° 8 por el siguiente:

8.- El pronunciamiento sobre el pago de costas. Este recaerá en la parte vencida. Si la demanda fuere acogida parcialmente, el juez regulará el monto de ellas proporcionalmente a lo obtenido por el actor, en relación con la cuantía total de lo disputado;

b)Agrégase el siguiente inciso final:

"Si el juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta de comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de las costas".".

Se aprobó por 7 votos, 0 en contra y 2 abstenciones.

ARTICULO ll°

Los señores Cardemil; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

"La jornada de trabajo de los vigilantes privados y de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5Q y 5a bis, respectivamente, del Decreto Ley N2 3.607, de 1981.".

Fue aprobado por unanimidad.

ARTICULO 12°

Los señores Cardemil; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon indicación para reemplazar en este artículo las frases "la ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva" y "que la hayan interpretado" por las expresiones "19.069" y "que las hayan modificado o interpretado", respectivamente.

Se aprobó por unanimidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 2°

Los señores Cardemil; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares; Salas y Seguel formularon, a su respecto, las siguientes indicaciones:

a) Para reemplazar, en su letra a), la expresión "inciso tercero" por las palabras "inciso cuarto";

b) Para reemplazar en su letra b) la expresión "inciso segundo" por las palabras "inciso primero", y

c) Para reemplazar su letra c) por la siguiente:

"c) los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario, a partir del inciso del año en curso.".

Todas ellas fueron aprobadas por unanimidad.

V.- ARTICULOS NUEVOS.

N° 6 del artículo 2°

El texto del N° 6 del artículo 2°, del proyecto que esta Comisión propone, se encuentra en esta situación.

El fue aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra y tuvo su origen en una indicación formulada por los señores Araya; Fantuzzi; Gajardo; Orpis; Salas; Seguel y Sotomayor, siendo su texto el siguiente:

"N°6.- Agrégase la siguiente oración al inciso segundo del artículo 186° del Código del Trabajo, cuyo punto final pasa a ser punto seguido: "La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde el despido".

Dicha indicación tiene por objeto establecer un plazo para el ejercicio del derecho que este artículo establece en beneficio de la mujer trabajadora que hubiese sido despedida en ignorancia de su estado de embarazo.

N° 23 del artículo 3°

El N° 23 del artículo 32 que agrega un artículo 447-A al Código del Trabajo, se encuentra, asimismo, en esta situación.

El fue aprobado por 8 votos a favor y 1 en contra y tuvo su origen en una indicación formulada por los señores Gajardo y Seguel, siendo su texto el siguiente:

"Artículo 447-A.- Si la cuantía de lo disputado no excede del equivalente a 4 ingresos mínimo, el trabajador podrá optar por entablar la demanda conforme al procedimiento establecido en los artículos anteriores o hacerlo ante el mismo tribunal y dentro de los mismos plazos según las disposiciones siguientes, señalándolo así expresamente:

El juzgado conocerá y resolverá la demanda en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, a la que éstas deberán concurrir con sus medios de prueba y se celebrará con la que asista.

La notificación de la demanda y la sentencia se practicará por funcionarios del juzgado o por Carabineros, personalmente o por cedula, en el domicilio de la parte respectiva. Deberá entregarse copia de la demanda, o de la sentencia, en su caso, a cualquiera persona de dicho domicilio si la parte no fuere habida. Además, se dirigirá al demandado, por secretaría, carta certificada.

En todo los trámites, la partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de 15 días hábiles contados desde la notificación de la demanda.

El juez apreciará la prueba en conciencia. Las resoluciones que se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.".

VI.- ARTICULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

Los números 4 y 5 del artículo 29, aprobados por vuestra Comisión, se encuentran en tal situación.

VII.- INDICACIONES RECHAZADAS.

En esta situación se encuentran las indicaciones siguientes a los artículos que se indican:

ARTICULO l9

N° 5

De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Martínez don Juan, Cornejo, Jeame Barrueto y Rojos para intercalar en el nuevo artículo 23-A que se propone en este numerando, un inciso final que señala:

"En todo caso, la jornada de trabajo diaria en lo que se supere las 8 horas, será considerado para todos los efectos legales como jornada extraordinaria.".

De los Diputados señora Muñoz, doña Adriana y señores Martínez, don Juan y Jara don Octavio para sustituir en el artículo 63 del Código del Trabajo, las expresiones "subsidiariamente" y "subsidiaria" por las expresiones "solidariamente" y "solidaria", respectivamente.

—o—o—

N° 18

Del Diputado señor Smok para agregar a este numerando lo siguiente:

"Intercálese en artículo 65 del Código del Trabajo, el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en las regiones XI Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo y XII, de Magallanes y de la Antártica Chilena, tendrán derecho a un feriado anual de 25 días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior será susceptible de negociación individual o colectiva.".

Del Diputado señor Vilicic para intercalar en el artículo 65 del Código del Trabajo, el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en la Región XII, de Magallanes y Antártica Chilena, tendrán derecho a un feriado anual de 25 días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior, podrá ser negociado individual o colectivamente.".

N° 23

del Diputado señor Smok para agregar en el artículo 91-A a que se propone por este numerando, a continuación de la expresión "madera" precedida por una coma (,) lo siguiente "así como en faenas de esquila de ganado.".

N° 33

Del Diputado señor Ulloa:

a) Para eliminar, en el inciso segundo del artículo 130 propuesto por este numerando, la frase final que dice: "y por otros trabajadores eventuales.".

b) Para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

"El ingreso a los recintos portuarios y su perma

ncia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la que en virtud de la ley podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

C) Para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo, al artículo 130:

"Existirá un registro nacional de trabajadores portuarios que contemplará el número total de trabajadores actualmente existente y que estará a cargo de la autoridad marítima.

d) Para agregar el siguiente inciso quinto, nuevo, a este artículo:

"Para ingresar al registro nacional de trabajadores portuarios, se deberá:

-Tener 18 años de edad, y

-Comprobar una capacitación mínima de 180 horas en materias propias del sector portuario, ante la autoridad marítima.".

De los Diputados señora Muñoz, y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez don Juan, para reemplazar el inciso tercero del artículo 130, por los siguientes:

"Mensualmente y en cada puerto se establecerá un número de trabajadores portuarios que podrán ser contratados como permanentes o eventuales y, en este caso, con o sin Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo, según el movimiento del puerto que se estime para dicho período, siendo completado este cupo con los trabajadores que, de conformidad a los criterios de capacidad e ideonidad personal, sean incluidos en el Registro o Listado elaborado para este solo efecto por una Comisión Bipartita integrada por trabajadores y empresarios, sin perjuicio que a ella pueda concurrir, a solicitud de las partes, un representante de la Gobernación Marítima o la Inspección del Trabajo respectiva.

Los criterios de capacidad e idoneidad personal a que se refiere el inciso anterior deben completar experiencias en faenas portuarias, tener más de 18 años de edad, enseñanza básica cumplida y cursos relativos a la materia.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima la cual deberá velar que quienes ingresen se encuentren en el listado correspondiente y podrá impedir el acceso a cualquier persona, de conformidad a la ley.".

N° 34

Del Diputado señor Ulloa, para intercalar un nuevo inciso tercero -pasando el tercero a ser cuarto- al artículo 130-A, propuesto por este numerando:

"Cuando una o más empresas celebran un convenio sobre provisión de puestos de trabajo con uno o más sindicatos, estarán impedidas de contratar a trabajadores que no pertenezcan al o los sindicatos firmantes.".

N° 37

De los Diputados señora Muñoz, y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez don Juan, para modificar en la letra a) del artículo 138, propuesto por este numerándola frase "en cada trimestre" por "en cada mes".

Del Diputado señor Ulloa para reemplazar en la letra d) del artículo 138, la oración: "eventuales o transitorias podrán ser suscritos por los directorios respectivos" por la frase "eventuales o transitorios deberán ser suscritos por los directorios respectivos".

De los Diputados señora Muñoz, y señores Salas, Cornejo, Araya, Jeame Barrueto, Molina, Aguiló y Martínez don Juan, para sustituir en la letra f) del artículo 138 la expresión "tres meses" por "seis meses".

De las señoras Muñoz, doña Adriana y Rodríguez, doña Laura para reemplazar el artículo 143 del Código del Trabajo por el siguiente:

"Artículo 143.- El contrato de Trabajo es consensual y deberá constar por escrito dentro del plazo de cinco días de iniciada la prestación de servicios.

El incumplimiento de parte de empleador de lo dispuesto en el inciso anterior, se regirá por las disposiciones del artículo 9 del Código del Trabajo.

Las dos primeras semanas de trabajo se estimarán como período de prueba y durante ese lapso podrá resolverse el contrato a voluntad de cualquiera de las partes, siempre que se dé un aviso con 3 días de anticipación, a lo menos, y se pague el tiempo trabajado. El período de prueba no excusará del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero.".

ARTICULO 2°

N° 3

De la señora Muñoz y del señor Araya para reemplazarlo por el siguiente:

"N° 3.- Reemplázase el artículo 181 por el siguiente:

"Artículo 181.- Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 18 semanas, distribuidas a opción de la interesada, siempre que doce semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Con todo, la madre, al iniciarse el período de descanso, podrá optar porque el padre disfrute en forma ininterrumpida hasta cuatro de las últimas semanas del mismo, salvo que al momento de hacerse efectivo el descanso del padre, la reincorporación al trabajo suponga riesgo para la salud de la madre.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario, deberán conservarles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

—o—o—

De la señora Muñoz, doña Adriana, para reemplazar el inciso final del artículo 186, por el siguiente:

"El fuero maternal de las trabajadoras de casa particular cubrirá el período de embarazo hasta el momento que expire el descanso de maternidad posterior al parto."

—o—o—

ARTICULO 3° N°3

De los señores Caminondo; Fantuzzi; García, don René; Orpis y Sotomayor para reeplazar este número por el siguiente:

"N° 3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406 por los siguientes:

"Las notificaciones que se practiquen por un empleado del Tribunal serán gratuitas para los trabajadores y para las partes que gocen de privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".

N° 5

De los señores Caminondo; Fantuzzi; García, don René; Orpis y Sotomayor para reemplazarlo por el siguiente:

"N° 5.- Reemplázase el artículo 411 por el siguiente:

"En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, el actor deberá contestarlas dentro del plazo de cinco días. La contestación a la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 410.

Contestada la demanda, o la reconvención o las excepciones dilatorias, en su caso, o trancurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal deberá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas. Las resoluciones a que se refiere este inciso se notificarán por carta certificada.".

N° 6.

De los señores Caminondo; Fantuzzi; García, don René; Orpis y Sotomayor para reemplazarlo por el siguiente:

"N° 6.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 412, por el siguiente:

"Si no se produjere conciliación y existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal, en la misma audiencia, recibirá la causa a prueba, fijará los puntos sobre los cuales ella deba recaer y citará a un comparendo de prueba que no podrá verificarse antes de cinco días ni después de diez, contados desde la fecha de la resolución, la que en todo caso notificará por carta certificada.".

N° 19

De los señores Caminondo; Fantuzzi; García, don René; Orpis y Sotomayor para suprimirlo.

N° 20

De los señores Caminondo; Fantuzzi; García, don René; Orpis y Sotomayor para suprimirlo.

De la señora Muñoz y señor Araya para introducir las siguientes modificaciones al Título Preliminar del Código del Trabajo:

a) Elimínase en el inciso final del artículo 3° del Código del Trabajo la oración "dotada de una individualidad legal determinada",y

b) Agrégase al artículo 3° del Código del Trabajo el siguiente inciso:

"La gestión económica unitaria y la relación de complementariedad directa entre las distancias funciones productivas, prevalecerán sobre la individualidad jurídica de la empresa en todas aquellas materias relativas al ejercicio de los derechos colectivos del trabajo.".

VIII.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO DE LEY MODIFICA O DEROGA.

El proyecto de ley que vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os informa, modifica los Libros I, II y V, del Código del Trabajo, artículo 2472 del Código Civil, artículo 148 de la Ley N° 18.175, de 1981, artículo 6°, de la Ley N° 17.322 y artículo 549, del Código Orgánico de Tribunales.

—o—o—

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad social, os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.- Reemplázase el inciso final del artículo 6° por el siguiente:

"El contrato es colectivo cuando se celebra entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o con trabajadorres unidos para negociar colectivamente, o unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo o de remuneraciones por un tiempo determinado.".

2.- Reemplázase los incisos primero y segundo del artículo 9°, por los siguientes:

"El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales.".

3.- Derógase el artículo 15.

4.- Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias, el que podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica.

Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave.

Si de conformidad con lo dispuesto precedentemente, el descanso se cumpliera o completara a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.".

5.- Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

"La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarrilles, será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de lo descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada, cuya retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas.".

6.- Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Si en la locomoción colectiva urbana, las partes acordaren cumplir en tumos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo. En todo caso, los choferes de la locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas.".

7.- Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieren de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro del quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.".

8.- Derógase el inciso segundo del artículo 29.

9.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 37 por el siguiente:

"Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 35°. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por tumos para no paralizar el curso de las laborales.".

10.- Agregáse el siguiente inciso a continuación del inciso tercero del artículo 37, pasando lo incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.".

11.- Derógase el inciso cuarto del artículo 43.

12 - Reeplázase el artículo 44 por el siguiente:

"El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31°, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores, exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34°.

13.- Reemplázase el inciso primero del artículo 47°, por el siguiente:

"Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador".

14 - Reemplázase el inciso primero del artículo 57°, por el siguiente:

"El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y a las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.

15.- Reemplázanse los incisos tercero y cuarto del artículo 60 por el siguiente:

"para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el N°8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputarán al máximo referido.".

16 - Para reemplazar el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente:

"Del feriado anual y de los permisos.".

17.- Agrégase, a continuación el artículo 65, el siguiente artículo:

"Artículo 65-A.: En los casos de nacimiento y muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine".

18.- Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:

"Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

"Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.".

19.- Reemplázase el artículo 67°, por el siguiente:

"Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.".".

20.- Agrégase al artículo 69, el siguiente inciso:

"El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período."

21.- Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos:

"Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquel y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.".

22.- Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

"Párrafo 1°

Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada.

"Artículo 91-A.- Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afínes.

Artículo 91-B.- El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata tengan una duración superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-C.- Cuando, por las características de las faenas de temporada de que se trate, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad acordes con las características de la zona, las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En las faenas a que se refieren los incisos anteriores, el empleador deberá colocar a disposición de los trabajadores que lo requieran, los medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a 3 kilómetros.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.".

23.- Reemplázase el nombre del párrafo le del Capítulo III del Libro I por el siguiente:

Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional.

24.- Reemplázase el artículo 92 por el siguiente:

"Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.".

25.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 93 por el siguiente:

"El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

26.- Derógase el artículo 96.

27.- Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

"Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12."

28.- Agrégase en el artículo 103, el siguiente inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31.".

29.- Reeplázase el inciso segundo del artículo 108 el siguiente:

"El empleador deberá otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.".

30.- Reemplázase el artículo 114 por el siguiente:

"No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor;

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional;

c) cuando sera necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento;

31.- Reemplázase en el artículo 123, el Número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"El enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por los sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador.

32.- Reemplázase el artículo 130 por el siguiente:

"Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

33.- Agrégase el siguiente artículo 130-A:

"El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquel conviene en ejecutar una o más labores específicas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquel o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138° y no tendrán carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.".

34.- Reemplázanse los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133.

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del tumo respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 130-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el tumo correspondiente en las condiciones establecidas en aquellos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente.".

35.- Agrégase en el artículo 135, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en este se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.".

36.- Reemplázase el artículo 138 por el siguiente:

"Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a)Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento en lo que respecta a las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.- La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.- Las remuneraciones por tumo o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.- El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose además, constancia de ésta.

4.- El modo como se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantizadas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f) Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, él o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrán carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.

37.- Reemplázase el artículo 139, por el siguiente:

"Para los efectos de los dispuesto en el inciso segundo del artículo 130°, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo tumo, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

38.- Reemplázase el artículo 145 por el siguiente:

"La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador".

39.- Agrégase en el artículo 147, el siguiente inciso:

En todo caso, la remuneración en dinero no podrá ser inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que viven fuera de ella.

ARTÍCULO 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 171 por el siguiente:

"El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá, asimismo, prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.".

2.- Agrégase el siguiente artículo 173-A:

"No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley.".

3.- Reemplázase el artículo 181 por el siguiente:

"Las trabajadoras tendrán derecho a un descaso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

4.- Reemplázase el artículo 185 por el siguiente:

"Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrán gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la Ley N° 18.703, o su cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.".

5.- Agrégase, a continuación del artículo 185, el siguiente artículo:

"Artículo 185-A.: Toda mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena de éste en los términos del Título III de la ley Ne 18.703, tendrá derecho a permiso y subsidio que se mantendrá durante la tramitación de aquel hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso, necesariamente deberán acompañarse una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca el juicio de adopción plena en el cual se acredite su estado de tramitación.".

6.- Agrégase la siguiente oración al inciso segundo del artículo 186 del Código del Trabajo, cuyo punto final pasa a ser punto seguido:

"La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.".

7.- Agrégase el siguiente artículo 451-A

"Artículo 451-A: Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el Capítulo I del Libro I de este Código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que, en forma dolosa, simule la contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la lay o la convención.

La multa será de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada cien trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.

El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro V.".

ARTICULO 3°: Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620.

1.- Reemplázase el artículo 400 por el siguiente:

"La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.

Las notificaciones personales y por cédula se practicarán por alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el respectivo tribunal, o por un empleado del mismo designado para ello por el Juez, de oficio o a petición de parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, deberá ser practicada por Carabineros de Chile.

La notificación al demandado deberá hacerse en la morada, residencia o domicilio del notificado o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, en la casa que sirve de despacho del tribunal o en el oficio del Secretario del Juzgado, en cuyos casos la diligencia deberá ser llevada a cabo por este funcionario. Los jueces no podrán ser notificados en el local en que desempeñen sus funciones.".

2.- Reemplázase el artículo 405, por el siguiente:

"Las demás resoluciones se notificarán por carta certificada remitida por el Secretario del Tribunal o por el funcionario que se designe al efecto y se entenderá practicada el segundo día hábil siguiente a su despacho a Correos, circunstancia de la que se dejará constancia en autos.

Esta forma de notificación se hará extensiva a las resoluciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que se refiere el inciso segundo del mismo artículo y esta notificación se producirá sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.

Si la primera resolución hubiese sido notificada por aviso y los notificados no hubiesen comparecido en el juicio, las demás resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse conforme lo dispuesto en el artículo 403.

El tribunal, en casos calificados, podrá disponer que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

Del derecho de haberse dictado sentencia definitiva y de la circunstancia de haber recaído resolución en un proceso, se dejará constancia en un registro diario que se confeccionará por el Secretario y que se mantendrá en una parte visible dentro del recinto en que funcione el tribunal.

Las emisiones o defectos en que se incurra en los registros diarios, no afectarán a la validez de las respectivas notificaciones.

3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406, por los siguientes:

"Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del tribunal serán gratuitas para los trabajadores y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".

4.- Reemplázase el número 3° del artículo 410, por el siguiente:

'Todas las excepciones que se oponen a la demanda y los fundamentos de derecho en que se apoyan. No se admitirá la interposición posterior de las excepciones omitidas, y"

5.- Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, se concederán al actor cinco días fatales para contestarlas. La contestación a la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 410.

Contestada la demanda o la reconvención o planteadas las excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución par la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso y el siguiente se notificarán por carta certificada.(

Si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en la resolución a que se refiere el inciso anterior el tribunal recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuales deba ella recaer. Si no existiesen tales hechos, el tribunal así lo declarará en contra de las resoluciones a que se refiere este inciso, sólo procederá el recurso de reposición.

6.- Reemplázase el artículo 412 por el siguiente:

"La audiencia se celebrará con las partes que asisten, y en ella el juez presentará, en primer término, las bases que estime conducentes para lograr una conciliación sin que las opiniones que emita al efecto pueden inhabilitarlo para seguir conociendo de la causa.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, se dejará constancia de ella en el acta de la audiencia respectiva. Dicha acta la suscribirán el juez y las partes y será autorizada por el secretario del tribunal, estimándose como sentencia ejecutoriada para todos los actos legales.

7.- Reemplázase el artículo 413, por el siguiente:

"Si no se produjere conciliación, en la misma audiencia el tribunal recibirá la prueba de testigos, la instrumental, la confesión judicial y cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuere pertinente y que alguna de las partes hubiere solicitado. Si no se recibe la causa a prueba, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercer día.

8 - Reemplázase el artículo 414 por el siguiente:

"La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior presentada dentro de los días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. La resolución se notificará por cédula con una anticipación mínima de tres días en relación con la fecha en que no deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se la notificará en la forma señalada en el artículo 405.

El pliego que contenga las posiciones, será entregado por la parte que haya pedido la diligencia, en sobre cerrado, el comienzo de la audiencia correspondiente.

Las posiciones deberán expresarse en términos claros y precisos de manera que puedan ser entendidos sin dificultad y deberán ser pertinentes con los hechos sobre los que debe versar la prueba. El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá rechazar las que no cumpla dichas exigencias.".

9.- Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:

"La prueba instrumental deberá producirse en la audiencia a que se refiere el artículo 413 y sólo por cada causa justificada, que el tribunal resolverá de plano, será admitida con posterioridad hasta antes de la citación para oír sentencia.".

10.- Reemplázase el artículo 417 por el siguiente:

"Cuando se dé lugar a la exhibición de documentos, el tribunal arbitrará los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el menor tiempo posible. Para este efecto, podrá ordenar el arresto de la parte que, sin justa causa, no llevare a cabo la exhibición en la primera oportunidad que haya fijado.".

11.- Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución pertinente. La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al comparendo, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión y domicilio de los testigos.

Si alguna parte desea que sus testigos sean citados por el tribunal, la lista a que se refiere el inciso anterior deberá ser presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. En este evento, el tribunal dispondrá la citación del o los testigos, mediante carta certificada y bajo apercibimiento de arresto, en la forma que indica el inciso segundo del artículo 380, del Código de Procedimiento Civil.

12 - Reemplázase el artículo 419 por el siguiente:

"El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la contraria, no invalidará su testimonio.".

13.- Reemplázase el artículo 420 por el siguiente:

"Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa y serán interrogados bajo juramento por el tribunal sobre los puntos señalados en la resolución que recibió la causa a prueba, sin perjuicio de la facultad de las partes para hacer por su conducto las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes; estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, lo que calificará el tribunal de inmediato y sin más trámite.".

14.- Reemplasáze el artículo 421 por el siguiente:

"Antes de que presten declaración los testigos de la contraria, cada parte podrá dirigir, por intermedio del tribunal, las preguntas que fueren conducentes, con el objeto de configurar posibles inhabilidades. Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y no impedirá que se tome declaración al testigo.".

15.- Reemplázase el artículo 422 por el siguiente:

"Respecto de las tachas, no se admitirá prueba testimonial, pudiendo las partes acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.".

16.- Elimínese el artículo 423.

17.- Reemplázase el inciso primero del artículo 427 por el siguiente:

'Terminada la recepción de la prueba y no existiendo diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia".

18.- Agrégase en el artículo 429, el siguiente inciso final:

"El tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358, del Código de Procedimiento Civil.".

19.- Modifícase el artículo 432 de la manera que se indica:

a) Sustituyase el N° 8 por el siguiente:

8.- El pronunciamiento sobre el pago de costas. Este recaerá en la parte vencida. Si la demanda fuere acogida parcialmente, el juez regulará el monto de ellas proporcionalmente a lo obtenido por el actor, en relación con la cuantía total de lo disputado;

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Si el juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta de comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de las costas".

20.- Reemplázase el artículo 442 por el siguiente:

"En segunda instancia sólo será admisible la prueba documental, la que deberá rendirse ante la vista de la causa".

21.- Reemplázase el artículo 444 por el siguiente:

"Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69° del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su visita y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.".

22.- Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso:

"Sin embargo, la interpretación administrativa que hagan las autoridade antes aludidas, no obligarán a los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento.".

23.- Agrégase el siguiente artículo 447-A:

"Si la cuantía de lo disputado no excede del equivalente a 4 ingresos mínimo, el trabajador podrá optar por entablar la demanda conforme al procedimiento establecido en los artículos anteriores o hacerlo ante el mismo tribunal y dentro de los mismos plazos según las disposiciones siguientes, señalándolo así expresamente.

El juzgado conocerá y resolverá la demanda en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, a la que éstas deberán concurrir con sus medios de prueba y se celebrará con la que asista.

La notificación de la demanda y la sentencia se practicará por funcionarios del juzgado o por Carabineros, personalmente o por cédula, en el domicilio de la parte respectiva. Deberá entregarse copia de la demanda, o de la sentencia, en su caso, a cualquiera persona de dicho domicilio si la parte no fuere habida. Además, se dirigirá al demandado, por secretaría, carta certificada.

En todo los trámites, las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de 15 días hábiles contados desde la notificación de la demanda.

El juez apreciará la prueba en conciencia. Las resoluciones que se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.".

ARTICULO 4°.- Reemplázase el artículo 2472 del Código Civil por el siguiente:

"La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1.- Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.

2.- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto:

3.- Los gastos de enfermedad del deudor:

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia:

4.- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;

5.- Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;

6.- Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquel hubiere afectado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42, del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

7.- Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.

9.- Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

ARTICULO 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981:

1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

"Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la Ley N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.".

2.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.".

ARTICULO 6°.- Los pensionados y montepiadas podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto Ley N° 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37 y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

En el nombre de las confederaciones podrá usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación" o "central".

ARTICULO 7°.- Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130-A, del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21a, del D F L N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

ARTICULO 8°- Declárase, interpretando la ley 19.010 de 1990, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1° de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de la ley 19.010.

ARTICULO 9°.- Reemplázase el artículo 6° de la ley 17.322, por el siguiente:

"Las notificaciones de la demanda y requerimiento de pago se regirán por las disposiciones de los artículos 433, 434 y 435 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones se cumplirán por los Receptores Laborales que sirvan el cargo en el respectivo tribunal y en ausencia o impedimento de éstos, por un empleado del mismo o por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas.".

ARTÍCULO 10.- Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549, del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobreza.".

ARTICULO 11.- "La jornada de trabajo de los vigilantes privados y de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5° y 5° bis, respectivamente, del Decreto Ley N° 3.607, de 1981.".

ARTICULO 12.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes 19.010, 19.049 y 19.069, las de los artículos le, 2° y 3° de ésta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que las hayan modificado o interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1°.- La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $ 28.400.-

ARTICULO 2°.- La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso cuarto del artículo 37° del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso primero del nuevo artículo 44 y en el nuevo inciso tercero del artículo 103 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley. No obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c) Los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario, a partir del inicio del año en curso .

d) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir de la entrada en vigencia de la primera ley, que a partir del 1° de enero de 1992, reajuste el monto del ingreso mínimo mensual.

ARTICULO 3°.- Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60° del Código del Trabajo, al artículo 2472° del Código Civil y al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

ARTICULO 4°.- Las organizaciones de pensionados y montepiadas, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozaren de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6°. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.".

—o—o—

Se designó Diputado informante al señor Rubén Gajardo Chacón.

Sala de comisión, a 7 de enero de 1992.

Acordado en sesión de fecha 7 de enero de 1992, con asistencia de los señores Araya, don Nicanor (Presidente); Caminondo, don Carlos; Cardemil, don Gustavo; Fantuzzi, don Angel; Gajardo, don Rubén; García, don René; Muñoz, doña Adriana; Olivares, don Héctor; Orpis, don Jaime; Salas, don Edmundo; Seguel, don Rodolfo y Sotomayor, don Andrés.

(Fdo.): Pedro N. Muga Ramírez, Secretario de la Comisión".

MODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN RELACION CON EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V, del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Rubén Gajardo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 360-13 y se encuentra en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se encuentra presente el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar, quien ha solicitado autorización para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de esa Cartera, don Eduardo Loyola.

El señor MEKIS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, me corresponde informar, en esta discusión particular, el proyecto que modifica los Libros I, II, y V, del Código del Trabajo.

En la Comisión no fueron objeto de indicación ni de modificación los artículos que aparecen consignados en la página 2 del informe y que reglamentariamente corresponde que el señor Presidente los declare aprobados sin más trámite. En la página 3, se indican los que fueron objeto de alguna modificación, los cuales, en consecuencia, deben ser votados. En la página 14 figuran los artículos nuevos.

Los siguientes artículos y números sólo sufrieron modificaciones de carácter formal, esto es, que no presentan ideas nuevas, sino únicamente enmiendas en la redacción para hacer más precisa la idea original: artículo 1°, números 18, 19 y 36; artículo 3°, números 1 y 7; y artículos 11 y 12 y 2° transitorio.

Me referiré solamente a las modificaciones introducidas a los artículos aprobados en la discusión general y al contenido de los artículos nuevos aprobados por la Comisión y que se someten a la consideración de la Sala.

En cuanto a los primeros, en el número 5 del artículo 1° se agregó la siguiente frase: "cuya retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes", con lo cual se establece que el tiempo de descanso que el personal pasa a bordo de Ferrocarriles o de vehículos de locomoción colectiva interurbana debe ser objeto de retribución o compensación, según acuerdo de las partes.

Esta modificación aclara una idea sostenida invariablemente por la Dirección General del Trabajo, en el sentido de que este tiempo, si bien no constituye jomada de trabajo y, en consecuencia, no puede imputarse como tal, es un tiempo del que el trabajador, de alguna manera, está limitado para emplearlo, puesto que debe permanecer a bordo del vehículo respectivo. Por eso debe ser indemnizado, retribuido o compensado. Ello, por lo demás se ajusta a la práctica que en el sector se ha ido consagrando con el tiempo a través de los contratos individuales y convenios colectivos.

La siguiente modificación se refiere al número 22 del artículo 1° que especifica quiénes son trabajadores agrícolas de temporada. Se agregó la expresión "y otras afines", en cuanto a otras actividades afines.

El N° 91 del Código de Trabajo dice: "Trabajadores agrícolas de temporada son todos aquellos que desempeñan faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales, derivadas de la agricultura, y en aserraderos y plantas de explotación de madera".

Se consideró esta enumeración demasiado restrictiva, pues era posible que existieran otras actividades que también podían quedar sujetas a las normativas por las cuales se rige el trabajo de temporada. Incluso, en la Comisión se presentaron algunas indicaciones, con el objeto de incorporar nuevas actividades en este listado. Con el objeto de no seguir un sistema o lógica casuística que pudiera ocasionar el mismo problema que se quería evitar respecto de otras actividades, se prefirió agregar la frase "y otras afines". De tal manera que también quedan como trabajadores de temporada aquellos que, en general, se desempeñan en las condiciones que aparecen especificadas en el artículo 91 a) del Código del Trabajo.

En el artículo 2° aparece modificado el N° 7, que agrega el artículo 451-A, al Código del Trabajo. Esta norma establece una multa a quien incurra en la infracción de simular un contrato de trabajo o la existencia de empleadores distintos de los efectivos. En el primer informe, no se señalaba quién aplicaba esta multa. El precepto se complementa al disponer; "El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro V.". Es decir, se precisa la forma de hacer efectiva la responsabilidad que genera multas por el hecho de incurrir en algunas de las situaciones que allí se mencionan.

El artículo 3° se refiere a toda la normativa procesal. Su N° 3 establece la norma que rige la notificación que debe hacerse en los juicios del trabajo. En el proyecto original se indicaba que las notificaciones serán gratuitas para el trabajador cuando asuma la calidad de demandante en el juicio. La modificación consiste en hacer siempre extensivo este beneficio, sea el trabajador demandante o demandado. En consecuencia, la modificación tiene por objeto eliminar la referencia a su calidad de demandante; es decir, se amplía el beneficio que originalmente consagraba el artículo.

En el N° 4, se señala que todas las excepciones deberán oponerse en el comparendo a que se citará, una vez que la demanda esté contestada.

La diferencia con la norma aprobada originalmente, radica en que se hace referencia exclusivamente a las excepciones y se elimina la que se hacía a las defensas, por estimar que el hecho de exigir que las excepciones y defensas se opongan en una misma oportunidad y no se admitan en otras, podría inhibir la posibilidad de que las partes, durante el transcurso del juicio, pudieran formular argumentaciones distintas, pero que incidieran en las mismas acciones y excepciones opuestas o deducidas en su oportunidad.

El N° 5, modifica el trámite a que se sujeta el juicio del trabajo. Desde el punto de vista procesal, tal vez la reforma más importante consiste en que se reduce a uno los dos comparendos. En la legislación vigente, una vez contestada la demanda, el juez cita a un comparendo de conciliación. De no producirse ésta, el juez fija los puntos de prueba sobre los cuales ella ha de rendirse en un comparendo posterior. En consecuencia, en el segundo comparendo se rinde la prueba de las partes en relación con los puntos de prueba señalados por el tribunal en el comparendo anterior.

Con el fin de salvar algunas objeciones, en el sentido de que, al existir un solo comparendo, las partes debían rendir probanzas en el mismo comparendo en que eran fijados los puntos de prueba, se incorporó la modificación del N° 5, que establece que éstos se fijarán por el tribunal una vez contestada la demanda. Como se mantiene el sistema vigente, en el sentido de que a la demanda formulada o interpuesta por escrito sucede la contestación efectuada en igual forma, al proveer esta última el juez deberá fijar los puntos de prueba, de manera que cuando se realice el comparendo, que es de avenimiento y de prueba, las partes estarán en conocimiento de los puntos respecto de los cuales deberá recaer la prueba.

En el N° 8 aparece la forma de hacer efectiva la confesión en juicio. Se establece que la confesión podrá pedirse una sola vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución respectiva. Esta se notificará por cédula con una anticipación mínima de tres días en relación con la fecha en que deba celebrarse el comparendo.

El N° 11 se refiere a la exigencia de presentar una lista de testigos cuando la parte quiera hacer uso de este medio probatorio. En el proyecto original, estaba suprimido. Se estimó necesario reponerlo y exigir que aquel que desee rendir prueba de testigo deberá presentar una lista con el nombre y la identificación de los mismos, antes de las 12 horas del día anterior al comparendo. Si la parte que presenta los testigos desea que éstos sean citados por el tribunal, la lista deberá ser presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, es decir, la que fija los puntos de prueba y cita a las partes a comparendo.

En consecuencia, el cambio radica en que siempre se exige la presentación de una lista de testigos, y los plazos para hacerlo varían según se pida o no la citación de los testigos por el tribunal.

Por el N° 19 se introduce una modificación relativa fundamentalmente, al pago de las costas. En la normativa vigente, por aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil, que son supletorias de las del Código del Trabajo, corresponde que sea condenada en costas la parte totalmente vencida.

En los Tribunales del Trabajo se ha estimado que una parte es totalmente vencida cuando todas las acciones interpuestas en su contra fueran acogidas y ninguna excepción le haya sido reconocida. En los juicios del trabajo es bastante difícil, por la realidad de la relación laboral, obtener que una de las partes sea totalmente vencida. Lo corriente es que se demande en un conjunto de prestaciones, algunas de las cuales pueden ser acogidas y otras no. La circunstancia de que alguna de las acciones interpuestas no sea acogida, significa que el demandado queda liberado de la obligación de pagar las costas de la causa.

La modificación innova en esta materia al establecer que cuando se acojan algunas excepciones y otras no, de todas maneras procederá la condenación en costas, que el juez regulará proporcionalmente a lo obtenido por el actor, en relación con la cuantía del total de lo disputado.

Esta enmienda corrige una grave anomalía que se produce en la justicia del trabajo, en el sentido de que, en la práctica, resulta muy difícil que el trabajador que demanda obtenga, además, el beneficio del pago de las costas por parte del demandado.

Las modificaciones contenidas en los N°s. 11 y 12 corresponden solamente a aspectos de redacción.

Ahora paso a analizar los artículos nuevos que se incorporan y que no fueron conocidos por esta Sala durante la discusión general del proyecto.

En primer lugar, se modifica el artículo 186°, del Código del Trabajo, que dice relación con el fuero materno. Esta norma preceptúa la inamovilidad de la mujer trabajadora desde el momento del embarazo y hasta un año después de expirado el descanso post natal. Sin embargo, frente a la situación de despido, no establece el plazo dentro del cual la interesada o afectada deba hacer uso del derecho. Esto ha traído inseguridad, pues no ha sido clara la jurisprudencia de los tribunales en este sentido. Por tal motivo, la Comisión ha creído conveniente establecer la obligación de hacer efectivo el derecho que tiene la beneficiaría, dentro de un plazo que está más o menos de acuerdo con los que el propio Código del Trabajo establece, para reclamar del despido de que haya sido objeto. Por ello, se agrega que la afectada deberá hacer efectivo este derecho; es decir, el de demandar la reincorporación con el pago del tiempo en que estuvo indebidamente separada, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.

También se incorpora un artículo que introduce, dentro del procedimiento del trabajo, una nueva forma o posibilidad aplicable a los asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a cuatro ingresos mínimos.

El procedimiento del trabajo, general u ordinario, si bien aparece modificado en esta reforma legal, con el objeto de acelerar los trámites y apurar los juicios, no deja de ser un procedimiento formal. Por eso, se mantiene la exigencia de que las partes concurran con patrocinio de abogado. Sin embargo, aun cuando se justifica en relación con asuntos de cierta envergadura, desde el punto de vista de su cuantía, no satisface las exigencias de aquellos que tienen demandas de ínfima cuantía y que, prácticamente, carecen de la posibilidad de llegar hasta los tribunales para obtener el reconocimiento de su derecho.

Respecto de estos asuntos de escasa cuantía en la Comisión se fijó en cuatro ingresos mínimos, se establece un procedimiento concentradísimo, en el cual, sin forma de juicio y en una sola audiencia, el juez debe resolver. Para comparecer no se exige el patrocinio de abogado. En todo caso, se deja abierta la posibilidad al demandante de optar por entablar su demanda según el procedimiento común o por acogerse a esta modalidad especial.

De estos artículos sobre los cuales corresponde pronunciarse, dos tienen el carácter de orgánico constitucional los números 7 del artículo 1° y 7 del artículo 2°, porque inciden en temas relativos a la competencia de los tribunales. Asimismo, tienen carácter de quorum calificado los números 3, 4 y 5, del artículo 2°.

Es cuanto puedo informar. Quedo a disposición de los señores Diputados para absolver cualquier consulta que surja en el curso de debate.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, los aspectos tratados por la Comisión de Hacienda son solamente dos: los números 3 y 4 y, de algún modo, el 5 del artículo 2°, por estar relacionado con los anteriores, los cuales figuran en el segundo informe de la Comisión de Trabajo.

El número 3 del artículo 2° establece que "si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre".

Esta norma representa un mayor costo fiscal, por concepto de doce o menos semanas de subsidio maternal, en este caso pagado al padre por fallecimiento de la madre, situación que no estaba prevista en la legislación actual.

De acuerdo con las estadísticas existentes en el país, en 1988 la mortalidad materna por parto ascendió a aproximadamente 0,41 por cada mil nacidos vivos, y, según la información de la Superintendencia de Seguridad Social respecto de las mujeres que se benefician con el subsidio maternal cada año, es posible estimar que el mayor costo fiscal de esta disposición podría alcanzar a unos 6 millones 400 mil pesos al año, en moneda de junio de 1991.

Por tanto, la Comisión de Hacienda propone aprobar este número, con el costo estimado. Además, en el último inciso de este número, advertimos la omisión de una palabra, por lo cual la Comisión de

Hacienda propone que donde dice: "Asimismo, no obstante cualquiera en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos", exprese: "Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario...". Con ello se subsana un evidente error de transcripción y el texto adquiere sentido.

El segundo aspecto estudiado por la Comisión es la norma que otorga el derecho a permiso y subsidio para la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena. En este caso el subsidio se pagará hasta por doce semanas.

Las estadísticas del INE indican que el número de menores adoptados con juicios terminados en 1988 fue de 1.728. Se supone que en 1991 las adopciones, incluidas las causas en trámite, alcanzarán a 2.000. A falta de información, hemos supuesto que estos 2.000 casos a los cuales se les aplicaría esta norma son menores de seis meses. Por eso, si un 16 por ciento del número anterior corresponde a madres trabajadores y asumimos que la remuneración promedio de la mujer es de 75.000 pesos, según los antecedentes de la Superintendencia de AFP, se concluye que esta proposición representará un mayor costo fiscal del orden de los 72 millones de pesos anuales. Naturalmente son estimaciones basadas en las estadísticas mencionadas.

Por lo tanto, se estima que esta disposición y la anterior que he comentado, implican una cantidad inferior a los 80 millones de pesos anuales de mayor costo fiscal, y la Comisión de Hacienda recomienda su aprobación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde discutir y votar en particular el proyecto.

En primer lugar, se declaran aprobadas las disposiciones que no han sido objeto de indicaciones. Como hay cambios de números respecto de lo que está consignado en el informe, ruego a los señores Diputados que estén atentos a lo que se va a indicar.

Se declaran aprobados reglamentariamente los numerales 1, 2, 3, 6, 8, 9,10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38 y 39, del artículo 1°.

Los numerales 1 y 2 del artículo 2°.

Los numerales 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17, 20, 21 y 22, del artículo 3°.

Los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 permanentes.

Los artículos 1°, 3° y 4° transitorios.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, no me queda clara la situación de algunos números. Por eso deseo que los revisemos con detención. Por ejemplo, se suprime el número 9 del artículo 3° que se refería al artículo 415, del Código del Trabajo. Por lo tanto, debe discutirse en esta Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Por qué habría que discutirlo?

El señor ORPIS.-

Porque es un artículo suprimido, en relación con el primer informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría se refiere al primer informe y estamos en el segundo.

El señor ORPIS.-

Por eso, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advertí al comienzo que nos referíamos a los números del segundo informe, no del primero.

En todo caso, oportunamente se verá si existe objeción.

En primera lugar, solicito el acuerdo de la Sala para no votar las indicaciones que no hayan sido renovadas. A la Mesa no ha llegado ninguna renovación.

El señor JARA (don Octavio).-

Nosotros estamos renovando una.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sería la primera.

Respecto de las indicaciones no renovadas reitero, solicito el asentimiento de la Sala para no votarlas.

En ningún caso se discuten; sólo se votan.

El señor ORPIS.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, para adoptar ese criterio, debe hacerse un planteamiento distinto, es decir, que todas las indicaciones rechazadas por la Comisión no se votan en la Sala. Por lo tanto, se entienden rechazadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es lo que señalé, con otro giro verbal; a lo mejor no me di a entender. ¿Habría acuerdo?

El señor BOSSELIN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, su proposición es muy buena desde el punto de vista de economía en la tramitación de un proyecto de ley; pero muy mala desde el punto de vista de técnica legislativa. Puede haber indicaciones bastante interesantes que no fueron renovadas, pero tenemos el derecho de conocerlas para ver si las votamos a favor o en contra. Es inadecuado no hacer uso de nuestras facultades. Me parece erróneo, desde el punto de vista de técnica legislativa, lo que Su Señoría sugiere. Por eso, me opongo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No me refiero a algo genérico. Todos ustedes tienen el informe. Si hay indicaciones que Su Señoría no considera interesantes, se opone; pero no por un motivo específico.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el informe es largo, y los que no formamos parte de la Comisión técnica sólo tenemos estos momentos como única oportunidad de conocerlo, pues lo recibimos en la mañana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me informan que hace una semana que está hecho el informe.

El señor BOSSELIN.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A lo mejor no llegó a sus manos.

El señor BOSSELIN.-

No ha llegado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, votaremos las indicaciones, en su momento. Para acordar lo propuesto se requería la unanimidad.

Corresponde votar el N° 3 del artículo 1° del primer informe, que fue rechazado en la Comisión. Se refiere a modificaciones del contrato de trabajo propuestas por el empleador, las que deben ser hechas por escrito y previamente comunicadas al trabajador. Esa idea contenida en el número indicado del primer informe fue suprimida en el segundo trámite y debe votarse, sin discusión. Añade un inciso segundo.

El inciso primero del artículo señala que las modificaciones al contrato de trabajo se hacen sin ninguna formalidad. Como una excepción a eso, hay una norma que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

El N° 3 del artículo l° del primero informe señalaba: "Agrégase al artículo 11 el siguiente inciso: "Las modificaciones a que se refiere el inciso primero que proponga el empleador, deberán ser puestas en conocimiento del trabajador por escrito y con una anticipación, a lo menos, de tres días hábiles a la fecha prevista para su suscripción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ese inciso fue suprimido en el segundo informe.

Es decir, debe decidirse si se mantiene la supresión o revive la norma del primer informe, materia sobre la cual procede la discusión.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, este artículo fue suprimido en el primer informe por unanimidad, a proposición del Ministerio y a petición de los trabajadores.

El proyecto original establecía que toda modificación contractual debía ponerse en conocimiento del trabajador, quien tenía un plazo determinado para pronunciarse y que debía, en caso de que lo solicitare, requerir la presencia del delegado de personal o de la directiva del sindicato. Por acuerdo de la Comisión, se eliminó la participación de estas personas. Se mantenían los tres días de anticipación para poner las modificaciones en conocimiento del trabajador. A solicitud del Ejecutivo y por acuerdo unánime de la Comisión, se suprimieron esos tres días.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, la norma eliminada en el segundo informe aborda un tema de mucha importancia relacionado con la filosofía del Código del Trabajo, que históricamente, fue pro trabajador, o sea, todas las normas que modificaban sus contratos eran en condiciones favorables a los trabajadores. El aviso con tres días de anticipación, se prestaba para la posibilidad de cometer grandes abusos. Y fue la Central Unitaria de Trabajadores la que, en noviembre planteó, en una de sus declaraciones, que la norma reflejaba un atentado en contra de los derechos de los trabajadores, por cuanto no existía la posibilidad de fiscalizar ni de garantizar que hubiera el consentimiento del trabajador en la modificación de su contrato.

Este es el tema de fondo. La norma propuesta disponía que el trabajador podía ser informado con tres días de antelación, pero no se requería su consentimiento para modificar el contrato.

Este es un problema que toca a todo el Código del Trabajo atendida la filosofía que lo inspira actualmente. Esta eliminación dice relación con una petición de la Central Unitaria de Trabajadores, la que apoyaremos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación la mantención de la supresión.

Resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Queda definitivamente suprimido el número 3 del primer informe.

Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para no votar las indicaciones no renovadas.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

El señor DUPRE.-

¡No, señor Presidente!

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, como, al parecer, soy el único parlamentario que se opone, daré el asentimiento unánime; pero quiero indicar que esto no obsta para hacer uso de mi derecho en el futuro, porque no me parece una buena práctica. En todo caso, no soy obstáculo ante esta situación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien. Entonces, así se acordará.

Corresponde votar, sin discusión, el número 4, del artículo 1°, que se refiere al descanso de los trabajadores que laboren a bordo de naves pesqueras.

Había una indicación que, como no ha sido renovada, no se considera.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, ¿podría explicar en qué forma se va a votar?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es bastante simple: se está votando el segundo informe de la Comisión de Trabajo, número por número. Se indicaron los que fueron aprobados reglamentariamente. Ahora corresponde votar el número 4, sin discusión.

El Diputado señor Jeame Barrueto solicita que recabe el asentimiento unánime de la Sala para hacer llegar una indicación a este número.

El señor ORPIS.-

¿Es renovada?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; es completamente nueva. Por eso, pido el asentimiento de la Sala.

No hay acuerdo.

En votación el número 4.

Durante la votación:

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Estamos en votación, señor Diputado.

El señor ORPIS.-

Sí, señor Presidente; pero debe aclararlo bien, porque existe confusión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No puede haber confusión. Está en votación el número 4 del artículo 1° del segundo informe de la Comisión de Trabajo. Es para agregar un artículo 23-A, que se refiere al descanso a que tienen derecho los trabajadores que laboran a bordo de naves pesqueras.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el número 4.

Corresponde discutir y votar el número 5, que se refiere a la jomada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva y de ferrocarriles.

Ofrezco la palabra.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, este artículo establece una jornada de trabajo de ciento noventa y dos horas para los trabajadores de la locomoción colectiva interurbana y de ferrocarriles, jornada establecida en el actual Código. Dice: "Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas antes de iniciar nuevamente la jornada.".

¿Qué proposiciones se contienen en las modificaciones?

En primer lugar, el personal de ferrocarriles no tenía el descanso de ocho horas que tendría ahora. En segundo término, con la finalidad de clarificar esta norma, en el primer informe se agrega que este descanso de ocho horas "no será imputable a la jomada.".

Al establecerse que las ocho horas no eran imputables, se perjudicaba a los trabajadores, porque en la actualidad, normalmente, a través de contratos individuales o colectivos, estas ocho horas pueden compensarse o pagarse. Para evitar esta interpretación, se agrega la frase final, en el segundo informe, para no perjudicar a los trabajadores en cuanto al descanso o, eventualmente, a remuneraciones. Ese es el sentido de la modificación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación en número 5.

Resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el número 5.

Corresponde votar, sin discusión, el número 7, que requiere quorum de ley orgánica constitucional: 67 votos a favor.

Dicho número se refiere a las personas que desarrollan labores discontinuas. No requiere discusión.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero consultar si es posible votar al final todos los artículos que requieran de quorum calificado, fijando una hora, para evitar así los problemas de repetir votaciones o que se produzcan dudas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por 10 minutos.

Se suspendió a las 11:26 y se reanudó a las 11:42.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Se ha pedido dividir la votación en el artículo 7°, por cuanto la parte que se refiere a Ley Orgánica Constitucional está contenida en su último inciso.

En votación los tres primeros incisos, que requieren de quorum simple.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados los tres primeros incisos.

El último inciso requiere quorum de Ley Orgánica Constitucional, es decir 67 votos.

El señor BOSSELIN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, en el inciso final, que se va a proceder a votar, realmente existen dos ideas.

La primera que dice: "En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo." Esta parte no es de quorum calificado. Sí la siguiente: "De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente", etcétera, porque, precisamente, trata la materia. Entonces, pido que se divida la votación del inciso entre la primera y la segunda parte.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es necesario, señor Diputado, porque todos comparten el artículo.

En votación el inciso final del artículo 7°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el inciso.

Corresponde tratar la modificación N° 18, página 37 del informe, que se refiere a un día adicional de feriado para los trabajadores que tengan más de diez años de trabajo con uno o más empleadores.

Sobre esta materia, tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, en esta modificación se establece el reconocimiento de la antigüedad del trabajador para los efectos del cómputo del feriado progresivo.

En la legislación vigente, cuando un trabajador ha cumplido diez años con un mismo empleador ésa es la exigencia, puede hacer uso de un día adicional de feriado por cada tres nuevos años para el mismo empleador. Con la modificación introducida se pretende que el trabajador, al cambiar de empleador, pueda conservar la antigüedad para los efectos del feriado progresivo, estableciéndose un límite de diez años para este derecho.

En eso consiste la modificación, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Trabajo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, como bien manifestaba el Diputado señor Gajardo, aquí se buscó una fórmula intermedia entre lo que existe y lo que se pretendía.

En el pasado no muy lejano, cuando los trabajadores cambiaban de trabajo llevaban consigo toda su antigüedad para los efectos de las vacaciones progresivas. Hoy se ha buscado una fórmula intermedia, como acuerdo.

Si bien de alguna manera perjudica a las personas mayores en sus expectativas de trabajo, creemos que la formula encontrada, en consideración a todo lo que se discutió en la Comisión sobre el tema, es la correcta.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, como lo ha dicho el señor Diputado informante, ha habido un avance mínimo en esta materia, porque antes no había tope y el trabajador hacía valer cualquiera cantidad de años trabajados con el empleador que fuese. Esto, en especial, favorecía a los que se desempeñaban en labores pesadas o tóxicas en las cuales sufrían un deterioro físico muy grande. Por lo tanto, ése era el concepto y la filosofía del feriado progresivo.

En la Comisión dejé debidamente puntualizado que la medida, si bien constituye un avance no es nueva, sino solamente que se recuperó una parte mínima de lo ganado por los trabajadores durante tantos años de lucha.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, el proyecto del Ejecutivo, originalmente, planteaba el sistema de vacaciones progresivas, independientemente de que el trabajador se cambiara de trabajo o no. El actual Código sólo contempla un sistema de vacaciones progresivas cuando existe continuidad en el empleo; pero no ante el cambio de trabajo.

Considerando que la posición del Ejecutivo podría traer efectos negativos sobre los trabajadores de mayor edad, y que las actuales disposiciones del Código no consideran la alta rotación que se produce en los primeros años de trabajo, la Comisión acordó una solución intermedia que consiste en que se reconoce la continuidad del trabajador, para los efectos de vacaciones adicionales, en los diez primeros años de trabajo, independientemente de que éste se cambie o no de empleador. Esta continuidad se pierde, a partir del décimo año, en el caso de que el trabajador se cambie de empleador. Es decir, con la modificación, un trabajador con más de diez años de trabajo, si se cambia, vuelve siempre a diez y no a cero como en el actual Código. Esta solución también es satisfactoria en términos del empleo, por cuanto al postular a un trabajo ningún trabajador lo hará con vacaciones a su haber; es decir, no tendrá "mochila". De existir esta situación, el propio trabajador se vería seriamente perjudicado, porque en nuestro país aún no existe pleno empleo y, obviamente, el empleador preferirá al que no le representa ningún costo adicional, sobre todo cuando trata de obra de mano no calificada.

Por eso, consideramos satisfactoria la modificación propuesta por la Comisión de Trabajo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la modificación número 18.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Corresponde, enseguida tratar una indicación renovada que figura en la página 18 del referido informe y a la cual el señor Secretario dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por objeto sustituir, en el artículo 63 del Código del Trabajo, las palabras "subsidiariamente" y "subsidiaria" por "solidariamente" y "solidaria", respectivamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente, con la firma de más de 30 señores Diputados e incluidos tres Comités, de conformidad con el artículo 129, del Reglamento de la Honorable Cámara, reiteramos la indicación rechazada por un voto en la Comisión de Trabajo, y que consiste en reemplazar en el artículo 63, del Código del Trabajo la actual responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena por la responsabilidad solidaria.

La idea matriz de esta indicación es garantizar en mejor forma los derechos de los trabajadores, de manera simple y práctica.

Durante los últimos 15 años se ha hecho muy frecuente la práctica del sistema de contratistas, es decir, de personas que se obligan, en virtud de un contrato de carácter civil, a realizar un determinado trabajo para una empresa o dueño de una obra o faena. Para ello, contratan los servicios de trabajadores, los que en definitiva realizan para la empresa o dueño de la obra los trabajos convenidos.

En realidad, esta práctica de los contratistas no nos gusta, porque de una u otra manera mediatiza la relación laboral, es decir, produce un distanciamiento entre la empresa o dueño de la obra y los trabajadores, y en la práctica el contratista es un intermediario laboral que se presta para dividir, en cierto modo, o atomizar en pequeños grupos a los trabajadores, debilitando su escaso poder de negociación. Pero, en fin, se nos dice, de parte de los empresarios, que la complejidad de las relaciones de producción hace necesario este sistema.

El artículo 63 del Código del Trabajo reconoce esta realidad y establece una responsabilidad subsidiaria del dueño de la empresa u obra, es decir, indirecta en relación con los trabajadores. Ello significa que para el caso de incumplimiento de las obligaciones del empleador, es decir, del contratista, el dueño de la obra o faena es responsable destaco sólo para ese caso si el trabajador acredita que su empleador directo no cumplió con sus obligaciones laborales, después claro está de un juicio en el que tendrá que empezar por notificar la demanda al contratista, acreditar su relación laboral y, aún más, la imposibilidad de pago de éste.

Este mecanismo es extraordinariamente engorroso, entre otras cosas, porque el contratista, por la naturaleza de sus funciones, al menos en las faenas forestales, cambia habitualmente de residencia o domicilio y el trabajador termina sin poder notificar debidamente la demanda, lo que impide a su vez que opere la subsidiariedad a que se refiere el Código y se pueda verificar la demanda al dueño de la obra o faena, quien fue el último beneficiado con el trabajo.

Para asegurar en mejor forma los derechos de los trabajadores proponemos modificar la responsabilidad de la empresa o dueño de la obra, en el sentido de hacerlo solidariamente responsable, conjuntamente con el contratista, del cumplimiento de las obligaciones laborales.

Esta iniciativa es, por cierto, concordante con las ideas matrices del proyecto, y no persigue otro objetivo que garantizar en mejor forma los derechos de los trabajadores. En efecto, las modificaciones propuestas en esta oportunidad por el Ejecutivo tienen como idea matriz mejorar las condiciones de fiscalización de los contratos laborales e impulsar una mejor concertación social en tomo al derecho laboral. Esa idea matriz se ve complementada con esta indicación, ya que por este mecanismo se hace partícipe al dueño de la faena u obra en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales que surgen entre el contratista y el trabajador.

Afirmamos lo anterior, por cuanto, como lo hacen actualmente las empresas del Estado, sin duda alguna que los dueños de obras o faenas tomarán las providencias y garantías suficientes para asegurarse de que el contratista dé pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.

Debemos señalar que esta indicación no debería provocar efectos en la actividad de los contratistas ni en los dueños de obras o faenas, puesto que suponemos es una disposición que está dirigida exclusivamente al momento excepcional, esto es, al incumplimiento de las obligaciones contractuales. Si los contratistas siempre cumplieran sus obligaciones lo que se garantizaría por medio de la fiscalización directa de los dueños de la obra o faena no debería producirse efecto alguno.

Para concluir, creemos que esta indicación mejora sustancialmente el proyecto. En efecto, la modernización de las actividades económicas requiere que los trabajadores sean protegidos efectiva y eficientemente, ya que son ellos la parte que corre mayores riesgos respecto del producto de su fuerza de trabajo. Sólo puede rechazarse si se estima que cuando los contratistas no cumplían con sus obligaciones el dueño de la obra o faena no está obligado a participar en la fiscalización de la relación laboral. Es decir, quien rechace esta indicación rechaza la protección del trabajador y, a la vez, cree que sólo al Estado le corresponde velar por la justicia y equidad laboral.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, he contribuido con mi firma a presentar esta indicación por estimar que una de las instituciones más retrógradas y que más daño causa a la relación laboral es la de los contratistas.

En mi zona, especialmente, en materia forestal e, incluso, en las obras viales que se están realizando, advierto que los beneficiados con las licitaciones, normalmente, entregan la mayor parte de las faenas a los contratistas, respecto de los cuales no se ejerce ningún tipo de fiscalización, o cuando ésta se efectúa, resulta mucho más difícil que la que se practica directamente sobre aquel que se ha adjudicado el contrato principal.

Es importante que la persona que contrata los servicios de un contratista, asuma un grado importante de responsabilidad en la relación laboral, porque, de lo contrario, se estimulará permanentemente que los contratistas obtengan sus utilidades sobre la base de la explotación de los trabajadores.

Por esta razón he suscrito con agrado esta indicación y espero que sea aprobada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, vamos a votar en contra, como lo hicimos en la Comisión, porque la incorporación de una norma tal en la ley significa terminar con los contratistas en Chile.

Creo que hoy, y no sólo aquí sino que en el mundo entero, los contratistas son extremadamente necesarios. El perfeccionamiento en determinadas áreas de la economía, requiere su participación.

Esto significa que si un trabajador es despedido injustamente por un contratista, él podría buscar a quién demandar; o a su empleador, que es el contratista, o a la empresa que ha requerido los servicios de dicho contratista.

Por lo tanto, esta indicación va en contra del sistema de los contratistas, sistema que hoy es común en todas partes del mundo, porque su utilización conlleva un perfeccionamiento en muchas áreas especializadas de la producción. Sin duda, estamos en contra de los abusos que se cometen en su aplicación, pero esta no es la manera de evitarlos. Esto, sencillamente, es legislar para que no existan. Ninguna empresa correrá el riesgo de asumir todas las obligaciones que el empleador contratista tiene con sus trabajadores, máxime si en la actualidad, al pagar sus servicios a los contratistas, sólo debe preocuparse de que las imposiciones de los trabajadores estén al día. Esa es su obligación, y no podemos trasladarle otras porque terminaríamos con el trabajo de los contratistas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recuerdo a la Sala que, de conformidad con el acuerdo de los Comités, podrán hacer uso de la palabra dos Diputados de Gobierno y dos de Oposición por artículo. En este caso, sólo falta que hable un Diputado de Oposición.

Solicito nuevamente el asentimiento de los señores Diputados para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario del Trabajo.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero reafirmar todo lo señalado por el Diputado señor Fantuzzi.

Es efectivo que con esta disposición vamos a terminar con el sistema de contratistas en el país, por las siguientes razones.

¿Qué interés tendrá una empresa en utilizar los servicios de contratistas para hacer determinada labor, si ante algún incumplimiento legal el trabajador se puede dirigir, indistintamente, contra éstos o contra la empresa que ofreció el contrato? No existirá ningún interés en suscribirlo.

Pero el problema más de fondo es que la empresa que requiere los servicios de un contratista y cumple íntegramente con sus obligaciones está expuesta y sujeta a una sanción determinada, en circunstancias de que no le corresponde fiscalizar. Por esta razón, encontramos extremadamente grave la indicación.

Deseo agregar que en cuanto al incumplimiento de las obligaciones laborales, más adelante se incorpora un artículo que modifica el Código respecto a las actitudes dolosas de aquellos empleadores que, a través de la simulación o de distintos subterfugios, tratan de eludirlas.

Nos hemos preocupado de introducir una disposición que sea compatible con la adecuada fiscalización y tratamiento que los tribunales de justicia hagan sobre la materia, sin llegar al extremo de provocar la supresión de las empresas contratistas, por el grave perjuicio que ello puede causar.

Señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Estévez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Desgraciadamente no es posible, porque el acuerdo de los Comités es que hablen dos parlamentarios de la Concertación y dos de la Oposición.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

La indicación presentada apunta a un aspecto muy central relacionado con la actual forma de organización de las empresas, no sólo en Chile, sino en cualquier parte del mundo.

Hay una distinción fundamental que hacer y una opción que tomar. ¿Se desea la existencia de la institución de subcontratos? La respuesta a esa pregunta es afirmativa, porque no hacerlo sería ir en contra de la forma de organización que las empresas modernas se dan hoy día no sólo en Chile sino que en cualquier país. No hacerlo, a nuestro juicio, es no favorecer los avances en los derechos de los trabajadores, quienes requieren de empresas modernas que progresen y proporcionen fuentes de empleo.

Pero hay un segundo punto, que se refiere al abuso de la institución del subcontrato, que existe, sin duda, en el país. Esa realidad debemos encararla, y ya, en parte, lo está haciendo este proyecto. Cuando éste se presentó, explícitamente se incluyó una norma que impone una significativa sanción a la existencia de la forma más abusiva del subcontrato, los llamados "enganchadores", que simulan una relación laboral para evitar cumplir con los derechos de los trabajadores. Además del cambio normativo que se propone en el proyecto, se requiere de una fiscalización más adecuada en esta materia, lo que también se está imple mentando. Los cambios experimentados por la Dirección del Trabajo en los dos últimos años, con más de un 30 por ciento de incremento en el personal, son un avance en un camino en que queda mucho por recorrer.

En muchas actividades del país aún se están produciendo abusos en este aspecto, lo cual es necesario encarar. La pregunta es si será adecuado hacerlo a través de la indicación que aquí se propone, adicionalmente a lo que ya se considera en el proyecto, al esfuerzo de fiscalización y al papel que puedan desarrollar las empresas del Estado respecto de las condiciones en las cuales se subcontrata.

Nuestra opinión, como la dimos a conocer en la Comisión, es que esta indicación, lejos de resolver el abuso que se produce con esta institución, en la práctica inhibe fundamentalmente el desarrollo del subcontrato necesario.

Ella propone que el trabajador contratado por una empresa subcontratista no sólo pueda recurrir al empleador al cual ella le presta servicios, cuando haya incumplimiento, como la plantea la actual norma, sino que ambos, el empleador y la empresa subcontratista, sean codeudores de las obligaciones de esta última. Evidentemente reitero, este es un elemento de gran inhibición en la expansión de cualquier forma de subcontrato, porque el trabajador puede recurrir, indistintamente, a la empresa que lo ha contratado o a la que recibe la prestación del subcontrato y que está pagando adecuadamente por esos servicios.

Me parece que si bien esta indicación apunta a la solución de un problema que tenemos que ir resolviendo, sería extremadamente dañina para el aumento de las oportunidades de empleo en nuestro país, porque termina, finalmente, por desproteger los derechos de los trabajadores, que todos queremos resguardar.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Campos tiene un problema reglamentario que plantear.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en atención a que por la naturaleza del debate, ya estamos planteando cuestiones de principio o de fondo que inspiran toda la estructura de la legislación laboral, y al hecho de que existen diferencias de posiciones no sólo entre las distintas bancadas sino que también entre las de la Concertación con el propio Gobierno, solicito la unanimidad de la Sala para prolongar la discusión sobre este punto y no dejarlo sujeto a los acuerdos de Comités.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En discusión el número 19, el cual establece que, para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, con ocasión de la discusión del número 19 podré ejercer mi derecho reglamentario de hacer uso de la palabra y lamentar la intervención del Ministro y la dificultad que se produjo en el debate anterior.

Pienso que el rechazo de la indicación referida a las empresas subcontratistas se debió, en medida importante, a la capacidad de analizar adecuadamente temas tan importantes como ese.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le pido a Su Señoría que se atenga al tema: si el sábado es inhábil o no.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, siempre en mis actuaciones en la Cámara de Diputados he respetado el derecho de opinión de los Diputados tanto de Oposición como de la Concertación. Entiendo que tenemos un problema reglamentario, pero dado que no fue posible discutir el otro punto, pienso que tengo derecho usando, si usted quiere, el artificio del número 19 a referirme a un problema que considero muy de fondo. Después, al final, veré cómo se liga un aspecto con el otro. Permítame desarrollar mi argumentación.

El tema de la subcontratación de empresas no es de carácter menor; es uno de los más relevantes, respecto del cual se carece hoy de una legislación laboral adecuada. En efecto, por dificultades económicas, existe la tendencia a subcontratar determinadas actividades, ya sea por razones de especialización o por conveniencia de un manejo más descentralizado de ellas. Sin embargo, la práctica extendida en este país es que existe un abuso al respecto y que, en la gran mayoría de las ocasiones, esta subcontratación no se hace por razones económicas, sino precisamente para evadir la legislación laboral.

Me parece extraordinariamente grave que el Ministro del ramo diga aquí que existen abusos importantes; que reconozca que hay dificultades y que, en lugar de limitarse a criticar la indicación no nos plantee una solución efectiva para ellos.

Si el mecanismo sugerido no es eficaz, propongamos otro entonces.

La indicación rechazada obligaba a la empresa que hace el subcontrato a exigir a la otra, en su propio contrato, una garantía de que va a cumplir con los derechos laborales. Aquí justamente, se trata de respetar los derechos previsionales de los trabajadores y de que no se use la subcontratación como un artificio legal, con esa finalidad perversa. Entonces, la solución es muy simple: antes de subcontratar, se exige en el propio contrato que la otra empresa cumpla plenamente la ley. Si no, se penaliza a la otra empresa por este incumplimiento.

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

Suenan los timbres silenciadores.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a los asistentes a tribunas que está prohibido manifestar. De lo contrario, se ordenará el desalojo, como se ha hecho en otras oportunidades.

Le hago presente al Diputado señor Estévez que debe atenerse al tema en discusión.

El señor ESTEVEZ.-

Voy a eso, señor Presidente. Así como estos empleadores utilizan abusivamente este resquicio legal, también me he permitido aprovechar un resquicio reglamentario para hablar del tema de fondo. Mi eventual falta es bastante menor que la de quienes lo usan para negarles elementales derechos provisionales y laborales a tantos trabajadores del país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre el N° 19, tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, no contestaré al Diputado señor Estévez, porque considero que está equivocado.

Esto se discutió largamente en la Comisión y los Diputados de la Concertación que en ella participaron estuvieron de acuerdo, en cierta medida, con los argumentos que allí se dieron.

El artículo que corresponde votar fue presentado por iniciativa de Renovación Nacional, para hacer justicia a aquellos trabajadores que tienen una jomada más larga, de seis días a la semana, y cuentan con vacaciones más breves que aquellos con jornada de cinco días a la semana, a quienes les corresponden tres semanas de vacaciones en lugar de las dos semanas y tres días de los trabajadores con jomada más larga.

Esta proposición fue respaldada por todos los colegas en la Comisión, y espero que en esta oportunidad sea igualmente apoyada.

Estas son iniciativas sin fines de demagogia, que directamente tienden a favorecer a los trabajadores, porque no cuesta nada sacar aplausos de las galerías con fórmulas que van en contra de los trabajadores, pero que, aparentemente, parecen muy beneficiosas. Hoy todos estamos de acuerdo en que debemos evitar el abuso en los subcontratos, pero no podemos, por esa vía, eliminar el subcontrato. La argumentación del señor Estévez olvida que, con la indicación que acaba de mencionar, si un empresario o su contratista quiebran, el trabajador tendría...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, le pido que se atenga al tema en debate, sobre el día sábado.

Hablan varios Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le pedí lo mismo al Diputado señor Estévez en dos oportunidades. Ahora, por primera vez, le hago presente al Diputado señor Fantuzzi que la discusión es sobre el día sábado, no respecto de los subcontratos. Puede continuar Su Señoría.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, lamento haberlo hecho, pero, de lo contrario, iba a quedar flotando en el aire la idea de que aquí hay sectores que protegen a los trabajadores y otros que no lo hacen, y no es así.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, el artículo en discusión, relacionado con el día sábado, favorece justamente a los trabajadores que laboran de lunes a sábado, ya que considera a este día como festivo para el cómputo de sus vacaciones. Con esta modificación se busca la igualdad de beneficios para todos los trabajadores del país, pues en la actualidad los que laboran de lunes a viernes tienen prácticamente tres semanas corridas de vacaciones, mientras quienes trabajan de lunes a sábado, cuentan sólo con dos semanas y media.

Señor Presidente, deseo que me llame la atención dos veces, porque quiero responder lo planteado por el Diputado señor Estévez, como parlamentario de Gobierno y de la Democracia Cristiana, considero una irresponsabilidad plantear esta materia como lo hizo el Diputado señor Estévez, máxime si se tiene en cuenta que durante ocho meses hemos trabajado en este proyecto, el cual ha sido firmado por los parlamentarios de la Concertación y de la Oposición. Hay un documento escrito. La anterior discusión era parte del acuerdo político. Quiero ser bastante claro: mi bancada está de acuerdo con esa indicación. Cuando se firman acuerdos políticos, se deben mantener en las Comisiones, en la Sala y delante del público; se debe mantener, de cara a él, el compromiso que firmamos los representantes del Partido Socialista, del Partido Por la Democracia y nosotros. Asumo la responsabilidad de haber suscrito el documento y digo que me opuse a esa indicación por el hecho de tener un acuerdo político.

EL señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debo reiterar que no es el tema en discusión. No puedo conceder la palabra a ningún otro parlamentario de las bancadas de Gobierno, porque hicieron uso de ella los Diputados señores Estévez y Seguel, por lo cual ahora le corresponde intervenir a algún Diputado de la Oposición.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

Señor ORPIS.-

Señor Presidente, también quiero que me llame la atención dos veces. Espero que ésta sea la última vez que abusemos del Reglamento, en vez de discutir directamente la disposición en debate.

Refiriéndome específicamente a esta modificación, creo que es un avance muy importante en beneficio de los trabajadores. Hago mías las palabras del Diputado señor Seguel, pues la anterior normativa producía una distorsión entre los trabajadores con jomada laboral de cinco días, por una parte, y de seis días, por otra, porque los que trabajaban más tenía menos vacaciones, situación que se pretende corregir a través de esta disposición.

Respecto de lo dicho por el Diputado señor Estévez, creo que una mínima responsabilidad, cuando se emite este tipo de juicios, obliga a leer el proyecto completo. Su Señoría señala que no se ha presentado ninguna proposición alternativa, en circunstancia de que ella figura en el proyecto. Es aquella a la cual se refirieron el señor Ministro y el Diputado que habla, durante su primera intervención. Ella trata de evitar, sancionándolo en forma severa, el abuso más grande que se cometía respecto de los subcontratos: el de los enganchadores.

Esto tiene una historia, que deseo resaltar acá. Originalmente, esto venía en el proyecto de Ejecutivo, bajo el título "Prácticas desleales". De común acuerdo, todos los parlamentarios resolvimos perfeccionar dicha norma, para sancionar las conductas dolosas y aquellas que tiendan al incumplimiento de las obligaciones laborales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De todas manera, le hago presente al señor Diputado que éste no era el tema en discusión.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el número 19.

El número 22, que introduce un párrafo l2 sobre contrato de trabajadores agrícolas de temporada, tiene a su vez, varios artículos nuevos.

Si le parece a la Sala, se discutirán y votarán en conjunto.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

Entonces, en discusión el artículo 91-A del párrafo 1°; que establece cuál es la definición del trabajador agrícola de temporada.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, antes de entrar en el debate, deseo señalar que la proposición de la Mesa para discutir estos artículos en conjunto está en contradicción con un problema práctico, cual es que solamente podrán hablar cuatro personas sobre un tema de gran trascendencia, a menos que el señor Presidente haga una sugerencia distinta y podamos discutir el artículo sin limitación en el uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La propuesta de la Mea tenía por finalidad ahorrar tiempo.

Si no se cumple ese objetivo, se procederá como corresponde.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier sobre la definición del trabajador temporal agrícola.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero hacer una consulta reglamentaria antes de hacer uso de la palabra.

¿Puede el Diputado que habla conceder interrupciones a colegas de su misma bancada, en el tiempo que le corresponde?

Un señor DIPUTADO.-

¡Por supuesto!

El señor LETELIER.-

Entiendo que eso está dentro del Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No quedó claro, pero la Mesa estima inconveniente que se concedan interrupciones.

Los señores Diputados deben pedir la palabra en el momento oportuno.

Puede continuar Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en ese caso, prefiero intervenir en el próximo número de este artículo, para permitir que el Diputado señor Smok haga uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien. Tiene la palabra el Diputado Smok sobre el artículo 91-A.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, la modificación al artículo 91-A consiste en agregar la frase "otras afines" al concepto de trabajador de temporada.

Pedí la palabra para dejar establecidos en la historia de la ley y precisar en la Sala algunos alcances a este enunciado.

El debate surgió al presentar una indicación para que también se considerara a los trabajadores que participan en labores de esquila en mi Región de Magallanes y en otras actividades ganaderas, sujetos a la condición de trabajadores temporeros. La Comisión de Trabajo tomó nota de este punto y consideró que no sólo estas faenas, sino eventualmente otras, podrían ser consideradas dentro de las agrícolas temporales, que no se basan sólo en el cultivo de las tierras. Me refiero a las actividades comerciales o industriales que se realizan en los aserraderos y otras plantas. Por lo tanto para mayor claridad, toda vez que no se consigna este detalle en el informe, pedí la palabra para que quede establecido en la versión de la presente sesión, y por consiguiente en la historia de la ley, que en el espíritu del concepto "otra afines" están considerados, por lo menos, los trabajadores de faenas de esquila de la actividad ganadera.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, quiero manifestar la satisfacción de la bancada democratacristiana por este consenso por decirlo así para incorporar este párrafo especial dentro de la legislación laboral.

En otras palabras, aparte de crear un título especial sobre contrato de trabajadores agrícolas de temporada, con lo cual se hace justicia a gran número de esta clase de trabajadores, permite avances como los indicados en el artículo 91A, porque incluye no sólo a los que cultivan la tierra, sino también a los que laboran en la agroindustria, en el desarrollo límite entre quehaceres de la tierra y la actividad prácticamente industrial que deriva de un faenamiento específico, como el de la fruta.

Eso está bien, y, en consecuencia incluye a estos trabajadores en los beneficios que otorga dicho título. Es un avance, por ejemplo, cuando se dan varias copias de contratos de trabajo, pues, incluso, permite a sindicato sancionado ya en otras normas tratadas por la Honorable Cámara, lograr su consagración jurídica como sindicato de trabajadores de temporada. En la medida en que cuente con una copia del contrato, podrá utilizarlo en la transparencia del mercado laboral; en otras palabras, hace posible elevar las condiciones económico-sociales, al poder realizar comparaciones entre lo que pagan los empleadores de las distintas comunas y buscar mejores posibilidades laborales al haber una relación transparente entre ellos.

Por lo tanto, aparte de ampliar el ámbito a otro tipo de trabajadores, no sólo de la actividad primaria, permite la consagración jurídica de éstas y otras normas que esperamos aprobar a futuro. Por ejemplo, confío en que a futuro tengamos la posibilidad de estudiar, en favor de la mujer temporera, elemento muy importante en la vida laboral. Una normativa especial que le permita mejorar la posibilidad de atención de sus hijos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, ninguna normativa hace diferenciación de sexo. Se trata de temporeros y para entender lo que es temporero hay que conocer el término, porque toda persona que en un lapso de quince meses haya trabajado doce meses corridos, automáticamente pasa a ser de planta. En otras palabras, cualquier persona que dentro de quince meses laborales tenga menos de doce de trabajos continuos, pasa a ser temporera.

Con esta norma, que es muy clara, se favorece a todo el ámbito de temporeros: hombres, mujeres, personas del campo, industriales, madereros, etcétera. Por lo tanto, esta norma no merece mayor discusión, y sólo se está ahondando en un problema que más adelante está perfectamente especificado.

En consecuencia, la indicación del Diputado señor Smok para agregar la frase "otras afines", cubre todo el ámbito industrial, ganadero y el derivado de las distintas actividades que tengan temporeros dentro de ellas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, uno de los aportes importantes que realizó la Comisión de Trabajo en conjunto con el Ministerio del ramo, fue precisamente legislar sobre el trabajador temporero, lo cual está plasmado en los artículos 91-A, 91-B y 91-C

El artículo 91-A establecía la definición del trabajador temporero. En ella se señalaba, casi en forma taxativa, que eran quiénes se desempañaban básicamente en tres actividades: en el cultivo de la tierra, en actividades comerciales o industriales derivadas de la agricultura, y en aserraderos y plantas de explotación de maderas.

A raíz de la indicación del Diputado señor Smok, la Comisión concluyó que la definición era muy restrictiva, pues podían existir otros trabajadores temporeros en otras actividades y que, por lo tanto, había que hacerla extensiva a ellos también. Por eso, decidió acoger la indicación y dejar el artículo en forma genérica. El Diputado Smok aludía al tema de la esquila y decía que eventualmente podían existir otras actividades de carácter temporero diferentes de la esquila que podrían quedar fuera de la definición vigente.

Por eso, el artículo se aprobó en términos genéricos, sobre la base de la indicación del Diputado Smok.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 91-A.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En discusión el artículo 91-B.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en relación con los artículos 91-A, 91-B y 91-C, comparto la opinión expresada por mi colega Sergio Jara en el sentido de que dan una satisfacción parcial a una aspiración importante de trabajadores, cada día más numeroso, que desarrollan actividades de temporada.

Sin embargo, esta satisfacción, como bien lo ha dicho mi colega, constituye un primer paso para legislar respecto de diversas situaciones que es necesario abordar en el caso de los trabajadores temporeros.

En este proyecto se establecen condiciones favorables, cuya posibilidad concreta de transformarse en realidad depende fundamentalmente de los medios que tenga el Ministerio del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones en cada una de las actividades a las que se refieren. Esto no pasará de ser "letra muerta" si el Ministerio del Trabajo no cuenta con los recursos que le permitan efectuar una inspección directa, permanente, y con los vehículos necesarios para cubrir extensiones muchas veces bastante amplias de sectores agrícolas a los cuales es necesario acceder.

El compromiso que asuma la Cámara de Diputados al aprobar estas disposiciones debe considerar que hay una voluntad política expresada por el Gobierno a través del señor Ministro, y ratificada en la Comisión, en el sentido de que esta iniciativa sobre trabajadores temporeros constituye un primer paso para abordar un tema más complejo, que requiere de una legislación específica.

Este año, gracias a un esfuerzo compartido entre empresarios agrícolas, los propios trabajadores, y por iniciativa del Gobierno, ya se han llevado a cabo diversas acciones que benefician al trabajador temporero y que no aparecen en el marco de las disposiciones legales que hoy día estamos aprobando. Por ejemplo, lograr que la mujer temporera tenga acceso a jardines infantiles o a salas cunas para sus hijos; que el período de trabajo sea compatible con la posibilidad de que estudiantes de enseñanza media puedan realizarlo, sobre todo en el período de vacaciones, son aspectos que la ley debe especificar en algún texto futuro. Se trata de una actividad que se realiza sin amparo legal alguno y que muchas veces se presta, para situaciones que distorsionan el sentido de ese trabajo, tan necesario para el desarrollo de la actividad agrícola y agroindustrial.

En consecuencia, manifiesto nuestra satisfacción, nuestro apoyo a estas disposiciones, pero dejo constancia de que aquí existe una voluntad política expresada en forma reiterada por el señor Ministro, en nombre del Gobierno, que realmente no se recoge en este texto. Esa voluntad política deberá traducirse prontamente en iniciativas, ya sea de origen parlamentario o del propio Gobierno, que tiendan a consagrar una legislación plenamente satisfactoria para los trabajadores temporeros.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero hacer una referencia más global al artículo 91-B).

Aquí hay un avance significativo, que va más allá de lo formal, cual es que en el Código del Trabajo ha quedado establecida, como reflejo de una realidad nueva en nuestro país, una norma especial sobre el contrato de trabajo agrícola de temporada.

Después de largas conversaciones con la Confederación Nacional Campesina; con diferentes federaciones campesinas, como la UOC, Surco, Tierra Nueva, y con las organizaciones en las cuales sus socios laboran en actividades de temporada, en particular frutícolas, se propuso al Ministerio del Trabajo que accediera a dejar consignado en el Código laboral un párrafo especial que reconociera un nuevo fenómeno.

Hace veinte años, la realidad de la explotación agrícola en nuestro país era diametralmente distinta de la actual. Hace veinte años, en el conjunto de las actividades productivas del país no había más de 120 mil trabajadores de temporada. Actualmente, sólo en el sector frutícola laboran cerca de 400 mil personas, mujeres en su gran mayoría. De allí la importancia de consagrar un párrafo especial en el Código del Trabajo, que refleje esta realidad tan importante para la economía nacional.

Sin duda, implica un avance definir claramente en el Código del Trabajo al trabajador agrícola de temporada, por cuanto en diversas realidades, en particular en la agroindustria, se generan confusiones, respecto de si los trabajadores son o no temporada. Por lo tanto, la definición le da sustento a este párrafo especial, el que sin duda será una carta de navegación fundamental para garantizar en mejor forma los derechos de estos trabajadores.

Creo necesario objetivar quiénes son los temporeros, porque en esta Sala quizás los vemos como algo distante. Son las personas que hoy, a estas horas, desde la Cuarta a la Octava Regiones están a pleno sol, los que hacen posible que en nuestro país se hable de exportación de frutas, los que reciben sueldos cuyo total no representa más del 5 por ciento de los costos de la producción de la fruta y que, en verdad, están recibiendo remuneración en términos reales iguales a las de dos años atrás. Es un sector en el cual el abuso laboral es constante, donde no hay contratos de trabajo en forma normal, donde existe el trabajo infantil, donde no se pagan las horas extras, donde las condiciones higiénicas son realmente arcaicas y del siglo pasado en los lugares de trabajo no hay ni baños; donde los trabajadores son transportados como ganado, en colosos, en camiones. Hoy, en las zonas del valle central se puede apreciar que los trabajadores emigrantes desde la Octava Región viven bajo techos de nilón en plazas o en campos, en situaciones verdaderamente infrahumanas.

El objeto de introducir estas normas y un párrafo especial, como bien dijo el colega Latorre, constituye un primer paso. Es un primer paso sobre el cual lo digo francamente, tengo mis dudas, porque está inspirado en el principio del bipartismo; es decir, el Estado no interviene, sino que las dos partes son capaces de establecer relaciones laborales sanas en las cuales se respeten las leyes.

Tengo mis dudas, en particular en los sectores frutícolas y forestal, sobre la capacidad de ciertos empleadores para actuar en un esquema bipartito.

Existen diversas proposiciones, como el tarifado regional, para garantizar sueldos mínimos; hay propuestas de una mayor intervención del Estado, con el objeto de regular en mejor forma la relación entre estos dos sectores, en un tipo de actividad económica que es especial. En este primer paso de avance, el señor Ministro nos ha propuesto que probemos, que veamos la capacidad y la madurez del empresario agrícola y forestal de respetar una relación bipartidaria. Vuelvo a decir que tenemos nuestro grado de desconfianza; pero estamos dispuestos a aceptar la apuesta que nos propone el seños Ministro. Sin embargo, si esta relación bipartidaria no funciona, a futuro nos reservamos el derecho de proponer una relación tripartita, en particular en el sector de trabajadores de temporada.

En el proyecto aparece la definición de estos trabajadores. En el artículo 91-B, se ha incluido una indicación que presentamos con el objeto de garantizar que el contrato de trabajo se escriture en varios ejemplares. Esta fue una de más de cinco indicaciones que propusimos.

Se dispone que cada contrato sea escriturado en cuatro copias. Si es superior a 28 días, el empleador tiene la responsabilidad de enviar una copia a la Inspección del Trabajo. Con esta norma esperamos, en primer lugar, que el empresario agrícola no se aproveche para limitar la duración de los contratos, lo que es un peligro. Aquí, nuevamente, hacemos fe en que los empresarios agrícola y forestal tendrán la madurez de establecer relaciones bipartitas con miras hacia el futuro.

Propusimos otras indicaciones que no fueron acogidas.

Deseo hacer un paréntesis para referirme a una reflexión del colega Seguel: una cosa es el acuerdo político aquí firmado, y otra, el derecho de entregar opiniones sobre materias que no fueron incluidas en él o sobre las cuales puede haber discrepancias.

En este párrafo planteamos la necesidad de legislar sobre las salas cunas, porque hoy en este sector no se respetan ni las disposiciones legales vigentes. En el sector de trabajadores de temporada, en el cual la abrumadora mayoría de los trabajadores son mujeres, los niños son dejados en sus casas, a veces encerrados o encargados a amistades. En esta época es cuando esos niños sufren los mayores grados de desnutrición, hecho comprobado por estudios efectuados por la Universidad de Chile y por el Ministerio de Salud.

El cuidado de los niños requiere de la existencia de Salas cunas, las que en un principio, deberían ser de cargo del empleador; y, después, buscar una fórmula de financiamiento tripartito, donde el Estado entregue un aporte para garantizar la protección a la maternidad y los derechos del niño.

Nuestro país firmó la Convención de los Derechos del Niño; sin embargo, los hijos de las trabajadoras de temporada no tienen ninguna protección del Estado para asegurar que no sufran las calamidades que hoy los afectan.

Por tanto, reiteramos nuestro interés en que se legisle, a la brevedad, sobre las salas cunas. En esta materia se presentó una indicación, la que, por desgracia, fue declarada inadmisible, y nuestra compañera de bancada, la Diputada señora Adriana Muñoz, con la cual hemos trabajado muchísimo este tema, tuvo que retirarla.

Señor Presidente, por su intermedio solicitamos al Ministro del Trabajo que estudie el problema y se legisle, a la brevedad, para instalar salas cunas en los lugares donde trabajan las temporeras, con un financiamiento tripartito, esto es, que los empresarios, el Estado y las trabajadoras aporten, para beneficiar, a lo menos a los niños de hasta 6 años.

En este párrafo se incluyen dos problemas adicionales no me referiré al alojamiento, ni a la alimentación, ni al transporte, porque eso se discutirá en la disposición siguiente; uno de ellos es la situación previsional de los temporeros, punto que quedó pendiente y que requiere de legislación, que esperamos concretarla en el transcurso de este año.

En este aspecto, hoy existe una situación abusiva que afecta a los trabajadores. Tampoco tienen cobertura de salud, ni ninguna garantía de protección durante el año.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo.

El señor LETELIER.-

Al respecto, fue presentada una indicación, la que fue rechazada.

Pedimos que en otro proyecto que envíe el Ejecutivo se garantice a los trabajadores del campo, protección a su salud y un sistema previsional. No debemos olvidar que en el sector rural es donde se concentra el mayor grado de la pobreza de nuestro país y que es necesario que salga de la postergación en que se encuentra.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, hemos apoyado los artículos 91-B) y C) de la iniciativa del Ejecutivo, porque creemos que se avanza en el camino correcto.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que hay que dar gracias a Dios que hoy haya 400 mil trabajos en esa zona, los que, por diversos motivos, que no son materia de discusión, antes no existían. El derecho de propiedad garantizado es uno de ellos.

Si uno quiere creer en la empresa privada, no puede creer a medias. Tiene que creer o no, pero no mantenerse en una actitud tibia, buscando siempre el tripartismo y al Estado metido entremedio. Eso es como meter a la suegra en todas las discusiones. Ojalá con mayor fiscalización en ese sector, no sea necesario introducir otras modificaciones, ya que, en la medida en que se le impongan más trabas, tendremos menos trabajo.

No hay que olvidar que muchas de estas trabajadoras que hoy laboran en el sector agrícola terminaban en Santiago, como asesoras del hogar o en casas de prostitución. Hoy tienen un trabajo digno. Hay que buscarles algunas adecuaciones para que tengan acceso a la salud y a otro tipo de beneficios, por ejemplo las salas cunas, como lo sugiere el Diputado señor Letelier, materia que debemos estudiar detenidamente para entregarla, en mi opinión a los municipios. Pero esto lo debemos hacer con cuidado para no recargar demasiado la legislación, ya que se podría crear un efecto contrario, y en lugar de contar con estos 400 mil trabajos, tengamos nuevamente 200 mil.

Espero que no sea necesario una mayor fiscalización.

En cuanto a la madurez que pide el señor Letelier a los empresarios, ella debe venir de las dos partes: de los trabajadores y de los empresarios. No sólo se requiere madurez de un sector: debe haberla en ambos lados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, respecto del artículo 91-B, después de una larga reflexión que hicimos en la Comisión, constatamos que en el sector de temporeros existe una gran informalidad, la cual origina muchas consecuencias, las que se discutieron en la Comisión y también se han señalado en la Sala. La informalidad va por dos vías. La primera está en que, desgraciadamente, en nuestra legislación no existe ningún incentivo para formalizar los contratos. Incluso, muchas veces los propios trabajadores no tienen interés en hacerlo.

Lo mismo sucede con el tema previsional, porque los 3 ó 6 meses de imposiciones no tienen ningún sentido para el trabajador. Es decir, no hay un incentivo real para efectuar los contratos.

Por otra parte, con los escasos recursos con que cuentan, el Ministerio y la Dirección del Trabajo no puede fiscalizar en forma eficaz un sector tan amplio.

Esos son los problemas a los cuales debemos abocamos.

También se ha mencionado acá como un incentivo para que la mujer trabajadora se integre a estos trabajos el tema de las salas cunas. Esto lo discutimos a fondo en la Comisión y se seguirá debatiendo. Existen buenas expectativas para abordar el problema en forma seria. No es efectivo que hayamos querido eludirlo.

Todos tenemos serias dudas de que la señal dada por medio del artículo 91B como es efectuar el contrato de trabajo en 4 ejemplares resulte eficaz. Esto no nos asegura nada, si no solucionamos el resto. En todo caso, es una señal importante: demuestra nuestra preocupación por el tema y que queremos enfrentarlo adecuadamente. El Ministro se comprometió a estudiarlo y, ojalá, en lo que se refiere a previsión, recibamos en el transcurso de este año una modificación que apunte al tema de los temporeros en general y no sólo del sector frutícola.

En consecuencia, lo que se debe hacer es crear verdaderos incentivos para ir formalizando, cada vez más, la relación laboral.

Por último, debo precisar que más que de tripartismo corresponde hablar de subsidiariedad sobre este tema; ése es el término que permite una intervención del Estado, de acuerdo con el tipo de sociedad por la cual hemos optado: subsidiariedad es fiscalización; subsidiariedad es preocuparse del tema de las salas cunas, y subsidiariedad también es velar por la previsión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 91-B.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 91-C.

Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en la discusión del tema de los temporeros se han vertido diversas opiniones.

Al respecto, quiero colocar dos cosas sobre la mesa.

En primer lugar, me alegra profundamente que la legislación laboral chilena recoja un fenómeno nuevo que se observa en la sociedad rural, el cual ya ha cruzado prácticamente la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, fruto de las modernizaciones vividas por el sector rural y, en parte, por la intensificación del capitalismo que estamos viviendo.

En segundo lugar, sobre las palabras del Diputado señor Fantuzzi, que señalaba que no teníamos confianza en la propiedad privada, considero que garantizar los derechos de los trabajadores no es poner en peligro la propiedad ni la empresa privada. Los derechos de los trabajadores son absolutamente compatibles con la existencia de la propiedad privada. Esta es amenazada, justamente, cuando los derechos de los trabajadores en este caso particular los de los temporeros no son garantizados, porque esto estimula y alienta a algunas personas a reaccionar de diversas formas antes las injusticias.

Los socialistas somos partidarios de la empresa privada. Sin perjuicio de ello, somos tremendamente partidarios del respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores; en este caso particular, del respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores temporeros. Por eso, cuando la sociedad rural chilena comenzó a vivir este proceso de transformación, nos preocupó que no hubiera un capítulo en la legislación laboral especialmente destinado a los temporeros. Estos, que conforman al 75 por ciento de la fuerza laboral remunerada del sector agrario en nuestro país, son los más pobres entre los pobres del campo. Son los que no tienen donde vivir; los que no tienen acceso a la salud; los que no tienen derecho a la previsión; los que muchas veces trabajan sin protección ante los productos químicos que se aplican; los que a menudo se ven obligados a laborar sin contratos, porque, de lo contrario, no se les da trabajo.

Entonces, ¡caramba que es importante este avance que tenemos hoy en día y que discutimos en esta Cámara! Es cierto que es insuficiente, pero es un extraordinario avance el que hoy nuestro país acoja las profundas transformaciones que ha vivido la sociedad rural que generó un nuevo fenómeno social: el de los trabajadores temporeros, que representan el 90 ciento de la fuerza laboral en el rubro exportación, y el 60 por ciento de la mano de obra en los cultivos tradicionales. Por eso, es justo ir en su auxilio y apoyo.

Por ello, valoro que el Gobierno haya garantizado, también, los derechos de alojamiento, de alimentación, de transporte, porque los trabajadores temporeros, como decía el Diputado señor Letelier, trabajan y se desempeñan en condiciones extremadamente injustas.

Esto representa un gran beneficio para el sector rural. De allí que nos sorprendamos cuando los parlamentarios de la Derecha, frente a estos avances en la legislación laboral, rápidamente encienden una luz roja para decimos: "¡Cuidado! Esto es una amenaza a la propiedad privada. ¡Cuidado! ¿Ustedes son leales o no con la propiedad privada?"

Así como aceptamos distintos tipos de propiedad, es fundamental que ésta se cimente y se fortalezca sobre la base de que haya justicia para los trabajadores.

Sin embargo, dentro de este avance que nos ofrece el Ejecutivo respecto de los trabajadores temporeros, echo de menos algunas cosas. Por ejemplo, que en el caso particular de las mujeres, que representan casi el 25 por ciento de la fuerza laboral de los temporeros, no se haya legislado en materias tan importantes para ellas, como la instalación de salas cunas o jardines infantiles, porque, según el decir de algunos Diputados de nuestra bancada, muchas veces esas mujeres se ven en la obligación de tener que dejar a sus hijos abandonados en el hogar, expuestos a cualquier circunstancia, para salir en busca del legítimo derecho a alimentarlos.

Por eso el Ejecutivo debe, con mucha seriedad y profundidad, seguir avanzando en la legislación de los trabajadores temporeros, y muy particularmente en el de las mujeres, porque cada día son más las que se incorporan, masivamente, al sector rural.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, ya que estamos totalmente de acuerdo con este artículo, quiero aclarar algunas opiniones que a lo mejor fueron mal interpretadas.

En ningún caso estoy por amparar a los malos empresarios. Solamente sostengo que respecto de ellos debe haber una mejor fiscalización por parte del Estado, y no buscar fórmulas que entorpezcan el crecimiento del sector privado.

En cuanto a si hay que creer o no en el sector privado, le contesto al Diputado señor Letelier, que afirma que hay que implantar el sistema tripartito, que no estoy en contra de las funciones fiscalizado ras que lógicamente el Estado debe cumplir. Si tuviésemos una buena fiscalización, obviamente no tendríamos necesidad de una legislación laboral tan larga y tediosa. Una buena fiscalización evita que malos empresarios vayan creciendo en desmedro de los buenos. Eso es lo que yo planteo; en ningún caso defiendo a los malos empresarios.

Estoy de acuerdo en que hay que encontrar fórmulas que también protejan a la mujer, pero hay que hacerlo con inteligencia; no como en anteriores oportunidades, no contra las posibilidades de trabajo. Hay que buscar fórmulas que den mayores facilidades.

Eso es lo que he dicho. No quiero que mis palabras se presten para malas interpretaciones. Nadie quiere proteger a los malos empresarios; a éstos hay que fiscalizarlos, pero no mediante la modificación de la legislación laboral.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como hay varios señores Diputados que desean hablar, podríamos por esta vez, utilizar el recurso de las interrupciones, para hacer más fluido el debate.

El señor MONTES.-

¡Se rompería el acuerdo!

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Estaría en contra del acuerdo de los Comités.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Todo acuerdo tiene que ser flexible y adaptarse a la realidad. No se puede ser tan rígido.

Tiene la palabra a Diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, junto con sumarme a las palabras planteadas por los colegas que me han precedido en el uso de ella, quiero dejar claramente establecido los importantes avances que contiene el articulado en beneficio de los trabajadores de temporada.

Reafirmo lo expuesto por los colegas Fantuzzi y Latorre, en cuanto a la urgente necesidad de medidas de fiscalización, porque todo este avance es realmente letra muerta si no tenemos una política adecuada en esa materia. Ello debe plasmarse, en beneficios de los trabajadores de temporada, cuando, se discuta el Presupuesto Nacional en esta Cámara, cuando se exprese la voluntad de los partidos políticos en pro del aumento de fondos para la Inspección del Trabajo. Sin una adecuada fiscalización en el campo, estos avances serán letra muerta.

Discrepo de mi Honorable colega don René García cuando plantea que no hay diferencia entre los sexos. Las diferencias están a la vista y bienvenidas sean.

El señor GARCIA (don René).-

¡Me refería a la parte laboral!

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

En eso existen muchas diferencias. Por eso, hemos insistido en la necesidad urgente de establecer una normativa que proteja a la madre trabajadora del campo.

Estoy de acuerdo con los señores Diputados en que el Gobierno debe incorporar modificaciones en este sentido y avanzar en disposiciones que favorezcan a la mujer trabajadora del campo, porque la legislación existente no la beneficia.

Una trabajadora de temporada no es igual que una obrera textil. Los horarios de trabajo en el campo son muy distintos a los de una fábrica. La legislación existente no contempla la jornada de una trabajadora campesina, que es hasta las 8, 10 ó 12 de la noche.

También la cobertura de edad es insuficiente en lo que existe en materia de legislación para la trabajadora permanente. Por eso, como ya lo han planteado otros colegas, es necesario incorporar una normativa que recoja esta especificidad del trabajo de la madre temporera.

Otro aspecto de carencia en materia de protección a la maternidad de la mujer trabajadora del campo es lo relacionado con el embarazo de la mujer temporera. Hoy día se exige a la mujer que certifique el hecho de no estar embarazada, como requisito previo a su contratación.

Discutimos largamente este tema en la Comisión. Desgraciadamente las indicaciones presentadas no prosperaron. Este es un asunto que debemos tratar, porque atenta contra la protección a la familia y a la maternidad. Cuando una mujer accede al trabajo es porque lo requiere. Hoy día hay más de 700 mil mujeres que son jefas de hogar en este país, de manera que establecer, en base a la maternidad, una barrera a la inserción de la mujer en el mercado laboral es un problema que debemos discutir. Es indigno para una mujer tener que pedir empleo con un pregnosticón en la mano. Por ello, consideramos que es una carencia importante de este proyecto que contiene un conjunto de disposiciones de protección a la maternidad. Esto debe ser recogido en un debate de los derechos laborales de los trabajadores.

Está el tema de los controles maternales de las mujeres temporeras, el del fuero maternal. En realidad, debemos pensar en todo un conjunto de disposiciones específicas para un trabajo de condiciones laborales también específicas.

Por eso, me pliego a este avance importante, para señalar públicamente la disposición del Gobierno que protege los derechos de estos trabajadores que, hasta el momento, han estado absolutamente aplastado. Hoy este avance importantísimo, debemos reconocerlo.

Por eso, para el futuro y para perfeccionar esta normativa, debemos recoger todos los aspectos de protección a la maternidad que he señalado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, la importancia del artículo 91 C radica en que su contenido no estaba tratado en nuestro Código, que establecía ciertas obligaciones al empleador sólo respecto de los trabajadores permanentes, pero no de los transitorios o de temporada.

El artículo 91-C en eso consiste precisamente el avance establece tres obligaciones básicas: el alojamiento, las condiciones higiénicas adecuadas que permitan mantener, preparar y consumir los alimentos, y el transporte. Todo esto por el desarrollo que ha tenido esta actividad. Por lo tanto, el empleador tendrá esas obligaciones a partir de la dictación de esta legislación. No sólo las tendrá respecto de los trabajadores permanentes, sino que se harán extensivas a los trabajadores transitorios o de temporada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pido la autorización de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra los Diputados que no han intervenido sobre este tema y que han pedido hacerlo.

No hay acuerdo.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra sobre un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, soy partidario de que los acuerdos de Comités se respeten. Sin embargo, quiero hacer presente que la Mesa no permitió el uso de la palabra a un representante de la Democracia Cristiana, lo que no me parece pertinente.

No puede ser que los acuerdos de los Comités se adopten en función de Gobierno y Oposición, por dos razones muy simples. Primero, porque los parlamentarios de Gobierno son más que los de Oposición, y segundo, porque dentro de cada bancada, de Gobierno y de Oposición, hay parlamentarios con sensibilidades u opiniones que pueden ser distintas respecto de diferentes temas.

En el punto que se acaba de discutir, me parece que debió haberse dado la oportunidad de al menos una opinión de la bancada democratacristiana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por eso planteé la posibilidad de que la Sala lo permitiera por unanimidad, pero ésta no se produjo.

En votación el artículo 91-C.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 77 v otos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 91C.

Corresponde ahora tratar el N° 32, relativo a los trabajadores portuarios, pero antes de ofrecer la palabra quiero informar que las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista y PPD han solicitado la suspensión de la sesión por quince minutos. Sin embargo, por la hora sería más conveniente suspenderla hasta las 14:30.

El acuerdo de la Sala consiste en despachar hoy este proyecto y el del subsidio al carbón. En ambos hay artículos que requieren quorum especial.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por el procedimiento.

El proyecto de ley de subsidio al carbón al menos en un artículo, es de quorum calificado. Por ello, es necesario garantizar el quorum. Además, el Ejecutivo lo calificó con "suma urgencia". Si queremos despacharlo como corresponde, no podemos hacerlo en una sesión con una tabla, de una hora de término, con la agravante de que el procedimiento se altera constantemente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo no he alterado nada.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, sugiero que la sesión no se suspenda y que, una vez terminado este trámite del proyecto, inmediatamente procedamos a votar el de subsidio al carbón, fijando una hora de término para esta sesión. De lo contrario, nuevamente vamos a tener problemas de quorum, situación que me parece inaceptable, no sólo para nosotros, sino para todo el país.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, aquí hay un problema de fondo. Hay que asumir la responsabilidad como parlamentario. No hay justificación posible de gente que tenga reuniones o algo que hacer. Nuestro primer deber es legislar. Por lo tanto, no hay justificación de ningún tipo. Lo digo en forma muy seria y responsable como Comité.

Lo que está proponiendo la Mesa es lo más adecuado. Si es necesario quedamos hasta las doce de la noche para legislar sobre estos dos proyectos, tendremos que hacerlo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, nadie duda de la necesidad de despachar el proyecto de subsidio al carbón. Parlamentarios de todas las bancadas, en sesión anterior, asumieron el compromiso de despacharlo hoy; además, tiene suma urgencia, la que también obliga. Por último, existe el acuerdo de los Comités parlamentarios de proceder en esta forma.

Por otro lado, es conveniente que los jefes de bancadas se reúnan y conversen el tema marítimo-portuario, porque todavía hay un punto pendiente.

Dado la hora, comparto y respaldo la opinión del señor Presidente de suspender la sesión hasta las 14:30.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido la palabra los Diputados señores Gutiérrez Martínez, Rocha, Araya y Ulloa.

Tiene la palabra el Diputado don Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, vale la pena discutir el problema de procedimiento, porque nos afecta a todos y puede producir situaciones como las señaladas. Debemos tomar en forma responsable todas las medidas para que no sucedan.

Por supuesto, de la Mesa y de los Comités supongo preocupación y la mejor buena fe; pero si se cita a sesión de 10:30 a 13:30, es lógico pensar que a esa hora se levantará. Tengo en mi poder la citación y así lo especifica; no es una cosa distinta. Y como la labor parlamentaria implica permanecer en la Sala, concurrir a las Comisiones, hacer gestiones y representaciones en los distritos y en otros lugares, no es ningún pecado que un Diputado, que recibe una citación de 10:30 a 13:30, se comprometa para las 17 ó 18.

Si no nos organizamos de una vez, al final, quedaremos mal en todos lados. ¿Por qué? Porque los proyectos no se debaten con el debido tiempo, porque no asistimos a las reuniones a las cuales nos comprometemos. Esto genera una imagen de irresponsabilidad parlamentaria colectiva.

En esta perspectiva, es indispensable que las sesiones tengan horas de comienzo y de término; que se sepa cuando comienzan, cuándo terminan, cuándo se vota. Si la sesión no tiene hora de término, el parlamentario se planifica en el entendido de que es sin hora de término.

Desde este punto de vista, si los jefes de bancadas requieren conversar algunos temas pendientes, es razonable que la Mesa suspenda la sesión por un tiempo prudente; pero no es razonable que a las 13:15 se altere una sesión que terminaba a las 13:30 y se diga "sin hora de término".

Ahora, naturalmente, vamos a resolver todos los problemas que haya en este tipo de materias. Por lo menos, me permito sugerir que se suspenda la sesión por un tiempo prudente 15 ó 20 minutos para que las bancadas coordinen lo que tengan que coordinar y se reanude de inmediato, con un tope para votar alrededor de las 16, que debe ser estrictamente respetado por la Mesa, para que no suceda lo que otras veces, que de las 16 se corre para las 16:30, después para las 17, y al final la sesión no tiene hora de término.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De acuerdo con el Reglamento, debe citarse con hora de término; esta sesión es ordinaria.

En el día de ayer, la Sala acordó todos lo saben votar hoy dos proyectos, que son complejos. Además, acordó que pueden intervenir hasta cuatro parlamentarios por cada artículo, cada uno hasta por diez minutos, y así ha estado ocurriendo. Entonces, si se saca conclusión de esto, es evidente que la hora de término se prolongará. Es una cosa natural. Ocurrió ayer en el Senado, que sesionó hasta las 6 de la mañana de hoy. Es decir, no se puede encasillar, porque depende de cuánto hable cada parlamentario. Si nadie pide la palabra, se vota y el proyecto se despacha rápido; pero esto no lo puede predeterminar la Mesa.

En todo caso, la Mesa citará a reunión de Comités para ver si es posible fijar hora de votación de estos dos proyectos.

Se suspende la sesión hasta las 14:30.

Se suspendió a las 13:20 y se reanudó a las 14:30.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Uno de los acuerdos de los Comités, ahora que comenzamos a tratar los números 32, 33 y 34, relacionados con el problema portuario, es que sobre esta materia puedan intervenir hasta ocho parlamentarios, por diez minutos cada uno, en el entendido de que la discusión de los tres números es en general. Después se procederá a votar los artículos.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, reglamentariamente no corresponde votar los tres números, sino simplemente un inciso muy breve que se refiere a la solidaridad, en el caso de que participe más de un empresario en el convenio sobre provisión de puestos de trabajo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La situación reglamentaria es la siguiente: los números 32 y 33 se votan sin discusión; los números 34 y 35 están aprobados, y después se discute el 36.

Como ésta es una materia de importancia, el acuerdo de los Comités es que sobre este tema portuario intervengan hasta ocho parlamentarios y después se vote.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, entonces no nos referiremos concretamente al número respectivo, sino al tema portuario, y después se votará el número 36.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es decir, a los números que se refieren al contrato de los trabajadores portuarios.

El señor ORPIS.-

Reglamentariamente el único que correspondería votar es el 1) del número 36.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, como todos sabemos, esta legislación individual del trabajo tiene alta significación porque afecta a prácticamente el 80 por ciento de los trabajadores chilenos que no negocian colectivamente; por lo tanto, la protección de sus derechos depende fundamentalmente de que éstos queden reconocidos y respetados en el Código del Trabajo. Es el caso de los trabajadores marítimo-portuarios eventuales.

En Chile, el sistema portuario ha alcanzado en los últimos años un alto grado de eficiencia. Sin embargo, dicha eficiencia se ha basado en una tremenda injusticia, desprotección y desamparo de los trabajadores marítimo-portuarios eventuales, que son, aproximadamente, seis mil personas y constituyen, a su vez, el núcleo central del movimiento de los puertos, sin los cuales éstos no podrían operar. En verdad, los puertos no se mueven sólo con los trabajadores contratados, sino que es necesario este sector de trabajadores eventuales.

La actual legislación abre una gran oportunidad para superar esta situación, pues tenemos un sistema portuario eficiente, pero sobre bases precarias, por el tremendo desequilibrio que existe en las relaciones laborales que podría superarse con la nueva legislación y terminar consolidando. Si no es así, se mantendrá una situación de seria amenaza para la eficiencia del funcionamiento de nuestros puertos, que puede tener costos sociales y económicos muy grandes para la economía chilena.

El sistema actual, por el que se rigen los trabajadores marítimo-portuarios, surge de la ley N° 18.032, de 1981, llamada por ellos "ley maldita". Dicha ley, que terminó disminuyendo todo tipo de requisitos para ser trabajador marítimo portuario, ha llevado a cuadruplicar la cantidad de trabajadores en el sector, por cuanto puede laborar en él cualquier persona que pase por la calle, transformándose en lugar de atracción permanente para los cesantes que van a buscar uno o dos tumos de trabajo, y, por consiguiente, en un sector de alta inestabilidad y poca seguridad, en el cual se cuenta con un trabajo tremendamente irregular e intermitente, que ha llevado a una gran cantidad de accidentes, por el hecho de que ingresa mucha gente sin experiencia. En definitiva, este sector se encuentra absolutamente a la deriva, marginado de todo derecho y de protección mínima para cumplir sus funciones.

¿Qué se requiere para superar esta situación?. Fundamentalmente, dar más estabilidad al sector marítimo-portuario. Sólo eso piden los trabajadores. No se trata de producir un aumento de los costos del factor trabajo, sino, básicamente, de lograr que exista un número promedio de tumos mayor, es decir, que cada trabajador del sector tenga mayor estabilidad en los tumos que cumple y, por lo tanto, en sus ingresos.

Eso no implica aumento de los costos para el sector empresarial de la estiba y desestiba y, en última instancia, para los exportadores. Sin embargo, ha sido uno de los grandes argumentos tendientes a no permitir ninguna modificación en la legislación laboral.

Presentamos una indicación que apuntaba a restablecer la idea de listados o registros que flexible, periódica y mensualmente pudieran ser fijados de manera bipartita. Se consideró que se aproximada demasiado a la legislación anterior a 1981, rechazada por muchos sectores, y fue vista como una vuelta atrás, como algo insostenible. Esta indicación fue rechazada en la Comisión.

Luego propusimos modificaciones destinadas a mejorar el "acuerdo marco social" de los trabajadores, empresarios y Gobierno. Nuestra alternativa, era caminar por la vía del espíritu de ese acuerdo, que apuntaba a transformar los convenios de provisión de puestos de trabajo en un instrumento que terminara con la eventualidad del contrato diario.

Para ello habría sido necesario la voluntad de los empresarios enfocada en esa dirección, e introducir enmiendas que mejoraran el acuerdo marco social.

El avance más concreto que se introdujo en la legislación es colocar un costo a los convenios de provisión de puestos de trabajo, de tal manera que los empresarios suscribieran menos convenios con cualquiera, sin asegurar tumos, y lo hicieran con algunos, asegurando tumos, para, por esa vía, acercarse un poco al intento de reducir el número de trabajadores marítimo-portuarios y de darles más estabilidad.

Este acuerdo marco, como dije antes, suponía una voluntad efectiva de los empresarios. Cuando se firmó, se expresó por empresarios y trabajadores la idea de que éste era un primer paso, un piso para construir una nueva legislación laboral, por lo cual era muy importante ver qué iba a pasar con ello durante los meses siguientes. Vamos a cumplir un año desde que se firmó, en enero del año pasado, ese acuerdo. La evaluación que se hace es tremendamente negativa, porque tanto la idea de hacer convenios de provisión de puestos de trabajo en determinado número y con los trabajadores que tenían historia en el sector, como la de realizar listados informales, en tomo de los cuales se intentara, tanto por empresarios como por trabajadores, no seguir aumentando el número de trabajadores, no se cumplió. No ha sido esa la experiencia y, por lo tanto, en cuanto a esa idea, surge evaluación bastante negativa de lo que fue el primer intento de acuerdo social.

En vista de esto, posteriormente sugerimos dos indicaciones para hacer más eficiente el acuerdo. Una, establecer un examen, que debía aprobarse, para ser trabajador marítimo portuario, basado en la legislación actual, fundamentalmente en el conocimiento de las normas de seguridad de los puertos. De tal manera que no cualquiera que fuera pasando por la esquina y le ofrecieran una "pega", pudiera ingresar aquí y aumentar la fuerza de trabajo. En segundo lugar, eliminar los trabajadores eventuales sin convenio de provisión de puesto de trabajo. O sea, dejar solamente dos tipos de trabajadores: los contratados permanentes y los eventuales con convenio de provisión de puesto de trabajo. En síntesis, terminar de raíz con el contrato diario.

Esto podía hacer, del acuerdo que se había logrado, algo más eficiente para equilibrar las relaciones laborales en el sector. Lamentablemente, la Cámara Marítima expresó formalmente, en carta dirigida al Ministerio del Trabajo, su negativa a aceptar esas dos modificaciones que se proponían al acuerdo social, con lo cual se hizo inviable aprobar estas indicaciones.

La conclusión y resultado de toda esta experiencia es que, más allá de introducir las ventajas tributarias para utilizarlas en capacitación de los trabajadores eventuales y, por supuesto del sector marítimo portuario, y del hecho importante de haber incorporado a este sector entre los que realizan trabajos pesados, lo que le permitirá, por lo tanto, acceder a la jubilación anticipada por la vía, además, de un gasto mayor del Fisco, a alrededor de 800 a mil personas, de un total de 6 mil avances que es necesario reconocer, la legislación propuesta, si bien no empeora la situación de los trabajadores marítimo portuarios, tampoco la mejora.

Frente a esto, debemos señalar que nos encontramos totalmente insatisfechos con lo que se ha logrado, ya que ésta era una oportunidad como ninguna para reponer un conjunto de derechos de los trabajadores marítimo-portuarios y superar, así, una de las bases de inestabilidad, incluso del funcionamiento económico del sistema portuario chileno.

Por esa razón, quiero manifestar, en nombre de toda mi bancada, nuestra decepción por lo propuesto, la cual expresaremos por la vía de la abstención, en la esperanza de que luego se puedan buscar mejores soluciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, tal vez éste fue uno de los temas más discutidos, respecto del cual la Comisión escuchó gran cantidad de opiniones expresadas por las organizaciones que allí concurrieron, en la etapa de audiencias públicas abiertas para tal efecto.

Sin duda, el tema portuario es uno de los más sensibles en el orden de las relaciones laborales. Y el diagnóstico que señalaba el colega Jeame Barrueto, al iniciar su exposición, es ampliamente compartido, en el sentido de que una de las dificultades que afronta el sector es la excesiva apertura que registra en este momento ese sector de trabajadores, en cuanto origina una sobredotación en los puertos, que es necesario entrar a regular, con el objeto de que los trabajadores que efectivamente pertenecen al sector cuenten con más ingresos provenientes al tener acceso a mayor cantidad de tumos.

En esta materia, la Comisión conoció un acuerdo denominado "Acuerdo marco del sector portuario", suscrito entre un conjunto de organizaciones representativas del sector, tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios. En este documento aparecen las firmas de organizaciones tales como Congemar, Cotraporchi, Federación de Estibadores de Chile, Fembach; Sindicatos de Comach como el Sindicato Estibadores N° 1 de Valparaíso, el Sindicato Empleados de Bahía de Valparaíso, el Sindicato Siprecna, el Sindicato de Embaladores N° 2 de Valparaíso, el Sindicato de Embaladores de San Antonio, el Consejo Zonal Marítimo Portuario IV Zona, el Sindicato de Empleados de Bahía de Talcahuano, el Sindicato de Marineros Auxiliares de Bahía de Talcahuano y Congemar Zona Sur, el Sindicato de Estibadores de Talcahuano, el Sindicato de Estiba y Desestiba de la provincia de Concepción, el Sindicato de Empleados de Bahía de Lirquén, el Sindicato de Embaladores de Talcahuano y el Consejo de la IV Zona de Comach, el Sindicato de Empleados de Bahía de San Vicente, el Sindicato ExEmporchi, el Sindicato de Movilizadores N° 1 Penco-Lirquén, el Sindicato de Movilizadores N° 2 de Penco-Lirquén, el Sindicato de Supervisores y Control de Patios Puerto Lirquén, el Sindicato Movilizadores N° 3 Puerto Lirquén, el Sindicato de Movilizadores N° 4, Lirquén, el Sindicato de Operadores de Grúa Lirquén, el Sindicato de Estibadores de San Vicente y de la Federación de Estibadores de Chile San Antonio.

Por parte de las organizaciones empresariales, este acuerdo aparece suscrito, entre otras empresas, por Ultramar, S.A.A.M., Cosem, Agunsa/Report, Trascontainer, A.J. Broom, Somarco y Ian Taylor. También fue suscrito por la Corporación Nacional de Exportadores.

Este acuerdo, que se logró a raíz de un diálogo promovido por el Gobierno, lleva, además, las firmas del Ministro del Trabajo y Previsión Social, don René Cortázar, y del Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola, como garantes de su contenido y de su autenticidad.

En relación con el contenido de este acuerdo-marco, en lo relativo al sector, se redactaron las disposiciones que modifican el Código del Trabajo y que, sustancialmente, comprenden tres materias. En primer lugar, abordando el tema vinculado a la sobredotación de trabajadores en los puertos, se exige a los empleadores el cumplimiento de ciertos requisitos y exigencias en materia de suscripción de convenios sobre provisión de puestos de trabajo, por la vía de hacer exigible la obligación de garantizar a cada trabajador que suscribe uno de estos convenios el derecho a percibir, a lo menos, un ingreso mensual por trimestre. Es evidente que, al establecer un costo para la suscripción de los convenios de puestos de trabajo, éstos se harán extensivos solamente a aquellos trabajadores que, de acuerdo con las posibilidades de trabajo en los puertos, vaya a tener efectivamente posibilidad de trabajar. En caso contrario, pesaría sobre el empleador un costo que no tendría ninguna retribución.

En segundo lugar, hay otra materia que no se trata en esta iniciativa de ley, sino a través de la política general de Gobierno en materia de fiscalización. Al discutir la Ley de Presupuestos, se planteó la necesidad y se obtuvo una asignación presupuestaria para la Dirección del Trabajo, con el objeto de que este servicio pudiera aumentar sustancialmente su planta de fiscalizadores y disponer de los medios materiales necesarios para realizar una fiscalización efectiva. Tal como hemos podido comprobarlo en virtud de todo el debate generado en tomo de éste y otros temas, gran parte de las actuales deficiencias no se deben precisamente a que las normas positivas sean deficientes, sino que, en gran parte, los problemas derivan de la no aplicación de la actual legislación. En consecuencia, frente a esta realidad, las dificultades no se van a resolver mediante la modificación de una norma que no se aplica, sino haciendo efectiva la legislación vigente.

En este sentido, esperamos que este aspecto tan importante y sustancial del trabajo portuario y las denuncias y deficiencias planteadas en la Comisión, se resuelvan por medio de una adecuada fiscalización.

Entre otras medidas específicas de fiscalización, obtuvimos del Ministerio del Trabajo el compromiso de dar instrucciones a la respectiva autoridad, con el objeto de que en cada puerto exista, a lo menos, un inspector del Trabajo para que reciba, in situ, todas las denuncias que pueda generar la infracción a la legislación laboral en los puertos y, al mismo tiempo, hacer efectivo ese control y fiscalización con prontitud, oportunidad y en condiciones de que los reclamos puedan ser atendidos y resueltos.

Se incluyó también, dentro de los cambios legales, una norma de solidaridad respecto de la obligación que asumen los empleadores que suscriben un convenio de provisión de puestos de trabajo, en el sentido de que el compromiso de disponer el trabajo necesario que surge de esos convenios sea una responsabilidad que comparten todos los empleadores que los suscriben, solidariamente.

Con posterioridad a la suscripción de este convenio, recibimos una serie de reclamos de parte de los trabajadores, por no estar conformes con el acuerdo marco. Sin embargo, en este punto queremos ser muy precisos. En la Comisión de Trabajo respondo por mi actuación en ella procedimos de acuerdo con un documento suscrito por las partes.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado. Redondee la idea.

El señor GAJARDO.-

Lo haré, señor Presidente.

En base a ese documento suscrito por las partes, en la Comisión los parlamentarios de Gobierno con los de Oposición firmamos un acuerdo, en el sentido de hacer avanzar la reforma en una serie de puntos. En materia portuaria, concordamos, precisamente, en hacer nuestro el acuerdo marco a que hice referencia. En consecuencia, nuestra posición en esta materia es la de pleno respeto al documento que se suscribió. Nuestras firmas responden por nuestra voluntad legislativa.

He dicho.

Manifestaciones en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas que se abstengan de hacer manifestaciones. En caso contrario, ordenaré su desalojo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer término, quisiera hacer algunas reflexiones muy breves en atención al tiempo y decir que una economía social de mercado, abierta al mundo hace y exige que la eficiencia de sus puertos sea extraordinariamente grande, porque más del 95 por ciento de la carga y descarga de productos que ingresan o salen del país se hace por la vía de los puertos de Chile.

La tesis de quienes pudieran sustentar la idea de volver al viejo esquema de matrículas por puertos y otra serie de situaciones, no la comparto. Sin embargo, para que esta eficiencia se mantenga y la seguridad sea efectiva, se hace indispensable avanzar en materias que demanden una mayor atención respecto de los trabajadores que laboran en esta delicada función.

En mi condición de parlamentario, formulé una serie de indicaciones que, lamentablemente, fueron rechazadas en virtud del acuerdo a que acaba de hacer mención el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Pero no puedo dejar de mencionar, en mi nombre y en el de mi colega Bartolucci, que el Gobierno no puede pensar que una materia como el acuerdo al cual se había llegado era la base sobre la cual se podía legislar, y no un marco exclusivo de legislación.

En consecuencia, en mi nombre y del Diputado señor Bartolucci, quiero anunciar nuestra abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Orpis le pide una interrupción.

El señor ULLOA.-

Muy bien, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, como estas sesiones son públicas, me gustaría partir aclarando un aspecto formal, el cual di a conocer cuando usted estaba nombrando los artículos que debían votarse.

Para conocimiento de esta Sala y de las personas que asisten hoy día a tribunas, el articulado está prácticamente aprobado. Lo único que se encuentra en discusión son los artículos 1° y 36, pero el resto está absolutamente aprobado por todas las bancadas, cosa que se hizo esta mañana. Por lo tanto, el tema portuario está legislado en esa materia.

Este era el primer alcance que quería hacer para no engañar a nadie.

Manifestaciones en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero ser bien claro con las personas que se encuentran en las tribunas. Aquí todos tienen derecho a expresar sus opiniones, todas las cuales son respetables; por lo tanto, deben abstenerse de hacer manifestaciones.

Continúe, Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Después de haber hecho esta aclaración, que es importante para el entendimiento del articulado que estamos aprobando y para el respeto de los acuerdos, los cuales, en este caso, afortunadamente se respetaron a raíz de este problema formal, voy a entrar al tema en discusión.

Básicamente, lo que se hizo en la Comisión, como lo señalaba el Diputado señor Gajardo, fue aprobar un acuerdo. Es importante que en el país existan los acuerdos y éstos, una vez adoptados, deben respetarse, porque de lo contrario nadie va a tener credibilidad: ni las organizaciones sociales, ni los empresarios, ni el Gobierno, ni esta Cámara. Y cuando comencemos a dar esas señales, será peligroso para el país porque nadie confiará en nosotros, y terminarán los acuerdos. Ahora, si ellos son buenos o malos, hay que asumir la responsabilidad y tener más cuidado con los que en el futuro se firmen.

En segundo término, y ahondando en el tema, lo que actualmente ocurre en el sistema portuario es que a raíz de esta eventualidad que existe en los puertos de nuestro país, se ha producido una sobredotación de trabajadores.

Esta es la realidad, y ella significa que, en el futuro, habrá que ir abordando ese tema, de manera que la calidad de trabajador portuario se vaya limitando a aquellos que efectivamente se integren a los puertos.

Hay muchas maneras de hacerlo. Debemos reconocer que en estos momentos se asume un costo social abordable desde muchos puntos de vista; pero no me parece que la forma correcta de hacerlo sea cerrando los puertos y estableciendo viejas prácticas, de pésimo precedente en nuestro país. Hoy, tenemos otras formas de abordar esas situaciones.

Cuando se legisla sobre una materia, hay que determinar primero cuál es la naturaleza de la actividad. Y la de la portuaria es cíclica y eventual. Por eso, en el Código, además de las disposiciones de carácter general, existen distintos párrafos, dependiendo de la naturaleza del trabajo que se realiza: unos se refieren a los trabajadores agrícolas; otros, a los trabajadores embarcados, portuarios, etcétera.

¿Hacia dónde apuntan estas modificaciones? Reconociendo la naturaleza cíclica de la actividad y de la eventualidad, se ha tratado de establecer una mayor estabilidad. Por ello, las modificaciones apuntan, en conformidad con los términos del acuerdo, a que los convenios y provisión de puestos de trabajo de los trabajadores eventuales no van a durar 20 días, sino un mínimo de tres meses, y también pueden ser indefinidos.

Antes tampoco tenían un ingreso mínimo asegurado. Hoy se establece un piso de un ingreso mínimo en cada trimestre, lo que también constituye un avance. Además, al permitir que la provisión de puestos de trabajo pueda ser celebrada por más de un empleador, aumentan las posibilidades de mayor estabilidad.

En definitiva, nuestra bancada, respetando la opción de los Diputados señores Bartolucci y Ulloa, votará positivamente, porque creemos que este acuerdo y estas modificaciones legales se enmarcan en un sentido correcto y porque junto con tener en cuenta la naturaleza propia de la actividad portuaria, se está propendiendo a una mayor estabilidad en sus relaciones laborales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, deseo hacer una breve reflexión sobre el tema.

Como lo indicó el Diputado señor Jeame Barrueto, es efectivo que a partir de 1981, con la dictación de la ley N° 18.032, se comenzaron a generar en el sector marítimo-portuario condiciones de gran inestabilidad laboral, de abusos, de una falta casi absoluta de fiscalización y control, de destrucción de sus organizaciones sociales y de una preeminencia casi sin equilibrio del sector empresarial sobre el sector laboral.

Sin embargo, reconocemos y reconocimos que era necesario remediar esa situación y tratar de buscar un justo equilibrio entre los niveles de eficiencia alcanzados en el sistema portuario y la obtención de mayores niveles de equidad y de justicia social.

En ese sentido, valoramos el acuerdo tripartito de enero de 1991 y el acuerdo político a que se llegó en la Comisión de Trabajo de esta Cámara; pero, francamente, nos parece insuficientes. Y como nos parece insuficiente, junto a los Diputados Pizarro, Velasco y otros de esta bancada, presentamos indicaciones sobre esta materia, porque habríamos preferido que se hubiese legislado de otra forma, por ejemplo, respecto del pago de horas extraordinarias, de tumos de madrugada, de un ingreso mínimo mensual y no cada tres meses, de la adecuación de nuestra legislación a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En fin, hubo varias indicaciones, que, en definitiva, no fueron aceptadas.

De manera que, si bien reconozco que las disposiciones que hoy día se someten a votación representan un avance importante respecto de lo que existe en este momento, reitero que nos parecen insuficientes, y creemos que debieran haberse generado mayores niveles de equidad y de justicia social en este sector.

Por último, señor Presidente, a partir de la celebración de este acuerdo de enero de 1991, en nuestra opinión, y lo digo responsablemente, el sector empresarial no ha cumplido algunos acuerdos bilaterales con determinados sectores de trabajadores y siguen manifestándose y haciéndose presentes factores de injusticia, de abuso y de inestabilidad en este sector tan importante para el desarrollo económico del país.

Quiero hacer públicamente un llamado al sector empresarial relacionado con el área marítima portuaria a que cumpla los acuerdos y generen reales condiciones de estabilidad en el sector, y ésta pasa por ir creando, de común acuerdo, mejores condiciones de trabajo para esta gente y sus familias, cuyo elemento fundamental diario es la inseguridad laboral.

Por esas razones, me abstendré en esta votación.

Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado Latorre.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en este punto ya se ha dicho que, para abordarlo, se tuvieron en consideración la larga discusión habida y los acuerdos adoptados entre representantes de todos los sectores involucrados en la decisión, así como entre quienes deben legislar, por lo que, teóricamente, debiera existir un consenso bastante amplio en esta Sala. Sin embargo, sin haber estado ligado directamente a la discusión previa del proyecto, quiero hacer una reflexión que me parece válido formularla en esta Sala.

En primer lugar, no soy capaz de entender que no se respeten los acuerdos firmados. Me parece que un acuerdo es normalmente el resultado de un proceso en el cual los participantes van cediendo para lograr llegar a él, especialmente cuando éstos representan sectores que tradicionalmente han tenido posiciones o posturas distintas respecto del punto en discusión. En consecuencia, lo habitual es que un acuerdo no resulte plenamente satisfactorio para las partes involucradas.

Cuando asumimos la responsabilidad política de representar en esta Sala un acuerdo, partimos de la base de que es un hecho. Eso es lo que legitima, en gran medida, muchas de las decisiones que adoptamos en materia legal, las que, como aquí se han destacado por otros colegas, son las que le van dando credibilidad al trabajo del Gobierno, de los trabajadores y sus representantes, de los empresarios y, desde luego, de los parlamentarios.

En términos estrictamente personales, quiero llamar la atención del Gobierno respecto de un hecho que se está transformando en una práctica habitual.

Estimo que no es razonable ni aceptable que en el seno de los partidos de la Concertación, haya algunos que estemos permanentemente dispuestos a aprobar los acuerdos a que se llega respecto de proyectos cuya iniciativa corresponde fundamentalmente al Gobierno, pero que al momento de sancionarlos en la Sala haya otros que también participan en este conglomerado político que, lisa y llanamente, no nos acompañan en esa votación.

La situación no es nueva. Debe ser la cuarta o quinta oportunidad en que, frente a un proyecto de ley de alta sensibilidad para los trabajadores chilenos, ella surge al momento de votarlo.

No reclamaré por tal actitud a mis colegas de la bancada del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, porque ellos pueden actuar como mejor les parezca. Pero sí puedo pedir al Gobierno que nos explique, a través del Ministro, señor René Cortázar, y, si es posible, también a través del Subsecretario, señor Eduardo Loyola, quien está presente en la Sala, cómo es posible que una iniciativa que surge del Gobierno en consecuencia, que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la Concertación, que tiene un trámite de más de nueve meses, y que es producto de un acuerdo político al llegar a esta Sala, no se traduce en un claro compromiso de todos aquellos que han participado en el acuerdo.

Este problema político que nos incomoda, pues algunos empiezan a anunciar su abstención, respecto de los acuerdos políticos, desde el momento en que comienza la discusión es una práctica que no puede reiterarse, porque hace perder credibilidad, sobre todo cuando tenemos presente en las tribunas a representantes de los trabajadores que tienen legítimo derecho a luchar por sus reivindicaciones y a exigimos que seamos fieles representantes de sus inquietudes, sin perjuicio de que, en muchas oportunidades, tengamos también que hacerles presente cuáles son las reivindicaciones que, en una etapa o en otra, no pueden ser satisfechas plenamente.

Requerimos una explicación política de parte del Gobierno respecto de esta situación reiterada, que hace que proyectos de ley que tienen su origen en el Ejecutivo, lleguen a esta Sala acuerdos políticos adoptados, pero que no son respetados plenamente por todos los partidos de la Concertación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor Ortiz.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le queda un minuto.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, debido a que me queda un minuto seré muy concreto y preciso.

Año 1981, "Ley Maldita", ley N° 18.302. Significó que el sector marítimo y portuario volvió absolutamente a cero.

Por eso, considero mi deber y obligación plantear públicamente que me abstendré en esta parte. Lo hago, porque las propuestas de modificaciones no satisfacen las aspiraciones de los trabajadores del sector,...

Aplausos.

El señor ORTIZ.-

... cuyos derechos, conculcados por más de diez años, deben ser restablecidos para mejorar su status legal, otorgándoles estabilidad laboral, regulación funcional e interlocución con el sector empresarial.

Originalmente era partidario de respetar este acuerdo político; pero me he dado cuenta de que en el día de hoy ello no se ha hecho, lo que me deja en libertad para abstenerme en esta parte de la iniciativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, como lamentablemente no se están respetando los acuerdos, no podemos exigir a los trabajadores que respeten lo que ellos también han firmado, en circunstancias de que nosotros no somos capaces de hacerlo.

Renovación Nacional votará favorablemente todo lo relacionado con los trabajadores portuarios, porque somos respetuosos de lo que firmaron muchos dirigentes sindicales, a quienes respeto y los creo muy hombres, por lo que no pienso que todos estén negando su firma. Puede ser que uno, dos o diez se hayan equivocado; pero hemos escuchado al Diputado señor Gajardo leer una lista de más de treinta dirigentes que han firmado este acuerdo marco y, por lo tanto, no creo, porque conozco a muchos dirigentes, que ellos estén negando ahora lo que firmaron.

Estoy de acuerdo con el Diputado señor Gajardo en que esto puede tener éxito si hay una mayor fiscalización. Indudablemente, eso limitará a ciertos trabajadores para entrar a los puertos.

También creo que el acuerdo marco resguarda los monopolios empresariales. Si establecemos un solo empleador como contratista para la provisión de puestos de trabajo, corremos el riesgo de que los grandes empresarios del sector se queden con el monopolio del sistema.

Por eso, votaremos favorablemente todo lo relacionado con este tema.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Seguel, con su venia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría, por la vía de la interrupción.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, el Diputado Gajardo dio lectura al "Acuerdo del sector portuario", firmado en febrero de 1991. Sobre esa base, parlamentarios de las distintas bancadas firmamos, con fecha 5 de noviembre de 1991, un documento de 21 puntos, que corresponde al acuerdo político de esta Cámara.

Antes de referirme al punto N° 17, quiero dar a conocer los nombres de quienes firmamos este documento, por la responsabilidad política que cada uno asume. Lo firmaron la Diputada señora Adriana Muñoz y los Diputados señores Angel Fantuzzi, Jaime Orpis, Rubén Gajardo, Rodolfo Seguel, Nicanor Araya y Héctor Olivares. El punto 17 dice: "Se propicia una mayor estabilidad laboral para los trabajadores portuarios eventuales, de acuerdo a los términos del acuerdo portuario suscrito por el Gobierno con empleadores y trabajadores del sector", que es el documento que tenemos en nuestro poder. "Se innova en cuanto al tratamiento legal de los convenios de provisión de puestos de trabajo, en particular, se establece la obligación para el empleador o empleadores que lo celebran, de ofrecer la garantía de un número de acceso a puestos de trabajo suficientes como para asegurar, al menos, el equivalente al valor de ingreso mínimo de un mes de cada trimestre calendario para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio".

El texto continúa en relación con lo que ya ha explicado el Diputado señor Rubén Gajardo.

¿Por qué hago alusión a estos dos documentos, firmados tanto por parlamentarios como por dirigentes sindicales y empresariales y el Gobierno? Porque los parlamentarios de Gobierno fuimos quienes le solicitamos al señor Ministro del Trabajo que no envíe nunca más un proyecto de ley al Senado, sino que éstos sean todos discutidos en la Cámara de Diputados, que es la Cámara política.

Ante esa petición el señor Ministro accedió y nos envió este proyecto, en cuya discusión nos demoramos ocho meses.

Es efectivo lo que plantea el Diputado señor Jeame Barrueto, en el sentido de que hay varias cuestiones que quedan bajo el acuerdo, o algunos puntos respecto de los cuales ciertos dirigentes sindicales hoy día están diciendo que fueron engañados, cuestión que hemos escuchado con bastante tranquilidad. Hemos entregado nuestros argumentos, hemos discutido el día de ayer hasta muy tarde, en el día de hoy también, para ver la posibilidad de que esto se arregle.

Cuando se ha firmado un acuerdo político como el que tenemos, refrendado por el acuerdo entre empresarios y trabajadores, nos asalta la duda de si vamos a respetar o no las firmas que aparecen en el documento, en representación de cada una de nuestras colectividades. Me correspondió firmar por mi partido, la Democracia Cristiana, junto al Diputado Rubén Gajardo. Asumimos esa responsabilidad de principio a fin, como lo hemos dicho en todo momento a los trabajadores, a los empresarios, al Gobierno, y ahora lo decimos acá, de cara al pueblo.

Pero también queremos tener la misma reciprocidad ante las firmas que estamos llevando adelante.

Si hoy día hay parlamentarios de la Democracia Cristiana, de nuestro partido, que están absteniéndose en la votación por un problema suscitado en sus puertos con los dirigentes sindicales, obviamente eso significa que nos están quitando representatividad en la firma del acuerdo.

Reclamo a los dos parlamentarios de mi partido tanto a un jefe de Comité como al Diputado señor Cornejo su abstención en la votación, porque eso no es lealtad política parlamentaria. Tenemos un acuerdo firmado, respaldado por nuestras bancadas, por lo que exijo a mi partido reciprocidad política, mediante la cual me dieron confianza para desarrollar este trabajo.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, quiero contestarle al colega Latorre, quien señaló que cuando se firma un compromiso, hay que respetarlo.

Como firmante de este acuerdo, lo voy a respetar; pero eso no me impide ni me inhibe, si las condiciones cambian o no se cumple un compromiso, como el de los empresarios con los marítimos.

Esto no lo digo porque haya trabajadores portuarios y marítimos en las tribunas y galerías. Lo habría dicho igual si ellos no estuvieran presentes. Por lo tanto, no estoy haciendo demagogia.

En ningún momento ello me inhibe, aun cuando voy a respetar el acuerdo porque está mi firma de por medio, de tener una opinión diferente frente a un punto tan importante como éste.

Quiero dejar debidamente establecido que no es la primera vez que los empresarios no cumplen con su parte. ¿Por qué siempre los trabajadores tienen que cumplir y los empresarios no lo hacen?

Quiero dejar debidamente establecido que voy a respetar el acuerdo, porque está mi firma de por medio. Aquí no hay un desconocimiento de eso; pero frente a este punto específico también anuncio mi abstención.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al colega Olivares.

Aplausos en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por última vez solicito a las personas que se encuentran en las tribunas que guarden silencio.

Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, en forma breve trataré de aclarar un asunto.

Aquí hay colegas que rasgan vestiduras, que hablan del respeto de los acuerdos y hacen una serie de maromas políticas. Quiero recordar que, por ausencia del colega Nicanor Araya, presidí la reunión de la Comisión de Trabajo a la que concurrió un alto número de dirigentes portuarios, quienes no solamente dieron a conocer sus problemas, sino que también expresaron por qué desconocían el acuerdo marco. Varios firmantes del acuerdo marco que estuvieron presentes en la Comisión señalaron la realidad de lo que estaba ocurriendo en su sector.

Esto sucedió con posterioridad al acuerdo a que se han referido los colegas Gajardo, Seguel, Latorre y Orpis. También ellos estuvieron presentes y escucharon esas opiniones. El comentario final de la reunión fue que los argumentos entregados por los trabajadores portuarios eran irrebatibles y que, por lo tanto, debían concurrir al Ministerio del Trabajo para conversar con el Secretario de Estado y pedirle que ese acuerdo marco fuera anulado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Juan Martínez le ha pedido una interrupción.

El señor ARAYA.-

Con su venia se la concedo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, este tema ha sido bastante polémico y es bueno aclararlo de manera exhaustiva.

La primera cuestión dice referencia al problema del acuerdo marco. Creo que ni el Gobierno ni el Parlamento deberían inhibirse de legislar estrictamente en materias que dicen relación con su competencia, sometiéndose a un acuerdo suscrito fuera del ámbito del Congreso Nacional o del Gobierno.

La verdad es que se nos ha presentado un proyecto que en materia marítima portuaria dice estricta relación con el acuerdo marco que se firmó y que con posterioridad ha sido repudiado por la inmensa mayoría de los dirigentes del sector, entre otras cosas como lo dijo el propio Diputado Cornejo, porque los empresarios no han respetado otros acuerdos que complementaban dicho acuerdo.

Además, la verdad sea dicha, los supuestos "avances", entre comillas, que se plantean en la legislación no se traducirán prácticamente en nada.

Creo sinceramente que esto no importa ningún avance ni tampoco un retroceso de la situación actual, porque éste se produjo con la ley NQ 18.032, que despojó prácticamente de todos sus derechos a los trabajadores marítimos-portuarios.

¿Qué espera el trabajador marítimo portuario? Espera o esperaba que el Parlamento, que tenía la oportunidad de avanzar en materia de legislación laboral para ese sector, realmente lo hiciera; que asumiera su responsabilidad como Congreso, de someter a discusión tan importantes materias y lograr un avance que recuperara en parte algunos aspectos de su condición anterior; no para volver exactamente a la misma situación, porque hoy no queremos un país ni un trabajo marítimo portuario exactamente iguales a los anteriores, pero sí un avance que los proteja, que les dé mejores condiciones de trabajo, mayor nivel de estabilidad y les permita asegurar cierto ingreso mínimo, aspectos que hoy no están asegurados ni se logran con el proyecto que estamos analizando.

Hoy día se ha dicho que a través de esta legislación no se podrá resolver el problema del sector marítimo-portuario. Si no se hubiera aceptado a fardo cerrado este acuerdo, si no se hubiera aceptado que tenía que traducirse exactamente igual en términos legales, sino que se hubiera considerado como un primer paso para avanzar y profundizar sobre esta materia, la verdad es que podríamos haber llegado a una situación distinta, y hoy no tendríamos la oposición prácticamente unánime de los trabajadores de todos los puertos del país, que rechazan y repudian esta legislación y que esperan que el Congreso en vista de que en estos momentos es casi imposible legislar en forma distinta por lo menos no dé su consentimiento para sancionar algo que no les servirá de nada y que los deja igual. Obviamente es la señal política de que, por lo menos en este Gobierno, no se avanzará más en la legislación sobre esta materia.

Por eso, nuestra bancada adoptó la decisión de abstenerse sobre estos puntos. Con ello no plantea un rechazo cabal, completo, absoluto, a los acuerdos políticos desarrollados a través de los miembros de la Comisión de Trabajo a la cual concurrieron compañeros de bancada, sino que da una señal al Gobierno sobre la necesidad de no remitirse estrictamente a lo que hoy se discute, de que se avance y profundice, de que se trabaje positivamente en materia de legislación laboral para el sector marítimo-portuario. Eso es lo único que pedimos. Confío en que el Ministro y el Gobierno adviertan que aquí se ha producido una situación de disconformidad con lo que se ha podido hacer. Pensamos que no estamos rompiendo el acuerdo político a que llegamos, pues valoramos en forma global el conjunto de los otros aspectos y los votamos favorablemente creo que en términos generales, se ha progresado o por lo menos, se han recuperado en parte derechos perdidos. Pero en esta materia, sinceramente pensamos que no existe un avance. Debido a que no queremos concurrir a aprobar una legislación que no tendrá efectos positivos para el sector marítimo-portuario, preferimos abstenernos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra a algún parlamentario de la bancada de Oposición.

El señor FANTUZZI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Entiendo que ciertos colegas, por mirar electoralmente su futura votación como parlamentarios, asuman determinada posición.

Pero no podemos perder de vista el interés nacional. Si hoy sufren presiones de ese sector para obtener algunas cosas que realmente no son buenas para el país en el momento actual, mañana, si vuelven a tener el carné, las presiones serán infinitamente mayores, porque si el sector portuario decide que no sale un cajón de frutas de este país, no saldrá.

En ese momento, no vamos a legislar nosotros, sino otras personas. No podemos estar sujetos a este tipo de chantajes, tenemos que aprobar lo que es mejor para el país. Y, hoy, creemos, este acuerdo es lo mejor para el país.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Salas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, quiero señalar que voy a votar en conciencia y que es inaceptable y tengo que decirlo, que haya dos maneras de legislar: una, en la Comisión y otra en la Sala, cuando hay público.

Junto con el Diputado Cornejo y otros colegas, presentamos varias indicaciones en la Comisión de Trabajo para mejorar la situación de los portuarios, las que fueron rechazadas justamente con los votos de los que hoy dicen que hay problemas y que quieren discutirlos ¿Por qué no los debatieron en la Comisión e hicieron conciencia de las gravedad de lo que se estaba planteando?

No me parece correcto pretender decir: "Nosotros somos los buenos y los otros los malos". Votaré consecuente con lo que siempre he planteado. El tema va más allá y es más profundo que un acuerdo marco: están de por medio trabajadores, personas, seres que trabajan y sufren. En todo caso, lo que reclamo hoy es que cuando legislemos, mantengamos la misma posición que se mantiene al interior de las Comisiones, cuando no hay nadie escuchando.

Muchas gracias, Diputado señor Fantuzzi.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Angel Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, con su venia, concedo interrupción a los Diputados señores Arancibia y Campos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, las intervenciones de los colegas Martínez y Cornejo y las expresiones del Diputado señor Jeame Barrueto, explican la situación producida, donde se reclama el cumplimiento de lo convenido en documentos, que todos quienes los suscribieron, no cabe duda, actuaron de buena fe.

Pero las circunstancias variaron, y los primeros en cambiarlas fueron aquellos sectores empresariales que no cumplieron compromisos o parte de ellos, contraídos en aquel entonces.

Hoy, incluso, los dirigentes sindicales que firmaron el documento apoyan la idea de que no se apruebe la norma que discutimos.

Así las cosas, tenemos que mirar el interés del país. Ya pasó la época en que respetando a los empresarios no se considere también, a los trabajadores. De una vez por todas debe entenderse que, respetar el interés del país conlleva resguardar los intereses del sector empresarial, pero no a costa de pisotear y vulnerar las garantías de los trabajadores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, agradezco al colega Fantuzzi la interrupción que me ha concedido. Seré muy breve. Sólo para señalar que, aun cuando los radicales y socialdemócratas no participamos formalmente en el acuerdo invocado en esta Sala ni tampoco estuvimos representados en las discusiones de la Comisión de Trabajo de esta Honorable Cámara, entendemos que existe un compromiso o un acuerdo político entre la Concertación, el Gobierno, los dirigentes sindicales y los partidos de la Oposición.

En consecuencia, respetaremos ese acuerdo, aun cuando reitero, formalmente no lo suscribimos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, sólo para manifestarle al colega Arancibia que no estamos defendiendo a los malos empresarios. Estamos conscientes de que si con esta legislación, que es parte del acuerdo, hay una buena fiscalización, solucionaremos gran parte del problema que hoy aqueja a los trabajadores portuarios.

Pero no les echemos la culpa a los malos empresarios para justificar la modificación de la legislación en determinados puntos, lo que después tendremos que lamentar.

Nuestra responsabilidad es tener la cabeza fría y hacer las cosas como corresponden, para el bien del país. Cuando expreso "bien del país", no sólo me refiero a los empresarios, sino también a los trabajadores. Ya se acabaron las clases que defendían a los trabajadores. Los trabajadores han hecho derrumbar a gobiernos socialistas, porque no son ellos los que los defienden. Muy por el contrario: los han arruinado. Eso es lo que hemos planteado durante muchos años.

Ojalá que los colegas sean renovados completos, como lo señalan. Hoy, nadie tiene el monopolio en la defensa de los trabajadores.

Con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Orpis hará uso de la palabra por derecho propio.

El Diputado señor Jeame Barrueto solicita una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

En todo caso, agradezco el gesto del Diputado señor Fantuzzi.

En esta segunda intervención, quiero aclarar ciertos conceptos.

Al legislar y creo que es el espíritu de todo parlamentario lo que se busca es el bien común. No sólo en este proyecto, sino que en mucho otros más, lo más probable es que se produzcan situaciones impopulares, pero que apuntan hacia el bien común, y hay que asumir esa responsabilidad.

Si ese bien común, además, está respaldado, como en este caso, por un acuerdo que ha sido mencionado reiteradamente en esta sesión que ni siquiera fue suscrito en este Parlamento, pero que sí valoramos por realizado en un sector complicado y sensible al legislar sobre la materia, tratamos de evitar que se deje sin cumplir.

La ley es la norma imperativa que obliga y que el día de mañana permitirá sancionar a las personas que no cumplan dicho acuerdo, porque los acuerdos no son materias abstractas que quedan en el aire, sino materias que se plasman en una legislación concreta.

Es posible que muchos puntos de ese acuerdo hoy no se estén cumpliendo, porque no hay una norma, que es lo que el Parlamento está haciendo.

El señor SEGUEL.-

¿Me concede una interrupción?

El señor PALMA (don Andrés).-

¿Me permite?

El señor ORPIS.-

A continuación.

Antes de terminar, quiero señalar que siempre estuvimos abiertos, incluso, a que se modificara ese acuerdo. Pero el mínimo de credibilidad exigía que todos quienes concurrieron a suscribirlo, lo modificara, aunque no en forma unilateral. Eso es credibilidad; eso es responsabilidad.

Tal como lo dije al comienzo, aquí hay valores que van mucho más allá de una disposición legal. Está comprometida la fe pública. Quienes firmaron ese acuerdo, tanto a nivel de dirigentes de las organizaciones sociales como de parlamentarios, no lo hicieron a título personal, sino en representación de alguien o de un sector. Y nos guste o no, eso hay que asumirlo en su integridad, en lo positivo, y en lo negativo. Eso reclamo de este Parlamento. El acuerdo se firmó y se concreta en esta legislación. Hoy nos corresponde asumir esa responsabilidad.

Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción a los Diputados señores Seguel, Andrés Palma, y Jeame Barrueto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Muchas gracias, Diputado señor Orpis.

Señor Presidente, quiero hacer una aclaración, porque me dejó preocupado la intervención del Diputado señor Arancibia.

Los parlamentarios que somos de Gobierno debemos estar con él en las buenas y en las malas y tratar los proyectos de acuerdo con lo que el Ejecutivo nos envía y no modificándolos, según las peticiones que nos hacen los distintos sectores.

No tengo muy claro que hayan partidos y parlamentarios que sean los exclusivos defensores de los trabajadores. Si fuese así, ayer habrían ganado los trabajadores el derecho a recuperar las propiedades de sus organizaciones sociales y sindicales. Sin embargo, no fue culpa nuestra que esa posibilidad se perdiera. Fue culpa de otros.

Quiero dejar muy en claro que la bancada democratacristiana no pretende, no lo ha pretendido, ni nunca lo pretenderá legislar en beneficio de los empresarios, sino en favor del país, de acuerdo con las actuales circunstancias y con la conformación del Parlamento. Al respecto, no podemos decir que lo que apruebe la Cámara también lo será en el Senado, donde para conseguir algo, obviamente hay que buscar acuerdos políticos. Eso hemos logrado hoy en la Cámara.

Pido a los colegas que mantengamos el mismo respeto que nos hemos tenido durante estos dos años; respaldemos al Gobierno en las buenas y en las malas y cuidemos el vocabulario, pues, a veces, palabras sacan palabras, y no creo que en esta Sala haya alguien que tenga la exclusividad en la defensa de los derechos de los trabajadores, porque si alguien sostuviera eso, tendríamos mucho paño que cortar.

Gracias, Diputado señor Orpis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Presidente, agradezco la interrupción concedida por el Diputado señor Orpis.

Quiero decir cuatro cosas, lo más precisas posibles.

En primer lugar, el acuerdo marco suscrito por distintos sectores sociales siempre fue entendido y conozco todo el proceso en detalle como un primer paso, como una base, como bien lo dijo el Diputado Ulloa. No como un techo, sino como un piso base sobre el cual construir y buscar mejores soluciones. Esa fue la voluntad de todos los dirigentes sindicales que, con la mejor intención del mundo y con mucha seriedad, firmaron ese acuerdo.

En segundo lugar, también es importante expresar, como lo dije antes, la voluntad práctica de los actores sociales para viabilizar ese acuerdo. Un año de práctica ha demostrado que no hay suficiente voluntad de los empresarios para que esto resulte. Ojalá eso cambie, como dijo el Diputado señor Cornejo.

En tercer lugar, los términos del acuerdo político señalan la idea de construir una legislación en base al acuerdo marco social. Entiendo que eso debiera ser en base a él, no en el detalle de ese acuerdo social. De lo contrario, el Parlamento siempre estará renunciando a su soberanía para legislar y cambiar, por lo menos, una coma a un acuerdo que ha sido logrado fuera del Congreso.

A pesar de eso, respetamos este acuerdo, que tiene 21 puntos, de los cuales votaremos a favor 20, y respecto del que no compartimos por las razones dadas, no lo votaremos en contra, sino que nos abstendremos, justamente para respetar al máximo posible ese acuerdo.

Por último, deseo señalar al Diputado señor Fantuzzi que en esto las dos alternativas no son el interés nacional o, alternativamente, el de un grupo o sector particular. Nuestro desafío, siempre, es conciliar los intereses nacionales con los sectoriales. En este caso, fundamentalmente se trataba de cómo asegurar la eficiencia en los puertos chilenos, que la habían logrado, superando el único problema de arrastre que tenían: el desequilibrio en las relaciones laborales. Entonces, tenemos que decir que interés nacional también es la estabilidad de los trabajadores.

Finalmente, debe llamar la atención de los parlamentarios, que si estamos legislando en este punto, como en la mayoría del proyecto, para mejorar un poco, digamos por lo menos eso, un poco, la situación de los trabajadores, y si cuando estamos por despachar esta iniciativa, todos los trabajadores, sus representantes, los que firmaron el acuerdo y los que en un principio lo rechazaron, nos expresan que prefieren seguir con las cosas igual como están, eso tiene que decimos algo: también debemos escuchar la voz de los trabajadores.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede hacer uso de interrupción el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, por su intermedio quisiera consultar al Diputado señor Orpis, a quien agradezco la interrupción que me ha concedido, por qué él, en su primera intervención, hace un rato, mencionó que el articulado referido a los trabajadores portuarios ya estaba aprobado.

En realidad, he examinado el párrafo primero del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el cual señala que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones los números 32, 33, 34 y 35. Y aquí mismo, en el informe, se dice: "Cabe hacer notar que conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento, estos artículos deberían ser declarados aprobados ipso jure.".

Quisiera que el Diputado señor Orpis, o la Mesa si es posible, me aclarara el punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, los números 32 y 33 fueron objeto de indicaciones que la Comisión rechazó y no se renovaron. Por tanto, ahora corresponde pronunciarse sobre ellos sin más trámite. En cuanto a los números 34 y 35, se encuentran aprobados reglamentariamente.

Para un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, durante mi intervención solicité una opinión del señor Ministro con respecto a este punto, e incluso, con la anuencia de la Sala, también al Subsecretario señor Eduardo Loyola.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

He consultado y la respuesta es no.

En votación el número 32.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 26 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el número 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 26 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el número 36.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 28 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Manifestaciones en tribuna.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a los trabajadores asistentes a tribunas no hacer manifestaciones.

¡Silencio, por favor!

Se suspende la sesión.

Se suspendió la sesión a las 15:51 horas y se reanudó a las 15:53.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión. Corresponde tratar el número 3 del artículo 2°, que se refiere al fuero maternal y al descanso de maternidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, se trata de un artículo nuevo, originado en una indicación formulada por el Diputado señor Gajardo y suscrita por toda la Comisión.

El artículo 186 del Código del Trabajo establece que una trabajadora tiene fuero durante el período de embarazo y hasta un año después de terminado el descanso postnatal. Si por ignorancia del estado de embarazo se pone término al contrato de trabajo, el empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora ante la sola presentación de un certificado médico, debiendo cancelarle el período en que permaneció indebidamente fuera del trabajo. Es decir, un pago o una remuneración con efecto retroactivo.

Sin embargo, el gran inconveniente de ese artículo es que no establece un plazo dentro del cual la trabajadora puede ejercer este derecho. Muchas veces ha ocurrido que incluso después de transcurrido un año desde el nacimiento del hijo, la trabajadora ha presentado certificado médico y el empleador ha estado obligado a reincorporarla y a pagar en forma retroactiva todas las remuneraciones.

Ahora simplemente se establece un plazo para que la trabajadora pueda ejercer este derecho. A eso apunta esta modificación, por lo que nos parece razonable incorporarla en el Código.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, vamos a votar favorablemente la indicación del Diputado señor Gajardo, por considerarla totalmente justa, ya que el actual artículo 186 del Código se prestaba para abusos. Ahora esto se regula y se evita el posible abuso de algunos trabajadores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, esta indicación, que suscribimos varios parlamentarios, tiene por objeto regular una situación que se prestaba para dudas e interpretaciones equívocas por parte de los tribunales.

Tal como se ha expresado aquí con bastante precisión, se quiere dar seguridad a las relaciones jurídicas derivadas del trabajo, estableciendo un plazo dentro del cual los derechos deben ser ejercidos. Desde luego, nos parece razonable que dicho plazo coincida con el que establece la legislación laboral para reclamar por el despido. En esencia, se reclama por un despido indebido invocando el beneficio del fuero, con el objeto de que se respete la normativa establecida en el Código.

Esa es la fundamentación de esta indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada Señora Muñoz.

La señora MUÑOZ (dona Adriana).-

Señor Presidente, vamos a aprobar esta indicación porque contribuye a clarificar, a hacer más transparente el fuero maternal.

En general este proyecto aporta una serie de elementos para que el esfuerzo de protección a los hijos sea compartido entre la madre trabajadora y el padre trabajador.

No obstante, cabe señalar que desgraciadamente, las trabajadoras de casas particulares quedaron al margen de la posibilidad del fuero maternal. Es importante tener presente este hecho, para instar por perfeccionar la ley en esta materia, por tratarse de una iniciativa que busca homologar la situación de los distintos sectores laborales. Alrededor del 90 por ciento de la fuerza laboral femenina que desempeña labores en casas particulares ha quedado sin fuero.

Es importante, entonces, salvar esta omisión en el proyecto o considerarlo más adelante.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar este artículo. Para su aprobación se necesitan 60 votos.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

Aprobado.

Se le parece a la Sala, se aprobarán con el mismo quorum los números 4 y 5, por tener la misma calidad y se votan sin discusión.

Si le parece a la Sala, el número 6 se aprobará con el mismo quorum, porque se refiere al mismo tema.

Aprobado.

Corresponde tratar el numeral 7 que, por ser de ley orgánica constitucional, requiere de 67 votos para su aprobación.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este es el artículo al cual aludimos varios Diputados anteriormente y respecto del que existe interés en legislar de parte de varios parlamentarios y un amplio sector de trabajadores, a fin de imponer drásticas sanciones a enganchadores que simulan contrataciones a través de terceros para eludir las leyes laborales.

El artículo tiene gran importancia para los trabajadores de temporada, en particular para aquellos que son llevados de una región a otra. Algunos han sido transportados por los enganchadores desde la Octava o Sexta a la Metropolitana o Cuarta Región, no cumplir las exigencias legales. Es un avance significativo, porque establece una legislación transparente y satisface la aspiración de un gran sector de trabajadores, entre ellos, los temporeros, de terminar, de una vez por todas, con las prácticas desleales de los enganchadores.

Por estas razones, votaremos favorablemente el precepto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, hay que ligar el artículo con uno que discutimos en la mañana, respecto de la solidaridad referida a la subcontratación. Entonces se dijo que no se había legislado en esta materia, que no se había tenido el cuidado de abordar el tema; y por eso señalé al Diputado señor Estévez que había que leer el proyecto completo, porque precisamente este artículo se refiere a esa situación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la materia que se va a votar es de extraordinaria importancia para atacar uno de los abusos que existe en la subcontratación de personal.

Por su intermedio, dado que he sido aludido reiteradamente y en forma equivocada por un parlamentario de la Oposición, deseo dejar constancia de que he leído y estudiado el proyecto, como todas iniciativas sometidas a nuestro análisis, y en particular las que afectan a los intereses de los trabajadores.

Luego de este estudio, soy de opinión de que la subcontratación abusiva es un tema insuficientemente tratado a pesar de que el proyecto representa un avance importante. El hecho de eliminar algunos abusos que se cometen con los trabajadores subcontratados, no quiere decir que hayamos llegado a una legislación equilibrada al respecto.

Por eso, daré mi voto favorable a esta norma: pero reitero mi sentimiento de que su texto es insuficiente todavía y lejano de lo que debemos hacer para terminar con los abusos que se cometen hoy con tantos trabajadores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el número 7 del artículo 2°, que requiere 67 votos para ser aprobado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el número 7 del artículo 2°.

La Mesa olvidó poner en votación una indicación de la Comisión de Hacienda al inciso cuarto, número 3, del artículo 2°, para superar un problema de redacción, que consiste en incorporar la palabra "estipulación" entre los términos "cualquiera" y "en".

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El artículo 3° consta de varios números y aborda el problema judicial, de la judicatura y del procedimiento del Trabajo. Se discute y se vota en conjunto.

El acuerdo de los Comités es que hablen cuatro parlamentarios solamente.

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, el artículo 3°, como usted muy bien señaló, se refiere a las modificaciones al Libro V, del Código del Trabajo, sobre el procedimiento del trabajo.

El número 1 reemplaza su artículo 400. El primer inciso del texto propuesto dice:

"La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.". El cambio importante es la notificación por carta certificada. Es decir, las resoluciones que no exigen notificación personal o por cédula, según la actual normativa procesal del Código del Trabajo, se notifican por el estado diario. El cambio en esta materia consiste en reemplazar todo lo que es notificación por el estado diario por notificación por carta certificada, lo que, sin duda, da a las partes mayor seguridad sobre la marcha del proceso.

El número 2 también se refiere a la notificación por carta certificada.

El número 3 establece la gratuidad de las diligencias de notificación que practiquen los receptores o los empleados del tribunal, cuando quien las requiera sea un trabajador. Además, la gratuidad de las actuaciones es para las partes que gocen del privilegio de pobreza, lo que, en verdad, es innecesario, porque precisamente en eso consiste el privilegio de pobreza, pero se quiso consignar para que exista mayor claridad en la normativa.

Al mismo tiempo, con respecto a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales, establece que no se aplicará la excepción o el privilegio de gratuidad de las actuaciones judiciales por concepto de notificación.

El número 4 señala que todas las excepciones a la demanda deberán oponerse en una misma oportunidad, que es en la contestación de la demanda.

La proposición es igual a la legislación vigente.

El número 5 contiene un cambio importante, porque dispone que una vez contestada la demanda o la reconvención, "el tribunal deberá de inmediato y sin más trámites citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto". Agrega que en esa "resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución para sentencia definitiva.".

Es obligación del tribunal, si de los escritos de demanda y de contestación aparecen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en la resolución que provee la contestación de la demanda, recibir la causa a prueba y fijar los puntos sobre los cuales deba ella recaer.

Esta materia es importante, porque el doble comparendo que en la actualidad exige el Código del Trabajo es reemplazado por uno de avenimiento y prueba. Las objeciones al cambio de sistema radicaban, precisamente, en el hecho de que las partes se verían obligadas a rendir prueba sobre puntos respecto de los cuales no hay pronunciamiento previo del tribunal. A través de la indicación, se resuelve el problema y de acuerdo con la obligación que impondrá la ley ahora, el tribunal, en el momento de proveer la demanda, fijará los puntos de prueba. Las partes, en consecuencia, cuando concurran al comparendo respectivo, van a estar en pleno conocimiento de los temas sobre los cuales su prueba deberá recaer.

En materia de confesión judicial, se restablece lo que el Código del Trabajo señala sobre el particular; es decir, se establece un mecanismo para la prueba de absolución de posiciones bastante drástico, respecto de la persona que no concurre, con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con el Procedimiento Civil, no es posible delegar el poder para absolver posiciones, si quien solicita la absolución de posiciones ha exigido la comparecencia personal.

De acuerdo con el proyecto original del Ejecutivo, la no concurrencia del absolvente tenía como efecto que se le tuviera por confeso; en consecuencia, no era posible plantear ningún elemento o instrumento probatorio destinado a desvirtuar aquello en virtud de lo cual era tenido por confeso.

La normativa actual del Código del Trabajo presume efectivos los hechos; pero esta presunción admite al afectado probar lo contrario, a través de otros mecanismos de prueba que la ley autoriza.

El número 19 preceptúa que dentro de las obligaciones que el juez debe cumplir en la sentencia, está el pronunciamiento sobre el pago de las costas. En este sentido, el cambio más importante obedece a una indicación que presentamos en la instancia de la Comisión, orientada al hecho de que si la demanda es sólo parcialmente acogida, no libera a la parte vencida del pago de las costas, sino que, por el contrario, el juez deberá proceder a la regulación del monto de ellas, en proporción a lo obtenido por el actor.

Quiero referirme al último punto vinculado con este artículo, porque estoy tratando lo más sustancial, no toda la temática. Establece un mecanismo nuevo, que reproduce, en el fondo, la legislación del trabajo que rigió en el país con la denominada "ley de inamovilidad"; es decir, un procedimiento muy concentrado, a través del cual se pueden resolver los asuntos de escasa cuantía.

La Comisión convino en fijar esa cuantía en el equivalente a cuatro ingresos mínimos o menos.

¿En qué consiste el procedimiento? Consiste en que la demanda puede interponerse verbalmente o por escrito; el tribunal citará a una sola audiencia y en ella se rendirán las pruebas, sin la ritualidad procesal establecida para el procedimiento ordinario del trabajo; además, el juez deberá fallar en la misma audiencia o, si ello no fuera posible, en todo caso, dentro del término de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la demanda. El juez apreciará la prueba en conciencia, y respecto del fallo no existirá recurso alguno.

Esta es la síntesis que puedo hacer en tomo de la temática procesal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, deseo formular una pregunta al Diputado señor Gajardo, respecto del plazo para dictar sentencia, contenido en el numeral 23, porque en el artículo no aparece claro.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, básicamente, quiero proponer una forma que permita agilizar la votación porque estamos abocados a materias de procedimientos que son eminentemente técnicas y no revisten carácter político.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La idea era votar el artículo en su conjunto.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, no se puede votar en conjunto, por cuanto contiene materias en las que hay acuerdos y otras en que no los hay. Entonces, unas y otras pueden votarse en paquetes separados.

Hay acuerdo en los números 1, 3, 4, 9, 21, 23 y 24; existe desacuerdo...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

...en los demás.

El señor ORPIS.-

Exactamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya entendemos qué se votará y cómo lo haremos.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, le concedo una interrupción, por su intermedio, al Diputado señor Seguel.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, solamente para aclarar al señor Orpis que, al final de la reunión, cuando terminamos de aprobar el proyecto, el desacuerdo se transformó en acuerdo. Nuestra solicitud fue que no se presentaran indicaciones sobre esta materia con las 40 firmas, para evitar discusiones, lo cual fue aceptado. Por lo tanto, el desacuerdo se transformó en acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, no es tan exacto lo manifestado por el Diputado señor Seguel.

Decidimos no insistir en este asunto con el ánimo de que se discuta más profundamente en el Senado, dado su carácter técnico y por no haber involucrado en él ningún tema político. Pero sí me gustaría, porque no tengo formación jurídica y me he hecho asesorar por personas que sí la tienen, que me permitieran exponer los fundamentos por los cuales no estamos de acuerdo con algunos de estos artículos, para que quede constancia en la versión oficial. Seré muy breve, y espero no "latear" a nadie.

Según ha manifestado el Gobierno, la única razón que ha motivado refundir en un comparendo las oportunidades procesales de conciliación y de prueba dentro del proceso laboral obedece a la necesidad de dar celeridad al juicio.

Con la fórmula propuesta no sólo no se logra el efecto requerido, sino que lo que es más grave se atenta contra la posibilidad de que las partes tengan mejores posibilidades de hacer ver sus puntos de vista para que así el tribunal emita su veredicto sobre la base de antecedentes meditados y no apresurados.

Los juicios del trabajo, en los cuales se pretende aplicar este procedimiento restringido, no pueden resolverse siempre en forma sumaria. La mayoría de las veces, son asuntos complejos, en los cuales están involucradas altas sumas de dinero. Por eso, necesitan de un mínimo de oportunidades procesales para resolverlos.

El procedimiento que hoy día rige es, de por sí, muy concentrado. Se limita a una audiencia en la que las partes son llamadas a llegar a una conciliación y, en caso que ello no ocurra, a otra en la que deben rendirse las pruebas.

Pretender restringir a una sola audiencia todas las posibilidades de defensa, claramente atenta contra la calidad de la justicia. Es loable, y todos lo compartimos, tratar de hacer justicia en la forma más rápida posible. Sin embargo, ello debe buscarse por medios que sean eficientes y no pongan en peligro el fin primordial del derecho procesal, cual es darle a las partes posibilidades adecuadas de defensa.

El mecanismo propuesto es ineficiente, desde el punto de vista de que no logra el objetivo que se persigue:

1°) La notoria falta de tribunales hace imposible que todos ellos tengan el tiempo necesario para tomar comparendo más largos de los que hoy día deben conocer, por lo que en un porcentaje altísimo si no en la totalidad de las veces se deben suspender y seguir en otra audiencia. Esto acarrea un serio perjuicio para la parte que haya rendido pruebas en la primera audiencia, pues facilita la labor de prueba de la otra parte que llega a rendirla, al saber lo que han declarado los testigos de la parte contraria.

2°) Como consecuencia de lo anterior, los testigos deben permanecer largas horas esperando declarar, incluso en más de una audiencia, lo cual atenta contra la posibilidad de que haya personas que, en desmedro de sus actividades laborales, estén dispuestas a declarar esto, sin duda, afectará en mayor medida a los trabajadores.

3°) El hecho de que no exista una oportunidad procesal especial para que el tribunal busque la posibilidad de conciliar, atenta contra la celeridad de la resolución de los conflictos. Hoy en día, son muchos los juicios que llegan a su término en esa instancia. Volver a un sistema que existió en el pasado significa, prácticamente, derogar la instancia de conciliación. Sicológicamente, las partes llegarían a la audiencia con el ánimo de probar sus posiciones y no de buscar una solución de consenso.

4°) La búsqueda de la rapidez en la resolución de los juicios laborales no está en eliminar una posibilidad de ponerle rápido término. Esa es una notable contradicción. Los jueces se demoran muchos meses en emitir sus fallos desde que quedan en estado de sentencia, por lo que, teóricamente, eliminar un comparendo que puede significar sólo unos días de mayor tramitación, no resuelve el problema y se omite, de hecho, una instancia especial que ha demostrado ser de importancia.

5°) Por último, debe hacerse presente que el hecho de que se fijen los puntos de prueba sin la intervención de las partes, como de hecho ocurre actualmente, sin duda motivará la interposición de recursos de reposición, lo cual incluso puede producir mayores demoras que las actuales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si entiendo bien, Renovación Nacional tiene reparos a todo el artículo 3°.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor SEGUEL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si Renovación Nacional aceptara el criterio planteado por el Diputado señor Orpis, en el sentido de aprobar por unanimidad los números 1, 3, 4, 9, 21 y 23, se podría proceder de esa forma; el 24 corresponde al primer informe.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SEGUEL.-

Estaba pidiendo la palabra antes de que usted los aprobara.

El señor DEVAUD.-

Hay una consulta al Diputado señor Gajardo pendiente sobre el número 23.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, es legítima la inquietud del Diputado señor Devaud respecto del número 23. El pregunta cuál es el plazo que tiene el juez, de acuerdo con este procedimiento concentrado, para dictar la sentencia.

En verdad, ahí se consigna que el procedimiento no puede exceder de quince días hábiles. De manera que sólo tendrá como plazo para dictar la sentencia el que transcurra entre la época del comparendo y lo que resta para completar los quince días hábiles.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer una aclaración antes que Su Señoría dé por aprobada esta parte del articulado.

El acuerdo con los parlamentarios de la Derecha se refería justamente al número 23, para aprobar toda esta parte del cuerpo legal. Por lo tanto, todo lo que está en discusión es un conjunto y no una separación del articulado, como lo ha solicitado el Diputado señor Orpis.

Tal como lo planteé denantes a los parlamentarios sobre otros temas en discusión, ahora les digo que respetemos el acuerdo firmado anteriormente. El número 23 incluía todo el complemento general de las disposiciones legales sobre esta materia. Por lo tanto, no puede haber división del articulado y se debe votar en conjunto. Ese es, al menos, el acuerdo político, y estoy por respetarlo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero existe el derecho de pedir la división de la votación. Entonces, para que quede claro, el número 1 se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El número 2 está aprobado reglamentariamente.

Si le parece a la Sala, el número 3 se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En votación el número 4.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad

Aprobado

En votación el número 5.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Si le parece a la Sala, se aprobarán con el mismo quorum los números 6, 7 y 8.

Aprobados.

Los números 9 y 10 están aprobados reglamentariamente.

Si le parece a la Sala, el número 11 se aprobará con el mismo quorum.

Aprobado.

Los números 12 y 13 se encuentran aprobados reglamentariamente.

Si le parece a la Sala, se aprobarán con el mismo quorum los números 14, 18 y 19.

Aprobados.

Los números 20, 21 y 22 están aprobados reglamentariamente.

Si le parece a la Sala, el número 23 se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Corresponde votar ahora algunos aspectos que tienen que ver con supresiones al primer informe.

En votación el número 9 del primer informe, que ha sido suprimido.

Si le parece a la Sala, se rechazará por unanimidad.

Rechazado.

En votación los números 21 y 24 del primer informe, que también fueron suprimidos.

Si le parece a la Sala, se mantendrá la supresión y se rechazarán por unanimidad.

Rechazados.

Los artículos 4°, 5° y 6°, 7°, 8°, 9° y 10 están aprobados reglamentariamente.

En discusión el artículo 11, que se refiere a la jomada de trabajo de los vigilantes privados, de los nocheros, porteros y rondines.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El artículo 12 dice relación con la facultad del Presidente de la República para refundir la legislación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El artículo 1° transitorio está aprobado reglamentariamente.

El artículo 2° transitorio establece distintas fechas de entrada en vigencia de la ley.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminada la discusión del proyecto.

Despachado en segundo trámite constitucional.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTAZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente, quiero, por un intermedio, agradecer a esta Honorable Cámara el respaldo que se ha dado a un proyecto de ley que, estamos ciertos, beneficia en muchos aspectos a cientos de miles de trabajadores chilenos.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 16:29 y se reanudó a las 16:43 horas.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V DEL CODIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCION LABORAL

A S.E. El Presidente del H. Senado

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.- Reemplázase el inciso final del artículo 62 por el siguiente:

"El contrato es colectivo cuando se celebra entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales o con trabajadorres unidos para negociar colectivamente, o unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo o de remuneraciones por un tiempo determinado.".

2.- Reemplázase los incisos primero y segundo del artículo 9°, por los siguientes:

"El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales.".

3.- Derógase el artículo 15.

4.- Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Artículo 23-A.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras, tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias, el que podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica.

Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave.

Si de conformidad con lo dispuesto precedentemente, el descanso se cumpliera o completara a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.".

5.- Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

"Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarrilles, será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada, cuya retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas.".

6.- Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Artículo 25-B.- Si en la locomoción colectiva urbana, las partes acordaren cumplir en tumos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre tumo y tumo. En todo caso, los choferes de la locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas.".

7.- Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieren de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro del quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.".

8.- Derógase el inciso segundo del artículo 29.

9.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 37 por el siguiente:

"Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 35°. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por tumos para no paralizar el curso de las laborales.".

10.- Agregáse el siguiente inciso a continuación del inciso tercero del artículo 37, pasando lo incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.".

11.- Derógase el inciso cuarto del artículo 43.

12.- Reeplázase el artículo 44 por el siguiente:

"Artículo 44.- El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31°, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores, exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34°.

13.- Reemplázase el inciso primero del artículo 47°, por el siguiente:

"Artículo 47.- Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador".

14.- Reemplázase el inciso primero del artículo 57°, por el siguiente:

"Artículo 57.- El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y a las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.

15.- Reemplázanse los incisos tercero y cuarto del artículo 60 por el siguiente:

"para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el N°8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputarán al máximo referido.".

16.- Para reemplazar el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente:

"Del feriado anual y de los permisos.".

17.- Agrégase, a continuación el artículo 65, el siguiente artículo:

"Artículo 65-A.: En los casos de nacimiento y muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine".

18.- Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

"Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.".

19.- Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.".".

20.- Agrégase al artículo 69, el siguiente inciso:

"Artículo 69.- El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período."

21.- Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos:

"Artículo 70.- Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquel y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.".

22.- Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

"Párrafo 1° Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada.

"Artículo 91-A.- Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afínes.

Artículo 91-B.- El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata tengan una duración superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-C.- Cuando, por las características de las faenas de temporada de que se trate, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad acordes con las características de la zona, las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En las faenas a que se refieren los incisos anteriores, el empleador deberá colocar a disposición de los trabajadores que lo requieran, los medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a 3 kilómetros.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.".

23.- Reemplázase el nombre del párrafo 1° del Capítulo III del Libro I por el siguiente:

“Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional.”

24.- Reemplázase el artículo 92 por el siguiente:

"Artículo 92.- Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.".

25.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 93 por el siguiente:

"Artículo 93.- El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

26.- Derógase el artículo 96.

27.- Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

"Artículo 98.- Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12."

28.- Agrégase en el artículo 103, el siguiente inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31.".

29.- Reeplázase el inciso segundo del artículo 108 el siguiente:

"Artículo 108.- El empleador deberá otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.".

30.- Reemplázase el artículo 114 por el siguiente:

"Artículo 114.- No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor;

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional;

c) cuando sera necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento;

31.- Reemplázase en el artículo 123, el Número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"1.- El enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por los sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador”.

32.- Reemplázase el artículo 130 por el siguiente:

"Artículo 130.- Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

33.- Agrégase el siguiente artículo 130-A:

"Artículo 130-A.- El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquel conviene en ejecutar una o más labores específicas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquel o aquellos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138° y no tendrán carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.".

34.- Reemplázanse los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133.

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del tumo respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 130-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el tumo correspondiente en las condiciones establecidas en aquellos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente.".

35.- Agrégase en el artículo 135, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en este se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.".

36.- Reemplázase el artículo 138 por el siguiente:

"Artículo 138.- Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a)Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento en lo que respecta a las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.- La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.- Las remuneraciones por tumo o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.- El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose además, constancia de ésta.

4.- El modo como se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantizadas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f) Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, él o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrán carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.

37.- Reemplázase el artículo 139, por el siguiente:

"Artículo 139.- Para los efectos de los dispuesto en el inciso segundo del artículo 130°, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo tumo, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

38.- Reemplázase el artículo 145 por el siguiente:

"Artículo 145.- La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador".

39.- Agrégase en el artículo 147, el siguiente inciso:

“En todo caso, la remuneración en dinero no podrá ser inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que viven fuera de ella”.

ARTÍCULO 2°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 171 por el siguiente:

"Artículo 171.- El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá, asimismo, prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.".

2.- Agrégase el siguiente artículo 173-A:

"Artículo 173-A.- No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley.".

3.- Reemplázase el artículo 181 por el siguiente:

"Artículo 181.- Las trabajadoras tendrán derecho a un descaso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

4.- Reemplázase el artículo 185 por el siguiente:

"Artículo 185.- Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrán gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la Ley N° 18.703, o su cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.".

5.- Agrégase, a continuación del artículo 185, el siguiente artículo:

"Artículo 185-A.: Toda mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena de éste en los términos del Título III de la ley N° 18.703, tendrá derecho a permiso y subsidio que se mantendrá durante la tramitación de aquel hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso, necesariamente deberán acompañarse una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca el juicio de adopción plena en el cual se acredite su estado de tramitación.".

6.- Agrégase la siguiente oración al inciso segundo del artículo 186 del Código del Trabajo, cuyo punto final pasa a ser punto seguido:

"La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.".

7.- Agrégase el siguiente artículo 451-A

"Artículo 451-A: Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el Capítulo I del Libro I de este Código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que, en forma dolosa, simule la contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la lay o la convención.

La multa será de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada cien trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.

El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro V.".

ARTICULO 3°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620.

1.- Reemplázase el artículo 400 por el siguiente:

"Artículo 400.- La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.

Las notificaciones personales y por cédula se practicarán por alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el respectivo tribunal, o por un empleado del mismo designado para ello por el Juez, de oficio o a petición de parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, deberá ser practicada por Carabineros de Chile.

La notificación al demandado deberá hacerse en la morada, residencia o domicilio del notificado o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, en la casa que sirve de despacho del tribunal o en el oficio del Secretario del Juzgado, en cuyos casos la diligencia deberá ser llevada a cabo por este funcionario. Los jueces no podrán ser notificados en el local en que desempeñen sus funciones.".

2.- Reemplázase el artículo 405, por el siguiente:

"Artículo 405.- Las demás resoluciones se notificarán por carta certificada remitida por el Secretario del Tribunal o por el funcionario que se designe al efecto y se entenderá practicada el segundo día hábil siguiente a su despacho a Correos, circunstancia de la que se dejará constancia en autos.

Esta forma de notificación se hará extensiva a las resoluciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que se refiere el inciso segundo del mismo artículo y esta notificación se producirá sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.

Si la primera resolución hubiese sido notificada por aviso y los notificados no hubiesen comparecido en el juicio, las demás resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse conforme lo dispuesto en el artículo 403.

El tribunal, en casos calificados, podrá disponer que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

Del derecho de haberse dictado sentencia definitiva y de la circunstancia de haber recaído resolución en un proceso, se dejará constancia en un registro diario que se confeccionará por el Secretario y que se mantendrá en una parte visible dentro del recinto en que funcione el tribunal.

Las emisiones o defectos en que se incurra en los registros diarios, no afectarán a la validez de las respectivas notificaciones.

3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406, por los siguientes:

"406.- Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del tribunal serán gratuitas para los trabajadores y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".

4.- Reemplázase el número 3° del artículo 410, por el siguiente:

“3- Todas las excepciones que se oponen a la demanda y los fundamentos de derecho en que se apoyan. No se admitirá la interposición posterior de las excepciones omitidas, y"

5.- Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"411.- En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, se concederán al actor cinco días fatales para contestarlas. La contestación a la reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 410.

Contestada la demanda o la reconvención o planteadas las excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución par la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso y el siguiente se notificarán por carta certificada.(

Si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en la resolución a que se refiere el inciso anterior el tribunal recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuales deba ella recaer. Si no existiesen tales hechos, el tribunal así lo declarará en contra de las resoluciones a que se refiere este inciso, sólo procederá el recurso de reposición.

6.- Reemplázase el artículo 412 por el siguiente:

"Artículo 412.- La audiencia se celebrará con las partes que asisten, y en ella el juez presentará, en primer término, las bases que estime conducentes para lograr una conciliación sin que las opiniones que emita al efecto pueden inhabilitarlo para seguir conociendo de la causa.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, se dejará constancia de ella en el acta de la audiencia respectiva. Dicha acta la suscribirán el juez y las partes y será autorizada por el secretario del tribunal, estimándose como sentencia ejecutoriada para todos los actos legales.

7.- Reemplázase el artículo 413, por el siguiente:

"Artículo 143.- Si no se produjere conciliación, en la misma audiencia el tribunal recibirá la prueba de testigos, la instrumental, la confesión judicial y cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuere pertinente y que alguna de las partes hubiere solicitado. Si no se recibe la causa a prueba, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercer día.

8.- Reemplázase el artículo 414 por el siguiente:

"Artículo 414.- La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior presentada dentro de los días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. La resolución se notificará por cédula con una anticipación mínima de tres días en relación con la fecha en que no deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se la notificará en la forma señalada en el artículo 405.

El pliego que contenga las posiciones, será entregado por la parte que haya pedido la diligencia, en sobre cerrado, el comienzo de la audiencia correspondiente.

Las posiciones deberán expresarse en términos claros y precisos de manera que puedan ser entendidos sin dificultad y deberán ser pertinentes con los hechos sobre los que debe versar la prueba. El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá rechazar las que no cumpla dichas exigencias.".

9.- Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:

"Artículo 416.- La prueba instrumental deberá producirse en la audiencia a que se refiere el artículo 413 y sólo por cada causa justificada, que el tribunal resolverá de plano, será admitida con posterioridad hasta antes de la citación para oír sentencia.".

10.- Reemplázase el artículo 417 por el siguiente:

"Artículo 417.- Cuando se dé lugar a la exhibición de documentos, el tribunal arbitrará los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el menor tiempo posible. Para este efecto, podrá ordenar el arresto de la parte que, sin justa causa, no llevare a cabo la exhibición en la primera oportunidad que haya fijado.".

11.- Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Artículo 418.- Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución pertinente. La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al comparendo, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión y domicilio de los testigos.

Si alguna parte desea que sus testigos sean citados por el tribunal, la lista a que se refiere el inciso anterior deberá ser presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. En este evento, el tribunal dispondrá la citación del o los testigos, mediante carta certificada y bajo apercibimiento de arresto, en la forma que indica el inciso segundo del artículo 380, del Código de Procedimiento Civil.

12.- Reemplázase el artículo 419 por el siguiente:

"Artículo 419.- El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la contraria, no invalidará su testimonio.".

13.- Reemplázase el artículo 420 por el siguiente:

"Artículo 420.- Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa y serán interrogados bajo juramento por el tribunal sobre los puntos señalados en la resolución que recibió la causa a prueba, sin perjuicio de la facultad de las partes para hacer por su conducto las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes; estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, lo que calificará el tribunal de inmediato y sin más trámite.".

14.- Reemplasáze el artículo 421 por el siguiente:

"Artículo 421.- Antes de que presten declaración los testigos de la contraria, cada parte podrá dirigir, por intermedio del tribunal, las preguntas que fueren conducentes, con el objeto de configurar posibles inhabilidades. Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y no impedirá que se tome declaración al testigo.".

15.- Reemplázase el artículo 422 por el siguiente:

"Artículo 422.- Respecto de las tachas, no se admitirá prueba testimonial, pudiendo las partes acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.".

16.- Elimínese el artículo 423.

17.- Reemplázase el inciso primero del artículo 427 por el siguiente:

“Artículo 427.- Terminada la recepción de la prueba y no existiendo diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia".

18.- Agrégase en el artículo 429, el siguiente inciso final:

"El tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358, del Código de Procedimiento Civil.".

19.- Modifícase el artículo 432 de la manera que se indica:

a) Sustituyase el N° 8 por el siguiente:

“8.- El pronunciamiento sobre el pago de costas. Este recaerá en la parte vencida. Si la demanda fuere acogida parcialmente, el juez regulará el monto de ellas proporcionalmente a lo obtenido por el actor, en relación con la cuantía total de lo disputado.”, y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Si el juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta de comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de las costas".

20.- Reemplázase el artículo 442 por el siguiente:

"Artículo 442.- En segunda instancia sólo será admisible la prueba documental, la que deberá rendirse ante la vista de la causa".

21.- Reemplázase el artículo 444 por el siguiente:

"Artículo 444.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69° del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su visita y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.".

22.- Agrégase el siguiente artículo 447-A:

"Si la cuantía de lo disputado no excede del equivalente a 4 ingresos mínimo, el trabajador podrá optar por entablar la demanda conforme al procedimiento establecido en los artículos anteriores o hacerlo ante el mismo tribunal y dentro de los mismos plazos según las disposiciones siguientes, señalándolo así expresamente.

El juzgado conocerá y resolverá la demanda en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, a la que éstas deberán concurrir con sus medios de prueba y se celebrará con la que asista.

La notificación de la demanda y la sentencia se practicará por funcionarios del juzgado o por Carabineros, personalmente o por cédula, en el domicilio de la parte respectiva. Deberá entregarse copia de la demanda, o de la sentencia, en su caso, a cualquiera persona de dicho domicilio si la parte no fuere habida. Además, se dirigirá al demandado, por secretaría, carta certificada.

En todo los trámites, las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de 15 días hábiles contados desde la notificación de la demanda.

El juez apreciará la prueba en conciencia. Las resoluciones que se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.".

23.- Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso:

"Artículo 450.- Sin embargo, la interpretación administrativa que hagan las autoridades antes aludidas, no obligarán a los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento.".

24.- Agrégase el siguiente artículo 451-A:

“Artículo 451-A.- Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el capítulo I del Libro de este código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que, en forma dolosa, simule contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar, o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención.

La multa será de una unidad tributaria anual incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada cien trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.

El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en título I de ese Libro”.

ARTICULO 4°.-

Reemplázase el artículo 2472 del Código Civil por el siguiente:

"La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1.- Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.

2.- Las expensas funerales necesarias del deudor difunto:

3.- Los gastos de enfermedad del deudor:

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia:

4.- Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;

5.- Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;

6.- Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquel hubiere afectado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42, del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

7.- Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.

9.- Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

ARTÍCULO 5°.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981:

1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

"Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la Ley N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.".

2.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.".

ARTICULO 6°.-

Los pensionados y montepiadas podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto Ley N° 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37 y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

En el nombre de las confederaciones podrá usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación" o "central".

ARTICULO 7°.-

Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130-A, del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21a, del D F L N° 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1989.

ARTICULO 8°-

Declárase, interpretando la ley 19.010 de 1990, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato contemplada en el artículo 155 letra F, del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1° de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de la ley 19.010.

ARTICULO 9°.-

Reemplázase el artículo 6° de la ley 17.322, por el siguiente:

"Las notificaciones de la demanda y requerimiento de pago se regirán por las disposiciones de los artículos 433, 434 y 435 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones se cumplirán por los Receptores Laborales que sirvan el cargo en el respectivo tribunal y en ausencia o impedimento de éstos, por un empleado del mismo o por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas.".

ARTÍCULO 10.-

Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549, del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobreza.".

ARTICULO 11.-

La jornada de trabajo de los vigilantes privados y de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5° y 5° bis, respectivamente, del Decreto Ley N° 3.607, de 1981.

ARTICULO 12.-

Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes 19.010, 19.049 y 19.069, las de los artículos le, 2° y 3° de ésta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que las hayan modificado o interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO l°.-

La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $ 28.400.-

ARTICULO 2°.-

La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso cuarto del artículo 37° del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso primero del nuevo artículo 44 y en el nuevo inciso tercero del artículo 103 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley. No obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c) Los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario, a partir del inicio del año en curso .

d) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir de la entrada en vigencia de la primera ley, que a partir del 1° de enero de 1992, reajuste el monto del ingreso mínimo mensual.

ARTICULO 3°.-

Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60° del Código del Trabajo, al artículo 2472° del Código Civil y al artículo 148 de la ley 18.175, de 1981, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

ARTICULO 4°.-

Las organizaciones de pensionados y montepiadas, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozaren de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6°. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.".

Me permito hacer presente a V.E. que los números 3, 4 y 5 del artículo 2°, fueron aprobados en general, por la unanimidad de los 70 señores diputados presentes en la sala, sobre un total de 116 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del Artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, que lo número 7 del Artículo 1° y 24° del Artículo 3° permanentes, fueron aprobados en particular, por 76 y 70 votos afirmativos, respectivamente, y los números 3, 4 y 5 del Artículo 2° por la unanimidad de 118 en ejercicio, cumpliéndose con lo señalado en los incisos segundos y tercero del Artículo 63 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Loyola Opazo.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCIÓN LABORAL, Y OTROS TEXTOS LEGALES. BOLETÍN N° 360-13

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Os hacemos presente que el número 10 del artículo 1º del proyecto que os proponemos -correspondiente al número 7 del artículo 1º aprobado por la Honorable Cámara de Diputados- y el número 24 del artículo 3º -que conserva su numeración- son normas orgánicas constitucionales, puesto que se refieren a materias propias de la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Lo anterior, en virtud del artículo 74 de la Constitución Política, en relación con el artículo 63, inciso segundo, de ese texto fundamental.

Ambas disposiciones -la primera consignada con el Mensaje como artículo 1º, Nº10, y la segunda como artículo 2º, Nº6-, fueron informadas favorablemente por la Excma. Corte Suprema durante el primer trámite constitucional, mediante oficio Nº 9063, de 21 de diciembre de 1991.

Por su parte, los números 3,4 y 5 del artículo 2º tienen carácter de normas de quórum calificado, por regular el ejercicio del derecho a la seguridad social, en la forma contemplada en el artículo 19, Nº18, de la Constitución Política, en relación con el artículo 63, inciso tercero, de la misma Carta Fundamental .

Corresponde que sean informadas por la Honorable Comisión de Hacienda, asimismo, los referidos números 3, 4 y 5 del artículo 2º -tal como lo fueron en la Honorable Cámara de Diputados-, ya que los subsidios a que dan derecho involucran costo fiscal.

A algunas de las sesiones en que la Comisión estudió el proyecto asistieron los Honorables Senadores señora Olga Feliú y señores Ronald Mc Intyre, Hugo Ortiz, Mario Papi y Bruno Siebert, y los Honorables Diputados señores Ángel Fantuzzi y Rodolfo Seguel.

Se contó, además, con la permanente colaboración del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social don Rene Cortázar, el señor Subsecretario del Trabajo y Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante, don Eduardo Loyola, la señora Subsecretaría del Trabajo subrogante, doña Paulina Veloso, el Jefe de Gabinete del señor Ministro, don Jorge Espinosa, y los abogados asesores de esa Secretaría de Estado, don Patricio Novoa, don José Luis Ramaciotti y don Juan Esteban Montes.

Concurrieron también, especialmente invitados:

- La señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Soledad Alvear y la asesora jurídica de dicho servicio, doña Consuelo Gazmuri;

- La Central Unitaria de Trabajadores, representada por su Presidente, don Manuel Bustos, el encargado del Departamento de Comunicaciones, don Jorge Millán, la encargada del Departamento Internacional, doña María Rozas, el encargado del Departamento Agrícola e Indígena, don Raúl Aravena y la abogado doña María Ester Feres;

- La Confederación de la Producción y el Comercio, representada por el Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura y Presidente de la Comisión Laboral de dicha Confederación, don Raúl García, y por el asesor legal de la Cámara Chilena de la Construcción, don Augusto Bruna;

- La Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Industria, Servicios y Artesanado, representada por su Presidente don Félix Luque , su Primer Vicepresidente, don Hernán Valenzuela, su Segundo Vicepresidente Zona Norte, don Atilio Menichetti, el segundo Vicepresidente Zona Sur, don Raúl Parra, el Secretario General, don Jorge Martínez, el Tesorero Nacional don Germán Dastres, la Protesorera doña Lelia Moya, el Director Nacional don Osvaldo Gálvez y los asesores don Luis Foncea y don Octavio Aguilar;

- La Federación de Sindicatos Profesionales de Estibadores y Desestibadores Marítimos de Chile (FEMACH), representada por su Presidente, don Juan Guzmán y su Secretario, don Luis Díaz;

- La Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Gente de Mar, Portuarios y Pesqueros de Chile (CONGEMAR) representada por su Primer Vicepresidente, don Walter Astorga, y por los señores Javier Vera y Manuel López;

- La Confederación de Federaciones y Sindicatos de Empresa de Compañías Armadoras, Embarcadoras y de Pesca, Agencias de Naves Mercantes y de Aduanas y de Trabajadores y Gente de Mar de Chile (COMACH) representada por su Presidente, don Eduardo Ríos, y por los señores Juan Cortés y Héctor Gálvez;

- La Cámara Marítima de Chile, representada por su Gerente General, don Rodolfo García y por el Coordinador de Proyecto, don Carlos Rivera;

- La Confederación de Trabajadores Portuarios, Estibadores y Ramos Similares de Chile (COTRAPORCHI), representada por su Presidente, don Jorge Fernández, su Primer Vicepresidente, don Manuel Silva, su Secretario, don Luis Pastene y el Secretario de Organización, don Juan Soto;

- El señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, Vicealmirante don Juan Carlos Toledo; el señor Jefe del Departamento de Intereses Marítimos, Capitán de Navío don Carlos Rodríguez, y el señor Auditor de esa Dirección, Capitán de Corbeta don Maximiliano Genskowsky;

- El señor Director del Trabajo, don Jorge Morales y el señor Jefe de Fiscalización Marítima de dicha repartición, don Eduardo Sanhueza;

- El Sindicato Nº 1 de Conductores de la Empresa de Transportes Interprovinciales Sociedad Venegas e Insulza Ltda. (Buses LIT), representado por su Presidente, don Andrés Barrera, su Secretario, don Jorge Jouannet, su Tesorero, don Daniel Córdova y el Director don Juan Fuenzalida;

- El Sindicato de Conductores de Buses Fénix, representado por su Presidente, don Miguel Ormeño y el dirigente don Jorge Cavieres;

- El Sindicato Nº 1 de Tramaca S.A., representado por su Presidente, don Pablo Fernández, y el Tesorero, don Raúl Díaz;

- La Federación Gremial Nacional del Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano e Internacional (FENABUS), representada por su Presidente, don Jorge Massoud, su Secretario General, don Horacio Pérez y su Asesor Legal, don Antonio Rodríguez;

- La Sociedad Nacional de Minería, representada por su Vicepresidente, don Walter Riesco y por el señor Jefe del Departamento Estudios, don Álvaro Merino;

- La Confederación Minera de Chile, representada por su Presidente, don Moisés Labraña, el señor Jefe del Departamento de Educación, don Ricardo Orellana, el señor Encargado de las Relaciones Nacionales, don Demo Salfate y el señor Presidente del Sindicato de la Fundición ENAMI-Ventanas, don Iván Calderón;

- La Sociedad Nacional de Pesca, representada por su Presidente, don Germán Ilabaca, su Gerente, don Cristian Jara, y el Gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros de VIII Región, don Luis Felipe Moncada;

- La Federación Nacional de Sindicatos de Tripulantes de Naves Especiales y Ramos Similares de Chile (FETRINECH), representada por su Presidente, don Guillermo Risco;

- La Federación de Oficiales de Naves Especiales de Chile (FONECHI), representada por su Presidente, don Luis Almonacid;

- La Asociación de Periodistas Laborales, representada por su Presidente, don Homero Ponce;

- La Comisión Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile, representadas por los señores Rigoberto Turra, Pedro Minay, Juan Carlos Vio y Carlos López; y

- El Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios Agrícolas Solidaridad, de la III Región de Atacama, representado por su Presidente don Héctor Rojas.

Los invitados acompañaron sus exposiciones con diversos estudios y minutas, que fueron debidamente consideradas por los señores integrantes de la Comisión.

Se recibieron, además, aportes de las siguientes entidades y personas:

- La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que, por medio de su Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, preparó un informe en el que participaron su Directora, señora Ximena Gutiérrez, los profesores titulares señores Alfredo Bowen y Juan Carlos Soto, los profesores señora Cecilia Halpern y señores Osvaldo González y Jorge Drago y el ayudante don Ignacio Verdugo, al que se agregó la opinión escrita del profesor don Carlos Poblete;

- La Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio, de la Confección del Vestuario y de la Producción y Ramos Afines o Conexos (CONSFECOVE), presidida por don Claudio Aravena;

- La Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Alimentación, la Gastronomía, la Hotelería y Actividades Conexas (CTGACH), encabezada por don Manuel Ahumada;

- La Federación Nacional de Trabajadores del Comercio de Chile (FEDETRACOCH), dirigida por don Arturo Farías;

- La Federación de Tripulantes de Chile (FETRICH), presidida por don Hugo Rodríguez;

- La Asociación Nacional de Armadores, representada por su Vicepresidente Ejecutivo, don Sergio Núñez, y

- El abogado don Pedro Foncea, quien hizo llegar diversas sugerencias sobre la preferencia de la indemnización por años de servicio en caso de quiebra del empleador.

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En el Mensaje con que dio origen a este proyecto de ley, S.E. el Presidente de la República manifestó que la iniciativa en informe completa el proceso de modificaciones al Código del Trabajo y constituye, junto con las otras que se han sometido a la consideración del Congreso Nacional, un esfuerzo muy sustantivo del Gobierno por dar lugar a una nueva institucionalidad laboral que modifique y perfeccione la anterior y que materialice los objetivos de promover relaciones laborales más justas y modernas, coherentes con los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenido, en los que el país se encuentra empeñado.

Agregó que el proyecto se ha elaborado teniendo presente todas las consideraciones técnicas del caso y recogiendo la mayor experiencia posible, tanto de la aplicación de las normas vigentes, como de los planteamientos efectuados por las partes involucradas, a través de los organismos gremiales y sindicales más representativos del país, con quienes se ha tenido un contacto e intercambio frecuente.

Anunció que el proyecto abarca muy diversas materias vinculadas a los contenidos de los Libros I y II del Código del Trabajo, sobre contrato individual de trabajo y protección a los trabajadores, proponiendo también innovaciones en materia de procedimiento laboral, como asimismo nuevas normas o modificación de las ya existentes, todas ellas de naturaleza laboral, que se encuentran contenidas en diversos cuerpos legales.

Terminó destacando los aspectos más sustantivos de la iniciativa legal.

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DISCUSIÓN GENERAL

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Rene Cortázar, explicó a la Comisión que las innovaciones fundamentales del proyecto se refieren a tres órdenes de materias: temas relativos al contrato individual de trabajo; la regulación de algunos contratos especiales, y modificaciones al procedimiento judicial laboral.

A) En relación al Libro I del Código, los cambios de mayor importancia y que son comunes para todos los trabajadores, son los siguientes:

1.- Jornada de trabajo.

El criterio distintivo entre la jornada de 48 horas y la de 72 horas es básicamente el grado de continuidad que tienen las labores: en caso de que haya una gran discontinuidad o se requiera la sola presencia del trabajador, se permite una jornada de hasta 72 horas, y cuando el trabajo es continuo, se establece una jornada de sólo 48 horas. Sin embargo, existe un grupo de trabajadores al cual la ley le asigna directamente una jornada de 72 horas, que es el de aquellos que se desempeñan en hoteles, restaurantes o clubes, con excepción de los que cumplen determinadas tareas. Es decir, existe un criterio general que considera la naturaleza de las faenas, y uno excepcional, que se refiere al sector en el que presta servicios al trabajador.

El proyecto propone eliminar esta discriminación -que en algún momento pudo obedecer a cierta modalidad de organización de estos establecimientos, pero que hoy día no se justifica-, y uniformar las normas aplicables, en el sentido que será la naturaleza de las faenas la que determine la extensión de la jornada.

2.- Remuneraciones.

Hoy existe un ingreso mínimo para los trabajadores que tienen entre los 18 y 65 años de edad, y otro para los menores de 18 años, pero no tienen ingreso mínimo los mayores de 65 años ni los trabajadores de casa particular.

La iniciativa legal en estudio busca corregir esa situación, en el sentido de establecer un ingreso mínimo para los mayores de 65 años, equivalente al que tienen los menores de 18 años. Si están pensionados, no tienen descuentos previsionales para vejez de su remuneración, por lo que quedarían con una renta liquida similar a la que reciben los menores de 65 años. Con ello, desde el punto de vista del costo de contratación, habrían dos niveles: por una parte, los menores de 18 y los mayores de 65 años, y, por otra, los mayores de 18 y menores de 65 años.

Además -como se expresará más adelante-, también se establece una remuneración mínima para los trabajadores de casa particular, quienes cuentan en la actualidad con un mínimo para el solo efecto de las cotizaciones previsionales que deben realizar.

Se sugiere, por otro lado, solucionar la situación de las personas remuneradas por día.

Los trabajadores remunerados por mes -que se asociaban habitualmente a la idea de empleados- experimentan un descuento de su remuneración por concepto de las horas no trabajadas. En cambio, si el trabajador es pagado por día -manteniendo la analogía, un ex obrero-, además de descontarle las mismas horas, no se le paga la semana corrida. Es decir, existe una sanción desproporcionada para el incumplimiento de la jornada del trabajador pagado por día en relación al remunerado por mes.

El proyecto quiere evitar esta discriminación, de tal manera que, independientemente de la forma en que sean remunerados los trabajadores, tengan un descuento de remuneración equivalente en caso de faltas a la jornada de trabajo.

3.- Descanso semanal.

Ciertas actividades, en particular el comercio, pueden tener dentro de su jornada permanente el día domingo, y dar un descanso compensatorio en la semana. Desde el solo punto de vista físico, ese descanso cumple su función reparadora, pero desde otros ángulos, como es por ejemplo la vida familiar, no satisface sus propósitos si se toma en otro día distinto al domingo.

El proyecto en comentario plantea que, de los descansos que el trabajador reciba, al menos en una de las semanas del mes debe corresponder a un día domingo. En la práctica, esto significa -en concordancia con la disposición del Código de que no se pueden trabajar más de seis días continuos-, que los trabajadores que laboran seis días, junto con tener derecho a un día de descanso en la semana, recibirán un día adicional, que será el referido domingo. El que tenga su jornada distribuida en cinco días, por el sistema de turnos verá sustituido un día por un domingo.

4.- Feriado anual.

i) Feriado anual progresivo.

Para los efectos del feriado progresivo, sólo se considera el tiempo servido para el mismo empleador, en términos de que, cumplidos 10 años, el trabajador tiene un día más de vacaciones por cada tres años trabajados. Eso significa que, si cambia de empleador, debe esperar 10 años para poder estar en condiciones de acceder a este beneficio.

El proyecto adopta el criterio de que se puede acumular feriado entre empleadores, pero de forma que, al cambiar de empleador, se empieza con los quince días hábiles, y después de tres años se obtiene un día más, sin tener que esperar, primero, que transcurran 10 años. En el Mensaje se proponía que se acumulara inmediatamente, idea que se descartó para evitar que se transformara en un elemento discriminatorio contra el trabajador de mayor antigüedad, que llegará con un feriado progresivo acumulado muy alto.

ii) Necesidad de tomar el feriado anual.

En la actualidad, es posible acumular hasta dos períodos de feriado anual, pero, si no se hace uso de ellos, se pierden. Se postula establecer la obligación de que el trabajador, antes de ingresar al tercer año, tome las vacaciones, ya que este feriado anual es un derecho irrenunciable, que el empleador debe proporcionar necesariamente.

iii) Cómputo del feriado para los trabajadores cuya jornada semanal está distribuida en seis días.

En una nueva aplicación del criterio de no discriminación, que aparece en varios aspectos del proyecto, se iguala el feriado de los trabajadores que tienen distribuida su jornada en cinco y en seis días. Los primeros toman ahora tres semanas calendario; en cambio, para quienes su jornada es de seis días, su feriado, en realidad, es de dos semanas y media.

Se propone, para los efectos de cálculo del feriado, darles a estos últimos trabajadores el mismo tratamiento que tendrían si su jornada se distribuyera en cinco días. De esa manera, independientemente de la forma en que se encuentre distribuida su jornada de trabajo, el trabajador tendrá tres semanas calendario de feriado.

5.- Familia y mujer.

En relación con estas materias, cabe destacar que:

a) Se crea el permiso de un día por nacimiento o muerte de un hijo, o muerte del cónyuge;

b) En caso de enfermedad grave del hijo menor de un año, se establece que cualquiera de los dos padres trabajadores podrán tomar a su cargo el cuidado, radicando en la mujer el derecho de decidir quien lo efectúa, y

c) Se propone señalar que, en general, ningún trabajador puede ser ocupado en una faena que sea superior a sus fuerzas, derogándose de paso la norma que lo prohíbe sólo para la mujer.

Con estas propuestas se dan dos mensajes culturales muy claros: la eliminación de discriminaciones contra la mujer, y el reforzamiento de la co-responsabilidad paternal.

B) En lo que respecta a sectores específicos de trabajadores, las modificaciones sustancialmente inciden respecto de cuatro grupos:

1.- En relación al personal embarcado, se mantiene la jornada de 56 horas, por la naturaleza de la función, pero se considerará como extraordinaria toda la que exceda de 48 horas.

2.- El contrato de los trabajadores de casa particular tiene una gran especificidad, por la naturaleza de la relación -puesto que el vínculo se crea con una familia, un hogar, y no con una empresa- y por la dificultad de fiscalización, ya que la posibilidad real de efectuarla es siempre limitada. Estos elementos inevitablemente deben tenerse en cuenta, ya que la dictación de normas para esta actividad sin un mínimo de realismo no conduce sino a la informalización, a una protección legal que se traduce en desprotección efectiva.

Existen, respecto de este sector, dos aspectos en que se quiere innovar:

i) En lo relativo a la jornada de trabajo, se hace una distinción entre los trabajadores que alojan en la casa y aquellos que no lo hacen. A estos últimos se los asimila a la norma genérica de las 72 horas -12 horas diarias con una de descanso-, dejándolos de esta forma en la misma situación de aquellas personas que tienen una jornada discontinua. En relación con las primeras, se aumenta el tiempo de descanso absoluto de 10 horas a 12 horas, agregándose que, de esas 12, deben ser 9 horas de descanso ininterrumpido, a fin de permitirles recuperarse de la jornada laboral.

ii) Por otro lado, se plantea que tengan una remuneración monetaria mínima -de la cual hoy carecen-, que seria el equivalente a 3/4 partes del ingreso mínimo general si el trabajador no reside en la casa del empleador, y 2/3 partes de dicho ingreso mínimo, en caso de que aloje en ella.

Ese sistema valoriza implícitamente los beneficios de alojamiento y alimentación que reciben estos trabajadores, y responde también a las remuneraciones de mercado, desde el punto de vista de las ofertas de empleo.

3.- En el caso de los trabajadores agrícolas de temporada, se regulan ciertas necesidades que aparecen como no resguardadas, permitiendo fiscalizar aspectos que en la actualidad, al no existir norma expresa, resultan de muy difícil control:

a) Alojamiento.- Se prescribe que en aquellas faenas en que, por sus características, el trabajador no tiene dónde pernoctar, el empleador tiene que proporcionarle alojamiento, que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad de acuerdo a las características de la zona geográfica donde se desempeñe.

b) Alimentación.- El trabajador debe tener condiciones higiénicas y adecuadas que le permitan mantener, preparar y consumir sus alimentos. Cuando, ya sea por la distancia o las dificultades de transporte no pueda adquirirlos, el empleador deberá proporcionárselos.

c) Transporte.- El empleador debe proveer de transporte adecuado entre las faenas y el lugar por el que circulan medios de transporte público, o, si no los hay, entre ellas y el lugar de su residencia, cuando entre ambos puntos media una distancia superior o igual a los tres kilómetros.

4.- En lo que se refiere al sector portuario, se realizó un esfuerzo de diálogo social, en el cual participaron fundamentalmente las principales organizaciones sindicales y de empleadores del sector, con la intervención del Gobierno y, en la etapa final, de las asociaciones de exportadores e importadores, es decir, los usuarios. Por último, CONGEMAR, FEMACH, COTRAPORCHI, y algunos sindicatos de COMACH, firmaron un acuerdo que fue fruto de esa larga discusión que se realizó durante el año 1990 y principios de 1991.

Este acuerdo contempla un conjunto de propuestas de modificaciones legales al Código del Trabajo -que están recogidas expresamente en el proyecto de ley en estudio- y medidas administrativas y de fiscalización, que son resorte del Ejecutivo.

Adicionalmente, hubo conversaciones directas entre los empleadores y las organizaciones sindicales, sobre condiciones especiales de trabajo, en las que no participó el Gobierno ya que no le correspondía hacerlo, por la naturaleza de esa negociación.

Con posterioridad a estos hechos, hacia fines del año 1991, varios de los firmantes manifestaron que no respaldaban más el acuerdo suscrito, por diversas razones, entre ellas que los empleadores no habrían cumplido con sus compromisos, que no están en el documento en referencia, sino que en el acuerdo bipartito, y han resurgido temas que fueron objeto de debate en esa oportunidad.

Respecto del contenido del acuerdo, pueden señalarse los siguientes aspectos:

i) Modificaciones legales.

Se discutió muy largamente la existencia de una dotación portuaria o registro portuario, que tiene varias presentaciones, pero en definitiva plantea que sólo un determinado número de personas pueda trabajar en los puertos. Ese tema, explícitamente, no fue parte del acuerdo, entre otros motivos porque varios de los participantes en análisis tenían la visión de que no era una propuesta viable ni razonable en este momento, desde el punto de vista del funcionamiento portuario.

Los que sí están contenidos en el acuerdo son mecanismos para enfrentar la informalidad, para reducir excedentes de personas en el sector portuario, pero sin la fijación de dotaciones por ley. Se propone disminuir la cantidad de personas que se estiman a si mismos trabajadores portuarios sin serlo, y forman un universo alrededor de los puertos y, al mismo tiempo, fomentar al establecimiento de relaciones más estables entre empleadores y trabajadores.

Un cambio legal en esa orientación se relaciona con los convenios de provisión de puestos de trabajo.

Quienes tienen un convenio de este tipo gozan de una ventaja respecto de los que tienen un contrato eventual sólo por un turno, cual es que no necesitan esperar un período previo para trabajar. Sin embargo, hoy día la celebración de convenios de provisión de puestos de trabajo no tiene ningún costo para el empleador. Ello genera una cantidad muy grande de personas con estos convenios, pero a los cuales no se piensa contratar, o no tienen expectativas reales de ser contratados.

El cambio que se plantea consiste en que se sigue permitiendo que un trabajador pueda firmar estos convenios con varios empleadores, y a la vez un empleador con diversos trabajadores, pero todo convenio tendrá un mínimo de costo. Ese costo emana del compromiso de darle al trabajador turnos que le signifiquen percibir al menos un ingreso mínimo al trimestre, o, en caso contrario, a completarle lo que falte para enterar esa remuneración mínima.

Un segundo mecanismo que va en la misma dirección consiste en permitir que el 1% de la planilla de remuneraciones que puede usarse como subsidio estatal a la capacitación de trabajadores permanentes se destine también a capacitar a aquellos que tengan firmados convenios de provisión de puestos de trabajo.

ii) Medidas administrativas y de fiscalización.

Para satisfacer la necesidad de mayor fiscalización, la Dirección del Trabajo destinó personas a los puertos de Valparaíso, Concepción y Antofagasta; está formando una Unidad Marítima en Valparaíso para el conjunto del país, pero se requiere un esfuerzo todavía mucho más significativo para evitar una inestabilidad absolutamente evitable, en un país del nivel de exportaciones que tiene el nuestro.

Por eso, también se está buscando afinar la coordinación entre la Dirección del Trabajo y la autoridad marítima, para poder ejercer en mejor forma la fiscalización, toda vez que se sigue detectando la existencia de una serie de infracciones legales, como repetición de turnos, trabajo sin condiciones mínimas de seguridad, empresas que no cumplen los requisitos mínimos para instalarse, y otras.

El Gobierno, que ha suscrito un acuerdo social con organizaciones, laborales y empresariales, no va a apoyar proyectos que sean contradictorios con ese acuerdo. El mecanismo de diálogo social ha sido bueno para el país, ha contribuido a un clima de paz social muy amplio, sin poner en discusión que el papel resolutivo sobre estas materias reside en las instituciones democráticas como son el Ejecutivo y el Parlamento. En esa perspectiva, si hay consenso de todas las partes, evidentemente podrá revisarse cualquier contenido que se hubiese suscrito, pero unilateralmente al Gobierno no lo hará, porque significaría sepultar, desde el punto de vista de su credibilidad, un camino que le resulta clave porque lo considera demasiado importante.

C) La última parte del proyecto, sin perjuicio de una serie de aspectos puntuales que el referido señor Secretario de Estado se excusó de tratar para no alargar su exposición, tiene que ver con el Libro V, relativo al procedimiento laboral, y -según dijo- ahí básicamente se propone un procedimiento más concentrado de una sola audiencia; consagrar como regla general la notificación por carta certificada, y disponer la gratuidad de las notificaciones para los trabajadores que demandan y para quienes tienen privilegio de pobreza.

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La Comisión, luego de revisar las distintas disposiciones del proyecto a fin de formarse una imagen cabal de su contenido, se detuvo especialmente en el análisis de dos materias de considerable importancia desde el punto de vista general de la normativa del trabajo, cuya modificación no está considerada en la iniciativa de ley, y respecto de las cuales se recibieron planteamientos de diversas organizaciones sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación Minera de Chile.

Esos temas fueron el concepto de empresa, y la contratación y subcontratación de faenas o servicios.

Las observaciones recibidas, en relación con el primero, apuntan básicamente a pedir una redefinición del concepto de empresa para efectos laborales, de manera que el derecho del empleador de adoptar determinada forma jurídica no signifique una limitación de los derechos individuales de los trabajadores, de su libertad sindical o de su derecho a negociar colectivamente. La definición de empresa, se afirmó, así como la de empleador, debe atender a la unidad real dentro del proceso productivo, más que a la forma jurídica que adopten.

Se explicó que de esa forma se podrían superar las dificultades derivadas de aquellos casos en que una empresa se divide en otras con razones sociales diferentes, pero que obedecen a una sola administración central. Este mecanismo afecta a los trabajadores respecto de las gratificaciones, la existencia de distintos sueldos para una misma función, la realización en fechas diferentes de los procesos de negociación colectiva, y la mayor debilidad del movimiento sindical.

Al respecto, el H. Senador señor Pérez observó que prácticamente cualquier institución puede ofrecer una puerta abierta para emplear subterfugios, en este caso, la creación de figuras jurídicas distintas, de sociedades diferentes, a propósito de una sola unidad productiva, para burlar ciertos derechos de los trabajadores, pero no advierte la forma de remediarlo. Para hacerlo, habría que modificar importantes normas del Derecho Comercial y cerrar numerosas puertas a la capacidad de los agentes económicos chilenos para crear y desarrollar empresas. Eso, porque pueden hacerse sociedades distintas para eludir la ley, pero también se forman por propósitos propios de la actividad productiva, y resultaría grave dejar entregado al arbitrio de alguien juzgar cuándo es simulación y cuándo no lo es.

Consultada su opinión al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante, don Eduardo Loyola, informó que cuando el Ejecutivo estudió estas materias para proponer las reformas a la legislación laboral, no estimó necesario introducir modificaciones al concepto de empresa existente en el Código del Trabajo. Reconoció que en algunos sectores se producen fenómenos de incumplimiento de obligaciones laborales, o de distorsión de dicho concepto, pero para eso existen otros instrumentos, y organismos del Estado encargados de fiscalizar el respeto a la ley laboral.

El H. Senador señor Thayer indicó que el concepto de empresa plantea uno de los temas que no está decantado a nivel internacional, y admite diversas acepciones, que comienzan por señalar que es aquello que se emprende. La empresa clásica norteamericana, derivada de las empresas Ford, en los primeros decenios de este siglo -que partió por ofrecer mejores condiciones de trabajo y remuneraciones-, se estructuró con una cierta idea, que ha tenido aplicación durante largo tiempo: que la empresa, además de dedicarse a la elaboración de sus productos, tuviese en lo posible un autoabastecimiento de bienes o autogeneración de servicios, integrando a ella por ejemplo equipos de mantención, de pintura, etcétera, de forma tal de no pedirle a un tercero que hiciera algo que ella estaba en condiciones de realizar.

Con la internacionalización de las comunicaciones y de los mercados, particularmente desde 1970 en adelante, este criterio ha cambiado en todo el mundo, y las empresas se están limitando a producir lo que pueden efectuar mejor que las demás, y a encargar a empresas especializadas aquello que están mejor calificadas para realizar.

Ello produce sin duda alteraciones en el mundo laboral, pero sería partidario de abordar el tema desde el punto de vista de los derechos concretos de los trabajadores, y no de la definición de empresa, que considera del más alto interés, pero en cual no cree conveniente incursionar a propósito de este proyecto.

El H. Senador señor Calderón acotó que, en la especie, la preocupación no es la división natural de la empresa, sino aquella división artificial que se hace para eludir el cumplimiento de determinadas obligaciones. El reclamo que hacen los trabajadores es que, en un mismo recinto, se hacen funcionar varias empresas que sólo tienen una individualidad jurídica diferente, en tales términos que en ocasiones los trabajadores incluso no saben quién es su empleador, no se pueden organizar, negociar colectivamente, y ven desconocidos sus derechos.

El H. Senador señor Hormazábal convino en la necesidad de apreciar que ciertos procesos han cambiado, pero puntualizó que nuestro país está todavía en vías de desarrollo, y se siguen ciertas orientaciones internacionales, pero con otra mentalidad. Cree que la tendencia mundial a que se refiere el H. Senador señor Thayer es real, y que en Chile hay gente que la practica honestamente, en cuanto a concentrarse en lo que puede hacer mejor y encomendarles a otros determinadas especialidades, y ese proceso no se puede afectar. Pero piensa igualmente que hay que buscar caminos para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores mediante el uso de distintas formas jurídicas, más que revisar una definición abstracta de empresa que siempre tendrá algún problema de concreción.

El H. Senador señor Pérez consideró que, si el problema fundamental es el dolo para burlar derechos laborales, podría intentarse la elaboración de una norma que dificultara el uso torcido de este mecanismo, pero tendría que hacerse con un cuidado extremo.

El H. Senador señor Thayer hizo notar que el tema de fondo que ronda en el debate es el viejo pero asentado concepto de abuso del derecho, que tendrá que ser resuelto por los tribunales en el caso concreto, pero -estimó- éstos deberían disponer de cierto respaldo legislativo, de un principio orientador que tendría que fluir de algún artículo, como el que castiga el dolo o la simulación, o las prácticas desleales.

El señor Ministro subrogante manifestó su seguridad de que todos están inspirados en la necesidad de que exista el mayor respeto posible a los derechos de los trabajadores, y en ese sentido entiende las opiniones vertidas en el seno de la Comisión. Sin embargo -advirtió-, cada vez que se haga el análisis de alguna de las disposiciones, surgirá el dilema de si la solución es de carácter normativo o si, por el contrario, es de tipo administrativo o judicial.

En este sentido, el Ejecutivo comparte la definición de empresa que existe en el Código, porque cree que es muy importante, no sólo para la suerte de los trabajadores, sino para determinar cómo se regula la economía en el país y se ofrecen posibilidades de mayor inversión, que contribuya a la baja de las tasas de desempleo. Este tema, muy delicado, debe verse en toda su profundidad, puesto que tiene no sólo un efecto laboral, sino también un trascendente efecto económico, los que deben conciliarse adecuadamente. De alguna manera, debe tenerse presente que las concepciones históricamente conocidas del derecho laboral están siendo reestudiadas, formas de contratación aceptadas universalmente hoy día son discutidas, y los criterios de flexibilidad están siendo objeto de debate en las opciones de la empresa moderna, de tal forma que nuestra legislación debe ser armónica con el proyecto de desarrollo que tiene nuestro país.

El H. Senador señor Pérez, respecto de las aseveraciones del señor Ministro subrogante, sostuvo que la única manera efectiva de evitar la burla de los derechos laborales es la ruta del crecimiento económico. Cuando lo hay, disminuye el desempleo, y al bajar éste, son los trabajadores los que tienen el mayor poder de negociación y no los empleadores. En una situación ideal de pleno empleo, ningún empleador puede hacerle trampas a la ley, porque el trabajador simplemente se va.

El H. Senador señor Hormazábal estuvo en desacuerdo con ese pensamiento porque, a su juicio, está probado que no basta con crecer, si no hay paralelamente una gran, y sólida, organización sindical. Es la fuerza del movimiento sindical la que hace innecesario el concepto protector. El proceso en Europa, por ejemplo, se desarrolló simultáneamente con el creciente poder de la organización sindical; en Escandinavia, en particular, la ligazón con los partidos políticos era muy intensa, y fue la evolución posterior la que creó la necesidad de un movimiento sindical que no tuviera adscripción partidaria. No le cabe dudas que, si hay mayor desarrollo y más empleo, mejoran las posibilidades de negociación individual de algunos trabajadores, pero también debe considerarse que hay empleadores, entre ellos grandes empresas de países desarrollados -que pagan altas remuneraciones sobre la base de exigir resultados-, que tienen una importante rotación de personal, porque, cuando se trata de organizar sindicatos, ofrecen mejorías en las remuneraciones a cambio de que los trabajadores no se sindicalicen.

En lo que respecta al segundo tema general objeto de debate en la Comisión, la contratación y subcontratación de faenas o servicios, las críticas hechas llegar por las organizaciones sindicales cuestionan particularmente el uso de esta fórmula como una manera de producir la diversificación artificial de empresas que constituyen una misma unidad productiva. Se señaló que no pueden permitirse condiciones de trabajo, de seguridad y de remuneraciones distintas entre trabajadores que se desempeñan en la misma obra, en funciones similares, unos como trabajadores de la empresa contratante y otros de la contratista.

La solución que divisaba la Central Unitaria de Trabajadores era el establecimiento de la responsabilidad solidaria entre empresa contratante y contratista respecto de las obligaciones laborales. La Confederación Minera de Chile, por su parte, se declaró partidaria de prohibir la ejecución de los trabajos inherentes a la producción principal y permanente de las faenas industriales o mineras, por medio de contratistas o concesionarios, salvo en el caso de la actividad de la construcción o cuando se trate de labores especializadas que ejecuten empresas cuyo giro principal sea precisamente la prestación de tales servicios.

En el seno de la Comisión se recordó que la subcontratación está regulada en la Ley de Accidentes del Trabajo, para los efectos de cotización y afiliación, y en el artículo 63 del Código del Trabajo, en cuanto a la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra o faena.

El H. Senador señor Calderón observó que una práctica, cada vez más extendida en las empresas modernas, es la creación de empresas filiales o coligadas, que actúan como contratistas o subcontratistas. En un número significativo de situaciones, éstas incurren en diversas infracciones laborales, cuyo cumplimiento resulta muy difícil de obtener, lo que es ilógico cuando existe una empresa mayor que puede responder perfectamente y a la cual debería poderse reclamar de ese incumplimiento. Por eso es importante, a su modo de ver, que entre ambas medie solidaridad, la que, naturalmente, conducirá a la empresa principal a poner en juego mecanismos tendentes a que la contratista respete efectivamente las leyes. Estimó que la instauración de la solidaridad es la única forma de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la empresa subcontratista, al permitirles reclamar al empresario principal y no esperar un tiempo prolongado, la mayoría de las veces infructuosamente, que responda el otro.

El H. Senador señor Hormazábal apuntó que, reconociendo el principio de la especialidad, es imposible prohibir en general la subcontratación o la contratación de servicios en distintos ámbitos. Atentaría no sólo contra normas expresas, sino contra el moderno desarrollo de la economía pero, en el ánimo de velar por los derechos de los trabajadores, consideró atendible el estudio del cambio de la responsabilidad subsidiaria por otra de tipo solidario, de forma que la empresa que contrata los servicios de otra tome resguardos para cubrir los eventuales costos.

El H. Senador señor Thayer afirmó que el cambio de tipo de responsabilidad sería una revolución tremenda en el sistema productivo. En el momento que una empresa sabe que será solidariamente responsable de las obligaciones que emerjan de cualquier contrato especializado o subcontrato, la tendencia va a ser contratar solamente con aquellas empresas con las que tenga alguna vinculación y le den seguridad de que el contrato no le implica ningún riesgo. Se entraría a la simulación para hacer funcionar empresas contratistas o subcontratistas que en definitiva no serían sino parte de la misma empresa, con lo cual se alteraría el sistema en uso a nivel mundial, cual es el principio de la especialidad. A su juicio, la solución podría ser más sencilla, cual es que para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria se establezcan procedimientos más expeditos que los propios de la legislación civil.

El H. Senador señor Pérez sostuvo que son conocidos los abusos producidos por parte de algunos contratistas o subcontratistas, pero destacó que ocurren en los casos en que estas últimas son empresas pequeñas, sin la experiencia ni solvencia adecuadas. Si se estableciera la solidaridad en términos amplios, se podría incluso generar abusos por parte de un contratista, que, estando en mala situación, se presente a una licitación convocada por la empresa principal con precios baratos, pero arrastrando una crisis que repercutiría en esta última. Por su parte, la empresa principal tendría que estudiar los balances y demás antecedentes financieros del contratista, para poder determinar el riesgo que asumiría aunque, en todo caso, esté limitado solamente a los derechos laborales relacionados con el subcontrato y no a obligaciones de arrastre de su eventual contraparte.

El H. Senador señor Hormazábal reiteró que, cuando una empresa contrata, busca hacerlo con empresas sólidas, de experiencia, y, de cambiar la responsabilidad, debería también resguardarse de los eventuales juicios que tuvieran los trabajadores de la contratista con ésta, derivadas de los contratos de trabajo relacionados con la subcontratación. Generalmente al contratista se hacen pagos periódicos, y la precaución que debería tomar la empresa seria asegurarse que se paguen las remuneraciones y se integren las cotizaciones, y eso puede pactarse en el mismo contratos que ambas celebran, por ejemplo, confiriéndole la subcontratista a la principal un mandato para que retenga y entere las cantidades correspondientes.

El H. Senador señor Thayer repuso que con ello no se resuelve el problema, porque a ninguna persona ni empresa le conviene gravar su pasivo con una obligación, aunque sea de fiador. Insistió en que el establecimiento de la responsabilidad solidaria para sortear las dificultades del trabajador afectado por el incumplimiento de sus derechos podría llenar de juicios a empresas como Endesa o Codelco, que tienen numerosos contratistas y subcontratistas, y a las cuales se demandaría de inmediato porque sería mucho más cómodo, lo que las obligaría a dedicar mucho tiempo a estudiar cada contrato, con los consiguientes efectos de demora en la actividad productiva.

Adujo el H. Senador señor Hormazábal que el punto es cómo resguardar, en el ámbito de la contratación y subcontratación, derechos que el Código reconoce a los trabajadores, pero que ahí se le niegan. Y, si se trata de limitar la responsabilidad solidaria, puede establecerse hasta ciertos montos, como ocurre con las normas sobre prelación de créditos, en los casos de quiebra de la empresa, lo que permitiría definir con toda claridad el marco de la responsabilidad que asume la empresa.

- Puesto el proyecto en votación en general, resultó aprobado por unanimidad.

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DISCUSION PARTICULAR

ARTICULO 1°.-

Introduce diversas modificaciones al Libro I del Código del Trabajo, contenidas en 39 numerales.

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El H. Senador señor Calderón formuló indicación destinada a agregar un nuevo número a este artículo, en el que se incorpora un inciso final al artículo 3º del Código del Trabajo.

De acuerdo a ese precepto, para los efectos de la aplicación de normas de derecho colectivo del trabajo referidas al ejercicio de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, la gestión económica unitaria y la relación de complementariedad directa entre las distintas funciones productivas prevalecerá sobre la individualidad jurídica de la empresa.

- Fue rechazada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto a favor de su autor. El H.Senador señor Pérez manifestó que no votaba por un compromiso contraído con el H. Senador señor Hormazábal, quien no pudo asistir a la sesión en que se registró esta votación por encontrarse enfermo.

Fundando su voto, el H. Senador señor Calderón informó que su indicación sólo apunta a eliminar los efectos de la división artificial de las empresas, que pretende eludir derechos de los trabajadores relacionados con la organización sindical y la negociación colectiva, lo que consideró básico para asegurar una relación justa entre empresarios y trabajadores.

El H. Senador señor Palza explicó que su votación se debe a que, en general, su posición será de rechazo frente a las indicaciones, por considerar que es el predicamento más adecuado en el ánimo de despachar en un corto plazo el primer informe de la Comisión, y dejar para el segundo informe el estudio pormenorizado de las indicaciones que se presenten al proyecto, entre ellas, las que él mismo está preparando.

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El H. Senador señor Calderón presentó indicación para considerar un número nuevo en este artículo, en el cual se incorpora un artículo 5º bis al Código del Trabajo, donde se establece que la legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.

Fundamentó la indicación en que de esa manera se consagra en la ley un principio básico del Derecho del Trabajo: el pro-operario, que debe estar consultado expresamente.

- Se rechazó con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto favorable del H. Senador señor Calderón. No votó, por la razón antes expresada, el H. Senador señor Pérez.

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Número 1

Reemplaza el inciso final del artículo 6º, que define el contrato colectivo.

La Comisión tuvo presente que el concepto de contrato colectivo ha sido consagrado recientemente en el inciso segundo del articulo 120 de la ley Nº 19.069, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, y que el texto que ahora se propone, si bien refleja las mismas ideas, presenta algunas diferencias de redacción con dicho precepto.

En esas circunstancias, con el objeto de mantener la debida coherencia, y luego de considerar la posibilidad de remitirse a la definición de la ley Nº 19.069, se convino en que, para facilitar la inteligencia de las normas laborales no sólo a los letrados sino que también a quienes no lo son, resultaba preferible reproducirla, en los mismos términos, con la sola adecuación de su frase inicial a la redacción del artículo 6º.

- Por unanimidad, se sustituyó en la forma que aparece más adelante.

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Antes de entrar al estudio del segundo numerando aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, la Comisión quiso conocer los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a proponer, en el Mensaje, la eliminación del inciso tercero del artículo 8º del Código del Trabajo, en cuya virtud el denominado trabajo a domicilio no da origen al contrato de trabajo.

Lo anterior, teniendo en vista particularmente el interés de la señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer, que expuso verbalmente ante la Comisión, en que fuese reconsiderada la posibilidad de incorporar el trabajo a domicilio en la normativa del Código del Trabajo, haciendo presente que ello permitiría evitar abusos en una actividad en expansión, realizada de preferencia por mujeres del mundo popular.

El H. Senador señor Calderón se declaró partidario de suprimir el referido inciso tercero, por estimar que el trabajo a domicilio debe estar regulado por un contrato de trabajo.

Los señores representantes del Ejecutivo recordaron que, en el Código del Trabajo de 1931, se reglamentaba el contrato de trabajo a domicilio. El decreto ley Nº 2.200, de 1978, junto con suprimirlo, introdujo la norma en cuestión, de la que se infiere que, en principio, no hay contrato de trabajo en los servicios prestados a domicilio, pero -por la forma en que está estructurada la ley-, podría entenderse que existiría tal contrato cuando esos servicios se presten bajo vigilancia y dirección inmediata de la persona que los contrata.

La regla general es que, habiendo subordinación, hay contrato de trabajo. Aquí habría un requisito adicional, cual es que, por sobre la subordinación, exista vigilancia y dirección inmediata del empleador. Por eso la jurisprudencia administrativa y judicial ha sido parca para admitir hechos que den lugar al reconocimiento de este contrato.

El Mensaje, cuando propuso la eliminación dl inciso en comentario, quiso dejar entregado este tema a las reglas generales, y, por tanto, en cuanto se probara subordinación, los contratos a domicilio configurarían una modalidad del contrato de trabajo. La sugerencia estaba complementada por una modificación al artículo 23, en que se liberaba al contrato de trabajo a domicilio de la limitación de la jornada de trabajo.

El H. Senador señor Hormazábal expresó su vivo interés en que se mantenga esta posibilidad real de trabajo a domicilio, porque permite, sobre todo a las dueñas de casa, mantener sus responsabilidades de cuidado del hogar y, al mismo tiempo, generar algunos ingresos, situación que se da mucho en el área textil, en que diversas prendas son confeccionadas o cosidas por trabajadoras a domicilio.

El H. Senador señor Thayer consideró que la manera de defender la existencia del trabajo a domicilio, que es una fuente de ingresos para muchas personas, especialmente mujeres que no pueden dejar su casa, es otorgar un mejor amparo por vía de la seguridad social al trabajador independiente, que es el gran problema que lo afecta, a diferencia de quienes trabajan bajo subordinación o dependencia con un contrato de trabajo, los que entran ampliamente a los sistemas de previsión y de salud. Eso se debe a que la seguridad social nació en torno al trabajador dependiente, lo que dejó tradicionalmente al margen de ella al trabajador independiente, pero, en su evolución, ha ido extendiendo su amparo a toda persona que pueda vivir en un estado de necesidad.

El trabajador a domicilio es una persona que, mientras no le ocurra nada especial, recibe algunos ingresos, los cuales con frecuencia complementan otros que pueda tener. Lo grave es cuando sufre algún infortunio que lo haría pasivo de algún beneficio de seguridad social, pero al cual no tiene acceso, salvo que sea indigente. O sea, se le exige una condición de indigencia para acceder a la seguridad social, lo que en numerosos casos los deja excluidos, en circunstancias que son muy caros los beneficios cuando se pagan individualmente.

Estimó que sería interesante que quien ejerza el trabajo a domicilio esté registrado para los fines de seguridad social, y tenga acceso a sus beneficios. Subrayó que, en el trabajo a domicilio, el empleador tiene un ahorro de espacio y de elementos de trabajo que le hacen optar por que este se realice con personal fuera de la empresa, en lugar de incrementar el número de trabajadores que se desempeña dentro del establecimiento. Consideró que es un proceso interesante y digno de ser estimulado, porque es al que tiene acceso en mayor medida la mujer jefe de hogar que no puede dejar a sus hijos para ir a trabajar a otro lugar.

El H. Senador señor Hormazábal puntualizó que ahora habría una prohibición legal de que el trabajo a domicilio se pacte mediante un contrato de trabajo, esto es, aunque las partes quieran darle este carácter, no podrían hacerlo. Afirmó que prefiere que haya libertad de las partes para tomar esa decisión y, en ese sentido, concordó con la idea del Mensaje de remover un obstáculo legal a la voluntad de las partes, lo que el Congreso Nacional ya ha hecho el año pasado a propósito de la negociación colectiva.

El H. Senador señor Pérez se manifestó inclinado a mantener el inciso tercero del artículo 8º, porque se explica en atención a que del inciso primero, relacionado con el artículo 7º al cual se remite, fluyen los elementos que hacen presumir la existencia del contrato de trabajo. Eso hace conveniente exceptuar a aquellos servicios que no están considerados dentro de ese grupo, que es justamente lo que hace el inciso tercero. Sin embargo, intentando enraizar esa norma en el principio de libertad, le agregaría una frase en cuya virtud esa disposición operara sin perjuicio de que las partes quieran que esa prestación de servicios se rija por las normas del contrato de trabajo.

Los señores representantes del Ejecutivo recordaron que, cuando se suprimió la regulación del contrato de trabajo a domicilio del Código, pareciera que se temió que la jurisprudencia, aplicando las reglas generales, lo hiciera reaparecer como contrato de trabajo, no obstante darse la variante de la subordinación, y el inciso tercero en comentario habría tenido por finalidad rematar esa idea, a fin de evitar que la derogación fuese ineficaz.

Ahora bien, señaladas claramente las prestaciones de servicios que tienen las características de contrato de trabajo en el artículo 7º y en el primer inciso del mismo artículo 8º, no tiene mucho sentido definir de manera específica aquéllos que no reúnen dichos elementos, puesto que ello debe determinarse en cada oportunidad. Por eso la intención del Gobierno fue restablecer parcialmente la normativa del contrato de trabajo a domicilio, pero no como un título especial, sino que mediante la derogación propuesta e incorporando al artículo que señala las personas no sujetas a limitación horaria, a aquellas que prestan servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellas. De esa forma, sin una normativa compleja, reaparecería efectivamente el contrato de trabajo a domicilio.

El H. Senador señor Thayer hizo ver que, por definición, el trabajo a domicilio se efectúa sin esta conducción o dirección que es propia de la subordinación del contrato de trabajo. Si se quiere abrir la posibilidad de establecer contratos de trabajo a domicilio, habría que decir en el inciso tercero del artículo 8º que tampoco harán presumir dicho contrato los servicios prestados en estas condiciones. Eso implica que, a menos que se convenga expresamente, no hay contrato de trabajo en el trabajo a domicilio. Es una fórmula sencilla para dar salida a este problema.

Con todo, advirtió, tiene dudas hasta dónde esta norma, que establezca que esos servicios no hacen presumir el contrato de trabajo pero que permita probar su existencia, pueda privar a mucha gente de recibir trabajos a domicilio, porque habrá quienes, en este caso, preferirán que lo haga personal en su empresa y en otras condiciones, es decir, el mercado podría restringirse por una disposición de este tipo. Lo que sí le parece fundamental es que esa gente tenga seguridad social. Por eso propone primero una modificación, destinada a asegurar la inserción en la seguridad social de estos trabajadores y luego, si se desea obviar el sentido de prohibición del referido inciso tercero, disponer que este tipo de servicios no hacen presumir la existencia del contrato de trabajo.

El H. Senador señor Hormazábal coincidió en que la sola eliminación del inciso tercero no sería suficiente para dar la calidad de contrato de trabajo a los servicios que se presten a domicilio, porque la presunción opera cuando se da la dependencia o subordinación, conceptos perfectamente configurados en la doctrina y la jurisprudencia por el cumplimiento de determinado horario y una serie de otros elementos, los que no concurren en el trabajo a domicilio. Reiteró que no se pretende con la modificación en debate imponer nada a nadie: no habrá contrato de trabajo si las partes no quieren darle ese carácter. Se elimina solamente una rigidez, a fin de permitirles que libremente convengan la existencia de un contrato de trabajo cuando se trate de este tipo de servicios.

El H. Senador señor Thayer señaló que prefería modificar el artículo 8º, antes que la proposición original del Ejecutivo porque, por su naturaleza, los servicios que se prestan a domicilio no se ejecutan bajo aquel tipo de subordinación o dependencia que es propio del contrato de trabajo, de forma tal que la sola eliminación del referido precepto generaría una incertidumbre tal que podría provocar una amplia paralización del sistema de contratos a domicilio, lo que sería una daño muy grande para mucha gente. En cambio, de la otra forma se admite una suerte de acceso a la seguridad social para este sector que es importante abrir, pese a su prevención en cuanto a la posible restricción de la oferta de este mecanismo de trabajo.

- Por unanimidad, se resolvió introducir un número nuevo, en cuya virtud se sustituye el inciso tercero del artículo 8º del Código del Trabajo, a fin de establecer, en lugar de que el trabajo a domicilio no da origen al contrato de trabajo, que él no hace presumir la existencia de dicho contrato.

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Número 2

Reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 9°, con el objeto de abreviar a cinco días el plazo dentro del cual debe escriturarse el contrato de trabajo, cuando se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, manteniendo para los demás casos el plazo general de quince días contados desde la incorporación del trabajador.

Explicaron los señores representantes del Ejecutivo que, en el caso de los contratos de trabajo que duran menos de quince días o, aunque tengan una extensión superior, son más bien breves, si el empleador hace uso de la posibilidad de no escriturarlos antes de quince días, todo el contrato o parte importante de la relación laboral se desarrollaría sin documentarse. Por eso, como garantía para el trabajador que conviene un contrato de corta duración, se exige escriturarlo a más tardar dentro de cinco días.

La Comisión estuvo de acuerdo con el propósito que se persigue, observando que el texto de la H. Cámara de Diputados es más amplio que el del Ejecutivo, puesto que comprende las faenas transitorias o de temporada y se extiende a otras situaciones.

- Fue aprobado unánimemente.

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Consultados por la Comisión acerca del objetivo de la norma del Mensaje -no considerada en el proyecto aprobado en primer trámite constitucional- que agregaba un inciso al artículo 11, en el sentido de obligar a poner en conocimiento previo del trabajador las modificaciones que el empleador desee efectuar al contrato de trabajo, y permitirle a éste requerir la presencia de un ministro de fe al suscribirlas, señalaron los señores representantes del Ejecutivo que tenía una finalidad tutelar del trabajador. Agregaron que fue desestimada por razones técnicas, porque se advirtió que podría alterar el principio de consensualidad del contrato de trabajo, toda vez que, si bien éste seguiría siendo consensual, las modificaciones pasarían a ser solemnes, lo que produciría diversos problemas.

Puso de relieve el señor Ministro del Trabajo subrogante que la legislación debe ser armónica, y se habría introducido una rigidez que no tiene que ver con su contexto, toda vez que, teniendo carácter consensual el contrato de trabajo, para la modificación podría requerirse no obstante la presencia de alguno de los ministros de fe que se exigen para el finiquito.

Añadieron los señores representantes del Ejecutivo que estos son aspectos que se manejan por vía administrativa. La Inspección del Trabajo, cada vez que comprueba una omisión de este tipo en una empresa, le da un plazo para poner al día todos los contratos y, si no se le da cumplimiento, aplica una multa que puede ser bastante severa.

El H. Senador señor Calderón hizo saber su coincidencia con la idea del Mensaje, porque no advierte rigidez en contemplar un plazo para que los trabajadores puedan evaluar la modificación al contrato que les plantea el empleador. A veces -agregó- es también necesario un ministro de fe, porque hay un considerable número de trabajadores que no pueden defender adecuadamente sus derechos. Lo que pasa actualmente es que se les llama en cualquier minuto, se les dice que se les modificará el contrato y se les extiende el documento para su firma, sin que tengan posibilidad alguna de reflexión sobre las nuevas condiciones en que quedarán desempeñándose en la empresa.

El H. Senador señor Hormazábal compartió la idea de que no se puede cambiar la naturaleza consensual del contrato de trabajo, pero notó que, respecto de las modificaciones, no se sigue el mismo esquema lógico que en cuanto al contrato. El Código dispone que éste es consensual, pero que para efectos de prueba debe escriturarse dentro de ciertos plazos. Cuando se modifica, sin embargo -y la modificación puede ser sustancial, en términos de horario, remuneración, tipo de servicios, lugar en que se prestan, etcétera-, no hay plazo. Si bien, por aplicación de las reglas generales, la falta de escrituración puede dar lugar a una multa de la Inspección del Trabajo, no se sigue la línea de fijar un plazo y una sanción por su inobservancia, como ocurre respecto del contrato. Sostuvo que ello permitiría configurar una prueba preconstituida, sin darle carácter de solemnidad a la escrituración. Muchas veces, cuando se acuerdan cambios y no se consignan por escrito, se producen problemas en la interpretación de las estipulaciones. Ya el artículo 11 del Código obliga a consignar por escrito las modificaciones, y debería ser complementado, en cuanto a que el mismo plazo otorgado para la escrituración del contrato de trabajo y la misma sanción fijada para el evento de su incumplimiento se apliquen a las modificaciones que convengan las partes.

El H. Senador señor Thayer arguyó que no hay un plazo explícito, pero toda obligación, de acuerdo a la legislación civil general -concretamente, el artículo 1494 del Código Civil-, si no tiene un plazo expreso, tiene uno tácito, cual es el indispensable para cumplirla. Destacó la inconveniencia de llenar de plazos la legislación en materias en las que no parece necesario porque existen otros elementos que pueden suplirlos, a saber la intervención del sindicato, el delegado del personal o de la Inspección del Trabajo, para lo cual bastará que el trabajador les exponga lo que sucede. Si el empleador no escritura la modificación, el inspector del trabajo le fijará un plazo quizás incluso más breve que el que se pueda establecer en la ley. Poner plazos introduce demasiada reglamentación, en circunstancias de que las modificaciones pueden ser secundarias, o con poca permanencia en el tiempo, por ejemplo las derivadas del "ius variandi" del artículo 12 del Código, a diferencia del caso del contrato mismo, que genera relaciones estables entre las partes, comprometiendo la capacidad de trabajo de una persona para un tiempo determinado con un empleador. Agregó, en cuanto al planteamiento del H. Senador señor Calderón, que el plazo de aviso previo al trabajador puede ser muy corto o excesivo, según el caso, y atentaría contra la necesaria flexibilidad que debe existir en este ámbito.

El H. Senador señor Calderón no advirtió motivos para oponerse a la concesión de un plazo para que el trabajador pueda reflexionar sobre la modificación que se le propone, porque en nada afecta a la consensualidad. En su opinión, lo central de la idea original del Mensaje, que comparte, no es obligar a que se escriture la modificación, sino a ponerla en conocimiento previo de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre hoy, en que se les insta a firmar de inmediato, sin anticipación alguna, un cambio que desconocen.

El H. Senador señor Hormazábal apuntó que las situaciones aludidas por el H. Senador Thayer pueden necesitar prueba, y generarían un conflicto entre las partes, porque el trabajador se ve obligado a denunciar a su empleador o a demandarlo, y éste podría argüir que no hay plazo determinado para escriturar la modificación. Lo ideal de la legislación es que no favorezca el conflicto, y no se justifica hacer actuar a la Inspección del Trabajo, y a los tribunales en caso de reclamo de la multa, si el legislador puede prevenirlo.

Por ello, planteó la posibilidad de intercalar un nuevo inciso tercero al artículo 9º del Código del trabajo, en virtud del cual se exprese que, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 11 -relativo a que no es necesario modificar los contratos para consignar en ellos los aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones-, las otras modificaciones que las partes convengan deberán consignarse por escrito en los mismos plazos señalados en el inciso segundo y con la misma sanción allí establecida.

El H. Senador señor Calderón hizo suya esa proposición, mientras que los restantes miembros presentes, HH. Senadores señores Pérez y Thayer, expresaron su discrepancia, por estimar que la aplicación supletoria en la especie del artículo 1494 del Código Civil funciona adecuadamente al abrir las posibilidades de reclamo administrativo, y eventual revisión judicial, y ofrece la suficiente flexibilidad para abordar las diferentes situaciones concretas que pueden presentarse.

Repararon los HH. Senadores señores Calderón y Hormazábal, no obstante, que en los términos sugeridos para modificar el artículo 9º, se aplicaría la sanción que contempla el inciso siguiente, con lo cual el trabajador que no firme una modificación propuesta por el empleador podría ser despedido sin derecho a indemnización, esto es, como si se hubiese negado a firmar el contrato.

En atención a ese efecto indeseado, en la sesión siguiente formularon indicación para incluir un número nuevo, que agregue al primer inciso del artículo 11 del Código una frase en virtud de la cual las modificaciones del contrato de trabajo deben ser firmadas por las partes en los mismos plazos y con la misma sanción establecidos en el inciso segundo del artículo 9º.

A sugerencia de los señores representantes del Ejecutivo, la Comisión dejó constancia que con esa indicación no se altera en absoluto el carácter consensual del contrato de trabajo y de sus modificaciones.

- Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por tres votos contra dos. La respaldaron los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y la votaron negativamente los HH. Senadores señores Pérez y Thayer.

Fundando su voto, el H. Senador señor Thayer expuso su preocupación porque se apliquen los plazos fijados para escriturar el contrato de trabajo, para hacer igual cosa con las modificaciones al mismo, cualquiera sea la naturaleza de éstas. Eso puede significar incluso dificultades para la fiscalización, ya que entretanto el trabajador podría estar efectuando labores distintas de las que constan en el contrato. Al no establecer plazos, en cambio, entiende que rige el Código Civil, y el inspector del trabajo podrá apreciar la infracción que se configure y aplicar las medidas que sean del caso.

El H. Senador señor Hormazábal declaró no estar convencido por los argumentos del H. Senador señor Thayer, porque ellos mismos sirven para llegar a la conclusión inversa, partiendo de la base de que la referencia al tiempo que sea indispensable para cumplir la obligación abre las puertas para dejar en la indefinición la oportunidad para escriturar el cambio, y además lo que cada una de las partes entendió respecto de la modificación.

El H. Senador señor Pérez se inclinó por la negativa por estimar que las atribuciones de la Inspección del Trabajo son suficientes para superar las situaciones que podrían producirse.

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Número 3

Deroga el artículo 15, referente a la prohibición de ocupar mujeres en trabajos mineros subterráneos, en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o peligrosas para las condiciones físicas o morales propias de su sexo, con determinadas excepciones.

La Comisión concordó con esta disposición, que se complementa con el nuevo artículo 173-A que se incorpora más adelante al Libro II del Código del Trabajo, en que se contempla una norma similar, pero referida a todos los trabajadores, sean hombres o mujeres, de forma tal que estas últimas no quedan desprotegidas, sino que continúan amparadas en cuanto integrantes del mundo del trabajo.

Se percató, no obstante, que el Convenio 45 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado el 21 de junio de 1935, ratificado por Chile y no denunciado todavía, contiene preceptos similares al artículo cuya derogación se propone, en lo que respecta a la prohibición de que las mujeres efectúen faenas subterráneas.

En efecto, el artículo 1 de ese Convenio señala que el término "mina" comprende cualquier empresa, pública o privada, dedicada a la extracción de substancias situadas bajo la superficie de la tierra. Su artículo 2 dispone que en los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. El artículo 3 permite a la legislación nacional exceptuar de esta prohibición a las mujeres que ocupen un cargo de dirección y no realicen un trabajo manual; a las empleadas en servicios de sanidad y en servicios sociales; a las que, durante sus estudios, realicen prácticas en la parte subterránea de una mina, a los efectos de la formación profesional, y a cualquier otra mujer que ocasionalmente tenga que bajar a la parte subterránea de una mina, en el ejercicio de una profesión que no sea de carácter manual. Por su parte, el artículo 7 permite las denuncias al Convenio a la expiración de un período de diez años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor y por el plazo de un año, transcurrido el cual, de no haberlo denunciado, se quedará obligado por un nuevo período de diez años.

Dicho Convenio fue ratificado por ochenta y ocho Estados Miembros, y ha sido objeto de ocho denuncias, al 1° de enero de 1991.

El H. Senador señor Hormazábal se declaró partidario de respetarlo cabalmente hasta que nuestro país quede liberado de la obligación de acatarlo, de acuerdo a las normas internacionales, subrayando el funesto precedente que se crearía si se actuara de otra manera. El H. Senador señor Thayer añadió que, en caso de que se estimara que tal prohibición consagra un derecho humano, en orden a no desarrollar determinadas labores, no se podría legislar en contra de ese tratado internacional vigente y ratificado por Chile, de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política.

Los señores representantes del Ejecutivo expresaron que, recogiendo esas observaciones, en las que coincidieron los señores miembros de la Comisión, propondrían, en su oportunidad, un artículo transitorio en el que se estableciera una fecha especial de entrada en vigencia para la derogación del artículo 15 del Código, en lo que respecta a la materia regulada en el Convenio 45, a fin de armonizarla con el término de ese compromiso internacional de nuestro país.

- Se aprobó por unanimidad.

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En relación con el actual inciso segundo del artículo 23 del Código del Trabajo -que menciona los trabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo-, la Comisión discutió la conveniencia de modificarlo a fin de incorporar en esa enunciación a los trabajadores a domicilio regidos por un contrato de trabajo, en concordancia con el acuerdo adoptado al modificar el inciso tercero del artículo 8º del Código.

El Mensaje del Ejecutivo propuso, en su momento, dicha exclusión del límite a la jornada de trabajo, referida, en general, a los trabajadores que prestan sus servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos. Esa disposición se explicaba en el contexto de establecer la existencia de este contrato de trabajo. La Comisión, en cambio, con la modificación al artículo 8º, permite que las partes le den este carácter, pero no hay presunción alguna de que quien esté trabajando en su domicilio se encuentre ligado por un contrato de trabajo. Ahora bien, como el contrato de trabajo implica una obligación de hacer y ésta, en la especie, no está sometida a un tiempo determinado, sino a la confección de una obra bajo cierto tipo de control, puede haber contrato de trabajo, pero la jornada de trabajo no se aplica.

En otras palabras, el contrato de trabajo a domicilio puede existir sobre las bases que se fijen expresamente, pero considerando que no a estar sometido a jornada de trabajo.

En esa medida, estimaron los señores integrantes de la Comisión, no es suficiente la mención que hace el inciso segundo del artículo 23 a los trabajadores que se desempeñen "sin fiscalización superior inmediata", toda vez que en el mismo contrato de trabajo a domicilio pueden pactarse modalidades de control que pudiesen quedar comprendidos dentro de la fiscalización superior inmediata.

En atención a esas reflexiones, la Comisión acordó someter a votación la inclusión en el proyecto de un número nuevo, que incorpore a los trabajadores que prestan sus servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, a la nómina de trabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo que se contiene en el inciso segundo del artículo 23 del Código del Trabajo.

- Fue aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Thayer, y por el rechazo lo hizo el H. Senador señor Pérez.

El H. Senador señor Calderón fundó su voto en que la modificación antes acordada respecto del inciso tercero del artículo 8º del Código es un paso mínimo, porque en definitiva deja al arbitrio de quien encarga el trabajo darle o no el carácter de contrato de trabajo, lo que no lo satisface, porque cree que es inconveniente dejar sin esta protección a las personas que laboran en sus domicilios.

El H. Senador señor Palza suscribió la afirmativa, porque está convencido de la necesidad de legislar con cierta organicidad sobre el contrato de trabajo a domicilio, lo que reportaría ventajas para empresarios y trabajadores.

El H. Senador señor Pérez optó por la negativa por considerar que una norma en este sentido puede favorecer una interpretación errónea de que necesariamente exista contrato de trabajo a domicilio, y que el cambio en el artículo 8º del Código constituya una simple alteración del régimen de presunción.

En una sesión posterior, el H. Senador señor Thayer propuso especificar que los trabajadores exceptuados de la limitación de jornada de trabajo son los contratados expresamente de acuerdo al Código del Trabajo para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos.

Aclaró que, por su propia naturaleza, el trabajo a domicilio no genera un contrato de trabajo, como se desprende del inciso tercero del artículo 8º del Código, que puntualiza que esos servicios se prestan sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata. El cambio introducido a ese artículo por la Comisión hace lícito celebrar contratos de trabajo a domicilio, pero, en atención a la naturaleza misma de esos servicios, estimó indispensable dejar establecido que no habrá contrato de trabajo si las partes no lo convienen expresamente.

- La indicación fue aprobada por unanimidad. Votaron los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Thayer. No votó el H. Senador señor Pérez, por los motivos antes expresados.

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Número 4

Agrega un nuevo artículo 23-A, sobre descanso mínimo de los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras.

El descanso mínimo será de ocho horas diarias, y podrá cumplirse total o parcialmente en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica. Podrá cumplirse a bordo de la nave durante la navegación, y en caso que las faenas obliguen a que ésta se extienda por una o más noches. Si el descanso se cumple o completa a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias.

El H. Senador señor Pérez hizo notar que la redacción de la norma que se propone podría interpretarse en el sentido de que el descanso mínimo de ocho horas no puede ser interrumpido, situación que no se aviene con las características de la pesca. Se da en ella el caso de barcos que pescan, recalan para el solo efecto de dejar las especies capturadas y vuelven a zarpar, en forma periódica, y pudiese entenderse que, por el solo hecho de volver a tocar puerto, el descanso deba hacerse en tierra.

Los señores representantes del Ejecutivo estimaron que era un tema menor de redacción, la cual podría perfeccionarse, ya que el espíritu de la norma no es el de llevar a la eventual conclusión señalada por el H. Senador señor Pérez.

El H. Senador señor Thayer observó que la expresión "recalar" admite precisamente las dos acepciones, relacionadas con el término del viaje o con su prosecución, luego de cumplido el objetivo de la vuelta a tierra.

La disposición fue objeto de dos indicaciones, ambas de carácter sustitutivo.

En la primera de ellas, el H. Senador señor Calderón propuso establecer que, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas diarias.

Añadía su proposición que, a la llegada a puerto, el trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo de ocho horas en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica. Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave. Para este efecto, la nave deberá contar con las acomodaciones para ello y con la dotación necesaria para la operación de las faenas pesqueras. Cuando la nave deba permanecer en puerto la jornada de trabajo será de ocho horas diarias.

Terminaba expresando que, en las naves que operen con el sistema de mareas, la jornada diaria de trabajo y los descansos correspondientes se regirán por lo dispuesto en las normas legales referidas al contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar.

La segunda indicación fue presentada por el H. Senador señor Pérez, y en ella se recomendaba decir que, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos diarios, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a ocho horas.

Continuaba expresando que los descansos podrán cumplirse a bordo o en tierra, según las necesidades de las faenas, las que determinará el capitán o patrón. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.

- Puesta en votación primeramente la indicación del H. Senador señor Calderón, quedó desechada con los votos de rechazo de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto de aprobación de su autor.

- Sometida a votación la indicación del H. Senador señor Pérez, se aprobó con los votos afirmativos de los HH. Senadores Calderón y Thayer, y la abstención del H. Senador señor Palza.

No participó en las votaciones el H. Senador señor Pérez, por el compromiso antes señalado.

Número 5

Reemplaza el artículo 25, relativo a la jornada de trabajo de los chóferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, y del personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles.

La norma que se propone especifica que los descansos o la espera que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a su jornada ordinaria de trabajo, y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

A la vez, hace extensivos a los auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y al personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles, el descanso mínimo de ocho horas aplicable a los chóferes, cuando han cumplido en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas.

Los señores representantes del Ejecutivo manifestaron que el sentido de la proposición es alterar las reglas generales, toda vez que, en los viajes largos, aunque el chofer duerma durante la mitad del recorrido, ese tiempo para él es también parte de la jornada. Informaron que fueron los propios trabajadores los que pidieron que, no obstante, los descansos y esperas no se imputaran a la jornada, ya que, de contabilizarse, con unos pocos viajes llegarían al límite de las 192 horas mensuales que les fija este artículo y quedarían impedidos de continuar trabajando el resto del mes.

Añadieron que, en el texto de la H. Cámara de Diputados, no se incluyó, como sugería el Mensaje, a los chóferes de vehículos de carga terrestre, porque no tienen limitación de jornada, ya que trabajan sin fiscalización superior inmediata.

El H. Senador señor Hormazábal llamó la atención de la Comisión sobre el hecho de que el descanso mínimo de ocho horas no es aplicable a los chóferes que hacen viajes inferiores a doce horas, por lo que, aún siendo de larga duración, podrían ser enviados de regreso o a cumplir otro itinerario. Otro factor a considerar, a su juicio, es que el chofer a veces continúa desempeñando ciertas labores porque se lo impone la empresa, de tal manera que no es un descanso propiamente tal, sino que sólo deja de conducir, a lo que se agrega que únicamente los buses más modernos cuentan con acomodaciones para descansar. Hizo ver la necesidad de conocer los fundamentos técnicos de la exigencia de cumplir doce horas en la ruta para tener derecho al descanso de ocho horas, enfatizando que no es un tema exclusivamente laboral, sino de seguridad de los conductores, los pasajeros y los usuarios de la ruta, que debe ser tomado muy en consideración.

El H. Senador señor Thayer apuntó que la prohibición de manejar más de cinco horas continuas aliviaría los efectos del cumplimiento de rutas largas, pero la ley no indica la extensión del descanso que debe tomarse al cabo de esas cinco horas, por lo que estimó conveniente precisar el tiempo que debe mediar entre dos períodos de conducción. Por otro lado -expuso-, cinco horas es un límite razonable para la conducción de día, pero excesivo para la noche, punto que tampoco se especifica en la disposición. Y es asimismo diferente el descanso que se efectúa en la noche, donde lo que lo probable es que sea aprovechado para dormir, que el que se toma de día, en que el tiempo puede ser usado para realizar otras labores.

A proposición del H. Senador señor Hormazábal, la Comisión acordó solicitar al señor Director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile antecedentes acerca del número de accidentes del tránsito en que han estado involucrados buses interprovinciales y vehículos de carga terrestre.

El mencionado señor Director remitió valiosa información estadística que ilustró el ulterior debate en la Comisión. De ella aparece que, durante los años 1990 y 1991, y desde enero a abril de 1992, se registraron un total de 426, 510 y 204 accidentes en carreteras con participación de vehículos de locomoción colectiva, respectivamente. En todos esos períodos, el mayor número corresponde a colisiones, y le siguen los atropellos, los choques, los volcamientos y las caídas. Como consecuencia de estos accidentes, en 1990 resultaron 376 personas muertas, 1807 con lesiones graves, 1822 con lesiones menos graves y 7226 con lesiones leves. En 1991, se registraron 388 muertos, 1704 con lesiones graves, 1782 con lesiones menos graves y 6735 con lesiones leves.

La Comisión recogió, además, diversos antecedentes de los sectores laborales y empresariales, con los cuales se debatió intensamente estas materias. Tuvo en consideración las Resoluciones Exentas N°s 297 y 298, ambas de la Dirección del Trabajo, de 2 de febrero de 1990, en que se regula un sistema opcional para el control de asistencia y determinación de las horas de trabajo de estos trabajadores, y se autoriza un mecanismo excepcional para tomar los días de descanso compensatorio.

Entre los numerosos aspectos revisados, cabe destacar la disposición de los empresarios reunidos en FENABUS, frente a los planteamientos que se le efectuaron, de aceptar una modificación de la norma que contempla el descanso mínimo de ocho horas después de cumplir en la ruta una jornada de doce o más horas, a fin de aumentar el tiempo de descanso sobre todo en los casos de recorridos más largos, y, por otro lado, de garantizar que no se producirá disminución en los actuales niveles de remuneraciones de estos trabajadores en caso de que se establezca que los descansos a bordo y los tiempos de espera en terminales u otros lugares, sin realizar labor, no se imputarán a la jornada de 192 horas semanales.

Se aprobó por unanimidad.

Número 6

Agrega un nuevo artículo 25-B, relativo a la jornada de trabajo para los trabajadores de la locomoción colectiva urbana.

La norma estatuye que si las partes acuerdan cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no podrán exceder de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre cada turno. Los chóferes, en todo caso, no podrán manejar más de tres horas continuas.

Advirtió la Comisión que en esta norma queda, al igual que en la anterior, un vacío sobre la determinación del lapso de descanso luego de las tres horas seguidas de manejo.

- Fue acogida unánimemente.

Número 7

Reemplaza el artículo 26, referente a las actividades que no están comprendidas en la limitación de 48 horas para la jornada ordinaria de trabajo semanal.

Excluye, en general, a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia. Agrega al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes -exceptuando personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina-, en empresas de telégrafos, teléfono, télex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Además, fija la jornada máxima de estos trabajadores en doce horas diarias, con un descanso mínimo de una hora imputable a ella, y entrega al Director del Trabajo la resolución de los casos dudosos, a petición del interesado, pudiendo recurrirse de su decisión ante el juez competente.

La Comisión tuvo en cuenta, durante el análisis de este artículo, las explicaciones proporcionadas por los señores representantes del Ejecutivo, en orden a que la regla general es que los trabajadores que pueden tener esta jornada prolongada son aquellos que cumplen labores discontinuas, intermitentes o que requieren de su sola presencia, y los de hoteles, restaurantes y clubes, tengan o no estos últimos una actividad de esas características, lo que constituye una discriminación en su contra.

El proyecto, entonces, los sustrae de una situación en que, a priori, la ley les define una jornada de doce horas, para dejarlos sujetos a ésta sólo en cuanto su trabajo sea discontinuo o intermitente.

Cabe anotar que, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa, para estos efectos los conceptos de "hoteles, restaurantes y clubes" comprenden todos los establecimientos de expendio de alimentos, por lo que incluyen, entre otros, los cafés, las fuentes de soda, las discotheques, etc., vale decir, se refieren en definitiva a los trabajadores que atienden a la mesa o sirven alimentos detrás de un mesón. La situación de los demás trabajadores de estos locales sigue igual, esto es, el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina continúan con una jornada de 48 horas.

Además, se establece un procedimiento de reclamo, que mejora la situación actual en que es necesario remitirse a las normas generales y, por tanto, al juicio ordinario laboral. Con este procedimiento especial, el trabajador afectado tendrá una resolución más pronta de los tribunales.

El H. Senador señor Hormazábal cuestionó el mérito del artículo 26 del Código, en cuanto consagra la existencia de una jornada más larga que la normal, ya que, a su juicio, hay funciones que, por su naturaleza, son distintas. Planteó los casos de la telegrafista de un pueblo costero o del recepcionista de un hotel, que están permanentemente a disposición del empleador y del cliente que puede llegar, y, en esa medida, su trabajo es continuo, sin perjuicio de que, en ciertas oportunidades, efectivamente deben realizar una labor incesante durante toda su jornada atendiendo las demandas del público.

El H. Senador señor Calderón formuló indicación para eliminar el inciso segundo del nuevo artículo 26 del Código del Trabajo que contiene esta disposición. Explicó que su propósito era dejar abierta la posibilidad de que hayan jornadas superiores a las 48 horas semanales sólo para los trabajadores aludidos en el inciso primero, esto es, aquellos que desarrollan labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia, y dejar sometidos a los trabajadores indicados en el inciso segundo a la limitación de las 48 horas. Lo anterior, con el objeto de restringir paulatinamente las jornadas prolongadas, que perjudican la vida familiar de los trabajadores y van en contra de la tendencia mundial a la reducción de la jornada de trabajo.

- La indicación quedó desechada con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto a favor de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

- El numerando resultó aprobado con la votación inversa.

Número 8

Deroga el inciso segundo del artículo 29, que considera extraordinarias las horas trabajadas en días domingo y festivos, siempre que excedan de la jornada ordinaria semanal.

Comentaron los señores representantes del Ejecutivo que esta norma da la errada impresión de que se puede pactar la realización de horas extraordinarias los días domingo y festivos. Al suprimirse, se ratifica la doctrina de que durante estos días no se trabajan horas extraordinarias.

- Fue aprobado por unanimidad.

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El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación para incorporar un número nuevo a este artículo, destinado a sustituir el inciso tercero del artículo 31 del Código del Trabajo por otro, que se diferencia del vigente en cuanto establece que las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del ciento por ciento de la remuneración devengada en la jornada ordinaria.

Fundó su proposición en el aumento del costo de la hora extraordinaria compensa en mejor forma el sobreesfuerzo que realiza el trabajador, y, por otro lado, permitiría abrir más posibilidades de trabajo a otras personas. Aseguró que la ley no debe incentivar el trabajo extraordinario sino que la realización de la jornada ordinaria, y la norma que propone se orienta hacia esa idea.

Al respecto, solicitada la opinión de los señores representantes del Ejecutivo, informaron éstos que no existe claridad de que los efectos perseguidos con la indicación se obtuviesen en caso de ser aprobada. Por una parte, como hay libertad para pactar las remuneraciones y las horas extraordinarias se calculan sobre lo convenido para la jornada ordinaria, es probable que, al subir aquéllas proporcionalmente, se haga disminuir la remuneración de la jornada ordinaria. Por otro lado, tampoco es seguro que los empleadores contraten más empleadores, porque podría ocurrir que les significara un mayor costo que el pago de las horas extraordinarias. De esa forma, puede ocurrir que quienes no estén en condiciones de afrontar los gastos adicionales de nuevas contrataciones o de horas extraordinarias no lo hagan, y la consecuencia sea una disminución de remuneraciones de los actuales trabajadores.

El H. Diputado señor Fantuzzi agregó que, en los casos en que existe una sola máquina en la fábrica en la que se desempeña un trabajador, es posible que éste trabaje dos horas adicionales, pero el empleador no tendría otra máquina para ocupar a otra persona. El incremento del valor de la hora extraordinaria podría generar además consecuencias perjudiciales, si se considera que en ocasiones algunos trabajadores tratan de extender su labor para tener derecho a pagos por este concepto.

- La indicación fue rechazada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Pérez, y el voto a favor de su autor.

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Número 9

Reemplaza el inciso tercero del artículo 37, a fin de precisar que el día de descanso a la semana que deben otorgar las empresas exceptuadas del descanso dominical en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo o festivo, debe empezar a computarse a las 21 horas del día anterior y terminar a las 6 horas del día siguiente, salvo alteraciones horarias producidas con motivo de la rotación de los turnos de trabajo.

De esa manera, se pone término a las dudas sobre la forma de contabilizar el día de descanso, al hacerse aplicable la misma regla que existe para el caso de las faenas exceptuadas del descanso dominical.

- Tuvo aprobación unánime.

Número 10

Intercala, como cuarto, un nuevo inciso al artículo 37, con el objeto de establecer que, en el caso de los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención, al menos uno de los días de descanso en el mes calendario deberá otorgarse en día domingo. Hace excepción de los trabajadores contratados por un plazo de 30 días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a 20 horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.

Los HH. Senadores señores Calderón y Palza hicieron llegar indicación para que sean al menos dos los días de descanso que deben otorgarse en domingo, y efectuar un cambio formal accesorio.

- Sometida a votación la indicación conjuntamente con el numerando, fueron aprobados por los HH. Senadores autores de la indicación, registrándose el voto negativo del H. Senador señor Thayer. No votó el H. Senador señor Pérez.

Número 11

Deroga el inciso cuarto del artículo 43, que exceptúa de la obligación de pagar el ingreso mínimo a quienes contraten a trabajadores mayores de 65 años de edad.

Esta norma debe concordarse con el artículo 1º transitorio, que fija el valor de la remuneración mínima para estos trabajadores. La idea de fondo es que tengan el mismo monto del ingreso mínimo de los dependientes, menos las imposiciones previsionales, que no las necesitan, salvo la de salud.

En esos términos, quedarán en igual situación en cuanto a remuneración mínima que los trabajadores menores de 18 años.

- Quedó probado por unanimidad.

Número 12

Reemplaza el artículo 44, concerniente al derecho del trabajador remunerado exclusivamente por día a percibir remuneración en dinero por los días domingo y festivos -y los días de descanso compensatorio, en su caso-, según el promedio de lo devengado en el respectivo período de pago salvo las remuneraciones accesorias o extraordinarias, y a que se considere lo pagado por este título para la liquidación de las horas extraordinarias.

Comentaron los señores representantes del Ejecutivo que, en lo sustancial, este artículo contiene varias modificaciones a la legislación vigente.

Una deriva del hecho de que ahora, para calcular el pago del séptimo día a estos trabajadores hay tres sistemas: si percibe sueldo base y remuneraciones accesorias, se considera solamente el sueldo base; si tiene sólo sueldo base fijo, sin otras remuneraciones, se calcula sobre dicho sueldo, y si cuenta únicamente con remuneraciones variables, se toma el promedio de éstas. Es un procedimiento discriminatorio, que ha motivado muchos juicios, y que en el proyecto se simplifica, al considerarse todo lo que ganó el trabajador, o sea, la remuneración del séptimo día debe calcularse sobre la totalidad de sus remuneraciones.

El segundo cambio se relaciona con el cálculo para los efectos de las horas extraordinarias. Como éstas se pagan con un recargo del 50%, si la persona trabaja de lunes a sábado, su sueldo diario es más bajo, o sea, el valor de su hora diaria de trabajo es menor, porque no se considera el domingo, y, si trabaja de lunes a viernes disminuye más aún para los efectos del cálculo de las horas extraordinarias, en términos de un 17% si presta servicios de lunes a sábado, y de un 31% o 34% si lo hace de lunes a viernes.

Entonces, el objetivo es que se le considere al trabajador, como sueldo del día, lo que le corresponde por el sábado, domingo o festivo, para calcularle la hora extraordinaria, porque en definitiva ese es su sueldo real.

Otra innovación consiste en que se suprime la sanción de pérdida del beneficio de la semana corrida por atrasos o ausencias. En la actualidad, para gozar de este beneficio el trabajador debe haber cumplido la jornada diaria completa, y lo pierde si registra atrasos que excedan de dos horas en la semana o de cuatro horas en el mes calendario. Con el proyecto, se castigará a los trabajadores por día que se atrasen o ausenten en forma proporcional, de la misma manera que a los trabajadores remunerados por mes.

- Se aprobó por unanimidad.

El H. Senador señor Pérez se reservó no obstante su derecho a presentar indicación, posteriormente, a fin de aclarar lo que consideró un problema técnico de redacción, consistente en que en el proyecto no se habla, como lo hace el Código vigente, de remuneración diaria variable, por lo que el nuevo artículo 44 podría interpretarse en el sentido de que deja comprendidas, para los efectos del pago del séptimo día, remuneraciones variables que no son diarias. Y, como pudiera sostenerse que las remuneraciones variables se devengan día a día, resultaría por ejemplo que se incluirían bonos de carácter mensual. Por tal motivo, estimó preferible dejar establecido que a estos trabajadores se les pagará el séptimo día sobre la base del sueldo fijo diario y de la remuneración variable que tenga también ese carácter de diaria.

Número 13

Sustituye el inciso primero del artículo 47, aclarando que la utilidad de la empresa, para los efectos de determinar la procedencia del pago de gratificación a sus trabajadores, será la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, pero sin deducir las pérdidas que hayan arrojado los ejercicios anteriores.

Fue aprobado en forma unánime.

Número 14

Cambia el inciso primero del artículo 57, imponiendo al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones del trabajador, a solicitud escrita suya, las cantidades que indique para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda, dentro de un porcentaje máximo de su remuneración total.

- Resultó aprobado unánimemente.

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Número 15

Reemplaza los incisos tercero y cuarto del artículo 60, sobre preferencias de los créditos laborales en caso de quiebra.

Sobre el particular, incorpora al concepto de remuneración -que goza de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil- las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados, y fija el privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales -previsto en el N° 8 del mismo artículo 2472-, para cada beneficiario, en un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años.

Se aumenta de esta forma el límite de las indemnizaciones de los trabajadores que están protegidas, en caso de una eventual quiebra del empleador, frente a los créditos que puedan hacer valer los restantes acreedores.

El H. Diputado señor Fantuzzi observó que el actual sistema del Código, al conceder al trabajador un privilegio por sus indemnizaciones de hasta de quince ingresos mínimos mensuales, perjudica a los trabajadores de menores remuneraciones y favorece, por el contrario, a los de mayores ingresos. En la forma aprobada por la H. Cámara de Diputados se reparten los mismos recursos en forma más equitativa, y se evitan los inconvenientes de la proposición del Ejecutivo que, al fijar una cantidad de ingresos mínimos sin límite, llevaría al extremo de que, cuando la empresa quisiera solicitar un préstamo al Banco, se le pediría la planilla para ver los trabajadores que tiene, sus remuneraciones y los años de servicios de cada uno, a fin de calcular las sumas comprometidas por concepto de indemnización por años de servicios, y según eso, resolver si le concederá el préstamo o no, con lo cual se perjudican todos.

- Resultó aprobado por unanimidad.

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El H. Senador señor Calderón formuló indicación para añadir un numerando nuevo, en el que se reemplaza el inciso primero del artículo 63 del Código, disponiendo que el dueño de la obra, empresa o faena será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social que afecten a los empleadores contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos.

Expresó el autor de la indicación que ella tenía por objeto remediar los problemas de abusos de contratistas o subcontratistas que existen en varios sectores, al inducir a la empresa mayor a mantener un cierto control en estas materias sobre sus contrapartes, lo que se consigue con la responsabilidad solidaria de todas ellas.

El H. Senador señor Thayer expresó que comprendía el sentido social de la proposición, de facilitar los reclamos de los trabajadores que prestan servicios a los contratistas y subcontratistas, pero no la aceptaba, porque hacer solidariamente responsable a la empresa es lisa y llanamente terminar con la esencia del actual proceso económico empresarial, que está sometido a las exigencias propias de un alto nivel competitivo, lo que obliga a la empresa a encargar un número importante de servicios a otras empresas especializadas.

- Fue desechada con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer y el voto a favor del H. Senador señor Calderón. No votó el H. Senador señor Pérez.

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Número 16

Consulta, en el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, las menciones al feriado anual y a los permisos.

- Fue aprobado por unanimidad.

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Los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Ruiz De Giorgio presentaron indicación para incluir un número nuevo, que intercala un inciso segundo al artículo 65 del Código del Trabajo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero.

El tenor de la indicación es idéntico a la letra a) del proyecto que aumenta el feriado anual a trabajadores que presten servicios en las zonas extremas del país (Boletín N° 350-13), ya aprobado por el H. Senado y que se encuentra cumpliendo su segundo trámite constitucional en la H. Cámara de Diputados. En virtud de este inciso, se establece que los trabajadores que presenten servicios en las regiones I de Tarapacá, II de Antofagasta, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de veinticinco días hábiles. El exceso sobre el feriado normal de quince días hábiles podrá ser negociado individual o colectivamente.

Los señores representantes del Ejecutivo reiteraron a la Comisión que la posición del Gobierno es contraria a esta iniciativa, por las razones que expuso en su oportunidad el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y que constan en el informe fechado el 22 de agosto de 1991, que esta Comisión os evacuó con ocasión del estudio del referido proyecto de ley.

- Puesta en votación, la indicación resultó aprobada con los votos a favor de lo HH. Senadores señores Calderón y Palza, y el voto en contra del H. Senador señor Pérez.

Al fundar su voto, el H. Senador señor Pérez afirmó que la norma constituye una discriminación que no tiene que ver con las reglas propias de una economía social de mercado, que deben regular por igual a todos los habitantes del país y no privilegiar actividades empresariales ni derechos laborales en algunos sectores geográficos.

El H. Senador señor Calderón sostuvo que las mismas razones del H. Senador señor Pérez lo llevaban a pronunciarse afirmativamente, ya que con la indicación se impide que continúen existiendo ciudadanos con mayores privilegios que otros, toda vez que la gente de zonas extremas necesita por muchas circunstancias de un feriado mayor, las que fueron latamente expuestas durante el debate del proyecto de ley ya aprobado por esta Corporación, cuyo tenor simplemente se repite para incorporarlo al Código del Trabajo, donde debe estar por razones de organicidad.

El H. Senador señor Palza, por su parte, dejó constancia que la norma no constituye propiamente una innovación, sino que la recuperación de un derecho que los trabajadores de las zonas extremas tuvieron durante cuarenta años.

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Número 17

Agrega, a continuación del artículo 65, un nuevo artículo 65-A, en el que se dispone que, en caso de nacimiento y muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, el trabajador tenga derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, que deberá hacer efectivo dentro de los tres días siguientes.

- Se aprobó por unanimidad.

Número 18

Reemplaza el artículo 66, otorgando a todo trabajador que tenga diez años de servicios para uno o más empleadores, un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, exceso que es susceptible de negociación. En caso de servicios prestados a anteriores empleadores, sólo pueden hacerse valer hasta diez años de trabajo.

En virtud de esta disposición, por ejemplo, si un trabajador ha prestado servicios durante ocho años para un empleador y pasa a desempeñarse con otro, primero debe completar los diez años de trabajo -esto es, servir durante dos años al nuevo empleador- y luego enterar los tres para tener derecho al día adicional.

- Fue aprobado en forma unánime.

Número 19

Sustituye el artículo 67, consignando que, para los efectos del feriado, el día sábado siempre será inhábil.

- Resultó acogido por unanimidad.

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Se formuló indicación por el H. Senador señor Calderón, a fin de incluir un número nuevo, en el cual se deroga el artículo 68 del Código del Trabajo, que fija el límite para el feriado anual en treinta y cinco días corridos.

Consultados los señores representantes del Ejecutivo, manifestaron su disconformidad con esa sugerencia.

El H. Senador señor Calderón aseveró que, si la filosofía del Gobierno es ampliar el campo de negociación de las partes, su indicación está orientada precisamente en esa dirección. Por otro lado, ella se explica por cuanto es la consecuencia natural del mayor feriado para las zonas extremas, ya aprobado por la mayoría de la Comisión, toda vez que perdería significación práctica de mantenerse el límite máximo de feriado, que está establecido en días corridos y no hábiles, por lo que se alcanzaría casi de inmediato.

El H. Senador señor Thayer expresó su disconformidad, ya que en la medida que la indicación implica el alargamiento del feriado para el personal más antiguo, dificulta su contratación, por lo que es contraproducente. La idea fue recogida en algún momento en nuestra legislación, pero no le satisficieron los resultados que produjo.

Sometida a votación, recibió el apoyo de los HH. Senadores señores Calderón y Palza, y el rechazo de los HH. Senadores señores Pérez y Thayer. Repetida la votación, se registraron los mismos votos.

Al dirimirse el doble empate en la sesión siguiente, fue aprobada, con los votos afirmativos de los HH. Senadores señores Calderón y Palza, y el voto disidente del H. Senador señor Thayer.

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Número 20

Agrega un inciso al artículo 69, que impone la obligatoriedad para el empleador de otorgar al trabajador que tenga dos períodos de vacaciones acumuladas, al menos el primero de ellos antes que nazca el derecho a un tercer período.

Esta norma, en cierto sentido, es más aclaratoria que modificatoria, en el sentido de que pone énfasis en que el otorgamiento del feriado constituye una obligación para el empleador, de forma que quedará más prístina la infracción laboral que cometa en caso de que no otorgue el primero de los feriados que esté pendiente. En el fondo, puede decirse que está haciendo obligatorio el descanso anual más allá de la convención de las partes, a fin de evitar situaciones en que han pasado varios años sin que el trabajador hiciera uso del feriado.

- Recibió aprobación unánime.

Número 21

Añade dos incisos al artículo 70, en relación con los pagos al trabajador durante el período de feriado.

En ellos establece que, en ese lapso, la remuneración del trabajador remunerado con sueldo y estipendios variables se conformará por aquella suma más el promedio de éstos. Por otro lado, sin perjuicio de las disposiciones anteriores del artículo, impone la obligación de pagar durante el feriado toda otra remuneración o beneficio cuyo pago corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerada para el cálculo de la remuneración íntegra.

Estos nuevos incisos se refieren a dos materias distintas entre sí. El primero, que será nuevo inciso cuarto del artículo 70, complementa los preceptos anteriores en cuanto a la forma de determinar la remuneración íntegra durante el feriado para los distintos tipos de trabajadores, agregando el caso de los que perciben sueldo y estipendios variables a los ya contemplados de quienes perciben solamente sueldo y solamente remuneraciones variables. Por su parte, el inciso final dice que, sin perjuicio de aplicar la modalidad de cálculo que corresponda para determinar la remuneración íntegra del trabajador, durante el feriado debe pagarse también toda otra remuneración o beneficio -como un aguinaldo de Navidad, por ejemplo- que corresponda pagar en esa época y no haya sido considerado para el referido cálculo.

- Se aprobó por unanimidad.

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Los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Ruiz De Giorgio hicieron llegar indicación, para insertar un número nuevo mediante el cual se modifica el artículo 72 del Código del Trabajo, en el mismo sentido que contempla la letra b) del artículo único del proyecto de ley que aumenta el feriado anual a los trabajadores que presten servicios en las zonas extremas del país (Boletín N° 350-13), aprobado por este H. Senado.

De acuerdo a esa indicación, en el inciso final del mencionado artículo 72 se agrega una referencia al nuevo inciso segundo del artículo 65 -incorporado en virtud de la indicación de los mismos HH. Senadores aprobada por la mayoría de la Comisión-, de forma tal que, si las partes convienen en que el exceso sobre los quince días normales sea compensado en dinero, las sumas que reciba el trabajador no podrán ser inferiores a la remuneración íntegra que corresponde pagar durante el feriado.

El H. Senador señor Thayer recordó que, en su oportunidad, accedió al planteamiento de algunos HH. señores Senadores de copatrocinar la Moción que dio origen al proyecto de ley antes aludido porque se le indicó que el objetivo era que se tratase conjuntamente con esta iniciativa que modifica el Código del Trabajo, en estudio en la H. Cámara de Diputados en ese entonces, lo que no se produjo. En la medida que el proyecto en estudio, que resultó del acuerdo producido en esa Corporación, modifica varios puntos del feriado pero no el de las zonas extremas -que personalmente habría preferido a otros avances-, no es partidario de agregarlo a las reformas convenidas, si con ello se suman costos adicionales a las empresas allí ubicadas. Estaría dispuesto a acoger la indicación en el caso de que se estableciera que el mayor costo será deducible de impuestos o se pagará con cargo a fondos regionales, puesto que de otra forma se perjudicarán las expectativas de empleo de los trabajadores.

El H. Senador señor Calderón estimó que con esta indicación no se está haciendo otra cosa que lo que se tuvo en vista al presentar la Moción a que se ha hecho referencia, cual era incorporar el feriado para los trabajadores de las zonas extremas en el Código del Trabajo. Añadió que, por lo que está en su conocimiento, los empresarios de esas regiones en general no se oponen a ese proyecto, aprobado por la mayoría del Senado. Y, en cuanto al hecho de que estas disposiciones no hayan sido consideradas en el texto aprobado por la H. Cámara de Diputados, hizo presente que los acuerdos pueden ser revisados, como ha ocurrido con anterioridad.

- Puesta en votación, la indicación quedó aprobada con los votos favorables de los HH. Senadores señores Calderón y Palza, y el voto en contra del H. Senador señor Pérez.

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El H. Senador señor Calderón planteó indicación para insertar un número nuevo, mediante el cual se deroga el artículo 80 del Código del Trabajo, que establece que la remuneración del aprendiz no estará sujeta al ingreso mínimo y será libremente convenida por las partes.

- Resultó desechada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto afirmativo de su autor.

Número 22

Agrega, a continuación del artículo 91, un párrafo sobre el contrato de los trabajadores agrícolas de temporada, integrado por los artículos 91-A, 91-B y 91-C.

El primero de esos preceptos define a los trabajadores agrícolas de temporada, como aquellos que se desempeñan en faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afines.

El artículo 91-B estatuye la obligación de escriturar el contrato de estos trabajadores en cuatro ejemplares dentro del plazo de cinco días, y de remitir una copia a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la escrituración, esto último cuando la duración de las faenas tenga una duración superior a 28 días.

En el artículo 91-C se contemplan condiciones mínimas e irrenunciables de trabajo para estos trabajadores, que no son compensables en dinero ni constituyen remuneración.

Consisten en las obligaciones del empleador de proporcionar alojamiento higiénico y seguro cuando el trabajador no tenga donde pernoctar, por las características de la faena de temporada; de proporcionarle condiciones higiénicas y adecuadas que le permitan mantener, preparar y consumir sus alimentos, e incluso, proporcionándole la alimentación misma cuando no pueda adquirirla por la distancia o las dificultades de transporte; y de colocar medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que accedan medios de transporte público, o, si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medien tres kilómetros o más.

La Comisión conoció pormenorizadamente la situación de los temporeros mediante los antecedentes que le proporcionaron las organizaciones sindicales invitadas, y analizó los problemas que los afectan, como la actuación de "enganchadores", las demoras en efectuar la liquidación, y el incumplimiento de obligaciones previsionales, entre otras.

Los señores representantes del Ejecutivo destacaron que el artículo 91-B contiene disposiciones que son mucho más protectoras que las establecidas para el común de los trabajadores, como son la firma del contrato en cuatro ejemplares y no en dos -uno para cada parte-, como es lo habitual, la escrituración dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador -y no quince-, y el envío de copia a la Inspección del Trabajo, si las faenas duran más de 28 días.

Se advirtió en el seno de la Comisión que el articulo 91-A usa, para definir a los trabajadores agrícolas de temporada, un criterio distinto que el que emplea el artículo 86 del Código del Trabajo para reconocer la calidad de trabajador agrícola. Este último, por ejemplo, excluye expresamente a los que pertenecen a empresas comerciales o industriales derivadas de la agricultura y a los que laboran en aserraderos y plantas de explotación de maderas -salvo en aserraderos móviles instalados para faenas temporales en las inmediaciones de bosques en explotación-, los que, en cambio, quedan comprendidos dentro de los trabajadores agrícolas de temporada dentro del proyecto.

Ello, en circunstancias que el artículo 86 -que encabeza el Capítulo II, "Del contrato de trabajadores agrícolas"- dispone que se aplicarán las normas de dicho Capítulo a los trabajadores que menciona, y el proyecto propone la inserción de un Párrafo al Capítulo.

Los señores representantes del Ejecutivo expusieron que ese problema formal puede obviarse considerando dos Párrafos en el Capítulo II, uno que comprenda el actual contrato de trabajadores agrícolas, y otro, que estaría conformado por el Párrafo contenido en el proyecto, donde se regularía el caso de los temporeros.

El H. Senador señor Thayer estimó delicado entender que son trabajadores agrícolas los de temporada que desarrollan determinadas actividades y que no lo son los permanentes que también las llevan a cabo. No está convencido -admitió- que no vaya a dar lugar a problemas, si se piensa que en general la regulación del trabajador agrícola es distinta de la del trabajador industrial, y resultaría del proyecto que el que realiza labores derivadas de la agricultura es industrial si su contrato es permanente, y se transforma en agrícola si se lo contrata por una temporada, esto es, su calidad jurídica dependería de la duración del contrato.

Recordó que la ley Nº 19.069, en su artículo 5°, letra d), concibe a los trabajadores eventuales o transitorios como aquellos que realizan labores bajo dependencia o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes. Razonó que el período cíclico es aquel que se produce siempre, todos los años, en una misma época -por ejemplo, las labores de verano-, e intermitentes son aquellas labores que naturalmente se interrumpen, como es el caso típico de las portuarias. El periodo cíclico es muy claro en la agricultura, pero le preocupó la intermitencia cuando se trata de industrias derivadas de la agricultura, porque puede prestarse para que cambie la calidad de un trabajador por la sola voluntad del empleador.

El H. Senador señor Calderón destacó la importancia de comprender dentro de esta normativa a trabajadores como los de aserraderos, puesto que, por ser la maderera una industria floreciente, motiva la concurrencia masiva de gran cantidad de trabajadores en el sur durante el verano -ya que en invierno los caminos se hacen intransitables debido a las condiciones climáticas-, y este proyecto es el que debe darles la protección que necesitan.

La Comisión, por unanimidad, acordó solicitar a la Dirección del Trabajo el envió de dictámenes representativos de la jurisprudencia administrativa sobre el sentido y alcance de las expresiones "obra o faena transitoria o de temporada" y del artículo 86 del Código del Trabajo.

Los antecedentes proporcionados por el señor Director del Trabajo permiten concluir que esa entidad fiscalizadora entiende por "faena transitoria" aquellos trabajos u obras de carácter temporal, fugaz o momentáneo, advirtiendo que la ley no ha fijado un plazo determinado para estos efectos, lo que parece lógico si se considera que la duración sólo puede estar limitada por la naturaleza intrínseca del trabajo encomendado o las especiales características del lugar en que debe ejecutarse. A su juicio, fijar de manera genérica el tiempo que debe durar una obra o faena para ser considerada transitoria constituye una situación de hecho que debe ser analizada en cada caso particular.

Por otro lado, en lo relativo a la calidad de trabajador agrícola, de la jurisprudencia en cuestión fluye que el cultivo de la tierra envuelve una serie de faenas que van desde las que permiten la mantención y utilización de los insumos, útiles de labranza, equipos y maquinaria agrícola, a las siembras, cultivos y regadío, para culminar con la cosecha misma, que comprende, además de la selección de los productos, su acondicionamiento, envase o guarda en bodegas. Por ello, considera la Dirección que los trabajadores ocupados en la selección, envase y acondicionamiento de los productos agrícolas de producción propia del agricultor, pueden ser considerados agrícolas, así como, en general, los que efectúan las labores antes descritas, derivadas o inseparables del cultivo de la tierra.

Consultados por la Comisión acerca del fundamento de requerir que la duración de las faenas sea superior a 28 días para que proceda la remisión de una copia del contrato a la Inspección del Trabajo, los señores representantes del ejecutivo respondieron que era un criterio discrecional, por ser el equivalente a cuatro semanas.

El H. Senador señor Hormazábal expresó su disconformidad con la forma en que se consagran las obligaciones del empleador en el artículo 91-C, particularmente la de proporcionar alojamiento y transporte. Respecto de la primera, destacó que se la hace depender del hecho de que el trabajador no tenga donde pernoctar, pero siempre que se deba a las características de la faena, lo que reduce considerablemente el supuesto beneficio, y no se compadece con el hecho de que los trabajadores de temporada son una fuerza de trabajo nómade, que va al lugar de las faenas desde distintas partes del país. En cuanto a la segunda, la referencia a la existencia de medios de transporte público podría dar lugar a entender cumplida la obligación dejándolos en un camino en el que transitan taxis colectivos, como ocurre por ejemplo durante la temporada en la zona de El Palqui, en la IV Región, con absoluta prescindencia del hecho de que deban pagar en pasajes un porcentaje considerable de su remuneración diaria, lo que tampoco resuelve el problema de estos trabajadores.

El H. Senador señor Thayer consideró razonable que no se imponga en todo caso al empleador la obligación de proporcionar alojamiento, sino que solamente cuando por las características de la faena el trabajador no tenga dónde alojar, porque son muchas las situaciones que pueden producirse. Trajo a colación el hecho de que, en el caso del trabajador agrícola permanente, la casa habitación es hoy una regalía, que se avalúa para los efectos de la remuneración, de acuerdo al artículo 90, inciso cuarto, del Código, y, en cambio, según el inciso final del artículo 91-C en comentario, las obligaciones que en él se imponen al trabajador no constituyen remuneración.

Debatiendo sobre las condiciones de trabajo de los temporeros, el H. Senador señor Hormazábal acentuó la necesidad de proporcionar el beneficio de sala cuna a las mujeres temporeras, tomando en cuenta además que en la recolección de la fruta se trabaja mucho de noche. Hizo la comparación con la trabajadora industrial que, en cambio, cualquiera sea el período por el que se la contrate, puede hacer uso de ese beneficio.

Los señores integrantes de la Comisión compartieron la idea de que la sala cuna es evidentemente un beneficio de seguridad social, que genera diversos tipos de dificultades al seguirla manteniendo de cargo empresarial, como ocurría en su época con la asignación familiar y con los permisos por embarazo. En esta línea de reflexión, se sugirió, por ejemplo, la sustitución de esta obligación del empleador por el integro de una cotización a un Fondo, administrado por la Municipalidad respectiva, que podría celebrar convenios con las Cajas de Compensación u otros organismos especializados.

Unánimemente, la Comisión acordó dejar constancia -para que el Ejecutivo, a quien le corresponde la iniciativa constitucional en la materia, lo considere-, de su opinión en cuanto a la conveniencia de revisar la regulación de las salas cunas, a fin de estructurarla con mayor nitidez como el beneficio de seguridad social que es.

- El numerando fue aprobado por unanimidad, con una sola modificación de carácter formal en el inciso segundo del artículo 91-C.

Número 23

Reemplaza el nombre del párrafo 1° del Capítulo III del Libro I por el de "Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional".

- Tuvo acogida unánime.

Número 24

Sustituye el artículo 92, manteniendo la actual definición de personal embarcado o gente de mar, pero suprimiendo la de trabajador portuario, que estará considerada en el nuevo artículo 130.

- Se aprobó por unanimidad.

Número 25

Reemplaza el inciso segundo del artículo 93, conservando bajo el control de la autoridad marítima el ingreso a las naves y su permanencia en ellas, pero suprimiendo la referencia al control de los recintos portuarios, a que se alude en el nuevo artículo 130.

El H. Senador señor Calderón presentó indicación para derogar este inciso segundo del artículo 93, por estimar que es propio de la Ley de Navegación, decreto ley Nº 2222, de 1978, donde está contenida.

- Fue rechazada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto favorable de su autor.

- El numerando resultó aprobado con la votación inversa.

Número 26

Deroga el artículo 96, que precisa que las tripulantes del sexo femenino también quedan sujetas a las disposiciones de este párrafo.

- Quedó aprobado por unanimidad.

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El H. Senador señor Calderón hizo llegar indicación para agregar un número nuevo, por medio del cual se reemplaza el artículo 97 del Código del Trabajo, relativo a la dotación de la nave.

Esa proposición extiende la clasificación de personal de servicio general también a los tripulantes y no sólo a los oficiales, como dispone el texto vigente; establece que si bien los oficiales y los tripulantes deben desempeñar sus funciones en conformidad a lo convenido por las partes, ello estará sujeto a lo señalado en el reglamento de trabajo a bordo, y consulta un nuevo inciso, que obliga a mantener íntegramente la dotación durante todo el viaje, y, en caso de faltar algún miembro, a pagar su remuneración a quienes asuman complementariamente sus funciones, sin perjuicio de proveerse su reemplazo en el primer puerto de recalada en que sea posible.

Fundó su sugerencia en que existe de hecho el personal de servicio general en el estamento de tripulantes, cuyas funciones -servicio de hotelería, aseo e higiene-, son fundamentales para el buen desempeño del resto de la tripulación. Por otro lado, el inciso final contenido en su proposición persigue solucionar el desgaste físico y mental de quienes, junto con continuar sus labores propias, deben hacerse cargo de las que tenía el personal que desembarca por cualquier causa.

- Quedó rechazada al recibir los votos negativos de los HH. Senadores Palza y Thayer, y el voto afirmativo de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

Número 27

Reemplaza el artículo 98, exigiendo, para que la dotación deba efectuar otras labores distintas de las que le son propias, que ocurra fuerza mayor, calificada por el capitán, y se deje expresa constancia en el cuaderno de bitácora de la nave.

- Recibió aprobación unánime.

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El H. Senador señor Calderón planteó indicación para agregar un número nuevo, en que se sustituye el artículo 99 del Código del Trabajo, con el objeto de cambiar el concepto de empleador -para los efectos del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de la marina mercante-, en que se considera tal al dueño o armador u operador a cualquier título de un buque mercante nacional, por el de naviero o armador de una nave nacional.

Sostuvo que, de acuerdo a los conceptos de armador o naviero y de operador, contenidos en el artículo 882 del Código de Comercio, el empleador debe ser propiamente el primero, y no el operador.

Se observó en el seno de la Comisión que, de acuerdo al referido artículo, el armador o naviero es quien explota la nave y la expide en su nombre, y el operador el que, a virtud de un mandato del anterior, ejecuta a nombre propio o de su mandante los contratos de transporte u otros para la explotación de naves, soportando las responsabilidades consiguientes. En esos términos, el artículo 99 en comentario constituye una medida de protección para los trabajadores por cuanto se admite que sea empleador el operador, como explotador de la nave que es.

- Se rechazó, con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto favorable de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

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Número 28

Agrega un inciso tercero al artículo 103, estableciendo que, sin perjuicio de que la jornada semanal de la gente de mar es de 56 horas, para los efectos del pago y cálculo de las remuneraciones el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo del 50% correspondiente a la jornada extraordinaria.

El H. Senador señor Calderón formuló indicación para reemplazar este numerando por otro sustitutivo del artículo 103 del Código, que establece que la jornada ordinaria de trabajo de la gente de mar será de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, y permite a las partes pactar horas extraordinarias sin sujeción al máximo legal de dos por día.

- Quedó rechazada con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto a favor de su autor.

Con la votación inversa, resultó aprobado este numerando.

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El H. Senador señor Calderón presentó indicación para incorporar un numerando nuevo en el que se dispone la derogación del inciso segundo del artículo 105 del Código del Trabajo.

Con la eliminación de dicho precepto, quedarían acogidos a la limitación de la jornada de trabajo de 56 horas semanales el ingeniero jefe, el comisario, el médico, el telegrafista y otros oficiales jefes de departamentos o servicios que deban fiscalizar los trabajos de sus subordinados.

- Fue desechada con la votación negativa de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y la favorable de su autor.

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Número 29

Sustituye el inciso segundo del artículo 108, consagrando la obligación del empleador de otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en los días domingo y festivos, y hace aplicables las reglas generales en caso de que se haya acumulado más de un día de descanso en una semana.

Explicaron los señores representantes del Ejecutivo que el propósito es permitir que el exceso sobre un día de descanso pueda ser negociado entre las partes, a fin de acordar una forma especial de distribución o de remuneración de tales días.

- Se acogió por unanimidad.

Número 30

Reemplaza el artículo 114, que prescribe las situaciones que no dan derecho a remuneración por sobretiempo.

Se modifican las dos primeras circunstancias que contiene la norma -relativas a la seguridad de la nave o de las personas embarcadas y a la necesidad de salvar a otra nave o embarcación o evitar la pérdida de vidas humanas-, y se mantiene la tercera situación, esto es, la necesidad de instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento.

- Quedó acogido unánimemente.

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Los HH. Senadores señores Calderón y Palza formularon indicación para insertar un numerando nuevo, en cuya virtud se incorporan a los oficiales en el artículo 122 del Código del Trabajo, además de los tripulantes, entre quienes tienen derecho a una gratificación por los trabajos de salvamento de los restos de la nave que ha naufragado o de su carga.

- Se aprobó por unanimidad.

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Número 31

Cambia, en el artículo 123, el número 1 del inciso primero, relativo a las reglas aplicables en caso de enfermedad no comprendida entre los accidentes del trabajo, eliminando -entre otras modificaciones- la disposición que establece la caducidad del contrato, sin derecho a indemnización, una vez que el enfermo retornó a su puerto de origen.

- Fue aprobado en forma unánime.

Número 32

La situación de los trabajadores portuarios fue analizada detenidamente por la Comisión, que recibió de las organizaciones sindicales y empresariales una completa información acerca de su evolución, -en especial desde 1981, fecha de dictación de la ley N° 18.032, que le dio su actual regulación-, sus expectativas y las negociaciones habidas entre los interesados, de las cuales ocupa un lugar de privilegio las estipulaciones contenidas en el documento denominado "Acuerdos Sector Portuario", de febrero de 1991.

Durante la exposición de los señores representantes de la Cámara Marítima, el H. Senador señor Hormazábal consultó su opinión sobre las afirmaciones contenidas en el artículo titulado "Los Costos del Sistema Portuario", que se publicó en el Diario "El Mercurio" de Santiago el 28 de Septiembre de 1981, en el cual, citando estimaciones que habría hecho ese organismo empresarial, se sostiene que la nueva legislación relativa a los trabajadores portuarios significaría un ahorro para el país de 800 millones de dólares, y que, entre las razones del ahorro está el menor costo de la mano de obra, porque los salarios de los trabajadores portuarios excederían, a lo menos en un 20%, a la remuneración que trabajadores del mismo nivel de capacitación obtienen en otros sectores de la economía. El señor Gerente General de la Cámara Marítima quedó de hacer llegar por escrito el parecer de esa entidad sobre las aseveraciones difundidas en dicho artículo, de lo cual pidió dejar constancia el H. Senador señor Hormazábal.

Se tuvo, además, una acabada información en materia de fiscalización del sector, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y de la Dirección del Trabajo.

El número 32 en referencia sustituye el artículo 130, que define el contrato de los trabajadores portuarios eventuales, por otro, que contiene el concepto de trabajador portuario; agrega que sus funciones y faenas podrán ser realizadas por trabajadores permanentes, afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo u otros trabajadores eventuales, y puntualiza que el ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima.

El H. Senador señor Calderón presentó indicación destinada a que en el artículo 130 de reemplazo se describan con mayor detalle las labores propias del trabajador portuario, se disponga que ellas sólo podrán ser realizadas por trabajadores permanentes y por los eventuales que figuren en la nómina de la dotación del respectivo puerto, y se encomiende a la autoridad marítima que vele porque laboren en los puertos quienes se encuentren debidamente habilitados.

- La indicación fue rechazada con los votos negativos de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto de aprobación del H. Senador señor Calderón. No votó el H. Senador señor Pérez.

- El número quedó aprobado con la votación inversa.

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El H. Senador señor Calderón formuló indicación para intercalar un número nuevo, que contiene un artículo que sería insertado entre los artículos 130 y 130-A.

En esa norma se prevé la existencia en cada puerto de una nómina o registro que determinará las personas que pueden ser contratadas como trabajador portuario eventual, la cual será confeccionada anualmente por una Comisión integrada por representantes de las organizaciones sindicales de los trabajadores eventuales y de los empleadores que operen en el respectivo puerto, por la Dirección del Trabajo y por la Dirección General del Territorio Marítimo, sobre la base de los criterios que detalla el precepto, y en contra de cuyas resoluciones podrá recurrirse ante la Comisión Nacional del Trabajo Portuario Eventual.

- Resultó desechada al recibir los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto a favor de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

Número 33

Incorpora un nuevo artículo 130-A, que define el contrato del trabajador portuario eventual, y señala que podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el que no tendrá carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal.

La referencia a los convenios de provisión de puestos de trabajo suscitó un intercambio de opiniones entre los miembros de la Comisión respecto de la naturaleza civil o laboral de esas convenciones.

Se sostuvo que, doctrinariamente, en cuanto son celebrados con un sindicato o por un grupo de empleadores y tienen que ver con obligaciones laborales, son convenios colectivos del trabajo y caen dentro de las normas del Derecho del Trabajo. Hay quienes sostienen -se dijo-que están regidos por el Código Civil, porque no implican un contrato de trabajo, pero los convenios colectivos tampoco implican un contrato individual de trabajo y están reglados por la legislación laboral. Además, si se indaga sobre la autoridad competente para examinar la infracción de un convenio de provisión de puestos de trabajo, se advertirá que tiene competencia en estas materias la Dirección del Trabajo, lo que afirma la conclusión anterior.

Se hizo notar que dentro de los elementos que no son susceptibles de negociación colectiva están aquellos que afectan la capacidad de gestión del empleador, y en virtud de estos convenios se coloca al empleador en disposición de aceptar determinados trabajadores. Ahora bien, como la prohibición para negociar este tipo de materias emana de la ley, otra ley puede establecer una norma distinta, y eso es lo que pasaría en este ámbito, en que una norma especial para el sector portuario prima sobre otra general relativa a la negociación colectiva.

- Se acogió por unanimidad.

Número 34

Sustituye los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133, relativo a las reglas especiales del contrato de trabajadores portuarios eventuales, eliminando la referencia a acuerdos entre un empleador y uno o más sindicatos de trabajadores transitorios, caso que queda comprendido dentro de los convenios de provisión de puestos de trabajo.

- Fue aprobado unánimemente.

Número 35

Añade un inciso al artículo 135, estableciendo que el pago de las remuneraciones de los trabajadores portuarios cuyo contrato se haya celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, se efectuará según la periodicidad estipulada en éste, que no podrá ser superior a un mes.

- Quedó aprobado en forma unánime.

Número 36

Reemplaza el artículo 138 por otro, en que se regulan detalladamente los convenios de provisión de puestos de trabajo.

El H. Senador señor Calderón hizo llegar sendas indicaciones a las letras a) y f) del artículo 138, la primera tendente a señalar que la garantía del empleador debe consistir en asegurar al trabajador la percepción del valor de un ingreso mínimo en cada mes y no en cada trimestre, y la segunda para establecer como duración periódica de los convenios que no sean indefinidos, el plazo de seis meses en lugar del de tres meses.

- Sometidas conjuntamente a votación, fueron desechadas con la votación negativa de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y la favorable del H. Senador señor Calderón. No votó el H. Senador señor Pérez.

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El H. Senador señor Calderón suscribió indicación para incluir un número nuevo, en que se agrega un artículo 138-A al Código del Trabajo.

El artículo propuesto concede derecho a descanso a los trabajadores portuarios eventuales de un día hábil por cada veinte turnos, o fracción igual o superior a diez, servidos durante un año para uno o varios empleadores, quienes, en este último caso, concurrirán proporcionalmente al pago del beneficio. La remuneración de cada día de feriado se determinará dividiendo el total de las remuneraciones percibidas durante el año por el número de turnos laborados.

- Se desechó, con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto afirmativo de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

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Número 37

Sustituye el artículo 139, relacionado con los documentos que el empleador debe remitir a la autoridad marítima y la oportunidad en que ha de efectuar esa remisión.

- Fue aprobado por unanimidad.

Número 38

Reemplaza el artículo 145, referente a la jornada diaria y a los descansos de los trabajadores de casa particular, distinguiendo al efecto si viven en la casa del empleador o no lo hacen.

Si no viven en ella, su jornada no puede exceder de 12 horas diarias, con un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada. En lo que respecta a quienes vivan en ella, se amplía el actual descanso absoluto mínimo de 10 a 12 horas diarias, del cual una parte muy sustantiva será otorgado en forma ininterrumpida, por cuanto deberán tener un mínimo de 9 horas diarias entre el término de una jornada diaria y el inicio de la del día siguiente.

- Se aprobó unánimemente.

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Los HH. Senadores señores Calderón y Palza hicieron llegar indicación para intercalar un numerando nuevo, que consulta el reemplazo del artículo 146 del Código del Trabajo.

El artículo que propusieron mantiene el derecho de los trabajadores de casa particular a un día completo de descanso a la semana, que puede ser fraccionado en dos medios a petición del trabajador, pero referido solamente a aquellos que vivan en la casa del empleador. El descanso semanal de los que no vivan en ella se regirá por las normas generales del Código del Trabajo. Además, establece que los días de descanso facultan a los trabajadores a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente.

- La indicación fue aprobada con los votos a favor de sus autores, y el voto discrepante del H. Senador señor Thayer.

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Número 39

Agrega un inciso al artículo 147, en que se prescribe para los trabajadores de casa particular una remuneración mínima en dinero, no inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en casa del empleador y a las tres cuartas partes de dicho ingreso mínimo, en el caso de los que viven fuera de ella.

El H. Senador señor Calderón formuló indicación para sustituir el inciso que se agrega al artículo 147 del Código, en el sentido de que la remuneración en dinero no podrá ser inferior al monto del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que viven fuera de la casa del empleador y a las tres cuartas partes de aquél, en el caso de los que viven en ella.

- Resultó rechazada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto favorable de su autor.

- El numerando quedó aprobado con la votación inversa.

ARTICULO 2°.-

Introduce modificaciones al Libro II del Código del Trabajo, que se consignan en 6 numerales.

Número 1

Reemplaza el artículo 171, especificando las obligaciones del empleador en lo que respecta al resguardo de la vida y salud de los trabajadores, y al acceso a atención médica, hospitalaria y farmacéutica, en caso de accidentes o emergencias en el trabajo.

- Fue acogido por unanimidad.

Número 2

Agrega un artículo 173-A nuevo, mediante el cual se prohíbe la realización por el trabajador de faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad, calificación que será efectuada por el organismo competente.

El H. Senador señor Thayer se mostró partidario de la idea de no consagrar normas discriminatorias, pero tuvo la aprensión de que, al no exigirse que las faenas sean adecuadas al sexo del trabajador o una salvedad en ese sentido, el empleador, amparándose en el "ius variandi" que le reconoce el artículo 12 del Código, pudiese destinar a una trabajadora a labores que le resulten particularmente incómodas.

- Se aprobó por unanimidad.

Número 3

Sustituye el artículo 181, relativo al descanso pre y post natal, con el objeto de conceder al padre el beneficio del permiso posterior al parto o el resto de éste, en el caso de que la madre muera en el parto o como consecuencia directa de él.

- Fue aprobado por unanimidad.

Con todo, el H. Senador señor Thayer hizo ver la conveniencia de distinguir en esta norma si muere o no el hijo, porque, si fallece, es razonable reconocerle el derecho a permiso a la madre, pero no al padre.

Número 4

Reemplaza el artículo 185, sobre atención en el hogar al hijo enfermo menor de un año, caso en el cual se mantiene el derecho al permiso y al correspondiente subsidio para la madre trabajadora.

Se añade además la posibilidad de que, si ambos padres trabajan, cualquiera de ellos, a elección de la madre, pueda gozar de esos beneficios, que corresponderán al padre cuando la madre hubiese fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

De estos mismos beneficios gozará la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la ley N° 18.703, o su cónyuge.

Finalmente, y para el caso de que estos beneficios sean obtenidos en forma indebida, se establece la responsabilidad solidaria de los trabajadores involucrados en la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que les pudieren corresponder.

La inclusión de la mujer trabajadora que está iniciando un proceso de adopción obedece a razones de sistematización legal, toda vez que está contemplada en el artículo 3° de la ley N° 18.867, cuerpo legal que estableció asimismo la forma de cálculo de estos subsidios por incapacidad laboral.

- Tuvo acogida unánime, introduciéndose dos cambios formales.

Número 5

Incorpora, a continuación del artículo 185, un artículo 185-A, por el que se otorga el derecho a gozar de permiso y de subsidio a la trabajadora que tenga a su cuidado un niño menor de seis meses, respecto del cual se encuentre tramitando el juicio de adopción plena -beneficios que se extenderán durante la tramitación del juicio, hasta por doce semanas-, y se regulan los requisitos que deberá cumplir para poder impetrarlos.

De esa forma se recoge lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.867, que estableció esos derechos para la trabajadora en vías de adopción de un menor.

Tuvo presente la Comisión que esta norma, así como la anterior, está sujeta a la eventual modificación que derive del proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, derogando la ley N° 18.703, (Boletín N° 691-07), en estudio en la H. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación.

- Resultó aprobado unánimemente.

Número 6

Agrega una oración al artículo 186, estableciendo un plazo de 60 días para que la afectada haga valer el derecho al fuero maternal, en caso de que el empleador ponga término a su contrato de trabajo por ignorancia del estado de embarazo.

- Quedó aprobado por unanimidad.

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El H. Senador señor Calderón presentó indicación para incluir un número nuevo, por el cual se reemplaza el inciso final del artículo 186 del Código, que dispone que el fuero maternal no es aplicable a las trabajadoras de casa particular, estableciendo en cambio que el fuero maternal de las trabajadoras de casa particular se extenderá desde el momento del embarazo hasta la expiración del descanso de maternidad posterior al parto.

- Resultó desechada con los votos en contra de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto afirmativo de su autor.

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ARTICULO 3°.-

Modifica el Libro V del Código del Trabajo, en 24 numerales.

Número 1

Reemplaza el artículo 400, sobre notificaciones en el procedimiento laboral, regulando la primera notificación a las partes, los funcionarios encargados de efectuar las notificaciones personales y por cédula, y los lugares hábiles para efectuar la notificación al demandado.

- Fue aprobado unánimemente.

Número 2

Sustituye el artículo 405, estableciendo la notificación por carta certificada como el sistema general de practicar dicha actuación judicial, sin perjuicio de la facultad del tribunal para disponer, en casos calificados, que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

El hecho de haberse dictado sentencia definitiva y de haber recaído otras resoluciones en el proceso deberá anotarse en un registro diario que al efecto llevará el Secretario, que se mantendrá en lugar visible. Las omisiones o defectos en que se incurra en estos registros no afectarán la validez de las respectivas notificaciones.

La Comisión concordó en que estas disposiciones sobre notificación por carta certificada deben tenerse presente para cuando se adopte la decisión de permitir la negociación colectiva en la Empresa de Correos de Chile -la cual, según informó el señor Subsecretario del Trabajo, se está evaluando-, a fin de prevenir los efectos que podría ocasionar en los juicios laborales pendientes una eventual huelga de esos trabajadores.

- Se aprobó en forma unánime.

Número 3

Reemplaza el inciso primero del artículo 406 por dos incisos, que disponen la gratuidad de las notificaciones para los trabajadores y para las partes que gocen del privilegio de pobreza, salvo cuando los trabajadores se encuentren trabajando al momento de interposición de la demanda y su remuneración mensual sea superior a cinco ingresos mínimos mensuales.

- Recibió aprobación unánime.

Número 4

Sustituye el número 3 del artículo 410, que dispone que, en el escrito de contestación de la demanda, deben presentarse todas las excepciones que se opongan y los fundamentos de derecho en que se apoyan, sin que sea admisible su interposición posterior.

En el Mensaje del Ejecutivo, la sustitución de este numerando se fundaba en cuanto el texto que se proponía incorporaba como menciones obligatorias de la contestación de la demanda la de las defensas que se opongan y los fundamentos de hecho de las defensas y excepciones. Al haber sido desechados esos cambios por la Honorable Cámara de Diputados, el texto queda igual que la norma vigente, por lo cual la Comisión estimó procedente suprimir este número.

- Se rechazó por unanimidad.

Número 5

Reemplaza el artículo 411, concediendo al actor plazo para contestar las excepciones dilatorias o la reconvención deducida por el demandado, luego de lo cual se concentra el procedimiento en una audiencia de conciliación y prueba.

- Quedó aprobado con el solo voto en contra del H. Senador señor Thayer, quien declaró preferir la separación de audiencias para la conciliación y la prueba, estimando que de otra forma se perjudica la expectativa real de obtener dicha conciliación.

Número 6

Cambia el artículo 412, otorgando al juez la facultad de presentar las bases que estime conducentes para lograr una conciliación, y si ésta se produce, el acta en que conste se estimará como sentencia ejecutoriada.

- Fue acogido unánimemente.

Número 7

Reemplaza el artículo 413, ordenando que, en caso de que no se produzca la conciliación en la audiencia respectiva, se rendirá la prueba, salvo que la causa no haya sido recibida a prueba, en cuyo caso citará a las partes a oír sentencia.

- Se aprobó con el solo voto en contra del H. Senador señor Thayer, quien anotó lo delicado que resulta la prueba de testigos para la parte laboral, ya que éstos son normalmente trabajadores que tienen que pedir permiso para ir a declarar y, si no se efectúa la audiencia, les es muy difícil obtenerlo de nuevo.

Número 8

Sustituye el artículo 414, regulando la oportunidad para pedir la confesión judicial y para entregar el pliego de posiciones, así como la claridad y pertinencia de dichas posiciones.

- Resultó aprobado por unanimidad.

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La Comisión acordó, por unanimidad, intercalar un numerando nuevo que derogue el artículo 415 del Código del Trabajo, por cuanto perdió razón de ser al estar comprendida la materia que allí se regula, esto es, la recepción de las pruebas en primera instancia, en el nuevo artículo 413. Pidió el H. Senador señor Hormazábal dejar constancia que de esa manera se recoge una de las sugerencias hechas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Expresaron los señores representantes del Ejecutivo que en el artículo 415 debería considerarse el contenido del actual artículo 422 del Código del Trabajo, que no está recogido en el proyecto por lo que estimaron una inadvertencia.

Número 9

Reemplaza el artículo 416, estableciendo que la oportunidad procesal para rendir la prueba instrumental será la audiencia de conciliación y prueba y sólo excepcionalmente podrá efectuarse con posterioridad.

- Se aprobó por unanimidad.

Número 10

Cambia el artículo 417 por otro, en el que faculta al tribunal para que arbitre los medios tendentes al expedito cumplimiento de la exhibición de documentos, y ordene el arresto de la parte que no efectuare la exhibición en la primera oportunidad que se haya fijado.

- Fue aprobado unánimemente, con un solo cambio formal.

Número 11

Sustituye el artículo 418 por uno nuevo, que regula el número de testigos de cada parte por cada punto de prueba, la presentación de la lista de testigos y la citación de los mismos.

- Recibió aprobación unánime.

Número 12

Reemplaza el artículo 419, manteniendo la habilidad del testigo para el caso de que sea dependiente de la parte que lo presenta, o litigue o haya litigado en juicio de la misma naturaleza con la parte contraria.

- Fue acogido unánimemente.

Número 13

Sustituye el artículo 420 por otro, que contiene las disposiciones a seguir para la recepción de la prueba testimonial.

- Tuvo aprobación unánime.

Número 14

Reemplaza el artículo 421 por uno nuevo, relativo a las preguntas de tachas por inhabilidad de los testigos y a la oportunidad procesal para la resolución de las que se deduzcan.

- Resultó aprobado por unanimidad, con la sola modificación de consignar en plural la palabra "impedirá".

Número 15

Cambia el artículo 422 por otro que prohíbe la prueba testimonial respecto de las tachas, facultando a las partes a acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.

- Fue aprobado por unanimidad.

Número 16

Elimina el artículo 423, norma que señala los requisitos que deben reunir las posiciones que contenga el pliego, por estar contemplada en el nuevo inciso tercero del artículo 414 del Código del Trabajo, que se propone en el numeral 8 de este artículo.

- Se acogió unánimemente.

Número 17

Reemplaza el inciso primero del artículo 427, manteniendo la obligación del tribunal de citar a las partes a oír sentencia una vez terminada la recepción de la prueba, si no existen diligencias pendientes.

- Recibió acogida unánime.

Número 18

Agrega al artículo 429 un inciso final, por el que faculta al tribunal a otorgar valor de presunción judicial a los dichos de los testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

- Se aprobó unánimemente.

Número 19

Modifica el artículo 432 en dos sentidos. En la letra a), obliga al tribunal a condenar en costas, en la sentencia definitiva, a la parte vencida, y, si la demanda se acoge parcialmente, en proporción a lo obtenido por el actor. En la letra b), señala los requisitos que debe tener la sentencia en caso de que el juez haga uso de su facultad de fallar en la misma audiencia, por no haber sido procedente recibir la causa a prueba.

La norma contenida en la letra a) de esta disposición dio lugar a un intenso intercambio de pareceres.

Los señores representantes del Ejecutivo señalaron que quiere prever el caso de que el trabajador gane íntegramente el juicio, salvo una pequeña prestación solicitada en la demanda, porque no la logró probar o por otros motivos. En ese evento, aplicando las reglas generales, la parte contraria no fue totalmente vencida, y no habría condenación en costas.

En el seno de la Comisión se discrepó de la conveniencia de establecer el principio general de que siempre deba condenarse en costas a la parte vencida. La norma actual faculta al tribunal para absolverla de su pago, expresando los motivos que lo inspiran. Se juzgó aconsejable no privar al tribunal de ese poder de apreciación, fundado en el mérito de los autos, por diversas consideraciones, entre ellas, por cuanto hay asuntos que pueden ser sumamente discutibles, y porque podría ponerse en una difícil situación al trabajador que perdiera el juicio y, adicionalmente, recibiría la condena en costas, lo que le puede ocurrir tanto como actor como demandado, esto último, por ejemplo, en los juicios de desafuero.

- Puestas en votación separadamente ambas letras, la letra a) quedó rechazada por unanimidad, y la letra b) acogida, con igual votación, por lo que se acordó efectuar los consiguientes cambios formales.

Número 20

Reemplaza el artículo 442 por uno nuevo, limitando la prueba en la segunda instancia solamente a la documental.

- Se aprobó por unanimidad.

Número 21

Cambia el artículo 444, estableciendo un sistema preferencial para la vista de las causas laborales en segunda instancia.

- Quedó aprobado unánimemente.

Número 22

Añade un articulo 447-A, donde se regula un procedimiento laboral sumarísimo, opcional para el trabajador, en caso de que la cuantía de lo disputado no exceda de 4 ingresos mínimos.

- Se acogió por unanimidad, con tres cambios de forma.

Número 23

Agrega al artículo 450 un inciso nuevo, que consagra la falta de obligatoriedad para los tribunales de la interpretación administrativa que hagan la Dirección del Trabajo y otros servicios respecto de la legislación laboral.

- Fue aprobado en forma unánime.

Número 24

Incorpora un artículo 451-A, sancionando con multa a beneficio fiscal, que aplicarán los juzgados de letras del trabajo, a aquellos empleadores que, en forma dolosa, mediante la simulación de contratación de trabajadores o el uso de subterfugios para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, pretendan eludir el cumplimiento de la ley o la convención.

- Se aprobó por unanimidad, con la sola supresión de la frase "en forma dolosa", por innecesaria, toda vez que las conductas mismas de simulación de la contratación de trabajadores o el uso de subterfugios ya configuran una infracción que debe ser sancionada.

ARTICULO 4°.-

Reemplaza el artículo 2472 del Código Civil, relativo a los créditos comprendidos en la primera clase -para los efectos de la prelación de créditos-, estableciendo, en su número 8, que, en materia de indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, la preferencia tendrá un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, por cada trabajador, hasta un tope de 10 años.

La Comisión tuvo en cuenta que, en el proyecto de ley que establece y modifica normas previsionales y sobre procedimiento en juicios que indica (Boletín N° 603-13), ya despachado por el H. Senado en primer trámite constitucional, consultó una disposición que incorpora un inciso al artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, en cuya virtud las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en el N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, esto es, el correspondiente a las remuneraciones, toda vez que las cotizaciones se deducen de ellas.

- Tuvo acogida unánime.

ARTICULO 5°.-

Modifica en dos aspectos el artículo 148 de la ley N° 18.175, sobre quiebras.

Número 1

Reemplaza el inciso cuarto de dicho artículo por dos nuevos que regulan el pago de los créditos por indemnizaciones de origen laboral, tanto convencionales como legales.

- Recibió aprobación unánime.

Número 2

Agrega un inciso final, que consagra la preferencia de los créditos de primera clase contemplados en el Código Civil por sobre los preferentes o privilegiados establecidos en leyes especiales.

Recordó la Comisión que, en el mencionado proyecto de ley Boletín N° 603-13, precisó, en la misma norma antes aludida, que el privilegio de las cotizaciones al nuevo sistema de pensiones se conserva por sobre los derechos de prenda y otras garantías establecidas en leyes especiales, esto es, se pronunció en el mismo sentido que el número en análisis.

- Fue aprobado por unanimidad.

ARTICULO 6°.-

Permite la organización de Asociaciones de Pensionados conforme a las normas del decreto ley N° 2757, de 1978, sobre asociaciones gremiales.

- Se aprobó unánimemente.

ARTICULO 7°.-

Faculta a los empleadores para capacitar a los trabajadores portuarios afectos a convenios de provisión de puestos de trabajo, haciendo uso de las franquicias contempladas en el Estatuto de Capacitación y Empleo.

Dicho Estatuto está contemplado en el decreto ley N° 1.446, de 1976, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto con fuerza de ley N° 1, de Trabajo y Previsión Social, de 1989.

El artículo 21 de ese cuerpo legal permite, en general, a los contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que descuenten, del monto a pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados para el financiamiento de programas de capacitación ocupacional de sus trabajadores efectuados dentro del territorio nacional, con un máximo equivalente al uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso.

- Tuvo aceptación unánime.

ARTICULO 8°.-

Interpreta la ley N° 19.010, sobre terminación del contrato de trabajo, en el sentido de que los derechos y beneficios pactados como consecuencia de la aplicación del artículo 155 letra F del Código del Trabajo -vale decir, el desahucio por parte del empleador-, y las menciones legales a esta disposición, deben entenderse referidos a la causal de terminación del contrato de trabajo prevista en el inciso primero del artículo 32 de la ley Nº 19.010, esto es, las necesidades de la empresa.

El H. Senador señor Hormazábal solicitó a los señores representantes del Ejecutivo que hicieran llegar a la Comisión la nómina de las leyes que se encontrarían en la situación a que se refiere este artículo, o sea, aquellas que aluden a la causal de terminación del contrato de trabajo ahora derogada.

- Recibió aprobación unánime.

ARTICULO 9°.-

Reemplaza el artículo 6° de la ley Nº 17.322, sobre cobranza de cotizaciones previsionales, prescribiendo que la notificación de la demanda y el requerimiento de pago se regirán por las normas sobre ejecución de las resoluciones y juicio ejecutivo del Código del Trabajo, actuaciones que deberán cumplirse por los receptores laborales y en ausencia o impedimento de éstos por un empleado del tribunal o por Carabineros, a los que la institución ejecutante pagará por cada actuación los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento.

- Fue aprobado por unanimidad, con una modificación destinada a aclarar que los funcionarios de Carabineros de Chile no recibirán pago por las diligencias que ejecuten.

ARTICULO 10.-

Sustituye el inciso cuarto del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, incorporando entre las personas liberadas de la exigencia de consignación previa para interponer recursos de queja, a los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo.

- Se aprobó en forma unánime.

ARTICULO 11.-

Sujeta a los vigilantes privados y a las personas que desarrollen labores de nochero, portero, rondín o similar, a las disposiciones del decreto ley 3.607, de 1981, en lo que se refiere a su jornada de trabajo.

Ese texto normativo, a su vez, establece la duración de la jornada ordinaria de trabajo en 48 horas semanales para los vigilantes privados, en su artículo 5°, y para las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u obras de similar carácter, en su artículo 5° bis, respectivamente.

El H. Senador señor Palza hizo saber su interés de conocer mayores antecedentes sobre la situación de estos trabajadores cuando trabajan de noche, puesto que se le ha informado que, considerando que la duración de su jornada es la normal, se les presentan dificultades en relación con las horas en que deben ingresar a sus labores y en que salen de las mismas.

- Fue aprobado por unanimidad.

ARTICULO 12.-

Faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que refunda, coordine y sistematice las normas de las leyes N° 19.010, 19.049, 19.069, las de los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley y las de la ley N° 18.620 que se encuentren vigentes.

El H. Senador señor Thayer observó que preceptos similares a éste se vienen repitiendo desde hace tiempo, y hay que entender que no derogan las facultades que tiene legalmente la Editorial Jurídica de Chile para la edición de los Códigos, sino que, por el contrario, se complementan, como ocurre de hecho.

- Fue aprobado por unanimidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1°

Fija la remuneración mínima de los trabajadores mayores de 65 años en $ 28.400.

El H. Senador señor Calderón formuló indicación para suprimir esta norma, sosteniendo que es discriminatoria con estos trabajadores, y que, personalmente, considera que nadie debe ganar menos que el mínimo legal.

Los señores representantes del Ejecutivo apuntaron que es una discriminación sólo aparente, porque la propuesta se traduce en que recibirán el líquido de la remuneración, considerando sólo la rebaja por concepto de cotizaciones para salud, y no las otras cotizaciones, porque a esa edad ya habrán jubilado. Informaron que, con el objeto de actualizar el valor consignado en este artículo de acuerdo al monto del ingreso mínimo vigente, -establecido en la ley N° 19.142, de 29 de mayo del año en curso-, se formulará oportunamente indicación a este artículo.

En el seno de la Comisión se emitieron opiniones concordantes, en el sentido de que es conveniente dar una nueva redacción a este precepto, a fin de evitar dar la idea de discriminación y reflejar en mejor medida los elementos que sirven de base para la determinación de esta remuneración mínima, lo que, al mismo tiempo, podría servir para que se reajuste automáticamente, sin necesidad de dictar una ley para cada oportunidad.

- La indicación del H. Senador señor Calderón fue rechazada, al computarse los votos desfavorables de los HH. Senadores señores Palza y Thayer, y el voto afirmativo de su autor. No votó el H. Senador señor Pérez.

- El artículo quedó aprobado con la votación inversa.

ARTICULO 2°

Establece la entrada en vigencia de las disposiciones de la ley a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, con las excepciones que consigna en cuatro letras:

En su letra a) dispone que la norma referente al día de descanso dominical obligatorio de los trabajadores del comercio y de servicios que atiendan directamente al público entrará a regir 90 días después de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

En su letra b) prescribe que la consideración del promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, para determinar la remuneración por los días domingo y festivos del trabajador remunerado exclusivamente por día, y el carácter extraordinario que tendrá para los efectos del pago la jornada de la gente de mar que exceda de 48 horas semanales, comenzarán a aplicarse a partir del primer día del mes subsiguiente al de inicio de vigencia de la ley, con las modalidades que indica.

En su letra c) señala que los nuevos días de feriado adicional de aquellos trabajadores que hayan prestado servicios por más de diez años, cada tres nuevos años, se agregarán a razón de un día por año calendario, a partir del inicio de 1992.

Finalmente, en su letra d) establece que las remuneraciones mínimas de los trabajadores de casa particular se harán exigibles a partir de la entrada en vigencia de la primera ley que, desde el 12 de enero de 1992, reajuste el ingreso mínimo mensual.

En atención a la necesidad de actualizar la referencia contenida en la letra d), la Comisión consideró inconveniente fijar una época muy cercana para la entrada en vigor de ese nuevo precepto, para lo cual estimó apropiado señalar, para ese efecto, el primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de la ley.

- Quedó aprobado por unanimidad, con la expresada modificación a la letra f).

ARTICULO 3°

Prescribe que las enmiendas introducidas a las normas sobre prelación de créditos, en lo relativo a los montos, extensión y forma de pago de las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, no afectarán a los juicios pendientes a la fecha de vigencia de esta ley ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a la misma fecha.

- Fue aprobado en forma unánime.

ARTICULO 4°

Faculta a las organizaciones de pensionados y montepiadas con personalidad jurídica para adecuar sus estatutos a las normas sobre asociaciones gremiales, que regirán las Asociaciones de Pensionados.

- Se aprobó por unanimidad.

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Los señores representantes del Ejecutivo, como se habla convenido al aprobar, en el artículo 1º Nº 3 del proyecto, la derogación del artículo 15 del Código del Trabajo, sugirieron una redacción para un nuevo artículo transitorio, en el cual se establece una fecha especial para la entrada en vigencia de dicha derogación, en lo que respecta al trabajo minero subterráneo de las mujeres, correspondiente a la oportunidad en que nuestro país dejará de estar obligado por el Convenio Nº 45 de la Organización Internacional del Trabajo.

- Por unanimidad, la Comisión resolvió agregar al proyecto un artículo 5º transitorio, en los términos expresados.

- - - -

En atención a los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social os propone aprobar el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

ARTICULO 1°

N° 1

Sustituirlo por el siguiente:

"1.- Reemplázase el inciso final del artículo 6°, por el siguiente:

"Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado."."

- - - -

Entre los números 1 y 2, intercalar un número nuevo, del siguiente tenor:

"2.- Sustituyese el inciso tercero del artículo 8°, por el siguiente:

"No hacen presumir la existencia de dicho contrato los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.".".

- - -

Entre los números 2 y 3, que pasan a ser 3 y 5, respectivamente, considerar un número nuevo, en los siguientes términos:

"4.- Sustituyese el inciso primero del artículo 11 por el siguiente:

"Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la misma sanción establecidos en el inciso segundo del artículo 9°.".".

- - - -

Entre los números 3 y 4, que pasan a ser 5 y 7, respectivamente, incluir un número nuevo, en la forma que sigue:

"6.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 23, por el siguiente:

"Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados expresamente de acuerdo a este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.".

- - - -

N° 4 (pasa a ser N° 7)

Sustituirlo por el siguiente:

"7.- Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Artículo 23-A.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos diarios, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a ocho horas.

Los descansos podrán cumplirse a bordo o en tierra, según las necesidades de las faenas, las que determinará el capitán o patrón.

En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.".

N° 10 (pasa a ser N° 13)

Reemplazar la palabra "uno" por el vocablo "dos", y poner en plural la forma verbal "deberá".

- - - -

Entre los números 16 y 17, que pasan a ser 19 y 21, consultar un número nuevo, del siguiente tenor:

"20.- Intercálase en el artículo 65 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en las regiones I de Tarapacá, II de Antofagasta, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de veinticinco días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior podrá ser negociado individual o colectivamente.".

Entre los números 19 y 20, que pasan a ser 23 y 25, intercalar el número nuevo que sigue:

"24.- Derógase el artículo 68.".

- - - -

Entre los números 21 y 22, que pasan a ser 26 y 28, incluir el siguiente, nuevo:

"27.- Sustituyese, en el inciso final del artículo 72, la frase "y en la compensación del exceso a que alude el artículo 66", por la oración "y en la compensación de los excesos a que aluden los artículos 65, inciso segundo, y 66".".

N° 22 (pasa a ser N° 28)

En el artículo 91-B que se agrega, inciso segundo, reemplazar la frase "tengan una duración" por la forma verbal "sea".

- - - -

Entre los números 30 y 31, que pasan a ser 36 y 38, contemplar el siguiente, nuevo:

“37.- En el artículo 122, entre las expresiones "A los" y "tripulantes que", agréganse las palabras "oficiales y".

- - - -

Entre los números 38 y 39, que pasan a ser 45 y 47, intercalar el siguiente, nuevo:

“46.- Sustitúyese el artículo 146, por el siguiente:

"Artículo 146.- El descanso semanal de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, se regirá por las normas generales del párrafo 4, Capítulo IV, Título I, de este Libro.

Los trabajadores que vivan en la casa del empleador tendrán derecho a un día completo de descanso a la semana, el cual podrá ser fraccionado en dos medios, a petición del trabajador.

Los días de descanso facultan a los trabajadores a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente.".".

- - - -

ARTICULO 2°

N° 4

En el inciso primero del artículo 185, poner en singular la forma verbal "podrán", y reemplazar la oración "o tuviere la tuición" por la frase "o él tuviere la tuición".

ARTICULO 3°

N° 4

Eliminarlo.

Entre los números 8 que pasa a ser 7, y 9, incorporar el siguiente número, nuevo:

"8.- Derógase el artículo 415.".

- - - -

N° 10

Sustituir la forma verbal "ordenar" por "disponer".

N° 14

Colocar en plural la forma verbal "impedirá".

N° 19

Eliminar la letra a), reemplazando el encabezamiento de este número y de la letra b) por el siguiente:

"Agrégase en el artículo 432 el siguiente inciso final:".

N° 22

En el inciso primero, consultar en plural la palabra "mínimo".

En el inciso tercero, intercalar entre las expresiones "cualquiera persona" y "de dicho domicilio" la palabra "adulta".

En el inciso cuarto, colocar en plural el adverbio "todo".

N° 24

En el inciso primero, suprimir la frase "en forma dolosa" y las comas entre las cuales está ubicada.

ARTICULO 9°

En el inciso segundo de reemplazo, sustituir la frase "a que se refiere el inciso anterior" por la oración "a que corresponda".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 2°

Reemplazar la letra d) por la que sigue:

"d) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de esta ley.".

- - -

Agregar el siguiente artículo 5º:

"ARTICULO 5°.- La derogación del artículo 15 del Código del Trabajo, en cuanto se refiere al trabajo minero subterráneo relativo a las mujeres, entrará en vigencia el 17 de marzo de 1996.".

- - - -

Consecuentemente, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"ARTICULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley Nº 18.620:

1.- Reemplázase el inciso final del artículo 6º, por el siguiente:

"Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.".

2.- Sustituyese el inciso tercero del artículo 8°, por el siguiente:

"No hacen presumir la existencia de dicho contrato los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.".

3.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 9º, por los siguientes:

"Artículo 9°.- El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales.".

4.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 11 por el siguiente:

"Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la misma sanción establecidos en el inciso segundo del artículo 9°.".

5.- Derógase el artículo 15.

6.- Reemplázase segundo del artículo 23, por el siguiente:

"Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados expresamente de acuerdo a este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.".

7.- Agrégase el siguiente artículo 23-A.

“Artículo 23-A.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos diarios, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a ocho horas.

Los descansos podrán cumplirse a bordo o en tierra, según las necesidades de las faenas, las que determinará el capitán o patrón.

En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.".

8.- Reemplázase el artículo 25, por el siguiente:

"Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de ciento noventa y dos horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada, cuya retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas. En ningún caso, el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas.".

9.- Agrégase el siguiente artículo 25-B:

“Artículo 25-B.- Si en la locomoción colectiva urbana, las partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de duración, con un descanso mínimo de ocho horas entre turno y turno. En todo caso, los choferes de la locomoción colectiva urbana no podrán manejar más de tres horas continuas.".

10.- Reemplázase el artículo 26, por el siguiente:

“Artículo 26.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.".

11.- Derógase el inciso segundo del artículo 29.

12.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 37, por el siguiente:

“Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 35. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de las labores.".

13.- Intercálase en el artículo 37, el siguiente inciso cuarto, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el Nº 7 del inciso primero, al menos dos de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.".

14.- Derógase el inciso cuarto del artículo 43.

15.- Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:

"Artículo 44.- El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34.".

16.- Reemplázase el inciso primero del artículo 47, por el siguiente:

"Artículo 47.- Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador.".

17.- Reemplázase el inciso primero del artículo 57, por el siguiente:

"Artículo 57.- El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.".

18.- Reemplázanse los incisos tercero y cuarto del artículo 60, por los siguientes:

"Para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el número 8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputarán al máximo referido.".

19.- Reemplázase el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente:

“Del feriado anual y de los permisos.”.

20.- Intercálase en el artículo 65 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en las regiones I de Tarapacá, II de Antofagasta, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de veinticinco días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior podrá ser negociado individual o colectivamente.".

21.- Agrégase, a continuación del artículo 65, el siguiente artículo:

“Artículo 65-A.- En los casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine.".

22.- Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.".

23.- Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

“Artículo 67.- Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.”.

24.- Derógase el artículo 68.

25.- Agrégase al artículo 69, el siguiente inciso:

“El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.".

26.- Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos:

“Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquél y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.".

27.- Sustitúyese, en el inciso final del artículo 72, la frase "y en la compensación del exceso a que alude el artículo 66", por la oración "y en la compensación de los excesos a que aluden los artículos 65, inciso segundo, y 66".

28.- Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

"Párrafo 1º

Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada.

Artículo 91-A.- Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afines.

Artículo 91-B.- El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata sea superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-C.- Cuando, por las características de las faenas de temporada de que se trate, el trabajador no tenga donde pernoctar, el empleador deberá proporcionarle alojamiento, el que deberá reunir condiciones de higiene y seguridad acordes con las características de la zona, las condiciones climáticas y demás propias de la faena de que se trate.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En las faenas a que se refieren los incisos anteriores, el empleador deberá colocar a disposición de los trabajadores que lo requieran, los medios de movilización adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que acceden medios de transporte público, o si no los hubiere, entre éstas y el lugar de su residencia, siempre que entre ambos puntos medie una distancia igual o superior a 3 kilómetros.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.".

29.- Reemplázase el nombre del párrafo 1º del Capítulo III del Libro I, por el siguiente:

"Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional.".

30.- Reemplázase el artículo 92, por el siguiente:

"Artículo 92.- Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.".

31.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 93, por el siguiente:

“El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

32.- Derógase el artículo 96.

33.- Reemplázase el artículo 98, por el siguiente:

“Artículo 98.- Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12.".

34.- Agrégase en el artículo 103, el siguiente inciso tercero:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31.".

35.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 108, por el siguiente:

"El empleador deberá otorgar, al término del embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.".

36.- Reemplázase el artículo 114, por el siguiente:

“Artículo 114.- No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor.

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional.

c) cuando sea necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento.".

37.- En el artículo 122, entre las expresiones "A los" y "tripulantes que", agréganse las palabras "oficiales y".

38.- Reemplázase en el artículo 123, el número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"1. el enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por los sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador.".

39.- Reemplázase el artículo 130, por el siguiente:

"Artículo 130.- Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.".

40.- Agrégase el siguiente artículo 130-A:

"Artículo 130-A.- El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquél conviene en ejecutar una o más labores especificas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquél o aquéllos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138 y no tendrán carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.".

41.- Reemplázanse los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133, por los siguientes:

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del turno respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 130-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el turno correspondiente en las condiciones establecidas en aquéllos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente.".

42.- Agrégase en el artículo 135, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en éste se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.".

43.- Reemplázase el artículo 138, por el siguiente:

"Artículo 138.- Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a) Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento en lo que respecta a las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directorios respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.- La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.- Las remuneraciones por turno o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.- El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose además, constancia de ésta.

4.- El modo como se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f) Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, el o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrán carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.".

44.- Reemplázase el artículo 139, por el siguiente:

"Artículo 139.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 130, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo turno, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.".

45.- Reemplázase el artículo 145, por el siguiente:

"Artículo 145.- La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador.".

46.- Sustitúyese el artículo 146, por el siguiente:

"Artículo 146.- El descanso semanal de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, se regirá por las normas generales del párrafo 4, Capítulo IV, Título I, de este Libro.

Los trabajadores que vivan en la casa del empleador tendrán derecho a un día completo de descanso a la semana, el cual podrá ser fraccionado en dos medios, a petición del trabajador.

Los días de descanso facultan a los trabajadores a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente.".

47.- Agrégase en el artículo 147, el siguiente inciso:

"En todo caso, la remuneración en dinero no podrá ser inferior a las dos terceras partes del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que vivan en la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que viven fuera de ella.".

ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 171, por el siguiente:

"Artículo 171.- El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.".

2.- Agrégase el siguiente artículo 173-A:

"Artículo 173-A.- No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley.".

"Artículo 181.- Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o como consecuencia directa de él, el permiso posterior al parto o el resto de éste, corresponderá al padre.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.".

4.- Reemplázase el artículo 185, por el siguiente:

"Artículo 185.- Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la ley Nº 18.703, o su cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.".

5.- Agrégase a continuación del artículo 185, el siguiente artículo:

“Artículo 185-A.- Toda mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena de éste en los términos del Título III de la ley Nº 18.703, tendrá derecho a permiso y subsidio que se mantendrá durante la tramitación de aquél hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso, necesariamente deberán acompañarse una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca el juicio de adopción plena en el cual se acredite su estado de tramitación.".

6.- Agrégase la siguiente oración al inciso segundo del artículo 186 del Código del Trabajo, cuyo punto final pasa a ser punto seguido:

"La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.".

ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.- Reemplázase el artículo 400, por el siguiente:

"Artículo 400.- La primera notificación al demandado deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por carta certificada.

Las notificaciones personales y por cédula se practicarán por alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el respectivo tribunal, o por un empleado del mismo designado para ello por el Juez, de oficio o a petición de parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, deberá ser practicada por Carabineros de Chile.

La notificación al demandado deberá hacerse en la morada, residencia o domicilio del notificado o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, en la casa que sirve de despacho del tribunal o en el oficio del Secretario del Juzgado, en cuyos casos la diligencia deberá ser llevada a cabo por este funcionario. Los jueces no podrán ser notificados en el local en que desempeñen sus funciones.".

2.- Reemplázase el artículo 405, por el siguiente:

"Artículo 405.- Las demás resoluciones se notificarán por carta certificada remitida por el Secretario del Tribunal o por el funcionario que se designe al efecto y se entenderá practicada el segundo día hábil siguiente a su despacho a Correos, circunstancia de la que se dejará constancia en autos.

Esta forma de notificación se hará extensiva a las resoluciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que se refiere el inciso segundo del mismo artículo y esta notificación se producirá sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.

Si la primera resolución hubiese sido notificada por aviso y los notificados no hubiesen comparecido en el juicio, las demás resoluciones que se dicten se notificarán por carta certificada, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse conforme lo dispuesto en el artículo 403.

El tribunal, en casos calificados, podrá disponer que cualquiera resolución sea notificada personalmente o por cédula.

Del hecho de haberse dictado sentencia definitiva y de la circunstancia de haber recaído resolución en un proceso, se dejará constancia en un registro diario que se confeccionará por el Secretario y que se mantendrá en una parte visible dentro del recinto en que funcione el tribunal.

Las omisiones o defectos en que se incurra en los registros diarios, no afectarán a la validez de las respectivas notificaciones.".

3.- Reemplázase el inciso primero del artículo 406, por los siguientes:

"Artículo 406.- Las notificaciones que se practiquen por los receptores o por un empleado del tribunal serán gratuitas para los trabajadores y para las partes que gocen del privilegio de pobreza.

La norma del inciso anterior no se aplicará a los trabajadores que se encuentren trabajando al momento de la interposición de la demanda y cuyas remuneraciones mensuales sean superiores a cinco ingresos mínimos mensuales.".

4.- Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"Artículo 411.- En caso que el demandado oponga excepciones dilatorias o deduzca reconvención, se concederán al actor cinco días fatales para contestarlas. La contestación a la reconvención deberá contener las mencionas a que se refiere el inciso tercero del artículo 410.

Contestada la demanda o la reconvención o planteadas las excepciones dilatorias, en su caso, o transcurridos los términos para hacerlo, el tribunal deberá de inmediato y sin más trámite citar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no inferior al quinto ni superior al decimoquinto. Asimismo, en dicha resolución el tribunal podrá pronunciarse sobre las excepciones dilatorias opuestas o bien dejar su resolución para la sentencia definitiva. Las resoluciones a que se refiere este inciso y el siguiente se notificarán por carta certificada.

Si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en la resolución a que se refiere el inciso anterior el tribunal recibirá la causa a prueba y fijará los puntos sobre los cuales deba ella recaer. Si no existiesen tales hechos, el tribunal así lo declarará. En contra de las resoluciones a que se refiere este inciso, sólo procederá el recurso de reposición.

5.- Reemplázase el artículo 412, por el siguiente:

“Artículo 412.- La audiencia se celebrará con las partes que asistan, y en ella el juez presentará, en primer término, las bases que estime conducentes para lograr una conciliación sin que las opiniones que emita al efecto puedan inhabilitarlo para seguir conociendo de la causa.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, se dejará constancia de ella en el acta de la audiencia respectiva. Dicha acta la suscribirán el juez y las partes y será autorizada por el secretario del tribunal, estimándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.”.

6.- Reemplázase el artículo 413, por el siguiente:

"Artículo 413.- Si no se produjere conciliación, en la misma audiencia el tribunal recibirá la prueba de testigos, la instrumental, la confesión judicial y cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuere pertinente y que alguna de las partes hubiere solicitado. Si no se recibe la causa a prueba, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que dictará de inmediato o a más tardar dentro de tercero día.".

7.- Reemplázase el artículo 414, por el siguiente:

"Artículo 414.- La confesión judicial podrá pedirse sólo una vez por cada parte, en los escritos de demanda y contestación o mediante solicitud posterior presentada dentro de los dos días siguientes a aquel un que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. La resolución se notificará por cédula con una anticipación mínima de tres días en relación con la fecha en que deba celebrarse el comparendo. A la parte que no haya designado domicilio se le notificará en la forma señalada en el artículo 405.

El pliego que contenga las posiciones, será entregado por la parte que haya pedido la diligencia, en sobre cerrado, al comienzo de la audiencia correspondiente.

Las posiciones deberán expresarse en términos claros y precisos de manera que puedan ser entendidos sin dificultad y deberán ser pertinentes con los hechos sobre los que debe versar la prueba. El tribunal, de oficio o a petición de parte podrá rechazar las que no cumplan dichas exigencias.".

8.- Derógase el artículo 415.

9.- Reemplázase el artículo 416, por el siguiente:

“Artículo 416.- La prueba instrumental deberá producirse en la audiencia a que se refiere el artículo 413 y sólo por causa justificada, que el tribunal resolverá de plano, será admitida con posterioridad hasta antes de la citación para oír sentencia.".

10.- Reemplázase el artículo 417, por el siguiente:

"Artículo 417.- Cuando se dé lugar a la exhibición de documentos, el tribunal arbitrará los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el menor tiempo posible. Para este efecto, podrá disponer el arresto de la parte que, sin justa causa, no llevare a cabo la exhibición en la primera oportunidad que se haya fijado.".

11.- Reemplázase el artículo 418, por el siguiente:

"Artículo 418.- Cada parte podrá presentar en la audiencia respectiva hasta dos testigos sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución pertinente. La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al comparendo, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión y domicilio de los testigos.

Si alguna parte desea que sus testigos sean citados por el tribunal, la lista a que se refiere el inciso anterior deberá ser presentada dentro de los dos días siguientes a aquel en que se notifique por carta certificada la resolución a que se refiere el artículo 411, o que quede ésta debidamente ejecutoriada, según sea el caso. En este evento, el tribunal dispondrá la citación del o los testigos, mediante carta certificada y bajo apercibimiento de arresto, en la forma que indica el inciso segundo del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.".

12.- Reemplázase el artículo 419, por el siguiente:

"Artículo 419.- El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la contraria, no invalidará su testimonio.".

13.- Reemplázase el artículo 420, por el siguiente:

“Artículo 420.- Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa y serán interrogados bajo juramento por el tribunal sobre los puntos señalados en la resolución que recibió la causa a prueba, sin perjuicio de la facultad de las partes para hacer por su conducto las repreguntas y contrainterrogaciones que fueren pertinentes; estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, lo que calificará el tribunal de inmediato y sin más trámite.".

14.- Reemplázase el artículo 421, por el siguiente:

"Artículo 421.- Antes de que presten declaración los testigos de la contraria, cada parte podrá dirigir, por intermedio del tribunal, las preguntas que fueren conducentes, con el objeto de configurar posibles inhabilidades. Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y no impedirán que se tome declaración al testigo.".

15.- Reemplázase el artículo 422, por el siguiente:

"Artículo 422.- Respecto de las tachas, no se admitirá prueba testimonial, pudiendo las partes acompañar los antecedentes en que las funden hasta la citación para oír sentencia.".

16.- Elimínase el artículo 423.

17.- Reemplázase el inciso primero del artículo 427, por el siguiente:

"Artículo 427.- Terminada la recepción de la prueba y no existiendo diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia.

18.- Agrégase en el artículo 429, el siguiente inciso final:

"El tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de testigos inhabilitados por alguna de las causales del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.".

19.- Agrégase el artículo 432 el siguiente inciso final:

"Si el juez hiciere uso de la facultad de fallar en la misma audiencia, en los términos contemplados en el inciso tercero del artículo 412, la sentencia se insertará en el acta de comparendo y contendrá sólo la individualización de las partes, los fundamentos de derecho, preceptos legales o principios de equidad en que el fallo se base, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y el pronunciamiento sobre el pago de las costas.".

20.- Reemplázase el artículo 442, por el siguiente:

"Artículo 442.- En segunda instancia sólo será admisible la prueba documental, la que deberá rendirse antes de la vista de la causa.".

21.- Reemplázase el artículo 444 por el siguiente:

"Artículo 444.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su vista y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.”.

22.- Agrégase el siguiente artículo 447-A:

“Artículo 447-A.- Si la cuantía de lo dispuesto no excede del equivalente a 4 ingresos mínimos, el trabajador podrá optar por entablar la demanda conforme al procedimiento establecido en los artículos anteriores o hacerlo ante el mismo tribunal y dentro de los mismos plazos según las disposiciones siguientes, señalándolo así expresamente.

El juzgado conocerá y resolverá la demanda en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, a la que éstas deberán concurrir con sus medios de prueba y se celebrará con la que asista.

La notificación de la demanda y la sentencia se practicará por funcionarios del juzgado o por Carabineros, personalmente o por cédula, en el domicilio de la parte respectiva. Deberá entregarse copia de la demanda, o de la sentencia, en su caso, a cualquiera persona adulta de dicho domicilio si la parte no fuere habida. Además, se dirigirá al demandado, por secretaria, carta certificada.

En todos los trámites, las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

El procedimiento tendrá una duración máxima de 15 días hábiles contados desde la notificación de la demanda.

El juez apreciará la prueba en conciencia. Las resoluciones que se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.".

23.- Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso:

"Sin embargo, la interpretación administrativa que hagan las autoridades antes aludidas, no obligarán a los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento.".

24.- Agrégase el siguiente artículo 451-A:

"Artículo 451-A.- Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales contenidas en el Capítulo I del Libro I de este Código, se sancionará con una multa a beneficio fiscal al empleador que simule la contratación de trabajadores a través de terceros o utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención.

La multa será de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, incrementándose hasta en dos unidades tributarias anuales por cada cien trabajadores afectados por la infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a tres meses.

El conocimiento y resolución de la infracción a que se refiere este artículo, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I de este Libro.

ARTICULO 4º.- Reemplázase el artículo 2472 del Código Civil por el siguiente:

"Artículo 2472.- La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;

2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;

3. Los gastos de enfermedad del deudor.

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;

5. Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;

6. Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del decreto ley Nº 3.500, de 1980;

7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses;

8.- Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;

9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo.".

ARTÍCULO 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148 de la ley 18.175:

1.- Reemplázase el inciso cuarto, por los siguientes:

"Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3º de la ley Nº 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la ley Nº 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.".

2.- Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.".

ARTICULO 6º.- Los pensionados y montepiadas podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto ley N9 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37 y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

En el nombre de las confederaciones podrán usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación" o "central".".

ARTICULO 7º.- Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130-A del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 8º.- Declárase, interpretando la ley N° 19.010, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155, letra F, del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley N° 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3º de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155, letra F, del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1º de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3º de la ley N° 19.010.

ARTICULO 9º.- Reemplázase el artículo 6º de la ley N° 17.322, por el siguiente:

"Artículo 6°.- Las notificaciones de la demanda y requerimientos de pago se regirán por las disposiciones de los artículos 433, 434 y 435 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones se cumplirán por los Receptores Laborales que sirvan el cargo en el respectivo tribunal y en ausencia o impedimento de éstos, por un empleado del mismo o por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que corresponda, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas.".

ARTICULO 10.- Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobreza.".

ARTICULO 11.- La jornada de trabajo de los vigilantes privados y de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5º y 5º bis, respectivamente, del decreto ley Nº 3.607, de 1981.

ARTICULO 12.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes Nºs. 19.010, 19.049, 19.069, las de los artículos 1º, 2º y 3º de esta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que las hayan modificado o interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1º.- La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $28.400.-

ARTICULO 2º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso cuarto del artículo 37 del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso primero del nuevo artículo 44 y en el nuevo inciso tercero del artículo 103 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley. No obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c) Los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario, a partir del inicio del año en curso.

d) Lo dispuesto en el nuevo inciso del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de esta ley.

ARTICULO 3º.- Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60 del Código del Trabajo, al artículo 2472 del Código Civil y al artículo 148 de la ley N° 18.175, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

ARTICULO 4º.- Las organizaciones de pensionados y montepiadas, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozaren de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6º. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.

ARTICULO 5°.- La derogación del artículo 15 del Código del Trabajo, en cuanto se refiere al trabajo minero subterráneo relativo a las mujeres, entrará en vigencia el 17 de marzo de 1996.".

- - - -

Acordado en sesiones celebradas los días 5, 12, 13 y 20 de mayo y 9 de junio de 1992, con la asistencia de los HH. Senadores señores Ricardo Hormazábal Sánchez (Presidente), Rolando Calderón Aránguiz, Ignacio Pérez Walker, José Ruiz De Giorgio y William Thayer Arteaga, y 16 de junio, 7, 14, 15, 21 y 22 de julio, 5, 11, 12 y 19 de agosto, 2 y 8 de septiembre, y 7 de octubre de 1992, con la asistencia de los HH. Senadores señores Humberto Palza Corvacho (Presidente), Rolando Calderón Aránguiz, Ricardo Hormazábal Sánchez, Ignacio Pérez Walker y William Thayer Arteaga.

Sala de la Comisión, a 20 de octubre de 1992.

JOSE LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario

?INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LOS LIBROS I, II Y V DEL CODIGO DEL TRABAJO EN RELACION CON EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCION LABORAL, Y OTROS TEXTOS LEGALES

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo en relación con el contrato individual del trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales.

A la sesión en que se estudió esta iniciativa asistió —además de sus miembros— el H. Senador señor William Thayer.

Especialmente invitado concurrió el señor Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola.

El proyecto de ley en informe fue estudiado previamente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social dé esta Corporación, técnica en la materia.

De conformidad a su competencia, la Comisión de Hacienda se abocó al estudio de los números 3,4 y 5 de artículo 2° del proyecto en informe.

ARTICULO 2°

Introduce modificaciones al Libro II del Código del Trabajo.

N° 3

Sustituye el artículo 181, que trata del descanso pre y post natal, con el objeto de conceder al padre el beneficio del permiso posterior al parto o lo que reste de éste, en el caso de que la madre (titular de este permiso) muera ya sea en el parto o como consecuencia directa de él.

La norma anterior representa un mayor costo fiscal por concepto de las 12 semanas de subsidio maternal que perciba el padre.

El informe técnico acompañado expresa que de acuerdo a la información del INE (Compendio Estadístico de 1991), la tasa de mortalidad materna en el parto es de 0,41 por cada 1.000 nacidos vivos. Por otro lado, el total de nacimientos fue de 288.608 en 1988, según la misma fuente. Esta cifra, proyectada para 1991, da un total aproximado de 316.000 nacimientos en 1992. De allí que el número estimado de mujeres que 'mueren en un parto, para 1991, es de 130.

Agrega que con la información proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social, se ha estimado en aproximadamente 50 mil las mujeres que se benefician con el subsidio maternal en un año, vale decir, un 16% del total de los nacimientos. Aplicando esta misma proporción, se llega a que 21 mujeres cotizantes mueren en el parto en un año.

Por otro lado, según estadísticas de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, el ingreso imponible promedio de los afiliados hombres a las A.F.P. fue de $ 124.0Ó0 en marzo de 1992.

Por lo tanto, dado que él mayor costo fiscal consiste en el pago de 12 semanas, se estima por el Ejecutivo que la modificación propuesta implicará un mayor costo anual, expresando en moneda de marzo de 1992, de $ 7,8 millones.

Este mayor costo fiscal ya está contemplado en el Fondo de Subsidios Maternales en favor de las madres. Lo que hace la norma en estudio es habilitar al padre para impetrar este beneficio en el caso de que falte la madre.

El H. Senador señor William Thayer dejó constancia que lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo 181 no tendrá lugar respecto del padre si el niño no sobreviviere al parto o no hubiere hijos menores a su cargo.

—Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este precepto, sin enmiendas.

N° 4.

Reemplaza el artículo 185 del Código del Trabajo, que se refiere a la atención en el hogar del hijo enfermo menor de un año, con motivo de enfermedad grave, manteniéndose el derecho al permiso y al correspondiente subsidio para la madre trabajadora.

Además, se incluye la posibilidad de que, si ambos padres trabajan, cualquiera de ellos, a elección de la madre, pueda gozar de esos beneficios, que corresponderán al padre cuando la madre hubiese fallecido o tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

También se concede los mismos beneficios a la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año y que haya iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la ley N° 18.703, o su cónyuge; (Inciso segundo). 

Para el caso de que estos beneficios se obtengan en forma indebida, se establece la responsabilidad solidaria de los trabajadores involucrados en la restricción de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que les pudiere corresponder. (Inciso tercero).

—Vuestra Comisión aprobó en forma unánime este precepto, sin enmiendas, teniendo en cuenta que el inciso segundo de esta norma está ya contemplado en el artículo 3o de la ley N° 18.867, que modifica el artículo 62 de la ley N° 18.768 y otorga permiso y subsidio en caso de adopción plena.

Por otro lado, lo dispuesto en el inciso primero de este N° 4' no significa un mayor costo por cuanto dichos permiso y subsidio están actualmente contemplados en favor de la madre y lo que permite este precepto es que —a falta de madre— lo pueda impetrar el padre.

N° 5

Agrega al Código del Trabajo un artículo 185-A que concede el derecho a gozar de permiso y de subsidio a la trabajadora que tenga a su cuidado un niño menor de seis meses, respecto del cual se encuentre tramitando el juicio de adopción plena, beneficios que se extenderán durante la tramitación del juicio hasta por doce semanas.

De acuerdo con el informe técnico acompañado, como el número de menores adoptados, con juicios terminados —según estadísticas del INE de 1988 —, fue de 1.728, se calcula que el número de adopciones, incluyendo aquellas causas en trámite, será de 2.000 al año, suponiendo que el 100% de estos juicios corresponde a menores de seis meses.

La norma en comento se encuentra contemplada en el artículo 2o de la ley N° 18.867, por lo cual el único objeto de la disposición es reunir normas de manera más orgánica en el Código del Trabajo.

El costo de este proyecto es con cargo a los subsidios por incapacidad laboral, por mandato del artículo 2o de la ley N° 18.867, de modo que no requiere otro financiamiento en esta iniciativa de ley en estudio.

El H. Senador señor William Thayer hizo presente que la adopción plena sólo puede otorgarse a los cónyuges no divorciados, de modo que este precepto así debería establecerlo.

Resumiendo lo anteriormente dicho, debe tenerse presente en materia de financiamiento lo siguiente:

1) Lo dispuesto en el N° 3 del artículo 2o de esta iniciativa (subsidio maternal que perciba el padre, con un gasto total anual de $ 7,8 millones) se financia con cargo al Fondo de Subsidios Maternales, que es de entero costo fiscal y de imputación automática, por lo cual no requiere de mayores recursos fiscales que los ya contemplados en la actual normativa vigente, y

2) Lo establecido en los N°s 4 y 5 del artículo 2o de este proyecto —por tratarse de normas actualmente vigentes contenidas en los artículos 2o y 3o de la ley N° 18.867, que imputan el gasto pertinente con cargo a los subsidios por incapacidad laboral—, no requiere de financiamiento en la iniciativa de ley en informe.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda, por unanimidad, tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley en informe en los mismos términos en que fuera despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Corporación.

Acordado en sesión celebrada el día martes 3 de noviembre de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señores Andrés Zaldívar (Presidente), Jorge Lavandera, Sebastián Piñera y Sergio Romero.

Sala de la Comisión, a 12 de noviembre de 1992.

(Fdo.): César Berguño Benavente, Secretario de la Comisión.

MODIFICACIÓN DE LIBROS I, IIY V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

El señor VALDES ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo con relación al contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales. Cuenta con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 35a, en 21 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

Hacienda, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , tal como se señala en el mensaje, la iniciativa en análisis completa la reforma laboral; es el último de cuatro proyecto sobre la materia. Los tres anteriores -actualmente son leyes- incidieron sobre las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, la terminación del contrato de trabajo y la estabilidad en el empleo, y sobre las centrales sindicales.

Cuando el Presidente Aylwin asumió el poder en 1990, señaló que durante su mandato habría dos grandes reformas en materia económica y social. Una era la tributaria, exigida por el programa social, y la otra, la laboral, que contemplaba estas cuatro iniciativas, la última de las cuales se somete hoy a nuestra consideración.

En ciertos sectores del país existían legítimas dudas respecto de la estabilidad, la viabilidad, el horizonte y el destino del modelo de economía social de mercado, pues para muchos profesionales y empresarios el programa de Gobierno de la Concertación planteaba cambios muy radicales. No terminaron siendo tales gracias a los acuerdos que, en diversas materias, han suscrito la Oposición y el Ejecutivo . Hoy nadie duda de que las políticas anteriores, en esencia, se han mantenido. Y en ello particular relevancia tiene el tema de las enmiendas laborales, pues afectan a la estructura misma del sistema de economía social de mercado.

Los Senadores de estas bancas, como integrantes de Renovación Nacional, nos sentimos muy orgullosos de haber concurrido a acuerdos en las dos grandes reformas indicadas, moderando ostensiblemente los proyectos iniciales enviados por el Gobierno. Si a eso se suma -y vale la pena recapitular en este momento, en que vemos la última de las iniciativas anunciadas en lo que podríamos llamar el "proyecto de transición"- el acuerdo, en que también participó nuestro Partido, alcanzado en torno de las enmiendas constitucionales del año 1989, y que permitió una gran estabilidad institucional, debe reconocerse que la obra realizada durante este período ha sido extraordinariamente positiva. Y ello nos parece digno de destacar hoy, cuando la, bien o mal llamada, "clase política" del país sufre los rigores de la opinión pública -como hemos visto recientemente en una reunión-y las críticas, muchas veces malintencionadas, de ciertos sectores que pretenden desacreditar la política y el Parlamento.

El país está bien; desde el exterior se lo mira como una isla dentro de la región. Y ello no es ajeno a nuestra labor durante estos años. ¿Chile, está bien gracias a los empresarios? Sin duda que sí, en parte. ¿Lo está gracias a los trabajadores? Naturalmente que sí, en parte. Pero, ¿son tanto mejores nuestros empresarios y trabajadores que sus pares de Perú, Argentina o Brasil? ¿Por qué nuestro país camina hoy hacia un nuevo horizonte y es alabado por la comunidad internacional? Ciertamente, creo que parte importante del éxito de esta transición se debe a la, bien o mal llamada, "clase política"; a las personas qué participaron en el Gobierno anterior y en éste, y a quienes somos Oposición hoy, pues nos hemos puesto de acuerdo en tres materias tan importantes para la vida futura de Chile como fueron, antes de entrar en la plena democracia, las enmiendas constitucionales, y, luego, las dos reformas que en materia económica y social se han llevado a cabo en estos años.

He creído conveniente hacer estas consideraciones en el momento en que discutimos el último de los proyectos que, en los aspectos económico y social, le ha correspondido estudiar al Parlamento.

Deseo referirme, también, a ciertas opiniones dadas por algunos dirigentes laborales -particularmente, de la Central Unitaria de Trabajadores- sobre el proyecto que hoy discutimos, en el sentido de que en esta Corporación hay Parlamentarios que defienden a los trabajadores -se-rían los integrantes de las bancadas de enfrente-y otros que defendemos a los empresarios. La verdad es otra: todos estamos por defender a la empresa a fin de favorecer el desarrollo del país. Y si tenemos distintas visiones desde el punto de vista legislativo respecto de cuáles son los mejores caminos para cautelar los derechos de los trabajadores, ello responde, simplemente, a que las doctrinas y criterios que nos inspiran son diferentes.

Si comparamos la legislación más protectora de los derechos laborales que existe en la región, la peruana, con una de las más liberales, o menos protectora -entre comillas-, desde el punto de vista de algunos dirigentes, la norteamericana, podemos ver cómo la que trata de resguardarlos de todas las maneras posibles termina constituyendo, muchas veces, un obstáculo para el desarrollo y la inversión privada, y, en definitiva, un fomento del desempleo.

A nuestro juicio, la mejor defensa de los trabajadores es el crecimiento económico, la competencia y el ajuste del mercado laboral, todo lo cual redunda en aumento del empleo y de las remuneraciones.

Se precisa de una legislación laboral donde los trabajadores sean un incentivo para el crecimiento del país y el desarrollo y aumento de la productividad de la empresa. Para ello se requiere que tal normativa sea equilibrada; que sepa armonizar la defensa legítima de los derechos de los trabajadores -que este proyecto contempla- con la viabilidad de la empresa, de la inversión privada, y, en definitiva, con el desarrollo del país.

Señor Presidente, el proyecto en debate abarca diversas materias vinculadas a los contenidos de los Libros I, II y V del Código del Trabajo, sobre contrato individual de trabajo y protección de los trabajadores, y algunas innovaciones relativas al procedimiento laboral contemplado en distintos cuerpos legales.

Entrar en el detalle de esta iniciativa no es el objetivo de la presente sesión, porque ahora debemos abocarnos al debate general del texto que viene de la Cámara de Diputados. Y las indicaciones que distintos señores Senadores han presentado se verán con motivo de la discusión particular. Sin embargo, deseo dejar constancia, en primer lugar, de que, tras una larga discusión en la otra rama del Parlamento, se suscribió un acuerdo político y técnico en torno del proyecto que nos ocupa, luego de haber escuchado a muchas organizaciones sindicales y empresariales, a todas las partes involucradas en los diversos contratos individuales sectoriales contemplados en ella. Dicho acuerdo contiene 21 puntos y abarca diferentes materias. Fue suscrito por representantes de todos los partidos políticos: los Diputados señora Muñoz y señores Fantuzzi , Orpis , Gajardo , Seguel , Araya y Olivares.

Lo segundo que deseo hacer constar es que nos hace mucha fuerza este acuerdo, y lo vamos a respetar, porque antes de formalizar lo analizamos como colectividad. Esperamos que sus líneas básicas y sustantivas sean respetadas por los Parlamentarios de los otros partidos cuyos Diputados lo suscribieron.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , como se expresó, este proyecto, que reforma los Libros I, II y V del Código del Trabajo, completa la revisión total de esa normativa, que ya dio lugar a las leyes modificatorias mencionadas por el señor Senador que me antecedió. Tengo interés en mencionar que la iniciativa en debate, en mi concepto, no debería tener dificultad en ser aprobada en general por la Sala.

Me parece prudente -tal como se dijo- fijar un plazo razonable para presentar indicaciones, y en seguida otro que permita su estudio acucioso, ya que por tratarse de una iniciativa bastante extensa y miscelánea, dentro de la idea general del Código del Trabajo, hay que examinarlas con atención para que las que en definitiva se aprueben correspondan a un texto que dé organicidad al resultado final del proyecto. No podemos olvidar que éste, a la postre, será incorporado a ese cuerpo legal. Los Libros I, II y V deben calzar con lo expuesto en los Libros III y IV, que son materia de la ley N° 19.069, y con algunos Títulos del Libro I, aprobados previamente en la ley N° 19.010 y en la N° 19.049 -otra parte del Título III-, que se refiere a las centrales sindicales.

El Senado, ciertamente, deberá considerar con mucha atención lo expresado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en cuanto al valor que dará al acuerdo político concretado en el texto que viene de la Cámara de Diputados. Todos sabemos que ambas ramas del Congreso Nacional son autónomas, que ninguna puede imponer su punto de vista a la otra; pero, evidentemente, hay que reconocer el esfuerzo realizado entre empresarios, trabajadores, Gobierno y Oposición para alcanzar un texto equilibrado como el que contiene el proyecto, que ha conocido la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y que ahora trata la Sala.

Aunque corresponde la discusión general de la iniciativa, convendría quizá dar una información resumida de los temas que aborda.

Las reformas fundamentales se relacionan con el régimen de los contratos atípicos o especiales, o sea, los de corto tiempo: de temporada, de transporte urbano e interurbano, de ferroviarios, de casa particular, de trabajo a domicilio, y de trabajadores mayores de 65 años. Hay reformas a la jornada de trabajo, en especial en lo referente a contratos de corto plazo, que acabo de mencionar, tocante a trabajadores de restaurantes y actividades que demandan poco esfuerzo por la escasa atención de público. Se modifica, asimismo, el régimen de la semana corrida, eliminando exigencias que actualmente causan su pérdida por determinados atrasos en la misma o en el mes, y que limitan el monto de su pago sólo al sueldo fijo cuando la remuneración se pacta sobre la base de sueldo y comisión.

Se enmienda también el régimen de descanso semanal y de feriado anual. En el caso de este último se considera siempre el sábado como día inhábil, para los efectos de su cálculo, y respecto del feriado progresivo se introduce una enmienda interesante consistente en reconocer la antigüedad en servicios prestados ante otros empleadores, con la limitación de que ella se tomará en cuenta sólo hasta un máximo de 10 años. En cuanto al descanso semanal, en lo tocante a las empresas exceptuadas del descanso dominical, la Comisión aprobó, por mayoría, una enmienda en el sentido de que deberá recaer una o dos veces al mes en domingo.

Otra modificación relevante es la eliminación de las pérdidas de arrastres para el pago de las gratificaciones. Interpretando la jurisprudencia administrativa, no se admite deducir las pérdidas que hayan arrojado los ejercicios anteriores, a fin de excusarse de cancelar dicho beneficio.

Además, se mejoran las garantías para los créditos laborales ante quiebra de la empresa.

También se modifican las normas que asimilan al hombre y a la mujer respecto de ciertos trabajos y el cuidado de los hijos. Prevaleció la idea de no establecer para la mujer una prohibición específica para desarrollar una determinada labor, sino estatuir una disposición general que impida al trabajador realizar esfuerzos superiores a la capacidad humana. Este precepto, mediante una indicación transitoria, deberá adecuarse a las exigencias de un Convenio vigente, ratificado por Chile, sobre el trabajo de la mujer.

Me detendré brevemente en este aspecto, porque sirve para ilustrar el alcance de un problema con el que en general nos encontraremos en la legislación laboral.

Desde la fundación de la OIT -1919- hasta hoy, ha cambiado mucho el sentido de la relación del trabajador en la empresa. Normas que se estiman favorables para éste, y que fueron materia de convenios o recomendaciones de dicha Organización en los primeros decenios de este siglo, actualmente no son miradas con igual respaldo y entusiasmo. Y la propia OIT está sometiendo a un severo análisis las normas que ha aprobado a lo largo de esta centuria.

Algo ocurre precisamente al respecto. Había muchas disposiciones destinadas a la protección de la mujer, y con este objeto se le prohibía realizar ciertos trabajos. Sin embargo, como han cambiado las condiciones laborales, esa prohibición establecida en su favor, hoy limita su acceso al trabajo.

El manejo de esa situación -algo similar sucede con los menores- nos obligará, seguramente, en más de una oportunidad, a adaptarnos a las nuevas circunstancias en este mundo cambiante, como la OIT también lo ha reconocido.

De paso, tocaré un tema que, a mi juicio, reviste mayor complejidad: lo que acontece con el sentido de la empresa. El concepto de la empresa "Fordiana", esa empresa grande que procuraba incluso absorber con sus propios trabajadores una serie de labores que no eran específicas de ella, para -dijéramos- abastecerse a sí misma con trabajos complementarios distintos de los que constituían el centro de su función productiva, pudo funcionar en un régimen económico internacional más proteccionista, cuando cada país, con aranceles elevados, amparaba su propia producción interna frente a la competencia extranjera. Pero una vez internacionalizado el comercio y abierta la empresa a los requerimientos de la competitividad mundial, ésta ha tenido que ir especializándose, concentrando más y más su esfuerzo en su actividad productiva primordial, entregando a contrato o subcontratos labores que entes especializados pueden cumplir de mejor manera o a menor costo. Esto, evidentemente, rompe el marco tradicional asociativo; el gran sindicato de industria, que pretendía reunir gran número de trabajadores, tiende a ser dividido y, a veces, pulverizado por la reducción de la empresa a labores especializadas y por la entrega de tareas adicionales a contratistas o subcontratistas.

Es un problema muy delicado, que no es sólo de Chile, sino del mundo entero.

En definitiva, la Cámara de Diputados llegó a una forma de solución; hizo cierto tipo de ajustes que, naturalmente, podría discutirse eternamente, porque siempre existen otras alternativas. Sin embargo, me he limitado a mencionar el punto, para que haya conciencia de que es uno de los motivos por los cuales este proyecto trata de manera muy especial los llamados contratos atípicos, especiales y de corto tiempo.

Algo similar ocurre, por ejemplo, con los trabajadores del transporte urbano, interurbano o pesquero -los últimos no efectúan labores de transportistas, pero realizan una actividad semejante a la que desarrolla el transportista interurbano-, a los que afecta un problema muy delicado: el período de descanso. ¿Dónde y cuándo descansa el trabajador? Es evidente que la jornada de trabajo, para el chofer o el maquinista de tren, no puede estar circunscrita exactamente al tiempo en que están a cargo de la conducción del respectivo medio de locomoción.

Por consiguiente, las normas que fijan las horas de labor de esos trabajadores -no más de tres horas continuas en el transporte urbano, o más de 5, en el interurbano-, suponen un cierto ajuste, que genera también problemas con el resto del tiempo que se entiende trabajado para determinados propósitos, pues el transportista cumple en ese lapso una jornada para fines específicos, pero no en su actividad sustancial, cual es la de manejar un vehículo.

Son temas que deberemos examinar atentamente cuando entremos a la discusión particular del proyecto; sin embargo, los menciono para información general del Honorable Senado.

Otras disposiciones, muy interesantes y de mucha significación, son las que incorporan al texto del proyecto la normativa del llamado Acuerdo Portuario -materia sumamente difícil y controvertida-, suscrito por el Supremo Gobierno -estaba presente el señor Ministro del Trabajo -, en concordancia con sectores muy representativos de los trabajadores portuarios y de las empresas marítimas.

Sin embargo, dicho acuerdo fue posteriormente objeto de críticas que culminaron con su rechazo en un plebiscito por la mayoría o un grupo importante de los trabajadores. Esta desautorización de parte de sus bases llevó a las directivas al retiro de sus firmas, lo cual, a su vez, gestó un problema difícil que, en definitiva, la Cámara de Diputados resolvió de una determinada manera, y el Senado deberá optar entre respetar el acuerdo portuario, en la forma contenida en el texto del proyecto, o introducirle modificaciones.

Finalmente -para no alargar mi intervención-, debo expresar que el proyecto comprende, además, normas que modifican disposiciones sobre el descanso de los trabajadores de casa particular, y preceptos técnicos de bastante significación en lo relativo al procedimiento laboral.

Tal es, señor Presidente , el contenido general del proyecto despachado por la Cámara Baja, que fue objeto de algunas enmiendas -a mi juicio, no fundamentales, pero de alguna importancia- por la mayoría de la Comisión de Trabajo del Senado, y a mi entender, será aprobado sin problemas en esta Sala.

No me detengo en otros aspectos por presumir que el propósito común de los señores Senadores es el de analizar detalladamente el proyecto durante su discusión particular.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , la iniciativa que hoy analizamos es de enorme importancia, al menos desde cuatro perspectivas.

1. Desde un punto de vista numérico, es el proyecto modificatorio de la legislación laboral que atañe a más personas. Cabe recordar que la enmienda de la negociación colectiva involucró a 440 mil y la del Libro III del Código del Trabajo, relativo a las organizaciones sindicales, a cerca de 710 mil. En tanto que la iniciativa en debate afectará directamente a alrededor de tres millones de personas, considerando a todos los trabajadores dependientes regidos por dicho Código y a sus empleadores. En forma indirecta, involucrará a todo el país.

2. Desde el punto de vista del tipo de sus beneficiarios -en general, los trabajadores más desprotegidos en las relaciones laborales- debo señalar que casi 2 millones 200 mil de esos tres millones no están sindicalizados. Esta iniciativa legal no sólo fija sus derechos mínimos e irrenunciables, sino que, en la mayoría de los casos, las condiciones en que efectivamente tienen que trabajar.

3. Desde el punto de vista económico, es importante en dos sentidos. En primer término, porque aunque obligatoriamente debemos buscar el mejoramiento de la situación de los trabajadores, tenemos que hacerlo, a la vez, sin afectar el nivel de competitividad de las empresas. Y, en segundo lugar, porque una legislación que frustrara las esperanzas de los trabajadores, que produjera desencanto y se tradujera en conflictos y huelgas, crearía mal ambiente para los negocios, ahuyentaría no sólo a los inversionistas extranjeros, sino también a nuestros socios comerciales internacionales. Y eso puede terminar dañando todo este famoso equilibrio macroeconómico del que, con razón, tanto se enorgullecen las autoridades de Hacienda.

4. Desde el punto de vista de la filosofía que inspira nuestro Derecho Laboral, quiero mencionar que la concepción tradicional del Derecho Laboral, según el Manual del Honorable señor Thayer , parte del hecho de que en la relación de trabajo "no hay una situación de igualdad, pues el trabajador es un contratante más débil y la norma debe protegerlo". Por el contrario, la filosofía que inspiró el actual Código en lo relativo al contrato individual de trabajo persiguió desregular al máximo las relaciones laborales. No se trató sólo de flexibilizarlas para adecuarlas a las nuevas realidades económicas -cuestión comprensible-, sino de suprimir todas las reglas protectoras que fuera posible, sobre la base de concepciones que sostienen que las exigencias de una economía libre, fuertemente competitiva a escala nacional e internacional, obliga a disminuir las tutelas, las protecciones y, por lo tanto, a eliminar al máximo las regulaciones. Argumentan que éstas tendrían carácter de gravámenes para las empresas, que a la larga -ya sea por generar quiebras o por obligar a optar por técnicas productivas con menor uso de mano de obra- aumentarían la cesantía, bajarían los salarios y perjudicarían a los trabajadores a quienes se pretende defender. Y su corolario era la "teoría del chorreo". Si a las empresas les iba bien -sin importar cuánto tiempo pasara-, los beneficios empezarían a "chorrear" alcanzándolos a todos. O, como lo dijera alguien más a la "brutanteque", la teoría de "que hay que tratar bien a los ricos".

Pero hay dos poderosas razones que refutan tales argumentos, una de las cuales es la de los antecedentes empíricos. Tanto datos internacionales como nacionales demuestran que es absurdo pretender establecer una relación biunívoca entre legislación laboral y empleo. Es evidente que, aunque algo influye, son más determinantes otros factores, tales como el ahorro y la inversión, el ciclo económico, la política económica, los programas de fomento y capacitación para el empleo, por mencionar sólo algunos.

La otra razón en contra de esa filosofía de las relaciones laborales es la situación de esas personas concretas que son los trabajadores. Y no argumentaré al respecto basado en la explotación de que son objeto, sino desde la perspectiva de las creencias que la mayoría de los legisladores del Régimen pasado y los empresarios dicen profesar: desde el punto de vista del mensaje de la Iglesia.

Aquí se rindieron muchos homenajes a la encíclica " Centesimus Annus ", por lo cual sólo me limitaré a recordar en forma puntual las cuatro siguientes sentencias, por estimar necesario tenerlas presentes con relación a la legislación laboral: 1) El trabajo humano no es una mercancía, su valor no puede dejarse sólo a las fuerzas del mercado; 2) Los trabajadores tienen derechos naturales: salario justo, descanso, asociación; 3) El Estado, aunque subsidiario, debe tener un rol activo en la promoción del bien común, y 4) La finalidad de la empresa no es simplemente la producción de beneficios, sino su existencia como comunidad de hombres al servicio de la sociedad toda.

Pero hay otro documento reciente de la Iglesia, dirigido a todos los ciudadanos de buena voluntad, y que también es conveniente considerar. Me refiero a la Carta Pastoral del Arzobispo de Santiago acerca de la pobreza, de septiembre de este año. En ella recuerda sus palabras al término de la misión empresarial, cuando señalaba: "... esa opción preferencial por los pobres deben ejercerla también los que algo o mucho tienen". "Ustedes" -decía a los empresarios- "no son hijos menos amados, sino hijos más privilegiados y, por lo tanto, protagonistas más exigidos para que sea posible alcanzar solución a los problemas y a las carencias de sus hermanos más desvalidos". También recuerda allí las palabras del Papa en Santiago, donde prácticamente descartó la "teoría del chorreo", cuando dijo: "¡Los pobres no pueden esperar! Los que nada tienen no pueden aguardar un alivio que les llegue por una especie de rebase de la prosperidad generalizada de la sociedad".

Pero deseo llamar especialmente la atención a su calificación de "no cristiana y de inhumana" a esa visión de la competencia económica en la que sólo cuenta, finalmente, el éxito. Y a su planteamiento, en el mismo párrafo, de que "Una cosa es valorar los beneficios que ha traído la economía actual y otra muy distinta es renunciar a los valores sociales que trascienden la actividad económica y social y que encuentran su punto culminante en el concepto de persona..."

De la iniciativa de ley que hoy discutimos dependerán las condiciones de trabajo y, en última instancia, de vida de más de 2 millones de trabajadores. ¡Más de 2 millones de personas! ¡Y sin contar sus familias! Espero que legislemos dando ahora prioridad a la ética por sobre la economía, al trabajo por sobre el capital, dando primacía a las personas por sobre las cosas, como lo señala en su mensaje la Iglesia.

Los Senadores de la bancada Partidos por la Democracia y Socialista votaremos en favor de la idea de legislar para modificar el Código del Trabajo. Pero deseamos que se cambie en forma positiva. No deseamos repetir la experiencia de anteriores leyes laborales, respecto de las cuales se ha tenido que formar una comisión tripartita para su revisión. Hay que legislar buscando un consenso efectivo y no insistir en las imposiciones a los trabajadores, basándonos en su lealtad con la democracia.

La opción que se tomó antes -priorizar, tranquilizar a los empresarios por sobre las legítimas aspiraciones de los trabajadores- tal vez era válida en ese entonces, para asegurar el proceso de transición a la democracia. (Yo tengo serias reservas al respecto). Sin embargo, hoy ya las cosas están claras, y no caben esas dudas, esos temores, sembrados por los que temían la vuelta a la democracia. Todos saben que no está amenazada la empresa privada, que nadie cuestiona su rol en el desarrollo del país, que las perspectivas actuales de los empresarios son superiores a las que tuvieron durante el Régimen pasado. Pero también todos debieran saber que esas brillantes perspectivas no fructificarán si insisten en basarlas en el abuso y atropello del desarrollo como personas, como seres humanos, de los trabajadores y sus familias.

Nuestro norte es legislar para lograr esa meta de "desarrollo con equidad". No queremos sacrificar el crecimiento económico, ni perseguimos la "liquidación de la empresa privada". ¡Que eso quede claro! Pero tampoco vamos a dejarnos chantajear por lo "alharacos" que son algunos dirigentes empresariales, ni por la resonancia que ellos tienen en los medios de comunicación. No estamos dispuestos a sacrificar el objetivo de ir logrando mayor equidad en nuestro país, que harto la necesita.

El proyecto que estamos aprobando, si bien significa avances, también contiene insuficiencias. Los logros han sido bastante destacados en declaraciones formuladas a la prensa durante su tramitación en la Cámara de Diputados. Por eso, enumeraré brevemente algunas de las insuficiencias que, en nuestra opinión, debemos superar en la discusión particular, o como producto de nuevas iniciativas legales.

Consideramos que deberían quedar claramente establecidas en esta ley las siguientes materias, sobre las cuales presentaremos indicaciones:

1.- El principio pro operario de la legislación laboral;

2.- El concepto de empresa;

3.- El principio de solidaridad de la empresa principal con los contratistas y subcontratistas que emplea;

4.- La generalización de la jornada de trabajo ordinario de 48 horas, con elementos que la flexibilicen, pero que no la nieguen para un gran número de trabajadores. Y, en relación con ello, una valorización más real de lo que significa el trabajo extraordinario;

5.- La generalización también del sueldo mínimo para todos los trabajadores;

6.- La validez del fuero maternal para todas las trabajadoras;

7.- La adecuada consideración en la ley de la situación especial de los trabajadores portuarios, embarcados y temporeros, lo que -pensa-mos- hasta ahora no sucede;

8.- La recuperación del 10 por ciento que percibían los trabajadores gastronómicos, y

9.- El reconocimiento del trabajo a domicilio como una relación laboral.

Hay tres temas que no lograremos resolver plenamente en esta iniciativa, pero, en todo caso, quiero dejarlos planteados. El primero se refiere a la regulación real de las relaciones laborales que se dan en el trabajo a domicilio. El segundo, a la necesidad de reglamentar efectivamente el trabajo de menores, los que hoy proliferan en nuestras ciudades y campos. Y el tercero, a los minusválidos, acerca de los cuales hay en trámite un proyecto de ley -que ya analizaremos- y sobre el cual formularemos proposiciones. Pero, adelantando criterios, pensamos que el Código del Trabajo debe considerar tanto la capacitación de los minusválidos como la obligación de las empresas -públicas o privadas- de contratarlos cuando sobrepasen cierta cantidad de trabajadores.

Debemos advertir, asimismo, que este proyecto nos brinda la posibilidad de reivindicar el papel de los políticos. En estos días, cuando se los cuestiona por falta de ética, por no ser consecuentes con lo que dicen, por acordarse de la gente sólo para las elecciones y por no preocuparse de los problemas reales de ella, contamos con una oportunidad privilegiada para desmentirlo en nuestra práctica legislativa. Aquí podrá comprobarse si su preocupación por los pobres son sólo palabras o si realmente persiguen remediar situaciones injustas, si los discursos en homenaje a las encíclicas papales o al Padre Hurtado , por ejemplo, son piezas oratorias o si en realidad se tienen en cuenta al momento de legislar.

Señor Presidente , los Senadores de la bancada Partidos por la Democracia y Socialista, al votar favorablemente no lo hacemos sólo porque la reforma del Código del Trabajo era un compromiso que la Concertación incluyó en su programa de Gobierno, sino también -y fundamentalmente- por considerarlo absolutamente indispensable para avanzar en ese "desarrollo con equidad" que Chile requiere.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , Honorables colegas, este proyecto constituye un esfuerzo muy importante para dar lugar a una nueva institucionalidad laboral que modifique y perfeccione la anterior. Busca concretar relaciones laborales más justas y modernas, que sean coherentes con los esfuerzos de crecimiento económico, desarrollo sostenido y disciplina laboral.

La iniciativa abarca muy diversas materias vinculadas a los contenidos de los Libros I y II del Código del Trabajo, sobre contrato individual de trabajo y protección de los trabajadores; propone innovaciones en materia de procedimiento laboral y, por último, crea nuevas normas o modificaciones a las ya existentes, todas ellas de naturaleza laboral y que se encuentran en otros cuerpos legales.

Ahora, quisiera destacar algunos temas abordados, para señalar nuestra satisfacción por el tratamiento que de éstos se hace, así como también para precisar algunos puntos que debieran completarse o corregirse, lo que pretendemos concretar con las indicaciones que formularemos.

En materia de contrato de trabajo, nos parece muy importante reducir a cinco días el plazo que tiene el empleador para cumplir su obligación de escriturar el contrato cuando se trate de faenas transitorias o de temporada, ya que ello redunda en una mayor protección al trabajador si se considera que la escrituración del contrato transforma a éste en un importantísimo medio de prueba de la existencia de la relación laboral, especialmente en caso de litigio. Además, facilita la fiscalización de los Servicios del Trabajo y otros organismos competentes.

La preocupación por la jornada ordinaria de trabajo está muy presente en el proyecto. Y nos complace que se la esté consagrando para los trabajadores que se encontraban excluidos de ella; como los de casa particular. También nos agrada que la actualmente existente se esté regulando en forma más justa y menos discriminatoria, como en el caso de los trabajadores de buses intercomunales, ferrocarriles y locomoción colectiva.

En este aspecto, merece destacarse la corrección del perjuicio existente desde la dictación del decreto ley N° 2.200, de 1978, que impone una jornada mayor (esto es, la que excede de 48 horas semanales) a toda una categoría de trabajadores, representada por la mayor parte de los que laboran en hoteles, restaurantes o clubes, cualquiera que sea su realidad laboral.

La norma propuesta -y que nos alegra- sólo da lugar a esa jornada mayor cuando las labores concretas de que se trate tengan una naturaleza intermitente, discontinua, o cuando se requiera de la sola presencia del trabajador, o cuando el movimiento diario sea notoriamente escaso y los empleados deban mantenerse a disposición del público.

En lo tocante a la jornada extraordinaria de trabajo, el proyecto del Ejecutivo proponía una modificación para ratificar la naturaleza extraordinaria del sobretiempo mediante la prohibición expresa de un pacto en el propio contrato de trabajo.

Pensamos que esa idea, desechada en la Cámara de Diputados, debe ser repuesta. Porque la legislación vigente permite pactar horas extraordinarias como permanentes a través del contrato individual de tra-bajo, lo que implica desnaturalizar la institución.

En esta materia, estimamos, además, necesario establecer, aparte del límite diario de dos horas extraordinarias, otro límite de carácter mensual, como lo hace la generalidad de las legislaciones, con el fin de desmotivar el trabajo extraordinario, permitiendo, así, aumentar los puestos de trabajo. Con la misma finalidad, debe fijarse que las horas extraordinarias se pagarán con un determinado recargo sobre la "remuneración" convenida para la jornada ordinaria, y no sólo sobre el "sueldo", como se dispone en la actualidad.

Muy ligados a la jornada están los descansos, respecto de los cuales igualmente observamos una preocupación digna de destacarse, por ejemplo, en las normas consignadas para los trabajadores de casa particular, de naves pesqueras y de la locomoción colectiva.

En ese orden de ideas, se recoge parcialmente una aspiración de los trabajadores del comercio que atienden directamente al público y que están excluidos del derecho a descanso dominical, para que les sea posible, al menos una vez al mes, gozar del descanso en un día domingo, sin perjuicio de la indicación formulada por el Honorable señor Calderón y por quien les habla para que ese beneficio se refiera a dos días domingo en el mes.

En cuanto a remuneraciones, se desea incorporar a todos los trabajadores a las normas generales al hacer aplicables las referentes al ingreso mínimo a dependientes que actualmente están excluidos del beneficio, como son los mayores de 65 años y los de casa particular.

En materia de "semana corrida", la nueva norma persigue eliminar la discriminación observada en el actual precepto en perjuicio de aquellos trabajadores remunerados con un sueldo base diario y con un trato u otra modalidad que lo hiciere variable, señalando que el cálculo y pago de este estipendio se calculará en base al promedio devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones devengadas por el número de días en que debieron laborar en la semana.

En lo referente a gratificaciones, la norma aprobada por la Cámara de Diputados, si bien la compartimos, porque viene a recoger la jurisprudencia administrativa, que prohíbe deducir pérdidas de ejercicios anteriores para el cálculo del beneficio, la estimamos absolutamente insuficiente. La gratificación es fundamental como instrumento de participación de las remuneraciones en la productividad de la empresa. Por lo tanto, es muy importante su acertada regulación en un sistema de economía de mercado. De esta suerte, el sistema de gratificación vigente y las modificaciones sugeridas en el proyecto de ley en trámite pueden mejorarse. Como primera medida, debería reponerse en el proyecto la enmienda propuesta por el Ejecutivo en orden a que su pago no se transforme en la práctica en un ítem más de la remuneración mensual fija del trabajador. Además, hay que ocuparse de regular el derecho de opción del empleador tocante a escoger con qué sistema va a cumplir su obligación de gratificar. También debe establecerse un régimen eficiente de reclamación por parte de los trabajadores ante el Servicio de Impuestos Internos, para que se practique prontamente la liquidación definitiva.

En cuanto a créditos laborales, es muy positivo que se elimine el tope fijo de quince ingresos mínimos existente hoy día y que se lo sustituya por un tope vinculado a un número de ingresos mínimos en relación con la antigüedad del trabajador en el empleo. Pero es absolutamente necesario eliminar el tope de años por considerar, el que se agregó en la Cámara de Diputados, ya que ello perjudica a trabajadores con bajos ingresos, como muy bien lo ha representado la Central Unitaria de Trabajadores.

En relación con los contratos especiales, consideramos que las condiciones mínimas que la ley asegura a los trabajadores temporeros constituye un efectivo avance respecto de aquellas en que se desempeñan, pero, evidentemente, estas condiciones deben mejorarse, lo que haremos mediante indicaciones que propondremos oportunamente.

En este tipo de contratos especiales es destacable, al mismo tiempo, lo relativo al personal embarcado o gente de mar, respecto de quienes se consigna que, sin perjuicio de que su jornada semanal es de 56 horas para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso sobre 48 horas semanales se pagará con el recargo establecido, de 50%.

Señor Presidente , existen también otras normas, como las referentes al goce del postnatal por el padre, al permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año o al permiso y subsidio durante la tramitación del juicio de adopción plena, que son medidas muy atendibles. Pero si no se otorga a los beneficiarios una clara estabilidad laboral a través de un fuero, estas disposiciones serán de mero carácter programático e, incluso, podrán volverse en contra del pretendido beneficiario.

Señor Presidente , estamos conscientes de que ésta iniciativa ha sido acogida por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo después de consultarse a dirigentes laborales y empresariales, y, también, a gente vinculada a las universidades. Nosotros estimamos un paso importante el hecho de que hoy podamos aprobarla en general. Pero quiero hacer presentes algunas consideraciones acerca de aspectos mencionados esta tarde. Deseo señalar, por ejemplo, que si bien es cierto que el proyecto en análisis ha sido objeto de un acuerdo político en la Cámara de Diputados, al cual concurrieron representantes tanto de la Concertación como de Renovación Nacional, no es menos cierto que este acuerdo, siendo, de por sí, un avance sustancial en la situación actual de los trabajadores, a nuestro juicio (por lo menos, el de los Senadores democratacristianos), es insuficiente, y consideramos perfectamente posible mejorarlo mediante indicaciones a la iniciativa. Y sobre esa base, llamamos muy sinceramente a todos los sectores representados esta tarde, no para hacer demagogia sobre un proyecto, no para pretender que vamos a acoger todo lo planteado en el país hoy día, no para señalar la extensa documentación gestada durante largos años acerca de esas demandas, sino para hacer un real esfuerzo en el sentido de recoger gran parte de las aspiraciones de los trabajadores. Porque sabemos que hay problemas sustanciales con relación a cuatro materias, las que esbozaré en forma muy general.

Primero, existe insuficiencia respecto a los trabajadores portuarios. Tenemos clara conciencia de que el proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, no es satisfactorio. Pero es posible mejorarlo. Y estimamos que no resultará afectada la economía del país si damos un tratamiento especial a estos trabajadores. Por ello, nuestra bancada está abierta y disponible para formular, junto a otros sectores, las indicaciones que permitan avanzar en esta materia.

En segundo lugar, consideramos conveniente mejorar, también, la legislación propuesta para los trabajadores temporeros. Esto es necesario, importante. Porque lo que viene en la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados no recoge todo lo que quisiéramos. En consecuencia, nos parece justo un consenso en el Senado para que perfeccionemos la normativa en este aspecto.

En lo atinente a la jornada de trabajo de los empleados del comercio, hay voces que se levantan para señalar que es importante que los días domingo no laboren los empleados. Pero la realidad existente nos muestra que es necesario establecer que el domingo abran los grandes locales, como lo reconocen los propios trabajadores. Pero también creemos que así como no se puede pretender que se trabaje todos los días domingos, tampoco nos parece suficiente que se permita descansar sólo un domingo en el mes. Por eso, hemos incorporado una indicación para extender esa autorización a dos días domingos en el mes. Si hubiera voluntad de parte de otros sectores, podríamos reestudiar esta materia.

Asimismo, consideramos importante revisar las normas relativas a los conductores, no sólo de buses, sino, especialmente, de los camiones. Pienso -vamos a formular una indicación al respecto- que esta materia no ha sido analizada en forma suficiente. Hemos solicitado estadísticas a Carabineros de Chile para ver el grado de relación existente entre tanto accidente producido en la actualidad en las carreteras, con las horas de trabajo que deben cumplir estos conductores, quienes, muchas veces, no tienen siquiera una litera en los camiones, y el trabajo es realizado, a menudo, durante largas horas sin descansar, por un solo chofer. Entonces, consideramos del todo necesario formular indicaciones tendientes a la creación de mejores condiciones laborales de esta gran masa de conductores a lo largo del país. Y eso concuerda con el sentido de la iniciativa que viene del Gobierno: crear -repito- mejores condiciones para los trabajadores.

Señor Presidente , no queremos rasgar aquí vestiduras respecto a nuestra vocación de estar permanentemente al servicio de los trabajadores en general. Consideramos que las conductas adoptadas por los dirigentes democratacristianos, por los Parlamentarios democratacristianos, por el Gobierno de la Concertación tocantes a lo que estimamos indispensable para el logro de las conquistas laborales, harán posible sacar adelante modificaciones al Código del Trabajo realmente sustantivas en cuanto a lo que plantean los trabajadores. Pero, al mismo tiempo, ellas deben ser realistas con respecto a la economía diseñada por el Gobierno, que está consiguiendo los éxitos que el país tanto reclama.

Por último, señor Presidente , quiero señalar que daremos nuestra aprobación en general al proyecto. Asimismo, deseo manifestar, en nombre de los Senadores democratacristianos, con toda franqueza, especialmente a nuestros Honorables colegas de Renovación Nacional, que estamos conscientes de que hubo un acuerdo político en la Cámara de Diputados, pero, con lo que hemos podido apreciar en el seno de la Comisión de Trabajo, estimamos perfectamente posible llegar, de cara al pueblo, a los trabajadores, a un nuevo acuerdo que permita avanzar en esta iniciativa. Con ese objeto, expreso desde ya nuestra disposición para conversar sobre el tema invitando nuevamente a los sectores que he mencionado, sin perjuicio de que participen otros, a fin de mejorar gran parte de esta legislación.

He dicho.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NUÑEZ.-

Señor Presidente , las reformas que se proponen en el provecto en debate revisten, a juicio de los socialistas, una importancia trascendental y constituyen, sin duda alguna, un avance sustantivo en la búsqueda del diseño de una normativa laboral más acorde con las exigencias de la democracia y las necesidades del desarrollo y del crecimiento.

Cómo se planteara en las bases programáticas de la Concertación, fue necesario reformar la institucionalidad laboral vigente, con el propósito de contar con una nueva legislación en esta materia, considerada como legítima por los principales actores de las relaciones laborales. Asimismo, hubo que poner fin a la lógica de represión contra los trabajadores impuesta por el Gobierno anterior.

No es desconocido para nadie el hecho de que la legislación heredada intentó destruir a las organizaciones de los trabajadores e hizo perder al derecho laboral el carácter social que le es propio, convirtiéndolo, por sus contenidos, en una de las legislaciones laborales más desprotectoras del mundo, dejando a amplios grupos de trabajadores desprotegidos jurídicamente.

Con el firme propósito de adecuar la legislación vigente a las nuevas exigencias democráticas, una vez asumido el mando por el nuevo Gobierno se puso especial énfasis en la necesidad de reformar las normas que sobre la materia regían hasta ese entonces. Es así como durante 1990 se presentaron al Congreso Nacional tres proyectos de ley, los que fueron aprobados y rigen actualmente como leyes de la República. En efecto, están vigentes, desde el 1° de diciembre de ese año, la ley N° 19.010, sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo; a contar de febrero de 1991, la ley N° 19.049, sobre centrales sindicales, y, a partir de agosto del mismo año, la ley N° 19.069, sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva.

Los objetivos perseguidos por esas reformas -que hoy día mantienen su vigencia al discutirse esta nueva proposición- han sido, como ya lo señalara anteriormente, primero, contar con una institucionalidad laboral considerada legítima por el país, además de moderna y coherente con los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenido, y segundo, establecer reglas del juego efectivamente equitativas y tendientes a corregir el grave desequilibrio social heredado de la dictadura.

Las tres leyes laborales indicadas, en conjunto con el proyecto que hoy se debate, constituyen un cuerpo orgánico de iniciativas que da cumplimiento al programa de la Concertación. En este contexto, se ha señalado que ésta es la última etapa del proceso de modificaciones al Código del Trabajo, y que con su despacho el país habrá concluido, por primera vez en su historia, un proceso de reformas laborales en democracia, con participación de todos los sectores políticos y sociales involucrados.

Sobre esta materia, es claro que para nosotros todavía existen vacíos sustantivos en toda la normativa laboral en aplicación: Al respecto, consideramos relevante iniciar un diálogo coherente que nos permita en el futuro próximo hacer todos los esfuerzos para que, consensualmente, trabajadores, empresarios, dirigentes políticos y Gobierno sean capaces de ir adecuando efectivamente las disposiciones vigentes al crecimiento, a la modernización y al desarrollo que Chile espera.

En este marco de ideas, si bien las modificaciones propuestas constituyen en sí un gran avance hacia una ínstitucionalidad más justa y equitativa, y si bien es un hecho crucial el poder concluir en este período histórico para nuestro país un proceso de real significación en el ámbito de la legislación laboral -tal como señalara en su intervención el Senador señor Calderón -, aún existen algunas materias que deben ser objeto, también, de enmiendas, con el propósito de hacerlas más acordes con las reales necesidades de los trabajadores y con las propuestas legítimas formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores, en resguardo de amplios sectores laborales.

Debemos reconocer la importancia de esta reforma en orden a considerar como un hecho altamente positivo el que a través de ella se reivindique una serie de modificaciones planteadas por el movimiento sindical y por los sectores de trabajadores interesados. Ya los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron algunas que me parecen extraordinariamente importantes. Solamente deseo rescatar el hecho de que con el proyecto en estudio estamos logrando una mejoría notable en la regulación de los derechos de alimentación, transporte y alojamiento de los trabajadores agrícolas de temporada; estamos avanzando significativamente en todo lo referente a la nueva judicatura y a las enmiendas que ella debe sufrir para los efectos de perfeccionar la legislación laboral vigente.

Sin embargo, como ya se ha manifestado en este Hemiciclo, existen varias materias -entiendo que han sido planteadas en la Comisión de Trabajo por la vía de la indicación- que deben ser consideradas en el debate más fino y particularizado que realizaremos respecto de esta iniciativa. Ello es trascendental. Y, como precisaran mis Honorables colegas, eso no significa desconocer la importancia de esta iniciativa del Ejecutivo, ni la gran disposición demostrada por el Ministerio del Trabajo y, en particular, por el señor Ministro , en cuanto a escuchar los legítimos planteamientos dados a conocer por las distintas partes para conciliar y plasmar en ella los intereses de los sectores involucrados.

Por tal razón, consideramos relevante, desde el punto de vista de nuestra bancada, hacer mención a algunos vacíos que constituyen problemas fundamentales y que, a nuestro juicio, todavía no son abordados en el proyecto. Uno de ellos es el concepto de empresa, respecto del cual no se ofrece una alternativa frente a subterfugios que permiten crear distintas razones sociales para burlar disposiciones laborales. Tampoco se toca el tema de las empresas contratistas; no se incorpora a las trabajadoras de casa particular al beneficio del salario mínimo, derecho de todos los trabajadores; no se establece para esas servidoras el fuero maternal, ni se faculta la creación de salas cunas y jardines infantiles para las trabajadoras de temporada, y no se tratan en forma cabal todos los problemas laborales del sector portuario, como indicara el Honorable señor Palza .

En relación a este último punto, quiero insistir en la preocupación de nuestra bancada acerca de las soluciones propuestas para el sector marítimo-portuario, las que de ninguna manera son suficientes para resolver las reales dificultades de los trabajadores de esa importante área económica. Insistiremos sobre esto formulando las indicaciones necesarias.

Por último, especial comentario me merece, en atención a que es un problema que afecta de manera muy directa y dramática a quienes se desempeñan en el área de la minería, el que no se aborde el tema de las empresas contratistas, consagrando la responsabilidad solidaria entre la empresa madre y la contratista o subcontratista.

Estamos viviendo situaciones extraordinariamente dramáticas -como sabe el señor Ministro , con quien nos reunimos en el día de ayer junto a un importante número de trabajadores del área de la minería de la zona que represento en el Senado-, en las cuales, una vez más, se generan mecanismos muy delicados para los efectos de establecer relaciones modernas entre empresarios y trabajadores. Eso no se está abordando, en circunstancias de que constituye un problema sumamente sensible, que está afectando notablemente la posibilidad de concretar -como digo- relaciones adecuadas para el mejor desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país.

La instauración de la solidaridad es la única forma de encarar ese problema y de proteger de modo apropiado los derechos de los trabajadores que se desempeñan en esas empresas contratistas o subcontratistas. Es la única vía -insisto- que les permitiría reclamar a la empresa principal cuando no son debidamente atendidos por la empresa subcontratista o la contratista. De esta manera, no se verían enfrentados a la necesidad de respetar plazos extraordinariamente amplios que, normalmente, hacen infructuosos sus reclamos.

En suma, ésta y otras materias, como las ya apuntadas, son de vital importancia y, en consecuencia, deben ser analizadas detenidamente, en la mira de ser incluidas en el proyecto en debate mediante las indicaciones pertinentes.

Siendo consecuentes con lo manifestado, y en atención a lo expuesto por el Senador señor Calderón , votaremos favorablemente la iniciativa, por considerarla una contribución importante a las reformas que el Gobierno democrático ha venido impulsando en el ámbito de las relaciones laborales.

Sin embargo, como ya hemos reiterado, nos parece legítimo insistir en algunos aspectos ya indicados en la Comisión, en la búsqueda del perfeccionamiento del proyecto, de importancia cardinal para miles de trabajadoras y trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , Honorables colegas, nos ocupa la discusión general del proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, fundamentalmente en lo que dice relación al contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral. Ya los señores Senadores que han intervenido se extendieron detalladamente en consideraciones respecto de esas materias. De modo que no quisiera repetir el contenido, significado y alcances que la iniciativa representa. Sin embargo, es necesario destacar, en representación del Comité Radical-Socialdemócrata, la importancia que ella tiene en términos de que continúa el proceso de perfeccionamiento de nuestra institucionalidad laboral, el que viene a sumarse a las leyes ya despachadas y vigentes sobre la materia, como recordara el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

No cabe duda de que todas estas normativas tienen como propósito hacer más justas las relaciones laborales y, a la vez, permitir que nuestra economía continúe en los términos positivos en que está funcionando, manteniendo los niveles de crecimiento o aumentándolos, todo lo cual, ciertamente, apunta al desarrollo y progreso del país.

Sin embargo, es del caso hacer resaltar que, en 1990, cuando se enviaron al Congreso Nacional los proyectos sobre terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo, sobre centrales sindicales y sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, ellos despertaron fuerte resistencia en las más importantes entidades gremiales del país. Algunas de esas iniciativas fueron paralizadas en su discusión, a fin de arribar a mejores acuerdos que permitieran satisfacer las justas demandas de los trabajadores.

Sabido es que, al final, su despacho no representó fielmente lo que ellos deseaban. En esa ocasión, dijimos que era lo máximo a que se podía llegar y que los proyectos se iban a despachar en los términos conocidos porque no había la posibilidad de recoger en su integridad, en función de la representación parlamentaria existente, las demandas que los trabajadores sostenían.

Justo es reconocer, también, que respecto de muchas indicaciones que requerían el patrocinio del Ejecutivo , se conversó con el Gobierno para conciliar los mejores términos entre los Parlamentarios que nos identificábamos con su política y gestión y los planteamientos de los interesados.

Lo anterior era porque, ciertamente, estábamos iniciando un proceso democrático, y era menester armonizar los mecanismos que se requerían para la mantención de los equilibrios macroeconómicos, el buen funcionamiento de la empresa y la participación de los trabajadores en dicho proceso, con todo lo que, además, representaba la serie de advertencias hechas con carácter agorero por parte de quienes se identificaban con la política ejercida en el Régimen pasado respecto de lo que podía ser el funcionamiento de la democracia en términos económicos.

Por lo tanto, es de justicia recordar que esos proyectos, que hoy son ley de la República, en buena medida fueron despachados en los términos que conocemos sin que se ejercieran las presiones o se mantuvieran los reclamos que las federaciones, sindicatos, centrales o confederaciones de trabajadores dieron a conocer en las distintas reuniones que habíamos sostenido con ellos.

A más de dos años y medio de instalado el actual Gobierno, esta iniciativa no ha estado ausente, al igual que las anteriores, de reuniones y conversaciones como las llevadas a cabo con las centrales sindicales. Creo que el tiempo transcurrido nos permite hacer algunas apreciaciones mucho más objetivas, firmes y sólidas.

Hoy podemos sostener que la economía nacional ha caminado por buenos senderos; que los resultados son alentadores; que ha habido crecimiento; que se han mantenido los equilibrios macroeconómicos; que desde el punto de vista de sus ingresos reales, la situación de los trabajadores ha ido mejorando paulatina pero sostenidamente, y que el Gobierno ha logrado satisfacer de modo significativo las demandas sociales. Y ninguna de esas tareas ha implicado un retroceso al empuje de la economía, ni mucho menos se ha notado una pérdida de confianza del empresariado respecto de las políticas oficiales.

Hago estas reflexiones, señor Presidente y Honorables colegas, por creer que el proyecto nos debe llevar a un estudio más detenido y tranquilo acerca de las irregularidades que aún persisten en las relaciones laborales.

Los aspectos que esta iniciativa contiene: el relativo al contrato individual de trabajo, el de remuneraciones, el descanso semanal, el feriado anual y la necesidad de que sea un derecho irrenunciable, el tema de la mujer y la familia, el contrato de trabajadora de casa particular y el de trabajador agrícola de temporada, las cuestiones procesales, reclaman todos un análisis mucho más detenido, mucho más tranquilo, con el fin de atender las demandas que nos están planteando los dirigentes laborales, las centrales sindicales, y que en numerosos casos no pudieron ser incorporadas en los proyectos que vimos en 1990 y que hoy son leyes de la República.

Se ha demostrado que en Chile hay un buen nivel de entendimiento entre empresarios y trabajadores. Nos hemos congratulado, en su oportunidad, por los acuerdos logrados en ese ámbito y por la iniciativa y participación que le ha cabido al Gobierno para posibilitarlos. Y en muchas ocasiones hemos destacado el éxito de nuestra política económica, la responsabilidad y serenidad con que se ha aplicado, sin reformas o cambios radicales traumáticos, en un proceso sostenido que trasciende el período del actual Gobierno.

Todos estos elementos bien llaman a la totalidad de los sectores representados en el Senado a concurrir con la mejor voluntad al estudio de las demandas de los dirigentes sindicales, procurando mejorar el contenido de la ley en proyecto.

Con ese ánimo, el Comité Radical-Socialdemócrata da su aprobación a la idea de legislar, dispuesto a contribuir a la profundización y perfeccionamiento del texto en análisis durante su discusión particular.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente,...

El señor PALZA.-

¿Me permitiría Su Señoría una interrupción de medio minuto?

El señor CANTUARIAS.-

Con la venia de la Mesa, con el mayor gusto, señor Senador.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , deseo corregir un lapsus en que incurrí, señalando que en el acuerdo político de la Cámara de Diputados, además de la Concertación y Renovación Nacional, participaron los señores Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente.

He querido hacerlo presente antes del discurso del Honorable señor Cantuarias, para destacar la voluntad de colaboración de la UDI, la que esperamos que también se manifieste en el Senado.

Nada más, señor Presidente .

El señor VALDES ( Presidente ).-

Muy honorable su aclaración, señor Senador .

Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , en primer término, deseo felicitar a los señores Senadores miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y a su secretaría, por la acuciosa labor desarrollada en el curso de cinco meses de sesiones, cuyos frutos tenemos ocasión de conocer y debatir en esta oportunidad.

Analizamos un gran informe, y ello debe ser motivo de orgullo para todos nosotros. Estamos conscientes del vivo interés que este proyecto de ley despierta entre los trabajadores del país, lo que ha quedado claramente demostrado por el alto grado de participación de éstos tanto en las instancias previas de su elaboración como en su discusión posterior. Por lo mismo, nuestra aproximación a estas materias ha sido favorable, en términos de ponderar debidamente cada una de las diversas proposiciones, que entendemos que se encuentran inspiradas en el propósito de contribuir a un mayor perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico laboral.

Desde esta perspectiva, nuestra preocupación apunta en el sentido de verificar si efectivamente se cumple dicho propósito y, en definitiva, a establecer si, como producto de las nuevas reformas que se han propuesto para el ámbito laboral, no se finalizará lesionando los legítimos intereses y derechos de los trabajadores por un efecto indeseado, como suele ocurrir a veces en este campo.

El camino fácil de imponer constantemente al empleador exigencias adicionales -en términos de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de remuneraciones-, en algunos casos ha concluido perjudicando a los trabajadores, debido a las consecuencias económicas que producen inevitablemente. Por ello, cada vez que nos encontramos llamados a analizar nuevas propuestas legislativas de carácter laboral, no podemos rehuir el análisis de los costos que pueden representar, en contraste con los que derivan de las situaciones que se desea corregir o mejorar.

Existen diversos planteamientos formulados en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social -la mayoría de los cuales compartimos- que se inscriben en este orden de consideraciones. Así, por ejemplo, la iniciativa encaminada a otorgar a las mujeres temporeras el beneficio de sala-cuna, que significa claramente una prestación de seguridad social, no queda garantizada por el solo hecho de que la ley lo establezca como una carga del empleador, resultando aconsejable estudiar un mecanismo distinto al que determina en la actualidad el Código del Trabajo y que a la postre ha resultado un obstáculo para la contratación de mujeres en empleos productivos.

El Gobierno ha sostenido que, en lo atinente a introducir modificaciones a dicho Código, éste sería el último proyecto que espera patrocinar, en el que se expresarían las principales proposiciones e inquietudes del sector laboral. Sin embargo, la idea surgida en el seno de la Comisión en orden a estudiar otros mecanismos para garantizar el beneficio de la sala-cuna a las mujeres trabajadoras (lo que constitucionalmente es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo ), bien pudiera hacer aconsejable una nueva proposición legislativa sobre el particular.

Quedó planteado en este informe el problema de las actitudes desleales en que algunos empleadores suelen incurrir para eludir el cumplimiento de sus obligaciones: por ejemplo, mediante fórmulas simuladas de contrataciones o subcontrataciones de servicios o a través de divisiones jurídicas artificiales de la empresa. Este es, a nuestro juicio, un dilema que debemos abordar sin complejos, intentando armonizar los intereses en aparente conflicto.

Es evidente que la posibilidad de fijar, como norma general, el principio de la responsabilidad solidaria entre la empresa que contrata los servicios y el contratista representa un obstáculo para la moderna tendencia a la especialización que a nivel mundial están experimentando todas las empresas, conforme a la cual éstas se están limitando a producir aquello que pueden realizar en mejores condiciones que las de la competencia. Pero también es claro que, de no adoptarse ningún sistema que proteja efectivamente los derechos de los trabajadores ante las innumerables irregularidades detectadas en estos ámbitos, estaremos faltando a nuestro deber como legisladores, y comenzará a incubarse un grave problema social que más temprano que tarde estallará frente a nosotros. En este sentido, el debate generado en la Comisión aporta interesantes datos y sugerencias dignas de un mayor estudio y un nuevo debate, al que esperamos contribuir desde nuestra perspectiva en su oportunidad.

Asimismo, la posibilidad de revisar el concepto de empresa, subrayándose la unidad de gestión antes que la forma jurídica que se adopte, no parece conducir necesariamente a los fines tenidos en consideración por los autores de esta sugerencia, cuales son los de la protección integral de los derechos del trabajador. Tal vez resulte más aconsejable enfatizar el carácter protector con que la ley debe plantearse frente a los derechos del trabajador, mediante fórmulas ingeniosas y eficientes que conduzcan efectivamente hacia un mayor nivel de cumplimiento empresarial, antes que detenerse en definiciones abstractas que, por lo demás, siempre resultan superadas por la práctica.

Quedó pendiente, también, el problema de seguridad social que afecta al trabajador independiente que desempeña sus funciones en su propio hogar y sin la dirección y supervigilancia del empleador. La propuesta del Ejecutivo, mejorada en la Comisión, no da respuesta adecuada a esta inquietud, que se hace realidad cada vez que la persona se ve enfrentada a una contingencia concreta del ámbito de la seguridad social.

Compartimos el sentido del artículo 23-A que se incorpora al Código, disposición relativa al descanso, dentro de la jornada, de los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras, y creemos que los criterios introducidos por la Comisión mejoran notablemente su orientación y texto.

Asimismo, compartimos las modificaciones que se traducen en un nuevo artículo 25 en la inclusión del artículo 25-B, relativos a la jornada de los choferes de la locomoción colectiva interurbana y del personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles, y a la de los trabajadores de la locomoción colectiva urbana, respectivamente; pero creemos que es preciso regular el tema específico de los descansos mínimos que deben tener los choferes entre cada período de conducción, así como el relativo al tiempo máximo de conducción, que, naturalmente, no puede ser de la misma extensión en la noche que en el día. Los interesantes datos estadísticos aportados por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile revelan un significativo número de accidentes -y de víctimas- en los que uno de los protagonistas ha sido un vehículo de la locomoción colectiva, por lo cual estimamos que esta materia debe asumirse con especial cuidado y diligencia.

En términos generales, el proyecto que hoy analizamos en la Sala cuenta con nuestra opinión favorable, sin perjuicio de las enmiendas que en su oportunidad sugeriremos a algunas de sus normas. No debemos olvidar que cualquier modificación laboral incide en el terreno económico, y que mientras subsistan focos de cesantía y desempleo no podemos darnos el lujo de elevar el costo de contratación de la mano de obra, peligro que en alguna medida está presente en el trasfondo de esta iniciativa.

Así como tenemos el deber de resguardar los legítimos intereses del trabajador, mayor es nuestra responsabilidad y deber respecto de quienes buscan desesperadamente trabajar y no encuentran ninguna alternativa real. Por eso, nunca debemos olvidar que el primer desafío es el de contribuir a un crecimiento sólido y sostenido que permita a esas personas encontrar una oportunidad concreta de desarrollarse como tales y aportar al sustento de sus grupos familiares. Esto es particularmente importante en algunas actividades y zonas de la Octava Región. Y al respecto me permito recordar el solo caso, que ya ha atraído la atención del Senado, de quienes se desempeñan en la explotación del carbón.

Las modernizaciones introducidas a la legislación laboral por el Gobierno anterior armonizan los desafíos de brindar una protección efectiva al trabajador y, a la vez, de contribuir a un crecimiento económico sólido y estable. Claramente, dicha legislación es perfectible, y siempre estaremos llanos a mejorarla, teniendo presentes en todo momento las reales circunstancias de nuestro país. Estas consideraciones revisten especial importancia en los ámbitos portuario y agrícola, en los cuales una incorrecta o errada formulación legislativa podría producir graves efectos negativos para nuestra economía y para los propios trabajadores a quienes se pretende proteger con la respectiva proposición.

Iguales aprensiones cabe formular en cuanto al procedimiento judicial propuesto para dirimir los conflictos laborales, pues es necesario agilizar la labor de los tribunales, pero sin descuidar las garantías del debido proceso y de la justicia de los fallos. Una excesiva concentración del procedimiento judicial podría frustrar nuestras aspiraciones y hacernos retroceder aún más en estas materias. De ahí que resulte especialmente relevante consultar al respecto la opinión de las Facultades de Derecho del país, en particular la de los académicos laboralistas, ya que es en ese medio en donde mejor se han podido evaluar las bondades y defectos de la normativa procesal contenida en nuestro Código del Trabajo.

Sin perjuicio de las indicaciones que en su oportunidad formularemos, anuncio nuestros votos favorables a la idea de legislar, por cuanto estimamos que en gran medida el proyecto sometido a nuestra consideración se inserta en una perspectiva adecuada a los requerimientos y posibilidades reales de nuestro país.

Entendemos, señor Presidente , que el Derecho Laboral es esencialmente evolutivo y que la naturaleza de sus normas obliga a una constante actualización, acorde con la cambiante realidad. Pero nunca debe olvidarse que toda modificación en el ámbito laboral produce inevitablemente consecuencias económicas que es necesario evaluar a la luz de los supuestos beneficios que se espera conseguir con cada iniciativa.

Este principio, que hoy fluye con innegable nitidez y que es compartido por la inmensa mayoría de quienes nos encontramos en esta Sala, a veces suele ser soslayado por la dirigencia sindical y política, cayéndose, en algunos casos, en la pendiente de la demagogia y de la consigna fácil, que nunca han aportado algo bueno al país.

Reitero mis felicitaciones a los señores Senadores y a la secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por su acuciosa labor.

Agradezco, también, muy especialmente, la aclaración formulada por el Presidente de esa Comisión , Senador señor Palza , en orden a la participación que en los acuerdos políticos alcanzados en la Cámara de Diputados le cupo a la Unión Demócrata Independiente.

He dicho.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Como varios artículos de este proyecto requieren quórum especial, por su carácter de orgánicos constitucionales, se llamará a la Sala a los señores Senadores que están sesionando en Comisiones.

Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , Honorable Senado, recogeré brevemente dos de los aspectos que se mencionaron esta tarde y que me parecen centrales, desde el punto de vista de la discusión particular del proyecto.

Uno tiene que ver con el reconocimiento de la importancia que tuvo el hecho de que en la Honorable Cámara de Diputados se hubiera desplegado un esfuerzo muy amplio, por Parlamentarios de todos los sectores, para generar un acuerdo que permitiera avances significativos como los contenidos en este proyecto; y el otro, con la expresión de la voluntad de los señores Senadores, en esta sesión, en cuanto a perfeccionar ese acuerdo, a fin de que, sobre la base de un gran consenso en esta rama del Congreso, se incluyan nuevos avances respecto de los ya incorporados durante el primer trámite constitucional.

En el caso de otras reformas a la legislación del trabajo que iniciaron su tramitación en el Senado, el procedimiento fue análogo: concitaron un amplio acuerdo y éste se perfeccionó en la Cámara Baja, concurriendo a ello las mismas partes que habían participado aquí. El esfuerzo y voluntad manifestados esta tarde auguran, entonces, un progreso y perfeccionamiento en relación con la iniciativa en estudio.

Es indudable que este proyecto -probablemente más que cualquiera de los despachados anteriormente en materia de modificación laboral- beneficia a cientos de miles de trabajadores, que se ven favorecidos por la eliminación de algunas discriminaciones, como la existente en el cálculo del feriado anual. Actualmente, un trabajador que labora 48 horas semanales distribuidas en 5 días tiene derecho a un feriado superior que quien trabaja las mismas 48 horas divididas en 6 jornadas. Esta situación, que afecta a gran número de compatriotas, se corrige en esta oportunidad.

Del mismo modo, se beneficia a cientos de miles de trabajadores al garantizarse en mejor forma determinados derechos, como el del feriado anual progresivo, caso en que se amplía la norma pertinente. Además, se contempla la posibilidad de que, con motivo de enfermedad grave del hijo menor de un año, el permiso para su cuidado lo obtenga la madre o el padre.

Igualmente, se beneficia a cientos de miles de trabajadores al mejorar las disposiciones relativas a sectores específicos. En este debate se ha aludido al de los trabajadores de temporada, y se han mencionado las innovaciones propuestas con relación al alojamiento, alimentación y transporte.

Asimismo, se beneficia a cientos de miles de trabajadores con un procedimiento judicial más expedito y eficaz.

Señor Presidente , es preciso subrayar la importancia de este proyecto de ley, por los progresos que implica en términos de equidad y de modernización de la normativa laboral. Y, para concluir, quiero hacer un comentario acerca de la relevancia que esto tiene para nuestro proceso de desarrollo. No cabe duda -lo han destacado algunos señores Senadores- de que las modificaciones que hasta la fecha se han introducido a la legislación del trabajo no han tenido un efecto negativo en los equilibrios macro-económicos o en el desenvolvimiento del país en esta materia. Al contrario, nos parece que han sido positivas, puesto que, aparte no significar trabas, han contribuido, creando condiciones de ecuanimidad, a equilibrios macro-sociales, que son básicos tanto para la inversión misma como para el proceso de desarrollo que pretendemos sustentar.

Uno de los rasgos distintivos del período de reconstrucción democrática, que emerge cuando se lo contrasta con diversas transiciones que nos antecedieron, es el hecho de que la voluntad de materializar avances en términos de mayor equidad y mayor participación indujo un clima de paz social y entendimiento que se ha traducido en el fortalecimiento de la democracia y en un aporte al desarrollo económico de Chile.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Gracias, señor Ministro.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.

-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.

El señor VALDES (Presidente).-

La Mesa sugiere fijar plazo para formular indicaciones hasta el jueves 10 de diciembre, a las 12, a fin de que sean tratadas por la Comisión el martes 15 y la iniciativa sea despachada en particular por la Sala antes del 23.

Así se acuerda.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE MODIFICA LOS LIBROS I, IIY V DEL CODIGO DEL TRABAJO EN RELA CION CON EL CONTRA TO INDIVIDUAL, LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES Y LA JURISDICCION LABORAL

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra presentaros su segundo informe sobre el proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales, iniciado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que cumple en esta Corporación su segundo trámite constitucional, y ha sido calificado de "Simple Urgencia”.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja la siguiente constancia:

I.— Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 1° números 1 (que pasa a ser 2), 5 (que pasa a ser 6), 11 (que pasa a ser 13), 12 (que pasa a ser 14), 16 (que pasa a ser 18), 17 (que pasa a ser 20), 19 (que pasa a ser 23), 21 (que pasa a ser 25), 22 (que pasa a ser 26), 23 (que pasa a ser 27), 25 (que pasa a ser 29), 26 (que pasa a ser 30), 29 a 34 (que pasan a ser 34 a 39, respectivamente) 36 a 38 (que pasan a ser 41 a 43, respectivamente), 40 a 42 (que pasan a ser 45 a 47, respectivamente), 44 (que pasa a ser 49), y 45 (que pasa a ser 50); 2° número 1; 7°; 10; 11; 12, y 5° transitorio.

II.— Indicaciones aprobadas: N°s 6, 33, 49, 51, 52, 74, 75, 78, 102, 104, 107 y 110.

III.— Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s 2, 9, 10 primera parte, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 38, 48, 57, 58, 62, 63, 64, 77, 79 primera parte, 80, 84, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100 y 103.

IV.— Indicaciones rechazadas: N°s 1, 4, 5, 7, 8, 22, 23, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 73, 76, 82, 83, 85, 92, 97, 98, 101 y 109.

V.— Indicaciones declaradas inadmisibles: N°s 10 segunda parte, 24, 46, 50, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 79 segunda parte, 87, 88, 89 y 106.

VI.— Indicaciones retiradas: N°s 3, 32, 40,47, 59, 60, 81,105 y 108.

Como señalamos en el primer informe, el número 12 del artículo 1° del proyecto que os proponemos —correspondiente al número 10 de dicho informe y al número 7 del artículo 1° aprobado por la Honorable Cámara de Diputados— y el número 28 del artículo 3° —numerado como 24 de ese artículo en el primer informe y en el texto aprobado en primer trámite constitucional— son normas orgánicas constitucionales, puesto que se refieren a materias propias de la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y fueron objeto de informe, en su oportunidad, por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

A su vez, los números 4, 5 y 6 del artículo 2° —signados como números 3,4 y 5 en el primer informe— deben ser aprobados con quórum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social.

Por otro lado, cabe recordar que la Honorable Comisión de Hacienda ya informó, en su oportunidad, los referidos números 4, 5 y 6 (en ese entonces, 3, 4 y 5) del artículo 2°, haciendo notar que —toda vez que el financiamiento de los subsidios por reposo maternal y permisos por enfermedad del hijo menor de un año son de cargo del Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía—, la iniciativa en informe no requiere de mayores recursos fiscales que los contemplados en el presupuesto vigente. En atención a talcircunstancia, no ha sido procedente la remisión de los antecedentes para un segundo informe de esa Comisión sobre dichas disposiciones.

Participaron en algunas de las sesiones en que la Comisión estudió el proyecto los Honorables Senadores señores Ronald Mc-Intyre Mendoza y Sergio Romero Pizarro y los Honorables Diputados señores Mario Devaud Ojeda, Angel Fantuzzi Hernández y Héctor Olivares Solís.

Concurrieron también a las sesiones de la Comisión el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social don René Cortázar Sanz, el señor Subsecretario del Trabajo don Eduardo Loyola Osorio, el Jefe de Gabinete del señor Ministro, don Jorge Espinosa Sepúlveda, y el abogado asesor de esa Secretaría de Estado, don Patricio Novoa Fuenzalida.

Asistieron ocasionalmente, además, los abogados señores Guillermo Arthur Errázuriz y Alvaro Pizarro Maass.

Antes de iniciar el análisis de las indicaciones formuladas, la Comisión estimó necesario conocer los antecedentes más recientes acerca de la situación del sector marítimo portuario. Con tal objeto, escuchó la información que le proporcionó el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, y recibió en audiencia especial a los dirigentes portuarios señores Jorge Díaz y Abelardo Cubillos, Director y Coordinador, respectivamente, de COMACH; Walter As- torga y Juan Guzmán, Vicepresidente y Secretario, en su caso, de CONGE- MAR, y este último, a su vez, Presidente de FEMACH; Luis Caamaño y Ricardo Insunza, Tesorero y Director, respectivamente, de FEMACH, Jorge Fernández, Primer Vicepresidente, y Samuel Kimer, Director, ambos de CO- TRAPORCHI, y los señores Roberto Rojas y Juan Pereira.

FEMACH, CONGEMAR, COMACH y FEBACH, posteriormente, representadas por los dirigentes señores Juan Guzmán, Luis Caamaño, Walter Astorga, Roberto Rojas, Abelardo Cubillos y Eduardo Ríos, hicieron llegar sus proposiciones concretas en un documento conjunto.

Se recibieron también los planteamientos escritos sobre algunas de las indicaciones formuladas, que remitieron el Sindicato Marítimo Portuario "TRAMAPORT”, de Iquique, representado por su Presidente, don Jorge N°1.- Alberto Silva Berón, su Secretario, don José Humberto Mondaca Galloso, y su Tesorero, don Ángel Andrés Torrejón Echenique; y LADECO, representada por su Vicepresidente Ejecutiva, la señora Victoria Vásquez García.

ARTICULO 1°

La indicación número 1, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic propone agregar un nuevo número a este artículo, mediante el cual se incorpora un inciso final al artículo 3° del Código del Trabajo.

De acuerdo a ese precepto, para los efectos de la aplicación de normas de derecho colectivo del trabajo referidas al ejercicio de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, la gestión económica unitaria y la relación de complementariedad directa entre las distintas funciones productivas prevalecerán sobre la individualidad jurídica de la empresa.

Justificando su planteamiento, el H. Senador señor Calderón informó que la indicación sólo apunta a eliminar los efectos de la división artificial de las empresas, con la que se pretende eludir derechos de los trabajadores relacionados con la organización sindical y la negociación colectiva. Por eso, la indicación no se refiere a las empresas reales, que tienen una individualidad perfectamente justificada con respecto a otras que le son conexas, sino que trata de evitar la creación de empresas falsas, originadas muchas veces en la decisión de un mal empresario de burlar derechos laborales o gratificaciones, dividiendo su empresa, pero manteniendo la coherencia y unidad económica entre las resultantes.

El H. Senador señor Otero estimó muy importante mantener la institucionalidad, porque, cuando en una ley se incluyen disposiciones que rompen la estructura jurídica en otras materias, se crea un conflicto permanente, y, además, se entrega a quien va a aplicarlas una latitud insospechada. En la especie, la indicación desconoce la individualidad de las personas jurídicas, porque admite que, aún cuando tenga una personalidad propia, con su propia estructura y patrimonio, alguien —que sería en definitiva el juez del trabajo— podrá decidir que no es así. Permitirle que entre a analizar aspectos de tanta complejidad como la gestión económica unitaria y la relación de complementariedad directa entre las funciones productivas de distintas empresas, daría lugar a una verdadera anarquía.

Sostuvo que no niega la buena intención de la sugerencia en debate, pero piensa que esa solución no es la más apropiada, ya que lo que debería hacerse es mantener las normas generales y la libertad para la creación de empresas, pero sancionando drásticamente la infracción de las disposiciones laborales.

El H. Senador señor Hormazábal acotó que hay ejemplos de empresas que han utilizado el sistema de creación artificial de personas jurídicas para justificar más gastos y disminuir las utilidades eventualmente sujetas al pago de gratificaciones. Hizo presente que no le satisface por completo la indicación, porque involucra aspectos complejos y difíciles de concretar, por lo cual preferiría regular en mejor forma la gratificación, y seguir la línea del nuevo artículo 451-A que propone el Ejecutivo en la indicación 96, donde se sanciona el uso de subterfugios destinados a ocultar, disfrazar o alterar la individualización o patrimonio del empleador, con el objeto de eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales o previsionales. Anunció su rechazo a la indicación, no porque discrepe del fondo de su planteamiento, sino porque cree preferible buscar la fórmula de solución en el sentido que ha expuesto.

—Resultó desechada por tres votos en contra, provenientes de los HH. Senadores señores Hormazábal, Otero y Palza, y un voto a favor, emitido por el H. Senador señor Calderón.

La indicación número 2, de los mismos Honorables Senadores recién mencionados, plantea la inclusión de un número nuevo en este artículo, en el cual se añade un artículo 5° bis al Código del Trabajo, donde se establece que la legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.

El H. Senador señor Calderón fundamentó la indicación en la conveniencia de establecer en la ley el principio pro-operario, ampliamente reconocido en el Derecho Laboral a nivel nacional e internacional, y que descansa en el hecho de que no existe una relación de igualdad entre trabajador y empresario.

El H. Senador señor Otero opinó que la interpretación de la ley es una facultad propia de los Tribunales de Justicia, que se ejerce respecto de un caso específico, y el artículo 19 del Código Civil no ofrece dudas cuando dispone que, si el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. A su juicio, la disposición propuesta no produciría ningún cambio de fondo, es innecesaria y generaría conflictos a futuro, porque determinar si algo es ambiguo o merece dudas —que es el supuesto de hecho sin el cual no sería aplicable la norma— puede resultar absolutamente subjetivo, en circunstancias que las leyes deben dictarse sobre bases objetivas.

En lo que se, refiere a la ambigüedad o duda de normas contenidas en los fallos arbitrales, subrayó que hay recursos establecidos en la ley para lograr su interpretación, y que no es lógico obligar a que ella se realice en un determinado sentido.

El H. Senador señor Hormazábal se pronunció por aceptar la indicación, pero ubicando la norma como inciso final del artículo 2° del Código del Trabajo, en el que están consagrados los principios laborales.

Recordó que el Código Civil menciona otros elementos de interpretación legal a los que también es válido recurrir, como el inciso segundo del mismo artículo 19 antes citado, que establece que para interpretar los pasajes oscuros de una ley podrá recurrirse a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma b en la historia fidedigna de su establecimiento, disposición que sería aplicable plenamente.

La H. Senadora señora Feliú expresó que las leyes mandan, prohíben o permiten determinadas conductas humanas, en este caso la relación laboral, que tiene diversos aspectos, cada uno de los cuales requeriría una interpretación distinta en su caso. Sostuvo que no puede prescindirse de los elementos propios de la interpretación legal, y por ello discrepó de la indicación, que opta por un camino inapropiado para conseguir que las normas jurídicas sean lo más favorables posibles al trabajador.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, a su entender, el artículo propuesto en la indicación no sustituye las normas sobre interpretación contenidas en el Código Civil, sino que resultaría válido como un criterio auxiliar de interpretación. En ese sentido, juzgó conveniente hacer referencia expresa a los artículos 19 a 23 del Código Civil, declarando que la legislación del trabajo se interpretará de acuerdo a esas normas, y darle un carácter complementario a la idea contenida en la indicación, tomando como base la equidad natural, para el caso de que subsistan dudas. Al efecto —agregó— se podría establecer que, si subsistiere duda, los pasajes oscuros o dudosos se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador, atendiendo a los principios generales de la legislación del trabajo, al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.

El H. Senador señor Otero participó del criterio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, anticipando que no tendría objeción en aprobar un precepto que recogiera las ideas que esbozó, pero no el texto de la indicación como está, que, en su opinión, produciría una serie de conflictos.

—La indicación se aprobó por tres votos a favor y dos en contra. Fue respaldada por los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y tuvo el rechazo de los HH. Senadores señora Feliú y señor Otero.

La H. Senadora señora Feliú pidió dejar constancia de que el espíritu de la Comisión al aprobar esta indicación, en cuanto a la relación con las normas del Código Civil sobre interpretación, es el mismo que expuso el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social.

En una sesión posterior, la Comisión dejó expresa constancia, a sugerencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social Subrogante, que la disposición aprobada es complementaria y no sustitutiva de las normas del Código Civil sobre interpretación de la ley y de los contratos, y sólo operará en caso que subsistan dudas luego de la aplicación de éstas últimas.

Número 2

La indicación número 3, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Hormazábal, Núñez, Palza y Vodanovic, sugiere reemplazar este numerando por otro, en el que simplemente se elimina el inciso tercero del artículo 8° del Código del Trabajo.

—Fue retirada por el H. Senador señor Calderón, quien hizo presente que, aunque su deseo habría sido que el trabajo a domicilio quedase configurado como contrato de trabajo, ante las opiniones disidentes surgidas en el seno de la Comisión, se allanaba al criterio consignado en el primer informe por cuanto abre la posibilidad de que las partes le confieran ése carácter.’

La indicación número 4, de los Honorables Senadores señores Cooper, Jarpa y Thayer, plantea la sustitución del inciso tercero del artículo 8° del Código, a fin de establecer que los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia ni dirección inmediata del que los contrata, sólo originarán contrato de trabajo si así se conviniere expresamente por escrito.

—Fue rechazada al recibir cuatro votos desfavorables, emitidos por los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Otero y Palza, y un voto positivo, de la Senadora señora Feliú.

Número 3

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Palza, reemplaza lo incisos primero y segundo del artículo 9° del Código, manteniendo la disposición del proyecto de fijar en cinco días el plazo dentro del cual debe escriturarse el contrato de trabajo, cuando se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, y en quince días, contados desde la incorporación del trabajador, los demás casos. Innova en cuanto obliga al empleador a enviar una copia del contrato a las entidades previsional y de salud en que corresponda integrar las cotizaciones respectivas, y a darles también oportuno aviso de la cesación de servicios, cuando se produzca, y, en caso de incumplimiento, hace expresamente aplicable la sanción de multa que contempla esta norma.

El H. Senador señor Hormazábal compartió la idea de la indicación, pero estimó que podría dar lugar a dificultades operacionales que complicarían el sistema, y debería compatibilizarse con otros mecanismos actualmente existentes que persiguen el mismo objetivo.

La H. Senadora señora Feliú hizo presente que, en lo que respecta a las Administradoras de Fondos de Pensiones, se ha aprobado por el H. Senado una norma en similar sentido en el proyecto de ley que establece y modifica normas previsionales y sobre procedimiento en juicios que indica (Boletín N° 603-13), que cumple actualmente su segundo trámite constitucional en la H. Cámara de Diputados.

—Sometida a votación, fue rechazada con los votos de los HH. Senadores señora Feliú y señores Hormazábal y Otero. La votaron afirmativamente los HH. Senadores señores Calderón y Palza.

La indicación número 6, del Honorable Senador señor Thayer, cambia la multa aplicable al empleador que no haga constar el contrato de trabajo por escrito dentro de plazo, de cinco unidades tributarias mensuales, por otra que va de una a cinco unidades tributarias mensuales.

—Se aprobó por cuatro votos a favor, pronunciados por los HH. Senadores señora Feliú y señores Hormazábal, Otero y Palza, y el voto en contra del H. Senador señor Calderón.

La indicación número 7, del Honorable Senador señor Thayer, recomienda agregar en el inciso segundo del artículo 9° del Código, que si se trata de empleadores que ocupen habitualmente menos de cinco trabajadores, la multa será aplicable sólo en caso de reincidencia.

—Quedó desechada al recibir cuatro votos negativos, correspondientes a los HH. Senadores señora Feliú y señores Hormazábal, Otero y Palza, y el voto favorable del H. Senador señor Calderón.

La mayoría de la Comisión dejó constancia que entendía que, al aprobarse la indicación anterior, del mismo H. Senador, se había alcanzado el propósito de hacer más flexible la aplicación de la sanción. El H. Senador señor Hormazábal agregó que también lo había movido a rechazar esta indicación las dificultades operacionales que se habrían presentado para determinar la procedencia de la multa.

Número 4

La indicación número 8, del Honorable Senador señor Thayer, aconseja suprimir este precepto, en que se cambia la regulación de las modificaciones al contrato de trabajo.

—Se rechazó por la unanimidad de la Comisión, HH. Senadores señora Feliú y señores Calderón, Hormazábal, Otero y Palza.

La indicación número 9, de la Honorable Senadora señora Feliú, suprime la referencia que hace aplicable, en el evento de que las modificaciones al contrato de trabajo no se escrituren dentro de plazo, la misma multa que procede por la falta de escrituración oportuna del contrato.

Se argumentó, en apoyo de la indicación, que la sanción era demasiado drástica, toda vez que su objetivo es incentivar la prueba acerca del inicio de la relación laboral, por la dificultad que conlleva determinarla, lo que no se produce tratándose de modificaciones al contrato, que a veces constan en otros documentos, como contratos colectivos.

En relación con este aspecto, se informó a la Comisión que las modificaciones de mayor trascendencia a nivel colectivo, en lo medular, inciden en reajustes de remuneraciones, las que deberían necesariamente sujetarse al mecanismo previsto en el inciso primero del artículo 11 en cuestión —y a la eventual multa que se ha incorporado en el primer informe de esta Comisión—, puesto que el inciso segundo solamente exime de la obligación de escriturar las modificaciones cuando se trata de aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones, y no de otra especie.

Se hizo notar, por otro lado, que en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión respecto de la indicación número 6, ya no resultaba pertinente aludir a la "misma” sanción, toda vez que la multa abarcará varios montos y no uno solo.

—La mayoría de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Otero y Palza, resolvió acoger la indicación sólo en cuanto a la supresión de la palabra "misma”, disintiendo de ese parecer la H. Senadora señora Feliú, quien estuvo por aprobarla en su integridad.

Fundando su voto, el H. Senador señor Hormazábal dijo que consideraba, como el viejo adagio jurídico, que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, y el problema de prueba del contrato o de la modificación, que puede ser sustancial, es el mismo para el trabajador. Sin embargo, haciéndose cargo del aumento de trabajo que pudiese representar en un momento determinado para algunos empleadores la actualización de todas las modificaciones a los contratos, estimó conveniente imponer anualmente dicha obligación para todos los reajustes de remuneraciones, y no solamente los legales, introduciendo el cambio respectivo en el inciso segundo del mismo artículo 11.

El H. Senador señor Otero, por su parte, declaró ser partidario de sancionar la falta de escrituración dentro de plazo de las modificaciones al contrato de trabajo, aunque no le satisface que sea el mismo margen de multas que se aplica en el caso de que no se escriture el propio contrato, porque son omisiones que, en su parecer, no tienen la misma gravedad.

—Puesta en votación la modificación sugerida por el H. Senador señor Hormazábal, en cuanto a que no sea necesario escriturar las modificaciones consistentes en reajustes de remuneraciones, ya sean legales, convencionales o establecidas en fallos arbitrales, la Comisión acordó acogerla con los votos a favor de los HH. Senadores señora Feliú y señores Hormazábal y Otero, y los votos en contra de los HH. Senadores señores Calderón y Palza.

La indicación número 10, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta la incorporación de un número nuevo, que modifica el inciso tercero del artículo 13 del Código del Trabajo.

El objetivo de los cambios que se proponen es que los menores de quince años y mayores de catorce no puedan realizar trabajos que se prolonguen más allá de las veinte horas, y que las disposiciones del referido inciso sean aplicables a los menores que presten servicios directamente al público en establecimientos comerciales, los que serán responsables de su cumplimiento. Asimismo, que la infracción de estas normas pueda ser denunciada por cualquier persona ante la Dirección del Trabajo o los tribunales competentes.

El H. Senador señor Calderón explicó que esta indicación tiende a brindar algún tipo de protección —de la cual carecen hoy día— a los menores que prestan servicios al público en establecimientos comerciales, particularmente en supermercados.

La Comisión advirtió que la norma propuesta gira alrededor de dos ideas centrales, por lo que resolvió dividir el debate y votación respecto de cada una de ellas. La primera es la fijación de un límite horario para el trabajo de menores, y la otra, la regulación del trabajo de los mismos, aunque no estén regidos por el Código del Trabajo.

Respecto del primero de esos temas, se tuvo en cuenta que los menores sujetos a contrato de trabajo se rigen por el artículo 19 del Código, el que no establece limitación horaria alguna, salvo en caso de que se desempeñen en establecimientos industriales. En ese evento, se les prohíbe el trabajo nocturno que se ejecute entre las veintidós y las siete horas, con las excepciones que se indica.

La Comisión coincidió en la conveniencia de equiparar a todos los trabajadores menores en lo que se refiere a sus horas de desempeño, sean del sector industrial o comercial.

—Consecuentemente, aprobó por unanimidad la primera parte de la indicación, modificándola en el sentido de incorporar la mención de los establecimientos comerciales en el artículo 19 del Código del Trabajo. Votaron los HH. Senadores señora Feliú, y señores Calderón, Hormazábal, Otero y Palza.

En lo que respecta al segundo tema, sobre la procedencia de incluir dentro del Código del Trabajo una norma aplicable a personas que no estén regidas por éste, se llamó la atención sobre el hecho de que, en el caso de los menores que se desempeñan en los supermercados, podría estar ausente un elemento esencial del contrato de trabajo, cual es la remuneración.

El H. Senador señor Otero advirtió que hay una gran cantidad de jóvenes que obtienen un ingreso por este tipo de actividades, y que si se les ponen muchas trabas, los establecimientos simplemente prescindirían de ellos. Estuvo de acuerdo en reglamentar las horas de trabajo, pero en un proyecto específico, porque —observó— esa materia está fuera de las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa en debate, por lo que sería inconstitucional pronunciarse sobre ella.

—La segunda parte de la indicación fue declarada inadmisible.

Número 6

La indicación número 11, del Honorable Senador señor Palza, propone puntualizar que los trabajadores excluidos de la limitación de jornada de trabajo son, entre otros, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento, "y no estén sujetos a una fiscalización superior inmediata”.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social sugirió eliminar del inciso segundo del artículo 23 en cuestión la palabra "expresamente”, contemplada en la frase relativa a los trabajadores a domicilio incorporada en el primer informe, por estimarla inductiva a confusión, en la medida que podría ser interpretada como que el contrato debería constar por escrito —y no ser consensual—, o que pudiera no ser expreso.

El H. Senador señor Palza explicó que el inciso segundo del artículo 23 contempla varias situaciones: la primera se refiere a los trabajadores que prestan servicios a distintos empleadores; la segunda a los gerentes, administradores apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. En ambos casos se desempeñan en el local de la empresa.

Otro caso —que se está incorporando— es el de los contratados de acuerdo a este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos. La última situación es la de los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejercen sus funciones en el local del establecimiento.

Su indicación persigue —agregó— que quienes trabajan fuera del establecimiento, pero estén sujetos a una fiscalización superior inmediata, queden afectos a la limitación de la jornada de trabajo. Señaló que tiene particularmente en cuenta el caso de los periodistas que deben salir a hacer reportajes, sobre la base de una pauta elaborada por el medio de comunicación en que trabajan y de la que deben rendir cuenta a su regreso.

La Comisión consideró que, si la disposición hasta ahora ha funcionado bien, no se justifica modificarla, porque es posible que se originara un problema de interpretación acerca de las personas que estarían afectas a la jornada de trabajo de 48 horas, y las que estarían excluidas de dicha limitación.

—Sometida a votación la indicación, la Comisión acordó por unanimidad darla por acogida parcialmente, en cuanto a eliminar la palabra "expresamente” en la forma sugerida por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. Votaron los HH. Senadores señora Feliú, y señores Calderón, Hormazábal, Otero y Palza.

Número 7

La indicación número 12, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, sustituye el nuevo artículo 23-A, sobre descanso mínimo de los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras.

Expresa la indicación que el descanso mínimo será de diez horas dentro de cada veinticuatro horas cronológicas, y deberá cumplirse preferentemente en tierra. La nave deberá contar con las acomodaciones adecuadas para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de ella. Agrega que, cuando la navegación se prolongare por más de quince días, los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada día calendario, sin perjuicio de la compensación de los domingos y festivos trabajados, dispuesta en el artículo 37 del Código. Termina manifestando que se aplicará también a estos trabajadores los artículos 121 y 122 del Código, relativos a la preferencia de pago de los créditos laborales con el seguro de la nave perdida, y de gratificación por los trabajos de salvamento.

La indicación número 13, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, se inclina asimismo por la sustitución del nuevo artículo 23-A del Código.

Recomiendan, al efecto, establecer que el descanso mínimo de estos trabajadores sea de ocho horas diarias, y que a la llegada a puerto tengan derecho a un descanso mínimo de ocho horas en tierra, si se trata de naves que recalen en forma periódica. Durante la navegación, o si las faenas requieren que ésta se prolongue por una o más noches, el descanso mínimo podrá cumplirse a bordo de la nave. Si el descanso se cumpliera a bordo, la nave deberá contar con las acomodaciones para ello y con la dotación necesaria para la operación de las faenas pesqueras.

Continúa expresando que, cuando la nave deba permanecer en puerto, la jornada de trabajo será de ocho horas diarias. En las naves que operan con el sistema (Je mareas, de más de diez días, la jornada diaria de trabajo y los descansos correspondientes se regirán por lo dispuesto en las normas legales referidas al contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar.

Ambas indicaciones fueron debatidas conjuntamente.

El H. Senador señor Calderón estimó que debe incorporarse el concepto de "dotación”, como plantea su indicación, a fin de que los trabajadores que se desempeñan a bordo puedan tener un descanso real, mediante un sistema de turnos, sin que ello signifique necesariamente que deba aumentar el número de trabajadores.

El H. Senador señor Hormazábal apuntó que el Código del Trabajo contempla una definición de dotación en su artículo 95, en el que se señala que: "los hombres de mar contratados para el servicio de una nave construyen su dotación”, y él entiende el aporte del H. Senador Calderón en este sentido, es decir que, si hay personas a bordo que están descansando, debiera haber personas que las reemplacen, lo que podría elevar el número de personas que trabajan en cada nave, que —según se entiende— fluctúa ahora entre 9 y 11 personas.

El H. Senador señor Otero opinó que las normas no pueden ser subjetivas. Si se está estableciendo una norma de descanso, y ella no se cumple porque el empresario no tiene la dotación adecuada, los trabajadores pesqueros deberán reclamar ante la Inspección y en el caso preciso se determinará. Pero exigir la dotación necesaria crea la gran interrogante sobre quién y cómo se determina, lo que no tiene objeto, porque está implícito en la función que cumplen y en el descanso de que deben gozar.

La proposición de la indicación N° 12, de hacer aplicables a los trabajadores de naves pesqueras, en caso de naufragio, los artículos 121 y 122 del Código, referidos a los trabajadores embarcados o gente de mar, fue criticada por la H. Senadora señora Feliú, sosteniendo que el naufragio no tiene ninguna relación con el tema que regula el artículo en análisis, y que era partidaria de no innovar en cuanto a la preferencia, porque puede tener consecuencias económicas graves, en la medida que el seguro en cuestión entra a reemplazar el precio, y éste pudiere no estar pagado y haberse constituido hipoteca sobre la nave. Esta norma, por ser posterior a las disposiciones legales vigentes sobre hipoteca de naves, vendría a alterar estas últimas, lo que significa un cambio muy importante que debería ser objeto de análisis más detenido, en un contexto diferente del estudio de los derechos laborales de ese personal, como jornada de trabajo y descansos.

La Comisión debatió la ampliación del descanso mínimo de ocho a diez horas para estos trabajadores, el período dentro del cual debe tomarse, el carácter divisible del mismo, el descanso de ocho horas continuas cuando la navegación se prolonga por más de quince días, y los otros aspectos referidos en las indicaciones.

—Como conclusión de su examen, por la unanimidad de los HH. Senadores señores Calderón, Thayer y Palza, aprobó ambas indicaciones, refundidas en una nueva redacción.

Posteriormente, la Comisión recibió una presentación conjunta de la Federación Nacional de Tripulantes de Naves Especiales de Chile y de la Asociación de Buques Fábricas Arrastreros e Industrias Conexas A.G., las que acompañaron un acta de acuerdo suscrita entre ambas entidades el 12 de marzo de 1993.

En ese documento, hacen presente que dichos trabajadores tradicionalmente han tenido un régimen laboral consistente en doce horas diarias de trabajo, divididas en dos turnos iguales de seis horas cada uno, y doce horas de descanso. Agregan que los tripulantes pesqueros que laboran a bordo de los buques fábricas arrastreros, al ser titulares de bonos de pesca que significan un porcentaje relevante de su remuneración mensual, tienen un interés directo en que la operación de dichas naves se mantengan en forma continua y sin interrupciones, lo que sólo es posible lograr con el sistema habitual de tumos.

Por lo anterior, solicitaron modificar la norma aprobada en esta Comisión, que establece un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada día calendario cuando la navegación se prolongue por más de quince días, en el sentido de permitir que además, en dicho evento, pueda otorgarse un descanso mínimo de diez horas dentro de cada día calendario, divisible hasta en dos períodos.

— La Comisión, atendidos los antecedentes expuestos y luego de oír la posición favorable del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, resolvió por unanimidad adicionar el inciso tercero del artículo 23-A aprobado con una frase final, en el sentido solicitado por los interesados. Otorgaron su voto favorable los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Pérez y Thayer.

Número 8

La indicación número 14, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, sustituye el nuevo artículo 25 del Código, relátivo a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, y del personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles.

El artículo que sugieren establece que la jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, de choferes de vehículos de carga terrestre y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de 192 horas mensuales, sin perjuicio de los descansos o las esperas que les corresponda cumplir entre tumos laborales sin realizar labor, tiempo que no será imputable a la jornada, y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes. Todos estos trabajadores deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas diarias dentro de veinticuatro horas cronológicas.

Además, permite al Director del Trabajo autorizar el establecimiento de jornadas bisemanales de trabajo para este personal, en cuyo caso deberá otorgarse el descanso aumentado en los mismos términos del artículo 38.

Agrega que, cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir una jornada de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo en tierra de ocho horas. En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana o el de vehículo de carga terrestre podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será la mitad del tiempo manejado ininterrumpidamente; si el descanso durare menos de esta proporción, el posterior manejo se considerará continuo al precedente, pero el lapso no manejado no se imputará a la jornada ordinaria.

Termina disponiendo que el bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de aquél.

La indicación número 15, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, postula reemplazar el inciso primero del artículo 25, a fin de establecer que la jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, los choferes de transporte de carga terrestre y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles será de ciento noventa y dos horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, el tiempo de los descansos o de la espera que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

La indicación número 16, de la Honorable Senadora señora Feliú, sugiere suprimir la referencia en cuanto a que la retribución o compensación de los descansos o esperas entre turnos laborales sin realizar labor se ajustará al acuerdo de las partes.

La indicación número 17, del Honorable Senador señor Otero, persigue sustituir el inciso segundo, con el objeto de disponer que los choferes de locomoción colectiva interurbana y los maquinistas de ferrocarriles, en jornadas diurnas, no podrán conducir por más de cuatro horas continuadas y deberá mediar no menos de una hora con su próximo tumo, si hubiere manejado cuatro horas continuas. En el caso de jornadas nocturnas que exceda de cuatro horas, el chofer o conductor deberá ser reemplazado cada tres horas, debiendo mediar no menos de dos horas entre turno y tumo. Asimismo, los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles que arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en vía, respectivamente, una jornada de doce o más horas, deberán tener un descanso mínimo de ocho horas.

La indicación número 18, del Honorable Senador señor Cantuarias, reemplaza la oración final del inciso segundo del artículo 25, por un inciso tercero nuevo.

En virtud de ese precepto, el chofer de la locomoción colectiva interurbana no podrá manejar más de cinco horas continuas en el día, ni más de cuatro horas continuas en la noche. En ambos casos, el chofer que ha alcanzado los límites antes señalados no podrá volver a conducir antes de haber completado a lo menos dos horas continuas de descanso, descanso que no será imputable a la jornada y cuya retribución o compensación se sujetará a lo que acuerden las partes.

La indicación número 19, del Honorable Senador señor Palza, agrega al artículo 25 sendos incisos, conforme a los cuales la jornada de trabajado del personal de choferes de transportes de carga terrestre en ruta, no podrá exceder de doce horas diarias. Ese trabajador no podrá manejar más de cinco horas continuas, con un máximo de 300 kilómetros.

Continúa ordenando que los propietarios de vehículos de carga terrestre destinados a transporte de larga distancia, deberán disponer de cabinas con litera para descanso del conductor. Durante la permanencia del conductor en terminal la jornada de trabajo no podrá exceder de las ocho horas diarias. Al término del viaje el conductor de carga terrestre de larga distancia contará con un descanso mínimo de ocho horas continuas. Al conductor se le otorgará lo establecido en el artículo 37, número dos, de la ley N° 18.620.

La Comisión, por unanimidad, acordó debatir conjuntamente estas indicaciones N°s 14, 15, 16, 17,18 y 19, a fin de facilitar la resolución que en su momento se adoptaría respecto de ellas.

El H. Senador señor Palza dio a conocer su opinión en cuanto a la necesidad de regular la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre, sobre los cuales no existe control alguno, y que reviste gran importancia dadas las cifras de accidentes en que les ha correspondido participación. Observó que había recibido esa petición expresa de dichos trabajadores.

El H. Senador señor Otero manifestó su preocupación por las dificultades de fiscalización que presentaría el establecimiento de una jornada de trabajo para los choferes de vehículos de carga, toda vez que normalmente se les contrata por viaje y ellos mismos determinan su jornada. Al intervenir en este tema por vía legislativa, se alterará una actividad que hasta ahora ha funcionado normalmente, por la incorporación de un elemento conflictivo que no se va a poder controlar. Añadió que la prevención de los accidentes debe hacerse a través de otros mecanismos, como el perfeccionamiento de los choferes a través de cursos especiales, para que se desempeñen responsablemente, ya que los que no sean verdaderos profesionales generarán el riesgo de accidentes de igual forma con o sin el límite de las 192 horas que se propone instaurar.

El H. Senador señor Thayer opinó que es difícil fijar una misma pauta para distintos tipos de movilización. Sugirió que lo referente al problema de ferrocarriles y a camioneros se dejara para ser estudiado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, advirtiendo que los mismos trabajadores ferroviarios manifestaron su deseo de no ser incluidos en esta norma.

El H. Senador señor Hormazábal aseveró que efectivamente los trabajadores ferroviarios comunicaron su preocupación con posterioridad a que fueron presentadas las indicaciones, porque podrían perder derechos que hoy tienen conquistados. Por eso fue partidario de distinguir las diferentes condiciones en que se desempeñan estos gremios.

Explicó que en el contrato colectivo que tienen vigente los trabajadores ferroviarios, se considera como trabajo el tiempo que viajan como pasajeros por razones de servicio, y como, por su parte, los trabajadores de transportes de carga y conductores de microbuses han pedido expresamente que se les deje en libertad de negociación, no vio inconveniente en establecer que los tiempos de descanso o de espera no serán imputables a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes, al igual que ocurre en el sector que ya tiene solucionado este aspecto.

Estimó, además, que es necesario ampliar las facultades de la Dirección del Trabajo para fijar jornadas especiales oyendo a los interesados, dentro del marco general que determine la ley. Puso de relieve que los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile —reseñados en el primer informe— y los que entregaron los mismos interesados permiten deducir que la jornada de trabajo representa un altísimo componente de riesgo en la ruta.

El H. Senador señor Thayer estimó apropiado referirse a "retribución o compensación” de los períodos de descanso o espera, ya que salva la discusión sobre si ellos son parte de la jornada de trabajo o no lo son. Es evidente que, si forman parte de la jornada, deben ser retribuidos, y, si no la integran, han de compensarse. Hizo ver la concordancia de este mecanismo con el artículo 4° del Convenio N° 153 de la Organización Internacional del Trabajo —aunque no está ratificado por Chile—, que consagra un principio bastante amplio, al establecer que los períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad, pasados en el vehículo o en el lugar de trabajo, y durante los cuales los conductores no disponen libremente de su tiempo, pueden considerarse parte de la duración del trabajo en la proporción que se determinará en cada país por la autoridad o el organismo competente, por medio de contratos colectivos o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó que fijar un límite de 192 horas mensuales, significa mantener la flexibilidad de los horarios que requiere una actividad como el transporte, y que los choferes de carga terrestre no pueden dejarse sin horario, por tratarse de trabajadores dependientes, que no cuentan con una regulación convencional sobre la materia, a diferencia del personal de ferrocarriles, y desarrollan su trabajo con un grado de concentración, intensidad y desgaste importante.

— Las indicaciones N°s 14 a 19, refundidas en un solo texto, se aprobaron por unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Thayer.

Número 9

La indicación número 20, del Honorable Senador señor Otero, contempla la sustitución del nuevo artículo 25-B del Código, relativo a la jornada de trabajo para los trabajadores de la locomoción colectiva urbana.

La norma sugerida estatuye que en caso alguno los choferes de la locomoción colectiva urbana podrán manejar por más de cuatro horas consecutivas, debiendo mediar, a lo menos, dos horas de descanso entre turno y turno y su jornada diaria no deberá exceder de diez horas. Además, los choferes no podrán desempeñar simultáneamente la función de conductor y de cobrador, a menos que el vehículo esté dotado de un sistema de control visual o auditivo en base a elementos que no sean proporcionados ni vendidos por el chofer.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Cantuarias, reemplaza la oración final del artículo 25-B por un inciso segundo, que impide a estos choferes conducir más de tres horas continuas en el día, ni más de dos horas continuas en la noche. El que ha alcanzado estos límites no podrá volver a conducir antes de haber descansado a lo menos por el lapso de una hora, descanso que no será imputable a la jornada y cuya retribución o compensación se sujetará a lo que acuerden las partes.

El H. Senador señor Otero fundamentó su indicación señalando que debería establecerse en el Código del Trabajo que conducir un vehículo de la locomoción colectiva urbana no comprende la función de cobrar, porque el gran problema que tiene el chofer es que se le pide que, además de conducir, reciba dinero, lo cuente, corte el boleto y entregue el vuelto. Reconoció que probablemente tendrá que mejorársele o cambiársele las condiciones de remuneración, pero, a su juicio, no puede aceptarse que se le haga extensiva una función que no le es propia como sucede hoy día.

El H. Senador señor Thayer consideró absolutamente lógico que el chofer de un vehículo de locomoción colectiva no pueda ser cobrador al mismo tiempo. Piensa que el desempeño simultáneo de ambas funciones va destruyendo anímicamente a esos trabajadores. Tuvo la impresión, sin embargo, de que la indicación no se ajusta al número 4 del artículo 62 de la Constitución Política, porque podría implicar una modificación de las condiciones de remuneración de trabajadores del sector privado, o una alteración de las bases que sirven para determinarlas. De ser así, tendría que contar con el patrocinio del Ejecutivo.

El H. Senador señor Hormazábal, discrepó del planteamiento constitucional del H. Senador señor Thayer, por estimar que abriría las puertas a una interpretación demasiado extensiva. Sabe que hay recorridos de buses urbanos que tienen cobrador: es un sistema que ya existe, en el que está pactada la remuneración, y no se estaría alterando con la indicación. Reflexionó que, en cambio, en una interpretación de la Ley de Tránsito, se podría sostener que un conductor que maneja, cobra el valor del pasaje, da vuelto y entrega el boleto, no está atento a las condiciones del tránsito del momento. Cree que muchas veces, cuando se produce un accidente, se debe a esa causa. Desde el punto de vista del fondo, entonces, consideró que es una buena iniciativa, pero que debería ser estudiada con mayor detención a la luz del complejo de normas que es la Ley de Tránsito, y de las modificaciones que habrían de introducírsele.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social consideró que este tema se relaciona con la seguridad de los pasajeros más específicamente que con la jornada de trabajo. Por eso, lo ha recogido para solicitar su estudio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Le pareció que pasar inmediatamente de un trabajador a dos en el vehículo de transporte colectivo, como se desprende de la indicación, es un cambio que justifica una mayor discusión sobre los efectos posibles que pueda ocasionar, como, por ejemplo, el hecho de que los ingresos que la empresa recauda del corte de boletos no cambiará fundamentalmente, y esta norma podría tener un efecto económico negativo para el actual conductor, ya que con esos mismos recursos se contrataría una segunda persona. Atendido ese posible deterioro económico —a no ser que se pensara que las empresas pagarán los mayores costos con cargo a sus utilidades—, creyó prudente recoger los planteamientos de quienes están en el sector, y en particular de los conductores de buses urbanos, haciendo hincapié en que la norma, desde el punto de vista del funcionamiento del transporte urbano, podría producir efectos muy útiles a considerar.

El H. Diputado señor Fantuzzi compartió la idea de que se estudiara esta materia en relación con la Ley de Tránsito, subrayando que, junto al mayor costo para los empresarios del transporte, cuyo financiamiento deberá provenir de alguna fuente, está involucrado un aspecto cultural, puesto que en otros países los boletos no se venden en el mismo vehículo, sino que en determinados locales, y el pasajero debe aprovisionarse previamente de ellos.

Luego de intercambiar ideas, se convino un texto refundido de ambas indicaciones, en que limita la jornada ordinaria efectiva a ocho horas, ampliando el descanso mínimo contemplado en el primer informe de ocho a diez horas entre turno y turno, y transformando en cuatro horas el periodo en que se puede manejar de continuo’ Estas condiciones regirán para los servicios de transporte urbano colectivo de pasajeros, y aseguran el descanso de esos trabajadores, evitando dificultades tales como que el término de la jornada máxima sorprenda al conductor sin haber terminado su recorrido.

—Sometidas a votación, se aprobaron las indicaciones N°s. 20 y 21, refundidas, por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores Calderón, Palza y Thayer.

Con posterioridad, la Comisión resolvió suprimir del texto aprobado el calificativo de que la jornada ordinaria de ocho horas tenga carácter de "efectiva”, guiada por el propósito de que los períodos de espera que medien entre turnos de conducción se consideren parte de la jornada de trabajo. El H. Senador señor Hormazábal pidió dejar expresa constancia de que ese es el espíritu que anima a la Comisión en esta materia.

—Dieron aprobación unánime a esta modificación los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Thayer.

Número 10

La indicación número 22, de los Honorables Senadores señores Cooper y Prat, intercala un inciso segundo al nuevo artículo 26 del Código —referente a las actividades que no están comprendidas en la limitación de 48 horas para la jornada ordinaria de trabajo semanal—, en el que se señala que, tratándose de personas que cumplen funciones de vigilantes privados en tumos de noche, entre las 23.00 horas y las 6.00 de la mañana, podrá extenderse la jornada extraordinaria más allá del límite de dos horas diarias, hasta las 7.00 de la mañana. Lo anterior, sin embargo, será aplicable un máximo de doce días en el mes.

—Fue rechazada por cuatro votos contra uno. Votaron negativamente los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Thayer, y la apoyó el H. Senador señor Otero.

La mayoría de la Comisión estimó que, de la sola indicación, no se desprendían fundamentos suficientes que justificaran la aprobación de un sistema excepcional para ese grupo de trabajadores.

La indicación número 23, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, elimina el inciso segundo del artículo 26, que excluye del límite semanal de la jornada ordinaria de trabajo al personal que se desempeña en hoteles, restaurantes o clubes —exceptuando el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina—, en empresas de telégrafos, teléfono, télex, luz, agua, teatro y otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

El H. Senador señor Calderón señaló que podían producirse algunas situaciones injustas con la enumeración de actividades contenidas en el inciso segundo que propone eliminar, por lo que estima conveniente no entrar en la ley a hacer distinciones, sino que mantener únicamente la regla general del inciso primero, o sea, la posibilidad de que hayan jornadas superiores a las 48 horas semanales para los trabajadores que desarrollan labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó sus temores que al eliminar la enumeración del inciso segundo es de una interpretación más extensiva al inciso primero, en circunstancias que lo que el proyecto propone es lo inverso, esto es, la reducción del personal afecto a las 72 horas, para que pase a 48 horas.

La Comisión debatió ampliamente la relación existente entre los incisos primero y segundo del artículo en cuestión, teniendo en cuenta que históricamente la primera disposición era aplicable, en el Código de 1931, a los obreros, y la segunda a los empleados —de acuerdo a los artículos 25 y 126 del aludido cuerpo normativo—, y que el fundamento de ambas es el mismo, si bien se quiso ser más cautelar con los empleados.

En ese sentido, se advirtió que la sola supresión del inciso segundo podría hacer aplicables las reglas del inciso primero prescindiendo de los requisitos de que se trate de actividades análogas a las allí enunciadas, de que el movimiento diario sea notoriamente escaso, y de que los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

El H. Senador señor Otero estimó que el inciso primero del artículo 26 es una norma genérica y, en cambio, el inciso segundo es una excepción que rige solamente cuando se cumplen los requisitos de la frase final, y tiene una ventaja muy importante que es evitar litigios, por lo que, si se elimina, va a dar lugar a diversas interpretaciones acerca de las razones de su supresión.

El H. Senador señor Hormazábal, por el contrario, fue de idea de eliminar el inciso segundo porque, en su opinión, no contempla causales diferentes de las del inciso primero, sino que están comprendidas en él, de forma tal que no se ampliaría la aplicación del artículo.

— Sometida a votación la indicación, quedó rechazada por tres votos en contra y dos a favor. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Otero, Palza y Thayer, y lo hicieron favorablemente su autor y el H. Senador señor Hormazábal.

Fundando sus votos, el H. Senador señor Hormazábal sostuvo que su respaldo a la indicación lo otorgaba por estimar que el inciso primero del artículo 26 del Código comprende todas las situaciones que habilitan para convenir una jornada de trabajo de hasta 72 horas semanales, y por estar convencido que la jornada de 48 horas a la semana debe ser la regla muy general para los trabajadores.

El H. Senador señor Thayer declaró ser partidario de la disminución gradual de las excepciones a la jornada de 48 horas, como fue contemplado en el primer informe de la Comisión.

El H. Senador señor Otero afirmó que discrepaba de la indicación porque de la sola lectura del artículo fluye que la regla general está en el inciso primero y que el inciso segundo es una excepción que debe cumplir otros requisitos.

Por su parte, el H. Senador señor Calderón reiteró que estaba de acuerdo con la mantención del inciso primero.

El H. Senador señor Palza, finalmente, declaró que le hacía fuerza la posibilidad, a que se refirió el señor Ministro del ramo, de que se entendiese ampliado el número de trabajadores afectos a jornadas de 72 horas.

A proposición del H. Senador señor Otero, se dejó constancia de que la Comisión entiende que, dentro de los conceptos de "hoteles, restaurantes o clubes”, se incluyen las cafeterías y fuentes de soda, de manera que cuando las labores que en éstos se realiza son continuas, y los trabajadores deben mantenerse constantemente a disposición del público, no constituyen excepción a la jornada ordinaria de 48 horas. El mencionado señor Senador pidió, asimismo, consignar que fue partidario de establecer expresamente esta circunstancia en el texto del Código del Trabajo.

.La indicación número 24, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, incorpora un número 11 bis, nuevo, a este artículo, destinado a sustituir el inciso tercero del artículo 31 del Código del Trabajo por otro, que se diferencia del vigente en cuanto establece que las horas extraordinarias se pagarán con un recargo de setenta y cinco por ciento de la remuneración devengada en la jornada ordinaria.

— Se declaró inadmisible por el Presidente de la Comisión, en atención a lo dispuesto en el artículo 62, número 4, de la Carta Fundamental.

Número 13

La indicación número 25, del Honorable Senador señor Pérez, reemplaza el nuevo inciso cuarto del artículo 37, con el objeto de establecer que, en el caso de los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención, al menos seis días de descanso en cada semestre calendario deberán necesariamente otorgarse en día sábado y otros seis necesariamente en día domingo. Conserva la excepción de los trabajadores contratados por un plazo de 30 días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a 20 horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivo.

La indicación número 26, del mismo señor Senador, sustituye asimismo el referido inciso —manteniendo la señalada excepción—, a fin de disponer que en dichos establecimientos al menos ocho de los días de descanso en cada semestre calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo.

Las indicaciones números 28 y 29, de la Honorable Senadora señora Feliú y del Honorable Senador señor Thayer, contemplan que sea al menos uno, y no dos, los días de descanso que deban necesariamente otorgarse en día domingo.

La indicación número 30, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, permite que, cuando corresponda otorgar los días de descanso compensatorio en domingo, el empleador pueda distribuir la jornada de 48 horas semanales en cinco días.

Después de intercambiar opiniones, la mayoría de la Comisión se inclinó por dar a los descansos de estos trabajadores una mayor flexibilidad que la contemplada en el texto del primer informe, al advertir que podrían surgir dificultades de mantenerse la norma aprobada, que otorga dos domingos en el mes, para lo cual en ocasiones tendrían que producirse jornadas de cinco días a la semana.

Para ese efecto, en el curso del debate se sugirió establecer que al menos 22 de los días de descanso en cada año calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo; que en todo caso el dependiente no podrá trabajar más de ocho días seguidos, y que uno de los domingos deberá concederse en cada mes calendario y los restantes deberán distribuirse de manera tal, que no transcurran más de tres meses sin que el trabajador haga uso de uno de tales domingos adicionales.

En virtud de la norma aprobada por la H. Cámara de Diputados, si la jornada de trabajo se distribuye en seis días, al séptimo día correspondería descanso y la idea es que al menos uno de estos descansos caiga en domingo. Pero podría surgir la duda de interpretación de si estos días de descanso en domingo deben considerarse adicionales o no, ya que, como entiende la Dirección del Trabajo, siempre debe aplicarse la norma del séptimo día consagrada en el artículo 37.

Esa dificultad no se presenta cuando la jornada se distribuye en cinco días, porque a estos trabajadores les corresponde por el sistema de turnos un domingo en el mes y no hay posibilidad de un día adicional. En cambio, los que tienen su jornada distribuida en seis días, tienen un domingo en el mes y un eventual día extra.

La fórmula diseñada, que permite hasta ocho días de trabajo continuo, tiene por objeto establecer hasta cuatro días de descanso en el mes. Ella sólo aplica la misma regla de los trabajadores que laboran seis días a la semana, cual es que, cada mes, tengan cuatro días de descanso.

Es decir, si en un establecimiento comercial sus trabajadores descansan todos los domingos, no recibirán un día adicional, y tampoco si tienen su jornada distribuida en cinco días.

—Las indicaciones N°s. 25, 26, 28, 29 y 30, refundidas en un solo texto en el sentido ya comentado, fueron aprobadas por tres votos contra uno. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Romero, Palza y Thayer; votó negativamente el H. Senador señor Calderón, quien fundamentó su posición en que estima que debía mantenerse el acuerdo primitivo de la Comisión, de que da cuenta su primer informe, de consagrar dos días domingo por mes.

En una sesión posterior, el H. Senador señor Thayer hizo saber que como fruto de un nuevo análisis de la disposición aprobada, preferiría que ella fuese revisada y se siguiese en definitiva el criterio de la H. Cámara de Diputados, ya que ha podido determinar que provoca mayores dificultades que beneficios tanto a los trabajadores del comercio como a los empleadores.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, apoyó ese criterio, por cuanto la ventaja para los trabajadores que representa el texto aprobado en esta oportunidad por la Comisión, cual es recibir diez domingos adicionales al año, se enfrenta con variados inconvenientes, como la consagración por ley de períodos de trabajos de ocho días seguidos; la contratación de trabajadores de jornadas parciales en lugar de jornadas completas, y la eventual disminución de remuneraciones.

Estas circunstancias motivan al Ejecutivo a preferir el texto de la H. Cámara de Diputados, que, si bien es más modesto, no produce los mencionados efectos perjudiciales para el trabajador.

Al término del debate, no se introdujeron cambios a la norma ya aprobada, por no haberse producido acuerdo en el seno de la Comisión.

La indicación número 27, del Honorable Senador señor Palza, sugiere incluir en este inciso sobre descanso dominical mínimo, además de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público, a las naves.

—Fue rechazada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Thayer. El H. Senador señor Hormazábal señaló que su voto se debía a que no contaban con antecedentes que le permitieran determinar a cabalidad los efectos que esta disposición produciría sobre las naves.

La indicación número 31, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, incluye el número 13 bis nuevo, mediante el cual se reemplaza el N° 5 del artículo 37 del Código, de forma que continúen exceptuados del descanso dominical los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves, salvo aquéllos que laboren en naves pesqueras que operen con sistema de recalada de una periodicidad inferior a diez días.

El H. Senador señor Romero estimó que la indicación plantea un problema de hecho difícil de controlar, como es la periodicidad de la recalada, y deja en una situación desigual a la pesca a lo largo del país, afectando la competitividad entre las distintas empresas.

El H. Senador señor Calderón destacó que la indicación hace una distinción que es importante, toda vez que en la mayoría de los casos el viaje de estas naves dura menos de diez días, y en esos casos lo lógico es que los trabajadores tengan descanso dominical.

El H. Senador señor Thayer dijo que el mecanismo propuesto le parecía impracticable, y significa dejar a un porcentaje muy alto de los trabajadores de la pesca excluidos del régimen de descanso semanal no dominical.

El H. Senador señor Hormazábal opinó que no existe tal dificultad, por cuanto debe distinguirse entre la pesca artesanal y la pelágica, las que por su naturaleza se pueden diferenciar tanto en cuanto al período de duración como por la cercanía a la costa. Adujo que hay que compatibilizar el descanso con la particularidad de la faena que se realiza, y precisamente por eso piensa que es posible considerar esta excepción, que permitiría establecer la jornada bisemanal para la pesca de aguas profundas, que puede durar más de 10 días. Recordó que existe además la facultad, establecida en el inciso final del artículo 37, para que la Dirección del Trabajo fije jornadas especiales cuando el caso lo justifique.

El señor Ministro del Trabajo estimó que la indicación eliminaría la posibilidad de pesca en días domingo, ya que en ese día no se podría trabajar, ni siquiera por la vía de las horas extraordinarias.

—Sometida a votación, fue rechazada por tres votos contra dos. Votaron negativamente los HH. Senadores señores Palza, Romero y Thayer, y lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Calderón y Hormazábal.

Fundando sus votos, el H. Senador señor Palza consideró que debe aclararse más el alcance de esta proposición, porque, si bien en la indicación número 27 fue partidario del descanso dominical para los trabajadores pesqueros, y entiende que la que se debate favorecería especialmente a quienes se desempeñan en la pesca artesanal, le surge la duda de los efectos que puedan producirse sobre toda la actividad pesquera, en particular la que se desarrolla en la zona norte de nuestro país.

Los HH. Senadores señores Romero y Palza sostuvieron que esta actividad, por su naturaleza, no puede estar sometida a un descanso rígido, que afectaría a los propios trabajadores.

El H. Senador señor Calderón reiteró la necesidad de distinguir entre los períodos de recalada de las naves pesqueras, destacando que esta norma le fue propuesta por los propios trabajadores.

El H. Senador señor Hormazábal, por su parte, afirmó que las condiciones especiales de la actividad pesquera pueden ser atendidas mediante el ejercicio de la atribución de la Dirección del Trabajo antes indicada, y llamó la atención sobre el hecho de que la indicación sigue la idea de dar una señal de que los trabajadores que se encuentren en una misma situación, deben tener los mismos derechos.

Número 14

La indicación número 32, del Honorable Senador señor Thayer, propone, en vez de derogar el inciso cuarto del artículo 43 —que exceptúa de la obligación de pagar el ingreso mínimo a quienes contraten a trabajadores mayores de 65 años de edad—, declarar que tendrán derecho a un ingreso mínimo equivalente al vigente para los mayores de 18 años en general, menos los aportes obligatorios para previsión y salud.

—Fue retirada por su autor, quien señaló que su intención era dejar en el Código la regulación del ingreso mínimo para esta categoría de trabajadores, en vez de fijar en forma transitoria y en moneda corriente, como se hace más adelante en el proyecto.

Número 15

La indicación número 33, del Honorable Senador señor Thayer, sugiere puntualizar en el inciso primero del nuevo artículo 44 del Código, que, para calcular la remuneración en dinero por los días domingo y festivos —y los días de descanso compensatorio, en su caso— que debe recibir el trabajador remunerado exclusivamente por día, equivalente al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, no deben considerarse todas las remuneraciones devengadas, sino solamente aquellas que tengan la calidad de diarias.

El H. Senador señor Thayer aclaró que la norma aprobada en el primer informe no hace referencia a la remuneración "diaria”, que normalmente se incluye en el beneficio de la semana corrida, y puede ocurrir que haya remuneraciones variables que no son diarias, por lo que surgirían dudas respecto del pago que correspondería efectuar por concepto del día domingo.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social precisó que actualmente, para el cálculo de la remuneración del séptimo día, si es fija se calcula por el pago diario, si es variable por el promedio y si reúne a ambas se toma la fija. Esto se cambia en el proyecto, estableciendo que, en este último caso, también se aplique el promedio de lo devengado. Declaró que, efectivamente, la indicación apunta al espíritu de la modificación sugerida por el Ejecutivo, en el sentido de que dicho promedio considere la remuneración variable que tenga carácter de diaria, y, de no efectuarse esa precisión, se producirían otros efectos que no se planteó el Mensaje.

—Resultó aprobada por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Calderón, Romero y Thayer, en contra lo hizo el H. Senador señor Palza y se abstuvo el H. Senador señor Hormazábal.

En una sesión posterior, algunos HH. Senadores solicitaron a los señores representantes del Ejecutivo mayores antecedentes sobre este proyecto, con el objeto de determinar si se justificaba una eventual revisión del acuerdo adoptado.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social Subrogante informó que al proponer la norma en análisis, el Ejecutivo solamente quiso corregir una discriminación que se produce entre los trabajadores respecto del cálculo de la remuneración diaria, para los efectos del pago del séptimo día. Subrayó que no ha sido voluntad del Supremo Gobierno imponer un aumento de remuneraciones por esta vía indirecta, y que, si así hubiese sido se habría planteado derechamente. Sostuvo que, a su juicio, con la aprobación de la indicación en referencia no se ha vulnerado el acuerdo político en que se fundó el despacho del proyecto en la H. Cámara de Diputados.

En definitiva, se mantuvo la decisión de la mayoría de la Comisión, por no haberse alcanzado acuerdo para revisarla. El H. Senador señor Calderón pidió dejar constancia que a la luz de nuevos antecedentes que se le han proporcionado, principalmente relacionados con la situación de los sindicatos del cobre, era partidario de reabrir el debate y rechazar la indicación.

La indicación número 34, del Honorable Senador señor Diez, recomienda intercalar sendos incisos entre los incisos tercero y cuarto del artículo 44 del Código.

En ellos se dispone que, para gozar del derecho que establecen los incisos primero y segundo, el trabajador deberá haber cumplido la jornada diaria completa de todos los días trabajados por la empresa o sección correspondiente, en la semana respectiva. Perderá el derecho si registra atrasos que excedan de dos horas en la semana o de cuatro en el mes calendario.

Añade la indicación que, para gozar de los derechos que establecen los incisos anteriores, el trabajador contratado por un plazo fijo o para una faena determinada que sea remunerado, exclusivamente, por día o por hora, deberá haber cumplido la jornada diaria completa de todos los días trabajados por la empresa o sección correspondiente, en la semana respectiva. Perderá el derecho si registra atrasos que exceden de dos horas en la semana o de cuatro horas en el mes calendario.

Concluye observando que no harán perder este derecho las inasistencias debido a accidentes del trabajo.

El H. Senador señor Romero explicó que esta indicación, que guarda similitud con la que él formuló y tiene el número 35, pretende mantener el objeto de la semana corrida, que es evitar el ausentismo, especialmente el día lunes, y los atrasos reiterados. Puso diversos ejemplos de las situaciones que se producirían $te mantenerse la norma del primer informe, destacando que, con ella, el efecto de la ausencia del trabajador no será la pérdida total del beneficio, sino proporcional, y estimó que el mayor númefo de ausencias o atrasos que podría producirse elevaría significativamente los costos de la mano de obra, sobre todo en sectores como la construcción, la fruticultura y otras actividades.

El H. Senador señor Thayer aseguró que comprende el sentido de la indicación, pero anticipó que no la acompañará, porque prefería el texto aprobado por la H. Cámara de Diputados y acogido en el primer informe de la Comisión, que hace extensivo a estos trabajadores el descuento, como sanción por atrasos o ausencias, que se aplica a los restantes.

—La indicación fue rechazada por cuatro votos en contra y uno a favor.

Votaron por rechazarla los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Thayer; lo hizo favorablemente el H. Senador señor Romero.

La indicación número 35, del Honorable Senador señor Romero, plantea la incorporación de nuevos incisos cuarto y quinto al artículo 44.

En ellos se establece que, para gozar del derecho que establecen los incisos anteriores, el trabajador contratado por un plazo fijo o para una faena determinada que sea remunerado, exclusivamente, por día o por hora, deberá haber cumplido la jornada diaria completa de todos los días trabajados por la empresa o sección correspondiente, en la semana respectiva. Perderá el derecho si registra atrasos que exceden de dos horas en la semana o de cuatro horas en el mes calendario.

Terminan manifestando que no harán perder este derecho las inasistencias debido a accidentes del trabajo, salvo que abarquen un período semanal completo.

El H. Senador señor Romero reiteró los argumentos vertidos durante el debate de la indicación anterior, en el sentido de que, si no aprueba esta idea, se perderá el propósito del beneficio de la semana corrida de asegurar la asistencia al trabajo y la puntualidad, lo que puede significar el encarecimiento de los costos de actividades productivas importantes.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a su vez, insistió en que la norma del primer informe trata de aplicar criterios generales y eliminar discriminaciones contra sectores determinados, con vistas a homogeneizar la legislación.

—Quedó rechazada con la misma votación de la indicación anterior.

La indicación número 36, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta un número 16 bis nuevo, que modifica el artículo 48 del Código del Trabajo, en el sentido de que la obligación del Servicio de Impuestos Internos de otorgar certificaciones sobre el monto de la utilidad líquida de la empresa que debe servir de base para el pago de gratificaciones, a los empleadores o sindicatos de trabajadores cuando ellos lo requieran, debe cumplirse dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde la formalización de la petición.

En el seno de la Comisión, se observó que la disposición actual no establece plazos para que el mencionado Servicio cumpla esa obligación, afectando la certidumbre de los trabajadores sobre los derechos que les corresponden y sus posibilidades de ejercerlos. Esa circunstancia, no obstante, debe concordarse con las normas que rigen los procedimientos del Servicio, de forma que no se ponga a éste en la imposibilidad de dar oportuno cumplimiento a un plazo exiguo.

Para tales efectos, la mayoría de la Comisión se mostró partidaria de acoger la indicación, pero ampliando a treinta días hábiles el plazo que se le fija al Servicio de Impuestos Internos, y contarlo desde que obtenga del contribuyente los antecedentes necesarios para la determinación de la utilidad líquida.

—Puesta en votación la indicación con sus modificaciones, fue aprobada por tres votos a favor y dos abstenciones. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza. Se abstuvieron los HH. Senadores señora Feliú y señor Romero.

Con posterioridad, a proposición del H. Senador señor Hormazábal, se acordó introducir al texto aprobado otra modificación, destinada a incorporar a los delegados del personal entre quienes están facultados para pedir esa certificación. Esa adición fue aprobada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Larre, Palza y Thayer.

Número 18

La indicación número 37, de la Honorable Senadora señora Feliú, plantea la supresión de este numerando, que reemplaza los incisos tercero y cuarto del artículo 60, sobre preferencias de los créditos laborales en caso de quiebra.

La autora de la indicación la fundamentó, diciendo que con esta prelación de créditos no se está privilegiando una remuneración sino que una indemnización, lo que a su juicio influye en las expectativas de las empresas de acceder al sistema crediticio, por cuanto, mientras más improbable sea la recuperación de los créditos, menores serán las posibilidades de que se otorguen. Por lo anterior, estimó que esta disposición altera la legislación general sobre la materia, y debiera ser estudiada por la Comisión de Economía.

El H. Senador señor Hormazábal discrepó de esa opinión, afirmando que es una materia propia del Derecho Laboral determinar los privilegios de los créditos emanados de la relación de trabajo, sin perjuicio de los efectos económicos que pueden producirse sobre la empresa, al igual que ocurre con las remuneraciones, el feriado, y numerosas otras obligaciones del empleador.

El señor Ministro apuntó que los cambios que se introducen respecto del texto vigente es incluir dentro de las remuneraciones, para estos efectos a los feriados no otorgados, que también tienen su origen en la prestación de servicios y no produce una consecuencia económica importante; y sustituir el límite de la preferencia, cuyo costo económico, respecto de la generalidad de las empresas —no así por cada una de ellas, en que puede significar diferencias—, es análogo, de modo que, en su conjunto, no se afectará el acceso al crédito en la actividad productiva. Planteó, respecto de esto último, que se hizo una revisión muy detallada del costo promedio, y la propuesta es más redistributiva que la fórmula actual, ya que concentra el mayor volumen de créditos preferentes en los trabajadores más antiguos y en los ingresos más bajos.

—Se rechazó por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Votaron en contra los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, lo hizo a favor su autora y se abstuvo el H. Senador señor Romero, quien hizo constar que compartía la posición de la H. Senadora señora Feliú de que esta norma debería ser tratada por la Comisión de Economía, por su incidencia en la Ley de Quiebras.

La indicación número 38, de S.E. el Presidente de la República, consulta un número 18 bis nuevo, mediante el cual se intercalan tres incisos en el artículo 63 del Código.

En ellos se fija la responsabilidad subsidiaria del contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos; se permite que el trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, solicite que le sea notificada también al contratista o al dueño de la obra, empresa o faena, según corresponda, en calidad de tercero a quien puede afectar la sentencia, y, por el caso de haberse practicado tal notificación, no correrá prescripción ni plazo alguno que extinga la responsabilidad subsidiaria hasta tanto no haya sentencia de término en el juicio seguido contra el empleador directo.

La H. Senadora señora Feliú manifestó que la responsabilidad nace de la exigibilidad de cierta conducta que puede hacerse a determinada persona; de la posibilidad real que ésta tiene de poner remedio a ciertas situaciones, y no puede obligarse a terceros a responder por actos que no tienen posibilidad de controlar, como plantea la indicación, porque sería un mal precedente. Pasa a crear una responsabilidad objetiva, que a la larga terminará con los subcontratos, que es un sistema económico moderno, que tiende a dar mayor flexibilidad de manejo y eficiencia a la actividad de las empresas.

El H. Senador señor Hormazábal precisó que en el ordenamiento jurídico chileno —particularmente el crediticio—, la solidaridad es un elemento básico. El subcontrato es normalmente una forma de hacer más eficiente una actividad productiva de bienes o servicios, por lo que no se trata de restringirla, sino solamente de precaver que se utilice para eludir responsabilidades. Puso de relieve que quien encarga la obra tiene formas de adoptar resguardos para asegurarse que se cumplan las obligaciones laborables.

Se declaró partidario de establecer derechamente la solidaridad, como plantea en la indicación N° 40, pero hizo saber que estaba llano a buscar un consenso que otorgue un cariz positivo a la contratación y subcontratación.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social puntualizó que el Ejecutivo desea reforzar la institución del subcontrato, pero tratando de que funcione en forma eficaz. En el artículo vigente —recordó—, ya se contempla la responsabilidad del propietario, y éste no necesita fiscalizar todas las actividades y obligaciones del contratista, puesto que sólo deberá pagar si él no tiene bienes para responder, y respecto de las obligaciones laborales generadas durante la prestación de los servicios. Por ello, únicamente deberá cuidar que el contratista sea solvente para cumplir esa obligaciones.

Admitió que, por razones procesales, no siempre es posible hacer efectiva esta responsabilidad, y ello es lo que trata de salvar la indicación, estableciendo "peldaños” o "escalones” de responsabilidad, que vinculan al subcontratista con el contratista, y a este último con el dueño de la obra, empresa o faena, junto con el mecanismo de notificación simultánea de la demanda al empleador directo y a los responsables subsidiarios, que, respecto de éstos, interrumpirá los plazos de prescripción hasta que recaiga sentencia de término en el juicio.

El H. Senador señor Thayer destacó que, en virtud^ de la indicación, se mantiene el principio de la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, quedando rechazada la idea de la responsabilidad solidaria. Sin embargo, siguiendo la línea que establece el artículo 4° de la ley N° 16.744 —que hace subsidiariamente responsables a los contratistas y subcontratistas en lo relativo a afiliación y cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales—, se extiende la responsabilidad subsidiaria al contratista y al subcontratista, con la obligación de dirigirse primero al empleador directo. Para no plantear dudas sobre la prescripción, se da la posibilidad de notificar de inmediato la demanda a los obligados subsidiarios, para la eventualidad que no responda el directamente obligado y deba responder quien lo es subsidiariamente, y no se pueda alegar prescripción. Finalmente, se conserva el principio vigente de que no rige la responsabilidad subsidiaria en los casos de construcción de edificios por un precio único prefijado, cuando el que encarga la obra es una persona natural.

El H. Senador señor Otero manifestó que para que pueda imponerse a una persona la necesidad de responder de obligaciones de otra, debe estar en condiciones que le permitan exigir su cumplimiento o, al menos, conocer su existencia, vale decir, ha de referirse a aquellos casos que tuvo la obligación de precaver y no lo hizo. Por ello, consideró que habría que precisar que afecta a las obligaciones que normalmente emanen de los contratos de trabajo, y que son susceptibles de ser controladas en su cumplimiento, por las personas que van a ser subsidiariamente obligadas.

Añadió que es casi imposible conocer el estado de solvencia de las empresas, y no es excepcional que algunas ofrezcan una apariencia que no corresponde a la realidad.

El señor Ministro del Trabajo y previsión Social opinó que la supervisión de cada acto del contratista, o subcontratista en su caso, no es la única forma que tiene la empresa de protegerse, porque puede recurrir a la constitución de garantías u otros mecanismos. Insistió en que la responsabilidad subsidiaria sólo operará cuando el obligado principal no tuviere bienes, cuando cae en insolvencia.

El H. Senador señor Hormazábal aceptó precisar que esta responsabilidad afecta a las obligaciones que son claramente consecuencia directa del contrato de trabajo.

El H. Senador señor Thayer observó que la Ley N° 16.744 estableció un solo escalón de responsabilidad, a diferencia de la que propone la indicación, que podría generar complicaciones, por ejemplo, en materia de prelación de créditos. Por otro lado, hizo hincapié en que, si bien pueden ser muchas las obligaciones del responsable directo, las responsabilidades subsidiarias se limitan a aquellas de orden laboral y previsional. En una obra de gran envergadura, los contratos y subcontratos que pueden generarse son muchos, por lo que debe precisarse que la obligación se extiende sólo a las prestaciones laborales previsionales de origen legal, y a las contractuales que consten por escrito, sin pretender con ello solemnizar el contrato de trabajo, porque de otra manera sería inmanejable para el dueño de la obra, empresa o faena.

El H. Senador señor Hormazábal disintió de ese parecer, por estimar que la responsabilidad subsidiaria no puede reducirse a las obligaciones que consten por escrito, sino que debe extenderse a todas las que emanen del contrato, las que, por cierto, deberán probarse ante el tribunal, de forma tal que sólo operará respecto de aquellas que se acrediten por los medios de prueba legal. No puso inconvenientes a que se precise que la responsabilidad subsidiaria se refiere únicamente a las obligaciones laborales y previsionales, aunque hizo ver que, por estar la norma dentro del Código del Trabajo y éste, en su artículo 1°, centrar su contenido en lo laboral, no podrían cobrarse obligaciones civiles, comerciales o de otra índole.

— La indicación, con modificaciones, se aprobó por cuatro votos contra uno. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Hormazábal, Otero, Palza y Thayer. Lo hizo en forma negativa el H. Senador señor Calderón, quien estuvo por aprobarla sin cambios.

La indicación número 39, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, añade un numerando 18 bis nuevo, en el que se reemplaza el inciso primero del artículo 63 del Código, disponiendo que el dueño de la obra, empresa o faena será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y de seguridad social que afecten a los empleadores contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos.

—Fue rechazada por tres votos en contra y dos a favor. Votaron negativamente los HH. Senadores Señora Feliú y señores Hormazábal y Romero. Lo hicieron a favor los HH. Senadores señores Calderón y Palza.

El H. Senador señor Hormazábal justificó su votación en el hecho de que, aunque habría preferido establecer la responsabilidad solidaria, aceptó la indicación N° 38 en procura de un acuerdo amplio sobre la materia.

La indicación número 40, de los Honorables Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, contempla un número 18 bis nuevo, que reemplaza en el inciso primero del artículo 63 la palabra "subsidiariamente” por "solidariamente”, y en el inciso segundo "subsidiaria” por "solidaria”.

—Fue retirada por sus autores.

El H. Senador señor Calderón estimó que cualquier persona que conozca las condiciones de operación de algunos subcontratistas no podría tener una posición contraria a la solidaridad. Sostuvo que la desprotección de estos trabajadores, en la Región que representa, es increíble, tanto que en muchas ocasiones se les ha representado a la empresa central y ésta ha tratado de remediarlas. Aludió, al efecto, a diversas situaciones que se han presentado en la Empresa Nacional del Petróleo.

Subrayó que le preocupaba especialmente la desigualdad o discriminaciones que este mecanismo de contratistas y subcontratistas genera respecto de los trabajadores, los cuales, aunque laboran en el mismo lugar, lo hacen en condiciones tanto de hecho como jurídicas radicalmente diferentes.

Por todo eso, se alegró de que al menos haya sido aprobada la indicación N° 38, que subsanará en parte esas deficiencias.

Número 20

La indicación número 41, de los Honorables Senadores señora Feliú y señores Pérez, Romero y Thayer, recomienda suprimir este número, que intercala en el artículo 65 del Código un inciso segundo, en virtud del cual los trabajadores que presten servicios en las regiones I de Tarapacá, II de Antofagasta, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y de la Antártida Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de veinticinco días hábiles. El exceso sobre el feriado normal de quince días hábiles podrá ser negociado individual o colectivamente.

La H. Senadora señora Feliú dejó constancia de que no sólo rechazaba, sino que estimaba inadmisible la indicación de los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Ruiz de Giorgio que fue aprobada en el primer informe, por cuanto recaería sobre materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República, y pidió a la Mesa un pronunciamiento expreso al respecto.

El Presidente de la Comisión, H. Senador señor Palza, luego de recordar que dicho punto fue dilucidado en la Sala del Senado con ocasión del despacho del proyecto de ley —del mismo tenor— que aumenta el feriado anual a los trabajadores que presten servicios en las zonas extremas del país (Boletín N° 350-13), declaró admisible la referida indicación para los efectos pertinentes.

—Puesta en votación, se desechó por tres votos en contra y dos a favor. Votaron negativamente los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza; lo hicieron a favor los HH. Senadores señores Romero y señora Feliú.

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Romero, propone reemplazar el inciso en cuestión, a fin de establecer que los trabajadores que presten servicios en las mencionadas regiones y comunas, que acrediten al empleador, con su correspondiente pasaje, que viajarán a la zona central del país con o sin su familia, durante su feriado legal, tendrán derecho a una ampliación de su período de descanso que será equivalente al tiempo empleado en el viaje respectivo, el cual en ningún caso podrá exceder de seis días..

La indicación número 43, del Honorable Senador señor Diez, postula la sustitución del referido inciso por otros dos, en los que se dispone que tales trabajadores que acrediten al empleador, con su correspondiente pasaje, que viajan a la zona central de país durante su feriado legal, tendrán derecho a una ampliación de su período de descanso que será equivalente al tiempo empleado en el viaje respectivo, tanto de ida como de regreso, el cual en ningún caso podrá exceder de seis días. Se entenderá por zona central la comprendida entre la V y la X Región, ambas incluidas.

—Ambas indicaciones se debatieron conjuntamente, y fueron rechazadas con la misma votación de la indicación anterior.

Número 24

La indicación número 44, de la Honorable Senadora señora Feliú y señores Pérez y Thayer, persigue suprimir este número, en el cual se deroga el artículo 68 del Código del Trabajo, que fija el límite para el feriado anual en treinta y cinco días corridos.

—Quedó rechazada por tres votos contra uno. Votaron por la negativa los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y lo hizo por acogerla su autora.

Número 27

La indicación número 45, de los Honorables Senadores señora Feliú y señor Pérez propone la eliminación de este número, que, en concordancia con la aplicación del feriado para las zonas extremas contemplada en el nuevo inciso segundo del artículo 65 —incorporado por el número 20 de este artículo—, modifica el artículo 72 del Código del Trabajo, a fin de agregarle una referencia a dicho inciso, de forma tal que, si las partes convienen que el exceso sobre los quince días normales sea compensado en dinero, las sumas que reciba el trabajador no podrán ser inferiores a la remuneración íntegra que corresponde pagar durante el feriado.

— No fue acogida, al registrarse tres votos por el rechazo, emitidos por los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y uno por la aceptación, proveniente de su autora.

La indicación número 46, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, inserta un número 27 bis nuevo, mediante el cual se deroga el artículo 80 del Código del Trabajo, que establece que la remuneración del aprendiz no estará sujeta al ingreso mínimo y será libremente convenida por las partes.

Se declaro inadmisible, por versar sobre materias de exclusiva iniciativa presidencial.

La indicación número 47, del Honorable Senador señor Palza, consulta un número 27 bis nuevo, mediante el cual se intercala, a continuación del artículo 85 del Código, un Capítulo III nuevo, denominado "Del contrato de tripulantes de vuelo y de cabina”, que consta de tres artículos. En el primero de ellos, se dispone que la jornada de trabajo de los tripulantes de vuelo y cabina comprende el período de servicio y el período de servicio de vuelo. Este último no podrá exceder de 160 horas mensuales, incluyendo el tiempo de vuelo, que transcurre desde el momento en que se pone en marcha el primer motor de la aeronave con el objeto de despegar, hasta que se detiene el último motor, al finalizar el vuelo.

El segundo artículo encomienda al reglamento, suscrito por los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional y que deberá dictarse dentro de 120 días, establecer los límites máximos del período de servicio de vuelo y del tiempo de vuelo, así como los descansos mínimos, que sean necesarios por razones de seguridad de vuelo, y regular materias relativas a las funciones de estos trabajadores.

El último artículo de dicho Capítulo señala que, según sea que el empleador esté o no exceptuado del descanso dominical, los tripulantes de vuelo y de cabina tendrán derecho semanalmente a un período de descanso continuo de 48 horas o de 96 horas continuas dentro de un período bisemanal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del Código en lo referente a los días festivos trabajados y su compensación en dinero. Agrega que todos los días de descanso serán imputables a los que establezca la reglamentación aeronáutica. Respecto de éstos, cuatro se otorgarán una vez al mes en forma continua en la base habitual, incluyendo el sábado y domingo. Concluye manisfestando que ningún tripulante de vuelo podrá, en el cumplimiento de sus funciones, permanecer por más de quince noches fuera de su base habitual de residencia.

El autor de la indicación explicó que ella —junto con la indicación N° 105, que la complementa—, tiene por objeto establecer en el Código del Trabajo las bases de la jornada de trabajo y los descansos del personal a que se refiere, materias en las cuales están actualmente excepcionados de la aplicación de las normas laborales comunes, por mandato del artículo 60 del Código Aeronáutico, que le encomienda su regulación, por razones de seguridad de vuelo, a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Informó que los antecedentes que le han sido proporcionados permiten advertir discrepancias en varios aspectos entre esa reglamentación de la autoridad aeronáutica y las disposiciones comunes, y estimó ilógico que materias tan importantes de la relación de trabajo no estén regidas por el Código del ramo.

Continuó diciendo que, sin embargo, ha reconsiderado la oportunidad para plantear este tema, por estimar que el estado de tramitación del proyecto en estudio no permite oír previamente a los organismos, empresas aéreas y sindicatos de trabajadores involucrados, de modo que retirará ambas indicaciones, a fin de que, en un proyecto de ley separado, se pueda legislar más adelante teniendo a la vista toda la información que se considere necesaria.

—Quedó retirada la indicación.

La indicación número 48, del Honorable Senador señor Palza, considera la inclusión de un Capítulo nuevo, a continuación del artículo 85 del Código, titulado "Del contrato de práctica profesional", e integrado por tres artículos.

El primero de ellos define ese contrato como la convención en virtud de la cual un alumno o egresado de una institución de educación superior se obliga a prestar servicios personales y el empleador a pagar por ellos una remuneración determinada, durante un tiempo y con sujeción a las condiciones establecidas en el programa de estudios de ese organismo educacional, a fin de ejercitar los conocimientos y habilidades propios de la respectiva profesión u oficio.

El segundo de dichos preceptos dispone que el contrato de práctica profesional contendrá a lo menos las estipulaciones establecidas en el artículo 10 del Código, y en los ejemplares del mismo deberá consignarse la certificación del correspondiente organismo educacional de ser idóneo para dar cumplimiento al requisito de práctica profesional del contrato.

Por último, se hacen aplicables a este contrato las disposiciones de los artículos 80, 81 y 84 del Código.

El H. Senador señor Hormazábal compartió el propósito de la indicación, por estimar que satisface una necesidad que ha percibido en numerosas ocasiones. Sin embargo, se manifestó partidario de fijar pautas mínimas, para no entrabar la posibilidad de realización de las prácticas, que aseguren ciertos beneficios mínimos, como colación y movilización.

El diputado señor Fantuzzi acotó que al empresario normalmente no le conviene acoger alumnos en práctica porque le significa pérdida de tiempo, destinación de personal en supervisión, y mayor deterioro de instrumentos y materiales, sobre todo en el sector fabril. Por ese motivo, hizo saber su aprensión de que, si se entraba el sistema, no se les va a dar cabida en las empresas. Apoyó la idea del H. Senador señor Hormazábal en orden a garantizarles colación y movilización, lo que en la práctica se hace, debiendo aclararse que no constituyen remuneración, porque no se originan en un contrato de trabajo, sino una contraprestación por su actividad.

El H. Senador señor Larre se sumó a las opiniones anteriores, diciendo que no pueden entrabarse excesivamente las prácticas, porque se desincentivaría a las empresas, pero sí establecer que se les pague colación y movilización a quienes las realizan, además de acogerlos al seguro de accidentes del trabajo, para protegerlos de esos riesgos.

El H. Senador señor Palza apoyó esta fórmula, pero previno que, en lo que respecta a accidentes del trabajo, se trata de una normativa propia de la seguridad social, por lo que sería de iniciativa del Ejecutivo.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social recordó que estas situaciones quedan cubiertas por el artículo 3° de la ley N° 16.744, donde se ampara a los estudiantes por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de la práctica educacional, y se remite para estos efectos al reglamento, que debería ser revisado a la luz de las situaciones de que se trata. No obstante, advirtió que es preciso estudiar los alcances que podría tener esta disposición sobre las distintas entidades en que se acoge alumnos en práctica.

—Puesta en votación la idea de conceder a los alumnos en práctica los beneficios de colación y movilización, fue aprobada por cuatro votos a favor, emitidos por los HH. Senadores señores Hormazábal, Palza, Pérez y Thayer, y uno en contra, proveniente del H. Senador señor Calderón, quien no fue partidario de establecer limitaciones a los beneficios.

Luego de analizar la ubicación más adecuada para ese precepto, se resolvió ubicarlo como un nuevo inciso tercero del artículo 8° —con lo cual quedará como inciso cuarto el que se refiere al trabajo a domicilio—, y consignar en él que la práctica profesional, en caso alguno, puede dar origen a una relación laboral. No obstante lo anterior, se establece el derecho a obtener, a cambio de los servicios prestados en dichas prácticas, la colación y la movilización, o una asignación por ese concepto, cuyo monto queda entregado al acuerdo de las partes.

—La indicación, con las modificaciones comentadas, quedó aprobada por unanimidad, al haber concurrido con su voto los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Otero, Palza y Thayer.

La indicación número 49, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, aconseja incluir un número nuevo, que agrega, antes del artículo 86, el epígrafe "Párrafo 1° Normas Generales”, dentro del cual quedan comprendidas las actuales disposiciones del Capítulo II, "Del contrato de trabajadores agrícolas”.

—Fue acogida por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señora Feliú y señores Calderón, Hormazábal y Palza.

La indicación número 50, del Honorable Senador señor Romero, plantea que, mediante un número nuevo, se inserte un artículo 90 bis, y en él se establezca que, en los casos de trabajadores transitorios o de temporada, cuando las labores para las cuales son contratados deben realizarse en aquellas épocas que no coinciden con los períodos escolares fijados por el Ministerio de Educación, el empleador deberá proporcionar salas anexas e independientes del local de trabajo en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de 6 años y dejarles mientras estén trabajando. Dichas salas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento.

Con todo, se entenderá que los empleadores ubicados en una misma área geográfica cumplen con esta obligación si pagan directamente los gastos proporcionales de mantención al establecimiento en que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de 6 años de edad.

El H. Senador señor Romero explicó que esta indicación se relaciona con la número 90, también de su autoría, en que se permite habilitar los establecimientos educacionales para ejercer la función de salas cunas durante las vacaciones escolares. Subrayó la necesidad de dar una solución práctica al problema, que permita a las personas acceder a un trabajo, mientras sus hijos están atendidos. Para ese efecto, sobre todo en el caso de los trabajadores temporeros, es importante que las escuelas puedan habilitarse como salas cunas y jardines infantiles en las épocas en que no hay clases, facilitando el trabajo común entre las municipalidades, el Servicio Nacional de la Mujer, los empleadores y la Junta Nacional de Servicios Infantiles, lo que en la práctica ya se ha comenzado a realizar.

El H. Senador señor Thayer llamó la atención respecto del hecho de que las normas sobre salas cunas son de las pocas disposiciones de seguridad social que se mantienen dentro del ámbito laboral, a diferencia de otras que se dictaron también con un sentido protector, pero terminaron generando trabas a la contratación de mujeres. Se declaró partidario de corregir esta regulación por vía de la seguridad social, para lo cual debe esperarse una iniciativa del Ejecutivo.

La H. Senadora señora Feliú estimó que el problema es más general que el de las temporeras, puesto que afecta a todas las mujeres que trabajan, e hizo saber las dificultades que ha advertido en el caso de aquellas que se desempeñan en servicios públicos y tienen hijos menores de edad.

El H. Senador señor Hormazábal observó que, si bien se encuentra vigente el artículo 188 del Código del Trabajo, tiene claro que en esta materia conviene distinguir en particular el caso de los temporeros, porque no es conveniente que se transforme en una carga desigual para este sector empresarial, en el sentido de que le grave con el mismo costo que a un empleador permanente. En cambio, podría contribuir al financiamiento de un Fondo especial, en cuya administración tengan injerencia las municipalidades.

Posteriormente, el H. Senador señor Romero informó que había estudiado el tema con el H. Senador señor Gazmuri, coautor de la indicación N° 60, que versa también sobre el mismo tema, con el objeto de aunar criterios, y teniendo en vista lo convenido entre ambos, retiró formalmente la indicación en debate, anticipando que propondría modificaciones a la signada con el N° 90.

El H. Senador señor Calderón declaró que, para los efectos reglamentarios, hacía suya esta indicación retirada, por estimar positiva la ampliación de los beneficios hasta los seis años de edad.

—Se declaró inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, en atención a que recae sobre materias de exclusiva iniciativa presidencial.

La indicación número 52, del Honorable Senador señor Pérez, tiene por objeto agregar, a continuación del artículo 91, un párrafo en cuya virtud el empleador deberá otorgar al término del período de embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingos y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiera acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 37.

La Comisión tuvo en cuenta que la referencia de la indicación es errónea, ya que de su contenido se desprende que propone el reemplazo del inciso segundo del artículo 108 del Código del Trabajo.

La única diferencia que presenta con el texto aprobado en el primer informe es que cambia la mención al término del ‘'embarque” por otra al término del “período de embarque”. Se precisó que puede entenderse que el término del embarque no comprende el viaje completo, sino que es sinónimo de recalada de la nave, circunstancia que no admite dudas al aludir, por el contrario, al término del período de embarque, que está naturalmente ligado a la duración del viaje, por lo que el descanso compensatorio procederá sólo al regreso del mismo, cuando vuelva a su puerto de origen.

La Comisión escuchó al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien consideró atendible el objetivo de la indicación.

—Resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Larre, Palza y Thayer.

Número 28

La indicación número 51, de los Honorables Senadores señores Hormazá- bal y Palza, postula el reemplazo del epígrafe contemplado en el primer informe, denominado "Párrafo 1° Del contrato de trabajadores agrícolas de temporada”, por otro, que diga "Párrafo 2° Normas especiales para los trabajadores agrícolas de temporada”, en concordancia con la indicación N° 49, ya aprobada por la Comisión.

—Se aprobó en forma unánime, con los votos de los HH. Senadores señora Feliú y señores Calderón, Hormazábal, Palza y Prat.

La indicación número 53, del Honorable Senador señor Romero, postula la sustitución del artículo 91-A, para definir a los trabajadores agrícolas de temporada, como aquellos que se desempeñan en faenas transitorias o de temporada en el cultivo de la tierra y en actividades agrícolas bajo las órdenes de un empleador y que no pertenezcan a empresas comerciales o industriales derivadas de la agricultura.

Esta indicación guarda consonancia con las indicaciones N°s. 54 y 56, del mismo señor Senador, que, en su conjunto, proponen reformular las disposiciones sobre trabajadores de temporada, introduciéndoles diversos cambios.

—Quedó rechazada por tres votos contra dos. Votaron por desecharla los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y lo hicieron favorablemente los HH. Senadores señora Feliú y señor Prat.

La indicación número 54, del Honorable Senador señor Romero, consulta la sustitución del artículo 91-B por otro, en el que se regulan las materias del artículo 91-C del proyecto.

En lo relativo a la obligación del empleador de proporcionar alojamiento higiénico y seguro, expresa que ella surgirá cuando el trabajador no tenga donde pernoctar, no "por las características de la faena de temporada de que se trate”, como señala el proyecto, sino "atendidas las características de la zona en que deben prestarse los servicios, la distancia y los medios de comunicación de que se disponga”.

En cuanto a la obligación de proporcionarle condiciones higiénicas y adecuadas que le permitan mantener, preparar y consumir sus alimentos, e incluso, la alimentación misma cuando no pueda adquirirla por la distancia o las dificultades de transporte, la concibe en términos de que sea el empleador el que esté obligado a proveer alojamiento a los trabajadores agrícolas de temporada, quien deberá además proporcionales las mencionadas condiciones higiénicas y adecuadas para mantener, preparar y consumir los alimentos, excepto si ellos pueden ser adquiridos preparados para su consumo en lugares cercanos al de realización de las faenas contratadas y de fácil acceso desde el sitio de trabajo. En caso que el empleador deba poner a disposición de los trabajadores dichas condiciones y a éstos no les sea posible adquirir alimentos por la distancia o las dificultades de transporte, el empleador deberá además, proporcionárselos.

Respecto de la obligación de colocar medios de locomoción adecuados entre la ubicación de las faenas y el lugar más próximo al que accedan medios de transporte público, o, si no los hubiere, entre éstas y el lugar de residencia de los trabajadores, siempre que entre ambos puntos medien tres kilómetros o más, puntualizar que ella procede "en las faenas agrícolas transitorias", y en relación con los trabajadores "temporales” que lo requieran.

Repite, por último, el inciso final del proyecto, en cuanto a que estas obligaciones no son compensables en dinero ni constituyen remuneración, agregando que tampoco constituyen ingreso afecto a impuesto a la renta.

—Puesta en votación, se rechazó con la misma votación de la indicación anterior.

La indicación número 55, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, tiene por finalidad reemplazar el artículo 91-B, consignando la obligación de escriturar el contrato de estos trabajadores en cuatro ejemplares dentro de los cinco días siguientes a su incorporación, y —tengan o no las faenas una duración superior a 28 días—, de remitir una copia a la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la escrituración.

El Diputado señor Fantuzzi opinó que sería muy engorroso enviar todos los contratos a la Inspección del Trabajo, cualquiera fuese su duración, estimando que esa medida provocará un entorpecimiento sin resultado práctico, y que saldría más fácil para la Inspección del Trabajo enviar un fiscalizador a terreno, que procesar una voluminosa cantidad de contratos.

El H. Senador señor Hormazábal aclaró que entendía los problemas que pueden presentarse a los productores y exportadores hortofrutícolas, pero, así como hay muchos empleadores que cumplen sus obligaciones con los trabajadores de temporada, hay quienes no lo hacen y, a juzgar por los antecedentes que se le han entregado, se registran incluso casos de firma de contratos en blanco.

El H. Senador señor Thayer consideró impracticable la norma propuesta en la indicación, y que ella no ayuda a resolver los problemas expuestos, sino que, por el contrario, podría agudizarlos.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social recordó que en la H. Cámara de Diputados se tuvo presente que el volumen de documentos haría dificultoso su procesamiento, pero se estimó que, con todo, se desincentivaría las irregularidades en los contratos, sobre todo si la capacidad fiscalizadora del Estado es limitada. Por esta misma razón, sólo se ordenó el envío a la Inspección de los contratos superiores a 28 días de duración, pensando que, si se les hacía extensiva dicha obligación también a los de menor duración, pudiese producirse una tendencia hacia la no escrituración.

—Fue rechazada por tres votos contra dos. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hormazábal, Prat y Thayer, y suscribieron la afirmativa los HH. Senadores señores Calderón y Palza. El H. Senador señor Hormazábal fundó su voto en que la norma aprobada en el primer informe permite la necesaria flexibilidad para las contrataciones inferiores a 28 días.

La indicación número 56, del Honorable Senador señor Romero, propone sustituir el artículo 91-C, con el objeto de establecer que las disposiciones del artículo 91-B —con la redacción sugerida en la indicación número 54—, se aplicarán también a los trabajadores que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de maderas y otras afines.

—Resultó desechada con la misma votación registrada respecto de la indicación N° 53.

La indicación número 57, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, contempla el cambio del inciso primero del artículo 91-C, relativo a la obligación del empleador de proporcionar alojamiento. Señala, al efecto, que en el contrato de los trabajadores transitorios o de temporada, se entenderá siempre incluida la obligación del empleador de proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de acuerdo a las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a un lugar de alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de comunicación, le permita desempeñar sus labores.

El H. Senador señor Hormazábal explicó que la indicación pretende restablecer la fórmula contenida en el Mensaje del Ejecutivo, por cuanto el texto aprobado posteriormente podría presentar diversas complicaciones en la práctica, derivadas, entre otros hechos, de su misma redacción condicional, que produce incertidumbre acerca del nacimiento del derecho. Estuvo de acuerdo que en el trabajo de temporada hay muchos factores que deben atenderse y que lo diferencian del trabajo permanente, pero —afirmó— ellos se recogen en la indicación sustitutiva, con la ventaja de establecer directamente el derecho, luego las condiciones en que será ejercido, y por último los casos en que no se origina, en una propuesta que es más flexible y menos susceptible de interpretaciones.

El H. Senador señor Thayer advirtió que la indicación cambia el acuerdo adoptado en la H. Cámara de Diputados, el que no parte de la base de que el principio sea la obligación del empleador de proporcionar alojamiento.

El H. Senador señor Larre consideró que las circunstancias en que se ejercía el derecho o en que no había lugar a éste no tenían la precisión necesaria, y puso como ejemplo la situación —habitual, a su juicio— de que algunos minifundistas hagan trabajos de temporada. En este caso, viven en las cercanías de la faena, por lo que es lógico que no se les proporcione alojamiento, pero la indicación no contempla esa excepción, sino que únicamente a los lugares de alojamiento adecuados e higiénicos.

Después de un intercambio de opiniones, los integrantes de la Comisión convinieron en incluir expresamente, como excepción al derecho de alojamiento del temporero, el caso de que acceda o pueda acceder para ese efecto a su residencia.

—Sometida a votación la indicación junto con la modificación antedicha, fue aprobada unánimemente, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Thayer.

La indicación número 58, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, plantea sustituir el inciso tercero del artículo 91-C, sobre la obligación de proporcionar medios de movilización. Dispone que, en el caso de que, atendida la distancia entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero de este artículo —redactado en la forma que proponen en la indicación anterior—, no existiesen medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento.

El H. Senador señor Larre cuestionó la redacción de la indicación, observando que es frecuente en el campo que los trabajadores viajen en bicicleta a sus labores, caso que no está comprendido en la norma propuesta, toda vez que obliga al empleador a proporcionar la movilización cuando no haya transporte público. La sola referencia a la distancia, por lo demás, resulta ambigua, por lo que se declaró partidario de exigir a lo menos cinco kilómetros entre las faenas y el lugar de alojamiento. Sostuvo, por último, que numerosos trabajadores permanentes no tienen los derechos que está confiriendo este Párrafo a los temporeros, lo que producirá una discriminación entre ambos, con los problemas consiguientes.

La Comisión coincidió en la necesidad de incorporar una referencia a la distancia mínima para que se genere este derecho. Sometida a votación tal distancia, se declararon partidarios de establecerla en tres kilómetros los HH. Senadores señores Calderón, Palza y Thayer, y estuvo por fijar una distancia de cinco kilómetros el H. Senador señor Larre.

—La indicación se aprobó por unanimidad, modificada en la forma expuesta, recibiendo los votos favorables de todos los HH. Senadores recién mencionados, con la disidencia del H. Senador señor Larre solamente en cuanto a la distancia establecida.

La indicación número 59, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, también recomienda reemplazar el inciso tercero del artículo 91-C, a fin de consignar que, en el caso en que la distancia entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero de este artículo, sea de más de tres kilómetros o no existiesen medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento.

—Fue retirada por el H. Senador señor Calderón, antes de ponerse en debate la indicación N° 58, manifestando que lo hacía para facilitar un pronunciamiento de la Comisión y porque, en general, compartía las ideas de la referida indicación.

La indicación número 60, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Núñez,Gazmuri y Vodanovic, consulta añadir un artículo 91-D, nuevo, en cuya virtud será siempre obligación del empleador de empresas o predios que ocupen veinte o más trabajadoras transitorias o de temporada, de cualquier edad o estado civil, tener salas anexas e independientes del local de trabajo, con personal especializado, donde las mujeres pueden mantener durante la jornada de trabajo a sus hijos menores de seis años de edad. Finaliza sometiendo a estos establecimientos a las mismas normas y modalidades señaladas en el artículo 188 del Código.

—La retiró el H. Senador señor Calderón, por estimar que su propósito de buscar una solución para que las mujeres temporeras puedan dejar sus hijos menores de edad, desde un punto de vista técnico, podría alcanzarse de mejor manera mediante las indicaciones N°s. 50 y 90, anticipando su apoyo a esta última.

La indicación número 61, de los mismos señores Senadores, considera la inclusión de un artículo 91-E, nuevo, donde se ordena que las horas extraordinarias, en las faenas transitorias o de temporada, se paguen con un recargo del 75% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria.

La Comisión consultó el parecer del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien expresó que el Ejecutivo no ha contemplado cambios en el pago de horas extraordinarias, y que, en todo caso, ello se explicaría más respecto de los trabajadores permanentes, y no de los de temporada, por cuando introduciría desincentivos que no serían convenientes para estos últimos.

—Fue declarada inadmisible, por recaer sobre una materia de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

Número 39

La indicación número 62, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Freí Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, tiene por finalidad reemplazar el artículo 130 por otro en que se describen con mayor detalle las labores propias del trabajador portuario, se dispone que ellas sólo podrán ser realizadas por trabajadores permanentes y por los eventuales que figuren en la nómina de la dotación del respectivo puerto, y se encomienda a la autoridad marítima velar porque laboren en los puertos quieres se encuentren debidamente habilitados.

La indicación número 63, del Honorable Senador señor Palza, sustituye el inciso segundo del artículo 130, a fin de establecer que las funciones y faenas propias del trabajador portuario sólo podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes y por los trabajadores portuarios eventuales que figuren en la nómina de la dotación del respectivo puerto.

Por su parte, la indicación número 64, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, plantea asimismo el reemplazo del inciso segundo del artículo 130, para expresar que las aludidas funciones y faenas sólo podrán ser realizadas por trabajadores que figuren en el Registro del respectivo puerto.

Las tres indicaciones se debatieron conjuntamente.

El H. Senador señor Thayer indicó que ellas vuelven a plantear el tema de que sólo puedan trabajar en los puertos las personas que aparezcan en determinada nómina o registro, lo que no fue aceptado en la H. Cámara de Diputados.

El H. Senador señor Calderón indicó que el acuerdo adoptado en esa Corporación es susceptible de perfeccionarse, y que él se inclina por establecer la existencia de una nómina y de dotación, asegurando que no es difícil fijar esta última, porque sería una cifra previsible.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social precisó que el Gobierno ha buscado un acuerdo con los sectores portuarios, partiendo de la base que no es posible acceder a sus planteamientos de configurar un sistema de prohibición de trabajar en los puertos a quienes no figuren en determinado registro. Añadió el señor Ministro que ello conlleva problemas de constitucionalidad, por afectar la libertad de trabajo.

Proporcionó diversos antecedentes sobre las conversaciones sostenidas con los dirigentes sindicales portuarios, y de las materias que está empeñada en resolver esa Secretaría de Estado, como el acceso a los puertos, que está en manos de la autoridad marítima, con quien se busca un mecanismo de control; el problema de negociación de las condiciones de trabajo, dada la naturaleza de la relación laboral, y otros temas pendientes que se relacionan, en general, con la forma de mejorar las condiciones de trabajo del sector.

El H. Senador señor Hormazábal estuvo en desacuerdo con fijar una dotación en los puertos, vale decir, al conjunto de empresas que allí se desenvuelven, porque afectaría derechos básicos como la libertad de trabajo y la gestión empresarial. Sin embargo, consideró indispensable que quienes se desempeñen en actividades portuarias tengan una calificación, por lo que la idea de registro, a su juicio, es una necesidad, pero no podría tener carácter cerrado, porque se llegaría a formar una dotación, con los problemas de constitucionalidad ya aludidos. Agregó que, actualmente, la Gobernación Marítima exige el envío de los contratos para controlar a la gente que ingresa, por lo que ya hay, en la práctica, una forma de registro.

El H. Senador señor Thayer compartió el criterio del H. Senador señor Hormazábal sobre la dotación. A su juicio, hay varios temas pendientes: la existencia o no de un registro; el establecimiento de una forma de calificación profesional, y la negociación colectiva, que no podrían realizar los trabajadores eventuales. Consideró difícil implementar el registro de un trabajador de este tipo eventual, dado que presta servicios por algunas horas, y prohibirle ejercer su labor si no se incorpora a un registro, es inconstitucional.

El H. Senador señor Otero estimó que 1 problema de constitucionalidad va más allá de establecer un registro, puesto que radica en determinar quiénes pueden inscribirse en él. Opinó que, en principio, pueden establecerse condiciones objetivas, pero en este caso se trata de actividades que normalmente son aprendidas en la faena, sin cursos previos, por lo que sería necesario establecer descripciones de los cargos y requisitos para desempeñarlos.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social planteó, en cuanto a estas observaciones, que el registro no afectaría la normativa constitucional si se tratara simplemente de un control de acceso y un control de calificación. Con respecto a la negociación colectiva de estos trabajadores, sostuvo que hoy día los contratos "atípicos” como intermitentes, temporales, etc., han aumentado extraordinariamente y la Cartera a su cargo ha estado trabajando en este sentido, para adoptar las instituciones a las nuevas necesidades.

El H. Senador señor Thayer puntualizó que, si se trata de un registro de personas que pueden ser contratadas como trabajador portuario eventual, en su opinión es inconstitucional. En cambio, si un trabajador contratado debe aparecer en un registro, sería un mecanismo administrativo que no le merece objeciones.

El H. Senador señor Hormazábal reiteró que, en su opinión, instaurar una nómina es inconstitucional, pero la inscripción en un registro se exige en muchas actividades que deben realizarse conforme a ciertas reglas y requisitos. Hoy día existe un registro de las personas que trabajan en los puertos, y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, por razones de orden y seguridad, puede impedir que alguien acceda a los puertos.

Propuso, al efecto, exigir un curso básico de capacitación a los trabajadores, en términos similares a los que se han impartido hasta este momento con la autorización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, esto es, de una duración entre doce y quince horas, que garantice efectivamente una mayor seguridad en los puertos, y facultar a la autoridad marítima para inscribir en una nómina a las personas que lo soliciten y hayan aprobado el curso, y, finalmente, mantener la facultad de la autoridad marítima para negar el acceso a determinadas personas, pero precisando que ha de hacerlo por razones fundadas.

Sugirió, además, incluir una norma transitoria que salve el caso de los trabajadores que actualmente se desempeñan en los puertos, de forma tal que tengan doce meses para inscribirse tanto los que hayan cumplido o cumplan una cierta cantidad de tumos, regularizándose así la actividad.

—Las indicaciones N°s 62, 63 y 64, refundidas en la forma propuesta por el H. Senador señor Hormazábal, fueron acogida^ por unanimidad, por los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Thayer. No votó el H. Senador señor Palza, por haber contraído ese compromiso con el H. Senador señor Cooper, quien debió ausentarse de la Sala.

—Asimismo, y como consecuencia de las indicaciones precedentes, se aprobó, con igual votación, un artículo transitorio nuevo, en los términos que se señalan en su oportunidad.

La indicación número 65, del Honorable Senador señor Palza, intercala un número 39 bis nuevo, que agrega un artículo a continuación del artículo 130.

En los siete incisos de que consta esa disposición se prevé la existencia en cada puerto de una nómina o registro que determinará las personas que pueden ser contratadas como trabajador portuario eventual, la cual será confeccionada anualmente por una Comisión integrada por representantes de las organizaciones sindicales de los trabajadores eventuales y de los empleadores que operen en el respectivo puerto, por la Dirección del Trabajo y por la Dirección General del Territorio Marítimo, sobre la base de los criterios que detalle el precepto, y en contra de cuyas resoluciones podrá recurrirse ante una Comisión Nacional. Entre sus normas, la indicación manifiesta que, en la confección de la nómina de trabajadores eventuales del respectivo puerto, se tendrá como referencia el volumen actual y proyectado de la mercancía movilizada y el número de turnos hombres que se requerirá para el adecuado funcionamiento de la actividad portuaria.

—Fue rechazada por tres votos contra dos. Votaron negativamente los HH. Senadores señores Cooper, Hormázábal y Thayer, y suscribieron la aprobación los HH. Senadores señores Calderón y Palza. La mayoría de la Comisión dejó constancia que había desechado la proposición por estimar que era inconstitucional.

La indicación número 66, de los Honorables Senadores señores Hormazábal y Palza, consulta también añadir, en un número nuevo, un artículo después del artículo 130, compuesto por seis incisos.

En ellos se contempla la existencia en cada puerto de un registro de las personas que pueden ser contratadas como trabajador portuario eventual; el que será elaborado anualmente por una Comisión de la misma integración que la mencionada en la indicación precedente, sobre la base de los criterios que se detallan, y en contra de cuyas resoluciones podrá recurrirse ante una Comisión Nacional.

La indicación número 67, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, sugiere asimismo incluir un número nuevo, mediante el cual se incorpora a continuación del artículo 130 un artículo, en lo sustancial, de tenor semejante a la indicación número 65, y que denomina Comisión Nacional del Trabajo Portuario Eventual a la encargada de conocer los recursos en contra de las resoluciones de las Comisiones existentes en cada puerto.

—Ambas indicaciones se debatieron conjuntamente, resultando rechazadas por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Thayer, como consecuencia de los acuerdos adoptados en relación con las indicaciones N°s. 62, 63 y 64 precedentes. No votó el H. Senador señor Palza, en razón del compromiso contraído con el H. Senador señor Cooper, quien estaba ausente de la Sala.

Número 43

La indicación número 68, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, persigue señalar en la letra a) del artículo 138 del Código, que la garantía del empleador en un convenio de provisión de puestos de trabajo debe consistir en asegurar al trabajador la percepción del valor de un ingreso mínimo en cada mes y no en cada trimestre.

—Se declaró inadmisible, por incidir en materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

La indicación número 69, también de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, plantea establecer, en la letra f) del mismo artículo 138 del Código, que la duración de los convenios de provisión de puestos de trabajo —salvo los indefinidos—, sea de seis meses en lugar de tres meses.

—Fue declarada inadmisible, debido a que versa sobre materias de exclusiva iniciativa presidencial.

La indicación número 70, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Frei Bolívar, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, contempla un número nuevo en que se agrega un artículo 138-A al Código del Trabajo.

Ese nuevo artículo otorga derecho a descanso a los trabajadores portuarios eventuales de un día hábil por cada veinte turnos, o fracción igual o superior a diez, trabajados durante un año para un mismo o distinto empleador. Los distintos empleadores concurrirán al pago del beneficio en proporción al tiempo trabajado para cada uno de ellos. La remuneración de cada día de feriado se determinará dividiendo el total de las remuneraciones percibidas durante el año por el trabajador, por el número de turnos laborados durante el mismo período.

—El señor Presidente de la Comisión la declaró inadmisible, por recaer sobre materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

La indicación número 71, de los Honorables Senadores señores Frei Bolívar y Palza, consulta también la inclusión —en un número nuevo— de un artículo 138-A al Código, mediante el cual se concede derecho a descanso a los trabajadores portuarios eventuales en términos similares a los de la indicación precedente, con la salvedad de que requiere que los turnos trabajados lo hayan sido para uno o más empleadores y, en este último caso, ellos deben concurrir al pago en la forma antedicha.

—Fue declarada inadmisible, por referirse a materias de iniciativa exclusiva presidencial.

La indicación número 72, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta la incorporación de un numerando nuevo, donde se ordena que, en los establecimientos que expendan bebidas y artículos alimenticios para ser consumidos en sus locales y en que el cliente sea atendido por garzones y camareros, se agregue a la cuenta de consumo un diez por ciento adicional, destinado al personal encargado de atender directamente al público y al personal de cocina. Este monto se repartirá entre los trabajadores conforme lo establezca el reglamento y se sumará al sueldo base de cada uno de ellos.

—Resultó declarada inadmisible, por contener materias de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

Número 46

La indicación número 73, de la Honorable Senadora señora Feliú, propone suprimir el inciso tercero del artículo 146 del Código del Trabajo —artículo que es reemplazado por este número—, en el cual se señala que los días de descanso semanal de los trabajadores de casa particular los facultan a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente.

Sometida a votación, se registró un voto a favor, emitido por el H. Senador señor Thayer, dos en contra, pronunciados por los HH. Senadores señores Calderón y Palza, y la abstención del H. Senador señor Larre.

—Al repetirse la votación quedó rechazada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores recién mencionados.

Para adoptar esa decisión tuvo presente la Comisión que el inciso tercero que se recomendaba eliminar en la indicación regula el caso de los trabajadores que viven en la casa del empleador —ya que la situación de los que no viven en ella está reglada en el inciso primero—, y que, al haber sido aprobada en el primer informe, su supresión podría ser interpretada en el sentido de que no se quiso producir ese efecto.

Número 47

La indicación número 74, de S.E. el Presidente de la República, sugiere el reemplazo de este número, que agrega un inciso al artículo 147, donde se fija la remuneración mínima en dinero que deben recibir los trabajadores de casa particular, por otro, en que se añaden tres incisos a esa disposición.

El texto que recomienda fija la remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular en el equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual. Advierte que los trabajadores que no vivan en la casa del empleador y se desempeñen a jornadas parciales o presten servicios sólo algunos días a la semana, tendrán derecho a una remuneración mínima no inferior a la ya referida, calculada proporcionalmente en relación con la jornada o con los días de trabajo. Dice, por último, que las prestaciones de casa habitación y alimentación de los trabajadores de casa particular no serán imponibles para efectos previsionales.

La indicación número 75, del Honorable Senador señor Palza, efectúa una propuesta idéntica a la contenida en la indicación recién mencionada.

En virtud de estas indicaciones, y de las otras normas del proyecto, —artículo 14 nuevo y 2° transitorio letra d)—, quedará eliminada la fijación legal del monto mínimo de la remuneración imponible para los efectos de las cotizaciones de los trabajadores de casa particular, los que pasan a someterse en esta materia a la normativa general.

—Sometidas a votación, las dos indicaciones quedaron aprobadas por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Larre, Palza y Thayer.

La indicación número 76, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, reemplaza el inciso que se agrega el artículo 147, por otro, en virtud del cual la remuneración en dinero no podrá ser inferior al monto del ingreso mínimo mensual en el caso de los trabajadores que viven fuera de la casa del empleador y a las tres cuartas partes de éste en el caso de los que vivan en ella.

—Fue rechazada por cuatro votos contra uno. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hormazábal, Larre, Palza y Thayer, y votó a favor su autor.

La indicación número 77, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta un nuevo número 48, en que se modifica el artículo 152 del Código, a fin de requerir el plazo de cuarenta y cinco días —y no quince, como expresa la norma vigente— para que los reglamentos internos de las empresas y sus modificaciones se pongan en conocimiento de los trabajadores antes de comenzar a regir; y obligar a la entrega de una copia también a los sindicatos y comités paritarios existentes en la empresa, además de los trabajadores.

La Comisión convino en establecer en treinta días la anticipación con que deberán ser difundidos los reglamentos internos, y agregar al delegado del personal entre quienes deben recibir una copia.

—Se acogió unánimemente, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Larre, Palza y Thayer.

ARTICULO 2° Número 2

La indicación número 78, del Honorable Senador señor Palza, sustituye el inciso segundo del artículo 173-A nuevo, con el objeto de establecer que la calificación de ser las faenas superiores a las fuerzas del trabajador o de que puedan comprometer su salud o seguridad, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley, teniendo en vista la opinión de entidades de reconocida especialización en la materia de que se trate, sean públicas o privadas.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social precisó que la indicación recoge el sistema vigente, ya que los organismos competentes para efectuar esta calificación son los Servicios de Salud, con la colaboración de profesionales de las Mutualidades que administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

—Resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábál, Larre, Palza y Thayer.

La indicación número 79, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta un número 2 bis nuevo, que sustituye el inciso segundo del artículo 179 del Código, en orden a que la obligación del empleador de mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores que consagra el inciso primero de ese artículo, será aplicable en los establecimientos industriales y a los trabajadores del comercio. Elimina con ello la condición actual de que tal obligación rige "cuando las funciones que éstos desempeñen lo permita”.

Por otra parte, la indicación aumenta el rango de la multa para el caso de infracción —hoy día de una a dos unidades tributarias mensuales—, estableciéndola desde dos a cinco unidades tributarias mensuales.

El H. Senador señor Hormazábal sostuvo que la llamada "Ley de la Silla” —como se conoció el antecedente histórico de la actual disposición— no se cumple, en circunstancias que sería perfectamente posible considerando los actuales sistemas de ventas, porque ellos contemplan los turnos entre los empleados para la atención del público. No le gustaría —aseguró— elevar los requisitos a una norma que no recibe acatamiento, y pidió al señor Subsecretario del Trabajo, presente en la sesión, que proporcione más adelante a la Comisión antecedentes sobre las multas aplicadas por la Dirección del Trabajo por vulneración de este artículo. Finalizó haciendo saber sus dudas sobre la efectiva justificación que tiene este precepto respecto de las actividades industriales.

El H. senador señor Thayer objetó la indicación, por estimar que el eventual incumplimiento del artículo 179 —aún con la salvedad de que procede cuando las funciones lo permitan—, en lugar de solucionarse, se hará más agudo si se pretende generalizar de forma tal que deba aplicarse incluso a aquellos casos en que las funciones no lo permitan.

El H. Senador señor Hormazábal sugirió aceptar la primera parte de la indicación, pero redactada en términos de agregar al artículo una disposición, en cuya virtud la forma y condiciones en que se ejercerá este derecho deberá constar en el reglamento interno.

—Sometida a votación la primera parte de la indicación, redactada en la forma antedicha, quedó acogida por unanimidad, al recibir los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Larre, Palza y Thayer.

—La segunda parte de la indicación fue declarada inadmisible.

Número 3

La indicación número 80, de S.E. el Presidente de la República, sustituye el inciso segundo del artículo 181, declarando que, si la madre muriera en el parto o durante el período del permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre, quien no gozará de fuero por esta circunstancia.

La Comisión acordó puntualizar, en el texto de la indicación, que el padre no gozará de fuero, ya que su redacción alude al "beneficio establecido en el artículo 186 de este Código”, lo que podría inducir a confusión, puesto que dicha norma alude a dos beneficios: el fuero y el subsidio, siendo este último procedente en la especie.

Se tuvo en cuenta, además, que el objetivo de la concesión de permiso, cual es el cuidado del hijo, supone la sobrevivencia de éste, con lo cual queda salvada una inadvertencia deslizada en el texto aprobado en el primer informe.

—Fue aprobada por unanimidad, con modificaciones, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Larre, Palza y Thayer.

La indicación número 81, del Honorable Senador señor Thayer, reemplaza el aludido inciso segundo del artículo 181, con el único propósito de agregar, como requisito para el permiso paternal, que sobreviviere el hijo.

—Su autor la retiró, por cuanto se satisfizo el propósito que perseguía al acogerse la indicación precedente.

La indicación número 82, de la Honorable Senadora señora Feliú, persiguiendo igual finalidad que la indicación precedente, intercala la frase "y el hijo sobrevive” luego de la referencia a la muerte de la madre en el parto o como consecuencia directa de él.

—Resultó rechazada unánimemente, como consecuencia de la aprobación de la indicación N° 80. Dejó constancia la Comisión, no obstante que la idea en que se sustenta esta indicación quedó incorporada en la que se aprobó.

La indicación número 83, del Honorable Senador señor Mc-Intyre, consulta añadir en el artículo 181 un inciso final, a fin de no hacer aplicables los derechos referidos en este artículo respecto del personal masculino perteneciente a las Fuerzas Armadas y de Orden.

El H. Senador señor Mc-Intyre precisó que, por los antecedentes de que dispone, los derechos irrenunciables que consagra este precepto no se conciban con las necesidades de funcionamiento de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, y puede provocar trastornos cuando el funcionario se encuentre destinado en sitios lejanos o embarcado. Por ello, se manifestó partidario de no introducir un elemento de rigidez en esta materia, sino que dejarla entregada a los permisos que se concedan institucionalmente, de acuerdo a las circunstancias.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social estimó que la norma debe establecerse en términos generales. Si hay una imposibilidad física de ejercer el derecho, sea por fuerza mayor u otra causa, deberá estarse a las circunstancias, pero eso no justifica excluir a toda una categoría de trabajado

res de la norma general, más aún si pueden encontrarse varios ejemplos similares, tales como el de la gente de mar o trabajadores embarcados.

—Sometida a votación, quedó rechazada por tres votos a favor y dos en contra. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza. Lo hicieron favorablemente los HH. Senadores señores Larre y Thayer. El H. Senador señor Hormazábal fundó su voto en que estimaba que la indicación recae sobre una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Número 4

La indicación número 84, de S.E. el Presidente de la República, reemplaza el inciso segundo del artículo 185 del Código, consagrando el derecho a permiso y subsidio para la mujer trabajadora por atender en el hogar al enfermo menor de un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección —eliminando la referencia a haber iniciado el juicio de adopción plena conforme al Título III de la Ley N° 18.703—, derecho que se extiende a su cónyuge si ambos trabajan, a elección de la mujer.

S. E. el Presidente de la República, por Mensaje N° 537-325, de 12 de marzo de 1993, corrigió un error de transcripción de dicha indicación, en el sentido de que la referencia a la mujer trabajadora debe hacerse a "la trabajadora o el trabajador”.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que el propósito del Ejecutivo es que los derechos que se consagran en esta disposición y en el nuevo artículo 185-A, correspondan tanto a la trabajadora como al trabajador regidos por el Código del Trabajo.

—Se aprobó, con la rectificación y cambios formales, por unanimidad, con los votos favorables de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

La indicación número 85, del Honorable Senador señor Mc-Intyre, sugiere agregar un inciso final, que declare que los derechos referidos en este artículo no son aplicables respecto del personal masculino perteneciente a las Fuerzas Armadas y de Orden.

—No se acogió, al recibir tres votos en contra y dos a favor, luego de reiterarse las razones expuestas en la indicación N° 83. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, mientras que lo hicieron favorablemente los HH. Senadores señores Romero y Thayer.

Número 5

La indicación número 86, de S.E. el Presidente de la República, sustituye el artículo 185-A del Código, por el que se otorga el derecho a gozar de permiso y de subsidio, hasta por doce semanas, a la trabajadora que tenga a su cuidado un niño menor de seis meses, respecto del cual se encuentre tramitando el juicio de adopción plena en los términos del Título III de la ley N° 18.703.

El nuevo texto que se propone manifiesta que la trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas. A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una declaración jurada de la trabajadora de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección.

La indicación fue también objeto dé rectificación de un error de transcripción por S.E. el Presidente de la República, en el mismo Mensaje anotado al tratar la indicación N° 84. La corrección, en la especie, consiste en agregar, a continuación de la mención de la trabajadora, otra al trabajador, en concordancia con la idea de que el derecho en cuestión corresponda tanto a los dependientes varones como mujeres que se encuentren en la situación descrita.

—Fue aprobada por unanimidad, con los votos favorables de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

Número 6

La indicación número 87, del Honorable Senador señor Thayer, amplía a 120 días el plazo de 60 días hábiles que se fija en el artículo 186 del Código para que la trabajadora afectada haga valer el derecho al fuero maternal, en caso de que el empleador ponga término a su contrato de trabajo por ignorancia del estado de embarazo.

—Se declaró inadmisible, por incidir en materias de iniciativa presidencial exclusiva.

La indicación número 88, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, consulta un número 6 bis nuevo, por el cual se reemplaza el inciso final del artículo 186 del Código, que dispone que el fuero maternal no es aplicable a las trabajadoras de casa particular, estableciendo en cambio que el fuero maternal de las trabajadoras de casa particular se extenderá desde el momento del embarazo hasta la expiración del descanso de maternidad posterior al parto.

El H; Senador señor Calderón puso de relieve la finalidad humanitaria de la propuesta, señalando que las trabajadoras de casa particular están totalmente desprotegidas en caso de embarazo, porque pueden ser despedidas en cualquier momento, lo que lleva incluso a que, en algunas oportunidades, oculten su estado por el mayor tiempo que pueden. De allí que su idea es otorgarles fuero, si biep reducido a un año en total, a diferencia del fuero maternal habitual.

En el seno de la Comisión se formularon opiniones en respaldo de esa preocupación, pero disintiendo de la apreciación de que el fuero fuese el mecanismo más apropiado, por las dificultades que ocasionaría en los hogares, particularmente los modestos, en que se desempeñan estas trabajadoras, y la distinta situación en que se encuentran las que viven en la casa del empleador de las que no viven en ella.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social coincidió en que es necesario buscar una fórmula eficaz, dentro del ámbito de la seguridad social, que solucione realmente el problema. Agregó que, de acogerse la indicación, sólo se conseguiría informalizar más el contrato de estas trabajadoras, por temor a que se produjese una convivencia obligatoria en el interior del hogar a la que sólo podría ponerse término con una orden judicial.

Planteada cuestión de admisibilidad de la indicación, por estimarse que recae sobre materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, el señor Presidente de la Comisión sometió el tema a la resolución de la Sala.

—La indicación fue declarada inadmisible por cuatro votos contra uno. Votaron por la inadmisibilidad los HH. Senadores señores Hormazábal, Palza, Romero y Thayer, y por la admisibilidad lo hizo su autor.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, por unanimidad de sus integrantes ya mencionados, acordó oficiar al Ejecutivo para expresarle su preocupación por las diversas dificultades que se les plantean a las trabajadoras de casa particular como consecuencia de su estado de embarazo, solicitándole que, si lo tiene a bien, se sirva disponer el estudio de una iniciativa de ley que permita superarlas. En ese sentido, se envió al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social el oficio N° 154/93, el 16 de marzo de 1993.

La indicación número 89, del Honorable Senador señor Thayer, consulta un número 7 nuevo, que agrega al artículo 188 del Código del Trabajo un inciso final, donde se establece que los desembolsos que demanden a las empresas el cumplimiento de las obligaciones relativas a salas cuna podrán ser compensados por ellas con las obligaciones tributarias que les afecten en la forma y condiciones que señalan los artículos 20 y siguientes del decreto ley N° 1.446, de 1976, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

—Se declaró inadmisible, por tratar de materias de exclusiva iniciativa de S.E. el Presidente de la República.

La indicación número 90, del Honorable Senador señor Romero, intercala en el artículo 188 un inciso cuarto, donde se dispone que los establecimientos educacionales podrán habilitarse para ejercer la función de salas cunas en aquellas épocas que no coincidan con los períodos escolares fijados por el Ministerio de Educación. El reglamento determinará las condiciones de higiene y seguridad que deberán reunir estos establecimientos para el desarrollo de dichas funciones.

El H. Senador señor Romero manifestó que ha trabajado posteriormente este tema en conjunto con el H. Senador señor Gazmuri, a fin de implementar en mejor forma la idea de habilitar los establecimientos educacionales durante la época en que no hay clases, como salas cunas y jardines infantiles, a fin de facilitar los trabajos de temporada. Para ello, le pareció apropiado considerar también un aporte de los empleadores, y entregar la administración a las municipalidades.

El H. Senador señor Hormazábal estimó que la sugerencia de contemplar un aporte del empleador, desde el punto de vista constitucional, no es admisible, por corresponder al Ejecutivo la iniciativa en materia de seguridad social. Desde otro ángulo, discrepó del enfoque de liberar al empleador de una obligación legal, como es proporcionar sala cuna. Acogió, no obstante, la habilitación de establecimientos educacionales para este efecto durante las vacaciones escolares, ya que a su juicio no presenta problemas de constitucio- nalidad, agregando que el organismo competente para su administración debe ser la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cuya ley orgánica le entrega esa función, y, desde luego, habría que adecuar oportunamente su presupuesto.

El H. Senador señor Romero dio a conocer su acuerdo con que administre la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero consideró que no debe dejarse fuera a otros organismos, como el Servicio Nacional de la Mujer o las municipalidades, que pueden hacer una contribución importante.

—La indicación, con modificaciones, resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

ARTICULO 3°

Este artículo contiene diversas modificaciones al Libro V del Código del Trabajo, las cuales fundamentalmente recaen en materias de procedimiento propias del juicio laboral.

En esta materia se presentó la indicación número 91 de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Otero y Thayer, tendiente a suprimir este artículo en su totalidad.

Asimismo, Su Excelencia el Presidente de la República formuló las indicaciones N°s 92, 93 y 94.

La indicación número 92 sugiere reemplazar el inciso segundo del artículo 400, que encomienda la práctica de las notificaciones personales y por cédula a alguno de los receptores laborales que se desempeñen en el mismo tribunal, además de un empleado del mismo o, excepcionalmente, Carabineros, a fin de encargar la primera notificación a un receptor, manteniendo las otras opciones.

El propósito de esta indicación es consignar en el proyecto el mismo texto vigente del inciso segundo, que se reemplaza en el primer informe.

La indicación número 93 propone que, en lugar de derogarse el artículo 415 del Código, se lo reemplace, señalando que el litigante cuya comparecencia personal a prestar confesión se solicite por la parte contraria o por el juez de oficio, deberá concurrir a 1^ audiencia. Si no se dispusiere dicha comparecencia personal, podrá hacerlo por medio de mandatario debidamente autorizado al efecto. Si no compareciere en única citación o si compareciendo se negare a declarar o diere respuestas evasivas, se presumirán efectivos los hechos categóricamente afirmados en el pliego. Respecto de las posiciones redactadas en forma interrogativa no se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.

La indicación número 94, finalmente, aconseja sustituir el artículo 441 del Código, con el único objeto de eliminar la mención que en él se contiene, en cuanto a que en las causas laborales "no procederá la adhesión a la apelación”.

Se produjo un extenso debate en la Comisión, durante el cual se analizó si la normativa consignada en el primer informe realmente mejora el procedimiento judicial en cuanto a darle una mayor concentración, eliminar trámites dilatorios y procurar la celeridad en la dictación del fallo.

A raíz de una intervención del H. Senador señor Otero, la Comisión, con el asentimiento del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, y estimando que la indicación número 91 la habilita para la revisión de este artículo, decidió encomendar al mencionado señor Senador que propusiera las modificaciones técnicas que fuese conveniente introducir con vistas a la obtención de las finalidades antes señaladas.

En cumplimiento de dicho encargo, el H. Senador señor Otero efectuó diversas sugerencias recogiendo las ideas intercambiadas en la Comisión, las disposiciones vigentes del Código del Trabajo, el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, las indicaciones del Ejecutivo y aportes personales, que configuran, en su conjunto, una nueva regulación orgánica del procedimiento laboral.

Dicha proposición tuvo una aceptación unánime, salvo observaciones de detalle. Los cambios introducidos al proyecto aprobado por el primer informe en muchos casos no dicen relación con lo sustancial de la materia, sino que tienen por objeto dar una mejor ordenación al procedimiento. Es así como hay artículos que aparecen sustituidos en su totalidad, no obstante que la materia a que se refieren está considerada en otro precepto del nuevo articulado, bajo numeración diferente. Un efecto similar ocurre con las actuales normas del Código del Trabajo.

En síntesis, la Comisión aprobó nuevas normas de procedimiento, consideradas como un todo orgánico y sistemático y que, en su opinión, logran la finalidad perseguida en el proyecto de ley, de concentrar y acelerar el procedimiento judicial en materia laboral.

El articulado que se propone tiene las siguientes características:

a) Se modifica el artículo 399, concordándolo con las actuales disposiciones que en materia de plazos y de feriados contiene el Código de Procedimiento Civil, luego de su última reforma. Lo más sustancial es que todos los plazos pasan a ser fatales, cualesquiera que sea la forma en que se expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal.

b) Se mantiene como sistema general de notificación la del estado diario, introduciendo cambios al artículo 405, destinados a precisar que en dicho estado debe dejarse constancia del hecho de haberse dictado sentencia; autorizar al tribunal para disponer que cualquier resolución sea notificada personalmente o por cédula; y ordenar el envío de carta certificada junto con practicarse la notificación por el estado, tratándose de la resolución que recibe la causa a prueba y del hecho de haberse dictado sentencia.

La mayoría de la Comisión, compuesta por los HH. Senadores Hormazábal, Otero y Thayer, desechó la idea de los HH. Senadores señores Calderón y Palza de que la carta certificada que debe enviarse a las partes, al momento de notificarse por el estado la resolución que recibe la causa a prueba y comunicarle el hecho de haberse dictado sentencia, sea un elemento esencial de la notificación por el estado. En consecuencia, la notificación se perfecciona por el solo hecho de cumplirse los requisitos legales de la notificación por el estado.

Este sistema es sin perjuicio de la notificación por cédula de la sentencia definitiva de primera instancia y de las resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes, de acuerdo al artículo 404, al que no se introducen cambios.

c) En el artículo 406, se incluye un nuevo inciso segundo que establece que, para los trabajadores cuyos ingresos mensuales sean inferiores a cinco ingresos mínimos mensuales, las notificaciones practicadas por los receptores o empleados del tribunal, serán gratuitas.

La Comisión-prefirió hablar de ingresos del trabajador y no de remuneraciones, por cuanto un trabajador que no perciba remuneraciones por encontrarse cesante, podría tener otros ingresos. Ese mismo hecho la motivó a no conceder este beneficio a todos los que hayan dejado de prestar servicios, por cuanto, en aquellos casos de quienes ganaban una alta remuneración, sus recursos deberían permitirle el pago de estas diligencias. Ello, toda vez que el objetivo de esta disposición no es otro que proteger a los que tengan una real carencia de recursos.

d) Se agrega en el artículo 409, dentro de los requisitos que debe contener la demanda, la indicación detallada de los medios de prueba de que pretenda valerse el actor, quien deberá acompañar toda la prueba documental que se encuentre en su poder, sin perjuicio del plazo especial que se abre una vez notificada la recepción de la causa a prueba, para acompañar la que obtenga con posterioridad.

e) Es modificado el artículo 410, para obligar a que la contestación de la demanda exprese todas las excepciones dilatorias y perentorias que se oponen, sin que con posterioridad pueda hacerse valer excepción alguna, debiendo además indicar detalladamente los medios de prueba de que pretenda valerse el demandado, como asimismo, acompañar a ese escrito toda la prueba documental que se encuentre en su poder. Además, establecer la tramitación y fallo conjunto de todas las excepciones, sin perjuicio de que el tribunal pueda acoger anticipadamente las dilatorias de incompetencia, de falta de capacidad o personería del demandante, o aquella en que se reclame el procedimiento, siempre que aparezcan manifiestamente admisibles.

f) Se incluye en el artículo 411, el plazo de cinco días para evacuar el traslado de las excepciones dilatorias.

g) En el artículo 412, se consagra la realización de una audiencia de conciliación y prueba una vez contestada la demanda, salvo que no hayan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en cuyo caso se citará a las partes a oír sentencia y además a una audiencia de conciliación.

h) Se cambia el artículo 413, con el objeto de fijar como única oportunidad para solicitar cualquier diligencia de prueba que no se hubiese solicitado en el escrito de demanda o contestación, y acompañar toda prueba documental que no se hubiere presentado con anterioridad, un escrito que deberá presentarse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, en el cual también se contendrá la lista de testigos y podrá solicitarse su citación.

Cabe destacar que la citación a los testigos que ordene el tribunal comprende no sólo la obligación de comparecencia a la audiencia de prueba, sino que subsiste hasta que ésta termine y el testigo presta su declaración.

i) Se regula en el artículo 414 la audiencia de contestación y prueba. Se autoriza al tribunal para alterar el orden de recepción de la prueba, y se ordena que una vez iniciada la audiencia no pueda suspenderse por motivo alguno y, en caso que la prueba no alcance a rendirse en ella, continúe al día siguiente hábil y así hasta terminar, debiendo habilitar horarios especiales para ello, si fuese necesario.

j) En la regulación de la absolución de posiciones —que se hará en el artículo 415—, se permite que la prueba confesional se pida sólo una vez por cada parte; se autoriza al tribunal para modificar, aclarar o declarar inadmisibles las preguntas; se dispone que la resolución que cite a absolver posiciones se notifique por cédula con una anticipación de a lo menos tres días a la fecha de la audiencia, y se señala que el citado deberá concurrir personalmente a absolverlas, si se tratare de hechos propios. De no ser así, podrá hacerlo a través de mandatario expresamente facultado, cuyas declaraciones se considerarán para todos los efectos legales como si hubieren sido hechas por la persona citada.

Se debatió la posibilidad de precisar que el mandatario designado por el absolvente fuera la persona encargada de las relaciones laborales u otra que esté en conocimiento de los hechos materia de la demanda. Si bien, en definitiva, se prefirió no incluir tales referencias, se coincidió en que al mandatario deben constarle los hechos a que se refiere el juicio y sobre los cuales recae la prueba, so pena de estimar evasivas sus respuestas, si a esa conclusión condujeran las reglas de la sana crítica. Se pretende que el mandatario sea una persona que tenga conocimiento real de los hechos y que, dada su calidad de mandataria de la parte, su testimonio pase a tener la calidad de prueba confesional.

Sin embargo, cuando se trate de hechos propios —cuya naturaleza es un aspecto que corresponde apreciar al juez de la causa—, el litigante deberá comparecer personalmente. Reflexionó la Comisión que quien toma las decisiones en el ámbito empresarial no puede refugiarse en la designación de un mandatario para evitar dar judicialmente las explicaciones que se le pidan.

k) En el artículo 416, se establece que la forma de acompañar la prueba instrumental se regula por lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, no obstante lo cual los documentos que se acompañen a la demanda deberán impugnarse en la contestación o en el plazo conferido para ésta, el que en ningún caso podrá exceder al de la audiencia de prueba. Sólo por causa muy justificada el tribunal podrá admitir prueba documental adicional en dicha audiencia, debiendo impugnarse ésta de inmediato o, a petición fundada de parte, dentro de tercero día.

l) El artículo 417 reglamenta la forma de decretar la exhibición de documentos que existan en poder de terceros o de la otra parte, asimilándola a la normativa de los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se faculta al tribunal para decretar apercibimiento de arresto y se obliga al juez a cuidar la celeridad del procedimiento.

m) El artículo 418 reglamenta la petición de oficios a autoridades o representantes de empresas públicas o privadas, y les fija un plazo para que evacúen su respuesta.

La Comisión fue partidaria de no exigir que los oficios se dirijan a entidades sin interés directo o indirecto en el resultado de la litis, toda vez que los pueden pedir ambas partes, y es posible que en ciertos casos el destinatario tenga algún interés, como podría ocurrir con las administradoras de fondos de pensiones, y será el tribunal el que pondere su mérito.

De la misma forma, le preocupó la dilación del procedimiento que podría intentarse ocasionar por esta vía, pero tuvo en cuenta que ello se resuelve con la obligación del tribunal de citar a oír sentencia en su oportunidad, existan o no diligencias pendientes. Con todo, para el evento de que el juez estimase necesaria la respuesta a dicho oficio, se decidió consagrar más adelante la posibilidad de que lo reitere como medida para mejor resolver, bajo apercibimiento de multa si no se evacúa dentro del plazo que determine.

El último inciso de la disposición se estableció pensando en especial en determinados servicios públicos, como el Servicio de Impuestos Internos o el Instituto de Normalización Previsional, entre otros, a los que, por la necesidad que tienen de efectuar recopilación y procesamiento previo de información, pudiere serles insuficiente el plazo general de quince días hábiles. En esa hipótesis, deberán acompañar dentro de dicho plazo los antecedentes de que dispongan, e informar el término en que proporcionarán respuesta cabal a lo solicitado por el tribunal. Vale decir, de cualquier modo, el juzgado ha de recibir alguna respuesta a su oficio dentro de los aludidos quince días.

n) En el artículo 419 se reitera la norma vigente en el sentido de que los testigos sólo pueden declarar ante el juez de la causa, y se admitirán hasta dos por punto de prueba a cada parte. Se ordena luego que las declaraciones, como regla general, se regirán por lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, con las excepciones que señala.

El H. Senador señor Hormazábal manifestó que, aunque admitía que la declaración de testigos por exhorto demoraría el juicio, le preocupaban los casos de trabajadores que se han trasladado de una región a otra, y que provoca que, por insuficiencia de recursos para sufragar los gastos, el trabajador litigante se vea impedido de poder citarlos a declarar.

El H. Senador señor Otero expresó que la razón de ser de esta disposición es proteger fundamentalmente al trabajador, por cuanto el hecho de rendir prueba fuera del lugar del juicio, obliga al gasto del exhorto y a pagar procurador o abogado que lo tramite en el lugar donde se pretenda rendir la prueba testimonial, lo que prácticamente es imposible de afrontar para el trabajador. Más aún, esta situación desmedrada del trabajador frente a los recursos económicos de la empleadora, podría llevar a esta última a rendir su prueba testimonial fundamental, fuera del lugar del juicio.

ñ) Se regula en el artículo 420 las tachas a los testigos, la habilidad para declarar no obstante su calidad de dependiente o litigante en otro juicio, y el valor probatorio que se autoriza dar a los dichos de los testigos inhábiles.

o) El artículo 421 ordena el levantamiento de un acta de todo lo obrado en la audiencia.

p) En el artículo 422 se establece un plazo para formular observaciones a la prueba, transcurrido el cual el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que se dictará dentro de los quince días siguientes. Hecha la citación, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género.

q) El artículo 423 dispone que las diligencias de prueba pendientes —salvo que el tribunal las estime estrictamente necesarias para resolver la causa, en cuyo caso deberá reiterarla como medida para mejor resolver—, no obstan a la prosecución del juicio ni a la dictación de sentencia, y establece las multas que el tribunal puede imponer en caso de que la diligencia pendiente consista en un oficio.

r)Se derogan los artículos 424 a 427, por cuanto las materias que ellos regulan están recogidas en los artículos anteriores.

s) Se agrega al artículo 432, que establece las menciones que debe cumplir la sentencia, un inciso final que permite que la sentencia que se dicta en la audiencia —cuando no hay conciliación ni hechos susceptibles de ser recibidos a prueba— cumpla sólo con algunos de dichos requisitos.

t) El artículo 442, establece que en segunda instancia no será admisible prueba alguna, excepto la documental cuando la parte justifique haber estado imposibilitada de presentarla en primera instancia.

u) Se conserva sin modificaciones el artículo 444, sobre preferencia de las causas laborales en las Cortes de Apelaciones, conforme al texto del primer informe. Dieron unanimidad a este acuerdo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Pérez y Thayer.

El H. Senador señor Otero había manifestado su parecer en orden a que esta materia debía ser concebida como una modificación al inciso tercero del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, y requeriría de informe de la Excma. Corte Suprema.

El señor Presidente de la Comisión dejó constancia que el Mensaje original del Ejecutivo contemplaba una norma similar y que, al ser enviado el proyecto por la H. Cámara de Diputados a la Excma. Corte Suprema, ésta no consideró que dicho precepto fuese orgánico constitucional.

v) Se deroga el artículo 445 del Código del Trabajo, con el objeto de que se apliquen las reglas generales del Código de Procedimiento Civil en cuanto a escuchar alegatos.

Pesaron en el ánimo de la Comisión consideraciones de variada especie, tales como que el eventual retraso en la vista de la causa, si lo hubiere, no sería significativo; la utilidad que puedan tener los alegatos para clarificar tanto los hechos como los planteamientos jurídicos de las partes, y, además, el contrasentido de que se oigan alegatos en juicios que normalmente son de una menor complejidad jurídica, como los del tránsito y los de alimentos.

w) Se reformula el procedimiento sumarísimo considerado en el artículo 447-A del primer informe.

En el artículo 447 bis que se propone, se establece un nuevo procedimiento sumarísimo para resolver los conflictos cuya cuantía no exceda de cinco ingresos mínimos. Se faculta al demandante para optar por este procedimiento o el procedimiento ordinario, elección que debe declarar expresamente en su demanda. De no hacerlo, se entenderá que opta por el procedimiento ordinario.

Las características fundamentales de este procedimiento son la existencia de una audiencia de discusión, conciliación y prueba; la fijación de un plazo para que se notifique la demanda con suficiente antelación por un funcionario del tribunal; la celebración de la audiencia con las partes que asistan, no siendo necesario la constitución de mandato judicial ni el patrocinio de un abogado, la citación a oír sentencia terminada la recepción de la prueba; la apreciación de ésta en conciencia; la reducción de las menciones que debe contener la sentencia y el hecho de que ella no es susceptible de recurso alguno.

—Los acuerdos anteriores —con las excepciones apuntadas en su oportunidad— fueron adoptados por unanimidad, con los votos favorables de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Otero, Palza y Thayer.

—Con la misma votación y para los efectos, reglamentarios, se dio por aprobada con modificaciones la indicación N° 91; por rechazada la N° 92, y por aprobadas con modificaciones las signadas con los números 93 y 94.

La indicación número 95, de S.E. el Presidente de la República, contempla intercalar un número nuevo, a continuación del 23, en el cual se cambia el artículo 451 del Código, sobre las multas procedentes en caso de infracciones que no tengan señalada una sanción especial.

De acuerdo a la indicación, las infracciones al Código y a sus leyes complementarias que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, incrementándose hasta en un cuarto de unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción, en aquellas empresas de más de diez trabajadores afectos por la mencionada infracción. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período superior a un año. Constituirá reincidencia el hecho de persistir, una vez evacuados todos los recursos administrativos y judiciales, o vencidos los términos para interponerlos, en el incumplimiento que dio origen a la anterior sanción, dentro del período antes señalado.

—Fue aprobada por unanimidad, con la expresada modificación. Votaron los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

Número 24

La indicación número 96, de S.E. el Presidente de la República, sustituye el nuevo artículo 451-A del Código, que sanciona con multa a beneficio fiscal, aplicada por los juzgados de letras del trabajo, a los empleadores que, mediante la simulación de contratación de trabajadores o el uso de subterfugios para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, pretendan eludir el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley o la convención.

La indicación sanciona con multa a beneficio fiscal de una a doce unidades tributarias mensuales al empleador que simule la contratación de trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se conocerá por vía administrativa.

Añade que el que utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a doce unidades tributarias mensuales —incrementada hasta en un cuarto de unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción—, la que será aplicada por los juzgados de letras del trabajo.

Tanto unas multas como las otras se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a un año, contado desde la evacuación de todos los recursos administrativos y judiciales, o desde el vencimiento de los términos para interponerlos, en el primer caso, o desde la fecha de la sentencia de término, en el restante.

Finaliza expresando que, además, el empleador quedará obligado al pago de todas las prestaciones laborales que correspondieren a sus trabajadores, entendiéndose para estos efectos que por la correspondiente acción judicial interpuesta por el trabajador en virtud de este artículo se suspende el plazo de prescripción de la acción y de los derechos laborales.

Algunos HH. señores Senadores plantearon la conveniencia de restablecer, en el inciso primero de la indicación, el requisito de que la simulación sea dolosa, que se eliminó en el primer informe.

El H. Senador señor Romero indicó que la simulación no necesariamente es dolosa, y como se sanciona al que simule la contratación de trabajadores a través de terceros, si no se le agrega ese calificativo, podría llegarse a entender que cualquier contratación o subcontratación violaría los derechos de los trabajadores. De esa manera, se pone en tela de juicio a estos mecanismos, con los efectos consiguientes en actividades en que son indispensables para una mayor eficacia empresarial.

El H. Senador señor Thayer hizo suya esa observación, estimando que, en los términos en que está redactada la indicación, sería posible concluir que cualquier subcontratación de buena fe queda incluida, en circunstancias que sólo debería proceder la multa si hay una simulación dolosa.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social observó que la expresión dolosamente fue retirada del proyecto en el primer informe, porque la Comisión estimó en esa oportunidad que era innecesaria su inclusión, pero debería evitarse cualquier duda al respecto, para no afectar una actividad de gran relevancia como son las subcontrataciones.

El H. Senador señor Hormazábal precisó que el problema está solamente en el inciso primero, que es el que puede afectar a la subcontratación, ya que el inciso segundo se refiere a irregularidades dentro de la misma empresa. En el primer caso se sanciona dentro de un procedimiento administrativo y, en el segundo, se aplica uno judicial. Le preocupó, por lo mismo, el problema de prueba que puede presentarse y que haga inoperante estas disposiciones, ya que debería acreditarse la simulación y además el dolo, así como que la apreciación sobre la concurrencia de ambos hechos quede entregada a un funcionario de la Administración.

—Puesta en votación la indicación, se aprobó por unanimidad, al recibir los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

—Sometida votación la inclusión del término "dolosamente” en el primer inciso, se produjo un empate. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Romero y Thayer; lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Calderón y Hormazábal, y se abstuvo el H. Senador señor Palza.

Repetida la votación, fue aprobada dicha inclusión por tres votos a favor y dos en contra. Lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Palza, Romero y Thayer, y por la negativa los HH. Senadores señores Calderón y Hormazábal.

ARTICULO 4°

La indicación número 97, de la Honorable Senadora señora Feliú, recomienda suprimir este artículo, que reemplaza el artículo 2472 del Código Civil, relativo a los créditos comprendidos en la primera clase —para los efectos de la prelación de créditos—, estableciendo, en su número 8, que, en materia de indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, la preferencia tendrá un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, por cada trabajador, hasta un tope de 10 años.

—Fue desechada por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábál y Palza, a favor el H. Senador señor Thayer y se abstuvo el H. Senador señor Romero.

ARTICULO 5°

La indicación número 98, de la Honorable Senadora señora Feliú, propone eliminar este artículo, que modifica el artículo 148 de la ley N° 18.175, sobre quiebras, en cuanto a la regulación del pago de los créditos por indemnizaciones de origen laboral, tanto convencionales como legales, y a la preferencia de los créditos de primera clase contemplados en el Código Civil por sobre los preferentes o privilegiados establecidos en leyes especiales.

—No se acogió, al registrarse tres votos en contra y dos abstenciones. Suscribieron el rechazo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal y Palza, y se abstuvieron los HH. Senadores señores Romero y Thayer.

ARTICULO 6°

La indicación número 99, del Honorable Senador señor Cantuarias, sugiere hacer referencia a los pensionados y montepiados, en lugar de a los pensionados y montepiadas, como los que podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados conforme a las normas del decreto ley N° 2757, de 1978, sobre asociaciones gremiales.

El objetivo de la indicación es incluir aquellos casos en que los montepíos correspondan a varones, como ocurre, por ejemplo, con los huérfanos.

—Se aprobó por unanimidad, pero en el sentido de mencionar a los "beneficiarios de montepío”, por ser la expresión genérica más técnica. Se pronunciaron los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

—Por razones de concordancia, se acordó con igual votación introducir el mismo cambio en el artículo 4° transitorio, donde se alude a dichas organizaciones.

ARTICULO 8°

La indicación número 100, de S.E. el Presidente de la República, plantea incluir en este artículo, que interpreta la ley N° 19.010, sobre terminación del contrato de trabajo, un inciso final, en el sentido de que si el juez estableciera que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato de trabajo establecidas en los artículos 1° y 2° de la ley N° 19.010 no ha sido acreditada, de conformidad con el artículo 10 de la misma ley, se entenderá que el término de contrato se ha producido por algunas de las causales señaladas en el artículo 3° —necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o, respecto de algunos trabajadores, desahucio—, en la fecha en que se invocó la causal.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que esta disposición interpretativa pretende aclarar ciertos casos que afectan especialmente a personal del magisterio, al que, naturalmente, debe pagársele la indemnización que le cubre hasta el mes de marzo, si es despedido por alguna causal de las del artículo 1° o 2° de la ley N° 19.010 —por ejemplo, el incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato— y luego eso no es acreditado ante los tribunales.

La Comisión compartió el propósito de la indicación y, en consideración a que el juego de los aludidos preceptos produce un incremento en las indemnizaciones, acordó agregar, a sugerencia del H. Senador señor Hormazábal, que habrá lugar a los incrementos legales que correspondan, de acuerdo al mérito del proceso.

—Fue aprobada por unanimidad, con las señaladas modificaciones. Votaron los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

ARTICULO 9°

La indicación número 101, de la Honorable Senadora señora Feliú, tiene por finalidad suprimir este artículo, que reemplaza el artículo 6° de la ley N° 17.322, sobre cobranza de cotizaciones previsionales, prescribiendo que la notificación de la demanda y el requerimiento de pago se regirán por las normas sobre ejecución de las resoluciones y juicio ejecutivo del Código del Trabajo, actuaciones que deberán cumplirse por los receptores laborales y en ausencia o impedimento de éstos por un empleado del tribunal o por Carabineros, y a los funcionarios que corresponda la institución ejecutante pagará por cada actuación los derechos que fije el arancel establecido en el reglamento.

La indicación número 102, del Honorable Senador señor Cantuarias, persigue sustituir el artículo, a fin de establecer que la forma de las notificaciones se regirá por las normas previstas en el Libro V del Código del Trabajo. El requerimiento de pago podrá efectuarse personalmente o por cédula. Dichas actuaciones y las demás en que deba intervenir un ministro de fe, podrán realizarse por un empleado del mismo tribunal o por un receptor judicial. La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia, podrá realizarse, además, por Carabineros. La institución ejecutante pagará a los funcionarios primeramente mencionados, por cada actuación en que intervengan, los derechos que fije el arancel establecido por la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la carga de las costas.

Debatidas conjuntamente, la Comisión concluyó que la indicación del H. Senador señor Cantuarias se adecúa a los acuerdos sobre procedimiento laboral adoptados con anterioridad.

—Consecuentemente, rechazó la indicación N° 101 y aprobó la N° 102, por unanimidad. Votaron los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Pérez, Palza y Thayer.

La indicación número 103, de S.E. el Presidente de la República, contempla la agregación de un artículo 13, nuevo, al proyecto, que introduce dos modificaciones al decreto ley N° 676, de 1974, que otorga facultades al Director del Trabajo.

La primera de ellas agrega un inciso al artículo 1°, donde se rebaja en un cincuenta por ciento el monto de la multa impuesta por funcionarios de la Dirección del Trabajo, si dentro de quince días de notificada el empleador corrigiere la infracción a satisfacción de esa Dirección.

La segunda modifica el artículo 2°, a fin de otorgar un plazo de treinta días, contado desde la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa, para que el interesado solicite por escrito al Director del Trabajo que ejerza las facultades que le concede el artículo 1° de ese decreto ley. Dichas atribuciones consisten en dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas y renunciar o desistirse de la acción ejecutiva para su cobro, en aquellos casos en que el afectado no haya reclamado judicialmente de conformidad con la ley N° 14.972, siempre que se acredite fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción, o que aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al imponerse la multa.

La Comisión advirtió que, en el artículo 1° del decreto ley en cuestión, en que se contiene la facultad del Director del Trabajo para dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas, cumpliéndose los requisitos que se expresan, se especifica que ella procede en los casos en que el afectado no haya reclamado en conformidad con la ley 14.972, referencia que debe entenderse hecha al artículo 448 del Código del Trabajo, toda vez que dicho cuerpo legal fue derogado por el artículo segundo, N° 1, de la ley N° 18.620 y su contenido se recogió en el citado artículo del Código. Para evitar que, formalmente, continúe haciéndose mención a una disposición derogada, resolvió efectuar el correspondiente cambio de referencia.

Respecto de la modificación al artículo 1° del decreto ley N° 676, de 1974, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social sugirió complementarla, en el sentido de que la rebaja automática del 50% de la multa sea sin perjuicio del derecho de solicitar una reconsideración por el monto total.

El mismo Secretario de Estado propuso también la complementación de la segunda modificación, en términos de consagrar expresamente la posibilidad de reclamar de la resolución en que el Director del Trabajo aplique las disposiciones de este decreto ley, en conformidad al artículo 448 del Código del Trabajo.

—La indicación, con las modificaciones apuntadas, fue acogida por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

La indicación número 104, de S.E. el Presidente de la República, propone incluir un artículo 14, nuevo, que deroga el artículo 36 de la ley N° 18.482, donde se fija el monto mínimo de la remuneración imponible para los trabajadores de casas particulares. Dicha derogación producirá efectos a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de esta ley, fecha en que comienza a regir el monto de la remuneración mínima en dinero para estos trabajadores que se determina en el artículo 147 del Código.

—Resultó aprobada en forma unánime, al recibir los votos favorables de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza, Romero y Thayer.

La indicación número 105, del Honorable Senador señor Palza, está dirigida a añadir un artículo nuevo, que deroga el artículo 60 del Código Aeronáutico, y mantiene la vigencia de la reglamentación dictada por la Dirección General de Aeronaútica Civil sobre las materias señaladas en ese artículo, mientras no entre a regir el reglamento a que se refiere en los nuevos artículos que propone en la indicación número 47.

—Su autor la retiró, de conformidad a lo manifestado a propósito de la indicación N° 47.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1°

La indicación número 106, de los Honorables Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, Núñez y Vodanovic, plantea la supresión de este artículo, que fija la remuneración mínima de los trabajadores mayores de 65 años.

—Fue declarada inadmisible, por tratar materias de exclusiva iniciativa presidencial.

La indicación número 107, de S.E. el Presidente de la República, sugiere cambiar la cifra de $ 28.400 como remuneración mínima de estos trabajadores por la de $ 33.219.

Lo anterior es una consecuencia de la fijación del nuevo valor para el ingreso mínimo durante la tramitación de este proyecto de ley, que se dispuso mediante la ley N° 19.142.

—Resultó aprobada por la unanimidad de los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Romero, Palza y Thayer.

ARTICULO 2°

La indicación número 108, del Honorable Senador señor Romero, propone consignar, en la letra c) de este artículo, que los nuevos días de feriado adicional —además de los que corresponden a aquellos trabajadores que hayan prestado servicios por más de diez años, cada tres nuevos años—, derivados de considerar siempre inhábil el día sábado para los efectos del feriado, se agregarán a razón de un día por año calendario, a partir del inicio del año en curso.

—Fue retirada por su autor.

ARTICULO 3°

La indicación número 109, de la Honorable Senadora señora Feliú, plantea suprimir este artículo —que prescribe que las enmiendas introducidas a las normas sobre prelación de créditos, en lo relativo a los montos, extensión y forma de pago de las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral, no afectarán los juicios pendientes ni las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial—, en concordancia con la eliminación de las respectivas modificaciones legales que propuso, asimismo, mediante las indicaciones 37, 97 y 98.

—Quedó desechada por cuatro votos en contra y una abstención. Votaron por el rechazo los HH. Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Romero, y se abstuvo el H. Senador señor Thayer.

La indicación número 110, de S.E. el Presidente de la República, tiene por finalidad consultar un artículo 6° transitorio, que dispone que las normas a que deben sujetarse los convenios de provisión de puestos de trabajo, contempladas en el nuevo artículo 138 del Código, entrarán en vigencia a partir del 1° de diciembre de 1993.

—Fue aprobada por dos votos a favor y una abstención. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Hormazábal y Thayer y se abstuvo del H. Senador señor Calderón. No votó el H. Senador señor Palza, por haber adquirido ese compromiso con el H. Senador señor Cooper, quien no estaba presente al registrarse la votación.

Consecuentemente con los acuerdos expresados, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra proponeros las siguientes modificaciones al proyecto contenido en nuestro primer informe:

ARTICULO 1°.—

Consultar como número 1, nuevo, el siguiente, cambiando correlativamente la numeración de los restantes:

"1.— Agrégase el siguiente inciso final al artículo 2°:

"La legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.”.”

(Aprobada por mayoría 3-2. Indicación N° 2).

N° 2 (pasa a ser número 3).

Reemplazarlo por el siguiente:

"3.— Reemplázase el inciso tercero del artículo 8°, por los siguientes: "Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno.

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 48).

No hacen presumir la existencia de contrato de trabajo los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.”.”

N° 3 (pasa a ser número 4).

Reemplazar, al final del inciso segundo del artículo 9°, la expresión "cinco unidades tributarias mensuales” por "una a cinco unidades tributarias mensuales”.”

(Aprobada por mayoría 4-1. Indicación N° 6).

N° 4 (pasa a ser número 5).

Reemplazarlo por el siguiente:

"5.— Sustituyese el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.— Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 9°.

(Aprobada por mayoría 4-1. Indicación N° 9).

No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales, convencionales o establecidos en fallos arbitrales. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.”.”

(Aprobada por mayoría 3-2).

Intercalar, entre los números 5 y 6, que pasan a ser 6 y 8, respectivamente, el siguiente, nuevo:

"7.— Sustituyese el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.— Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las veintidós y las siete horas, con excepción de aquellos en que únicamente trabajen miembros de la familia, bajo la autoridad de uno de ellos.

Exceptúase de esta prohibición a los varones mayores de dieciséis años, en las industrias y comercios que determine el reglamento, tratándose de trabajos que, en razón de su naturaleza, deban necesariamente continuarse de día y de noche.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 10, primera parte).

N° 6 (pasa a ser número 8).

Reemplazar la frase "los contratados expresamente de acuerdo a este Código”, por la oración "los contratados de acuerdo con este Código”.

(Aprobada por unanimidad 5-0).

N° 7 (pasa a ser número 9).

Sustituirlo por el siguiente:

"9.— Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Artículo 23-A.— Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a diez horas dentro de cada veinticuatro horas.

Cuando las necesidades de las faenas lo permitan, los descansos deberán cumplirse preferentemente en tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.

Cuando la navegación se prolongare por más de quince días, los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada día calendario, o no inferior a diez horas dentro del mismo período, dividido en no más de dos tiempos de descanso.

En los casos en que la nave perdida por naufragio u otra causa esté asegurada, se pagarán con el seguro, de preferencia a toda otra deuda, las sumas que se deban a la tripulación por remuneraciones, desahucios e indemnizaciones.

En el caso de desahucio e indemnizaciones, la preferencia se limitará al monto establecido en el inciso cuarto del artículo 60.

A los tripulantes que después del naufragio hubieren trabajado para recoger los restos de la nave o lo posible de la carga, se les pagará, además, una gratificación proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados para conseguir el salvamento.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0, salvo frase final del inciso tercero, aprobada por unanimidad 5-0. Indicaciones 12 y 13).

N° 8 (pasa a ser número 10).

Reemplazarlo por el siguiente:

"10.— Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

"Artículo 25.— La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de 192 horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de los servicios interurbanos de pasajeros y choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

Todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas.

El Director del Trabajo podrá autorizar el establecimiento de jornadas bisemanales de trabajo para el personal aludido en el inciso primero, en cuyo caso deberá otorgarse el descanso aumentado en los mismos términos del artículo 38.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo en tierra de ocho horas.

En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana o el de vehículos de carga terrestre interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas.

El bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de aquél.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0. Indicaciones 14 a 19).

N° 9 (pasa a ser número 11).

Sustituirlo por el siguiente:

”11.— Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Artículo 25-B.— Si en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros, las"^ partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de trabajo, con un descanso mínimo de diez horas entre turno y tumo. En todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas continuas.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0, salvo supresión del calificativo de "efectivas” a continuación de "ocho horas”, aprobada por unanimidad 4-0. Indicaciones 20 y 21).

N° 13 (pasa a ser número 15)

Reemplazarlo por el siguiente:

"15.— En el artículo 37:

a) Intercálase el siguiente inciso cuarto, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos veintidós de los días de descanso en cada año calendario, deberán necesariamente otorgarse en día domingo; en todo caso el dependiente no podrá trabajar más de ocho días seguidos. Uno de los domingos deberá concederse en cada mes calendario y los restantes deberán distribuirse de forma tal que no transcurran más de tres meses sin que el trabajador haga uso de uno de tales domingos adicionales. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo y festivos.”.”.

b) En el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, reemplázase la frase "el inciso anterior” por la oración "los dos incisos precedentes”.”.

(Aprobada por mayoría 3-1. Indicaciones 25, 26, 28, 29 y 30).

N° 15 (pasa a ser número 17)

Intercalar, en el inciso primero del artículo 44 propuesto, la palabra "diarias” entre los términos "remuneraciones” y "devengadas”.”.

(Aprobada por mayoría 3-1 y 1 abstención. Indicación 33).

Considerar entre los números 16 —que pasa a ser 18— y 17 —que pasa a ser 20— un número nuevo, del siguiente tenor:

"19.— Sustitúyese la frase final del artículo 48 por las que se señalan a continuación:

"Asimismo, deberá otorgar certificaciones en igual sentido a los empleadores, sindicatos de trabajadores o delegados del personal cuando ellos lo requieran, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde el momento en que el empleador haya entregado todos los antecedentes necesarios y suficientes para la determinación de la utilidad conforme al artículo precedente.”.”.

(Aprobado por mayoría 3 a favor y 2 abstenciones, salvo agregación de los delegados del personal, que fue aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 36).

Consultar, a continuación del número 18 —que pasa a ser 21—, un número 22 nuevo, redactado en los siguientes términos:

"22.— Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.— El dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.

En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá también solicitar que ésta sea notificada a todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos, entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los plazos de prescripción, si se les practicó tal notificación dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 453 del presente Código.

En los casos de construcción de edificios por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades subsidiarias cuando el que encargue la obra sea una persona natural.”.”

(Aprobada por mayoría 4-1. Indicación N° 38).

Contemplar, entre el número 27 —que pasa a ser 31— y el número 28 —que pasa a ser 33—, el siguiente, nuevo:

”32.— Agrégase el siguiente epígrafe antes del artículo 86:

"Párrafo 1°

Normas generales.”.”

(Aprobada por unanimidad 4-0. Indicación N° 49).

N° 28 (pasa a ser 33)

a) Reemplazar el epígrafe por el siguiente:

"Párrafo 2°

Normas especiales para los trabajadores agrícolas de temporada.”.

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 51).

b) Sustituir el inciso primero del artículo 91-C propuesto, por el siguiente:

"Artículo 91-C.— En el contrato de los trabajadores transitorios o de temporada, se entenderá siempre incluida la obligación del empleador de proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de acuerdo a las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia o a un lugar de alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de comunicación, le permita desempeñar sus labores.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0. Indicación N° 57).

c) Cambiar el inciso tercero del artículo 91-C propuesto, por el que se indica en seguida:

"En el caso que entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero de este artículo, medie una distancia igual o superior a tres kilómetros y no existiesen medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento.”.”

(Aprobada por unanimidad 4-0, salvo en cuanto a la distancia establecida, aprobada por mayoría 3-1. Indicación N° 58).

N° 35 (pasa a ser número 40)

Sustituirlo por el siguiente:

”40.— Reemplázase el inciso segundo del artículo 108, por el siguiente:

"El empleador deberá otorgar al término del período de embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 37.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0. Indicación 52).

N° 39 (pasa a ser número 44)

Sustituirlo por el que sigue:

"44.— Reemplázase el artículo 130, por el siguiente:

"Artículo 130.— Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El trabajador portuario, para desempeñar las funciones a que se refiere el inciso primero, deberá efectuar un curso básico de seguridad en faenas portuarias en un Organismo Técnico de Ejecución autorizado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el que deberá tener los requisitos y la duración que fije el reglamento.

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá mantener en cada puerto una nómina de las personas que, cumpliendo con el requisito señalado en el inciso anterior, puedan desempeñarse como trabajadores portuarios.

Se admitirá la inscripción en dicha nómina de toda persona que lo solicite y que reúna el requisito establecido en el inciso tercero.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual, por razones fundadas de orden y seguridad, podrá impedir el acceso de cualquier persona.”.”

(Aprobada por unanimidad 3-0. Indicaciones números 62, 63 y 64).

N° 47 (pasa a ser número 52)

Reemplazarlo por el siguiente:

"52.— Agréganse en el artículo 147, los siguientes incisos:

"Con todo, la remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular será equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual.

Los trabajadores que no vivan en la casa del empleador y se desempeñen a jornadas parciales o presten servicios sólo algunos días a la semana, tendrán derecho a una remuneración mínima no inferior a la referida en el inciso anterior, proporcionalmente calculada en relación con la jornada o con los días de trabajo.

Las prestaciones de casa habitación y alimentación de los trabajadores de casa particular no serán imponibles para efectos previsionales.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0. Indicaciones N°s 74 y 75).

Consultar, como número nuevo, el siguiente:

"53.— Reemplázase en el artículo 152, inciso primero, la palabra "quince” por el vocablo "treinta” y agrégase, al final de este mismo inciso, la siguiente frase: "Deberá también entregarse una copia a los sindicatos, al delegado del personal y a los Comités Paritarios existentes en la empresa.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0. Indicación N° 77).

ARTICULO 2° N° 2

Sustituir el inciso segundo del artículo 173-A que se propone, por el siguiente:

"La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad á la ley, teniendo en vista la opinión de entidades de reconocida especialización en la materia de que se trate, sean públicas o privadas.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0. Indicación N° 78).

Incorporar el siguiente número 3 nuevo, cambiándose correlativamente la numeración de los restantes:

"3.— Intercálase en el artículo 179 el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto:

"La forma y condiciones en que se ejercerá este derecho deberá constar en el reglamento interno.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 79).

N° 3 (pasa a ser número 4)

Sustituir el inciso segundo del artículo 181 propuesto, por el siguiente:

"Si la madre muriera en el parto o durante el período del permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien no -gozará del fuero establecido en el artículo 186 de este Código.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 80).

N° 4 (pasa a ser número 5)

Reemplazar el inciso segundo del artículo 185 propuesto, por el siguiente: "Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 84).

N° 5 (pasa a ser número 6)

Reemplazarlo por el siguiente:

"6.— Agrégase, a continuación del artículo 185, el siguiente artículo: "Artículo 185-A.— La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una declaración jurada suya de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 86).

Agregar el siguiente número, nuevo:

"8.— Intercálase en el artículo 188, el siguiente inciso cuarto:

"En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación número 90).

ARTICULO 3° N° 1

Eliminarlo.

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Considerar como número 1, nuevo, el siguiente:

1.— Reemplázase el artículo 399 por el siguiente:

"Artículo 399.— Los plazos que se establecen en este título son fatales, cualesquiera sea la forma en que se expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue por el solo ministerio de la ley al vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.

Los términos de días que establece este título, se entenderán suspendidos durante los días feriados salvo que el tribunal, por motivos justificados y en resolución fundada, haya dispuesto expresamente lo contrario.

Durante el feriado de vacaciones, se aplicará a los asuntos laborales lo dispuesto en el artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N°2

Sustituirlo por el siguiente:

"2.— En el artículo 405:

a) En su inciso primero, agrégase la siguiente frase final a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

"En este estado deberá dejarse constancia del hecho de haberse dictado sentencia.”.

b) En su inciso final, suprímese el punto final y agréganse las siguientes palabras:

"o por cédula.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Tratándose de la resolución que recibe la causa a prueba o del hecho de haberse dictado sentencia, el secretario del tribunal, en el mismo acto de practicar la notificación por el estado, deberá enviar carta certificada al domicilio que las partes hayan fijado en el proceso, comunicándoles la dictación de la resolución ó de la sentencia, según el caso, y dejará constancia de ello en autos. La omisión de este trámite o los errores que pudiere contener la comunicación, no afecta ni invalidan la notificación hecha por el estado diario, todo sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria del secretario.”.” (Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 3

Sustituirlo por el siguiente:

”3.— Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 406:

"Asimismo, serán gratuitas para aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales sean inferiores a cinco ingresos mínimos mensuales.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Incluir el siguiente número 4, nuevo:

"4.— Agréganse en el artículo 409 los números 6 y 7 que siguen, reemplazándose la coma (,) y la conjunción "y” que aparecen al final del número 4 por punto y coma (;):

"6.— La indicación detallada de los medios de prueba de que pretenda valerse, pudiendo solicitarse de inmediato las diligencias de prueba pertinentes. En caso de solicitarse prueba pericial, deberá señalarse los puntos sobre los cuales ésta deba recaer. De solicitarse oficios, deberá indicarse específicamente a qué instituciones y las materias sobre las que se pide informe.

El tribunal se pronunciará sobre las diligencias de prueba en la oportunidad que establece el inciso primero del artículo 412, y

7.— Acompañar toda la prueba documental que se encuentre en su poder.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Contemplar el número 5 nuevo, que se indica a continuación:

"5.— En el artículo 410:

a) Sustitúyese el número 3 por el siguiente:

"3.— Todas las excepciones dilatorias y perentorias. Con posterioridad no podrá hacerse valer excepción alguna.”.

b)Agréganse los siguientes números 5 y 6, reemplazándose la coma (,) y la conjunción "y” que figuran al final del número 3 por un punto y coma (;):

"5.— La indicación detallada de los medios de prueba de que pretenda valerse, pudiendo solicitarse de inmediato las diligencias de prueba pertinentes. En caso de solicitarse prueba pericial, deberá señalarse los puntos sobre los cuales ésta deba recaer. De solicitarse oficios, deberá indicarse específicamente a qué instituciones y las materias sobre las cuales se pide informe.

El tribunal se pronunciará sobre las diligencias de prueba en la oportunidad que establece el inciso primero del artículo 412, y

6.— Acompañar toda la prueba instrumental que se encuentre en su poder.”.”

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Todas las excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva, pero el tribunal podrá acoger las dilatorias de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, o aquella en que se reclame el procedimiento siempre que aparezcan manifiestamente admisibles, una vez contestado el traslado respectivo o vencido el término que establece el artículo 411.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 4 (pasa a ser número 6)

Sustituirlo por el siguiente:

"6.— Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"Artículo 411.— Deducida reconvención o interpuestas excepciones dilatorias, el tribunal dará el traslado respectivo. El demandante tendrá cinco días para contestar unas y otras. La contestación a la reconvención deberá cumplir con lo establecido en el artículo 410.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 5 (pasa a ser número 7)

Sustituirlo por el siguiente:

"7.— Reemplázase el artículo 412 por el siguiente:

"Artículo 412.— Contestada que sea la demanda, de no interponerse reconvención o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido, de haberse interpuesto éstas, o vencido el término legal para ello sin haberlas contestado, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, fijará los puntos sobre los cuales ésta deberá recaer y resolverá sobre las diligencias de prueba que hubiesen solicitado las partes.

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, citará a las partes a oír sentencia y, además, a una audiencia de conciliación, en el plazo y conforme a las disposiciones del inciso siguiente.

En la misma resolución y sin más trámites, citará a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no anterior al octavo ni posterior al décimo quinto día siguiente a la fecha de notificación de la resolución. Si el tribunal lo estimare conveniente, podrá disponer la comparecencia personal de las partes a esta audiencia, las que podrán hacerlo en dicha forma o bien mediante mandatario especialmente facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados.

La resolución a que se refiere este artículo se notificará por el estado diario y, en su contra, sólo procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de tercero día de notificada que sea ésta, y fallarse antes de la celebración del comparendo.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 6 (pasa a ser número 8)

Sustituirlo por el siguiente:

"8.— Reemplázase el artículo 413 por el siguiente:

"Artículo 413.— La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar dentro de los dos días siguientes a la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión u oficio y domicilio de los testigos.

Asimismo, y sólo en el mismo escrito, podrá solicitar la citación de todos o algunos de los testigos. El tribunal, por una sola vez, decretará la citación solicitada. Esta se hará, bajo apercibimiento de arresto, mediante carta certificada enviada al domicilio indicado en la respectiva lista de testigos. La citación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente a la fecha de entrega de la carta a la oficina de Correos, de lo cual el secretario dejará constancia en el expediente. La parte podrá efectuar la notificación por cédula, a su costa. La citación implica continuación de ésta, hasta que el testigo haya prestado su declaración.

De igual manera, en el mismo escrito, deberá solicitarse la absolución de posiciones, el informe de peritos, la remisión de oficios y toda y cualquier otra diligencia de prueba que no se hubiese solicitado en los escritos de demanda o de contestación, y acompañarse toda la prueba documental que no se hubiese presentado con anterioridad. No habrá lugar a prueba ni a diligencia de prueba alguna que se solicite con posterioridad.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 7 (pasa a ser número 9)

Sustituirlo por el siguiente:

”9.— Reemplázase el artículo 414 por el siguiente:

"Artículo 414.— La audiencia se celebrará con las partes que asistan. El tribunal someterá a éstas las bases sobre las cuales estima posible una conciliación y el juez personalmente las instará a ello. Las opiniones que el tribunal emita al efecto no serán causal de inhabilitación.

De producirse la conciliación, se estará a lo que se establece en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

De no producirse la conciliación y haberse recibido la causa a prueba, se procederá a recibir de inmediato la prueba ofrecida por las partes en sus escritos de demanda y reconvención y en las respectivas contestaciones, como también cualquier otro elemento de convicción que, ajuicio del tribunal, fuere pertinente y que las partes hubiesen ofrecido con anterioridad. El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, confesional y testimonial, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por causa justificada.

Iniciada la audiencia ésta no podrá suspenderse por motivo alguno y, en caso que la prueba no alcance a rendirse en ella, continuará al día siguiente hábil y así hasta terminar. El tribunal deberá habilitar horarios especiales para ello, de no ser posible continuar dentro de su horario normal de funcionamiento.

De no haber conciliación ni hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dictará sentencia de inmediato o, a más tardar, dentro del décimo quinto día.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 8 (pasa a ser número 10)

Sustituirlo por el siguiente:

"10.— Reemplázase el artículo 415 por el siguiente:

"Artículo 415.— La confesión judicial sólo podrá pedirse una vez por cada parte y las posiciones deberán absolverse en la audiencia de prueba. El pliego de posiciones respectivo deberá entregarse al tribunal al momento de iniciarse la audiencia.

Las posiciones deberán ser atingentes a los hechos materia de prueba y redactarse en términos claros y precisos, de manera de permitir su fácil comprensión. El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá modificar, aclarar o declarar improcedentes las preguntas.

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará por cédula, lo que deberá haberse realizado con una anticipación no menor a tres días hábiles de la fecha fijada para la audiencia. La parte que no haya designado domicilio de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 404, será notificada por el estado.

La persona citada a absolver posiciones está obligada a concurrir personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente a un mandatario para tal objeto. La designación de dicha persona deberá constar por escrito y hacerse con anticipación a la fecha fijada para la comparecencia. La absolución de posiciones de este mandatario se considerará, para todos los efectos legales, como si hubiese sido hecha personalmente por la persona cuya comparecencia se decretó. No habrá lugar a delegación cuando se trate de absolver posiciones sobre hechos propios.

Si no se comparece a la audiencia o compareciendo se negase a declarar o se diese respuestas evasivas, se presumirán efectivos los hechos categóricamente afirmados en el pliego. En ningún caso, habrá lugar a lo establecido en el inciso segundo del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.”.” (Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 93).- N° 9 (pasa a ser número 11)

Sustituirlo por el siguiente:

"11.— Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:

"Artículo 416.— Los instrumentos deberán acompañarse en parte de prueba y bajo los apercibimientos legales que, según su naturaleza, se establecen en el Código de Procedimiento Civil. Ello no obstante, los instrumentos acompañados en el escrito de demanda y en la demanda reconvencional, deberán impugnarse en la respectiva contestación o en el plazo conferido para ésta. En ningún caso el plazo para impugnar la prueba instrumental podrá exceder de la audiencia de prueba, y si estuviere pendiente a la fecha de su realización, la impugnación deberá hacerse precisamente en la audiencia.

En la audiencia de prueba, excepcionalmente y por causa muy justificada, el tribunal podrá admitir prueba instrumental adicional o complementaria a la ya acompañada. En este evento la impugnación de los nuevos instrumentos deberá hacerse en la misma audiencia o, a petición fundada de parte, dentro de tercero día. Las resoluciones que dicte el tribunal en virtud de lo dispuesto en este inciso, son inapelables.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 10 (pasa a ser número 12 Sustituirlo por el siguiente:

"12.— Reemplázase el artículo 417 por el siguiente:

"Artículo 417.— Se podrá solicitar la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, en los términos de los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal, de acceder a tal petición, junto con determinar el día, la hora y el lugar en que esta diligencia deba llevarse a efecto, apercibirá con arresto a la persona obligada a efectuar la exhibición, para el caso de negativa o dilación injustificadas. En todo caso, el tribunal deberá cuidar la celeridad del procedimiento.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Consultar el siguiente número nuevo:

"13.— Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Artículo 418.— El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios, cuando se trate de requerir información objetiva sobre los hechos materia del juicio y se solicite respecto de autoridades públicas o representantes de instituciones o empresas públicas o privadas. El oficio deberá señalar específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide informe. El oficio respectivo deberá ser contestado dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. Se considerará como tal, la fecha en que materialmente sea entregado a la oficina de partes respectiva o, si se envía por carta certificada, trascurridos que sean tres días desde la fecha de entrega de la carta a Correos.

Si la información solicitada no pudiere proporcionarse en su totalidad dentro de dicho plazo, la respuesta deberá indicar el término dentro del cual será entregada.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 11 (pasa a ser número 14).

Sustituirlo por el siguiente:

"14.— Reemplázase el artículo 419 por el siguiente:

"Artículo 419.— Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa.

Serán admitidos a declarar sólo hasta dos testigos, por cada parte, sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva.

Las declaraciones se regirán por las normas de los artículos 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 373 excluida la referencia al artículo 372, 374 y 375 del Código de Procedimiento Civil, con la salvedad que las resoluciones que adopte el tribunal en virtud de estas disposiciones, son inapelables.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 12 (pasa a ser número 15).

Sustituirlo por el siguiente:

"15.— Reemplázase el artículo 420 por el siguiente:

"Artículo 420.— Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y, a su respecto, no se admitirá prueba testimonial. Las partes podrán acompañar los antecedentes que las justifiquen hasta la citación para oír sentencia.

El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la parte contraria, no invalida su testimonio. Asimismo, el tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de los testigos inhabilitados por alguna de las causales que establece el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.”."

(Aprobado por unanimidad).

N° 13 (pasa a ser número 16).

Sustituirlo por el siguiente:

"16.— Reemplázase el artículo 421 por el siguiente:

"Artículo 421.— Se levantará acta de todo lo obrado en la audiencia, dejándose constancia clara y precisa de lo expuesto por las partes, de la prueba recibida y de las diligencias de prueba realizadas en ella.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 14 (pasa a ser número 17)

Sustituirlo por el siguiente:

"17.— Reemplázase el artículo 422 por el siguiente:

"Artículo 422.— Vencido el término de prueba, y dentro de los cinco días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Expirado este plazo, se haya o no presentado escrito y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia, la que se dictará dentro de los quince días siguientes.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 15 (pasa a ser número 18)

Sustituirlo por el siguiente:

"18.— Reemplázase el artículo 423 por el siguiente:

"Artículo 423.— No será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de existir alguna diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. En este caso, la reiterará como medida para mejor resolver.

En caso que la medida para mejor resolver consista en reiterar un oficio, el tribunal fijará un plazo prudencial para su respuesta bajo apercibimiento de multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, la que podrá reiterar hasta el debido cumplimiento de lo ordenado.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 16 (pasa a ser número 19)

Sustituirlo por el siguiente:

"19.— Deróganse los artículos 424 a 427.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N°s 17 y 18

Suprimirlos.

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 19 (pasa a ser número 20)

Sustituirlo por el siguiente:

”20.— Agrégase al artículo 432 el siguiente inciso final:

”La sentencia que se dicte en la audiencia, de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 414, sólo deberá cumplir con los requisitos de los números 2, 5,6,7 y 8.”.”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Intercalar el número, nuevo, que sigue:

"21.— Reemplázase el artículo 441 por el siguiente:

"Artículo 441.— En lo demás, la apelación se regirá por las normas que establece el Código de Procedimiento Civil, con la salvedad que no será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia (Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 94).

N° 20 (pasa a ser número 23)

Sustituirlo por el siguiente:

"23.— Reemplázase el artículo 442 por el siguiente:

"Artículo 442.— En segunda instancia no será admisible prueba alguna. Ello no obstante, el tribunal de alzada podrá admitir prueba documental, siempre que la parte que la presente justifique haber estado imposibilitada de presentarla en primera instancia.".”

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Consultar un número nuevo, del siguiente tenor, a continuación del número 21, que pasa a ser 24:

"25.— Suprímese el artículo 445.”.

(Aprobado por unanimidad 5-0).

N° 22 (pasa a ser número 26)

Sustituirlo por el siguiente:

"26.— Agrégase, como artículo 447 Bis, el siguiente:

"Artículo 447 Bis.— En caso que la cuantía de lo disputado no exceda de cinco ingresos mínimos, el demandante deberá señalar en su demanda si opta porque ésta se tramite conforme al procedimiento establecido en los artículos precedentes o por el que se establece en este artículo. Si nada dijere, se entenderá que opta por el procedimiento ordinario que se contiene en los artículos anteriores.

a) Presentada la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia de discusión, conciliación y prueba, a la cual éstas deberán concurrir con todos sus medios de prueba;

b) La notificación de la demanda se practicará por el funcionario del tribunal que éste designe al momento de proveerla, dentro de los diez siguientes. La notificación, en lo posible, deberá hacerse personalmente y, de no encontrarse al demandado en su domicilio, se le dejará copia íntegra de la demanda y de la resolución recaída en ella, que se entregará a persona adulta que se encuentre en dicho domicilio. Además, se enviará al demandado carta certificada comunicándole el hecho de la demanda y la fecha en que debe comparecer ante el tribunal. El secretario deberá certificar el cumplimiento de esta disposición.

c) La audiencia se celebrará con las partes que asistan, las que podrán comparecer personalmente, sin necesidad de mandatario judicial y patrocinio de abogado.

En esta audiencia, el tribunal escuchará a las partes, las instará a una conciliación y, de no producirse ésta, recibirá en el mismo acto todas las pruebas que las partes le ofrezcan y que sean atingentes con el asunto en discusión. Terminada la recepción de la prueba, el tribunal citará a las partes para oír sentencia, la que dictará en el acto o dentro de tercero día.

En caso que toda la prueba no alcance a recibirse en la audiencia, se estará a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 414.

d) La prueba se apreciará en conciencia.

e)La sentencia que se dicte sólo contendrá las indicaciones que se establecen en los números 1, 2, 6, 7 y 8 del artículo 432 y será notificada en la forma que se señala en la letra b) precedente.

f) La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0).

N° 23

Suprimirlo.

Considerar el siguiente número, nuevo, a continuación del número 22, que ha pasado a ser 26:

"27.— Sustitúyese el artículo 451 por el siguiente:

"Artículo 451.— Las infracciones a este Código y a sus leyes complementarias que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, incrementándose hasta en 0,15 unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción, en aquellas empresas con más de diez trabajadores afectos por la mencionada infracción.

Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a un año. Constituirá reincidencia el hecho de persistir, una vez evacuados todos los recursos administrativos y judiciales, o vencidos los términos para interponerlos, en el incumplimiento que dio origen a la anterior sanción, dentro del período antes señalado.”.”

(Aprobada por unanimidad. Indicación N° 95).

N° 24 (pasa a ser número 28).

Reemplazarlo por el siguiente:

”28.— Agrégase el siguiente artículo 451-A;

"Artículo 451-A.— Se sancionará con una multa a beneficio fiscal de una a doce unidades tributarias mensuales al empleador que dolosamente simule la contratación de trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en el artículo 448.

El que utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a doce unidades tributarias mensuales, incrementándose hasta en un cuarto de unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción. El conocimiento y resolución de esta infracción, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I de este Libro.

Las multas establecidas en los incisos anteriores se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a un año, contado desde la evacuación de todos los recursos administrativos y judiciales o desde el vencimiento de los términos para interponerlos respecto del inciso primero de este artículo, o desde la fecha de la sentencia de término en el caso del inciso segundo.

Además, el empleador quedará obligado al pago de todas las prestaciones laborales que correspondieren a sus trabajadores, entendiéndose para estos efectos que por la acción judicial interpuesta por el trabajador para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso segundo, se suspende el plazo de prescripción de la acción y de los derechos laborales.”.”

(Aprobada por unanimidad 5-0, salvo la inclusión del vocablo "dolosamente” en el inciso primero, que fue aprobada por mayoría 3-2. Indicación N° 96).

ARTICULO 6°

Sustituir, en el inciso primero, la palabra "montepiadas” por la frase "beneficiarios de montepío”.

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 99).

ARTICULO 8°

Agregar el siguiente inciso final:

"Del mismo modo, interprétase que si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 1° y 2° de la ley N° 19.010, no ha sido acreditada, de conformidad con el artículo 10 de la misma ley, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 3°, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda de acuerdo al mérito del proceso.”.

(Indicación N° 100, aprobada por unanimidad 5-0).

ARTICULO 9°

Sustituirlo por el siguiente:

"ARTICULO 9°.— Reemplázase el artículo 6° de la ley N° 17.322, por el siguiente:

"Artículo 6°.— La forma de las notificaciones se regirá por las normas previstas en el Libro V del Código del Trabajo. El requerimiento de pago podrá efectuarse personalmente o por cédula. Dichas actuaciones y las demás en que deba intervenir un ministro de fe, podrán realizarse por un empleado del mismo tribunal o por un receptor judicial.

* La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia, podrá realizarse, además, por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso primero, por cada actuación en que intervengan, los derechos que fije el arancel establecido por la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la carga de las costas.”.

(Indicación N° 102, aprobada por unanimidad 5-0).

Consultar el siguiente artículo 13:

"ARTICULO 13.— Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 676, de 1974:

1.— En el artículo 1°:

a) Reemplázase la expresión "la ley 14.972” por la frase "el artículo 448 del Código del Trabajo”, y

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Si dentro de quince días de notificada la multa, el empleador corrigiere la infracción a satisfacción de la Dirección del Trabajo, el monto de la multa se rebajará en un cincuenta por ciento, sin perjuicio del derecho de solicitar una reconsideración por el monto total de la multa, a la misma Dirección.”.

2.— En el artículo 2°:

a) Agrégase la siguiente frase a continuación del punto aparte, que se reemplaza por una coma: "la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.”, y

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

"Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 448 del Código del Trabajo.”.”

(Aprobadas por unanimidad 5-0. Indicación N° 103).

Contemplar el siguiente artículo 14:

"ARTICULO 14.— Derógase, a partir de la fecha indicada en la letra d) del artículo 2° transitorio de la presente ley, el artículo 36 de la ley N° 18.482, modificado por la ley N° 18.717.”.

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 104).

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1°

Reemplazar el guarismo "28.400” por "33.219”.

(Aprobada por unanimidad 5-0. Indicación N° 107).

ARTICULO 2°

Sustituir, en el encabezamiento, las expresiones "mes siguiente” por "mes subsiguiente”.

Reemplazar, en la letra d), la frase "el nuevo inciso del artículo 147” por las palabras "los nuevos incisos del artículo 147”.

(Aprobadas por unanimidad 5-0).

ARTICULO 4º

Sustituir la palabra "montepiadas” por la oración "beneficiarios de montepío”.

(Aprobado por unanimidad 5-0).

Incorporar el siguiente artículo 6° transitorio:

"ARTICULO 6°.— Lo dispuesto en el nuevo artículo 138 del Código del Trabajo, entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 1993.”.

(Aprobada por mayoría 2 a favor y 1 abstención. Indicación N° 110).

Añadir el artículo 7° transitorio que sigue:

"ARTICULO 7°.— Los trabajadores portuarios que a la fecha de vigencia de la presente ley hubieren laborado dos tumos promedio mensuales, en los últimos doce meses calendario, podrán inscribirse en la nómina a que se refiere el artículo 130 del Código del Trabajo, sin necesidad de realizar el curso básico de seguridad a que alude el inciso tercero de dicho artículo, para cuyo efecto dispondrán del plazo de doce meses también contados desde la vigencia de esta ley.

Los servicios podrán ser acreditados mediante certificaciones de los organismos previsionales o de los empleadores, finiquitos, sentencias judiciales u otros instrumentos idóneos.

Asimismo, los trabajadores portuarios que a la fecha de vigencia de esta ley no tengan cumplido el requisito a que se refiere el inciso primero de este artículo pero lo completen dentro del plazo señalado en el mismo inciso, podrán también inscribirse sin necesidad de realizar el curso básico, acreditando los servicios con alguno de los antecedentes a que se refiere el inciso precedente.”.

(Aprobado por unanimidad 3-0).

Consecuentemente, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"ARTICULO 1°.— Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro I del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.— Agrégase el siguiente inciso final al artículo 2°:

"La legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.”.

2.— Reemplázase el inciso final del artículo 6º, por el siguiente:

"Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.”.

3.— Reemplázase el inciso tercero del artículo 8°, por los siguientes:

"Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno.

No hacen presumir la existencia de contrato de trabajo los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.”.

4.— Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 9°, por los siguientes:

"Artículo 9°.— El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias mensuales.”.

5.— Sustituyese el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.— Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 9°.

No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales, convencionales o establecidos en fallos arbitrales. Sin embargo, aún en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.”.

6.— Derógase el artículo 15.

7.— Sustituyese el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.— Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las veintidós y las siete horas, con excepción de aquellos en que únicamente trabajen miembros de la familia, bajo la autoridad de uno de ellos.

Exceptúase de esta prohibición a los varones mayores de dieciséis años, en las industrias y comercios que determine el reglamento, tratándose de trabajos que, en razón de su naturaleza, deban necesariamente continuarse de día y de noche.”.

8.— Reemplázase el inciso segundo del artículo 23, por el siguiente:

"Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y además similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.”.

9.— Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Artículo 23-A.— Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a diez horas dentro de cada veinticuatro horas.

Cuando las necesidades de las faenas lo permitan, los descansos deberán cumplirse preferentemente en tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.

Cuando la navegación se prolongare por más de quince días, los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada día calendario, o no inferior a diez horas dentro del mismo período, dividido en no más de dos tiempos de descanso.

En los casos en que la nave perdida por naufragio u otra causa esté asegurada, se pagarán con el seguro, de preferencia a toda otra deuda, las sumas que se deban a la tripulación por remuneraciones, desahucios e indemnizaciones.

En el caso de desahucio e indemnizaciones, la preferencia se limitará al monto establecido en el inciso cuarto del artículo 60.

A los tripulantes que después del naufragio hubieren trabajado para recoger los restos de la nave o lo posible de la carga, se les pagará, además, una gratificación proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados para conseguir el salvamento.”.

10.— Reemplázase el artículo 25, por el siguiente:

"Artículo 25.— La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana y del que se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de 192 horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de los servicios interurbanos de pasajeros y choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes.

Todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas.

El Director del Trabajo podrá autorizar el establecimiento de jornadas bisemanales de trabajo para el personal aludido en el inciso primero, en cuyo caso deberá otorgarse el descanso aumentado en los mismos términos del artículo 38.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y el personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles arriben a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo en tierra de ocho horas.

En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana o el de vehículos de carga terrestre interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas.

El bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo de aquél.”

11.— Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Artículo 25-B.— Si en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros, las partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de trabajo, con un descanso mínimo de diez horas entre turno y turno. En todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas continuas.”.

12.— Reemplázase el artículo 26, por él siguiente:

"Artículo 26.— Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, —exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina— en empresas de telégrafos, teléfono, télex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.”.

13.— Derógase el inciso segundo del artículo 29.

14.— Reemplázase el inciso tercero del artículo 37, por el siguiente:

"Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 35. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de las labores.”.

15.— En el artículo 37:

a) Intercálase el siguiente inciso cuarto, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7 del inciso primero, al menos veintidós de los días de descanso en cada año calendario, deberán necesariamente otorgarse en día domingo; en todo caso el dependiente no podrá trabajar más de ocho días seguidos. Uno de los domingos deberá concederse en cada mes calendario y los restantes deberán distribuirse de forma tal que no transcurran más de tres meses sin que el trabajador haga uso de uno de tales domingos adicionales. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos.”.

b) En el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, reemplázase la frase "el inciso anterior” por la oración "los dos incisos precedentes”.

16.— Derógase el inciso cuarto del artículo 43.

17.— Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:

"Artículo 44.— El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.

No se considerarán para los efectos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 31, el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este artículo, incluirá lo pagado por este título en los días domingo y festivos comprendidos en el período en que se liquiden las horas extraordinarias.

Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los días de descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que se refiere el artículo 34.”.

18.— Reemplázase el inciso primero del artículo 47, por el siguiente:

"Artículo 47.— Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación, deducido el diez por ciento por interés del capital propio del empleador.”.

19.— Sustituyese la frase final del artículo 48 por las que se señalan a continuación:

"Asimismo, deberá otorgar certificaciones en igual sentido a los empleadores, sindicatos de trabajadores o delegados del personal cuando ellos lo requieran, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde el momento en que el empleador haya entregado todos los antecedentes necesarios y suficientes para la determinación de la utilidad conforme al artículo precedente.”

20.— Reemplázase el inciso primero del artículo 57, por el siguiente:

"Artículo 57.— El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.”.

21.— Reemplázanse los incisos tercero y cuarto del artículo 60, por los siguientes:

"Para los efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 2472 del Código Civil, se entiende por remuneraciones, además de las señaladas en el inciso primero del artículo 40, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados.

El privilegio por las indemnizaciones legales y convencionales previsto en el número 8 del artículo 2472 del Código Civil, no excederá, respecto de cada beneficiario, de un monto igual a tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite de diez años; el saldo, si lo hubiere, será considerado crédito valista. Si hubiere pagos parciales éstos se imputarán al máximo referido.”.

22.— Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.— El dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.

En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de obligaciones que afecten a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá también solicitar que ésta sea notificada a todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos, entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los plazos de prescripción, si se les practicó tal notificación dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 453 del presente Código.

En los casos de construcción de edificios por un precio único prefijado, no procederán estas responsabilidades subsidiarias cuando el que encargue la obra sea una persona natural.”.

23.— Reemplázase el epígrafe del Capítulo VII del Título I del Libro I, por el siguiente:

"Del feriado anual y de los permisos.”.

24.— Intercálase en el artículo 65 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

"Los trabajadores que presten servicios en las regiones I de Tarapacá, II de Antofagasta, XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrán derecho a un feriado anual de veinticinco días hábiles. El exceso sobre el derecho establecido en el inciso anterior podrá ser negociado individual o colectivamente.”.

25.— Agrégase, a continuación del artículo 65, el siguiente artículo:

"Artículo 65-A.— En los casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los tres días siguientes al hecho que lo origine.”.

26.— Reemplázase el artículo 66 por el siguiente:

"Artículo 66.— Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.”.

27.— Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.— Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.”.

28.— Derógase el artículo 68.

29.— Agrégase al artículo 69, el siguiente inciso:

"El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.”.

30.— Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos:

"Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la suma de aquél y el promedio de las restantes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, durante el feriado deberá pagarse también toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de la remuneración íntegra.”.

31.— Sustituyese, en el inciso final del artículo 72, la frase "y en la compensación del exceso a que alude el artículo 66”, por la oración "y en la compensación de los excesos a que aluden los artículos 65, inciso segundo, y 66”.

32.— Agrégase el siguiente epígrafe antes del artículo 86:

"Párrafo 1°

Normas generales.”.

33.— Agrégase, a continuación del artículo 91, el siguiente párrafo:

"Párrafo 2°

Normas especiales para los trabajadores agrícolas de temporada.

Artículo 91-A.— Para los efectos de este párrafo, se entiende por trabajadores agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otros afines.

Artículo 91-B.— El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.

Cuando la duración de las faenas para las que se contrata sea superior a veintiocho días, los empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su escrituración.

Artículo 91-C.— En el contrato de los trabajadores transitorios o de temporada, se entenderá siempre incluida la obligación del empleador de proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de acuerdo a las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias de la faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia o a un lugar de alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de comunicación, le permita desempeñar sus labores.

En las faenas de temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos.

En el caso que entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero de este artículo, medie una distancia igual o superior a tres kilómetros y no existiesen medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento.

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en dinero ni constituirán en ningún caso remuneración.”.

34.— Reemplázase el nombre del párrafo 1° del Capítulo III del Libro I, por el siguiente:

"Del contrato de embarco de los oficiales y tripulantes de las Naves de la Marina Mercante Nacional.”.

35.— Reemplázase el artículo 92, por el siguiente:

"Artículo 92.— Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediando contrato de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de naves o artefactos navales.”.

36.— Reemplázase el inciso segundo del artículo 93, por el siguiente:

"El ingreso a las naves y su permanencia en ellas será controlado por la autoridad marítima, la cual por razones de orden y seguridad podrá impedir el acceso de cualquier persona.”.

37.— Derógase el artículo 96.

38.— Reemplázase el artículo 98, por el siguiente:

"Artículo 98.— Sólo en caso de fuerza mayor, calificada por el capitán de la nave y de la cual deberá dejar expresa constancia en el cuaderno de bitácora de ésta, la dotación estará obligada a efectuar otras labores, aparte de las indicadas en el artículo 97, sin sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 12.”.

39.— Agrégase en el artículo 103, el siguiente inciso tercero:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará siempre con el recargo establecido en el inciso tercero del artículo 31.”.

40.— Reemplázase el inciso segundo del artículo 108, por el siguiente:

"El empleador deberá otorgar al término del período de embarque, un día de descanso en compensación a las actividades realizadas en todos los días domingo y festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios durante el período respectivo. Cuando se hubiere acumulado más de un día de descanso en una semana, se aplicará lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 37.”.

41.— Reemplázase él artículo 114, por el siguiente:

"Artículo 114.— No dan derecho a remuneración por sobretiempo las horas de trabajo extraordinario que ordene el capitán en las siguientes circunstancias:

a) cuando esté en peligro la seguridad de la nave o de las personas embarcadas por circunstancias de fuerza mayor.

b) cuando sea necesario salvar otra nave o embarcación cualquiera o para evitar la pérdida de vidas humanas. En estos casos las indemnizaciones que se perciban se repartirán en conformidad a lo pactado o en subsidio, a la costumbre internacional.

c) Cuando sea necesario instruir al personal en zafarranchos de incendio, botes salvavidas y otras maniobras y ejercicios de salvamento.”.

42.— En el artículo 122, entre las expresiones "A los” y "tripulantes que”, agréganse las palabras "oficiales y”.

43.— Reemplázase en el artículo 123, el número 1 del inciso primero, por el siguiente:

"1 el enfermo será desembarcado al llegar a puerto, si el capitán, previo informe médico, lo juzga necesario y serán de cuenta del armador los gastos de enfermedad en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno en que existan servicios de atención médica sostenidos por los sistemas de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. Los gastos de pasaje al puerto de restitución serán de cuenta del armador.”.

44.—Reemplázase el artículo 130, por el siguiente:

"Artículo 130.— Se entiende por trabajador portuario, todo aquel que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos de la República, como en los recintos portuarios.

Las funciones y faenas a que se refiere el inciso anterior podrán ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo y por otros trabajadores eventuales.

El trabajador portuario, para desempeñar las funciones a que se refiere el inciso primero, deberá efectuar un curso básico de seguridad en faenas portuarias en un Organismo Técnico de Ejecución autorizado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el que deberá tener los requisitos y la duración que fije el reglamento.

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá mantener en cada puerto una nómina de las personas que, cumpliendo con el requisito señalado en el inciso anterior, puedan desempeñarse como trabajadores portuarios.

Se admitirá la inscripción en dicha nómina de toda persona que lo solicite y que reúna el requisito establecido en el inciso tercero.

El ingreso a los recintos portuarios y su permanencia en ellos será controlado por la autoridad marítima, la cual, por razones fundadas de orden y seguridad, podrá impedir el acceso de cualquier persona.”.

45.— Agrégase el siguiente artículo 130-A:

"Artículo 130-A.— El contrato de los trabajadores portuarios eventuales es el que celebra el trabajador portuario con un empleador, en virtud del cual aquél conviene en ejecutar una o más labores específicas y transitorias de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, a bordo de las naves, artefactos navales y recintos portuarios y cuya duración no es superior a veinte días.

El contrato a que se refiere el inciso anterior podrá celebrarse en cumplimiento de un convenio sobre provisión de puestos de trabajo suscrito entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores portuarios, o entre aquél o aquéllos y uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios.

Los convenios a que se refiere el inciso anterior se regirán por lo dispuesto en el artículo 138 y no tendrán carácter de contrato de trabajo para ningún efecto legal, sin perjuicio de los contratos individuales de trabajo a que ellos den origen.”.

46.— Reemplázanse los párrafos primero y segundo de la letra a) del artículo 133, por los siguientes:

"a) Deberá pactarse por escrito y con la anticipación requerida por la autoridad marítima. Esta anticipación no podrá ser inferior a ocho horas ni superior a doce, contadas desde el inicio del turno respectivo. Sin embargo, ella no se exigirá cuando el contrato fuere celebrado en cumplimiento de un convenio de los señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 130-A.

En caso que los trabajadores afectos a un convenio de provisión de puestos de trabajo se negaren a celebrar el contrato de trabajo o a cumplir el turno correspondiente en las condiciones establecidas en aquéllos, el empleador podrá contratar a otros sin la anticipación requerida, dando cuenta de este hecho, a la autoridad marítima y a la Inspección del Trabajo correspondiente.”.

47.— Agrégase en el artículo 135, el siguiente inciso:

"No obstante, si el contrato se hubiese celebrado en cumplimiento de un convenio de provisión de puestos de trabajo, el pago se hará con la periodicidad que en éste se haya estipulado, la que en ningún caso podrá exceder de un mes.”.

48.— Reemplázase el artículo 138, por el siguiente:

"Artículo 138.— Los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 130-A, se regirán por las siguientes normas:

a) Deberán contener, por parte del o de los empleadores que lo suscriban, la garantía de un número de ofertas de acceso al puesto de trabajo suficientes para asegurar al menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo de un mes en cada trimestre calendario, para cada uno de los trabajadores que formen parte del convenio.

b) Un empleador y un trabajador podrán suscribir los convenios de provisión de puestos de trabajo que estimen conveniente.

c) Si el convenio fuese suscrito por dos o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de su cumplimiento en lo que respecta a las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio.

d) Los convenios serán suscritos por todas las partes que intervengan. Si los trabajadores involucrados a un convenio pertenecieran a uno o más sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios podrán ser suscritos por los directores respectivos.

e) Los convenios deberán contener, al menos, las siguientes estipulaciones:

1.— La individualización precisa del o los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él.

2.— Las remuneraciones por tumo o jornada que se convengan y la periodicidad de su pago.

3.— El mecanismo de acceso al puesto de trabajo que las partes acuerden y un sistema de aviso que permita a los trabajadores tener conocimiento anticipado de la oferta respectiva, dejándose además, constancia de ésta.

4.— El modo como se efectuará la liquidación y pago de la diferencia entre las ofertas de acceso al puesto de trabajo garantidas por el convenio y las efectivamente formuladas durante el respectivo período.

f) Los convenios tendrán una duración de uno o más períodos de tres meses. Podrán también suscribirse convenios de duración indefinida, los que en todo caso, deberán contemplar el sistema de término anticipado que las partes convengan, el que deberá considerar siempre el término del respectivo período trimestral que se encuentre en curso.

g) Para los efectos de verificar la sujeción de los contratos individuales a los convenios de provisión de puesto de trabajo que les den origen, el o los empleadores deberán remitir a la Inspección del Trabajo correspondiente una copia de los convenios que suscriban y de sus anexos si los hubiere, con indicación de las partes que lo hayan suscrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. Dichos documentos tendrá carácter público y podrán ser consultados por los empleadores y trabajadores interesados del sector portuario.”.

49.— Reemplázase el artículo 139, por el siguiente:

"Artículo 139.— Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 130, el empleador deberá remitir a la autoridad marítima una copia de los documentos señalados en la letra g) del artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su celebración. A falta de estos instrumentos, deberá presentar a esa autoridad, con la anticipación que ella señale, una nómina que contenga la individualización de los trabajadores contratados para la ejecución de un mismo tumo, debiendo la autoridad marítima dejar constancia de la hora de recepción.

En casos calificados, la autoridad- marítima podrá eximir al empleador del envío anticipado de la nómina a que se refiere el inciso anterior.”.

50.— Reemplázase el artículo 145, por el siguiente:

"Artículo 145.— La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de 12 horas diarias y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora imputable a ella.

Cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador.”.

51.— Sustituyese el artículo 146, por el siguiente:

"Artículo 146.— El descanso semanal de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador, se regirá por las normas generales del párrafo 4, Capítulo IV, Título I, de este Libro.

Los trabajadores que vivan en la casa del empleador tendrán derecho a un día completo de descanso a la semana, el cual podrá ser fraccionado en dos medios, a petición del trabajador.

Los días de descanso facultan a los trabajadores a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la jornada diaria siguiente.”.

52.— Agréganse en el artículo 147, los siguientes incisos:

"Con todo, la remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular será equivalente al 75% del ingreso mínimo mensual.

Los trabajadores que no vivan en la casa del empleador y se desempeñen a jornadas parciales o presten servicios sólo algunos días a la semana, tendrán derecho a una remuneración mínima no inferior a la referida en el inciso anterior, proporcionalmente calculada en relación con la jornada o con los días de trabajo.

Las prestaciones de casa habitación y alimentación de los trabajadores de casa particular no serán imponibles para efectos previsionales.”.

53.— Reemplázase en el artículo 152, inciso primero, la palabra "quince” por el vocablo "treinta” y agrégase, al final de este mismo inciso, la siguiente frase: "Deberá también entregarse una copia a los sindicatos, al delegado del personal y a los Comités Paritarios existentes en la empresa.”.

ARTICULO 2°.— Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro II del Código del Trabajo aprobado por la ley 18.620:

1.— Reemplázase el artículo 171, por el siguiente:

"Artículo 171.— El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.”.

2.— Agrégase el siguiente artículo 173-A:

"Artículo 173-A.— No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inciso precedente, será realizada por los organismos competentes de conformidad a la ley, teniendo en vista la opinión de entidades de reconocida especialización en la materia de que se trate, sean públicas o privadas.”.

3.— Intercálase en el artículo 179 el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto:

"La forma y condiciones en que se ejercerá este derecho deberá constar en el reglamento interno.”.

4.— Reemplázase el artículo 181, por el siguiente:

"Artículo 181.— Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muriera en el parto o durante el período del permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien no gozará del fuero establecido en el artículo 186 de este Código.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.

5.— Reemplázase el artículo 185, por el siguiente:

"Artículo 185.— Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.”.

6.— Agrégase, a continuación del artículo 185, el siguiente artículo:

"Artículo 185-A.— La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una declaración jurada suya de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección.”.

7.— Agrégase la siguiente oración al inciso segundo del artículo 186 del Código del Trabajo, cuyo punto final pasa a ser punto seguido:

"La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.”.

8.— Intercálase en el artículo 188, el siguiente inciso cuarto:

"En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.”.

ARTICULO 3°.— Introdúcense las siguientes modificaciones al Libro V del Código del Trabajo aprobado por la ley N° 18.620:

1.— Reemplázase el artículo 399, por el siguiente:

"Artículo 399.— Los plazos que se establecen en este título son fatales, cualesquiera sea la forma en que se expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue por el solo ministerio de la ley al vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.

Los términos de días que establece este título, se entenderán suspendidos durante los días feriados salvo que el tribunal, por motivos justificados y en resolución fundada, haya dispuesto expresamente lo contrario.

Durante el feriado de vacaciones, se aplicará a los asuntos laborales lo dispuesto en el artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales.”.

2.—En el artículo 405:

a) En su inciso primero, agrégase la siguiente frase final a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

"En este estado deberá dejarse constancia del hecho de haberse dictado sentencia.”.

b) En su inciso final, suprímese el punto final y agréganse las siguientes palabras:

"o por cédula.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“Tratándose de la resolución que recibe la causa a prueba o del hecho de haberse dictado sentencia, el secretario del tribunal, en el mismo acto de practicar la notificación por el estado, deberá enviar carta certificada al domicilio que las partes hayan fijado en el proceso, comunicándoles la dictación de la resolución o de la sentencia, según el caso, y dejará constancia de ello en autos. La omisión de este trámite o los errores que pudiere contener la comunicación, no afectan ni invalidan la notificación hecha por el estado diario, todo sin perjuicio de la responsabilidad funcionaría del secretario.”.

3.— Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 406:

"Asimismo, serán gratuitas para aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales sean inferiores a cinco ingresos mínimos mensuales.”.

4.— Agréganse en el artículo 409 los números 6 y 7 que siguen, reemplazándose la coma (,) y la conjunción "y” que aparece al final del número 4 por un punto y coma (;):

"6.— La indicación detallada de los medios de prueba de que pretenda valerse, pudiendo solicitarse de inmediato las diligencias de prueba pertinentes. En caso de solicitarse prueba pericial, deberá señalarse los puntos sobre los cuales ésta deba recaer. De solicitarse oficios, deberá indicarse específicamente a qué instituciones y las materias sobre las que se pide informe.

El tribunal se pronunciará sobre las diligencias de prueba en la oportunidad que establece el inciso primero del artículo 412, y

7.— Acompañar toda la prueba documental que se encuentre en su poder.”.

5.— En el artículo 410:

a)Sustitúyese el número 3 por el siguiente:

"3.— Todas las excepciones dilatorias y perentorias. Con posterioridad no podrá hacerse valer excepción alguna.”.

b)Agréganse los siguientes números 5 y 6, reemplazándose la coma (,) y la conjunción "y” que figura al final del número 3 por un punto y coma (;):

"5.— La indicación detallada de los medios de prueba de que pretenda valerse, pudiendo solicitarse de inmediato las diligencias de prueba pertinentes. En caso de solicitarse prueba pericial, deberá señalarse los puntos sobre los cuales ésta deba recaer. De solicitarse oficios, deberá indicarse específicamente a qué instituciones y las materias sobre las cuales se pide informe.

El tribunal se pronunciará sobre las diligencias de prueba en la oportunidad que establece el inciso primero del artículo 412, y

6.— Acompañar toda la prueba instrumental que se encuentre en su poder.”.

c)Agrégase el siguiente inciso final:

"Todas las excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva, pero el tribunal podrá acoger las dilatorias de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, o aquella en que se reclame el procedimiento siempre que aparezcan manifiestamente admisibles, una vez contestado el traslado respectivo o vencido el término que establece el artículo 411.”.

6.— Reemplázase el artículo 411, por el siguiente:

"Artículo 411.— Deducida reconvención o interpuestas excepciones dilatorias, el tribunal dará el traslado respectivo. El demandante tendrá cinco días para contestar unas y otras. La contestación a la reconvención deberá cumplir con lo establecido en el artículo 410.”.

7.— Reemplázase el artículo 412 por el siguiente:

"Artículo 412.— Contestada que sea la demanda, de no interponerse reconvención o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido, de haberse interpuesto éstas, o vencido el término legal para ello sin haberlas contestado, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, fijará los puntos sobre los cuales ésta deberá recaer y resolverá sobre las diligencias de prueba que hubiesen solicitado las partes.

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, citará a las partes a oír sentencia y, además, a una audiencia de conciliación, en el plazo y conforme a las disposiciones del inciso siguiente.

En la misma resolución y sin más trámites, citará a las partes a una audiencia de conciliación y prueba para un día no anterior al octavo ni posterior al décimo quinto día siguientes a la fecha de notificación de la resolución. Si el tribunal lo estimare conveniente, podrá disponer la comparecencia personal de las partes a esta audiencia, las que podrán hacerlo en dicha forma o bien mediante mandatario especialmente facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados.

La resolución a que se refiere este artículo se notificará por el estado diario y, en su contra, sólo procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de tercero día de notificada que sea ésta, y fallarse antes de la celebración del comparendo.”.

8.— Reemplázase el artículo 413 por el siguiente:

"Artículo 413.— La parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, una lista que expresará el nombre y apellidos, profesión u oficio y domicilio de los testigos.

Asimismo, y sólo en el mismo escrito, podrá solicitarse la citación de todos o algunos de los testigos. El tribunal, por una sola vez, decretará la citación solicitada. Esta se hará, bajo apercibimiento de arresto, mediante carta certificada enviada al domicilio indicado en la respectiva lista de testigos. La citación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente a la fecha de entrega de la carta a la oficina de Correos, de lo cual el secretario dejará constancia en el expediente. La parte podrá efectuar la notificación por cédula, a su costa. La citación implica la concurrencia a la audiencia de prueba y a toda continuación de ésta, hasta que el testigo haya prestado su declaración.

De igual manera, en el mismo escrito, deberá solicitarse la absolución de posiciones, el informe de peritos, la remisión de oficios y toda y cualquier otra diligencia de prueba que no se hubiese solicitado en los escritos de demanda o de contestación, y acompañarse toda la prueba documental que no se hubiese presentado con anterioridad. No habrá lugar a prueba ni a diligencia de prueba alguna que se solicite con posterioridad.”.

9.— Reemplázase el artículo 414 por el siguiente:

"Artículo 414.— La audiencia se celebrará con las partes que asistan. El tribunal someterá a éstas las bases sobre las cuales estima posible una conciliación y el juez personalmente las instará a ello. Las opiniones que el tribunal emita al efecto no serán causal de inhabilitación.

De producirse la conciliación, se estará a lo que se establece en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

De no producirse la conciliación y haberse recibido la causa a prueba, se procederá a recibir de inmediato la prueba ofrecida por las partes en sus escritos de demanda y reconvención y en las respectivas contestaciones, como también cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuere pertinente y que las partes hubiesen ofrecido con anterioridad. El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, confesional y testimonial, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por causa justificada.

Iniciada la audiencia ésta no podrá suspenderse por motivo alguno y, en caso que la prueba no alcance a rendirse en ella, continuará al día siguiente hábil y así hasta terminar. El tribunal deberá habilitar horarios especiales para ello, de no ser posible continuar dentro de su horario normal de funcionamiento.

De no haber conciliación ni hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dictará sentencia de inmediato o, a más tardar, dentro del décimo quinto día.”.

10.— Reemplázase el artículo 415 por el siguiente:

"Artículo 415.— La confesión judicial sólo podrá pedirse una vez por cada parte y las posiciones deberán absolverse en la audiencia de prueba. El pliego de posiciones respectivo deberá entregarse al tribunal al momento de iniciarse la audiencia.

Las posiciones deberán ser atingentes a los hechos materia de prueba y redactarse en términos claros y precisos, de manera de permitir su fácil comprensión. El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá modificar, aclarar o declarar improcedentes las preguntas.

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará por cédula, lo que deberá haberse realizado con una anticipación no menor a tres días hábiles de la fecha fijada para la audiencia. La parte que no haya designado domicilio de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 404, será notificada por el estado.

La persona citada a absolver posiciones está obligada a concurrir personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente a un mandatario para tal objeto. La designación de dicha persona deberá constar por escrito y hacerse con anticipación a la fecha fijada para la comparecencia. La absolución de posiciones de este mandatario se considerará, para todos los efectos legales, como si hubiese sido hecha personalmente por la persona cuya comparecencia se decretó. No habrá lugar a delegación cuando se trate de absolver posiciones sobre hechos propios.

Si no se comparece a la audiencia o compareciendo se negase a declarar o se diese respuestas evasivas, se presumirán efectivos los hechos categóricamente afirmados en el pliego. En ningún caso, habrá lugar a lo establecido en el inciso segundo del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil.”.

11.— Reemplázase el artículo 416 por el siguiente:

"Artículo 416.— Los instrumentos deberán acompañarse en parte de prueba y bajo los apercibimientos legales que, según su naturaleza, se establecen en el Código de Procedimiento Civil. Ello no obstante, los instrumentos acompañados en el escrito de demanda y en la demanda reconvencional, deberán impugnarse en la respectiva contestación o en el plazo conferido para ésta. En ningún caso el plazo para impugnar la prueba instrumental podrá exceder de la audiencia de prueba, y si estuviere pendiente a la fecha de su realización, la impugnación deberá hacerse precisamente en la audiencia.

En la audiencia de prueba, excepcionalmente y por causa muy justificada, el tribunal podrá admitir prueba instrumental adicional o complementaria a la ya acompañada. En este evento la impugnación de los nuevos instrumentos deberá hacerse en la misma audiencia o, a petición fundada de parte, dentro de tercero día. Las resoluciones que dicte el tribunal en virtud de lo dispuesto en este inciso, son inapelables.”.

12.— Reemplázase el artículo 417 por el siguiente:

"Artículo 417.— Se podrá solicitar la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, en los términos de los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal, de acceder a tal petición, junto con determinar el día, la hora y el lugar en que esta diligencia deba llevarse a efecto, apercibirá con arresto a la persona obligada a efectuar la exhibición, para el caso de negativa o dilación injustificadas. En todo caso, el tribunal deberá cuidar la celeridad del procedimiento.”.

13.— Reemplázase el artículo 418 por el siguiente:

"Artículo 418.— El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios, cuando se trate de requerir información objetiva sobre los hechos materia del juicio y se solicite respecto de autoridades públicas o representantes de instituciones o empresas públicas o privadas. El oficio deberá señalar específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide informe. El oficio respectivo deberá ser contestado dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. Se considerará como tal, la fecha en que materialmente sea entregado a la oficina de partes respectiva o, si se envía por carta certificada, transcurridos que sean tres días desde la fecha de entrega de la carta a Correos.

Si la información solicitada no pudiese proporcionarse en su totalidad dentro de dicho plazo, la respuesta deberá indicar el término dentro del cual será entregada.”.

14.— Reemplázase el artículo 419 por el siguiente:

"Artículo 419.— Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa.

Serán admitidos a declarar sólo hasta dos testigos, por cada parte, sobre cada uno de los puntos de prueba fijados en la resolución respectiva.

Las declaraciones se regirán por las normas de los artículos 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 373 excluida la referencia al artículo 372, 374 y 375 del Código de Procedimiento Civil, con la salvedad que las resoluciones que adopte el tribunal en virtud de estas disposiciones, son inapelables.”.

15.— Reemplázase el artículo 420 por el siguiente:

"Artículo 420.— Las tachas que se deduzcan se resolverán en la sentencia definitiva y, a su respecto, no se admitirá prueba testimonial. Las partes podrán acompañar los antecedentes que las justifiquen hasta la citación para oír sentencia.

El hecho de ser el testigo dependiente de la parte que lo presenta o de litigar o haber litigado en juicio de la misma naturaleza con la parte contraria, no invalida su testimonio. Asimismo, el tribunal podrá otorgar el valor de presunción judicial a los dichos de los testigos inhabilitados por alguna de las causales que establece el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.”.

16.— Reemplázase el artículo 421 por el siguiente:

"Artículo 421.— Se levantará acta de todo lo obrado en la audiencia, dejándose constancia clara y precisa de lo expuesto por las partes, de la prueba recibida y de las diligencias de prueba realizadas en ella.”

17.— Reemplázase el artículo 422 por el siguiente:

"Artículo 422.— Vencido el término de prueba, y dentro de los cinco días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Expirado este plazo, se haya o no presentado escrito y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia, la que se dictará dentro de los quince días siguientes.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género.”.

18.— Reemplázase el artículo 423 por el siguiente:

"Artículo 423.— No será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de existir alguna diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. En este caso, la reiterará como medida para mejor resolver.

En caso que la medida para mejor resolver consista en reiterar un oficio, el tribunal fijará un plazo prudencial para su respuesta bajo apercibimiento de multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, la que podrá reiterar hasta el debido cumplimiento de lo ordenado.”.

19.— Deróganse los artículos 424 a 427.

20.— Agrégase al artículo 432 el siguiente inciso final:

"La sentencia que se dicte en la audiencia, de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 414, sólo deberá cumplir con los requisitos de los números 2, 5, 6, 7 y 8.”.

21.— Reemplázase el artículo 441 por el siguiente:

"Artículo 441.— En lo demás, la apelación se regirá por las normas que establece el Código de Procedimiento Civil, con la salvedad que no será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia.”.

23.— Reemplázase el artículo 442 por el siguiente.

"Artículo 442.— En segunda instancia no será admisible prueba alguna. Ello no obstante, el tribunal de alzada podrá admitir prueba documental, siempre que la parte que la presente justifique haber estado imposibilitada de presentarla en primera instancia.”.

24.— Reemplázase el artículo 444 por el siguiente:

"Artículo 444.— Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y su conocimiento se ajustará estrictamente al orden de su ingreso al tribunal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, deberá designarse un día a la semana, a lo menos, para conocer de ellas, completándose las tablas si no hubiere número suficiente, en la forma que determine el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien será responsable disciplinariamente del estricto cumplimiento de esta preferencia.

Si el número de causas en apelación hiciese imposible su vista y fallo en un plazo no superior a dos meses, contado desde su ingreso a la Secretaría, el Presidente de las Cortes de Apelaciones que funcionen divididas en más de dos salas, determinará que una de ellas a lo menos, se aboque exclusivamente al conocimiento de estas causas por el lapso que se estime necesario para superar el atraso.”.

25.— Suprímese el artículo 445.

26.— Agrégase, como artículo 447 Bis, el siguiente:

"Artículo 447 Bis.— En caso que la cuantía de lo disputado no exceda de cinco ingresos mínimos, el demandante deberá señalar en su demanda si opta porque ésta se tramite conforme al procedimiento establecido en los artículos precedentes o por el que se establece en este artículo. Si nada dijere, se entenderá que opta por el procedimiento ordinario que se contiene en los artículos anteriores.

a) Presentada la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia de discusión, conciliación y prueba, a la cual éstas deberán concurrir con todos sus medios de prueba, dentro de los diez días siguientes;

b) La notificación de la demanda se practicará por el funcionario del tribunal que éste designe al momento de proveerla. Esta deberá realizarse con no menos de cinco días de anticipación a la fecha fijada para la audiencia y, en lo posible, deberá hacerse personalmente. De no encontrarse al demandado en su domicilio, se le dejará copia íntegra de la demanda y de la resolución recaída en ella, que se entregará a persona adulta que se encuentre en dicho domicilio. Además, se enviará al demandado carta certificada comunicándole el hecho de la demanda y la fecha en que debe comparecer ante el tribunal. El secretario deberá certificar el cumplimiento de esta disposición.

c) La audiencia se celebrará con las partes que asistan, las que podrán comparecer personalmente, sin necesidad de mandatario judicial y patrocinio de abogado.

En esta audiencia, el tribunal escuchará a las partes, las instará a una conciliación y, de no producirse ésta, recibirá en el mismo acto todas las pruebas que las partes le ofrezcan y que sean atingentes con el asunto en discusión. Terminada la recepción de la prueba, el tribunal citará a las partes para oír sentencia, la que dictará en el acto o dentro de tercero día.

En caso que toda la prueba no alcance a recibirse en la audiencia, se estará a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 414.

d) La prueba se apreciará en conciencia.

e)La sentencia que se dicte sólo contendrá las indicaciones que se establecen en los números 1, 2, 6, 7 y 8 del artículo 432 y será notificada en la forma que se señala en la letra b) precedente.

La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno.”.

27.— Sustitúyese el artículo 451 por el siguiente:

"Artículo 451.— Las infracciones a este Código y a sus leyes complementarias que no tengan señalada una sanción especial, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, incrementándose hasta en 0,15 unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción, en aquellas empresas con más de diez trabajadores afectos por la mencionada infracción.

Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a un año. Constituirá reincidencia el hecho de persistir, una vez evacuados todos los recursos administrativos y judiciales, o vencidos los términos para interponerlos, en el incumplimiento que dio origen a la anterior sanción, dentro del período antes señalado.”.

28.— Agrégase el siguiente artículo 451-A:

"Artículo 451-A.— Se sancionará con una multa a beneficio fiscal de una o doce unidades tributarias mensuales al empleador que dolosamente simule la contratación de trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en el artículo 448.

El que utilice cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar su individualización o patrimonio, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a doce unidades tributarias mensuales, incrementándose hasta en un cuarto de unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado por la infracción. El conocimiento y resolución de esta infracción, corresponderá a los Juzgados de Letras del Trabajo con sujeción a las normas establecidas en el Título I de este Libro.

Las multas establecidas en los incisos anteriores se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período no superior a un año, contado desde la evacuación de todos los recursos administrativos y judiciales o desde el vencimiento de los términos para interponerlos respecto del inciso primero de éste artículo, o desde la fecha de la sentencia de término en el caso del inciso segundo.

Además, el empleador quedará obligado al pago de todas las prestaciones laborales que correspondieren a sus trabajadores, entendiéndose para estos efectos que por la acción judicial interpuesta por el trabajador para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso segundo, se suspende el plazo de prescripción de la acción y de los derechos laborales.”.

ARTICULO 4°.— Reemplázase el artículo 2472 del Código Civil por el siguiente:

"Artículo 2472.— La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;

2. Las expensas funerales necesarios del deudor difunto;

3. Los gastos de enfermedad del deudor.

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados;

5. Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;

6. Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del decreto ley N° 3.500, de 1980;

7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses;

8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;

9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo.”.

ARTICULO 5°.— Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 148 de la ley 18.175:

1.— Reemplázase el inciso cuarto, por los siguientes:

"Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismos términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3° de la ley N° 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la ley N° 19.010, se pagarán con el solo mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.”.

2.— Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales.”.

ARTICULO 6°.— Los pensionados y beneficiarios de montepío podrán organizarse en Asociaciones de Pensionados, las que se regularán por las normas del decreto ley N° 2.757, de 1979, en cuanto les sean aplicables, con excepción de su artículo 37 y artículos transitorios.

Los objetivos de las Asociaciones de Pensionados serán las de representar los intereses de sus asociados, constituir mutualidades, fondos u otros servicios y, en general, realizar todas aquellas actividades que contemplen sus estatutos que no sean contrarias a la ley.

En el nombre de las confederaciones podrán usarse, indistintamente y de acuerdo a sus estatutos, las expresiones "confederación” o "central”.”.

ARTICULO 7°.— Los empleadores podrán capacitar a los trabajadores afectos a los convenios de provisión de puestos de trabajo a que se refieren los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 130-A del Código del Trabajo, haciendo uso de la franquicia señalada en el artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 8°.— Declárase, interpretando la ley N° 19.010, que los beneficios y derechos establecidos en contratos individuales o instrumentos colectivos del trabajo, que hayan sido pactados como consecuencia de la aplicación de la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155, letra F, del Código del Trabajo, derogado por el artículo 21 de la ley N° 19.010, se entenderán referidos a la aplicación de la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de esa ley.

Asimismo, las referencias a la causal de terminación de contrato de trabajo contemplada en el artículo 155, letra F, del Código del Trabajo, contenidas en leyes vigentes al 1° de diciembre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal de terminación establecida en el inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.010.

Del mismo modo, interprétase que si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 1° y 2° de la ley N° 19.010, no ha sido acreditada, de conformidad con el artículo 10 de la misma ley, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 3°, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda de acuerdo al mérito del proceso.

ARTICULO 9°.— Reemplázase el artículo 6° de la ley N° 17.322, por el siguiente:

"Artículo 6°.— La forma de las notificaciones se regirá por las normas previstas en el Libro V del Código del Trabajo. El requerimiento de pago podrá efectuarse personalmente o por cédula. Dichas actuaciones y las demás en que deba intervenir un ministro de fe, podrán realizarse por un empleado del mismo tribunal o por un receptor judicial.

La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia, podrá realizarse, además, por Carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso primero, por cada actuación en que intervengan, los derechos que fije el arancel establecido por la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la carga de las costas.”.

ARTICULO 10.— Reemplázase el inciso cuarto del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:

"No regirá la exigencia de consignación previa tratándose de los recursos de queja que deduzcan los oficiales del ministerio público, los defensores públicos, los representantes del Fisco, los trabajadores demandantes en los juicios seguidos ante los tribunales del trabajo, los procesados en causa criminal y los que gozan de privilegio de pobreza.”.

ARTICULO 11.— La jornada de trabajo de los vigilantes privados y de las personas que desarrollen funciones de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5° y 5° bis, respectivamente, del decreto ley N° 3.607, de 1981.

ARTICULO 12.— Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, dicte un cuerpo legal que reúna las normas de las leyes N°s. 19.010, 19.049, 19.069, las de los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley y las de la ley 18.620 que se encuentren vigentes. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá refundir, coordinar y sistematizar las disposiciones de las leyes referidas, incluir los preceptos legales que las hayan modificado o interpretado, reunir disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para la coordinación y sistematización.

Contará, asimismo, con todas las atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos anteriormente indicados, pero ellas no podrán importar, en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 13.— Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 676, de 1974;

1.— En el artículo 1°:

a) Reemplázase la expresión "la ley 14.972” por la frase "el artículo 448 del Código del Trabajo”, y

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Si dentro de quince días de notificada la multa, el empleador corrigiere la infracción a satisfacción de la Dirección del Trabajo, el monto de la multa se rebajará en un cincuenta por ciento, sin perjuicio del derecho de solicitar una reconsideración por el monto total de la multa, a la misma Dirección.”.

2.— En el artículo 2°:

a) Agrégase la siguiente frase a continuación del punto aparte, que se reemplaza por una coma: "la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.”, y

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

"Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 448 del Código del Trabajo.”.

ARTICULO 14.— Derógase, a partir de la fecha indicada en la letra d) del artículo 2° transitorio de la presente ley, el artículo 36 de la ley N° 18.482, modificado por la ley N° 18.717.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 1°.— La remuneración mínima para los trabajadores mayores de sesenta y cinco años será de $ 33.219.

ARTICULO 2°.— La presente ley entrará en vigencia a partir del primer —día del mes subsiguiente a su publicación, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

a) Lo dispuesto en el nuevo inciso cuarto del artículo 37 del Código del Trabajo, regirá noventa días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

b) Lo dispuesto en el inciso primero del nuevo artículo 44 y en el nuevo inciso tercero del artículo 103 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley. No obstante, los contratos o convenios colectivos que se celebren o renueven a partir de la vigencia de esta ley deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los trabajadores afectos a contratos o convenios colectivos vigentes a la fecha de esta ley, cuya fecha de término de su vigencia sea posterior al primer día del mes subsiguiente al del inicio de vigencia de la ley, las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del respectivo instrumento.

c) Los nuevos días de feriado que resulten de la aplicación del nuevo artículo 66, se agregarán, a razón de un día por cada año calendario, a partir del inicio del año en curso.

d) Lo dispuesto en los nuevos incisos del artículo 147 del Código del Trabajo, regirá a partir del primer día del cuarto mes siguiente a la publicación de esta ley.

ARTICULO 3°.— Las modificaciones introducidas por esta ley al artículo 60 del Código del Trabajo, al artículo 2472 del Código Civil y al artículo 148 de la ley N° 18.175, no afectarán los juicios que se encontraren pendientes a la fecha de su vigencia, ni a las quiebras decretadas judicialmente y publicadas en el Diario Oficial a esta misma fecha.

ARTICULO 4°.— Las organizaciones de pensionados y beneficiarios de montepío, que a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley gozaren de personalidad jurídica, podrán en cualquier tiempo, adecuar sus estatutos a las normas del artículo 6°. Para estos efectos, los directorios de las respectivas organizaciones se entenderán facultadas suficientemente para proceder a dicha adecuación.

ARTICULO 5°.— La derogación del artículo 15 del Código del Trabajo, en cuanto se refiere al trabajo minero subterráneo relativo a las mujeres, entrará en vigencia el 17 de marzo de 1996.”.

ARTICULO 6°.— Lo dispuesto en el nuevo artículo 138 del Código del Trabajo, entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 1993.

ARTICULO 7°.— Los trabajadores portuarios que a la fecha de vigencia de la presente ley hubieren laborado dos turnos promedio mensuales, en los últimos doce meses calendario, podrán inscribirse en la nómina a que se refiere el artículo 130 del Código del Trabajo, sin necesidad de realizar el curso básico de seguridad a que alude el inciso tercero de dicho artículo, para cuyo efecto dispondrán del plazo de doce meses también contados desde la vigencia de esta ley.

Los servicios podrán ser acreditados mediante certificaciones de los organismos previsionales o de los empleadores, finiquitos, sentencias judiciales u otros instrumentos idóneos.

Asimismo, los trabajadores portuarios que a la fecha de vigencia de esta ley no tengan cumplido el requisito a que se refiere el inciso primero de este artículo pero lo completen dentro del plazo señalado en el mismo inciso, podrán también inscribirse sin necesidad de realizar, el curso básico, acreditando los servicios con alguno de los antecedentes a que se refiere el inciso precedente.

Acordado en sesiones celebradas los días 13, 14, 26 y 27 de enero de 1993, 9, 10, 16, 23 y 24 de marzo de 1993, con la asistencia de los HH. Senadores señores Humberto Palza Corvacho (Presidente), Rolando Calderón Aránguiz, Ricardo Hormazábal Sánchez, Miguel Otero Lathrop (Alberto Cooper Valencia, Enrique Larre Asenjo, Ignacio Pérez Walker, Francisco Prat Alemparte y Sergio Romero Pizarro) y William Thayer Arteaga (Olga Feliú Segovia).

Sala de la Comisión, a 29 de marzo de 1993.

(Fdo.): José Luis Alliende Leiva, Secretario.

MODIFICACIÓN DE LIBROS I, II y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 35a, en 21 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

Hacienda, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

Trabajo (segundo), sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Discusión:

Sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992 (se aprueba en general).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se encuentra presente en el Hemiciclo el señor Ministro del Trabajo , quien me ha pedido que recabe el asentimiento de Sus Señorías para que se autorice el ingreso a la Sala del señor Subsecretario de la Cartera , don Eduardo Loyola.

Si no hay inconveniente, se accederá a lo solicitado.

Acordado.

Como se ha anunciado la presentación de diversas indicaciones renovadas, ruego a los señores Senadores enviarlas cuanto antes. Si son muchas, podemos suspender por un momento la sesión para proceder a ordenarlas, como lo hemos hecho en otras oportunidades.

El señor CANTUARIAS.-

¿Me permite, señor Presidente ? ¿No sería conveniente que la Sala acordara fijar un plazo para recibir esas indicaciones? Porque de lo contrario es probable -no es lo que deseamos, pero puede ocurrir- que se alargue el debate y debamos continuarlo mañana.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Someto a consideración de la Sala esa proposición.

El señor HORMAZÁBAL.-

Es un muy buen criterio fijar un plazo, señor Presidente .

El señor PALZA.-

Y podría ser hasta las 17:30, vale decir, una hora más.

El señor DÍEZ.-

Es muy poco tiempo, señor Presidente . Sugiérelas 18.

-Se acuerda fijar hasta las 18 el plazo para renovar indicaciones.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , la iniciativa en debate es la cuarta presentada por el Ejecutivo sobre reforma a la legislación laboral. Antes fueron despachados por el Congreso los proyectos relativos a centrales sindicales, a terminación de contrato de trabajo y a organizaciones sindicales y negociación colectiva.

Todas esas reformas han estado orientadas por tres principios básicos: la equidad, tanto como un objetivo en sí mismo cuanto como una condición para la estabilidad de las normas laborales y la modernización de las relaciones entre empresarios y trabajadores; la autonomía social, aspecto que fue especialmente atendido en el proyecto sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, y la contribución de estos preceptos al desarrollo de nuestro país, el deber de asegurar el progreso de los chilenos en los nuevos marcos tecnológico y de la empresa, y la plena incorporación a la economía mundial.

Todas estas reformas, incluidas las propuestas en esta iniciativa, responden a un desafío de futuro. En concreto, el proyecto que hoy nos ocupa busca avanzar, dentro de ese marco general, en los siguientes objetivos específicos: eliminar las discriminaciones que subsisten en nuestra legislación; proteger mejor los derechos laborales; generar otros en áreas nuevas como la de la familia y la mujer, en la cual nuestra normativa no ha innovado desde hace muchos años; introducir perfeccionamientos en materia de fiscalización, con el fin de asegurar un más adecuado cumplimiento de las normas laborales (las leyes se dictan para ser cumplidas y, en ese sentido, el Estado necesita herramientas que le permitan un efectivo control de su aplicación), y, por último, establecer disposiciones que procuren un más expedito y eficaz acceso a la justicia laboral.

En torno de estos cinco aspectos se articulan las normas que hoy se someten a la consideración del Honorable Senado. No pretendo efectuar un examen exhaustivo de cada una de ellas, pero sí destacar los elementos medulares que ilustran los cinco objetivos específicos de las presentes reformas.

Cuando hablamos de eliminar discriminaciones, nos referimos, por ejemplo, a la derogación de preceptos vigentes del Código del Trabajo a través de los cuales se impide el acceso de la mujer a ciertas actividades, por el hecho de ser tal. Asimismo, al hablar de discriminaciones estamos pensando en las vacaciones o feriado legal. Hoy, quienes laboran 48 horas a la semana distribuidas en 5 días y con derecho a 15 días hábiles de vacaciones, de hecho tienen 21 días corridos de feriado legal en un año. En cambio, los que trabajen las mismas 48 horas, pero distribuidas en 6 días, aun cuando también tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones, en la práctica, en lugar de 21 días corridos, sólo gozan de 17 días corridos. El proyecto iguala ambas situaciones y corrige esta discriminación al establecer que, independientemente de que las 48 horas se distribuyan en 5 ó 6 días, todos los trabajadores tienen derecho al mismo período de feriado anual: tres semanas calendario.

Por otra parte, la iniciativa busca proteger en mejor forma determinados derechos laborales. Voy a poner como ejemplo el caso del feriado progresivo. Actualmente, el trabajador que ha servido más de 10 años para el mismo empleador, al cambiarse de empresa debe trabajar otros 10 antes de poder empezar a incrementar su feriado en razón de un día por cada 3 anos de antigüedad. El proyecto dispone que, aun cuando cambie de empleo, si con anterioridad ha trabajado para uno o más empleadores por un lapso superior a 10 años, en su nueva ocupación tiene derecho a un día adicional de vacaciones, además de los 15 hábiles que ya le corresponden, sin necesidad de esperar otros 10 años con su nuevo empleador para poder hacer progresivo su descanso.

También se persigue proteger mejor los derechos laborales a través de una modificación a la norma relativa a los contratistas y subcontratistas. La actual legislación establece que el empleador es subsidiariamente responsable de las obligaciones que no cumpla un contratista respecto de sus trabajadores. El proyecto que hoy se somete a la consideración del Senado extiende el alcance de este precepto, pues en el caso de que un subcontratista no cumpla con las obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, deberá responder, en primer lugar, él mismo; subsidiariamente, el contratista, y, si ello no fuera posible, el dueño de la empresa para la cual se está realizando la faena. En el mismo sentido, se modifican los plazos de prescripción para la presentación de demandas por incumplimiento de obligaciones basadas en dicho principio de subsidiariedad. Esta enmienda, sin duda, extiende una protección muy fundamental a un numeroso grupo de trabajadores de empresas subcontratistas que no se hallan amparados adecuadamente con la actual norma de subsidiariedad. Igualmente, con 1 propósito de proteger mejor los derechos laborales de diversos sectores específicos: en cuanto a la jornada laboral, por ejemplo, para los trabajadores pesqueros, del transporte, de los de casa particular; respecto de las remuneraciones mínimas, para estos últimos y para los mayores de 65 años; acerca de las condiciones mínimas de trabajo, para los temporeros, referidas a alimentación, alojamiento y traslado; atinentes al descanso dominical, para los empleados del comercio, o a las regulaciones en el sector portuario.

Por otro lado, quiero destacar que el proyecto innova en áreas nuevas, propias del debate que hoy se da en nuestro país y en el mundo entero, relacionadas con la mujer y la familia. Es así como, en el caso de nacimiento o defunción de un hijo, o muerte del cónyuge, el trabajador tendrá derecho a un permiso de un día. Además, en el evento de que la mujer fallezca durante el período correspondiente al permiso postnatal, se propone que el tiempo que reste podrá ser utilizado por el cónyuge, para el cuidado del hijo recién nacido. En caso de enfermedad .grave de un hijo menor de un año, la actual legislación permite a la mujer hacer uso de un permiso para cuidarlo. El proyecto, adicionalmente, plantea la posibilidad de que la madre -titular del derecho-, si así lo decide, le traspase este permiso a su cónyuge, siempre y cuando éste también trabaje. Algunos sostuvieron durante el debate de la iniciativa que esta norma no va a tener efectos prácticos, porque lo más común es que la mujer sea quien cuide al hijo menor de un año, en caso de enfermedad grave. Sin embargo, consideramos fundamental el mensaje cultural que se envía con esta modificación en el sentido de señalar que el cuidado del hijo menor de un año no es sólo responsabilidad de la mujer trabajadora, sino de la pareja trabajadora.

Estos cambios, ligados al tema de la mujer y la familia, tienen la virtud de abrir dentro de nuestra legislación laboral relativa al contrato individual cuestiones que hoy son fundamentales en la búsqueda de la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo.

En cuarto lugar, el proyecto introduce enmiendas en materia de fiscalización, modificando los montos de las multas e incorporando disposiciones prácticas que hagan más efectiva la capacidad del Estado de controlar el adecuado cumplimiento de las normas laborales. Actualmente, la legislación establece que si a un empleador se le aplica una multa por parte de la Dirección del Trabajo, puede pedir reconsideración, pero no señala un plazo para formularla. Ello se ha traducido, a veces, en la dilación de los procesos, pues se dice que se solicitará reconsideración, pero no se pide. El proyecto, en cambio, establece plazos perentorios dentro de los cuales deberá realizarse la reconsideración, y precisa que, en caso de no solicitarse, se da por aceptada la multa aplicada por la Dirección del Trabajo.

Nosotros estamos convencidos de que los esfuerzos que hagamos en materia de fiscalización contribuyen, por un lado, a defender los derechos que la ley garantiza y, por otro, a crear un clima de equidad que favorece el desarrollo de relaciones laborales modernas, fundamentales para que trabajadores y empresarios puedan avanzar juntos en los desafíos que plantea la inserción internacional de nuestro país. .

En quinto lugar, se persigue hacer más expedito y eficaz el acceso a la justicia laboral a través de modificaciones al procedimiento de los juicios del trabajo; notificaciones gratuitas para los trabajadores de bajos ingresos; concentración del procedimiento en una audiencia única de conciliación y prueba; procedimiento especial más corto y expedito para las demandas no superiores a 5 ingresos mínimos, etcétera. Se trata de un conjunto de modificaciones que fueron estudiadas largamente en la Comisión y que significan avances importantes en el procedimiento laboral.

A los cinco objetivos específicos mencionados apuntan todas las enmiendas del proyecto, que benefician a millones de trabajadores chilenos.

Hago presente que la iniciativa ingresó al Senado después de haber sido objeto de un acuerdo amplio en la Cámara de Diputados. Y, cuando se discutió en general aquí en la Sala, hubo voluntad manifiesta de los distintos sectores de concurrir a un esfuerzo para introducir mejoramientos al acuerdo producido en la otra rama del Parlamento, con el fin de responder en forma más eficaz a las necesidades que se plantean en diversas áreas.

Quiero terminar destacando, señor Presidente , que gracias al trabajo de la Comisión, al cual contribuyeron activamente Senadores de Gobierno, Oposición e institucionales, se introdujeron mejoras sustantivas en varios aspectos del proyecto. En ese sentido, esperamos que la voluntad expresada en la discusión general se traduzca en el despacho de la iniciativa en forma tal que ella responda a las necesidades de reformar la legislación laboral en los términos mencionados, permitiendo eliminar las discriminaciones existentes, mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y las normas sobre fiscalización, y un más adecuado acceso a la justicia laboral.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario , quien señalará los acuerdos adoptados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 1°, números 1 (que pasa a ser 2), 5 (que pasa a ser 6), 11 (que pasa a ser 13), 12 (que pasa a ser 14), 16 (que pasa a ser 18), (que pasa a ser 20) y todos los demás que figuran en las páginas 1 y 2 del segundo informe de la Comisión.

En conformidad con el precepto reglamentario correspondiente, el señor Presidente debe dar por aprobadas esas disposiciones.

El señor THAYER.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, entiendo que se fijó plazo para presentar indicaciones hasta las 18 horas.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Así es, señor Senador.

El señor THAYER.-

Entonces, el plazo ya está rigiendo. Y ahora se darían por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones, en circunstancias de que existe un plazo sobre el particular. Esa es mi preocupación.

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , el plazo a que se refiere el Honorable señor Thayer es para renovar las indicaciones rechazadas por la Comisión. Y el señor Secretario ha señalado que todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones deben darse por aprobados, lo cual es muy conveniente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Esa es la forma correcta de proceder, señor Senador.

El señor THAYER.-

Perfecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

De manera que se dan por aprobados todos los artículos mencionados por el señor Secretario .

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En segundo lugar, se hace presente en el informe que fueron aprobadas las indicaciones números 6, 33, 49, 51, 52, 74, 75, 78, 102, 104,107 y 110.

En tercer término, en la página 2 del mismo documento figuran las indicaciones aprobadas con modificaciones. En el número IV se señala que las indicaciones rechazadas son las N°s. 1, 4, 5, 7, 8, 22, 23, 27, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 73, 76, 82, 83, 85, 92, 97, 98, 101 y 109, las cuales pueden ser renovadas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Pueden serlo dentro del plazo que hemos fijado.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Es factible hacerlo antes de que la proposición comience a discutirse.

En el número V figuran las indicaciones declaradas inadmisibles, que son las correspondientes a los N°s. 10, segunda parte; 24; 46; 50; 61; 68; 69; 70; 71; 72; 79, segunda parte; 87; 88; 89 y 106.

Finalmente, en el número VI aparecen las indicaciones retiradas, y son las N°s. 3, 32, 40, 47, 59, 60, 81, 105 y 108.

El informe hace presente que el N° 12 del artículo 1° y el N°28 del artículo 3° -correspondientes a los N°s. 10 y 24 de los artículos 1° y 3°, respectivamente, del primer informe- son normas de ley orgánica constitucional. Es decir, para su aprobación se requiere del voto favorable de 26 señores Senadores, por tratarse de materias que se refieren a la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Además, se dieron a conocer en su oportunidad a la Excelentísima Corte Suprema, la que emitió el informe pertinente.

Asimismo, la Comisión señala que los N°s. 4, 5 y 6 del artículo 2° -signados como N°s. 3, 4 y 5 en el primer informe- deben ser aprobados con quórum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social.

Por otra parte, cabe recordar que la Comisión de Hacienda informó en su oportunidad respecto de los artículos de quórum calificado indicados previamente, haciendo notar que, toda vez que el financiamiento de los subsidios por reposo maternal y permisos por enfermedad del hijo menor de un año son de cargo del Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, la iniciativa no requiere de mayores recursos fiscales que los contemplados en el Presupuesto vigente. Por tal motivo no fue necesario un segundo informe por parte de esa Comisión.

Por último, para la discusión particular del proyecto los señores Senadores deben considerar los siguientes documentos que se hallan a disposición de Sus Señorías: segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; el texto de la iniciativa contenido en el primer informe de la misma Comisión, aprobado en general, y el boletín con las indicaciones formuladas durante la discusión general.

A continuación, en conformidad a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento del Senado, corresponde tratar los acuerdos de la Comisión consignados en la página 136 del segundo informe.

El señor THAYER.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede usar de la palabra, Su Señoría.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , deseo formular una consulta a la Mesa en cuanto a la redacción de una indicación renovada.

El Reglamento establece con claridad lo que ocurre con las indicaciones aprobadas y las rechazadas. Sin embargo, algunas indicaciones se refundieron y aparecen o aprobadas o rechazadas con modificaciones. Y esto tiene cierta significación porque, por lo menos en una de ellas, hubo un grado de consenso en la Comisión en el sentido de que el texto refundido había quedado con defectos. Ahora existen inconvenientes para corregirlos, porque si se refunden indicaciones que después son rechazadas pueden renovarse; pero no sucedería lo mismo en el caso de las aprobadas con enmiendas. En definitiva, es como el vaso de vino lleno hasta la mitad, o vacío hasta la mitad. ¿Qué se entiende respecto de la indicación que sin ser aprobada se refunde con otra, acogiéndose un texto distinto? A mi juicio, es posible renovar la indicación primitiva.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La Mesa se inclina por la posibilidad de renovar la indicación, pero deberá redactarse en los mismos términos en que fue presentada originalmente. No podría hacerse de otra manera.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde tratar la primera proposición de la Comisión, recaída en el artículo 1° del proyecto, que tiene por objeto consultar el siguiente N° 1, nuevo, cambiando correlativamente el resto de la numeración:

"1.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 2°:

"La legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.".".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión la enmienda propuesta por la Comisión.

Ofrezco la palabra.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de ella, señor Senador.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , lamento tener que expresar mis dudas constitucionales sobre esta modificación. Ellas nacen de lo siguiente.

En primer lugar, la Constitución Política establece la igualdad ante la ley. En la proposición se indica que, en un conflicto legal en que exista ambigüedad o duda, la legislación laboral deberá interpretarse del modo que resulte más favorable para el trabajador. Es decir, se beneficia a una de las partes.

El N° 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental garantiza a todas las personas "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.". De manera que en un juicio ambas partes deben estar igualmente protegidas.

Podría sostenerse que esta disposición es aplicable solamente a los juicios del trabajo, y no a otras situaciones. Pero, en mi concepto, las normas de interpretación de la ley, que guardan relación con el espíritu de la Constitución de velar por la igualdad ante la ley, por la misma protección de los derechos, por la equidad natural que debe regir tanto en la interpretación de aquélla como en los contratos, fueron establecidas magistralmente por don Andrés Bello en el Código Civil.

Es evidente que esta norma introduce principios por completo ajenos a los de interpretación de la ley contenidos en el Código Civil, los que jamás han sido objeto de dudas por parte de los juristas. Su artículo 24 señala: "En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes," -todas las cuales conocemos- "se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.".

Por consiguiente, los trabajadores están protegidos por lo dispuesto en el citado artículo, tocante al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Sin embargo, no lo estarían con la norma en estudio, ya que de utilizarla el juez podría recurrirse de inaplicabilidad de ella por ser contraria a la Constitución. Nada indica que con esto resulten favorecidos los trabajadores, porque las reglas de interpretación de la ley, fijadas por don Andrés Bello en el Código Civil, son absolutamente las obvias, ¿as naturales, a las que estamos acostumbrados.

La primera de ellas expresa: "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.". Pero cuando no es así, el Código citado señala que se puede "recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.", es decir, a las Actas del Senado o a las de las Comisiones. La norma propuesta es contradictoria con la anterior, ya que de partida interpreta la ley a favor de una de las partes, porque se supone que cuando se recurre a la interpretación hay dos partes a las que aquélla afecta.

A continuación, me parece lógico e indispensable no desvirtuar lo siguiente: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.". También es lógico que las palabras se tomen -como se establece en los artículos 20 y 2 del citado Código- en el sentido natural y en el técnico, y no en el que sea más favorable a una de las partes.

Además, cómo vamos a dejar de lado en este aspecto su artículo 22, que dice: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

"Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.".

Y el artículo 23 indica: "Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes.".

Estos preceptos del Código Civil, aunque sólo tienen rango legal -y no constitucional-, han sido incorporados, no únicamente por su texto, sino por la costumbre y la jurisprudencia, a! inmenso archivo de nuestra sistema jurídico. Y creo que ellos se ven contradichos, en una forma que a mi juicio no es normal, con la disposición en debate, porque no se aplica el sentido obvio, ni la historia fidedigna del Acta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ni la equidad natural, pues, como dice el mismo Código en la parte pertinente, a falta de reglas, la interpretación se hará del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación, de toda nuestra legislación, y a la equidad natural. Lo anterior resulta contradicho con la norma en análisis, la que sólo crea confusión en las disposiciones de interpretación de la ley y sienta un peligroso precedente respecto de la igualdad ante la ley y de la protección de los derechos de las personas.

Hoy día el precepto en comento aparece, evidentemente, muy bien intencionado. Mañana puede haber otros que signifiquen algo distinto y que, sin embargo, distorsionen lo que la Constitución Política trata, con tanto cuidado, de asegurar a todos los ciudadanos: "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.". Aún más: la norma que nos ocupa tiende a mostrar a los trabajadores chilenos como un sector de la sociedad que necesita ser protegido especialmente, desconociendo su madurez, su preparación, su organización sindical y las herramientas que les hemos proporcionado mediante la legislación existente.

Por estas razones, señor Presidente , planteo formalmente cuestión de inconstitucionalidad, y hago reserva de mi derecho para hacerla llegar al Tribunal Constitucional, porque considero una materia grave violar la igual protección de los derechos de los ciudadanos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , no comparto las aprensiones de mi distinguido colega el Senador señor Díez . Son efectivos varios de los planteamientos que Su Señoría formuló, entre otros, el relativo a las normas sobre interpretación contenidas en el Código Civil, redactadas hace más de cien años. Pero es lícito recordar que uno de los principios generales del derecho laboral es, precisamente, el que se consigna en esta disposición. Y, también, que el derecho del trabajo está indisolublemente ligado al concepto de que es necesario restablecer, en el plano jurídico, la situación de desigualdad fáctica en que se encuentran, en el régimen capitalista -hoy prevaleciente-, los empresarios y los trabajadores. De tal suerte que a través de esta indicación no se está inventando nada, ni diciendo algo novedoso, sino recogiendo una de las inspiraciones más antiguas que han iluminado la creación del derecho del trabajo.

Es tan efectivo que el aquí consignado es un principio general de esta disciplina, que ello jamás ha sido discutido por sus autores. Lo que la Constitución prohíbe, a propósito de la consagración del principio de igualdad ante la ley, son las discriminaciones arbitrarias, no las discriminaciones a secas. Y las discriminaciones en nuestra legislación pueden tener distintos orígenes y finalidades, como hemos visto más de alguna vez con motivo de la discusión de otros temas en esta Sala.

Negar que los trabajadores y quienes son propietarios de los medios de producción se encuentran en una situación de desequilibrio nos puede llevar a un debate que quizás exceda los márgenes de esta discusión. Así lo creemos, sincera y honestamente, quienes somos autores de la indicación.

Tal como en el derecho criminal existe un antiquísimo principio, el de "in dubio pro reo", que beneficia al reo con la aplicación de la ley más favorable, el derecho laboral contempla uno qué también es muy antiguo, el de "in dubio pro operario", si bien no tanto como el primero, debido a que esta rama del Derecho sólo nace en este siglo.

En consecuencia, creo que las aprensiones que formula el Senador señor Díez son un tanto exageradas, si se las mira desde la perspectiva constitucional, sin perjuicio de que puedan ser atendibles desde el punto de vista de lo que fuera la interpretación pura y simple del Derecho. Se podrá optar por la sencilla aplicación de las normas reglas generales de interpretación de la ley o por ésta, que es de carácter especial. Pero el precepto en ningún caso constituye una infracción de las normas constitucionales que establecen la igualdad ante la ley. Sí involucra una discriminación, pero que, al menos a nuestro juicio, no es arbitraria.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , una de las maneras de aproximarnos al proyecto en análisis es escuchar nuestros puntos de vista respecto de situaciones que pueden parecer novedosas a algunos destacados señores Senadores cuya especialidad no es el derecho laboral, y hacerlo tratando de acotar cuáles pueden ser los hechos y cuáles sus interpretaciones.

Deseo precisar: ¿se entiende que esta norma deja sin vigencia las instituciones que, con tanta sabiduría, elaboró don Andrés Bello en el siglo pasado? El Senador señor Díez hizo mención en una de sus citas, por ejemplo, de la historia fidedigna de la ley. Pues bien, ¿qué dice la historia de la ley del proyecto que estamos debatiendo? En el informe de la Comisión se hace constar: "El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó que, a su entender, el artículo propuesto en la indicación no sustituye las normas sobre interpretacion contenidas en el Código Civil, sino que resultaría válido como un criterio auxiliar de interpretación.". ¿Qué opinó la Honorable señora Feliú ? Un poco más adelante, se dice que Su Señoría "pidió dejar constancia de que el espíritu de la Comisión al aprobar esta indicación, en cuanto a la relación con las normas del Código Civil sobre interpretación, es el mismo que expuso el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social .". Y, finalmente, se agrega, inmediatamente a continuación de lo anterior: "En una sesión posterior, la Comisión dejó expresa constancia, a sugerencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social Subrogante," -el distinguido Subsecretario, don Eduardo Loyola - "que la disposición aprobada es complementaria y no sustitutiva de las normas del Código Civil".

Aclaremos, pues, los hechos. A partir de la recta interpretación civilista, histórica y tradicional, vigente aún hoy -al menos, en mi opinión-, queda establecido en la historia de la ley que la norma de que se trata no sustituye ni deroga, para estos efectos, las disposiciones del Código Civil, en favor de lo cual se pronunció la unanimidad de la Comisión.

Un segundo punto en debate es si el precepto en discusión está generando una institución nueva, novedosa, distinta de las que concibieron quienes elaboraron, con tanta sabiduría y proyección en el tiempo, un código de la naturaleza del Código Civil chileno. Personalmente, sugiero ir un poco más allá de las disposiciones que se han enunciado, y analizar, por ejemplo, los artículos 1560 a 1566 de aquél, en donde se establecen las normas de interpretación de los contratos...

El señor DÍEZ.-

Pero aquí estamos hablando de leyes, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL .-

Excúseme, Su Señoría, pero la indicación habla también de contratos. Es un hecho que el principio pro operario puede tener vigencia a nivel de la legislación, pero, adicionalmente, en la Comisión expresamos que la indicación además se refería a los contratos.

Entonces, ¿estamos, de nuevo, ante una institución novedosa, que viene a romper los equilibrios estructurales del Código Civil? Me permito citar el artículo 1560 del mismo: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.". Es decir, sigue habiendo continuidad de las instituciones.

¿Se afecta la igualdad de las personas, tal vez? Veamos qué señala otra de las normas calificadas de tan sabias. El artículo 1566, por ejemplo, expresa: "No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.". Luego, hay una historia que nos dice que en los contratos comerciales y civiles -porque el Código Civil también tiene aplicación en dichas normas- se presume que hay una persona en posición de inferioridad, el deudor, ante lo cual el texto claro establece un privilegio de modo que aquél, con la sabiduría del legislador del siglo pasado, sea tratado de una manera distinta.

Por su parte, el inciso segundo del artículo citado establece: "Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.". Nuevamente el Código Civil hace una distinción. Hay una parte que puede encontrarse en situación desmejorada: la que no redactó el contrato, sea el acreedor o el deudor.

En consecuencia, la argumentación de que aquí se estaría estableciendo un principio que atenta contra la Constitución, contra la historia del Código Civil, no es correcta, porque éste, en el análisis de la realidad, ya reconoce al menos dos situaciones en que la legislación debe interpretarse en favor del deudor, si las normas son ambiguas, o del deudor o del acreedor, dependiendo de quien no haya redactado el contrato.

Estos son los hechos, desde el punto de vista civil y desde el de la estructura de la Constitución.

Si miramos el problema desde la perspectiva de las opiniones, no cabe duda de que mi estimado colega el Senador señor Díez volvió a olvidar -transitoriamente, espero- su vieja formación socialcristiana, a la que siempre acostumbra aludir. Porque ella se ha caracterizado por entender el derecho del trabajo fundamentalmente como un derecho protector. Y no hay norma del Código chileno hecha por Partidos de Derecha durante la historia democrática de nuestro país que no haya consagrado este principio. Han sido sólo interpretaciones fugaces -confío en que sea así- las que han pretendido que hay igualdad entre las partes, en circunstancias de que una de ellas tiene la posibilidad de dar el trabajo, del cual dependen la remuneración y, muchas veces, la dignidad y el pan de la familia, mientras que la otra, precisamente, se encuentra en la difícil posición de que si no le dan el trabajo no podrá seguir cumpliendo con tan destacados deberes.

Señor Presidente , naturalmente, es una materia que está sujeta a interpretaciones. Pero, en el hecho, lo que quiero probar es, primero, que la indicación está dentro de la más estricta lógica de la Constitución, porque ésta, como hemos citado antes (fallos del Tribunal Constitucional), dice que se afecta la igualdad ante la ley cuando no se reconocen situaciones diferentes. Esto es distinto de lo que aquí se ha argumentado. Ahora bien, el trabajador se encuentra en una posición desmedrada respecto del empleador, por lo que la legislación debe ser protectora. Con ello no se afecta la Constitución.

En segundo lugar, cabe señalar que y modificación propuesta no altera la sabiduría esencial del Código Civil, sino que vuelve a introducir, ahora en el ámbito del contrato de trabajo y los contratos colectivos, entre otros, esa misma sabiduría que dice: "Hay una parte que es débil, y a ella hay que protegerla".

Señor Presidente , por las razones que he señalado, por corresponder a una visión cultural, la del humanismo cristiano, que considera que el trabajo humano no es lo mismo que las papas u otro producto, por estar vinculado a la trascendencia y a la forma en que el hombre humaniza la sociedad, consideramos la relación laboral como esencialmente distinta a la que pueda darse en cualquier otro ámbito. Y porque reconocemos en la experiencia práctica que el trabajador se encuentra en una situación de debilidad respecto de quien le ofrece el empleo, pensamos que es necesario afirmar esta concepción protectora del derecho del trabajo, que, además -como he pretendido demostrar-, es impecablemente constitucional y continúa con la lógica y la gran sabiduría del legislador del siglo pasado, que estableció en el Código Civil las diferencias objetivas que la realidad muestra.

Llamo a votar favorablemente el informe de la Comisión.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, creo muy conveniente, para los efectos de analizar con claridad la norma, tener presente lo que dice: "La legislación del trabajo" -esto es, las leyes sobre el trabajo- "y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.". Luego, es un precepto que se remite a la forma como deben interpretarse, entre otras cosas, las leyes. Se planteó qué se trata de interpretación de los contratos, pero de lo que se trata, en primer término, es de interpretación de las normas laborales.

En segundo lugar, aquí se aludió a la historia de esta norma. Creo que hacerlo puede ser muy conveniente, porque la disposición misma es bastante oscura, de modo que podría caer dentro de lo que señala el artículo 19 del Código Civil en relación a una ley cuyo sentido no es claro. En fin, se recordó también una constancia que pedí dejar en la Comisión. Quiero hacer presente que ello ocurrió después de haber fundado mi voto contrario al precepto, señalando que "las leyes mandan, prohíben o permiten determinadas conductas humanas, en este caso la relación laboral, que tiene diversos aspectos, cada uno de los cuales requeriría una interpretación distinta en su caso.". Y prosigue el informe respecto de mi intervención:

"Sostuvo que no puede prescindiese de los elementos propios de la interpretación legal, y por ello discrepó de la indicación,".

Más adelante, luego de haberse obtenido una votación favorable para ésta, pedí que se dejara constancia de lo señalado con mucha claridad en ese momento, a saber, que la norma no pretendía modificar el Código Civil. La verdad es que esto es algo absolutamente contradictorio: para interpretar una relación laboral, ¿a qué normas se recurre? Si es a las del Código Civil, no se tienen las dudas que plantea la disposición; si éstas existen, no se recurre al Código mencionado, sino al precepto que sea más favorable al trabajador. En todo caso, como sus autores -incluido el señor Ministro - plantearon que no se pretendía prescindir de las normas del Código Civil, solicité que se consignara esa opinión, en atención a que fue la del voto de mayoría de la Comisión.

En tercer término, señor Presidente , deseo adherir a la cuestión de constitucionalidad que, en los términos del artículo 82 de la Constitución Política, formuló el Honorable señor Díez . En verdad, esta norma violenta el artículo 19, números 2° y 3°, de la Carta, que resguardan la igualdad ante la ley. Se dice en el primero: "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.". Y en la disposición que estamos examinando hay, indudablemente, el reconocimiento de un privilegio excepcional, una forma discriminatoria -a mi juicio, arbitraria- que es, además, contraria a los preceptos generales de interpretación de nuestra legislación.

Por estas razones, creo que la enmienda en debate debe ser rechazada por el Senado.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Francamente, preferiría dársela a otros señores Senadores que aún no han intervenido...

El señor DÍEZ.-

No quisiera perder el hilo del debate con el Senador señor Hormazábal, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Pero aquí no puede haber discusión entre dos señores Senadores.

El señor DÍEZ.-

La pedí con anterioridad, señor Presidente .

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si los señores Senadores no tienen inconveniente...

El señor HORMAZÁBAL.-

Puedo ayudarlo, Honorable señor Díez: el Reglamento permite interrupciones hasta de dos minutos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No, Su Señoría. No habrá diálogos ni debates entre dos señores Senadores.

Tiene la palabra el Honorable señor Díez -a continuación hay otros señores Senadores inscritos-, haciendo con ello uso de su derecho a intervenir dos veces en la discusión particular.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , lamento que mi Honorable colega y amigo señor Hormazábal involucre en este debate la teoría del humanismo cristiano y me haga aparecer confundiendo a los trabajadores con las papas. Ni confundo a los trabajadores, ni a los Senadores con las papas. Y esto no tiene nada que ver con el sentido del humanismo cristiano. No hay ninguna relación. El sentido del humanismo cristiano es la existencia de leyes protectoras :-soy partidario de estas últimas-, establecidas como tales por el legislador y aplicadas con la fuerza de las mismas conforme al espíritu general de la normativa jurídica. Sin embargo, no puedo soportar -a mi juicio, es contrario a la Constitución y al espíritu general de ésta- que, atendida la norma del Código Civil conforme a la cual, a falta de reglas de interpretación se aplicará la equidad natural, se exprese que, en subsidio de ellas, deberá aplicarse la ley a favor de una de las partes, lo que equivale a decir "desoiga la equidad natural".

Señor Presidente , por tener fe en nuestros legisladores y en nuestros jueces, creo que la equidad natural va a favorecer a la parte que tenga la razón, a la que esté con la justicia, y no siempre está con ella el empleador o el trabajador. Algunos empleadores no acatan la ley y ciertos trabajadores tampoco cumplen con ella ni con sus obligaciones.

Se trata de que la legislación proteja debidamente el estado de necesidad o de debilidad, y de que, en la duda de la interpretación de los textos legales, apliquemos, como principio general de todo nuestro sistema jurídico, lo que no puede desoírse: la equidad natural; que en la interpretación específica del Derecho del Trabajo, el texto no aparezca como preterido frente a la interpretación a favor de una de las partes, por respetable que ella sea y por mucho que la deseemos proteger.

Las disposiciones del Código Civil citadas, figuran en el Título correspondiente a la interpretación de los contratos y no en el relativo a la interpretación de la ley. Don Andrés Bello hizo esa distinción; la ley es muy distinta del contrato. En la interpretación del contrato, quien omite hechos o redacta el texto pertinente tiene responsabilidad, y no puede usar a su favor una redacción ambigua o defectuosa realizada por él mismo. La ley no la redactan las partes. La ley es expresión de la soberanía y, en consecuencia, se le aplican normas distintas para ser interpretada en los contratos.

No es que tenga desviación profesional por ser profesor de Derecho Civil durante tantos años, pero así nos explicaron desde el comienzo: una cosa es la interpretación del contrato, en donde se busca la intención de las partes; y otra distinta, la interpretación de la ley, en que debe buscarse la claridad de las palabras del legislador. Si éstas no son precisas, deben aplicarse las diversas reglas que, con sabiduría, fueron establecidas por don Andrés Bello hace más de un siglo. El hecho de que tengan más de cien años no significa que debamos modificarlas, pues nuestra historia las ha probado como eficaces, y no hay ningún tratadista -ni existe intención alguna al respecto- que desee cambiar tales normas de interpretación de la ley.

Las disposiciones en debate, a mi juicio, son inconstitucionales. Creo que la igualdad ante la ley y en la protección de los derechos está basada en la equidad natural. Y si un precepto legal se aparta de la equidad natural y prefiere a una de las partes es, con toda claridad, discriminatorio, injustificado y, en consecuencia, inconstitucional.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, creo que las palabras del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra respecto de la diferencia entre la forma de interpretación de un contrato y de una ley, fueron suficientemente claras, y no me extenderé al respecto. Sin embargo, deseo hacer una breve referencia al tema e fondo.

Indudablemente, en nuestra tradición -así fue recogido en la legislación- se ha reconocido la existencia de una desigualdad entre el trabajador y el empleador. Por esa razón, la ley pasa por encima de la voluntad de las partes, estableciendo derechos irrenunciables, aun cuando el trabajador, libre y soberanamente, los determine en un contrato de trabajo. Así sucede con el derecho a un salario mínimo, con cierto período de descanso, con algunas garantías de carácter previsional y con muchas otras que podríamos recordar hoy.

Por consiguiente, resulta perfectamente legítimo que la ley pretenda romper esa desigualdad con condiciones que permitan que la negociación entre trabajadores y empleadores se dé en términos de mayor equidad y justicia. Por ejemplo, la negociación colectiva es una forma a través de la cual la ley busca igualar el poder de negociación entre ambas partes, pues, de lo contrario, podríamos disponer siempre la existencia de un trato bilateral.

Por lo tanto, a mi juicio, recogiendo la tradición del Derecho del Trabajo, el hecho de que la legislación establezca condiciones disímiles para romper con una desigualdad inicial y lograr una" mayor equidad en las relaciones entre trabajadores y empresarios, es algo legítimo y muchas veces conveniente. Sin embargo, muy distinto es que en la interpretación de la ley se establezca un principio de desigualdad. En consecuencia, todas las alusiones al origen y a un cierto objetivo básico del Derecho del Trabajo tienen que ver con lo que la ley señala, pero no dicen relación a la forma en que ella se debe interpretar.

Desde mi punto de vista, si como legisladores y representantes de la soberanía popular deseamos establecer condiciones que mejoren la situación relativa del trabajador en su negociación permanente con el empleador, debemos hacer una ley con la máxima claridad. Pero, un artículo conforme al cual "la legislación del trabajo y las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.", es una disposición que, en el fondo, estaría reconociendo definitivamente una deficiencia o insuficiencia en el trabajo del legislador.

Por esa razón, señor Presidente , creo que no hay ninguna incompatibilidad entre aceptar y reconocer como legítimo y conveniente el hecho de que la ley establezca situaciones de preferencia para los trabajadores, y el principio desde que la interpretación de la ley debe ser neutral, de acuerdo al juicio y al leal saber y entender del juez.

Por consiguiente, declaro que la confusión planteada en la Sala no debiera continuar; y, también, que soy partidario de que este inciso no sea reconocido como parte final del texto del artículo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , existe una contradicción entre lo que sería el texto escrito de este precepto y su historia.

Resultan tan claros el tenor literal de la norma y lo excepcional de su texto en relación con el Código Civil, que no cabría remitirse a su historia.

El principio "in dubio pro operario", aunque no explicitado en la ley vigente, siempre ha estado presente en nuestra tradición jurídica laboral a través de diversas presunciones establecidas en favor del trabajador. Sin embargo, la clara redacción del artículo no admite recurrir al elemento de interpretación histórica, de modo que el intérprete deberá atenerse a su tenor literal por aplicación del propio Código Civil.

Habría sido fundamental disponer que las normas laborales se interpretarán del modo que más favorezcan al trabajador, consignando que eso se hace después de averiguar el sentido expresado en su texto, su espíritu, su historia y, en el caso de los contratos, la intención de los contratantes, lo cual está expresamente ausente de este precepto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , por razones de salud no estuve presente cuando en la Comisión se discutió esta norma. Sin embargo, quiero intervenir para dar mi opinión al respecto.

A mi juicio, el precepto, conforme a su redacción, causa ciertamente un daño en lugar de un beneficio al mundo laboral. Esto es, contradice todo lo que intenta favorecer.

El debate ha sido muy interesante; y, en mi opinión, sereno y tranquilo, porque estoy certísimo de que no tenemos desacuerdo en lo que tratamos de decir. Lo importante es que lo digamos bien.

No hay ninguna duda en lo expresado por el señor Ministro del Trabajo -de ello quedó constancia en Acta-, en cuanto a que la idea es que esta disposición rija para el caso de que, si después de aplicadas las normativas preferentes, comunes y básicas del Código Civil, subsiste una duda, entonces habría que atenerse a algo que se infiere ya del mencionado Código, pero que se explícita acá: que el sentido general de la legislación laboral tiende a favorecer al trabajador. ¡Para eso existe! Pero ocurre que, puesta como inciso final del artículo 2°, se transforma en una norma especial que prima sobre lo genérico y destruye todo el estatuto sobre hermenéutica contenido en el Código Civil para interpretar las leyes y los contratos. Es decir, se desarma todo el sistema y creamos -en el momento en que el país está embalado en un proceso de desarrollo económico y social y cuando vamos a cumplir 10 años de crecimiento continuo del producto- una indicación o señal a quien se atreva a incursionar en la legislación laboral, la cual significa nada más y nada menos que lo siguiente: "Señor empleador, si decide, mediante contrato individual o colectivo, dar un beneficio mayor a sus empleados, tenga cuidado, pues cualquier duda que deje el alcance del beneficio que usted da hay que entenderla en contra suya y en sentido favorable a los trabajadores, debiendo suponerse que es más de lo que usted piensa".

Lo anterior restringe la función social y jurídica del empleador consciente que desea dar un beneficio, porque si lo concede y ha procurado otorgarlo hasta el máximo a que puede llegar -como dicen los textos americanos el "break-even point"-, cuando empieza a perderse y hay duda, no importa la equidad natural ni el sentido de lo que se quiso, pues el acuerdo implícito de las partes hay que interpretarlo preferentemente, porqué es norma especial, conforme al interés de la parte laboral. Eso perjudica al trabajador. Seré muy franco: lo beneficiaría si acaso todo el sistema que favorece al mundo del trabajo estuviera ya dictado y fuere inamovible. Sin embargo, ello no es así. El mundo del trabajo está constantemente modificándose en sus disposiciones legales y, con mayor razón, en las contractuales. Y como en caso de duda sobre todo precepto de un contrato que implique concesión de un beneficio se entenderá en contra de quien lo otorga -normalmente, el empleador-, no lo dará.

Por eso es que digo que esta norma -que sólo tiene sentido según la interpretación dada por el señor Ministro del Trabajo - aparecida como aprobada aquí en el texto del Código del ramo, destruye un sistema institucional. Y, por muy buena que sea la voluntad de la Comisión de Trabajo, del señor Ministro o de la Honorable señora Feliú -ésta, después de aprobado el precepto trató, como quien dice, de salvar algo de la situación-, la interpretación de aquélla no va a conseguir prevalecer por sobre una norma precisa y clara de una ley especial que va a primar sobre la general y que destruye el sistema interpretativo.

Por ser una disposición profundamente perjudicial para el desarrollo económico, social y laboral del país, considero que no debe aprobarse.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , considero muy interesante el debate; pero debo advertir a los señores Senadores que ésta es la indicación número 2 y que aún nos quedan por tratar temas que, a lo mejor, son de mayor relevancia que éste. Cabe recordar que existe el propósito de despachar hoy la iniciativa y que recién estamos examinando la primera de las numerosas indicaciones, muchas de las cuales serán renovadas.

Teniendo en cuenta la afirmación de un señor Senador en el sentido de que, de todas maneras, se va a recurrir al Tribunal Constitucional, de por sí el tema debería ya estar agotado, por lo cual solicito de la Mesa dar término al debate, ya que, si nos abocáramos a analizar la forma como se podría favorecer a los trabajadores, podríamos discutir tres, cuatro o cinco horas. Y creo que no se pueden dar lecciones sobre si se beneficia más a los trabajadores con la intencionalidad de algunas indicaciones o con poner en duda el fondo de las mismas.

Tampoco me parece atinente relacionar esta indicación con la actual situación económica del país, pues se hacen otras connotaciones al margen del debate.

Por tales razones, recordando que la indicación fue aprobada en la Comisión por tres votos contra dos, sugiero a la Sala proceder a su votación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , dada la importancia de la materia en análisis, a mi juicio, valdría la pena llegar a alguna conclusión.

Entiendo perfectamente el sentido de la indicación, y quisiera decir que, además, la comparto; pero me parece que su redacción significa un compromiso sobre la forma de interpretar toda la legislación laboral en Chile. Y ésa, a mi modo de ver, no fue la finalidad, porque sus normas fueron creadas, estudiadas y promulgadas teniendo presente la necesidad de defender al sector más débil: el del trabajo.

En consecuencia, considero innecesario reiterar en una indicación el sentido amplio y claro de nuestra legislación laboral, la que, desde que se empezó a conocer la doctrina social de la Iglesia, se ha traducido en un ámbito jurídico y legal que nunca ha sido cuestionado.

En este momento estamos tratando más bien las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales; y ahí sí que, según mi criterio, podría tener cabida la idea propuesta, omitiendo mencionar la legislación del trabajo en general. Es decir, el texto podría ser más o menos el siguiente: "Las normas laborales de origen contractual o emanadas de fallos arbitrales, en caso de ambigüedad o duda, se interpretarán del modo que resulte más de acuerdo con el sentido y propósitos de esta ley". Porque de eso se trata: de los contratos no claramente regulados por la legislación.

Si hubiere acuerdo en tal sentido, podríamos estudiar una nueva redacción. Si no fuera así, no podríamos, lamentablemente, apoyar el texto actual.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en lo referente al planteamiento del señor Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, debo señalar que hemos mostrado la máxima disposición a lograr un acuerdo sobre la materia. Y en la última reunión de la Comisión incluso me permití sugerir un texto diferente, a fin de precisar claramente la situación que ahora pretendemos establecer para la historia de la ley. Sin embargo, en esa oportunidad no se produjo el acuerdo unánime que se requería para reabrir el debate. Siempre hemos estado dispuestos a una posible enmienda de la redacción; pero, ante la interpretación del señor Senador que intervino anteriormente, debo precisar que nuestro criterio sobre el particular es totalmente distinto. O sea, nuestro propósito es dejar expresa constancia de que la legislación laboral tiene un contenido protector. En este aspecto, no hay ambigüedad alguna. La legislación del trabajo posee tal contenido.

Una de las razones por las cuales el Derecho del Trabajo tiene una connotación muy especial: se encuentra en permanente elaboración. Siempre está recogiendo los frutos de la realidad; no es una institución dogmática; define grandes principios. Y ante los cambios sociales, las nuevas técnicas de producción y otros factores, pronto se advierte la necesidad de adaptar estas situaciones. Y la diversidad de contratos han provocado muchas veces interpretaciones de corte civilista que hemos estimado relevante dejarlas establecidas. Por eso nos estamos refiriendo no sólo a las normas la laborales contractuales individuales, sino también a las que puedan emanar, por ejemplo, de contratos colectivos y, adicionalmente, de fallos arbitrales.

Insisto en que nuestra intención -como lo he planteado nuevamente a los Senadores de Renovación Nacional, quienes han manifestado su desacuerdo- es consagrar una norma que disponga claramente que, "sin perjuicio de los preceptos de interpretación legal y contractual del Código Civil, la legislación del trabajo y las normas de origen contractual o emanadas de fallo arbitral, en caso de ambigüedad, se interpretarán del modo que resulte más favorable al trabajador.".

Tal es la única enmienda que pode sugerir, porque constituye recoger de modo expreso en la norma lo que ya consignamos en la historia de la ley. Si hubiere acuerdo unánime en tal sentido, estamos dispuestos a aceptarla. En caso contrario, respetando la diversidad de opiniones sobre el particular, preferiríamos que se votara.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en verdad, por las razones dadas por los señores Senadores de Renovación Nacional y los Senadores institucionales que me antecedieron en el uso de la palabra, esta disposición no debiera existir. Pero, en mi opinión, hay algo que hemos perdido de vista. ¿Quién realiza la interpretación de la ley? El tribunal. ¿Y sobre qué bases, señor Presidente ? Sobre la base de los hechos que emanan del proceso. Por eso nuestras instituciones jurisdiccionales se denominan "tribunales de justicia". Y porque en muchísimas oportunidades los hechos determinan la forma en que un tribunal interpreta la ley a fin de hacer justicia. Y aquí -aparte las consideraciones del Honorable señor Díez respecto de la inconstitucionalidad- estamos, en el fondo, imponiendo legalmente a los tribunales de justicia que, de una u otra manera, cambien su parecer. Podría citar cientos de casos en los que los tribunales han dado una interpretación distinta a una misma norma, según sean los hechos del proceso.

Es muy importante dejar constancia de esta situación en el Senado, porque los tribunales aprecian la ética y la moralidad, y la justicia que existe a veces entre una demanda y una excepción. Por eso mismo en Chile jamás la jurisprudencia ha sido obligatoria. Todavía más: en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde precisamente estamos analizando el recurso de casación en el fondo, se ha establecido expresamente la inconveniencia de jurisprudencias obligatorias. ¿Y por qué? Por lo que acabo de señalar, porque los tribunales imparten justicia de acuerdo con el mérito de los hechos. Debido a ello el Código Civil da pautas de interpretación que el tribunal puede elegir para hacer justicia en conformidad a los hechos acreditados en el .proceso respectivo. Y esto es adicional a lo mencionado anteriormente.

Por tales razones, y por estimar que ya se han proporcionado los antecedentes en uno y otro sentido, me parece que debiera votarse la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se ha solicitado declarar inadmisible la disposición.

Después de escuchar las diversas exposiciones y en atención a lo dispuesto en la Carta Fundamental, la Mesa es del parecer que ella no contiene elementos que la hagan inadmisible, porque no establece una diferencia arbitraria. Y la que consigna se enmarca en un ámbito y en una legislación que es protectora, porque se refiere a un campo jurídico en el cual la igualdad no se encuentra reconocida como una norma exacta y permanente, sino como factor de protección para el sector laboral. Por tal razón, no la estima arbitraria. Podrá tener otros alcances, pero no los que ameriten su inadmisibilidad. La Sala, por supuesto, tiene la facultad de recurrir a lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento para los efectos de reconsiderar tal declaración.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente , a mi juicio, en realidad, no compete a la Mesa del Senado la declaración de inconstitucionalidad. La cuestión de constitucionalidad está planteada en los términos del artículo 82, número 2, de la Constitución Política, la cual, para los efectos de recurrir ante el Tribunal Constitucional por una norma que en lo sustantivo pudiera estimarse que la contraviene, exige que la cuestión sobre constitucionalidad se hubiera suscitado durante la tramitación de los proyectos. Así lo declaró el Tribunal Constitucional con motivo de la reclamación, presentada ante él por el proyecto de ley que otorgaba una asignación de zona al personal del Poder Judicial . En esa oportunidad, tal organismo dictaminó que no cabía su pronunciamiento, porque no había sido formulada una cuestión de constitucionalidad durante la tramitación de la iniciativa de ley.

En tales términos y en esa perspectiva, he planteado la cuestión de constitucionalidad sobre la base de lo establecido en el número 2 del artículo 82 de la Constitución, como una inconstitucionalidad en el fondo o en la esencia de la ley, materia que, a mi juicio, está entregada al Tribunal Constitucional y no a la Mesa del Senado.

Por tal razón, opino que no procede una votación del Senado sobre esta materia, sino dejar constancia en el informe y en el Acta respectiva de la cuestión previa de constitucionalidad o procesal, de manera que, si con posterioridad se recurre al Tribunal Constitucional, ella haya sido ya planteada.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , comprendiendo, en todo caso, las expresiones de la Honorable señora Feliú, quiero señalar que concuerdo con los fundamentos expuestos por la Mesa, pues de ningún modo creo que aquí exista un problema de constitucionalidad. Reconozco que el tema es discutible, que puede analizarse desde distintos puntos de vista y que hay buenos argumentos en uno y otro sentido. Sin embargo, es un hecho que esta norma en el fondo viene a establecer de un modo genérico algo que la legislación laboral consagra de modo particular: la interpretación, en diversas circunstancias, favorable al trabajador frente a situaciones concretas. Y dicha norma no hace sino explicitar esto de una manera genérica. De tal manera que votaré favorablemente, aun cuando reconozco que pueden existir buenos argumentos respecto de la inconveniencia de una disposición así. Pero, atendido que ella se da en una legislación laboral, que de modo particular va consagrando ese principio, no veo mayor problema en aprobarla.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , por las razones expuestas largamente -en particular, por los Honorables señores Hormazábal y Vodanovic-, votaré a favor.

En todo caso, debo señalar que, desde e punto de vista del debate en la Sala y de la manera como entiendo que deberíamos concurrir a la discusión sobre la constitucionalidad de las normas legales que estamos aprobando, si se da el argumento de la inconstitucionalidad, a mi juicio, lo conducente sería recabar del Senado la declaración de inadmisibilidad de ellas y no usar el argumento de la inconstitucionalidad con la reserva de que los Senadores pueden recurrir al Tribunal Constitucional.

Me parece, señor Presidente, que ese modo de debatir sobre la constitucionalidad de las indicaciones o proyectos de ley, de una u otra manera menoscaba el papel del legislador.

Reitero que, si estimamos -como legítimamente lo han planteado la Honorable señora Feliú y el Senador Señor Díez- que una indicación o un artículo es inconstitucional, lo conducente es efectuar aquí el debate correspondiente y pedir la inadmisibilidad del precepto o del inciso. En caso contrario, estaríamos renunciando al papel que la Constitución nos otorga como máximo organismo legislativo del país en conjunto con la Cámara de Diputados.

Voto que sí.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Formulada tal precisión por parte de la señora Senadora , no tendría mayor validez la declaración formulada por la Mesa y, por lo tanto, correspondería votar directamente la indicación, dejando constancia de que, para los efectos que se han mencionado, se ha planteado esa cuestión previa.

En votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Se vota la proposición de la Comisión para consultar como número 1, nuevo, en el artículo 1°, el que agrega un inciso final al artículo 2°, al cual se dio lectura anteriormente.

-(Durante la votación).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Cómo vota el Honorable señor Lavandero?

El señor LAVANDERO.-

Apruebo, señor Presidente .

El señor OTERO.-

El Honorable señor Hormazábal recientemente me informó que autorizó el pareo entre los Honorables señores Lavandero y Larre, y ésta no es una votación sobre una norma de quórum calificado. De manera que solicito al Comité Demócrata Cristiano hacer presente el pareo que me acaba de confirmar.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.-

Efectivamente, solicité al jefe de nuestro Comité que me buscara un pareo, pero hasta el momento no me lo ha comunicado. Estoy delicado de salud, pero él me expresó la conveniencia de mantenerme acá. Por esa razón, estoy votando.

Ahora, no tengo inconveniente en levantar mi voto hasta que se confirme lo del pareo.

El señor OTERO.-

Como está presente en la Sala el Comité Demócrata Cristiano, quiero que ratifique el pareo entre los Senadores señores Larre y Lavandero.

El señor HORMAZÁBAL.-

Confirmo lo que dice Su Señoría.

El señor LAVANDERO.-

Entonces, estoy pareado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , quiero dejar una constancia en el mismo sentido de lo que ha expresado el Honorable señor Gazmuri.

Creo que la interpretación dada por la Senadora señora Feliú sobre la inconstitucionalidad o inadmisibilidad planteada, obligaría a la Presidencia o a la Sala, para el solo efecto del artículo 82, número 2, a efectuar el correspondiente pronunciamiento. Pero no puede dejarse la constancia de la inconstitucionalidad sin un pronunciamiento del Senado al respecto.

He querido aclarar este punto, porque lo considero conveniente respecto de un problema próximo a debatirse en el Senado.

Voto en favor de lo propuesto por la Comisión.

El señor JARPA.-

Con la actual redacción, voto que no.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , como ya tuve oportunidad de expresar, creo que, contrariamente a la intención que se tiene, el precepto, en los términos en que está redactado, es profundamente inconveniente para todo el sistema laboral chileno. Estaría perfectamente de acuerdo en su aprobación, si se lo hubiera encabezado con una frase que, por ejemplo, dijera: "Si aplicadas las normas de interpretación que establece el Código Civil subsistieren dudas". Seguiría el texto como está indicado: "la legislación del trabajo", etcétera. Sin ese alcance previo, el precepto destruye el sistema del Código Civil y, por eso, no debe ser aprobado.

Voto que no.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , comparto plenamente las expresiones vertidas en especial por el Senador señor Díez -profesor de Derecho Civil, quien en una pequeña clase magistral, nos ha explicado el alcance de la interpretación de las leyes- y por el Honorable señor Thayer . Por lo tanto, voto que no.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En el entendido de que el Honorable señor Navarrete va a votar, yo también lo hago. Rechazo la indicación, teniendo presente que en mi opinión, más allá del problema de la constitucionalidad, la norma es inconveniente, porque es ambigua y, en la práctica, seguramente creará más dificultades que las que pretende solucionar. Además, voto que no, por estimar que el legislador debe ser preciso a este respecto, y si quiere favorecer al trabajador debe decirlo con la suficiente claridad.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NAVARRETE.-

Después de la brillante intervención del Honorable señor Hormazábal -casi una clase magistral-, voto que sí.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

-Se rechaza la proposición de la Comisión (17 votos por la negativa, 14 por la afirmativa y 4 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Respecto del número 2 del artículo 1°, que pasa a ser 3, la Comisión propone reemplazarlo por el siguiente:

"3.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 8°, por los siguientes:

"Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno.".

Esta enmienda fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.

Figura a continuación otro inciso.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En discusión el inciso a que se dio lectura.

Ofrezco la palabra.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , dado que la proposición ha sido aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo, la Sala debería hacer lo mismo.

Así como reconocemos que existen empresarios para los cuales la obligación que se les impone está de hecho superada, porque incluso remuneran a los estudiantes que hacen su práctica, no es menos cierto que algunos llegan a la explotación de tales estudiantes, sobre todo, tratándose de los relacionados con la educación técnico-profesional.

Por esas razones, pediría a los miembros del Senado aprobar esta norma, que es parte de lo que se planteó en la Comisión de Trabajo.

El señor JARPA.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).

- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, cuando el texto de la disposición es claro, se pueden suprimir las explicaciones.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).

Si no hubiere oposición, se aprobaría la sugerencia de la Comisión.

Aprobada.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Y el inciso segundo dice:

"No hacen presumir la existencia de contrato de trabajo los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar de las personas que los realizan o en un lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los contrata.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , formulé indicación, que no fue aceptada por la Comisión por motivos muy respetables, para establecer explícitamente la vigencia, como contrato de trabajo, de todos los contratos a domicilio o en el lugar que señale el trabajador que se hayan pactado por escrito. En cambio, se aceptó otra, que también formulé, la cual deseo explicar aquí.

¿Qué sucede al respecto? Cuando se discutió este problema en la Cámara de Diputados, dentro del acuerdo a que se llegó en definitiva, hubo consenso para dejar fuera de dicho acuerdo lo referente al trabajo a domicilio. ¿Por qué se lo dejó afuera? Según mi información, por la creencia de, que el trabajo a domicilio no da origen a un contrato de trabajo. Eso es generalmente así, pero no siempre. Ocurre que en alguno de sus dictámenes la Dirección del Trabajo ha resuelto que existen normas conforme a las cuales cierto tipo de contratos a domicilio son de trabajo y producen los efectos propios de dichos contratos.

Pues bien, creo conveniente, para un importante sector de trabajadores, autorizar el contrato de trabajo a domicilio, en particular tratándose del sexo femenino, porque muchas veces la única posibilidad que se iene de trabajar es efectuando labores a domicilio. Y si el trabajo a domicilio no puede ser objeto de contrato de trabajo, quienes lo realizan quedarán al margen de una serie de beneficios laborales y previsionales importantes.

Sucede que antiguamente se eludía la celebración de contratos de trabajo por el mayor costo que implicaban desde el punto de vista de los aportes previsionales. Pero como en la actual legislación dichos aportes, como también los de salud, son de cargo del propio trabajador, no hay razón alguna para eludir o temer el contrato de trabajo a domicilio. ¿Cuál es el riesgo de no establecer que esos contratos son de trabajo? Que se crea que no hay contrato de trabajo en cierto tipo de labor a domicilio y que posteriormente se resuelva que lo había, y que, por ende, el empleador estaba obligado a hacer los descuentos previsionales y de salud. En tal caso, por no haber hecho el empleador estos descuentos, pasan a ser de cargo o responsabilidad suya.

Excúsenme Sus Señorías que me detenga un momento en esto. A mi juicio, no son más de cinco o seis los temas de este largo proyecto que merecen discusión, pues en el debate habido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado prácticamente se despejó el grueso de lo controvertido. Pero éste es un punto delicado.

La legislación actual, al abordar el contrato a domicilio, usa una expresión un poco críptica, obscura, porque el artículo pertinente señala que no dan origen al contrato de trabajo las actividades que se desarrollan en el domicilio del trabajador bajo la dirección y vigilancia del respectivo empleador. Pero ocurre que, como normalmente tiende a confundirse esa dirección o vigilancia con el vínculo de subordinación o dependencia, se ha entendido en la mayoría de los casos que, cuando no se dan las condiciones que fija especialmente el Código del Trabajo, no hay contrato laboral. Y sucede que puede haberlo, porque hay una diferencia -sutil, pero la hay- entre las expresiones "vigilancia u orientación" y "vínculo de subordinación o dependencia".

Para evitar esa duda, yo proponía derechamente que el contrato a domicilio fuera solemne, esto es, por escrito. Y que, por estar escriturado, no hubiera duda alguna para las partes: para el empleador, que debe hacer los descuentos respectivos, y para el trabajador, que le amparan todos los beneficios laborales y previsionales correspondientes.

¿Qué pasa con las empresas? Para muchas de ellas, hay cierto tipo de labores -las más de las veces, periódicas- que exigen un esfuerzo humano muy grande, pero que no justifican ampliar la planta del personal en forma permanente, porque se trata de una actividad adicional requerida sólo en ciertas épocas del año. Es el caso típico de aquellas empresas que realizan trabajos de sastrería -particularmente, uniformes escolares-, y que, evidentemente, en ciertos períodos desarrollan una actividad especial.

¿Cuál era la intención que teníamos -y tenemos- a este respecto? Que esa labor, que no se efectúa en el lugar de la empresa, que no obliga a desplazarse, que evita costos a la misma y facilita el desarrollo de formas de trabajo compatibles con las obligaciones familiares de una madre, por ejemplo, se pueda realizar al amparo y con el respaldo de la legislación laboral y de la seguridad social.

Eso no fue aprobado por la Comisión. Y debo dejar constancia de que estuve enfermo esos días y no pude concurrir a defender mi indicación, la que se rechazó por razones muy respetables. En subsidio, se aprobó esta otra disposición que, por lo menos, dice que no se presumirá contrato de trabajo.

¿Por qué se buscó esta redacción? Porque el artículo en que está inmersa la norma empieza diciendo que se presume contrato de trabajo en tales condiciones. Pero el precepto en análisis no lo hace presumir, esto es, cuando se trate de un servicio a domicilio, partamos de la base de que no hay contrato de trabajo, a menos que se acredite que lo es. Y la forma de hacerlo, a mi entender, es dejando constancia expresa, por escrito, de que se está sujeto a un contrato de esa naturaleza.

Con esta lata explicación -doy excusas por ello- pretendo sacar de su error a algunas respetables personas (incluso a Parlamentarios), a quienes he debido insistir que no crean que en la actual legislación el contrato a domicilio no es contrato laboral. Normalmente no lo es, por no reunir las condiciones de dependencia o subordinación propias del mismo. Pero puede ser estimado como tal si se decide que lo es, con ciertas características de ordenamiento, de fiscalización, como en el caso de los uniformes escolares que mencioné.

Por consiguiente, deseo que resulte claro que puede haber contrato de trabajo a domicilio, pero que no se presume que lo haya, a menos que ello se acredite de manera fehaciente.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Sólo deseo manifestar que concuerdo plenamente con lo expresado por el Senador señor Thayer , teniendo presente que esta redacción es sólo un paso, ya que además de las operarías que confeccionan uniformes escolares, está surgiendo una especie de maquila en la industria textil, que se está expandiendo bastante en la zona norte y también en la Capital.

Por tal razón, en adelante habrá que ver la posibilidad de crear el mecanismo del contrato de trabajo a domicilio, pues con ello estaremos dando respuesta a justificadas inquietudes, principalmente de la dueña de casa, la que bien podría desarrollar esas labores bajo la vigilancia de un funcionario administrativo de la empresa.

Junto con solicitar apoyo para esta disposición, reitero que se trata de un paso en la dirección -ojalá algún día se concrete- de establecer ese contrato de trabajo como norma.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no hubiere petición en contrario, se daría por aprobada la proposición.

El señor JARPA.-

Con mi voto en contra, señor Presidente, pues no estoy de acuerdo con la redacción propuesta.

En primer lugar, no creo que la vigilancia o la dirección inmediata sean factores que determinen un trabajo permanente.

En segundo término, se debió haber establecido un plazo y precisado si la persona que realiza la labor lo hace para un empresario o empleador o para varios. Y, en caso de ser para uno y por un lapso determinado, a mi juicio hay contrato de trabajo. Si labora para múltiples cumplimientos de encargos o por un período muy corto, en mi opinión no se justifica la idea de que haya contrato de trabajo.

En todo caso, de ninguna manera se consigna la vigilancia. ¿Qué se quiere decir con ello? ¿Que haya una especie de mayordomo o que el empleador ejerza una especie de dirección inmediata? La gente sabe hacer su trabajo y no necesita tal supervigilancia.

Por lo anterior, voto en contra.

El señor DÍEZ.-

También lo haré yo, por las mismas razones señaladas por el Honorable señor Jarpa.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará con los dos votos negativos...

La señora FELIÚ.-

Que se vote, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se ha pedido votación.

El señor THAYER.-

¿Me permite, señor Presidente ? Es para dar una explicación.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.-

Las expresiones contenidas en la norma, con toda razón, llaman a inquietud al Senador señor Jarpa . Pero ocurre que son las que aparecen en el artículo 8°, inciso tercero, del Código del Trabajo vigente, y que han motivado esta confusión que procuramos evitar. Yo habría preferido que hubieran sido distintas, pero considero más acertado decir "no hacen presumir", que establecer "no dan origen", pues esta última expresión resulta ambigua, porque los servicios de que se trata, o no pueden dar origen a contrato de trabajo, o se entiende que no dan origen a ese contrato, salvo que se dé determinada circunstancia. ¿Y cuándo ocurre esto último? Cuando, no obstante que los servicios prestados sean sin vigilancia o dirección inmediata, se entiende que hay subordinación o dependencia, lo que, en realidad, es sutil, delicado y confuso.

Por eso, he sido partidario de que la situación se esclarezca en la forma establecida en la norma. De esta manera, se evita incurrir en el grave error de creer que por tenerse 40, 50,100 ó mil trabajadores a domicilio, no puede haber contrato de trabajo, y se evita, asimismo, tener después la sorpresa de que lo había y deben pagarse, por lo tanto, descuentos correspondientes a un período largo y a mucha gente.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobará la norma, con los votos en contra de los Senadores señora Feliú y señores Díez, Jarpa y Sinclair.

-Se aprueba.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Respecto del N° 3, que pasa a ser 4, la Comisión propone reemplazar, al final del inciso segundo del artículo 9°, la expresión "cinco unidades tributarias mensuales" por "una a cinco unidades tributarias mensuales".".

-Se aprueba.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Con relación al N° 4, que pasa a ser 5, la Comisión sugiere cambiarlo por el que se indica a continuación:

"5.- Sustituyese el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 9°.".

En este N° 5, la Comisión contempla también un inciso segundo para el artículo 11.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , hay una indicación renovada para suprimir el inciso primero, que se leyó.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Efectivamente, y lleva la firma de los Senadores señora Feliú y los señores Thayer , Jarpa , Otero , Pérez , Cooper , Cantuarias , Romero , Lagos y Ríos. Es para eliminar lo propuesto por la Comisión como inciso primero del artículo 11.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En discusión el N° 4 en esta parte.

Ofrezco la palabra.

El señor THAYER.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor THAYER.-

Voy a fundar de inmediato mi voto, para no intervenir dos veces.

En la Comisión discutimos mucho este asunto. Y respetando otros puntos de vista, me opuse a esta norma, por estimar -y sigo haciéndolo- que por ser consensual el contrato de trabajo, en la práctica se ve sometido muchas veces a modificaciones menores exigidas por el desarrollo mismo de la actividad, las que son difíciles de incluir en el llamado "jus variandi" de que trata el artículo 12 del Código del Trabajo. Y en caso de exigirse que por cada enmienda, por mínima que ella sea, se dejen las constancias propias de la celebración del contrato laboral, bajo pena de multa, crearemos una rigidez o una infracción común que, a mi juicio, resultará dañina.

Por ello, prefiero que lo que no será posible cumplir -de hecho, no lo va a ser, pese a exigirse- no sea impuesto, para que no se transforme en algo odioso y perjudicial. Esa fue la razón por la cual me opuse a aplicar la sanción propia de la no celebración por escrito del contrato de trabajo a toda modificación del mismo.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en este ámbito, diré por qué considero necesario mantener la norma propuesta por la Comisión.

Cabe destacar, como primera cuestión, que todos los miembros de la Comisión de Trabajo, independientemente del partido a que pertenecemos, coincidimos en la necesidad de afianzar un hecho esencial del contrato de trabajo, cual es su naturaleza consensual; ése es el elemento fundamental. La naturaleza de las cosas obliga muchas veces a pactar con bastante flexibilidad. ¿Por qué, por ejemplo, se establece que debe escriturarse el contrato? Precisamente, porque eso constituye un principio de prueba para acreditar cuáles son las obligaciones que las partes han convenido. Se ha estimado pertinente, incluso, fijar un término específico respecto de los contratos de poca duración, reduciéndose el plazo general, para evitar la falta de certeza jurídica de lo que se pacta y el que, en caso de controversia, se susciten cuestiones que afecten los derechos de las partes, dando nacimiento a conflictos de larga discusión.

¿Cómo se logra esto en los casos de modificaciones sustantivas?

Nosotros traíamos un proyecto de la Cámara en el sentido de que tales enmiendas tendrían que ser conocidas previamente por un dirigente sindical, de acuerdo al concepto de que al trabajador se le debe dar asesoría cuando enfrenta temas relativamente difíciles. Pero nos dimos cuenta, por el examen hecho en el Congreso, de que ello entraba la relación armónica necesaria para el pacto de las reformas. En consecuencia, decidimos mantener la norma, para el efecto del principio de prueba. Si un trabajador dice: "A mí me han trasladado de mi lugar de trabajo, de manera arbitraria", y recurre a la Dirección del Trabajo posteriormente, a los tribunales, el emple, dor puede aducir que la medida obedeció a una modificación del contrato. ¿Dónde consta eso?

Una situación análoga se plantea si se argumenta: "Le estoy pagando hoy día una remuneración de tal carácter, y después le pago otra menor. ¿Por qué? Porque modificamos el contrato.".

La incertidumbre puede generar problemas entre las partes. En consecuencia, aplicando aquello de que "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición", concluimos que, si hemos establecido un período de escrituración para facilitar la prueba en el caso de lo sustantivo -que es el contrato-, ¿por qué no hacerlo, también, cuando los cambios son sustantivos? Lo anterior debe verse en su conexión con el siguiente inciso que se propone. Este último determina que no será necesario modificar los contratos para consignar los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, tanto legales como convencionales o establecidos en fallos arbitrales, pero que, aun en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en ellos por lo menos una vez al año. Es decir, no se trata de cualquier tipo de reformas, sino de aquellas de entidad suficiente como para afectar la sustancia misma del contrato de trabajo.

Por lo tanto, existiendo legitimidad y opciones en pro y en contra, pensamos que, si la lógica del Código dice que debe darse un plazo para la escrituración -y eso no afecta la esencia del contrato, que es consensual-, las reformas del carácter aludido también deberían seguir la suerte de lo principal.

Esa es la razón por la cual me he permitido citar, asimismo, la norma siguiente, ya que es armónica con el concepto que hemos tratado de desarrollar.

Es todo, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, coincido con el propósito de que se establezca una obligatoriedad de escriturar y de que se documenten y firmen convenientemente los nuevos acuerdos de remuneraciones o las modificaciones en los contratos de trabajo.

Sin embargo, creo que la redacción propuesta es incompleta. Al expresarse que "Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo, en los mismos plazos y con la sanción establecida", sugiero agregar aquí la expresión "en caso de incumplimiento", para luego terminar con la frase "en el inciso segundo del artículo 9°.". Porque las sanciones se aplican, en efecto, sólo en caso de incumplimiento. De otro modo, se prevé una consecuencia que queda en el aire.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Estoy de acuerdo.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Es indudable que hay un problema de redacción. Hago presente, no obstante, que se ha planteado una indicación renovada tendiente a eliminar la norma.

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, el fundamento de la indicación renovada es muy simple.

En la Comisión se tocó el tema del artículo 11, referente a las modificaciones del contrato de trabajo. Hay que tener muy claro que éste, como lo dijo el Senador señor Thayer , es consensual, y su enmienda se produce y adquiere pleno valor legal en el momento mismo en que las partes la convienen, sin necesidad de formalidad alguna. Además, hay otro elemento muy claro: cuando surge una discusión entre la parte empleadora y la laboral, prima, si no hay contrato escrito, lo que declara el trabajador.

Se señaló en la Comisión que hay una gran cantidad de actividades en que las condiciones laborales se cambian incluso en una semana o en quince días, porque son sumamente flexibles, en especial en los trabajos a trato y en determinadas faenas. De manera que esta disposición entraba precisamente aquello que deberíamos dejar en la máxima libertad, que es el convenio de las partes, el que generalmente tiene que ir en favor de ambas. Y si hay contrato escrito, éste no puede alterarse en perjuicio del trabajador. Luego, las modificaciones al contrato van a tender fundamentalmente, y siempre, al beneficio del trabajador.

Lo único que se logrará, entonces, es restar flexibilidad, aparte recargar con esta obligación a muchísimos empleadores que no tienen ni la infraestructura ni los medios para estar llenando el dorso de los contratos con cada una de las enmiendas que tengan lugar, aun cuando van a ser los más interesados en dejarlas consignadas. ¿Por qué? Porque esto configura una protección, frente a lo que presume el Código del Trabajo.

Además, estamos aplicando la misma sanción que a la falta de contrato escrito, en circunstancias de que son cosas totalmente distintas. En efecto, al constar por escrito las condiciones del contrato, ésa será la regla que va a primar, en tanto que, generalmente, si las modificaciones -repito- se discuten con motivo de un conflicto y no constan igualmente por escrito, prima lo que dice el trabajador.

Por esas consideraciones, señor Presidente , no estimamos procedente una nueva redacción del artículo, sino que simplemente hemos insistido en su supresión.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , deseo exponer una cuestión reglamentaria.

¿Me permite una interrupción, Honorable señor Zaldívar?

El señor ZALDÍVAR.-

Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , pedí a la Mesa una lista de las indicaciones que se presentaron dentro del plazo convenido, en la cual no aparece la que mencionan los señores Senadores. Solicito que esto se aclare, porque acordamos por unanimidad que las indicaciones se harían llegar sólo hasta las 18 de hoy, y en la nómina que se me entregó poco después de las 18:15 no se incluye aquella a la que se hace referencia.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

La indicación fue presentada al comienzo de la sesión, mucho antes de que venciera el plazo fijado. Se halla manuscrita.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Aquí está.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La renovación de la indicación N° 8 fue recibida dentro del término que ha señalado el Honorable señor Pérez. Tiene por objeto suprimir, en el artículo 1° del primer informe, el número 4, que sustituye el inciso primero del artículo 11 del Código del Trabajo.

Cabe recordar que ese número pasa a ser 5 en el segundo informe y que incorpora, también, un inciso segundo, el cual dispone:

"No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones,, ya sean legales, convencionales o establecidos en fallos arbitrales. Sin embargo, aun en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.".

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención al Senador señor Otero , y me parece que su exposición es algo imprecisa, porque si bien el contrato de trabajo es consensual, de acuerdo con el artículo 9° del Código, esta misma norma preceptúa que aquél debe suscribirse y constar por escrito dentro de un determinado plazo, bajo sanción. O sea, antes de quince días debe estar escriturado. Y se consagra todo un procedimiento para el caso de que un trabajador se negare a firmar. Entonces, el contrato en sí es consensual; pero debe hacerse constar por escrito en dicho término.

Desde el momento en que pasa a ser un .contrato por escrito, el Código que estamos enmendando, en su artículo 11, establece una disposición casi equivalente a la que discutimos, que introduce un cambio: agrega sanciones y plazos. Esta última señala, en efecto, que las modificaciones al contrato -salvo las que se precisan en el inciso siguiente- tendrán que consignarse por escrito al dorso o en documento anexo, agregando que ello deberá hacerse "en los mismos plazos y con la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 9°", especificación que no se contenía. En el fondo, lo que se procura es que el artículo 11 sea más eficiente, en la medida en que se fija plazo para escriturar y se determina una sanción, la misma que se aplica en caso de que no se celebrare contrato por escrito.

Estoy de acuerdo con la enmienda de redacción que ha propuesto el Senador señor Cantuarias . Y creo que el proyecto mejora la disposición del primitivo artículo 11.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .- Señor Presidente , deseo hacer una rectificación.

No hay que confundir la naturaleza del contrato, que es consensual, con la prueba de éste. Si se exige una constancia escrita dentro de un plazo, es precisamente debido a que se reconoce la existencia del contrato de trabajo, el cual se perfecciona desde el momento en que hay acuerdo de las partes. Sin embargo, si no hay constancia escrita, no desaparece el contrato de trabajo; sigue existiendo exactamente igual. No confundamos, entonces, un elemento de prueba con un elemento de la existencia.

Por tal razón he dicho que lo relativo a las modificaciones no reviste la misma importancia, y que, por lo tanto, no puede fijarse al respecto el mismo plazo, ni aplicarse la misma sanción. Porque el contrato de trabajo escriturado ya debe de existir. Y aunque no se escriturara, también existiría, si bien en ese caso el empleador va a enfrentar dos consecuencias: primero, lo van a sancionar; segundo, se va a estar, si surgen dificultades, a lo que declare el trabajador. Y ahí radica, precisamente, el mayor interés del empleador.

Reitero: el contrato existe desde el momento mismo en que las partes se ponen de acuerdo en cuanto a sus términos. El hecho de exigir que sea escrito es meramente para el efecto de la prueba futura.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, lo importante es que legislemos bien. Me parece que en esta materia no enfrentamos ningún tipo de desacuerdo de fondo, siendo lo esencial llegar a un criterio claro.

¿De qué se trata? Tal como se ha expresado, el Código del Trabajo exige -a mi juicio, para fines de prueba- que las modificaciones del contrato consten por escrito y sean firmadas por las partes. Si no se consignan en esa forma, se entenderá que el texto del contrato es el primitivo, firmado de acuerdo con lo que señala el artículo 9°.

La proposición que estamos discutiendo es, al igual que muchas, "de dulce y de agraz", como dicen los puristas. El actual artículo 11 no determina ni plazo ni sanción para los efectos de hacer constar por escrito las enmiendas al contrato de trabajo, como lo explicaba el Honorable señor Zaldívar . Ello quiere decir, naturalmente, que no existe sanción por el no cumplimiento de tal trámite. En cambio, si fijamos un plazo y una sanción, ésta se aplicará al no escriturarse la modificación dentro del plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que la sanción que impone el Código -que no es explícita- puede resultar más alta o más baja que la contemplada en su artículo 9°, pero en todo caso, es superior a la planteada ahora por la Comisión.

Aquí no está en juego una cuestión política ni de mayor interés entre las partes. Debemos establecer una norma clara. Concuerdo en la conveniencia de que toda alteración del contrato primitivo conste por escrito, como lo dispone la legislación vigente. Sin embargo, la aplicación de multas, más que perjudicial, me parece impracticable para muchos tipos de contratos de trabajo. Para las grandes empresas, ello será insignificante, o no las afectará, por contar con facilidades para dejar las debidas constancias, en tanto que en otras actividades será imposible cumplir el requisito, por lo cual constantemente habrá que estar gravándolas con multas. Cabe recordar que la vida laboral exige continuas enmiendas de las condiciones pactadas.

En general, este contrato -doy excusas por extenderme un poco- precisa de manera muy amplia las obligaciones del trabajador. En la medida en que se fije esta clase de sanciones al no consignarse por escrito cualquier modificación que se le introduzca durante su vigencia, será necesario especificarlo más, y, asimismo, considerar un mayor número de situaciones, a fin de que no se entienda como una alteración del contrato original el hecho de que los requerimientos prácticos demanden llevar a cabo de un modo distinto lo que se estaba cumpliendo en determinada forma.

Por esa razón, no fui partidario de fijar para esta materia un plazo similar al estatuido para la celebración del contrato. Menos aún si, a renglón seguido, se establece qué enmiendas tan importantes como las concernientes a reajustes de remuneraciones deberán incorporarse una vez al año. ¿Cuál sería el sentido de esta norma, si respecto de todo cambio de otro orden, aunque tenga menor significación, se determina un plazo de 15 días para consignarlo, so pena de una multa entre una y cinco unidades tributarias mensuales?

Por eso me opuse a la proposición contenida en el número 4 del primer informe (que ha pasado a ser número 5) y he suscrito la indicación renovada para suprimirlo.

Creo que no vale la pena continuar discutiendo este punto.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría,

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , una de nuestras tareas, como Parlamentarios, consiste en que los chilenos puedan apreciar que cumplimos la función de legisladores defendiendo valores e ideas que empapan nuestra acción y, adicionalmente, que, en materias técnicas, quienes pertenecemos a un mismo partido o agrupación de partidos incluso podemos sustentar opiniones diferentes.

Hago esta breve digresión, porque precisamente el tema en debate se resolvió de modo muy particular en la Comisión.

Si los Honorables colegas revisan el segundo informe, se darán cuenta de que, en realidad, esta enmienda se aprobó por una mayoría constituida por la distinguida Senadora señora Feliú , el Senador señor Otero y quien habla, y de que votaron en contra dos respetados Senadores de la Concertación. Este hecho demuestra que no estamos ante un aspecto de tipo político, sino frente a un asunto que es necesario armonizar con el resto de la legislación.

¿Y dónde está la lógica, señor Presidente , para que los señores Senadores puedan seguir el tratamiento de la materia? La lógica está en que el Código dispone -y esto no ha sido objeto de enmiendas anteriores-, en el artículo 1Í, que "Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito".

Esa es la norma en vigor. Y nadie ha planteado eliminarla. El punto radica en que no establece plazo, ni sanciona su incumplimiento.

Por consiguiente -siguiendo la lógica-, si existe ya esa obligación legal, procede hacer la analogía que señaló el Senador señor Zaldívar . Pero en la Comisión, al plantearse la misma sanción para la tardanza tanto en suscribir el contrato como en consignar sus modificaciones, nos percatamos de que ello no era posible, por haberse acogido una indicación del Honorable señor Thayer al artículo 9°, la que persigue el propósito de otorgar flexibilidad para aplicar la multa que ameriten los antecedentes del caso. Cabe recordar que el inciso segundo del artículo 9° vigente expresa:

"El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cinco unidades tributarias mensuales.".

Nosotros dijimos que esa multa nos parecía excesiva, porque podrían presentarse situaciones diversas, y aprobamos la indicación tendiente a sustituir la expresión "cinco unidades tributarias mensuales" por "de una a cinco unidades tributarias mensuales".

En síntesis -sigo con la lógica-, mantuvimos la idea de una sanción y la exigencia de escriturar las modificaciones, pero manifestamos: "Demos cierta latitud para que se juzgue".

Esa es la armonía existente en la proposición que nos ocupa, señor Presidente.

Tocante a lo observado por el distinguido colega señor Thayer en cuanto a que podría reclamarse por la no inclusión de un cambio de menor entidad, debo hacer notar que en la Cuarta Región del país las posibilidades de que un trabajador recurra a la Inspección del Trabajo son escasísimas. Y el acceso a un tribunal por parte de que quienes laboran en regiones es todavía, en general, casi un "sueño de una noche de verano". Sin embargo, pienso que llegará ese día.

¿Qué estamos tratando de conseguir? Que haya flexibilidad para aplicar esta disposición tan clara. De ese modo, para evitar abusos, una infracción de carácter menor podrá ser sancionada con una multa de una unidad tributaria mensual, la que subirá a cinco en otros casos.

Por lo tanto, acepto que puedan existir opiniones diversas y que una mayor reflexión haga cambiar los puntos de vista, derecho que reconozco a los señores Senadores que me acompañaron en el voto de mayoría en la Comisión. Y pido a mis Honorables colegas de la Concertación opuestos a la enmienda que la estudien de nuevo. Pienso que procede aprobarla, porque en el aspecto técnico puede resultar mucho más coherente.

Esto es lo que quería expresar.

Señor Presidente, el Senador señor Thayer me ha solicitado una interrupción. Se la concedo, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Puede usar de la interrupción el señor Senador.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , sólo quiero proponer algo, por si hubiera posibilidad de consenso.

Si estableciéramos que la sanción, en vez de ser "de una a cinco unidades tributarias mensuales", fuera "de hasta cinco unidades tributarias mensuales"-para dejar el margen de que el monto de la multa mínima por una infracción leve no sea de 16 mil pesos-, no tendría inconveniente en que la norma quede como está. Porque estatuir que será "de una a cinco" significa partir con un pago mínimo de 16 mil y tantos pesos.

Si puede llegar a sancionarse con una fracción de unidad tributaria en transgresiones menores, el problema sería muy inferior. Y con esto daríamos una salida a esta cuestión.

El señor HORMAZÁBAL.-

Recupero la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).

- Muy bien.

El señor HORMAZÁBAL .-

Personalmente, no tengo objeción al respecto, señor Presidente . Lo único que me preocupa es la opinión del Ejecutivo. Porque ésta es una materia en la cual el Gobierno tiene mucho que decir, ya que se trata de multas. No voy a profundizar en el tema. Sin embargo, si se trata de mantener el principio de la gradualidad en la aplicación de las multas, estoy de acuerdo con esa propuesta.

Ahora, tengo la impresión de que en este proyecto será menester formar una Comisión Mixta. Y no es conveniente legislar con tanto apremio. Este es un tema demasiado complejo cómo para tomar resoluciones sin mirar el universo de las normas que estamos aprobando. De modo que, sin perjuicio de estar dispuesto a analizar todas las enmiendas que se considere imprescindible introducir en la etapa previa, prefiero que nos aboquemos a votar las posiciones que existen sobre el particular. Ello, después de agotar el debate, por supuesto.

El señor OTERO.- Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la verdad es que hay una clara diferencia entre omitir la celebración del contrato y anotar las modificaciones. Son cosas totalmente distintas en cuanto a la importancia que revisten. Por eso, los Senadores de estas bancas estaríamos de acuerdo en acoger la sugerencia de la Comisión, siempre que se extendiera el plazo. Nos parece que un término no superior a treinta días para registrar las modificaciones es bastante razonable, luego de lo cual se aplicaría la sanción. El precepto podría hacer referencia, entonces, a un plazo que no exceda de treinta días.

Y con relación a la multa, es perfectamente factible -como señalaba el Senador señor Thayer -, que sea de hasta cinco unidades tributarias mensuales. Con esto no imponemos un mínimo al tribunal, que, en caso de falta levísima y atendida la condición del empleador, puede fijar una san proporcional.

En esos términos daríamos la unanimidad.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL .-

Perdón, señor Presidente , pero mi ánimo es aclarar este aspecto.

Insisto en que la complejidad de la materia obliga a examinarla en su conjunto. Hay que tener presente que entre las innovaciones introducidas en el artículo 9° -y que no se hallan contradichas- figura la del inciso segundo, que expresa: "El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días,"... O sea, no podemos extender el plazo a treinta días, porque, reconociendo la riqueza y amplitud de la relación laboral, hemos estatuido que hay contratos que duran menos. Ese término no podría regir a dos categorías distintas de contratos.

El señor PALZA.- Votemos, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En el segundo informe, la Comisión propone reemplazar los dos incisos del artículo 11 del Código del Trabajo. El inciso primero, ya leído, ha sido objeto de una indicación renovada tendiente a suprimirlo. El inciso segundo reproduce el que se halla actualmente en vigor, con un agregado.

-Se aprueba la indicación renovada (15 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y 3 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Como dije, la proposición de la Comisión consta de una segunda parte, referente al inciso segundo del artículo 11 del Código del Trabajo, disposición a la que sólo se viene haciendo un agregado.

Dice la norma actual: "No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones. Sin embargo, aun en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.".

La Comisión sugiere redactar la primera frase del siguiente modo: "No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados e reajustes de remuneraciones, ya sean legales, convencionales o establecidos en fallos arbitrales.".

-Se aprueba.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, la Comisión sugiere agregar, entre los números 5 y 6 del artículo 1°, que pasan a ser 6 y 8, respectivamente, el siguiente número 7, nuevo:

"7.- Sustituyese el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las veintidós y las siete horas, con excepción de aquellos en que únicamente trabajen miembros de la familia, bajo la autoridad de uno de ellos.

"Exceptúase de esta prohibición a los varones mayores de dieciséis años, en las industrias y comercios que determine el reglamento, tratándose de trabajos que, en razón de su naturaleza, deban necesariamente continuarse de día y de noche.".

Esta sugerencia fue aprobada unánimemente en la Comisión.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Con mi abstención, señor Presidente .

El señor JARPA.-

Y con la mía.

-Se aprueba, con las abstenciones de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Jarpa.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

A continuación, la Comisión sugiere reemplazar en el número 6, que pasa a ser 8, la frase "los contratados expresamente de acuerdo a este Código" por la siguiente: "los contratados de acuerdo con este Código".

Está proposición fue aprobada unánimemente por la Comisión.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

La idea es sólo eliminar la palabra "expresamente".

Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición.

-Se aprueba.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, con relación al número 7, que pasa a ser 9, la Comisión sugiere sustituirlo por el siguiente:

"9.- Agrégase el siguiente artículo 23-A:

"Artículo 23-A.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios descansos, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a diez horas dentro de cada veinticuatro horas. .

"Cuando las necesidades de las faenas lo permitan, los descansos deberán cumplirse preferentemente en tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello.

"Cuando la navegación se prolongare por más de quince días, los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada día calendario, o no inferior a diez horas dentro del mismo período, dividido en no más de dos tiempos de descanso.

"En los casos en que la nave perdida por naufragio u otra causa esté asegurada, se pagarán con el seguro, de preferencia a toda otra deuda, las sumas que se deban a la tripulación por remuneraciones, desahucios e indemnizaciones.

"En el caso de desahucio e indemnizaciones, la preferencia se limitará al monto establecido en el inciso cuarto del artículo 60.

"A los tripulantes que después del naufragio hubieren trabajado para recoger los restos de la nave o lo posible de la carga, se les pagará, además, una gratificación proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados para conseguir el salvamento.".

Esta proposición fue aprobada por 3 a O, salvo la frase final del inciso tercero, que se aprobó por 5 a 0.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión la proposición.

Ofrezco la palabra.

El señor SINCLAIR.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor SINCLAIR.-

Tengo una duda respecto del inciso final de este artículo.

¿Debe entenderse que se trata de una gratificación "proporcional a los esfuerzos" o, como dice la norma, "proporcionada a los esfuerzos"? Estimo que debe ser "proporcional".

El señor GAZMURI.- Parece evidente la observación del señor Senador.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Según el Diccionario de la Real Academia, pueden usarse ambas expresiones.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , sin perjuicio de la observación formulada por el Honorable señor Sinclair -desde mi punto de vista, tiene toda la razón, porque la gratificación debe ser proporcional a los esfuerzos-, pido dividir la votación.

No participé en el debate de la Comisión cuando se analizó esta norma, pero formulé con anterioridad reservas respecto del inciso cuarto del artículo 23-A, pues contempla una situación absolutamente ajena a la materia de este precepto, por cuanto no se vincula de manera alguna con los derechos de los trabajadores de barcos pesqueros. Dicho inciso puede representar una alteración del sistema de preferencias vigente en cuanto a las naves. Porque debemos recordar que se consagra una preferencia especial para los créditos garantizados mediante hipoteca, lo cual resulta muy incentivador para este tipo de comercio.

El citado inciso cuarto distorsiona las normas generales existentes al respecto al señalar que "se pagarán con el seguro, de preferencia a toda otra deuda, las sumas que se deban a la tripulación por remuneraciones, desahucios e indemnizaciones.". Los desahucios y las indemnizaciones tienen actualmente un tope en la legislación general relativa a la prelación de créditos.

Por esas razones, pido dividir la votación. Y, desde ya, propongo que se rechace el inciso cuarto y que se modifique el inciso final, al que hizo alusión el Senador señor Sinclair.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

El inciso quinto también se relaciona con la materia, señora Senadora,...

La señora FELIÚ.-

Entonces, habría que eliminar ambos.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

..., porque regula la situación anterior.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , planteo la votación separada de los incisos cuarto y quinto, porque, a mi juicio, son ajenos a la materia y conducen a un debate distinto, vinculado con el comercio de naves, con la hipoteca sobre las mismas, con la preferencia a que ella da lugar y con la importancia de este tipo de garantía en una actividad tan significativa para nuestra economía.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , quiero hacer notar que los dos aspectos a que se refirió la Senadora señora Feliú corresponden a una transcripción que se hizo en el precepto en debate, relativo a los trabajadores del sector pesquero, de los artículos 121 y 122 del Código del Trabajo, atinentes a los tripulantes de naves de la marina mercante. Estas dos normas se reprodujeron en forma textual, sobre la base de que se remitan a situaciones análogas.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , este tema fue discutido en la Comisión antes de votarse. El señor Ministro hizo la misma observación. Le señalé que tales normas son muy anteriores y tienen carácter general, y que con posterioridad surgieron las disposiciones atinentes a hipotecas sobre naves, que son especiales y consagran lo que se ha reconocido como "superpreferencia", la cual franquea, dentro del comercio, la posibilidad de constituir una garantía muy completa respecto de los créditos, haciendo más fácil la venta de naves.

El señor ZALDÍVAR.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.-

Entiendo lo manifestado por el señor Ministro en el sentido de que las disposiciones del artículo 23-A objetadas por la Senadora señora Feliú , más el inciso sexto, apuntan a asimilar los artículos 121 y 122 del Código del Trabajo (relativos a la marina mercante) a los trabajadores de naves pesqueras.

Ahora bien, me gustaría que el señor Ministro aclarara otro punto -no lo veo contemplado en éste artículo; a lo mejor figura más adelante-; porque los tripulantes de naves de la marina mercante han planteado la posibilidad de que se les haga más o menos equivalente el régimen de descanso que estamos estableciendo a través de esta legislación para el sector pesquero. Mi pregunta es si hay algún estudio sobre el particular.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , el Código actual regula el sistema de descanso de los trabajadores de la marina mercante. Y, en esta materia, sólo se introducen modificaciones en lo atinente a los descansos compensatorios.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, quiero referirme brevemente a este tema.

Con este proyecto se pretende consagrar una legislación que logre homologar todas las situaciones similares que existen hoy día. Y hemos recibido planteamientos -en ese sentido, el trabajo de la Comisión fue muy enriquecedor, porque se pudo contar con la participación de los distintos sectores involucrados- de los trabajadores pesqueros, por ejemplo, quienes nos pidieron que los asimiláramos a las reglas que rigen a la gente de mar, la cual tiene un título especial en el Código del ramo (éste, incluso, habla de "dotación", establece su jornada de trabajo y regula diversas situaciones). Sin embargo, por la naturaleza misma de sus funciones -y se analizó en la Comisión-, no es posible marcar todas las analogías que existen entre ambas actividades. Pero al menos, dentro del ámbito reducido de nuestra competencia, tratamos de consagrar lo que sí parece adecuado.

Por eso, como las normas que recordó el señor Ministro , vigentes en la actualidad, otorgan preferencias a los tripulantes protegidos por el título especial relativo a la gente de mar, la Comisión estimó pertinente extender el mismo beneficio a los trabajadores que se desempeñan en la actividad pesquera, porque probablemente se verán involucrados -espero que con muy poca frecuencia- en accidentes marítimos. O sea, se trata de contemplar normas similares para casos iguales.

Cabe señalar que este asunto también fue motivo de análisis en la Comisión, donde la Senadora señora Feliú argumentó lo mismo que le escuchamos sostener en la Sala.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , concuerdo absolutamente con lo expresado por el señor Ministro del Trabajo -lo acaba de hacer presente también el Senador señor Hormazábal -, porque parecería bastante injustificado que la normativa que ampara a los trabajadores de mar en caso de naufragio -artículos 121 y 122 del Código del ramo- no se aplicara a los que ope ran a bordo de naves pesqueras: es de absoluta justicia que se les aplique.

Ahora, lo planteado por la Honorable señora Feliú , en una indicación que viene más adelante, referente a la inconveniencia de modificar las disposiciones sobre prelación de créditos en la legislación laboral sin atender a la normativa propia del Código Civil, lo cual altera una situación de privilegios, me parece sumamente importante. Sin embargo, creo que debe ser discutido cuando corresponda.

Si la Senadora señora Feliú insistiera en su indicación de votar separadamente los incisos que causan escrúpulos a ese respecto, yo sugeriría que nos pronunciáramos ahora sobre las restantes normas del artículo 23-A, a fin de ir avanzando en el despacho del proyecto.

Nada más, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Aparentemente, existe acuerdo en la Sala para aprobar los incisos primero, segundo, tercero y sexto, sobre los cuales no ha habido ningún tipo de observaciones. Y se pidió votación separada para los incisos cuarto y quinto. En consecuencia, si ningún otro señor Senador adhiriera a dicha solicitud, cabría dar por aprobado el artículo 23-A, con el voto en contra de la Honorable señora Feliú respecto de los incisos cuarto y quinto.

La señora FELIÚ.-

Exactamente.

El señor DÍEZ.-

No, señor Presidente . Creo que es necesario debatir esas normas un poco más.

¿Me permite el uso de la palabra, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , aquí hay envueltos varios problemas distintos de la cuestión principal que trata el artículo. Y podríamos llegar a tocar hasta el derecho de propiedad. Por ejemplo, si una nave no pagada se encuentra asegurada en garantía de su precio de venta, ¿cómo vamos a privar de sus derechos al acreedor?

Estoy de acuerdo en dar a los trabajadores pesqueros todas las preferencias y privilegios compatibles para que se les pague con el producto del seguro. Pero creo que el tema amerita un análisis más detallado de las circunstancias que podrían darse. De lo contrario, quizás estaríamos legislando precipitadamente, pues no nos hallamos preparados para discutir todo lo que dice relación a la hipoteca, los privilegios y la prelación de créditos en una sesión en que debatimos enmiendas al Código del Trabajo

.

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.-

Con el objeto de ir avanzando, sugiero aprobar todos los incisos del artículo -creo que ello ocurrirá por unanimidad-.menos el cuarto y el quinto, que podríamos estudiar con más detalle si el Honorable señor Díez proporcionara más antecedentes para oponerse a ellos.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, entiendo que esas disposiciones ya fueron aprobadas y que ahora estamos discutiendo sólo los incisos cuarto y quinto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En caso de rechazarse esas normas, habría que efectuar una pequeña adecuación en el inciso sexto: reemplazar la frase "después del naufragio" por "después de un naufragio".

Entonces, si le parece a la Sala, se darán por aprobados los incisos primero, segundo, tercero y sexto del artículo 23-A, qué no han sido observados.

Aprobados.

En cuanto a lo expresado por el Honorable señor Díez -no es mi ánimo participar en el debate-, puedo señalar, dado el conocimiento que tengo acerca de la materia, que las normas sobre prelación contenidas en el Código del Trabajo y otras que se modificaron en los últimos años, incluso durante el Gobierno anterior, han debilitado sustancialmente la hipoteca de naves, con efectos bastante graves, que también han perjudicado a las propias tripulaciones. Por eso, muchas "banderas de conveniencia" obedecen, entre otras razones, a que la hipoteca chilena ha perdido fuerza.

El señor RUIZ (don José).-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , sobre este tema podemos tener diferentes puntos de vista, lo cual es muy legítimo. Pero ya se han formulado distintas apreciaciones acerca de los incisos objetados, y no podemos seguir discutiéndolo indefinidamente.

Aquí se están asimilando normas aplicables en la marina mercante a los trabajadores de naves pesqueras. Si la preferencia se considera injusta para éstos, tenemos que modificar también los artículos 121 y 122 del Código del Trabajo, porque no podemos aceptar que exista una discriminación a favor de la marina mercante. Pero no es el caso.

La idea contenida en los incisos cuarto y quinto consiste en otorgar una protección especial. Aquí se alegó anteriormente -quiero retomar el argumento utilizado para rechazar el beneficio pro operario- que la ley debía establecer con exactitud los beneficios. Pues bien, ahora los estamos señalando claramente. Más importantes que el banco u otra institución acreedora son los sueldos que se deben a los trabajadores. Ese es el principio que inspira a dichos incisos y que nosotros defendemos.

Podemos discutir latamente otros argumentos técnicos. Pero debemos definirnos con claridad: estamos dispuestos o no a privilegiar las deudas por remuneraciones de los trabajadores con respecto a las que existan con instituciones bancadas o financieras. Si la respuesta es negativa, deben rechazarse los incisos cuarto y quinto; pero si se está dispuesto a amparar los derechos de los trabajadores, hay que aprobar el texto que plantea el segundo informe de la Comisión.

Por tanto, pido someter a votación los incisos en debate, a menos que algún señor Senador desee entregar nuevos antecedentes o aportar ideas que nos puedan ilustrar en mejor forma sobre el particular.

He dicho.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , el debate no puede realizarse calificando intenciones: quién quiere proteger a los trabajadores y quién no quiere hacerlo. Estamos legislando sobre el Código del Trabajo, donde todos deseamos proteger a los trabajadores. Pero para que éstos laboren en un barco es necesario que exista un barco; de lo contrario no trabajan en ninguna parte. Y, generalmente, para que exista un barco debe realizarse una operación bancaria, por tratarse de inversiones de alto riesgo, sobre todo en países en desarrollo. De manera que nosotros estamos protegiendo la fuente de trabajo. Yo no soy abogado ni de bancos ni de inversionistas extranjeros que fabriquen naves. Lo que estoy tratando de resguardar es la fuente de trabajo.

No he manifestado oposición a los incisos. He dicho que ellos, que señalan preferencias o privilegios, deben ser analizados cuidadosamente en este tipo de materias.

Las naves mercantes gozan de la posibilidad de cambiarse de bandera, con lo cual obtienen financiamiento y transporte. Los barcos pesqueros son chilenos y no tienen oportunidad de cambiar de bandera; de manera que si cometemos un error en cuanto a la garantía para adquirirlos, será menos posible aumentar nuestra flota pesquera y pondremos en riesgo a los trabajadores que decimos defender.

Por eso estamos planteando la necesidad de analizar con mayor cuidado estas disposiciones. Si no revisten peligro para el financiamiento de la flota pesquera, tengan Sus Señorías la seguridad de que las voy a votar favorablemente. Pero si provocan inseguridad en ese ámbito, hay que buscar una solución de privilegios o preferencias que no obstaculice el desarrollo empresarial del país en este campo tan importante.

El señor RUIZ (don José). -

¿Me permite unta interrupción, señor Senador ?

El señor GAZMURI. -

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI . -

Señor Presidente , quiero entender exactamente qué se pretende cuando se sostiene que debemos analizar los incisos con más tiempo y cuidado. Porque el proyecto ya fue visto en general en la Sala y ahora estamos abocados al segundo informe. Por consiguiente, si alguien está en desacuerdo con esas normas, lo que debe hacer es, o renovar indicación en contrario, o rechazarlas. Pero - repito - no alcanzo a divisar la razón práctica de este llamado a examinar los incisos con más detalle.

El señor DÍEZ. -

La idea es esos incisos y despachar las enmiendas Código del Trabajo, señor Senador.

El señor RUIZ (don José). -

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ (don José) . -

Señor Presidente , quiero aclarar al Honorable señor Díez que mi propósito no fue ofenderlo ni achacarle algo. Lo que hice fue destacar la existencia de dos opciones. Y yo diría que la situación es más grave para el sector pesquero, porque todos los buques que operan en nuestras aguas territoriales deben ser nacionales. La marina mercante, tal como indicó el señor Vicepresidente del Senado , puede tomar la opción de "banderas de conveniencia". Por tanto, si disposiciones como las qué se debaten rigen para esta última, con mayor razón deben aplicarse a las naves pesqueras.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , me parece muy razonable exigir que cualquier modificación a las normas sobre prelación de créditos se haga considerando la institución pertinente en forma global y no a partir de una situación especial, como sería una enmienda al Código del Trabajo.

Aquí estamos determinando si en caso de naufragio de una nave asegurada el monto del seguro favorece o no a los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras en los mismos términos que señalan los actuales artículos 121 y 122 del citado Código, que nadie pretende reformar. Que yo sepa, no ha llegado al Congreso ninguna indicación que altere las preferencias establecidas en dichas disposiciones, que se remiten al artículo 60 del mismo cuerpo legal. Otra cosa es que, al momento de examinar este último precepto -que, como digo, incursiona también en el tema de las preferencias-, veamos si corresponde enmendarlo o no. Se trata de una norma que, a su vez, se remite al Código Civil; de manera que es preciso tener sumo cuidado con qué modificamos.

En definitiva, considero que deben extenderse las preferencias que contempla el Código del Trabajo para el caso de naufragio. Sería una iniquidad que los trabajadores pesqueros, ante el naufragio de una nave asegurada, no tuvieran las mismas preferencias que quienes laboran en cualquier otra actividad comercial náutica.

Por eso, apoyo resueltamente los incisos cuarto y quinto en la forma como vienen propuestos por la Comisión.

Nada más, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR.-

Pido la palabra.

El señor GAZMURI.-

Votemos, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que puede aclararse la discusión recurriendo a la historia de los artículos 121 y 122 del Código del Trabajo, relacionados con el 60 de la misma normativa, que fueron dictados hace muchos años. Ello ocurre cuando se decide regular la marina mercante como actividad y en lo atinente a las relaciones laborales. Aún no existía la empresa pesquera, que en esa época era más bien de orden artesanal.

Es en los últimos 20 años cuando empiezan a incorporarse naves pesqueras de mayor nivel, equivalentes en sus dimensiones a las embarcaciones utilizadas en la marina mercante. Por eso hoy se puede hablar de descanso para los trabajadores en la propia nave, porque hace dos décadas los barcos de pesca no disponían de instalaciones que permitieran tomarlo a bordo.

Lo que se pretende a través de los incisos en discusión es nada más que asimilar dos actividades marítimas más o menos parecidas.

La disposición del artículo 121, que es el que interesa, no ha presentado dificultades de aplicación en cuanto a la prelación de créditos que contempla el artículo 2472 del Código Civil. Además, el Código del Trabajo estableció en su artículo 60 un privilegio tope de 15 ingresos mínimos mensuales para las indemnizaciones de los trabajadores.

En el caso que nos ocupa, pienso que no se afecta en nada el sistema de prelación de créditos o el derecho de propiedad con respectó a las empresas pesqueras. No he sabido de nadie que haya reclamado o hecho ver la inconveniencia que podría representar la disposición atinente a la hipoteca de las naves por no estar el seguro totalmente privilegiado al pago de las deudas contraídas para su compra, sino, en primer lugar, a la cancelación de las remuneraciones de los trabajadores.

La situación vigente al momento de dictarse los artículos 121 y 122 para la marina mercante es plenamente coincidente con la que se da hoy en la actividad pesquera, tanto en lo relativo al descanso -por eso pregunté al señor Ministro acerca del régimen existente en la materia en un caso y otro, que en mi opinión deben ser similares- cuanto en lo referente a los siniestros.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate sobre los incisos cuarto y quinto del artículo 23-A.

Para proceder a la votación, es necesario que alguien la pida. Pero la Mesa es partidaria de que se proceda a votar.

En votación.

-(Durante la votación).

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , me preocupan estos incisos, porque en la marina mercante el tonelaje de los buques -que es mayor- es bastante claro y sus seguros por naufragio son muy bien conocidos, lo que no ocurre con las embarcaciones pesqueras, donde no hay diferencias: se trata, por ejemplo, de bongos o de naves de pequeño tonelaje, que también deben estar asegurados para garantizar préstamos. Entonces, ¿qué gama o qué calidad de buques cubrirían estos preceptos?

Concuerdo en que esta materia debe estudiarse con un poco más de profundidad.

No puedo votar por estar pareado.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , estas disposiciones deberían aplicarse cuando las empresas propietarias de las embarcaciones pesqueras que naufragan carecen de medios para afrontar sus compromisos, las que, en general, debieran contar con algunos recursos. Pero, en fin, entiendo la buena intención de las normas.

Por lo tanto, voto favorablemente.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , estoy pareado, pero, en caso de no estarlo, me habría abstenido.

No estoy en contra del principio de la preferencia y de los privilegios para los trabajadores, pero sí me parece sumamente dudosa la redacción de estos incisos. En primer lugar, no tengo clara la situación de la hipoteca de las naves pesqueras, ni su tamaño, ni las normas a que la materia que sometida. Y, en segundo término, a mi j ció la redacción -como señaló el Senador señor Jarpa - es defectuosa al decir "se pagarán con el seguro de preferencia a toda otra deuda". ¿Por qué, cuando pueden haber otros bienes de la empresa y dicho seguro sirva para garantizar saldos de precio u obligaciones de financiamiento?

El señor GAZMURI .-

¡Estamos fundamentando el voto y no el no voto!

El señor DÍEZ .-

Por esta razón, señor Presidente , yo me abstendría; pero no puedo votar por estar pareado.

El señor GAZMURI.-

No puede fundamentarse lo que no se vota. Hay un abuso del Reglamento. Aquí se funda el voto, no el no voto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señor Senador, todavía estamos en votación. Una vez terminada, podrá pedir la palabra.

Terminada la votación.

-Se aprueban los incisos cuarto y quinto del artículo 23-A (19 votos por la afirmativa, 4 por la negativa, una abstención y 4 pareos).

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede usar de ella, Su Señoría.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, solicito que la Mesa sea estricta en hacer cumplir el Reglamento en el sentido de que lo que se fundamenta es el voto. El tiempo de votación -esto me parece esencial- no puede usarse para fundamentar el no voto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El Senador señor Gazmuri ha planteado un problema de bastante profundidad: si no se vota, ¿qué se fundamenta?

No deseo abrir debate sobre esta materia, pero me deja preocupado. De modo que en alguna oportunidad debería estudiarse. La tradición ha sido de que se fundamenta el voto.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

A continuación, la Comisión propone sustituir el N° 8, que pasa a ser N° 10, que reemplaza el artículo 25 del Código del Trabajo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Por su extensión, omitiremos su lectura.

En discusión.

El señor THAYER.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , solamente para informar que este artículo proviene de una larguísima, no tanto discusión, sino gestión llevada a cabo con los representantes más significativos de los interesados.

Se trata de una materia sumamente compleja, respecto de la cual finalmente se llegó una redacción que considera lo acordado en la Cámara de Diputados, con algunas dudas que en ciertos aspectos se hicieron valer. En definitiva, en casi todas estas normas habría otra manera de legislar. Pero el texto que ahora se propone es el resultado del consenso más aceptable de los interesados.

Dicho sea de paso: en esta materia los convenios internacionales son igualmente flexibles, porque no hay otra manera de reglar la normativa referida a choferes y auxiliares de la locomoción colectiva, sea urbana o interurbana.

Deseo manifestar mi apoyo al artículo 25 propuesto, que corresponde a lo aprobado por la Cámara de Diputados y al interés de las partes.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En realidad, al comienzo de la sesión se dio por aprobado este artículo por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, conforme al artículo 124 del Reglamento.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Por unanimidad, la Comisión recomienda sustituir el N° 9, que pasa a ser N° 11, por el siguiente:

"11.- Agrégase el siguiente artículo 25-B:

"Artículo 25-B.- Si en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros, las partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de trabajo, con un descanso mínimo de Díez horas entre turno y turno. En todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas continuas.".".

Se ha renovado, oportunamente, indicación, la signada con el número 20, para sustituir el artículo propuesto por la Comisión.

El señor GAZMURI.-

Excúseme, señor Secretario , ¿quiénes la firman?

El señor OTERO .-

¿Me permite, señor Presidente?

La suscriben el Senador que habla y otros 9 Senadores. Es decir, cumple el número reglamentario.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión la indicación renovada.

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la verdad es que estamos legislando sobre una materia que, además de ser laboral, se relaciona específicamente con las jornadas de trabajo de los choferes de la locomoción colectiva urbana, que, como se sabe, en la actualidad son realmente inhumanas. Y lo que es más grave, se encuentran realizando funciones que son incompatibles, como conducir el vehículo, observando las reglas del tránsito y, al mismo tiempo, recibir dinero, cortar boletos y dar el vuelto; es decir, actividades que en ninguna parte civilizada se practican simultáneamente.

Por otro lado, es indiscutible que en las grandes ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso , con problemas de tráfico vehicular, manejar más de cuatro horas significa que el chofer queda incapacitado para conducir con la debida atención y cuidado. Estamos en presencia de un problema laboral que incide en la seguridad de las personas que utilizan la locomoción colectiva.

Si en distintos campos exigimos jornadas de trabajo, capacitación laboral, etcétera, en éste, que es precisamente donde los accidentes son de diaria ocurrencia, deben exigirse las mayores precauciones. Y, por ello propuse que no podía, de ninguna manera, permitirse que un chofer de la locomoción colectiva ejerciera al mismo tiempo la función de cobrador.

La Comisión aceptó la indicación para que el período de conducción fuera de cuatro horas continuadas, que me parece muy bien; además, estableció una interrupción de dos horas, que no serán de cargo del empleador, sino del trabajador. Pero, ¿ese lapso de tiempo dónde lo pasarán? ¿En cualquier terminal de buses? ¿Cuál de ellos cuenta con comodidades suficientes para que puedan descansar y, efectivamente, recuperarse de la fatiga, del estrés, de modo que puedan enfrentar la próxima jornada en condiciones normales? De ahí que la norma propuesta por la Comisión no se ajuste a ninguno de los requisitos que deben cumplirse respecto de los choferes de la locomoción colectiva.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , cuando se discutió esta materia, señaló que el Gobierno estaba muy preocupado del problema de los conductores, no sólo del transporte urbano e interurbano de pasajeros, sino también de camiones de carga. No obstante haber escuchado de parte de los dos señores Ministros del ramo que este asunto se reglará, todavía no se hace. Sin embargo, los accidentes del tránsito siguen ocurriendo por las condiciones en que trabajan los choferes de la locomoción colectiva. Todos los días observamos carreras criminales en las calles. ¿A qué obedecen? Al sistema de remuneraciones, basado en un .porcentaje de los boletos cortados, y al exceso de buses, muchos de los cuales transitan desocupados. El chofer, para subsistir se ve obligado a correr en forma suicida para ganar más pasajeros. ¿Qué ponen en peligro? Aparte de su vida, la de los pasajeros y de quienes circulan por las calles.

Señor Presidente , reiteré esta indicación en la Sala, porque quería dejar expresa constancia de este gravísimo problema, que no ha sido debidamente afrontado hasta ahora, pese a todas las promesas efectuadas. Yo entiendo que ésta es una materia que deberá reglamentarse en su totalidad en la ley que regula el transporte público tanto de pasajeros como de carga. Por estos motivos, retiraré la indicación renovada -y esto lo conversé con los señores Senadores que la respaldaron-, porque su objetivo era dejar constancia en el Senado de esta circunstancia y, además, hacerle presenté al Gobierno, por intermedio del señor Ministro del Trabajo , la necesidad de que se legisle con la mayor brevedad posible sobre una materia que no sólo afecta al sector laboral, sino también a la seguridad de la mayoría de los chilenos que ocupan medios de locomoción colectiva.

El señor HORMAZÁBAL.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , quiero hacer sólo dos alcances a lo que ha dicho el Senador señor Otero . El primero es que las indicaciones para incorporar a los trabajadores de carga terrestre son parlamentarias, pues tuvieron su origen en la discusión en el Senado.

En segundo lugar, respecto del transporte urbano -que es el objeto del artículo en debate- debe quedar muy claro que en la historia de este proyecto el Ejecutivo no ha planteado nunca que los períodos entre turno y turno de conducción no sean parte de la jornada de trabajo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se ha señalado siempre que sí lo son. De modo que o es efectivo lo que ha afirmado el Senador señor Otero en el sentido de que nosotros habríamos propuesto que tales períodos deben descontarse de la jornada de trabajo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente ? De acuerdo con el Reglamento, cuando un Senador es aludido por un señor Ministro , tiene derecho a réplica.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Así es, señor Senador. Puede usar de la palabra.

El señor OTERO .-

Deseo ser muy claro en este punto. Lo que he señalado es que mi indicación fue presentada frente a una omisión del Gobierno. No he dicho si ella e formulada o no por éste. Está la Versión Taquigráfica para poder dilucidar el punto. El hecho que me preocupa -a mi juicio, es indiscutible- es que, lamentablemente, con la actual legislación se va a plantear un problema -no he afirmado que ello sea o no sea culpa del Ejecutivo-, ya que los trabajadores no pueden conducir más de cuatro horas continuas y, entre esos plazos de conducción, deben tener períodos de descanso, los que no son de cargo de las empresas, porque no se imputan a la jornada de trabajo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Deseo hacer uso de ella, señor Presidente , pero el señor Ministro la está solicitando también, y, de acuerdo con el Reglamento y con la cortesía, cabe darle preferencia.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Deseo aclarar que esta indicación sobre el período de descanso se formuló ya durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, donde se estableció que los choferes no podrán manejar más de tres horas continuas. En ningún momento del debate de esta iniciativa, ni en la Cámara Baja ni en el Senado, se ha dicho lo que, desgraciadamente, acaba de reiterar el Senador señor Otero , esto es, que el período entre turno y turno de conducción no es parte de la jornada de trabajo. Siempre se ha considerado que, en el caso de los choferes de la locomoción colectiva urbana, sí lo es. Insisto en este punto porque ha suscitado mucha discusión en el debate público e, incluso, ha originado manifestaciones. Quiero, pues, dejar claramente establecido que dicho período no es de cargo del trabajador.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Entiendo que la indicación va a ser retirada...

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente , antes de que la dé por retirada?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Nuestro afán es, precisamente, ver de qué manera sale mejor redactada una ley en la que todos hemos estado intensamente preocupados. A fin de que no se susciten dificultades de interpretación, quiero referirme, en primer lugar, a lo que no ofrece dudas. En el segundo informe, la Comisión deja constancia de que "resolvió suprimir del texto aprobado el calificativo de que la jornada ordinaria de ocho horas tenga carácter de "efectiva", guiada por el propósito de que los períodos de espera que medien entre turnos de conducción se consideren parte de la jornada de trabajo. El H. señor Hormazábal pidió dejar expresa constancia de que ese es el espíritu que anima a la Comisión". O sea, desde la partida, la Comisión técnica en la materia ha establecido que, en este ámbito específico de la locomoción colectiva urbana, el sistema de descanso del conductor antes de asumir nuevamente el turno es parte de la jornada de trabajo.

Sin embargo, la propia redacción de la norma aprobada en la Comisión señala que si "las partes acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán de ocho horas de trabajo, con un descanso mínimo de Díez horas entre turno y turno. En todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas continuas.". ¿Qué ocurre, pues, si deben esperar media hora, y ello se entiende parte de la jornada de trabajo? Se estarían excediendo las ocho horas. Y no es eso lo que deseábamos establecer.

Por tal razón, señor Presidente , antes de que se retire la indicación, solicito dejarla pendiente para la sesión de mañana, a fin de que, por unanimidad, busquemos un texto que recoja adecuada y cabalmente lo que queremos expresar. Hago esta petición porque el tema es bastante complejo. Es una norma nueva en la legislación laboral chilena en lo que dice relación con los conductores de buses urbanos, y hemos tenido que considerar factores diversos. Los choferes de buses interprovinciales expresamente nos han pedido que los períodos de descanso no sean imputables a la jornada de trabajo, porque, dadas las características peculiares de su función, si la ley les fija un horario máximo de sólo 192 horas mensuales, los que hacen el recorrido entre Santiago y Arica, por ejemplo, lo completarán rápidamente, de modo que se verán imposibilitados de seguir trabajando y ganándose el pan, con lo cual se produciría un deterioro de sus expectativas.

Otra situación novedosa que hemos debido considerar es la incorporación de los conductores de camiones. Es un punto muy importante, porque, de acuerdo con los antecedentes que, a solicitud de la Comisión, nos hizo llegar Carabineros de Chile en relación con los accidentes de tránsito, podemos afirmar que las cifras de la participación en ellos de conductores de camiones y de buses interprovinciales son abrumadoras. La razón de fondo de este hecho es que esos sectores de trabajadores están sometidos a horarios inhumanos y a condiciones laborales que nos fuerzan a legislar, no sólo pensando en la relación de las partes en el contrato de trabajo, sino en el bien común.

Sin embargo, como señaló el señor Fantuzzi en la Comisión -cabe recordar que en ella contamos siempre con la ayuda de destacados Diputados-, un tema de esta naturaleza es más propio estudiarlo en relación a la ley del tránsito.

Señor Presidente , me he permitido llamar la atención de mis Honorables colegas respecto de la complejidad de las normas que estamos abordando, a fin de explicar mi petición en el sentido de que el Senador señor Otero no retire la indicación. Si postergamos el debate hasta el día de mañana, tal vez sería posible introducir, por una unanimidad, algún cambio que nos permita establecer adecuadamente los hechos.

El señor DÍEZ.-

Estamos de acuerdo.

El señor CANTUARIAS.-

También nosotros, señor Presidente .

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO .-

Personalmente, me alegro mucho de la intervención del Honorable señor Hormazábal , porque la verdad es que no tenía interés alguno en iniciar un debate jurídico con el señor Ministro del Trabajo , a quien reconozco su excelente calidad de economista.

Me acojo a la sugerencia del señor Senador, porque no hay duda de que en esta disposición existen un contrasentido y serios vacíos, que podrían impedirnos obtener el resultado que queremos con lo aprobado en la Comisión.

Lo único que deseo señalar es que no sólo me preocupa la parte laboral -que, como he dicho, me inquieta mucho, pues, tal como están concebidos, el trabajo y el sistema de remuneraciones son inhumanos-, sino también el problema de la seguridad de las personas que ocupan la locomoción colectiva, que son, precisamente, la gran mayoría de los chilenos, que es la conformada por los de más escasos recursos.

Por tanto, señor Presidente , con mucho gusto acojo la sugerencia del Senador señor Hormazábal : me abstengo de retirar la indicación, en el entendido de que procuraremos alcanzar una redacción que sirva realmente a los propósitos perseguidos en esta materia.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se suspenderá el debate de esta indicación.

Acordado.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En seguida, se ha renovado una indicación pala intercalar, como inciso segundo del artículo 26 propuesto, el siguiente:

"Tratándose de personas qué cumplen funciones de vigilantes privados en turnos de noche, entre las 23:00 horas y las 6 de la mañana, podrá extenderse la jornada extraordinaria más allá del límite de dos horas diarias, hasta las 7 de la mañana. Lo anterior, sin embargo, será aplicable un máximo de 12 días en el mes.".

Firman la indicación los señores Mc-Intyre , Cooper , Prat , Cantuarias , Alessandri , Thayer , Díez , Romero , Feliú , Fernández y Piñera .

El señor PRAT.-

Señor Presidente , la indicación renovada tiene por objeto adecuar la ley a una realidad. Se trata de lo siguiente. A menudo, la jornada de trabajo de los vigilantes privados que cumplen funciones en turnos de noche o comienza o termina en horas en que no se puede transitar por la ciudad y llegar al lugar de residencia con mínimas condiciones de seguridad. Ello hace que, en la práctica, estas personas estén trabajando, o deban permanecer en el lugar de trabajo, más de lo que la ley establece.

La idea, entonces, es permitir, en forma excepcional, que el contrato extienda la jornada hasta las 7 de la mañana, hora en que se entiende que es posible transitar por las calles sin riesgo. La indicación plantea un tope de 12 días en el mes, a fin de que la utilización de este mecanismo no sea algo permanente.

Ese es el sentido de la indicación, que, como decía en un comienzo, pretende adecuar la ley a la realidad, porque, en la forma como se procede hoy, la ley está siendo transgredida.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en la Comisión entendimos el espíritu que animaba la indicación. Nos preguntamos: Si existen actividades en el país que tienen jornadas continuadas diurnas y nocturnas, ¿por qué hacer extensiva esta disposición sólo a los vigilantes? Luego, nos pareció que había insuficientes antecedentes sobre el punto. Si se analiza el Código, surge la interrogante de cuál es la forma práctica de resolver el problema. Hemos defendido a cabalidad el que los vigilantes tengan también la jornada de 48 horas semanales, porque antes tenían una de 72 horas a la semana.

Permítanme ilustrar con un ejemplo mi posición para rechazar esta norma en la Comisión. Esta se refiere a personas que realizan turnos de noche entre las 23 y las 6 horas de la mañana. Es decir, estamos hablando de una jornada de 7 horas. La solución es tan sencilla como aplicar el sistema de los turnos. Se hacen 3 turnos de 8 horas cada uno. En consecuencia, quien entra a las 23 horas, sale a las 7 de la mañana, quien entra a las 7 sale a las 15, y quien entra a las 15 sale a las 23.

En consecuencia, es justa la preocupación que tienen los colegas que presentaron la indicación por el problema de los vigilantes, pero, a mi juicio, éste es subsanable recurriendo a la misma norma legal que tenemos para la jornada de ocho horas.

Esa es la razón de que, entendiendo el espíritu con que se presentaba la indicación, la rechazamos, conjuntamente con los Honorables colegas Calderón , Palza y Thayer .

Eso es todo, señor Presidente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , votaré a favor de la indicación, pues la encuentro de la mayor justicia.

Tal como señaló el Senador señor Prat , esta situación se da en todos los edificios de la Capital, en donde actualmente hay personas que ejercen labores de vigilancia que se ven afectadas por la legislación, ya que no permite otorgarles el beneficio.

Por tal razón, voto afirmativamente, y pido que se reflexione, pues se trata de una situación de común ocurrencia que fue planteada por quienes administran los numerosos edificios de departamentos, tanto en Santiago cuanto en provincias.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , me pronuncié en contra de esta indicación en la Comisión, porque, tal como expresó el Senador señor Hormazábal , no vislumbré la posibilidad de que esto no pueda resolverse dentro de las horas comunes de los turnos. Sin embargo, me hace fuerza lo manifestado en el sentido de que la situación realmente se da en una actividad tan frecuente como la de la construcción. Por esa razón apoyo la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

-Por no haberse reunido el quórum constitucional requerido, se rechaza (16 votos a favor, 12 en contra y 6 pareos).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , sólo deseo informar que la Comisión rechazó la indicación por 4 votos contra 1, por estimar que lo más procedente era que las empresas modificaran los horarios para este tipo de vigilantes y no dar luz verde a eventuales abusos de algunos empleadores.

Por tal razón, sugiero que se rechace.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.

El señor PRAT.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , sólo deseo precisar que la situación que describí es de diaria ocurrencia y se presenta en lugares tan elementales como la infinidad de edificios existentes en Santiago donde hay vigilantes nocturnos. No se trata de actividades productivas ni empresariales.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Se procederá a la votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En primer término hay que pronunciarse sobre el artículo, sin la indicación, pues éste requiere para su aprobación de quórum de ley orgánica constitucional, por decir relación a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En votación.

-Se aprueba (29 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, corresponde votar la indicación renovada para agregar un inciso segundo al artículo 26.

-(Durante la votación).

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, voto a favor precisamente por las razones de seguridad que significa la norma para las personas que desarrollan este tipo de actividades.

MODIFICACIÓN DE LIBROS I, II Y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Continúa la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo, en relación con el contrato individual del trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 35a, en 21 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

Hacienda, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.

Trabajo (segundo), sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Discusión:

Sesiones 13a, en 24 de noviembre de 1992 (se aprueba en general); 39a, en 6 de abril de 1993 (queda pendiente la discusión particular).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Solicito el asentimiento del Senado para que, al igual que en la sesión de ayer, pueda estar presente en la Sala el señor Eduardo Loyola Osorio, Subsecretario del Trabajo y Previsión Social .

Si no hubiere oposición, así se acordaría.

Acordado.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Ayer quedó pendiente de la resolución de la Sala la indicación renovada número 20, recaída en el número 9, que pasa a ser 11, del artículo 1° del proyecto.

La indicación renovada por los Honorables señores Ríos, Pérez , Otero , Thayer , Jarpa , Cooper , Alessandri , Martin , Lagos y Mc-Intyre es para sustituir el artículo 25 B por el siguiente:

"Artículo 25 B.- En caso alguno, los choferes de locomoción colectiva urbana, podrán manejar por más de cuatro horas consecutivas, debiendo mediar, a lo menos, dos horas de descanso entre turno y turno y su jornada diaria no podrá exceder de diez horas. Además, los choferes no podrán desempeñar simultáneamente la función de conductor y de cobrador, a menos que el vehículo esté dotado de un sistema de control visual o auditivo en base a elementos que no sean proporcionados ni vendidos por el chofer.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión la indicación renovada.

Ofrezco la palabra.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , agradecería de la Mesa dejar pendiente el debate, por lo menos por una hora, porque, precisamente, estamos ante la posibilidad de llegar a una redacción que concite el acuerdo unánime, tal como nos lo encargó la Sala.

Pero me atrevería a sugerir al señor Presidente que resolviéramos lo que quedó pendiente al levantarse la sesión de ayer. Me refiero a la última votación, en la cual se dio por rechazada una indicación pese a haber contado con más votos favorables que contrarios. Y la Mesa no advirtió con anterioridad -es decir, antes de iniciarse la votación- que era de quórum calificado, en circunstancias de que con el Comité Demócrata Cristiano habíamos convenido que en tal tipo de votaciones no regirían los pareos.

Por lo tanto, aquí habría dos temas que tratar: en primer lugar, determinar si se ha de calificar en la misma forma un artículo con varios incisos y uno de los cuales es de quórum calificado; es decir, si la calificación afectaría a todas las disposiciones de un mismo precepto. De ser así, estaría en la razón la Mesa; pero, en tal caso, habría que repetir la votación, porque obviamente no podría haber pareos.

El señor HQRMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Puede usar de la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , como Comité de los Senadores democratacristianos, ratifico que el Honorable señor Otero y el que habla convinimos esa interpretación respecto de los pareos para el caso de votaciones con quórum especial.

Desde el punto de vista del manejo del artículo en referencia, entiendo que siempre hemos votado los preceptos de quórum especial sobre la base de exigir la mayoría más alta. Es la norma que hemos aplicado. Si la Mesa pudiera informar a la Corporación sobre el particular, se podría resolver la consulta planteada por el Honorable señor Otero.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En realidad, al comienzo de la discusión particular, se hizo presente que la Comisión de Trabajo dejaba constancia de que el número 12 del artículo 1° requería de quórum de ley orgánica constitucional, por referirse a una materia propia de la Ley sobre Atribuciones y Organización de los Tribunales de Justicia.

La disposición pertinente dice así:

Reemplázase el artículo 26, por el siguiente:

"Artículo 26.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 no es aplicable a las personas que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia.

"Tampoco se aplicarán sus disposiciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes -exceptuado el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, agua, teatro y de otras actividades análogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público.

"Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer más de doce horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.

"En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin .forma de juicio, oyendo a las partes.".

En la sesión de ayer, cuando se llegó a la proposición respectiva de la Comisión, se hizo presente que este artículo era de ley orgánica constitucional. Y se dio por aprobado en todas aquellas partes en que no incidía la indicación renovada. Esta, que tenía por objeto agregar un inciso al artículo, también era de quórum calificado, ya que el inciso final se aplica a todas las situaciones precedentes del mismo.

La indicación dice así:

"Para intercalar, como inciso segundo del artículo 26 propuesto, el siguiente:

"Tratándose de personas que cumplen funciones de vigilantes privados en turnos de noche, entre las 23:00 horas y las 6 de la mañana, podrá extenderse la jornada extraordinaria más allá del límite de dos horas diarias, hasta las 7 de la mañana. Lo anterior, sin embargo, será aplicable un máximo de 12 días en el mes.".

Después vendría el inciso final, que contempla otra situación: "En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá", etcétera. Indudablemente, se trata de una disposición relacionada con las atribuciones de los tribunales de justicia. Por eso, a juicio del Secretario que habla, la disposición es de quórum de ley orgánica constitucional.

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , en ese caso, quiero que quede expresa constancia en actas -si así lo establece la Sala- de que cuando en un artículo cualquiera de sus disposiciones requiere de quórum constitucional, se entiende que todas las indicaciones a ese artículo -cualquiera que sea la materia- deben ser votadas con quórum especial. Porque ésa es la teoría que está señalando el señor Secretario ; y yo desearía saber si ése es el acuerdo de la Sala, pues el precedente debe establecerse.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

La Mesa estima que no corresponde consignar una norma general, porque, obviamente, un artículo puede tener muchos incisos. En este caso concreto, no me correspondió presidir esa parte de la sesión de ayer. Se estableció una pauta; pero sería hasta peligroso señalar una norma general, porque, a mi juicio, es el sentido el que debe indicar si una disposición es o no es de quórum calificado. En la especie, se estimó que era así. Por el momento, no me pronuncio sobre ello, pero no podemos generalizar en el sentido de que todo el artículo en que haya alguna norma que requiere para su aprobación de quórum especial tenga que calificarse de la misma manera.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, quisiera preguntar lo siguiente...

El señor DÍEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor OTERO.-

La indicación que se presentó y que obtuvo votos favorables se relaciona con una materia que en sí no es de quórum calificado. Pero en opinión de la Secretaría si lo sería, porque en un inciso se dice que "En caso de duda, y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si en una determinada labor o actividad se encuentra algunas de las situaciones descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez competente dentro de quinto día de notificada". Pues bien, esta disposición es de quórum calificado, pero no la indicación. Por eso pregunto cuál va a ser el criterio del Senado cuando frente a un inciso muy preciso de quórum calificado hay una norma que ha sido objeto de indicación y que sin ese inciso no sería de quórum calificado. Porque esta Corporación debe tener un criterio y sentar una doctrina respecto de esta materia.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Había solicitado la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , deseo apoyar la interpretación de la Mesa, porque, a mi juicio, cuando se pide quórum de ley orgánica constitucional por tratarse de un asunto que, de alguna manera, modifica una competencia de orden judicial, parece razonable que la misma disposición que cautela que no se introduzcan responsabilidades de tipo judicial en normas que no han sido aprobadas con dicho quórum, haga aconsejable que cuando se añade una nueva causal, para recurrir a la justicia, por no haber conformidad con las resoluciones del Director del Trabajo, el precepto pertinente sea aprobado con quórum de ley orgánica constitucional.

Por eso concuerdo con la interpretación que hizo la Mesa.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Creo que no es la oportunidad de entrar en un debate de esa índole, y que es mejor abocarse al punto en debate, que debemos resolver lo mejor posible, en lugar de enfrascarnos en una discusión que puede tener otros alcances. Por lo demás, los precedentes se sientan por sí mismos.

Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente , estimo que, por regla general, una indicación formulada a un precepto de quórum de ley orgánica constitucional adquiere el mismo carácter, primero, por el aforismo jurídico según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y segundo, porque la indicación tiende a hacer precisamente una enmienda, sustitución o adición a una norma que tiene ese carácter.

Por consiguiente, la regla -indubitable, a mi juicio- es que las indicaciones relacionadas con disposiciones de quórum de ley orgánica constitucional tienen la misma naturaleza, porque, de otro modo, no estaríamos siguiendo las directrices de la lógica ni de la sana interpretación de la ley.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , sugiero que no resolvamos hoy día en la Sala si ello es constitucional o no lo es y que aceptemos un hecho evidente: que el informe de la Comisión -él no está cuestionado- consigna que el precepto a que nos estamos refiriendo es de carácter orgánico constitucional. Así lo planteó el señor Secretario en su oportunidad y así también se estimó en la votación de ayer.

Por lo tanto, dado que son hechos innegables, aceptémoslos; no entremos a profundizar en el debate sobre el particular, y continuemos el tratamiento del proyecto.

El señor SINCLAIR.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SINCLAIR.-

Respecto de la materia que estamos abordando, en la sesión de ayer, como no se advirtió que la norma era de quórum especial, hubo quienes no votaron por estar pareados. Si se hubiera hecho presente tal circunstancia, los pareos habrían quedado sin efecto. Esa votación, en consecuencia, adolece de defecto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Según los antecedentes de la votación respectiva, que constan en el acta de la última sesión, los pareos no habrían influido en dicha votación.

Ahora, si la Sala lo estima conveniente, se podría repetir la votación sin hacer valer los pareos.

El señor HORMAZÁBAL.-

Perdón, señor Presidente . No tendría ningún inconveniente en ello, por cuanto éste no es un tema de fondo. Hay otras materias que sí pueden ser susceptibles de discusión.

Pero lo que no se puede sostener es algo que contradice lo que todos advertimos: el señor Secretario anunció que se trataba de la votación de una norma de carácter orgánico constitucional, y el informe señala lo mismo.

Por ello, pido que no demos mayor relevancia al tema, cuyo espíritu hemos entendido todos. El asunto fue debidamente considerado por el Senado ayer, y se adoptó resolución al respecto, razón por la cual yo no daría acuerdo para revisar esa votación.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Creo que lo procedente es seguir adelante, porque el espíritu práctico nos conduce al mismo resultado.

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.-

Como Comité, no tengo interés alguno en entrabar el despacho del proyecto, pero sí quiero pedir al señor Secretario que antes de votarse haga presente, cuando proceda, que se requiere quórum especial, para que todos los señores Senadores lo sepan y se hagan sonar los timbres, por ser la única manera de concluir que la votación tiene tal carácter.

Ayer, eso no ocurrió. Nosotros no haremos cuestión al respecto, pero deseamos dejar constancia de lo dicho y de que aceptamos que esa votación de ayer era de quórum de ley orgánica constitucional, por las razones dadas por el Honorable señor Díez.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se dejará constancia de ello y se tendrá especial cuidado de advertir el carácter de las votaciones que requieran quórum especial según la Constitución.

Prosigue el estudio del proyecto.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde tratar el N° 13, que pasa a ser 15, del artículo 1° de la iniciativa.

Se han renovado varias indicaciones, la primera de las cuales lleva el número 26 y, al igual que la proposición de la Comisión, se refiere al inciso cuarto del artículo 37, con una diferencia...

El señor PÉREZ.-

Perdón, señor Presidente . Nosotros retiramos esta indicación, y pedimos que se trate una muy similar, la que lleva los números 28 y 29, también renovada, que originalmente fue presentada por los Senadores señora Feliú y señor Thayer.

-Queda retirada la indicación N° 26.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La indicación renovada signada con los números 28 y 29 lleva las firmas de los Honorables señores Mc-Intyre , Martin , Letelier , Fernández , Sinclair , Huerta , Feliú , Ríos, Alessandri , Thayer , Romero , Pérez , Otero , Jarpa , Prat , Cooper , Lagos y Cantuarias . En el fondo, tiene por objeto reemplazar, en el artículo 1°, N° 13, que pasa a ser 15, relativo al artículo 37 del Código del Trabajo, las palabras "dos" por "uno" y "deberán" por "deberá". La indicación expresa:

"Al artículo 1° N° 13, para sustituirlo por el siguiente:

"15.- Intercálase en el artículo 37, el siguiente inciso cuarto, pasando los incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente:

"No obstante, en los establecimientos a que se refiere el N° 7, del inciso primero, al menos uno de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en día domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contrate exclusivamente para trabajar los días sábados, domingos o festivos".

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , con la indicación se pretende volver a lo acordado por la Cámara en su oportunidad y al texto del mensaje originalmente presentado, para establecer obligatoriamente un domingo al mes de feriado para los trabajadores del comercio. Tal como está redactado el primer informe, se consigna que serían dos domingos al mes los feriados, con lo que los establecimientos comerciales contarían con la mitad del personal cada domingo. Y el aumento de los días compensatorios que deben otorgarse en domingo, lejos de proteger al trabajador, lo perjudica, pues el empleador debe recurrir a reemplazantes para atender esos días, que son los de mayor afluencia de público. Consecuentemente, ello afecta a las remuneraciones de esos servidores, que en su gran mayoría perciben comisiones.

Esa es la razón para solicitar que se apruebe esta indicación renovada, y volver al texto original del Ejecutivo aprobado por la Cámara de Diputados.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , la versión que el señor Ministro ha entregado al Senado se compadece con la discusión que hemos mantenido en la Comisión. Esta debatió el tema del trabajo en día domingo durante la preparación del informe. Al respecto, nuevamente hacemos referencia a que estamos hablando de un contrato y de un proyecto de ley particular, pues se refiere a las personas y a su relación con el entorno. Por eso, buscábamos de qué manera estimular un valor esencial que la Comisión unánimemente compartía: el de la vida familiar.

Hoy día está consagrado que un trabajador del comercio no tiene días domingos. Y si eso implica que dispone de un día libre en la semana para reemplazar el descanso dominical, desde el punto de vista de nuestra cultura tal modalidad niega al trabajador o trabajadora del comercio la oportunidad de compartir con su familia el día en que precisamente podría hacerlo con todos los integrantes de ella.

Vimos que este elemento cultural, que es el que tiene que plasmar la norma, era objetivamente evaluado así por todos los integrantes de la Comisión; y destacamos el hecho de que el Gobierno haya presentado esta iniciativa, y que la Cámara de Diputados la haya aprobado.

Pero hurgamos en la posibilidad de mejorar la situación. Acordamos, entonces, establecer dos domingos libres en lugar de uno al mes. Escuchamos muchas opiniones sobre el tema, y se estableció en el segundo informe otra modalidad. De los argumentos expuestos por el señor Ministro , el que me hace mayor fuerza -después de haber oído a los trabajadores referirse a la materia- es que los días seguidos de trabajo pudieran ser ocho si se mantiene la fórmula señalada en el segundo informe.

Para evaluar lo que esto significa, recordemos que el trabajador de comercio generalmente desempeña de pie su labor. Esto debiera golpear la conciencia de todos los legisladores porque vulnera una ley dictada en 1906, denominada "Ley de la Silla", la que, por lo demás, no se respeta en la mayoría de los establecimientos comerciales del país, invocándose falsas excusas sobre marketing y condiciones de venta.

Esta legislación, entonces, podía ser una agravante para quienes se desempeñan en esa actividad, y contraria al objetivo fundamental que la Comisión perseguía.

No corresponde modificar esto por el hecho de que los empresarios dicen que van a bajar las remuneraciones. Desgraciadamente, ése es un discurso empleado tan a menudo por algunos sectores empresariales, que ya resulta como el cuento del lobo: nadie lo cree. Cuando se trata de establecer beneficios para los trabajadores, siempre se argumenta así. Se olvida que ha sido la cultura capitalista dominante en muchas sociedades industriales la que descubrió la necesidad de ocuparse de las relaciones industriales. Fue esa cultura la que también estableció la necesidad de dar mejor trato al factor productivo para conseguir mejor rendimiento en las empresas.

Así es que a mí, en lo personal, no me satisface el argumento de que un beneficio de esta naturaleza podría significar menor ingreso. Tampoco me convence la estimación de que se contratará gente los fines de semana, en perjuicio de los trabajadores. Me parecería estimulante que se contratara gente joven, gente calificada, mujeres y hombres que conseguirían así un doble empleo y mejorarían sus condiciones de vida. Pero lo que sí me hace fuerza y me inclina a votar en contra del informe es que estamos frente a una proposición que obedece a buenos motivos pero que produce, a mi juicio, un efecto negativo.

Por tales razones, anuncio que voy a respaldar la indicación renovada, ya que creo que el progreso que se logre a través de la legislación es importante en la realidad de hoy. Además, me importa mucho que la legislación laboral no sólo conste en la letra, sino que pueda vivirse en la realidad.

Es todo, señor Presidente.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , como tenemos mucho tema por discutir, sólo manifestaré mi total conformidad con lo expresado por el señor Ministro del Trabajo y con la opinión del Senador señor Hormazábal . Tengo la impresión de que hay consenso para apoyar el criterio de la Cámara de Diputados, no obstante que hubo la mejor intención de llegar a una solución mejor, pero ello no se consiguió.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , no es que me haya quedado pegado en los episodios del Génesis, pero me acuerdo de la frase que dice que "el séptimo día descansó". Se refiere a Aquel que no tenía necesidad de hacerlo. Quizá lo hizo para darnos un ejemplo.

Me parece que estamos viendo nada más que el aspecto económico, y nos olvidamos totalmente de otro. Se habla mucho de la familia, de que hay que fomentarla, etcétera; pero cada vez que, por intereses económicos hay que separarla, se hace.

Los grupos familiares chilenos, en vez de juntarse los sábados y domingos para ir al campo o a la montaña y limpiar los pulmones, se van a los "Apumanque" o a los "Arauco" porque ésa es la entretención actual. Parece que, como los otros días han soportado poco smog, optan por tragar el del fin de semana.

Creo que todo esto es absurdo. Estamos dando el mayor énfasis al sentido económico. Se afirma que los sábados y domingos se vende prácticamente el doble que el resto de la semana, o que el resto del año. Veamos a costa de quién. Preguntémosle a los negocios pequeños y medianos. No soy retrógrado ni soy romántico; pero pregunto a costa de quién están vendiendo más los grandes "malls" (como se llaman hoy día), supermercados, o démosle el nombre que queramos. Es a costa de los negocios de pueblos pequeños. A las localidades rurales, a las comunas relativamente pequeñas, se les da más duro. A sus consultorios no van los médicos, ni a los de comunas rurales o pequeñas, porque allí atractivo no hay ninguno. Tienen pocos medios de comercio; los escasos negocios han ido mermando porque los vecinos salen a comprar a las grandes firmas ubicadas en las capitales de Regiones o de las principales provincias.

Hoy, con un criterio absolutamente comercial, se está haciendo un perjuicio enorme al aspecto familiar, al de recreación, que para mí siguen teniendo importancia.

Me parece absurdo, realmente absurdo, que después de haberse conseguido incorporar a la legislación mundial un sábado inglés (gran triunfo de los trabajadores), un lunes francés (otra gran conquista), ahora se esté haciendo trabajar a la gente incluso los domingos. A mi juicio, no tiene sentido.

Opino que por razones de unidad familiar, de fisiología, de sanidad mental y corporal, deben eliminarse los domingos como días laborales. Como la posibilidad de que esto suceda es remotísima, juguémonos para que por lo menos dos domingos -sólo dos al mes- las familias puedan estar unidas.

Recordemos que, además, hay muchos días festivos en el año, aparte los domingos (por lo menos doce o quince), y que aquí estamos considerando nada más que estos últimos.

Pienso que el criterio económico no puede primar a tal punto. Recuerdo que en pequeños pueblos, los dueños de negocios tenían establecimientos que parecían verdaderas arcas de Noé, donde vendían de todo. Ellos dormían encima de los mostradores y atendían permanentemente. Creo que ese tiempo ya pasó.

Se causa un perjuicio enorme a las comunas relativamente pequeñas de nuestro país con esta atracción hacia la venta, hacia el consumismo exagerado. Es cierto que se vende, pero no las cosas más esenciales. Muchas veces los negocios que abren durante todo el día domingo, que provocan gran atracción, no sólo para comprar, sino para hacer un verdadero turismo masivo, están perjudicando lo otro. ¡Uno lo ve! Desde las provincias cercanas a Santiago, o desde las comunas pequeñas que rodean las grandes capitales de Regiones, salen verdaderas romerías para ir a comprar, y ése constituye, hoy día, el paseo de la familia. ¡A mí me parece absurdo!

Por razones de fisiología, por razones de unidad de la familia, por razones del Génesis, incluso -y perdonen que recurra a eso de nuevo-, el hombre tiene derecho a descansar, y pienso que estaríamos contrariando ese legítimo derecho si se hace trabajar a las personas incluso los domingos. En todas partes del mundo se está tratando de reducir la jornada laboral. Puede suceder que los pueblos que trabajan más alcancen la mayor riqueza; pero no son los más felices. Los más competitivos son los que registran más víctimas del estrés, y los que tienen más suicidas. Si no, estudiemos las estadísticas.

He dicho.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, la verdad es que sobre esta materia hay que mirar, no sólo hacia lo que puede convenir a los empresarios o a un determinado grupo de trabajadores, sino lo que conviene a la sociedad toda.

Si se compara lo aprobado en la Comisión con lo que propone ahora la indicación renovada, se observa que aquello produce los siguientes resultados que van en perjuicio directo de los trabajadores. Con ocho días consecutivos de trabajo, con dos días domingos libres en el mes (en eso consiste la proposición de la Comisión), el total de días trabajados es de 26. Si se aprueba la indicación reiterada aquí en la Sala, los días trabajados serán 22. Es decir, los trabajadores del comercio tendrían cuatro días laborales más en el mes si prosperara la proposición aprobada en la Comisión en vez de la que se está renovando. Esto sucede si tomamos el mes de marzo. Si hacemos lo mismo con abril, ocurrirá que, con la proposición de la Comisión, los días de trabajo serían 25; y con la que se ha renovado, serían sólo 20.

Considerando solamente la diferencia en gastos de locomoción para algunos trabajadores, la proposición de la Comisión significa aumentos del 9,8, del 12 y del 10 por ciento. ¿Qué resultaría de esto? Que los trabajadores se verían absolutamente perjudicados. En consecuencia, la indicación que se renueva va en su beneficio exclusivo, ya que tendrían menos días laborales, y, por lo tanto, mucho mayor posibilidad de hacer vida familiar; al mismo tiempo, dispondrían de mayor ingreso económico al afrontar menores gastos de locomoción.

Pero también hay que considerar los intereses del resto de la ciudadanía, porque, en el fondo, el comercio es un servicio. De eso no hay duda alguna. Si uno mira las estadísticas de una de las comunas populares de la Región Metropolitana, La Florida, verá que, por ejemplo, la gente que concurre el día domingo a los centros comerciales va a comprar en un 54 por ciento de los casos. Al tomar los niveles socioeconómicos medio y bajo, se observa que el día que la gente dedica a las compras es principalmente el domingo, con un 33,3 por ciento; y, curiosamente, las cifras más altas están en los sectores medio y bajo, con un 36,9 y un 28,7 por ciento.

Si atendemos al resultado de la pregunta sobre cuál es el día en que es más fácil comprar, por razones de tiempo, veremos que las respuestas que señalan el día domingo llegan a 54,4; al 43,9; al 49,2; al 51,3, y al 47,1 por ciento por parte de hombres, mujeres, jóvenes, adultos y mayores, respectivamente. Es decir, el hecho de que el comercio funcione el día domingo, no sólo debe mirarse desde el punto de vista del empresario dueño del establecimiento comercial y del trabajador que se desempeña en él; es también indispensable considerar que la apertura del comercio los domingos beneficia a una gran masa de la población, porque es el día en que puede salir de compras y aprovechar efectivamente lo que significa la libertad de comercio para elegir mejores cosas y a precios más convenientes. Esto también es una realidad social.

En consecuencia, estamos enfrentados a mantener o no una disposición perjudicial para los trabajadores. Y no quiero hacer referencia a si las empresas ganarán más o menos dinero. Al conversar con aquellos que realmente laboran el domingo, que son los que se desempeñan en los centros comerciales, uno se da cuenta de que parte sustancial de sus ingresos lo constituyen las comisiones que perciben por trabajar los fines de semana. Y, si bien algunos se muestran partidarios de no laborar ese día, la mayoría de ellos prefiere hacerlo, por el incremento en sus ingresos.

Al legislar, nos preguntamos si debemos acometer esta tarea basados en lo que piensan, sienten y necesitan quienes resultarán afectados por una normativa, o en lo que consideramos mejor para ellos. Una encuesta personal que realicé -fui a distintos lugares a preguntar-, me permite afirmar que la mayoría de estos empleados se inclinan por mantener la situación actual, aunque sí están conformes con que uno de sus días de descanso mensual sea domingo, como lo plantea la indicación renovada.

Creo que eso es muy importante, porque de una vez por todas tenemos que destruir algunos mitos. Muchas veces pensamos estar defendiendo a los trabajadores, en circunstancias de que estamos proponiendo cosas que en la práctica los perjudican. Ahora, en cambio, resultarían favorecidos, pues se les otorgaría un domingo obligatorio en su descanso mensual -nos parece que esto es lógico, adecuado y justo, y por eso propiciamos este texto-y contarían, al mismo tiempo, con mayor número de días libres en la semana; vale decir, trabajarían menos días en el mes y percibirían igual remuneración. Además, al no aplicárseles la imposición de no laborar en ciertas ocasiones, no se afectarían sus ingresos, los que aumentarían por el ahorro en los gastos de locomoción que derivaría de desempeñarse durante menos días.

Por otro lado, señor Presidente , es preciso tomar en cuenta que, en general, la inmensa mayoría de los trabajadores del país realizan sus compras el domingo. No podemos dejar de considerar esto, porque, obviamente, si aplicáramos la idea del Génesis, según la cual el séptimo día se destinó al descanso absoluto, nadie trabajaría los domingos. Y, así, no funcionarían los hospitales, ni los servicios de asistencia pública, ni los cines...

El señor DÍAZ .-

No dije eso.

¿Me concede una interrupción, para aclarar este punto, Honorable colega?

El señor OTERO .-

Quisiera terminar mi exposición, señor Senador. No pretendo minimizar lo expresado por Su Señoría,...

El señor DÍAZ.-

No fue ése el sentido de mis palabras.

El señor OTERO .-

...sino señalar una realidad. Incluso, el domingo se juegan los partidos de fútbol, con motivo de los cuales trabajan muchos empleados. ¿Y por qué se llevan a cabo justamente ese día? Porque es el único en que la gente puede asistir a los espectáculos. Igualmente, es cuando tiene oportunidad de acudir al comercio establecido.

A mi .juicio, es indispensable examinar todas estas cosas en conjunto para entender que la indicación renovada favorece, no sólo a los dependientes, sino, también, al gran sector social que se beneficia con la posibilidad de realizar sus compras en un día determinado: el domingo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , mantengo la proposición que formulé juntamente con el Senador señor Calderón y que fue aprobada como inciso cuarto del artículo 37 en el primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que dispone taxativamente que al menos dos de los días de descanso en el mes deben necesariamente otorgarse en domingo.

Estimo que ésa es la norma que en definitiva debería acoger el Senado. Para ello, en primer lugar habría que rechazar la indicación renovada que estamos tratando, y, en segundo término, desechar la recomendación contenida en el segundo informe de la Comisión.

¿Cuál es la razón para lo anterior? Con motivo de la aprobación del precepto en el primer informe, la Comisión tomó conocimiento de algunas inquietudes sobre la materia que la impulsaron a contemplar en el segundo informe un sistema de descanso que complicó un poco la situación de los empleados que nos ocupan, como lo hicieron presente sus dirigentes nacionales y algunos representantes empresariales.

Cabe señalar que miembros de la Confederación de Trabajadores de Comercio expusieron que por el domingo no se paga en el sector con el recargo correspondiente al trabajo extraordinario, como ocurre en otras actividades. O sea, la afirmación de que los dependientes que laboran en ese día ganan más es relativa, porque sólo algunos -creo que los menos-perciben un porcentaje de las ventas; los demás, no.

Además, recordemos lo informado por la televisión y la prensa acerca de las manifestaciones efectuadas por parte de los empleados del sector cuando se habló de permitir el funcionamiento del comercio del centro de Santiago los días feriados. Ellos realizaron grandes protestas para oponerse a esa autorización. En definitiva, la idea no se concretó, porque los comerciantes también manifestaron su disconformidad.

Tocante a lo propuesto por la Comisión, pienso que el punto radica en que obliga a los dependientes a laborar hasta ocho días en forma continuada. Así se desprende del texto del segundo informe. Esto no acontece con lo aprobado en el primer informe.

Entonces, ¿cuál es el camino por seguir? Creo que si realmente queremos apuntar en la dirección correcta -para ello, apelo a la conciencia de los señores Senadores-; si en verdad deseamos privilegiar un poco el pensar en los empleados de comercio, ya que a éstos se refiere la disposición; si pretendemos atender sus legítimas peticiones, hagamos una cosa muy simple: rechacemos la indicación renovada sometida a nuestra consideración. Porque el volver al criterio de la Cámara de Diputados no es suficiente para esos trabajadores, que quieren que se agregue algo más a la norma. Y, para agregarle algo más, tendríamos que votar en contra de aquel texto, al igual que en contra del planteado en el segundo informe. Por lo demás, en la Comisión Mixta también podemos abocarnos a una redacción que verdaderamente interprete el sentir de los empleados de comercio.

A mi modo de ver, al tratar cualquier tipo de reforma laboral, tenemos que centrar el debate en lo que corresponde a la persona humana, a la familia. Y las expectativas derivadas de las señales dadas hoy por los "malls" o los supermercados de la Capital no pueden ser extendidas al resto de las ciudades del país. Ello querría decir que estaríamos actuando con un criterio netamente economicista, que por lo demás no refleja lo que en la actualidad sucede en algunas sociedades desarrolladas de Europa, donde se respeta cabalmente el descanso dominical.

Por las razones expuestas, señor Presidente , votaré en contra de la indicación renovada. Y pido a los señores Senadores interesados en legislar en favor de los trabajadores del comercio que hagan lo mismo, junto con rechazar, también, lo propuesto en el segundo informe de la Comisión de Trabajo, a fin de que se vuelva a la norma aprobada en el primer informe, que concede dos domingos de descanso en el mes a estos servidores.

La señora SOTO .-

Voto en contra, basada, igualmente, en lo expuesto por el Honorable señor Palza y, además, en el hecho de que en la Quinta Región -que represento- la mayoría de los trabajadores de comercio son mujeres y los domingos son los únicos días de que disponen para estar con sus hijos.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , desde mi punto de vista, las dos proposiciones son insuficientes. La indicación renovada lo es, porque establece un solo domingo obligatorio en el descanso mensual. Y lo es tanto, que en la segunda discusión de la Comisión se intentó buscar una fórmula para ampliar a 22 los días de descanso que anualmente deberán otorgarse en domingo, pero que presenta el inconveniente de que el empleado tendría que trabajar a veces hasta 8 días seguidos y, por tanto, los períodos laborales resultarían excesivamente largos.

Entonces, si la indicación renovada y el texto despachado por la Cámara son claramente insuficientes, al igual que el mecanismo sustitutivo que luego se elaboró por existir consenso en que un solo domingo libre al mes era poco, creo que hay que seguir intentando encontrar un sistema adecuado. La manera práctica de proceder en ese sentido es la señalada por el Senador señor Palza : rechazar en este trámite la indicación, para el efecto de que este punto se someta al pronunciamiento de una Comisión Mixta y se continúe explorando con miras a una fórmula más conveniente. Me parece que esto es lo más racional.

Por tal razón, voto que no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , seré muy breve, porque ya se han dado bastantes argumentos en pro y en contra de la situación que se considera.

Aquí se ha reiterado el derecho de las personas que trabajan en el comercio para estar con su familia el día domingo. Esto es una realidad. Pero también es cierto que en nuestra vida, y en la de muchos otros países, las actividades no cesan de manera absoluta los domingos. Para respetar el derecho irrestricto de todas las personas a estar ese día con la familia, habría que prescindir de los cines, teatros, parques infantiles, recintos de entretenciones, en fin, de innumerables lugares donde se labora en forma continua toda la semana y en los cuales ocurre lo mismo que en el comercio: que la actividad dominical en esas precisas funciones se transforma en una diversión o es compartida por toda la familia.

Se ha hablado también de que las familias pudieran ir al campo, por ejemplo. No obstante, para eso se necesitan recursos, vehículo o condiciones que, lamentablemente, no están al alcance de todos los chilenos.

A todos nos consta que el ir de compras el día domingo se transforma en un esparcimiento más para el grupo familiar. Pero también, señor Presidente , en la posibilidad de que las innumerables mujeres que trabajan en el país realicen sus compras, porque no tienen otro día libre en la semana para hacerlo.

Por eso, al analizar normas como la que estamos debatiendo, no debemos mirar el asunto desde un solo prisma, sino desde el punto de vista del interés general de la productividad, juntamente con el de las personas que trabajan en estas actividades.

Por eso, señor Presidente, voto favorablemente la indicación.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , me pronuncio a favor, en el bien entendido de que el domingo se paga en forma distinta, como se hace en el campo, en que el hecho de que ya sea considerado en la semana corrida importa, si se trabaja en esa ocasión, remunerar un segundo día adicional. Pienso que la idea es la de proporcionar la posibilidad de obtener un ingreso mayor.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voto favorablemente la indicación, porque implica un mejoramiento respecto de la situación actual, el que se estudió como posible. Y prefiero una cosa posible, que mejore lo actual, en lugar de entusiasmarme con soluciones utópicas o cuyos inconvenientes se descubran después.

-Se aprueba la indicación renovada (21 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 3 pareos).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión la indicación signada como 28 y 29.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Senador señor Pérez.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra .el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , creo que el artículo que discute el Honorable Senado plantea la necesidad de buscar una respuesta eficaz a un problema que, inevitablemente, tiene aspectos u objetivos disímiles que es necesario conciliar.

Por una parte está el tema de la apertura dominical del comercio, que es algo que se ha venido desarrollando en el país. Sin embargo, el hecho de que abra en domingo y que los trabajadores laboren ese día plantea el desafío de cómo compatibilizar eso con una finalidad que se desea cautelar, cual es el descanso dominical, para que el trabajador pueda estar con su familia en el hogar.

Por otro lado, la legislación vigente permite distribuir la jornada laboral de forma tal que el trabajador no tenga ningún día de asueto en domingo, sino siempre uno en día de semana.

El propósito del proyecto original era precisamente resguardar mejor el feriado dominical, pero hacerlo compatible con otras circunstancias, desde el punto de vista laboral, como el hecho de que en días sábados y domingos se vende aproximadamente la mitad de lo que se enajena en el año, tratándose de establecimientos comerciales que abren esos días. Y debemos tener presente que muchos trabajadores son vendedores comisionistas, por lo que el domingo es un día importante en lo que a remuneraciones se refiere.

La pregunta es cómo conciliar las distintas metas. La iniciativa original proponía establecer la exigencia de que al menos en una semana de cada mes el descanso recayera en día domingo, lo que se traduce en la necesidad de reorganizar los turnos en aquellos establecimientos que no abren ese día, y supone, por cierto, dado el hecho de que el comercio vende principalmente los sábados y domingos, la sustitución de parte de sus trabajadores en estos últimos días, para permitir que al menos un domingo de cada mes corresponda al asueto semanal.

Así fue como el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados primero, y al Senado después. En la Comisión de Trabajo de esta Corporación hubo un largo debate para ver qué innovaciones convenía introducir a la norma en análisis, en el que participamos activamente. En algún momento concluimos que, desde el punto de vista de la iniciativa original, podía constituir una mejora el hecho de modificar la norma estableciendo que haya un domingo de descanso al mes y otros diez distribuidos a lo largo del año en forma variable, lo que totalizaría 22 domingos.

Por lo tanto, pasamos de una iniciativa según la cual es necesario que un domingo al mes corresponda a descanso semanal, a otra que dispone que deben darse por lo menos 22 domingos de descanso en el año, 12 de los cuales se distribuyen uno por mes, y los 10 restantes, en el curso del año.

Para hacer eso posible, y dado que los establecimientos que distribuyen su jornada en seis días tienen efectivamente un problema en la distribución de turnos, en el Senado se agregó una cláusula que dispone que se podrá trabajar en forma continuada hasta ocho días, con el fin de acomodar el sistema de turnos.

En la actualidad, la ley permite trabajar sólo seis días consecutivos, y lo mismo consigna el proyecto despachado por la Cámara de Diputados y que ingresó a esta Corporación. Sin embargo, para ordenar los domingos adicionales, se incorporó la posibilidad de trabajar hasta ocho días sucesivos.

Luego de evaluar el efecto conseguido con los domingos adicionales; la restricción impuesta de laborar ocho días seguidos, más las posibles consecuencias que ello tendría sobre los ingresos de los trabajadores, por ser los domingos días de venta particularmente alta, varios de quienes participamos en la discusión concluimos que el texto despachado por la Cámara protegía más adecuadamente los derechos laborales que el que habíamos logrado construir durante estos meses en la Comisión de Trabajo de esta Corporación. Incluso, al final trató dé buscarse la unanimidad para revisar la norma, lo que no fue posible, razón por la cual el proyecto se presenta en los términos que la Sala conoce.

Tenemos el convencimiento de que la versión evacuada por la Cámara Baja, que plantea la necesidad de disponer de un domingo de descanso al mes, y mantiene el hecho de que no se puede trabajar más de seis días seguidos, constituye un paso significativo de incorporación del descanso dominical, y protege en mejor forma, a nuestro juicio, los derechos laborales que deseamos cautelar.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor DÍAZ.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega? Es para hacer una aclaración brevísima, nada más.

El señor PALZA.-

Si la Mesa lo tiene a bien, con todo gusto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra exageró al decir que destinar el séptimo día al descanso implicaría cerrar hasta los hospitales. Soy médico, y en esta calidad trabajé mucho tiempo en servicios de urgencia y haciendo turnos los días sábado y domingo, en Pascua, etcétera.

La observación del Honorable colega no corresponde al sentido de lo que expresé.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Senador señor Palza.

La señora SOTO.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

La había solicitado antes el Honorable señor Jarpa.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, como se ha alargado demasiado el debate de esta disposición y se han escuchado todos los antecedentes del caso, renuncio a hacer uso de la palabra y pido votar de inmediato.

El señor VODANOVIC.-

Sí, votemos.

La señora SOTO.-

Conforme.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

No hay más señores Senadores inscritos.

Cerrado el debate.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Se votará la indicación renovada que incide en el número 13 del artículo 1° del primer informe y que consiste en sustituirlo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En votación.

-(Durante la votación).

El señor VODANOVIC.-

Voto negativamente, fundado en las mismas razones expresadas por el Senador señor Palza.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Lo propuesto en esta materia por la Comisión consta de dos partes. Con la primera, signada con la letra a), se vinculaba la indicación renovada que la Sala acaba de aprobar. La segunda, también atinente al artículo 37, se encuentra contenida en una letra b), que dice:

"En el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, reemplázase la frase "el inciso anterior" por la oración "los dos incisos precedentes".

Constituye una concordancia originada en la intercalación del inciso nuevo. Como el que se halla vigente comienza expresando: "Cuando se acumule más de un día de descanso en la semana, por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior,", la Comisión sugiere reemplazar esta última referencia por los vocablos "Los dos incisos precedentes".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se trata de mejorar la redacción de la norma, y creo que no habría inconveniente en aprobar la proposición de la Comisión.

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Se aprueba.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Con relación al número 15 del artículo que pasa a ser número 17, la Comisión, en cuanto al inciso primero del artículo 44 propuesto, recomienda intercalar la palabra "diarias" entre las expresiones "remuneraciones" y "devengadas".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , como fui quien formuló la indicación correspondiente, y su contenido ha motivado cierta preocupación en algunos sectores laborales, e incluso, resistencia, quiero ser muy claro en manifestar el objetivo que se persigue.

Según quedó establecido en la Comisión y lo reiteró el señor Ministro , en nombre del Gobierno, el acuerdo a que llegó la Cámara de Diputados respecto de la modificación de la semana corrida no implica otra innovación que la de aplicar la base de pago constituida por las remuneraciones diarias que se obtengan, como promedio, en ese período al caso de los trabajadores que perciben un sueldo fijo y una remuneración diaria variable -esto es, aparte el sistema de calcular el promedio cuando sólo hay remuneración variable-, respecto de los cuales en la actualidad se considera el sueldo fijo. En eso se innovó.

Pero ocurre que en la redacción quedó una situación confusa. ¿Por qué razón? Porque siempre, desde su inicio, el beneficio de la semana corrida se otorgó en relación con las remuneraciones diarias. Primero se contempló para los obreros (cuando en nuestro régimen laboral había distinción entre éstos y los empleados), que eran remunerados por día, de modo que se excluía el domingo -no así en la situación de los empleados, a los que normalmente se les pagaba por mensualidades-, y a quienes, si faltaban un día al trabajo, era costumbre descontarles la proporción correspondiente.

Todo eso fue conduciendo, una vez que se eliminó la diferencia entre empleados y obreros, a la aplicación del principio de la semana corrida con carácter general para todos los trabajadores. Pero seguía subsistiendo el problema de que las personas remuneradas por día-porque habían sido primitivamente obreros- perdían el beneficio por las distintas circunstancias contempladas en el artículo 44 del Código del Trabajo.

En la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo que implica un avance concreto.

No es todo lo que se desea, porque la legislación laboral nunca termina de modificarse o de perfeccionarse -como el ser humano tampoco acaba nunca de ser perfecto o, a veces, más imperfecto, y un país, de ser más feliz-, pero la modificación que se pretende introducir representa claramente una doble ventaja. Primero, se elimina la limitación de los atrasos causante de la pérdida del beneficio de la semana corrida, la que perjudica, en forma discriminatoria, a quienes perciben una remuneración por día, en comparación con los trabajadores que reciben su ingreso una vez al mes. Segundo, se introduce la corrección de que la base para calcular el pago del séptimo día es el promedio de lo ganado durante la semana laboral, sea que se trabaje por una pura remuneración variable o por ésta y un sueldo fijo. Esta remuneración variable, que permite determinar el promedio aludido, es una remuneración diaria.

En la Comisión no quise aceptar -y asumo la responsabilidad de hacerlo presente aquí, en esta Sala- que legislemos dejando cosas ocultas o subentendidos equivocados. Si la decisión es otorgar un beneficio nuevo y distinto de lo convenido en la Cámara de Diputados -vale decir, establecer que el promedio para determinar el pago del séptimo día, en la semana corrida, será de ahora en adelante, no el de la remuneración diaria, sino el de ésta y el porcentaje de las remuneraciones mensuales o anuales que se estime del caso-, ¡digámoslo! Y legislemos así. Pero consagrar un engaño, en el sentido de que algunos crean que se aprobó una cosa y otros piensen que fue otra, es algo que no puedo aceptar.

Tengo muchos años de experiencia y de actividad en el campo laboral, y uno de los sectores que me han hecho presente su preocupación -al cual mucho respeto y aprecio, porque me honro en haber sido su asesor por largo tiempo- es el de los trabajadores del cobre. Al parecer, a ellos les interesa que se modifique la norma en términos de que el promedio conforme al cual se pague la semana corrida sea sobre la base de una remuneración diaria y, además, de una remuneración que no sea diaria. Pero acontece que eso no es lo acordado.

Señor Presidente , mi indicación sólo tiene por objeto hacer constar en forma clara lo que se acordó en la Cámara de Diputados, y por eso la apoyo.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , quiero que se precise lo que votaremos, porque las últimas palabras del Senador señor Thayer no me aclaran el problema. Personalmente, soy partidario de no colocar la palabra "diarias". De modo que me gustaría que la Secretaría explicara bien el punto.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La proposición de la Comisión incide en el número 15 del artículo 1° del primer informe, señor Senador , y se traduce en que el inciso primero del artículo 44 del Código diría lo siguiente:

"El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana.".

Los incisos siguientes no han sido afectados.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Se trata de intercalar, entre los vocablos "remuneraciones" y "devengadas", la palabra "diarias".

El señor PALZA.-

Señor Presidente , el Senador que habla comparte el criterio adoptado por la Cámara de Diputados, en cuanto a no incluir ese término.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , quiero pedir al señor Ministro que nos explique si el problema se generó en el mensaje o en la discusión de la iniciativa. Porque, de acuerdo a la información que me proporcionaron varios señores Diputados, la interpretación del punto número 8 del acuerdo a que se llegó en esa Corporación sería contradictoria con la incorporación de esa palabra. Si fuera así, yo, por lo menos, votaría en contra.

Deseo saber, entonces, cuál es la situación que se planteó y si se ha incurrido en una omisión en la transcripción del proyecto que llegó al Senado o en el mensaje, para tener una visión más nítida sobre el particular.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , más que calificar exactamente el alcance que cada uno de los señores Diputados puede haber dado a su votación, quiero dejar en claro la voluntad que refleja el mensaje-texto que sirvió de base durante la discusión en la Cámara-, porque sí conozco la intención con que se expuso la idea de introducir la innovación.

Este artículo en particular busca eliminar dos discriminaciones muy precisas. En primer lugar, cabe tener presente que el empleado -aunque sabemos que hoy día ésta no es la calificación adecuada- pagado por mes, cuando tiene un atraso de 2 horas en la semana o de 4 horas en el mes, pierde remuneración en proporción a las 2 ó a las 4 horas. Pero el trabajador pagado exclusivamente por día, si tiene un atraso de 2 horas por semana, no pierde el equivalente a 2 horas por semana, sino la semana corrida, o sea, el día domingo íntegro. Por tanto, hay un descuento sobreproporcional para el trabajador remunerado por día con relación al pagado por mes.

Ese es el primer elemento, que surgió en la discusión en la Cámara de Diputados, y persigue corregir discriminaciones.

El segundo elemento tiene que ver con el punto que aquí se ha estado analizando.

¿Qué dice hoy la ley? Dispone que si el trabajador recibe una remuneración diaria exclusivamente variable -digamos, es pagado exclusivamente por trato-, el séptimo día se calcula como el promedio de esa remuneración diaria variable. Si tiene sólo remuneración diaria fija, el séptimo día se le paga como el promedio de la remuneración diaria fija. Si percibe una remuneración diaria fija en conjunto con un trato (o sea, tiene ambos aspectos: lo fijo y lo variable), el séptimo día debe pagársele únicamente de acuerdo con la remuneración diaria fija.

El mensaje del Ejecutivo buscaba corregir esta discriminación de forma tal que, habiendo combinación de lo fijo con lo variable diario, se calculara el promedio de ambos aspectos. Ese fue el sentido del mensaje; y así quedó expresado en él, pues señala que ello persigue corregir la discriminación existente entre esas tres formas de pago: fijo diario, variable diario o una combinación de ambos. La redacción del texto quedó ambigua en cuanto a si se refería o no a lo diario.

Por honestidad con el mensaje, debo decir que, cuando el Honorable señor Thayer planteó incorporar la variable diaria para explicitar que el objetivo era corregir la asimetría existente entre lo fijo diario, lo variable diario y lo que combina ambos elementos, consideramos que la indicación presentada sobre el particular era consistente con la proposición original del Gobierno.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Creo que el punto ha quedado aclarado. De manera que, si ningún otro señor Senador desea intervenir, procederemos a votar.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , me gustaría hacer una pregunta al señor Ministro .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI .-

Señor Ministro , quiero saber cuál es el efecto práctico de que no quede en el texto la palabra "diarias".

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , el efecto práctico, en tanto existan pagos no estimados variables diarios -son variables, pero no diarios; por ejemplo, los bonos de otra naturaleza, que no son pagos diarios-, es que ellos quedarían incorporados a la remuneración. O sea, por un lado se estaría legislando para corregir una discriminación, y por el otro, con el fin de cambiar la forma de cálculo de las remuneraciones, para incluir, no sólo lo diario, sino también otro tipo de remuneraciones adicionales. Como señalé, inicialmente el mensaje del Ejecutivo perseguía corregir la discriminación existente respecto de quienes reciben remuneraciones en ambas formas.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , para completar la consulta formulada por el Senador señor Gazmuri , quiero agregar que, si se pretendiera establecer el beneficio de incluir, para los efectos del pago del séptimo día, un nuevo tipo de remuneración (la remuneración variable no diaria), la iniciativa correspondería exclusivamente al Ejecutivo .

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Aclarado el concepto...

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , para no caer en equívocos, quiero señalar que existe una salvedad. Personalmente, de acuerdo con el tenor del texto y sobre la base de comunicaciones que he recibido de dirigentes gremiales, creo que la norma, tal como está, debe ser rechazada, porque llevaría a una situación de extrema dureza. Para graficar esto, basta sólo un ejemplo: va a ser totalmente lesiva para los trabajadores de la construcción.

Por eso, invito a los señores Senadores a rechazar la disposición.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , la explicación del señor Ministro me parece meridianamente clara, y conforme a lo expuesto, uno tendería a votar favorablemente. Pero aquí se ha señalado que la disposición podría ser negativa. De manera que pido que se explicite un poco más por qué ella podría incidir de un modo tan lesivo, caso en el cual no sería indiferente cómo votáramos.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , hemos escuchado la explicación del señor Ministro al tenor de lo que el Gobierno envió primitivamente. En ese sentido, quiero referirme a dos situaciones. Primero, al compromiso contraído en la Cámara de Diputados sobre esta materia, que es muy explícito y se halla, además, documentado por dirigentes gremiales responsables. Y, en segundo lugar, creo que la norma, tal como está redactada, afecta fundamentalmente a la semana corrida, sobre todo si consideramos la definición que sobre ella existe en el país.

Cabe señalar que los empresarios del sector han pedido aprobar la norma, porque introduce un elemento que afecta esencialmente a los trabajadores de la construcción, pues en algunos sectores existe la lamentable impresión de que, por ejemplo, no llegan a laborar el día lunes.

Si aprobamos el precepto, estaremos condenando al trabajador a que sólo se le cancelen 4 ó 5 días a la semana, lo que, a mi juicio, constituye un atentado brutal.

En consecuencia, al menos desde mi punto de vista -Sus Señorías han escuchado otras opiniones-, tenemos que rechazar el precepto.

El señor JARPA.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , aquí se han dado distintas versiones, y me preocupa mucho la de que se pretenda pagar a los trabajadores 4 ó 5 días a la semana.

Me gustaría que el señor Ministro aclarara este punto, porque, obviamente, no podríamos aprobar disposiciones tan contradictorias en sus efectos.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , como dije, existen dos aspectos en discusión. Uno tiene que ver con los requisitos para el pago del séptimo día, y el otro, con la forma de cálculo de la remuneración del séptimo día.

Respecto de lo último, señalé cuál fue el planteamiento del mensaje: que no exista discriminación entre los trabajadores pagados de acuerdo sólo con lo fijo diario, con lo variable diario o con una combinación de ambos aspectos.

El problema que se produce dice relación a la pérdida del día domingo. Según la legislación vigente, si un trabajador es pagado por mes y no labora 2 horas dentro de una jornada semanal de 48, pierde esas 2 horas. Pero si es remunerado por día y llega atrasado esas mismas 2 horas semanales, pierde el domingo entero. Eso, obviamente, es discriminatorio: en ambos casos el atraso fue de 2 horas; pero en uno se descuentan 2 horas, y en el otro, un día entero.

El precepto en debate corrige esa situación, derogando la oración que dice: "Perderá el derecho si registra atrasos que excedan de dos horas en la semana o de cuatro horas en el mes calendario.". Por ende, uniforma el descuento por atrasos para los trabajadores pagados por día y para los remunerados por mes.

El señor NÚÑEZ.-

¿Me permite formular una pregunta al señor Ministro , señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacerlo, señor Senador.

El señor NÚÑEZ.-

Creo que el asunto es interesante. Aquí se ha dado una situación bastante paradójica. Porque en esta materia hubo unanimidad en la Cámara de Diputados, producto de un acuerdo logrado entre todas las bancadas de esa rama legislativa; y aquí, al parecer, se estaría señalando que ello obedecería a una suerte de error de redacción. Pero, conforme a lo expuesto, el problema no sería de esa naturaleza, sino bastante más de fondo.

Entonces, quiero preguntar al señor Ministro en qué medida la norma afecta a determinados sectores de trabajadores, y concretamente a los de la construcción y a los del cobre. Al menos a quienes hemos sido requeridos -legítimamente, sin duda- por los trabajadores nos parece importante saberlo, pues el precepto, en la forma como sería aprobado por el Senado, los estaría afectando negativamente.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

En cuanto a ese punto, quiero señalar lo siguiente.

El proyecto elimina una discriminación (quiero ser muy preciso sobre el particular; y así entendemos tanto el precepto que se envió con el mensaje como el que está en debate ahora) al mejorar el pago del séptimo día al trabajador que tiene una combinación entre sueldo fijo diario y sueldo variable diario. Tal es el propósito del mensaje y ése es el mejoramiento que se introduce en el proyecto.

Ahora bien, si elimináramos la palabra "diarias" e incorporáramos para el cálculo del séptimo día otras remuneraciones no diarias, estaríamos sumando, a la mejora que significa la iniciativa, una modificación en la fórmula de pago para un conjunto amplio de trabajadores. Lo que hace el proyecto es corregir tal discriminación. Y si se entiende que se está alterando la fórmula de cálculo, entonces estamos introduciendo una enmienda de naturaleza diferente de la planteada por el mensaje.

Ese es el único propósito que persigue el proyecto, y él se alcanzaría con la modificación en comento. Por eso, si se elimina la palabra "diarias", ello se traducirá para muchos trabajadores que tienen contratos colectivos en un mejoramiento general de remuneraciones, pues se considerarán bonos que no son diarios.

De ahí que la posibilidad de incluir esa modificación haya sido percibida positivamente. Pero quiero reiterar que la intención del texto original -ése fue el alcance que tuvo, y así se establece en el mensaje- fue corregir la discriminación que afecta a los trabajadores pagados con una combinación de sueldo fijo diario y sueldo variable diario por la vía de considerar ambos aspectos.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¿Queda aclarada la norma con la explicación dada?

Cerrado el debate.

En votación la proposición hecha por la Comisión respecto del número 15, que pasa a ser 17, del artículo 1°.

-(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , rechazo la sugerencia para el solo efecto de que en la Comisión Mixta pueda aclararse con mayor precisión el alcance de la norma.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, cuando analizamos esta materia en la Comisión, lo hicimos dos veces, ante requerimientos de los trabajadores del cobre.

Previo a votar, nuestra representación parlamentaria formuló una pregunta muy clara al señor Ministro del Trabajo , quien nos contestó -con la misma precisión con que lo ha hecho en esta oportunidad- que el error de no incluir en el texto la palabra "diarias" implicaba un aumento de remuneraciones no pensado ni deseado y que podía afectar seriamente a la industria del cobre. Explicó que la intención de la norma no era ésa, sino, precisamente, subsanar una desigualdad existente en materia de semana corrida, respecto de las distintas formas de calcular la remuneración. Y votamos favorablemente la inclusión del término "diarias" porque, como señaló el señor Ministro , ésa era exactamente la intención de Su Excelencia el Presidente de la República .

Por eso, y por tratarse de una materia de la iniciativa exclusiva del Jefe del Estado , voto afirmativamente.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, la ley se presume conocida por todos. Sin embargo, como en algunos casos resulta muy difícil conocer el alcance de las disposiciones, es necesario recurrir constantemente a juristas para que las interpreten.

La proposición que estamos votando es bastante clara. Y si algunos Honorables colegas desean otorgar un mejoramiento de remuneraciones a trabajadores de ciertos sectores, bien pueden solicitar al Presidente de la República que, en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución Política, lo incorpore por la vía correspondiente. Pero no legislemos sobre la base de que los preceptos de una ley puedan interpretarse de distintas maneras, porque de lo contrario será imposible que todos los conozcan.

Voto a favor.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voy a fundamentar brevemente mi voto.

Quiero insistir en que el beneficio de que trata el artículo 44 vigente se refiere en forma exclusiva a la remuneración diaria, como lo ha explicado claramente el señor Ministro del Trabajo . Por tanto, cualquier modificación que implicara extenderlo a otro tipo de bonificación, por muy justa y laudable que fuera -y (por qué no decirlo) desearía que se dieran nuevos mejoramientos a sectores laborales con los que me siento afectivamente muy ligado y agradecido-, tendría que ser de iniciativa del Ejecutivo. El Parlamento carece de atribuciones al respecto, sea por la vía de legislar premeditadamente en forma ambigua, sea por la de hacerlo de modo directo, pues se lo impide expresamente el artículo 62, inciso cuarto, N° 4°, de la Carta Fundamental, que señala que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado o alterar las bases que sirvan para determinar sus demás beneficios económicos.

Por consiguiente, lo que algunos sectores gremiales o sindicales nos están pidiendo es un imposible jurídico y un imposible moral. No podemos aprobar premeditadamente una norma para que quede confusa. Tampoco podríamos aclarar un precepto con el propósito de otorgar algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder.

Por eso, voto favorablemente.

-Se aprueba la sugerencia de la Comisión (19 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 4 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, la Comisión propone considerar, entre los N°s. 16 y 17 -que pasan a ser 18 y 20, respectivamente-, un N° 19, nuevo, del siguiente tenor:

"19.- Sustitúyese la frase final del artículo 48 por las que se señalan a continuación:

"Asimismo, deberá otorgar certificaciones en igual sentido a los empleadores, sindicatos de trabajadores o delegados del personal cuando ellos lo requieran, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde el momento en que el empleador haya entregado todos los antecedentes necesarios y suficientes para la determinación de la utilidad conforme al artículo precedente.".".

Esta proposición fue aprobada en la Comisión por 3 votos a favor y 2 abstenciones, salvo lo tocante a la agregación de los delegados del personal, que fue acogido unánimemente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor THAYER.-