Reforma el Código de Aguas

Boletín N° 7543-12

1. PROBLEMAS DE EQUIDAD EN EL ACCESO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL QUE ENFRENTA LA GESTIÓN DEL AGUA EN CHILE

La gestión del agua no debe restringirse a su condición de bien económico e insumo productivo, sino ser protegida y administrada como un bien esencial para la sobrevivencia humana, de las demás especies y de los ecosistemas; además de un bien intangible para la cultura, la calidad de vida y el desarrollo social.

La gestión social y ambientalmente sustentable del agua requiere una mirada integral de este recurso natural como parte del espacio ambiental en que se desarrollan la sociedad humana y los ecosistemas. Esto constituye la base para las políticas públicas de asignación, utilización y gestión sustentable del agua en el tiempo.

Chile presenta diversos y complejos desafíos relacionados con el agua debido a su diversidad geográfica y climática. En la zona norte los recursos hídricos subterráneos y superficiales son bienes escasos, y presentan desafíos de distribución y administración distintos de los que caracterizan a las fuentes de agua en centro y sur del país. Lo mismo ocurre entre la disponibilidad de agua y las actividades productivas; dado que sin perjuicio del uso porcentual mayoritario del agua con fines agrícolas, actividades como la minería son cada vez más relevantes en las zonas áridas y semi áridas del país. Lo mismo ocurre con el desarrollo energético en la zona austral, donde existe gran demanda en cantidad para la generación eléctrica, en conflicto con otros usos del agua.

A esta variabilidad climática y pluviométrica que influye en la disponibilidad hídrica en Chile, se suma el problema de la recarga y comportamiento de los acuíferos frente a las actuales condiciones de explotación. Todo ello además ocurre en el contexto de un sistema normativo general seriamente limitado para responder a estas realidades.

Simultáneamente, las políticas de gestión territorial y de recursos naturales en el país, al estar centradas en el fomento productivo y la lógica de mercado, resultan disfuncionales a la protección, uso racional y distribución equitativa de los recursos hídricos. Lo cual es difícil de abordar dado las limitadas facultades de la Administración del Estado, propiciar la planificación y control efectivo de la explotación del agua y resguardar sus funciones sociales, económicas y ambientales.

Algunas consecuencias producto de este contexto político y normativo son:

• El incremento de conflictos por el agua

• Problemas de acceso y abastecimiento

• Escasez hídrica y la extracción ilegal

• Sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas

• Concentración de propiedad de derechos de aprovechamiento

• Desarrollo local y abastecimiento primario sin seguridad jurídica

• Degradación ambiental de salares, humedales y cuencas hidrográficas

• Condiciones de mercado erráticas y muy disímiles en el territorio

• Información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos

2. PROPUESTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES INGRESADAS ENTRE 1992 Y 2009 AL CONGRESO NACIONAL.

Desde el año 1992 a la fecha, senadores y diputados de diversos sectores políticos y también el ejecutivo durante los gobiernos de Aylwin y Bachelet, presentaron iniciativas legales con el objeto de mejorar el Código de Aguas en lo relativo al dominio del agua, al acceso a este bien, a la protección ambiental y a las atribuciones del Estado para la gestión de las aguas. Las más relevantes se detallan a continuación:

2.1- “Modificación del artículo 19, N° 24 de la Constitución Política, en lo relativo al régimen jurídico de propiedad de las aguas” presentado el 7 de abril de 1992, por los diputados Mario Acuña y Rubén Gajardo (boletín 652-07).

La iniciativa sugiere modificar el Código de Aguas, consultando un nuevo Titulo, al final del Libro I, distinguiendo un régimen especial para zonas desérticas, pudiendo afectar el aprovechamiento de las aguas a los fines para los cuales se obtuvo el correspondiente derecho, de manera que una vez agotada la actividad favorecida, el agua se reincorpore al dominio público y permanezca disponible para el caso que en su oportunidad la autoridad determine en conformidad a la legislación vigente.

Para lo anterior se requiere previamente, de una reforma a la Constitución Política del Estado, en el sentido de exceptuar la propiedad de los derechos de los particulares sobre las aguas, al régimen que establezca la ley para el aprovechamiento de las aguas situadas al norte del Río Salado, ubicado en la Tercera Región.

2.2.- “Reforma relativa a la caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas” ingresada el 9 de febrero de 1996, por los senadores Mariano Ruiz-Esquide, Andrés Zaldívar, Carmen Frei, Sergio Páez y Manuel Antonio Matta (Boletín 1779-07).

La norma propuesta expresa la necesidad de corregir la constitución de derechos de aprovechamiento, ya que la norma a esa fecha permitía la no utilización del recurso y la especulación de derechos de agua, apareciendo de manifiesto la distinción entre derecho de dominio o propiedad y derecho de aprovechamiento de aguas, teniendo este último por objeto un bien incorporal que excluye dentro de sus facultades la de disposición, inherente al dominio.

Para ello propone reformar el Código de Aguas, estableciendo un plazo límite de tres años de no uso continuo, o facultad para definirlo a través de una concesión, todo lo anterior sujeto además a la conservación de los fines productivos respecto del derecho a aprovechar el recurso así concedido.

La propuesta de esta reforma establece facultades para que la Dirección General de Aguas pueda resolver la caducidad de los derechos de aprovechamiento de acuerdo a las condiciones antes descritas y prorrogar plazos si los proyectos así lo ameritan, sin perjuicio de las instancias habituales de reconsideración establecidas en la propia ley.

2.3.- “Proyecto de Reforma Constitucional sobre dominio público de las aguas” presentado el 30 de septiembre de 2008, por los senadores Nelson Ávila, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide (Boletín 6124-09). El proyecto desarrolla un análisis preliminar del contexto que motiva la reforma, basado en:

a) La situación ambiental en Chile: su análisis destaca la contaminación del recurso hídrico y de las cuencas, así como la contaminación de las aguas de mar. Asimismo, da cuenta de la situación de las aguas subterráneas (I y II Región, referencia a Parque Nacional Lauca), señalándo las fuentes de contaminación. Finalmente, hace mención a las deficiencias del sistema normativo e institucional, considerando que los derechos de aprovechamiento son entregados sin justificar los caudales pedidos, en forma gratuita y a perpetuidad, y sin obligación de darles destino productivo.

b) Los derechos de agua en Chile: Analiza el marco legal referido a las aguas desde el Código Civil de 1855 hasta el Código de Aguas de 1981, con acento en la caracterización del derecho de propiedad que se constituye sobre el agua y hace referencia a la definición de un “derecho real”; haciendo presente la anomalía jurídica de otorgar a una declaración de voluntad unilateral del Estado sobre un bien nacional de uso público, el carácter de derecho real con los mismos atributos del dominio.

Asimismo, se refiere a la distinción entre derechos consuntivos y no consuntivos; destacando las consecuencias jurídicas y prácticas respecto de la utilización de los recursos hídricos por parte de sus titulares, ya que los derechos no consuntivos fueron pensados y creados casi exclusivamente para generación hidroeléctrica.

Por otra parte, analiza la separación de los derechos de aprovechamiento de las aguas del dominio de los predios superficiales donde ellas se desplazan o escurren, eliminando la antigua categoría de cosas accesorias a un inmueble o de inmuebles por destinación; haciendo notar el carácter de un bien comerciable autónomo e independiente por sobre el uso para un fin productivo y su desvinculación de los tenedores, usuarios o propietarios de la tierra.

Destaca la inconveniencia de la prescindencia actual de la priorización de los usos del agua, y el problema de la especulación y el acaparamiento, junto al escaso efecto de la incorporación de la patente a través de la ley N° 20.017 de 2005.

Cataloga como débil y tardío el efecto de las consideraciones ambientales también incorporadas por la ley 20.017, reducidas a una definición semántica de responsabilidad a la autoridad competente y caudal ecológico mínimo, así como discretas las facultades relativas de la Dirección General de Aguas al respecto.

c) Protección jurídico-ambiental de las aguas en Chile: Define la legislación chilena y las normas relativas a la protección de las aguas como escasa, dispersa y difusa, sin un real efecto sobre las fuentes.

d) Creación de un régimen constitucional sobre las aguas: Menciona la necesidad de dar rango constitucional al dominio público sobre las aguas, restableciendo la propiedad del Estado sobre las aguas de la nación; recomienda que se declaren de utilidad pública, para efectos de expropiación, a todas las aguas y derechos constituidos o reconocidos sobre ellas, de tal modo que sin desconocer los derechos preexistente se establezca claramente la prioridad del Estado para disponer de ellos. Finalmente, propone consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar de modo sostenible las aguas en manos de quien estén, condición y presupuesto fundamental para ejercer derechos de uso o goce sobre ellas. Finalmente, propone mandatar a la ley para que establezca un orden de prelación del uso y destino de las aguas, así como todo lo concerniente a los derechos sobre ellas, regulado en el Código de Aguas.

2.4.- Proyecto que “Introduce modificaciones al Código de Aguas” ingresado el 19 de noviembre de 2008, por los diputados Marcelo Díaz, Marco Espinoza, Antonio Leal, Adriana Muñoz y José Miguel Ortiz (Boletín 6208-09)

El fundamento de esta propuesta de modificación del Código de Aguas se basa en El análisis de la legislación vigente, y propone corregir la titularidad de las aguas y rescatar su eminente calidad de bien nacional de uso público asegurando el acceso equitativo. Propone la exigencia del uso efectivo de las aguas en un plazo no mayor a tres años, la fundamentación y presentación de un proyecto de uso y la declaración, por ley general, de utilidad pública, para efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido, y respecto de los cuales no se ha dado uso por más de tres años. Precisa que si bien la Constitución establece que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización, éste derecho se refiere al daño patrimonial efectivamente causado; el cual, en el caso no existe pues no ha habido disposición patrimonial, pues no se ha efectuado pago por adquirir el derecho de agua.

Propone además otorgar carácter de permanente a los artículos 4°, 5° y 6° Transitorios, del Código de Aguas, sin perjuicio de que pueda aplicarse la facultad de denegar las peticiones en virtud de la disponibilidad de las fuentes.

2.5.- Proyecto que “Modifica el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público” presentado el 16 de diciembre de 2008, por los diputados René Aedo y Francisco Chahuán (6268-07).

Fundamenta la reforma mediante un análisis de la legislación actual y particularmente en base a la función social de la propiedad. Indica que los derechos de aprovechamiento sobre las aguas deben reconocer la prelación del rango constitucional de las aguas como bienes nacionales de uso público; de modo que su uso, goce y disposición de derechos de aprovechamiento de los particulares sobre ellas, deban ejercerse en dicho contexto, y de ningún modo en forma arbitraria o con total prescindencia de los intereses de la comunidad.

2.6.- “Proyecto de Reforma Constitucional” presentado el 7 de octubre de 2008, por el senador Ricardo Núñez (Boletín 6141-09).

El proyecto destaca las condiciones de escasez de recursos hídricos en parte importante del territorio nacional, y la escasa distinción en la regulación legal actual. Expresa que es imprescindible establecer en la Constitución Política de la República, una norma que para los efectos de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, y de las demás normas que regulan su uso, deban considerar la diversidad climática del país, la densidad poblacional del territorio nacional, y la disponibilidad cierta de un recurso cada vez más escaso, como es el agua.

2.7.- Proyecto “Reforma Constitucional al Artículo 19 N° 23 y 24”, ingresado por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno Bachelet el 6 de enero de 2010 (Mensaje N°6816-07).

El Proyecto de Reforma Constitucional mantiene las características del dominio de los titulares sobre sus derechos de aprovechamiento, pero sin perjuicio de ello facilita el acceso al recurso hídrico a personas con escasas posibilidades de adquirir estos derechos de aprovechamiento por acto originario de autoridad, bajo el marco regulatorio vigente o en el mercado de aguas.

Esta propuesta de reforma enviada por el ejecutivo, entrega nuevas herramientas a las autoridades competentes, para, en caso de ser imprescindible, se limite o restrinja el ejercicio de los derechos de agua, o pueda reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del vital elemento. Justifica la importancia de estas nuevas atribuciones para la gestión de las aguas por parte del Estado, porque dentro de los diversos usos del agua es fundamental asegurar y dar prioridad al consumo humano.

3- REFORMAS DE FONDO PROPUESTAS EN LOS PROYECTOS DE LEY

Los proyectos de ley antes descritos desde el año 1992 a la fecha, coinciden en reforzar, modificar y priorizar los siguientes temas de fondo:

3.1. Refuerzan el estatus legal y constitucional de las aguas como bienes nacionales de dominio público:

a) Establecen un rango constitucional para el estatus de las aguas, como” bienes nacionales de dominio público”

b) En relación al carácter de los derechos de aprovechamiento:

(i) Los proyectos de Ley presentados por el gobierno Bachelet, Ruiz-Esquide, Frei, Zaldivar, Páez, Matta, Chahuan y Aedo mantienen el carácter de los derechos de aprovechamiento existentes; no afectando la certeza jurídica de los actuales propietarios de derechos de aprovechamiento

(ii) Los proyectos presentados por Ávila, Ominami, Girardi, Navarro, Ruiz-Esquide, Leal, Muñoz, Espinoza, Diaz y Ortiz proponen restablecen las facultades del Estado sobre la administración de las Aguas de la Nación

(iii).-La propuesta de Ley presentada por gobierno de .Bachelet, y la de los senadores Ávila, Ominami, Girardi, Navarro y Ruiz-Esquide, proponen un estatus del recurso hídrico equivalente a los recursos mineros e hidrocarburos :dominio público y concesión a privados.

c) El proyectos ingresado por el gobierno Bachelet, y las mociones del senador Horvath, y del diputado Sánchez, incluyen a los glaciares bajo el estatus de bienes nacionales de dominio público.

3.2- Se busca fortalecer las múltiples funciones del agua .

La totalidad de las iniciativas legales desarrolladas desde el año 1992 a la fecha, destacan la urgente necesidad de reconocer las diversas funciones del agua en el abastecimiento primario, la salud y calidad de vida de las personas, así como respecto de la sustentabilidad ambiental. También reconocen la responsabilidad del Estado en preservar dichas funciones y fortalecer la política publica para que ello sea posible.

a) Las iniciativas propuestas por todos los parlamentarios y el Gobierno Bachelet, sugieren entregar herramientas al Estado para facilitar el acceso al agua para usos esenciales, y priorizar el consumo humano.

b) En los proyectos de Ley presentados por los diputados Leal, Muñoz, Espinoza, Díaz, Ortiz, y los senadores Ávila, Ominami, Girardi, Navarro y Ruiz-Esquide se entrega herramientas al Estado para denegar derechos; y limitar o restringir el ejercicio de derechos, así como para reservar caudales.

c) Las indicaciones contenidas en las propuestas del gobierno Bachelet y los senadores, Ruiz-Esquide, Frei, Zaldívar, Páez, Matta, incorporan la posibilidad de limitar el derecho de propiedad sobre las aguas, dada la función social de este bien esencial para la salud y la vida

d) Los proyectos de Ley suscritos por los senadores Ávila, Ominami, Girardi, Navarro, Ruiz-Esquide, y los diputados Leal, Muñoz, Espinoza, Díaz, Ortiz, Chahuan, Aedo, restablecen la propiedad del Estado sobre las Aguas de la Nación

e) Las iniciativas de Ley suscritas por los senadores Ruiz-Esquide, Frei, Zaldívar, Páez, Matta, los diputados Acuña y Gajardo, y el gobierno de Bachelet, establecen la caducidad de los Derechos de Aprovechamiento Asimismo, las mociones de los parlamentarios Leal, Muñoz, Espinoza, Díaz, Ortiz, Ávila, Ominami, Girardi, Navarro, Ruiz-Esquide sugieren la entrega de derechos de aprovechamiento por 3 años y dan al Estado atribuciones para expropiar derechos no utilizados

3.3. Los Proyectos de Ley presentados por el gobierno Bachelet; los senadores Ruiz-Esquide, Frei, Zaldívar, Páez y los diputados ,Leal, Muñoz, Espinoza, Díaz, y Ortiz, establecen normas y procedimientos para prevenir la concentración de derechos de agua en pocos titulares y a prevenir la especulación en base a dichos derechos Asimismo, exigen el uso efectivo de las aguas en un plazo no mayor a tres años.

3.4.- Las iniciativas de todos los parlamentarios, establecen prioridades de uso para el recurso hídrico

3.5.- Los proyectos de ley suscritos por los parlamentarios Núñez, Ávila, Ominami, Girardi, Navarro, Ruiz-Esquide, fijan condiciones al uso y aprovechamiento de las aguas Las modificaciones suscritas por el gobierno .Bachelet, y los senadores Núñez, Ávila, Ominami, Girardi, Navarro, Ruiz-Esquide, establecen condiciones para asegurar el ejercicio del deber del Estado y de los particulares de velar por la protección ambiental y el uso sostenible de las aguas. Algunas mociones hacen referencia al Artículo 19, No. 8 de la Constitución Política referida al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y preservar la naturaleza.

3.6.-La propuesta de Reforma Constitucional del gobierno Bachelet, aprobada por las comisiones de Agricultura y Constitución de la Cámara de Diputados en enero de 2010, propone crear mecanismos para la adecuada planificación de los recursos hídricos, especialmente frente a fenómenos como el Cambio Climático, el cual exige adecuar la legislación para crear las potestades públicas para reducir la vulnerabilidad y mejorar la seguridad hídrica frente a fenómenos como la sequía y el calentamiento global.

4.- PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE EXIGEN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

Sin perjuicio de las limitaciones de la legislación chilena, diversas Resoluciones, Programas y Tratados Internacionales, en el marco del sistema de Naciones Unidas, expresan la permanente atención y prioridad respecto del uso sostenible de los recursos naturales, y particularmente sobre la protección de las fuentes de agua dulce y el acceso humano al agua. Entre ellas destacan;

4.1- Las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos N°7/22, de 28 de marzo de 2008, y N°12/8, de 1 de octubre de 2009 sobre “los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento”. El Comentario General núm. 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) [1].

4.2- El Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos [2].

4.3- La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 28 de junio de 2010 que declara el “derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Esta Resolución, establecida como vinculante por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en octubre de 2010, e incorporada en el estatus de la Declaración Universal de Derechos Humanos [3], destaca en su fundamento, que, “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”

Reconoce “la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos”, “Reafirma la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención”,

Reconoce y Refuerza “el compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destaca la determinación de los Jefes de Estado y de Gobierno, de reducir a la mitad para 2015, la proporción de población que carece de acceso al agua potable o no puede costearlo y que no tiene acceso a los servicios básicos de saneamiento, según lo comprometido en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social” (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo)”. [4]

Exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y aumentar la capacidad y la transferencia tecnológica a través de la cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento;

Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la Experta Independiente Sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento que presente un informe anual a la Asamblea General, y alienta a la experta a seguir trabajando en su mandato, en consulta con todos los organismos, fondos y programas pertinentes de Naciones Unidas; y que incluya en su informe a la Asamblea de Naciones Unidas (en su sexagésimo sexto período de sesiones) sobre las principales dificultades para asegurar del derecho humano al agua salubre y potable y al saneamiento, para axial alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

4.4 Otras Resoluciones Internacionales que establecen la protección de las aguas y el derecho de acceso al agua, de las cuales Chile es parte son: a) la -Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992 [5] , y Agenda 21 o Programa 21 de junio de 1992 [6]; b) el Programa Hábitat de 1996 [7]; c) la Resolución 54/175, del 17 de diciembre de 1999, sobre el derecho al desarrollo; d) la Resolución 55/196, del 20 de diciembre de 2000, que proclamó el Año Internacional del Agua Dulce (2003); la Resolución 58/217, del 23 de diciembre de 2003, que proclamó el Decenio Internacional para la Acción, “El Agua, Fuente de Vida” (2005-2015); e) la Resolución 64/198, de 21 de diciembre de 2009, que evalúa las actividades del primer período del Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente de Vida”; f) la Resolución 59/228, de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20 de diciembre de 2006, que proclamó 2008 como Año Internacional del Saneamiento; g) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [8]; y h) la Convención sobre los Derechos del Niño [9], entre otros.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL CODIGO DE AGUAS

El actual modelo de asignación del agua a partir de las normas establecidas en el Código de Aguas vigente, otorga a los privados la propiedad sobre este recurso en forma gratuita y a perpetuidad. El rango constitucional entregado a este derecho de propiedad en el artículo 19, numero 23 y 24, entrega a los particulares el dominio absoluto sobre las aguas.

Existiendo disponibilidad de agua, salvo que la cuenca haya sido declarada agotada, que se afecte derechos de terceros, o se haya decretado reserva de caudales, el Estado no puede negarse a la solicitud de derechos de agua que realizan los privados., Además, una vez otorgados estos derechos a personas naturales o jurídicas de manera gratuita, el Estado no posee instrumentos para regular el uso y ejercicio de ese derecho, salvo situaciones de escasez, o ante la falta de acuerdo por parte de los usuarios (a). En ese contexto y considerando las limitaciones de disponibilidad dadas por las condiciones naturales, la propia explotación productiva y los desafíos del cambio climático, entre otros factores, el Estado requiere de mayores facultades para velar por este bien común, consecuentemente con el mayor valor de un estado democrático.

En efecto, el modelo de asignación de aguas ha generado una serie de dificultades, para el abastecimiento primario, el desarrollo social y las necesidades del desarrollo local; además de riesgos en la disponibilidad y amenazas importantes a la sustentabilidad económica y al equilibrio ambiental de las fuentes hídricas. El agua y su escasez ha transformado la disponibilidad hídrica en un asunto de seguridad nacional.

Por todo ello, los objetivos principales de la presente Moción se orientan a:

5.1.- Generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua: para dar estabilidad de abastecimiento y prioridad al agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local.

El actual sistema de asignación de recursos hídricos en nuestro país no contempla un mecanismo expedito orientado al resguardo de recursos hídricos para consumo humano y abastecimiento primario. Por el contrario, todos los usos son igualmente prioritarios para efectos de la constitución de derechos, a pesar de existir acuerdos internacionales que urgen una distinción y la priorización de los usos esenciales.

Existen demandas de agua no competitivas, como aquellas asociadas a la producción de alimentos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo local; las cuales en general no son cubiertas con el modelo de asignación y transacción del mercado de aguas vigentes. Actualmente existen problemas indiscutibles de equidad en el acceso al agua, a pesar de las reformas incorporadas por la ley 20.017 de reforma al Código de Aguas en 2005. Estos problemas incluyen: concentración en la propiedad de derechos de agua constituidos y retenidos por privados por largos periodos y sin uso; especulación de derechos de agua; cambios en el destino y uso productivo de estos, entre otros.

5.2- Establecer una nueva categoría de derecho: el agua como derecho esencial

El rediseño del modelo de asignación de derechos de aprovechamiento de las aguas, debe permitir al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales de desarrollo local, ambiental y territorial. Todos estos usos, no competitivos en el ámbito de las reglas de mercado, y a veces irrelevantes en términos de la productividad de corto plazo, son fundamentales para el desarrollo social y ambientalmente sustentable.

Los usos esenciales del agua deben ser cubiertos con un nuevo tipo de permisos para su uso; tales como una concesión la cual no equivalente a un derecho de aprovechamiento, pues no es transable en el mercado, y que debería estar condicionado a un determinado uso que califica como esencial. Estos usos esenciales serán prioritarios por sobre los usos competitivos y establecerán restricciones al ejercicio de todos los derechos de agua otorgados para usos competitivos.

La cuantía de agua y las demandas necesarias para satisfacer los consumos antes señalados, no constituyen un impacto importante en los sistemas hídricos, sino por el contrario, corresponden a requerimientos comparativamente bajos en los territorios, y su utilización ha coexistido tradicionalmente de manera sustentable con las fuentes de este recurso.

Los usos competitivos del agua serán cubiertos con derechos de aprovechamiento semejantes a los otorgados en el actual modelo de asignación, por fecha de solicitud, de acuerdo a la procedencia legal de las peticiones, coherente con la disponibilidad y no perjudicando derechos de terceros. Pero tanto para los derechos nuevos como para los antiguos regirán obligaciones referidas a la función social del derecho de agua otorgado.

MOCION:

1) Agrégase el siguiente artículo 4º bis:

Artículo 4° bis.- Las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

Las aguas tienen, entre otras, funciones ambientales, de subsistencia, étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial.

Es deber del Estado garantizar a todos los habitantes el acceso a las funciones señaladas en el inciso anterior.

2) Agrégase el siguiente Título II, nuevo, pasando el actual Título II a ser III, y así sucesivamente.

Título II del Libro Primero del Código de Aguas

De la función ambiental, escénica, paisajística, social y de subsistencia de las aguas

3) Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

Artículo 5°.-

El Estado otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas para garantizar el acceso a la función productiva de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código.

4) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 1, nuevo:

Artículo 5° bis 1.- El Estado resguardará que en todas las fuentes naturales, exista un caudal o volumen de agua suficiente, que permita resguardar las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial que poseen las aguas.

Para el cumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas podrá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos o reconocidos sobre las fuentes naturales. Podrá, asimismo, establecer las medidas necesarias para asegurar no sólo la cantidad, sino la calidad de las aguas y su oportunidad de uso.

5) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 2, nuevo:

Artículo 5° bis 2.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección General de Aguas podrá constituir reservas de agua sobre las fuentes naturales.

Sobre dichas reservas, esa Dirección podrá otorgar a los particulares concesiones de uso temporales, para el desarrollo de las funciones señaladas en el inciso segundo del artículo 4° bis.

6) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 3, nuevo:

Artículo 5° bis 3.- Las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones de uso temporal, se sujetarán, en lo aplicable, al procedimiento contenido en Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.

7) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 4, nuevo:

Artículo 5° bis 4.- Las concesiones de uso temporal otorgadas de conformidad al presente título, no podrán transferirse ni transmitirse. No serán objeto de gravamen alguno, y serán inembargables.

8) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 5, nuevo:

Artículo 5° bis 5.- Si el titular de una concesión de uso temporal utiliza las aguas para un fin diverso para el que ha sido otorgada, o permite que a cualquier título otra persona utilice las aguas involucradas en su concesión, caducará dicha concesión por el sólo ministerio de la ley.

9) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 6, nuevo:

Artículo 5° bis 6.- El acto administrativo en cuya virtud se constituye la concesión de uso temporal contendrá:

1. El nombre del concesionario;2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas;3. El objetivo para el que se otorga la concesión;4. El plazo por el que se otorga la concesión;5. Otras especificaciones técnicas relacionadas con la naturaleza especial de la respectiva concesión y las modalidades que la afecten, con el objetivo de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros.

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS (BOLETÍN N° 7.543-12)

SANTIAGO, 8 de septiembre de 2014.-

Nº 459-362/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Las constantes sequías que se han experimentado en vastas zonas del mundo han puesto de manifiesto no sólo la fragilidad del sistema hídrico, sino también, de los sistemas normativos que regulan las aguas y la obligación de tomar las medidas necesarias para poder asegurar el abastecimiento de agua para el consumo humano.

Esta realidad, que no es ajena a nuestro país, se suma al problema de la recarga y comportamiento de los acuíferos frente a las actuales condiciones de explotación.

En relación con los demás países de la OCDE, Chile se encuentra muy atrasado en la adopción de las normas necesarias para enfrentar esta realidad y que permitan al Estado asegurar el abastecimiento de agua a la población, a la vez que darle un uso eficiente de las mismas.

Nuestra legislación, desde muy temprano, ha considerado que “las aguas son bienes nacionales de uso público”. Sin embargo, no es concebible que esta declaración sea letra muerta: es necesario dotarla de un contenido sustantivo.

La regulación de los recursos hídricos requiere de un cambio que intensifique el régimen público de las aguas, reforzando las facultades de la Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento; y dando cabida, protegiendo y priorizando los usos de la función de subsistencia.

Con el objeto de subsanar este gran déficit regulatorio, la presente modificación al Código de Aguas busca, por una parte, actualizar la legislación chilena equiparándola al nivel de las legislaciones de otros países de la OCDE y, por la otra, responder a las necesidades propias de nuestro país. Las principales modificaciones que se introducen son las siguientes:

1. Se establece para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas un cambio de concepción, pasando de ser un derecho perpetuo, a un derecho con una extensión temporal limitada a un máximo de 30 años, que siempre se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. Estas concesiones caducarán por el solo ministerio de la ley si no se hace un uso efectivo del recurso en un plazo de cuatro o de ocho años, según tengan el carácter de derechos consuntivos o no consuntivos, contado desde su otorgamiento. A su vez, se propone que la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo no podrá ser inferior a veinte años. Similares normas en cuanto a la duración y caducidad por no uso de las aguas se encuentra en las legislaciones comparadas de países como España o Argentina, las que consideran plazos que varían entre tres y cinco años para dar un uso efectivo a las aguas antes de declarar su caducidad.

2. Del mismo modo, se permite a la Administración limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en función del interés público, a través de las facultades de reducirlos temporalmente o redistribuyendo las aguas. La legislación de California también utiliza el interés público como concepto rector para el actuar de la Junta de Control Estatal de Recursos Hídricos, permitiéndole adoptar medidas en caso de escasez hídrica. En la provincia de Chubut, en Argentina, se habla del interés general con el mismo objetivo.

3. Se establecen el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios del agua, los que siempre prevalecerán en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento. Los usos considerados prioritarios son compartidos por la legislación de España, Argentina, y algunos estados de Estados Unidos, como California o Arizona, los que, sin embargo, no encuentran protección en la lógica del actual Código de Aguas.

4. Para asegurar dichos usos del agua, se permite al Estado constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia. Estas concesiones contarán con reglas especiales que permitan asegurar el uso para el que fueron otorgadas, creándose a su vez, la figura de un permiso transitorio de extracción mientras se tramita la solicitud definitiva para los casos especiales que contempla la ley. El estado de California en Estados Unidos también contempla esta facultad, permitiéndole a las autoridades reservar el agua que estimen necesaria para satisfacer las necesidades de abastecimiento y saneamiento.

5. Siempre con la finalidad de garantizar el acceso al agua para consumo humano, se propone que ante la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permita constituirlos a los comités de agua potable rural.

6. En conformidad con lo dispuesto por la Convención de Washington, se prohíbe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen, y se restringe en el caso de otras categorías de áreas protegidas.

7. Se fortalecen las atribuciones de la Dirección General de Aguas, permitiéndole reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y niveles freáticos, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga, entre otras.

8. Se establece una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural.

9. Se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento establecido para su cobro.

10. Con el objetivo de resguardar los derechos de los actuales dueños de derechos de aprovechamiento, los artículos transitorios les reconocen vigencia y otorgan un plazo para su inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

- Para sustituir el texto del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo Único: Introducénse las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas:

1) Reemplázase el epígrafe del Título II del Libro Primero por el siguiente:

“Título II

Del aprovechamiento de las aguas”.

2) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 5°.- Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, del siguiente tenor:

“En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones del presente Código.

No se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.”.

3) Intercálanse entre el artículo 5° y el artículo 6° los artículo 5° bis, 5° ter, 5° quater y 5° quinquies, nuevos, del siguiente tenor:

“Artículo 5° bis.- Las aguas pueden cumplir diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas. Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la prelación dispuesta en el inciso primero cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62 y 314 de este Código.

Artículo 5° ter.- Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 bis de este Código.

Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia.

Artículo 5° quáter.- La solicitud y el otorgamiento de concesiones sobre aguas reservadas, para los usos de la función de subsistencia, se sujetarán, en lo que sea compatible con su objeto, al procedimiento contenido en el Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.

Tratándose de solicitudes realizadas por un Comité o Cooperativa de Agua Potable rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente. Esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez.

Artículo 5° quinquies.- Las concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua no podrán transferirse por acto entre vivos, salvo que se mantenga el uso para el cual fueron originadas y se haya obtenido una autorización administrativa previa.

Estas concesiones caducarán por el solo ministerio de la ley si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas en el plazo de tres años contado desde su otorgamiento, las utiliza para un fin diverso para el que ha sido otorgada o cede su uso a cualquier otro título.”.

4) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 6° por los siguientes:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. Este derecho se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.

El período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión no podrá ser superior a 30 años, de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento o de sustentabilidad del acuífero, según sea el caso. La duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos. La duración del derecho de aprovechamiento siempre se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. La prórroga sólo se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas.”.

5) Intercálase entre el artículo 6° y el artículo 7°, el siguientes artículo 6° bis, nuevo:

“Artículo 6° bis.- Los derechos de aprovechamiento caducarán, por el solo ministerio de la ley, si su titular no hace un uso efectivo del recurso dentro del plazo que señala este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, dicho plazo será de cuatro años y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos, será de ocho años, en ambos casos, contado desde su otorgamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del concesionario, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.”.

6) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 7°:

“En el caso de aguas superficiales, el derecho de aprovechamiento se constituirá considerando las variaciones estacionales de caudales a nivel mensual.”.

7) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese la expresión “El dominio del” por la siguiente frase: “El uso y goce que confiere el”.

b) Reemplázase la frase “a la libre disposición” por la siguiente: “al ejercicio”.

8) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 17:

“Cuando no exista una organización de usuarios constituida que ejerza jurisdicción en la totalidad de la fuente de abastecimiento y si la explotación de aguas superficiales por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

Esta medida podrá ser dejada sin efecto cuando los titulares de derechos de aprovechamiento lo soliciten o cuando, a juicio de dicha Dirección, hubieren cesado las causas que la originaron.”.

9) Reemplázase el epígrafe del Título III del Libro I, por el siguiente:

“Título III

De la constitución del derecho de aprovechamiento”.

10) Modifícase el inciso segundo del artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la oración “La propiedad de estos derechos de aprovechamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley,” por la siguiente frase: “Se reconoce el uso y goce sobre dichas aguas”.

b) Agregáse a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:

“Este derecho caduca, por el solo ministerio de la ley, en caso de que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita. Los titulares de los predios subdivididos gozarán de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero, para requerir la constitución del derecho de aprovechamiento en la parte proporcional que corresponda al predio adjudicado. Dicha preferencia tendrá la duración de un año contado desde la fecha de la subdivisión.”.

11) Sustitúyese en el artículo 37 la frase “El dueño” por la siguiente: “El titular”.

12) Agrégase un inciso segundo al artículo 38, del siguiente tenor:

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 bis de este Código, las personas indicadas en el inciso anterior deberán instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga.”.

13) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 43 la frase “el dueño del” por la siguiente: “el titular del”.

14) Modifícase el artículo 62 del siguiente modo:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 62.- Si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad, la Dirección General de Aguas podrá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en la zona degradada, a prorrata de ellos, de conformidad a sus atribuciones legales.”.

b) Intercálase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá que se afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido de los niveles freáticos del acuífero, que se hará irreversible si no se reduce dicho volumen de extracción.”.

15) Intercálase un nuevo inciso segundo en el artículo 63, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“La autorización del cambio de punto de captación, de los derechos de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, quedará condicionada al resultado del modelo hidrogeológico calibrado para la nueva situación que se genere a partir del cambio del punto de captación, el que deberá ser presentado por el solicitante y aprobado parcial o totalmente por la Dirección General de Aguas.”.

16) Intercálase en el inciso tercero del artículo 65, entre la palabra “precedente” y el punto aparte (.), la siguiente frase: “y la limitación a la autorización de los cambios de punto de captación indicada en el inciso segundo del artículo 63 del presente Código”.

17) Modifícase el inciso primero del artículo 67 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el vocablo “cinco” por la palabra “quince”.

b) Intercálase entre la frase “haber sufrido daños” y el punto seguido (.), la frase “y siempre que la fuente natural no se encuentre en situación crítica”.

18) Sustitúyese el artículo 68, por el siguiente:

“Artículo 68.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero.

Ante el incumplimiento de las medidas a las que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución, impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada. En contra de esta resolución procederán los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 del presente Código.”.

19) Reemplázase en el inciso primero del artículo 96 la frase “El dueño de los derechos de aprovechamiento que no lo sea” por la siguiente: “El titular de los derechos de aprovechamiento que no sea dueño”.

20) Modifícase el artículo 97 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el dueño” por la siguiente: “el titular”.

b) Sustitúyese en el numero dos la frase “del dueño” por la siguiente: “del titular”.

c) Reemplázase en el número cinco la frase “El dueño” por la siguiente: “El titular”.

21) Derógase el artículo 115.

22) Sustitúyese en el número 1 del artículo 119 la palabra “dueño” por la siguiente: “titular”.

23) Modifícase el artículo 129 en el siguiente sentido:

a) Elimínase la siguiente frase: “El dominio sobre”.

b) Reemplázase la palabra “extingue”, por “extinguen”.

24) Modifícase el artículo 129 bis 2 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las palabras “detenidas” y “que”, la siguiente frase: “que afectaren la cantidad o la calidad de éstas o”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“No podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas protegidas declaradas Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen.

En otras categorías de áreas protegidas, tales como Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales y Humedales de Importancia Internacional, los derechos de aprovechamiento deben guardar consistencia con el objeto de la categoría del área protegida y con su respectivo plan de manejo, circunstancia que será determinada previo informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo anterior es sin perjuicio del acceso libre y común al recurso hídrico que no comporte una utilización de carácter extractiva, de conformidad a las normas de policía y vigilancia en vigor.”.

25) Modifícase el artículo 129 bis 4 del siguiente modo:

a) Sustitúyese la letra c) del numeral 1.-, por la siguiente:

“c) Entre los años undécimo y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

b) Agréganse, al numeral 1.-, las letras d) y e), nuevas, del siguiente tenor:

“d) Entre los años décimo tercero y décimo cuarto inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor ocho.

e) Habiendo transcurrido catorce años sin que el titular del derecho de aprovechamiento haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 del presente Código, el derecho de aprovechamiento se entenderá caducado por el solo ministerio de la ley. La contabilización del plazo de catorce años, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

c) Agrégase un numeral 5.-, nuevo, del siguiente tenor:

“5.- Los plazos indicados en este artículo se contabilizarán de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 129 bis 5 de este Código, es decir, a partir del primero de enero de 2006. En el caso de los derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.

26) Modifícase el artículo 129 bis 5 del siguiente modo:

a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Entre los años undécimo y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

b) Agrégase una letra d), nueva, del siguiente tenor:

“d) Habiendo transcurrido doce años sin que el titular del derecho de aprovechamiento haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 del presente Código, el derecho de aprovechamiento se entenderá caducado por el solo ministerio de la ley. La contabilización de este plazo de doce años se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

27) Modifícase el artículo 129 bis 9, del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero, el párrafo “En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución” por el siguiente párrafo: “Dichas obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso; y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural.”.

28) Modifícase el artículo 129 bis 14 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero:

i) Reemplázase la palabra “propietaria” por la expresión: “titular”.

ii) Sustitúyese la frase ”y podrán dirigirse contra uno o varios deudores a la vez, mediante el envío de carta certificada al domicilio del deudor”, por la siguiente: “, mediante recaudador fiscal del Servicio de Tesorerías, quien notificará personalmente y actuará como ministro de fe para todos los efectos de este proceso de cobro”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“En caso que no sea posible notificar y requerir de pago al deudor personalmente por no ser habido, estas actuaciones se realizarán conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; pero en aquellos casos en que el ministro de fe certifique que aquel lugar corresponde al domicilio del deudor, no será necesario, en este caso, cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará una nueva resolución del tribunal competente, para la entrega de las copias que en él se disponen.”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “No obstante lo anterior, para que este embargo sea oponible a terceros, se deberá requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces competente, mediante recaudador fiscal. Este trámite no tendrá costo para el Fisco, ante aquel auxiliar de la Administración de Justicia.”.

29) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 129 bis 15 la frase “las publicaciones señaladas en el artículo anterior” por la siguiente: “la notificación y requerimiento de pago”.

30) Modifícase el artículo 129 bis 16 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las frases “día y hora para el remate, la que” y “se publicará,” la siguiente frase: “deberá notificar el ministro de fe, por cédula al deudor, y además”.

b) Elimínase en el inciso primero la siguiente frase: “La nómina, además, se difundirá mediante mensaje radial en una emisora con cobertura territorial del área pertinente.”.

c) Reemplázase en el inciso quinto la frase “los avisos” por la siguiente: “el aviso”.

d) Intercálase en el inciso décimo entre las frases “podrán concurrir, el Fisco,” y “las instituciones del sector público” la siguiente frase: “representado para estos efectos por el abogado del Servicio de Tesorerías,”.

e) Agrégase al inicio del inciso undécimo la siguiente frase: “En aquellos casos donde el Fisco sea el único compareciente a la subasta, el Juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º en un plazo máximo de dos meses, contados desde la inscripción de la adjudicación en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Si el Fisco no inscribiere la renuncia dentro de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, el juez respectivo podrá, a petición de cualquier interesado, ordenar a nombre del Fisco la inscripción de la renuncia en el Registro de Aguas correspondiente. En este caso, las aguas quedarán libres para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de conformidad a las normas generales.”.

31) Intercálase en el artículo 129 bis 17, entre la frase “bienes inmuebles embargados” y el punto final (.) la siguiente frase: “, pero los plazos allí establecidos no serán fatales para el Fisco, cuando éste actúe como adjudicatario”.

32) Incorpórase en el artículo 142, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El procedimiento de remate de que dan cuenta los incisos anteriores, no podrá aplicarse en los casos en que las solicitudes presentadas se refieran a los usos de la función de subsistencia. La preferencia para la constitución de los derechos de aprovechamiento originados en dichas solicitudes se aplicará teniendo en consideración la relación existente entre el caudal solicitado y el uso equivalente, respecto de una misma persona, de conformidad a la normativa en vigor.”.

33) Modifícase el artículo 147 bis en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso tercero, por el siguiente:

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° bis, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, previo informe de la Dirección General de Aguas, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente”.”.

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“Si no existe disponibilidad para otorgar los derechos de aprovechamiento en la forma solicitada, el Director General de Aguas podrá hacerlo en la cantidad o con características diferentes, pudiendo, incluso, denegar total o parcialmente las solicitudes respectivas.”.

34) Intercálase en el artículo 147 ter entre las palabras “denegación” y “parcial”, la siguiente frase: “total o”.

35) Intercálase entre los artículos 147 ter y 148, un artículo 147 quáter, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 147 quáter.- Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, siéndole aplicable las limitaciones del artículo 5° quinquies. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo “Por orden del Presidente”.”.

36) Modifícase el artículo 149 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 5 la expresión “El” por la frase: “La distancia, el”.

b) Intercálanse los números 6 y 7 nuevos, pasando los actuales 6 y 7 a ser 8 y 9, respectivamente:

“6. El uso específico, como el dispuesto para el caso de las concesiones sobre aguas reservadas;

7. La extensión temporal del derecho de aprovechamiento;”.

c) Derógase el inciso final.

37) Intercálase en el inciso primero del artículo 150 entre la frase “Conservador de Bienes Raíces competente” y el punto aparte (.), la siguiente frase: “, dentro del plazo de 60 días contados desde el otorgamiento del derecho, bajo apercibimiento de caducidad del mismo”.

38) Modifícase el artículo 151 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “en relación a puntos de referencia conocidos” por la siguiente frase: “en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19”.

b) Reemplázase en el inciso primero la frase “el dominio de los derechos de aprovechamiento” por la siguiente frase: “el derecho del particular para usar y gozar de las aguas,”.

39) Agrégase un inciso segundo nuevo en el artículo 158:

“Si la solicitud se refiere al cambio de fuente de abastecimiento de una cuenca a otra, la Dirección General de Aguas antes de resolver, deberá evaluar el interés público comprometido en dicho traslado de derechos, en virtud del inciso segundo del artículo 5°.”.

40) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en el artículo 159:

“Además, la Dirección General de Aguas deberá evaluar el interés público comprometido por la solicitud en la nueva fuente, en virtud del inciso segundo del artículo 5°.

En el caso de las aguas residuales de los ríos o cauces naturales en su tramo inmediatamente anterior a su desembocadura en el mar, la Dirección General de Aguas podrá autorizar o disponer el traslado a otras cuencas de los recursos hídricos disponibles, debiendo considerar un caudal ecológico hasta la total desembocadura del río o cauce, en el mar.”.

41) Elimínase en el inciso primero del artículo 189 la frase “o antecedentes”.

42) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 197 la palabra “dueños” por la palabra “titulares”.

43) Reemplázase en el inciso primero del artículo 201 la palabra “dueños” por la palabra “titulares”.

44) Sustitúyese en el artículo 250 la palabra “dueño” por la palabra “titular”.

45) Sustitúyese en el artículo 260 la palabra “dueños” por la palabra “titulares”.

46) Reemplázase en el artículo 262 la palabra “dueño” por la palabra “titular”.

47) Modifícase el artículo 299 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en la letra b) la frase “Investigar y medir el recurso” por la siguiente: “Investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención a la conservación y protección de las aguas”.

b) Intercálase en el numeral 1. de la letra b), entre la frase “operar el servicio hidrométrico nacional,”, y la frase, “y proporcionar y publicar la información correspondiente”, la siguiente frase: “, el que incluye tanto mediciones de cantidad como calidad de aguas,”.

c) Intercálese en la letra c) entre las frases “cauces naturales de uso público” e “impedir que en éstos se construyan”, la siguiente frase: “impedir, denunciar o sancionar la afección a la cantidad y la calidad de éstas, de conformidad al inciso primero del artículo 129 bis 2 y los artículos 171 y siguientes”.

48) Reemplázase en el artículo 303 la palabra “dueños” por la palabra “titulares”.

49) Intercálase entre el artículo 307 y el Título Final, el siguiente artículo 307 bis, nuevo:

“Artículo 307 bis.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal ecológico contemplado en el artículo 129 bis del presente Código y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, de conformidad a las normas que establezca el Servicio, a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Además, en el caso de los derechos no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución.

Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y transmita a la Dirección General de Aguas la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído y, en los usos no consuntivos, restituido, desde la fuente natural.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada.”.

50) Modifícase el artículo 314 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “por períodos máximos de seis meses, no prorrogables” por la siguiente frase: “por un período máximo de un año, prorrogable por un período igual o menor”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Declarada la zona de escasez, la Dirección General de Aguas, podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Para ello, suspenderá las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.”.

c) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo:

“Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso que se acredite existir graves carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° bis, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos requerimientos, por sobre los demás usos. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso, estarán vigentes mientras esté en vigor el decreto de escasez respectivo.

Los efectos ocasionados con la redistribución, no darán derecho a indemnización alguna.”.

d) Intercálase en el actual inciso cuarto, que pasó a ser sexto, entre las frases “podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas” y “desde cualquier punto”, la siguiente frase: “y destinarlas preferentemente a los usos de la función de subsistencia,”.

e) Derógase el actual inciso séptimo, que pasó a ser a ser noveno.

51) Derógase el artículo quinto transitorio.

Artículo Primero Transitorio.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos estará sujeto a las limitaciones y restricciones que, en virtud de esta ley, se disponen en razón del interés público. La caducidad de los derechos de aprovechamiento dispuesta en el artículo 6° bis creado por esta ley, sólo se aplicará a los derechos de aprovechamiento constituidos a partir de la entrada en vigencia de la misma.

Artículo Segundo Transitorio.- Los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, que no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de seis meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, bajo apercibimiento de caducidad de los mismos por el solo ministerio de la ley.

Artículo Tercero Transitorio.- Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el informe referido en el artículo 129 bis 2 del Código de Aguas será emitido por el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo Cuarto Transitorio.- Solo podrán someterse al procedimiento descrito en el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, las solicitudes de regularización que se hayan presentado dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ

Ministra

Secretaria General de la Presidencia

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos

Reg, VV 560

I.F.N" 88-08.09.2014

Formula Indicaciones al Proyecto de Ley que reforma el

Código de Aguas

Mensaje N° 459-362 - Boletín N° 7543-12

I.- Antecedentes

La presente modificación al Código de Aguas tiene como objetivo recoger las mejores experiencias internacionales en materia de regulación del uso y propiedad del recurso agua, y, por la otra, adaptarla para responder a las nuevas necesidades, propias de nuestro país. Todo lo anterior con la finalidad de implementar dos ideas orientadoras que refuercen la administración, uso y disposición de los recursos hídricos. Al efecto, se dispone, para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, un cambio de concepción, pasando de ser un derecho perpetuo a un derecho con una extensión temporal que asegure su uso efectivo y eficiente. Además, se establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios del agua, asegurando que estos siempre prevalecerán tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

Adicionalmente, se complementan las normas que permiten fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas, especialmente en la regulación temporal del ejercicio de uso de los derechos de aprovechamiento. Por otra parte se modifican las normas relativas at remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento establecido para su cobro; asimismo, entre otras, se resguardan los derechos de los actuales dueños de derechos de aprovechamiento; y finalmente se establece el beneficio de una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural.

II.- Efectos Financieros

Las presentes indicaciones al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas, no tienen impacto financiero fiscal por cuanto están orientadas a adecuar la normativa a !a realidad y necesidades vigentes.

Visación Subdírección de Presupuestos

Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS (BOLETÍN N° 7.543-12)

SANTIAGO, 6 de enero de 2015.-

Nº 1097-362/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Para modificar el numeral 2) letra b) en el siguiente sentido:

a) Reemplázase después de la palabra “ejercicio”, la coma (,) por un punto seguido (.).

b) Intercálase antes de la expresión “de conformidad”, la expresión: “Lo anterior,”.

2) Para modificar el numeral 3) del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 5° bis, el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero.

b) Modifícase el inciso final del artículo 5° bis del siguiente modo:

i) Reemplázase la palabra “prelación” por “priorización”.

ii) Sustitúyase la palabra “primero” por “anterior”.

3) Para modificar el numeral 5) del siguiente modo:

a) Modifícase el inciso primero del artículo 6° bis del siguiente modo:

i) Reemplázase la frase “caducarán, por el solo ministerio de la ley,”, por la siguiente frase: “se extinguirán”.

ii) Elimínase la frase “dentro del plazo que señala este Código”.

b) Intercálase en el inciso segundo del artículo 6° bis, entre la frase “129 bis 9” y el punto final (.), la siguiente oración: “. Ello, de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo 134 bis de este Código”.

c) Agréganse al artículo 6° bis los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“La contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso anterior y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas.

Asimismo, la Autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas, en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho.”.

4) Para modificar el numeral 25) del siguiente modo:

a) Intercálase el siguiente literal b), nuevo, pasando el actual a ser c) y así sucesivamente:

“b) Sustitúyese la letra c) del numeral 2.-, por la siguiente:

“c) Entre los años undécimo y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.”.

b) Modifícase la letra e) del numeral 1.-, agregada en el literal b), que pasó a ser c), del siguiente modo:

i) Reemplázase la frase “entenderá caducado por el sólo ministerio de la ley”, por la siguiente frase: “extinguirá por su no uso efectivo. Lo anterior será determinado de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 134 bis”.

ii) Intercálase entre las frases “para construir las obras” y “que deban ser otorgados”, la siguiente frase: “a que se refiere el inciso primero del artículo 129 bis 9 y”.

iii) Intercálase entre la frase “Dirección de Obras Hidráulicas” y el punto seguido (.), el siguiente párrafo: “. Asimismo, la Autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas, en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho”.

c) Intercálase el siguiente literal d), nuevo, pasando el actual a ser e):

“d) Agréganse al numeral 2.- las siguientes letras d) y e), nuevas:

“d) Entre los años décimo tercero y décimo cuarto inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor ocho.

e) Habiendo trans-currido catorce años sin que el titular del derecho de aprovechamiento haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 del presente Código, el derecho de aprovechamiento se extinguirá por su no uso efectivo. Lo anterior será determinado de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 134 bis. La contabilización del plazo de catorce años se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso primero del artículo 129 bis 9 y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Asimismo, la Autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas, en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo derecho, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.”.

5) Para modificar la letra d), creada en el literal b) del numeral 26) del siguiente modo:

a) Reemplázase la frase “entenderá caducado por el sólo ministerio de la ley”, por la siguiente frase: “extinguirá por su no uso efectivo. Lo anterior será determinado de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 134 bis”.

b) Intercálase entre la frase “Dirección de Obras Hidráulicas” y el punto seguido (.), el siguiente párrafo: “. Asimismo, la Autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas, en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho”.

6) Para intercalar el siguiente literal 32), nuevo, pasando el actual a ser numeral 33) y así sucesivamente:

“32) Intercálase entre los artículos 134 y 135, un artículo 134 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 134 bis.- La Dirección General de Aguas publicará, conjuntamente y con los datos de determinación a que alude la resolución señalada en el inciso primero del artículo 129 bis 7 de este Código, una resolución que contenga el listado de los titulares de los derechos de aprovechamiento que no han hecho uso efectivo del recurso y que sean susceptibles de extinguirse de conformidad a lo preceptuado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5 del presente Código. Esta publicación se considerará como notificación suficiente para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho de aprovechamiento.

El titular del derecho de aprovechamiento que, a consecuencia de la publicación determinada en el inciso anterior, sea afectado en sus legítimos intereses, tendrá un plazo de 30 días contado desde la publicación de la referida resolución en el Diario Oficial para oponerse a su inclusión en dicha resolución, aportando toda la prueba que considere necesaria y adecuada para acreditar el uso efectivo del recurso.

La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, podrá, mediante resolución fundada, solicitar aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes para mejor resolver que estime necesarios. Este período para solicitar pruebas o aclaraciones adicionales, no podrá ser superior a 60 días, pudiendo prorrogarse justificadamente y por una sola vez por un plazo de 30 días adicionales.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, dentro del plazo de 30 días contado desde su vencimiento, deberá dictar una resolución fundada que constate si procede o no la extinción del derecho de aprovechamiento por la no utilización efectiva del recurso, de conformidad a lo indicado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5, en las proporciones efectivamente no utilizadas que correspondan.

Esta resolución se notificará de conformidad a lo indicado en el artículo 139. Contra esta resolución procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del presente Código. Transcurridos los plazos legales y una vez que la resolución anterior se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces, practicar las cancelaciones y las inscripciones que procedan.

En lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el procedimiento general del Título I del Libro II del presente Código.”.”.

7) Para intercalar en el actual numeral 39), que pasó a ser 40), entre la frase “artículo 5°” y el punto aparte (.), la siguiente palabra: “bis”.

8) Para modificar el inciso segundo del artículo 159 que agrega el actual numeral 40), que pasó a ser 41), del siguiente modo:

a) Elimínase la frase “del inciso segundo”.

b) Intercálase entre la frase “artículo 5°” y el punto aparte (.), la siguiente palabra: “bis”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ

Ministra

Secretaria General de la Presidencia

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

REG VV 045

IF. N° 013 19.01.2015

Informe Financiero

Formula Indicaciones al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº 7.543-12)

Mensaje Nº 1097-362

La presente modificación al Código de Aguas tiene como objetivo definir e indicar los procedimientos y plazos, en materia de regulación del uso del recurso agua.

Específicamente, define los motivos por los cuales se suspende la aplicación de la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de no contabilizar dentro de los plazos de caducidad, todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos para construir obras para la utilización del recurso agua, ya sea ésta por la obtención de una resolución de calificación ambiental, órdenes de no innovar dictada en algún litigio, u otra tramitación de autorización administrativa.

Adicionalmente, se complementan las normas que establecen procedimientos para comunicar a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, y que no han hecho uso efectivo de éste, la extinción de dicho derecho.

La extinción se materializará a través de la cancelación de la inscripción de derechos en los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.

Las indicaciones que se presentan al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas no tienen impacto financiero fiscal.

SERGIO GRANADOS AGUILAR

Director de Presupuestos

RETIRA Y FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS (Boletín N°7.543-12)

___________________________________

SANTIAGO, 6 de julio de 2015.-

Nº 613-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar las indicaciones formuladas en el mensaje N° 1097-362, de 6 de enero de 2015, en sus números 4) y 5). Al mismo tiempo, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Para sustituir el numeral 17) por el siguiente:

“17) Sustitúyese el artículo 67, por el siguiente:

“Artículo 67.- Cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción, comprometan toda la disponibilidad determinada en los respectivos estudios técnicos, dicha área deberá ser declarada como zona de prohibición para nuevas explotaciones. Transcurridos cinco años contados desde la fecha de la declaración de un área de restricción, la Dirección General de Aguas deberá reevaluar las circunstancias que le dieron origen. En caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida, de conformidad a lo indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, dicha Dirección deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrológico de aprovechamiento común y, consecuentemente, podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 62 de este cuerpo legal.

Los titulares de los derechos de aprovechamiento concedidos, tanto en zonas declaradas de prohibición como áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. La Dirección General, por medio de una resolución fundada, determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, debiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.”.

2) Para reemplazar el numeral 25) por el siguiente:

“25) Modifícase el artículo 129 bis 4 del siguiente modo:

a) Elimínase en el inciso primero la siguiente frase: “La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

b) Reemplázase la frase “1.- En el caso de derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos puntos de captación se ubiquen en las Regiones Primera y Décima, con excepción de la provincia de Palena:”, por la siguiente frase: “1.- La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

c) Sustitúyese en la letra a) del numeral 1.- la palabra “cinco” por “cuatro”.

d) Reemplázase en el literal b) del numeral 1.- la frase “sexto y décimo”, por la siguiente: “quinto y octavo”.

e) Sustitúyese la letra c) del numeral 1.- por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

f) Agréganse al numeral 1.- las siguientes letras d) y e), nuevas:

“d) Entre los años décimo tercero y décimo sexto inclusive, la patente calculada de conformidad a la letra a) precedente se multiplicará por el factor ocho; y, en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así, sucesivamente.

e) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido ocho años contados desde dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

g) Elimínase el numeral 2.-, pasando los actuales numerales 3.- y 4.- a ser 2.- y 3.- respectivamente.

h) Agrégase un numeral 4.-, nuevo, del siguiente tenor:

“4.- Los plazos señalados en las letras a), b), c) y d) del número 1.- de este artículo, se contabilizarán a partir del primero de enero de 2006, a menos que se trate de derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.”.

3) Para modificar el numeral 26) del siguiente modo:

a) Reemplázase el literal a) por el siguiente:

“a) Sustitúyese el literal a) por el siguiente:

“a) En los primero cuatro años, los derechos de ejercicio permanente pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo.”.”.

b) Sustitúyese el literal b) por el siguiente:

“b) Modifícase en el literal b) la frase “sexto y décimo”, por la siguiente: “quinto y octavo”.”.

c) Agrégase el siguiente literal c), nuevo:

“c) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente se multiplicará por el factor 4; y en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así sucesivamente.”.”.

d) Agrégase el siguiente literal d), nuevo:

“d) Agrégase el siguiente literal d), nuevo:

“d) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido cuatro años contados desde la fecha de publicación de esta ley, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.”.

e) Agrégase el siguiente literal e), nuevo:

“e) Modifícase el inciso tercero del siguiente modo:

i) Intercálase entre la frase “utilización de las aguas” y la coma (,), la siguiente frase: “, de que dan cuenta los literales a), b) y c) anteriores”.

ii) Reemplázase la frase “. En el caso” por la siguiente frase: “, a menos que se trate”.

iii) Intercálase entre las frases “tal fecha,” y “los plazos se computarán”, la siguiente frase: “en cuyo caso”.”.

4) Para sustituir en el literal b) del numeral 27) el punto final (.) por la siguiente frase: “; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.”.

5) Para reemplazar el numeral 28) por el siguiente:

“28) Modifícase el artículo 129 bis 11 del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “su cobro” por la siguiente: “sacar dicho derecho a remate público”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“La referida acción prescribirá en el plazo de tres años, contado desde el 1° de abril del año en que debió pagarse la patente.”.”.

6) Para reemplazar el numeral 29) por el siguiente:

“29) Modifícase el artículo 129 bis 12 del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “constituirá título” por la siguiente: “tendrá mérito”.

b) Reemplázase en el inciso primero la frase “si se tuviese esta última” por la siguiente: “si se tuviesen estas dos últimas”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser octavo:

“Mientras no se haya dado cumplimiento al trámite señalado en el inciso anterior, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo indicado en el inciso primero del artículo 129 bis 13.

Recibida la nómina, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, y ordenará que esta resolución y la nómina de los derechos a subastar sean publicadas en dos días distintos en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente y en un diario de circulación nacional, independiente del soporte de los mismos, sea éste impreso, digital o electrónico. Corresponderá a la Tesorería General de la República efectuar estas publicaciones y cubrir sus gastos.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Las omisiones o errores en que la Tesorería haya incurrido en la nómina referida en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas.

El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán de igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal dará testimonio en los autos de haberse publicado el aviso en la forma y oportunidad señaladas.”.

d) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser octavo, del siguiente modo:

i) Sustitúyese la frase “del juicio ejecutivo” por la siguiente frase: “de este procedimiento”.

ii) Intercálase entre la frase “derechos de aprovechamiento” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “o el de la comuna en que se encuentre ubicada la captación, en caso de no estar inscrito”.

iii) Elimínase la siguiente frase: “Será aplicable a este juicio, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.”.

7) Para reemplazar el numeral 30) por el siguiente:

“30) Sustitúyase el artículo 129 bis 13 por el siguiente:

“Artículo 129 bis 13.- El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas, o la parte que corresponda, más un recargo del treinta por ciento de éste, y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor.

Para tomar parte en el remate, todo postor deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada, o la parte que corresponda, y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal. Asimismo, el Juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º, en un plazo máximo de dos meses, contado desde la inscripción de la adjudicación en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Si el Fisco no inscribiere la renuncia dentro de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, el juez respectivo podrá, a petición de cualquier interesado, ordenar a nombre del Fisco la inscripción de la renuncia en el Registro de Aguas correspondiente. En este caso, las aguas quedarán libres para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de conformidad a las normas generales.

Si la suma obtenida del remate excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado, una vez descontado el recargo, gastos y costas asociados al remate.

La venta en remate se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda y a ella podrán concurrir el Fisco, representado para estos efectos por el abogado del Servicio de Tesorerías; las instituciones del sector público y cualquier persona, natural o jurídica, en igualdad de condiciones. El Fisco podrá imputar al precio del remate el monto adeudado por concepto de patentes. El Fisco o cualquiera de las instituciones del sector público podrán concurrir al remate en igualdad de condiciones.

En aquellos casos donde el Fisco sea el único compareciente a la subasta o no se presentaren postores en el día señalado para el remate, el juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero de este artículo.

Será aplicable al procedimiento de remate del derecho de aprovechamiento lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Civil y el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, el Fisco tendrá preferencia para cobrar la patente adeudada con el producto del remate sobre todo otro acreedor.”.”.

8) Para intercalar el siguiente numeral 31), nuevo, pasando el actual a ser 32) y así sucesivamente:

“31) Deróganse los artículos 129 bis 14, 129 bis 15, 129 bis 16 y 129 bis 18.”.

9) Para intercalar el siguiente numeral 33), nuevo, pasando el numeral 33) a ser 34):

“33) Intercálase en el inciso primero del artículo 132, entre las frases “Los terceros” y “que se sientan”, la siguiente frase: “titulares de derechos de aprovechamiento constituidos e inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo”.”.

10) Para intercalar en el actual numeral 48) que ha pasado a ser 51), una letra c), nueva, pasando la actual a ser d):

“c) Incorpórese el siguiente numeral 4. a la letra b), nuevo:

“4. Reevaluar las circunstancias que dan origen a una declaración de área de restricción y a una zona de prohibición.”.”.

11) Para sustituir el literal c) del actual numeral 36), que ha pasado a ser 39), por el siguiente:

“c) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El derecho de aprovechamiento sólo quedará condicionado a su uso originario, en los casos descritos en el inciso final del artículo 129 bis 9. El cambio de uso de dichos derechos, queda sujeto a una autorización previa de la Dirección General de Aguas.”.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

12) Para eliminar en su inciso segundo la siguiente frase: “La caducidad de los derechos de aprovechamiento dispuesta en el artículo 6° bis creado por esta ley, sólo se aplicará a los derechos de aprovechamiento constituidos a partir de la entrada en vigencia de la misma.”.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, NUEVO

13) Para agregar el siguiente artículo quinto transitorio, nuevo:

“Artículo Quinto Transitorio.- Los titulares de derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley que deseen destinarlos al desarrollo de un proyecto recreacional, turístico u otro que implique no utilizar ni extraer las aguas de su fuente; y aquellos titulares de derechos de aprovechamiento cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de las áreas protegidas y que los destinen a mantener la función ecológica de las aguas, podrán acogerse a la exención del pago de patente por no uso, de que da cuenta el inciso final del artículo 129 bis 9, para lo cual deberá cumplir con las exigencias del Reglamento señalado en el inciso final del artículo 129 bis 9.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

MÁXIMO PACHECO MATTE

Ministro de Energía

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS (Boletín N°7.543-12)

__________________________________

SANTIAGO, 08 de septiembre de 2015.

Nº 926-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Para intercalar el siguiente numeral 55), nuevo, pasando el actual numeral 54), que pasó a ser 55), a ser 56), y así sucesivamente:

“55) Modifícase el artículo segundo transitorio del siguiente modo:

a) Modifícase el inciso primero del siguiente modo:

i) Reemplázase la frase “Los derechos de aprovechamiento inscritos” por la siguiente: “Los usos actuales de las aguas”.

ii) Sustitúyese la palabra “utilizados” por la siguiente: “aprovechados”.

iii) Elimínase la frase “por personas distintas de sus titulares”.

iv) Sustitúyese el literal d) por el siguiente:

“d) Reunidos todos los antecedentes, la Dirección General de Aguas, previo a resolver, podrá consultar a la Organización de Usuarios respectiva, en caso que ésta exista, su opinión fundada sobre características del uso y su antigüedad. La respuesta de la organización no será vinculante para el servicio.”.

v) Agrégase el siguiente literal e), nuevo:

“e) La Dirección General de Aguas emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada que reconocerá los derechos de aprovechamiento que cumplan con los requisitos descritos en este artículo, señalando las características esenciales del derecho de aprovechamiento. En caso contrario, denegará la solicitud. A la resolución que reconozca el derecho de aprovechamiento le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de este Código.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Las Organizaciones de Usuarios legalmente constituidas podrán presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan individualmente los requisitos para ello.”.

c) Elimínase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero.

2) Para reemplazar el actual numeral 54), que pasó a ser 56), por el siguiente:

“56) Modifícase el artículo quinto transitorio del siguiente modo:

a) Modifícase el inciso primero del siguiente modo:

i) Reemplázase la frase “La determinación” por la siguiente: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2° transitorio, la determinación”.

ii) Sustitúyense los numerales 1., 2., 3. y 4. por los siguientes:

“1. Deberá acreditarse la existencia y extensión de los derechos de aprovechamiento de aguas expropiados, la relación entre tales derechos y la superficie regada, y la circunstancia de que no existan otros derechos de aprovechamiento asignados al mismo predio. Para lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá requerir al Servicio Agrícola y Ganadero para que éste informe acerca de dichas circunstancias en referencia a cada predio asignado, a la reserva, a la parte que se hubiere excluido de la expropiación y a la que se hubiere segregado por cualquier causa cuando ello fuere procedente. Lo anterior, en forma proporcional a la extensión efectivamente regada, a la fecha de la expropiación. Este informe no tendrá carácter vinculante.

Previo a resolver, la Dirección General de Aguas, podrá solicitar las aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor resolver, de conformidad se indica en el inciso segundo del artículo 135.

2. La regularización de los derechos a que se refiere este artículo se hará mediante resolución de la Dirección General de Aguas, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 del presente Código. Esta resolución deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial para efectos de su notificación y en su contra procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

3. A la resolución que determine el derecho de aprovechamiento de conformidad a estas reglas, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de este Código.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Esta regularización no le será aplicable a aquellos predios expropiados por las Leyes Nos 15.020 y 16.640 que a la fecha de dicha expropiación no contaban con derechos de aprovechamiento.”.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

3) Para modificarlo siguiente modo:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la frase “seguirán estando vigentes” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo dispone los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Los procedimientos descritos en los artículos 2° y 5° transitorios del decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas, sólo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización. Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

4) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las frases: “Los derechos de aprovechamiento constituidos” y “con anterioridad”, la siguiente frase: “por acto de autoridad competente”.

b) Reemplázase la palabra “que” por la siguiente frase: “cuyos titulares”.

c) Reemplázase el vocablo “seis” por “dieciocho”.

d) Agrégase a continuación del punto y aparte (.), la siguiente frase: “Este plazo podrá prorrogarse, por igual período, si el titular del derecho lo solicitare a la Dirección General de Aguas, con anterioridad al vencimiento del plazo antes referido, siempre y cuando el requerimiento se base en la negativa injustificada del Conservador de Bienes Raíces competente a inscribir el derecho y se haya iniciado un procedimiento de reclamo judicial para inscribirlo.”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

5) Para eliminarlo, adecuando la numeración de los siguientes artículos.

Dios guarde a V.E.,

JORGE BURGOS VARELA

Vicepresidente de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

CARLOS FURCHE GUAJARDO

Ministro de Agricultura

INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS

BOLETÍN N° 7543-12

Honorable Cámara:

La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación pasa a informar el proyecto de ley del epígrafe, de origen en una moción de las diputadas señoras Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda; de los diputados señores Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier y Patricio Vallespín; y de los ex diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti, que cumple su primer trámite constitucional y primero reglamentario.

Con fecha 14 de octubre de 2015 el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de “suma”.

Al tenor de lo resuelto por la Sala en sesión del 15 de octubre de 2015, corresponde a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Social conocer el presente proyecto; sin perjuicio del trámite posterior en la Comisión de Hacienda, según se especifica en el lugar respectivo de este informe.

Durante el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y participación de las siguientes autoridades y particulares: señora Ximena Rincón, ministra Secretaria General de la Presidencia; señor Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, y asesor jurídico de esa cartera, señor Zarko Luksic; señor Juan Eduardo Faúndez, subsecretario de Servicios Sociales, y señor Lautaro Loncón, coordinador nacional de consulta y participación indígena del ministerio de Desarrollo Social; señor Carlos Estévez, Director General de Aguas (DGA), y los funcionarios de esa repartición, señoras Tatiana Celume (asesora jurídica), Luis Alberto Moreno (jefe del departamento de administración de recursos hídricos), Mónica Musalem (jefa de conservación ambiental), y señores Marcelo Araya, Marcos Larenas y Carlos Flores; señor Reinaldo Fuentealba, director de Obras Hidráulicas del MOP; señores Francisco Echeverría y Rodrigo Weisner, ex directores de la DGA; doña Sara Larraín, Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable; don Rodrigo Fuster, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile; doña Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram; don Cristián Frene, Director del Proyecto “Agua que has de Beber” y miembro de la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN); doña Julieta Cortés, Presidenta de la Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela; don Jehová Ibacache, presidente del Consejo Regional Campesino (Región de Coquimbo), y los dirigentes de esa entidad, señores Nilo González, Patricio Hevia, Eleser Maluenda y Hugo Maturana, y señora Leticia Ramírez; doña Teresa Sarmiento y don Manuel Mundaca, miembros de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU); doña Orfelina Alcamán, dirigente del pueblo mapuche en Lumaco; don Juan Armesto, ecólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica; señor Axel Dourojeanni, miembro de la Fundación Chile; señor Pablo Morales, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional; señor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; y señores Rodrigo Mundaca y Luis Soto, del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima); señora María Inés Figari y señor José Corral, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Sociedad Agrícola del Norte; señor José Eugenio González, presidente del sistema embalse La Paloma; señor Julio Molina, vicepresidente del directorio de la junta de vigilancia del río Choapa; señor Vicente Tiska, director de la junta de vigilancia del río Illapel; señor Fernando Peralta, presidente de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile; señor Javier Crasemann, director de la organización antes mencionada; señor Javier Carvallo, juez de aguas del río Maipo primera sección; señor Pedro Valdivia, alcalde de Punitaqui; señor Bernardo Leyton, alcalde de Canela; señor Manuel Marcarián, alcalde de Los Vilos; señores Walter Riegel y Santiago Matta, presidente y gerente, respectivamente, de la junta de vigilancia III sección del río Aconcagua; señor Héctor Salinas, miembro de la comunidad Colla Río Jorquera y sus afluentes (comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama); señor Diego Castro, secretario ejecutivo de la junta de vigilancia del río Lontué; señor Francisco Soler, presidente de la Asociación de Canalistas del río Teno; señora Consuelo Sepúlveda y señor José Tomás Cuadrado, de la organización “Recursos Naturales”; señora Gloria Marín y señor Roberto Flores, de la junta de vecinos del sector San Julián, comuna de Ovalle, región de Coquimbo; señor Ricardo Sangüesa, agricultor de la provincia de Petorca, región de Valparaíso; señores Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y Eduardo Riesco, fiscal de dicha entidad; señoras Sandra Huentemilla, Verónica Grunewald y Marisol Hito, representantes de las Autoridades Ancestrales y Pueblos Originarios; señores Ignacio Álamos, Gonzalo Merino y Alfonso Ríos, de Agropetorca A.G.; abogados señores Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer, expertos en derecho constitucional; señores Felipe Grez y Rodrigo Mundaca, representantes del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Ideas matrices del proyecto.

Las ideas matrices del proyecto de ley son las siguientes: a) Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; b) Reconocer las diversas funciones que ésta puede cumplir -social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.- c) Generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y d) Establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Los siguientes artículos son de rango orgánico constitucional, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución Política:

-El número 30., letra a), literal ii) del artículo único, que modifica el artículo 129 bis 2 del Código en mención.

-El número 36., letra d) literal ii) del artículo único, que modifica el artículo 129 bis 12 del Código.

Los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del mismo Código.

No hay normas de quórum calificado.

3) Normas que requieren conocimiento de la Comisión de Hacienda.

Los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación en general del proyecto.

El proyecto de ley fue aprobado en general por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Girardi, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Espinosa (don Marcos), Gutiérrez (don Romilio) y Walker, y la ex diputada señora Muñoz; en tanto que se abstuvo el ex diputado señor Bertolino.

5) Trámite ante la Corte Suprema.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 77 de la Constitución Política, y 16 de la LOC del Congreso Nacional, mediante oficio N°167, de 2 de julio de 2015, se solicitó la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre una modificación recaída en el artículo 129 bis 2 del Código de Aguas, que incide en la competencia de los tribunales ordinarios; consulta que fue respondida por la Excma. Corte mediante oficio N°97, de 7 de septiembre de 2015.

Con posterioridad, y en razón de la presentación de una indicación al artículo 129 bis 12 del Código en mención, que también dice relación con la ley orgánica constitucional a que alude la referida norma de la Carta Fundamental, se envió a la Excma. Corte Suprema el oficio N° 225, de 25 de agosto de 2015, solicitando el parecer de esa Corte.

Finalmente, y en razón de otra indicación del Ejecutivo, relativa a los artículos 2° y 5° transitorios del Código, y que incide, asimismo, en la LOC sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia, se remitió a la Corte Suprema el oficio N°233, de 9 de octubre de 2015.

6) Diputado informante.

Se designó diputado informante al señor LUIS LEMUS.

7) Otras Constancias.

Durante la discusión particular del proyecto, se formularon las siguientes RESERVAS DE CONSTITUCIONALIDAD:

1) Del diputado señor Gahona, al inciso segundo del artículo 6° del Código de Aguas, en virtud del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política (sesión N°36, del 21 de enero de 2015).

2) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, a los incisos primero y tercero del artículo 129 bis 1 del Código en mención, según lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental (sesión N°48, del 10 de junio de 2015).

3) Del diputado señor Urrutia (don Ignacio), al artículo 147 quáter, de acuerdo al artículo 19 N°24 de la Constitución Política (sesión N°49, del 1 de julio de 2015).

II. ANTECEDEDENTES GENERALES Y FUNDAMENTOS.

a) Antecedentes.

La moción se basa en el reconocimiento de problemas de equidad en el acceso y sustentabilidad ambiental que enfrenta la gestión del agua en Chile. De acuerdo a los autores del proyecto, estos problemas derivan de una visión restrictiva del agua, que se limita a concebirla como un bien económico e insumo productivo, en circunstancia de que también es un bien esencial para la sobrevivencia humana y de las demás especies y ecosistemas, como asimismo un bien intangible para la cultura, la calidad de vida y el desarrollo social. Es por ello que se requiere una mirada integral de este recurso natural, que considere la diversidad geográfica y climática del país, y se logre una gestión armónica de los diversos usos del agua.

A juicio de los autores de la moción, el sistema normativo que rige actualmente el agua no ha sido capaz de enfrentar estos desafíos, y como consecuencia de ello se han provocado problemas en el acceso y el abastecimiento, escasez hídrica, extracción ilegal, sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, concentración de la propiedad, inseguridad en el abastecimiento primario y en el desarrollo local, degradación ambiental, condiciones de mercado erráticas y disímiles a lo largo del territorio, e información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos.

Este sucinto cuadro explica que se hayan presentado diversas propuestas de reforma de la normativa sobre aguas, y que conforman el antecedente de este proyecto. Las aludidas propuestas, que inciden tanto en el plano legal como constitucional, se presentaron entre los años 1992 y 2009, y son las siguientes:

a) Modificación del artículo 19, N°24 de la Constitución Política, en lo relativo al régimen jurídico de propiedad de las aguas (7 de abril de 1992). Moción de los ex diputados señores Mario Acuña y Rubén Gajardo (boletín N° 652-07).

b) Reforma relativa a la caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas (9 de febrero de 1996). Moción de los senadores señores Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar, y de los ex senadores señora Carmen Frei y señores Sergio Páez y Mariano Ruiz-Esquide (boletín N°1779-07).

c) Reforma constitucional sobre dominio público de las aguas (30 de septiembre de 2008). Moción de los senadores señores Guido Girardi y Alejandro Navarro, y de los ex senadores señores Nelson Ávila, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide (boletín N°6124-09).

d) Reforma constitucional sobre exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas (7 de octubre de 2008). Moción del ex senador señor Ricardo Núñez (boletín N°6141-09).

e) Introduce modificaciones al Código de Aguas (19 de noviembre de 2008). Moción de los diputados señores Marcos Espinosa y José Miguel Ortiz, y de los ex diputados señora Adriana Muñoz y señores Marcelo Díaz y Antonio Leal (boletín N°6208-09).

f) Modifica el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público (16 de diciembre de 2008). Moción de los ex diputados señores René Aedo y Francisco Chahuán (boletín N°6268-07).

g) Reforma constitucional al artículo 19 N° 23 y N° 24, (6 de enero de 2010). Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet (boletín N°6816-07).

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Según los autores del proyecto en informe, la temática que abordan las iniciativas legales arriba reseñadas puede sintetizarse en los siguientes tópicos:

i. Refuerzan el estatus legal y constitucional de las aguas como bienes nacionales de dominio público;

ii. Reconocen y fortalecen las múltiples funciones del agua: en el abastecimiento primario, la salud y la calidad de vida de las personas, y la sustentabilidad ambiental;

iii. Establecen procedimientos para prevenir la concentración de derechos de agua en pocos titulares y la especulación sobre la base de esos derechos;

iv. Fijan prioridades de uso para el recurso hídrico;

v. Establecen condiciones para el uso y aprovechamiento de las aguas, de modo de velar por la protección ambiental y el uso sostenible de las aguas, tanto por parte del Estado como de los privados.

vi. Proponen crear mecanismos para la adecuada planificación de los recursos hídricos, lo que exige adecuar la legislación para crear las potestades públicas que permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar la seguridad hídrica frente a fenómenos como la sequía y el calentamiento global.

Adicionalmente, la moción toma en cuenta diversas resoluciones, programas y tratados Internacionales, en el marco del sistema de Naciones Unidas, que expresan la permanente atención y prioridad respecto del uso sostenible de los recursos naturales, y particularmente sobre la protección de las fuentes de agua dulce y el acceso humano al agua.

b) Fundamentos.

La moción señala que el actual modelo de asignación del agua entrega a los particulares el dominio absoluto sobre el recurso, dejando al Estado sin instrumentos suficientes para regular el uso y ejercicio de los derechos de agua. En ese contexto, y tomando en cuenta las limitaciones de disponibilidad dadas por las condiciones naturales, la propia explotación productiva y los desafíos del cambio climático, indica que el Estado requiere de mayores facultades para velar por este bien común.

En efecto, la moción señala que el modelo de asignación de aguas ha generado una serie de dificultades para el abastecimiento primario, el desarrollo social y las necesidades del desarrollo local; además de riesgos en la disponibilidad y amenazas importantes a la sustentabilidad económica y al equilibrio ambiental de las fuentes hídricas.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto en informe persigue los siguientes objetivos:

a) Generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, para dar estabilidad al abastecimiento y prioridad al agua potable, al saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.

El actual sistema de asignación de recursos hídricos no contempla un mecanismo expedito orientado al resguardo de los recursos hídricos para consumo humano y abastecimiento primario. En efecto, todos los usos son igualmente prioritarios para efectos de la constitución de derechos, a pesar de existir acuerdos internacionales que urgen una distinción y la priorización de los usos esenciales. Existen demandas de agua no competitivas, como aquellas asociadas a la producción de alimentos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo local, las cuales, en general, no son cubiertas con el modelo vigente de asignación y transacción de derechos de aguas.

Hoy día existen problemas indiscutibles de equidad en el acceso al agua, incluyendo la concentración en la propiedad de derechos de agua constituidos y retenidos por privados por largos períodos y sin uso; la especulación con los derechos de agua; los cambios en el destino y uso productivo de estos, etc.

b) Establecer una nueva categoría de derecho: el agua como derecho esencial: El rediseño del modelo de asignación de derechos de aprovechamiento de aguas debe permitir al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales de desarrollo local, ambiental y territorial. Todos estos usos, que no son competitivos en el ámbito de las reglas de mercado, y a veces irrelevantes en términos de la productividad de corto plazo, son fundamentales para el desarrollo social y ambiental sustentable.

En tal virtud, los usos esenciales del agua deben ser cubiertos con un nuevo tipo de permiso para su uso: la concesión, que no es equivalente al derecho de aprovechamiento, pues no se transa en el mercado, y además está condicionada a un determinado uso, calificado como esencial. Este uso esencial ha de ser prioritario y, por ende, prevalecer sobre los usos competitivos, lo que justifica el establecimiento de restricciones al ejercicio de todos los derechos de agua otorgados para usos competitivos.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto incorpora diversas modificaciones en el Código de Aguas, cuyo contenido temático, en síntesis, es el que pasa a exponerse:

a) Énfasis en el carácter de bien nacional de uso público de las aguas.

La moción agrega un artículo 4° bis en el Código de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes nacionales de uso público y que cumplen, entre otras, funciones ambientales, de subsistencia, étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial; y establece como deber del Estado garantizar el acceso a dichas funciones.

b) Regulación de la función ambiental, escénica, paisajística y social de las aguas.

La moción incorpora un nuevo título al libro primero del Código de Aguas, donde regula las funciones del agua. Al respecto, establece que para garantizar el acceso el acceso a la función productiva del agua, se otorgarán derechos de aprovechamiento.

Sin embargo, el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con dicho postulado, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal cuyo objetivo sea el desarrollo de las funciones enunciadas en el apartado anterior.

c) Establecimiento de concesiones de uso temporal.

Finalmente, y en relación con lo antes expuesto, el proyecto agrega varios artículos al Código de Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances de las concesiones de uso temporal. Al respecto, se establece -en síntesis- que estas concesiones no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A) DISCUSIÓN GENERAL.

A.a) Síntesis de las opiniones entregadas por los invitados

1.- Sara Larraín, Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable [1].

Valoró que el proyecto reconozca los problemas existentes en materia de acceso y disponibilidad de agua en Chile. En este sentido, consideró que la fundamentación del proyecto resulta acorde con la situación de grave sequía que vive el país, y reiteró que no será posible resolver los problemas de acceso y gestión del agua sin cambiar sustancialmente el Código de Aguas, que data de 1981, y los artículos constitucionales referidos a los recursos hídricos, que regulan la propiedad, acceso, distribución y gestión del agua en Chile.

También destacó la referencia que hace el proyecto a las siete reformas legales y constitucionales ingresadas entre 1992 y 2009: cinco proyectos de reforma constitucional y dos que proponen modificar el Código de Aguas, cuyo contenido puede resumirse en los siguientes puntos:

1.- Refuerzan el estatus legal y constitucional de las aguas como bienes nacionales de dominio público;

2.- Buscan fortalecer las múltiples funciones del agua y destacan la urgente necesidad de reconocer aquellas relacionadas con el abastecimiento primario, la salud, la calidad de vida de las personas y la sustentabilidad ambiental. También destacan la responsabilidad del Estado en preservar dichas funciones y la necesidad de fortalecer las políticas públicas que apunten en esa dirección;

3.- Establecen prioridades de uso para el recurso hídrico y fijan condiciones para el uso y aprovechamiento de las aguas; y

4.- La propuesta de reforma constitucional planteada en la primera administración de la Presidenta Bachelet plantea crear mecanismos para la adecuada planificación de los recursos hídricos.

Por otro lado, la representante de Chile Sustentable elogió que el presente proyecto aluda a las resoluciones e informes internacionales sobre políticas públicas en materia de aguas, entre las que cabe mencionar los siguientes:

1.- Las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos N°7/22, de 28 de marzo de 2008, y N°12/8, de 1 de octubre de 2009, sobre “los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento”.

2. El Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el alcance y el contenido de las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento.

3. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de junio de 2010, que declara el “derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Según señaló Larraín, el proyecto en análisis reconoce los avances alcanzados con la reforma legal del año 2005, que pueden sintetizarse en los siguientes puntos: (i) instaurar el requerimiento de fundamentar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas; (ii) establecer la obligación de determinar y mantener caudales hidrológicos mínimos en las cuencas para prevenir el desecamiento de los ríos; y (iii) establecer el pago de multas para aquellos poseedores de derechos de aprovechamiento de derechos de agua que los acaparan sin utilizarlos. No obstante, también reconoce que hay reformas pendientes.

La fundamentación principal del proyecto parte de la base que el Código de Aguas vigente otorga a los privados la propiedad sobre este recurso en forma gratuita y a perpetuidad. Una vez otorgados estos derechos a personas naturales o jurídicas de manera gratuita, el Estado no posee instrumentos para regular el uso y ejercicio de ese derecho, salvo situaciones de escasez, o ante la falta de acuerdo por parte de los usuarios. Este modelo de asignación de aguas ha generado una serie de dificultades para el abastecimiento primario, el desarrollo social y el desarrollo local, además de riesgos en la disponibilidad y amenazas importantes a la sustentabilidad económica y al equilibrio ambiental de las fuentes hídricas. La escasez de agua ha transformado la disponibilidad hídrica en un asunto de seguridad nacional.

Coincidió también con los objetivos que persigue el proyecto de ley, y en este orden subrayó dos aspectos esenciales:

1.- Generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, para dar estabilidad de abastecimiento y prioridad al agua potable, al saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local, toda vez que el actual sistema de asignación de recursos hídricos en Chile no contempla un mecanismo expedito orientado al consumo humano y al abastecimiento primario. Por el contrario, todos los usos son igualmente prioritarios para efectos de la constitución de derechos, a pesar de existir acuerdos internacionales que urgen una distinción y la priorización de los usos esenciales. Existen demandas de agua no competitivas, como aquellas asociadas a la producción de alimentos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo local, las cuales, en general, no son cubiertas con el modelo de asignación y transacción de que nos rige. Los problemas actuales son, básicamente, la concentración en la propiedad de derechos de agua constituidos y retenidos por privados por largos períodos y sin uso, la especulación de derechos de agua, y los cambios en el destino y uso de tales derechos.

2. Establecer una nueva categoría de derecho: el agua como derecho esencial. El rediseño del modelo de asignación de derechos de aprovechamiento de las aguas debe permitir al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales de desarrollo local, ambiental y territorial. Todos estos usos, no competitivos en el ámbito de las reglas de mercado, y a veces irrelevantes en términos de la productividad de corto plazo, son fundamentales para el desarrollo social y ambientalmente sustentable. Los usos esenciales del agua deben ser cubiertos con un nuevo tipo de permiso para su uso, como lo es la concesión, la cual no es equivalente a un derecho de aprovechamiento, pues no es transable en el mercado y, además, debería estar condicionada a un determinado uso calificado como esencial. Los usos esenciales deberían ser prioritarios por sobre los usos competitivos, y establecerse restricciones al ejercicio de todos los derechos de agua otorgados para usos competitivos. Estos últimos deberían ser cubiertos con derechos de aprovechamiento semejantes a los otorgados en el actual modelo de asignación, por fecha de solicitud de las peticiones, y de manera coherente con la disponibilidad del recurso, no perjudicando los derechos de terceros. Tanto para los derechos nuevos como para los antiguos deben regir obligaciones referidas a la función social del derecho de agua otorgado.

Por último, la señora Larraín enfatizó que la situación de sequía es crítica y que la circunstancia de no tener una diferenciación entre usos prioritarios y competitivos empeorará este panorama. La ausencia de un marco normativo claro al respecto dificulta la gestión del agua por parte del Estado y determina que el recurso quede entregado a quien tiene mayor capacidad de pago.

2. Rodrigo Fuster, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile [2].

Expuso sobre el estado de agotamiento de las aguas, reflejado en el siguiente cuadro:

Como se advierte del cuadro en comento, existen cuencas con serios problemas de disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea.

De acuerdo a otros datos, relativos al estado de otorgamiento de derechos, queda en evidencia el gran número de cuencas con sobre otorgamiento de derechos, sobrepasando el nivel sustentable en cada cuenca, con una excedencia qua va desde el 100% al 150% para los acuíferos sombreados de color claro en el siguiente gráfico, hasta una excedencia de hasta 1001%-1600% en los acuíferos que figuran de color más oscuro en el gráfico.

Según datos de la Dirección General de Aguas (DGA), hay cuencas deficitarias a lo largo del país (que aparecen en color rojo en el mapa que se muestra a continuación), y otras que están en riesgo (en amarillo).

Respecto al proyecto, señaló que existen evidencias de que el actual sistema de acceso al agua resulta inequitativo, no solo tratándose de derechos de agua, sino también en cuanto a acceso a información. Indicó también que existe vulnerabilidad en el acceso prioritario al agua (por ejemplo, en la cuenca del Maipo). El Código de Aguas permite que los privados se organicen y eso ha generado que ciertas Juntas de Vigilancia hayan logrado resguardar el agua potable (por ejemplo, bajo el acuerdo que ceden aguas a las sanitarias en épocas de baja demanda agrícola). Sin embargo, la debilidad del sistema queda reflejada en que el 80% de los derechos están en manos agrícolas y eso implica una vulnerabilidad para el acceso a agua potable.

Además, criticó la rigidez del sistema, lo que queda demostrado en el seccionamiento de la cuenca del Maule. A su juicio, la falta de prioridades de uso genera una situación de conflicto entre los distintos usuarios del sistema. Puntualizó que el sistema de seccionamiento va contra las reglas hidrográficas y es foco de conflicto.

En cuanto a la categoría del agua como derecho esencial, explicó que ello persigue establecer usos esenciales y prioritarios respecto de este recurso. La experiencia comparada (por ejemplo, Australia y Sudáfrica) muestra que hay casos de mercados del agua, pero con el establecimiento de prioridades, reconociéndose conceptos como “caudal social”, “caudal para agricultura de subsistencia” y “caudal ambiental prioritario”. La sustentabilidad de los sistemas se ve de acuerdo a los servicios que proveen y estos tipos de caudales no necesariamente resultan menores a los caudales productivos. Por lo tanto, destaca del nuevo proyecto que la DGA tenga facultades para establecer caudales de reserva.

También señaló que los derechos esenciales tienen gran importancia para su aplicabilidad en zonas sobreexplotadas. Pero es necesario dar facultades institucionales e incluir un criterio de territorialidad, pues depende mucho de las zonas del país cómo aplicar la priorización.

Es fundamental saber quiénes son los titulares de los derechos de aprovechamiento. Hay un serio desconocimiento del uso real de las aguas, lo que se evidencia, por ejemplo, en la zona de Petorca y La Ligua. A su juicio, es urgente un catastro de los usuarios reales del agua.

Como reflexión final, subrayó la necesidad de llevar a cabo una gestión a nivel de cuencas, pues es problemático separar las aguas de la tierra. Sobre la organización de los usuarios, reconoció que el sistema funciona mejor cuando estas agrupaciones existen, por lo que debería fomentarse su creación en aquellas zonas donde aún no se organizan. Respecto al seccionamiento, estimó que la división de cuencas ha traído serios perjuicios en el país.

3. Rodrigo Weisner, abogado y ex Director de la Dirección General de Aguas [3].

Señaló que cerca del 60% del recurso hídrico del país está en situación de sobreexplotación. Las cifras demuestran que, incluso en el más optimista de los escenarios posibles de desarrollo del cambio climático, cerca del 70% del país tendrá una disminución del 20% de los recursos hídricos. Incluso la propia DGA ha reconocido que existe un déficit de agua en grandes proporciones del país. Es por ello que el diagnóstico de disponibilidad de agua en el país es muy complejo.

Acotó que el problema base es que no existe un consenso en el país sobre los distintos roles del agua. Hay aproximaciones políticas al tema, pero no se abordan los distintos usos posibles del agua. De ahí que no existan prioridades definidas y ese sería el primer paso necesario para llevar a cabo las reformas necesarias. Ejemplificó esto con el caso del estero El Manzano, en el Cajón del Maipo, que tiene una función recreativa popular además de su rol productivo. Lo mismo sucede con otras cuencas a lo largo del país.

En cuanto a regulación, indicó que el Código de Aguas originalmente tarificaba el uso del agua, pero que finalmente se optó por establecer los derechos de aprovechamiento con su asignación vía remate. El año 2005 se incorporó la facultad de reservar caudales y cobrar patentes por no uso del agua, para de ese modo desincentivar la especulación [4]. Pero todas estas normas contemplan el agua desde su función productiva. Incluso el concepto de “caudal ecológico” no satisface una visión completa del agua, que incluya su función escénica.

Indicó, refiriéndose a la regulación del agua en la Constitución, que en ella se regulan tanto el derecho a un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 N°8), como el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24) y, específicamente, los derechos sobre las aguas (artículo 19 N° 24 inciso final). Esta triple regulación es fuente de problemas. Por ejemplo, cuando se pretendió establecer la caducidad de los derechos aprovechamiento el año 1992, se estimó que ello era inconstitucional, por vulnerar el derecho constitucional de propiedad, a pesar de que la propia constitución permite establecer limitaciones al derecho de propiedad mientras no se afecte el derecho en su esencia. Finalmente, se optó por establecer el pago de patentes por no uso.

En este escenario se inserta el proyecto de reforma al Código de Aguas. En su opinión, la presente iniciativa puede hacer revivir la discusión constitucional, porque reitera que las aguas tienen la condición de bienes nacionales de uso público, pero además reconoce las distintas dimensiones del agua e incorpora el deber del Estado de garantizar el acceso a estas funciones.

Sobre el contenido específico del proyecto, manifestó respecto del artículo 5° bis 1 propuesto, que sería aconsejable aclarar si las fuentes naturales que menciona incluyen las aguas superficiales y subterráneas. En cuanto la citada disposición limita los derechos de aprovechamiento, aborda un aspecto que merece un examen de constitucionalidad.

Por otro lado, realzó la nueva facultad que se otorgaría al Estado de reservar caudales para garantizar las funciones no productivas del agua (facultad distinta a la del actual 147 bis). Respecto al establecimiento de concesiones temporales que se sugieren para la utilización de las aguas en sus funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial, opinó que la norma debiera remitirse a un reglamento que regule la manera de ejercer estas concesiones, como también que impida el desarrollo económico de una localidad por la acción de especuladores.

El señor Weisner sintetizó su exposición en los siguientes puntos: (i) las múltiples funciones del agua no están protegidas en la legislación actual; (ii) si existiera consenso de que todas las funciones deben ser resguardadas, ya sea en iguales términos o priorizando unas sobre otras, se requiere un cambio de la legislación; (iii) el proyecto de ley en estudio apunta a relevar todas las funciones del agua, como obligación del Estado de preservar; y (iv) se requerirá un pronunciamiento expreso en orden a si la facultad de modificar los derechos de aprovechamiento requiere de modificación constitucional previa (19 N° 24 inciso final de la C.P.).

4.- Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram [5].

Indicó en primer término que ya en la Cumbre de la Tierra del año 1992 se enfatizó la necesidad de resguardar el agua. De esto se deduce que una adecuada gestión de las aguas debe: (i) garantizar el acceso al agua de todos los seres humanos y (ii) garantizar el mantenimiento de los ecosistemas y la vida que sustentan.

Respecto al contexto chileno, señaló que el promedio de disponibilidad de agua para Chile es de 5.200 m3/hab/año, en tanto que la media mundial es de 7.100 m3/hab/año. Agregó que este diferencial es más alto si se compara con la zona que va desde Santiago al norte, donde la disponibilidad no sobrepasa los 1.000 m3/hab/año, lo que pone de manifiesto que el agua se distribuye en forma desigual a lo largo y ancho de Chile, y que no contamos con una adecuada gestión de las aguas. En este mismo sentido se pronunció la OCDE el año 2005, organismo que recomendó:

- Continuar invirtiendo en alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y otras infraestructuras sanitarias en las áreas urbanas y rurales;

- Aumentar el tratamiento eficaz de efluentes industriales, y fortalecer las capacidades de inspección y cumplimiento de las normas relacionadas;

- Reducir los efectos de la agricultura (relacionados con el riego, nutrientes, pesticidas y salinización, entre otros) en la calidad y la cantidad del agua;

- Desarrollar un enfoque integrado de gestión de cuencas para mejorar el manejo de los recursos hídricos y forestales, y para proporcionar servicios ambientales con más eficiencia;

- Poner más énfasis en el manejo del agua para la protección de los ecosistemas acuáticos;

- Mejorar la integración de las consideraciones ambientales en el manejo del agua, estableciendo un régimen sólido para los caudales ecológicos mínimos y normas biológicas sobre la calidad del agua; y

- Mejorar la base de información y conocimientos sobre el manejo del agua (control de la calidad del agua del medio ambiente, registro de derechos de agua, datos sobre gasto y financiamiento, entre otros).

En cuanto al proyecto en análisis, compartió gran parte del diagnóstico que motiva esta iniciativa de ley, y coincidió en que algunas de las consecuencias del actual contexto político y normativo chileno son las que pasan a enunciarse:

- Incremento de conflictos por el agua

- Problemas de acceso y abastecimiento

- Escasez hídrica y extracción ilegal

- Sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas

- Concentración de propiedad de derechos de aprovechamiento

- Desarrollo local y abastecimiento primario sin seguridad jurídica

- Degradación ambiental de salares, humedales y cuencas hidrográficas

- Condiciones de mercado erráticas y muy disímiles en el territorio

- Información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos

Además, la institucionalidad que nos rige:

- No garantiza las funciones ecosistémicas

- No reconoce los glaciares

- No regula la contaminación (normas secundarias de calidad)

- No existe claridad sobre los derechos de agua en áreas protegidas

Acerca del contenido del proyecto, efectuó las siguientes propuestas:

1.- Respecto al artículo 4° bis: (i) debe explicitar que las aguas son bienes nacionales de uso público en todas sus formas, incluidos los glaciares; (ii) deben añadirse las funciones ecosistémicas que garantizan la existencia de la vida; y (iii) debe señalar que se garantiza el acceso al agua y la permanencia de las funciones señaladas en el artículo.

2.- Respecto al artículo 5°, debería señalar que el Estado “puede” otorgar derechos de aprovechamiento de aguas.

3.- En el artículo 5° bis deben garantizarse también las funciones ecosistémicas.

4.- En el artículo 5° bis 2 debe señalarse que las reservas sólo podrán ser utilizadas cuando estén garantizadas las funciones ecosistémicas, o cuando exista una situación de sequía que afecte a la población humana.

5.- En el artículo 5° bis 3 debe señalarse que, en todo caso, las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones de uso temporal deberán explicitar el tipo de uso para el cual se eleva la solicitud.

6.- En el artículo 5° bis 4 convendría añadir que las concesiones de uso temporal tampoco podrán arrendarse ni transmitirse por sucesión por causa de muerte.

7.- En el artículo 5° bis 6 debe señalarse que el acto administrativo que constituye la concesión de uso temporal mencionará las modalidades especiales que la afecten, con el objeto de garantizar también las funciones ecosistémicas.

Por último, la representante de Terram hizo los siguientes comentarios y observaciones: (a) las funciones ecosistémicas no son lo mismo que los servicios ambientales o las funciones ambientales; (b) es necesario avanzar en las normas relativas a contaminación de las aguas, incluyendo tanto normas de calidad como de regulación en periodos de estrechez hídrica, donde la concentración de contaminantes se incrementa por existir menos dilución; (c) es necesario también aumentar la regulación del mercado del agua y definir plazos y condiciones para la utilización de los derechos de agua, aclarando que estos sólo pueden ser usados para el fin que fueron otorgados, aun cuando sean transferidos; (d) se precisa exigir avisar al Estado acerca de las transacciones de agua; y (e) es urgente dejar establecido que en las áreas protegidas no se podrán constituir derechos de aprovechamiento de aguas, así como tampoco de uso de porciones de agua y fondo.

5.- Cristián Frene, Director del Proyecto “Agua que Has de Beber” y miembro de la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). [6]

Se refirió en primer lugar al cambio climático, fenómeno que ha sido ampliamente estudiado por la comunidad científica, formándose el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo de consenso de alcance planetario. Acerca de esta temática, entregó datos del crecimiento exponencial de la concentración de gases invernadero, los distintos escenarios posibles en cuanto a aumento de las temperaturas, de baja en las precipitaciones, etc., precisando que todos estos fenómenos tienen fuertes repercusiones en la disponibilidad de recursos hídricos.

Sin embargo, no todos los cambios y desafíos que se avecinan en relación a los recursos hídricos responden a fenómenos naturales, pues también inciden fuertemente las prácticas productivas que se desarrollen. En este punto, se refirió a los impactos del modelo silvo-agropecuario chileno, el cual ha determinado el cambio en el uso del suelo, el aumento de demanda por agua, el cultivo de especies altamente demandantes (como los paltos), la introducción de monocultivos, el uso de camellones a favor de la pendiente (que favorecen la erosión), etc.

También abordó el modelo forestal chileno, criticando la práctica de plantar pinos y eucaliptus, ya que estas plantaciones tienen efectos en la disponibilidad de agua, pues impiden que las lluvias logren alimentar las napas subterráneas. En este sentido, entregó información de múltiples fuentes académicas, que apuntan a la disminución de disponibilidad de agua producto de la actividad forestal. Señaló que se ha producido un verdadero cambio en el régimen hidrológico, que no se explica ni aun tomando en cuenta el cambio climático, y que responde precisamente al cambio en el uso del suelo.

Asimismo, criticó la práctica de tala rasa, ya que genera mucha erosión en los terrenos y movimientos de sedimentos hacia los cursos de agua, que resultan contaminados.

Indicó que las plantaciones forestales provocan los siguientes efectos: (i) escasez de agua en verano, por el alto consumo de agua de los árboles; (ii) pérdida de suelos por erosión y alta turbidez del agua en invierno (arrastre de sedimentos posterior a la cosecha); (iii) contaminación de las aguas por uso de agroquímicos y fertilizantes; y (iv) destrucción de las zonas de protección de los cursos de agua. Indicó que es preocupante la utilización de suelos agrícolas para desarrollar monocultivos forestales y que, en general, la sustitución del bosque nativo acarreará efectos adversos en el ecosistema.

Aseguró que incluso en localidades donde abundan las precipitaciones, como Ancud, Chiloé, hay escasez de agua.

Las soluciones que ha planteado el Estado sobre la materia se limitan a:

a) Construcción de más embalses: sin embargo, los embalses existentes están muy por debajo de su capacidad, por lo que si no hay agua esta medida no constituye una real solución.

b) Creación de nuevos Comités de Agua Potable Rural: actualmente, los APR tienen graves dificultades para adquirir los derechos de agua que necesitan para cumplir su función.

c) Entrega de agua en camiones aljibe: esta alternativa es costosa y presenta serias desventajas en cuanto a la contaminación a la que se ve expuesta el agua así transportada.

d) Proyectos de abasto de agua basados en pozos profundos: implica agotar los escasos recursos hídricos disponibles, pues al extraer agua desde pozos profundos se deja sin recarga a los acuíferos superficiales.

e) Proyectos para transportar agua dulce por miles de kilómetros desde el extremo sur hasta donde se necesita en el norte: la desventaja es que los ductos que se requerirían para ello necesitan electricidad para el bombeo y su construcción es costosa, además de generar un enorme impacto en los ecosistemas desde donde se extrae el agua.

En definitiva, las soluciones técnicas son necesarias, pero no suficientes para enfrentar el escenario actual de escasez hídrica. A su juicio, se debe pensar en una intervención integral, que permita solucionar los problemas con el agua de manera sistémica y no solo técnica, considerando la variabilidad del clima.

6.- Julieta Cortés, Presidenta de la Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela. [7]

Manifestó que no obstante afirmarse que cada ser humano necesita entre 150 y 200 litros de agua diarios, en la región de Coquimbo familias enteras están viviendo con 500 litros de agua a la semana, que obtienen de camiones aljibes por la crítica situación que se vive en la región.

Destacó la reforma actualmente en tramitación en la Comisión, que busca priorizar el consumo de agua potable, ya que es un tema urgente, pero añadió que debería resguardarse no solo el acceso a agua potable, que es un derecho humano, sino también el acceso a agua para utilizarla con fines de producir alimentos. Asimismo, señaló que no solo debería reformarse el Código de Aguas, sino también el Código de Minería y promover una gestión comunitaria de las respectivas cuencas de agua.

7.- Jehová Ibacache, Vicepresidente del Consejo Regional Campesino (Región de Coquimbo) [8].

Sostuvo que el derecho al agua es tan vital como el derecho a la vida. Señaló que en el tema del agua se aprecia una desigualdad enorme, que fue un error separar el agua de la tierra y que actualmente no existen siquiera políticas para asegurar la supervivencia humana. Criticó también que no existan políticas para al secano y para apoyar la actividad criancera de la zona.

8.- Teresa Sarmiento, Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU). [9]

En su opinión, las autoridades no le han tomado realmente el “peso” al tema del agua, en circunstancia que es fundamental dimensionar la importancia que tiene para poder enfrentar el duro escenario que vendrá en el futuro.

Acotó que a través de los miles de APR que funcionan hoy se abastece a aproximadamente 1.5 millones de chilenos. Por último, enumeró las amenazas que actualmente enfrentan los APR: (i) el poder que ejercen las empresas sanitarias; (ii) las dificultades de los APR para poder adquirir los derechos de agua que necesitan; y (iii) la falta de institucionalidad que los represente y regule.

9.- Orfelina Alcamán, Dirigente del Pueblo Mapuche en Lumaco [10].

Explicó que en la comuna de Lumaco existen 60 comunidades Mapuches y 55 de ellas requieren agua diariamente, que debe transportar el municipio. El verano pasado la situación fue crítica. A su juicio, los responsables de esta escasez de agua son las empresas forestales colindantes.

Agregó que hace algún tiempo se les comunicó la existencia de un Fondo Social, para el cual postularon un proyecto que les ayudara a acceder al agua. Sin embargo, dicho proyecto fue rechazado y no saben dónde acudir para poder obtener agua. Por último, se mostró en desacuerdo con la entrega de subsidios estatales a las plantaciones forestales, pues ello demuestra que no existe una verdadera protección de los recursos naturales del país, incluyendo el bosque nativo, los cursos de agua, etc.

10.- Juan Armesto, presidente de la Corporación Instituto Ecología y Biodiversidad, ecólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica [11].

Se refirió a la importancia de poner el foco de la atención en las cuencas hidrográficas. Indicó que prácticas como las plantaciones de eucaliptus y los drenajes de turberas tienen un muy fuerte impacto en la disponibilidad de recursos hídricos. Es necesario rescatar el concepto de ecosistema, que está presente en las culturas milenarias. Hay que volver a una visión sistémica del agua.

Sobre el proyecto de ley, formuló los comentarios y proposiciones que pasan a detallarse:

a) Respecto a la priorización de usos (esenciales/productivos) y la función social del agua, sugirió:

1.- Propuesta 1: Incluir prioridades de uso para modificar el Código de Aguas, cuestión que ha sido planteada por diferentes parlamentarios en los últimos 20 años.

2.- Propuesta 2: Establecer un caudal ecológico mínimo basado en información científica, que permita dar una protección efectiva a los ecosistemas.

b) Respecto a los resguardos para generar una gestión efectiva de los usos prioritarios:

1.- Nacionalización de los servicios sanitarios urbanos (al menos el 51% de las acciones).

2.- Fortalecimiento del Agua Potable Rural (servicios sanitarios rurales).

3.- Aplicación del concepto de soberanía alimentaria, en lugar de seguridad alimentaria

4.- Funcionamiento de los ecosistemas. Debe ser evaluado en el contexto del cambio global, lo que implica tener una estrategia país para enfrentar esta situación, basada en el conocimiento científico existente y considerando acciones de escala local, con la participación directa de los actores territoriales.

c) Respecto a la concentración y agotamiento de derechos de aprovechamiento de agua:

1.- Propuesta 1: sobre la base de las propuestas contenidas en los proyectos de ley boletines N° 6124-09, 6141-09 y 6208-09, implementar cambios que permitan corregir la titularidad de las aguas, considerar la diversidad climática y rescatar la función social y calidad de bien nacional de uso público del agua. La modalidad en que se otorgan actualmente los derechos de aprovechamiento de aguas debe ser modificada. Específicamente, el mecanismo de asignación consistente en “litros por segundo” no da cuenta de la estacionalidad de los caudales ni de las tendencias en el largo plazo de disminución del recurso.

2.- Propuesta 2: Se debe entregar derechos de agua en términos de “porcentaje del caudal”.

3.- Propuesta 3: En las cuencas sobreexplotadas, donde se han entregado más derechos de aprovechamiento que aguas disponibles, se deben reducir los derechos proporcionalmente a los distintos propietarios.

4.- Propuesta 4: Establecer una regla de caducidad de derechos de aprovechamiento de aguas para aquellos propietarios que no utilicen o utilicen de manera indebida sus derechos, mediante prácticas tales como la especulación, el uso distinto al considerado en el acto de entrega y la sobreexplotación.

d) Propuesta relacionada con la política pública para dar cumplimiento a tratados y compromisos internacionales: Considerar la implementación de un nuevo modelo, que se base en la gestión integrada de cuencas hidrográficas, y que contemple una red de monitoreo hidrológico de largo plazo. Este proceso debe ser participativo y vinculante, por lo que la autoridad regional debe atender las propuestas y necesidades de los actores locales. Este modelo de gestión permitiría conocer la disponibilidad real de agua y planificar estratégicamente el territorio, estableciendo las prioridades y condiciones necesarias para la protección ambiental y el bienestar de la población, en un contexto de cambio climático.

11.- Axel Dourojeanni, experto senior en gestión de agua y medioambiente de la Fundación Chile [12]

La gestión del agua es un tema muy complejo. El tema crucial no es privatizarla o nacionalizarla, sino lograr, a través de metas de gestión, una adecuada combinación de la equidad con aspectos económicos y medioambientales.

Agregó que la gestión del agua implica las intervenciones de múltiples actores sobre un mismo sistema hídrico complejo, compartido entre ellos, y que tiene como meta compatibilizar la disponibilidad del agua con las demandas de cada uno de dichos actores.

Todos los países enfrentan problemas similares en materia de gestión del agua, aun cuando su legislación sea muy diversa. Es esencial discernir en primer lugar de dónde provienen los problemas con relación al agua, de modo que los cambios en la legislación produzcan el efecto esperado.

En el siguiente cuadro se exponen los principales retos y desafíos relativos a la gestión del agua, lo que demuestra que algunos de estos responden a problemas que trascienden al gestor del recurso.

Se pueden distinguir diversas razones por las cuales la gestión del agua puede fracasar, a saber: (i) Gestión parcializada de un sistema hídrico integrado y complejo o, lo que es igual, carencia de sistemas de gestión integrada por cuencas y sistemas hídricos; (ii) Carencia de protocolos de gestión coordinados para minimizar la aparición de conflictos; (iii) Ocupación sin ordenamiento y alteración del territorio de las cuencas y sus sistemas hídricos; (iv) Inequidad o sobre entrega de la asignación inicial del agua, en su acceso y en su distribución; (v) Apropiación indebida del agua; (vi) Carencia de sistemas de protección a fuentes de captación y recarga de agua; (vii) Carencia, obsolescencia o deficiente infraestructura hidráulica para la gestión del agua; y (viii) Carencia de sistemas de gestión articulados (proliferación de organizaciones e instituciones).

Enfatizó que la gestión del agua debe considerar intereses contrapuestos, y que es equivocado el predicamento según el cual la asignación de mercado es necesariamente la más eficiente. Cuando no se gestiona de manera adecuada el agua, necesariamente surgirán conflictos en épocas de escasez.

El modelo de gestión debe compatibilizar la disponibilidad de agua para la vida (todo tipo de vida), para la población (agua potable), la producción de alimentos y la generación de rentas.

Desde su punto de vista, los principios básicos que deberían ser adoptados por cualquier legislación de aguas son los siguientes:

1) Una política nacional de aguas con una visión y agenda compartida por todos los sectores involucrados, con un horizonte de mediano y largo plazo, con inclusión del concepto de corresponsabilidad para alcanzar las metas establecidas.

2) La presencia de organizaciones de gestión del agua por cuenca, con órganos (consejos) y equipos técnicos que permitan el ordenamiento y planificación consensuada y participativa de las intervenciones sobre el agua, con las debidas consideraciones ambientales, sociales y económicas, teniendo presente la existencia de cuencas transfronterizas.

3) Un sistema de financiamiento establecido y permanente para conducir los programas de gestión del agua por cuenca, que contemple el pago por gastos comunes de gestión del territorio de la cuenca y el agua.

4) Un sistema de fiscalización riguroso del cumplimiento de la normativa sobre agua y medioambiente en cada cuenca.

5) Un sistema de monitoreo e información en tiempo real de las intervenciones en la cuenca y sobre el agua, tanto actual como proyectada. Sería deseable contar con un observatorio en cada cuenca, con monitoreo de la ocupación territorial, la calidad del agua, la cantidad del recurso, el registro de usuarios, los usos del agua, etc., de modo tal de establecer una verdadera “contabilidad hídrica”.

6) La disponibilidad de centros articulados y con financiamiento a largo plazo para la innovación e investigación en materia de agua y gestión de recursos hídricos.

A su juicio, el actual sistema normativo, plasmado en el Código de Aguas, ha resultado ser insuficiente: (i) para asignar recursos con conocimiento y no otorgar derechos más allá de la disponibilidad; (ii) para controlar que la compra y venta de derechos no afecte a terceros; (iii) para que no se ocupen zonas de riesgo; (iv) para que no se contaminen los cursos de agua y acuíferos; (v) para que no se sobreexploten los acuíferos; (vi) para que se cumplan los acuerdos en épocas de escasez, protegiendo las necesidades de abastecimiento poblacional y de los usuarios aguas abajo; (vii) para que se apliquen normas de ordenamiento de uso del territorio; (viii) para que se preserven caudales ambientales, además de humedales; (ix) para mantener la equidad en el acceso al agua disponible; (x) para conocer y estar preparados para gestionar cuencas transfronterizas; y (xi) para capacitar a los usuarios y a profesionales en temas de gestión del agua.

Añadió que es necesario acordar estrategias de gestión para organizar y otorgar roles tanto al sector público como a los usuarios y a la sociedad civil. Algo se ha avanzado en este aspecto en el último tiempo, pero ello es insuficiente y falta definir todavía una política de largo plazo en estos temas.

Doña Claudia Galleguillos, Directora de Proyectos de Gestión Hídrica de la Fundación Chile, complementó la exposición del señor Dourojeanni, indicando que es fundamental abordar con resolución el tema de la información, ya que no hay claridad sobre los derechos de aprovechamiento otorgados, cuál es el nivel de extracción ilegal, etc., lo que dificulta la utilización de modelos predictivos. Además, es necesario abordar tópicos como las aguas halladas, el uso de agua por parte de empresas mineras, etc.

12.- Francisco Echeverría, Ex Director General de Aguas. [13]

Señaló que si lo que se busca es priorizar usos, es necesario analizar qué impactos tendrían las reformas propuestas y determinar si se quiere potenciar el agua potable rural, el agua potable urbana, etc. Cabe recordar que la ley obliga a las empresas sanitarias a proveer agua potable y, en este sentido, habría que analizar el impacto que tendría una reforma como la contenida en este proyecto en los planes de inversión de las empresas. Es relevante que no se generen desincentivos en la materia. En cuanto a la protección de los grupos vulnerables, como por ejemplo los pueblos originarios, habría que estudiar iniciativas específicas para ellos.

Acerca de las prioridades de uso, manifestó que el tema debe ser analizado con profundidad y luego precisar en qué casos deberían aplicarse aquellas. Hizo notar que el proyecto permite otorgar derechos de aprovechamiento ante la sola solicitud de una comunidad de aguas subterráneas, comité de agua o junta de vigilancia, lo cual debe ser examinado con detención, pues actualmente estamos en situación de sobre otorgamiento de derechos y sobreexplotación de los recursos hídricos. Es por eso que resulta fundamental saber a quiénes se quiere proteger.

En cuanto a la eventual nacionalización de las aguas, expresó que una medida de esa naturaleza no lograría terminar con la escasez que vive el país, ni con el sobre otorgamiento de derechos. A su juicio, lo que se requiere son adecuadas políticas públicas para desincentivar la especulación con los derechos de aguas, de modo tal que quienes no usen sus derechos puedan restituirlos y se pueda dar un uso efectivo a esas aguas.

Acotó que de un examen de las propuestas de modificaciones contenidas en los distintos proyectos de ley que se han presentado acerca del tema, pueden sacarse varias propuestas positivas. Sin embargo, ellas tienen un marco muy general, en circunstancia que lo que se necesita es precisar nuestras prioridades, para lograr una mejor gestión del agua y saber a quiénes queremos proteger.

Desde otra perspectiva, indicó que el mercado, como mecanismo de asignación de derechos de agua, ha sido utilizado por países tras la crisis provocada por un sistema público de asignación. La ventaja que ofrece el mercado radica en que permite que los derechos se desplacen hacia los sectores que tienen mayor urgencia por los recursos, dándoles un uso más productivo. En este sentido, destacó el sistema australiano, que cuenta con un sistema de información muy sólido.

En torno al mismo tópico, el señor Echeverría recordó que un informe del Banco Mundial estableció que el sistema chileno era el adecuado para gestionar los recursos hídricos. No obstante, identificó ciertas brechas y deficiencias que deben ser corregidas, como por ejemplo los sistemas informáticos, la institucionalidad, etc. A raíz de lo anterior, la DGA estudió la manera de mejorar su institucionalidad y propuso la creación de una Subsecretaría especializada en recursos hídricos. Otra alternativa que menciona el estudio en comento es crear una Agencia Nacional de Agua, pero una iniciativa de ese tipo requiere una reforma constitucional. Una Subsecretaria permitiría ir avanzando en la institucionalidad y sentar las bases para una futura agencia nacional. Estos y otros cambios, como mejorar la fiscalización y proteger los embalses, han sido estudiados por la DGA.

Vinculado al establecimiento de prioridades de uso, señaló que la DGA está comprometida y ha avanzado en la declaración de reservas de caudales, tanto para APR como para riego. Así lo ha hecho en Melipilla y San Juan de la Costa, y está trabajando en otras reservas en la región de O´Higgins.

Sobre la protección de grupos vulnerables, expresó que el Estado debería ayudar a los pequeños agricultores y los pueblos originarios. Cualquier medida que apunte a beneficiar a dichas comunidades debe estar respaldada por estudios que aseguren el logro de ese objetivo. Ese, precisamente, ha sido el objetivo tenido en vista por la DGA tras la declaración de reservas de caudal, denegación de peticiones de derechos no consuntivos, etc. Indicó que existe la disposición para avanzar en la compra de derechos, la regularización de terrenos, etc. Pero lo anterior debe ir necesariamente apoyado con estudios técnicos de disponibilidad. En ese orden de ideas, han mejorado y por eso que se han concentrado en levantar estos estudios técnicos. Además, han mejorado sus metodologías de trabajo en aspectos como la identificación de acuíferos patrones. Relativo al tópico del pago de patentes por no uso, reconoció que no ha tenido todos los efectos esperados, pues no ha generado suficientes renuncias de caudales. En tal virtud, cabría una reevaluación de esta política.

En cuanto a eventuales desincentivos para las empresas sanitarias, señaló que asegurar vía legislativa que tendrán prioridad en el uso del recurso hídrico, podría frenar los planes de inversión respecto del agua potable urbana.

Sobre las iniciativas legislativas que se han impulsado para adecuarse a los requerimientos del Banco Mundial y de la OECD, hizo mención a aquella sobre perfeccionamiento del catastro, y también a la que fortalece la fiscalización y las sanciones, aumentando estas últimas tratándose del delito de usurpación de aguas. Acotó que se ha invertido en actualizar el sistema informático de la DGA, desarrollando el denominado Sistema Nacional de Información del Agua. Se ha avanzado mucho en materia de transparencia de información, y siguen desplegando esfuerzos encaminados a recopilar y poner a disposición del público toda la información sobre trazabilidad de los derechos de agua.

Acerca de la gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas, indicó que está dentro de los ejes de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, y añadió que es muy importante avanzar también en la gestión integrada de cuencas, la incorporación de los titulares de derechos no consuntivos en las Juntas de Vigilancia y, en general, coordinar a todos los usuarios de las respectivas cuencas. En consonancia con estas metas, implementaron una Unidad de Organizaciones de Usuarios en la DGA, para fomentar la formación de organizaciones de usuarios y lograr su profesionalización, y están avanzando en la gestión integrada de cuencas, como por ejemplo en Copiapó.

Respecto al vínculo agua-tierra, manifestó que no estiman que sea indispensable para una adecuada gestión de recursos hídricos. Si bien puede existir una relación de ese tipo -y por eso se recaba datos del predio cuando se solicitan derechos para uso agrícola-, no siempre es así, ya que también hay usos del agua que no están vinculados a la tierra, como sería el caso de derechos consuntivos para generación de energía hidroeléctrica. En el derecho comparado tampoco es la regla general que los derechos de agua se encuentren ligados a la tierra.

Finalmente, subrayó que muchas de las obras realizadas a propósito de los derechos de agua pueden conllevar inversiones de largo plazo, lo que debe ser tomado en cuenta a la hora de analizar si deben establecerse derechos sujetos a caducidad. Precisamente los derechos indefinidos han permitido las inversiones a largo plazo en materia de agua potable y generación hidroeléctrica. Con todo, podrían establecerse derechos temporales para ciertos casos, pero para ello se requieren estudios que determinen con precisión qué casos justifican este tratamiento.

13.- Manuel Mundaca, miembro de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU). [14]

Manifestó sus reparos al Código de Aguas, estimando que consagra un modelo de gestión basado en criterios de mercado, lo que implicó que la pérdida del carácter de “bien público” del agua. También ha favorecido la concentración de la propiedad en pocas manos, con lo cual se perjudica la disponibilidad de aguas para las economías locales, afectando especialmente al pequeño agricultor campesino de secano, como también la conservación del medioambiente y el uso múltiple del recurso para el turismo, la agricultura, los servicios sanitarios, etc.

Sobre el proyecto de ley, expresó que tiene varios aspectos positivos, que pasan a reseñarse:

a) Refuerza el estatus legal del agua como bien nacional de dominio público.

b) Fortalece las funciones esenciales del agua: abastecimiento esencial primario, salud, calidad de vida de las personas y producción de alimentos. Además, reconoce la responsabilidad del Estado en preservar dichas funciones.

c) Concuerda con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el 28 de junio de 2010 declaró el “derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

d) Otorga al Estado la atribución de resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal de agua suficiente para asegurar las funciones ambientales y sociales de las aguas. Sin embargo, el proyecto debería poner más énfasis en la prioridad de uso para agua potable rural y economías de subsistencia, campesinas, comunidades indígenas y agricultores.

e) Confiere a la DGA la atribución de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos o reconocidos sobre las fuentes naturales, y asegurar la cantidad, la calidad de las aguas y su oportunidad de uso.

Por otro lado, formuló las siguientes propuestas tendientes a perfeccionar el proyecto de ley:

i) Incluir el derecho de los APR a cavar en terrenos de sus miembros, para acceder a aguas destinadas a agua potable y saneamiento.

ii) Eximir a los Comités de APR del pago de multas por no uso, pues de otro modo se los obligaría a vender el agua que requerirán para las futuras ampliaciones de red y para el tratamiento de aguas servidas.

iii) Propiciar una reforma constitucional que recupere el agua como “un bien nacional de uso público”.

El agua potable rural es aún muy cara y los APR sufren diversas dificultades. Agregó que las redes (infraestructura) deben ser del Estado, en tanto que las oficinas y pozos de los Comités.

Por último, indicó que es urgente que se dote a la DGA de mayores fiscalizadores para poder combatir las extracciones ilegales, que van en desmedro de los pequeños usuarios de agua.

14.- Pablo Morales, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional. [15]

Existe una gran disparidad en cuanto a la disponibilidad de agua a lo largo del país, tal como lo demuestra el siguiente gráfico:

El balance hídrico nacional confirma este diagnóstico, pues hay zonas deficitarias, otras con riesgo y otras sin riesgo. Este cuadro puede empeorar, ya que las proyecciones apuntan a que con el transcurso del tiempo habrá menos disponibilidad de agua.

En cuanto a la necesidad de agua, señaló que es necesario diferenciar las zonas de secano de las de riego. En las primeras hay un déficit durante gran parte del año, mientras que en las zonas de riego hay que analizar los derechos de agua disponibles y qué mercados de agua no han funcionado. A este respecto, señaló que hay distinguir la disponibilidad física de la disponibilidad legal en cada cuenca. El siguiente cuadro es ilustrativo al respecto:

La mayoría de los acuíferos del país está en situación de sobrecarga, como lo muestra la siguiente imagen:

Por otro lado, el siguiente recuadro resume la situación del agua en Chile:

En cuanto a usos actuales y futuros, la siguiente tabla resume la evolución del uso del agua por sectores:

Se proyecta que la demanda aumentará para cada uno de estos usos, a lo que cabe agregar el negativo efecto por el cambio climático.

En el año 2005 se intentó paliar parte de los aspectos críticos de la institucionalidad, estableciendo el pago de patentes por no uso. Sin embargo, algunos autores sostienen que esa medida solo introdujo un factor de ineficiencia y no logró evitar el acaparamiento. Cabe recordar que el actual mercado de agua comenzó con una asignación sin ninguna restricción o condición. No se trataría de un mercado eficiente, por presentar problemas de asimetrías de información, altos costos de transacción, rigidez y gran presencia de externalidades.

Respecto a la experiencia comparada, destacó el caso de Nueva Zelanda, país en el que solo se otorgan derechos temporales sobre el recurso. Además, existe una disociación entre el agua y la tierra y es posible cancelar los derechos por no uso o suspenderlos en casos de escasez. En España, por su parte, los Planes Hidrológicos de Cuenca establecen los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos. En el caso de México, existe un sistema de derechos temporales, que tiene la desventaja de simplificar el mercado y desincentivar la inversión.

Por último, realizó varias propuestas sobre los siguientes órdenes de materias:

1.- En el ámbito de la gestión: es necesario mejorar los sistemas de información, manejo de datos y generación de conocimiento sobre recursos hídricos. Para ello se requiere el fortalecimiento de las redes de medición y el perfeccionamiento del registro público de los derechos de aprovechamiento.

2.- Gestión de las aguas subterráneas: se requiere un diagnóstico detallado sobre la sustentabilidad de la explotación de las aguas subterráneas en los principales acuíferos del país, considerando su uso real y previsible. En los acuíferos que no presentan amenaza de sobreexplotación, se debiera avanzar en la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento, en tanto que en los acuíferos en condición de sobrexplotación comprobada, hay que impulsar planes de explotación sustentable.

3.- Gestión Ambiental: debe completarse el régimen normativo, dictando las normas secundarias de calidad en los distintos cursos y cuerpos de agua, así como estudiar e implementar una solución institucional, que integre en una sola entidad los temas relativos a la gestión de la calidad del agua y los aspectos ambientales asociados al recurso hídrico; o, en su defecto, crear coordinaciones institucionales eficaces. También hay que definir reservas y caudales ecológicos en todas las cuencas y llevar a cabo una gestión integrada de cuencas y ordenamiento territorial.

4.- Organizaciones de usuarios: hay que avanzar en la profesionalización de los equipos de trabajo, favoreciendo la asociatividad de las organizaciones de menor tamaño; solucionar las situaciones legales que restringen, en la práctica, la incorporación de todos los usuarios de agua a las organizaciones; y revisar la actual normativa sobre organizaciones de usuarios, en lo relativo a sus atribuciones y funciones.

5.- Protección de derechos vulnerables y nuevas fuentes de agua: se requiere proteger los derechos de agua de los grupos vulnerables, a través del reconocimiento constitucional de los usos consuetudinarios y de medidas adicionales que tiendan a la protección especial de los derechos de agua indígenas y de pequeños agricultores. Por último, se precisan incentivos a la generación de nuevas fuentes de agua.

15.- Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero [16].

Explicó que, en el ámbito de la minería, pueden distinguirse los siguientes usos del agua: (i) riego de caminos; (ii) utilización en el procesado de material; y (iii) campamentos y servicios. Precisó que el consumo de agua por parte de esa actividad económica en la zona centro-norte del país, es de tan solo el 5%, y destacó además que ha ido mejorando la eficiencia en el uso del agua, incorporando tecnología que permite la recirculación o la utilización de agua de mar.

En cuanto al proyecto de ley en discusión, coincidió en la importancia del tema del agua, incluso desde una perspectiva geopolítica. Sin embargo, hizo notar que los problemas de escasez de agua no pasan necesariamente por los mecanismos de asignación de derechos, ya que también es necesario considerar la fuerte sequía que azota al país, la tecnología disponible para hacer mejor uso del agua, etc.

Luego se concentró en uno de los temas que desarrolla el proyecto: la eliminación del reconocimiento de las “aguas del minero” y su reemplazo por una solicitud de concesión temporal. Sobre el punto, hizo hincapié en que no se trata de aguas en abundancia, acotando que los yacimientos requieren manejar estas aguas por la seguridad de la propia mina.

En cuanto a la normativa aplicable, hizo alusión al artículo 56 del Código de Aguas y a los artículos 110 y 111 del Código de Minería, disposiciones que otorgan el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en la concesión minera por el solo ministerio de la ley. Además, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia (contenida, por vía de ejemplo, en la causa rol N°6997-2012), que declaró compatibles estas normas y que estos derechos no pueden perjudicar a terceros. Por otro lado, existe un proyecto de ley, de origen en mensaje y que cumple su segundo trámite en el Senado (boletín N°8149-09), que obliga a informar a la DGA de estas aguas y a inscribirlas en el catastro público, razón por la cual ya existen los resguardos legales necesarios sobre las “aguas del minero”.

Abundando en el tópico, indicó que las aguas del minero presentan otras características, a saber: (i) no son transables ni comerciables, pues se destinan únicamente a la faena minera; (ii) habitualmente son aguas de mala calidad, por estar altamente acidificadas, y en consecuencia no sirven para regadío o bebida. En efecto, por su propia ubicación, suelen ser aguas contaminadas por el contacto con el mineral y que difícilmente pueden ser tratadas para poder servir a otros fines; (iii) son intrínsecamente transitorias y de magnitud variable; (iv) existe disposición expresa que prohíbe perjudicar a terceros con su uso; y (v) actualmente los estudios de impacto ambiental obligan a descontar tales derechos del total de derechos de agua otorgados para la faena. Respecto a esto último, explicó que las aguas del minero deben drenarse y es ahí cuando se miden y se descuentan del resto de los derechos.

El señor Villarino manifestó que el Consejo Minero no tiene objeciones al deber de informar, para permitir una mayor claridad sobre el uso de estas aguas y una adecuada fiscalización. Sin embargo, obligar a solicitar y constituir concesiones sobre estas aguas puede constituir un obstáculo para el normal desarrollo de la faena minera. Puntualizó que están de acuerdo en someterse a las mismas reglas que el resto de las actividades productivas, cuando se trate de aguas del mismo origen, es decir, de aguas superficiales o subterráneas que requieren solicitud de derechos de aprovechamiento. Las aguas del minero, en cambio, son de naturaleza distinta, pues no se sabe su magnitud, su punto de captación, su duración, etc.

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Es importante señalar que el proyecto de ley inició su trámite legislativo en el período anterior, durante el cual se votó en general y se inició su discusión y votación en particular. En razón de ello, las nuevas autoridades que asumieron en marzo de 2014, y en particular el Director General de Aguas, se incorporaron a la discusión de esta iniciativa en el estado que se indicó.

En este contexto, dada la trascendencia de las modificaciones que se proponen en la materia en examen, la Comisión estimó pertinente conocer la posición acerca del proyecto del Ejecutivo que asumió en marzo de 2014, y por tal razón se incluye en esta parte del informe.

Efectuada la precisión anterior, cabe consignar los comentarios que vertió el actual Director General de Aguas, señor Carlos Estévez.

El titular de la DGA afirmó que el gobierno tiene una opinión muy favorable del proyecto (la moción), porque aborda un tema relevante y constituye una contribución al debate. En efecto, aquél fortalece el principio según el cual las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que guarda perfecta armonía con proyectos de reforma constitucional sobre ese punto. Además, se confiere al Estado la administración absoluta y exclusiva de las aguas. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el Estado cuente con las atribuciones necesarias para poder priorizar el uso del agua. Por eso, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de robustecer –vía indicaciones- la función fiscalizadora de la DGA.

Por otra parte, el director de la DGA y los funcionarios de ese organismo, señores Marcelo Araya y Marcos Larenas, efectuaron una exposición en torno al tema del caudal ecológico, por su directa relación con algunos de los tópicos que aborda la moción. Sobre el particular, dijeron -en síntesis- lo siguiente.

El concepto de "caudal ecológico" comenzó a utilizarse en la década de 1980, especialmente con fines turísticos, como ocurrió con una resolución de 1982, que reservó un caudal en el río Itata. Luego, en los años 90, cobró mayor importancia, asociándolo a criterios hidrológicos, esto es, como un porcentaje del caudal que escurre en un río. Dentro de un mismo cauce se pueden definir varios caudales ecológicos. Se aplicaba entonces el criterio del 10% del caudal medio anual como caudal ecológico. Sin embargo, el manual de procedimiento de la época permitía adoptar valores distintos, conforme a estudios locales; y también toleraba adoptar el caudal ecológico de derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad.

Fue en 2005, con la dictación de la ley N°20.017, cuando se produjo un cambio significativo en el enfoque sobre este tópico. Dicha ley se plasmó en la incorporación del artículo 129 bis 1 en el Código de Aguas, norma que establece la obligación de fijar un caudal ecológico mínimo, equivalente al 20% del caudal medio anual. Dicho porcentaje es el doble del que se aplicaba antes de la modificación en comento. El citado precepto permite incluso que en circunstancias especiales pueda, mediante decreto presidencial, elevarse el caudal ecológico hasta el 40% del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes. Cabe destacar que no se modificaron los criterios que empleaba la DGA hasta entonces para calcular el caudal ecológico.

En 2008 se dictó un nuevo manual de procedimiento para la administración de los recursos hídricos, el cual, junto con validar la metodología de cálculo que venía utilizándose en la materia, señaló que caudal ecológico es aquel asociado al 50% del caudal con probabilidad de excedencia del 95% para cada mes. Se mantuvieron los rangos máximos del caudal ecológico en los valores antedichos: 20% y 40%. En 2009 la DGA dictó resoluciones específicas para cada cuenca hidrográfica o un conjunto de ellas.

Posteriormente, en 2012, la ley N°20.417 modificó el artículo 129 bis 1 del Código en referencia. Ese mismo año se dictó el reglamento de la ley, contenido en el decreto N°14, del ministerio del Medio Ambiente, que mantuvo los topes del caudal ecológico en los valores a que se ha hecho alusión en varias oportunidades, pero innovó en cuanto a los criterios de medición. Al respecto, se estableció que se deben considerar las estadísticas hidrológicas de los últimos 25 años. También se instauró una coordinación entre el ministerio del Medio Ambiente y la DGA para elaborar estudios conducentes a contar con mayor información a efecto de precisar el caudal ecológico, y se fijó un procedimiento para solicitar la declaración de un caudal ecológico mínimo en la fuente superficial por parte de terceros.

Al aplicar los nuevos criterios, se constataron diferencias de entre 6 y 8% en la época de estiaje, respecto a los caudales ecológicos medidos según la normativa preexistente. Esta variación ha generado ciertos efectos para la DGA en lo que atañe al otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Por otro lado, el decreto N°14 no contempló un procedimiento específico para otros sistemas hidrológicos, como vertientes, afloramientos, lagos, etc., que tienen un comportamiento distinto al de los cauces, lo cual también le ha planteado un problema a la DGA, porque está obligada a constituir derechos de aprovechamiento.

Por último, los representantes de la DGA se refirieron al tópico del sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. En este orden de ideas, señalaron que la DGA resuelve anualmente unas 3.500 solicitudes de este tipo. Hoy día hay un gran número de peticiones pendientes (alrededor de 12.000), pues se pone especial cuidado en no afectar los derechos de terceros, según lo dispone la ley. Vinculado al punto, reconocieron que en algunos casos la justicia ha otorgado derechos de aprovechamiento de aguas en contra de la opinión de la DGA, sobre la base de lo que dispone el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, que consagra la regularización de los denominados "derechos inmemoriales". En estos casos la DGA tiene que emitir un informe, que incluye el volumen (caudal) de agua solicitada y la antigüedad de las obras correspondientes. Es requisito que estas últimas se hubieren empleado 5 años antes de la dictación del Código. El informe en referencia es discutido en un juicio sumario y, pese a que en algunos informes no logra acreditarse el uso por los 5 años, ello puede suplirse por cualquier otro tipo de prueba, incluyendo la de testigos.

La Comisión también escuchó la opinión de los representantes del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), señores Rodrigo Mundaca y Luis Soto.

El señor Mundaca denunció en primer lugar la grave situación que afecta a la población de la provincia de Petorca por la falta de agua, con una directa incidencia en su pauperización. En el caso específico de la comuna de Petorca se han perdido más de 4.500 hectáreas de cultivo por la usurpación de aguas. A su juicio, la DGA actualmente es parte del problema y no la solución del mismo. Lo que está sucediendo en la mencionada provincia de la región de Valparaíso ha significado una pérdida de la soberanía alimentaria y ha gatillado la emigración de parte de la población rural hacia las ciudades.

Agregó que, en su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2013, la Universidad Diego Portales denunció el incumplimiento, por parte del Estado de Chile, de su obligación de suministrar agua a los ciudadanos.

Al problema de la usurpación de aguas se suma el tema del lucro con este recurso. Algunas empresas sanitarias instan a los pequeños agricultores a vender sus derechos de agua.

Sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, manifestó que, en líneas generales, Modatima tiene una opinión positiva del mismo, porque representa un avance, especialmente en cuanto reconoce el derecho humano al agua y prioriza su uso. Sin embargo, el proyecto mantiene el concepto de agua como un recurso, un elemento económico transable. En tal virtud, es necesario una revisión a fondo de la legislación sobre la materia, empezando por el artículo 19 N°24 inciso final de la Constitución Política.

En un plano más específico, formuló diversas siguientes apreciaciones en torno al proyecto. En primer término, abogó por reconocer a la comunidad la importancia que se merece en la gestión del agua, y no entregar dicha función únicamente al Estado. Criticó, por otro lado, el que no se reforme el artículo 6° del Código, que establece que el derecho de aprovechamiento es un derecho real. Dentro de los aspectos que consideró positivos está la norma que señala que los derechos de aprovechamiento deben ser entregados en términos de porcentaje de caudal. En cuanto al mecanismo de concesiones temporales que prevé la iniciativa, dijo que permitiría a la autoridad mantener ciertos privilegios.

Sobre la modificación del artículo 56 del Código, relativo a las denominadas "aguas del minero", comentó que si bien aparece como un avance en relación con la norma vigente, aún continúa privilegiando a ese sector productivo, pues superpone su solicitud de aguas a otros usos o potenciales peticionarios.

También formuló reparos a la enmienda al artículo 129 bis 1, relativo al caudal ecológico mínimo, porque sujeta dicho régimen al libre albedrío del gobierno, sin considerar a las comunidades.

En cuanto a las normas transitorias propuestas, expresó que para Modatima todos los derechos de aprovechamiento otorgados desde que determinadas cuencas fueron declaradas agotadas, deben ser revocados, sin sujeción al límite temporal de 10 años.

Concluyó indicando que los anuncios en materia de aguas efectuados por S.E. la Presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo pasado constituye un avance, pero quedará incompleto si no se dan pasos significativos para terminar con los instrumentos privatizadores del agua.

A su vez, el señor Soto complementó los conceptos anteriores y reiteró el petitorio que hizo Modatima en su declaración del 26 de abril pasado, que se traduce en los siguientes puntos: fin al lucro, propiedad colectiva del agua, gestión comunitaria de la misma, derogación de los instrumentos que han permitido la privatización de este bien nacional de uso público, protección de los ambientes fragilizados mediante la dictación de "leyes para la vida", reestructuración institucional, especialmente en lo que se refiere a la DGA, y fin a la criminalización de la protesta social.

A.b) Opiniones de las señoras diputadas y de los señores diputados durante la discusión general

Las señoras y señores diputados expresaron su gran preocupación por lograr una adecuada normativa para la regulación del agua, más aun en el escenario actual de escasez hídrica. En este sentido, el ex diputado señor Accorsi señaló que el cambio climático exige una reasignación de los recursos.

La ex diputada señora Muñoz, compartiendo la preocupación por un modelo adecuado de gestión de este recurso, añadió la necesidad de evaluar la política de seccionamiento de los ríos y las implicancias que ha tenido en muchas de las cuencas del país. Además, sostuvo que es necesario que las prioridades de uso se establezcan de forma legal, para que puedan ser fiscalizadas, más allá de que tradicionalmente se hayan aplicado ciertas prioridades, pues ello permitiría ordenar la asignación de derechos.

Acerca de la situación de sobreexplotación que se vive en ciertas cuencas del país y la necesidad de asegurar la conservación de ecosistemas, la diputada señora Molina instó a incorporar regulaciones y limitaciones al uso de aguas en parques nacionales y áreas protegidas.

La diputada señora Girardi, por su parte, consideró que el proyecto tendría un enfoque demasiado funcionalista y manifestó que sería conveniente agregar la función ecosistémica del agua para poner de relieve que el agua es parte de un sistema ecológico cuya preservación es prioritaria, rescatando así una visión más estructural de este tema. A su juicio, esta perspectiva facilitaría volver a unir el agua a la tierra, lo que coincide además con la visión indígena sobre el tópico. En un plano distinto, abogó por dotar a la DGA de más atribuciones, principalmente para fiscalizar y sancionar (por ejemplo, la usurpación de aguas), y a la vez criticó a dicho organismo por el sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Respecto a esto último, señaló que hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica que alerta acerca del acaparamiento de derechos y se imputa a la DGA no contar con información actualizada tocante a este aspecto.

La diputada señora Sepúlveda destacó los objetivos del proyecto, especialmente la posibilidad de priorizar el agua para consumo humano, pues en la actualidad los sistemas de agua potable rural (APR) deben competir para lograr acceder a algo tan básico como dicho recurso.

Sobre este mismo tema, el diputado señor Walker señaló que sería conveniente hacer un levantamiento de información para determinar cuántos recursos requieren los APR y si efectivamente las empresas sanitarias están cumpliendo su rol de asesorar a los Comités de APR.

Las diputadas señoras Molina, Pascal y Girardi compartieron la preocupación por los APR y plantearon además que los agricultores han sufrido las consecuencias negativas de la separación entre la tierra y el agua.

El ex diputado señor Bertolino, en cambio, opinó que separar el agua de la tierra ha permitido el desarrollo de las ciudades; sin embargo, se mostró contrario a la separación entre aguas superficiales y subterráneas, pues constituyen un único sistema.

Las señoras y señores diputados también manifestaron su preocupación por la actual concentración de derechos de agua. En este sentido, el diputado señor Espinosa (don Marcos) señaló que hoy la mayoría de los derechos están en manos de las empresas sanitarias y mineras, y una minoría en manos de regantes y otros usuarios.

La diputada señora Girardi fue del parecer que, dada la gran concentración de derechos, es necesario renacionalizar las aguas, para poder intervenir y gestionar adecuadamente el recurso. A este respecto, precisó que la nacionalización de aguas, si bien no elimina la sequía, puede ser una señal contra la especulación, la cual no ha podido ser combatida con el pago de patentes. Añadió que el mercado no ha logrado asignar el recurso a quienes más lo necesitan. En este orden de consideraciones, se mostró partidaria de que la Constitución Política consagre el agua como un bien nacional de uso público.

El diputado señor Walker aclaró que la nacionalización de las aguas, en lo que atañe a este proyecto, está tratada en el artículo 4° bis propuesto, que señala que “Las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. Si bien esta norma no innova respecto de lo que ya está establecido en el Código de Aguas, se añaden nuevas funciones del agua y se incorporan las denominadas “concesiones de uso temporal”, es decir, una categoría de derechos limitados en el tiempo. En este orden de ideas, indicó que si bien no es posible afectar derechos adquiridos, es necesario dejar establecido que se puede limitar el uso de un bien escaso.

Sobre este mismo punto, el ex diputado señor Bertolino indicó que las concesiones de uso temporal deben tomar en cuenta que es necesario poder garantizar inversiones de mayor largo plazo, como por ejemplo las plantaciones que demoran varios años en producir. También dijo que hay que considerar cómo establecer prioridades de uso sin afectar a quienes ya tienen derechos, y armonizar las distintas funciones del agua, como la productiva -sea minera, agrícola, turística, etc.-.

El ex diputado señor Cerda manifestó que los problemas de gestión del agua se arrastran desde su privatización, momento en que se entregaron derechos sin un programa ni justificación del uso de los mismos. Dicha circunstancia abrió el mercado a la especulación. Destacó que hoy se venden a precios millonarios derechos que fueron recibidos de forma gratuita de parte del Estado. La solución a la especulación vía el pago de multas y patentes por no uso ha demostrado ser ineficaz. Lo fundamental estriba en exigir un proyecto de uso de los derechos de agua y fiscalizar su cumplimiento.

En el transcurso de la discusión general también se aludió a la necesidad de mejorar la información sobre los derechos de agua otorgados y la disponibilidad de este recurso a lo largo del país.

Sobre este punto, la diputada señora Girardi dijo que el Código de Aguas exige que la DGA tenga un catastro de derechos, por lo que es responsabilidad de este organismo recopilar dicha información.

El ex diputado señor Bertolino fue de la opinión que en esta materia habría que apoyarse en las Juntas de Vigilancia, pues dichas organizaciones cuentan con la información de cada cuenca. Añadió que recopilar información puede ser una tarea de larga duración y muy costosa, por lo que debe tomarse en cuenta esta limitación al momento de proponer reformas.

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Atendida la circunstancia, ya mencionada, de que el proyecto inició su trámite en el período anterior y que en el actual se incorporaron a la Cámara de Diputados, y en particular a esta Comisión, varios parlamentarios nuevos, que quisieron dar a conocer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley, se incluye en este capítulo una síntesis de sus opiniones.

La diputada señora Provoste elogió el proyecto, estimando que aborda con un enfoque adecuado temas muy relevantes para el futuro de los recursos hídricos, como por ejemplo la priorización del uso del agua, dando preferencia a los requerimientos sociales de la población por sobre las actividades productivas. Ello debería complementarse con un trato especial al tema del agua respecto de las comunidades indígenas ancestrales. Otro aspecto que cabría perfeccionar del proyecto es el fortalecimiento de las facultades de la DGA, en términos que pueda resolver los conflictos sobre aguas. Actualmente hay un vacío del Código en este aspecto. Por último, valoró el concepto de “caudal ecológico”, aunque advirtió que debe tenerse especial cuidado en que no sea “letra muerta”.

A su vez, el diputado señor Gahona abordó someramente varios temas que están comprendidos en el proyecto, entre ellos el del caudal ecológico. Sobre el particular, indicó que es importante que dicho caudal sea determinado de acuerdo a criterios científicos. Por otro lado, exteriorizó su preocupación por el destino de los derechos de aprovechamiento de aguas adquiridos, los que, según una disposición transitoria, podrían ser revocados. Acerca de los APR, dijo que al margen de estar pendiente su regularización en muchos casos, si se quiere favorecerlos mediante el no pago de la patente, habría que prohibir también la enajenación de los derechos correspondientes. Ello, por cuanto habitualmente venden los derechos de agua a grandes intereses. Por último, señaló que es motivo de inquietud la especulación con los derechos de agua que se aprecia en varias regiones, entre ellas la de Coquimbo.

El diputado señor Núñez (don Daniel) dio su respaldo al proyecto de ley, el cual debería tener un considerable impacto, particularmente en los lugares (como el distrito que representa) donde las disputas por los derechos de agua cobran cada vez más relevancia, dada la escasez del recurso. Sin embargo, es necesario que esta iniciativa legal vaya complementada con una reforma constitucional sobre el tema de los derechos de agua, redefiniendo el derecho de propiedad. Hay que tener en cuenta que actualmente la Carta Fundamental resguarda tales derechos.

Por su parte, el diputado señor Insunza valoró el proyecto, pero advirtió a la vez que algunas de sus normas necesitan un adecuado sustento institucional para su plena eficacia. Además, se requiere definir un sistema de "balances", en lo que concierne a los distintos usos del agua, sin perjuicio de priorizar algunos de ellos. En un plano diferente, hizo ver que en un tema tan delicado como el del caudal ecológico mínimo se necesita precisar cuál va a ser el organismo público que va a velar por el cumplimiento de las decisiones que se adopten sobre el particular. Señaló, también, que hay que abordar el tema del agua a nivel constitucional, lo que permitiría zanjar el asunto de la indemnización en el caso de los derechos de aprovechamiento otorgados gratuitamente.

Acotó que, dado que el agua es un bien económico, podría fijarse un “royalty”, de carácter progresivo. En lo que se refiere a la DGA, sostuvo que hay que robustecer sus atribuciones, de modo de poner término a los abusos que se producen actualmente en el otorgamiento de derechos de agua. Acerca de la alternativa de instalar plantas desaladoras para suplir el déficit de abastecimiento, manifestó que es una posibilidad que hay que estudiar detenidamente, porque tiene efectos negativos desde el punto de vista medioambiental. Además, hay que evitar que se concesionen.

El diputado señor Saldívar opinó que el proyecto en comento tiene una sana inspiración ecológica, pues establece que una de las funciones esenciales del agua es la preservación del medio ambiente. Para que las reformas propuestas logren plenamente el objetivo que se persigue es crucial contar con la institucionalidad adecuada, y en particular dotar a la DGA de adecuadas atribuciones de tipo regulatorio. Acotó que hay que generar un cambio sustantivo en cuanto a conceptualizar el agua como un bien nacional de uso público, y en ese sentido se precisa una reforma de la Carta Fundamental.

La diputada señora Girardi precisó que la circunstancia de priorizar el uso del agua no implica, per se, descartar su uso con fines productivos. Acotó que el tópico del caudal ecológico es muy relevante, y en este sentido abogó para que los estudios científicos relativos a la materia sean de fácil acceso. Indicó también que, a futuro, la DGA debería ser visualizada como una especie de "policía del agua", es decir, supervigilar estrictamente la adecuada utilización del recurso, aplicando sanciones si fuese necesario. Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto fortalece los APR y resguarda los derechos de agua de las comunidades indígenas y de las pequeñas comunidades agrícolas.

A.c) Votación general

La Comisión, compartiendo los objetivos del proyecto de ley, lo aprobó en general por simple mayoría, según se dejó constancia en el capítulo de las menciones reglamentarias. Votaron a favor la diputada señora Girardi, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Espinosa (don Marcos), Gutiérrez (don Romilio) y Walker, y la ex diputada señora Muñoz; en tanto que se abstuvo el ex diputado señor Bertolino.

B) DISCUSIÓN PARTICULAR.

B.a) Síntesis de las opiniones entregadas por los invitados.

Durante la discusión particular del texto de la moción, y habiéndose votado una parte de su articulado, como asimismo varias indicaciones parlamentarias recaídas en dicha iniciativa, el Ejecutivo, con fecha 8 de octubre de 2014, ingresó una indicación sustitutiva del proyecto original. El ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, se refirió a los fundamentos y al contenido general de tal indicación, en los términos que se señalan más adelante.

Atendida la circunstancia de que la indicación del Ejecutivo reemplaza en su integridad el proyecto contenido en la moción, el texto de este se inserta en el capítulo del informe que consigna las normas rechazadas; y, por consiguiente, el presente capítulo plasma la discusión y votación en particular del articulado propuesto por la indicación en referencia.

Previo a la votación en particular del texto de la indicación en comento, y en atención a su carácter sustitutivo, según se ha subrayado, la Comisión estimó del caso escuchar, además del ministro de Obras Públicas, a las organizaciones y particulares que se individualizan.

1. Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga [17]

El señor ministro explicó que la indicación presentada por el gobierno recoge varias de las propuestas contenidas en la moción original y, desde luego, sus ideas matrices. Para comprender el alcance de las modificaciones que se pretende incorporar al Código de Aguas es necesario tener en cuenta que este data de 1981 y fue concebido con un enfoque de tipo productivo, que es necesario rectificar. En efecto, cada día se hace más necesario dotar de un contenido más sustantivo al concepto del agua como bien nacional de uso público, que hoy es “letra muerta”. En este sentido, resulta insoslayable dar usos prioritarios al agua y, dentro de ellos, el de subsistencia. La función de subsistencia comprende el consumo humano y el saneamiento.

En torno a este último punto, el secretario de Estado aclaró que el Ejecutivo no es partidario de establecer una especie de “catálogo” de prioridades en el uso del agua, porque plantea dificultades de tipo operacional; sin perjuicio de entender el propósito que persiguen quienes defienden tal opción. Tampoco, y por el mismo motivo, el gobierno incorporó en el texto de la indicación el tema de las denominadas “aguas del minero”, que había sido tratado por la Comisión.

Acotó que nuestra legislación en materia de agua está rezagada si se la compara con la que rige en los países de la OCDE, y el proyecto impulsado por el Ejecutivo tiende precisamente a su perfeccionamiento. Junto con la priorización en el uso del agua, se incorpora una innovación trascendental en lo que se refiere al derecho de aprovechamiento. Este deja de ser perpetuo y pasa a ser una concesión temporal (hasta por 30 años), aunque prorrogable, siempre que exista un uso efectivo del recurso. Se propone que la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo no sea inferior a 20 años, teniendo en cuenta la complejidad y larga data que implican los proyectos hidroeléctricos.

En materia de caducidad de derechos de aprovechamiento por no uso, se propone un plazo de 4 años, tratándose de los derechos consuntivos, y de 8 en el de los no consuntivos. En el caso de los derechos ya existentes, la caducidad operará cuando no hayan sido utilizados por un plazo superior a los 12 años (en el caso de los consuntivos) y en un plazo de 14 años (en el caso de los no consuntivos).

Se delimita el concepto de uso efectivo del recurso a la construcción de las obras de captación y o de restitución de las aguas, las que deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento, su conducción hasta el lugar de su uso y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Otro aspecto relevante de la indicación es que otorga facultades a la DGA para limitar el ejercicio del derecho de aprovechamiento en ciertas hipótesis, y siempre con el objetivo de velar por el interés público. De este modo, se dota a la DGA de la atribución de redistribuir aguas, de reducir temporalmente -de oficio o a petición de parte- el ejercicio del derecho de aprovechamiento, exigir la instalación de sistemas de medición de caudales, estudios hidrogeológicos, etc.

Acerca de la priorización de la función de subsistencia del agua, la indicación del Ejecutivo contiene varias modificaciones, a saber:

-El consumo humano y el saneamiento siempre prevalecerán, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

-Para promover dichos usos del agua, el Estado podrá constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia y para los usos de la función ecosistémica u otros de interés nacional.

-Se crea la figura del permiso transitorio para la extracción de aguas, con fines de subsistencia, mientras se tramita la solicitud definitiva, y con un límite de 12 litros por segundo.

-Se propone que ante la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permita constituirlos a los comités de agua potable rural.

-Se establece una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural.

-Se elimina la figura del remate para aquellas solicitudes sobre derechos con preferencia (consumo humano y saneamiento).

-La Dirección General de Aguas podrá denegar total o parcialmente solicitudes nuevas, en función de los usos de consumo humano y el saneamiento.

Otra piedra angular del contenido de la indicación se refiere al fortalecimiento de las atribuciones de la DGA, lo que se traduce en:

-Reducir temporalmente, de oficio y o a petición de parte, el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en los casos en que se afecte la sustentabilidad del acuífero, o se ocasionen perjuicios a otros titulares de derechos de aprovechamiento.

-Exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y niveles freáticos, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

-Exigir estudios hidrogeológicos que demuestren el no impacto hídrico para autorizar el cambio de punto de captación en aquellas zonas que se encuentren resguardadas con zonas de prohibición o áreas de restricción.

-Autorizar el cambio de fuente de abastecimiento (cuencas), condicionada al interés público.

En materia de cobro de la patente por no uso de las aguas, hay varias innovaciones, que son las siguientes:

a) Se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento de cobro.

b) Se introduce la figura del recaudador fiscal de la Tesorería General de la República como ministro de fe.

c) Se establece la notificación del requerimiento de pago al deudor por cédula, eliminando los avisos radiales.

d) Se elimina el segundo remate de derechos de aprovechamiento por no pago de la patente por no uso. Así, de no prosperar el primer remate, las aguas vuelven a su calidad de bienes nacionales de uso público.

En un plano distinto, y para proteger ciertas áreas, se prohíbe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en los glaciares, parques nacionales y reservas de región virgen; y, respecto de otras zonas (como reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etc.), se establecen estrictos requisitos para ello.

Acerca del tópico de la transferencia de derechos de aprovechamiento, el señor ministro dijo que para el gobierno lo fundamental es supeditar la lógica del mercado a la prevalencia del bien común, al revés de lo que sucede en la actualidad. Ahora bien, ello no implica suprimir la posibilidad de que se puedan transferir los derechos.

Por último, manifestó la disposición del Ejecutivo a abordar la problemática de las cuencas declaradas agotadas y los derechos de aprovechamiento otorgados sobre ellas. En todo caso, se otorgan a la DGA suficientes facultades para intervenir en esas cuencas.

2. Asesora Jurídica de la Dirección General de Aguas, DGA, señora Tatiana Celume [18]

Explicó que uno de los aspectos centrales de la indicación sustitutiva del Ejecutivo consiste en intensificar el carácter de bien nacional de uso público de las aguas. También se fortalecen las facultades fiscalizadoras de la DGA.

Por otro lado, manifestó que no basta con priorizar “de hecho” el recurso para ciertos fines (como el consumo humano), sino que ello debe estar consagrado en la ley, en consideración a la crisis que se vive en varias zonas del país, donde debe abastecerse de agua mediante camiones aljibes.

Respondiendo a varias consultas, justificó la eliminación del actual artículo 5° transitorio del Código, que permite la regularización de derechos de agua cumpliendo ciertos requisitos, ya que al amparo de esa norma se han sobre otorgado derechos. Además, vía judicial se han regularizado derechos de aprovechamiento, en contra de la opinión de la DGA. En todo caso, la intención del Ejecutivo en la materia es dar facilidades para la regularización cuando se justifica, como sucede con los derechos de las comunidades ancestrales.

En cuanto al tema de la caducidad, señaló que ella va a operar solamente cuando no se usa el derecho de aprovechamiento. El principio rector en la materia es que la propiedad obliga y no solo otorga derechos. Por eso se establece la obligación, bajo sanción de caducidad, de inscribir los derechos de aprovechamiento dentro de cierto plazo. También se consagra la facultad de la DGA de exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

Precisó que la indicación sustitutiva no impide las transacciones, ni tampoco restringe el uso, siempre que se salvaguarde el consumo humano. Por lo tanto, podrá seguir utilizándose el recurso para fines agrícolas, industriales o bien en emprendimientos hidroeléctricos.

Aclaró, por otra parte, que permanece incólume el derecho de uso y goce de las aguas, que es de la esencia. El cambio del concepto de “dueño” a “titular” obedece al propósito de poner de relieve el carácter de bien nacional de uso público del agua, pero en modo alguno se contradice con lo preceptuado por el artículo 19, numeral 24, inciso final de la Constitución Política. Acotó que la limitación del derecho de aprovechamiento originado en una concesión a un plazo de 30 años refleja la preocupación de la administración por ejercer un control sobre el uso del agua, velando por la preeminencia del interés público. Este último consiste en la priorización del consumo humano y el saneamiento.

3. Presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte AG, señora María Inés Figari, y vicepresidente de la entidad, señor José Corral [19]

La presidenta de la organización, señora Figari, explicó que la situación de sequía que afecta a la región de Coquimbo es muy grave y se refleja en datos elocuentes, como la pérdida del 40% de la superficie agrícola plantada, la cesación de pagos de 400 pymes agrícolas, la pérdida de 8.000 empleos en el sector, especialmente en la provincia de Limarí, y la consiguiente alza de la pobreza rural. No obstante este cuadro, la región se ha planteado el desafío de seguir siendo eminentemente agrícola.

Agregó que para la entidad gremial las prioridades en el uso del agua deben ser las siguientes: consumo humano, luego producción de alimentos y, en tercer lugar, la industria. Están plenamente de acuerdo en la concepción del acceso al agua como un derecho humano.

Otro aspecto que es muy relevante es el fortalecimiento de la DGA, en términos de contar con más personal para fiscalizar.

Respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas, estiman que la certeza jurídica de la propiedad de tales derechos es fundamental para no impactar negativamente en la agricultura productiva. Junto con ello, es necesario limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en función del uso original para el cual fueron otorgados.

Sobre el tópico del manejo integrado de cuencas, afirmó que respaldan ese tipo de gestión, en la medida que otorgue equilibrio al ecosistema. Además, hay que considerar que la demanda productiva superó a la oferta. Se trata de conciliar el manejo sustentable de los recursos hídricos con la certeza jurídica. Debe, en todo caso, actuarse con prudencia en este tema, y si hay derechos provisionales que desequilibran cuencas, habría que restringir su uso, pero no suspenderlo o revocarlo, porque tendría un fuerte impacto.

En cuanto al mecanismo de concesión de derechos de aprovechamiento que establece la indicación sustitutiva del Ejecutivo, manifestó que es una materia que requiere un estudio exhaustivo por sus implicancias.

Por último, reiteró que la utilización del agua para la producción de alimentos es muy importante en la IV región, por su histórica vocación agrícola. Cabe considerar además que hoy día no es posible la reconversión productiva de la zona.

Por su parte, y complementando la exposición anterior, el vicepresidente de la sociedad, señor Corral, indicó que la organización gremial es partidaria de que las aguas superficiales y subterráneas sean tratadas como un ecosistema común, porque está comprobado que se afectan recíprocamente. Añadió que el sistema de concesión por 30 años planteado por el Ejecutivo a través de su indicación genera incertidumbre, sobre todo en los proyectos de largo plazo, como las plantaciones. Las modificaciones al Código deben apuntar a brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la agricultura en la región de Coquimbo.

4. Presidente de la Junta de Vigilancia del Sistema Paloma, señor José Eugenio González [20]

Expresó que el proyecto tiene algunas importantes fortalezas, a saber, ratifica la condición de bien nacional de uso público del agua; y prioriza los usos del recurso, destacando el consumo humano. Por otro lado, se aprecian también ciertas debilidades, que son las siguientes: no se incorporan las aguas marítimas; deja libre el cambio de uso y destino; no se perfecciona la normativa que dice relación con los derrames y drenajes; y no se fortalecen suficientemente las atribuciones de la DGA y de las juntas de vigilancia.

Respecto al contenido mismo de la indicación del Ejecutivo y su incidencia en el articulado del Código de Aguas, formuló los siguientes comentarios y propuestas:

-Eliminar el inciso segundo del artículo 5° quáter, que permite a la DGA autorizar la extracción, por parte de un comité o cooperativa de APR, de hasta 12 litros por segundo durante la tramitación de la solicitud definitiva.

-Suprimir el inciso segundo del artículo 6°, que restringe a 30 años el período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión.

-Suprimir el nuevo artículo 6° bis, que establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento, por el solo ministerio de la ley, si su titular no hace uso efectivo del recurso dentro de plazo.

-Eliminar los nuevos incisos segundo y tercero del artículo 17, que facultan a la DGA para reducir temporalmente el ejercicio del derecho de aprovechamiento cuando no existe una organización de usuarios constituida que ejerza jurisdicción en la fuente de abastecimiento y la explotación de aguas superficiales por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los titulares de derechos.

-Modificar el artículo 129 bis 2, inciso primero, en términos de facultar a la DGA para ordenar no solamente la paralización de las obras que se ejecuten en los cauces naturales que no cuenten con la debida autorización, sino además las extracciones de aguas en cualquier lugar.

-Eliminar el artículo 307 bis propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo que, en síntesis, faculta a la DGA para exigir a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales la instalación de sistemas de medición de caudales extraídos, del caudal ecológico y un sistema de transmisión de la información obtenida.

-Eliminar, en el inciso primero del artículo 314, la restricción de duración del decreto de zona de escasez, que en la norma vigente es de seis meses, no prorrogables; y de un año, prorrogable, en la indicación del Ejecutivo.

-Suprimir el inciso tercero del artículo 314 propuesto en la indicación del Ejecutivo, relativo a la facultad de la DGA para redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales una vez declarada la zona de escasez; y eliminar los nuevos incisos cuarto y quinto del mismo artículo, que permiten a la DGA, sin perjuicio de la atribución anterior, redistribuir las aguas que hubiere en las cuencas naturales, cuando se acrediten graves carencias para atender los requerimientos de agua con fines de subsistencia.

-Suprimir el artículo segundo transitorio, propuesto por el Ejecutivo, que otorga un plazo de seis meses para inscribir los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la publicación la ley, bajo apercibimiento de caducidad de aquellos.

5. Vicepresidente del directorio de la Junta de Vigilancia del río Choapa, señor Julio Molina [21]

Expresó que la junta de vigilancia del río Choapa está particularmente interesada en el manejo integrado de cuencas, incluyendo las superficiales y las subterráneas. Respecto de estas últimas, acotó que existe una comunidad que las administra, destacando la participación de la empresa minera Los Pelambres, con el 70% de los derechos sobre dichas aguas.

6. Director de la Junta de Vigilancia del río Illapel, señor Vicente Tiska [22]

En primer término valoró los fundamentos plasmados en la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley, en el sentido que Chile carece de normas que permitan al Estado asegurar el abastecimiento del agua y su uso eficiente. Hoy día la declaración legal del agua como bien nacional de uso público es “letra muerta” y se hace necesario darle contenido sustantivo. Es preciso un cambio que refuerce el régimen público de las aguas y, junto con lo anterior, las facultades de la Administración en la constitución y limitación de los derechos de aprovechamiento. También hay que proteger y priorizar los usos relativos a la función de subsistencia, como lo reconoce el proyecto. A su juicio, las prioridades deben ser, en primer lugar, el consumo humano, seguido por la agricultura, la industria y la minería.

Acerca de la priorización en el uso del agua, manifestó que se proyecta un aumento del consumo humano en un 20% en los próximos 10 años, y una disminución de la oferta del 40% en el mismo lapso. Recalcó que, junto con establecer prioridades en la materia, hay que ser eficientes en el uso del agua, ya que actualmente se desperdicia mucho el recurso. Las organizaciones de usuarios han tenido un papel muy importante en el buen aprovechamiento del agua y en el mejoramiento de la infraestructura asociada a lo anterior.

En otro plano, criticó el hecho de que en la indicación sustitutiva se reemplace el concepto de dominio por el de titular de los derechos de aprovechamiento, toda vez que el dominio ha permitido acceder al crédito en los bancos.

Instó, asimismo, a revisar el artículo 6° bis, que establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento si su titular no hace uso efectivo del recurso.

Agregó que les merece reparos la norma del artículo 147 quáter, que permite a la autoridad otorgar derechos más allá de la disponibilidad del recurso. Esta disposición agudizaría el problema de sobre otorgamiento de derechos.

Objetó, además, la facultad de redistribuir las aguas para consumo humano, eliminando la obligación del Estado de indemnizar al afectado (artículo 314). Esta disposición es de dudosa constitucionalidad, ya que se afecta en su esencia el derecho de propiedad.

Respecto a la supresión del artículo 5° transitorio del Código de Aguas, que permite la regularización de derechos de aguas expropiados por la Ex Cora, dijo que en Illapel aún existen predios cuyos derechos de aguas fueron expropiados y no se han regularizado. Por lo tanto, la supresión de dicho artículo puede provocar un daño muy grande a la agricultura.

En síntesis, la indicación sustitutiva tiene una orientación general positiva, pero contiene a la vez herramientas jurídicas de dudosa constitucionalidad y difícil aplicación. También se echa de menos el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua.

7. Presidente de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile, señor Fernando Peralta [23]

Expresó que el proyecto va a tener, evidentemente, una repercusión económica y social. Uno de sus grandes vacíos es que no se refiere a las organizaciones de usuarios, que realizan una gran labor por la comunidad sin irrogarle gasto alguno al fisco. La Confederación Nacional de Canalistas es una de esas entidades, que cubre con su quehacer unas 800 mil hectáreas, de un total de 1,2 millones.

La Confederación no se opone per se a la modificación del Código de Aguas, pero a su juicio el diagnóstico que subyace a la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo no se ajusta a la realidad. Incluso se asume que deben resolverse problemas que no existen, o bien cuya solución ya se encuentra en la legislación en vigor. Respecto a esto último, el ejemplo más claro es la priorización del uso del agua. La indicación propone dar preeminencia al consumo humano, lo que es válido, pero tal uso no se contrapone con los restantes. Es un tema de “convivencia” entre usos variados. En la actualidad dicho consumo representa alrededor del 5% del total, en tanto que la agricultura el 78%. En la práctica siempre ha habido una distribución del agua para distintos fines. Cabe agregar que de la parte del recurso que se usa para consumo humano sólo entre un 20 y un 30% se utiliza realmente, y el resto se devuelve al sistema.

Otro tema es el del sobre otorgamiento de derechos por la recarga de los acuíferos. Desde su perspectiva, no puede producirse el problema del sobre otorgamiento, tanto respecto de las aguas superficiales como las subterráneas, porque si se otorgan más derechos de los que corresponden, las aguas deben distribuirse a prorrata. Lo que sí es grave es el déficit en las fuentes. En efecto, se han otorgado derechos sobre aguas superficiales sin considerar el nivel acuífero. La recarga o alimentación de este último depende de cuán eficiente se ha sido en el uso del agua superficial.

En un plano diferente, instó a resguardar el derecho de aprovechamiento como un derecho real, por constituir un pilar del sistema. Si se afecta aquél, va a tener una incidencia negativa en el sistema de distribución.

En lo que concierne a la supresión del artículo quinto transitorio del Código, opinó que es crucial mantener esa norma, porque permite a los denominados parceleros Ex Cora regularizar sus derechos de aprovechamiento de aguas.

8. Juez de Aguas del río Maipo Primera Sección, señor Javier Carvallo [24]

En su opinión, el Código de Aguas resuelve la gran mayoría de los problemas que se presentan actualmente, motivo por el cual deben analizarse con profundidad los cambios que promueve el proyecto de ley. En este sentido, advirtió que una reforma que no esté bien diseñada puede provocar un efecto negativo.

Acotó que bajo la normativa en vigor ha tenido un gran desarrollo la agricultura en diversos lugares, como el valle del Maipo; y, por otro lado, se han hecho inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable en Santiago.

Respecto al tópico de la priorización en el uso del agua, dijo que la autoridad dispone de atribuciones en la materia, conforme al artículo 314 del Código. Dicha norma faculta al Presidente de la República para declarar zonas de escasez en épocas de extraordinaria sequía. Una vez efectuada la declaración, la DGA puede redistribuir las aguas disponibles en las fuentes naturales cuando no hubiere acuerdo entre los usuarios. También puede autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas. Esta facultad se ha ejercido en varias oportunidades y, últimamente, en febrero de 2014 en el río Aconcagua, para priorizar el consumo humano.

Por otro parte, los privados han tenido una actitud de cooperación para asegurar el consumo humano. Es así como Aguas Andinas y agricultores del Maipo han efectuado préstamos y arriendo de aguas a fin de mejorar el abastecimiento en Santiago.

Afirmó compartir plenamente el concepto del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, según lo ha proclamado la ONU. Chile se encuentra en una posición privilegiada al respecto, ya que en las zonas urbanas la cobertura de agua potable es prácticamente del 100%, en tanto que en las zonas rurales aglomeradas alcanza al 90%, y en las restantes al 56%. Este último segmento abarca una población de unas 130 mil personas, es decir, menos del 1% del total de los habitantes del país. Admitió, en todo caso, la gravedad de la sequía que afecta a varias comunas, que han debido ser abastecidas mediante camiones aljibes. Ello, sin embargo, no se soluciona cambiando la legislación, sino principalmente a través de inversión en infraestructura.

9. Director de la Confederación de Canalistas, señor Javier Crasemann [25]

Afirmó compartir plenamente la idea de que, en materia de uso del agua, debe priorizarse el consumo humano. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado en el tópico de las prioridades, porque puede prestarse para abusos. Por ello, debe proponerse con la misma fuerza la eficiencia en la gestión del recurso.

En su opinión, existe hoy día básicamente un problema de administración y gestión, que no se resuelve a través de una modificación del Código, sino por otras vías, entre ellas una mayor inversión en infraestructura.

El Código de Aguas debe estar orientado, en lo sustancial, a resolver conflictos. Por consiguiente, los esfuerzos de la reforma del Código han de apuntar a perfeccionar las normas relacionadas con la resolución de controversias. En la actualidad estas se demoran alrededor de un año en los tribunales, lo que es excesivo.

Además, hay que robustecer a las organizaciones de usuarios, y una manera de lograr lo anterior es incorporando a las empresas sanitarias, mineras e hidroeléctricas.

10. Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), señora Gloria Alvarado [26]

Señaló, en primer lugar, que si bien el Código de Aguas define el recurso como un bien nacional de uso público, al mismo tiempo autoriza actualmente la privatización del agua a través de la concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad.

Este marco jurídico ha permitido a las empresas sanitarias dominar las zonas urbanas y proyectarse hacia las áreas rurales. La libre competencia por los diferentes usos de las aguas ha favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico, minero y exportador, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población.

La normativa vigente no hace ninguna diferencia entre las solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua que presentan las grandes empresas y un pequeño servicio de APR, ya que todos deben someterse a idénticos trámites.

Respecto al contenido de la indicación del Ejecutivo, manifestó que a juicio de FENAPRU tiene varios aspectos positivos, a saber: -Establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento; -Para asegurar dichos usos, se permite al Estado constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas; -Cuando la finalidad es garantizar el consumo humano, se propone que ante la no disponibilidad del recurso, se puedan constituir nuevos derechos, excepcionalmente, en beneficio de los comités de APR; -Se contempla una exención al pago de patentes, por no uso de las aguas, a favor de las asociaciones de Agua Potable Rural; -Se autoriza transitoriamente a un comité o cooperativa para solicitar de las aguas reservadas un máximo de 12 litros por segundo, durante un año; -Cuando sea necesario reservar el recurso para la subsistencia o para fines de preservación eco sistémica, el Presidente de la República podrá denegar parcial o totalmente las solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean para usos consuntivos o no consuntivos, o limitar el ejercicio de los derechos.

Por otro lado, FENAPRU no comparte determinados aspectos de la indicación sustitutiva, y que son los siguientes: -No se limitan las denominadas “aguas del minero” y, por consiguiente, las empresas mineras seguirán siendo dueñas de las aguas halladas dentro del territorio de la respectiva concesión, sin necesidad de informar de ello a la DGA; -Tampoco se restringen los derechos de aprovechamiento de agua, lo que pone en riesgo la disponibilidad del recurso, en un contexto de escasez del mismo.

Finalmente, la presidenta de FENAPRU formuló las siguientes propuestas: -Que todos los derechos de aprovechamiento de aguas que se han solicitado de forma provisional para comités y cooperativas de APR, sean reconocidos como permanentes; -Que exista una mayor flexibilidad para solicitar derechos de aprovechamiento en beneficio de los servicios de agua potable rural (SSR), de modo que no tengan que competir con los solicitantes para usos lucrativos; -Que en los estudios hidrogeológicos que se realizan actualmente, los recursos sean destinados en primer orden al consumo humano; -Que se haga efectivo el sistema de medición de caudales extraídos a todos los puntos de extracción de agua, y que la transmisión de la información sea fiscalizada rigurosamente, aplicando las multas que correspondan, exceptuando a los servicios sanitarios rurales; -Cuando la infraestructura de agua se construya en bienes comunes, el Estado debe otorgar las herramientas necesarias para que los servicios de APR puedan constituir los derechos de aprovechamiento a su nombre; -Respecto a los derechos de aprovechamiento que no se usan, en vez de rematarlos el Estado debe nacionalizarlos y asignarlos a quien los necesita, de acuerdo al orden de prioridades que se establece; -Deben respetarse los derechos ancestrales de los pueblos originarios, asociando los derechos al agua con el derecho a la tierra.

11. Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, señora Sara Larraín [27]

La indicación sustitutiva del Ejecutivo recoge en un 50% las propuestas contenidas en la moción original.

En efecto, se reitera el concepto de que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes. Se establece, asimismo, que se podrán constituir derechos de aprovechamiento sobre las aguas a particulares, los que podrán ser limitados en su ejercicio. Se prohíbe expresamente constituir tales derechos sobre los glaciares.

La indicación también consagra diversas funciones del agua: la de subsistencia (consumo humano y saneamiento), que prevalece; la de preservación ecosistémica, y la productiva. La moción reconocía otras funciones, como las culturales y escénicas, acordes a las tradiciones de los diversos pueblos, primando asimismo las funciones sociales y ambientales.

Vinculado a lo anterior, la indicación sustitutiva y el texto original coinciden en facultar al Estado para constituir reservas de agua, tanto superficiales como subterráneas, con el fin de asegurar el consumo humano y la conservación de la biodiversidad.

Por otra parte, la indicación recoge el concepto de concesión del derecho de aprovechamiento, fijando un plazo no superior de 30 años. La moción, a este respecto, establecía que la concesión no podía ser perpetua.

Otra coincidencia -aunque parcial- entre ambos textos es la prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento al interior de ciertas áreas. La indicación lo restringe a los parques nacionales y a las reservas de región virgen; en tanto que la moción la extendía a las áreas protegidas de acuerdo a la ley de bases del medio ambiente, a los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, los santuarios de la naturaleza, etc.

En un plano diferente, la indicación en comento solamente exceptúa del pago de la patente que estipula el Código de Aguas a las asociaciones de APR, mientras que la moción aplicaba también análoga franquicia a los pequeños productores agrícolas y campesinos y a las comunidades indígenas.

Por otro lado, el gobierno no acogió en su propuesta aspectos muy importantes que sí estaban plasmados en la moción, entre ellos: el deber de informar y solicitar las denominadas “aguas del minero”; la aplicación del caudal ecológico a todos los derechos y el respaldo técnico para estos caudales; la prohibición de entregar derechos en áreas protegidas; y la suspensión por dos años del otorgamiento de derechos de aprovechamiento en las cuencas declaradas agotadas.

Todos esos aspectos deberían ser recogidos en el texto que se apruebe en definitiva, sin perjuicio de incorporar otros temas, como la excepción del pago de patente para las comunidades agrícolas, el cambio de estatus de todas las aguas hacia un régimen de concesión de aprovechamiento temporal y la agilización de la consulta indígena, para facilitar su acceso a las aguas ancestrales y la exención del pago de patente.

12. Asociación de Canalistas del embalse Recoleta [28]

a. Luis Pizarro, presidente de la Asociación

Explicó que la Asociación cuenta con 700 accionistas, que en promedio riegan 20 hectáreas cada uno. La propuesta de modificación del Código de Aguas ha generado inquietud en el sector, porque la normativa vigente está orientada al riego y ha sido una herramienta positiva para distribuir el agua. Por ende, los cambios al Código deben focalizarse en una mayor regulación de las empresas sanitarias y de la actividad minera. En otro orden, acotó que las aguas del embalse no se administran según el Código en mención, porque el Estado no ha realizado el traspaso de los derechos de aprovechamiento a las organizaciones de regantes.

Respecto al sistema de concesión de derechos de aprovechamiento que propone la indicación del Ejecutivo, dijo que es atendible que a futuro se utilice ese mecanismo, dada la escasez de agua. Sin embargo, debe tenerse cuidado en no perjudicar los derechos ya existentes, porque eso ocasionaría un perjuicio a la agricultura.

b.-Luis Urquieta, abogado de la Asociación

Formuló diversos comentarios sobre la indicación sustitutiva del Ejecutivo y otros tópicos vinculados con el Código de Aguas, como se señala a continuación.

Acerca de las facultades que se le confieren a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento, dijo que los regantes comprenden que existan restricciones en la materia, para asegurar la sustentabilidad del recurso, pero es preocupante que se entreguen esas facultades sin precisar los parámetros a que debe ceñirse su ejercicio. Tal como está concebida la norma, podría producirse una suerte de autolimitación cada vez que el ejercicio del derecho de aprovechamiento pudiese afectar el caudal ecológico mínimo.

En otro ámbito, abogó por la supresión de las llamadas “aguas del minero” (artículo 56) y, en armonía con ello, la eliminación del artículo 110 del Código de Minería. Actualmente, las empresas del rubro pueden utilizar las aguas que encuentran sin limitaciones en cuanto al caudal, ni tampoco a sujeciones por calificación ambiental o trámites de tipo administrativo. Para tales empresas las aguas son bienes privados y no nacionales de uso público.

Expresó que el actual artículo primero transitorio del Código, que permite que los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, cuyas posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, puedan regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes, debería ser modificado, porque otorga un poder excesivo a los notarios. La regularización a que alude este precepto debería correr por cuenta de la justicia, con informe de la DGA. Además, la resolución que acoge la regularización debería ordenar la cancelación de las inscripciones anteriores, para evitar confusión en los derechos.

Valoró, por otra parte, el actual artículo segundo transitorio del Código, que permite regularizar los derechos de aprovechamiento inscritos que son utilizados por personas distintas de sus titulares, siempre que se cumplan ciertas condiciones; norma que, a su juicio, debería ser permanente y perfeccionarse, en el sentido de que participen en el proceso la DGA y las organizaciones de usuarios.

Explicó que en la década de 1990 la DGA constituyó en la provincia de Limarí y otras varias organizaciones de usuarios, dictándose sentencias que adjudicaron derechos de aprovechamiento, los que fueron inscritos en los conservadores respectivos. De ese proceso derivaron luego transferencias y transmisiones de derechos. Al cabo de unos años se impuso en esta materia la doctrina según la cual los derechos en cuestión no eran propiamente de aprovechamiento de aguas, sino que recaían sobre las obras y compuertas. A la luz de ello, se hace necesario, desde su perspectiva, una norma interpretativa del artículo 188 del Código, que disponga que en la especie sí se constituyeron derechos de aprovechamiento. De lo contrario, los regantes se verían obligados a iniciar procesos de regularización de esos derechos.

Respecto al sistema de multas, opinó que debe mejorarse el procedimiento de cobranza, en términos de dar reales posibilidades de defensa a los afectados.

Finalmente, instó a eliminar el artículo 185 bis del Código, que permite a cualquier usuario de una organización de regantes sustraerse de un arbitraje forzoso en el contexto de un conflicto por el ejercicio del derecho de aprovechamiento; con lo cual se resta autoridad a los directorios de dichas organizaciones, judicializando el tema.

13. Consejo Regional Campesino de Coquimbo [29]

a. Jehová Ibacache, presidente del Consejo

Formuló diversas propuestas, tales como:

1. Las aguas deben ser declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público y el Estado asignarlas a los particulares en derechos limitados, sin que puedan transferirse en el mercado.

2. Los particulares no deben ser considerados dueños o titulares de derechos de aprovechamiento, sino usufructuarios.

3. Las aguas destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble deben reputarse como inmuebles.

4. El Estado debe asumir la obligación de cautelar el bien común en la distribución y uso del agua.

5. Ante diversas solicitudes de derechos de aprovechamiento sobre las mismas aguas, el Estado debe concederlas de acuerdo a las siguientes prioridades:

1ª Bebida y servicio de agua potable

2ª Uso doméstico

3ª Producción de alimentos de consumo interno

4ª Producción agrícola para mercados externos

5ª Generación de energía

6ª Otras producciones y usos

6. El Estado debe recuperar los derechos de agua cuando los privados no cumplan con los objetivos de los proyectos, para así poder reasignar aquellos. En otros términos, los derechos de aprovechamiento deben ser caducables.

7. El Estado debe asegurar agua de los embalses para consumo humano, uso doméstico y riego campesino.

8. Las aguas subterráneas que se alumbran han de ser asignadas a los dueños del suelo superficial, siempre y cuando aquellos destinen el recurso a la producción de alimentos para el consumo, o al mercado interno de alimentos básicos.

b. Leticia Ramírez, integrante del Consejo

Señaló que hoy día se vulneran los derechos de los pequeños propietarios. Cada vez se hace más apremiante repartir equitativamente el recurso, dada la escasez del mismo. Criticó, por otro lado, el cambio de nomenclatura que hace la indicación del Ejecutivo, en cuanto a sustituir el vocablo “dueño” por “titular” (referido a los derechos de aprovechamiento), toda vez que en el fondo son sinónimos. Lo que corresponde es hablar de usufructuario de las aguas.

c. Patricio Hevia, primer director del Consejo

Comentó que, según la indicación sustitutiva del Ejecutivo, los derechos de aprovechamiento constituidos no se verían afectados, lo que a su juicio es “impresentable”, porque debe prevalecer el bien común. Actualmente hay exceso de derechos de agua e incluso hay particulares que han inscrito los suyos con el fin de hacer negocios con el agua, afectando a los pequeños campesinos.

d. Eleser Maluenda, integrante del Consejo

Expresó que, considerando la aguda escasez hídrica que padece la IV región y, en especial, los pequeños productores agrícolas, es necesario una planificación del agro. Las consecuencias de plantar sin contar con agua suficiente están a la vista. A esta situación se suma la comercialización de derechos de aprovechamiento por parte de algunos privados

14. Alcalde de Punitaqui, señor Pedro Valdivia [30]

Afirmó que el origen de la crisis hídrica que afecta a la región de Coquimbo fue la separación del agua de la tierra. Los resultados de esa política han sido el agotamiento de los acuíferos y la mercantilización de los derechos de aprovechamiento.

Sostuvo, también, que las aguas alumbradas en las comunidades campesinas deben radicarse permanentemente en ellas, porque la tierra sin agua es inútil. Finalmente, abogó por una mayor regulación del recurso.

15. Alcalde de Canela, señor Bernardo Leyton [31]

Indicó que esa comuna registra el consumo per cápita diario de agua más bajo de la región, con apenas 8 litros. Las empresas sanitarias, los canalistas y los APR compiten por el escaso recurso disponible, por lo que resulta fundamental priorizar los usos del agua. Actualmente los APR tienen que comprar derechos de agua a un elevado costo para poder abastecer a los vecinos.

16. Alcalde de Los Vilos, y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, señor Manuel Marcarián [32]

Hizo un llamado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el consumo humano del agua, máxime en un contexto en que la empresa sanitaria de la región de Coquimbo, Aguas del Valle, no está haciendo inversiones para buscar más agua. Agregó que si cobra fuerza la alternativa de instalar plantas desaladoras, ellas deben ser estatales y no concesionadas.

17. Presidente y gerente de la Junta de Vigilancia III sección del río Aconcagua, señores Walter Riegel y Santiago Matta, respectivamente [33]

El señor Riegel formuló diversos comentarios acerca de la indicación sustitutiva del Ejecutivo.

En primer lugar, criticó la norma que reemplaza el concepto de dominio sobre el derecho de aprovechamiento por el de uso y goce que confiere tal derecho, ya que atenta contra la Constitución Política y puede traer graves consecuencias en el ámbito jurídico. En efecto, hoy los derechos de aprovechamiento se hipotecan, lo que eventualmente no podría hacerse en el futuro.

Agregó, en otro plano, que el agua no es gratis para los agricultores, ya que constituye un insumo en la producción agropecuaria y tiene un costo asociado.

A su juicio, una de las tareas más urgentes por abordar para enfrentar la escasez hídrica es la realización de obras por parte del Estado, como embalses.

Explicó que el 79% del agua del río Aconcagua se utiliza para riego. Actualmente el río consta de cuatro secciones, en sus 161 kilómetros de longitud. La tercera abarca 48 kilómetros, dispone de 16 canales y riega la provincia de Quillota en su totalidad. Además, abastece de agua potable al gran Valparaíso.

Afirmó, por otro lado, que un tema muy importante que no aborda el proyecto es el de los áridos, que representan una seria amenaza para la disponibilidad de agua, pues afecta el lecho de los ríos, como sucede en el río Aconcagua, donde se extraen indiscriminadamente.

Un aspecto muy positivo del proyecto es la protección que brinda a los glaciares, cuya explotación también constituye una amenaza para el recurso.

Por último, indicó que la gran cantidad de emprendimientos mineros en el país, sumado a la escasa información relativa al alcance de aquellos, permite abrigar inquietudes acerca de su incidencia en la futura disponibilidad de agua.

A su vez, el señor Matta dijo que para la junta de vigilancia que representa siempre el consumo humano del agua ha sido prioritario, cualquiera sea el orden de prelación que establezca la ley en la materia. Prueba de ello es que a través de dos canales del río Aconcagua abastecen gratuitamente de agua el embalse Aromos. En torno al mismo tema, opinó que si se prioriza por ley el uso del agua podría generarse un desincentivo a las sanitarias para invertir.

Respecto al proyecto, valoró la disposición que establece el cobro de patente por no uso del agua, cuyo monto podría incluso aumentarse.

Finalmente, puso de relieve el papel que han desempeñado los APR y reconoció la difícil situación por la que atraviesan.

18. Integrante de la comunidad Colla río Jorquera y sus afluentes (comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama), señor Héctor Salinas [34]

Explicó que la comunidad que representa está conformada por 80 familias, las que están siendo muy afectadas por las actividades de la minería y la agroindustria, que han estado haciendo pozos en forma indiscriminada en la cuenca. El río Copiapó y las vertientes se están secando, ante la pasividad de los organismos públicos como la DGA y la DOH, que no han arbitrado las medidas necesarias para enfrentar la crisis hídrica. Adicionalmente, se están interviniendo los glaciares.

Señaló, también, que las comunidades originarias no han sido consultadas por estos emprendimientos, que indudablemente constituyen una amenaza para la población local. Por tal razón se vieron en la obligación de judicializar el tema.

19. Presidente y secretario ejecutivo de la junta de vigilancia del río Lontué, señores Víctor Olivos y Diego Castro, respectivamente [35]

El señor Olivos abogó por la creación de una superintendencia del agua, que fiscalice el adecuado empleo del recurso, ya que actualmente el 80% de ella termina en el mar, desaprovechándose.

Instó, asimismo, a construir más embalses de baja altura y a proteger los glaciares.

En cuanto a los APR, valoró el rol que han cumplido e hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad bajo la cual operan.

El señor Castro indicó que la discusión de la reforma del Código de Aguas se enmarca en una normativa que ya tiene 30 años y que, dados los cambios que ha experimentado el país, necesita ajustes.

En este lapso han cobrado gran importancia temas como la protección de los glaciares y, últimamente, la utilización de agua de mar, ante la escasez hídrica que padecen algunas zonas. Se vislumbra que en un futuro no lejano el abastecimiento de agua potable en el norte se hará mediante plantas desaladoras. El Código actual no se ocupa de esta materia, ya que sólo regula las aguas continentales.

Desde su punto de vista, el proyecto de ley y, en particular, la indicación sustitutiva del Ejecutivo, se sustenta en un diagnóstico equivocado, según el cual la situación del agua en Chile sería crítica. Ello no es así, salvo algunas zonas, donde efectivamente el cuadro es muy complejo. Hay que recordar que el país cuenta con las más grandes reservas de agua per cápita en el mundo.

Uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el país es la inversión, especialmente en “carreteras hídricas” y en trasvase de cuencas.

Sobre el tema de la eventual sobreexplotación de acuíferos, dijo que no es la regla general y, en los casos que ello ocurre, la responsabilidad no recaería en los usuarios, sino más bien en la DGA. Este organismo del MOP debería ocuparse de hacer estudios acabados sobre el tema.

Frente a la denuncia de un incremento de las transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas, manifestó que ello es positivo cuando se hace en pos de un mejor proyecto. Con todo, sería conveniente poner un límite a las transacciones, pero el proyecto no dice nada sobre el particular.

También se ha señalado que al amparo de la actual normativa se especula con los derechos de aprovechamiento; afirmación que en su concepto es parcialmente veraz, pues la especulación sólo se refiere a los derechos no consuntivos. En cambio, ello no sucede con los derechos consuntivos, es decir, con las aguas que se destinan al riego, y que representan el 70% del total.

En lo que se refiere a la priorización del uso del agua y, puntualmente, para el consumo humano, como lo establece la indicación sustitutiva, afirmó que solo en algunas zonas rurales hay problemas de abastecimiento de agua potable, lo que afecta a unas 800 mil personas. La solución a lo anterior radica, más que en modificar la ley, en que la DOH construya más pozos.

Acerca del nuevo régimen jurídico que supone cambiar la noción de “dueño” (de derechos de aprovechamiento) por la de “titular”, expresó su rechazo, pues se perderían los atributos del dominio.

Finalmente, puso de relieve el mecanismo de regularización de derechos de agua vigente, pues permite tener las aguas a nombre propio y, además, inscribirlas. Se estima que más del 50% de los titulares de derechos (y, en especial, los más pequeños) no tienen inscritos sus derechos. Lamentablemente, el Ejecutivo, al proponer eliminar este procedimiento, va a afectar a mucha gente y los derechos que no alcancen a regularizarse van a pasar a manos del Estado.

20. Presidente de la Asociación de Canalistas del río Teno, señor Francisco Soler [36]

Refirió que el río Teno tiene 3.400 acciones y 5.800 regantes, muchos de los cuales no tienen los derechos de agua inscritos.

Sobre la indicación sustitutiva del Ejecutivo, opinó que no le da la suficiente importancia al agua en la función de producción de alimentos. Además, es "centralista" en la administración del recurso.

Desde otra perspectiva, el cambio hacia un sistema de concesión de derechos de aprovechamiento podría traer incertidumbre jurídica y la reticencia de la banca a otorgar créditos.

Finalmente, sostuvo que el proyecto priorizaría actividades como la minería y la generación eléctrica, en desmedro del mundo rural.

21. Abogados de la organización “Recursos Naturales”, señora Consuelo Sepúlveda y José Tomás Cuadrado [37]

La señora Consuelo Sepúlveda indicó, a modo de introducción, que los sectores agrícola y forestal concentran el 73% de las asignaciones de derechos consuntivos, regando 1,1 millón de hectáreas. Estos sectores otorgan empleo al 9% de la fuerza laboral del país y contribuyen con un 3% del PIB. En cuanto a los derechos no consuntivos, están concentrados en la industria hidroeléctrica.

De acuerdo al artículo 1° transitorio de la indicación sustitutiva presentada por el gobierno, los derechos de aprovechamiento ya otorgados no se van a ver afectados por el nuevo sistema de concesión. Sin embargo, la misma norma agrega que el ejercicio de esos derechos deberá sujetarse a las restricciones que se establecen en razón del interés público. Además, se reemplaza en todo el articulado el vocablo “dueño” (o “propietario”) por “titular”, y se elimina el atributo de disposición, permitiendo bajo el nuevo régimen de concesión solamente el uso y goce. A su juicio, con ello se afectaría la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Acotó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo importa consagrar algunas causales específicas de caducidad de derechos ya otorgados, a saber: a) Respecto de las vertientes que nacen y mueren en el mismo predio, lagos y lagunas (modificación del artículo 20 del Código). En esos tres casos existe un derecho de aprovechamiento por el solo ministerio de la ley. El problema estriba en que hay varios casos (sobre todo tratándose de vertientes), en que tales derechos se hallan inscritos, y se limitarían al uso y goce según el proyecto; b) En el caso del artículo 2° transitorio, que prescribe que los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de la ley y que no fueren inscritos dentro del plazo de seis meses caducarán; y c) Tratándose de la derogación del actual artículo 5° transitorio del Código, que permite regularizar los derechos provenientes de predios expropiados por aplicación de la ley de reforma agraria. A su juicio, es muy importante mantener esta última disposición, porque permite a los parceleros inscribir los derechos de agua a su nombre. Hay muchos casos pendientes de regularización que podrían acogerse a esta norma transitoria.

Respecto de la letra b) del párrafo anterior, precisó que la inscripción conservativa no es de la esencia del derecho de agua. Sin embargo, la indicación declara la caducidad del derecho por la sola circunstancia de no efectuar la inscripción dentro de plazo.

En otro orden, manifestó su desacuerdo con la modificación propuesta al artículo 314 del Código, que otorga a la DGA atribuciones especiales cuando se declara zona de escasez, pudiendo suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia. Estas han sido las encargadas de velar por el prorrateo. Con la reforma, la DGA va a intervenir las juntas de vigilancia, siendo estas organizaciones las que mejor pueden distribuir el agua.

Sostuvo que es recomendable modificar el artículo 282 del Código (que no contempla la indicación del Ejecutivo), en orden a reforzar la actual facultad del director de la DGA para declarar en caso justificado, a petición fundada de la junta de vigilancia respectiva o de cualquier interesado, y para los efectos de la concesión de nuevos derechos consuntivos permanentes, el agotamiento de las fuentes naturales de aguas.

En materia registral (artículo 112 a 118 del Código), cabe preguntarse cómo va funcionar el registro de los conservadores bajo un sistema de concesión.

Agregó que el nuevo régimen de las aguas que propicia la indicación del Ejecutivo vulneraría la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, que prohíbe afectar el derecho de dominio ya constituido.

Por último, abogó por otorgar certeza en cuanto al plazo de la concesión tratándose de los derechos consuntivos, como sí está establecido para los no consuntivos.

Por su parte, el señor José Tomás Cuadrado opinó que la indicación del gobierno implicaría alterar en forma retroactiva las reglas del juego en cuanto al derecho de propiedad, que comprende tres facultades: el uso, el goce y la disposición. Esta última es de la esencia del derecho de dominio. Asociado a lo anterior, surge la interrogante sobre el destino de las hipotecas ya constituidas en beneficio de la banca, toda vez que se vería disminuido el valor de los predios, al no contar con derechos de agua perpetuos. En otros términos, la banca va a valorizar de distinta manera los activos.

La indicación en comento también propone derogar el inciso final del artículo 149 del Código, que permite el uso del agua para diversos fines. La modificación propuesta podría constituir una nueva causal de caducidad, por el cambio en el factor de uso.

22. Representantes de la junta de vecinos de San Julián, comuna de Ovalle, región de Coquimbo, señor Roberto Flores y señora Gloria Marín [38]

El señor Roberto Flores expresó que, en el contexto de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, y que pretende fortalecer a la DGA, resulta muy preocupante la escasa fiscalización que ejerce dicho organismo. Esto último es particularmente evidente en el sector San Julián de la comuna de Ovalle, donde producto de la extracción de áridos por parte de la empresa Contador se han secado tres vertientes, sin que la DGA haya puesto coto a esta situación, no obstante encontrarse en conocimiento de la misma desde hace varios años. Las faenas que realiza la empresa en comento han implicado la extracción de tanta agua que incluso ha afectado al suministro del recurso por parte del APR local.

Agregó que la empresa no tiene permiso para extraer áridos ni deja entrar a ningún tercero en el predio, con lo cual impide cualquier fiscalización. Además, comercializa el agua que saca del lugar. Desde otra perspectiva, se trata de una empresa que no significa ningún aporte para la comunidad de San Julián, porque salvo un trabajador del sector, el resto son afuerinos.

A su vez, la señora Gloria Marín manifestó que es necesario cambiar el Código de Aguas, pues tal como está favorece a las grandes empresas. Denunció la grave situación que aqueja a la localidad de San Julián, que se está secando por la usurpación de agua y la pasividad de las autoridades, incluyendo el alcalde de Ovalle. Incluso han detectado que el agua está contaminada con arsénico. La decadencia de la agricultura ha determinado la migración de los jóvenes.

23. Agricultor de la provincia de Petorca, señor Ricardo Sangüesa [39]

Afirmó que desde el año 2000 se viene denunciando la usurpación de aguas, drenes ilegales, etc., en la provincia de Petorca. Lamentablemente, el Código de Aguas que nos rige ha incentivado tales prácticas y otras igualmente condenables, por lo que deben introducirse cambios de fondo en dicha normativa. Entre las modificaciones pendientes es necesario plantearse un nuevo enfoque de la DGA, incluyendo aspectos como la priorización de los aspectos técnico profesionales en los nombramientos del director nacional y los directores regionales, y el robustecimiento de las facultades fiscalizadoras del organismo.

La situación de escasez hídrica en la zona es tan aguda que se ha hecho habitual el abastecimiento de agua potable para consumo humano a través de camiones aljibes.

Respecto al texto del proyecto de ley propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, exteriorizó su preocupación por el artículo primero transitorio, que reconoce los derechos de aprovechamiento constituidos antes de la publicación de la ley. Su preocupación en esta materia se refiere a los derechos mal otorgados en su oportunidad, por falsa información.

Un aspecto crucial que debe abordarse es el desincentivo a la venta de derechos de agua. En este orden de ideas, propició restituir el derecho del agua a la tierra, con lo cual se desincentivaría la venta de derechos de aprovechamiento.

En Petorca, concretamente, debería prohibirse el otorgamiento de nuevos derechos de agua, ya que a los severos problemas que enfrenta se suma la adversa circunstancia de ser una provincia que carece de alta cordillera.

Otro aspecto que debería abordar el proyecto de ley es la delimitación de los cauces de los ríos. En la provincia de Petorca casi todos los cauces se hallan dentro de áreas agrícolas, es decir, en propiedades de particulares. La reforma al Código acerca de esta materia debería dejar claramente establecido que los cauces de los ríos son bienes nacionales de uso público.

Acotó que la DGA no es el único organismo que ha evidenciado falencias en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Otro tanto puede decirse, por ejemplo, de la Conaf, que no se ha preocupado del indiscriminado destronque de espinos en las laderas de los cerros para dar lugar a plantaciones de paltos.

Sostuvo, por otro lado, que es necesario modificar el artículo 58 del Código de Aguas, que permite en forma indiscriminada cavar pozos en suelo propio. Esta facultad debería regularse, explicitando el fin para el cual se hace el pozo.

En cuanto al tópico de los derechos provisionales de agua, abogó por su revocación, al menos en la provincia de Petorca, donde alcanzan a los 1.200 litros por segundo. Hay un decreto que revoca esos derechos, que ya cumplió el trámite de toma de razón en la Contraloría, pero aún no se implementa por parte de la DGA.

Finalmente, instó a realizar un balance hídrico por zonas y solicitó a la DGA “defender” sus informes técnicos ante la justicia.

24. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señor Patricio Crespo; y fiscal de ese organismo, señor Eduardo Riesco [40]

El presidente de la SNA, señor Patricio Crespo, indicó que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas es muy relevante, porque afecta de una u otra manera a un amplio espectro, como lo demuestra la existencia de 330 mil titulares de derechos consuntivos de ejercicio permanente y continuo, y de más de 4.000 organizaciones de usuarios de aguas que cumplen una función pública.

Tanto los titulares de derechos como las aludidas organizaciones valoran y dependen de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra, derechos adquiridos y amparados por la Constitución Política, y que los faculta para usar, gozar y disponer de ellos sin mayores interferencias. En este orden de consideraciones, temen que el proyecto pueda significar “volver atrás”, quedando expuestos a la burocracia y la discrecionalidad de la administración y a una eventual pérdida patrimonial.

Acotó que la SNA tiene una apreciación del proyecto, y en particular de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, en que pueden distinguirse dos aspectos, como pasan a reseñarse.

Por una parte, apoyan varias propuestas contenidas en la indicación, a saber: a) Asegurar el agua para el consumo humano, incluyendo el saneamiento, y el caudal ecológico; b) Facultar a los APR para operar con derechos provisionales, en tanto se finiquitan los trámites de solicitudes de aprovechamiento; c) Fortalecer las facultades fiscalizadoras de la DGA, en a medida que ello vaya acompañado de la profesionalización de sus funcionarios y de una mayor dotación de personal; y d) Aumentar la progresión de las patentes por no uso del recurso, de modo de presionar para que se concreten las obras y desalentar la especulación.

En cambio, la SNA no comparte otras modificaciones contenidas en la indicación, y para tal efecto los reparos se agrupan en dos causales:

1) Por vicios de inconstitucionalidad: a) El otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento bajo la modalidad de concesión, si no se reconoce como un derecho real, con los tradicionales atributos de uso, goce y disposición; b) El hacer extensivas a los derechos ya otorgados las amplias limitaciones que se proponen para el ejercicio de las nuevas concesiones; c) La caducidad por no inscripción en el conservador de bienes raíces de las parcelas Cora, al establecerse la derogación del artículo 5° transitorio del Código de Aguas.

2) Por atentar contra el bien común: a) Por poner término a la opción de regularización de derechos de aprovechamiento, incluyendo los beneficiarios de la reforma agraria (eliminación de los artículos 2° y 5° transitorios del Código); b) Por la eventual privación a los ciudadanos, vía subterfugios, de la propiedad de los derechos de agua adquiridos, con grave afectación de sus patrimonios y la valoración de sus propiedades que garantizan sus créditos de inversión; c) Por el riesgo de poner término a la entrega de nuevos derechos, para direccionarlos a la constitución de la reserva de recursos en beneficio del Estado.

Por su parte, el fiscal de la SNA, señor Eduardo Riesco, expresó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo implica transformar el actual derecho de aprovechamiento de aguas en una concesión administrativa de carácter temporal, caducable e intransferible, que no gozaría de los atributos propios del derecho de propiedad. Estas características se hacen extensivas a los derechos de aprovechamiento ya constituidos y, en la práctica, conllevan la nacionalización o estatización del uso del agua, con lo cual se pierde la certeza jurídica acerca de la permanencia de los derechos.

En un plano más específico, sostuvo que el concepto de “interés público”, que se incorpora en el artículo 5° del Código como fundamento para constituir derechos de aprovechamiento en beneficio de los particulares, es difuso, abstracto y con un sesgo ideológico. En efecto, será el funcionario de turno quien determinará cuándo estamos en presencia del interés público, con el consiguiente riesgo de arbitrariedad.

Si a lo anterior se agrega la gran cantidad de restricciones y limitaciones que contiene el proyecto, y la desproporcionada ampliación de las facultades de la DGA, se llega a la conclusión que todos los derechos de aprovechamiento entrarán en el nuevo esquema y que no habrá diferencia alguna entre los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

La SNA estima que la concesión administrativa del derecho de aprovechamiento es altamente precaria y podría vulnerar el artículo 19 N°24, inciso final de la Carta Fundamental, que establece que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Este precepto debe armonizarse con el numeral 26 del referido artículo 24 de la Constitución Política, que impide afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones que impidan su libre ejercicio.

Tal como está concebido el nuevo modelo de concesión, habría una expropiación de los derechos ya constituidos, lo que daría origen a la correspondiente indemnización.

25. Representantes de las Autoridades Ancentrales y de los Pueblos Indígenas Autoconvocados [41]

a. Presidenta de la Asociación de Profesionales Indígenas, señora Sandra Huentemilla

Sostuvo que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas tiene un vicio de fondo, y es que su articulado no fue debidamente consultado a los pueblos originarios, pese a que les incumbe directamente, pues para ellos la tierra y el agua están indisolublemente unidos. Dicha consulta, según el convenio 169 de la OIT, debe ser previa, libre e informada.

Agregó que el aludido convenio internacional efectúa un reconocimiento del derecho consuetudinario, pese a lo cual el Estado chileno impone otro sistema jurídico a las comunidades aborígenes.

Respecto al mecanismo de la consulta previa, señaló que los reglamentos que pretenden ponerla en práctica no se ajustan a los estándares internacionales. Sin perjuicio de ello, el proceso de consulta ha carecido a veces de buena fe. Se aprecia, en ese sentido, una carencia de diálogo efectivo y respeto mutuo.

En cuanto al tópico específico del agua y su regulación en el ordenamiento jurídico, indicó que desde la perspectiva y cosmovisión de los pueblos originarios no todas las aguas y en todos los estados deben ser declarados bienes nacionales de uso público. Por otro lado, debería existir una prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas en territorios indígenas.

En lo que concierne al contenido específico del proyecto de ley, formuló varios comentarios. En primer lugar, criticó, por estimarlo vago, el concepto de “interés público”, para efectos del otorgamiento de derechos de agua, que utiliza la indicación sustitutiva del gobierno. Por tal motivo, sería conveniente precisar el alcance de dicha expresión. Un aspecto muy interesante de la moción original es que reconocía las funciones culturales y escénicas del agua, acordes a la cosmovisión, espiritualidad y tradiciones de los diversos pueblos y comunidades que habitan el territorio nacional; aspecto que no recoge la indicación sustitutiva.

También le mereció reparos, por su falta de claridad, la norma de la indicación que permite otorgar concesiones sobre aguas reservadas para cumplir la función de subsistencia. No se sabe cuántas de esas reservas de agua van a estar en tierras indígenas.

Acerca del fortalecimiento de la DGA, existe la duda de cómo este organismo va a implementar las modificaciones que se proponen al Código de Aguas.

En cuanto al tema de la inscripción de los derechos de aprovechamiento, opinó que se otorga un plazo muy breve para cumplir dicho trámite.

Por último, instó a abordar el asunto de los recursos hídricos de los pueblos originarios con una institucionalidad más específica que la actual Conadi.

b. -Señora Verónica Grunewald, de la comunidad aymara

Destacó que para el pueblo aymara el agua y la tierra están indisolublemente unidos, constituyendo parte del ciclo vital. Una de las particularidades de las cuencas hídricas en la zona norte, donde habitan los aymaras, es que se trata de cuencas transfronterizas, aspecto que no considera el proyecto de ley.

Tampoco se toma en consideración que hay miles de hectáreas de áreas protegidas que se superponen con tierras aymaras.

Finalmente, sostuvo que la legislación discrimina a este pueblo originario, al no establecer limitaciones para el otorgamiento de concesiones mineras en las tierras ancestrales que ocupan, con la consiguiente presión sobre los recursos hídricos. En tal virtud, debería haber una delimitación clara del territorio aymara.

c. Señora Marisol Hito, de la comunidad rapa nui

Señaló que en Isla de Pascua existen graves problemas hídricos. Este territorio insular depende de las aguas lluvias, que filtran rápidamente hacia las napas subterráneas. Se ha detectado un incremento de los residuos sólidos y líquidos en los últimos años, lo que ha provocado una disminución de la disponibilidad de agua para el consumo humano. A este cuadro se suman la contaminación de las napas subterráneas y el flujo turístico. Debido a la falta de control sobre la calidad del agua que se extrae de los pozos, han proliferado las enfermedades gastrointestinales.

Mención aparte merece la circunstancia de que la empresa SASIPA, filial de CORFO, inscribió como propios pozos ancestrales construidos por el pueblo rapa nui, sin consultar a la población aborigen.

26. Representantes de Agropetorca A.G., señores Ignacio Álamos y Alfonso Ríos [42]

El señor Álamos indicó que, desde el punto de vista hídrico, el principal problema que enfrenta la provincia de Petorca es la ausencia de alta cordillera, por lo cual dependen de la pluviometría para la obtención de agua. La grave sequía que afecta a la zona, y que se arrastra desde hace varios años, ha significado que el 70% de las empresas agrícolas tenga graves problemas financieros.

Agregó que otro dato muy ilustrativo de la crisis por la que atraviesa la provincia de Petorca es la drástica disminución de las hectáreas plantadas, que han bajado de las 16.000, que había en 2007, a 6.000, en la actualidad. Estrechamente vinculado a lo anterior, se constata una paralización de la inversión privada en el sector agropecuario.

Hoy día el 96% de los predios se riega con agua de pozo. Es decir, una minoría utiliza agua superficial. En cuanto a la situación jurídica de los derechos de agua, se estima que existen unos 2.000 pozos clandestinos y una cifra ligeramente inferior tiene los derechos inscritos. Finalmente, señaló que la gran mayoría de los predios (el 95%) tiene una superficie inferior a las 20 hectáreas.

Por su parte, el señor Ríos expresó que desde hace décadas se tiene contemplado construir cuatro embalses en la provincia de Petorca, que son Pedernal, las Palmas, La Chupalla y Los Ángeles, que indudablemente, de materializarse, constituirían la solución de fondo al problema de la sequía. El actual gobierno ha manifestado su intención de construir dos embalses, con una capacidad de 50 millones de metros cúbicos cada uno. Mientras tanto, sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro hídrico de la provincia y se han perdido 10 mil hectáreas para la agricultura.

Enfatizó que la crisis que afecta a la agricultura de la zona se debe a la prolongada sequía desde 2007, período en el cual el promedio de precipitaciones ha estado por debajo del nivel histórico. La escasez de lluvia ha significado que el agua no haya alcanzado a infiltrarse.

A su juicio, el Código de Aguas no brinda una solución para el problema que padece Petorca. Así, por ejemplo, el cambio de punto de captación es una alternativa al alcance solamente de las grandes empresas agrícolas y mineras. Por último, manifestó que la propuesta (plasmada en la indicación sustitutiva) de establecer un plazo de hasta 30 años para los derechos de agua afectaría las inversiones.

27. Abogado señor Emilio Pfeffer [43]

El experto en derecho constitucional hizo presente, en primer lugar, que entre los diversos fines que persigue el proyecto de ley cobra especial relieve la administración más racional del recurso hídrico, para enfrentar de mejor manera la sequía. A tal objeto se consagra un sistema de caducidad de derechos de aprovechamiento. Acotó que desde la reforma incorporada en 1967 a la Carta Fundamental de 1925, el agua es considerada un bien nacional de uso público, teniendo los particulares sobre ella un derecho de aprovechamiento. Esta situación se mantuvo en la Constitución de 1980, en la que se incorporó un inciso final al numeral 24 del artículo 19, con arreglo al cual los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos; norma esta última que sería redundante desde su punto de vista, porque el inciso primero del aludido numeral de la Constitución plasma el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

No obstante ser un bien nacional de uso público, el agua tiene un tratamiento distinto a otros bienes de la misma naturaleza, como las calles, las plazas, etc., que son administrados por las respectivas municipalidades, y sobre los cuales otorgan a los particulares derechos para su uso y goce. Estos derechos (o permisos, según el caso), a diferencia de lo que ocurre con las aguas, son esencialmente precarios.

La indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo a este proyecto no innova en cuanto a la naturaleza jurídica de las aguas, sino que tiende a intensificar esa característica. Al respecto, es importante tener en consideración que uno de los deberes del Estado es resguardar la seguridad nacional, que en un sentido amplio abarca no solamente la defensa de la soberanía y la integridad territorial, sino también la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, incluyendo el agua. En este orden de ideas, el Estado debe velar por el bien común y resguardar el acceso de la población al agua. Este es el fundamento constitucional para la imposición de regulaciones o restricciones al ejercicio de los derechos, incluyendo el de propiedad. Según lo expuesto, la indicación sustitutiva, al disponer que el ejercicio del derecho de aprovechamiento podrá ser limitado en función del interés público, es plenamente concordante con la Constitución, siempre que las medidas que se adopten o las cargas que se impongan a los titulares sean proporcionales, razonables. Esto es válido tanto para los derechos de agua constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, como para los que se constituyen después. El Estado no puede tener un rol pasivo en la materia, ya que le corresponde asegurar el uso racional del agua.

Respecto a la expresión “interés público” a que se alude más arriba, sostuvo que es un concepto abierto e indeterminado, tal como otros que se encuentran diseminados en la Carta Fundamental, verbigracia “moral”, “buenas costumbres”, “protección a la familia”, etc., cuyo alcance preciso debe determinarlo la justicia en cada situación.

Si bien las hipótesis que configuran (de acuerdo a la indicación en comento) las causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento se inscriben en el concepto de función social de la propiedad, la norma propuesta podría perfeccionarse, en cuanto al cómputo del plazo para que opere la caducidad y a la especificación de los requisitos que ha de reunir la declaración de caducidad por parte de la DGA, para dar mayores garantías a los administrados, y que estos puedan recurrir a la justicia si lo estiman del caso. Reiteró que el sistema de caducidad se ajusta a la Carta Fundamental, a lo que cabe agregar que es el propio titular del derecho de aprovechamiento el que incurre en la causal, sea no inscribiendo sus derechos dentro de plazo, o no ejecutando las obras que correspondan.

Finalmente, opinó que la indicación sustitutiva no debilita la facultad de disposición respecto de los derechos de aprovechamiento y, en todo caso, prevalece la norma constitucional que consagra la propiedad sobre los derechos de agua constituidos de acuerdo a la ley.

28. Abogado señor Arturo Fermandois [44]

El experto en derecho constitucional afirmó que la gran novedad incorporada por la indicación sustitutiva del Ejecutivo radica en el mecanismo de la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Ella opera de oficio, por el solo transcurso de un plazo y es irreversible. La idea que subyace a esta reforma es que quien no usa el agua la pierde. Desde su perspectiva, el sistema de caducidad propuesto se ajusta a la Constitución Política, porque es deber del Estado velar por el adecuado uso de este recurso, que es un bien nacional de uso público, y en particular impedir su acaparamiento. Empero, y sobre todo tratándose de derechos preexistentes, el plazo para que opere la caducidad debería computarse desde la dictación de la ley y ser lo suficientemente extenso para permitir ejecutar las obras correspondientes, considerando que ello demanda estudios de factibilidad e inversión. Además, debería estatuirse un procedimiento contradictorio que permita al afectado impugnar la declaración de caducidad ante la justicia ordinaria.

Agregó que para contextualizar el tema debe tenerse en cuenta que la Carta Fundamental optó por una vía en lo que se refiere al régimen jurídico de las aguas, y esa opción consistió en otorgar a los titulares de derechos de aprovechamiento la propiedad sobre ellos. Algo similar sucede con las concesiones viales, por citar un ejemplo, estimándose que es la mejor manera de servir a la nación toda.

El derecho de aprovechamiento de las aguas, tanto en lo que se refiere a los títulos preexistentes como a los que se constituyan a futuro, puede ser limitado en su ejercicio, o imponer obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, de acuerdo a la propia Constitución (artículo 19 N°24).

En cuanto a la nueva redacción del artículo 6° del Código, que omite la facultad de disposición del derecho de aprovechamiento, opinó que podría prestarse para equívoco, pues si bien no impide tal facultad, tampoco la reconoce expresamente, como sí lo hace el texto vigente.

Otro aspecto interesante y que, a la vez, merece una precisión, es lo relativo a la facultad del Estado de constituir reservas de aguas para las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica (artículo 5° ter). Esta atribución debería ceñirse a un parámetro o límite cuantitativo.

La indicación del Ejecutivo contempla, por otro lado, amplias atribuciones para la DGA en caso de declararse zona de escasez, como redistribuir las aguas en las fuentes naturales y en las cuencas naturales. Según la norma, los efectos ocasionados por la redistribución no darán derecho a indemnización alguna. Sobre este punto, manifestó que, sin perjuicio de que todo titular debe soportar las regulaciones o limitaciones que imponga la autoridad sin derecho a compensación, parece contraproducente negar ex ante una compensación a los afectados, porque en un caso dado podría afectarse el derecho en su esencia.

29. Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino [45]

Indicó, en primer término, que según un estudio de 2013 y que abarca entre las regiones de Tarapacá y O´Higgins, la gran minería representó el 5% del consumo de agua, contra el 72% del sector agrícola y el 23% de las sanitarias. Según el mismo estudio, la principal fuente de suministro para la minería provenía del agua subterránea (46%), seguida por el agua superficial (32%).

Agregó que el Consejo Minero coincide plenamente con la indicación sustitutiva del Ejecutivo en orden a priorizar el uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. Igualmente, están de acuerdo en establecer la caducidad del derecho de aprovechamiento por no uso, en la medida que se mantenga un criterio objetivo en la calificación del no uso; y en precisar que los glaciares son bienes nacionales de uso público y que no pueden constituirse derechos de aprovechamiento sobre ellos.

Sin embargo, y por otro lado, la indicación sustitutiva del Ejecutivo les merece diversos reparos, entre ellos los siguientes: 1) Se establece que los derechos de aprovechamiento se constituirán y su ejercicio podrá ser limitado en función del interés público, sin que se defina este concepto, con el consiguiente riesgo de discrecionalidad excesiva. Tal vez se refiera al cumplimiento de la función de subsistencia, pero si ello es así convendría explicitarlo; 2) Otra observación se refiere a la sustitución del actual inciso segundo del artículo 6° del Código de Aguas, según el cual el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular. Al respecto, cabría aclarar si esto afectaría la transacción de derechos de aprovechamiento o el uso de los mismos como garantía para respaldar créditos; 3) La indicación en comento prescribe que los derechos consuntivos otorgados a partir de esta ley caducarán a los cuatro años en caso de no uso, plazo que se extiende a ocho años tratándose de los derechos no consuntivos. Esta distinción parece provenir de la asimilación a usos agrícolas (derechos consuntivos) y centrales hidroeléctricas (derechos no consuntivos). Sin embargo, la realidad es más compleja, porque los grandes proyectos mineros que necesitan derechos consuntivos requieren de largos estudios y se someten al sistema de evaluación ambiental, razón por la cual se justifica que puedan tener acceso al plazo de 8 años, y o suspender el cómputo del plazo en caso de paralización del proyecto por causas no atribuibles al titular; 4) De acuerdo a la modificación del artículo 129 bis 4 del Código, para efectos del aumento del monto de la patente por no uso, y de la caducidad de los derechos de aprovechamiento a los 14 años por no uso, el plazo de caducidad se contabilizará desde el 1 de enero de 2006, lo cual implica consagrar una norma con efecto retroactivo, que les parece jurídicamente improcedente; 5) El proyecto del Ejecutivo señala que el derecho de aprovechamiento sobre aguas que se origina en una concesión dura hasta 30 años, aunque se puede prorrogar, a menos que se acredite el no uso. El Consejo Minero estima que no tiene sentido fijar una duración máxima de 30 años, porque el nuevo artículo 6° bis consagra una caducidad de 4 años (para los derechos consuntivos) y de 8 años (para los no consuntivos). Basta, entonces, que venza uno u otro plazo y acreditar el no uso para que caduque el derecho, independientemente de la duración que la autoridad fije al otorgar la concesión.

30. Representantes del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, señores Felipe Grez y Rodrigo Mundaca [46]

El señor Mundaca criticó el “extractivismo” minero, que se inserta en el modelo económico en vigor y en el Código de Minería, que data de 1981 y a cuyo amparo se ha “secado” el país. Para el movimiento que representa el agua no es un recurso, un insumo más, sino un bien común y, por lo tanto, no factible de apropiación por los particulares. Estos últimos solamente deberían tener el uso del agua. Esta concepción es totalmente distinta a la que inspira al Código del ramo y, por ello, abogan por la derogación de ese cuerpo normativo que ha permitido el acaparamiento del agua.

Destacó que el agua (tanto superficial como subterránea) y la tierra conforman un todo indivisible. Chile debe ajustar su legislación a los distintos convenios internacionales sobre la materia, que difieren sustancialmente de aquella. Lo primordial es que nuestra normativa recoja una concepción comunitaria del agua, la cual, por ende, no es susceptible de ser entregada en propiedad. Es deber del Estado garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del recurso. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, en términos tales que el empleo del agua para la bebida, los servicios sanitarios e higiénicos, la producción de alimentos y la mantención de los ecosistemas tenga preferencia sobre otras actividades productivas.

Abogó en forma especial por la devolución al Estado, en forma gradual, de las aguas entregadas durante el período 1973-1990. Otro tema muy delicado es el sobre otorgamiento de derechos de aguas, tanto superficiales como subterráneas, en lo que le cabe responsabilidad a la DGA.

A su juicio, la indicación sustitutiva del Ejecutivo no enfrenta los problemas de fondo relacionados con el agua y, por el contrario, tiende a perpetuar el esquema vigente.

Por su parte, el señor Grez se refirió específicamente a algunos aspectos que aborda la indicación sustitutiva del Ejecutivo. En primer término, manifestó que la indicación en comento no innova en relación con la garantía establecida en la citada norma constitucional, que confiere a los particulares la propiedad sobre los derechos constituidos en las aguas. Es importante, por consiguiente, que las aguas sean declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público. Aunque la indicación crea un nuevo sistema de concesión de derechos de aprovechamiento, este no afecta a los derechos ya otorgados, sino únicamente a los que se den a futuro, y que no van a representar más del 20% del total, puesto que más del 80% de las aguas disponibles se encuentran otorgadas, e incluso sobre otorgadas, sin un criterio realista. La indicación prioriza el uso del agua, anteponiendo el consumo humano, pero no consagra el resguardo de los ecosistemas ni de las economías locales.

En un plano distinto, el proyecto del Ejecutivo no aborda tópicos muy importantes, como las aguas del minero. Tampoco establece el aseguramiento de caudales ecológicos mínimos en las cuencas. En cuanto al fortalecimiento de la DGA, la indicación sustitutiva no constituye un gran avance, pues no corrige la dispersión de funciones de ese organismo, ni se replantea el carácter regulatorio de dicho organismo. Tampoco se introducen paliativos al sistema de administración privada del recurso ni a su mercantilización. En efecto, se pretende que los conflictos por el agua se sigan solucionando entre los privados, favoreciendo las condiciones de asimetría actualmente existentes.

En cuanto a la prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento en ciertas zonas, la indicación del Ejecutivo circunscribe la prohibición a los parques nacionales y a las reservas de regiones vírgenes; no así a otros tipos de áreas, como las reservas nacionales, los santuarios de la naturaleza, los monumentos naturales, etc.

31. Werkén señor Bernardo Rumián, y cacique señor Luis Pailapichún, de la Junta General de Caciques de la Futawillimapu, San Juan de la Costa, región de Los Lagos [47]

Expresaron que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas ha suscitado gran interés y, a la vez, preocupación entre las comunidades mapuches-huilliches que habitan al sur del Toltén. Es por ello que elaboraron un documento que recoge su posición sobre la materia. En primer lugar, consideran que todos los recursos naturales que se encuentran en su territorio son intrínsecos e inalienables; por lo tanto, ninguno de ellos es susceptible de ser transado en el mercado. Además, esos recursos están amparados por los tratados suscritos y ratificados por Chile, en especial el Convenio 169 de la OIT. En este orden de ideas, el agua que se halla en su territorio no puede ser objeto de limitaciones para el pueblo mapuche-huilliche, porque forma parte de su concepción de vida, al igual que otros elementos, como la tierra y el aire.

Respecto al contenido mismo del proyecto, estimaron que deben reponerse conceptos que estaban contemplados en el texto de la moción original y luego fueron omitidos. Específicamente, habría que incluir la finalidad étnica del agua, ya que lo anterior dice relación directa con la protección y reconocimiento de los pueblos originarios, de la indivisibilidad del agua con su territorio, y del valor espiritual de dicho elemento. Desde su perspectiva, pues, las aguas tienen varias funciones, entre otras las ambientales, de subsistencia, étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial. Debería ser una obligación del Estado garantizar a todos los habitantes el acceso a las mencionadas funciones.

Proponen, además, que no se otorguen nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes ríos y acuíferos que surten de agua a las personas naturales y comunidades indígenas, sin garantizar previamente su normal abastecimiento del recurso.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas en territorios indígenas, debería incluirse en el proyecto una norma que establezca que tales derechos (consuntivos y no consuntivos) serán otorgados a perpetuidad y no caducarán.

Por otra parte, rechazaron la posibilidad de entregar reservas de agua ubicadas en territorios indígenas, a empresas sanitarias.

Finalmente, abogaron por modificar el artículo 56 del Código, relativo a las “aguas del minero”, en el sentido de privilegiar la protección y el uso de las aguas ubicadas en territorios indígenas, a favor de las personas y comunidades que ahí habitan, precaviendo así eventuales abusos por parte de empresas mineras. Esto ha cobrado mucha vigencia en el último tiempo, debido a la proliferación de pertenencias mineras en el sur.

32. Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo Faúndez; señor Lautaro Loncón, del ministerio de Desarrollo Social; y director general de la DGA, señor Carlos Estévez [48]

El subsecretario de Servicios Sociales se refirió a algunos aspectos de la consulta indígena, mecanismo que prevé el Convenio 169 de la OIT para resguardar los derechos de los pueblos originarios cuando los afectan decisiones de los órganos del Estado. Sobre el particular, explicó en primer lugar que, según el decreto N°66, la subsecretaría de Servicios Sociales, del ministerio de Desarrollo Social, tiene la facultad de determinar las normas de los proyectos de ley que incumben a los pueblos originarios y, por ende, deben ser consultadas a ellos. Es importante precisar que la consulta la lleva a cabo el organismo estatal respectivo, correspondiéndole al mencionado ministerio realizar una labor de asesoría. En cuanto al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, se trata de una consulta de carácter nacional, lo que plantea un gran desafío y un alto costo. En efecto, estiman que la consulta requeriría de un financiamiento por aproximadamente $650 millones. En este proceso, que dura unos 6 meses, le cabe una gran participación al Consejo de los Pueblos. Finalmente, refirió que durante el año 2014 e inicios del 2015 tuvieron lugar 4 grandes consultas de carácter nacional, entre ellas el Consejo de Pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas.

En torno al mismo tema, el coordinador nacional de consulta y participación indígena del ministerio de Desarrollo Social, señor Lautaro Loncón, manifestó que a esa repartición le compete dar respuesta a las solicitudes sobre procedencia de la consulta indígena. Ese pronunciamiento constituye un informe técnico que no es vinculante para el órgano encargado de realizar la consulta. Acerca de la aplicación del aludido mecanismo en el presente proyecto de ley, indicó que con fecha 8 de octubre de 2014, y en respuesta a una petición del ministerio de Obras Públicas del 3 de septiembre del mismo año, emitieron un informe donde se sostiene que la consulta procede. Con ello se agotaba la competencia del ministerio de Desarrollo Social, sin perjuicio -como queda dicho- de otorgar asesoría para materializar la consulta de la mejor forma posible.

Por su parte, el señor director de la DGA, Carlos Estévez, refiriéndose a esta materia, dijo que el MOP analizó detenidamente el convenio N°169 y llegó a la conclusión que existen 3 órdenes de materias vinculadas con el Código de Aguas que requieren consulta previa a las comunidades indígenas concernidas. Ellos son la transferencia y gravamen de derechos de aprovechamiento destinados a usos ancestrales, que proceden solo entre comunidades. El segundo tema es la regularización de derechos de agua en territorios indígenas. Por último, está el asunto de la exención del pago de patente por no uso de lagua, en beneficio de los indígenas y comunidades indígenas.

Al respecto, señaló que cuando el Ejecutivo elaboró la indicación sustitutiva al proyecto que modifica el Código de Aguas, revisó lo que establecen tanto el Convenio 169 como el reglamento que le da operatividad. El convenio plantea expresamente que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se dicten normas de carácter legal o administrativo susceptibles de afectarles directamente. Respecto a las primeras, es claro que se entienden comprendidos los ante proyectos de ley y de reforma constitucional, así como las indicaciones sustitutivas, aun cuando éstas recaigan en una moción parlamentaria y no en un proyecto de ley del Ejecutivo, que es precisamente el caso de este proyecto.

Revisado el articulado de la propuesta de indicación sustitutiva para discernir qué aspectos afectaban directamente a las comunidades indígenas y, por otra parte el reglamento, que prescribe que debe tratarse de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas, en términos de incidir en el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales o la relación con sus tierras indígenas, a juicio de la DGA había al menos tres tipos de disposiciones que afectarían directamente a dichas comunidades.

La primera dice relación con los derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en territorios indígenas para beneficio de sus comunidades y destinados a sus usos ancestrales, los que no pueden ser enajenados, embargados, gravados ni adquiridos por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia, debiendo mantener dichos usos. Cabe consignar que, respecto de esta propuesta normativa, que quedó plasmada en el artículo 5° inciso final del proyecto, la Comisión de Recursos Hídricos optó por votar favorablemente una indicación parlamentaria, y no la indicación del Ejecutivo. En este sentido, el reglamento obliga al poder Ejecutivo y no a los parlamentarios.

El segundo tipo de normas se refiere a la regularización de derechos de aprovechamiento, materia que abordan los artículos transitorios del proyecto, manteniéndose el procedimiento de regularización solamente para las comunidades indígenas. No obstante tratarse de una medida positiva para ellas, el Convenio prescribe que es procedente la consulta cuando hay afectación directa, sea esta positiva o negativa. En consecuencia, la DGA estimó que era necesaria la consulta.

La tercera categoría de normas comprende la temática de la exención del pago de patentes a que aluden los artículos 129 bis 4, 5 y 6 del Código, respecto de los derechos de aprovechamiento pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas.

En síntesis, los tres aspectos reseñados son los que la DGA consultó al Ministerio de Desarrollo Social y respecto de los cuales dicha cartera declaró la pertinencia de la consulta. Por consiguiente, las demás enmiendas incorporadas en el articulado del proyecto no precisan de consulta indígena.

B.b) Opiniones de las señoras diputadas y de los señores diputados durante la discusión particular.

La indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley original generó el siguiente debate general entre los integrantes de la Comisión.

La diputada señora Provoste expresó que la indicación en cuestión recoge varios de los anuncios efectuados por la Primera Mandataria en su discurso del 21 de mayo de 2014 y perfecciona el Código de Aguas. No obstante, hacen falta cambios más profundos en el sector. En este sentido, hay que tener presente que la Comisión había discutido y aprobado normas sobre temas muy relevantes, que no aborda la indicación sustitutiva, como las denominadas “aguas del minero” y el tópico del caudal ecológico mínimo. Celebró, por otra parte, que se otorguen más atribuciones fiscalizadoras a la DGA, pero ello, lamentablemente, no tiene como contrapartida la asignación de más recursos. En un plano distinto, sostuvo que los plazos de caducidad que contiene la indicación permitirían acelerar los estudios de impacto ambiental.

La diputada señora Girardi destacó, también, la circunstancia de que la indicación patrocinada por el gobierno no recoge ciertas materias sobre las cuales ya hubo un pronunciamiento de la comisión, como las aguas del minero y la prohibición de otorgar derechos de agua en los humedales y otras zonas protegidas; en tanto que otras sí las aborda, como los glaciares, prohibiendo constituir derechos de aprovechamiento sobre ellos. Lo esencial es que el Estado priorice el uso del agua, y actualmente no cumple ese rol. Dada la crítica escasez de agua en varios lugares del país, sería recomendable revisar los derechos de agua ya otorgados, especialmente considerando que queda muy poca agua por otorgar. Opinó también que las aguas con uso agrícola han de mantenerse con esa finalidad, y no deberían destinarse a la minería. Agregó ser contraria a la transferencia de derechos de aprovechamiento de aguas entre privados, que permite el texto sustitutivo, situación que no se replica con otros bienes nacionales de uso público, en que la administración (los municipios, por ejemplo) otorga un permiso esencialmente intransferible. También criticó el plazo de caducidad de la patente, por considerarlo excesivamente prolongado, en consideración a la gran demanda que existe por el agua.

A su vez, la diputada señora Molina dijo que el eje del proyecto debe ser la protección de los derechos de quienes cuya vida ha estado ligada a la tierra, como los agricultores y canalistas. Acotó que el proyecto no toca un punto muy importante, que sí fue considerado en el marco de la discusión del proyecto original, y es la caducidad de los derechos de aprovechamiento en las cuencas declaradas agotadas. Vinculado a lo anterior, es fundamental saber cuándo se declararon agotadas esas cuencas, porque hubo un vicio en el acto de otorgamiento de derechos sobre cuencas que ya habían sido objeto de una declaración de esta naturaleza. También instó a abordar, en el marco de este proyecto y como una política de Estado, la formación de un catastro de los derechos de agua inscritos y no inscritos. En otro orden de consideraciones, opinó que debería existir un plazo adecuado de caducidad por no uso de las aguas tratándose de los proyectos de la minería, porque son iniciativas de largo alcance y que demandan complejos estudios.

El ex diputado señor Insunza destacó la importancia de la función social como fundamento del otorgamiento de los derechos de aprovechamiento. Agregó que es muy relevante el actual artículo segundo transitorio del Código de Aguas, que permite regularizar, cumpliendo ciertos requisitos, los derechos de aprovechamiento inscritos que son utilizados por personas distintas de sus titulares. Esa norma, a su juicio, no debería ser transitoria y, más que de una regularización, se trata del reconocimiento de una situación. Acotó que la caducidad de los derechos de aprovechamiento que contempla la indicación del Ejecutivo se ajusta a la Carta Fundamental, al igual que la facultad de la autoridad de limitar el ejercicio de tales derechos.

Por su parte, el diputado señor Gahona expresó que el proyecto tiene varios aspectos positivos, entre ellos la priorización en el uso del agua para el consumo humano, en el entendido que se refiere a zonas donde no operan empresas sanitarias, pues en las áreas donde sí hay sanitarias la prelación del consumo humano implica privilegiar a dichas empresas. Agregó que la aguda escasez hídrica que padecen unas 100 comunas rurales obedece especialmente a falta de infraestructura, más que a un vacío en la legislación. En otro plano, exteriorizó su preocupación por la falta de contenido del concepto “interés público”, y por la situación jurídica en que quedarían los derechos de aguas ya constituidos. Se mostró partidario de morigerar la atribución que otorga el proyecto a la autoridad para reducir, con carácter imperativo, los derechos de aprovechamiento en ciertas circunstancias. Sostuvo que es importante preservar la facultad de disposición sobre el derecho de aprovechamiento, porque es una atribución esencial del derecho de dominio. Acerca del plazo de caducidad por no uso del recurso, expresó que tratándose de derechos no consuntivos el plazo debería ser superior a 8 años, porque normalmente están involucrados proyectos de largo estudio y ejecución. Análoga observación cabe respecto a los proyectos impulsados por la minería. También debería revisarse el plazo de caducidad contemplado en el artículo 129 bis 4 del Código, modificado por la indicación del Ejecutivo, y que conforme a esta última se computa retroactivamente desde 2006. Lo ideal es que se contabilice desde la entrada en vigor de esta ley.

B.c) VOTACION EN PARTICULAR.

La indicación sustitutiva del Ejecutivo consta de un artículo permanente, que se desglosa en 51 numerales, y cuatro artículos transitorios, que fueron objeto del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

Artículo único.-

Este, que como se indicó consta de 51 numerales, incorpora diversas modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas:

Número 1.

Reemplaza el epígrafe del Título II: “Del dominio y aprovechamiento de las aguas”, del Libro I, por el siguiente: “Del aprovechamiento de las aguas”.

Fue objeto de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel) y Walker, que sustituye el epígrafe en comento por el siguiente: “Título II Del aprovechamiento de las aguas y sus funciones”. La indicación fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Insunza, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Walker; en tanto que se abstuvieron la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona.

Este número de la indicación del Ejecutivo, y la indicación parlamentaria que lo reemplaza, suscitaron el debate cuya síntesis pasa a exponerse:

El señor Director General de Aguas (DGA) señaló que la indicación presentada por el Ejecutivo persigue, básicamente, que el enunciado del Título II del Libro I del Código de Aguas diga relación con el contenido de los artículos que integran ese título; a diferencia del Título III, que se refiere a la adquisición del derecho de aprovechamiento.

Los diputados señores Gahona y Rathgeb se mostraron partidarios de una mirada más amplia sobre el tema, que comprenda el agua en su integridad, es decir, el aprovechamiento, el dominio y las funciones del agua.

La diputada señora Girardi manifestó que la idea que subyace a la indicación parlamentaria (que en definitiva se aprobó) es que las funciones del agua son las que determinan la priorización en su uso.

A su vez, la diputada señora Provoste expresó que es relevante que el encabezamiento del Título II aluda a las funciones del agua y a su aprovechamiento.

El diputado señor Walker argumentó que el cambio en la denominación del Título II tiene sentido por cuanto lo que regula este tiene que ver con el aprovechamiento y las funciones del agua.

El diputado señor Gahona afirmó que la discusión sobre el dominio no es menor, pues constituye una inquietud muy sentida en el sector agrícola. La duda es qué pasará con el dominio sobre el derecho de aprovechamiento, y en este sentido la propuesta del Ejecutivo pareciera dar a entender que se quiere afectar el dominio.

El señor Director de la DGA manifestó respecto a esta última inquietud que al simplificar la denominación del título no se está significando que los derechos existentes pierden sus atributos esenciales.

El diputado señor Walker respaldó este último planteamiento, acotando que la Constitución Política ya dispone el dominio sobre las cosas corporales e incorporales, debiendo tenerse presente que lo que consagra el ordenamiento jurídico no es el derecho al agua en sí, sino su aprovechamiento.

El señor Director de la DGA aclaró que los actuales titulares de derechos de aprovechamiento podrán seguir usando, gozando y disponiendo de ellos. Respecto a los derechos que se concedan una vez que entre en vigor esta ley, los titulares podrán usar, gozar y disponer de sus derechos, pero teniendo presente que están sujetos a un plazo, aunque renovable.

Número 2.

Incorpora las siguientes modificaciones en el artículo 5°, que declara que las aguas son bienes nacionales de uso público.

Las enmiendas propuestas son:

a) Se reemplaza el inciso único, que pasa a ser primero, estableciéndose que las aguas revisten el carácter antes señalado, cualquiera sea su estado, agregando que su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.

La norma supra fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Walker.

b) Se agregan dos incisos, que en síntesis establecen lo siguiente:

-El nuevo inciso segundo señala que en función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de acuerdo a la ley.

-El nuevo inciso tercero, que pasa a ser cuarto, según se verá más adelante, precisa que tales derechos no podrán constituirse en glaciares.

La Comisión aprobó las dos modificaciones propuestas por el Ejecutivo, por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza; mientras que se abstuvo el señor Rivas.

Por otra parte, en virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, se agregan los siguientes incisos tercero y quinto al artículo 5° del Código en mención:

“El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La indicación parlamentaria fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza.

A propósito del artículo 5° del Código y las modificaciones recaídas en él, se produjo el siguiente debate:

Respecto al “interés público”, principio con arreglo al cual han de constituirse los derechos de aprovechamiento, según el nuevo inciso segundo, el diputado señor Gahona opinó que debiese estar definido, pues la ley debe ser precisa en un tema de esta naturaleza. Los interesados deben saber sobre qué bases se conferirán a futuro tales derechos.

Por su parte, el diputado señor Walker indicó que la norma en cuestión es de tipo enunciativo. Lo primordial es que el interés público esté sobre el particular. El Código en vigor tampoco aborda expresamente el tópico, pese a lo cual no ha generado mayor discusión.

El diputado señor Núñez (don Daniel) coincidió en la importancia de mantener el concepto de interés público para efectos del otorgamiento de los derechos de aprovechamiento.

La diputada señora Girardi dijo que los conceptos de “interés público”, “bien común” y otros similares se prestan para diversas interpretaciones. Lo esencial es tener presente que la propiedad debe cumplir ciertas funciones.

La diputada señora Molina sostuvo que el concepto en debate aparece indeterminado, lo que es inconveniente, pues da pie a eventuales desviaciones o arbitrariedades. Tal vez sería más apropiado utilizar el concepto de función social.

Por su parte, el diputado señor Rivas dijo que nociones como “interés público”, “bien común”, etc., son lo que en derecho se denomina conceptos “válvulas”, que no se definen, pues varían en el tiempo. Definirlos implicaría “petrificarlos”. Sin perjuicio de ello, la redacción propuesta por el Ejecutivo genera la duda de si el concepto de interés público solo es aplicable a la constitución de derechos de aprovechamiento, pero no a una limitación en su ejercicio. Lo relevante, a su juicio, es que el agua cumple una función social, que es de su esencia, y que se refiere al consumo humano. Esa función social debe quedar plasmada en la ley, al igual que la función ecológica del agua. Acotó ser contrario a la teoría de la “propietización” de los derechos.

El ex diputado señor Insunza expresó que si el agua se otorga en función del interés público, se genera resguardo ante la lógica del mercado y la especulación frente al recurso. Agregó estar de acuerdo en que las limitaciones al ejercicio del derecho de aprovechamiento estén consagradas en el mismo Código.

El señor Director de la DGA manifestó que no hay riesgo alguno de discrecionalidad en la incorporación del concepto de interés público, toda vez que la limitación en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento debe hacerse de conformidad a la ley. Agregó compartir el planteamiento del diputado señor Rivas en cuanto a los conceptos “válvulas” o indeterminados en nuestro ordenamiento jurídico. Insistió en que la Administración no tendría atribuciones para actuar arbitrariamente, pues la propia ley dispone las limitaciones a su actuación.

En otro plano, y ante la prohibición que consagra el artículo 5° de constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, el señor Director de la DGA precisó que en virtud de esta norma, que es categórica, no se podrán pedir derechos respecto al agua en estado sólido, cuando se halla dentro de un glaciar.

En cuanto a la consagración, en el nuevo inciso tercero, del derecho al acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, expresó que ello es congruente con la posición asumida por el país en los foros internacionales y, específicamente, las Naciones Unidas. Sin embargo, quizás la Constitución Política es el cuerpo jurídico donde debería estar consagrado este derecho. Por otro lado, algunos componentes del acceso al agua y al saneamiento no están regulados en el Código de Aguas, sino en el Sanitario, en la ley N° 18.902 y otras leyes.

En cuanto a la norma, plasmada en el inciso final del artículo 5° del Código, según la cual en los territorios indígenas el Estado debe velar por la integridad entre tierra y agua, y proteger las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, la señora asesora de la DGA puntualizó que se preguntó al ministerio de Desarrollo Social sobre la procedencia de la consulta a las comunidades correspondientes para este caso, y la respuesta fue afirmativa.

La diputada señora Girardi afirmó que la vinculación de agua y tierra es una cuestión de derechos ancestrales.

El diputado señor Núñez (don Daniel) sostuvo que el derecho a acceder al agua no logra materializarse en muchos casos.

La diputada señora Provoste fue del parecer que mientras no exista una modificación constitucional, al menos a nivel legal debiese estar contemplado el derecho al acceso al agua como un derecho humano. Acotó que forma parte de la cosmovisión indígena vincular el agua con la tierra y que el Convenio 169 de la OIT es autoejecutable. Señaló también que los pueblos originarios no están de acuerdo con los procesos de consulta llevados a cabo en virtud del decreto 66.

El diputado señor Rathgeb dijo que el tema de la vinculación entre tierra y agua no carece de aspectos controvertidos entre las comunidades indígenas. Además, hay que tener presente a la población indígena que no vive en comunidades.

La diputada señora Molina sostuvo que el tópico de la consulta indígena no puede ser obviado. Agregó que es necesario precisar qué debe entenderse por vinculación entre tierra y agua.

Número 3.

Intercala los artículos 5° bis, 5° ter, 5° quáter y 5° quinquies, del siguiente tenor:

“Artículo 5° bis.- Las aguas pueden cumplir diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas.

Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la prelación dispuesta en el inciso primero cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62 y 314 de este Código.”.

El artículo transcrito fue objeto de una indicación sustitutiva de las diputadas señoras Girardi y Provoste, de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Walker, y del exdiputado señor Insunza, aprobada por unanimidad. Participaron en la votación, además de los diputados individualizados, los señores Álvarez-Salamanca, Berger, Coloma y Gahona. El texto de reemplazo es el siguiente:

“Artículo 5° bis.- Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia; la que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas.

Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62, 314 y demás normas pertinentes de este Código. Con todo, la Autoridad deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica.

Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos.”.

***************

Al texto transcrito y aprobado como artículo 5° bis se agregó como nuevo inciso final, y a propuesta de la DGA -acogida por asentimiento unánime- la norma que originalmente fue aprobada como inciso segundo del artículo 5° quáter, y que dice así:

“Tratándose de solicitudes realizadas por un Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente, debiendo dictar una resolución fundada al respecto dentro del plazo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud. Esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez.”.

A propósito del artículo 5° bis se produjo el siguiente debate.

El señor director de la DGA comentó que la indicación del Ejecutivo que incorpora el artículo 5° bis tiene dos ejes temáticos. El primero consiste en poner de relieve las múltiples funciones que cumple el agua; en tanto que el otro establece una prioridad del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento, tanto en lo que respecta al otorgamiento como a la limitación de derechos de aprovechamiento.

Por otro lado, se discutió acerca de la conveniencia de incluir dentro de las funciones del agua la producción de alimentos o agricultura de subsistencia.

Las diputadas señoras Cariola y Girardi, y el diputado señor Lemus, estimaron positiva una propuesta de tal naturaleza. La señora Girardi fue más enfática, sugiriendo que la agricultura de subsistencia debería tener un nivel de prioridad análogo al consumo humano y el saneamiento. Agregó que el uso doméstico de subsistencia que plasma la indicación parlamentaria sustitutiva excluye la economía extractiva y apunta solamente al abastecimiento familiar.

A su vez, el exdiputado señor Insunza se mostró partidario de que el primer inciso del artículo sea de tipo declarativo o genérico, mientras que el segundo se ocupe de fijar las prioridades en el uso del agua, entre ellas el uso doméstico. Señaló también que es importante reforzar la idea de que no pueden transarse o comercializarse los derechos de aprovechamiento para un fin distinto al que se otorgaron; planteamiento que fue compartido por la diputada señora Girardi, quien lo complementó diciendo que no sólo las empresas sanitarias han de tener vedado el uso de las aguas para un fin distinto, sino que dicha prohibición debe regir siempre, tratándose de los usos prioritarios del agua.

En otro orden, la diputada señora Molina expresó que, tocante a las distintas funciones del agua, no se precisa qué debe entenderse por preservación ecosistémica.

El diputado señor Gahona dijo estar plenamente de acuerdo en priorizar el consumo humano y el saneamiento; no así en anteponer algunas funciones productivas sobre otras, como la agricultura familiar campesina en desmedro (por ejemplo) de la pequeña actividad minera. Agregó que sería conveniente que la DGA priorice el consumo humano y el saneamiento en las zonas rurales que se encuentren fuera de las zonas concesionadas a las empresas sanitarias. Vinculado a lo anterior, debería prohibirse que los derechos de agua otorgados para el consumo humano en sectores rurales no concesionados puedan ser objeto de un uso distinto, como por ejemplo la minería.

En torno a este tema, la diputada señora Provoste afirmó que el consumo humano es distinto de la subsistencia básica (agrícola, ganadera, etc.), y es necesario darle a esta última la importancia que merece.

El diputado señor Núñez (don Daniel) expresó que al relevar la indicación sustitutiva el uso doméstico de subsistencia se recoge una sentida aspiración de pequeños propietarios agrícolas (1 hectárea, aproximadamente), pues les garantiza un “piso mínimo”.

A su vez, el diputado señor Coloma se mostró de acuerdo con la idea de incorporar el uso doméstico de subsistencia en el artículo 5° bis, si bien sería aconsejable precisar su alcance, porque miles de personas podrían invocar esta norma, generando eventualmente algunos problemas.

“Artículo 5° ter.- Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 bis de este Código.

Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia.”.

El inciso primero del artículo en mención fue aprobado por simple mayoría (7 a favor y 4 en contra); conjuntamente, y por idéntica votación, con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Walker, y del exdiputado señor Insunza, que agrega a continuación de la expresión “el ejercicio de las” el vocablo “distintas”. La indicación fue aprobada por los diputados individualizados, en tanto que rechazada por los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Coloma y Gahona.

Por otra parte, en virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar, y del exdiputado señor Insunza, se intercala el siguiente inciso segundo en el artículo 5° ter:

“Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la concesión minera en el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad a lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, según el artículo 5° bis.”.

La indicación en cuestión fue aprobada por simple mayoría (7 a favor y 4 en contra). Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza; mientras que lo hicieron en contra los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Coloma y Gahona.

El inciso segundo (que pasa a ser tercero) del artículo 5° ter propuesto por el Ejecutivo fue aprobado por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Girardi y Provoste, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Coloma, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Walker, y del exdiputado señor Insunza.

Finalmente, en virtud de una indicación de la diputada señora Provoste, de los diputados señores Gahona y Lemus, y del exdiputado señor Insunza, se incorpora el siguiente inciso cuarto en el artículo 5° ter:

“Las aguas reservadas, excepcionalmente, mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica, podrán ser entregadas a empresas de servicios sanitarios cuando no exista otra forma posible de garantizar el consumo humano y el saneamiento. Esta entrega nunca será considerada para el cálculo tarifario.”.

La indicación de marras fue aprobada por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Coloma, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar, y el exdiputado señor Insunza.

El artículo 5° ter suscitó el siguiente debate.

El señor director de la DGA explicó que la incorporación del artículo 5° ter obedece a que, si bien el artículo 147 bis vigente del Código se refiere a la materia, es necesario perfeccionar la regulación del tópico.

Por su parte, el diputado señor Gahona expresó que, concordando con el fondo del planteamiento del Ejecutivo, habría sido preferible abordar el asunto de la reserva en el mismo artículo 147 bis.

A su vez, la diputada señora Provoste y el diputado señor Lemus valoraron la incorporación del artículo en comento. El señor Lemus agregó que es muy importante establecer la reserva de agua para el consumo humano.

En un sentido similar, el diputado señor Núñez (don Daniel) dijo que la reserva apunta a la subsistencia humana y, por ende, debe estar por sobre los derechos de aprovechamiento de los particulares.

El diputado señor Coloma expresó compartir la priorización del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. Acotó que, sin embargo, el artículo en cuestión permite también la reserva para la preservación ecosistémica, concepto muy difuso a su juicio y que podría significar a futuro que no se otorguen derechos de aprovechamiento para uso productivo en las zonas más afectadas por la sequía.

A su turno, el diputado señor Walker afirmó que es necesario diferenciar el derecho de aprovechamiento de la reserva de agua. En cuanto a la preservación ecosistémica, se trata de un concepto complejo, relacionado con la subsistencia y que está consagrado en otros ámbitos, como por ejemplo en el sector pesquero, para la subsistencia de la pesca artesanal.

El exdiputado señor Insunza destacó que en cuanto a la priorización el artículo 5° bis establece una obligación para la autoridad; mientras que tratándose de la reserva de agua el artículo 5° ter consagra una facultad para aquella (“podrá”).

La diputada señora Girardi sostuvo que los artículos 5° bis y 5° ter guardan armonía entre sí. Agregó que si no se asegura la preservación ecosistémica no hay agua. De ahí la importancia de poder constituir reservas de agua para tal fin.

Respecto a la incorporación de los nuevos incisos cuarto y quinto en el artículo 5° ter, el diputado señor Lemus precisó que estos incisos son concordantes con el resto del artículo y su propósito, en síntesis, es hacer frente de la mejor forma posible a las emergencias hídricas que surjan a futuro.

Sobre el mismo punto, la diputada señora Girardi dijo que la propuesta es positiva en la medida que la entrega de aguas reservadas a las empresas sanitarias se refleje en tarifas rebajadas a los usuarios. En otros términos, la reserva no puede destinarse a fines comerciales.

El exdiputado señor Insunza comentó que lo que se pretende a través de estos incisos nuevos es regular la participación de las sanitarias en casos de crisis hídricas, es decir, en el contexto de un decreto de escasez. Por ello, no se trataría de otorgamiento de derechos de aprovechamiento, para evitar un impacto negativo en las tarifas.

La diputada señora Provoste compartió los planteamientos de la diputada señora Girardi y del diputado señor Insunza.

En un sentido análogo, el diputado señor Saldívar expresó que lo fundamental en este asunto es velar para que las empresas sanitarias no eleven los costos en la situación excepcional que regula el artículo 5° ter.

“Artículo 5° quáter.- La solicitud y el otorgamiento de concesiones sobre aguas reservadas, para los usos de la función de subsistencia, se sujetarán, en lo que sea compatible con su objeto, al procedimiento contenido en el Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.

Tratándose de solicitudes realizadas por un Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente. Esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez.”.

Este segundo inciso, según se recordará, fue trasladado de ubicación en el proyecto, a solicitud de la DGA, quedando como inciso final del artículo 5° bis.

El inciso primero fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza; en tanto que se abstuvo el señor Gahona.

A su vez, el inciso segundo (que pasó a ser inciso final del artículo 5° bis) fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación de los señores Gahona y Lemus, que agrega a continuación del vocablo “transitoriamente”, la segunda vez que aparece, la siguiente oración: “, debiendo dictar una resolución fundada al respecto dentro del plazo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud”. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, los diputados señores Gahona, Lemus, Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza.

Respecto al inciso segundo de la norma transcrita, el señor Director de la DGA explicó que la norma propuesta por el Ejecutivo está enfocada a los APR más vulnerables. Precisó, además, que se permite la prórroga por una sola vez de la extracción transitoria de agua, en la cantidad mencionada (hasta 12 litros por segundo), para incentivar la tramitación del expediente respectivo ante la DGA. Por último, manifestó que el tope de 12 litros es suficiente, porque los estudios sobre la materia señalan que, en promedio, los APR extraen entre 4 y 5 litros por segundo.

El diputado señor Lemus opinó que el límite extractivo fijado por el Ejecutivo es adecuado, particularmente tratándose de localidades desconcentradas.

En cuanto a la indicación sobre el inciso segundo, el diputado señor Gahona dijo que lo importante en este tema es acotar el período en que la DGA debe emitir la resolución final pronunciándose sobre la solicitud de concesión, más que el plazo para elaborar el informe técnico derivado de la visita in situ.

“Artículo 5° quinquies.- Las concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua no podrán transferirse por acto entre vivos, salvo que se mantenga el uso para el cual fueron originadas y se haya obtenido una autorización administrativa previa.

Estas concesiones caducarán por el solo ministerio de la ley si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas en el plazo de tres años contado desde su otorgamiento, las utiliza para un fin diverso para el que ha sido otorgada o cede su uso a cualquier otro título.”.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, los diputados señores Gahona, Lemus, Saldívar y Walker, y el exdiputado señor Insunza.

En virtud de una indicación de la diputada señora Provoste, de los diputados señores Farcas, Saldívar y Walker, y del exdiputado señor Insunza, se intercala un inciso segundo, pasando el actual segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor: “Los derechos sobre aguas reservadas adquiridas en virtud de sucesión por causa de muerte o por cualquier otro modo derivativo, se transmiten o transfieren, según sea el caso, con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originalmente, en todas las sucesivas transferencias o transmisiones del mismo. Ello deberá constar en las respectivas inscripciones conservatorias.”. La indicación fue aprobada en los mismos términos que el inciso primero.

El inciso segundo, que según lo expuesto pasó a ser tercero, fue objeto de una indicación sustitutiva de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Saldívar, aprobada por unanimidad, que reza así: “Estas concesiones se extinguirán si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad a los plazos y suspensiones indicados en el artículo 6° bis; las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título.”. Participaron en la votación, además de los diputados (as) individualizados, la señora Molina, los señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Godoy, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Walker, y el exdiputado señor Insunza.

Acerca del artículo 5° quinquies, el exdiputado señor Insunza comentó que su inciso primero contiene los debidos resguardos para evitar que las transferencias de las concesiones sobre reservas de aguas se desvirtúen, contemplando al efecto dos requisitos: la autorización administrativa previa, y la mantención del objeto para el cual se otorgó originariamente la concesión. Por otra parte, la transferencia ofrece la ventaja de evitar tener que solicitar nuevamente la concesión una vez extinguida.

En cuanto al nuevo inciso segundo que se intercala en el artículo 5° quinquies, sin perjuicio del respaldo unánime que suscitó en el seno de la Comisión, la asesora jurídica de la DGA manifestó que la indicación parlamentaria consagra un principio jurídico en materia de transferencia y transmisión de derechos, y por consiguiente es positiva.

El diputado señor Walker secundó el planteamiento del Ejecutivo sobre dicha norma, y acotó que la justicia ha sostenido que incluso las multas de tipo administrativo se transmiten a los herederos de la persona a la cual se impusieron aquellas.

En lo tocante al inciso segundo, que pasa a ser tercero, del artículo 5° quinquies propuesto por el Ejecutivo, el diputado señor Walker sostuvo que, si bien en principio es razonable que caduque la concesión por no ejecutar las obras que correspondan dentro del plazo legal, cabe ponerse en la situación que la inejecución de dichas obras se deba a causas ajenas a la voluntad del interesado.

Esta última inquietud fue recogida por la indicación parlamentaria que reemplaza el inciso en mención por una norma que se remite al artículo 6° bis, que permite la suspensión del cómputo del plazo para ejecutar las obras necesarias en ciertos casos. La indicación de marras fue valorada por el Ejecutivo, por estimar que presenta una mejor técnica legislativa que el texto sustituido.

Número 4.

Este número sustituye los incisos primero y segundo del artículo 6° del Código, que en su texto en vigor prescriben, en síntesis, que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, y que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular.

El texto sustitutivo dice así:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. Este derecho se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.

El período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión no podrá ser superior a 30 años, de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según sea el caso. La duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos. La duración del derecho de aprovechamiento siempre se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. La prórroga sólo se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas.”.

El inciso primero fue objeto de una indicación de la señora Molina y del señor Gahona, aprobada por simple mayoría (6 a favor y 5 en contra), que lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el sólo ministerio de la ley.”.

Votaron a favor de la indicación supra la diputada señora Molina, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Rathgeb y Walker, y el exdiputado señor Insunza; en tanto que lo hicieron en contra las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Rivas y Saldívar.

El inciso segundo, por su parte, fue aprobado por simple mayoría (7 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones); conjuntamente con las siguientes indicaciones: 1) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel) y Walker (por 8 a favor y 4 abstenciones), que reemplaza la frase “criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento o de sustentabilidad del acuífero, según sea el caso” por “criterios de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento y o del acuífero, según sea el caso”; 2) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, por unanimidad (11 votos), que elimina el vocablo “siempre” después de la expresión “La duración del derecho de aprovechamiento”; 3) De los diputados señores Farcas, Núñez (don Daniel) y Walker, y del exdiputado señor Insunza, por simple mayoría (por 8 a favor y 3 abstenciones), que agrega después de la expresión “no uso efectivo del recurso” la siguiente frase: “, o se cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente”; y 4) De los diputados señores Farcas y Núñez (don Daniel), y del exdiputado señor Insunza, complementada por otra de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Núñez y Rathgeb, aprobadas ambas por unanimidad (8 a favor), que sustituye la oración “La prórroga sólo se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas” por el siguiente texto: “Esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso”.

Se incorpora un inciso tercero, en virtud de una indicación del diputado señor Farcas y del exdiputado señor Insunza, complementada por otras indicaciones de este último y de las diputadas señoras Girardi y Provoste y el diputado señor Lemus, todas aprobadas por simple mayoría (8 a favor y 1 abstención), cuyo tenor es el siguiente:

“El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho, a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.”.

A propósito de esta disposición -artículo 6° se produjo el siguiente debate.

El señor director de la DGA planteó que el Ejecutivo propone reemplazar los incisos primero y segundo del artículo 6° del Código, y en especial el inciso segundo, porque su redacción es confusa y se presta para equívocos. Además, el artículo 19 N°24 inciso final de la Carta Fundamental es claro al establecer que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellas. Agregó que el gobierno optó en esta materia por un derecho de aprovechamiento de carácter temporal (concesión por hasta 30 años), habida consideración que las circunstancias han cambiado desde la dictación del Código, en 1981. En efecto, cada día está más presente el fenómeno del cambio climático. De ahí que se dote a la administración de la facultad de intervenir en caso de sequía, y que la concesión se supedite al uso efectivo del recurso. Admitió que el plazo de 30 años de la concesión es, hasta cierto punto, una decisión discrecional, porque podría ser distinto. Uno de los criterios que se siguió en la materia es la política de la banca para otorgar créditos a los agricultores. En otro plano, explicó que se incorporó en la norma el concepto de “sustentabilidad del acuífero”, porque es necesario cuidar las aguas subterráneas.

Complementando la intervención precedente, la asesora jurídica de la DGA afirmó que el actual inciso primero del artículo 6° se refiere al uso y goce de un derecho real; mientras que el inciso segundo consagra la “propietarización” del derecho de aprovechamiento.

La diputada señora Molina criticó el texto propuesto por el Ejecutivo porque no precisa cómo se determinan los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento o de sustentabilidad del acuífero que sirven de base para fijar el plazo de la concesión; ni tampoco cómo acredita la DGA el no uso efectivo del recurso y la parte utilizada de las aguas.

Fundamentando su voto en contra de la indicación parlamentaria que reemplaza el inciso primero del artículo 6°, la diputada señora Girardi dijo que la incorporación de la palabra “real”, para referirse al derecho de aprovechamiento, es redundante porque así ya está consagrado en el Código Civil. Acotó que la administración debería estar dotada de la facultad para otorgar los derechos de aprovechamiento por períodos más flexibles (5, 10 años, etc.) y, respecto a la prórroga del derecho, opinó que debería ser condicionada, de modo que no afecte a terceros, y manteniendo el uso original.

A su vez, el diputado señor Núñez (don Daniel) se mostró en desacuerdo con que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogue “siempre” (salvo no uso efectivo del agua), toda vez que a su juicio la autoridad debería contar con herramientas para intervenir las aguas en caso de emergencia hídrica. De ahí la importancia de incluir en la ley el concepto de “interés público”, en el entendido que no se trata de recurrir a él en forma indiscriminada, pero sí cada vez que la situación de escasez lo requiera.

El diputado señor Walker manifestó compartir el criterio del Ejecutivo en orden a que el derecho de aprovechamiento sea temporal y sus atributos sean el uso y el goce. Como es un derecho patrimonial, y no habiendo regla expresa en contrario, es un derecho cedible o enajenable. Señaló, además, que es atendible plasmar en el inciso primero que el derecho de aprovechamiento es real, pues así se recoge una sentida aspiración de los pequeños agricultores, que necesitan contar con garantías para acceder a créditos en la banca. Respecto a la propuesta del diputado señor Núñez (don Daniel), afirmó valorar el fondo de la misma, pero podría debilitar la posición de los pequeños agricultores y, además, judicializar eventualmente la renovación, porque el concepto de interés público es muy vasto. Es suficiente en esta materia exigir el uso del agua, que es un requisito objetivo, para que se renueve la concesión.

Por su parte, el diputado señor Lemus comentó sobre este último punto que es importante y deseable que el Estado pueda constituir reservas de agua cuando la situación hídrica lo demande.

El ex diputado señor Insunza, coincidió con lo expuesto por el diputado señor Núñez (don Daniel), en el sentido que es importante que para la renovación se evalúe si existe un interés público en el otorgamiento del derecho de aprovechamiento. Dicho interés debe referirse no solamente a los criterios de disponibilidad y sustentabilidad, sino también al propósito para el cual se otorgó el recurso. Debe haber una correlación al respecto, para precaver un eventual uso desviado del agua, por la presión del mercado. En otro orden, dijo que sería útil explorar la posibilidad de que las concesiones puedan prorrogarse de manera anticipada (por ejemplo, una vez transcurridos dos tercios del plazo original), pues ello permitiría proyectarse en distintos ámbitos, como la agricultura.

El señor Director de la DGA manifestó que el Ejecutivo fijó un plazo mínimo del período de duración del derecho de aprovechamiento tratándose de los no consuntivos (20 años), porque por regla general se otorgan para desarrollar proyectos hidroeléctricos de envergadura, que requieren de complejos y largos estudios. En el caso de los derechos consuntivos, podría determinarse un plazo mínimo de duración más reducido, por ejemplo 5 años. Acerca del concepto de “interés público” en la renovación de la concesión, sostuvo que los derechos de aprovechamiento siempre se otorgan teniendo en cuenta aquél.

El diputado señor Gahona, junto con rechazar el inciso segundo del artículo 6° propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, formuló reserva de constitucionalidad sobre esa norma, aduciendo que afecta la facultad de disposición del derecho de aprovechamiento de las aguas, lo cual vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política. Al margen de lo anterior, formuló los siguientes comentarios respecto a esta disposición del proyecto. En primer lugar, señaló estar de acuerdo con la posición del gobierno de establecer un plazo mínimo de 20 años para la duración de los derechos no consuntivos, porque así se da certeza a los inversionistas. En cambio, no se establece un “piso” para los derechos consuntivos. En lo tocante a la renovación de las concesiones, sostuvo que la decisión no puede quedar al arbitrio de la autoridad de turno, y por ello en caso de negativa la resolución debería ser fundada. Expresó también que la exigencia de mantener el uso original para la renovación podría afectar la reconversión productiva.

En respuesta a una inquietud del diputado señor Rivas, el señor Director de la DGA explicó que cada año ese organismo determina quién ha hecho uso y quién no del recurso, resolución que se publica en el Diario Oficial.

Sobre la propuesta, impulsada por el diputado señor Gahona, de incorporar un inciso segundo en el artículo en mención, que consagre la facultad de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de disponer de ellos con los requisitos y limitaciones que consagra el Código, el autor de la indicación correspondiente dijo que apunta a dar certidumbre a los derechos constituidos. En otros términos, eliminar o no hacer referencia al dominio tiende a precarizar los derechos constituidos.

El diputado señor Walker discrepó de dicho planteamiento y afirmó que la indicación es innecesaria, porque resulta claro que el derecho de aprovechamiento, al recaer sobre una cosa, es cedible, de acuerdo a las reglas generales.

En torno al mismo punto, el diputado señor Núñez (don Daniel) dijo que la indicación “propietariza” un derecho que recae sobre un bien nacional de uso público, como es el agua.

En cuanto a la incorporación del nuevo inciso tercero, relativo a la prórroga del derecho de aprovechamiento, hubo la siguiente discusión:

La diputada señora Provoste dijo ser partidaria de fijar en la ley la duración de la prórroga del derecho de aprovechamiento.

Un criterio distinto expuso el exdiputado señor Insunza, quien apoyó la idea de que sea la administración (la DGA) la que determine la duración de la prórroga, la cual no necesariamente debe extenderse por el mismo lapso que el derecho original.

Por su parte, el diputado señor Núñez (don Daniel) indicó que la prórroga no puede ser automática y debe ponerse especial atención en la disponibilidad y sustentabilidad del recurso al momento de resolver. Se trata, en síntesis, de no anteponer el derecho de aprovechamiento por sobre las necesidades medioambientales.

El titular de la DGA dijo que el nuevo inciso que se introduce en el artículo 6° es positivo, porque le agrega valor a la norma. Acotó que la DGA no es partidaria de establecer en la ley el plazo de la prórroga.

Sobre la solicitud anticipada de la prórroga, el ex diputado señor Insunza sostuvo que se trata de dar seguridad a los agricultores (sobre todo los pequeños) que hacen inversiones a largo plazo, especialmente en plantaciones, y por ello necesitan disponer de agua por varios años. Naturalmente, no se trata de favorecer con ello la especulación con los derechos de aprovechamiento.

En torno al mismo punto, el diputado señor Lemus afirmó que la prórroga anticipada del derecho de aprovechamiento debe conjugarse con la sustentabilidad del recurso, y en tal virtud sugirió que la prórroga pueda hacerse recién una vez transcurridos los cuatro quintos del plazo original.

El diputado señor Rivas dijo que la prórroga siempre debería operar a partir del vencimiento del plazo de la concesión original, pues si rigiera anticipadamente habría una renuncia tácita al lapso faltante. Además, al momento de resolverse el otorgamiento de la prórroga hay que velar especialmente por la preservación del acuífero, para asegurar el consumo humano.

Acerca de este último punto, la diputada señora Girardi manifestó que es crucial tener información adecuada acerca de la disponibilidad hídrica cuando se decide si se accede o no a la prórroga. Desde su perspectiva, la petición de prórroga debería presentarse en la fecha más próxima posible al vencimiento del derecho respectivo, para que la autoridad vele adecuadamente por este bien nacional de uso público.

A su vez, el diputado señor Saldívar subrayó que el agua es un bien nacional de uso público, y ese principio debe orientar a la autoridad cuando debe pronunciarse sobre una prórroga.

El señor director de la DGA enfatizó que hay que diferenciar la solicitud de prórroga del derecho de aprovechamiento, de la fecha efectiva en que aquella empieza a regir, en caso de ser acogida. Agregó que para efectos de la prórroga se hacen mediciones periódicas de las aguas superficiales, lo que permite proyectar su disponibilidad a mediano y largo plazo.

Número 5.

Tiene por propósito intercalar el siguiente artículo 6° bis:

“Artículo 6° bis.- Los derechos de aprovechamiento caducarán, por el solo ministerio de la ley, si su titular no hace un uso efectivo del recurso dentro del plazo que señala este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, el plazo de extinción será de cuatro años y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos, será de ocho años, en ambos casos, contado desde su otorgamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del concesionario, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.”.

El inciso primero fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por idéntica votación, con 2 indicaciones del Ejecutivo. La primera reemplaza la expresión “caducarán, por el solo ministerio de la ley”, por “se extinguirán”; en tanto que la segunda suprime la frase “dentro del plazo que señala este Código”. Votaron las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Saldívar, y el exdiputado señor Insunza.

El inciso segundo fue aprobado por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y de los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

En virtud de una indicación del Ejecutivo, se incorporan los siguientes incisos tercero y cuarto en el artículo en referencia:

“La contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso anterior y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y o la Dirección de Obras Hidráulicas.

Asimismo, la Autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas, en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho.”.

El nuevo inciso tercero propuesto fue aprobado por simple mayoría (6 a favor, 3 en contra y 1 abstención); conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Lemus, que, por una parte, sustituye la expresión “por todo el tiempo que” por “mientras”; y, por la otra, agrega después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración “Dicha suspensión no podrá exceder de 4 años.”. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas y Saldívar; en tanto que lo hicieron en contrala diputada señora Molina y los diputados señores Gahona y Rathgeb. Se abstuvo el señor Venegas.

A su vez, el nuevo inciso cuarto fue aprobado por asentimiento unánime; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Lemus, que reemplaza la coma (,) que viene después de la expresión “autorizaciones administrativas” por un punto (.) y agrega la siguiente frase: “Lo dispuesto en este inciso regirá”. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas.

Por otro lado, de conformidad con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel) y Walker, se agrega un inciso final en el artículo 6° bis del siguiente tenor:

“Del mismo modo caducaran los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente.”.

La norma transcrita fue aprobada por simple mayoría (6 a favor y 4 en contra). Por la afirmativa votaron las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Rivas, mientras que votaron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Gahona, Saldívar y Venegas.

Acerca de este artículo nuevo, el señor director de la DGA explicó que al sustituirse en el inciso primero la expresión “caducarán” por “se extinguirán” se permite al titular del derecho de aprovechamiento reclamar en sede administrativa por la extinción de su derecho, en tanto que la caducidad opera de pleno derecho. Agregó que el plazo de 8 años de no uso efectivo del recurso para que opere la extinción, tratándose de los derechos no consuntivos, obedece a que normalmente tales derechos van asociados a estudios complejos de largo alcance, lo que no ocurre con los derechos consuntivos. Por eso en este último caso se propone un plazo de no uso de 4 años para que se produzca la extinción.

Sobre este tópico, la diputada señora Provoste dijo ser partidaria de fijar un plazo uniforme de 5 años, tanto para los derechos consuntivos como no consuntivos; lo que se plasmó en una indicación (suscrita también por la diputada señora Girardi), que fue rechazada por la Comisión por simple mayoría.

En cuanto a la incorporación de los incisos tercero y cuarto, el señor director de la DGA señaló que se trata de no “castigar” al titular de derechos de aprovechamiento que ha sido diligente y, por tal razón, se le permite suspender el plazo de extinción. La diferencia entre la suspensión contemplada en el inciso tercero y la prevista en el inciso cuarto estriba en que en el primer caso opera por el solo ministerio de la ley, mientras que en el segundo es una facultad de la autoridad, que esta ejercerá según los antecedentes que se le aporten. Conforme a estos nuevos incisos, la suspensión podría extenderse hasta por un máximo de 16 años.

El diputado señor Gahona opinó que el plazo máximo de suspensión que contempla el inciso cuarto (4 años) puede ser insuficiente en los grandes proyectos hidroeléctricos, que demandan estudios de larga duración.

Sobre este punto, la diputada señora Girardi afirmó que lo relevante en el tema de la suspensión del plazo es no dar “espacio” para especular con los derechos de aprovechamiento.

Acerca del alcance de la indicación parlamentaria que agrega un inciso final al artículo 6° bis, la diputada antes individualizada (que copatrocinó dicha indicación) dijo que mediante ella se busca impedir que los derechos otorgados para el consumo humano, el desarrollo de la pequeña agricultura, etc., se reorienten a fines distintos del destino original. En otros términos, se procura velar por la adecuada priorización en el uso del agua, en armonía con el artículo 5° bis. No se puede dejar al arbitrio del mercado el cambio de uso, a menos que la DGA lo autorice.

El diputado señor Lemus compartió el punto de vista anterior, acotando que la indicación no afectaría ni las inversiones ni la certeza jurídica.

En torno al mismo tema, la diputada señora Provoste sostuvo que la indicación aborda un problema de común ocurrencia, derivado de la escasez de agua. En efecto, suele suceder que los derechos otorgados para fines agrícolas terminen siendo utilizados para proyectos mineros. Precisó, finalmente, que la indicación apunta a cambios de usos y no a cambios en los puntos de captación.

El señor director de la DGA señaló que desde el punto de vista del Ejecutivo la indicación en comento no sería el instrumento adecuado para la consecución del fin que se propone. Acotó que hasta el año 2005 los derechos que se otorgaban no estaban ligados a una finalidad específica; situación que cambió desde ese año, en que se exige memoria y destinación de uso de los derechos de aprovechamiento. Adicionalmente, cabe tener presente que el artículo 6° impide prorrogar el derecho de aprovechamiento cuando se cambia el uso del agua.

Número 6.

El número supra modifica el artículo 7° del Código, que en su texto actual estipula que el derecho de aprovechamiento de expresará en volumen por unidad de tiempo.

La modificación consiste en agregar un inciso segundo de este tenor:

“En el caso de aguas superficiales, el derecho de aprovechamiento se constituirá considerando las variaciones estacionales de caudales a nivel mensual.”.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime el número en mención. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Venegas.

La modificación al artículo en referencia no suscitó mayor debate. Frente a un comentario del diputado señor Gahona en el sentido que lo que se procura regular a través del nuevo inciso está resuelto en la práctica mediante la distribución de aguas que hacen las juntas de vigilancia, el señor director de la DGA reconoció lo anterior, agregando que la norma busca precisamente recoger un modus operandi.

Número 7.

Este propone las siguientes enmiendas al artículo 15 del Código, que señala que el dominio del derecho de aprovechamiento no consuntivo no implica, salvo convención expresa entre las partes, restricción a la libre disposición de los derechos consuntivos:

a) Se reemplaza la expresión “El dominio del” por la siguiente frase: “El uso y goce que confiere el”.

b) Se sustituye la expresión “a la libre disposición” por “al ejercicio”.

La Comisión aprobó por simple mayoría el número 7) (6 contra 3). Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas; mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Gahona y Rathgeb.

La diputada señora Molina criticó la modificación propuesta, argumentando que afecta al dominio de quienes ya lo tienen.

En un sentido similar, el diputado señor Gahona afirmó que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, y como tal comprende el uso, goce y disposición. Por consiguiente, se estaría vulnerando la certeza jurídica en este caso.

La asesora jurídica de la DGA, señora Tatiana Celume, señaló que la reforma al artículo 15 es coherente con el artículo 6°, que establece el contenido del derecho de aprovechamiento. Acotó que los atributos de este derecho son distintos a los del derecho de dominio que regula el Código Civil.

El diputado señor Venegas expresó que el derecho de aprovechamiento comprende el uso y goce, pero no la disposición.

A su vez, el diputado señor Rathgeb sostuvo que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, que incluye los tres atributos antes mencionados. Por lo tanto, la enmienda al artículo 15 en los términos consignados afectaría el derecho de aprovechamiento.

El asesor jurídico del MOP, señor Zarko Luksic, indicó que el derecho de aprovechamiento se encuentra limitado porque recae sobre un bien nacional de uso público. En todo caso, existe un derecho de propiedad sobre el uso y goce de las aguas, al tenor de la Constitución Política.

Número 8.

Modifica el artículo 17, cuyo texto en vigor prescribe que los derechos de aprovechamiento de ejercicio permanente facultan para usar el agua en la dotación que corresponda, salvo que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para satisfacerlos en su integridad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes alícuotas.

La reforma propuesta consiste en incorporar los siguientes incisos segundo y tercero:

“Cuando no exista una organización de usuarios constituida que ejerza jurisdicción en la totalidad de la fuente de abastecimiento y si la explotación de aguas superficiales por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

Esta medida podrá ser dejada sin efecto cuando los titulares de derechos de aprovechamiento lo soliciten o cuando, a juicio de dicha Dirección, hubieren cesado las causas que la originaron.”.

Este número fue objeto de una indicación sustitutiva parcial de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb, Saldívar y Venegas, y del exdiputado señor Insunza, que reemplaza el inciso segundo transcrito por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“De existir junta de vigilancia, se aplicará lo dispuesto en los artículos 266, 274 y siguientes.

Cuando no exista una junta de vigilancia que ejerza la debida jurisdicción y si la explotación de aguas superficiales por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

En aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en la totalidad de la fuente de abastecimiento, por encontrarse ésta seccionada, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones, cuando una de estas organizaciones se sienta perjudicada por las extracciones que otra realice y así lo solicite.”.

La indicación de marras fue aprobada por unanimidad, con los votos de quienes la suscribieron y, además, del diputado señor Núñez (don Daniel).

Por otra parte, el nuevo inciso tercero propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que pasó a ser quinto, fue aprobado por idéntico quórum.

Tanto el texto del Ejecutivo a que se hizo referencia, como la indicación parlamentaria, fueron aprobados sin mayor debate. El señor director de la DGA dio su respaldo a la indicación, manifestando que ella mejora la propuesta gubernamental.

Número 9.

Reemplaza el actual epígrafe del Título III: “De la adquisición del derecho de aprovechamiento”, por: “De la constitución del derecho de aprovechamiento”.

La Comisión aprobó por simple mayoría el número en comento. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza, en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona. Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca.

El titular de la DGA expresó que la sustitución del epígrafe es coherente con el contenido del título III del Código. En efecto, el artículo 20 y siguientes no se refieren a la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas, sino a su constitución.

La diputada señora Molina fundamentó su voto en contra afirmando que el cambio del epígrafe debilita el dominio de los titulares de derechos de aprovechamiento.

Número 10.

Este número incorpora dos enmiendas en el inciso segundo del artículo 20, disposición que (en su redacción actual) contempla una regla especial acerca de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas que corresponden a vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad, como asimismo sobre las aguas de lagos menores no navegables por buques de más de cien toneladas, de lagunas y pantanos situados dentro de una sola propiedad y en las cuales no existan derechos de aprovechamiento constituidos a favor de terceros. Al respecto, se establece que la propiedad de estos derechos de aprovechamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley, al propietario de las riberas.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

a) Se sustituye la oración “La propiedad de estos derechos de aprovechamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley,” por la siguiente: “Se reconoce el uso y goce sobre dichas aguas”.

b) Se agrega, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente texto: “Este derecho caduca, por el solo ministerio de la ley, en caso de que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita. Los titulares de los predios subdivididos gozarán de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero, para requerir la constitución del derecho de aprovechamiento en la parte proporcional que corresponda al predio adjudicado. Dicha preferencia tendrá la duración de un año contado desde la fecha de la subdivisión.”.

c) Por otra parte, en virtud de una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar, se incorpora en el artículo 20 el siguiente inciso final:

“Con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionada o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población. En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse.”.

La Comisión aprobó por simple mayoría las modificaciones contenidas en las letras a) y b) del número 10. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza, en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona. Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca. En cambio, aprobó por una unanimidad la enmienda de la letra c), con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar.

El diputado señor Gahona afirmó que su voto en contra obedece a que desde su punto de vista la indicación del Ejecutivo debilita el derecho de propiedad.

Número 11.

El número en referencia incorpora una adecuación en el artículo 37, que confiere una atribución al dueño de un derecho de aprovechamiento.

La enmienda, acorde con la nueva concepción en materia de derechos de aprovechamiento, reemplaza la expresión “El dueño” por “El titular”.

La Comisión aprobó por simple mayoría el numeral 11). Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza, en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona. Se abstuvo el diputado señor Rathgeb.

A propósito de esta enmienda, el ex diputado señor Insunza dijo que hablar de titular en vez de dueño es una precisión conceptual adecuada.

Por su parte, la diputada señora Molina formuló acerca de este numeral el mismo reparo que hizo presente respecto al número 9.

Número 12.

Este número modifica el artículo 38 del Código, que en lo principal establece que las organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo de un acueducto que extraiga aguas de una corriente natural estarán obligados a construir, a su costa, a lo menos una bocatoma y un canal que permita devolver las aguas o su exceso al cauce de origen.

La reforma propuesta se traduce en incorporar el siguiente inciso segundo:

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 bis, las personas indicadas en el inciso anterior deberán instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga.”.

La Comisión aprobó por unanimidad el nuevo inciso segundo. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

Sin perjuicio de lo anterior, por idéntico quórum se aprobó una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Walker, que agrega un inciso tercero al artículo 38 del siguiente tenor:

“Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

El señor director de la DGA explicó que en el nuevo artículo 307 bis propuesto se consagra la regla general, en cuya virtud ese organismo podrá (facultativo) exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos y de transmisión de la información que se obtenga. La situación que se regula en el artículo 38 es una regla excepcional, que se aplica únicamente a organizaciones de usuarios o al propietario exclusivo de un acueducto.

El diputado señor Venegas afirmó que la indicación del Ejecutivo que agrega el referido inciso segundo constituye un complemento necesario del inciso primero, porque cautela que se extraigan los litros de agua a que tiene derecho el titular.

Sin perjuicio de votar a favor de dicho inciso, y de reconocer que hay usuarios que extraen más agua de la que les corresponde, en perjuicio de otros legítimos usuarios y del cauce de una corriente natural, el diputado señor Rathgeb dijo que en el caso de pequeñas extracciones es difícil contar con un sistema de medición como el que se propone.

Sobre el mismo punto, el exdiputado señor Insunza opinó que al ser imperativa la norma del artículo 38 se va a proteger a los titulares más vulnerables, precaviendo conflictos y abusos. En cambio, si fuese facultativa se produciría el efecto contrario.

El diputado señor Lemus coincidió con este último punto de vista, subrayando la importancia de que el sistema de medición sea obligatorio para todos los usuarios que especifica el inciso primero del artículo en comento.

A su vez, la diputada señora Girardi destacó que la norma imperativa rige solamente para las organizaciones de usuarios y los propietarios exclusivos de acueductos.

Por su parte, la diputada señora Molina dijo que tras esta discusión subyace otro aspecto, cual es cómo ayudar a los pequeños agricultores para que tengan telemetría. Debe haber una solución factible y al alcance de todos en esta materia.

Número 13.

Este introduce una adecuación en el artículo 43, de idéntico alcance a la consignada a propósito del artículo 37.

La Comisión aprobó por simple mayoría este numeral. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza, en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona. Se abstuvo el diputado señor Rathgeb.

Número Nuevo (Actual 14.)

Este número obedece a una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Morano y Venegas, que incorpora un inciso segundo en el artículo 47, cuya redacción actual estipula que constituyen un sistema de drenaje todos los cauces naturales o artificiales que sean colectores de aguas que se extraigan con el objeto de recuperar terrenos que se inundan periódicamente, desecar terrenos pantanosos o vegosos y deprimir niveles freáticos cercanos a la superficie.

El nuevo inciso señala que no podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes.

La norma propuesta fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Molina y Provoste, y de los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

El diputado señor Morano, uno de los autores de la indicación en comento, explicó que las turberas son reservas del ecosistema de Magallanes. Subsisten gracias a la humedad natural, que es retenida. El drenaje haría desaparecer la turbera, y ese es el fundamento de la indicación.

El señor director de la DGA, junto con respaldar la indicación parlamentaria, dijo que la turbera es un elemento regulador entre las aguas superficiales y subterráneas.

Número Nuevo (Actual 15.)

Este modifica el artículo 56, relativo a las denominadas “aguas del minero”, consagradas en el inciso segundo, y corresponde a varias indicaciones parlamentarias cuyos autores y contenido se detallan más adelante.

Esta materia fue objeto de un arduo debate, que se produjo en dos etapas distanciadas cronológicamente. La primera discusión tuvo lugar en abril de 2015, y se centró en la conveniencia o no de eliminar el referido inciso segundo, propuesta por una indicación parlamentaria, que finalmente fue rechazada. La síntesis de las opiniones vertidas en esa oportunidad es la siguiente.

El diputado señor Núñez (don Daniel) sostuvo que el actual inciso segundo del artículo 56 no se justifica y lo que corresponde es consagrar la igualdad en materia de solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas.

En un sentido similar, la diputada señora Girardi dijo que la norma cuestionada plasma un privilegio injustificado en beneficio de los mineros.

A su vez, el señor director de la DGA opinó que la modificación al inciso segundo del artículo 56 debe analizarse teniendo presente el artículo 110 del Código de Minería, que también consagra las denominadas “aguas del minero”.

Por su parte, el exdiputado señor Insunza afirmó que en el análisis del tema deben resguardarse los derechos de los pirquineros. Acotó que la redacción vigente del inciso segundo del artículo precitado contiene una restricción, por cuanto “amarra” las aguas halladas a las respectivas faenas.

Desde otra perspectiva, el diputado señor Lemus manifestó que las empresas mineras utilizan mucha agua en sus procesos productivos, porque funcionan de manera continua. Por ello mismo, es necesario “sincerar” cuáles son los volúmenes que ocupan realmente. Lo principal es garantizar el balance hídrico de las cuencas. La tendencia a futuro debería ser el empleo progresivo de agua desalada en esta industria.

En su segunda intervención, la diputada señora Girardi afirmó que no debe perderse de vista que uno de los objetivos principales de este proyecto de ley es priorizar el uso del agua. En concordancia con esta idea matriz, si las empresas mineras no informan sobre las aguas halladas en las faenas, el Estado no va a poder cumplir a cabalidad con el mencionado deber de priorización.

A su turno, la diputada señora Provoste expresó que a través de la supresión del inciso segundo del artículo 56 se busca solamente materializar la igualdad ante la ley y, por ende, no se trata de obstaculizar el ejercicio de una actividad económica. A su juicio, actualmente la gran minería hace un uso abusivo del agua.

En otra intervención, el diputado señor Núñez (don Daniel) dijo que indudablemente Chile es un país minero, pero esta actividad tan importante para la economía del país debe desarrollarse de manera compatible con el cuidado del medio ambiente y, además, respetando otras actividades productivas. En este orden de ideas, debe tenerse siempre en consideración que el agua es un bien nacional de uso público, y como tal debe estar al alcance de todos. Por último, afirmó que la eventual supresión de la norma citada no afectaría a los pirquineros.

El diputado señor Gahona concordó en la necesidad de avanzar hacia una industria minera que emplee cada vez más el agua de mar, dada la escasez de agua dulce. Subrayó, sin embargo, que la minería utiliza solo el 8% del agua, contra una cifra superior al 70% por parte de la agricultura. Concluyó diciendo que la reforma del artículo 56 en los términos propuestos por la indicación parlamentaria (es decir, suprimiendo el inciso segundo) tendría una incidencia negativa en la pequeña minería.

Cerrando el debate, el diputado señor Saldívar sostuvo que el agua es un bien nacional de uso público, salvo para la minería que goza de un privilegio al tenor del artículo 56 inciso segundo del Código de Aguas. Acotó que las aguas halladas no son consustanciales a las faenas mineras y, por lo tanto, deberían ser informadas a la autoridad.

*************

Por acuerdo unánime la Comisión retomó el estudio del tema durante el mes de agosto, cuando se presentaron varias indicaciones al artículo 56 del Código, respecto de las cuales se pronunció en la forma que en cada caso se especifica:

a) En virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel) y Walker, se intercala a continuación del actual inciso primero el siguiente inciso segundo:

“El mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los Comité de Agua Potable Rural para hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, la que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de algunos de los integrantes de ella, o en terrenos del Estado, previa autorización en todos los casos señalados.”.

La indicación fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Rathgeb y Rivas.

b) De conformidad con una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Núñez (don Daniel), se reemplaza el actual inciso segundo, que pasa a ser tercero, por el siguiente:

“Las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera, podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para dichas faenas y sean informadas a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, para su registro. En caso de haber aguas sobrantes igualmente deberá informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto.”.

La indicación en referencia fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas y Saldívar.

c) De acuerdo a una indicación de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Núñez, Rathgeb, Rivas y Saldívar, se incorpora el siguiente inciso cuarto en el artículo 56:

“Cuando el concesionario minero requiera aprovechar las aguas halladas, además de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá solicitar una autorización para su uso a la Dirección General de Aguas, la que la denegará total o parcialmente si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.”.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

d) De conformidad con una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Núñez (don Daniel), se incorpora el siguiente inciso quinto en el artículo precitado:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si hubiere a consecuencia de estos aprovechamientos grave afectación del acuífero o de derechos de terceros, la Dirección General de Aguas limitará dicho uso.”.

Esta indicación fue aprobada por idéntico quórum que la precedente (11 a favor).

e) Finalmente, en virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Rathgeb y Saldívar, se agrega el siguiente inciso sexto en el artículo 56:

“Las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información, así como para solicitar la autorización de que da cuenta el inciso cuarto, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad a lo establecido en el artículo 142 inciso segundo del Código de Minería, quedarán determinados por resolución de la Dirección General de Aguas.”.

Esta indicación fue aprobada por idéntico quórum que las dos precedentes.

Las enmiendas incorporadas al artículo 56 suscitaron el siguiente debate:

Respecto a la incorporación del inciso segundo, que otorga a los APR la facultad de uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, y no obstante la aprobación unánime de esa disposición, tanto el señor director de la DGA como la asesora jurídica, señora Celume, opinaron que no corresponde establecer una regulación de tal especie en esta parte del proyecto. Además, ya existe una norma específica que favorece a los APR, contenida en el artículo 5° bis. Por otro lado, los APR son materia de un proyecto de ley aparte, con el cual podría generarse una incompatibilidad en la materia que trata la indicación. Finalmente, hicieron ver que los APR son objeto de una especial preocupación por parte del Ejecutivo, como lo demuestra el hecho de que cada año, en la Ley de Presupuestos, se contemplan recursos para hacer pozos destinados al consumo humano.

La diputada señora Girardi afirmó que es necesario diferenciar el hallazgo fortuito o afloración natural del agua, de su extracción deliberada para explotarla en la faena minera. Por eso en la modificación al artículo 56 se exige que para poder utilizar las aguas sean informadas a la DGA.

El señor director de la DGA opinó que las indicaciones parlamentarias a los incisos tercero y siguientes apuntan en la dirección correcta, porque es necesario y conveniente que las aguas del minero estén consideradas en el balance hídrico. Añadió que la autorización que se requiere solicitar a la DGA deja de manifiesto que la utilización de las aguas tiene una limitación, que es la afectación de la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. En otro plano, según datos del Consejo Minero la gran minería, en su conjunto, hizo uso de las siguientes cantidades de agua en 2013: superficiales: 4,4 metros cúbicos por segundo; subterráneas: 6,4 metros cúbicos por segundo; aguas del minero: 1,3 metros cúbicos por segundo; aguas de terceros, compradas o subarrendadas: 0,6 metros cúbicos por segundo; y agua de mar: 1,2 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, el diputado señor Lemus explicó que la pequeña minería utiliza poca agua en sus procesos; no así la mediana y gran minería, cuyo uso del recurso impacta en las cuencas. Es un hecho que los tranques de relave requieren mucha agua. Lo anterior justifica las limitaciones y obligaciones que se imponen a la minería mediante las modificaciones al artículo 56.

El diputado señor Gahona coincidió en que la gran minería emplea grandes cantidades de agua, como ocurre con la empresa Los Pelambres, que demanda 1.400 litros por segundo. Acotó que es necesario diferenciar la extracción del aprovechamiento. Por último, y sin perjuicio de valorar la preocupación, plasmada en el nuevo inciso cuarto, de velar por la sustentabilidad del acuífero, recordó que la ley N°19.300 se ocupa precisamente de este tópico.

A su vez, el diputado señor Núñez (don Daniel) se mostró partidario de eximir a la pequeña minería de tener que pedir autorización a la DGA para usar el agua, ya que el trámite puede entrabar el desarrollo de aquella.

Número Nuevo (Actual 16.)

Este número nuevo, que modifica el artículo 58 del Código, tiene su origen en las siguientes indicaciones:

a) De las diputadas señoras Carvajal y Provoste, y de los diputados señores Flores y Núñez (don Daniel), que reemplaza el inciso quinto del citado artículo, cuyo texto en vigor establece que no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y bofedales en las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta, salvo autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas.

El texto sustitutivo dice así:

“No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas.”.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación de marras. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Flores, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Urrutia (don Ignacio).

Según se explicó, la indicación en referencia tiene el mismo alcance que la recaída en el inciso tercero del artículo 63, esto es, ampliar las zonas de prohibición para la exploración y extracción de aguas subterráneas, respectivamente.

b) Del diputado señor Saldívar, que incorpora un inciso sexto en el artículo 58, con arreglo al cual tampoco se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento del humedal esté dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soporten.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Saldívar.

Número Nuevo (Actual 17.)

En virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Molina, y de los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb y Venegas, se incorporan las siguientes enmiendas en el artículo 61 del Código, que en su redacción en vigor señala que la resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá el área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares.

a) Se reemplaza la expresión “el área” por “un área”.

b) Se agrega a continuación del vocablo “similares” el siguiente texto: “, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella. La dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros, medidos en terreno. Se podrá autorizar, en casos justificados, una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un comité o una cooperativa de agua potable rural”.

Ambas modificaciones fueron aprobadas por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi y Molina, los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

Se produjo el siguiente debate acerca de las modificaciones al artículo en mención.

El señor director de la DGA admitió que el texto legal vigente no consagra un radio de protección de los pozos, pero hay normas internacionales sobre la materia (que recomiendan un área no inferior a 100 metros); y, por otro lado, el reglamento de aguas subterráneas contempla un radio de 200 metros, como regla general. Se trata, además, de una práctica reconocida.

El diputado señor Gahona se mostró partidario de una regla flexible en la materia, de modo que la DGA no quede “amarrada” a una norma única y perentoria, sino que tenga la facultad para determinar un radio de protección distinto, si fuese necesario.

A su vez, el diputado señor Rathgeb manifestó que una excesiva rigidez podría provocar problemas prácticos en algunas zonas, como en la región de La Araucanía.

El diputado señor Venegas valoró el establecimiento de un radio de protección, porque constituye una garantía jurídica frente a quienes desean construir un pozo cerca de otro existente.

La diputada señora Girardi dijo que la indicación en comento surge de la constatación de que hay pozos muy cercanos entre sí, lo cual no es debidamente fiscalizado. Al fijarse en la ley un radio de protección, se vela de mejor manera por un bien jurídico que mediante la vía reglamentaria.

El funcionario de la DGA, señor Carlos Flores, manifestó que desde 1996 existe la práctica de establecer un radio de protección de 200 metros para los pozos. Así, por lo demás, se encuentra estipulado en el reglamento. Enfatizó que esta norma se halla vigente y se aplica. A su juicio, es necesario que la DGA pueda actuar con flexibilidad en la materia, dadas las distintas características de los acuíferos, según la zona de que se trate.

Número 14. (Actual 18.)

El número en referencia incorpora las siguientes modificaciones en el artículo 62, cuyo actual inciso primero prescribe que si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la DGA, a petición de uno o más afectados, podrá reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos. Agrega el inciso segundo que la medida antedicha quedará sin efecto cuando los solicitantes reconsideren su petición o cuando a juicio de la Dirección hubieren cesado las causas que la originaron.

a) Se reemplaza el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 62.- Si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad, la Dirección General de Aguas podrá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en la zona degradada, a prorrata de ellos, de conformidad a sus atribuciones legales.”.

b) Se intercala el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá que se afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido de los niveles freáticos del acuífero, que se hará irreversible si no se reduce dicho volumen de extracción.”.

El nuevo texto del inciso primero del artículo 62 recibió las siguientes indicaciones: i) De las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus y Morano, que reemplaza la frase “la Dirección General de Aguas podrá”, por la siguiente: “y la Dirección General de Aguas así lo constata, deberá”; ii) De las diputadas señoras Girardi y Molina, de los diputados señores Gahona, Lemus, Rivas, Saldívar y Venegas, y del exdiputado señor Insunza, que antepone a la expresión “limitar el ejercicio” la frase “, de oficio o a petición de uno o más afectados,”.

El número 14 a) y la indicación consignada bajo el numeral ii) fueron aprobados por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi y Molina, los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza. A su vez, el numeral i) fue aprobado también por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Morano, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

A su vez, el nuevo inciso segundo del artículo en referencia, propuesto por el número 14 b), recibió las siguientes indicaciones: i) Del diputado señor Rivas, que agrega después de la palabra “sostenido” la expresión “o abrupto”; ii) De las diputadas señoras Girardi y Molina, de los diputados señores Gahona, Lemus, Rivas, Saldívar y Venegas, y del exdiputado señor Insunza, que suprime la frase “, que se hará irreversible si no se reduce dicho volumen de extracción”.

El número 14 b) y la indicación consignada bajo el numeral i) fueron aprobados por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Morano, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar. A su vez, la indicación del numeral ii) fue aprobada también por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Girardi y Molina, los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

c) De conformidad con una indicación de los diputada señora Girardi y del diputado señor Morano, se incorpora una letra c) al número en referencia, que modifica el inciso segundo -que pasa a ser tercero- del artículo 62, en términos de eliminar la frase “cuando los solicitantes reconsideren su petición o”.

La indicación fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Morano, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

El señor director de la DGA explicó que las modificaciones al artículo 62 guardan armonía con aquellas incorporadas al artículo 17 del Código, que se refiere a la limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento tratándose de las aguas superficiales. El tema de fondo es la atribución que debe tener la autoridad para velar por la sustentabilidad hídrica. Por ello en el nuevo inciso segundo se define cuándo debe entenderse que se afecta la sustentabilidad del acuífero. La reforma a este artículo obedece a que el mecanismo de solución que consagra actualmente no funciona en la práctica. De hecho, en 30 años se ha ocupado una sola vez. Enfatizó que la modificación no implica despojar de derechos de aprovechamientos, sino solamente reducir su ejercicio.

El diputado señor Lemus comentó a este respecto que el actual artículo 62 regula exclusivamente una disputa entre privados. Acerca del texto propuesto por el Ejecutivo, existe la duda sobre quién activa la intervención de la DGA para limitar el ejercicio de los derechos. Desde su perspectiva, este organismo debería actuar de oficio o por una denuncia, cuando se verifica la degradación del acuífero. La segunda modalidad (denuncia) favorece a los usuarios más pequeños que se ven afectados. La responsabilidad del prorrateo en el evento de estar afectada la sustentabilidad del acuífero no puede quedar radicada en los usuarios, porque prevalecerían los que tienen más acciones.

El diputado señor Gahona compartió la inquietud de quien le antecedió en el uso de la palabra en lo que concierne al mecanismo de activación de la DGA, y acotó que cualquiera podría alegar que se está afectando la sustentabilidad del acuífero.

A su vez, la diputada señora Girardi afirmó que la autoridad debe actuar de oficio cuando la explotación de las aguas por parte de un usuario ocasiona perjuicios a otros. No puede ser opcional la intervención del organismo público en situaciones de esta naturaleza. Es necesario realzar la importancia de una adecuada fiscalización sobre el buen uso del recurso hídrico.

En un sentido análogo, el diputado señor Núñez (don Daniel) dijo que existen muchas denuncias de pequeños agricultores sobre el estado crítico de algunos acuíferos, o que simplemente estos se han secado, lo que constituye un llamado de alerta para que la autoridad actúe cada vez que se ve en peligro la sustentabilidad del acuífero. Según lo expuesto, la DGA debe actuar previa constatación del daño producido.

Respecto al concepto “descenso sostenido de los niveles freáticos del acuífero”, contenido en el nuevo inciso segundo del artículo 62, el diputado señor Rivas dijo no compartir la calificación “sostenido”, porque podría implicar en la práctica que los usuarios tengan que sufrir un perjuicio muy prolongado, al verse afectadas las napas subterráneas necesarias para su subsistencia, antes de que pueda intervenir la autoridad. Acotó que “sostenido” es un concepto válvula, subjetivo, que se presta para la discrecionalidad.

El diputado señor Gahona compartió la inquietud precedente, pero agregó que hay que establecer un criterio o rango lo más objetivo posible para determinar cuándo se afecta la sustentabilidad del acuífero. Lo esencial es dar certeza a todas las actividades, priorizando siempre el consumo humano.

La diputada señora Girardi dijo que el tema es delicado y difícil de precisar. El vocablo “sostenido” se presta para equívoco, porque no fija un período. El daño en el acuífero puede ser a lo largo del tiempo o brusco. Por eso el término “sostenido” es impreciso y pondría en una difícil situación a la DGA al momento de resolver si un determinado acuífero ha sido afectado o no.

El diputado señor Morano criticó también el concepto de “descenso sostenido”, que podría cambiarse -a vía de ejemplo- por otro basado en volumen de agua.

En el mismo sentido, el diputado señor Saldívar abogó por establecer una unidad de medida para calificar el descenso del nivel freático.

El señor director de la DGA sostuvo, por el contrario, que es un avance incorporar el concepto “sostenido”, porque de lo contrario podría interpretarse que cualquier descenso del acuífero afecta la sustentabilidad, lo que es demasiado amplio. Hay que tener en cuenta también que el procedimiento en esta materia se materializa a través de una resolución de la DGA, que se basa en un informe técnico.

Por su parte, la jefa de conservación ambiental de la DGA, señora Mónica Musalem, afirmó que el descenso sostenido del acuífero no es “metrisable” tal vez. Todo acuífero que se explota cambia de nivel. Lo que se quiere decir con descenso sostenido es que el acuífero que se explota no recupera su nivel anterior. La DGA ha clasificado los acuíferos en dos categorías: restricción y prohibición. En el segundo caso no pueden otorgarse nuevos derechos y debe formarse una comunidad de prorrateo.

A su turno, el diputado señor Lemus indicó que todos los acuíferos tienen un desgaste y el punto crucial es saber cuándo se rompe la sustentabilidad.

Número 15. (Actual 19.)

Modifica el artículo 63, cuyo inciso primero en vigor señala que la Dirección General de Aguas podrá declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones, mediante resolución fundada en la protección de acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial.

La modificación propuesta consiste en intercalar el siguiente inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“La autorización del cambio de punto de captación, de los derechos de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, quedará condicionada al resultado del modelo hidrogeológico calibrado para la nueva situación que se genere a partir del cambio del punto de captación, el que deberá ser presentado por el solicitante y aprobado parcial o totalmente por la Dirección General de Aguas.”.

La Comisión rechazó por simple mayoría el nuevo inciso propuesto. Votaron en contra la diputada Carvajal, los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza, en tanto que se abstuvo la diputada señora Provoste.

Por otra parte, se presentaron las siguientes indicaciones al artículo en mención:

a) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, a su inciso segundo, que en su texto actual prescribe que la declaración de una zona de prohibición dará origen a una comunidad de aguas formada por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella.

La indicación tiene por finalidad agregar a continuación de la expresión “en ella” el siguiente texto: “, quienes deberán organizarla de conformidad a lo indicado en el inciso primero del artículo 196, dentro del plazo de un año. Transcurrido el plazo antes indicado, sin que la comunidad de aguas se haya organizado, los usuarios no podrán solicitar cambios de punto de captación en dicha zona”.

La indicación fue aprobada por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Flores, Lemus, Rathgeb y Urrutia (don Ignacio).

b) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, para sustituir el actual inciso tercero, que estipula que las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas y los llamados bofedales de las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa; debiendo la Dirección General de Aguas identificar y delimitar previamente dichas zonas.

El texto de reemplazo del inciso tercero es el siguiente:

“Las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa. La Dirección General de Aguas deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas.”.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación en referencia, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Flores, Lemus, Rathgeb y Urrutia (don Ignacio).

c) Del diputado señor Saldívar, con el propósito de incorporar el siguiente inciso cuarto:

“Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan.”.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Arriagada, Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar.

d) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, para intercalar los siguientes incisos nuevos (que pasan a ser quinto y séptimo):

“Ante la solicitud de cambio de punto de captación de los derechos de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, la Dirección General de Aguas podrá denegarla o autorizarla, total o parcialmente, si la situación hidrogeológica del acuífero presenta descensos significativos y sostenidos que puedan poner en riesgo la sustentabilidad del mismo, implica un grave riesgo de intrusión salina o afecta derechos de terceros. Si el Servicio no contase con toda la información pertinente, podrá requerir el peticionario los estudios o antecedentes necesarios para mejor resolver.

Las resoluciones dictadas con motivo del presente artículo se entenderán notificadas desde su publicación en el Diario Oficial, la que se efectuará los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil siguiente, si aquellos fueren feriados.”.

La indicación supra fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal y Provoste, los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

e) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel) y Walker, que agrega en el nuevo inciso quinto propuesto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración: “La información que respalde dicho cambio de punto de captación tendrá carácter público.”.

Fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal y Provoste, los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

f) Del diputado señor Lemus, para intercalar el siguiente inciso nuevo (que pasa a ser sexto) en el referido artículo:

“En ningún caso podrá solicitar cambio de punto de captación quien tenga litigios pendientes relativos a extracción ilegal de aguas en una zona de prohibición.”.

Esta indicación también fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal y Provoste, los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas, y el exdiputado señor Insunza.

g) De la diputada señora Carvajal, y de los diputados señores Flores y Núñez (don Daniel), al inciso cuarto -que pasa a ser octavo- que estatuye que sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero la Dirección General de Aguas podrá alzar la medida de prohibición de explotar.

La enmienda consiste en sustituir la expresión “sin perjuicio” por “a excepción”.

La indicación fue aprobada por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Flores, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Urrutia (don Ignacio).

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Las materias sobre que versa este artículo del Código y las propuestas de cambio al mismo generaron el siguiente debate.

La diputada señora Provoste explicó que el sentido de la indicación al inciso segundo del artículo 63, concerniente a la comunidad de aguas, es establecer un incentivo para que los usuarios de aguas se organicen, en los términos prescritos por el mismo Código.

Ante la inquietud del diputado señor Urrutia (don Ignacio), en el sentido que no sería conveniente fijar un plazo para formar la comunidad de aguas en comento, debido a los engorrosos trámites sucesorios que suele haber de por medio en estos casos, el señor director de la DGA reconoció que la preocupación es atendible, pero acotó que se trata de una norma aplicable a una situación muy particular, esto es, las aguas subterráneas ubicadas en zonas de prohibición.

Por su parte, la diputada señora Carvajal respaldó especialmente el establecimiento de un plazo perentorio para que las comunidades de aguas se organicen.

Desde una perspectiva jurídica, el diputado señor Rivas subrayó que las comunidades nacen por el solo ministerio de la ley, aunque los comuneros no lo sepan; de manera que no es coherente exigir el cumplimiento de requisitos para que se “constituya” una comunidad.

El exdiputado señor Insunza dijo que el plazo de un año para formar una comunidad, como lo dice la indicación, es más que razonable. Agregó que es lógico que el incumplimiento de tal obligación traiga aparejada una sanción.

A su turno, el diputado señor Saldívar sostuvo que actualmente no existen incentivos para constituir comunidades sobre aguas subterráneas. El problema se genera porque cada cual tiene su propio pozo, lo que dificulta la formación de una comunidad.

Por último, el diputado señor Lemus afirmó que lo primordial en esta materia es impedir abusos por parte de quienes tienen más derechos de agua, y ello se consigue controlando el agua que se extrae de los acuíferos.

En cuanto a las zonas de prohibición que consagra el inciso tercero, la diputada señora Carvajal y el diputado señor Flores comentaron que la norma debería ser más amplia, dada la aguda sequía que afecta a gran parte del país. Este último agregó que habría que considerar también a las turberas y humedales de la zona sur, que están regulados por la Convención RAMSAR.

La diputada señora Molina se sumó a dicho planteamiento, y acotó que es preocupante que la prohibición rija sin necesidad de declaración expresa. Además, puede suceder que las vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta no se encuentren en una situación hídrica crítica.

En torno al mismo tema, el diputado señor Rathgeb manifestó que en la región de La Araucanía existen los denominados “menucos”, que son una especie de humedales, y que los pueblos aborígenes utilizan para extraer hierbas medicinales. Dada su importancia en la cultura mapuche, es necesario tener claridad si quedarían incorporados en el aludido inciso tercero.

La asesora jurídica de la DGA, señora Celume, explicó que el inciso tercero del artículo 63 resguarda ecosistemas que cumplen una serie de funciones para las comunidades autóctonas.

Respondiendo a otra consulta, el titular de la DGA explicó que, de acuerdo a la norma vigente, cualquiera puede pedir cambio de punto de captación, y en su gran mayoría son agricultores. Puntualizó que la atribución exclusiva de autorizar el cambio es de la DGA.

El diputado señor Venegas expresó que el artículo 63 del Código en mención se refiere a un acuífero que se encuentra en un área de conflicto, y por eso se quiere protegerlo. No obstante, en ciertos casos es necesario el cambio de punto de captación.

Sobre este tópico, el diputado señor Lemus sostuvo que el cambio de punto de captación implica un desequilibrio en la cuenca, y suele afectar a otros usuarios.

El titular de la DGA reconoció esta última situación y es por tal razón que el Ejecutivo propone modificar el artículo 63 del Código, en términos de sujetar a ciertas condiciones el cambio de punto de captación. Hoy, en cambio, está obligada a hacerlo cuando recibe una solicitud. Acotó que es importante distinguir la zona de prohibición (a que se refiere el artículo 63) de las áreas de restricción.

El diputado señor Gahona dijo que le parecía inconveniente que la DGA, para aceptar un nuevo punto de captación, exigiera al solicitante estudios hidrogeológicos, que por lo general son de elevado costo.

A su vez, el agente de expedientes de la DGA, señor Carlos Flores, indicó que la zona de prohibición corresponde a un espacio donde se ha constatado una afección; en tanto que el área de restricción se caracteriza por presentar un riesgo solamente.

La diputada señora Provoste destacó que el cambio de punto de captación es solicitado no solamente por los agricultores, sino también por personas que realizan otras actividades productivas.

El exdiputado señor Insunza dijo que es relevante establecer requisitos para que pueda cambiarse el punto de captación, porque se trata de una materia que se presta para abusos.

Número 16. (Actual 20.)

El número en mención incorpora una enmienda en el artículo 65 del Código, que en su redacción en vigor señala, en síntesis, que serán áreas de restricción aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en él, y agrega en el inciso tercero que será aplicable al área de restricción lo dispuesto en el artículo precedente (64). Este último obliga a la autoridad a dictar una nueva resolución sobre la mantención o alzamiento de la prohibición de explotar, a petición justificada de parte, si así lo aconsejan los resultados de nuevas investigaciones respecto de las características del acuífero o la recarga artificial del mismo.

La enmienda al artículo 65 incide en el aludido inciso tercero, y tiene por finalidad intercalar entre la palabra “precedente” y el punto aparte (.), la siguiente frase: “y la limitación a la autorización de los cambios de punto de captación indicada en el inciso segundo del artículo 63 del presente Código”.

La Comisión aprobó por unanimidad el número en mención; conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, que efectúa una adecuación de referencia, en el sentido de reemplazar la expresión “inciso segundo” por “inciso quinto”. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Flores, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Urrutia (don Ignacio).

Número Nuevo (Actual 21.)

Este numeral corresponde a una indicación de la diputada señora Provoste, complementada por otra del diputado señor Lemus, que reemplaza el artículo 66 del Código, que en su texto en vigor establece, en su inciso primero, que la DGA podrá otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en las zonas de restricción, y agrega que el referido organismo limitará prudencialmente los nuevos derechos, pudiendo dejarlos sin efecto en caso de constatar perjuicios a los derechos ya constituidos.

El inciso segundo, en tanto, señala que sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 67 (que permite transformar los derechos provisionales en definitivos si se cumplen determinados presupuestos), se podrá, previa autorización de la DGA, ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo para tal efecto la preferencia para que se constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan.

El texto sustitutivo es el siguiente:

“Artículo 66.- Declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos. De modo excepcional, y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, sólo podrá conceder derechos provisionales, en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo.

Dicho informe técnico deberá considerar la opinión de las comunidades de agua existentes en la zona.

La Dirección siempre podrá limitar, total o parcialmente, estos derechos, pudiendo incluso dejarlos sin efecto. Podrá, a su vez, suspender total o parcialmente su ejercicio, en caso de que se constate una afectación temporal a la sustentabilidad del acuífero o perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, mientras estas situaciones se mantengan.

Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan.”.

La indicación en referencia fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar.

Se produjo el siguiente debate a propósito del artículo 66.

El diputado señor Núñez (don Daniel) manifestó que no tiene sentido otorgar derechos de aprovechamiento en zonas declaradas agotadas.

La diputada señora Molina y los diputados señores Flores y Urrutia (don Ignacio) se mostraron de acuerdo con el planteamiento anterior.

Análogo punto de vista expuso el diputado señor Lemus, quien acotó que en muchos casos la sobreexplotación de los acuíferos se produce porque los derechos provisionales se transforman en definitivos. En relación con ello, exteriorizó su aprensión por la atribución de la DGA de otorgar derechos provisionales, como lo permite la norma en vigor.

El titular de la DGA explicó que el artículo 66 regula una situación muy específica, que es cuando existe un riesgo de grave disminución de un acuífero. Afirmó que es positivo que la DGA cuente con la atribución de otorgar derechos provisionales en las áreas de restricción, porque permite una buena gestión del recurso. Además, hay que tener presente que en caso necesario la DGA puede limitar, incluso hasta cero, esos derechos. Respecto a la indicación que sustituye el actual texto del artículo 66, manifestó que es positiva, porque moderniza la norma y agrega certidumbre.

En otra intervención sobre el tópico, el diputado señor Núñez (don Daniel) dijo que es preocupante que en algunos casos se otorguen derechos provisionales por parte de los tribunales, en contra de la opinión de la DGA; y concluyó expresando que deberían eliminarse esta clase de derechos de aprovechamiento de aguas.

Por su parte, la diputada señora Girardi afirmó apoyar la idea de suspender el otorgamiento de derechos provisionales en áreas de restricción, pues las zonas donde hubo sobre otorgamiento de derechos se convirtieron en zonas agotadas. También habría que restringir los derechos ya otorgados.

Número 17. (Actual 22.)

Este incorpora dos modificaciones en el inciso primero del artículo 67, que en su texto vigente señala, en lo principal, que los derechos de aprovechamiento otorgados de acuerdo al artículo 66 se podrán transformar en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio efectivo en los términos concedidos, siempre que los titulares de derechos ya constituidos no demuestren haber sufrido daños.

Las enmiendas son las siguientes:

a) Se aumenta de “cinco” a “quince” años el plazo en comento.

b) Se agrega luego de la expresión “haber sufrido daños” la oración “y siempre que la fuente natural no se encuentre en situación crítica”.

La Comisión rechazó por unanimidad el número en mención. Participaron en la votación las diputadas señoras Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Gahona, González, Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar.

Por otra parte, y también por asentimiento unánime, aprobó una indicación del Ejecutivo, que reemplaza el actual artículo 67 por el siguiente:

“Artículo 67.- Cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción, comprometan toda la disponibilidad determinada en los respetivos estudios técnicos, dicha área deberá ser declarada como zona de prohibición para nuevas explotaciones. Transcurridos cinco años contados desde la fecha de la declaración de un área de restricción, la Dirección General de Aguas deberá reevaluar las circunstancias que le dieron origen. En caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida, de conformidad a lo indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, el Servicio deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común y, consecuentemente, podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 62.

Los titulares de los derechos de aprovechamiento concedidos, tanto en zonas declaradas de prohibición como áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. La Dirección General de Aguas, por medio de una resolución fundada, determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, debiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

Participaron en la votación de la indicación sustitutiva las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Saldívar.

El señor director de la DGA explicó que la indicación en referencia recoge en los mismos términos otra que habían presentado la diputada señora Provoste y los diputados señores Lemus y Núñez, la cual, no obstante haber sido aprobada, fue objeto de un reparo de constitucionalidad por parte de la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por vulnerar -en su opinión- el artículo 65 inciso cuarto número 2 de la Carta Fundamental, al conferir nuevas atribuciones a la DGA, materia reservada al Presidente de la República; objeción que se subsana mediante el patrocinio del Ejecutivo a la indicación que regula este tema. Al margen de lo anterior, sostuvo que la indicación es consistente, porque protege los acuíferos.

A su vez, la profesional de la DGA, señora Mónica Musalem, hizo hincapié en que forma parte de las funciones de ese organismo evaluar de manera permanente la disponibilidad y sustentabilidad de los recursos hídricos.

No obstante concurrir con su voto a la aprobación de la indicación sustitutiva del artículo 67, el diputado señor Gahona dijo que, compartiendo el espíritu de la norma, ella debería establecer un procedimiento de expropiación, atendida la circunstancia que, al prescribir en su inciso segundo que la Dirección General de Aguas, al declarar una zona de prohibición, deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración, se están afectando derechos ya adquiridos.

El señor director de la DGA precisó, frente a la observación anterior, que la nueva redacción del artículo 67 es concordante con lo establecido en el artículo 63. Además, hay que tener presente que el gran principio rector del proyecto de reforma al Código es que el agua es un bien nacional de uso público y el titular del derecho de aprovechamiento tiene la obligación de usarla y de velar por la sustentabilidad del entorno y el medioambiente. En el caso que regula el artículo 67 estamos frente a una situación excepcionalísima, ya que se trata de alguien que no usa el agua en una zona que es área de restricción, y que luego del transcurso de un lapso y de realizados todos los estudios pertinentes, podría llegar a transformarse en un área de máxima protección.

Número 18. (Actual 23.)

Reemplaza el actual artículo 68, que faculta a la DGA para exigir la instalación de sistemas de medida en las obras y requerir la información que se obtenga, por el siguiente texto:

“Artículo 68.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero.

Ante el incumplimiento de las medidas a las que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución, impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada. En contra de esta resolución procederán los recursos contemplados en los artículos 136 y 137.”.

La Comisión rechazó por unanimidad el número 18, aprobando en cambio, también por asentimiento unánime, el siguiente texto de reemplazo del artículo 68, contenido en una indicación de la diputada señora Provoste:

“Artículo 68.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar.

Acerca de esta disposición, el señor director de la DGA hizo ver que, por regla general, la DGA “puede” exigir la instalación de sistemas de medición. Las excepciones a esa regla son las organizaciones de usuarios, tratándose de aguas superficiales, y las aguas subterráneas ubicadas en áreas de restricción o prohibición, en que es obligatorio el empleo de tales sistemas. Acotó que es importante que la DGA siga contando con esa atribución, que se ha ejercido de manera flexible.

El diputado señor Lemus opinó que el uso de sistemas de medición debería ser facultativo solamente para los pequeños usuarios y, en cambio, debería ser obligatorio para los grandes, porque concentran el recurso. Así se puede tener la certeza de que el agua se distribuye adecuadamente.

En torno al mismo tópico, la diputada señora Provoste afirmó que exigir sistemas de medición para todos puede generar problemas a los pequeños usuarios.

La diputada señor Molina expresó su preocupación por los altos costos que puede generar a los pequeños usuarios la instalación de sistemas de medición, ante lo cual la DGA podría solventar parte de ese gasto.

Número 19. (Actual 24.)

Este incorpora una adecuación en el artículo 96, de análogo alcance a las consignadas a propósito de los artículos 37 y 43.

La Comisión aprobó por simple mayoría el referido número. Votaron a favor la diputada señora Provoste y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas y Saldívar; mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger y Gahona.

Número 20. (Actual 25.)

Este número incorpora tres adecuaciones en el artículo 97 del Código, del mismo tenor que la del número previo.

La Comisión aprobó por simple mayoría el referido número. Votaron a favor la diputada señora Provoste y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas y Saldívar; mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Berger y Gahona.

El diputado señor Gahona fundamentó su voto en contra aduciendo que la norma propuesta por el Ejecutivo precariza el derecho de propiedad sobre las aguas.

En contraposición, el diputado señor Rivas justificó su respaldo a las referidas enmiendas, argumentando que se evita que se mercantilice un derecho fundamental para la subsistencia humana, como es el agua.

Número 21. (Actual 26.)

El número en referencia suprime el artículo 115, que en lo medular faculta al dueño de un derecho de aprovechamiento que extraiga sus aguas de la corriente natural, para inscribir ese derecho en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, mediante el correspondiente certificado de la DGA.

La Comisión aprobó por simple mayoría el número supra. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas; en contra la diputada señora Molina y el diputado señor Álvarez-Salamanca.

La señora Celume, de la DGA, explicó que la propuesta de eliminación del artículo en referencia se debe a que genera una inconveniente duplicidad, porque permite inscribir un derecho mediante una certificación de la DGA, sin perjuicio de la resolución que emita el aludido organismo.

Número 22. (Actual 27.)

Introduce en el artículo 119 una adecuación de idéntico alcance a las mencionadas en otros números.

La Comisión aprobó por simple mayoría la modificación. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas, Saldívar y Venegas; en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca y Rathgeb.

Número 23. (Actual 28.)

Este número incorpora también adecuaciones de forma en el artículo 129, acordes con enmiendas anteriores.

La Comisión aprobó por simple mayoría las modificaciones. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas, Saldívar y Venegas; en tanto que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

La diputada señora Molina fundamentó su voto en contra, argumentando que las enmiendas propuestas debilitan el derecho de propiedad sobre el agua.

Número Nuevo (Actual 29.)

Este número, que se origina en indicaciones parlamentarias, incorpora diversas enmiendas en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, según se examinará.

a) En el inciso primero de la norma citada, que en su texto vigente establece, en síntesis, que al constituir derechos de aprovechamiento, la DGA velará por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan.

-En virtud de una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel); complementada por otra suscrita por ellos y, además, por la diputada señora Carvajal y los diputados señores Rivas y Saldívar, se reemplaza la frase “Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas”, por la siguiente: "Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados y por otorgar por la Dirección General de Aguas, ésta".

Ambas indicaciones fueron aprobadas por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas y Venegas. En contra lo hicieron la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

-De acuerdo a otra indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel), se suprime en el inciso primero la frase “, el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan”.

Esta indicación fue aprobada por idéntico quórum que las anteriores.

b) En el inciso tercero, que en su actual redacción estipula -en lo principal- que en casos calificados, y previo informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes a los expresados en el inciso segundo, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes.

De conformidad con una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Lemus, se elimina la frase “, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”.

Fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas, Saldívar y Venegas. En contra lo hicieron la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

c) En virtud de una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Lemus, se agrega el siguiente inciso final en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección General de Aguas siempre podrá establecer un caudal ecológico mínimo a las solicitudes de traslados de ejercicios de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. Podrá, a su vez, establecer un caudal ecológico superior al mínimo establecido al momento de la constitución del o los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos casos en que estos se aprovechen en las obras a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 294.”.

La indicación fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas Saldívar y Venegas.

El artículo 129 bis 1 y las modificaciones recaídas en él generaron un amplio debate en el seno de la Comisión, una síntesis del cual se ofrece a continuación.

La diputada señora Girardi dijo que las indicaciones al inciso primero son coherentes con la preservación del medio ambiente y el caudal ecológico mínimo. Por eso se incluyen en la disposición los nuevos derechos y los ya otorgados. No se trata, precisó, de caducar derechos ya conferidos, sino de velar por el caudal ecológico. Si este último se ve afectado, es de justicia que los titulares de derechos de agua contribuyan a su restablecimiento, lo cual no puede considerarse un acto expropiatorio.

A su vez, la diputada señora Provoste respaldó el planteamiento anterior y enfatizó que lo que se pretende es que el caudal ecológico mínimo sea una realidad en los ríos. En otros términos, lo que se procura es que la norma que regula esta materia no sea “letra muerta”.

Por su parte, la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona formularon reserva de constitucionalidad sobre los incisos primero y tercero, ya que a su juicio tienen un carácter expropiatorio, afectando el derecho de propiedad y el principio de irretroactividad de la ley. Se vulneran derechos ya adquiridos para el uso, goce y disposición de aguas. El señor Gahona acotó que el caudal ecológico mínimo debe responder a criterios objetivos, como los que consagra la norma vigente.

La diputada señora Carvajal expresó que la Constitución Política garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, razón por la cual se justifica plenamente que quienes poseen derechos de aprovechamiento deben, en caso necesario, sacrificar parte de sus derechos para garantizar el caudal ecológico mínimo.

El señor director de la DGA manifestó que genera cierta complejidad aplicar el caudal ecológico mínimo con efecto retroactivo. La DGA ha realizado estudios sobre el particular. Se estima, por ejemplo, que en Aconcagua la aplicación retroactiva del caudal ecológico implicaría dejar de regar el 24% de la superficie agrícola. Acotó que en algunos casos la DGA ha aplicado el concepto de caudal “ambiental”, que va más allá del caudal ecológico mínimo. Este último consiste en la obligación de “dejar pasar”, que no varía cuando el caudal del río baja.

En su segunda intervención acerca de la materia, la diputada señora Girardi sostuvo que el concepto de caudal ecológico mínimo implica reconocer la grave situación en que se hallan varios ríos. En razón de ello, es deber del Estado garantizar ese caudal mínimo, máxime considerando que ya hay cuencas que carecen de aquel y eso, indudablemente, implica un daño medioambiental. Para reparar ese daño no basta con regular los nuevos derechos que se otorguen, sino también los que ya se confirieron.

El diputado señor Lemus afirmó que el tema del caudal ecológico reviste especial gravedad en las cuencas con restricción. Según su parecer, la norma vigente acerca del tópico es “letra muerta”, y por ello la DGA debe tener la atribución de limitar los derechos de agua en situaciones críticas.

La señora Musalem, de la DGA, reconoció que es difícil afirmar si el actual caudal ecológico mínimo garantiza la preservación del ecosistema, la biodiversidad. Habría que analizar caso a caso.

Número 24. (Actual 30.)

Modifica el artículo 129 bis 2, que en su texto en vigor establece, en lo principal, que la DGA podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con el debido permiso y que pudieran ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, previa autorización del juez respectivo.

Las enmiendas al aludido precepto son las siguientes:

a) Se intercala en el inciso primero, entre las palabras “detenidas” y “que”, la frase “que afectaren la cantidad o la calidad de éstas o”.

Esta modificación fue aprobada por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas, Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

Por otra parte, se aprobó al mismo inciso, por simple mayoría, una indicación de la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), que suprime la frase “, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras”.

Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Lemus, Núñez (don Daniel), Rivas, Saldívar, Urrutia y Venegas. Se abstuvieron los diputados señores Gahona y Rathgeb.

b) Se incorporan los siguientes incisos tercero y cuarto: nuevos:

“No podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas protegidas declaradas Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen.

En otras categorías de áreas protegidas, tales como Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales y Humedales de Importancia Internacional, los derechos de aprovechamiento deben guardar consistencia con el objeto de la categoría del área protegida y con su respectivo plan de manejo, circunstancia que será determinada previo informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo anterior es sin perjuicio del acceso libre y común al recurso hídrico que no comporte una utilización de carácter extractiva, de conformidad a las normas de policía y vigilancia en vigor.”.

La letra b) del numeral en referencia fue rechazada por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Álvarez-Salamanca y Urrutia (don Ignacio), en tanto que lo hicieron en contra las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas. Se abstuvo el señor Gahona.

En reemplazo del texto propuesto por el Ejecutivo se aprobó por simple mayoría una indicación de la diputada señora Girardi, que agrega los siguientes incisos tercero y cuarto en el artículo 129 bis 2:

“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, como los Parques Nacionales, Reserva Nacional, Reserva de Regiones Vírgenes, Monumento Natural, Santuario de la Naturaleza, los humedales de importancia internacional y aquellas zonas contempladas en los artículos 58 y 63 de este Código, a menos que se trate de actividades compatibles con los fines de conservación del área o sitios referidos, lo que deberá ser acreditado mediante informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Los derechos de aprovechamiento ya existentes en las áreas indicadas en el inciso anterior, sólo podrán ejercerse en la medida que ello sea compatible con la actividad y fines de conservación de estas. La contravención a lo dispuesto en este inciso se sancionará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173.”.

Votaron a favor de la referida indicación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas. Lo hizo en contra el señor Urrutia (don Ignacio) y se abstuvo el señor Álvarez-Salamanca.

Finalmente, en virtud de una indicación de la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, se incorpora el siguiente inciso final en el artículo 129 bis 2:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, y en caso que exista actividad turística en alguno de los lugares descritos en este artículo, podrán constituirse derechos de aprovechamiento a favor de la Corporación Nacional Forestal para que ésta haga uso de ellos en la respectiva área protegida.”.

Dicha indicación fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

Hubo el siguiente debate a propósito de este artículo.

El señor Director de la DGA dijo que la indicación del Ejecutivo al inciso primero del artículo en comento recoge una aspiración muy sentida de las asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia.

La profesional de la DGA, señora Mónica Musalem, explicó que la indicación del Ejecutivo contenida en la letra b) del número 24 es coherente con la ley N°19.300, de bases del medio ambiente. Los humedales de importancia internacional, que corresponden a la sigla RAMSAR, son aquellos postulados por el gobierno de Chile a la Convención Internacional acerca de la materia. Actualmente, nuestro país tiene 13 humedales reconocidos internacionalmente, la mayoría de los cuales se encuentran en terrenos privados. Puntualizó que cualquier obra, programa o actividad que se desarrolle en áreas protegidas es susceptible de generar efectos adversos significativos y, por lo tanto, debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. El ejercicio de un nuevo derecho de aprovechamiento de agua en un área protegida debería, por ende, ingresar a este sistema, condicionándose a las medidas que correspondan para hacerse cargo de los efectos que se hayan identificado.

El diputado señor Urrutia (don Ignacio) fundamentó su voto en contra de la indicación de la diputada señora Girardi (que agrega los incisos tercero y cuarto) en que es, a su juicio, demasiado restrictiva en cuanto a las áreas en que no pueden otorgarse derechos de aprovechamiento con fines productivos o industriales.

Por su parte, el señor director de la DGA sostuvo que la indicación parlamentaria en comento mejora la propuesta del Ejecutivo en este tópico.

Número 25. (Actual 31.)

El número en referencia modifica el artículo 129 bis 4, que prescribe que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las reglas que detalla a continuación.

Las enmiendas propuestas son las siguientes:

i) En el número 1), que señala que en el caso de derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos puntos de captación se ubiquen entre las Regiones Primera y Décima, con excepción de la provincia de Palena, se reemplaza la letra c), que en su texto actual establece que el valor de la patente, desde el año undécimo en adelante, el valor de la patente se multiplicará por el factor 4.

El texto sustitutivo es el siguiente:

"c) Entre los años undécimo y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.".

ii) Por otra parte, se agregan al numeral 1.- del citado artículo las siguientes letras d) y e):

“d) Entre los años décimo tercero y décimo cuarto inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor ocho.

e) Habiendo transcurrido catorce años sin que el titular del derecho de aprovechamiento haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 del presente Código, el derecho de aprovechamiento se entenderá caducado por el solo ministerio de la ley. La contabilización del plazo de catorce años, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

iii) Se incorpora el siguiente numeral 5.- en el artículo 129 bis 4:

“5.- Los plazos indicados en este artículo se contabilizarán de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 129 bis 5 de este Código, es decir, a partir del primero de enero de 2006. En el caso de los derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.

El número 25. fue objeto de la siguiente indicación sustitutiva del Ejecutivo:

“25) Modificase el artículo 129 bis 4 del siguiente modo:

a) Eliminase en el inciso primero la siguiente frase: “La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

b) Reemplázase la frase “1.- En el caso de derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos puntos de captación se ubiquen en las Regiones Primera y Décima, con excepción de la provincia de Palena:”, por la siguiente frase: “1.- La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

c) Sustitúyese en la letra a) del numeral 1.- la palabra “cinco” por “cuatro”.

d) Reemplázase en el literal b) del numeral 1.- la frase “sexto y décimo”, por la siguiente: “quinto y octavo”.

e) Sustitúyese la letra c) del numeral 1.- por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

f) Agréganse al numeral 1.- las siguientes letras d) y e), nuevas:

“d) Entre los años décimo tercero y décimo sexto inclusive, la patente calculada de conformidad a la letra a) precedente se multiplicará por el factor ocho; y, en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así, sucesivamente.

e) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido ocho años contados desde dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

g) Elimínase el numeral 2.-, pasando los actuales numerales 3.- y 4.- a ser 2.- y 3.- respectivamente.

h) Agrégase un numeral 4.-, nuevo, del siguiente tenor:

“4.- Los plazos señalados en las letras a), b), c) y d) del número 1.- de este artículo, se contabilizarán a partir del primero de enero de 2006, a menos que se trate de derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.”.

El texto de reemplazo del número 25. fue votado de la siguiente forma:

Sus letras a), b), c), d), e), f) y g) fueron aprobadas por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez y Saldívar.

La letra h) fue aprobada por idéntico quórum, sumándose a la votación el diputado señor Venegas.

Por otra parte, se aprobó por simple mayoría una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, que elimina el actual numeral 4 del artículo 129 bis 4. Votaron a favor votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas, en tanto que lo hizo en contra el diputado señor Gahona.

Las modificaciones al artículo en mención dieron origen al siguiente debate.

El señor director de la DGA explicó que las indicaciones impulsadas por el Ejecutivo tanto a este precepto como a los siguientes relacionados con el tema del pago de patente, persiguen los siguientes objetivos: sancionar el acaparamiento especulativo de derechos de aprovechamiento, especialmente de los no consuntivos; homogeneizar los plazos y las condiciones entre los derechos nuevos y antiguos para que proceda la extinción de derechos por no uso, es decir, los 4 u 8 años -según el caso- se computan desde la entrada en vigor de la ley; eximir del pago de patente por no uso de las aguas no sólo a los APR, sino también a aquellos derechos constituidos en áreas protegidas y a los derechos no extractivos del recurso; y eliminar la subvención en materia de patente que existe en las regiones X (específicamente la provincia de Palena), XI y XII. El principio rector puede sintetizarse en la frase “úselo o piérdalo” (el derecho de aprovechamiento). Agregó que no es conveniente que la norma sobre cobro de patente tenga efecto retroactivo, como lo establecía la indicación sustitutiva del Ejecutivo, de octubre de 2014. Lo lógico es que los plazos corran desde que entre en vigencia la ley. Otro aspecto importante es que el valor de la patente no se “estanca” en un monto, sino que se duplica al cabo de 4 años (actualmente es después de cinco años). También merece subrayarse la innovación que se incorpora en cuanto al procedimiento de cobro de la patente. El sistema en vigor es de lato conocimiento, e incluye la publicación de avisos y plazos prolongados, lo que en la práctica ha significado que muy pocos derechos de aprovechamiento se rematen. En este orden de ideas, el nuevo procedimiento que se propone, muy similar al que se aplica para el desamparo minero por no pago de la patente anual, agiliza el remate y permite al fisco adjudicarse el derecho rematado en ciertos casos.

Por su parte, la diputada señora Carvajal fundamentó la indicación que suscribió con otros parlamentarios, encaminada a eliminar el actual numeral 4 del artículo 129 bis 4, norma que prescribe que estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones. Explicó que la norma en cuestión alude a volúmenes de agua que pueden generar micro emprendimientos y, por ende, no se justifica la exención del pago de patente en caso de no uso del recurso.

El diputado señor Gahona discrepó de dicho punto de vista, aduciendo que la indicación restringe la posibilidad de crear energía a través de centrales de pasada, de menos de 20 megawatts, para regar predios o cumplir otros objetivos; y, consiguientemente, se desincentiva una política pública, tanto de este gobierno como de otros anteriores, en materia de energías renovables no convencionales.

La diputada señora Provoste rebatió el planteamiento anterior, asegurando que con la indicación no se establece ningún tipo de cortapisas para las centrales de pasada y, por lo tanto, tampoco se inhibe el desarrollo de energías alternativas. Acotó que la exención del pago de patente debe restringirse a los casos estrictamente necesarios, como las comunidades más vulnerables. Además, hay que tener presente que la indicación elimina la exención por no ejecutar las obras que prescribe la ley.

Respecto de la indicación en comento, el señor director de la DGA manifestó que, en lugar de plantear la eliminación de la exención, habría sido preferible establecer un nuevo umbral.

A su vez, la diputada señora Girardi respaldó la indicación de marras, argumentando que el numeral 4 no se refiere a la economía de subsistencia, sino a pequeños o medianos empresarios. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el cobro se realiza recién después de transcurridos 8 años para realizar las obras correspondientes, sin que se hayan ejecutado.

Número 26. (Actual 32.)

Este incorpora dos modificaciones en el artículo 129 bis 5, que prescribe que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las normas que especifica.

a) La primera enmienda incide en la letra c), que en su texto actual indica que el valor de la patente, desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por cuatro.

Se propone el reemplazo de la letra c) por la siguiente:

“c) Entre los años undécimo y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

La letra a) del número 26. recibió una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Sustitúyese el literal a) por el siguiente:

“a) En los primeros cuatro años, los derechos de ejercicio permanente pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo.”.”.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas.

b) Por otro lado, se agrega en el mencionado artículo 129 bis 5. una letra d), nueva, del siguiente tenor:

“d) Habiendo transcurrido doce años sin que el titular del derecho de aprovechamiento haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 del presente Código, el derecho de aprovechamiento se entenderá caducado por el solo ministerio de la ley. La contabilización de este plazo de doce años se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

La letra b) del número 26. fue objeto, asimismo, de una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Sustitúyese el literal b) por el siguiente:

“b) Modifícase en el literal b) la frase “sexto y décimo”, por la siguiente: “quinto y octavo”.”.

La Comisión aprobó por el mismo quórum esta indicación.

En virtud de otra indicación del Ejecutivo, se agrega la siguiente letra c) al número 26:

“c) Reemplázase el literal c) por el siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente se multiplicará por el factor 4; y en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así sucesivamente.”.”.

Fue aprobada, asimismo, por unanimidad (8 votos a favor).

De conformidad con una indicación del Ejecutivo, se introducen las siguientes letras d) y e), nuevas, en el número 26.

“d) Agrégase el siguiente literal d), nuevo:

“d) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido cuatro años contados desde la fecha de publicación de esta ley, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

e) Agrégase el siguiente literal e), nuevo:

“e) Modifícase el inciso tercero del siguiente modo:

i) Intercálase entre la frase “utilización de las aguas” y la coma (,), la siguiente frase: “, de que dan cuenta los literales a), b) y c) anteriores”.

ii) Reemplázase la frase “. En el caso” por la siguiente frase: “, a menos que se trate”.

iii) Intercálase entre las frases “tal fecha,” y “los plazos se computarán”, la siguiente frase: “en cuyo caso”.”.

La nueva letra d) propuesta por la indicación del Ejecutivo fue aprobada por unanimidad. Votaron las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas.

A su vez, la nueva letra e) fue aprobada también por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas.

Se aprobó, asimismo, una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, que suprime el inciso final del artículo 129 bis 5, que dice así: “Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.”. La indicación fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Saldívar y Venegas; votó en contra el diputado señor Gahona y se abstuvo el diputado señor Núñez (don Daniel).

Número Nuevo (Actual 33.)

Corresponde a una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, que suprime los incisos segundo y tercero del artículo 129 bis 6, cuyo tenor es el siguiente:

“Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

También estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las Regiones.”.

La indicación parlamentaria fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Saldívar y Venegas; en tanto que votó en contra el diputado señor Gahona.

El diputado señor Gahona fundamentó su voto diciendo que la indicación discrimina a favor del fisco.

Número 27. (Actual 34.)

El número en referencia incorpora dos enmiendas en el artículo 129 bis 9.

a) La primera se refiere al inciso primero, que en su redacción actual señala, en resumen, que el Director General de Aguas no podrá considerar como sujetos al pago de la patente aquellos derechos de aprovechamiento para los cuales existan obras de captación de las aguas y agrega que en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución.

La modificación tiene por finalidad reemplazar la oración “En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución." por el siguiente texto: "Dichas obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso; y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos".

b) La segunda modificación tiene por finalidad agregar el siguiente inciso final en el citado artículo:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural.”.

El número en referencia fue aprobado por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Lemus.

Sin perjuicio de lo anterior, se presentaron las siguientes indicaciones a la letra b):

i) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar y Venegas, que sustituye el punto final por un punto y coma (;) y agrega lo siguiente: “aquellos de que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente”.

Fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Saldívar y Venegas.

ii) Del Ejecutivo, para incorporar a continuación de la indicación anterior el siguiente texto: “; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.”.

La Comisión aprobó por idéntico quórum la indicación supra.

A propósito de este artículo, el diputado señor Núñez (don Daniel) sostuvo que es necesario eximir del cobro de la patente a los pequeños propietarios agrícolas que practican una agricultura de subsistencia.

En torno al mismo punto, la diputada señora Girardi dijo compartir esa inquietud, e hizo ver que no está precisado en la ley cuál es el número de hectáreas que debe entenderse comprendido en el concepto de “agricultura de subsistencia”.

Número Nuevo (Actual 35.)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Modifícase el artículo 129 bis 11 del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “su cobro” por la siguiente: “sacar dicho derecho a remate público”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“La referida acción prescribirá en el plazo de tres años, contado desde el 1° de abril del año en que debió pagarse la patente.”.

La letra a) del numeral en referencia fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal y Provoste, y el diputado señor Gahona; y se abstuvieron la diputadas señora Girardi y el señor Núñez (don Daniel).

La letra b) fue aprobada por idéntico quórum.

El señor director de la DGA explicó que las enmiendas al artículo 129 bis 11 tienen por finalidad simplificar el procedimiento de remate de los derechos de aprovechamiento por no pago de la patente.

El diputado señor Núñez (don Daniel) opinó que el procedimiento de remate debe resguardar los derechos de los pequeños campesinos.

A su vez, el diputado señor Gahona dijo que, sin perjuicio de las innovaciones que sea necesario incorporar al procedimiento de remate, debe garantizarse siempre el debido proceso.

Sobre esto último, el titular de la DGA indicó que el nuevo procedimiento brinda las debidas garantías para los afectados, como la notificación, el otorgamiento de un plazo para oponerse al remate, etc.

Complementando la intervención anterior, la asesora jurídica de la DGA, señora Celume, explicó que la primera fase administrativa del nuevo procedimiento no difiere mayormente en relación con el que existe hoy. La principal innovación se refiere a la eliminación del segundo remate. Agregó que otra innovación consiste en establecer que la acción ejecutiva de cobro prescribirá en tres años (el plazo normal es de cinco).

La diputada señora Girardi dijo que la mejor alternativa en la materia es que, en vez de rematarse el derecho por no pago de la patente, aquel retorne al Estado para que lo reasigne, según las prioridades que establece la ley. El remate contradice uno de los pilares del proyecto, que es fijar una jerarquía en las funciones del agua.

El diputado señor Gahona manifestó no compartir la postura anterior, inclinándose por el remate como una buena opción.

Número Nuevo (Actual 36.)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Modifícase el artículo 129 bis 12 del siguiente modo:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “constituirá título” por la siguiente: “tendrá mérito”.

b) Reemplázase en el inciso primero la frase “si se tuviese esta última” por la siguiente: “si se tuviesen estas dos últimas”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser octavo:

“Mientras no se haya dado cumplimiento al trámite señalado en el inciso anterior, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo indicado en el inciso primero del artículo 129 bis 13.

Recibida la nómina, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, y ordenará que esta resolución y la nómina de los derechos a subastar sean publicadas en dos días distintos en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente y en un diario de circulación nacional, independiente del soporte de los mismos, sea éste impreso, digital o electrónico. Corresponderá a la Tesorería General de la República efectuar estas publicaciones y cubrir sus gastos.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Las omisiones o errores en que la Tesorería haya incurrido en la nómina referida en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas.

El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán de igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal dará testimonio en los autos de haberse publicado el aviso en la forma y oportunidad señaladas.”.

d) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser octavo, del siguiente modo:

i) Sustitúyese la frase “del juicio ejecutivo” por la siguiente: “de este procedimiento”.

ii) Intercálase entre la frase “derechos de aprovechamiento” y el punto seguido (.), la siguiente: “o el de la comuna en que se encuentre ubicada la captación, en caso de no estar inscrito”.

iii) Elimínase la siguiente oración: “Será aplicable a este juicio, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.”.”.

La Comisión aprobó por unanimidad las letras a), b) y d) del numeral en referencia. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

La letra c) fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor votación las diputadas señoras Carvajal y Provoste, y el diputado señor Gahona; se abstuvieron la diputada señora Girardi y el diputado señor Núñez (don Daniel)

A propósito de esta disposición, el diputado señor Gahona exteriorizó su preocupación en el sentido que aquellos que no tienen sus derechos de aprovechamiento inscritos puedan contar con un plazo razonable para hacerlo.

En análogo sentido, la diputada señora Girardi propuso incluir un artículo transitorio en el proyecto, que permita demostrar posesión para así poder inscribir los derechos correspondientes; punto de vista que fue compartido por la diputada señora Provoste.

A su vez, la diputada señora Carvajal planteó la conveniencia de crear un registro de pequeños propietarios de derechos de aprovechamiento.

El diputado señor Núñez (don Daniel) manifestó que existe un gran número de personas que son propietarias de una acción (o una fracción de esta) sobre determinados derechos de aprovechamiento y que no tienen inscrito ese derecho. Se hace imperioso dar facilidades para que ello ocurra.

Número Nuevo (Actual 37.)

Este número nuevo obedece a una indicación del Ejecutivo que señala textualmente:

“Sustitúyase el artículo 129 bis 13 por el siguiente:

“Artículo 129 bis 13.- El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas, o la parte que corresponda, más un recargo del treinta por ciento de éste, y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor.

Para tomar parte en el remate, todo postor deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada, o la parte que corresponda, y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal. Asimismo, el Juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º, en un plazo máximo de dos meses, contado desde la inscripción de la adjudicación en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Si el Fisco no inscribiere la renuncia dentro de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, el juez respectivo podrá, a petición de cualquier interesado, ordenar a nombre del Fisco la inscripción de la renuncia en el Registro de Propiedad de Aguas correspondiente. En este caso, las aguas quedarán libres para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de conformidad a las normas generales.

Si la suma obtenida del remate excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado, una vez descontado el recargo, gastos y costas asociados al remate.

La venta en remate se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda y a ella podrán concurrir el Fisco, representado para estos efectos por el abogado del Servicio de Tesorerías; las instituciones del sector público y cualquier persona, natural o jurídica, en igualdad de condiciones. El Fisco podrá imputar al precio del remate el monto adeudado por concepto de patentes. El Fisco o cualquiera de las instituciones del sector público podrán concurrir al remate en igualdad de condiciones.

En aquellos casos donde el Fisco sea el único compareciente a la subasta o no se presentaren postores en el día señalado para el remate, el juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero de este artículo.

Será aplicable al procedimiento de remate del derecho de aprovechamiento lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Civil y el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, el Fisco tendrá preferencia para cobrar la patente adeudada con el producto del remate sobre todo otro acreedor.”.”.

La votación del texto sustitutivo del artículo 129 bis 13 fue de la siguiente manera:

Los incisos primero, segundo y quinto fueron aprobados por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez; en tanto que se abstuvo la diputada señora Girardi.

El inciso tercero fue aprobado por aprobado por idéntico quórum; conjuntamente con la siguiente indicación, y con el quórum que se especifica:

De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Venegas, al aludido inciso tercero, con el propósito de:

a) Agregar luego de la expresión “Si el Fisco”, la frase “no procediere a constituir reserva sobre dichas aguas para los usos prioritarios de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° ter o”.

b) Reemplazar el punto final por una coma (,) y agregar la frase “priorizando los usos de subsistencia y preservación ecosistémica.”

La indicación fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, y el diputado señor Núñez; lo hizo en contra el diputado señor Gahona, y se abstuvo la diputada señora Carvajal.

Los incisos cuarto, sexto y séptimo fueron aprobados por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

Números 28., 29. y 30. (Actual 38.)

Los números mencionados incorporan diversas modificaciones en los artículos 129 bis, 14, 15 y 16, respectivamente. En virtud de una indicación del Ejecutivo, complementada posteriormente por otra también de su autoría, se suprimen dichos artículos, como asimismo el 129 bis 18 del Código. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

El contenido de los referidos números es el siguiente:

“28) Modifícase el artículo 129 bis 14 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero:

i) Reemplázase la palabra “propietaria” por la expresión: “titular”.

ii) Sustitúyese la frase ”y podrán dirigirse contra uno o varios deudores a la vez, mediante el envío de carta certificada al domicilio del deudor”, por la siguiente: “, mediante recaudador fiscal del Servicio de Tesorerías, quien notificará personalmente y actuará como ministro de fe para todos los efectos de este proceso de cobro”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“En caso que no sea posible notificar y requerir de pago al deudor personalmente por no ser habido, estas actuaciones se realizarán conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; pero en aquellos casos en que el ministro de fe certifique que aquel lugar corresponde al domicilio del deudor, no será necesario, en este caso, cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará una nueva resolución del tribunal competente, para la entrega de las copias que en él se disponen.”.

c) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “No obstante lo anterior, para que este embargo sea oponible a terceros, se deberá requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces competente, mediante recaudador fiscal. Este trámite no tendrá costo para el Fisco, ante aquel auxiliar de la Administración de Justicia.”.

29) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 129 bis 15 la frase “las publicaciones señaladas en el artículo anterior” por la siguiente: “la notificación y requerimiento de pago”.

30) Modifícase el artículo 129 bis 16 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las frases “día y hora para el remate, la que” y “se publicará,” la siguiente frase: “deberá notificar el ministro de fe, por cédula al deudor, y además”.

b) Elimínase en el inciso primero la siguiente frase: “La nómina, además, se difundirá mediante mensaje radial en una emisora con cobertura territorial del área pertinente.”.

c) Reemplázase en el inciso quinto la frase “los avisos” por la siguiente: “el aviso”.

d) Intercálase en el inciso décimo entre las frases “podrán concurrir, el Fisco,” y “las instituciones del sector público” la siguiente frase: “representado para estos efectos por el abogado del Servicio de Tesorerías,”.

e) Agrégase al inicio del inciso undécimo la siguiente frase: “En aquellos casos donde el Fisco sea el único compareciente a la subasta, el Juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del Fisco, a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º en un plazo máximo de dos meses, contados desde la inscripción de la adjudicación en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Si el Fisco no inscribiere la renuncia dentro de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, el juez respectivo podrá, a petición de cualquier interesado, ordenar a nombre del Fisco la inscripción de la renuncia en el Registro de Aguas correspondiente. En este caso, las aguas quedarán libres para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de conformidad a las normas generales.”.

Número 31. (Actual 39.)

El número supra introduce una modificación en el artículo 129 bis 17, que en su texto en vigor estipula (en síntesis) que los demás procedimientos relativos al remate se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

La reforma consiste en agregar al final del precepto la siguiente oración: “, pero los plazos allí establecidos no serán fatales para el Fisco, cuando éste actúe como adjudicatario”.

La Comisión aprobó por unanimidad el número nuevo. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

Número Nuevo (Actual 40.)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo, que modifica el inciso primero del artículo 132 del Código, que establece que los terceros que se sientan afectados en sus derechos, podrán oponerse a la presentación dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la última publicación o de la notificación, en su caso.

La enmienda consiste en intercalar, entre las expresiones “los terceros” y “que se sientan”, la frase “titulares de derechos de aprovechamiento constituidos e inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo”.

La modificación fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

Número Nuevo (Actual 41.)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo, que intercala el siguiente artículo 134 bis.

“Artículo 134 bis.- La Dirección General de Aguas publicará, conjuntamente con los datos de determinación a que alude la resolución señalada en el inciso primero del artículo 129 bis 7, una resolución que contenga el listado de los titulares de los derechos de aprovechamiento que no han hecho uso efectivo del recurso y que sean susceptibles de extinguirse de conformidad a lo preceptuado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5. Esta publicación se considerará como notificación suficiente para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho de aprovechamiento.

El titular del derecho de aprovechamiento que a consecuencia de la publicación determinada en el inciso anterior sea afectado en sus legítimos intereses, tendrá un plazo de 30 días contado desde la publicación de la referida resolución en el Diario Oficial para oponerse a su inclusión en dicha resolución, aportando toda la prueba que considere necesaria y adecuada para acreditar el uso efectivo del recurso.

La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, podrá, mediante resolución fundada, solicitar aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes para mejor resolver que estime necesarios. Este período para solicitar pruebas o aclaraciones adicionales, no podrá ser superior a 60 días, pudiendo prorrogarse justificadamente y por una sola vez por un plazo de 30 días adicionales.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, dentro del plazo de 30 días contado desde su vencimiento, deberá dictar una resolución fundada que constate si procede o no la extinción del derecho de aprovechamiento por la no utilización efectiva del recurso, de conformidad a lo indicado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5, en las proporciones efectivamente no utilizadas que correspondan.

Esta resolución se notificará de conformidad a lo indicado en el artículo 139. Contra esta resolución procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137. Transcurridos los plazos legales y una vez que la resolución anterior se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces, practicar las cancelaciones y las inscripciones que procedan.

En lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el procedimiento general del Título I del Libro II de este Código.”.

La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 134 bis. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona y Núñez (don Daniel).

Número 32. (Actual 42.)

Este número modifica el artículo 142 del Código en mención, que establece el procedimiento a que debe ceñirse la DGA para el remate de derechos de aprovechamiento de aguas.

La reforma al artículo se traduce en incorporarle el siguiente inciso final:

“El procedimiento de remate de que dan cuenta los incisos anteriores, no podrá aplicarse en los casos en que las solicitudes presentadas se refieran a los usos de la función de subsistencia. La preferencia para la constitución de los derechos de aprovechamiento originados en dichas solicitudes se aplicará teniendo en consideración la relación existente entre el caudal solicitado y el uso equivalente, respecto de una misma persona, de conformidad a la normativa en vigor.”.

La Comisión aprobó por unanimidad el número de la referencia. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

El señor director de la DGA explicó que la indicación del Ejecutivo al artículo precitado es coherente con el principio de que el acceso al agua para el consumo humano es un derecho básico.

Número 33. (Actual 43.)

El número en cuestión incorpora dos modificaciones en el artículo 147 bis.

a) En el inciso tercero, cuyo texto en vigor señala las circunstancias bajo las cuales el Presidente de la República puede, mediante decreto fundado, con informe de la DGA, disponer la denegación parcial de una petición de derecho de aprovechamiento.

Se reemplaza dicho inciso por el siguiente:

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° bis, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, previo informe de la Dirección General de Aguas, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente.”.

El texto de reemplazo fue aprobado por unanimidad, con una adecuación de referencia. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

b) En el inciso cuarto, que en su redacción vigente señala que si en razón de la disponibilidad de agua no es posible constituir el derecho de aprovechamiento en las condiciones solicitadas, el Director General de Aguas podrá hacerlo en cantidad o con características diferentes, siempre que conste el consentimiento del interesado.

Se sustituye el aludido inciso por el siguiente:

“Si no existe disponibilidad para otorgar los derechos de aprovechamiento en la forma solicitada, el Director General de Aguas podrá hacerlo en la cantidad o con características diferentes, pudiendo, incluso, denegar total o parcialmente las solicitudes respectivas.”.

La Comisión aprobó por idéntico quórum (10 a favor) el texto transcrito; conjuntamente, y también por unanimidad, una indicación de la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, que agrega al final del inciso cuarto, antes del punto aparte, la expresión “, según corresponda”.

Número 34. (Actual 44.)

Este modifica el artículo 147 ter, que faculta al afectado por un decreto presidencial que disponga la denegación parcial de una petición de derecho de aprovechamiento para reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La enmienda tiene por propósito anteponer al vocablo “parcial” la expresión “total o”.

La Comisión aprobó por unanimidad el número 34). Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

El señor director de la DGA manifestó que la norma propuesta por el Ejecutivo protege el derecho a reclamar ante la justicia en caso de denegación de una solicitud de derecho de aprovechamiento.

Número 35. (Actual 45.)

El número en referencia intercala entre los artículos 147 ter y 148 un artículo 147 quáter, del siguiente tenor:

“Artículo 147 quáter.- Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, siéndole aplicable las limitaciones del artículo 5° quinquies. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo “Por orden del Presidente”.”.

La Comisión aprobó por simple mayoría el número en mención. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Saldívar y Venegas. En contra lo hicieron los señores Álvarez-Salamanca y Urrutia (don Ignacio), y se abstuvo el señor Rathgeb.

El diputado señor Urrutia (don Ignacio) explicó que su voto en contra del artículo 147 quáter obedece a que la constitución de derechos de aprovechamiento, incluso cuando no existe disponibilidad, implicaría una expropiación. El origen de este problema radica en el sobre otorgamiento de derechos. Según lo expuesto, formuló reserva de constitucionalidad del artículo 147 quáter, el cual, a su juicio, vulnera la garantía del derecho de propiedad, del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

En torno a este artículo, el señor director de la DGA reconoció que en algunos lugares se han sobre otorgado derechos de aprovechamiento hasta por 8 veces. Ahora bien, el acceso al agua para el consumo humano es un derecho fundamental, y sobre esa premisa es absolutamente legítimo que, en caso necesario, el Estado restrinja el uso del agua para fines distintos del antes mencionado. En todo caso, son muy pocas las situaciones (que comprenden a no más del 1% de la población) en que se requeriría prorratear el uso del agua para garantizar el consumo humano.

El diputado señor Gahona opinó que en situaciones extremas y muy calificadas se justifica el prorrateo a que aludió el titular de la DGA.

No obstante votar a favor, el diputado señor Lemus manifestó reparos por la circunstancia de que en la función de subsistencia se entiendan consideradas las empresas sanitarias.

Respecto de lo anterior, el señor director de la DGA aseguró que no hay ninguna junta de vigilancia o asociación de canalistas que se haya manifestado en contra de la propuesta en cuestión.

Número 36. (Actual 46.)

Este modifica en varios aspectos el artículo 149, que enuncia las menciones del acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho de aprovechamiento:

a) En el numeral 5, que dice: “El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, se agrega al inicio la expresión “La distancia,”.

b) Se intercalan los siguientes números 6 y 7, pasando los actuales 6 y 7 a ser 8 y 9, respectivamente:

"6. El uso específico, como el dispuesto para el caso de las concesiones sobre aguas reservadas;

7. La extensión temporal del derecho de aprovechamiento;".

Las letra a) y b) fueron aprobadas por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Saldívar.

c) Se elimina el inciso final, según el cual el derecho de aprovechamiento constituido de conformidad a este artículo (149), no quedará en modo alguno condicionado a un determinado uso y su titular o los sucesores en el dominio a cualquier título podrán destinarlo a los fines que estimen pertinentes.

La letra c) fue rechazada por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Morano, Rathgeb, Rivas y Saldívar.

En su reemplazo se aprobó una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, que sustituye el inciso final del artículo 149 por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° bis, el derecho de aprovechamiento quedará condicionado a su uso en los casos en que la ley lo disponga expresamente.”.

La indicación parlamentaria fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor sus autores y, además, los diputados señores Álvarez-Salamanca, Morano, Rathgeb y Rivas; en tanto que se abstuvieron la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona.

Las modificaciones al artículo 149 dieron origen a un debate, cuya síntesis pasa a exponerse.

La asesora jurídica de la DGA, señora Celume, explicó que la modificación propuesta por la letra a) es concordante con lo establecido en el artículo 140 del código, que regula el contenido de la solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento, cuyo número tercero señala que en el caso de los derechos no consuntivos se debe indicar el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución. Por su parte, el número séptimo propuesto por la letra b) de la indicación es concordante con el artículo 6°, que establece una extensión temporal del derecho de aprovechamiento, el cual no puede ser superior a los 30 años.

En relación con la modificación propuesta por la letra c), la asesora de la DGA argumentó que, de acuerdo a las enmiendas introducidas a otros preceptos del Código, existen ciertos usos respecto de los cuales se condiciona a su titular mantener dicho uso y no poder transferirlo (es el caso, por ejemplo, de las concesiones para el agua potable de los comités de agua potable rural y las cooperativas, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos en las áreas protegidas, etc.). Por lo tanto, el cambio propuesto al artículo 149 sería concordante.

Sobre la indicación parlamentaria al inciso final, la diputada señora Girardi explicó que ella se condice con el respeto por los usos originarios del recurso hídrico, conforme a lo ya aprobado por la comisión.

El señor director de la DGA coincidió en que dicha indicación guarda coherencia con otras disposiciones aprobadas, y acotó que en ciertos casos se condiciona el uso porque se trata de derechos prioritarios o preferenciales.

Por último, la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona fundamentaron su voto de abstención respecto de la aludida indicación argumentando que ella no constituye un aporte.

Número 37. (Actual 47.)

Este número, que modifica el inciso primero del artículo 150, en el sentido que la resolución que confiere el derecho de aprovechamiento debe inscribirse en el Registro correspondiente dentro del plazo de 60 días contado desde el otorgamiento, bajo apercibimiento de caducidad del mismo, fue objeto de una indicación sustitutiva de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y de los diputados señores Gahona, Lemus, Rathgeb, Saldívar y Venegas, en cuya virtud la inscripción de la resolución en comento debe efectuarse dentro de 6 meses, bajo la sanción mencionada.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación en comento. Participaron en la votación, además de quienes la suscribieron, los diputados señores Álvarez-Salamanca y Urrutia (don Ignacio).

El señor director de la DGA explicó que el sentido de la modificación propiciada por el Ejecutivo a este artículo es incentivar el uso efectivo del agua, evitando la especulación con los derechos de aprovechamiento. Agregó que es positiva la ampliación del plazo de inscripción de la resolución en comento a seis meses, como lo plantea la indicación parlamentaria.

Número 38. (Actual 48.)

El número supra introduce dos modificaciones en el inciso primero del artículo 151, que en su redacción actual señala que toda solicitud de construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas deberá expresar, además de la individualización del peticionario, la ubicación precisa de las obras de captación en relación a puntos de referencia conocidos, la manera de extraer el agua y los títulos que justifiquen el dominio de los derechos de aprovechamiento que se captarán con las obras que se pretende ejecutar.

Las enmiendas son las siguientes:

a) Se sustituye la expresión “en relación a puntos de referencia conocidos” por la siguiente: “en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19”.

b) Se reemplaza la frase “el dominio de los derechos de aprovechamiento” por la siguiente: “el derecho del particular para usar y gozar de las aguas,”.

La Comisión rechazó por unanimidad la letra a), aprobando en su reemplazo, por idéntica votación, una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, en virtud de la cual se agregan al inciso primero del artículo 151, luego de la frase “de las obras de captación”, la expresión “, en coordenadas UTM o”; y después de “puntos de referencia” los vocablos “permanentes y”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Morano, Rathgeb, Rivas y Saldívar.

La letra b), a su vez, fue aprobada en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo, por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Cicardini, Girardi y Provoste, y los diputados señores Morano, Rathgeb, Rivas y Saldívar; en tanto que votaron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

Acerca de la indicación parlamentaria recaída en la letra a), el señor director de la DGA manifestó su opinión favorable, ya que mejora la redacción propuesta por el Ejecutivo, manteniendo aspectos rescatables de esta última, como las coordenadas UTM.

En otro plano, el diputado señor Gahona explicó que su voto de rechazo a la modificación contenida en la letra b) del número en referencia es coherente con su posición sobre enmiendas de semejante tenor, es decir, porque se elimina un atributo esencial del derecho real de propiedad respecto del derecho de aprovechamiento de aguas, que es su disposición.

Número 39. (Actual 49.)

El número en comento modifica el artículo 158, que en su redacción en vigor preceptúa que la DGA podrá cambiar la fuente de abastecimiento, el cauce y el lugar de entrega de las aguas de cualquier usuario, a petición de este o de terceros interesados, cuando así lo aconseje el más adecuado empleo de ellas.

La enmienda consiste en agregar el siguiente inciso segundo:

“Si la solicitud se refiere al cambio de fuente de abastecimiento de una cuenca a otra, la Dirección General de Aguas, antes de resolver, deberá evaluar el interés público comprometido en dicho traslado de derechos, en virtud del inciso segundo del artículo 5°.”.

La Comisión aprobó por unanimidad el número 39; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo, que rectifica que la referencia al artículo 5° debe entenderse hecha al artículo 5° bis. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb, Saldívar, Urrutia (don Ignacio) y Venegas.

La asesora jurídica de la DGA comentó que la enmienda al artículo 158 fue sugerida por el ministerio de Agricultura, con el propósito de que en la resolución sobre traslado de derechos de una cuenca a otra se considere el interés público.

El diputado señor Lemus sostuvo que el tema del cambio de la fuente de abastecimiento de una cuenca a otra es muy sensible, porque se ha prestado para abusos.

Número 40. (Actual 50.)

Este modifica el artículo 159, cuya actual redacción estipula que el cambio de fuente de abastecimiento sólo podrá efectuarse si las aguas de reemplazo cumplan con determinados requisitos y, además, la sustitución no cause perjuicio a los usuarios.

La reforma a este artículo se traduce en incorporar los siguientes incisos segundo y tercero:

“Además, la Dirección General de Aguas deberá evaluar el interés público comprometido por la solicitud en la nueva fuente, en virtud del inciso segundo del artículo 5°.

En el caso de las aguas residuales de los ríos o cauces naturales en su tramo inmediatamente anterior a su desembocadura en el mar, la Dirección General de Aguas podrá autorizar o disponer el traslado a otras cuencas de los recursos hídricos disponibles, debiendo considerar un caudal ecológico hasta la total desembocadura del río o cauce, en el mar.”.

El nuevo inciso segundo propuesto fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y también por asentimiento unánime, con una indicación del Ejecutivo que le incorpora adecuaciones de referencia (reemplazar “5°” por “5° bis”). Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar.

El nuevo inciso tercero recibió una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, que lo suprime. Fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus y Saldívar; y lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

El señor director de la DGA manifestó que el artículo 159 del Código establece las condiciones para que pueda autorizarse el cambio de fuente de abastecimiento. Lo usual es el cambio de una fuente superficial a otra subterránea. El sentido de la indicación del Ejecutivo a este artículo es fijar nuevas exigencias para permitir aquello. De ahí que deba considerarse lo preceptuado en el artículo 5° bis, que prioriza el consumo humano dentro de las funciones del agua. En síntesis, se busca coherencia con normas ya aprobadas.

La diputada señora Girardi explicó que la indicación al inciso tercero obedece a que el texto propuesto por el Ejecutivo generaría un impacto desde el punto de vista ecológico y ambiental, pudiendo producirse eventualmente una destrucción de la riqueza de los ecosistemas involucrados, toda vez que el tema no se circunscribe al traslado de aguas.

El diputado señor Gahona estimó, en cambio, que la indicación parlamentaria es excesivamente protectora del medio ambiente y afectaría el consumo humano; posición que fue compartida por la diputada señora Molina.

Número 41. (Actual 51.)

El número en referencia incorpora una enmienda en el inciso primero del artículo 189, norma en cuya virtud los interesados deberán hacer valer en el comparendo al que fueren citados los títulos o antecedentes que sirvan para establecer sus derechos.

La modificación consiste en suprimir la expresión “o antecedentes”.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación en comento. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar.

La abogada de la DGA, señora Celume, manifestó que el sentido de la indicación es evitar la duplicidad en la inscripción de derechos de aprovechamiento. Acotó que la reforma del artículo precitado tiene estrecha vinculación con el artículo segundo transitorio del Código, que se refiere a la regularización de títulos.

Sobre el mismo punto, el señor director de la DGA hizo presente que la norma que se modifica está inserta en el párrafo “De las comunidades de aguas”, y el artículo 193 expresa que el derecho de los comuneros es el que aparece en los títulos. De modo que la expresión “o antecedentes”, del artículo189, puede prestarse a equívocos.

Acerca de esta materia, el diputado señor Gahona recordó que alrededor de la mitad de los derechos de aprovechamiento no se encuentran inscritos.

Números 42. a 46. (Actuales 52. a 56.)

Estos cinco números incorporan adecuaciones formales a los artículos 197, 201, 250, 260 y 262 del Código, del mismo tenor que se señaló a propósito de otras normas del proyecto.

La Comisión aprobó por simple mayoría los números enunciados. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Rivas, Saldívar y Venegas; mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

Número 47. (Actual 57.)

Este introduce diversas enmiendas en el artículo 299, que enuncia las atribuciones y funciones de la DGA, como asa a examinarse.

i) En la actual letra b), que consagra la atribución de investigar y medir el recurso, debiendo para ello asumir las tareas que se especifican, se reemplaza la expresión “Investigar y medir el recurso” por la siguiente oración: "Investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención a la conservación y protección de las aguas".

ii) En el numeral 1. de la aludida letra b), que prescribe el deber de la DGA (en el marco de la función de investigar y medir el recurso), de mantener y operar el servicio hidrométrico nacional y proporcionar y publicar la información correspondiente, se intercala, a continuación de la expresión “hidrométrico nacional”, la frase “, el que incluye tanto mediciones de cantidad como calidad de aguas,”.

iii) En la actual letra c) del aludido artículo del Código, que plasma la atribución de la DGA de ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en estos se construyan, alteren o destruyan obras sin la debida autorización, se intercala, luego de la expresión “cauces naturales de uso público”, la siguiente oración: “, impedir, denunciar o sancionar la afección a la cantidad y la calidad de éstas, de conformidad al inciso primero del artículo 129 bis 2 y el artículo 171 y siguientes,”.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime el número en referencia; conjuntamente, y por el mismo quórum, con una indicación del Ejecutivo que agrega un numeral 4. a la letra b) del artículo, y que es del siguiente tenor: “4. Reevaluar las circunstancias que dan origen a una declaración de área de restricción y a una zona de prohibición.”. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb, Rivas, Saldívar y Venegas.

El señor director de la DGA explicó que las modificaciones al artículo en mención tienen por finalidad dejar establecida la función que le compete a la DGA de monitorear la calidad y cantidad del agua. Acotó, frente a una consulta del diputado señor Gahona, que la DGA aumentó en 2015 su planta, incorporando 42 profesionales, según se acordó en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos. Actualmente el organismo cuenta con los medios necesarios (personal, laboratorios) para investigar y medir el recurso.

Número 48. (Actual 58.)

Incorpora una adecuación de tipo formal en el artículo 303, de análogo alcance a las consignadas previamente.

Se aprobó por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Rivas y Saldívar; mientras que lo hicieron en contra la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb.

Número 49. (Actual 59.)

Este número incorpora, a continuación del artículo 307, el siguiente artículo 307 bis en el Código de Aguas:

“Artículo 307 bis.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal ecológico contemplado en el artículo 129 bis 1 y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, de conformidad a las normas que establezca el Servicio, a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Además, en el caso de los derechos no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución.

Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y transmita a la Dirección General de Aguas la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído y, en los usos no consuntivos, restituido, desde la fuente natural.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada.”.

Fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel), que agrega en el inciso final, a continuación de la expresión “inciso anterior”, la frase “así como lo dispuesto en los artículos 38, 67 y 68”. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb y Rivas.

El señor director de la DGA explicó que lo esencial de la norma propuesta es entregar a ese organismo la facultad (“podrá”) de exigir la instalación de los sistemas de medición que especifica la disposición.

Número 50. (Actual 60.)

El número en referencia introduce varias enmiendas en el artículo 314, que regula la declaración de zona de escasez, según pasa a analizarse.

a) Se modifica el inciso primero, cuyo texto vigente limita a un período máximo de seis meses, no prorrogable, la declaración en comento. Se propone, al respecto, extender la declaración a un plazo máximo de un año, prorrogable por un período igual o menor.

b) Se sustituye el inciso tercero, que en su redacción vigente establece, en síntesis, que una vez declarada la zona de escasez, y no habiendo acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas, la DGA podrá hacerlo respecto de las disponibles en las fuentes naturales, para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Podrá, para ello, suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia.

El texto de reemplazo es el siguiente:

“Declarada la zona de escasez, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Podrá para ello, suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.”.

c) Se intercala el siguiente inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser quinto, y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso que se acredite existir graves carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° bis, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos requerimientos, por sobre los demás usos. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso, estarán vigentes mientras se halle en vigor el decreto de escasez respectivo. Los efectos ocasionados con la redistribución no darán derecho a indemnización alguna.”.

d) Se modifica el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, que estipula que una vez declarada la zona de escasez, y por el mismo período señalado en el inciso primero, la DGA podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo

La enmienda consiste en intercalar, a continuación de la frase “podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas”, la siguiente: “y destinarlas preferentemente a los usos de la función de subsistencia,”.

e) Se suprime el actual inciso séptimo, que prescribe que el titular de derechos que reciba menor proporción de aguas que la que le correspondería tendrá derecho a ser indemnizado por el fisco.

Las letras a) y b) del número en referencia fueron aprobadas por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb y Rivas.

Las letras c) y d) fueron aprobadas, también, por asentimiento unánime, con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Rathgeb y Saldívar.

La letra e) fue rechazada por unanimidad, aprobándose en su reemplazo, por idéntica votación, una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Gahona, Lemus, Morano y Rathgeb, que agrega en el actual inciso séptimo, que pasa a ser octavo, del artículo 314, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No tendrán derecho a esta indemnización quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.”.

Participaron en la votación las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus, Morano y Rathgeb.

El señor director de la DGA precisó que los decretos de escasez que dicta el Presidente de la República responden a ciertos criterios. Acotó que cuando se dictó el Código de Aguas, en 1981, la escasez hídrica y la sequía eran situaciones excepcionales. Este cuadro ha variado significativamente en el último tiempo, y por tal razón se propone reemplazar los “seis meses no prorrogables” de la declaración de zona de escasez, por “un año prorrogable por igual o menor período”. Agregó, por otra parte, que el prorrateo de aguas efectuado por la DGA podría, eventualmente, y por un error involuntario, beneficiar a un titular en desmedro de otro. Por eso se contempla el derecho a indemnización, el cual, de acuerdo a la indicación al inciso séptimo, no procede en caso de redistribución del recurso para asegurar la subsistencia.

El diputado señor Gahona dijo que, si bien no le merece reparos que en caso de escasez la autoridad pueda redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales para asegurar la función de subsistencia, la modificación propuesta a este artículo, particularmente a través de los nuevos incisos cuarto y quinto, podría prestarse para privilegiar usos del recurso que van más allá del consumo humano. Por otra parte, exteriorizó su preocupación por la circunstancia de que se elimine la indemnización en beneficio de los titulares afectados por la medida de reducción proporcional de aguas que disponga la DGA.

Por su parte, el diputado señor Lemus valoró la facultad que se le otorga a la DGA para actuar en el evento de presentarse una extraordinaria sequía.

La diputada señora Provoste se mostró de acuerdo en suprimir la indemnización en situación de escasez, pues lo que debe prevalecer es el interés público.

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En forma previa a la discusión y votación de las normas que inciden en los artículos transitorios tanto del Código de Aguas como del proyecto, y en atención a que con fecha 7 de octubre de 2015 el Ejecutivo ingresó varias indicaciones sobre el particular, la Comisión estimó del caso escuchar una exposición del director de la DGA y de su asesora legislativa sobre el alcance de las modificaciones propuestas por aquellas.

El titular de la DGA, señor Estévez, explicó que, al amparo de los actuales artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, se han sobre otorgado derechos de agua, y es por ello que en la indicación sustitutiva del proyecto original que modifica el Código, el Ejecutivo propuso en su momento la supresión del artículo 5° transitorio. Ilustró la afirmación anterior señalando que se estima que en la provincia de Petorca alrededor del 42% de los derechos de aprovechamiento de agua se habrían concedido invocando las mencionadas normas. No obstante que el gobierno había resuelto poner término al mecanismo de regularización de derechos contemplado en esos artículos, luego, y considerando que muchos agricultores no han regularizado todavía sus derechos, pero utilizan el agua, optó por otra alternativa, que quedó plasmada en las últimas indicaciones presentadas. En síntesis, se establece en ellas que el procedimiento para regularizar los derechos de aprovechamiento que contemplan los artículos 2° y 5° transitorios se extiende a 5 años, contados desde la publicación de la ley (actualmente son 6 meses). Además, se otorga un papel muy activo a las organizaciones de usuarios en dicho procedimiento, sin perjuicio de mantenerse la posibilidad de regularizar en forma individual. Una tercera característica importante del nuevo sistema regulatorio acerca de la materia es que el procedimiento de regularización va a trasladarse desde la sede judicial a la administrativa, lo que implicará un costo adicional para el fisco, lo que se refleja en el correspondiente informe financiero. No obstante este mayor costo, el cambio se justifica con creces, porque la decisión va a quedar radicada en el organismo que maneja la información acerca de la disponibilidad de agua. Por último, junto con reiterar que en la indicación sustitutiva de octubre de 2014 el Ejecutivo planteaba la supresión del actual artículo 5° transitorio del Código, relativo a la regularización de derechos de los predios ex Cora, con el transcurso del tiempo optó por modificar ese artículo, ya que en la práctica no es posible poner término al procedimiento que ahí se regula.

Complementando la exposición del director de la DGA, la asesora jurídica de esa repartición, señora Celume, sostuvo que por la aplicación que se ha dado a los artículos 2° y 5° transitorios, estos se han transformado en permanentes. Destacó lo expresado por el señor Estévez, en cuanto a la conveniencia de trasladar el procedimiento de regularización a los órganos administrativos, otorgándole además un rol relevante a las organizaciones de usuarios. Entre las ventajas que ofrece el nuevo mecanismo está el menor costo para los solicitantes. Por otra parte, subrayó que uno de los inconvenientes del sistema vigente es que la información de la DGA no es vinculante para los tribunales, los que en varias oportunidades han dictado sentencia prescindiendo de la opinión del organismo técnico. Otro aspecto que se ha querido corregir con las indicaciones es la duplicidad de inscripciones de derechos de aprovechamiento, al amparo del artículo 5° transitorio. También se ha demostrado la necesidad de modificar el 2° transitorio, que permite probar el uso consuetudinario de las aguas mediante testigos, lo que es delicado.

La Comisión acogió favorablemente el nuevo enfoque dado por el Ejecutivo al tema de la regularización de derechos.

El diputado señor Urrutia (don Ignacio) respaldó la extensión del plazo de regularización desde l actuales 6 meses a 5 años. También apoyó la iniciativa de que el procedimiento pueda hacerse de manera colectiva, a través de las organizaciones de usuarios, toda vez que ello favorece especialmente a los pequeños propietarios.

En similares términos se expresó la diputada señora Molina.

A su vez, la diputada señora Provoste dijo que las indicaciones en comento recogen el sentir de los usuarios, particularmente en lo que se refiere a radicar exclusivamente en la sede administrativa el conocimiento de las solicitudes de regularización de los derechos de aprovechamiento. También destacó la voluntad de poner término a la duplicidad en la inscripción de derechos de agua.

N° Nuevo (Actual 61.)

Corresponde a una indicación del Ejecutivo, que incorpora varias modificaciones en el artículo 2° del Código, cuyo texto en vigor dice así:

“Artículo 2°- Los derechos de aprovechamiento inscritos que estén siendo utilizados por personas distintas de sus titulares a la fecha de entrar en vigencia este código, podrán regularizarse cuando dichos usuarios hayan cumplido cinco años de uso ininterrumpido, contados desde la fecha en que hubieren comenzado a hacerlo, en conformidad con las reglas siguientes:

a) La utilización deberá haberse efectuado libre de clandestinidad o violencia, y sin reconocer dominio ajeno;

b) La solicitud se elevará a la Dirección General de Aguas ajustándose en la forma, plazos y trámites a lo prescrito en el párrafo 1° del Título I del Libro II de este código;

c) Los terceros afectados podrán deducir oposición mediante presentación que se sujetará a las reglas señaladas en la letra anterior, y

d) Vencidos los plazos legales, la Dirección General de Aguas remitirá la solicitud y todos los antecedentes más la oposición, si la hubiere, al Juez de Letras en lo Civil competente, quien conocerá y fallará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 177 y siguientes de este código.

El mismo procedimiento se aplicará en los casos de las personas que, cumpliendo todos los requisitos indicados en el inciso anterior, solicitaren inscribir derechos de aprovechamiento no inscritos, y aquellos que se extraen en forma individual de una fuente natural.”.

Las enmiendas propuestas por el Ejecutivo son las siguientes:

1) En el inciso primero:

i) Se reemplaza la frase “Los derechos de aprovechamiento inscritos” por “Los usos actuales de las aguas”.

ii) Se sustituye la palabra “utilizados” por “aprovechados”.

iii) Se elimina la frase “por personas distintas de sus titulares”.

iv) Se reemplaza la letra d) por la siguiente:

“d) Reunidos todos los antecedentes, la Dirección General de Aguas, previo a resolver, podrá consultar a la Organización de Usuarios respectiva, en caso que ésta exista, su opinión fundada sobre características del uso y su antigüedad. La respuesta de la organización no será vinculante para el servicio”.

v) Se agrega la siguiente letra e):

“e) La Dirección General de Aguas emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada que reconocerá los derechos de aprovechamiento que cumplan con los requisitos descritos en este artículo, señalando las características esenciales del derecho de aprovechamiento. En caso contrario, denegará la solicitud. A la resolución que reconozca el derecho de aprovechamiento le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 del este Código.”.

2) Se reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“Las Organizaciones de Usuarios legalmente constituidas podrán presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan individualmente los requisitos para ello.”.

La Comisión aprobó por simple mayoría las indicaciones del Ejecutivo. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus y Núñez; mientras que se abstuvo el señor Morano.

La asesora jurídica de la DGA, señora Celume, manifestó que el actual artículo segundo transitorio se refiere a la regularización de los denominados “usos consuetudinarios” del agua. Para tal efecto, exige comprobar la utilización ininterrumpida durante 5 años, antes de 1981, cuando entró a regir el Código. Las principales innovaciones que se postulan en la materia consisten, por una parte, en que el procedimiento va a estar radicado en la DGA, al contrario de lo que sucede hoy, en que la justicia puede desechar la opinión del organismo técnico. Además, el trámite de regularización va a ser más breve y se permitirá efectuarlo a las organizaciones de usuarios, pero cumpliendo los mismos requisitos.

N°51 (Actual 62.)

Este elimina el artículo quinto transitorio del Código de Aguas, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo. 5° transitorio.- La determinación e inscripción de los derechos de aprovechamiento provenientes de predios expropiados total o parcialmente o adquiridos a cualquier título por aplicación de las leyes N°s 15.020 y 16.640, podrá efectuarse de acuerdo con las reglas siguientes:

1.- El Servicio Agrícola y Ganadero determinará, en forma proporcional a la extensión regada, los derechos de aprovechamiento que corresponden a cada predio asignado, a la reserva, a la parte que se hubiere excluido de la expropiación y a la que se hubiere segregado por cualquier causa cuando ello fuere procedente. Cuando la dotación que tenga el predio expropiado total o parcialmente fuere insuficiente para efectuar una adecuada distribución de las aguas, el Servicio podrá incorporar a ella otros derechos de que disponga.

2.- La determinación de los derechos a que se refiere el número anterior se hará mediante resolución exenta, que deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente.

3.- Los interesados podrán reclamar de la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero dentro del plazo de 60 días corridos desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, ante el Juez de Letras Civil competente, quien conocerá y fallará de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 177 y siguientes de este Código.

4.- Los propietarios de los predios comprendidos en la resolución a que se refiere el número 2 podrán inscribir a su nombre los derechos de aprovechamiento establecidos para tales predios con la sola presentación de la inscripción de dominio del inmueble. En este caso, la inscripción de la aludida resolución será suficiente para determinar la cantidad de derechos que corresponde a cada predio y no regirá lo establecido en el artículo 1° transitorio de este Código.

El Servicio Agrícola y Ganadero podrá requerir la inscripción de los derechos de aprovechamiento a que se refiere este artículo y comprometer recursos en ello.”.

El número supra de la indicación sustitutiva del Ejecutivo fue objeto de una indicación, también del Ejecutivo, que lo reemplaza por un texto que le incorpora diversas modificaciones al artículo transcrito (5° transitorio), a saber:

1) En el inciso primero:

i) Se sustituye la expresión “La determinación” por la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2° transitorio, la determinación”.

ii) Se reemplazan los numerales 1., 2., 3., y 4. por los siguientes:

“1. Deberá acreditarse la existencia y extensión de los derechos de aprovechamiento de aguas expropiados, la relación entre tales derechos y la superficie regada, y la circunstancia de que no existan otros derechos de aprovechamiento asignados al mismo predio. Para lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá requerir al Servicio Agrícola y Ganadero para que éste informe acerca de dichas circunstancias en referencia a cada predio asignado, a la reserva, a la parte que se hubiere excluido de la expropiación y a la que se hubiere segregado por cualquier causa cuando ello fuere procedente. Lo anterior, en forma proporcional a la extensión efectivamente regada, a la fecha de la expropiación. Este informe no tendrá carácter vinculante.

Previo a resolver, la Dirección General de Aguas, podrá solicitar las aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor resolver, de conformidad se indica en el inciso segundo del artículo 135.

2. La regularización de los derechos a que se refiere este artículo se hará mediante resolución de la Dirección General de Aguas, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 del presente Código. Esta resolución deberá publicarse en el extracto del Diario Oficial para efectos de su notificación y en su contra procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

3. A la resolución que determine el derecho de aprovechamiento de conformidad a estas reglas, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de éste Código.”.

2) Se reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“Esta regularización no le será aplicable a aquellos predios expropiados por las leyes N°s 15.020 y 16.640 que a la fecha de dicha expropiación no contaban con derechos de aprovechamiento.”.

La Comisión aprobó por unanimidad las modificaciones del Ejecutivo al artículo 5° transitorio del Código de Aguas. Tomaron parte en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

La señora Celume, de la DGA, explicó que al amparo del actual artículo 5° transitorio del Código el SAG ha regularizado los derechos de agua de una parte significativa de los predios expropiados por la CORA, pero aún faltan por regularizar. Con tal propósito se fija un plazo de 5 años para ingresar la solicitud correspondiente, que hoy no existe. Otra innovación importante es que el la DGA podrá recabar informes al SAG para resolver, en circunstancia que en la actualidad el SAG es el organismo que determina los derechos de aprovechamiento que corresponden a cada predio asignado.

Sobre el mismo tema, el titular de la DGA, señor Estévez, hizo presente que el artículo 5° transitorio aborda un aspecto muy específico, cual es la determinación de los derechos de agua de los ex predios CORA, pero en la práctica el procedimiento contenido en aquel se ha transformado en un procedimiento de regularización. Ahora bien, la aplicación de esta norma ha evidenciado serios problemas, pues a su amparo se han sobre otorgado derechos. Para impedir que ello siga ocurriendo, las regularizaciones a futuro se efectuarán mediante la DGA.

Artículos Transitorios

Artículo Primero

Dice textualmente:

“Artículo primero.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos estará sujeto a las limitaciones y restricciones que, en virtud de esta ley, se disponen en razón del interés público. La caducidad de los derechos de aprovechamiento dispuesta en el artículo 6° bis creado por esta ley, sólo se aplicará a los derechos de aprovechamiento constituidos a partir de la entrada en vigencia de la misma.”.

Fue objeto de una indicación del Ejecutivo, que le introduce las siguientes enmiendas:

a) Se agrega en el inciso primero, luego de la frase “seguirán estando vigentes”, la siguiente: “, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”.

b) Se reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo dispone los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley.”.

c) Se incorpora el siguiente inciso tercero:

“Los procedimientos descritos en los artículos 2° y 5° transitorios del decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas, solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización. Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.”.

La Comisión dio el siguiente trato a la indicación en comento.

Su letra a) fue aprobada por simple mayoría, con los votos a favor de las diputadas señoras Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Rathgeb y Rivas. Se abstuvieron la diputada señora Girardi y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel) y Saldívar.

La letra b) también fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar. Se abstuvieron la diputada señora Molina y los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona.

Finalmente, la letra c) fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

Artículo Segundo

Estipula lo siguiente:

“Artículo segundo.- Los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, que no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de seis meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, bajo apercibimiento de caducidad de los mismos por el solo ministerio de la ley.”.

Recibió una indicación del Ejecutivo, que le incorpora las enmiendas que pasan a consignarse:

1) Se agrega, luego de la frase “Los derechos de aprovechamiento constituidos”, la siguiente: “por acto de autoridad competente”.

2) Se reemplaza la conjunción “que” por la expresión “cuyos titulares”.

3) Se sustituye el vocablo “seis” por “dieciocho”.

4) Se agrega a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Este plazo podrá prorrogarse, por igual período, si el titular del derecho lo solicitare a la Dirección General de Aguas, con anterioridad al vencimiento del plazo antes referido, siempre y cuando el requerimiento se base en la negativa injustificada a inscribir el derecho, del Conservador de Bienes Raíces competente y se haya iniciado un procedimiento de reclamo judicial.”.

Por otra parte, se presentaron las siguientes indicaciones parlamentarias al artículo precitado:

1) De las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y de los diputados señores Gahona, Lemus y Rathgeb, para incorporarle el siguiente inciso segundo:

“Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos titulares de derechos de aprovechamiento no inscritos que correspondan a campesinos que personal y directamente trabajen la tierra, cualquiera sea el régimen de tenencia, en predios cuyo destino exclusivo sea la agricultura y cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie.”.

2) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Lemus y Rathgeb, que agrega el siguiente inciso tercero:

“Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente.”.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime las modificaciones propuestas en la indicación del Ejecutivo. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb y Saldívar.

En cuanto a las indicaciones parlamentarias, se aprobó por asentimiento unánime la que incorpora el inciso segundo (con los votos de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Gahona, Lemus y Rathgeb); en tanto que aquella que introduce un inciso tercero fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y los diputados señores Lemus y Rathgeb; mientras que se abstuvieron la diputada señora Molina y el diputado señor Gahona.

A propósito de este artículo, la diputada señora Girardi opinó que es justo que los pequeños propietarios agrícolas queden excluidos de la aplicación de la causal de caducidad que ahí se contempla. En todo caso, es positivo incentivar la inscripción, para saber quiénes tienen derechos y qué uso hacen de ellos.

Por su parte, el diputado señor Gahona dijo que es necesario que los derechos de aprovechamiento estén inscritos. Respecto de los pequeños propietarios o de las comunidades indígenas, sería conveniente que haya una política que promueva la inscripción. Coincidió con la diputada Girardi en que el Estado debe saber dónde están radicados los derechos de agua y con qué fin se utilizan.

El diputado señor Núñez (don Daniel) compartió el punto de vista de la diputada Girardi, y agregó que en ningún caso se trata de impedir o poner obstáculos a la regularización de los derechos de aprovechamiento. Si se obliga a todos a inscribir sus derechos, se va a ocasionar un perjuicio a la gente más modesta, que por distintos motivos no va a poder hacerlo. La excepción se justifica también si se considera que los casos que merecen un tratamiento distinto no representan más del 5% del total y, por ende, no afectaría el castro en la materia.

A su turno, la diputada señora Provoste afirmó que el Estado debe impulsar programas para la regularización de las inscripciones; y, mientras ella no ocurra, debe haber excepciones a la causal de caducidad por no inscripción de los derechos de agua.

Respecto a la observación precedente, el director de la DGA, señor Estévez, manifestó que el proyecto de ley contempla un programa, por aproximadamente $2.750 millones, que precisamente apunta a la regularización de los derechos de agua.

La representante del Ejecutivo, señora Celume, sostuvo que la exención de la causal de caducidad se justifica en ciertos casos, como los APR y las comunidades indígenas; no así tratándose de los propietarios agrícolas con superficies superiores a 12 hectáreas, que deberían inscribir sus derechos. Además, el procedimiento va a ser más expedito.

Artículo Tercero

Señala textualmente:

“Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el informe referido en el artículo 129 bis 2 del Código de Aguas será emitido por el Ministerio del Medio Ambiente.”.

La Comisión lo aprobó por unanimidad, sin enmiendas. Participaron en la votación las diputadas señoras Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

Artículo Cuarto

Prescribe lo siguiente:

“Solo podrán someterse al procedimiento descrito en el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, las solicitudes de regularización que se hayan presentado dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.”.

Fue objeto de una indicación del Ejecutivo, que lo suprime.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación en referencia. Participaron en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

Artículo Nuevo (Actual Cuarto Transitorio)

Este artículo transitorio nuevo, que pasa a ser cuarto, corresponde a una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Artículo cuarto transitorio.- Los titulares de derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley que deseen destinarlos al desarrollo de un proyecto recreacional, turístico u otro que implique no utilizar ni extraer las aguas de su fuente; y aquellos titulares de derechos de aprovechamiento cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de las áreas protegidas y que los destinen a mantener la función ecológica de las aguas, podrán acogerse a la exención del pago de patente por no uso, de que da cuenta el inciso final del artículo 129 bis 9, para lo cual deberán cumplir con las exigencias del Reglamento señalado en el inciso final del artículo 129 bis 9.”.

La Comisión lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

Artículo Nuevo (Actual Quinto Transitorio)

Corresponde a una indicación de las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Rivas y Saldívar, del siguiente tenor:

“Previa resolución de la Dirección General de Aguas, se suspenderá el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, permanentes y continuos, otorgados con posterioridad a la declaración de cuenca agotada, conforme lo indica el artículo 282 del Código de Aguas. Estarán exentos de esta medida los derechos de aprovechamiento otorgados a las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y a los pequeños productores agrícolas pertenecientes a las Comunidades Agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; y los pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por aquellas las consideradas en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente.”.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación supra; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación del diputado señor Núñez (don Daniel), que agrega luego del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “De igual forma, quedarán exentos los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas.”.

Tomaron parte en la votación las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, y los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona, Lemus, Núñez (don Daniel), Rathgeb, Rivas y Saldívar.

Respecto al alcance de este nuevo artículo transitorio, la asesora jurídica de la DGA, señora Celume, comentó que establece una regla similar a la del artículo 66 del Código, que permite a la autoridad dejar sin efecto los derechos de aprovechamiento en las áreas de restricción, respecto de las aguas subterráneas. El presente artículo, en cambio, se refiere a las aguas superficiales.

Sin perjuicio de votar a favor de este artículo, la diputada señora Girardi dejó constancia que habría preferido la medida de revocación a la de suspensión en la hipótesis descrita.

VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES O RECHAZADAS.

a) Artículos rechazados

En atención a que el Ejecutivo presentó una indicación que reemplazó en su integridad el proyecto original, se rechazó este último, cuyo texto pasa a reproducirse:

Proyecto que modifica el Código de Aguas

“1) Agrégase el siguiente artículo 4º bis:

Artículo 4° bis.- Las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

Las aguas tienen, entre otras, funciones ambientales, de subsistencia, étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial.

Es deber del Estado garantizar a todos los habitantes el acceso a las funciones señaladas en el inciso anterior.

2) Agrégase el siguiente Título II, nuevo, pasando el actual Título II a ser III, y así sucesivamente.

Título II del Libro Primero del Código de Aguas

De la función ambiental, escénica, paisajística, social y de subsistencia de las aguas

3) Reemplázase el artículo 5° por el siguiente:

Artículo 5°.- El Estado otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas para garantizar el acceso a la función productiva de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código.

4) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 1, nuevo:

Artículo 5° bis 1.- El Estado resguardará que en todas las fuentes naturales, exista un caudal o volumen de agua suficiente, que permita resguardar las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial que poseen las aguas.

Para el cumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas podrá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos o reconocidos sobre las fuentes naturales. Podrá, asimismo, establecer las medidas necesarias para asegurar no sólo la cantidad, sino la calidad de las aguas y su oportunidad de uso.

5) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 2, nuevo:

Artículo 5° bis 2.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección General de Aguas podrá constituir reservas de agua sobre las fuentes naturales.

Sobre dichas reservas, esa Dirección podrá otorgar a los particulares concesiones de uso temporales, para el desarrollo de las funciones señaladas en el inciso segundo del artículo 4° bis.

6) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 3, nuevo:

Artículo 5° bis 3.- Las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones de uso temporal, se sujetarán, en lo aplicable, al procedimiento contenido en Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.

7) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 4, nuevo:

Artículo 5° bis 4.- Las concesiones de uso temporal otorgadas de conformidad al presente título, no podrán transferirse ni transmitirse. No serán objeto de gravamen alguno, y serán inembargables.

8) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 5, nuevo:

Artículo 5° bis 5.- Si el titular de una concesión de uso temporal utiliza las aguas para un fin diverso para el que ha sido otorgada, o permite que a cualquier título otra persona utilice las aguas involucradas en su concesión, caducará dicha concesión por el sólo ministerio de la ley.

9) Agrégase el siguiente artículo 5° bis 6, nuevo:

Artículo 5° bis 6.- El acto administrativo en cuya virtud se constituye la concesión de uso temporal contendrá:

1. El nombre del concesionario;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas;

3. El objetivo para el que se otorga la concesión;

4. El plazo por el que se otorga la concesión;

5. Otras especificaciones técnicas relacionadas con la naturaleza especial de la respectiva concesión y las modalidades que la afecten, con el objetivo de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros.”.

***************

Por otro lado, se rechazaron los siguientes artículos propuestos por la indicación sustitutiva del Ejecutivo:

1) El artículo 5° bis, nuevo, por unanimidad (11 en contra), y cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 5° bis.- Las aguas pueden cumplir diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas. Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la prelación dispuesta en el inciso primero cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62 y 314 de este Código.”.

b) Indicaciones declaradas inadmisibles o rechazadas

-Indicaciones declaradas inadmisibles:

De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Insunza, Núñez (don Daniel) y Saldívar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 inciso cuarto, numeral 2 de la Carta Fundamental, y cuyo objetivo era reemplazar en el inciso segundo del artículo 5° bis propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo la palabra “podrá” por “deberá”.

-Indicaciones rechazadas

Las siguientes indicaciones al texto sustitutivo del Ejecutivo fueron rechazadas:

1) Del Ejecutivo, por simple mayoría (9 a favor y 3 abstenciones), y que tenía por finalidad reemplazar el epígrafe del Título II del Libro Primero del Código de Aguas por el siguiente: “Título II Del aprovechamiento de las aguas”.

2) Del diputado señor Rivas, por ser incompatible con el texto aprobado, y que proponía sustituir el nuevo inciso segundo del artículo 5° del Código en referencia por el siguiente: “Podrán constituirse derechos de aprovechamiento sobre las aguas a favor de los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio en función del interés público y de conformidad con las disposiciones de este Código”.

3) De la diputada señora Molina, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por simple mayoría (11 en contra y 1 abstención), y que proponía eliminar en el nuevo inciso segundo del artículo 5° la expresión “En función del interés público”.

4) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, por simple mayoría (4 a favor, 7 en contra y 1 abstención), y que proponía agregar a continuación del nuevo inciso segundo del artículo 5° del Código en referencia el siguiente texto:

“El interés público comprende: a) Todo aquello que promueva el bien común, b) Aquello que exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, y la conservación del patrimonio ambiental; c) En general, todo aquello que propenda a evitar el agotamiento de las fuentes naturales y tenga la finalidad de paliar las situaciones de escasez hídrica y de sequía.”.

5) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel), Saldívar y Walker, por idéntica votación que la anterior, y que tenía por finalidad agregar a continuación del nuevo inciso segundo del artículo 5° del Código de Aguas el siguiente texto:

“El interés público comprende, a lo menos: a) Todo aquello que promueva el ben común; b) Aquello que exijan la utilidad y la salubridad públicas, y la conservación del patrimonio ambiental; c) En general, todo aquello que propenda a evitar el agotamiento de las fuentes naturales y tenga la finalidad de paliar las situaciones de escasez hídrica y de sequía.”.

6) De la diputada señora Molina, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por simple mayoría (4 votos a favor y 6 en contra), y que proponía reemplazar el artículo 5° bis contenido en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, por el siguiente:

“Artículo 5 bis: las aguas cumplen diversas funciones tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y saneamiento, la de preservación ecosistémica, o el uso para funciones productivas. Sin perjuicio de lo anterior, priorizará el uso de las aguas para el consumo humano y saneamiento.

La Dirección General de Aguas priorizará siempre el consumo humano y el saneamiento en zonas rurales que se encuentren fuera de zonas concesionadas, cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62 y 314 de este artículo.

Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano, en sectores rurales no concesionados, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos.”.

7) Del Ejecutivo, por ser incompatible con el texto aprobado, y que proponía modificar el número 3) del artículo único de la indicación sustitutiva, en los siguientes términos:

“a) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 5° bis, el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero.

b) Modifícase el inciso final del artículo 5° bis del siguiente modo:

i) Reemplázase la palabra “prelación” por “priorización”.

ii) Sustitúyese la palabra “primero” por “anterior”.”.

8) Del diputado señor Núñez (don Daniel), por unanimidad (11 en contra), y cuya finalidad era agregar en el inciso primero del artículo 5° bis propuesto por el Ejecutivo, luego de la expresión “la de preservación ecosistémica”, la siguiente: “, la producción de alimentos”.

9) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, por no reunir el quórum necesario (5 a favor y 5 en contra), y que tenía por objeto agregar en el inciso primero del artículo 5° bis propuesto por el Ejecutivo, luego de la expresión “la de preservación ecosistémica”, la siguiente: “culturales y escénicas”.

10) De la diputada señora Girardi y del diputado señor Walker, por el mismo quórum que la anterior, y que agregaba en el inciso primero del artículo 5° bis propuesto por el Ejecutivo, luego de la expresión “o las productivas”, la siguiente: “con especial énfasis en la producción de alimentos”.

11) De la diputada señora Molina y de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona, por ser incompatible con el texto aprobado del artículo 5° bis, y que proponía sustituir el vocablo “prelación” por “priorización”.

12) De la diputada señora Molina y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por ser incompatible con el texto aprobado del artículo 5° bis, y que proponía sustituir el vocablo “primero” por “anterior”.

13) De la diputada señora Molina, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por simple mayoría (4 a favor y 7 en contra), y que proponía eliminar el artículo 5° ter.

14) De la diputada señora Molina, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por simple mayoría (1 a favor y 5 en contra), y cuyo propósito era eliminar el inciso primero del artículo 5° quáter.

15) De la diputada señora Cariola, y del diputado señor Núñez (don Daniel), por simple mayoría (6 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era sustituir en el inciso segundo del artículo 5° quáter el vocablo “12” por “17”.

16) De la diputada señora Molina, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Gahona y Rathgeb, por simple mayoría (2 a favor y 6 en contra), y que proponía suprimir el artículo 5° quinquies.

17) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel), por unanimidad (8 en contra), y cuya finalidad era agregar en el inciso primero del artículo 5° quinquies, luego de la expresión “entre vivos”, la siguiente: “ni transmitirse”.

18) De la diputada señora Molina, y del diputado señor Gahona, por simple mayoría, que proponía reemplazar el inciso segundo del artículo 6° propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, por los siguientes incisos:

“El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. (4 a favor y 8 en contra).

El plazo máximo de duración de los derechos de aprovechamiento consuntivos será de 30 años, con un mínimo de 15 años. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, el plazo máximo será de 50 años, con un mínimo de 25 años. Vencido el plazo respectivo, siempre se entenderá prorrogado de pleno derecho a menos que la Dirección General de Aguas determine mediante resolución fundada, firme y ejecutoriada la no construcción de las obras de captación señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.”. (3 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

19) Del diputado señor Gahona, por simple mayoría (3 a favor, 7 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era incorporar el siguiente inciso segundo en el artículo 6° propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo: “Los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas podrán disponer de ellos de conformidad a las reglas, limitaciones y requisitos que prescribe este Código.”.

20) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, por simple mayoría (3 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones), y cuya finalidad era eliminar en el inciso segundo del artículo 6° propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo la oración “la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.”.

21) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), por simple mayoría (5 a favor, 5 en contra y 1 abstención), cuyo objeto era reemplazar, en el inciso segundo del artículo 6° propuesto por la indicación sustitutiva del Ejecutivo, el texto: “La duración del derecho de aprovechamiento siempre se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. La prórroga solo se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas”, por el siguiente: “Expirado el plazo, el titular tendrá preferencia para la renovación del derecho, salvo en caso de no uso del recurso o cuando en función del interés público deba constituirse el derecho de aprovechamiento de acuerdo a las normas del párrafo 2° del Título I del Libro II de este Código.”.

22) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, por simple mayoría (6 en contra y 2 a favor), que proponía reemplazar en el inciso primero del nuevo artículo 6° bis la oración “En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, dicho plazo será de cuatro años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivo será de ocho años, en ambos casos contado desde su otorgamiento” por la siguiente: “Dicho plazo será de cinco años, contado desde el otorgamiento del derecho de aprovechamiento”.

23) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por simple mayoría (6 en contra y 3 abstenciones), y que tenía por finalidad eliminar el numeral 7) del artículo único de la indicación sustitutiva del Ejecutivo.

24) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por unanimidad (10 en contra), y que tenía por finalidad reemplazar en el nuevo inciso segundo del artículo 17, propuesto por el numeral 8) de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, la expresión “en la totalidad” por “en la respectiva”.

25) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), por asentimiento unánime (10 en contra), y que tenía por finalidad intercalar en el nuevo inciso segundo del artículo 17, propuesto por el numeral 8) de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, entre las expresiones “aguas superficiales” y “por algunos usuarios”, la siguiente: “o subterráneas”.

26) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por simple mayoría (8 en contra, 2 a favor y 1 abstención), y que proponía eliminar el numeral 9) de la indicación sustitutiva.

27) De los parlamentarios antes individualizados, también por simple mayoría (7 en contra, 2 a favor y 1 abstención), y cuyo objeto era eliminar el numeral 10) de la indicación sustitutiva.

28) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Letelier y Morano, por unanimidad (8 en contra), que incorporaba el siguiente inciso segundo en el artículo 20:

“Con la sola finalidad de satisfacer el consumo humano y el saneamiento de subsistencia, cualquier persona que acredite domicilio permanente y, por el solo ministerio de la ley, podrá extraer un caudal mínimo de las aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, en la medida en que en el área no exista un sistema de agua potable, concesionada o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población.”.

29) De los mismos parlamentarios, por simple mayoría (6 en contra, 3 a favor y 1 abstención), y cuyo objeto era suprimir el numeral 11) de la indicación sustitutiva.

30) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por asentimiento unánime (11 en contra), y que proponía reemplazar el numeral 12) de la indicación sustitutiva del Ejecutivo por el siguiente:

“12) Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 38:

“La Dirección General de Aguas podrá exigir a las personas indicadas en el inciso anterior instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de información que se obtenga.”.

31) De los parlamentarios arriba individualizados, por simple mayoría (7 en contra, 3 a favor y 1 abstención), y cuyo propósito era suprimir el numeral 13) de la indicación del Ejecutivo.

32) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel), por simple mayoría (5 a favor, 5 en contra y 1 abstención), y cuya finalidad era eliminar el inciso segundo del artículo 56 del Código en referencia.

33) Del ex diputado señor Insunza, por unanimidad (10 votos en contra), que proponía sustituir el inciso segundo del artículo 56 por el siguiente:

“Los titulares de concesiones mineras podrán usar y gozar de las aguas que encuentren como consecuencia de su respectiva exploración, explotación y beneficio de minerales, exclusivamente para esa finalidad y dentro de los límites de la respectiva faena. Esas aguas halladas deberán ser informadas a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y cantidad. En el caso de las faenas mineras cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a las diez mil toneladas mensuales, deberán solicitar una autorización para su uso ante la Dirección General de Aguas, que la podrá conceder, limitar o rechazar en base a un estudio que determine la relación e influencia de esas aguas con los acuíferos subterráneos y/o superficiales de la cuenca.”.

33) De la diputada señora Molina y de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Gahona, también por 10 votos en contra, cuyo objeto era agregar en el inciso segundo del artículo 56, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “para estos efectos, el dueño de la pertenencia minera deberá informar a la Dirección General de Aguas el hallazgo de las aguas y el aprovechamiento que hará de ellas.”.

34) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, por asentimiento unánime (10 votos en contra), que incorporaba el siguiente inciso tercero en el artículo 56:

“Los dueños de pertenencias mineras deberán informar a la autoridad sobre las aguas halladas dentro del territorio de ellas, y solicitar la concesión de uso temporal de dichas aguas en caso de requerir su uso para la explotación de la pertenencia minera. Dicha solicitud de otorgamiento se sujetará, en lo aplicable, al procedimiento contenido en Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.”.

35) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), por unanimidad (8 en contra), que proponía agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 61 del Código en referencia:

“El área de protección establecida para los comités de agua potable rural será de 300 metros, tomando como centro el eje del pozo.”.

36) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por unanimidad (9 en contra), y que tenía por finalidad sustituir el artículo 62 del Código por el siguiente:

“Artículo 62.- Si la explotación de aguas subterráneas por uno o algunos usuarios ocasionare perjuicios a otro u otros titulares de derechos, o si la explotación de aguas subterráneas produce una afectación de la sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común, la Dirección General de Aguas de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá ordenar a la comunidad de aguas subterráneas adoptar las medidas pertinentes.

En aquellos casos en que, no habiendo una comunidad de aguas subterráneas legalmente registrada, o si, existiendo ésta no adopte las medidas pertinentes, la Dirección General de Aguas podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

La reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento no afectará a los sistemas de agua potable rural.

Estas medidas quedarán sin efecto cuando los solicitantes reconsideren su petición o cuando a juicio de la Dirección General de Aguas hubieren cesado las causas que las originaron.”.

37) De las diputadas señoras Girardi, Molina y Provoste, por unanimidad (10 en contra), que proponía incorporar el siguiente inciso en el artículo 63 del Código en referencia:

“En ningún caso podrá solicitar cambio de punto de captación quien tenga litigios o denuncias pendientes relativas a extracción de aguas.”.

38) De la diputada señora Girardi, por unanimidad (9 en contra), y que proponía intercalar en el inciso tercero del artículo 63, entre la palabras “Regiones” y “de Tarapacá”, la expresión “de Arica y Parinacota”.

39) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), por idéntico quórum que la anterior, y que tenía por objeto intercalar en el inciso tercero del artículo 63, entre las expresiones “y de Antofagasta” y “se entenderán prohibidas” la siguiente frase: “y los humedales alto andinos de las Regiones de Atacama y de Coquimbo”.

40) De la diputada señora Provoste y del diputado señor Morano, también por unanimidad (9 en contra), y que proponía intercalar en el inciso tercero del artículo 63, entre las expresiones “y de Antofagasta” y “se entenderán prohibidas” la frase “y las turberas de las Regiones de Aysén y Magallanes”.

41) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Lemus, por idéntico quórum (unanimidad), y que tenía por objeto eliminar en el inciso tercero del artículo 63 la frase “de las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta”.

42) De la diputada señora Carvajal y del diputado señor Flores (por haberse aprobado por unanimidad una indicación que reemplaza el artículo 66, y que proponía incorporar las siguientes modificaciones en el mencionado artículo del Código:

“a) Suprímese, en el inciso primero, la frase “dejarlos sin efecto”.

b) Sustitúyese en el inciso primero la frase a continuación de los vocablos “en caso de” y antes del punto final (.) del inciso, que dispone: “constatar perjuicios a los derechos ya constituidos”, por la frase “que se constate una afectación a la sustentabilidad del acuífero o perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, suspender total o parcialmente su ejercicio, mientras estas situaciones se mantengan.”.

c) Elimínase, en el inciso segundo, antes de la frase “, cualquier persona podrá”, el siguiente texto: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 67, y no siendo necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción, previa autorización de la Dirección General de Aguas,”.

43) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez, don Daniel (por haberse aprobado por unanimidad una indicación que reemplaza el artículo 66), y que proponía intercalar el siguiente inciso segundo en el artículo en mención:

“Sin embargo, no podrá otorgar derechos provisionales en cuencas declaradas agotadas.”.

44) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, por unanimidad (9 en contra), cuya finalidad era eliminar el artículo 67.

45) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por idéntico quórum, cuyo objeto era suprimir la letra b) contenida en el numeral 17) de la indicación sustitutiva del Ejecutivo a que se ha hecho referencia más arriba.

46) Del diputado señor Núñez, don Daniel, por asentimiento unánime (9 en contra), y que tenía por objeto reemplazar la oración “y siempre que la fuente natural no se encuentre en situación crítica”, contenida en el literal b) del numeral 17) de la indicación del Ejecutivo a dicho artículo del Código -67-, por la siguiente: “y siempre que haya cesado la declaración de zona de restricción”.

47) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, por la misma votación, cuya finalidad era agregar a continuación de la expresión “situación crítica”, contenida en el literal b) del numeral 17) de la indicación del Ejecutivo al mismo artículo, la siguiente oración: “, de acuerdo al criterio de sustentabilidad establecido en el inciso segundo del artículo 62 letra b) de este Código”.

48) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por unanimidad (8 en contra), que proponía sustituir el artículo 68 del Código por el siguiente:

“Artículo 68.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medida en las obras y requerir la información que se obtenga.

Ante el incumplimiento de las medidas a las que se refiere el inciso anterior, la Dirección, mediante resolución, impondrá una multa de entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada.”.

49) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel) y Walker, por análoga votación que la anterior, y que proponía reemplazar en el inciso primero del artículo 68 propuesto en el numeral 18) de la indicación del Ejecutivo, la palabra “podrá” por “deberá”.

50) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, por asentimiento unánime (8 en contra), que eliminaba el inciso segundo del artículo 68 propuesto en el numeral 18) de la indicación del Ejecutivo.

51) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Walker, por unanimidad (8 en contra), cuyo objeto era agregar el siguiente inciso final en el artículo 68:

“Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

52) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, al no haber quórum de aprobación (4 a favor y 4 en contra), y que proponía eliminar el número 19) de la indicación del Ejecutivo, relativo al artículo 96 del Código.

53) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por simple mayoría (4 a favor y 5 en contra), cuya finalidad era suprimir el numeral 20) de la indicación del Ejecutivo, relativo al artículo 97 del Código.

54) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por unanimidad (11 en contra), que proponía reemplazar el número 4) del artículo 114 del Código por el siguiente:

“4. La copia de la resolución que contenga el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como las que contengan la renuncia a tales derechos.”.

55) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por simple mayoría (3 a favor y 8 en contra), cuyo objeto era eliminar el número 22) del artículo único de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, relativo al artículo 119 del Código.

56) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por simple mayoría (4 a favor y 8 en contra), cuyo objeto era suprimir el número 23) del artículo único de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, relativo al artículo 129 del Código.

57) Del Ejecutivo, por simple mayoría (7 en contra, 2 a favor y 1 abstención), que proponía agregar los siguientes incisos tercero y cuarto en el artículo 129 bis 2:

"No podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas protegidas declaradas Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen.

En otras categorías de áreas protegidas, tales como Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales y Humedales de Importancia Internacional, los derechos de aprovechamiento deben guardar consistencia con el objeto de la categoría del área protegida y con su respectivo plan de manejo, circunstancia que será determinada previo informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo anterior es sin perjuicio del acceso libre y común al recurso hídrico que no comporte una utilización de carácter extractiva, de conformidad a las normas de policía y vigilancia en vigor.".

58) De la diputada señora Molina y del diputado señor Gahona, por unanimidad (10 en contra), y cuya finalidad era eliminar en el nuevo inciso tercero del artículo 147 bis, propuesto por el Ejecutivo, la frase “o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° bis”.

59) Del Ejecutivo, por asentimiento unánime (11 votos en contra), que proponía reemplazar el inciso final del artículo 149 por el siguiente: “El derecho de aprovechamiento solo quedará condicionado a su uso originario en los casos descritos en el inciso final del artículo 129 bis 9. El cambio de uso de dichos derechos queda sujeto a una autorización previa de la Dirección general de Aguas.”.

60) Del Ejecutivo, por unanimidad (11 votos en contra), cuya finalidad era sustituir en el inciso primero del artículo 151 la frase “en relación a puntos de referencia conocidos” por “en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19”.

61) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel) y Walker, por unanimidad (10 en contra), que proponía incorporar en el artículo 196 el siguiente inciso final:

“Las comunidades y asociaciones comunitarias correspondientes a sistemas de agua potable rural se entenderán constituidas por el depósito en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Hidráulicas, de un ejemplar de estatutos que podrá constar en instrumento privado, en que se contengan los requisitos de los números 1,2,6,7,8 y 9 del artículo 198, a los que se agregarán el domicilio de la asociación, el derecho de agua subterránea que distribuye el sistema de agua potable rural entre sus beneficiarios, la ubicación del pozo respectivo, y su inscripción si ella existe. Efectuado el depósito de los estatutos de la Dirección General de Aguas deberá registrar la comunidad sin que por ese hecho haya lugar a inscripciones individuales a favor de los comuneros beneficiarios.”.

62) De la diputada señora Cariola y del diputado señor Núñez (don Daniel), por unanimidad (11 en contra), cuya finalidad era incorporar el siguiente artículo 281 bis:

“Artículo 281 bis.- Los residentes en aquellos lugares que no estén cubiertos por el sistema de agua potable rural tendrán derecho a extraer, de la fuente más cercana, un caudal mínimo para la bebida que será medido por una teja invertida.”.

63) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez (don Daniel), por unanimidad (8 en contra), que proponía eliminar en el inciso primero del artículo 307 bis la frase “del caudal ecológico contemplado en el artículo 129 bis 1 del presente Código”.

64) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y de los diputados señores Núñez (don Daniel) y Walker), por unanimidad (9 en contra), que proponía agregar el siguiente inciso segundo en el artículo segundo transitorio del proyecto:

“Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5 de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistemita en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente.”.

65) De las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, por unanimidad (9 en contra), cuya finalidad era agregar el siguiente inciso segundo en el artículo segundo transitorio del proyecto:

“Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5 de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistemita en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente.”.

66) De las diputadas señoras Girardi y Provoste, y del diputado señor Núñez, don Daniel, por simple mayoría (4 a favor, 5 en contra y 1 abstención), y cuyo objeto era agregar el siguiente artículo quinto transitorio en el proyecto:

“Revóquese, por el solo ministerio de la ley, los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en cuencas declaradas agotadas, durante los último 10 años. Estarán exentos de esta revocación los derechos de aprovechamiento otorgados las Asociaciones de Agua Potable Rural y pequeños productores agrícolas y campesinos, entendiendo por estos a los definidos en el artículo 13 de la ley nº 18.910, los pertenecientes a las Comunidades Agrícolas definidas en el artículo 1, del DFL 5 del Ministerio de Agricultura y los pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por aquellas los considerado en los artículo 2º y 9º de la ley nº 19.253 respectivamente.”.

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En mérito de las consideraciones anteriores, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas:

1. Reemplázase el epígrafe del Título II del Libro Primero por el siguiente:

"Título II

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS Y SUS FUNCIONES”

2. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 5°:

a) Sustitúyese el inciso único, que pasa a ser primero, por el siguiente:

"Artículo 5°.- Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

"En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código.

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

No se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3. Intercálanse entre el artículo 5° y el artículo 6° los siguientes artículos 5° bis, 5° ter, 5° quáter y 5° quinquies:

“Artículo 5° bis.- Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas.

Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62, 314 y demás normas pertinentes de este Código. Con todo, la Autoridad deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica.

Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos.

Tratándose de solicitudes realizadas por un Comité o una Cooperativa de Agua Potable Rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente, debiendo dictar una resolución fundada al respecto dentro del plazo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud. Esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez.

Artículo 5° ter.- Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 bis.

Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la concesión minera en el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad a lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, según el artículo 5° bis.

Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia.

Las aguas reservadas, excepcionalmente, mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica, podrán ser entregadas a empresas de servicios sanitarios cuando no exista otra forma posible de garantizar el consumo humano y el saneamiento. Esta entrega nunca será considerada para el cálculo tarifario.

Artículo 5° quáter.- La solicitud y el otorgamiento de concesiones sobre aguas reservadas, para los usos de la función de subsistencia, se sujetarán, en lo que sea compatible con su objeto, al procedimiento contenido en el Párrafo I, del Título I del Libro Segundo del presente Código.

Artículo 5° quinquies.- Las concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua no podrán transferirse por acto entre vivos, salvo que se mantenga el uso para el cual fueron originadas y se haya obtenido una autorización administrativa previa.

Los derechos sobre aguas reservadas adquiridas en virtud de sucesión por causa de muerte o por cualquier otro modo derivativo, se transmiten o transfieren, según sea el caso, con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originariamente, en todas las sucesivas transferencias o transmisiones del mismo. Ello deberá constar en las respectivas inscripciones conservatorias.

Estas concesiones se extinguirán si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad a los plazos y suspensiones indicados en el artículo 6° bis; las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título.”.

4. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 6° por los siguientes:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.

El período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión no podrá ser superior a 30 años, de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según sea el caso. La duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos. La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso, o se cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente. Esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso.

El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.”.

5. Intercálase entre el artículo 6° y el artículo 7° el siguiente artículo 6° bis:

“Artículo 6° bis.- Los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos el plazo de extinción será de cuatro años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos será de ocho años, en ambos casos contado desde su otorgamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del concesionario, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.

La contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso anterior y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y o la Dirección de Obras Hidráulicas. Dicha suspensión no podrá exceder de 4 años.

Asimismo, la autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo dispuesto en este inciso regirá en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho.

Del mismo modo caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente.”.

6. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 7°:

“En el caso de aguas superficiales, el derecho de aprovechamiento se constituirá considerando las variaciones estacionales de caudales a nivel mensual.”.

7. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 15:

a) Sustitúyese la expresión “El dominio del” por “El uso y goce que confiere el”.

b) Reemplázase la expresión “a la libre disposición” por “al ejercicio”.

8. Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto en el artículo 17:

“De existir una junta de vigilancia, se aplicará lo dispuesto en los artículos 266, 274 y siguientes.

Cuando no exista una junta de vigilancia que ejerza la debida jurisdicción y si la explotación de las aguas superficiales por algunos usuarios ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos.

En aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en la totalidad de la fuente de abastecimiento, por encontrarse ésta seccionada, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones, cuando una de estas organizaciones se sienta perjudicada por las extracciones que otra realice y así lo solicite.

Esta medida podrá ser dejada sin efecto cuando los titulares de derechos de aprovechamiento lo soliciten o cuando, a juicio de dicha Dirección, hubieren cesado las causas que la originaron.”.

9. Reemplázase el epígrafe del Título III del Libro Primero por el siguiente:

“Título III

De la constitución del derecho de aprovechamiento”.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 20:

a) Reemplázase en el inciso segundo la oración “La propiedad de estos derechos de aprovechamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley,” por la siguiente: “Se reconoce el uso y goce sobre dichas aguas”.

b) Agregáse en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:

“Este derecho caduca, por el solo ministerio de la ley, en caso de que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita. Los titulares de los predios subdivididos gozarán de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero, para requerir la constitución del derecho de aprovechamiento en la parte proporcional que corresponda al predio adjudicado. Dicha preferencia tendrá la duración de un año contado desde la fecha de la subdivisión.”.

c) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionada o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población. En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse.”.

11. Sustitúyese en el artículo 37 la expresión “El dueño” por “El titular”.

12. Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 38:

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 bis, las personas indicadas en el inciso anterior deberán instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

13. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 43 la expresión “el dueño del” por “el titular del”.

14. Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 47:

“No podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes.”.

15. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 56 por los siguientes:

“El mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los Comité de Agua Potable Rural para hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, las que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de algunos de los integrantes de ella, o en terrenos del Estado, previa autorización en todos los casos señalados.

Las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera, podrán ser utilizadas por estos en la medida que sean necesarias para dichas faenas y sean informadas a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, para su registro. En caso de haber aguas sobrantes igualmente deberá informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto.

Cuando el concesionario minero requiera aprovechar las aguas halladas, además de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá solicitar una autorización para su uso a la Dirección General de Aguas, la que la denegará total o parcialmente si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si hubiere a consecuencia de estos aprovechamientos grave afectación del acuífero o de derechos de terceros, la Dirección General de Aguas limitará dicho uso.

Las formas, requisitos y periodicidad para entregar la información, así como para solicitar la autorización de que da cuenta el inciso cuarto, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad a lo establecido en el artículo 142 inciso segundo del Código de Minería, quedarán determinados por resolución de la Dirección General de Aguas.”.

16. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 58:

a) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“No se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas.”.

b) Agrégase el siguiente inciso sexto:

“Asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente, como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan.”.

17. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 61:

a) Reemplázase la expresión “el área” por “un área”.

b) Agrégase después del vocablo “similares” el siguiente texto: “, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella. La dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros, medidos en terreno. Se podrá autorizar, en casos justificados, una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un comité o una cooperativa de agua potable rural”.

18. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 62:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 62.- Si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o una parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad, y la Dirección General de Aguas así lo constata, deberá, de oficio o a petición de uno o más afectados, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en la zona degradada, a prorrata de ellos, de conformidad a sus atribuciones legales.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:

“Se entenderá que se afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido o abrupto de los niveles freáticos del acuífero.”.

c) Elimínase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “cuando los solicitantes reconsideren su petición o”.

19. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 63:

a) Agrégase en el inciso segundo, a continuación de la expresión “en ella”, el siguiente texto: “, quienes deberán organizarla de conformidad a lo indicado en el inciso primero del artículo 196, dentro del plazo de un año. Transcurrido el plazo antes indicado, sin que la comunidad de aguas se haya organizado, los usuarios no podrán solicitar cambios de punto de captación en dicha zona”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa.

c) Intercálanse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, pasando el actual cuarto a ser inciso octavo:

“Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan.

Ante la solicitud de cambio de punto de captación de los derechos de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, la Dirección General de Aguas podrá denegarla o autorizarla, total o parcialmente, si la situación hidrogeológica del acuífero presenta descensos significativos y sostenidos que puedan poner en riesgo la sustentabilidad del mismo, implica un grave riesgo de intrusión salina o afecta derechos de terceros. Si el Servicio no contase con toda la información pertinente, podrá requerir al peticionario los estudios o antecedentes necesarios para mejor resolver. La información que respalde dicho cambio de punto de captación tendrá carácter público.

En ningún caso podrá solicitar cambio de punto de captación quien tenga litigios pendientes relativos a extracción ilegal de aguas en una zona de prohibición.

Las resoluciones dictadas con motivo del presente artículo se entenderán notificadas desde su publicación en el Diario Oficial, la que se efectuará los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil siguiente, si aquellos fueren feriados.”.

d) Reemplázanse en el inciso cuarto, que ha pasado a ser octavo, las expresiones “Sin perjuicio” por “A excepción” y “el inciso anterior” por “los incisos tercero y cuarto”.

20. Intercálase en el inciso tercero del artículo 65, a continuación de la palabra “precedente”, la siguiente oración: “y la limitación a la autorización de los cambios de punto de captación indicada en el inciso quinto del artículo 63”.

21. Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

“Artículo 66.- Declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos. De modo excepcional, y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, sólo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes y/o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo.

Dicho informe técnico deberá considerar la opinión de las comunidades de agua existentes en la zona.

La Dirección siempre podrá limitar, total o parcialmente, estos derechos, pudiendo incluso dejarlos sin efecto. Podrá, a su vez, suspender total o parcialmente su ejercicio, en caso de que se constate una afectación temporal a la sustentabilidad del acuífero o perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, mientras estas situaciones se mantengan.

Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan.”.

22. Reemplázase el artículo 67 por el siguiente:

“Artículo 67.- Cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción, comprometa toda la disponibilidad determinada en los respetivos estudios técnicos, dicha área deberá ser declarada como zona de prohibición para nuevas explotaciones. Transcurridos cinco años contados desde la fecha de la declaración de un área de restricción, la Dirección General de Aguas deberá reevaluar las circunstancias que le dieron origen. En caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida, de conformidad a lo indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, el Servicio deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común y, consecuentemente, podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 62.

Los titulares de los derechos de aprovechamiento concedidos, tanto en zonas declaradas de prohibición como áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. La Dirección General, por medio de una resolución fundada, determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, debiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

23. Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de niveles freáticos en las obras, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución al acuífero.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.”.

24. Reemplázase en el inciso primero del artículo 96 la frase “El dueño de los derechos de aprovechamiento que no lo sea” por la siguiente: “El titular de los derechos de aprovechamiento que no sea dueño”.

25. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 97:

a) Reemplázase en su encabezamiento la expresión “el dueño” por “el titular”.

b) Sustitúyese en el número 2. la expresión “del dueño” por “del titular”.

c) Reemplázase en el número 5. la expresión “El dueño” por “El titular”.

26. Suprímese el artículo 115.

27. Sustitúyese en el número 1 del artículo 119 la palabra “dueño” por “titular”.

28. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129:

a) Elimínase la expresión “El dominio sobre”.

b) Reemplázase la palabra “extingue” por “extinguen”.

29. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129 bis 1:

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase la frase "Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas", por la siguiente: “Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados y por otorgar por la Dirección General de Aguas, ésta";

ii) Elimínase la frase “el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan,".

b) Suprímese en el inciso tercero la frase “, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”.

c) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección General de Aguas siempre podrá establecer un caudal ecológico mínimo a las solicitudes de traslado de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. Podrá, a su vez, establecer un caudal ecológico superior al mínimo establecido al momento de la constitución del o los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos casos en que estos se aprovechen en las obras a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 294.”.

30. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 2:

a) En el inciso primero

i) Intercálase a continuación de la palabra “detenidas” la frase “que afectaren la cantidad o la calidad de éstas o”.

ii) Suprímese la frase “, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, como los Parques Nacionales, Reserva Nacional, Reserva de Regiones Vírgenes, Monumento Natural, Santuario de la Naturaleza, los humedales de importancia internacional y aquellas zonas contempladas en los artículos 58 y 63, a menos que se trate de actividades compatibles con los fines de conservación del área o sitios referidos, lo que deberá ser acreditado mediante informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Los derechos de aprovechamiento ya existentes en las áreas indicadas en el inciso anterior, sólo podrán ejercerse en la medida que ello sea compatible con la actividad y fines de conservación de estas. La contravención a lo dispuesto en este inciso se sancionará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, y en caso que exista actividad turística en alguno de los lugares descritos en este artículo, podrán constituirse derechos de aprovechamiento a favor de la Corporación Nacional Forestal para que esta haga uso de ellos en la respectiva área protegida.”.

31. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 4:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

b) Reemplázase el siguiente texto: “1.- En el caso de derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos puntos de captación se ubiquen en las Regiones Primera y Décima, con excepción de la provincia de Palena:”, por: “1.- La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

c) Sustitúyese en la letra a) del numeral 1.- la palabra “cinco” por “cuatro”.

d) Reemplázase en la letra b) del numeral 1.- la expresión “sexto y décimo” por “quinto y octavo”.

e) Sustitúyese la letra c) del numeral 1.- por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

f) Agréganse al numeral 1.- las siguientes letras d) y e):

“d) Entre los años décimo tercero y décimo sexto inclusive, la patente calculada de conformidad a la letra a) precedente se multiplicará por el factor ocho; y, en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así, sucesivamente.

e) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido ocho años contados desde dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

g) Elimínanse los numerales 2.- y 4.-, pasando el actual numeral 3.- a ser 2.-.

h) Incorpórase el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 3.-:

“3.- Los plazos señalados en las letras a), b), c) y d) del número 1.- de este artículo, se contabilizarán a partir del primero de enero de 2006, a menos que se trate de derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.

32. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129 bis 5:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) En los primeros cuatro años, los derechos de ejercicio permanente pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo.”.

b) Reemplázase en la letra b) la expresión “sexto y décimo” por “quinto y octavo”.”.

c) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente se multiplicará por el factor 4; y en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así sucesivamente.”.

d) Agrégase la siguiente letra d):

“d) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido cuatro años contados desde la fecha de publicación de esta ley, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

e) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso tercero:

i) Intercálase entre la frase “utilización de las aguas” y la coma (,) que la sigue, la frase: “, de que dan cuenta los literales a), b) y c) anteriores”.

ii) Reemplázase la expresión “. En el caso” por “, a menos que se trate”.

iii) Intercálase entre las expresiones “tal fecha,” y “los plazos se computarán”, la siguiente: “en cuyo caso”.”.

f) Suprímese el inciso final.

33. Elimínanse los incisos segundo y tercero del artículo 129 bis 6.

34. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 9:

a) Sustitúyese en el inciso primero la oración “En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución”, por el siguiente texto: “Dichas obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso; y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.”.

35. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 11:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “su cobro” por la siguiente: “sacar dicho derecho a remate público”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“La referida acción prescribirá en el plazo de tres años, contado desde el 1 de abril del año en que debió pagarse la patente.”.

36. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 129 bis 12:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “constituirá título” por “tendrá mérito”.

b) Reemplázase en el inciso primero la frase “si se tuviese esta última” por “si se tuviesen estas dos últimas”.

c) Intercálanse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser octavo:

“Mientras no se haya dado cumplimiento al trámite señalado en el inciso anterior, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo indicado en el inciso primero del artículo 129 bis 13.

Recibida la nómina, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, y ordenará que esta resolución y la nómina de los derechos a subastar sean publicadas en dos días distintos en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente y en un diario de circulación nacional, independiente del soporte de los mismos, sea éste impreso, digital o electrónico. Corresponderá a la Tesorería General de la República efectuar estas publicaciones y cubrir sus gastos.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Las omisiones o errores en que la Tesorería haya incurrido en la nómina referida en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas.

El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán de igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal dará testimonio en los autos de haberse publicado el aviso en la forma y oportunidad señaladas.”.

d) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso segundo, que ha pasado a ser octavo:

i) Sustitúyese la expresión “del juicio ejecutivo” por “de este procedimiento”.

ii) Intercálase entre la expresión “derechos de aprovechamiento” y el punto seguido (.) la siguiente frase: “o el de la comuna en que se encuentre ubicada la captación, en caso de no estar inscrito”.

iii) Elimínase la oración “Será aplicable a este juicio, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.”.

37. Reemplázase el artículo 129 bis 13 por el siguiente:

“Artículo 129 bis 13.- El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas, o la parte que corresponda, más un recargo del treinta por ciento de éste, y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor.

Para tomar parte en el remate, todo postor deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada, o la parte que corresponda, y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal. Asimismo, el juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del fisco, a nombre del ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º, en un plazo máximo de dos meses, contado desde la inscripción de la adjudicación en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Si el fisco no procediere a constituir reserva sobre dichas aguas para los usos prioritarios de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° ter, o no inscribiere la renuncia dentro de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, el juez respectivo podrá, a petición de cualquier interesado, ordenar a nombre del fisco la inscripción de la renuncia en el Registro de Propiedad de Aguas correspondiente. En este caso, las aguas quedarán libres para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de conformidad a las normas generales, priorizando los usos de subsistencia y preservación ecosistémica.

Si la suma obtenida del remate excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado, una vez descontado el recargo, gastos y costas asociados al remate.

La venta en remate se hará por el martillero designado por el tribunal que corresponda y a ella podrán concurrir el Fisco, representado para estos efectos por el abogado del Servicio de Tesorerías; las instituciones del sector público y cualquier persona, natural o jurídica, en igualdad de condiciones. El fisco podrá imputar al precio del remate el monto adeudado por concepto de patentes. El fisco o cualquiera de las instituciones del sector público podrán concurrir al remate en igualdad de condiciones.

En aquellos casos donde el fisco sea el único compareciente a la subasta, o no se presentaren postores en el día señalado para el remate, el juez deberá adjudicar los derechos de aprovechamiento de aguas subastados a favor del fisco, a nombre del ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá renunciar a los derechos, de conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero de este artículo.

Será aplicable al procedimiento de remate del derecho de aprovechamiento lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Civil y el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, el fisco tendrá preferencia para cobrar la patente adeudada con el producto del remate sobre todo otro acreedor.”.

38. Suprímense los artículos 129 bis 14, 129 bis 15, 129 bis 16 y 129 bis 18.

39. Agrégase en el artículo 129 bis 17, a continuación de la expresión "bienes inmuebles embargados", la siguiente oración: “, pero los plazos allí establecidos no serán fatales para el fisco, cuando este actúe como adjudicatario".

40. Intercálese en el inciso primero del artículo 132, entre las expresiones “los terceros” y “que se sientan”, la siguiente frase: “titulares de derechos de aprovechamiento constituidos e inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo”.

41. Intercálase entre los artículos 134 y 135 el siguiente artículo 134 bis:

“Artículo 134 bis.- La Dirección General de Aguas publicará, conjuntamente con los datos de determinación a que alude la resolución señalada en el inciso primero del artículo 129 bis 7, una resolución que contenga el listado de los titulares de los derechos de aprovechamiento que no han hecho uso efectivo del recurso y que sean susceptibles de extinguirse de conformidad a lo preceptuado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5. Esta publicación se considerará como notificación suficiente para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho de aprovechamiento.

El titular del derecho de aprovechamiento que, a consecuencia de la publicación determinada en el inciso anterior sea afectado en sus legítimos intereses, tendrá un plazo de 30 días contado desde la publicación de la referida resolución en el Diario Oficial para oponerse a su inclusión en dicha resolución, aportando toda la prueba que considere necesaria y adecuada para acreditar el uso efectivo del recurso.

La Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, podrá, mediante resolución fundada, solicitar aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes para mejor resolver que estime necesarios. Este período para solicitar pruebas o aclaraciones adicionales no podrá ser superior a 60 días, pudiendo prorrogarse justificadamente y por una sola vez por un plazo de 30 días adicionales.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, dentro del plazo de 30 días contado desde su vencimiento, deberá dictar una resolución fundada que constate si procede o no la extinción del derecho de aprovechamiento por la no utilización efectiva del recurso, de conformidad a lo indicado en los artículos 6° bis, 129 bis 4 y 129 bis 5, en las proporciones efectivamente no utilizadas que correspondan.

Esta resolución se notificará de conformidad a lo indicado en el artículo 139. Contra esta resolución procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137. Transcurridos los plazos legales y una vez que la resolución anterior se encuentre ejecutoriada, la Dirección General de Aguas ordenará a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces practicar las cancelaciones y las inscripciones que procedan.

En lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el procedimiento general del Título I del Libro Segundo de este Código.”.

42. Incorpórase en el artículo 142 el siguiente inciso final:“El procedimiento de remate de que dan cuenta los incisos anteriores no podrá aplicarse en los casos en que las solicitudes presentadas se refieran a los usos de la función de subsistencia. La preferencia para la constitución de los derechos de aprovechamiento originados en dichas solicitudes se aplicará teniendo en consideración la relación existente entre el caudal solicitado y el uso equivalente, respecto de una misma persona, de conformidad a la normativa en vigor.”.

43. Sustitúyense los incisos tercero y cuarto del artículo 147 bis por los siguientes:

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° ter, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, previo informe de la Dirección General de Aguas, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente”.

Si no existe disponibilidad para otorgar los derechos de aprovechamiento en la forma solicitada, el Director General de Aguas podrá hacerlo en la cantidad o con características diferentes, pudiendo, incluso, denegar total o parcialmente las solicitudes respectivas, según corresponda.”.

44. Intercálase en el artículo 147 ter, entre las palabras “denegación” y “parcial”, la expresión “total o”.

45. Incorpórase a continuación del artículo 147 ter el siguiente artículo 147 quáter:

“Artículo 147 quáter.- Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad, siéndole aplicable las limitaciones del artículo 5° quinquies. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo “Por orden del Presidente.”.

46. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 149:

a) Reemplázase en el número 5 la expresión “El” por la siguiente frase: “La distancia, el”.

b) Intercálanse los siguientes números 6 y 7, pasando los actuales a ser 8 y 9, respectivamente:

“6. El uso específico, como el dispuesto para el caso de las concesiones sobre aguas reservadas;

7. La extensión temporal del derecho de aprovechamiento;”.

c) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° bis, el derecho de aprovechamiento quedará condicionado a su uso en los casos en que la ley lo disponga expresamente.”.

47. Incorpórase en el inciso primero del artículo 150, a continuación de la expresión “Conservador de Bienes Raíces competente”, la siguiente frase: “, dentro del plazo de 6 meses, contado desde el otorgamiento del derecho, bajo apercibimiento de caducidad del mismo”.

48. Introdúcense las siguientes enmiendas en el inciso primero del artículo 151:

a) Agréganse, luego de la frase “de las obras de captación”, la expresión “, en coordenadas UTM o”; y después de “puntos de referencia” los vocablos “permanentes y”.

b) Reemplázase la frase “el dominio de los derechos de aprovechamiento” por la siguiente: “el derecho del particular para usar y gozar de las aguas,”.

49. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 158:

“Si la solicitud se refiere al cambio de fuente de abastecimiento de una cuenca a otra, la Dirección General de Aguas antes de resolver, deberá evaluar el interés público comprometido en dicho traslado de derechos, en virtud del inciso segundo del artículo 5° bis.”.

50. Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 159:

“Además, la Dirección General de Aguas deberá evaluar el interés público comprometido por la solicitud en la nueva fuente, en virtud del artículo 5° bis.”.

51. Elimínase en el inciso primero del artículo 189 la expresión “o antecedentes”.

52. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 197 la palabra “dueños” por “titulares”.

53. Reemplázase en el inciso primero del artículo 201 el vocablo “dueños” por “titulares”.

54. Sustitúyese en el artículo 250 la palabra “dueño” por “titular”.

55. Sustitúyese en el artículo 260 el vocablo “dueños” por “titulares”.

56. Reemplázase en el artículo 262 la palabra “dueño” por “titular”.

57. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 299:

a) Sustitúyese en la letra b) la frase “Investigar y medir el recurso” por la siguiente: “Investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención a la conservación y protección de las aguas”.

b) Intercálase en el numeral 1. de la letra b), entre las frases “operar el servicio hidrométrico nacional” y “y proporcionar y publicar la información correspondiente”, la siguiente: “, el que incluye tanto mediciones de cantidad como calidad de aguas,”.

c) Incorpórase el siguiente numeral 4. en la letra b):

“4. Reevaluar las circunstancias que dan origen a una declaración de área de restricción y a una zona de prohibición.”.

d) Intercálase en la letra c) entre las frases “cauces naturales de uso público” y “e impedir que en éstos se construyan”, la siguiente oración: “, impedir, denunciar o sancionar la afección a la cantidad y la calidad de éstas, de conformidad al inciso primero del artículo 129 bis 2 y los artículos 171 y siguientes,”.

58. Reemplázase en el artículo 303 la palabra “dueños” por “titulares”.

59. Intercálase entre el artículo 307 y el Título Final el siguiente artículo 307 bis:

“Artículo 307 bis.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal ecológico contemplado en el artículo 129 bis 1 y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, de conformidad a las normas que establezca el Servicio, a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Además, en el caso de los derechos no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución.

Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y transmita a la Dirección General de Aguas la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído y, en los usos no consuntivos, restituido, desde la fuente natural.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, así como lo dispuesto en los artículos 38, 67 y 68, la Dirección General de Aguas impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada.”.

60. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo 314:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “por períodos máximos de seis meses, no prorrogables” por la siguiente: “por un período máximo de un año, prorrogable por un período igual o menor”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Declarada la zona de escasez, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Podrá para ello, suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.”.

c) Intercálase el siguiente inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser inciso quinto, y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso que se acredite existir graves carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° bis, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos requerimientos, por sobre los demás usos. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso, estarán vigentes mientras se halle en vigor el decreto de escasez respectivo. Los efectos ocasionados con la redistribución no darán derecho a indemnización alguna.”.

d) Intercálase en el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto, entre las frases “podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas” y “desde cualquier punto”, la siguiente: “y destinarlas preferentemente a los usos de la función de subsistencia,”.

e) Agrégase en el actual inciso séptimo, que pasa a ser octavo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No tendrán derecho a esta indemnización quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.”.

61. Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo segundo transitorio:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i) Reemplázase la frase “Los derechos de aprovechamiento inscritos” por la siguiente: “Los usos actuales de las aguas”.

ii) Sustitúyese la palabra “utilizados” por “aprovechados”.

iii) Elimínase la frase “por personas distintas de sus titulares”.

iv) Reemplázase la letra d) por el siguiente:

“d) Reunidos todos los antecedentes, la Dirección General de Aguas, previo a resolver, podrá consultar a la Organización de Usuarios respectiva, en caso que ésta exista, su opinión fundada sobre características del uso y su antigüedad. La respuesta de la organización no será vinculante para el servicio.”.

v) Agrégase la siguiente letra e):

“e) La Dirección General de Aguas emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada que reconocerá los derechos de aprovechamiento que cumplan con los requisitos descritos en este artículo, señalando las características esenciales del derecho de aprovechamiento. En caso contrario, denegará la solicitud. A la resolución que reconozca el derecho de aprovechamiento le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 del este Código”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

“Las Organizaciones de Usuarios legalmente constituidas podrán presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan individualmente los requisitos para ello.”.

c) Elimínase el actual inciso segundo.

62. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo quinto transitorio:

a) Introdúcense las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i) Reemplázase la expresión “La determinación” por la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2° transitorio, la determinación”.

ii) Sustitúyense los numerales 1., 2., 3., y 4. por los siguientes:

“1. Deberá acreditarse la existencia y extensión de los derechos de aprovechamiento de aguas expropiados, la relación entre tales derechos y la superficie regada, y la circunstancia de que no existan otros derechos de aprovechamiento asignados al mismo predio. Para lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá requerir al Servicio Agrícola y Ganadero para que este informe acerca de dichas circunstancias en referencia a cada predio asignado, a la reserva, a la parte que se hubiere excluido de la expropiación y a la que se hubiere segregado por cualquier causa cuando ello fuere procedente. Lo anterior, en forma proporcional a la extensión efectivamente regada a la fecha de la expropiación. Este informe no tendrá carácter vinculante.

Previo a resolver, la Dirección General de Aguas podrá solicitar las aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor resolver, de conformidad con el inciso segundo del artículo 135.

2. La regularización de los derechos a que se refiere este artículo se hará mediante resolución de la Dirección General de Aguas, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 del presente Código. Esta resolución deberá publicarse en el extracto del Diario Oficial para efectos de su notificación y en su contra procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

3. A la resolución que determine el derecho de aprovechamiento de conformidad a estas reglas, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de éste Código.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Esta regularización no le será aplicable a aquellos predios expropiados por las leyes N° 15.020 y 16.640 que a la fecha de dicha expropiación no contaban con derechos de aprovechamiento.”.

Artículos Transitorios

Artículo primero.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley.

Los procedimientos descritos en los artículos 2° y 5° transitorios del decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas, solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización. Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Artículo segundo.- Los derechos de aprovechamiento constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de dieciocho meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, bajo apercibimiento de caducidad de los mismos por el solo ministerio de la ley. Este plazo podrá prorrogarse, por igual período, si el titular del derecho lo solicitare a la Dirección General de Aguas, con anterioridad al vencimiento del plazo antes referido, siempre y cuando el requerimiento se base en la negativa injustificada a inscribir el derecho, del Conservador de Bienes Raíces competente y se haya iniciado un procedimiento de reclamo judicial.

Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos titulares de derechos de aprovechamiento no inscritos que correspondan a campesinos que personal y directamente trabajen la tierra, cualquiera sea el régimen de tenencia, en predios cuyo destino exclusivo sea la agricultura y cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie.

Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente.

Artículo tercero.- Mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el informe referido en el artículo 129 bis 2 del Código de Aguas será emitido por el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo cuarto.- Los titulares de derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley que deseen destinarlos al desarrollo de un proyecto recreacional, turístico u otro que implique no utilizar ni extraer las aguas de su fuente; y aquellos titulares de derechos de aprovechamiento cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de las áreas protegidas y que los destinen a mantener la función ecológica de las aguas, podrán acogerse a la exención del pago de patente por no uso, de que da cuenta el inciso final del artículo 129 bis 9, para lo cual deberá cumplir con las exigencias del Reglamento señalado en el inciso final del artículo 129 bis 9.

Artículo quinto.- Previa resolución de la Dirección General de Aguas, se suspenderá el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, permanentes y continuos, otorgados con posterioridad a la declaración de cuenca agotada, conforme lo indica el artículo 282 del Código de Aguas. Estarán exentos de esta medida los derechos de aprovechamiento otorgados a las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y a los pequeños productores agrícolas pertenecientes a las Comunidades Agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; y los pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por aquellas las consideradas en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente. De igual forma, quedarán exentos los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas.”.

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Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 1, 8 y 15 de abril; 8 y 29 de julio; 5, 12 y 26 de agosto; 2 de septiembre; 2 y 9 de diciembre de 2013; 6, 13 y 20 de enero; 16 y 23 de abril; 7 de mayo; 4 de junio; 20 de agosto; 8, 15, 20 y 22 de octubre; 3, 5, 12, 17 y 24 de noviembre; 10, 15 y 17 de diciembre de 2014; 5, 7, 12, 14, 19, 21 y 27 de enero; 11 y 18 de marzo, 1, 8 y 22 de abril; 6 y 13 de mayo; 1, 3 y 10 de junio; 1, 20 y 22 de julio; 5 y 12 de agosto; 2 de septiembre; 7, 14, 19 y 20 de octubre de 2015, con la asistencia de las diputadas señoras Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Andrea Molina, Denise Pascal, Yasna Provoste (Presidenta) y Alejandra Sepúlveda; de los diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, Marcos Espinosa, Sergio Gahona, Joaquín Godoy, Romilio Gutiérrez, Luis Lemus, Cristián Monckeberg, Daniel Núñez, Jorge Rathgeb, Gaspar Rivas, Raúl Saldívar, Mario Venegas y Matías Walker; de la ex diputada señora Adriana Muñoz y de los ex diputados señores Mario Bertolino, Giovanni Calderón, Eduardo Cerda y Jorge Insunza.

El diputado señor Matías Walker fue reemplazado en forma permanente por el diputado señor Mario Venegas a contar de la sesión N°40, del 1 de abril de 2015; en tanto que el ex diputado señor Jorge Insunza fue reemplazado por la diputada señora María Loreto Carvajal desde la sesión N°44, del 13 de mayo del mismo año.

También concurrieron la diputada señora Karol Cariola, en reemplazo del señor Núñez (don Daniel); la diputada señora Daniella Cicardini, en reemplazo del diputado señor Luis Lemus; los diputados señores Claudio Arriagada, en reemplazo del señor Mario Venegas; Germán Becker, en reemplazo del señor Monckeberg (don Nicolás); Bernardo Berger, en reemplazo del señor Jorge Rathgeb; Juan Antonio Coloma, en reemplazo de la señora Andrea Molina; Daniel Farcas, en reemplazo de la señora Cristina Girardi; Iván Flores, en reemplazo del señor Mario Venegas; Rodrigo González, en reemplazo de la señora Cristina Girardi; Issa Kort, en reemplazo del señor Giovanni Calderón; Felipe Letelier, en reemplazo de la señora Cristina Girardi; Nicolás Monckeberg, en reemplazo del señor Jorge Rathgeb; Juan Morano, en reemplazo de la señora Yasna Provoste y del señor Mario Venegas; Diego Paulsen, en reemplazo del señor Jorge Rathgeb; Marcelo Schilling, en reemplazo del señor Luis Lemus; Ignacio Urrutia, en reemplazo del señor Sergio Gahona y de la señora Andrea Molina; Osvaldo Urrutia, en reemplazo del señor Pedro Álvarez Salamanca; el ex diputado señor Enrique Accorsi, en reemplazo de la diputada señora Cristina Girardi; la diputada señora Denise Pascal; y los diputados señores Miguel Ángel Alvarado, Celso Morales, José Pérez, Jorge Sabag y Christian Urízar.

Sala de la Comisión, a 20 de octubre de 2015.

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión

Santiago, 13 de noviembre de 2015.

Oficio N° 120 -2015

INFORME PROYECTO DE LEY 36-2015

Antecedente: Boletín N° 7543-12.

A LA SEÑOR PRESIDENTA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY

COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

Mediante oficio N° 233-2015, de fecha 9 de octubre de 2015, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley iniciado por moción- que modifica el Código de Aguas, para recabar su opinión sobre las indicaciones presentadas por el Vicepresidente de la República mediante oficio N° 926-363, de fecha 8 de septiembre de 2015 (boletín 7543-12).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 11 de noviembre en curso, presidida por el subscrito y con la asistencia de los ministros señores Milton Juica Arancibia, Hugo Dolmestch Urra, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Haroldo Brito Cruz y señor Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouét, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, señores Carlos Aránguiz Zúñiga, Carlos Cerda Fernández, Manuel Valderrama Rebolledo y Jorge Dahm Oyarzún, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

"Santiago, once noviembre de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° 233-2015, de fecha 9 de octubre de 2015, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley iniciado por moción- que modifica el Código de Aguas, para recabar su opinión sobre las indicaciones presentadas por el Vicepresidente de la República mediante oficio N° 926-363, de fecha 8 de septiembre de 2015.

La iniciativa legal, correspondiente al boletín N° 7.543-12, ingresó a tramitación legislativa el 17 de marzo de 2011, pasando a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente el mismo día, siendo remitido el 20 de diciembre de 2012 a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Con fecha 8 de octubre de 2014, se da cuenta del Oficio N° 459-362, por el cual su S. E. la señora Presidenta de la República formuló indicaciones sustitutivas al proyecto; el 9 de julio de 2015, se da cuenta del Oficio por el cual se retiran y formulan nuevas indicaciones al mismo y, finalmente, con fecha 8 de octubre del año en curso se da cuenta del Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República por el cual formuló nuevas indicaciones al texto del proyecto en discusión;

Segundo: Que la iniciativa de ley ya fue previamente informada por la esta Corte Suprema mediante oficio N° 97-2015, de fecha 7 de septiembre de 2015. La opinión referida se pronunció sobre la indicación presentada por la diputada señora Karol Cariola y el diputado señor Daniel Núñez al artículo 129 bis 2 del texto actualmente vigente del Código de Aguas;

Tercero: Que en el marco de la discusión en particular del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, y en uso de sus facultades constitucionales, el Vicepresidente de la República, Sr. Jorge Burgos, junto con los Ministros de Hacienda, Secretario General de la Presidencia, de Obras Públicas y de Agricultura, formuló indicaciones que modifican los artículos Segundo y Quinto transitorios del Código de Aguas y los artículos Primero y Segundo Transitorios, eliminando el artículo Cuarto, también transitorio del texto del proyecto actualmente en discusión.

Las modificaciones en consulta se refieren a las alteraciones al artículo Segundo y Quinto transitorios del Código de Aguas;

Cuarto: Que la indicación incide en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, especialmente en su parte final, referente a la obligación de la Dirección General de Aguas de remitir la solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas junto con la oposición a dicha solicitud -si la hubiere al Juez de Letras en lo Civil competente, aduciendo para su conocimiento al artículo 177 del Código del ramo, que, a su vez, hace referencia como norma general al procedimiento sumario regulado en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, mismo procedimiento que se aplica conforme consta en el actual inciso segundo del artículo en análisis, que se elimina.

A su turno la modificación al artículo 5° transitorio del Código de Aguas, establece una suerte de excepción a lo dispuesto en el artículo 2° transitorio para el caso de derechos de aprovechamiento provenientes de predios expropiados total o parcialmente o adquiridos a cualquier título de conformidad a las Leyes N° 15.020 y 16.640 de Reforma Agraria, para luego eliminar los cuatro numerales actuales, reemplazándolos por tres numerales nuevos y, finalmente, reemplazando el texto del inciso 2° del artículo;

Cuarto: Que examinados los antecedentes a la luz de lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se advierte que la única disposición referida a la organización y atribuciones de los tribunales sobre la cual debe pronunciarse la Corte Suprema reside en el numeral 2° del artículo 5° transitorio del Código de Aguas, en cuanto concierne al procedimiento de regularización de los derechos provenientes de predios expropiados total o parcialmente o adquiridos con arreglo a las Leyes N° 15.020 y 16.640, con arreglo a las reglas que se proponen en la indicación a la moción que se analiza;

Quinto: Que con la indicación se establece expresamente que la regularización se hará mediante resolución de la Dirección General de Aguas, la que deberá cumplir con los requisitos del artículo 149. La resolución deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial para efectos de su notificación y en su contra procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137.

Finalmente, hace aplicable a esta resolución lo dispuesto en el artículo 150 del Código y excluye de este mecanismo de regularización a los predios expropiados por la legislación de Reforma Agraria que a la fecha de su expropiación no contaban con derechos de aprovechamiento;

Sexto: Que no pareciera ser fuente de reparos que el organismo técnico estatal competente para conocer y resolver esta materia sea la Dirección General de Aguas y no el Servicio Agrícola y Ganadero, el que podrá actuar como auxiliar técnico proporcionando información necesaria para la adecuada resolución de la solicitud. De la misma forma, esta regulación establece el procedimiento posterior a la resolución para su inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas y la forma de oponerse a dicha resolución por la vía administrativa o judicial.

En concordancia con lo expresado, contra la resolución de la autoridad administrativa procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

Que la modificación propuesta no merece objeciones de parte de este Tribunal Pleno en el ámbito en que se encuentra llamado a informar por el Constituyente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

Ofíciese.

Se previene que el Presidente señor Muñoz y los ministros señores Juica, Dolmestch, Aránguiz, Valderrama y Dahm, además, fueron de opinión de incluir en el informe requerido a esta Corte las siguientes consideraciones en torno a las indicaciones formuladas por el Vicepresidente de la República respecto a artículos transitorios del texto vigente del Código de Aguas, especificamente a sus artículos segundo y quinto transitorios:

1) Que previo a pronunciarse sobre las modificaciones propuestas, resulta necesario señalar que el actual proyecto de ley que modifica el Código de Aguas implica una reforma sustancial a la normativa actual vigente, contemplando aspectos relevantes en lo relativo a las indicaciones que en esta oportunidad se analizan y que es necesario considerar, por cuanto servirán de principios interpretativos para el análisis que se efectúa en este informe.

En este sentido, es necesario destacar dos normas del proyecto de ley en discusión inciden significativamente en el uso racional del recurso hídrico: (1) en primer lugar, el inciso tercero nuevo del artículo 5°, que establece el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, y (2) en segundo lugar, el artículo 5° bis nuevo, que establece diversas funciones del agua, declarando que "siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento";

2) Que la indicación propone el reemplazo del artículo 2° transitorio del Código de Aguas, especialmente en su parte final, que estatuye la obligación de la Dirección General de Aguas -en adelante DGA- de remitir la solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas junto con la oposición respectiva -si la hubiere- al Juez de Letras en lo Civil competente, acorde al artículo 177 del Código del ramo. Este, a su turno, refiere como norma general al procedimiento sumario regulado en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, mismo procedimiento que se aplica conforme consta en el actual inciso segundo del artículo en estudio, que se suprime;

3) Que la regulación propuesta por la indicación establece en la letra d) del inciso primero la facultad de la DGA para consultar a la Organización de Usuarios respectiva su opinión fundada, la que no será vinculante para el servicio; y en el literal e), nuevo, señala que la DGA emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada en la que reconocerá o denegará la solicitud, debiendo, en caso de acogerla, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150, esto es, reducir a escritura pública la resolución e inscribirla en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente.

El inciso 2° nuevo, por su parte, otorga legitimidad activa a las Organizaciones de Usuarios legalmente constituidas para presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan con los requisitos para ello;

4) Que actualmente el procedimiento de regularización en el caso de derechos de aprovechamiento de aguas inscritos pero utilizados por personas distintas a sus titulares; derechos no inscritos; y los que se extraen en forma individual de una fuente natural, contempla una etapa administrativa y una judicial, tramitada de conformidad a las normas del procedimiento sumario por el juez de letras con competencia civil que corresponda,2 quien dicta una resolución sobre dicha solicitud, contra la que se pueden deducir los recursos procesales establecidos en las normas comunes contempladas en el Código de Procedimiento Civil. El texto que se propone deja tanto la tramitación como la resolución de la solicitud en manos exclusivas de la DGA, sin pronunciarse expresamente sobre la procedencia de recursos administrativos o judiciales en contra de la resolución de la Dirección, a diferencia del texto que se propone en el artículo 5° transitorio.

La DGA adquiere competencia para conocer y resolver las solicitudes de regularización en una primera etapa, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 del Código. Sin embargo, sería recomendable que contra la resolución que acoge o rechaza la solicitud, se establezca expresamente que procederán los recursos de reconsideración ante la DGA y reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva, mediante el procedimiento contemplado en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

5) Que la regularización es el mecanismo o herramienta de ajuste contemplado por el legislador de aguas de 1981, con el propósito de constatar y declarar expresamente la existencia de derechos de aprovechamiento de aguas, basados en usos consuetudinarios preexistentes y/o de incorporar los derechos antiguos que así lo requiriesen a los registros y catastros implementados por el régimen jurídico que se creó.

Considerando el número de derechos antiguos derechos respecto al total de los derechos de aprovechamiento que coexisten tras la entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981, se ha afirmado que la regularización desempeña un rol fundamental y esencial para alcanzar la certeza y uniformidad que el régimen de aguas requiere.5 Es por lo anterior que se ha sostenido que los procedimientos regularizadores, a pesar de encontrarse en disposiciones transitorias del Código de Aguas, se han transformado en normas de carácter permanente.

Los procedimientos regularizadores contemplados en el Código de Aguas son de aplicación facultativa, de forma que los usuarios de aguas no están ni se sienten obligados a regularizar, y por consiguiente, inscribir sus derechos, determinación que ha producido una serie de dificultades prácticas, entre ellas la falta de inscripción y registro;

6) Que se ha criticado por la doctrina el carácter temporal que se le ha reconocido al artículo segundo transitorio, señalándose derechamente la necesidad y procedencia de derogar el procedimiento regularizador en análisis, por cuanto se habría convertido en una instancia permanente, procedimiento que atentaría contra su propia naturaleza, debiendo, por consiguiente, limitarse su aplicación al estricto límite temporal, pues de lo contrario se corre el riesgo de vulnerar los derechos de aguas legítimamente constituidos bajo el imperio de la nueva legislación;

7) Que durante la discusión en particular de la iniciativa legal en estudio el Director General de Aguas, explicando las motivaciones de la indicación en análisis, señaló que "al amparo de los actuales artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, se han sobre otorgado derechos de agua, y es por ello que en la indicación sustitutiva del proyecto original que modifica el Código, el Ejecutivo propuso en su momento la supresión del artículo 5° transitorio. Ilustró la afirmación anterior señalando que se estima que en la Provincia de Petorca alrededor del 42% de los derechos de aprovechamiento de agua se habrían concedido invocando las mencionadas normas. No obstante que el gobierno había resuelto poner término al mecanismo de regularización de derechos contemplado en esos artículos, luego, y considerando que muchos agricultores no han regularizado todavía sus derechos, pero utilizan el agua, optó por otra alternativa, que quedó plasmada en las últimas indicaciones presentadas. En síntesis, se establece en ellas que el procedimiento para regularizar los derechos de aprovechamiento que contemplan los artículos 2° y 5° transitorios se extiende a 5 años, contados desde la publicación de la ley (...)".

La modificación en comento vendría a subsanar, en cierta forma, la situación actual, puesto que a través de los cambios sugeridos al artículo primero transitorio del texto del proyecto de ley,9 se establece un plazo de 5 años contado desde la fecha de su publicación para iniciar los procedimientos descritos en el artículo 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, vencido el cual no se admitirán a trámite las solicitudes de regularización;

8) Que con la alteración propuesta, si bien podría subsanarse el problema actual referente al otorgamiento de derechos de aguas, no se advierte expresamente que lo dispuesto en la parte inicial del inciso 1° de la modificación al artículo 2° transitorio, esto es, "los usos actuales de las aguas que estén siendo aprovechados", coexistan con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos después de la entrada en vigencia del Código, cuyo ejercicio simultáneo podría conllevar a una sobreexplotación del recurso hídrico.

Las indicaciones del Ejecutivo se apartarían de lo señalado en la moción, cuando hace referencia a la priorización de los usos esenciales, al señalar que el consumo humano y el saneamiento siempre prevalecerán, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.;

9°) Que tal como establece la indicación, la DGA emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada en que reconocerá los derechos de aprovechamiento que cumplan con los requisitos descritos en este artículo lo que en definitiva ratifica la posibilidad de representar una eventual sobreexplotación de las aguas.

En la indicación al artículo 2° transitorio, no se contempla como límite a la regularización la sobreexplotación del recurso, siendo altamente aconsejable consagrar en dicho caso un orden de prelación basado expresamente en el uso efectivo y beneficioso de las aguas.

El cambio de terminología utilizada al inicio del artículo, que elimina las referencias a derechos inscritos que estén siendo utilizados por personas distintas a sus titulares, reemplazándolo por "los usos actuales de las aguas" que estuvieren siendo aprovechados a la fecha de entrada en vigencia del Código, si bien pareciera estar suprimiéndose con ello requisitos para iniciar el procedimiento, en realidad no varía de la situación actual que permite iniciar este mecanismo de regularización a personas que solicitaren inscribir derechos de aprovechamiento no inscritos y aquellos que se extraen en forma individual de una fuente natural, establecido en el inciso 2° que se elimina, quedando en definitiva la regulación completa de este procedimiento unificada en un solo inciso;

10°) Que las modificaciones propuestas a los artículos transitorios del proyecto de ley actualmente en discusión, cumplen el objetivo del legislador en orden a racionalizar la administración del recurso hídrico como bien nacional de uso público.

Durante la discusión en particular del proyecto de ley, el académico Arturo Fermandois señaló en lo pertinente que: "La idea que subyace a esta reforma es que quien no usa el agua la pierde", agregando "que el sistema de caducidad propuesto se ajusta a la Constitución Política, porque es deber del Estado velar por el adecuado uso de este recurso, que es un bien nacional de uso público, y en particular impedir su acaparamiento" (Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación recaído en el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Boletín 7543-12, p. 64.).

Quienes previenen, observan propicio reiterar la necesidad de tener presente que los artículos transitorios del Código se establecieron como forma de regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas que estuvieren en uso a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma legal, el 29 de octubre de 1981, para adecuarse a la nueva regulación. En la práctica, sin embargo, se han transformado en permanentes y no han logrado su objetivo, por lo que transcurridas más de tres décadas desde su entrada en vigencia, las modificaciones propuestas, especialmente el establecer un límite temporal máximo para iniciar el procedimiento de regularización, unidas al establecimiento del derecho de acceso al agua y su saneamiento como derecho humano y la priorización en el uso que se debe tener en cuenta para su otorgamiento, resultan adecuadas.

A pesar de lo anterior, estiman que sería recomendable establecer la prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento por cantidades superiores al cien por ciento (100%) del caudal disponible.

PL-36-2015".

Saluda atentamente, a V.S.

Sergio Muñoz Gajardo

Presidente

Jorge Sáez Martín

Secretario.

INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS.

BOLETÍN N° 7.543-12

HONORABLE CÁMARA

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informar, en calidad de segunda comisión, los acuerdos alcanzados en relación al texto de la iniciativa legal aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación durante la tramitación del primer trámite constitucional y primero reglamentario, del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señoras Andrea Molina Oliva y Alejandra Sepúlveda Orbenes, y de los diputados señores Enrique Jaramillo Becker, Roberto León Ramírez, Fernando Meza Moncada, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Teillier Del Valle y Patricio Vallespín López, y de los ex diputados señores Enrique Accorsi Opazo y Alfonso de Urresti Longton, que durante su tramitación en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación fue objeto de una indicación sustitutiva de S.E. la Presidenta de la República.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración y asistencia del Ministro de Agricultura, don Carlos Furche; del Director General de Aguas, don Carlos Estévez, de la abogada de ese organismo, señora Tatiana Celume; del Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, don Reinaldo Ruiz; de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, doña María Loreto Mery y del Asesor Legislativo del Ministerio de Agricultura, don Jaime Naranjo.

Asimismo, se recibió la opinión de representantes de organismos públicos y privados que se detallan en capítulo III de este informe.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 222 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:

1. Ideas matrices o fundamentales.

Según lo establece el informe de la Comisión Técnica las ideas matrices del proyecto de ley son las siguientes:

a) Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua.

b) Reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir -social, de subsistencia, ambiental, productiva, etcétera.

c) Generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

d) Establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

2. Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones.

Los números 1, 2 a), 3 (en lo que respecta a los artículos 5° quáter y 5° quinquies), 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62 del artículo único del proyecto, y los artículos tercero y cuarto transitorios.

3. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural mantiene la calificación de las normas realizada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

4. Normas que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, mantiene el criterio de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación en orden a que los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

5. Reservas de Constitucionalidad.

1. Del diputado Paulsen, en el número 4, que modifica el artículo 6°, a la indicación que agrega los incisos cuarto, quinto y sexto.

2. Del diputado Barros, en el número 29, que modifica el artículo 129 bis 1, a la indicación que agrega un inciso cuarto.

6. Oficio de Corte Suprema.

Se recibió oficio N° 120 de fecha 13 de noviembre de 2015, de la Excma. Corte Suprema en respuesta a oficio N° 233-2015, de fecha 9 de octubre de 2015 de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

7. Diputado Informante.

Se designó diputado informante al señor Sergio Espejo Yaksic.

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.

a) Antecedentes. [1]

Según los autores del proyecto en informe, la temática que abordan las iniciativas legales formuladas entre los años 1992 y 2009, pueden sintetizarse en los siguientes tópicos:

i. Refuerzan el estatus legal y constitucional de las aguas como bienes nacionales de dominio público.

ii. Reconocen y fortalecen las múltiples funciones del agua: abastecimiento primario, la salud y calidad de vida de las personas, y la sustentabilidad ambiental.

iii. Establecen procedimientos para prevenir la concentración de derechos de agua en pocos titulares y la especulación sobre la base de esos derechos.

iv. Fijan prioridades de uso para el recurso hídrico.

v. Establecen condiciones para el uso y aprovechamiento de las aguas, de modo de velar por la protección ambiental y el uso sostenible de las aguas, tanto por parte del Estado como de los privados.

vi. Proponen crear mecanismos para la adecuada planificación de los recursos hídricos, lo que exige adecuar la legislación para crear las potestades públicas que permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar la seguridad hídrica frente a fenómenos como la sequía y el calentamiento global.

Adicionalmente, la moción, objeto de indicación sustitutiva, toma en cuenta diversas resoluciones, programas y tratados Internacionales, en el marco del sistema de Naciones Unidas, que expresan la permanente atención y prioridad respecto del uso sostenible de los recursos naturales, y particularmente sobre la protección de las fuentes de agua dulce y el acceso humano al agua.

b) Fundamentos.

Los mocionantes señalan que el actual modelo de asignación del agua entrega a los particulares el dominio absoluto sobre el recurso, dejando al Estado sin instrumentos suficientes para regular el uso y ejercicio de los derechos de agua. En ese contexto, y tomando en cuenta las limitaciones de disponibilidad dadas por las condiciones naturales, la propia explotación productiva y los desafíos del cambio climático, indica que el Estado requiere de mayores facultades para velar por este bien común.

En efecto, se explica que el modelo de asignación de aguas ha generado una serie de dificultades para el abastecimiento primario, el desarrollo social y las necesidades del desarrollo local; además de riesgos en la disponibilidad y amenazas importantes a la sustentabilidad económica y al equilibrio ambiental de las fuentes hídricas.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto en informe persigue los siguientes objetivos:

a) Generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, para dar estabilidad al abastecimiento y prioridad al agua potable, al saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.

El actual sistema de asignación de recursos hídricos no contempla un mecanismo expedito orientado al resguardo de los recursos hídricos para consumo humano y abastecimiento primario. En efecto, todos los usos son igualmente prioritarios para efectos de la constitución de derechos, a pesar de existir acuerdos internacionales que urgen una distinción y la priorización de los usos esenciales. Existen demandas de agua no competitivas, como aquellas asociadas a la producción de alimentos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo local, las cuales, en general, no son cubiertas con el modelo vigente de asignación y transacción de derechos de aguas.

Hoy día existen problemas indiscutibles de equidad en el acceso al agua, incluyendo la concentración en la propiedad de derechos de agua constituidos y retenidos por privados por largos períodos y sin uso; la especulación con los derechos de agua; los cambios en el destino y uso productivo de estos, etc.

b) Establecer una nueva categoría de derecho: el agua como derecho esencial. El rediseño del modelo de asignación de derechos de aprovechamiento de aguas debe permitir al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales de desarrollo local, ambiental y territorial. Todos estos usos, que no son competitivos en el ámbito de las reglas de mercado, y a veces irrelevantes en términos de la productividad de corto plazo, son fundamentales para el desarrollo social y ambiental sustentable.

En tal virtud, los usos esenciales del agua deben ser cubiertos con un nuevo tipo de permiso para su uso: la concesión, que no es equivalente al derecho de aprovechamiento, pues no se transa en el mercado, y además está condicionada a un determinado uso, calificado como esencial. Este uso esencial ha de ser prioritario y, por ende, prevalecer sobre los usos competitivos, lo que justifica el establecimiento de restricciones al ejercicio de todos los derechos de agua otorgados para usos competitivos.

c) Fundamentos de la indicación sustitutiva. [2]

El señor Ministro de Obras Públicas explicó que la indicación presentada por el Gobierno recoge varias de las propuestas contenidas en la moción original y, desde luego, sus ideas matrices. Para comprender el alcance de las modificaciones que se pretende incorporar al Código de Aguas es necesario tener en cuenta que este data de 1981 y fue concebido con un enfoque de tipo productivo, que es necesario rectificar. En efecto, cada día se hace más necesario dotar de un contenido más sustantivo al concepto del agua como bien nacional de uso público, que hoy es “letra muerta”. En este sentido, resulta insoslayable dar usos prioritarios al agua y, dentro de ellos, el de subsistencia. La función de subsistencia comprende el consumo humano y el saneamiento.

En torno a este último punto, el Secretario de Estado aclaró que el Ejecutivo no es partidario de establecer una especie de “catálogo” de prioridades en el uso del agua, porque plantea dificultades de tipo operacional; sin perjuicio de entender el propósito que persiguen quienes defienden tal opción.

Acotó que nuestra legislación en materia de agua está rezagada si se la compara con la que rige en los países de la OCDE, y el proyecto impulsado por el Ejecutivo tiende precisamente a su perfeccionamiento. Junto con la priorización en el uso del agua, se incorpora una innovación trascendental en lo que se refiere al derecho de aprovechamiento. Este deja de ser perpetuo y pasa a ser una concesión temporal (hasta por 30 años), aunque prorrogable, siempre que exista un uso efectivo del recurso. Se propone que la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo no sea inferior a 20 años, teniendo en cuenta la complejidad y larga data que implican los proyectos hidroeléctricos.

En materia de caducidad de derechos de aprovechamiento por no uso, se propone un plazo de 4 años, tratándose de los derechos consuntivos, y de 8 en el de los no consuntivos.

Se delimita el concepto de uso efectivo del recurso a la construcción de las obras de captación y o de restitución de las aguas, las que deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento, su conducción hasta el lugar de su uso y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Otro aspecto relevante de la indicación sustitutiva es que otorga facultades a la Dirección General de Aguas, DGA, para limitar el ejercicio del derecho de aprovechamiento en ciertas hipótesis, y siempre con el objetivo de velar por el interés público. De este modo, se dota a la DGA de la atribución de redistribuir aguas, de reducir temporalmente, de oficio o a petición de parte, el ejercicio del derecho de aprovechamiento, exigir la instalación de sistemas de medición de caudales, estudios hidrogeológicos, etc.

Acerca de la priorización de la función de subsistencia del agua, la indicación del Ejecutivo contiene varias modificaciones, a saber:

- El consumo humano y el saneamiento siempre prevalecerán, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

- Para promover dichos usos del agua, el Estado podrá constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia y para los usos de la función ecosistémica u otros de interés nacional.

- Se crea la figura del permiso transitorio para la extracción de aguas con fines de subsistencia, mientras se tramita la solicitud definitiva, y con un límite de 12 litros por segundo.

- Se propone que ante la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permita constituirlos a los comités de agua potable rural.

- Se establece una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de Agua Potable Rural.

- Se elimina la figura del remate para aquellas solicitudes sobre derechos con preferencia (consumo humano y saneamiento).

- La Dirección General de Aguas podrá denegar total o parcialmente solicitudes nuevas, en función de los usos de consumo humano y el saneamiento.

Otra piedra angular del contenido de la indicación sustitutiva se refiere al fortalecimiento de las atribuciones de la DGA, lo que se traduce en:

- Reducir temporalmente, de oficio y o a petición de parte, el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en los casos en que se afecte la sustentabilidad del acuífero, o se ocasionen perjuicios a otros titulares de derechos de aprovechamiento.

- Exigir la instalación de sistemas de medición de caudales y niveles freáticos, además de un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

- Exigir estudios hidrogeológicos que demuestren el no impacto hídrico para autorizar el cambio de punto de captación en aquellas zonas que se encuentren resguardadas con zonas de prohibición o áreas de restricción.

- Autorizar el cambio de fuente de abastecimiento (cuencas), condicionada al interés público.

En materia de cobro de la patente por no uso de las aguas, hay varias innovaciones, que son las siguientes:

a) Se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento de cobro.

b) Se introduce la figura del recaudador fiscal de la Tesorería General de la República como ministro de fe.

c) Se establece la notificación del requerimiento de pago al deudor por cédula, eliminando los avisos radiales.

d) Se elimina el segundo remate de derechos de aprovechamiento por no pago de la patente por no uso. Así, de no prosperar el primer remate, las aguas vuelven a su calidad de bienes nacionales de uso público.

En un plano distinto, y para proteger ciertas áreas, se prohíbe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en los glaciares, parques nacionales y reservas de región virgen; y, respecto de otras zonas (como reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, etc.), se establecen estrictos requisitos para ello.

Acerca del tópico de la transferencia de derechos de aprovechamiento, el señor ministro dijo que para el gobierno lo fundamental es supeditar la lógica del mercado a la prevalencia del bien común, al revés de lo que sucede en la actualidad. Ahora bien, ello no implica suprimir la posibilidad de que se puedan transferir los derechos.

Por último, manifestó la disposición del Ejecutivo a abordar la problemática de las cuencas declaradas agotadas y los derechos de aprovechamiento otorgados sobre ellas. En todo caso, se otorgan a la DGA suficientes facultades para intervenir en esas cuencas.

III. ANTECEDENTES ENTREGADOS EN LA COMISIÓN.

Durante el estudio de esta iniciativa la Comisión recibió la opinión de las autoridades y representantes de organizaciones de usuarios y especialistas que se detallan a continuación:

1. Ministro de Agricultura, don Carlos Furche. [3]

Expresó que este proyecto tiene gran importancia para el sector agrícola, aunque es necesario tener presente, que este no es el usuario exclusivo de los recursos hídricos ni el poseedor exclusivo de los derechos de agua. El 73% de los derechos consuntivos (aquellos que se consumen durante el proceso) corresponden a uso agrícola; 9% a minería; 12% a industria y un 6% a consumo humano y sanidad. Los derechos no consuntivos se destinan mayoritariamente para la generación de energía.

En cuanto al contexto del proyecto de ley, manifestó que el desarrollo del sector agrícola depende cada vez más de la disponibilidad de recursos hídricos. En Chile, existe una larga tradición de agricultura con distintas modalidades de riego, existiendo más de 1.200.000 hectáreas de superficie bajo riego. La necesidad de contar con recursos hídricos para riego se ha ido expandiendo a las regiones del sur del país. Destacó que este es un tema central y se le ha dado prioridad en la política agrícola para este periodo.

El proyecto de ley busca enfrentar las dificultades que existen en la gestión y administración de los recursos hídricos. El Código de Aguas vigente se dictó en un contexto distinto al actual. En efecto, como consecuencia del cambio climático, se avanza gradualmente a un contexto de escasez relativa, lo que no quiere decir que se va a acabar, pero hay menos agua disponible que hace 2 o 3 décadas y es más irregular, no habiendo “un año normal”.

A lo anterior se suma una mayor demanda para el uso de los recursos hídricos en el sector agrícola, para el consumo humano, agua potable rural, y para otros sectores productivos, como la energía; demanda que no se ha armonizado adecuadamente.

Agregó que existen dificultades en la gestión y administración del uso de los recursos hídricos. En Chile hay 101 cuencas hidrográficas, más de 1.250 ríos y, en general, no hay una disposición uniforme y armonizada para gestionarlos. Por último, destacó evidentes problemas desde el punto de vista institucional, con una dispersión de atribuciones y facultades, lo cual lleva a confusiones y a una falta de claridad en las responsabilidades.

Manifestó que la discusión del proyecto de ley se refiere al marco regulatorio, el cual tiene como objetivo fundamental aproximarse a que “el agua es y debe ser un bien nacional de uso público”. Se establece una prioridad en el consumo humano. También aborda condicionamientos de carácter ambiental (caudales ecológicos mínimos que deben resguardarse en las cuencas) y el sobre otorgamiento de los derechos de agua. Dicho marco regulatorio se encuentra inmerso en uno más integral de la política nacional, donde también se aborda la inversión en recursos hídricos y el mejoramiento institucional, entre otros aspectos.

2. Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga. [4]

Destacó cuatro elementos centrales detrás de la política de aguas impulsada por el Gobierno:

1. Gestión de las aguas. Actualmente existe una solución por cuencas. Se ha avanzado en acelerar la gestión de expedientes y se han llevado a cabo acciones de coordinación en el marco de los organismos relacionados como Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección de Obras Hidráulicas; Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Sernageomin e Indap. Además, mencionó el aporte de una regulación adecuada, refiriéndose a la glosa especial para los sistemas de Agua Potable Rural, APR, que ha acortado el plazo en su tramitación.

2. Inversiones asociadas a agua. El ritmo de inversión del Estado, en gobiernos anteriores, ha sido de 1 o 2 licitaciones de grandes embalses por gobierno. En este, se ha propuesto tener 8 licitaciones de grandes embalses y abordar cambios metodológicos; 25 embalses medianos -15 nuevos y 10 rehabilitados-; y desarrollar más de un centenar de micro embalses. Destacó que la inversión en embalses es significativa. Se ha intensificado la política de desarrollo sistemático de plantas desaladoras para fines específicos o para favorecer el intercambio aguas arriba/ abajo. Se han iniciado los estudios de 6 plantas: en Arica, Copiapó, Choapa, Limarí, Petorca y la Ligua y se realizarán inversiones a través de la Comisión Nacional de Riego y Agua Potable Rural.

3. La institucionalidad. Hay más de 40 instituciones que resuelven más de 100 funciones relacionadas al agua. Eso atenta contra las decisiones y responsabilidades. Se nombró al Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos para una primera articulación y diagnóstico. Posteriormente, se constituyó el Comité de Ministros del Agua. Expresó, que la última sesión del Comité tuvo como objetivo aprobar los planes de plantas desaladoras y los criterios generales para los convenios de flexibilización respecto al uso del agua del lago Laja.

4. Regulación adecuada, que responde a los 3 anteriores. El proyecto de ley que introduces modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones en tramitación en el Senado y la presente reforma al Código de Aguas, responden a este objetivo.

En definitiva, expresó que esta iniciativa busca hacer efectiva la premisa de que las aguas son un bien nacional de uso público y marca una prioridad, el consumo humano. Se contemplan facultades a la Dirección General de Aguas y por último, destacó que los nuevos derechos de agua tienen un nuevo estatus, pasando a ser concesiones por 30 años, renovables y los antiguos derechos mantienen su naturaleza.

3. Director General de Aguas, don Carlos Estévez. [5]

Expresó que las principales directrices del proyecto de ley son: imposibilidad de que existan derechos perpetuos; revocación de los derechos otorgados en cuencas agotadas; traspaso de “aguas del minero” a sistema de concesiones administrativas; aplicación retroactiva de un caudal ecológico mínimo e hidrobiológico; prelación de usos (productivos) e imposibilidad de cambiarlos sin permiso de la Administración.

Dentro de los hitos de tramitación de esta iniciativa legal, destacó que el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva, el 8 de octubre de 2014, habiéndose iniciado la votación en particular en enero de 2015, asimismo, se presentaron indicaciones en enero, julio y septiembre del mismo año.

Observó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo respondió al diagnóstico debatido en el Comité de Ministros del Agua. Asimismo, se consideró que el Foro Mundial del Agua (Korea, 2015) propuso a los países realizar adecuaciones en todas las instancias institucionales y normativas para tener un mundo con seguridad hídrica; y que la OCDE, de la cual Chile es parte, en sus Principios para la Gobernanza del Agua, pone especial énfasis en actualizar los marcos regulatorios y fortalecer las políticas públicas para una gestión eficiente, eficaz y participativa del recurso.

En cuanto al diagnóstico propiamente tal, mencionó:

1. La brecha entre oferta y demanda hídrica es crecientemente negativa: “se necesita hacer más con menos”. El acceso al agua fresca es cada vez más limitado: el 40% de la población del planeta vive en cuencas con estrés hídrico. La sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos tensionan la seguridad alimentaria, la salud de los ecosistemas y el acceso al agua potable. Se ha envejecido la infraestructura hídrica, se ha desactualizado la tecnología y los sistemas de gobernanza no están preparados para los riesgos relacionados con el cambio climático.

2. El agua es un sector fragmentado con múltiples niveles de gobernanza. Los límites administrativos, provincias, suelen no coincidir con las cuencas. Fragmentación que coexiste con comportamientos monopólicos y fallas de mercado, siendo indispensable la coordinación y la capacidad de solucionar conflictos. La gestión del agua es simultáneamente un problema global, nacional y local que debe considerar a distintos actores públicos y privados.

3. El Gobierno cree en la necesidad de cambios normativos e institucionales, sin embargo, estos serán insuficientes si no se acompañan, simultáneamente, de cambios sustantivos en materia de gestión e inversiones.

4. Chile, es un país hídricamente diverso: existen 101 cuencas, con 1.251 ríos torrentosos que corren este a oeste; un país cuyas escorrentías superficiales, divididas por los habitantes que lo pueblan, supera en casi 9 veces el promedio mundial. Estimación que depende del lugar donde se efectúe. Por ejemplo, en la Región Metropolitana la escorrentía superficial anual, dividida por sus habitantes, es 15 veces menor que la media mundial y 130 veces menor que la media nacional. Desde la perspectiva de la escorrentía per cápita, Santiago es la segunda región más seca del país, después de Antofagasta y 6.645 veces más seca que Aysén. Un país hídricamente heterogéneo, pero con normas homogéneas.

5. Un 40% del territorio presenta declaraciones de escasez hídrica, con un marco legal diseñado para la abundancia: los derechos se entregan en la cantidad que se pida, con restricción solo en base a criterios de disponibilidad. Los derechos se conceden para siempre (el Estado renuncia a gestionar balance); se conceden sin limitaciones (sea que se usen, no usen o mal usen); y la escasez se regula excepcionalmente, reactiva y provisoriamente (artículo 314 del Código de Aguas).

6. La ley define a las aguas como un bien nacional de uso público (artículo 595 del Código Civil y artículo 5° del Código de Aguas), pero no se entregan mecanismos legales para hacerlo efectivo, pues no asegura el derecho a la vida al no priorizar el agua para consumo humano. No le permite a la Administración obtener información del control de extracciones ni ejercer una real policía y vigilancia del recurso. No se promueve el uso efectivo del recurso. No se sanciona el acaparamiento ni la tenencia especulativa de los derechos de aprovechamiento. No se cuenta con medidas disuasivas ante las contravenciones al Código de Aguas (fiscalización y sanciones) y no se preserva suficientemente la sustentabilidad del acuífero.

Los principales ejes de la reforma en discusión son:

1. Priorización usos de la función de subsistencia. Se consagra el derecho humano de acceso al agua potable y un conjunto de normas para hacerlo efectivo.

- Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Artículo 17, 62 y 314 del Código de Aguas.

- Se crea un permiso transitorio de extracción para que comités y cooperativas de agua potable rural, APR, aprovechen las aguas solicitadas (hasta 12 litros por segundo), mientras tramitan la solicitud definitiva (hasta por un máximo de dos años).

- Posibilidad del Estado de reservar aguas disponibles, para otorgarlas en concesión y satisfacer los usos de la función de subsistencia. En circunstancias excepcionales, el Presidente podrá otorgar de derechos de aprovechamiento contra disponibilidad.

- Los comités de APR podrán cavar pozos en suelo propio de la organización o de sus integrantes o en terrenos del Estado, previa autorización, según el caso, pudiendo hacer uso de aguas subterráneas, por el solo ministerio de la ley, destinadas al consumo humano.

2. Protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental:

- No se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

- No podrán otorgarse derechos de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad (parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, humedales de importancia internacional –RAMSAR- y reservas de área virgen. Respecto de los derechos ya constituidos, se establecen planes de manejo.

- Se extiende la protección de los acuíferos que alimentan vegas y bofedales, a los pajonales (humedales) y se amplía alcanzando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

- Se exime del pago de patentes a los titulares de derechos no extractivos de aguas y para quienes no los utilicen a fin de mantener la función ecológica de áreas declaradas protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

3. Fortalecimiento de las atribuciones de la Administración para prorratear y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad del acuífero.

- Las medidas para prorratear las aguas subterráneas, podrán ser de oficio o a petición de parte. Se busca impedir no que solo afecte a un tercero sino también cuando perjudique al acuífero.

- En aguas superficiales, si hay dos o más juntas de vigilancia con jurisdicción en una misma fuente de abastecimiento, por encontrarse esta seccionada, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones.

- En aguas subterráneas, se dispone que si la explotación de estas produce una degradación del acuífero al punto que afecte su sustentabilidad, la Dirección General de Aguas deberá limitar (a prorrata) el ejercicio de las extracciones.

- En las zonas de prohibición y áreas de restricción se exige instalar sistemas de medición e información de las extracciones y no se permite que los derechos provisionales se conviertan en definitivos, salvo que se levante la restricción.

- Para el caso de que se requiera redistribuir las aguas con la finalidad de satisfacer los usos de la función de subsistencia, todos los usuarios deberán contribuir a prorrata.

4. Precaver y sancionar la tenencia especulativa de derechos de aprovechamiento.

- Se promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento, sancionando su no uso (se mantiene actual presunción objetiva de uso efectivo).

- El titular de un derecho de aprovechamiento de aguas constituido deberá inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces, dentro de 6 meses (derechos nuevos) y 18 meses (derechos constituidos con anterioridad a esta modificación).

- Se establecen plazos suficientes (4 y 8 años) de contabilización para la extinción de los derechos de aprovechamiento por no uso, y susceptibles de ser suspendidos (indefinidamente en derechos antiguos y hasta 8 años en nuevos).

- Se establece, para el titular que se sienta perjudicado, un procedimiento contradictorio para rebatir la extinción, susceptible de reconsideración (en sede administrativa) y de reclamación (en sede judicial).

- Por último, se aumenta la efectividad en el cobro de patentes: establecimiento de un procedimiento de remate más expedito y menos costoso para la Administración.

5. Regularización de usos consuetudinarios y derechos de aprovechamiento provenientes de predios CORA.

- Las regularizaciones, muchas veces, se han convertido en un componente de los sobre otorgamiento, lo que explica que la indicación sustitutiva del Ejecutivo terminara con los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas. Sin embargo, se votó una última indicación que posibilita la regularización como un procedimiento administrativo general (no judicial) en la Dirección General de Aguas. Se concede un plazo de cinco años para presentar la solicitud.

- Se permite que la regularización de usos (individual) pueda ser presentada por la Junta de Vigilancia de forma colectiva. La resolución que regulariza deberá inscribirse dentro del plazo de 6 meses en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces.

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La diputada Pascal expresó que el proyecto de ley va a asegurar la titularidad del agua a quienes la necesitan frente a otros grupos que la tienen y no la usan. Afirmó que el agua es un derecho humano, contemplado en diversas convenciones mundiales que Chile ha suscrito. Sin embargo, señaló que la iniciativa no es clara en la priorización del derecho humano al consumo de agua y agua potable rural, por sobre el uso de sectores productivos. En su opinión, se vuelve a tratar el agua como un bien económico que se transa y vende. No se estipula claramente que el que tiene derechos de agua no puede venderlos.

La diputada Sepúlveda señaló que el déficit que existe en materia de gestión de cuencas no permite integrar el uso del agua en los distintos sectores como son el productivo y el sistema de APR. También se refirió a la priorización de los derechos de agua para el sistema de agua potable rural. Mencionó los largos tiempos de espera para la extinción de derechos. Asimismo, se refirió a las gestiones de derechos de aguas de las empresas sanitarias.

El diputado Flores manifestó la relevancia de que esta Comisión analice este proyecto de ley. Destacó el agua como bien nacional de uso público, la necesidad de tomar conciencia del cambio climático, la sequía y la superposición de funciones en las instituciones relacionadas. Consultó si existe la capacidad institucional, dotación y presupuestos suficientes para hacerse cargo de los compromisos que se asumen para un tratamiento integral del agua.

El diputado José Pérez manifestó que este tema es muy relevante, que se debe discutir en profundidad y que, indudablemente, lo más importante es el agua para el consumo humano, así como para el sistema de APR.

El diputado Ignacio Urrutia consultó respecto a la distinción entre ser “dueño” y ser “titular” del derecho de aprovechamiento, expresando que algunos han señalado que es inconstitucional. Este cambio se explicaría porque ahora existirían concesiones. Deseó saber quién determinará la caducidad. Por su parte, el diputado Barros se refirió a la necesidad de fortalecer las juntas de vigilancia.

El diputado Letelier reflexionó sobre el concepto de las aguas como bienes nacionales de uso público en relación a la propiedad privada y las concesiones a 30 años que se establecen. Solicitó se explique la forma en que ello se consagra en el proyecto de ley.

El Director General de Aguas recalcó que el agua es bien nacional de uso público, pero ello requiere de tutela pública. Sin embargo, actualmente, el Estado carece de herramientas para materializarla. Explicó que la caducidad opera ipso iure y la extinción, opera por la no construcción de obras, según el Código de Aguas.

El Ministro de Obras Públicas concluyó que se ha ido perfeccionando el proyecto de ley, recogiendo diversas inquietudes parlamentarias y que este proyecto busca impedir la especulación respecto de los derechos de aguas.

4. Presidente de la Asociación de Canalistas del Melado, Región del Maule, don Carlos Diez. [6]

En relación al proyecto de ley manifestó que la modificación al Código de Aguas se debiera abordar luego de un trabajo pormenorizado por cuencas, y no como un todo, debido a la heterogeneidad de la geografía nacional. En su opinión esta iniciativa legal llevaría a una confiscación y privación de los derechos de agua, pues se establecen hipótesis de extinción y caducidad de los mismos, a su juicio, abiertamente inconstitucionales, las que privarían del derecho de propiedad a quienes no hubieran inscrito sus títulos en el Conservador de Bienes Raíces.

Según antecedentes proporcionados por la propia Dirección General de Aguas, DGA, cerca del 70 % de los derechos de aguas no están inscritos, situación que es aplicable a la gran mayoría de los usuarios del Sistema Melado. Consideró que no es posible efectuar las regularizaciones en 5 años, fundamentalmente por falta de recursos de los regantes, la demora de los Tribunales de Justicia, la burocracia de la propia DGA y del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.

También hizo presente su preocupación por la eliminación de la indemnización por la redistribución de las aguas, establecida actualmente en el artículo 314 del Código del ramo; el traspaso de responsabilidades de la DGA a las organizaciones de usuarios sin financiamiento y la nueva facultad de este organismo para establecer caudales ecológicos que afecten derechos de agua preexistentes. Sobre lo último, manifestó que los derechos de agua de los usuarios pueden ser afectados por caudales ecológicos nuevos, aplicando la norma en forma retroactiva y afectando el derecho de propiedad constitucionalmente garantizado sobre ellos.

Expresó su inquietud sobre la nueva facultad para constituir derechos de agua aunque no exista disponibilidad de ella; que se establezcan diferentes plazos de extinción si los derechos son o no consuntivos y que se contemple una causal de caducidad de los derechos de aprovechamiento si se les da un uso distinto para el que fueron otorgados. Consideró necesario que se mantenga la palabra “dueño” y que el derecho de aprovechamiento no se estructure en la modalidad de concesiones, pues son ellos quienes asumen los riesgos.

5. Gerente de la Junta Vigilancia río Longaví, don Lisandro Farías. [7]

En relación a la propiedad del agua, manifestó su inquietud respecto a una suerte de “despropietarización” por la aplicación de la reforma propuesta reflexionando sobre la coexistencia del nuevo régimen concesional, la lógica de mercado y la regularización.

Respecto a las prioridades de uso, expresó que no hay coherencia entre los incentivos y el modelo económico. Se refirió a la importancia del manejo de cuencas, de la investigación, planificación y fiscalización. En cuanto a la caducidad, inquirió sobre la readecuación de la actual infraestructura y el ordenamiento de los canales y expresó su inquietud sobre las nuevas atribuciones que se otorgan a la Dirección General de Aguas.

6. Presidente de la Junta de Vigilancia río Longaví, don Máximo Correa. [8]

Recalcó que la única manera que el país pueda convertirse en una potencia agroalimentaria, es a través de certezas de lo que va a ocurrir con el agua, aludiendo a la seguridad jurídica del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente.

7. Representante de la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca, don Miguel Ángel Guzmán. [9]

Expresó sus inquietudes sobre la caducidad de los derechos de aprovechamiento que no se hayan regularizado en un determinado plazo, argumentando la dificultad operativa de efectuar la regularización de derechos en dos o tres años y los altos costos. Los grandes productores tienen regularizados estos derechos, pero los pequeños usuarios no, lo que podría conducir a una precarización del sector.

En segundo lugar, mencionó que se les están dando atribuciones a la Dirección General de Aguas que no corresponden, pues pasaría a ser juez y parte en determinados procesos. En el mismo sentido, destacó la relevancia de la creación de tribunales especializados en esta materia. Por último, afirmó que las multas para grandes proyectos, que causan graves perjuicios a los regantes, son muy bajas, lo que lleva a incumplir la norma pagando la multa.

8. Director de la Junta de Vigilancia del río Maule, don Demetrio Zañartu. [10]

Señaló que en la tramitación de este proyecto de ley no ha se escuchado debidamente a los regantes y que las propuestas de solución a problemáticas actuales no puede ser homogénea para cuencas tan diferentes.

Expresó que se han sobredimensionado las atribuciones entregadas a la Dirección General de Aguas, considerando que las organizaciones de usuarios son capaces de administrar los derechos y no necesariamente, debe hacerse a través de la autoridad administrativa. Por último, en relación al carácter de los derechos, manifestó que se debe reconocer con claridad la propiedad sobre ellos y aclarar el alcance de cambiar el concepto de “dueño” por “titular”.

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El Director General de Aguas, dando respuesta a las inquietudes de los invitados, recalcó que siempre han manifestado que la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas es una necesidad. Sin embargo, ello no significa que el Código de Aguas, por no estar estructurado de ese modo, no tenga validez, o que no se le pueda hacer modificaciones. Son cosas distintas, pero necesarias.

Expresó que es necesario acotar la discusión y advertir con precisión si existirían o no vicios de inconstitucionalidad. Afirmó que no existe ninguna norma que signifique de algún modo una confiscación de derechos. Si la hubiese, se resolverá por el Tribunal Constitucional, en su oportunidad. La crítica sobre inconstitucionalidad es ideológica.

Agregó que, el artículo primero transitorio dispone que todos los derechos antiguos mantienen sus características, su vigencia y que pueden ser usados, gozados y enajenados; lo que no es otra cosa que el derecho de propiedad. Por su parte, el artículo 6° se refiere al “titular”. Reflexionó respecto a si dichas normas, en algún grado cercenan, limitan o reducen la posibilidad de enajenar, transmitir, hipotecar este derecho. La respuesta es negativa, concluyendo que el derecho de propiedad no es el fondo de esta discusión.

Reconoció y compartió la inquietud sobre la caducidad de derechos nuevos por cambios de uso espontáneos, por ejemplo, para generación de energía. Estimó conveniente revisar la redacción del artículo 6° bis tal cual está aprobado, a fin de que no se inhiban usos beneficiosos para el país.

Sobre las nuevas facultades a la Dirección General de Aguas para establecer caudales ecológicos, mencionó que es una obligación que le impone la ley; afirmó que en la discusión en la Comisión Técnica manifestaron que no les parecía que fuera retroactivo y también plantearon que existiera un caudal ambiental para aquellos proyectos de relevancia que pasan por obras mayores.

Respecto de la disponibilidad del recurso hídrico, explicó la hipótesis excepcional en que el Presidente de la República podría otorgar derechos, aunque no haya disponibilidad jurídica, para el consumo humano.

Aclaró que el régimen concesional es para los derechos nuevos, a través de concesiones de hasta 30 años prorrogables, lo que no aplica a los derechos actuales y vigentes. Respecto a la “despropietarización”, fue enfático en señalar que ello no es el propósito del proyecto de ley; y que sí debe existir un derecho real de aprovechamiento de aguas.

El eje central de la iniciativa legal ha sido que las atribuciones de las autoridades requieren tener aplicabilidad, inforcement. No compartió que las nuevas facultades que se entregan sean excesivas, más bien la norma propuesta mejora las atribuciones en fiscalización, sanciones, en aplicación de multas; expresando que muchas veces las Juntas de Vigilancia no pueden hacer nada por la contaminación de aguas y la Dirección General de Aguas tampoco. Respecto de ser “juez y parte” en los procedimientos de regularización, afirmó que fue la propia Confederación de Canalistas la que solicitó que, para rebajar los costos, el procedimiento se efectuara ante la Dirección General de Aguas, lo cual en última instancia es recurrible ante el Poder Judicial.

Aclaró que en ninguna parte del texto se señala que caducarán los derechos que no han sido regularizados en el plazo de 5 años. Es un temor infundado. Los 5 años son establecidos para iniciar el proceso de regularización, no para terminarlo. Los 18 meses contemplados en el artículo segundo transitorio, son para quienes no inscriben un derecho constituido, lo que es distinto a efectuar un proceso de regularización. Precisó que muchas veces quienes no inscriben no quieren ser objeto de fiscalización y evaden el pago de patentes por no uso de las aguas; que no son los agricultores de Chile. Lo que se busca es terminar con la especulación de derechos.

Aclaró que no se requiere el estudio de cuencas para la regularización de los derechos. Señaló que lo que le preocupa realmente, es que el sistema actual no funciona, pues más del 50% de los derechos no se han regularizado. Las organizaciones de usuarios pueden actuar e intervenir colectivamente en los procedimientos de regulación.

9. Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, don Reinaldo Ruiz. [11]

Expresó que este proyecto de ley es parte del compromiso de Gobierno, habida consideración del cambio climático que estamos sufriendo, y a que el 60% de lo que produce Chile depende del agua; por lo tanto, debe ser usada de manera racional, de manera sustentable y beneficiosa. Asimismo, recalcó que no existe ningún país donde el agua tenga dueño; es el Estado el que otorga derechos sobre ella.

Sobre los objetivos y efectos que las normas propuestas producirían, consideró que se ha generado una campaña de desinformación, por lo que es necesario explicar el sentido de la reforma, ya que la propiedad no es tema de esta reforma. No existe una expropiación. El agua es un bien nacional de uso público, que debe aplicarse bajo la premisa “lo usas o lo pierdes”. Se pagan patentes por no uso por 36.000 millones de pesos anualmente. El sector productivo debiera ser el principal promotor de este proyecto de ley, para que se usen los derechos otorgados.

El objetivo del proyecto de ley apunta a la disponibilidad del agua, más que a la propiedad. En las modificaciones que se plantean se permitirán inversiones que aumentarán la capacidad de riego, de uso para otros. Por último, manifestó que se han recogido las inquietudes de todos los actores involucrados. Reflexionó sobre la duración de las concesiones y entregó un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile sobre la sequía.

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El diputado Ignacio Urrutia precisó que la propiedad del agua no está en discusión; sino los derechos de aprovechamiento sobre ella. A su juicio, el problema más grave es el cambio de la expresión “dueño” por “titular”. Expresó no entender por qué se cambian los términos si se señala reiteradamente que es lo mismo. En ese sentido se advierte una expropiación del derecho de aprovechamiento de aguas.

El diputado Barros refutó la idea de que este proyecto de ley cuenta con apoyo transversal, precisando que no está de acuerdo con él en los términos planteados. Efectuó un análisis respecto a los derechos otorgados, en relación a los cambios de uso de suelo de agrícola a urbano y a proyectos inmobiliarios.

Consideró relevante distinguir el tratamiento de los derechos consuntivos y no consuntivos en el proyecto de ley, precisando que está contra de la especulación respecto del agua. Se refirió a la complejidad de la inscripción observando una diferencia en los plazos para la regularización de derechos consuntivos y no consuntivos. Por último, expresó que en el proyecto de ley no se le aporta un litro de agua más al sistema; a su juicio, el rol Estado es avanzar en la construcción de embalses proyectándolo a 40 años, pues no se puede repartir lo que no se tiene. Es un tema país, para que Chile pueda ser realmente una potencia agro exportadora.

La Diputada Pascal expresó que cualquier reforma genera inquietud. Concordó con el uso del concepto “titular” y que la ley vaya regulando este sistema y reconoció, de todas formas, que este proyecto de ley es perfectible.

El diputado José Pérez reiteró la importancia de recibir a las distintas organizaciones y destacó la importancia de la creación de embalses de distintos tamaños. Concluyó mencionando las prioridades: primero, consumo humano; segundo, riego de cultivos que producen alimentos y en tercer lugar, conjugar la agricultura con la generación energética.

10. Presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O´Higgins, don Patricio Crespo. [12]

Expresó que uno de los principales reparos que tiene respecto del proyecto de ley es el cambio de la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas, el cual considera contrario a la Constitución Política, en concordancia al informe en derecho elaborado por los abogados Colombo y Navarro [13].

Agregó que, el derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real, propiedad de su dueño y de carácter perpetuo, reconocido en el artículo 19 numeral 24 de la Carta Fundamental. Como toda propiedad, debe cumplir una función social y considerando el agua, en su calidad de bien nacional de uso público, cabe la posibilidad de que ese derecho se pueda expropiar, mediante la dictación previa de una ley que califique la utilidad pública y determine la correspondiente indemnización, y se pueda limitar temporalmente su ejercicio.

Esta concepción del derecho surge en la época de la Colonia y ya en 1908 se recoge el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho de propiedad perpetuo del titular. En 1980, se le da rango constitucional, para darle certeza jurídica.

En su opinión, esta reforma del Código de Aguas es inconstitucional por cuanto consagra, primero, que los derechos vigentes podrían ser expropiados y limitados en su ejercicio mediante la dictación de una ley simple, sin mediar indemnización; segundo, los nuevos derechos, sin modificación constitucional, se otorgarían como concesión temporal, también por ley simple. De ello, se desprende que no se les reconocería como un derecho real y de propiedad perpetua del dueño, tal como lo consagra la Constitución Política, y también podrían ser expropiados (caducados) y limitados en su ejercicio sin mediar indemnización.

Mencionó los aspectos de inconstitucionalidad más destacados del proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación:

1. El artículo 6º, pues declara al derecho de aprovechamiento como una concesión "temporal" mientras que la Constitución Política le da el carácter de propiedad de su titular por lo que es perpetua.

2. El artículo 6° bis, al establecer la caducidad del derecho de aprovechamiento por no uso o por ser utilizados en un fin diverso, en circunstancias que el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente no caduca por ningún concepto y el propietario es libre de darle el uso que mejor le parezca a sus intereses, según dispone el artículo 149 del Código de Aguas.

3. El artículo 20, al cambiar la palabra "propiedad" por las palabras "uso" o "uso y goce" con lo que se contradice el texto constitucional que consagra la propiedad y no solo el uso y goce. Adicionalmente, el mismo artículo establece la caducidad por el hecho de dividirse el predio lo cual, además de inconstitucional es ilógico. Finalmente, esta misma disposición hace desaparecer el derecho de aprovechamiento de pleno derecho que ampara a los propietarios de predios en que hay vertientes que nacen y mueren en la misma heredad y de aquellos que acceden a ciertos lagos, lagunas y pantanos, con lo cual se hace una expropiación sin ley a los actuales propietarios.

4. El artículo 129 bis 1, al permitir que la determinación del caudal ecológico mínimo afecte a los derechos de aprovechamiento existentes.

5. El artículo 129 bis 4, al establecer la caducidad del derecho no consuntivo, constituido con anterioridad a esta ley, por no haberse construido las obras en un plazo de ocho años contados desde su publicación.

6. El artículo 129 bis 5, al determinar la caducidad del derecho consuntivo, constituido con anterioridad a esta ley, por no haberse construido las obras en un plazo de cuatro años contados desde su publicación.

7. El artículo 150, por la caducidad del derecho por su no inscripción en el plazo de 6 meses. Igual situación se produce con el artículo 2º transitorio del mismo Código.

8. El artículo 314, al eliminar la indemnización de aquellos que reciben menos aguas por aplicación de las normas sobre zonas de escasez.

9. Las modificaciones al artículo quinto transitorio del Código, por la caducidad del derecho por no inscripción dentro de un plazo. Es de dudosa constitucionalidad el cambio de procedimiento, en atención a que en la práctica, deja de ser una determinación de derechos.

10. El artículo primero transitorio es inconstitucional, no obstante, haberse agregado la facultad para transferir el derecho de aprovechamiento que estuviere vigente, por cuanto el proyecto en su totalidad habría cambiado la naturaleza jurídica del derecho de propiedad a una concesión administrativa temporal de uso y goce. Nada ganaría el actual propietario con tener derecho a vender una concesión administrativa de uso y goce si no tiene el dominio del derecho de aprovechamiento que está incorporado a su patrimonio. Por lo demás, todas las concesiones son enajenables sin necesidad de autorización legal expresa. Reiteró que este cambio es una expropiación por ley y sin pago.

11. El artículo segundo transitorio, por cuanto establece la caducidad por no inscripción de un derecho de aprovechamiento existente.

En su convicción, el ordenamiento constitucional y legal vigente entrega las herramientas necesarias para resolver la gran mayoría de las situaciones que se producen. Si ello no ha ocurrido, ha sido únicamente por la llamada anomia legal, vale decir, la falta de voluntad de aplicar la actual ley de parte de las autoridades.

Asimismo, reconoció la necesidad de adecuar la normativa legal para atender situaciones que la legislación actual no ha respondido adecuadamente:

1. Normas sobre acaparamiento. Es necesario sincerar la discusión, pues se da preferentemente en el ámbito de los derechos no consuntivos, atendida la naturaleza y destino de este tipo de derechos.

2. Patentes por no uso. La indicación sustitutiva propuesta por el Gobierno, va en la dirección correcta en el sentido de aumentar la progresión de las patentes por no uso, sin tope, para disuadir la tenencia sin aprovechamiento.

3. Sobre la aplicación retroactiva del caudal ecológico mínimo. Estimó que para atender esa legítima aspiración, el legislador posee dos opciones: comprar derechos en el mercado o bien, dictar ley de expropiación con determinación de las indemnizaciones correspondientes.

4. Contradicción entre la condición alícuota del derecho de aprovechamiento otorgado versus la exigencia de determinación volumétrica por unidad de tiempo, en circunstancias que las dotaciones de los cauces naturales son esencialmente variables.

5. Las disposiciones transitorias, que contemplan los procedimientos de regularización, significan mucho más que la vía de solución para una situación supuestamente irregular, temporal, o anómala. En efecto, constituyen el reconocimiento que se hace sobre derechos de carácter consuetudinario.

En el caso de las modificaciones al artículo 5° transitorio del Código de Aguas se recurre al conocimiento de las organizaciones de usuarios, y a la redistribución realizada por el SAG en cada uno de los predios expropiados por la Reforma Agraria y se da un plazo de 5 años para su regularización. Una vez emitida la resolución de la DGA se establece además un plazo de 18 meses para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. El mismo plazo se da para la regularización de los consuetudinarios del 2º Transitorio, los que además se amplían a las aguas actualmente en uso que no tienen derechos.

6. Prioridades en el uso del recurso. Manifestó que está de acuerdo, solo que hay que limitarse al marco jurídico actual: para atender temporalmente una situación de desabastecimiento, la autoridad puede dictar un decreto de escasez o intervenir seccionamientos. De tratarse de una situación de escasez permanente, el Estado puede dictar una ley de expropiación que califique la utilidad pública y establezca las indemnizaciones para los afectados.

7. Incorporar a las organizaciones de agua potable rural a las juntas de vigilancia.

8. Aguas subterráneas y recarga de acuíferos. Es necesario completar el articulado del Código de Aguas, incorporando normas que regulen en forma amplia y coherente esta materia.

9. Nuevas fuentes de aguas: aprovechamiento de aguas de mar y de aguas desaladas.

10. Aguas especiales: aguas del minero, las que nacen y mueren dentro de la misma heredad; aguas subterráneas de carácter doméstico. Compartió la importancia de que sean informadas a la Dirección General de Aguas para realizar los necesarios balances hídricos.

11. Preservación y aprovechamiento de agua de glaciares.

12. Usos no extractivos, valor paisajístico, belleza escénica, preservación ecosistémica, biodiversidad, sustentabilidad y sostenibilidad; todos conceptos que se debieran abordar.

13. Convenio 169 de OIT.

14. Dispersión institucional y Dirección General de Aguas: mejoramiento institucional y medios para su funcionamiento. A su juicio, la ampliación de facultades para la DGA resultan inconstitucionales por transgredir derechos de los particulares y entregarle funciones jurisdiccionales que no les competen sino a los Tribunales de Justicia. Destacó la relevancia de contar con una judicatura especial.

15. Sistematización de información, de medición y control de caudales.

16. Cooperación público privada, priorización de iniciativas y obras multipropósito.

17. Organizaciones de Usuarios. El fortalecimiento de la gestión aparece como una necesidad, pues supone su profesionalización y fortalecimiento de la asociatividad para poder asumir los desafíos que plantea la gestión del recurso hídrico.

Por último, el señor Crespo, se refirió que hay que conciliar los alcances del artículo 19 N° 23 y 24 de la Constitución Política pues en el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento en ninguna parte se señala que tengan un plazo de vigencia, lo que si ocurre en los derechos mineros, industrial e intelectual. Destacó que la patente por no uso tiene la virtud de hacerse cargo del desaprovechamiento y explicó el origen de la gratuidad del derecho de aprovechamiento, señalando que a través de un pacto no escrito, por eficiencia, el Estado ponía el agua en la fuente y los privados realizaban las inversiones para la productividad.

En conclusión, no es posible otorgar los nuevos derechos vía concesiones temporales como las previstas en el proyecto en trámite, por cuanto la Constitución Política solo reconoce la opción de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas como propiedad del titular y, por tanto, son perpetuos. El carácter perpetuo es de la esencia de la propiedad.

Tampoco, es posible caducar derechos de aguas reconocidos u otorgados conforme a derecho invocando el no uso, por cuanto ello supone una expropiación y, por tanto, debe ser previamente calificada su utilidad e indemnizada.

Asimismo, no se puede caducar o extinguir derechos de agua por no estar debidamente inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces correspondientes. La tradición recogida desde el Código Civil y el Código de Aguas no exige la inscripción, dado que su tenencia se acredita con la resolución administrativa que los otorgó o con la tradición, (derechos consuetudinarios) y, por tanto, es facultad del titular materializar la inscripción.

Lo que se pretende con los artículos transitorios vigentes, no es más que otorgar facilidades especiales para quienes necesiten regularizar sus derechos.

El reconocimiento constitucional de los derechos de aprovechamiento de aguas como propiedad de sus titulares, los constituye en derechos adquiridos, por lo que cualquier modificación que se introduzca a la Carta Fundamental que afecte esa condición y con ello a su esencia, equivale a una expropiación, y toda privación de propiedad debe ser previamente calificada su utilidad pública y debidamente indemnizada.

A su juicio, de lo anterior se desprende que existen limitaciones constitucionales para avanzar en la propuesta legislativa en actual trámite parlamentario, y sería necesario despejarlas ante el Tribunal Constitucional para ver la mejor forma de dar satisfacción a los planteamientos del Gobierno y el Parlamento.

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El Director General de Aguas, expresó que varias de las materias expuestas no corresponden a la discusión de este proyecto de ley, lo que no obsta a su valoración y utilidad en otras iniciativas legales.

Sobre la ampliación de facultades de la DGA, respecto de las que se ha planteado un posible vicio de inconstitucionalidad por restarle atribuciones jurisdiccionales a los Tribunales de Justicia, hizo presente que la Corte Suprema ya se pronunció manifestando que es razonable la propuesta aprobada por la Comisión y que no sería inconstitucional.

Concluyó que, en torno a la constitucionalidad de las diversas disposiciones mencionadas, conoce cuatro informes en derecho, de los abogados señores Colombo y Navarro, Pfeffer, Fermandois y Cea; en los tres últimos, se señala que las disposiciones son constitucionales.

11. Asesora de la Dirección General de Aguas, abogada señora Tatiana Celume. [14]

Expresó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo busca revitalizar la categoría de bien nacional de uso público de las aguas, abordando cuatro temáticas específicas: priorización del consumo humano y del saneamiento, aumentar las potestades regulatorias de la DGA, establecer ciertos límites para el acaparamiento del recurso hídrico y fomentar la preservación ecosistémica y el patrimonio ambiental del país.

Desde 1855 se sostiene que las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que se contempla en el Código Civil y en el Código de Aguas. Dicha expresión significa, de acuerdo al artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental, que son aquellos que pertenecen a la nación toda y una ley lo declare así. Ello implica que están sujetas a una finalidad pública, revelando un elemento teleológico de las aguas. El derecho de aprovechamiento de las aguas no está destinado a satisfacer únicamente intereses privados, sino también está destinado al beneficio de la nación, reconduciendo a las limitaciones comprendidas en el 19 N° 24 inciso segundo de la Constitución Política: los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.

El derecho de aprovechamiento de aguas está definido en el artículo 6° del Código de Aguas y comprende la facultad de su titular de usar y gozar de las aguas.

A su juicio, las causales de caducidad no son inconstitucionales. En efecto, la propiedad no necesariamente es perpetua, no es un elemento de su esencia, igual como en el caso del usufructo. Se ejerce sobre un bien nacional de uso de uso público, bien insusceptible de apropiación privada. Este derecho es esencialmente limitado. No es sinónimo del derecho de propiedad, pues comprende solo el derecho de uso y goce. Este derecho es susceptible a causales de caducidad por no uso o mal uso, lo que redunda en beneficio de todos. Se determina un plazo y causales por mal uso de carácter objetivo, como la construcción de obras para su aprovechamiento.

Se refirió a los derechos que se otorgan por el solo ministerio de la ley contemplados en el artículo 20 del Código de Aguas, las aguas del minero, las vertientes que nacen, corren y mueren en una misma heredad explicando que en caso de que se dividan, ya no se cumple los supuestos de la norma pero se dispone que el titular tendrá un derecho preferente para solicitar esas aguas, lo que soluciona una problemática actual.

Respecto a la temporalidad, manifestó que no comparte que el carácter de perpetuidad sea de la esencia de este derecho. Hay derechos reales que no son perpetuos y están sujetos a una condición, como el fideicomiso y el usufructo. Este derecho está sujeto a un plazo, sobre el que se podrá revisar el uso efectivo del recurso.

12. Representante de la Asociación Gremial de Agricultores de Malleco, don Jorge Widmer. [15]

Hizo presente que no ha visto acaparamiento de aguas por parte de las asociaciones de regantes. A su entender, existe un aparente acaparamiento que se explica por la ineficacia de la Dirección General de Aguas, DGA, la que tiene estrangulado al sector y mientras se resuelven las diversas consultas y procedimientos ante la DGA, se pagan las patentes. Expresó que este organismo no ha sido capaz de actuar con racionalidad. La información que maneja la Dirección General de Aguas es absolutamente obsoleta y gran parte del problema es la falta de modernización de la DGA, que sea realmente de carácter técnico.

Mencionó que es necesario que se establezca el marco de la concesión y a su entender, el derecho de aprovechamiento se ha ido pagando a través del impuesto territorial que se paga. La caducidad no tiene sentido, pues actualmente existe el pago de la patente por el no uso del agua y discrepó sobre la aplicación retroactiva del caudal mínimo ecológico. Por último, reflexionó en torno a que el presente proyecto de ley responde a un problema de sequía y escasez y para ello, es necesario impulsar las construcciones de embalses.

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El diputado Barros consultó si el pago de patentes de aguas es suficiente para evitar el acaparamiento y la especulación en algunas zonas. Adhirió a la posibilidad de que las organizaciones del sistema de agua potable rural, APR, formen parte de las juntas de vigilancia.

La diputada Pascal precisó que el agua es bien de uso público, un bien de todos, que fue entregada, gratuitamente, al uso de particulares. En el año 1985 se separó el derecho del agua y el de la tierra, lo que ha permitido la especulación. Son legítimas las causales de caducidad propuestas cuando no se usan por años, en el sentido de recuperar las aguas no usadas. Planteó un uso racional y sustentable del agua. Precisó que en la legislación de Estados Unidos se contemplan hipótesis de extinción y abandono de derechos de agua y hay que buscar la manera de regular esta situación. Debe legislarse con un enfoque que considere el cambio climático, el desarrollo sustentable y la equidad para el país.

El diputado Rathgeb consultó sobre qué modificaciones en inversiones y emprendimiento se pueden proponer en esta reforma. Se refirió al Convenio 169 de la OIT y las comunidades indígenas asignatarias de derecho de agua. Manifestó que si se usaran todos los derechos conferidos del río Purén Lumaco, no quedaría agua en él, evidenciando un problema real en este sentido.

El diputado Urízar expresó su inquietud sobre la expresión de “mi agua”, exponiendo una visión ideológica que no comparte y manifestó el problema del acaparamiento del agua. El problema no son las acciones de cobro, sino la distribución del agua.

El diputado Espejo solicitó mayor precisión a los expositores sobre cuáles artículos del proyecto de ley afectan los derechos vigentes.

El diputado Paulsen expresó que en Chile no existe una política pública sobre la utilización del agua, de mantenerla y aprovecharla adecuadamente. Solicitó conocer el alcance de la priorización del consumo humano. Consultó a la Dirección General de Aguas si existe un catastro de derechos consuntivos y no consuntivos y si se utilizan o no, en las distintas cuencas.

El diputado José Pérez reiteró las prioridades del uso del agua: consumo humano, riego en la agricultura y para la producción de alimentos y luego, producción de energía. Manifestó su preocupación por la cantidad de agua que se pierde sin ser embalsada, señalando que no se ha avanzado con la celeridad que corresponde. Existen recursos disponibles para tecnificar los canales.

El Director General de Aguas, compartió la importancia de la construcción de los embalses, señalando que se han comprometido la licitación de 8 grandes embalses, 25 medianos y 120 micro embalses. Respondiendo al diputado Paulsen, precisó que todos los años, los días 15 de enero, se publica en el Diario Oficial el listado de los derechos consuntivos y no consuntivos a los que se les aplica el pago de la patente.

Aclaró que el buen o mal uso del derecho no depende del funcionario de turno, por el contrario, se mide por las obras de aprovechamiento, como las bocatomas, pozos, etc. según se encuentra regulado en el actual Código (artículo 129 bis 1) y no se modifica en este proyecto de ley.

Insistió en que no hay ningún artículo que plantee cambiar los actuales derechos de propiedad por concesiones prorrogables. El artículo primero transitorio expresa “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.”

Respecto de los decretos de escasez hídrica señaló que por definición son temporales, lo único que se busca que puedan ser prorrogados en caso de que las condiciones lo ameriten. Concluyó, expresando que se regula el acaparamiento a pesar de ser una situación excepcional.

La abogada de la DGA, señora Celume, respondiendo al diputado Barros, explicó que el derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real administrativo. Agregó que, los derechos reales se encuentran definidos en el Código Civil. En su artículo 577 se consagra que es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y se encuentran taxativamente enumerados (y no donde se menciona al derecho de aprovechamiento de aguas). Respecto de los bienes de dominio público, como las aguas, pueden constituirse derechos reales administrativos. Ellos se caracterizan por la inalienabilidad e imprescriptibilidad del dominio público del Estado frente a estos bienes. No dependen del Derecho Civil, sino del Derecho Administrativo. El Estado no puede desprenderse de ellos. Son derechos temporales, revocables y rescatables por el Estado en función del bien superior, al interés general de la nación.

13. Representantes de organizaciones de usuarios de la Provincia de Melipilla. [16]

a) Presidente de la Comunidad de Aguas del Tranque Los Molles, don Sergio Astorga.

Destacó la relevancia de que el agua pase de ser un bien de capital a un bien de uso común y consideró necesario el apoyo a las medidas para tecnificar el riego.

b) Vocera del Frente Amplio por el Agua en San Pedro de Melipilla, señora Teresa Armijo.

Se declaró como una “campesina sin agua”. A su juicio, el problema radica en los derechos de aprovechamiento de agua y su otorgamiento, sin dejar de lado la concentración de la propiedad de estos. Consideró que el tema es más profundo que los contenidos de la reforma del Código de Aguas, ya que existe una realidad de escasez que sufre la población, los campesinos y el agro; que no alcanza a las empresas agroexportadoras.

c) Tesorera del directorio del canal Chico, Culiprán, Melipilla, señora Patricia Jeria.

Reflexionó entorno a las necesidades y dificultades de los agricultores para acceder al uso del agua y sobre la forma cómo se debería asegurar el agua para consumo humano, más allá de las necesidades de las empresas.

d) Presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Cinco Valles de Melipilla S.A., don Luis Becerra.

Expuso sobre el problema que existe entre el uso del agua por parte de las empresas, como Agrosuper, y el consumo humano, privilegiándose a la gran industria. Abogó por mayores recursos para la Dirección General de Aguas para fiscalización.

Hizo constar que las circunstancias actuales están asfixiando a la agricultura familiar campesina. Los derechos hoy son entregados ad eternum aunque no se utilicen y valoró que la propuesta de ley contemple la posibilidad de que los derechos que no se usen sean devueltos. Destacó que existen problemas en la concentración de la propiedad del agua, la que debiera volver al Estado. En esa línea, se opuso al sistema de concesiones propuesto.

e) Vocero del Movimiento Juntos por el Agua de San Pedro, de Melipilla, don Pedro Ulloa.

Manifestó que el 80% de los derechos de agua en su localidad están inscritas a nombre de tres empresas y hay 1.800 personas que actualmente viven del camión aljibe, por la escasez hídrica. Agregó que existe una crisis hídrica a nivel mundial y una concentración de los derechos de agua a nivel nacional, la solución no pasa por las reformas propuestas. Enfatizó que hay que hacer cambios al derecho de propiedad del agua a nivel constitucional y cambios institucionales, como por ejemplo, aumentar el número de funcionarios y la fiscalización de la Dirección General de Aguas.

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El diputado Espejo expresó que se ha planteado un tema central, la existencia de un déficit importante de agua para absorber la demanda por consumo humano y el uso agrícola. Precisó que, en lo fundamental, se está regulando hacia el futuro, sobre el 10% de los derechos de aprovechamiento no otorgados, independiente de la naturaleza jurídica de los derechos. Expresó la relevancia de la gestión integrada de cuencas y fortalecimiento de la fiscalización.

La diputada Sepúlveda señaló que los invitados han reforzado el sentido del proyecto de ley, argumentando que “el agua es para quien la necesita”. Al efecto, propuso que se debiera exigir un plan de trabajo que determine en qué se van a usar. En esta reforma al Código de Aguas debe quedar clara la priorización. A través de esta reforma, se debe tener la capacidad de que el agua que no se utiliza sea devuelta para quienes sí la necesitan. Se manifestó en contra que la Dirección General de Aguas o la Dirección de Obras Hidráulicas compren derechos de agua a las empresas.

La diputada Pascal manifestó su malestar por la existencia de empresas que bañan cerdos y a poca distancia, no alcanza el agua para el consumo de las familias. Observó que existe un derecho humano que se debe resguardar y que la distribución del agua debe ser equitativa. Recordó que cuando se separó los derechos del agua de la tierra y, en los años 80, esta adquirió un carácter comercial. Concluyó que hay que regular el uso y aprovechamiento de las aguas, y disponer para riego lo que se necesite realmente para ello, lo cual se puede calcular con la tecnología actual.

El Delegado Presidencial de los Recursos Hídricos destacó que el sector agrícola es el principal usuario del agua, aunque no el único. Este proyecto da cuenta de una preocupación del Gobierno, que recogió una moción parlamentaria firmada por parlamentarios de varias bancadas; que está complementado con otras iniciativas legales, dando cuenta de la necesidad de una gestión integrada de cuencas, más democrática. Por último, señaló que el proyecto se basa en dos principios: un uso de manera racional (sustentable) y beneficioso (que sirva para un propósito) del recurso hídrico.

El Director General de Aguas valoró la propuesta de los expositores. Instó al uso eficiente del recurso hídrico a través de la tecnificación y valoró el planteamiento sobre los beneficios de que el agua llegue al mar, como parte de un enriquecimiento del ecosistema. Compartió los dichos respecto a que el tema es más profundo que la reforma en tramitación, lo que no implica que esta no sea necesaria.

Efectuó dos precisiones. Primero, la reforma no es solo para el 10% de los derechos de agua no otorgados, porque dicho guarismo es una cifra estimada de aguas superficiales; existe un 50% de aguas subterráneas disponibles. Segundo, el proyecto de ley, en cuanto a la duración de los derechos, regula tanto los derechos nuevos como los antiguos. Tal como se encuentra redactada la iniciativa legal, quien no usa los derechos y no hace las obras para su uso, queda expuesto a la extinción del mismo.

Manifestó que en el presente proyecto se incluyen normas importantes sobre el control de extracciones, y lo que es muy importante, las que contemplan un aumento en las sanciones por no cumplimiento, de 20 a 400 UTM, pero este tema se aborda en el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, Boletín 8149-09, en tramitación en el Senado.

Actualmente, el control de extracciones se encuentra regulado en los artículos 38 y 68 del Código de Aguas. En el primero, la Dirección General de Aguas puede pedir la instalación de un sistema de control de extracciones y en el segundo, para las aguas subterráneas, se estipula que la DGA podrá solicitar que se instale un sistema de medición. En la reforma se proponen reglas especiales, en el que el “podrá” cambia por un “deberá”. En el caso de las aguas superficiales, cuando se trata de un propietario exclusivo de un acueducto, tendrá la obligación de instalar un sistema de medición, de mantención del mismo y un sistema de transmisión de la información. En el caso de las aguas subterráneas, que están en áreas de restricción o zona de prohibición, es obligatorio para quien extrae el agua informar la cantidad extraída, para hacer un balance. Se hace una distinción en el sistema de información, de acuerdo a la capacidad tecnológica del agricultor.

Sobre el agua como bien nacional de uso público, reafirmó, que quien tiene derechos de agua y no los usa, los pierde; entendiendo el uso según si han realizado o no las obras de aprovechamiento. Incluso, en este periodo, tres grandes empresas de derechos no consuntivos ya han ofrecido entregar los derechos no utilizados, para ello pueden renunciar al derecho, producirse una suerte de donación a la Dirección de Obras Hidráulicas o una donación condicionada a mantenerlo con fines de preservación o sustentabilidad ecológica, pues el proyecto no solo contempla la caducidad del derecho sino que, además, duplica el pago de patentes por no uso, llegando hasta 64 o más veces el valor de la misma.

Agregó que, la ley toma una opción, al consagrar el agua como derecho humano, básicamente vinculadas a acceso de agua potable para consumo humano y saneamiento y se materializa en normas de aplicabilidad, de inforcement, normas de agua potable y agua potable rural, APR.

Recordó que el Comité de Ministros del Agua planteó un esquema en que existen tareas: uno, gestión del agua (eficacia, eficiencia y tecnificación del riego); dos, inversiones (se ha licitado la concesión de 8 mega embalses, 15 medianos nuevos y cientos de pequeños); tres, regulación (a través de esta y otras iniciativas como la que protege glaciares y su entorno, la de información, fiscalización y sanciones que se encuentra en el Senado; y tres anteproyectos de ley, la creación de la Subsecretaría del Agua, el de gestión integrada de recursos por cuencas y el de organizaciones de usuarios y de regantes, que permitirá la participación de representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura y de pequeños agricultores; asimismo, se está trabajando en un proyecto de ley que modifica las organizaciones de usuarios de aguas, con énfasis en el acceso de las minorías.

El diputado Fuentes reflexionó entorno al reparto equitativo del agua y expresó que debe diversificarse la matriz productiva del país.

El diputado Barros manifestó que este proyecto de ley es parte de un conjunto de iniciativas que busca enfrentar las diversas problemáticas relacionadas con el agua. Destacó la importancia de regularizar los derechos de agua de cada emplazamiento urbano que se construya. No compartió la idea de nacionalizar el agua, más bien cree en el manejo de las organizaciones de usuarios. Enfatizó que hay que combatir la especulación y confía en que se cree la Subsecretaría de Aguas quine sistematice la información y la normativa asociada.

La diputada Sepúlveda se refirió a la situación de las sanitarias en el proceso de privatización, en el que hubo derechos de agua que quedaron en las escrituras de privatización pero no fueron inscritos y solicitó a la DGA revise tales derechos.

El diputado José Pérez expresó su inquietud por el cambio climático y el mal uso que el propio ser humano ha hecho de este recurso. Reiteró la relevancia de construir embalses para aprovechar el agua en su curso y seguir avanzando en tecnología en riego.

El diputado Ignacio Urrutia expresó su inquietud respecto a la cantidad de agua que se pierde en el mar sin haberse aprovechado. Expuso sobre la experiencia agrícola australiana, donde no se pierde una sola gota de agua.

14. Presidente de los Canalistas del Laja, don Héctor Sanhueza. [17]

Expuso a nombre de su representada y de las asociaciones de Canalistas de Biobío Negrete, Biobío Sur, Biobío Norte y Duqueco Cuel.

Señaló que el análisis se efectúa desde una perspectiva práctica sobre las implicancias de las modificaciones propuestas en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y en el uso de las aguas, elemento vital para la vida y el desarrollo social y económico de las comunidades, especialmente de la ruralidad.

Compartió el diagnóstico de que la actual legislación ha generado situaciones no deseables, como la obtención de derechos que solo persiguen enriquecimiento mediante la especulación y/o el entorpecimiento de otras iniciativas.

Asimismo, concordó con la priorización del uso del agua para el consumo humano por sobre cualquier otro uso, señalando que es imprescindible para la sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, sostuvo que no advierten un conflicto real entre el consumo humano y el uso agrícola que fundamente la necesidad de modificar estructuralmente la legislación de aguas. Hizo constar que el agua que se usa en el riego de una hectárea es equivalente al consumo aproximado de 200 familias, nadie podría imaginar que se pueda privilegiar el riego de una superficie tan menor a cambio de dejar desabastecida un número tan importante de personas.

Expresó que la mayoría del riego se efectúa con aguas superficiales y el consumo humano, por lo general, mediante el uso de aguas subterráneas; más aún, los sistemas de riegos son, a través de sus canales, los principales alimentadores de las napas y acuíferos. Según su parecer, el conflicto entre ambos usos se reduce a determinadas zonas y en dichos casos, la autoridad puede hacer uso de la expropiación por causa de utilidad pública.

Expresó sus inquietudes sobre las modificaciones propuestas al otorgamiento de los derechos, los que se reducirían a una concesión temporal, de uso y goce sin capacidad de disposición. Consultó sobre cuánto se afectaría a los derechos ya concedidos. A su juicio, el artículo primero transitorio del proyecto de ley no entrega claridad al respecto y ello genera inseguridad en los actuales tenedores de derechos. Si no afectara a los derechos vigentes el impacto de esta nueva norma será muy acotado, pues la disponibilidad de recursos hídricos para nuevos derechos (especialmente consuntivos) es muy reducida y casi exclusiva de las regiones australes.

La importancia de la propiedad y particularmente, la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento, radica en que los transforma en elementos valiosos de garantía ante el sistema financiero, cuestión que para el sector agrícola es relevante, toda vez que son conocidas las dificultades que tienen para acceder a créditos. Asimismo, son relevantes cuando debe decidirse sobre la construcción de grandes obras de riego, donde los plazos de amortización son extensos y la seguridad de disponer de las aguas, se constituye en un elemento esencial.

La temporalidad y su renovación, la caducidad por no uso, la autorización para modificar el destino o el uso de las aguas, la determinación actual de un caudal ecológico mínimo, entre otras, son facultades muy relevantes que quedan entregadas a la discrecionalidad de la autoridad del momento y que, mal usadas, pueden generar situaciones abusivas e injustas. Aseguró que, en general, provocan inseguridades que podrían afectar las inversiones en infraestructura de riego de largo plazo las que, por su cuantía, requieren de financiamiento bancario.

De igual forma, expresó que las disposiciones que se incorporan y que condicionan el cambio de uso de las aguas, generan ciertas ambigüedades que dejan en la incertidumbre, por ejemplo, el aprovechamiento de la fuerza motriz en los sistemas de riego mediante mini centrales hidroeléctricas de pasada. Existe un gran potencial de generación en los canales de riego, que se puede aprovechar en la medida que existan garantías y certezas sobre su uso.

Sobre la facultad que se pretende otorgar a la autoridad para que en momentos de crisis pueda disponer de las aguas y destinarlas a usos preferentes, mencionó que así expresado pareciera ser de una lógica incontrarrestable, sin embargo, esta facultad estatal no lleva aparejada la debida defensa ni la indemnización de aquel que ha debido entregarla.

En general, expresó su preocupación por el diseño del proyecto, que define una mayor participación del aparato público, específicamente de la Dirección General de Aguas, en consideración, a que gran parte de las situaciones problemáticas actuales se originan a partir de omisiones, ineficiencias y/o incapacidades materiales, económicas y humanas de dicha repartición; como por ejemplo, el sobre otorgamiento de derechos por falta de información sobre las disponibilidades de aguas, especialmente subterráneas, la falta de investigación y medición, la nula vigilancia, entre otras.

Hizo presente, a nombre de sus representadas, algunas materias que debieran ser legisladas:

1. Incorporar disposiciones de administración por cuenca hidrográfica, de aguas superficiales y subterráneas, en atención a las diferencias existentes entre las distintas zonas del país.

2. Definir un tratamiento que incentive la recarga de acuíferos.

3. Incorporar regulación del uso de aguas marinas mediante procesos de desalinización y su relación con las aguas naturales de las cuencas.

4. Resolver la ambigüedad sobre las aguas tratadas por parte de las empresas sanitarias.

5. Consolidar la figura de las patentes por no uso para desincentivar la especulación en la tenencia de derechos de aprovechamiento. Aumentar sus valores y aplicarlas sobre el acto de la resolución de otorgamiento sin esperar su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

6. Generar la forma de concesión de derechos de aprovechamiento para fines paisajísticos con el fin de preservar el valor escénico de las aguas y de su relación con los ecosistemas.

7. Precisar el concepto de “territorio indígena”, dentro de los cuales se pretende proteger las aguas.

8. Generar incentivos para la inversión en obras multipropósito de acumulación de los excedentes invernales. En general, generar incentivos a aumentar la oferta del recurso hídrico.

15. Presidente del Consorcio Agrícola del Sur y Presidente de Sociedad Agrícola de Biobío, SOCABIO, don José Miguel Stegmeier. [18]

Expresó que la agricultura de la zona sur del país, desde la región del Biobío hasta Magallanes tradicionalmente fue una agricultura extensiva, mayoritariamente de secano y sin grandes requerimientos de riego, al estar provista por el régimen natural de lluvias. Sin embargo, la apertura comercial de Chile abrió enormes oportunidades para este sector, que ha pasado a ser uno de los sectores económicos más abiertos e integrados del país. Desde los años 80 se generaron oportunidades de diversificación de la producción agropecuaria, aprovechando las ventajas climáticas y sanitarias, y se fue desarrollando un interesante potencial de exportación y sustitución de importaciones.

Así, la zona sur del país ha diversificado su matriz productiva con nuevos modelos de negocios e innovación tecnológica, todo lo cual ha permitido modernizar las tecnologías de los cultivos tradicionales y la ganadería, junto con actualizar la vitivinicultura y el inicio de nuevos negocios en fruticultura, floricultura y viveros, entre otros.

En los últimos años el cambio climático se ha impuesto en el país. Los efectos en la zona sur han sido lamentables al no estar preparados para enfrentar las severas sequías, particularmente en la época estival, provocando enormes pérdidas de producción.

Así es como la problemática de la disponibilidad de agua en la agricultura del sur hoy es un imperativo de política pública. Expresó su preocupación por el impacto negativo que en este escenario pueden generar el proyecto de reforma al código de aguas que se discute, como también, la falta de definiciones y acciones de largo plazo, que permitan asegurar que la agricultura de la zona sur del país desarrolle sus grandes potencialidades.

Particularmente, expresó su inquietud sobre los siguientes aspectos sobre la reforma al Código de Aguas:

1. Derecho de propiedad versus concesión temporal. Estimó que la modificación propuesta por el Ejecutivo, aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es claramente inconstitucional, ya que establece la caducidad y limitaciones al derecho de aprovechamiento de agua, lo que implica privar de derechos legalmente constituidos a particulares, sin acreditar causa de utilidad pública ni hacerse cargo de la correspondiente indemnización.

En la actualidad, el Código de Aguas establece limitaciones al dominio en los artículos 17, 62 y 314, las cuales conllevan, especialmente en el caso del último de ellos, la correspondiente indemnización. Sin embargo, las modificaciones propuestas en los artículos 5° bis, 5° ter, 5° quáter y 5° quinquies y el artículo 314, establecen nuevas limitaciones, al considerar las prioridades de uso, la creación de reservas, y el aumento de las facultades de la Dirección General de Aguas sin la debida justificación técnica y sin indemnización.

Manifestó que sobre los nuevos derechos que se establezcan, cabría preguntarse si la Carta Fundamental, en el inciso final del artículo 19 N° 24, autorizó al legislador a fijar un plazo al derecho de aprovechamiento de aguas, pues de la lectura del artículo 19 números 24 y 25 se puede apreciar que tratándose de la propiedad minera o de la industrial o intelectual, expresamente sí existe esa facultad. Ante ello, se podría deducir que no se ha autorizado al legislador para fijar un plazo o una condición resolutoria.

Siguiendo la misma línea, el artículo 6° bis, establece la caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas para quienes no estén haciendo uso de esta, lo que, a su juicio, parece un contrasentido con los artículos 129 bis 4 y siguientes, que subsistirán en el nuevo Código, en orden a que permiten al dueño de derechos de aprovechamiento, pagar una patente por no uso, mientras se abstiene por razones técnicas, económicas o de otra índole a hacer uso efectivo del derecho.

En consecuencia, afirmó que, por una parte, se crean instituciones inconstitucionales, y por otra, se libera al Estado de la obligación de hacerse cargo de los eventuales perjuicios que tal acción pueda provocar, siendo asumidos única y exclusivamente por el particular afectado por la limitación o caducidad.

2. Caducidad de los derechos de aprovechamiento. La caducidad, por el solo ministerio de la ley, es inconstitucional. Consideró que no es aceptable que so pretexto de la dificultad para perseguir a los infractores de las normas, se entreguen a los órganos públicos facultades administrativas discrecionales, que puedan atentar contra los derechos de aprovechamiento.

3. Acaparamiento de derechos consuntivos y no consuntivos. Al efecto, expresó que correspondería sincerar la discusión, dado que este atentado al espíritu de la norma, se da preferentemente en el ámbito de los derechos no consuntivos, atendida la naturaleza y destino de este tipo de derechos.

4. Pago de patentes por no uso. Enfatizó en que, la norma debe cumplirse y la autoridad debe ejercer sus facultades, que si bien son limitadas frente a los derechos de aprovechamiento, no lo son respecto a otros bienes del infractor. Observó una falta de voluntad de aplicación de la ley. Sin embargo, reconoció que aumentar la progresión de la patente por no uso sin tope, va en la dirección correcta, propiciando la pronta materialización de las obras o la liberación de los derechos de aprovechamiento involucrados.

No obstante lo anterior, enfatizó que se debe tener muy presente la magnitud de los proyectos a desarrollar, al momento de determinar los plazos que se exigen para la concreción de obras para los sectores sanitarios y eléctricos.

5. Aplicación retroactiva del caudal ecológico mínimo. Propuso eliminar este punto, en su opinión, inconstitucional respecto de aquellos titulares cuyas fuentes (cauces naturales) de origen de sus derechos se encuentran declaradas agotadas por la autoridad. De perseverarse, se estaría sustrayendo recursos hídricos del cauce natural, los que previamente fueron comprometidos a terceros a través del otorgamiento de derechos, lo que equivale a una expropiación sin mediar ley que califique la utilidad pública y determine el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Para atender esa legítima aspiración, el legislador posee dos opciones: Comprar derechos en el mercado o bien, dictar una ley de expropiación con determinación de las indemnizaciones correspondientes, recursos que podrían permitir a los afectados buscar fuentes alternativas del recurso para suplir el detrimento de la disponibilidad que ello supone.

6. Contradicción entre condición alícuota del derecho de aprovechamiento otorgado versus la exigencia de determinación volumétrica por unidad de tiempo. Expresó que resulta imperativo asumir esta contradicción, que surge de la pretensión de "perfeccionar" los títulos en volumen por unidad de tiempo. Esto se ha prestado para una serie de distorsiones en la determinación de los derechos, pues la Dirección General de Aguas, no ha concurrido a atender todos los requerimientos de los Tribunales, dejando las resoluciones judiciales condicionadas a las declaraciones de los interesados.

Asimismo, acotó que resulta impropio establecer la dotación de una acción en volumen por unidad de tiempo, en circunstancias que en la práctica las dotaciones de estas oscilan al ritmo que lo hace la fuente que les da origen, las que son esencialmente variables.

En ese sentido, manifestó que si el propósito perseguido es conocer los volúmenes de agua comprometidos por la autoridad, dada su naturaleza variable, debiera desestimarse este procedimiento y satisfacer esta necesidad a partir del conocimiento de los volúmenes aportados por la fuente a lo largo del año hidrológico. En otras palabras, con la información de los derechos de aprovechamiento otorgados en un cauce natural, y conociendo el caudal efectivamente aprovechado dentro del mismo, se puede establecer con entera claridad los volúmenes de agua comprometidos como derechos.

7. Artículos transitorios y procedimientos establecidos en el artículo 114 del Código de Aguas:

Señaló, que en la actualidad, el Código de Aguas contiene diversas disposiciones transitorias que, básicamente tienen por objeto que los dueños de derechos de aprovechamiento de aguas, que siendo titulares del dominio sobre estos, no los tengan inscritos en el Registro Conservatorio correspondiente, "regularicen" tal dominio, mediante diversos procedimientos que establecen dichas normas transitorias.

La existencia de estas disposiciones transitorias, a diferencia de lo que parece creer la autoridad, significan mucho más que la vía de solución para una situación supuestamente, irregular, temporal o anómala. En efecto, las disposiciones transitorias que se pretende derechamente eliminar, constituyen de parte del legislador el reconocimiento de derechos de carácter consuetudinario. Tales disposiciones transitorias, reconocen la "facultad", no la "obligación", de quien es dueño de derechos de aprovechamiento de inscribirlos o no en los registros conservatorios, ya que en el Derecho de Aguas -a diferencia expresa del Derecho Civil- el dominio del derecho se acredita con un "título", quedando la inscripción conservatoria como la forma de acreditar la posesión. Desde este punto de vista entonces, a menos que, el proyecto desee realizar una modificación substancial y trascendental respecto al dominio de los derechos consuetudinarios en el Derecho de Aguas Chileno -lo que no declara- no se avizora la razón para simplemente derogar todas las disposiciones transitorias ya aludidas.

El señor Steigmeier hizo presente, que en conversaciones mantenidas por la Confederación de Canalistas de Chile, CONCA, con la DGA se acordó mantener y modificar los actuales artículos 5° y 2° Transitorio del Código de Aguas. En ambos casos se amplían y se especifican.

En el caso del artículo 5° transitorio se recurre al conocimiento de las organizaciones de usuarios, y a la redistribución realizada por el SAG en cada uno de los predios expropiados por la Reforma Agraria y se da un plazo de 5 años para su regularización. Una vez emitida la resolución de la DGA se establece además un plazo de 18 meses para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Por otra parte las organizaciones de usuarios pueden tramitar regularizaciones de sus asociados con los debidos poderes.

El mismo plazo se da para la regularización de los derechos consuetudinarios del artículo 2° transitorio, los que además se amplían a las aguas actualmente en uso que no tienen derechos.

8. Prioridades en el uso del recurso. En relación a las prioridades de uso, donde se pretende privilegiar el agua para la bebida y el saneamiento, los caudales ecológicos y otros, estimó que estos importantes aspectos están debidamente tratados en la legislación vigente. En efecto, mediante la dictación de un decreto de escasez con vigencia por 6 meses, el Presidente de la República está facultado para redestinar recursos- y lo ha hecho en múltiples oportunidades- con el fin de atender temporalmente una situación de desabastecimiento. También tiene facultades para decretar la suspensión temporal del seccionamiento de un río a fin de atender las necesidades de las demás secciones.

Por otra parte, puntualizó, que en los últimos años y durante los prolongados períodos de sequía, ninguna ciudad ha quedado sin agua potable por déficit atribuibles a vacíos legales. Esta amplia facultad va coherentemente acompañada de la obligación del Estado de indemnizar los perjuicios causados por esta vía a quienes se los priva de sus derechos.

En el evento de ocurrir una situación de escasez permanente que requiere de una solución de largo plazo, la normativa vigente otorga al Estado el recurso previsto en la Constitución Política de dictar una ley de expropiación que califique la utilidad pública y establezca las indemnizaciones para los afectados. Esta disposición evita que se incurra en abusos de autoridad, aprovechamiento político y la subutilización del recurso, lo que se promovería de facilitarse su acceso.

Finalmente, se refirió a políticas públicas de largo plazo e inversión pública en riego, señalando que tradicionalmente la política de riego ha mirado al norte del país, por razones obvias. Sin embargo, se ha desatendido la necesidad de otorgar creciente seguridad de riego a la agricultura de la zona sur del país, para hacer posible su desarrollo. Esto ha hecho crisis en los años recientes.

Expresó que el cambio climático y el potencial productivo de las regiones del sur demandan una mirada de largo plazo para la inversión en acumulación de aguas y construcción de redes de distribución, como base hacer posible la inversión privada en agricultura de alto valor agregado. En este sentido, los gremios agrícolas que integran el Consorcio Agrícola del Sur, valoran la iniciativa del Ministerio de Agricultura de instituir la Mesa del Agua, cuya finalidad es pensar, con mirada de largo plazo, los requerimientos de !a zona sur en materia hídrica e identificar diversas soluciones técnicas para lograrlo.

16. Representante del canal Biobío Sur, don Claudio Rojas. [19]

Expresó que la propuesta legislativa genera ambigüedad e incertidumbre sobre otros usos del derecho de aprovechamiento que se pudieran efectuar, por parte de las organizaciones de usuarios para generación de energía a través de mini hidro de pasada u otras actividades.

17. Representante del canal Biobío Negrete, don Juan Vallejo. [20]

Recalcó la falta de información y los problemas asociados a ello, como el sobre otorgamiento de derechos. Valoró la importancia de sistematizar la información, que sea utilizable y de buena calidad. Por su parte, destacó la relevancia de la gestión integrada de cuencas y el rol de las juntas de vigilancia.

El Director General de Aguas expresó que concuerda con el diagnóstico país en cuanto a la realidad heterogénea en materia hídrica y una institucionalidad homogénea para abordarla; la escasez hídrica como una realidad permanente en gran parte del territorio, y la necesidad de focalizar también en inversiones y gestión. Son muchos temas relevantes y relacionados que se están tratando en diversos proyectos de ley, sin embargo, aclaró que la indicación del Ejecutivo se enmarca en la idea matrices de esta moción.

Hizo presente que, no concuerda en que exista un debilitamiento del derecho de propiedad. Agregó que sí existe distinción entre la concesión permanente del artículo 6° del Código de Aguas y una concesión temporal y renovable; lo que no es efectivo es que se limite la facultad de disposición. El artículo primero transitorio, desde la perspectiva del Ejecutivo, no es ambiguo, al señalar “los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”.

En caso de no uso, entendiendo por “no uso” el no haber realizado la construcción de las obras de aprovechamiento señaladas en el Código de Aguas desde su fuente natural; esto es del acuífero si el agua es subterránea, del río si es agua superficial o nunca se hizo el pozo o la bocatoma, o se pidió un derecho y no se abrió el canal para utilizar sus aguas. En estos casos, no solo se aplica el aumento de patentes, duplicándose cada cuatro años, sino que además se abre un procedimiento ante la DGA.

Dicho no uso conlleva la extinción del derecho y se aplica tanto para los derechos nuevos como antiguos, artículo primero transitorio inciso segundo, 129 bis 4, 5 y 6 de la indicación sustitutiva aprobada.

Para evitar la discrecionalidad de la autoridad, se modificó la figura de caducidad del derecho por la extinción del mismo. Pues una de sus diferencias, es que la caducidad, opera ipso iure ante la configuración de la causal del articulado. En el caso de la extinción, configurándose el cuadro jurídico, no opera automáticamente, sino que la DGA debe determinarlo en una resolución y se abre un procedimiento administrativo para que pueda alegarse frente a ello. Asimismo, puede apelarse ante la Corte de Apelación respectiva, lo que reduce sustantivamente la discrecionalidad de la autoridad.

El Director General de Aguas fue claro en expresar que es legítima la posición de los expositores en torno a los riesgos que se pueden suscitar por el efecto retroactivo del caudal ecológico aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación y la superficie de riego que pudiera verse afectada. Al efecto, la posición del Ejecutivo no prevaleció en este punto. Expresó que tal como se encuentra la disposición propuesta, al artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, se podría generar gran incertidumbre y abrir un debate de constitucionalidad y surgir un elemento de expropiación en su implementación.

En todo caso, consideró que se deberá resolver cómo se equilibran dos bienes: el valor de la sustentabilidad y quienes tienen derechos inmemoriales o que ancestralmente han ejercido derechos sobre las aguas y que, tal como se encuentra redactada la disposición, eventualmente parte de ellos los dejarán de tener. Afirmó que es uno de los puntos más delicados que deberá enfrentar la Comisión.

Agregó que otro punto sensible del debate es la utilización de las aguas para otros fines como el hidroeléctrico. En la tramitación, se agregó a la indicación del Ejecutivo un último inciso al artículo 6° bis, que señala “Del mismo modo caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente”.

A su juicio, la idea original de la Comisión, probablemente, era evitar el cambio de uso de la agricultura a la minería, pero tal cual se encuentra redactada la norma, supone riesgos también a otros usos, como por ejemplo, el desarrollo de proyectos de generación de energía que son beneficiosos al país, tal es el caso de múltiples agrupaciones de canalistas que han avanzado en la utilización de mini hidro y centrales de paso. La Comisión deberá ver como armonizar ambos propósitos.

Expresó que con fecha 19 de diciembre de 2015 se publicó el nuevo reglamento de obras mayores [21], en el que resuelven diversos conflictos, entre ellos, los que se producían en la tramitación de expedientes de obras de generación hidroeléctrica y busca reducir los años de tramitación.

Sobre las consultas al alcance del término “territorios indígenas” del artículo 5° inciso final del texto legal aprobado, manifestó que dicha disposición surge como indicación parlamentaria. Agregó que consideran necesario regular al respecto y que existen tres propuestas del Ejecutivo que no se han incorporado al texto de la reforma porque afectaban directa y exclusivamente a comunidades indígenas y en consecuencia requerían de una consulta las que debiesen ser complementadas durante la tramitación de este proyecto de ley.

La indicación está redactada en sentido amplio cuando se indica que el Estado -entendido como poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial- velará por la integridad entre tierra y agua. Los artículos 20 y el 56 son excepciones a la regla general del Código en que agua y tierra se tratan de modo separado, y se refieren por ejemplo, a las vertientes que nacen, corren y mueren en una misma heredad, aguas para subsistencia y aguas del minero.

El diputado Letelier destacó la relevancia de avanzar en políticas públicas que robustezcan la institucionalidad, particularmente la Subsecretaría del Agua y se dé un fuerte soporte y fomento a las inversiones para garantizar el acceso al recurso hídrico.

El diputado Fuentes expuso el problema de regulación de la agricultura de sustento, los huerteros.

El Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, expresó que existen distintas miradas dependiendo de la zona geográfica; realidades totalmente disímiles. El agua no solo es clave para la vida humana sino que el 60% de la economía nacional depende de ella. Destacó los siguientes desafíos para asegurar la disponibilidad de las aguas para todos los que la necesitan: mayor información, pública y transparente; mayores inversiones en infraestructura, creación y recuperación de embalses, reutilización del agua, desalinización, mejoras en tecnología y recargar de acuíferos; institucionalidad, mejorar los procedimientos, organización por cuencas, descentralizada, más democrática y reformas legales.

La asesora jurídica de la DGA, señora Celume, ante las consultas sobre qué se entiende por derechos antiguos y derechos nuevos, expresó que los derechos nuevos son aquellos que nacen a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, más allá de la forma de su reconocimiento o constitución, pues la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política ampara el reconocimiento por los usos consuetudinarios o los derechos constituidos bajo merced.

18. Gerente General del Consejo Minero, don Carlos Urenda. [22]

Se refirió a la importancia del agua para la minería en general y para la gran minería, a quienes representa, la que se encuentra ubicada entre las regiones de Tarapacá y O’Higgins, que consume un 5% de agua de fuente continental, con una 74% de recirculación y aprovechan un 11% de agua de mar. Destacó, a su vez, que poseen 10 desalinizadoras operando y otras 8 proyectadas. El agua que usa la minería es poca pero como se ubican en una zona árida se requiere de un gran esfuerzo y eficiencia.

Hizo constar que, el Consejo Minero, no representa ni tiene una oposición cerrada al proyecto, como otros sectores, ya que están de acuerdo con la prioridad en el consumo humano y con la caducidad por no uso, incluso respecto de los derechos antiguos. No obstante dio a conocer las siguientes observaciones:

1. Interés público que marca la forma en que se otorgan y limitan los derechos. Consideró que este concepto es clave en el proyecto de ley y su sentido y alcance no es muy preciso, por lo que sería conveniente sistematizarlo y aclarar su alcance. A su entender el interés público podría ser cautelar el consumo y el saneamiento de los particulares, pero en algunas normas ello no queda tan claro.

En efecto, al introducir el concepto en el artículo 5°, no se aclara si este interés solo alcanza a la constitución y limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Asimismo, en esta misma disposición se establece que en el caso de territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, pero la norma legal vigente dispone que no se otorgarán nuevos derechos de agua de acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas.

En esta misma materia, le llamó la atención la disposición que señala que el agua potable es un “derecho humano” y que el Estado debe garantizarlo. Sobre el tema, señaló que los alcances de este tipo de normas y su discusión dada la envergadura del tema deben darse en otro ámbito.

2. Cambios de uso. Existe cierto grado de inconsistencia. En algunas normas se establecen limitaciones absolutas a cambiar el uso, por ejemplo, en caso de renovaciones de concesión, en otras, se genera caducidad salvo autorización de la autoridad. Manifestó que esperaría que hubiera flexibilidad en el uso de los recursos hídricos, por el dinamismo de la economía.

3. Redistribución de aguas en zonas declaradas de escasez. Concuerda con la eliminación de la indemnización cuando el agua se utiliza para consumo, subsistencia y saneamiento, pero no para cuando se destina a otros fines.

4. Derechos otorgados bajo esta ley. Se debe aclarar el tema de constitucionalidad. Asimismo, mencionó que no existe claridad respecto a la norma aplicable a los derechos vigentes y manifestó su inquietud por los efectos retroactivos que pudieran generarse por ello.

5. Duración y prórroga de derechos. Sobre la renovación de derechos, desean que fuera por 30 años y no “hasta” 30 años lo cual podría llevar a arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad. Por otra parte, sostuvo que no es conveniente que la renovación de las concesiones quede sujeta a que exista “disponibilidad y sustentabilidad”, pues si bien pareciera lógico, expone a las empresas a una contingencia muy grande. De todas formas, concuerdan que el derecho igualmente queda expuesto a las restricciones que se deberán asumir a prorrata de los usuarios.

En relación a la extinción por derechos por no uso, señaló que se establece un plazo de 4 años para los derechos consuntivos y 8 años para los no consuntivos, distinción que, a su juicio, no es la apropiada y que debiera diferenciarse conforme a la problemática para desarrollar un determinado proyecto. En todo caso es partidario de establecer 8 años para ambos derechos.

Sobre el caudal ecológico, consideró como una mala señal el efecto retroactivo la norma, lo que va a generar inseguridad en la materia. Lo mismo ocurre cuando se está solicitando traslado del punto de captación.

6. Aguas del minero. El proyecto de ley modifica el artículo 56 del Código de Aguas, introduciendo la obligación de informarlas a la DGA y de requerir una autorización de uso de esta última de acuerdo al peligro para la sustentabilidad del acuífero y los derechos de terceros.

Sobre el tema, recordó que las aguas del minero, revisten las siguientes características:

- Están reguladas en el Código de Aguas y en el Código de Minería.

- Son aguas halladas durante los trabajos mineros.

- Es necesario controlarlas para evitar inestabilidad en los taludes de los rajos y deslizamiento de tierra o derrumbes.

- Habitualmente son de magnitud variable, que solo se conoce ex post.

- El punto de extracción es variable, dependiendo del avance del trabajo minero.

- Estas aguas solo se pueden usar en labores mineras, no son comerciables.

- Son de calidad diversa que no siempre permite su devolución a cauces o acuíferos.

- Son intrínsecamente transitorias al estar vinculadas a una operación minera.

- Los proyectos mineros pasan por el SEIA y el resultado es que las resoluciones de calificación ambiental respectivas fijan límites a las extracciones totales de agua, incluidas las aguas del minero.

- Representan el 9% del total de extracciones de agua en minería.

Asimismo, destacó que actualmente se está tramitando, en segundo trámite en el Senado el boletín 8149-09, en que se obliga a informar e inscribir estas aguas, propuesta que comparten.

La modificación contenida en este proyecto de ley y aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, presenta, en opinión del Consejo Minero, los siguientes problemas:

- La autorización de uso se superpone con las RCA que limitan las extracciones de agua, lo que puede atentar contra la viabilidad de faenas en operación.

- Tal como está escrita la norma se interpreta que mientras la DGA resuelve la autorización –de acuerdo a la experiencia esto puede tomar mucho tiempo–, la empresa minera no podrá usar el agua y dado que debe extraerla por razones de seguridad y continuidad operacional, tendrá que construir embalses para acumular transitoriamente esta agua.

Por último, establece una norma contradictoria con el Código de Minería. En suma, no ven la pertinencia de la norma aprobada en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación y estiman que tendría efectos contraproducentes.

19. Presidente de la Asociación Gremial de Empresas Sanitarias, don Guillermo Pickering. [23]

Expresó que los datos de dotación de agua promedios a nivel nacional no son representativos de la situación que afecta a diferentes zonas del país (53.593 m3/habitante/año). Desde la Región Metropolitana al norte se está bajo lo que se denomina grado de presión sobre los recursos hídricos (menos de 1.000 m3/habitante/año, según datos del Banco Mundial, 2011).

La situación se está agudizando frente a un escenario de cambio climático que está afectando la zona centro norte del país, donde los acuíferos y otras fuentes de agua han sido sobre explotados. Esta zona concentra el 60% de la población y aproximadamente el 70% del PIB.

Los escenarios proyectados en un horizonte mediato indican que el desbalance entre oferta y demanda se acrecienta para esa misma macro zona. Las condiciones estructurales, mayor competencia por el recurso, cambio climático, mayor conflictividad, entre otras, introducen una dinámica que inevitablemente hará que el agua tenga mayor presencia en la agenda política, económica y comunicacional.

Destacó que los instrumentos institucionales y los mecanismos de gestión que disponen son precarios, pues no existe una fuente de información que se considere oficialmente válida para la toma de decisiones o para orientar a los participantes del mercado y en vastas zonas del país existe un sobre otorgamiento de derechos de agua.

Consideró que sí es necesario efectuar una reforma al Código de Aguas. Reconoció que el Código vigente ha sido muy útil para impulsar proyectos productivos, pero que los eventos de los últimos años han dejado al desnudo las debilidades del actual marco regulatorio cuando los recursos hídricos se vuelven más escasos, especialmente en relación a su multiplicidad de usos y su valor ecosistémico. Asimismo, destacó que no prioriza el uso para el consumo humano y saneamiento, -que representa solo un 6% de los usos consuntivos,- incluyendo el abastecimiento de la población rural.

La neutralidad del Código de Aguas requiere ser modificada en el sentido de definir prioridad de uso para el consumo humano y saneamiento. Bajo la dimensión de recurso natural, esta priorización es consistente con el derecho humano al agua. El Gobierno del Presidente Piñera suscribió la resolución pertinente de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de Julio de 2010, y reconoció el Derecho Humano al Acceso al Agua Potable y Saneamiento.

La situación de cambio climático, la creciente competencia entre usos y los conflictos de diverso tipo, evidencian el imperativo de mejorar la gobernanza que considere el agua y el saneamiento como usos prioritarios; la gestión de las cuencas desde el fortalecimiento de sus organizaciones y participación de todos los usuarios y reformular la institucionalidad en materia de aguas, dotando al Estado de capacidades y competencias a la altura del importante rol que debe cumplir.

Manifestó que se valora lo ya aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación en cuanto se privilegia el agua para consumo humano y subsistencia; la sustentabilidad del recurso hídrico y el efectivo aprovechamiento de las agua. Reconoció la legitimidad del establecimiento de un marco concesional hacia el futuro y estimó que las causales de caducidad son razonables. Destacó la importancia de la reasignación del agua en situaciones de escasez.

Por último, reiteró la necesidad de abordar el tema de la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca y establecer la obligatoriedad de registro público del derecho de aprovechamiento de aguas en la DGA para que se puedan hacer políticas públicas con mayor información.

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El diputado Barros manifestó su desacuerdo con diversas actuaciones de las empresas sanitarias y mencionó la situación en que se discutió la venta de aguas tratadas por parte de tales empresas.

El diputado José Pérez compartió la necesidad de fortalecer la adecuada gestión y aprovechamiento, por vía de embalses, del recurso hídrico y lamentó la falta de “sensibilidad” de las empresas sanitarias, así como la existencia de múltiples casos de abusos.

El diputado Urízar manifestó su molestia por cuanto, reiteradamente las empresas sanitarias han prestado un servicio deficitario, por los altos cobros de asesorías a las organizaciones de agua potable rural, por aprovechamientos y cobros excesivos, expresando que ha faltado una visión comunitaria.

El diputado Flores destacó la relevancia de buscar puntos de encuentro entre los distintos intereses y fortalecer la institucionalidad y la gestión del recurso hídrico.

El diputado Letelier reflexionó en torno a la necesidad de que el sector minero fomente políticas de mejor vecindad y amigables con el medio ambiente.

El Presidente de la Asociación Gremial de Empresas Sanitarias respondió, que sobre el tema de las aguas tratadas, no se puede rentar dos veces sobre el mismo activo y respecto de las APR precisó que la ley le impide a las empresas sanitarias apropiarse de los sistemas APR, solo se puede prestar asesoría técnica o inspección técnica de obras.

Concluyó que el solo hecho que existan estos cuestionamientos, es motivo de preocupación. El 80% de la población consume menos de 20 metros cúbicos al mes, por lo que se paga entre 15.000 a 18.000 pesos, el cual incluye tratamiento, lo que permite al país evitar acusaciones de dumping ambiental en las exportaciones. Las tarifas se fijan a través de un procedimiento el regulador. Existe mayor conciencia de los derechos, donde se exige mayor calidad de servicios y las empresas deben ajustarse a ellos.

El Director General de Aguas señaló que el Ejecutivo decidió abordar las reformas al Código de Agua avanzando en mociones en tramitación y por tanto, sujetarse a sus ideas matrices. Los otros temas como institucionalidad del agua y gestión integrada de cuencas se han ido afrontando en otras iniciativas.

Expresó que efectivamente conviene discutir nuevamente los riesgos que pudiera significar la caducidad por cambio de uso espontáneo de un derecho, al efecto, al cambio de uso podría aplicársele una sanción, tal como una multa y no la caducidad. Lo anterior, solo se aplicaría a los derechos nuevos y no a los derechos antiguos pues estos no tienen un vínculo de uso ya que la gran mayoría no cuentan con memoria.

Respecto a la norma referida al caudal ecológico retroactivo, recordó que no fue de iniciativa del Ejecutivo. Puntualizó que sí consideran conveniente aplicar esta norma respecto del traslado de derechos de agua y precisó que la norma de traslado solo cobra sentido si no hay norma de caudal ecológico retroactivo. Si hay norma de caudal ecológico retroactivo esta norma es inocua, porque la norma de caudal ecológico retroactivo se aplicaría a todos los derechos que se entregaron en el pasado, y consecuencia si un derecho va a ser objeto de traslado, ya se le habría aplicado. Lo que consideran un error.

Con la norma de traslado se refiere, por ejemplo, a que quien quiere cambiar el punto de extracción de las aguas 2 o 3 km aguas arriba o abajo, se le aplica in actum la nueva norma. Son condiciones del legislador que se están proponiendo en adelante, lo que afirmó es legítimo.

Manifestó que lo anterior, cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, por el cual se entiende que el traslado de un derecho se entiende como un derecho nuevo. En el fallo N° 9654 de 2009, considerando undécimo, se expresa “Que, en estas condiciones no constituye un error jurídico la razón dada por los jueces del fondo, frente al traslado del punto de captación solicitado, al considerar tal pedimento como la constitución de un nuevo derecho, en razón de que el titulo originario tenía un punto de captación distante al que ahora se solicita y en este entendido, se ha dado, en el presente caso, una adecuada aplicación a las normas de los artículos 129 bis 1 y 163 del Código de Aguas, al estimar el cambio impetrado como un nuevo derecho que permite otorgarlo con el caudal ecológico que prescribe la primera norma citada, restricción a la que además, estaba obligada la autoridad, para dar aplicación a lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que dispone que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos (…)”.

20. Juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, don Juan Francisco García. [24]

Expresó que las organizaciones de usuarios de aguas, entendiendo por tales a las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas son organismos privados, conformadas principalmente por agricultores, y cumplen una función pública. Representan un gran activo para el país por cuanto son capaces de distribuir un bien nacional de uso público entre miles de usuarios, proporcionalmente a sus derechos, implican nulo costo para el Estado.

Sobre las modificaciones propuestas al Código se preguntó si realmente se puede hablar de la existencia de derechos nuevos -consuntivos y superficiales- no quedan o son muy pocos. Los derechos actuales son los reconocidos o constituidos según el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, es decir, los títulos perfeccionados, los inscritos, los en uso sin inscribir, los usos ancestrales y consuetudinarios. Por lo tanto, casi el 100% de las aguas consuntivas superficiales están asignadas en el país.

En relación a cómo se verán afectados los agricultores expresó que pasarán de un derecho real de dominio a titulares de una concesión. Se pasará de la libre disposición al goce temporal con reglas, requisitos y limitaciones, que incluyen la extinción por no uso y la caducidad por no falta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces; de estar resguardados por el caudal ecológico a estar afectados en la disminución y por solicitudes de traslado; y de tener derecho a ser indemnizado por el Fisco a no tenerla en caso de redistribución de aguas de la DGA una vez declarada la zona de escasez derivado de la sequía.

Manifestó que con la declaración de escasez, la DGA podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia por 2 años, para redistribuir las aguas y reducir los daños de la sequía. Entonces, a su juicio, los directorios de las juntas de vigilancia serán meros espectadores y los agricultores y quedarán sin derecho a indemnización alguna. Sería como declarar el río en estado de sitio.

También, serán afectados por el sistema de medida de caudales extraídos y ecológicos para titulares y organizaciones. La DGA impondrá multas entre 10 y 400 unidades tributarias mensuales por la no instalación o falta de transmisión, según las normas que establezcan, y podrán representar a sus usuarios en las solicitudes de regularización, pero sin que los informes de la organización sean vinculantes para la DGA.

Expresó que, sin lugar a dudas, se puede mejorar la declaración de bien nacional de uso público para satisfacer la subsistencia, pero se debe mantener la esencia de la actual legislación que ha permitido el desarrollo social, emprendimiento, desarrollo económico y exportaciones que significan un beneficio para el país y orgullo para la agricultura.

Hizo presente que si aprueba la indicación propuesta por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación queda en entredicho el derecho de propiedad, provocando incertidumbre a miles de familias campesinas y agricultores emprendedores que deben invertir en gran parte con financiamiento bancario.

Por último, señaló que la institucionalidad del agua debe ser fortalecida: Subsecretaría del Agua para agrupar a todas las instituciones estatales en torno al agua y fortalecer a la DGA, con mayores recursos y descentralización regional.

21. Gerente de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis Chile, don Pablo Rengifo. [25]

La empresa de consultoría realizó durante el año 2014 un análisis con el objetivo de evaluar el impacto de la aplicación retroactiva de caudales ecológicos sobre derechos constituidos. Se estudió tres cuencas ubicadas en la zona centro norte de Chile: Limarí, Aconcagua y Rapel.

En efecto la indicación parlamentaria, aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación busca establecer caudales ecológicos para todos los derechos de aprovechamiento existentes, cambiando lo establecido en la modificación al Código de Aguas artículo 129 bis 1, a través de la ley N° 20.017 del año 2005, donde se indica que el establecimiento de caudales ecológicos mínimos podrá afectar sólo a los nuevos derechos que se constituyan.

Sobre los resultados del modelo de simulación señaló que los efectos o impactos de la aplicación retroactiva de caudales ecológicos son heterogéneos, tanto espacial como temporalmente.

En la cuenca del río Limarí, donde ya existe déficit hídrico, el efecto de imponer caudales ecológicos se traduce en un impacto directamente proporcional al caudal ecológico. En cuencas como Aconcagua, donde la demanda hídrica es cercana a la oferta, la imposición de caudal ecológico retroactivo es la componente que desequilibra el balance, pasándose a una situación de déficit permanente. En cuencas como la del río Rapel, donde aumenta el caudal medio anual, los efectos son importantes en años de escasez y en subsubcuencas con condiciones naturales desfavorables. Lo anterior afectará directamente al rubro agrícola.

Expresó que la aplicación de caudales ecológicos retroactivo a todos los derechos de aprovechamiento requerirá implementar un plan de gestión a gran escala. Se requerirá “intervenir” las cuencas y establecer mecanismos de compensación para la merma en la actividad productiva, principalmente agrícola. El no disponer de coordenadas de ubicación de los derechos dificultará significativamente la aplicación de caudales ecológicos retroactivos. Se considera que el establecimiento de caudales ecológicos debería ser definido para cada zona en particular como objetivos a perseguir, por ejemplo, dentro de los planes estratégicos de recursos hídricos, considerando su situación histórica, disponibilidad hídrica y vocación productiva, de tal manera de alinear a los servicios públicos y actores privados a cumplir dicho objetivo.

El Director General de Aguas concordó con lo expuesto respecto la inconveniencia de establecer un caudal ecológico retroactivo. Se debiera redefinir la primera parte de la norma del 129 bis 1 del Código de Aguas.

Respecto de la exposición del Juez de Aguas, señaló que sus expresiones son esencialmente ideológicas. Precisó que el derecho de aprovechamiento es un derecho real, así lo dispone expresamente el artículo 6°. Aclaró que existe un 10% de derechos de aguas superficiales y un 50% aguas subterráneos que no se han concedido. Aclaró que, no es del espíritu de la DGA intervenir el río y que es absolutamente claro que la iniciativa incluye usar, gozar o disponer del derecho.

El diputado Barros solicitó conocer la postura de la Asociación de Bancos desde la perspectiva crediticia, para que se refiera a los impactos de este proyecto de ley en el otorgamiento de créditos agrícolas.

La diputada Sepúlveda expresó que en el proyecto de ley existe la voluntad de proteger a los agricultores y rebajar el daño que provocan las hidroeléctricas a la agricultura.

El diputado José Pérez concluyó que está convencido de que el proyecto no afecta a los agricultores, y que va a regular distintas situaciones que así lo requieren.

22. Representante de la Comunidad de Aguas del Maule Norte, don Alberto García Huidobro. [26]

Expresó que se ha realizado una verdadera campaña del terror sobre los efectos de esta reforma, la que ha producido gran desinformación entre los regantes.

Sobre las propuestas de modificación del Código de Aguas expresó que concuerda con la necesidad de institucionalizar la noción de bien común del agua así como la vinculación de los actores interesados y la participación social, a través de la creación de organismos de cuenca.

Al respecto, propuso que estos organismos elaboren planes de gestión y conservación del agua a nivel de cuenca; implementen un estándar territorial de uso y conservación del agua en cantidad y calidad, y su presupuesto; y provean un marco de operación para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua en base al bien común, el derecho humano al agua y los planes de cuenca.

Asimismo, que los organismos de cuenca protejan la calidad del agua a través de su regulación en el Código de Aguas, la evaluación ambiental estratégica a nivel territorial y normas de calidad ambiental; modernicen la gestión económica del agua a través del fortalecimiento institucional de las organizaciones de usuarios de aguas, y conserven el valor intercultural del agua, a través de la promoción y resguardo de las formas tradicionales y ancestrales de gestión del agua en los territorios.

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El Director General de Aguas valoró la mirada de conjunto con que se aborda la problemática actual.

23. Director Ejecutivo de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores, don Carlos Barría. [27]

Entre los avances de la iniciativa legal destacó la priorización de usos, donde prevalece el uso para el consumo humano, el uso doméstico para subsistencia y el saneamiento; la finalidad de precaver y sancionar la tenencia especulativa de derechos de aprovechamiento y el aumento de la efectividad en el cobro de patente. En efecto, se establece un procedimiento de remate más expedito y menos costoso para la Administración.

Sobre la temporalidad y extinción de derechos de agua, manifestó su preocupación por la duración de las concesiones “hasta 30 años”, prorrogables, pero sujeto a la aprobación de la Dirección General de Aguas y la extinción de los derechos de aprovechamiento no consuntivos en 8 años si su titular no hace un uso efectivo del recurso (construcción obras), contado desde su otorgamiento.

Al respecto precisó que los proyectos hidroeléctricos requieren plazos largos para el desarrollo de estudios y permisos y que son intensivos en capital por lo que requieren plazos extensos de recuperación y financiamiento, como también, certeza legal y económica. El desarrollo temporal de proyectos hidroeléctricos depende en gran medida de cada caso, y pueden tener duraciones más allá de 8 años desde el otorgamiento.

Además, los proyectos hidroeléctricos requieren de plazos de retorno de inversiones mayores a 30 años, por lo que limitaciones temporales causarían una gran incertidumbre para la realización de las mismas. En consecuencia, la norma de temporalidad y extinción propuesta afectaría notablemente el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Chile y en mayor medida aquellos emprendimientos de pequeño y mediano tamaño. Destacó que la Comisión Nacional de Energía ha utilizado, al menos, desde el año 2004 el criterio de vida útil de 50 años para determinar el plan de obras en cada una de las fijaciones consecutivas de precios de nudo para las centrales hidroeléctricas.

En razón de lo expuesto, sugirió eliminar el nuevo artículo 6º bis, y refundir parcialmente aquella norma únicamente en un artículo 6º, que contenga los siguientes elementos: eliminar la temporalidad de los derechos; restringir la extinción solo a los nuevos derechos, otorgados con posterioridad de la publicación del nuevo Código de Aguas, con un periodo razonable y consecuente con el desarrollo real de proyectos hidroeléctricos e incluir la posibilidad que la suspensión de la extinción del derecho tenga lugar durante la tramitación del traslado de su ejercicio en casos calificados.

En el mismo sentido, propuso eliminar el inciso final del artículo 6º bis que señala que caducarán los derechos si son utilizados para un fin distinto, puesto que no tiene lógica dentro de la estructura de la reforma, ya que se busca extinguir derechos que no se ocupen y no aquellos que se utilizan en fines lícitos.

Respecto al caudal ecológico mínimo, del artículo 129 bis 1, expresó que sin perjuicio de la flagrante inconstitucionalidad de la norma, la modificación propuesta impone un riesgo difícilmente cuantificable, porque elimina una hipótesis de certeza durante el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, para los efectos de ajustar el punto de captación al lugar de construcción de la bocatoma.

Afirmó que todo el diseño de obras tanto hidráulicas como eléctricas depende de los niveles de caudal establecidos con certeza en el proceso de desarrollo, por lo tanto, si aumenta el caudal ecológico el diseño puede cambiar notablemente afectando la decisión de inversión. Más que una propuesta de modificación en este caso, sugirieron la eliminación completa de la norma.

Sobre la posibilidad de decretar reserva de recurso hídrico, artículo 147 bis, para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, previo informe de la Dirección General de Aguas, señaló que “reserva para la preservación ecosistémica” es un concepto muy amplio y puede afectar distintos aspectos: sociales, productivos, turísticos, ambientales, indígenas, etc. Estimó que la DGA no tiene las competencias para establecer decisiones vinculantes respecto a un concepto tan genérico.

Al efecto, sugirió que un órgano multidisciplinario creado para el efecto, quien en función de informes técnicos, proponga al Presidente de la República la reserva hídrica para preservación ecosistémica, pues las decisiones de preservación ecosistémica deben ser planificadas en conjunto con un ordenamiento territorial, social y ambiental de largo plazo lo que involucra varios sectores: ambiental, turismo, territorial, productivo, indígena, entre otros.

Las reservas ecosistémicas deberían ser definidas en periodos cada 10 años, o 5 como mínimo, y su definición no debe tener impacto retroactivo en proyectos en vías de construcción y/o con resolución de calificación ambiental.

Asimismo, la modificación del inciso cuarto del artículo N° 147 bis entrega facultades discrecionales con graves consecuencias para la integridad de la gestión de los recursos hídricos, toda vez, que los derechos de aprovechamiento son otorgados a nivel regional y por tanto, se le entrega esta amplia discrecionalidad a las direcciones regionales. Por tanto, consideró que debe mantenerse sin alteraciones el texto vigente.

En relación a las modificaciones al artículo 314 y la indemnización por decretos de escasez, señaló que la redistribución de aguas va en directo beneficio del sector sanitario, quien posee fines de lucro en la utilización de dicha agua, por lo que debe ser igualmente valorizada y consecuentemente indemnizada a los otros sectores económicos afectados.

En razón de lo anterior, propuso modificar la indicación de la siguiente manera: “Los efectos ocasionados con la redistribución, no darán derecho a indemnización alguna, en el caso que aquella favorezca a un Comité de Agua Potable Rural o a extracciones para la función de subsistencia en aquellos sectores ubicados fuera de un área de concesión sanitaria.”

Por último, mencionó que con la reforma al Código de Aguas, se prevé un aumento de atribuciones y funciones que deberán venir de la mano con aumento del presupuesto asignado para la DGA.

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El Director General de Aguas recordó que gran parte del articulado responde a una indicación del Ejecutivo y también a indicaciones de los parlamentarios.

Sobre las inquietudes en torno a la temporalidad y extinción de derechos de agua expresó la redacción del artículo 6° es precisa al señalar que “La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará a menos que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso (…)”, se utiliza un lenguaje afirmativo, por el cual la prórroga será automáticamente, a menos de acreditarse el supuesto que indica.

Sin embargo, en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación se aprobó una indicación parlamentaria que agregó a la frase citada “o se cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente”. Reiteró que, si bien concuerda que el cambio de finalidad deba ser informado, no sería apropiado que dicho cambio sea sancionado con la extinción del derecho.

En el mismo sentido, reiteró que, durante la tramitación, se incorporó un inciso final al artículo 6° bis que sanciona con la caducidad los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que haya sido autorizado por la autoridad competente, lo que a su juicio, consideran es una sanción extrema.

Insistió en que la redacción de dichas normas podría llevar a una interpretación equivocada, pues podría ocurrir que regantes de un canal quisieran aprovechar sus aguas para generar energía y darle un uso híbrido, y por una interpretación errada se pudiera sostener una caducidad del derecho, la que opera ipso iure.

Frente al no uso efectivo, la DGA ha utilizado la fórmula de extinción de derechos por sobre la caducidad, pues la extinción opera luego de un procedimiento, que contempla la posibilidad de presentar oposición y de reclamarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Señaló que podría ser interesante discutir los plazos propuestos, en relación a la simetría de los derechos.

Considerando que los proyectos de generación requieren mayor tiempo para su concreción se otorgó un plazo mayor para que opere la extinción. Precisó que cuando se exige la construcción de las obras para acreditar el uso efectivo del recurso, se refiere, a las obras de aprovechamiento de las aguas, que se encuentran determinadas en el Código vigente y precisadas en la presente modificación, por ejemplo, se refiere al pozo y su bomba o a la bocatoma y su canal, no a las obras de generación eléctrica.

A mayor abundamiento, agregó que existe la posibilidad de que el plazo sea suspendido si existe diligencia, y si se trata de derechos antiguos, se pueda suspender indefinidamente, si el expediente se encuentra en la Dirección General de Aguas o en Dirección de Obras Hidráulicas.

En el mismo punto, señaló que podría rediscutirse el límite de 4 años que se dispuso para los derechos nuevos. Al utilizarse el mismo criterio, tanto para derechos nuevos como antiguos, podría suspenderse indefinidamente el plazo de extinción si el titular ha sido diligente y la responsabilidad recae en la autoridad.

Sobre caudal ecológico mínimo, manifestó que les parece plausible lo referido sobre el artículo 129 bis 1 inciso primero, por cuanto se establece la retroactividad del caudal ecológico a los derechos nuevos y antiguos, sobre el cual se podría argumentar que existen vicios de inconstitucionalidad.

Sin embargo, no compartió los planteamientos sobre el inciso final. Este opera in actum, hacia adelante y sobre la base de establecer un caudal ecológico mínimo en el caso de las solicitudes de traslado, el que se basa en fallos de la Corte Suprema donde se ha dicho explícitamente que el traslado se considera como un nuevo derecho.

En el caso de obras mayores, no es un caudal ecológico mínimo, sino lo que en doctrina se denomina caudal ambiental, por eso la norma plantea que puede ser superior al caudal ecológico mínimo. Precisó que si bien no fue una indicación del Ejecutivo, les parece pertinente que se consagre y que la norma reconduzca al artículo 294 del Código de Aguas, que remite automáticamente ciertas obras al procedimiento de evaluación ambiental. Reiteró que no consideran inconstitucional el artículo 129 bis 1 inciso final.

Luego, no compartió lo expresado en torno al artículo 147 bis inciso final sobre reservas para la preservación ecosistémica. No les parece adecuado eliminarlo, al contrario, va a defenderlo, aunque se puede discutir otra redacción. La propuesta busca establecer con antelación los criterios por los cuales sea necesario reservar el recurso hídrico e indicar las circunstancias excepcionales y de interés nacional por las que se pueda disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento.

El Director General de Aguas, también manifestó que la creación de un organismo que proponga la reserva para la preservación ecosistémica es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero se podría discutir la posibilidad de generar una instancia multisectorial, de consulta al Ministerio del Medio Ambiente.

Respecto a la indemnización por la declaración de zona de escasez, señaló que en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, la DGA abogó por la no eliminación de la indemnización, tal como se había propuesto, para evitar posibles arbitrariedades donde se favorezca a un agricultor en desmedro de otros en el prorrateo de las aguas, con la salvedad que sea en la hipótesis de hacer efectivo el derecho humano al acceso al agua.

Compartió el planteamiento de fortalecer las atribuciones de la DGA, pero consideró que las propuestas de los expositores van más bien por la vía de acotarlas o disminuirlas.

24. Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, don Fernando Peralta. [28]

Expresó que la entidad gremial agrupa a las organizaciones de usuarios de aguas definidas en el Código de Aguas. Estas organizaciones son entidades privadas sin fines de lucro que cumplen funciones públicas. Su función principal es administrar las aguas de los diferentes ríos del país distribuyendo los caudales de acuerdo con los derechos de aprovechamiento de cada uno de los más de 300 mil dueños de derechos de aprovechamiento.

Hizo presente que, en paralelo a la tramitación de este proyecto de ley, se encuentran trabajando en una mesa bipartita con la DGA en el análisis de otros cambios a las disposiciones del Código de Aguas, específicamente las que se refieren a las organizaciones de usuarios. Este trabajo ha servido para analizar asuntos específicos y generar confianza y diálogos productivos que inciden en el conocimiento de las actividades y los objetivos de unos y otros. Producto de este diálogo, se ha mantenido por cinco años los artículos 5º y 2º transitorios del Código de Aguas lo que permitirá regularizar e inscribir los derechos de aguas a muchos propietarios agrícolas y en el caso del 2º transitorio lograr el mismo objeto con los derechos consuetudinarios.

Expresó que de una manera general la Confederación concuerda con la mayoría de las disposiciones contenidas en las propuestas tales como, las prioridades en el uso del agua para el consumo humano y abastecimiento al sector rural, la existencia de multas por no uso del agua y el aumento progresivo de estas. Consideró además necesaria la gestión hídrica de cada cuenca hidrográfica. Dentro de esa finalidad constituyen elementos de importancia básica el sistema de información y un esquema de financiamiento del manejo integrado de cuenca.

Para lograr que este propósito se haga una realidad y no quede solamente consignado en la ley, propuso establecer un impuesto a la tenencia del derecho de aprovechamiento de agua ya que este bien tiene el carácter de propiedad tal y como lo tienen otros medios de producción, este impuesto gravaría a todos los derechos de aprovechamiento de agua existentes en el país con independencia al uso que se destinen. En el caso de las aguas empleadas en la agricultura de riego se propone tributar por separado el bien tierra y el bien agua.

En relación con los articulados modificados en el Código de Aguas, sugirió las siguientes modificaciones:

- En el artículo 5º letra b) solicitó explicitar el concepto de “interés público” para hacer transparente su aplicación evitando confusiones.

- Sobre el artículo 5º bis, en su tercer párrafo requirió explicitar lo que se entiende por “la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas”. Esto es particularmente importante en relación con los derechos actualmente concedidos y los que se concederán en el futuro, ya que es necesario respetar los derechos de aprovechamiento de agua existentes a la fecha, sin perjuicio de que estos puedan ser expropiados por razones de interés general con una justa compensación económica. Si no se respetan los derechos concedidos se produce un problema de carácter constitucional.

- En el artículo 6º no se comprende la necesidad y beneficio de eliminar la frase que dice que “el derecho de aprovechamiento de las aguas es de dominio del titular el que podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley”. Por otra parte, se requiere especificar el período de duración del derecho de aprovechamiento, puesto que tal y como esta se puede entregar con un lapso inferior a 30 años sin especificar duración mínima en el caso de los derechos consuntivos.

- En cuanto al artículo 6º bis estimó que la caducidad por no uso del derecho dependiendo del lapso de tiempo no es adecuada porque vulnera el derecho de propiedad, en cambio, pareciera adecuado que se produzca por efecto del alza de las patentes en función del tiempo. La aplicación de este artículo necesita de una modificación constitucional lo cual aleja en el tiempo la efectividad de la medida.

- En relación con la modificación propuesta en el artículo 7º que indica que “en el caso de aguas superficiales el derecho de aprovechamiento se constituirá considerando las variaciones estacionales de caudales a nivel mensual” queda claro que se trata de los nuevos derechos que se otorguen, sin embargo consideró que se dificulta y en la práctica se imposibilita la distribución de las aguas en aquellos cursos superficiales en los que ya existen derechos sin esta condición. Además se suma el hecho de que los derechos se han otorgado en acciones, regadores o partes alícuotas, con un tope máximo de litros por segundo y así se ejercen. Propuso la eliminación de este agregado o bien posponerlo para su análisis en la discusión de las nuevas modificaciones que prepara el Ejecutivo, puesto que en ellas se analizan en forma específica la administración de los derechos de agua según la naturaleza de cada uno de ellos.

- En el artículo 15 la modificación propuesta en la letra b) propuso reemplazar la expresión “a la libre disposición” por la expresión “a la libre disposición ni al ejercicio”.

- El artículo 17 los incisos que se agregan segundo, tercero, cuarto y quinto que se refieren a la distribución de las aguas cuando “no exista una Junta de Vigilancia que ejerza la debida jurisdicción y si la explotación de las aguas superficiales por algunos usuarios ocasionaré perjuicio a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas de oficio o a petición de uno o más afectados podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos”. Estimó que la solución a este problema requiere más bien del reconocimiento de la existencia de una organización de usuarios de hecho, puesto que estas existen cuando hay problemas.

La DGA debe actuar para promover la formación de juntas de vigilancia o la legalización de las existentes ya que en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento superficiales la reducción temporal se produce automáticamente, no siendo necesaria una intervención externa.

También propuso como alternativa que la modificación de este artículo se trate en el conjunto de modificaciones referidas a las organizaciones de usuarios que están siendo estudiadas por el Ejecutivo.

- En las modificaciones al artículo 38, se aprobó la aplicación de una multa a quien no envíe datos referentes a los caudales extraídos. Lo que se específica en el artículo 307 modificado. Estimó necesario reconsiderar la cuantía de la multa por ser muy elevada.

Además consideró necesario establecer un convenio entre la DGA y las organizaciones de usuarios para la obtención y traspaso de la información, pues que en el contexto de las reformas a las organizaciones de usuarios y la gestión de cuencas, se establecerá un sistema fluido de intercambio de información entre los sectores público y privado, lo cual va más allá de la sola aplicación de una multa.

- En el artículo 66 nuevo, en el tercer párrafo, primera línea planteó agregar a continuación de “estos derechos” la palabra “provisionales”.

- En los artículos 96, 97, 119 y otros, expresó que no se entiende la necesidad y utilidad de reemplazar la palabra “dueño” por “titular”. Por ello, solicitó analizar la repercusión constitucional del cambio.

- En el artículo 129 bis 1, que se refiere al caudal ecológico mínimo, propuso mantener la frase “el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan” como también la frase “no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”. La modificación propuesta, implica una expropiación de derechos, lo cual solo puede llevarse a cabo con la debida indemnización al dueño o titular. Sugirió el establecimiento de derechos de aprovechamiento a nombre de un organismo público para abastecer las demandas ecológicas. La misma propuesta se aplica a la modificación del inciso final.

- Artículos 197 a 303, propuso volver a usar el término “dueños” en vez de “titulares” en todos los artículos en que se han cambiado. Ello para evitar entrar en una discusión de la constitucionalidad de la medida.

- Artículo 314, estimó relevante mantener la indemnización por perjuicios ocasionados en aquellos casos en que el destino de una redistribución de aguas efectuada por la autoridad sea una empresa privada de servicios sanitarios con fines de lucro.

Por otra parte, expresó tratar este artículo, en lo que se refiere a la suspensión de las atribuciones de las juntas de vigilancia por un período determinado, en la próxima modificación al Código de Aguas referente a las organizaciones de usuarios. Estimó que un reforzamiento y perfeccionamiento de las actuales organizaciones de usuarios de aguas implica para estas cumplir con sus obligaciones en toda época y particularmente en las sequías y sequías extremas.

En cuanto a las nuevas reformas que serían necesarias señaló, a modo de ejemplo, la adecuación del Código en todos los artículos referidos al conocimiento, exploración y explotación de las aguas subterráneas. Hasta el momento los derechos sobre las aguas superficiales y las subterráneas se han entregado consideradas como fuentes independientes. De tal modo, que en el análisis de la disponibilidad de agua subterránea, se ha calculado la recarga media del acuífero, considerando este caudal como máximo a entregar. Sin embargo, dicho cálculo considera las infiltraciones al acuífero desde el sistema de riego, canales y predios, por la ineficiencia del sistema y que desaparecerán a medida que se aumente la eficiencia de conducción y aplicación del agua de riego, quedando por lo tanto caudales nominales otorgados diferentes de la realidad.

A juicio del Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile la solución a este problema consiste en emplear las aguas subterráneas considerando los acuíferos como elementos de regulación, los cuales se recargan artificialmente empleando las aguas superficiales. Este proceso implicaría establecer la fórmula legal y administrativa más adecuada para el respeto de los derechos existentes.

En relación con lo anterior y dentro del marco de la mitigación de los efectos de la sequía, las organizaciones de usuarios del país han comenzado un proceso de recarga artificial durante los meses de invierno empleando la red de miles de kilómetros de canal que poseen. Por ello existe una urgencia de acometer el esquema legal en que este proceso se desarrolle, ya que las aguas de infiltración provienen de los caudales correspondientes a los derechos de aprovechamiento de agua superficial y la explotación de las aguas subterráneas se hará en parte con cargo a estos derechos.

La normativa actual, permite entregar derechos de agua subterránea con cargo a la recarga artificial, pero se debe tener en cuenta que son los mismos recursos existentes en aguas superficiales.

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El Director General de Aguas señaló que no ve temor en la redacción del artículo 5° bis, donde la autoridad deberá velar siempre por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas, armonía que debe existir.

Respecto al artículo 17, precisó que las modificaciones buscan que se alcancen acuerdos entre las secciones altas y bajas de un río.

25. Gerente General de la Junta de Vigilancia de la III Sección del río Aconcagua, don Santiago Matta. [29]

Precisó que si bien las modificaciones propuestas al Código de Aguas no producen ni un litro más de agua para el país, tiene una serie de aspectos positivos, como por ejemplo, que las organizaciones de usuarios ayuden en la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus propios usuarios. Destacó la voluntad de la DGA de modificar las indicaciones originales a los artículos 2º y 5º transitorios del Código de Aguas.

Otro aspecto importante, es la priorización del uso del agua para consumo humano y saneamiento y la medición en línea de caudales, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, expresó que muchas de estas indicaciones, ya las tienen internalizadas algunas organizaciones de usuarios del país y es así como la Junta de Vigilancia que representa y gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Riego, cuenta con estaciones de telemetría en la totalidad de los canales que la componen y están terminando un proyecto que automatizará el 100% de las compuertas de admisión y descarga de cada uno de estos canales, además de contar con sensores de calidad de aguas en las bocatomas.

Manifestó que existen tres aspectos que le preocupan. En primer lugar, el aumento de las atribuciones de la DGA, especialmente con el manejo de los nuevos derechos de aprovechamiento, lo que se puede prestar para abusos y casos de corrupción.

En segundo lugar, expresó que el inciso primero del artículo 1º transitorio, que dice “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”, es de tal relevancia que debiera quedar comprendido en el articulado permanente.

En tercer lugar, consideró que el constituir caudales ecológicos, con derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la promulgación de esta ley, como se votó favorablemente el artículo 129 bis 1, en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, atenta contra el derechos de propiedad, además de producir una gran inseguridad a las inversiones que se realizan en el sector agrícola.

Asimismo, se refirió al agua subterránea, que en su sección evitó los daños del 70% de las 20 mil hectáreas de riego, considerando que desde enero del año pasado (2015), el caudal pasante del río a la entrada de la sección fue cero. Durante estos últimos años, han llevado a cabo hecho una recarga artificial de los acuíferos, aprovechando las ineficiencias de los 570 kilómetros de canales matrices que posee la III sección, solo ingresando agua a los canales durante el invierno. Con esta operación, los tres acuíferos de la III sección del río Aconcagua, recibieron 74,26 millones de metros cúbicos de recarga artificial, durante estos últimos cuatro meses. Esto permitió mantener sin camiones aljibes al 63,25% de los APR de las provincias involucradas lo que equivale a 53.077 personas.

En relación a las aguas subterráneas, mencionó que la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de la III sección de río Aconcagua, coincide casi uno a uno con los derechos de aguas subterráneas, es decir un regante que posee 10 litros por segundo de aguas superficiales para regar su campo, también posee 10 litros por segundo de aguas subterráneas, esto no implica que la totalidad de los titulares de derechos de aprovechamiento “acaparen” o “especulen” con el agua, la explicación, es que como la seguridad de riego de la sección no supera el 40%, la gran mayoría de ellos respaldan sus inversiones agrícolas, con el agua subterránea.

Concluyó que a pesar de haber sobreexplotado los acuíferos de la III sección del río Aconcagua, durante estos últimos cinco años de extrema sequía, con la recarga natural y artificial que se realizó, los niveles estáticos y dinámicos de los acuíferos se recuperaron a los mismos niveles de un año normal, en consecuencia, se debe cambiar el criterio que tiene la Dirección General de Aguas, respecto al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento y el uso de las aguas subterráneas, especialmente donde exista una gestión de los acuíferos por parte de los propios usuarios.

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La señora Celume, asesora de la DGA, reiteró el consenso en torno a la regularización de los derechos y usos inmemoriales que se encuentran en el artículo 2° transitorio con el fin de salvaguardar a los pequeños agricultores.

Agregó que el derecho de aprovechamiento es un acto positivo, una acción, que no puede quedar en manos de especuladores o tenedores ociosos del derecho y en el proyecto de ley se está modificando la fórmula del pago de patentes, para que sea una sanción realmente eficiente frente al no uso del derecho. Consideró que para evaluar el pago de una tasa o “amparo minero” se requeriría mayor información.

26. Representante de la Fundación Sociedades Sustentables, señora Sara Larraín. [30]

Expresó que la reforma del Código de Aguas es una iniciativa que busca enfrentar la nueva realidad hídrica del país, marcada por la creciente sequía y competencia por recursos, la que se irá agravando por el cambio climático. Adicionalmente, el proyecto de ley permite establecer el derecho humano al agua potable y saneamiento en la legislación nacional, de acuerdo a la declaración de las Naciones Unidas.

Los principales ámbitos que modifica la iniciativa son: el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento; la prelación de usos, priorizándose los de subsistencia y sustentabilidad ambiental y el establecimiento de reservas de agua para dichos fines; la sustentabilidad ambiental, la protección de acuíferos y humedales y el establecimiento de caudales ecológicos en todas las fuentes.

Asimismo, señaló que son de relevancia las normas sobre la conservación in situ de aguas en áreas protegidas y reservas de agua con fines de conservación; el cambio del carácter del derecho de agua como concesiones de largo plazo para los nuevos derechos y el establecimiento de causales de extinción y caducidad; el perfeccionamiento del sistema de patentes por no uso de derechos de agua y el de regularización de esos derechos.

Sobre la consagración del agua como derecho humano afirmó que responde a una demanda de organizaciones no gubernamentales y movimientos ciudadanos. En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio. El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

Además, destacó la norma que dispone que en los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Valoró la priorización de los usos del agua contenido en el artículo 5 bis: primero, bebida humana y saneamiento, segundo, protección de los ecosistemas y tercero,, actividades productivas, así como las reservas de agua para asegurar la satisfacción de los usos prioritarios establecidos en los artículos 5° ter, 5° quinquies, 147 ter y quáter.

Apoyó la discriminación positiva hacia las asociaciones de agua potable rural, comunidades indígenas y comunidades campesinas. También se manifestó conteste con la propuesta sobre sustentabilidad ambiental, subrayando que no se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

Destaco la disposición que establece que los concesionarios mineros deberán informar a la autoridad sobre las aguas halladas, indicando ubicación y volumen y que se deberá pedir autorización a la DGA, la que lo denegará, total o parcialmente, si dicho aprovechamiento pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o derechos de terceros.

Se refirió a las modificaciones planteadas sobre las exploraciones y explotaciones en aguas subterráneas y superficiales y a las prohibiciones establecidas para los acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios y las facultades de la autoridad para resguardar la sustentabilidad del acuífero. Asimismo, valoró las normas sobre el cambio de punto de captación de los derechos de aprovechamiento y de los sistemas de medición de caudales y de transmisión de la información que se obtenga.

En definitiva, hizo presente que si bien la reforma no aborda los desafíos institucionales para la gestión sustentable e integrada de las cuencas y los recursos hídricos, constituye un importante avance para resolver los problemas más críticos que enfrenta Chile en materia de gestión del agua.

Avanza en proteger las cuencas y en proteger la agricultura frente a sectores más competitivos y con mayor capacidad jurídica como la minería y la hidroelectricidad que se expanden en la zona central y avanzan hacia el sur en búsqueda de recursos hídricos y el amparo de los usos prioritarios que permite mayor sustentabilidad territorial y social, protección de campesinos e indígenas y villorrios rurales.

27. Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Claro, don Joaquín Cura. [31]

Expresó que la reforma que hoy se tramita va en directa consideración a la grave falta de agua dulce que afecta al planeta, y desde luego al país. No obstante, esto se quiere lograr, mediante una normativa que tiene por objeto principalmente un cambio de dominio del derecho de aprovechamiento y una prelación legal referente al uso del recurso hídrico.

Entre los hitos de la reforma señaló: la revocación de los derechos otorgados en cuencas agotadas; el traspaso de “aguas del minero” a sistema de concesiones administrativas; la aplicación retroactiva de un caudal ecológico mínimo e hidrobiológico y la prelación de usos productivos e imposibilidad de cambiarlos sin permiso de la Administración.

En su opinión, esta reforma consagra la imposibilidad de derechos perpetuos. Esto significa quitar una propiedad adquirida, que pasa a disposición del Estado sin indemnización alguna para el propietario. Se hace uso de una facultad estatal, que si bien se encuentra consagrada constitucionalmente, se hace de manera incompleta, por cuanto no se indemniza al propietario luego de ser expropiado (Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política).

Con esta disposición, a su juicio, la agricultura sufre un gran perjuicio. Al no ser el dueño del derecho de aprovechamiento se perderá el incentivo para efectuar inversiones de alto costo que permitan una mejor eficiencia en el uso del agua, porque nada motivará la implementación de tecnificación en el riego, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana agricultura.

Argumentó que es loable que el legislador tenga conciencia de la importante falta de agua dulce disponible en nuestro país. Sin embargo, manifestó que no basta restringir o condicionar su uso mediante una reforma. Para lograr un efectivo aprovechamiento de las aguas, se debe tener políticas de largo plazo que permitan un real ahorro y embalse del agua.

Por ello, desde su perspectiva, la reforma va por el camino erróneo -o el más rápido quizás- expresó. Si bien es cierto que el reparto de las aguas es difícil, no se está prestando atención a los verdaderos problemas: ahorro y reutilización, es decir, buen aprovechamiento del recurso. Restringir o limitar el uso del agua no soluciona la escasez de ella, solo aminora el efecto por un tiempo.

Luego se refirió a las circunstancias particulares de la cuenca del río Claro de Rengo, que se ha visto afectada, por más de cinco años consecutivos por una sequía extrema, siendo declarada en el año 2015 zona de escasez hídrica. La falta de agua ha causado grandes estragos en los agricultores del valle centro y sur del país, sin embargo, expresó que aunque parezca paradójico, existe agua en abundancia para dicho sector.

Agregó que se debe implementar a nivel país obras que permitan el buen almacenamiento y transporte del agua, lo cual debe ser llevado a cabo con políticas públicas que trasciendan al gobierno de turno, y no mediante una reforma que solo pretende ahorrar o distribuir lo poco que hay en desmedro del pequeño y mediano agricultor, que requiere certeza respecto de los propiedad del derecho de aprovechamiento de aguas.

Por último, entre otras consideraciones, destacó la relevancia de potenciar y dar mayor reconocimiento a las organizaciones de usuarios de agua, que estas tengan el real reconocimiento de las autoridades políticas y el poder judicial reconozca la competencia de su gestión, puesto que con su labor se ha llegado directamente al regante, especialmente al pequeño agricultor, que es el que más apoyo requiere.

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El Director General de Aguas afirmó que existen diversas posiciones y miradas políticas, algunas más ideológicas, que se deben discutir. Manifestó que tanto las modificaciones del proyecto de ley y como las inversiones en embalses y acueductos son relevantes y perfectamente complementarias.

Reiteró que solo existen tres casos en el proyecto de ley en que se limita el derecho de aprovechamiento: el artículo 6° bis que establece casos de extinción por no uso; el artículo 150 que refiere a la caducidad por no inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de los derechos otorgados, y el artículo segundo transitorio, referido a los derechos vigentes. No hay ninguna otra norma que limite el derecho de aprovechamiento.

28. Secretario de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Provincia de Curicó, don Diego Castro. [32]

Por su parte, el señor castro, expresó que las organizaciones de usuarios de agua corresponden a miles de asociaciones, comunidades de aguas superficiales y subterráneas, juntas de vigilancia y otros tipos de asociaciones que captan, gestionan y distribuyen el agua disponible en las distintas cuencas a lo largo de todo Chile. Destacó sus orígenes, su relevancia en el ámbito nacional y que, a pesar de tratarse de entes privados, cumplen funciones públicas, sin ningún costo para el Estado.

Declaró que el Código de Aguas puede y debe mejorarse, ser más operativo, actualizándose, ajustándose a la realidad de estos tiempos. Debe ocuparse de los nuevos usos de los caudales a nivel de cuenca, así como de la gestión integrada de estas, privilegiando la realidad geográfica antes que la división política-administrativa. También, se debe hacer cargo del aumento de usuarios y del cambio climático.

Asimismo, debe considerar y reglamentar los temas relativos a la desalación de las aguas de mar y su aprovechamiento agroindustrial; el aprovechamiento y el dominio de las aguas grises y negras – después de tratadas – en las distintas cuencas. De igual forma, debe reglamentar la utilización de las aguas provenientes de glaciares y los campos de hielo. Por último, en lo netamente administrativo, deberá asumir y considerar la gestión integrada de las cuencas, única forma de realizar una gestión eficiente y efectiva de estas en los años venideros, lo que ha sido precisado en el Informe del Banco Mundial.

Por todo lo anterior, expresó que las organizaciones de usuarios de agua de la cuenca del Mataquito son firmes promotores de una completa y amplia adecuación del Código de Aguas. Sin embargo, estimó que la propuesta del Ejecutivo se basa en premisas inexactas o incorrectas; incompletas y superficiales, y en algunos acápites, contraria a las normas constitucionales.

Sobre la sustitución de la palabra “dueño” por “titular” afirmó que el cambio es más que solo semántico, pues se busca eliminar de una plumada cualquier vestigio de conceptos tales como dominio, propiedad o dueño, como si de esta forma se pudiera eliminar el fundamento que sustenta al actual Código de Aguas. Por su parte, dicha modificación coexiste con el artículo transitorio, que establece que todos los derechos reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos, generando de esta forma, dos situaciones distintas en el mismo articulado. Manifestó que la vía utilizada por el Ejecutivo para tan trascendental “rectificación” no es la correcta ni constitucional para el fin buscado.

Entre otros varios aspectos gravosos para los agricultores, la propuesta legislativa no consideraba, originalmente, en forma alguna, los “derechos consuetudinarios” ni los “derechos antiguos” que corresponden a un significativo, sino mayoritario, segmento de derechos de aprovechamiento de aguas de carácter consuntivo de pequeños agricultores. La actual propuesta habla de “(….) derechos de aprovechamiento constituidos o reconocidos antes de la publicación de esta ley (…)” estimando que no se hace cargo de los derechos de aprovechamiento de aguas, estén inscritos o no.

Se debe, aclarar qué se entiende por “derechos consuetudinarios” o “usos consuetudinarios del agua”, debiendo señalarse que ellos corresponden a aquellos derechos utilizados desde tiempo inmemorial; ejercidos sin violencia ni en forma clandestina y con conocimiento público, los cuales son reconocidos actualmente por las organizaciones de usuarios de agua, aunque no exista inscripción, salvo el registro en los roles o matrículas de las correspondientes organizaciones.

De igual forma, por “derechos antiguos” se debe entender aquellos derechos que en el pasado fueron legalmente concedidos o reconocidos por la autoridad, a través de decretos, resoluciones u otro tipo de declaraciones administrativas, anteriores al año 1981, año de promulgación del actual Código de Aguas, e incluso antes del año 1967, que corresponde al año de la modificación del Código de Aguas anterior para efectos de la Reforma Agraria, sin que posteriormente hayan sido regularizados; los cuales también son reconocidos por las juntas de vigilancia y las comunidades de agua o asociaciones de canalistas de las que forman parte.

Destacó que cabe considerar que de la totalidad del agua dulce utilizada a nivel de cuenca, entre un 70% y un 80% corresponde a usos agrícolas, principalmente, riego; y que de los actuales usuarios se estima que la mitad de ellos corresponde a derechos o usos consuetudinarios y derechos antiguos que no se encuentran inscritos. La mayoría de los usuarios corresponde a pequeños agricultores o agricultura familiar, que no tiene sus derechos de aprovechamiento regularizados conforme a las normas legales vigentes, no obstante, son y se entienden dueños del derecho de aprovechamiento de agua, condición que es expresamente reconocida por el actual Código de Aguas.

A primera vista las modificaciones propuestas no afectarían los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la publicación de esta nueva ley. Así lo ha manifestado la autoridad y así lo señalan también las disposiciones recientemente agregadas en especial el artículo primero transitorio. Sin embargo, un análisis más fino indica que las modificaciones propuestas afectarán gravemente a los actuales dueños de derechos.

A lo largo del articulado propuesto, son varias las menciones que de una u otra forma implican una limitación al derecho de dominio y al derecho de uso - inherente al dominio-, tales como, la caducidad de derechos, la constitución de reservas, la redistribución del agua, la constitución de derechos temporales, la limitación del ejercicio del derecho en función del interés público, el establecimiento de prioridades de uso, la constitución de derechos de aprovechamiento de agua para los APR, las limitaciones al uso y la modificación del artículo 314 que no contempla el derecho a ser indemnizado en caso de recibir menor proporción de agua; todo lo cual, en su opinión, podría implicar vicios de inconstitucionalidad.

Afirmó, de esta manera, cuando algunas autoridades y algunos medios de prensa difunden la idea, que la modificación propuesta por el Ejecutivo no afectará a los actuales titulares de derechos ni a los pequeños agricultores, se debe señalar, enfáticamente, que ello no es efectivo, ya que a pesar de la reciente incorporación de disposiciones transitorias y de plazos más amplios para la regularización de los derechos de aprovechamiento, no se ha aclarado el sentido que el legislador ha establecido en relación al dominio, la posesión y el sistema registral del derecho de aguas.

Actualmente, entre el 40% y el 50% de los dueños de derechos de aprovechamiento de aguas no los tienen inscritos en los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces, sin embargo, aproximadamente el 100% si tiene inscritas las propiedades agrícolas en los mismos Conservadores. La razón de fondo estriba en que no es obligatorio registrar los derechos de aprovechamiento de aguas en los registros de los conservadores respectivos. Reiteró, que incluso con las indicaciones propuestas no se logra el objetivo buscado, ya que actúa sobre los efectos y no sobre las causas. A ello, se agrega que se disponen procedimientos administrativos altamente burocráticos con exiguos plazos para la concreción de las inscripciones.

Sobre la premisa “el agua es un bien nacional de uso público” consideró que no tiene un correlato claro y preciso en el cuerpo de las indicaciones. Las disposiciones que permiten un rol más activo de la Administración ya están contenidas en el actual Código y solo faltaría mayor ejecución de ellas.

Hizo presente que comparte plenamente el sentido de las reservas de agua, sin embargo, observó que crearlas en determinadas zonas aun cuando sea en beneficio de las APR, constituye un grave error en relación con los caudales ecológicos y cauces declarados legalmente agotados e implica una vulneración de los derechos de otros usuarios que se verán afectados sin compensación por ello.

En relación a la gestión del recurso hídrico, manifestó en que es indispensable cambiar, refundir y recrear los órganos de la Administración relacionados, o crear un nuevo y único órgano encargado de la gestión del recurso, en concordancia con el Informe del Banco Mundial en el cual se detecta un total de 102 funciones dispersas en 43 actores. En el mismo sentido, es necesario aplicar principios integrales de regionalización, descentralizando y desconcentrando las facultades de la autoridad.

29. Federación Nacional de Agua Potable Rural, don Manuel Mundaca. [33]

Expresó que las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión en base a criterios de mercado y que el actual Código permite la privatización del agua a través de derechos de uso en forma gratuita y a perpetuidad.

Destacó, entre otros inconvenientes, que la actual normativa no hace diferencias entre las solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua de una empresa o una transnacional y un pequeño servicio de agua potable rural.

Entre los aspectos positivos del proyecto destacó el agua como bien de uso público y derecho humano garantizado por el Estado; la priorización de usos y establecimiento de reservas de agua y la discriminación positiva a los sectores de subsistencia, asociaciones de agua potable, comunidades indígenas y comunidades campesinas.

También valoró las normas relacionadas a la sustentabilidad ambiental, el cambio de carácter para los nuevos derechos; el establecimiento de precisas causales de extinción y caducidad y el fortalecimiento del régimen de patentes por no uso del derecho.

30. Vicepresidenta de Federación Nacional de Agua Potable Rural, señora Juana Beltrán. [34]

Expresó que todos los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy día se han solicitado de forma provisional para comités y cooperativas debieran ser reconocidos como permanentes y que también debiera existir una mayor flexibilidad a la hora de solicitar derechos de aprovechamiento de agua para los servicios de agua potable rural, y que no se compita con otros solicitantes para usos lucrativos.

Asimismo, manifestó que los recursos disponibles sean destinados en primer orden al consumo humano; que se haga efectivo el sistema de medición de caudales extraídos a todos los puntos de extracción de agua y que la transmisión de la información sea fiscalizada tanto en el envío como en la veracidad, y que se aplique las multas correspondientes, exceptuando a los servicios sanitarios rurales. Al efecto, propuso modificar la palabra “podrá” por “deberá” en el artículo 307 bis.

Por último, expresó que no está de acuerdo con los remates de agua. Propuso que el Estado nacionalice los derechos de quienes no los usan y quieren hacer un negocio y se les otorgue a quienes lo necesitan, de acuerdo al orden de prioridades que se define en esta reforma y que se respete los derechos ancestrales de los pueblos originarios (Mapuches, Aymaras, Atacameños, Diaguitas y Comunidades Agrícolas).

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La asesora de la DGA recordó que se está creando un derecho transitorio para los comités y cooperativas de agua potable rural, por el cual, mientras se tramita la solicitud definitiva, puedan tener extraer hasta un monto de 12 litros por segundos. Asimismo, cuando no haya disponibilidad, el Estado podrá otorgarlos prorrateando los demás usos, para el consumo humano y destacó las reservas y la priorización para el consumo humano, satisfaciendo muchas de las aprensiones de FENAPRU.

31. Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC). [35]

a) Director Ejecutivo de APEMEC, don Rafael Loyola.

Expresó que APEMEC, nace el año 2008, como una asociación sin fines de lucro que busca concretar proyectos de generación hidroeléctrica y optimizar centrales en operación, de tamaños que fluctúen individualmente entre 1 y 60 MW de potencia instalada.

Asimismo, se refirió a sus principales objetivos y metas y a la relevancia que tiene para la entidad la reforma al Código de Aguas.

b) Abogado y Vicepresidente de APEMEC, don Sebastián Abogabir.

Manifestó su conformidad con los siguientes aspectos del proyecto de ley: priorización de usos para la función de subsistencia (artículo 5 bis); avances en el control de extracciones y fiscalización de usurpación de agua (artículos 38, 68 y 307 bis); se hace cargo de la tenencia especulativa de derechos de aprovechamiento de aguas; incorpora el deber, con plazos asociados, de inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces (artículo 2° transitorio) y mejora el procedimiento de cobro de patentes por no utilización de las aguas (artículos129 bis 4 y siguientes).

En cuanto a las observaciones, sostuvo que se requiere mayor claridad respecto del régimen aplicable a los derechos antiguos y eliminar la temporalidad de los mismos, o en su defecto, reforzar la redacción para garantizar que no se afectará a los derechos de aprovechamiento existentes. Planteó la mantención de la norma actual sobre caudal ecológico; eliminar la prohibición de derechos de aprovechamiento en áreas bajo protección, las que ya se encuentran sujetas a evaluación ambiental en el SEIA, y solicitó precisar la expresión “integridad tierra y agua” en materia de comunidades indígenas.

En su opinión la reforma es ambigua, pues el principio declarado es que las modificaciones no afectan los derechos de aprovechamiento de agua existentes, pero sí lo hacen frente a la posibilidad de extinguirse en caso de inexistencia de obras; limitarse su ejercicio en “función del interés público”; caducarse por falta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y limitarse por imposición de caudal ecológico (artículos 5°, 5° bis, 6°, 6° bis, 129 bis 1, entre otros).

En cuanto a la temporalidad y extinción de los derechos de aprovechamiento (4/ 8 años) señaló que el sector mini hidro tiene plazos de ejecución extensos. Por ello, propuso eliminar la temporalidad y/o reforzar redacción para garantizar que no afectará a los derechos existentes y revisar el plazo de extinción para hacerlo compatible con el ciclo de desarrollo de proyectos. Asimismo, propuso incluir nuevas causales para suspender el plazo de extinción, por ejemplo, la solicitud de traslados; precisar que el plazo de extinción se interrumpe cuando se inicia la construcción de las obras y que se legisle sobre la extinción de derechos, considerando los resultados de la normativa sobre cobro de patentes.

Sobre la caducidad del derecho (20 años /30 años) del artículo 6°, señaló que su extensión, incluida la renovación, no se condice con la vida útil de los proyectos mini hidro. No queda claro el alcance de los “criterios de disponibilidad y sustentabilidad” para el caso de la renovación. Asimismo, se refirió a que el ámbito de discrecionalidad en el proceso de prórroga afecta la certeza jurídica y a la ausencia de un procedimiento adecuado, donde exista oportunidad de defensa para el titular.

También hizo presente que la limitación de la prórroga frente a cambios en el destino del derecho afecta la reasignación y óptima utilización de los derechos y la viabilidad de centrales de pasada en canales de riego.

En relación al caudal ecológico del artículo 129 bis 1, dijo que los proyectos se diseñan, evalúan y financian en función del caudal autorizado. Dada la pequeña y mediana escala de los proyecto mini hidro, las modificaciones sobrevinientes en el caudal ecológico pueden afectar su viabilidad. Actualmente, el caudal ecológico fijado por la DGA al constituir el derecho de aprovechamiento ya es revisado por el SEA en el marco del proceso de evaluación ambiental (caudal ambiental). Al respecto, se debiera mantener el compromiso del no imponer caudal ecológico a los derechos existentes y eliminar las instancias adicionales de revisión.

Propuso eliminar la prohibición absoluta establecida, a priori, de los proyectos en áreas colocadas bajo protección oficial del artículo 129 bis 2, dejando el análisis de compatibilidad y viabilidad del proyecto en el marco del SEIA.

Sobre la protección de integridad de tierras y aguas para beneficio de comunidades indígenas, manifestó que la redacción del artículo 5° es ambigua, no quedando claro a qué aguas se refiere y cómo el Estado velará por ella.

En relación a las nuevas responsabilidades de la DGA, expresó que es imperioso mejorar su estructura y presupuesto, promover la administración descentralizada de los recursos hídricos a través del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y simplificar algunos procedimientos, utilizando experiencias de otros rubros, por ejemplo, plazo simplificado de solicitud de Obras Mayores cuando el titular acompañe informe de revisor independiente (similar a permisos de edificación).

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El Director General de Aguas expresó que en el proyecto de ley no hay ambigüedad. Las modificaciones contemplan que la extinción de derechos se asocia a la legislación existente del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas. En la nueva propuesta de redacción se expresa que las obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso, y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Precisó que en toda la discusión sobre el “interés público” se ha afirmado claramente que la constitución de derechos de aprovechamiento y las limitaciones excepcionales en su ejercicio se realizan de conformidad a las disposiciones del Código y, por tanto, no quedaría a criterio de la autoridad de turno, de una resolución administrativa o un reglamento definir su sentido y alcance.

Sobre la caducidad por falta de inscripción, manifestó que a su entender, la propuesta normativa genera certidumbre. Los plazos para la inscripción corren una vez que la autoridad ha determinado la regularización de los derechos, y por ello, estimó que son razonables.

Se refirió también al caudal ecológico del artículo 129 bis 1 y señaló que la inquietud de los regantes y asociaciones de canalistas ha sido sobre una de las hipótesis y no sobre las tres del referido artículo. Particularmente, de acuerdo a la actual redacción aprobada, una parte de los derechos tendrían que dejar de utilizarse, incluso aquellos constituidos con anterioridad al 2005 fecha en que entró en vigencia las normas sobre caudal ecológico. Es una aprensión razonable. Pero no así los otros dos casos. En el caso de las solicitudes de traslado, la Corte Suprema ha fallado considerándolas como un derecho nuevo. Si se efectúa un traslado se deben aplicar las normas de caudal ecológico, pues rigen in actum.

Si el derecho de aguas no tiene caudal ecológico, se le puede establecer uno, mínimo. A diferencia de las normas sobre caudal ambiental, que se suelen determinar en la evaluación ambiental de los proyectos, los que podrían ser sobre el caudal mínimo.

Reiteró lo dicho en orden a que la propuesta legislativa es clara en cuanto a que la temporalidad no afecta a los derechos existentes, tal como consta en el artículo primero transitorio.

En cuanto a los plazos de extinción y la suspensión, señaló que la norma permite una suspensión más allá de los cuatro años. En los derechos existentes cualquier trámite que se haga ante la Dirección de Obras Hidráulicas o la Dirección General de Aguas, suspende los plazos mientras dure el trámite, sin limitaciones. Sin embargo, en los derechos nuevos existe una asimetría, se establece que ante cualquier trámite, la suspensión puede ser hasta cuatro años. Estimó razonable que ambas normas fueran simétricas, es decir, que sobre los derechos nuevos se suspendieran los plazos mientras dure el trámite respectivo, sin límite temporal.

Sin embargo, precisó que estos cuatro años no son los mismos que se establecen para la orden de no innovar, en consecuencia, podrían traslaparse o ser continuos, y ser más extensos aún. Recogió la propuesta de Apemec de establecer nuevas causales de suspensión, igual como en el caso fortuito o fuerza mayor.

El diputado Ignacio Urrutia hizo hincapié en la necesidad de armonizar el establecimiento de los plazos, promoviendo las inversiones y evitando las formas de especulación. En el mismo sentido, la diputada Sepúlveda destacó que deben buscarse fórmulas objetivas para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los plazos. También destacó la importancia de la calidad de la construcción de las obras de aprovechamiento.

El Director General de Aguas fue enfático en señalar que el proyecto de ley no persigue la construcción de las obras hidroeléctricas ni embalses, en su caso. Los plazos están establecidos únicamente referidos a las obras de captación y aprovechamiento de las aguas en su fuente natural (por ejemplo, hacer la bocatoma, el pozo o la bomba de extracción) y si es derecho no consuntivo, además, las obras de restitución a su fuente natural.

32. Abogado, don Juan Colombo Campbell. [36]

Destacó que un elemento fundamental que posee toda Constitución Política son los valores y principios que recoge. A su juicio, el agua, especialmente dedicada al consumo humano, animal y al riego constituye un valor, uno de los llamados principios constitucionales, que exige máximo cuidado y en el que se ubica inserto el derecho de aprovechamiento de aguas.

Dicho lo anterior, expresó que su opinión parte de la base que hoy día existe una norma expresa en la Carta Fundamental que protege el derecho de propiedad en relación a las aguas. Las aguas dejan de ser bienes nacionales de uso público y pasan a ser de propiedad privada cuando, haciéndose uso del derecho de aprovechamiento, se las extrae. Por ejemplo, las “aguas de invierno” que al ingresar a un tranque, pertenecen al titular de ese tranque, sin que la autoridad administrativa pueda disponer de ellas. La expresión “derecho” cubre el derecho de aprovechamiento y cubre las aguas que emanan de ese derecho, como las aguas lluvias, por ejemplo.

Desde una perspectiva constitucional, si hay derecho de propiedad sobre estas aguas, la única forma de ponerle término es mediante la expropiación y, por lo tanto, si alguien, -incluso la autoridad administrativa-, priva de las aguas al dueño del derecho de aprovechamiento o hace uso de este derecho, ellas quedan expropiadas, y debiera indemnizarse para el debido reguardo de los valores recogidos constitucionalmente.

Manifestó que el peligro que subyace si no se respeta este valor, es que se va disminuyendo la protección de la propiedad, y por tanto, todo el régimen agrícola entra en peligro. Se refirió también al rol del agua para el país, a que es un bien cada vez más escaso y, por ello, requiere estar mayormente protegida.

La protección que está en su esencia en la Constitución Política debe mantenerse en la ley y esta no podría vulnerarla, especialmente considerando que en la iniciativa legal se faculta a la autoridad administrativa a cambiar los términos del derecho de aprovechamiento, tanto de los concedidos y los por conceder, lo que no es discutible respecto de los primeros, aunque pueda serlo respecto los segundos. En este sentido, se debiera reestudiar el tema y garantizar que el que tiene un derecho de aprovechamiento inscrito no pueda ser afectado ni aun por decisión administrativa, para garantizar la certeza jurídica.

33. Abogado, don Enrique Navarro Beltrán. [37]

Expresó que si se revisa la historia del artículo 19 N° 24 inciso final de la Constitución Política se dejó expresa constancia de que existían razones suficientes para señalar que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos y es esta la idea recogida en el anteproyecto.

Destacó que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución precisó en las actas, que el espíritu de la disposición es el de amparar, proteger y dar jerarquía incluso a los actuales derechos que se han constituido de acuerdo a las disposiciones legales respectivas.

Sobre el derecho de aprovechamiento de agua existe una absoluta protección constitucional, permitiéndoles a sus titulares usar, gozar y disponer del mismo, el que tiene carácter de derecho real inmueble, de acuerdo a la actual normativa del Código de Aguas. Una vez constituido el derecho de aprovechamiento se incorpora en propiedad a su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él en conformidad a las normas legales.

La Constitución Política ha delegado, en términos generales, a la ley, establecer cuáles son los bienes nacionales de uso público. El Código de Aguas, en concordancia con el Código Civil, establece la naturaleza de bien nacional de uso público para el agua.

Además, existe un proyecto de reforma constitucional, boletín N° 6816-17 en el cual se contempla la consagración constitucional de la naturaleza del agua, y la facultad que se le entrega al legislador para establecer una serie de regulaciones. A su juicio, ello ratifica la circunstancia de que el actual texto no habilita al legislador para establecer plazos, duraciones o mecanismos de caducidad de los derechos.

De acuerdo a la Constitución Política ninguna ley o autoridad puede afectar el contenido esencial de un derecho. La esencialidad del derecho contenida en su artículo 19 N° 26, siguiendo la tradición española y alemana, supone que el legislador no puede establecer trabas o embarazar el ejercicio en términos tales que haga imposible su ejecución o lo establezca en términos tales que no sea sujeto de tutela. Entonces, el punto esencial es determinar si el legislador ha establecido una limitación o, bajo la apariencia de una limitación, está afectando el contenido esencial del derecho. Eso es lo que normalmente la judicatura va a tener que analizar.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que el legislador no puede establecer criterios que haga imposible el ejercicio de un derecho o sean de tal magnitud que importe la privación del derecho, según se expuso en el rol N° 505 de 2006 en materia eléctrica o en el N° 334 del 2001 en materia de pensiones.

En el artículo 6° y otras disposiciones del proyecto de ley, se establece la fijación de un derecho de propiedad y una duración. Cabe preguntarse si el legislador se encuentra constitucionalmente habilitado para ello. El artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, estableció en materia minera una duración para las concesiones, plazo validado por el Tribunal Constitucional. En el mismo sentido, en materia de propiedad intelectual o marcaria también, por expreso mandato del artículo 19 N° 25 también se contempló un plazo.

Hizo presente que la circunstancia que se le fije un determinado plazo y que además se otorguen un conjunto de atribuciones a la autoridad administrativa en cuanto al ejercicio del mismo, a su juicio, excede lo que permite el artículo 19 N° 24 inciso final.

No se debe descartar que, en todo caso, la modificación del estatuto legal en relación al ejercicio de los derechos constituidos, producirá un escenario de judicialización de los conflictos de las aguas, tal como ocurre actualmente en otros ámbitos regulatorios.

En suma, la legislación que se pudiera introducir no puede desconocer derechos legalmente constituidos o reconocidos que han ingresado al patrimonio del titular del derecho de aprovechamiento de las aguas, lo que también constituye adicionalmente una limitación al poder constituyente derivado.

En segundo lugar, el proyecto de ley dispone una serie de facultades a la autoridad administrativa, y es preciso preguntarse de si puede el legislador delegar en la potestad reglamentaria o en la autoridad administrativa tales facultades, sin establecer criterios de actuación de suficiencia y determinación, como lo ha manifestado el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia comparada también.

En tal sentido, la exigencia es que se determinen con precisión cuáles son los márgenes de actuación de la autoridad administrativa. Afirmó que algunas atribuciones que se le entregan a la DGA importan el ejercicio de atribuciones jurisdiccionales, la que conforme al artículo 76 de la Constitución Política radica en los Tribunales de Justicia.

Aun cuando se estimare que la autoridad pueda ejercer atribuciones jurisdiccionales, si se dictare un acto administrativo y se impongan mecanismos sancionatorios, de acuerdo a la jurisprudencia, se debe establecer las garantías de un justo y racional proceso, y por ende, debe ser debidamente escuchada la parte, aportados antecedentes y probanzas, se dicte una decisión motivada y esta pueda ser debidamente impugnada.

En cuanto a las limitaciones del derecho de propiedad, las facultades conferidas a la autoridad, suponen, de alguna manera, una actuación regulatoria expropiatoria.

Sobre la reserva estipulada en el proyecto de ley, cabe destacar que las reservas estatales fueron eliminadas de acuerdo el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política y, por lo tanto, cabría analizarla a la luz de dicha norma y bajo una norma de quórum calificado.

Respecto de la primera disposición transitoria, lo relevante es que de la historia de la norma constitucional, de la doctrina y de la jurisprudencia se puede desprender que una norma con tal carácter no podría modificar el estatuto jurídico de los actuales titulares y aplicarse de manera retroactiva, porque ello supondría afectar derechos adquiridos amparados por el ordenamiento jurídico constitucional. Lo que sí se podría establecer es que, en virtud una norma de carácter expropiatoria, se indemnizara el daño patrimonial efectivamente causado.

En tal situación, el proyecto de ley podría ser impugnado constitucionalmente, ya sea en forma preventiva o a posteriori. Destacó los siguientes aspectos del proyecto de ley, que a su entender, adolecen de dudosa constitucionalidad:

Primero, la circunstancia de que la concesión esté sujeta a un plazo, lo que no se condice con el artículo 19 N° 24, que no autoriza al legislador a fijarlos.

Segundo, las atribuciones que se le otorgan a la autoridad administrativa, que no están sujetas a los parámetros de suficiencia y determinación, como lo ha establecido la jurisprudencia.

Tercero, la inexistencia de un justo y racional proceso para la actuación de la autoridad administrativa.

Cuarto, que las normas de carácter transitorio deben preservar suficientemente el estatuto actual sin afectar derechos adquiridos inscritos de acuerdo al ordenamiento jurídico.

En conclusión, un proyecto de ley -como el propuesto y en el contexto de la actual Ley Fundamental- que afecte severamente el régimen jurídico de los titulares de los derechos de aprovechamiento de las aguas, tanto en lo relativo al ejercicio de sus atribuciones como en la sujeción a condiciones administrativas que precaricen las mismas, a la vez que incluso su aplicación retroactiva, resulta contrario a la Constitución Política de la República.

Lo anterior, en consideración de que dicha propiedad se encuentra garantizada constitucionalmente y respecto de la cual solo es posible ser privado, total o parcialmente, en virtud de una expropiación legalmente autorizada y en la que el afectado sea debidamente indemnizado del daño patrimonial efectivamente causado.

Ninguna autoridad pública llámese legislativa o ejecutiva puede normar ni actuar contraviniendo las disposiciones y principios contemplados por la Constitución Política que la sustentan y protegen, y que son solo los tribunales, en ejercicio de su jurisdicción los que pueden decidir conflictos en estas áreas, todo ello de conformidad a lo previsto en el citado artículo 6º, en concordancia con los artículos 93 y 19 de la Carta Fundamental.

34. Abogado, don Arturo Fermandois Vöhringer. [38]

Expresó que la primera pregunta que se debe responder en esta materia es si puede o no el legislador promover determinados deberes relacionados a la propiedad, sujetándole, la extinción del derecho al incumplimiento de esos deberes. La respuesta dependerá de cómo se efectúe y en ello se encuentra el matiz con los otros expositores. Depende de cómo se imponga el deber y cómo se cumplan los requisitos para evitar que esos deberes legales se transformen en una expropiación sin indemnización.

Básicamente, se debe considerar la particularidad de que, en este caso, el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política recae sobre el agua, un bien nacional de uso público, de rango legal de acuerdo al artículo 19 N° 23 de la Constitución Política, por el cual existe un mayor espacio del legislador para imponer ciertos deberes. Hay que recordar que el legislador está impedido de imponer deberes tales que afecten la esencia del derecho, y en ese caso, cabría una regulación expropiatoria.

En su opinión, este proyecto de ley debiera cumplir los siguientes criterios:

a) Las obligaciones que imponga el legislador deben ser razonables, proporcionadas, esto es tener una relación entre el fin que se busca y el esfuerzo que se pide al particular, tal como ocurre en la política tributaria. La doctrina norteamericana señala además “justificadas” y como bien nacional de uso público, se admite una justificación del legislador para el beneficio de la nación toda.

b) Debe ser previsible, lo que tensiona el cómputo de los plazos y su extensión. En este punto, hay un elemento cronológico muy importante. La doctrina es conteste en que la obligación que se imponga no puede ser imprevisible. En cambio, si se otorga una razonable señal de previsibilidad, en el sentido de cambio o mutación del marco regulatorio, con suficiente anticipación y el titular lo puede prever, ese deber puede ser tolerable ante la Constitución Política. Por ejemplo, los cambios en el plan regulador en materia urbanística.

c) Debe evitar la “sorpresividad”. El legislador no puede imponer deberes sin dar espacio razonable y suficiente para que el titular se someta a este.

Sobre las hipótesis de “caducidad” de los derechos de aguas, expresó que no le parece adecuado llamarlas de esa manera, pues la caducidad implica la extinción súbita de un derecho por la sola llegada de un hecho, del cual no consta realmente quien lo pueda apreciar y que no se puede resistir. En el proyecto de ley, la caducidad está relacionada con el no uso de las aguas, que depende de si se efectúan o no las obras, y las obras son un elemento material, que exige un juicio de suficiencia técnica.

En su opinión, sería más armónico llamarlas “extinción del derecho”, el cual opera previo proceso controversial, en que el afectado puede exponer su opinión ante un órgano independiente y cuya decisión pueda ser impugnada. Lo que es muy distinto de caducidad.

Si se cumplen estos requisitos orientados a imponer un deber sensato y razonable al titular de un derecho que se ejerce sobre un bien nacional de uso público, y se dan las oportunidades para que se vaya cumpliendo, no ve que la Constitución Política lo impida.

Pero, deben cuidarse muchos detalles. Entre ellos, por ejemplo, todos los requisitos relacionados al debido proceso y la independencia del órgano jurisdiccional, preferentemente un Tribunal de Justicia ordinario. Aunque eventualmente podrá ejercer funciones jurisdiccionales la autoridad administrativa cumpliendo con determinados parámetros, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. Falta un buen estándar de notificación, el buen emplazamiento del afectado.

Los plazos retroactivos no parecen razonables.

Sobre la suficiencia de los plazos, 4 y 8 años, señaló que es un elemento de juicio técnico. Expresó que debiera ser el plazo suficiente para que el titular pueda realizar lo que se le pide, con un razonable esfuerzo, sin vulneración de su derecho.

El plazo debiera suspenderse en toda su extensión, cuando no se pueda cumplir, por ejemplo, por causa ajena de la voluntad del titular, cuando dependa de la autoridad o en caso fortuito o de fuerza mayor.

Seguidamente, cabría analizar la forma en que se deben tratar las limitaciones de bienes que conculquen derechos de aprovechamiento previamente constituidos, en términos compatibles con la Carta Fundamental.

En materia de limitaciones de derechos, el proyecto de ley contempla una serie de instrumentos que innovan en términos de facultar a la autoridad para realizar intervenciones orientadas a la subsistencia humana y preservación ecosistémica- concepto que habría que precisar-, a la redistribución de las fuentes naturales en caso de escasez, a asegurar el caudal ecológico, entre otros.

En relación a ello, planteó que la Constitución Política cuando quiere tratar la afectación de derechos de propiedad previamente constituidos, aun en situación de emergencia o de excepción constitucional, señala una norma clara: si la limitación del derecho lo afecta en su esencia y causa daño, debe indemnizarse. Es decir, el legislador puede establecer un caudal ecológico mínimo, decretar reservas, pero debe indemnizar.

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El diputado Barros se refirió al derecho de aprovechamiento de aguas como derecho real y su relación con el carácter de bien nacional de uso de público del agua.

Por su parte, la diputada Sepúlveda consultó si, a juicio de los expositores, el proyecto de ley reúne o no los requisitos antes señalados.

La diputada Pascal habló sobre el derecho humano al agua como un derecho de todos, por sobre el derecho de propiedad de algunos, y de la necesaria regulación del sistema.

El diputado José Pérez aludió al mal uso que efectúan algunas empresas en el uso de las aguas, la escasez hídrica y los efectos del cambio climático.

El Director General de Aguas compartió el hecho de que las aguas, al momento de ser extraídas, pasan de ser bien nacional de uso público a ser de propiedad del titular y precisó que la tuición que tiene la Dirección es del agua en su fuente natural acuífero, ríos, entre otras.

Agregó que el artículo 5° inciso segundo plantea que “En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código”. Es decir, para la limitación no basta, que se realice en función del interés público, sino que debe hacerse en conformidad a las disposiciones de este Código. Por lo anterior, no puede la DGA u otra autoridad venir a interpretar qué se entiende por interés público.

Por otra parte, hizo presente que así como el texto constitucional no habilitaría al legislador para establecer plazos, -según lo manifestado por el profesor Navarro-, tampoco lo impide.

El artículo 19 N° 24 inciso final de la Constitución Política se refiere a derechos “reconocidos o constituidos en conformidad a la ley”, ley, que es por su naturaleza mutable, incluso la propia Carta Fundamental establece cómo puede modificarse.

Expresó que se está legislando sobre un bien nacional de uso público, y en consecuencia, amparado por el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política, lo que no lo deja fuera de la protección del artículo 19 N° 24, pero hay una diferencia en su tratamiento.

Los criterios señalados por el profesor Fermandois le parecieron apropiados, y a su juicio, la iniciativa cumpliría con las garantías del debido proceso, dado que se establece un procedimiento administrativo cuya resolución es impugnable ante la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo al artículo 134 bis.

Asimismo, en el procedimiento contemplado en el proyecto de ley no habría sorpresividad y se resguardaría la previsibilidad por cuanto se publica por la DGA, en el Diario Oficial, todos los años, los derechos a los que se les está aplicando la sanción por no uso del derecho a través del cobro de una patente, procedimiento que se encuentra actualmente validado por el Tribunal Constitucional.

La asesora de la DGA, señora Celume, destacó la condición especial que tienen las aguas, siendo públicas desde la época romana, y así se manifiesta en el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política, el que a su juicio, goza de una cierta prelación, en relación al artículo 19 N° 24 del mismo texto.

Por su parte, destacó el carácter de bien de uso público de las aguas, el cual, se encuentra incardinado a los intereses generales de la nación y a una finalidad pública, la función social de la propiedad. Este derecho se podría limitar dado que el “derecho a la propiedad” (artículo 19 N° 23) y el “derecho de propiedad” (artículo 19 N° 24) están íntimamente vinculados por los intereses generales de la nación, la utilidad y salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental y la seguridad nacional.

Existe un espacio para intervenir, sí se pueden limitar los derechos a través de la función social de la propiedad. La priorización de consumo humano y el saneamiento están relacionados con el derecho a la vida y a la utilidad y salubridad pública; la reserva de caudales vinculadas al deber del Estado de conservar el patrimonio ambiental o la circunstancia de la escasez hídrica bajo de los intereses generales de la nación.

35. Abogado, don Emilio Pfeffer Urquiaga. [39]

Precisó el marco en el cual se ponderará si las normas propuestas se avienen con los principios y valores de la Carta Fundamental.

Señaló que el artículo 19 N° 24 inciso final de la Constitución Política establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, que están reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a los titulares la propiedad sobre ellos. En esa norma, el constituyente no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de las aguas, pero estas exhiben la calidad de bien nacional de uso público por disposición legal.

Por consiguiente, las personas solo son titulares de un derecho para aprovechar las aguas, derecho que las faculta para que usen y gocen de ellas en los términos en que ese derecho fue reconocido o constituido. En este punto, es importante el modo en que lo regula la ley.

El constituyente reenvía un mandato al legislador para que, racionalmente, pero con cierta discreción, pueda darle una configuración y definición a ese derecho, que es el título que habilita al uso y goce de este bien nacional de uso público, que son las aguas.

Solamente una vez que las aguas son extraídas de su fuente natural, se puede decir que el titular del derecho se hace dueño de ellas, y queda habilitado para disponer de las mismas, material y jurídicamente. Debe quedar claro que solo del modo que el título lo autoriza, pues es la ley la que ha señalado el modo, los términos, las condiciones y modalidades en que esas aguas- bienes nacionales de uso público- van a ser ejercidas.

Reconoció que el titular del derecho de aprovechamiento es dueño de un derecho, que es un bien incorporal, sobre el cual se tiene dominio. También es cierto, que el titular lo incorpora a su patrimonio, y que este se encuentra amparado por la garantía constitucional de la propiedad. Pero, nadie es dueño del agua directamente, ni podría serlo, porque se está frente a un bien, que nuestro ordenamiento jurídico le reconoce la calidad de bien nacional de uso público.

Por su parte, la garantía constitucional de la propiedad ha sido vigorizada por el constituyente de 1980, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la referencia a los bienes incorporales de los cuales, explícitamente se señala que se tiene dominio o propiedad; cuando se señala que solamente la ley puede establecer limitaciones que impliquen afectar las facultades del dominio por alguna causa en virtud de la función social, o que solo se puede privar del dominio a través de la expropiación y que existen garantías constitucionalmente establecidas.

Pero, a pesar de dicho marco constitucional, debe tenerse presente que lo único que se ejerce por el titular del derecho de aprovechamiento es la facultad de uso y goce de las aguas. Este sistema se instauró en Chile, en 1967, en el Gobierno del Presidente Frei Montalva, donde se modificó sustancialmente el régimen de propiedad sobre las aguas. Hasta ese momento los particulares tenían la propiedad directamente sobre las aguas. Sin embargo, la reforma constitucional- que está inserta dentro del proceso de Reforma Agraria- estableció que las aguas eran de dominio de la nación toda, como bienes nacionales de uso público y que los propietarios que poseían ese título hasta ese momento, pasaban a ser titulares de un derecho.

Se ha cuestionado a la iniciativa legal por cuanto establece un plazo al derecho de aprovechamiento que estaría afectando el atributo de “perpetuo” del dominio. Se ha hecho el símil de que ello solo podría ser autorizado constitucionalmente como en el caso de la propiedad minera y de la propiedad intelectual o industrial. Sin embargo, destacó que son regímenes distintos.

En efecto, en la propiedad minera, el Estado es dueño inalienable y exclusivo de todas las minas, y se otorga concesiones a los particulares con la duración que la ley orgánica constitucional respectiva les confiere. En el caso de la propiedad intelectual o industrial, también se efectúa tal observación, en el sentido que tiene como duración a lo menos la vida del autor o un plazo señalado por el mismo cuerpo normativo. Se aduce que al no existir una norma constitucional equivalente respecto al derecho de aprovechamiento de aguas, se estaría extralimitando el legislador. Pero ocurre que en estos casos, el titular, sujeto o dueño está claramente identificado, en el caso de las minas, es el Estado; en el caso de la propiedad intelectual, el autor; y en el de la propiedad industrial, el inventor.

En el caso de las aguas, la naturaleza jurídica está referida a un bien nacional de uso público y, por consiguiente, desde el punto de vista de su naturaleza, se quiere que se use, beneficie y se obtenga ventaja por toda la nación. Por su parte, si se atiende a los fines del Estado, existe una obligación positiva de adoptar las medidas encaminadas a lograr que este uso del agua sea eficiente, equilibrado, y desde la perspectiva ambiental, necesaria, que se vaya preservando ese valor.

Sostuvo que existe una lectura incorrecta e indebida cuando el intérprete constitucional pretende asilar exclusivamente este derecho a la disposición referida a la propiedad, exegéticamente, desatendiendo los fines que el Estado tiene en estas materias.

El Estado tiene deberes, entre otros, el bien común, preservar la naturaleza, brindar protección a la población, conservar el patrimonio ambiental, y puede establecer restricciones, específicas y determinadas, para el ejercicio de ciertos derechos; por tanto, el uso eficiente del agua, es una finalidad que justifica una regulación encaminada la consecución de tales fines.

Las hipótesis de extinción y de caducidad que se contemplan en la iniciativa legal dependen principalmente del actuar del titular del derecho, son de su responsabilidad, ese es el concepto relevante. Si no ejecuta las obras precisadas en el articulado, a su juicio, difícilmente podrá entenderse legitimado, desde el punto de vista constitucional, para sostener que se está afectando o privando de un derecho sobre el agua, que no tiene, ni del derecho de usar y gozar de ellas, que no ha usado.

Las disposiciones analizadas entregan poder resolutorio a una autoridad administrativa, lo cual es de orden procesal, y por tanto, podrán plantearse fórmulas para perfeccionar las garantías contempladas y evitar eventuales decisiones arbitrarias.

Sobre la caducidad por no inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, precisó no adolece de vicios de inconstitucionalidad por cuanto depende de la voluntad del titular de solicitarla.

Se ha cuestionado la restricción o limitación de derechos en virtud de ciertas hipótesis contempladas en el proyecto de ley, las cuales, a su juicio, se encuentran inscritas en sus finalidades, el uso eficiente del agua, no agotar sus fuentes, mantener los equilibrios ecológicos, entre otros.

También se ha manifestado que existiría una extralimitación constitucional cuando la normativa invoca el “interés público” para el ejercicio de ciertas facultades de la autoridad administrativa. En esa línea, esa es una expresión, que desde el punto de vista jurídico, implica una referencia a un concepto abierto aunque no indeterminado, pero que está inserta en la nomenclatura que el propio constituyente recepciona a propósito de la función social de la propiedad, al mencionar al interés nacional, la seguridad nacional y a la conservación del patrimonio ambiental. Al respecto, precisó que “seguridad nacional” se comprende en un sentido amplio e integral, más allá de la defensa de la soberanía nacional y que supone la defensa y conservación del territorio en su plenitud y el agotamiento de este valioso y escaso recurso se enmarca en ello.

En el caso de la extinción o caducidad del derecho, no se puede pretender que por el efecto indeseado -por ejemplo, que eventualmente se afecte una garantía hipotecaria- per se sea inconstitucional. Hizo presentes que los efectos que las atribuciones contempladas podrían eventualmente implicar para los titulares de los derechos de aprovechamientos o para terceros se podrían mitigar, debiendo preverse estas situaciones y mejorarse el conjunto de reglas encaminadas para que los Tribunales de Justicia, intervengan en su materialización, para mayor seguridad y certeza de los actuales titulares.

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La Abogada de la Dirección General de Aguas destacó el rol de bien nacional de uso público de las aguas en el marco del artículo 19 N° 23 de la Constitución Política y las similitudes con el régimen de concesión minera en lo referido a que ambos son derechos que se ejercen sobre bienes o cosas que han sido excluidas del sistema jurídico privado y que poseen la calidad de “derechos públicos subjetivos” por el cual se otorga el derecho exclusivo y excluyente a un titular para que pueda explotar (usar y gozar) las aguas. Por la inalienabilidad del dominio público, este derecho no es necesariamente perpetuo, a diferencia de la propiedad. Asimismo, se refirió a otros derechos reales que no son perpetuos, como el usufructo.

En relación a estos derechos existe un correlato de obligación al titular: el uso efectivo y responsable que se haga de las aguas. En este sentido, el Estado quien crea este derecho, está incardinado con ciertas finalidades, se ocupa del bien común, de la preservación de la naturaleza, de la conservación de patrimonio ambiental, y en ello, el uso efectivo del agua y asegurar el acceso, consumo humano y saneamiento. El Código de Aguas recoge este correlato lógico entre derechos y deberes: obligación de utilizar el derecho, registrarlo, informarlo, no degradar la fuente, entre otros.

La Administración es la que crea el derecho, le otorga las facultades al titular para usarlo, determina los deberes y a ella se responde por el uso efectivo, por la sustentabilidad del acuífero, entre otros, dado que es la encargada de llevar a cabo los cometidos estatales que implican la publificación del recurso.

El señor Pfeffer, dando respuesta a diversas consultas, señaló que se puede hacer el símil con la regulación de la propiedad minera. En el caso de las minas el Estado es el dueño y la norma constitucional señala de forma explícita que cuando se otorgan concesiones la finalidad que va ínsita, es para que el titular desarrolle la actividad. Tratándose de las aguas, como bien de uso público, el interés del Estado es que se usen y el uso sea forma razonable, eficiente, cuidando el medio ambiente y evitando la especulación.

Agregó que no puede existir una reserva de constitucionalidad cuando el legislador quiere, respecto de los derechos preexistentes, concretar dichas finalidades, porque se inscriben en los propósitos que el texto le impone al Estado. Estas limitaciones y restricciones a los derechos preexistentes, que se encaminan al logro de dichas finalidades, deben ser proporcionales, racionales e idóneas y enmarcan el margen de discrecionalidad de la autoridad. En esa línea, no compartió la idea de que per sé sea inconstitucional una norma porque está mudando la naturaleza de un derecho, de perpetuo a temporal, bajo una interpretación sistemática y armónica de la Constitución Política.

El Director General de Aguas estimó muy valioso el planteamiento de que nadie puede pretender que frente a la propia omisión o inacción del titular, se puede entender la normativa como una intromisión expropiatoria.

Por último, manifestó que el proyecto de ley persigue fines protegidos en la misma Carta Fundamental, como lo es el interés público, y concordó con que es un concepto abierto pero no indeterminado.

IV. ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

Cabe hacer presente que la Sala de la Corporación acordó, en su sesión 81ª, de 15 de octubre de 2014, se le remitiera a esta Comisión el proyecto en informe, una vez despachado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, a fin de que se pronunciara acerca del texto del proyecto aprobado por ella. En ese sentido, se adoptaron siguientes acuerdos:

Artículo único.

N° 2, reemplaza el artículo 5°:

Artículo 5°.- Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código.

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

No se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Fuentes, Letelier, Morales, Pérez, don José; Rathgeb, Urízar y Urrutia, don Ignacio formularon indicación para agregar el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto y, así sucesivamente:

“Para estos efectos, se entenderá por interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas.”

Los diputados Barros e Ignacio Urrutia señalaron que la indicación tiene como objetivo precisar el sentido y alcance de la expresión “interés público”.

El Director General de Aguas expresó que no cabe la discrecionalidad en la interpretación del concepto interés público, toda vez que el texto expresa que en función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento o serán limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código. Es decir, ninguna autoridad podrá arbitrariamente determinar qué comprende el “interés público”, debiendo atenerse a las disposiciones del Código.

Agregó que, la expresión “Para estos efectos” permite ubicar el “interés público” en forma armónica con el resto del ordenamiento jurídico y sería coherente con el artículo 5° bis sobre las funciones del agua.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (13) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca, Barros, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar, Ignacio Urrutia y Walker (en reemplazo del diputado Espejo).

N° 3, agrega los artículos 5° bis, 5° ter, 5°quáter y 5° quinquies:

Artículo 5° bis.

Las aguas cumplen diversas funciones, tales como la de subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas.

Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.

La Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización dispuesta en el inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62, 314 y demás normas pertinentes de este Código. Con todo, la Autoridad deberá considerar la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica.

Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos.

Tratándose de solicitudes realizadas por un Comité o una Cooperativa de Agua Potable Rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud, el Servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente, debiendo dictar una resolución fundada al respecto dentro del plazo de 90 días, contado desde la presentación de la solicitud. Esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez.

El diputado Paulsen, formuló indicación, al inciso cuarto para sustituir la frase “La Dirección General de Aguas” por: “El Ministro de Obras Públicas, previo informe de la Dirección General de Aguas,”.

El autor de la indicación, estimó pertinente que la potestad de limitar el ejercicio del derecho de aprovechamiento dependa del Ministro de Obras Públicas o del Director Nacional de Aguas, pero no de las direcciones regionales. Expresó no compartir una eventual inadmisibilidad de la indicación, pues la facultad ya ha sido entregada previamente al Ministerio.

El Director General de Aguas precisó que la Dirección Nacional hoy cuenta con la función de redistribución en virtud del artículo 314 del Código de Aguas. Sin perjuicio de la inadmisibilidad, estimó que no podría efectuarse materialmente la facultad tal como se plantea. Por último, podría discutirse la delegación de la referida función.

La Presidenta de la Comisión, en usos de sus facultades legales y reglamentarias declaró inadmisible la indicación.

Artículo 5° ter.

Artículo 5° ter. Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 bis.

Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la concesión minera en el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad a lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, según el artículo 5° bis.

Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia.

Las aguas reservadas, excepcionalmente, mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica, podrán ser entregadas a empresas de servicios sanitarios cuando no exista otra forma posible de garantizar el consumo humano y el saneamiento. Esta entrega nunca será considerada para el cálculo tarifario.

El diputado Paulsen expresó que la constitución de reservas de aguas se debería realizar sobre los derechos no utilizados, por lo que se debería analizar la conveniencia de establecer una priorización, comenzando su constitución por aquellos sobre los cuales el titular no hubiere constituido las obras.

El Director General de Aguas precisó que cuando se habla de reservas de aguas se refiere a aguas disponibles, sobre las que no se han constituido derechos de agua. Las aguas actualmente disponibles alcanzan al 10% por ciento las superficiales y al 50% de las subterráneas.

Durante el análisis de esta disposición, particularmente de su inciso final, el Director General de Aguas aclaró que la declaración de escasez hídrica es temporal y los problemas para la comunidad pueden extenderse más allá del plazo de la resolución en que se justifica el decreto. Asimismo, reconoció que su actual redacción podría llevar al cuestionamiento de quién va a estar dispuesto a hacer inversiones por un periodo de 6 meses o por un año, en caso de prórroga, por lo que esta norma podría terminar atentando contra el propósito de garantizar el derecho humano al acceso al agua.

Asimismo, propuso eliminar la frase “cuando no exista otra forma posible de” por la conjunción “para” pues es probable que siempre exista alguna forma posible de garantizar el consumo humano y el saneamiento, como por ejemplo, la entrega a través de camión aljibe. Entonces, existiendo alguna vía posible, nunca se podría entregar las aguas reservadas a una empresa sanitaria, en perjuicio de la comunidad. Indicó que, más que mirar a quien provee las aguas hay que mirar a quien las recibe.

La diputada Pascal y de los diputados Fuentes, Letelier y José Pérez, formularon indicación para para introducir en el inciso final, las siguientes modificaciones:

a) Eliminar la frase: “mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica,”.

b) Sustituir el vocablo “empresas” por “prestadores”.

c) Reemplazar la frase: “cuando no exista otra forma posible de” por el vocablo “para”

El diputado Ignacio Urrutia manifestó que la hipótesis contemplada en el inciso final se refiere a una situación excepcional, para enfrentar periodos de escasez hídrica. Acabada la sequía o estrechez hídrica, se debe volver a la situación de normalidad, en que las aguas se encuentren disponibles para su aprovechamiento y, por tanto, no comparte la idea de eliminar la frase “mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica,”.

El diputado Espejo, por su parte, expresó que las reservas son permanentes y que se constituyen con carácter preventivo, con el fin de precaver situaciones en que la subsistencia y preservación ecosistémica estén en riesgo. Precisó que se están discutiendo las circunstancias excepcionales sobre las cuales se entregan las aguas reservadas a los servicios sanitarios para garantizar las funciones del agua.

El Director General de Aguas expresó que en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación existe un error, ya que el tema de fondo gira en torno al decreto de escasez hídrica y no en la persona humana y su derecho al acceso al agua, como debiera serlo. El artículo se refiere a la situación en que el Estado reserva las aguas previendo una situación de escasez hídrica. Las reservas son para siempre, de carácter permanente, y se constituirán con los únicos propósitos que define la norma, esto es asegurar el consumo humano o la preservación ecosistémica, y podrán ser entregadas en concesión, excepcionalmente, a un prestador de un servicio sanitario.

A mayor abundamiento, señaló que ningún prestador de servicio sanitario, comité de agua potable rural, cooperativa o empresa sanitaria hará una inversión en este ámbito si solo cuenta con los seis meses o un año, si se aprueba la posibilidad de prorrogar, de duración de los decretos de escasez.

Puesta en votación, se aprobó la indicación por diez votos a favor (10 de 12) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez y Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez); un voto en contra (1 de 12) del señor Ignacio Urrutia y una abstención (1 de 12) del señor Álvarez- Salamanca.

N° 4, sustituye los incisos primero y segundo, del artículo 6°.

Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.

El período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión no podrá ser superior a 30 años, de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según sea el caso. La duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos. La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso, o se cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente. Esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso.

El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.

Se acordó analizar y votar las indicaciones por incisos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.”

El diputado Barros expresó que, sin perjuicio de que el artículo primero transitorio es claro, en cuanto a que los derechos reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes, -pudiendo su titular usar, gozar y disponer de ellos-, propuso eliminar la palabra “temporal” para evitar interpretaciones erróneas.

El Director General de Aguas reforzó la idea de que en el Código van a coexistir derechos de aprovechamiento entregados indefinidamente con concesiones prorrogables.

El diputado Espejo señaló que se está regulando la situación en régimen y, por tanto, no comparte la propuesta. En el mismo sentido, se pronunciaron las diputadas Sepúlveda y Pascal y el diputado Fuentes.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por ocho votos en contra (8 de 11) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Álvarez- Salamanca, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier y José Pérez; un voto a favor (1 de 11) del señor Barros y dos abstenciones (2 de 11) de los señores Paulsen e Ignacio Urrutia.

2. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar los dos primeros párrafos del inciso segundo, hasta la expresión “no consuntivos.”, por el siguiente:

“El derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. En caso que la autoridad considere que la concesión deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.”

El diputado Ignacio Urrutia expresó que al estipular que el período de duración del derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión “no podrá ser superior a 30 años” atenta contra la seguridad de las inversiones que, en la agricultura, son a largo plazo. Por ello, proponen que el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión sea de “30 años”. Si se estima que sea por una menor cantidad de años, la autoridad deberá emitir una resolución fundada que así lo justifique.

El Director General de Aguas señaló que la indicación mejora el texto aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación que contempla una distinción en la duración de las concesiones de derechos consuntivos y no consuntivos. En relación con los primeros, duraría entre 6 meses y 30 años y para los segundos, existiría un mínimo de 20 años. Asimismo, la propuesta de redacción evita la discrecionalidad de la autoridad administrativa.

La diputada Carvajal y el diputado Barros expresaron que la propuesta disminuye la incertidumbre para los agricultores frente a las decisiones de la autoridad y limita los espacios de discrecionalidad.

La diputada Pascal recordó la ley N° 19.880 [40] dispone que todo procedimiento administrativo debe ser fundado. Consideró conveniente analizar el inciso íntegramente para su mejor comprensión. Asimismo, advirtió que en que las proposiciones se estarían regulando eventuales cambios de uso de los derechos.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por siete votos a favor (7 de 10) de la señora Carvajal y de los señores Álvarez-Salamanca, Barros, Espejo, Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia; un voto en contra (1 de 10) del señor Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y dos abstenciones (2 de 10) de las señoras Pascal y Sepúlveda.

3. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar la segunda parte del inciso segundo, que se inicia con la expresión “La duración” hasta el punto (.) aparte, por el siguiente inciso:

“La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso por parte del titular o en caso que cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente sin previo aviso por parte del titular del derecho a la autoridad administrativa. Esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso.”

El Director General de Aguas consideró un error establecer que se tenga que acreditar el no uso del recurso “por parte del titular”, pues perfectamente, las aguas podrían haber sido arrendadas y ya no sería el titular quien efectuaría las obras de aprovechamiento. Sugirió eliminar esa expresión.

Asimismo, cuestionó la frase “sin previo aviso por parte del titular del derecho a la autoridad administrativa” porque debe quedar claro que no basta cualquier comunicación a la autoridad.

4. De la diputada Carvajal para agregar, en el inciso segundo, luego de la expresión “se prorrogará,” la expresión “sucesivamente”.

5. Del diputado Paulsen, para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “se prorrogará” y “, a menos que”, la expresión: “indefinidamente”.

6. De la diputada Carvajal para sustituir, en el inciso segundo, la palabra “originalmente” por “originariamente”.

7. Del diputado Paulsen para agregar, en el inciso segundo, luego de la expresión “destinado originalmente.” la frase: “salvo que hubiese informe previo a ese Servicio, en la forma dispuesta por dicha autoridad administrativa.”

8. Del diputado Paulsen, al inciso segundo, para suprimir la frase: “Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso”.

El Director General de Aguas sostuvo que la incorporación de la expresión “sucesivamente” permite aclarar, de mejor manera que “indefinidamente”, la idea de que la prórroga pueda realizarse en forma sucesiva. Además, expresó que el término “originariamente” enmienda un error de tipografía.

Puestas en votación las indicaciones al inciso segundo, se registraron las siguientes votaciones:

La indicación N° 4 fue aprobada por diez votos a favor (10 de 11) de las señoras Carvajal y Sepúlveda y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia; y una abstención (1 de 11) de la señora Pascal.

La indicación N° 6 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (11) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia.

La indicación N° 7 fue rechazada por empate de cinco votos a favor (5 de 10) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Paulsen e Ignacio Urrutia; y cinco votos en contra (5 de 10) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los señores Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y Letelier.

Las indicaciones signadas con los números 3, 5 y 8 se dieron por rechazadas reglamentariamente.

9. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso tercero, por los siguientes incisos:

“El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite por parte del titular el uso efectivo del recurso en los términos indicados en la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del titular del derecho de aprovechamiento, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.”.

10. Del diputado Espejo para sustituir en el inciso tercero la frase: “y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, destinados” por la siguiente: “y siempre que acredite la realización de obras destinadas”

El diputado Barros consideró que indicación signada con el número 9, busca reducir ámbitos de interpretación y discrecionalidad de la autoridad y, por tanto, para acreditar el uso efectivo es preferible especificar que se trate de “la construcción de obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9”, más que “la realización de las gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular”.

El Director General de Aguas concordó en corregir la redacción y eliminar la referencia a las gestiones y actos por la dificultad de medirlos y ponderarlos.

Respondiendo a las inquietudes de la diputada Pascal, la abogada de la DGA señaló que, en las modificaciones aprobadas en la Comisión Técnica al artículo 129 bis 9, se precisa que las obras deberán ser aquellas suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso, y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Puesta en votación, la indicación N° 9 fue rechazada por seis votos a favor (6 de 12) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia; y seis votos en contra (6 de 12) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los señores Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y Letelier.

Sometida a votación, la indicación N° 10 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (12) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), e Ignacio Urrutia.

11. De las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y de los diputados Fuentes y Letelier, para intercalar, en el inciso tercero, luego de la palabra “derecho” y antes del punto seguido (.), la oración: “y que no haya sido objeto de pago de patente por no uso, durante cinco oportunidades en el periodo de la concesión.”.

El diputado Barros, aun cuando expresó compartir el objetivo de la indicación, solicitó precisar el sentido y alcance de la expresión “cinco oportunidades”.

El Director General de Aguas concordó con el objetivo de la indicación, pero indicó que sería más claro señalar “que no se haya pagado” antes que “y que no haya sido objeto de pago de patente por no uso” para no tener que entrar en el detalle del procedimiento. Asimismo, precisó que la indicación no señala que deben ser incumplimientos consecutivos.

El diputado Espejo expresó que al momento de solicitarse la prórroga, se debe haber cumplido las diversas exigencias establecidas al derecho de aprovechamiento, pagadas las patentes y que se encuentre saneado. Consultó cómo dialoga esta propuesta con el artículo 6° bis.

La diputada Sepúlveda señaló que la idea es evitar que impere la lógica de la especulación, y de que quien no haya pagado más de 5 veces, igualmente pueda prorrogar su derecho. Es una sanción al incumplimiento y un estímulo al cumplimiento. En el mismo sentido, se pronunció la diputada Pascal y los diputados Fuentes e Ignacio Urrutia.

El Director General de Aguas aclaró que el Código no sanciona a quien no usa las aguas, sino a quien no hace las obras de aprovechamiento. Cuando se tiene el derecho de aprovechamiento, y en 4 años no se han realizado las obras para su uso, se extingue. Se podría ejercer una suspensión del plazo, lo que podría extenderlo, pero no llegaría a los 30 años. Explicó que la indicación sería aplicable solo a los derechos nuevos y busca que quien en 5 ocasiones ha debido pagar la patente y no lo haya efectuado no pueda prorrogar su concesión. La lógica es acorde con las modificaciones propuestas al Código, sin embargo, cabe preguntarse si fuera necesaria, dado que eventualmente no se llegaría a esa situación, porque se produciría una extinción del derecho antes de los 30 años.

12. De las diputadas Carvajal, Sepúlveda, y de los diputados Fuentes, Pérez Arriagada y Letelier, para intercalar, en el inciso tercero, luego de la palabra “derecho” y antes del punto seguido (.), la oración: “y que no haya pagado patente por no uso, en tres o más oportunidades en el periodo de la concesión.”

En todo caso, consideró mejor la última redacción, ya que lo relevante es sancionar a quien efectivamente no pagó la patente, en distintas oportunidades durante el periodo de la concesión, y no a quien se encuentra en el listado de deudores publicado anualmente por la DGA en el Diario Oficial, que pudo pagar con posterioridad.

El diputado Barros cuestionó la pertinencia de las vías de notificación que se contemplan, considerando que se debieran modernizar.

Al respecto, el Director General de Aguas explicó que, primero se publica en el Diario Oficial y en diarios regionales, lo que es conocido por los titulares de los derechos de aprovechamiento. Luego, la Tesorería General de la República acciona, “invitando” a los deudores a pagar para no proseguir un juicio en su contra. En este caso, y luego de 3 años de no pago, se aplicaría esta norma. De todas formas, hizo el alcance de que el Código de Aguas sí regula las formas de notificación, pero no en este artículo, y que se podrían evaluar.

Asimismo, respondiendo al diputado Letelier, señaló que los montos por pago de patentes son bastante relevantes. El año 2015 hubo 4.923 derechos afectos al pago de patentes, y se cobraron 44.000 millones de pesos, de los cuales fueron pagados 32.000 millones de pesos.

Dando respuesta a otras consultas, precisó que en Chile no existe pago de patentes “por no uso de las aguas”, aunque así se las llame usualmente, sino que existe un sistema de patentes “por no haber hecho las obras de aprovechamiento”. Afirmó, que en el mundo de la agricultura, el agua se usa, pero no siempre se ha regularizado el derecho. En cambio, aquí se refiere al caso inverso, aludiendo al caso de que alguien tiene el derecho pero no lo aprovecha.

La diputada Carvajal destacó que se estaría sancionando el incumplimiento en tres o más oportunidades en el periodo de la concesión, las que no necesariamente serían consecutivas.

Puesta en votación, la indicación N° 12 fue aprobada por once votos a favor (11 de 13) de los diputados presentes, señoras Carvajal y Sepúlveda y señores Álvarez- Salamanca, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal), Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) y Urízar; y dos abstenciones (2 de 13) de los señores Barros e Ignacio Urrutia.

En consecuencia, la indicación N° 11 se dio por rechazada, reglamentariamente.

13. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Fuentes y Letelier para agregar el siguiente inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser quinto:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la concesión de los derechos de aprovechamiento que sean utilizados por centrales generadoras de energía mayores a 3 MW, o de los utilizados por concesionarios mineros que no estén comprendidos en la hipótesis del artículo 56, podrán ser objeto de revisión, a fin de evaluar que dichos aprovechamientos no constituyan una grave afectación del acuífero o de derechos de terceros. En este caso, podrá limitarse su uso, o bien, en casos graves y calificados, caducarse anticipadamente la concesión. Esta revisión podrá hacerse en cualquier momento desde que se cumplan 10 años del otorgamiento de la respectiva concesión”.

La diputada Sepúlveda expresó que se estableció como criterio las centrales generadoras de energía mayores a 3 MW para homologar el Código de Aguas con los parámetros de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Señaló que la propuesta es racional en el entendido que al menos cada 10 años el Estado debiera revisar los efectos de las concesiones relacionadas a la minería y las centrales hidroeléctricas y su impacto en las comunidades aledañas y a la agricultura. La diputada Carvajal y los diputados Barros e Ignacio Urrutia expresaron su apoyo a la indicación.

El diputado Espejo señaló que comparte el sentido de la indicación, pero planteó dudas sobre su constitucionalidad al aplicarse a un determinado sector industrial en vez referirse a los impactos sobre la disponibilidad de las aguas o del acuífero.

El Director General de Aguas expresó que como autoridad administrativa siempre han valorado las instancias en que se faculta la evaluación de los recursos hídricos. Sin embargo, consideró conveniente buscar una nueva redacción. El actual Código de Aguas protege la no afectación de los derechos de terceros y la disponibilidad de las aguas, aquí se estaría agregando la grave afectación del acuífero, que es un concepto valioso e interesante.

Agregó que tal como está redactada la propuesta solo afectaría a las concesiones mineras y no a las centrales hidroeléctricas, porque solo se refiere a aguas subterráneas. Además, la redacción se efectúa en función de quien utiliza las aguas, y podría ser más conveniente que apuntara a lo que les ocurre a las aguas, como la grave afectación del acuífero. Desde su perspectiva, si alguien efectúa una grave afectación del acuífero, por ejemplo, con pesticidas, se debiera considerar una sanción similar.

El diputado Paulsen señaló que a su entender la propuesta es inconstitucional e inadmisible por referirse a limitaciones al derecho de propiedad y por incidir en materias de la iniciativa de la Presidenta de la República.

La Presidenta de la Comisión, en uso de sus atribuciones, declaró admisible la indicación.

14. De las diputadas Carvajal y Sepúlveda y de los diputados Fuentes, Pérez Arriagada y Letelier para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, y sexto, pasando el actual cuarto, a ser séptimo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae; en caso de que se afecte la función de subsistencia; o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5° bis.

Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, dejarlo sin efecto.”.

La diputada Sepúlveda planteó que esta última indicación nace luego de la discusión parlamentaria y busca satisfacer la necesidad de que sean revisadas las concesiones, -entre ellas, la relacionadas a empresas hidroeléctricas en el manejo de las aguas,- pero con foco en los elementos de riesgo, a fin de evitar el vicio de inconstitucionalidad, que se discutiera anteriormente. En el mismo sentido, la diputada Carvajal reiteró el contexto de escasez hídrica permanente en la que se enmarca esta indicación.

El diputado Espejo consultó por qué la nueva propuesta no contempla el plazo 10 años que contenía la redacción original, el cual significaría un elemento de certidumbre frente a la posible discrecionalidad de la autoridad. La diputada Sepúlveda respondió que dicha eliminación fue parte de lo convenido en la discusión previa, pero no tendría inconvenientes en reponer el referido plazo.

El diputado Barros compartió el espíritu de la nueva redacción, pero cuestionó que más allá de que se invoque el consumo humano y funciones de subsistencia, la indicación no se refiere con precisión a la afectación en la agricultura, bocatomas, sistemas de riego, entre otras.

El diputado Ignacio Urrutia manifestó su preocupación de que se estuviera legislando frente a conflictos locales, en regiones determinadas, y no de modo general. Visión que fue rebatida por los autores de la indicación.

El diputado Fuentes recalcó la relevancia del rol del Estado y de normas claras en torno al agua, para que todos los sectores sociales y productivos, grandes o pequeños queden resguardados. En el mismo sentido, se pronunció el diputado Letelier.

El Director General de Aguas expresó que de acuerdo a la nueva redacción, existiría la facultad de la autoridad -“podrá”- para revisar las concesiones en casos de existir los elementos de riesgo descritos, la que se convertiría en una obligación, en un “deberá” frente a los derechos de aprovechamiento no consuntivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

Destacó los elementos de riesgo a que alude a la última indicación. Las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de: primero, (orden inverso al señalado en la indicación) “en caso de que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14”, este punto resolvería las dudas planteadas por el diputado Barros en torno al debido resguardo de la agricultura, pues el mencionado artículo señala: “La extracción o restitución de las aguas se hará siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás particularidades.”; segundo, “en caso de que se afecte la función de subsistencia” y tercero, “si se genera una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae”.

Respecto a las limitaciones de uso, señaladas en el inciso tercero, esta situación ya se encuentra resuelta en relación a las aguas subterráneas por el artículo 62.

Sugirió que la indicación contemple la mención a la autoridad competente para efectuar tal revisión y en inciso final propuso hablar de “suspensión” más que de una causal de extinción o caducidad.

15. Del diputado Espejo para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, y sexto, pasando el actual cuarto a ser séptimo.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión por la autoridad competente si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae; en caso de que se afecte la calidad de las aguas o su disponibilidad para la función de subsistencia; o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5° bis.

Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, suspenderlo temporalmente.”.

Sometida a votación, la indicación N° 14 fue aprobada por siete votos a favor (7 de 13) de los diputados presentes señoras Carvajal y Sepúlveda y señores Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal), José Pérez, Urízar; cuatro votos en contra (4 de 13) de los señores Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia y dos abstenciones (2 de 13) de los señores Álvarez- Salamanca y Espejo.

El diputado Paulsen hizo una expresa reserva de constitucionalidad de la indicación aprobada en virtud del artículo 65 N° 2 de la Constitución Política.

Consecuentemente, las indicaciones N° 13 y 15 se dieron por rechazadas, reglamentariamente.

N° 5, intercala el siguiente artículo 6° bis:

Artículo 6° bis.- Los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos el plazo de extinción será de cuatro años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos será de ocho años, en ambos casos contado desde su otorgamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del concesionario, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.

La contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso anterior y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y o la Dirección de Obras Hidráulicas. Dicha suspensión no podrá exceder de 4 años.

Asimismo, la autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo dispuesto en este inciso regirá en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho.

Del mismo modo caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Del diputado Espejo, para sustituir, en el inciso tercero, la frase: “Dicha suspensión no podrá exceder de 4 años”, por el siguiente párrafo: “Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”

El diputado Espejo manifestó que el artículo en discusión recoge el principio de que los derechos de aprovechamiento se extinguen por no uso efectivo. La contabilización del plazo de extinción se suspende mientras se están tramitando permisos ante la Dirección General de Aguas o la Dirección de Obras Hidráulicas, dado que no es imputable al titular, el no haber podido iniciar sus obras si no cuenta con los permisos correspondientes.

Por su parte, la indicación establece que las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión, a fin de que los derechos antiguos y nuevos estén sometidos a las mismas exigencias y no sea más gravosa la normativa para los derechos nuevos (artículo 6° bis en relación al artículo 129 bis 4 letra e) agregada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

En la misma línea, el Director General de Aguas recordó que en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación se legisló en relación a los derechos antiguos, en el artículo 129 bis 4 letra e), sin establecer un “techo” a la suspensión, teniendo en consideración las obras de alta complejidad, altos créditos e inversión y de larga tramitación. El otorgamiento de un derecho de aguas se demora en promedio dos años, pero no afecta los plazos de suspensión porque la obligación de construir las obras corre desde que se otorga el derecho.

Sin embargo, existe el permiso de Obras Mayores, que se tramita ante la DGA y DOH, que si bien su porcentaje es bajo en cantidad, se demora un promedio de 4,5 años. Son proyectos de alta complejidad (por ejemplo, embalses de riego mayor o una central hidroeléctrica) y la demora se explica fundamentalmente por los elementos y condiciones de máxima seguridad que se deben resguardar, en el marco del artículo 294 del Código de Aguas.

La idea de la norma del artículo 129 bis 4 letra e) es que nadie pueda argumentar que perdió su derecho por burocracia del Estado, a pesar de su propia diligencia. Luego, para evitar que alguien por esta vía intente suspender reiteradamente el plazo de extinción, se planteó que, en ningún caso, las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, permitirían la suspensión. Ello se había considerado para los derechos antiguos y no para los nuevos y esta asimetría se trata de corregir en este momento.

Ante las inquietudes planteadas por la diputada Pascal sobre la conveniencia de mantener el tope de 4 años de acuerdo a lo discutido en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, el Director General de Aguas, expresó que dicha Comisión eliminó el tope de 4 años al momento de legislar en torno al 129 bis 4 letra e) y 129 bis 5 letra d).

El diputado Espejo manifestó que la indicación busca evitar que una eventual dificultad o incapacidad en la gestión de la Administración Pública perjudique a usuarios y titulares del derecho, principalmente agricultores. En este caso, el plazo se plantea, exclusivamente, en su beneficio.

Por su parte, el diputado Urízar destacó que al disponer que las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación no quedarán comprendidas en la suspensión, pretende evitar la especulación.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por once votos a favor (11 de 13) de la señora Carvajal, y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar e Ignacio Urrutia, y dos abstenciones (2 de11) de las señoras Pascal y Sepúlveda.

2. De la diputada Carvajal y de los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Espejo, Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb, Urízar e Ignacio Urrutia, para agregar el siguiente inciso quinto, pasando el actual a ser sexto:

"A su vez, la contabilización del plazo descrito anteriormente, se suspenderá en caso que el titular del derecho de aprovechamiento justifique ante la autoridad administrativa que no ha podido construir las obras para hacer un uso efectivo del recurso por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas y mientras persista dicha circunstancia.”

Los autores destacaron la relevancia de incorporar las causales de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditada. Asimismo, manifestaron que la indicación busca precisar los términos, y evitar cualquier espacio para la especulación.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los presentes (13) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar e Ignacio Urrutia.

3. De la diputada Carvajal, y los diputados Barros, Espejo, Paulsen e Ignacio Urrutia, para sustituir el inciso final, por el siguiente:

“Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que dicha repartición disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el Servicio se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 6°. Para los efectos de este artículo, se entenderá por cambio de uso aquel que se realice entre distintas actividades productivas tales como el riego, la minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras.”

El diputado Espejo señaló que la propuesta de redacción nace en razón de que el concepto de “cambio de fin” no existe en la legislación nacional, lo que dificulta la aplicación del inciso final tal como fuera aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Asimismo, se basa en el necesario fortalecimiento de las facultades de la DGA que le permitan información para la adecuada gestión de las cuencas. Si la DGA no sabe lo que ocurre en la cuenca, difícilmente podrá hacer su trabajo.

Por lo tanto, se exige que todo cambio de uso se deba informar en los términos que la DGA disponga. Si no informa, se aplica una multa que es la que se aplica por faltas de información, cuyo monto es de 10 a 400 unidades tributarias mensuales. Es decir, se está incorporando una sanción a la falta de información por cambios de uso, lo que no había sido sancionado por la Comisión Técnica. Sin perjuicio de la aplicación de multas, si se afecta la sustentabilidad del acuífero, la DGA podrá limitar el derecho o dejarlo sin efecto.

Sobre el contenido de “cambio de uso” se agregó un párrafo final que ayuda a clarificar su alcance, para que no queden dudas de que con cambio de uso se refiere a la destinación a actividades productivas que, naturalmente, están asociadas a intensidades de uso distintas, las que podrían llegar a afectar el acuífero. Al efecto, el Decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas fija la tabla de equivalencias entre caudales de aguas y usos y refleja las prácticas habituales del país en materia de derechos de aprovechamiento de aguas, distinguiendo entre usos para agua potable, minería, turismo, acuicultura, textiles, entre otras.

La diputada Sepúlveda expresó que se podría acordar algún grado de flexibilidad a la norma aprobada en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, pero en ningún caso homologar las sanciones de cambio de uso o fin con las referidas a faltas de información y medición, especialmente considerando los exiguos montos de las multas.

Asimismo, compartió la necesidad de precisar el ámbito de aplicación del cambio de uso, pero manifestó que en el giro agropecuario también existen usos de diversa intensidad, más allá de lo que señale el decreto del Ministerio de Obras Públicas. Expresó la importancia de aclarar los cambios de uso y de fin y de establecer sanciones disuasivas frente a las dificultades de fiscalización de la autoridad.

En la misma línea, la diputada Pascal compartió la idea de que lo aprobado por la referida Comisión pudiera ser muy drástico. Por una parte, señaló que no es indiferente el uso que se da del agua en el giro agrícola, por lo que los cambios en tal sentido deben informarse. Por otra, y muy distinto, es que se debe sancionar el cambio de fin. No basta con cumplir con el deber de informar y menos con las multas expresadas que son irrisorias.

El diputado Ignacio Urrutia manifestó que cada agricultor tiene un derecho de aprovechamiento de aguas que está constituido por una cierta cantidad de litros que puede utilizar, no puede usar más de lo que tiene. La mayoría de los agricultores extrae sus aguas de juntas de vigilancia o de organizaciones de riego y, por lo tanto, le entregan los litros de agua por segundo que le corresponde y no más. Dado lo anterior, cada agricultor determinará lo que produce, sin tener que informar a la autoridad los cambios de producción que determine. Lo lógico es que tuviera que informar si cambia a otra actividad, con una intensidad de uso distinta, por ejemplo, que sus derechos de aprovechamiento de aguas sean utilizados para generación eléctrica o a la minería. Mayores especificaciones debieran quedar contenidas en el respectivo reglamento.

En el mismo sentido, el diputado Barros manifestó que no corresponde discutir qué cantidad de agua requiere cada uno de los cultivos, eso atentaría contra el libre emprendimiento de los agricultores, protegido constitucionalmente. Lo razonable, sería regular, por ejemplo, el cambio de uso de agricultura a minería.

La diputada Carvajal expresó que la indicación busca establecer una sanción específica como son las multas, y precisar el contenido del cambio de uso o de fin, en el marco del decreto del Ministerio de Obras Públicas que proporciona con claridad una tabla de equivalencia entre diferentes usos.

El diputado Espejo valoró que la discusión se esté centrando en la intensidad de uso y la sustentabilidad del recurso. Enfatizó que, en esta instancia, se está incorporando una sanción, pues la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación no estableció multa alguna por las faltas de información a la DGA.

Sobre las multas propuestas, señaló que se contemplaron las aprobadas por la misma Comisión, aunque siempre se podrá discutir si los montos son adecuados o no. Por último, precisó que en caso de afectar la sustentabilidad del recurso, la indicación establece como sanción máxima que la autoridad pueda dejar sin efecto el derecho.

El diputado Letelier expresó que los usos en el mundo rural son diferentes, no es el mismo uso que dan los viñateros o productores de hortalizas que el uso que da la empresa Agrosuper. Propuso dividir la indicación.

El diputado Fuentes cuestionó que la propuesta establezca sanciones “en caso de constatar una grave afectación al acuífero”, pues sería una acción a posteriori, lo que habría que corregir. Por su parte, expresó que las multas deben ser ejemplares y disuasivas.

El diputado Rathgeb dijo que se debe legislar sin afectar o perjudicar la reconversión agrícola. Destacó que la indicación defina el alcance de los cambios de uso.

El Director General de Aguas valoró la discusión. El inciso final en análisis no es adecuado. Confiere una facultad a la DGA que nunca va a poder ejercer, pues no va estar autorizando miles de cambios de uso, lo que no significa que no existan límites y por tanto, compartió, las sanciones que se contemplan. El término “usos” es frecuente en decretos y resoluciones de la DGA. La autoridad tiene claro que se entiende por “cambios de uso” y se relaciona con la intensidad de los mismos. Dentro de los usos, existen diversos ejercicios de intensidad y se vincula a la tabla de equivalencia que se mencionó.

Lo que importa al legislador es si se afecta o no el acuífero, y si se afecta, se sanciona, no con multas, sino que del mismo modo del inciso final del artículo 6°, es decir, la autoridad podrá rebajar el derecho de aprovechamiento o incluso dejarlo sin efecto.

Además se agrega una sanción de multas a quien no informe, de acuerdo al 307 bis. El umbral de las multas se puede discutir.

Respecto de la precisión del cambio de uso que contempla la indicación, se podría analizar una mejor redacción. Habría que tener presente que el Código solo una vez se refiere a fines y remite a un artículo que habla de usos, existiendo una confusión de los términos en la legislación. La distinción se ha ido construyendo en la praxis. Cada año cambian las tecnologías que afectan en la intensidad de usos del agua, por eso la tabla de equivalencia se encuentra recogida en un decreto que se va ajustando a las necesidades del cambio tecnológico.

4. De la diputada Carvajal y del diputado Espejo, para sustituir el inciso final, por el siguiente:

“Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que dicha repartición disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el Servicio se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 6°.”

Puesta en votación, la indicación N° 3 fue rechazada por seis votos a favor (6 de 12) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia; cuatro votos en contra (4 de 12) de las señoras Pascal y Sepúlveda, y de los señores Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y Letelier; y dos abstenciones (2 de 12) de la señora Carvajal y del señor Urízar.

Puesta en votación, la indicación N° 4 fue rechazada por dos votos a favor (2 de 12) de la señora Carvajal y del señor Espejo; seis votos en contra (6 de 12) de las señoras Pascal y Sepúlveda y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y Letelier; y cuatro abstenciones (4 de 12) de los señores Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar e Ignacio Urrutia.

El Director General de Aguas se refirió a la complejidad de mantener el inciso final del artículo 6° bis. Si el titular de un derecho de aprovechamiento “nuevo” hace un cambio de uso, - sin estar del todo definido a qué tipo de cambio se refiere-, podría, en virtud de tal artículo, perder su derecho. Con ello, se produciría una asimetría entre los derechos antiguos y los derechos nuevos, quedando estos últimos con mayores restricciones.

N° 10, modifica el artículo 20:

a) Reemplaza en el inciso segundo la oración “La propiedad de estos derechos de aprovechamiento pertenece, por el solo ministerio de la ley,” por la siguiente: “Se reconoce el uso y goce sobre dichas aguas”.

b) Agrega en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:

“Este derecho caduca, por el solo ministerio de la ley, en caso de que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita. Los titulares de los predios subdivididos gozarán de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero, para requerir la constitución del derecho de aprovechamiento en la parte proporcional que corresponda al predio adjudicado. Dicha preferencia tendrá la duración de un año contado desde la fecha de la subdivisión.”.

c) Incorpora el siguiente inciso final:

“Con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionada o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población. En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse.”.

Las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y los diputados Fuentes y Letelier, formularon indicación al inciso final, para:

a) Agregar entre las palabras: “satisfacer” y “la bebida“, la frase: “las necesidades humanas de”, y suprimir el artículo “la” que antecede a la palabra “bebida”.

b) Para agregar luego de la palabra “superficialmente,” la frase: “sin que esta extracción reporte utilidad económica alguna,”.

La diputada Pascal expresó que las indicaciones tienen como propósito circunscribir el contenido de este inciso a las necesidades humanas de bebida y no a otros fines, como la extracción de agua para venderla posteriormente. En el mismo sentido, se manifestó la diputada Sepúlveda y el diputado Fuentes, al señalar que esta agua, relacionada con el derecho humano, no perseguirá fines económicos ni lucrativos.

El diputado Ignacio Urrutia también compartió su sentido pero precisó que es necesario no excluir el agua para riego.

El Director General de Aguas expresó que el inciso final comienza “Con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos de subsistencia (…)”, lo que va en concordancia con el propósito de las indicaciones.

Sometidas a votación, las indicaciones contenidas en los literales a) y b) fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y señores Álvarez- Salamanca, Barros, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier e Ignacio Urrutia.

N° 11, modifica el artículo 37.

Sustitúyese en el artículo 37 la expresión “El dueño” por “El titular”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar la expresión “El titular” por “El dueño o titular”.

2. De los diputados Álvarez-Salamanca, Paulsen, Pérez, don José y Urrutia, don Ignacio, para agregar, a continuación del vocablo "El titular" la expresión "o dueño".

El diputado Ignacio Urrutia expresó que en la reforma al Código de Aguas coexisten dos situaciones en relación al derecho de aprovechamiento de aguas: la de los titulares de concesiones, referida a los derechos nuevos -otorgados con posterioridad a la publicación de la reforma- y la de los dueños de derechos de aprovechamiento antiguos, regidos por la primera disposición transitoria. Propuso mantener ambas expresiones, para evitar interpretaciones que pudieran dar pie a expropiaciones a dueños de derechos vigentes, las que serían inconstitucionales. En el mismo sentido, se pronunció el diputado José Pérez.

La diputada Pascal consideró que el término “dueño” o “propietario” no estaría bien utilizado porque se está haciendo referencia a un bien nacional de uso público, que deberá ser usado de acuerdo al fin para el que se entregó. Propuso solo dejar la expresión “titular”. En el mismo sentido, se pronunciaron los diputados Urízar y Fuentes.

El Director General de Aguas señaló que, desde una perspectiva jurídica, esta discusión es irrelevante. Nadie es dueño del agua, porque es un bien nacional de uso público y solo se es titular sobre el derecho de aprovechamiento, el cual se podrá usar, gozar y disponer.

El cambio de “dueño” a “titular” que se ha propuesto tiene un trasfondo más bien pedagógico y no implica un cambio en relación a la propiedad. Para que no existan dudas, está establecido el artículo primero transitorio.

Puesta en votación, las indicaciones N° 1 y N° 2 fueron rechazadas por seis votos a favor (6 de 13) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), José Pérez e Ignacio Urrutia; y siete votos en contra (7 de 13) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier y Urízar.

N° 12, modifica el artículo 38, incorporando los siguientes incisos segundo y tercero:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 bis, las personas indicadas en el inciso anterior deberán instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis.

Las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y de los diputados Fuentes y Letelier, presentaron indicación para introducir las siguientes modificaciones:

a) Al inciso segundo:

i) Para agregar entre la expresión “caudales extraídos y” y el artículo “un”, la siguiente frase: “también de los restituidos en el caso de aprovechamiento de los derechos no consuntivos, y”.

ii) Para agregar la siguiente frase, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,): “la que se enviará a la Dirección General de Aguas”.

b) Agregar el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“Una resolución de la Dirección General de Aguas determinará las normas que regulen las características técnicas, forma y periodicidad de entrega de la información a dicho Servicio y el plazo de inicio en que será exigible esta obligación. Una vez recibidos los antecedentes, la Dirección General de Aguas velará para que dicha información sea siempre de acceso al público.”.

c) Reemplazar, en el inciso final, la expresión “inciso anterior” por la siguiente: “inciso segundo”.

La diputada Sepúlveda explicó que la indicación busca que se obtenga información tanto de los caudales extraídos, como de los caudales restituidos, en el caso de los derechos no consuntivos.

El Director General de Aguas expresó que comparte la indicación. Señaló que hay que leer el inciso segundo en relación al primero, referido a deber de las organizaciones de usuarios o del propietario exclusivo de un acueducto que extraiga aguas de una corriente natural, -no de un canal-, de construir, a su costa, a lo menos una bocatoma con compuertas de cierre y descarga y un canal que permita devolver las aguas o su exceso al cauce de origen, además de los dispositivos que permitan controlar y aforar el agua que se extrae.

El inciso segundo, incorporado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, expresa que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 307 bis, sobre sanciones, las personas indicadas deberán instalar y mantener un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. Se hizo una distinción, porque no se quería que fuera una obligación para todos los regantes, para aquellos más vulnerables será facultativo, y se encuentra regulado en el artículo 307. Pero, en el caso de un colectivo, se deberá medir solamente como en conjunto, se extrae las aguas del río. Esa es la bocatoma que se debe medir.

La indicación señala que, respecto de los derechos no consuntivos, las aguas que se devuelven también se midan e informen, lo que hace pleno sentido. La ausencia de información genera graves dificultades para la gestión de recursos hídricos.

El diputado Ignacio Urrutia expresó que no ve tan sencilla su aplicación en la práctica, por los altos costos de hacer una bocatoma. Ante ello, el Director General de Aguas, recordó que la bocatoma exigida se refiere únicamente a organizaciones de usuarios o al propietario exclusivo de un acueducto. Ello se encuentra vigente en la ley, no es parte de la reforma. La reforma precisa que tales usuarios deben informar estos caudales, a diferencia de otros usuarios, regidos por el artículo 307. Esta distinción en la naturaleza del propietario está en el Código vigente.

Sobre el inciso tercero, el diputado Barros consultó, desde cuándo será exigible la entrega de dicha información, y reiteró la importancia de fortalecer las organizaciones para ir cumpliendo las exigencias establecidas.

El Director General de Aguas expresó que el plazo será posterior a la resolución que determinará las normas que regulen las características técnicas, forma y periodicidad de entrega de la información.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los presentes (12) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del señor Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Urízar e Ignacio Urrutia.

Número nuevo, que modificaría el artículo 56.

El inciso primero establece que cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos, aunque de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimente algún otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo.

Se presentó indicación de las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y de los diputados Fuentes y Letelier, para anteponer, en el inciso primero, a la expresión "Cualquiera", la siguiente frase: "En virtud del derecho humano al agua,”.

Se declaró inadmisible la indicación en virtud del artículo 222 inciso segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados.

N° 21, sustituye el artículo 66.

Artículo 66.- Declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos. De modo excepcional, y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, sólo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes y/o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo.

Dicho informe técnico deberá considerar la opinión de las comunidades de agua existentes en la zona.

La Dirección siempre podrá limitar, total o parcialmente, estos derechos, pudiendo incluso dejarlos sin efecto. Podrá, a su vez, suspender total o parcialmente su ejercicio, en caso de que se constate una afectación temporal a la sustentabilidad del acuífero o perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, mientras estas situaciones se mantengan.

Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y mientras ellas se mantengan.

La diputada Carvajal y los diputados Espejo, Letelier y Pérez, don José, presentaron una indicación para sustituir el inciso cuarto por los siguientes incisos, los que pasan a ser cuarto y quinto:

“Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, en la medida que no lo contamine, requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas, y sin que sea necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción. Se exceptuarán de esta solicitud de obras de recarga de aguas lluvias, las que se considerarán recarga natural.

El titular de un derecho de aprovechamiento podrá solicitar que se le constituya este derecho en forma provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y el cual estará condicionado a la mantención de una recarga efectiva, conforme a lo dispuesto en el Título I del Libro Segundo de este Código.”

El diputado Espejo señaló que esta indicación busca posibilitar la recarga artificial de acuíferos atendiendo a dos condicionantes. Primero, proteger la calidad del agua, razón por la cual se va a autorizar la recarga artificial en la medida que no lo contamine, requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas. Dada su habitualidad, se exceptuarán las obras de recarga de aguas lluvias, las que se considerarán recarga natural.

Segundo, se busca mantener el balance hídrico, o sea no presionar sobre el recurso ni constituir derechos nuevos sobre ellos. Por ello, se dice que el titular de un derecho de aprovechamiento va a poder solicitar este derecho en forma provisional, siempre sujeto a ser dejado sin efecto, mientras se mantenga la recarga efectiva, como un mecanismo de incentivar la recarga de acuíferos.

El Director General de Aguas concordó con excluir a las aguas lluvias, pues no tendría sentido pedir autorización para que ese tipo de aguas infiltren la tierra y recarguen los acuíferos, lo que se produce de modo natural.

Destacó que es positivo y necesario incentivar la recarga de acuíferos y que es apropiado que se indique que el titular de un derecho de aprovechamiento sea quien pueda solicitar el derecho provisional de las aguas subterráneas derivadas de tales obras de recarga. No correspondería que alguien que no tiene un derecho de aprovechamiento sobre determinadas aguas, por ejemplo, aguas recicladas, las tome, las inyecte en el acuífero y después pida la titularidad sobre los derechos de aprovechamiento de ellas.

Sobre las inquietudes de la diputada Sepúlveda relacionadas a que debiera referirse a la calidad de las aguas más que a la no contaminación, expresó que es valioso que se incorpore que no debe contaminar las aguas, más allá del lenguaje.

Valoró la condicionalidad del derecho, pues si se efectúa la recarga, esta estará condicionada: a que no contamine o afecte la calidad de las aguas, requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas, con excepción de las aguas lluvias, en la que no tiene que pedir autorización; y segundo, el derecho será solo mientras dure la recarga efectiva.

Dando respuesta a la consulta del diputado Letelier, precisó que cualquier persona puede recargar el acuífero, en la medida que no contamine ni afecte la calidad de las aguas. Pero no se puede después extraer las aguas y aprovecharlas con un derecho provisional, si no se es titular del derecho original.

La diputada Sepúlveda consultó sobre el protocolo de la DGA en relación a la situación de las aguas tratadas y la calidad de las aguas. Respaldó este estímulo, pero manifestó su prevención respecto al debido resguardo de la calidad de las aguas.

El Director General de Aguas señaló que la norma tal como está vigente, no ha tenido aplicación. La propuesta busca estimular el ejercicio de recarga. Si se trata de aguas lluvias, no se requiere de ningún tipo de autorización para proyectos de infiltración de aguas y recarga de acuíferos. En el caso del agua potable rural, se va tener que ver la implementación la nueva ley de servicios sanitarios rurales. En el caso de las concesionarias, de las empresas sanitarias, existe un vacío legal. No hay un incentivo para que lo vierta al cauce, incluso aunque exista un tratamiento terciario. Ese vacío es interesante de tratar, pero no corresponde a esta discusión.

El diputado Lemus dijo que tiene dudas respecto a esta indicación, pues, por esta vía se estaría dirigiendo a quienes se le van a otorgar estos derechos, la que catalogó como tendenciosa y podría provocar una concentración de derechos.

El Director General de Aguas compartió su inquietud sobre la indicación en comento pero dijo que hay que analizar el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. La indicación agrega una prevención, la recarga no deberá contaminar o afectar la calidad de las aguas. Además, señala que se tiene que ser titular del derecho para solicitar el derecho provisorio sobre dichas aguas.

Reiteró que lo más inofensivo es que se recarguen las aguas lluvias, sobre las que no se tiene titularidad, por tanto, sobre ellas, no se puede pedir un derecho de aprovechamiento. Solo se podrá pedir un derecho de aprovechamiento sobre las aguas que han sido recargadas si se tenía un título de aprovechamiento. En consecuencia, no se afecta el balance hídrico.

El diputado Barros manifestó su inquietud sobre la situación de las empresas con derechos no consuntivos, empresas sanitarias y el uso de aguas tratadas.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por diez votos a favor (10 de 11) de las señoras Carvajal y Sepúlveda y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia; y la abstención (1 de 11) del señor Letelier.

N° 29 modifica el artículo 129 bis 1.

a) En el inciso primero:

i) Reemplázase la frase "Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas", por la siguiente: “Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados y por otorgar por la Dirección General de Aguas, ésta";

ii) Elimínase la frase “el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan,".

b) Suprímese en el inciso tercero la frase “, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”.

c) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección General de Aguas siempre podrá establecer un caudal ecológico mínimo a las solicitudes de traslado de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. Podrá, a su vez, establecer un caudal ecológico superior al mínimo establecido al momento de la constitución del o los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos casos en que estos se aprovechen en las obras a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 294.”.

El diputado Espejo anunció la presentación de una indicación para agregar, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá establecer un caudal ecológico mínimo respecto de los derechos de aprovechamiento existentes en las áreas a que se refiere el inciso tercero del artículo 129 bis 2, para lo cual, solicitará un informe previo al Ministerio del Medio Ambiente.”

Agregó que esta disposición se debería facultar a la Dirección General de Aguas para establecer un caudal ecológico mínimo respecto de los derechos de aprovechamiento existentes en las áreas a que alude el artículo 129 bis 2, es decir declaradas bajo protección oficial como los parques y reservas nacionales, las reservas de región virgen, los monumentos naturales, los santuarios de la naturaleza y los humedales.

Por su parte, el diputado Fuentes señaló que se debe buscar una redacción que armonice las diversas posiciones sobre caudal ecológico y de cuenta del impacto del cambio climático sobre el recurso hídrico. Al efecto, propuso, facultar a la Dirección General de Aguas para establecer un caudal ecológico mínimo respecto de todos los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en la cuenca, en aquellos casos en que el Ministerio del Medio Ambiente, determine que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial esté siendo afectada o pudiera sufrir grave deterioro.

Además, consideró que la DGA debe realizar estudios de caudal ecológico en un tiempo determinado, plazo que permitirá evaluar el impacto del cambio climático y las eventuales alteraciones en la disponibilidad del recurso.

El diputado Barros, expresó que las facultades que se deben otorgar a la DGA deben estar referidas al establecimiento de un caudal ecológico mínimo sobre todos los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar en una cuenca, previo desarrollo de un plan de estudio y balance integrado de cada una de las cuencas y acuíferos de Chile en un plazo determinado.

El diputado Ignacio Urrutia señaló que pese a concordar con la propuesta del diputado Barros, le parece que la sugerencia del diputado Espejo es más razonable y moderada.

La diputada Sepúlveda manifestó que se debiera hacer una priorización de aquellas cuencas y ríos que requieran con urgencia la determinación de un caudal ecológico, lo que redundará en el buen uso de los recursos económicos para ello y otorgará certidumbre a los agricultores. Asimismo, destacó la importancia de determinar con claridad el impacto de estas medidas.

El diputado José Pérez manifestó que es necesario tener presente el impacto del cambio climático para abordar este tema adecuadamente. Consultó el sentido de “mantener el caudal de la cuenca”, hecho que es muy difícil de determinar. Explicó que según datos proporcionados por la Asociación Canalistas del río Laja si se aplica el caudal ecológico mínimo, un alto porcentaje de las hectáreas quedarían sin riego, perjudicándose especialmente a los pequeños agricultores.

La diputada Pascal destacó la importancia de proteger el caudal ecológico, se refirió a las dificultades que se están produciendo por los efectos del cambio climático y la desertificación de las cuencas. Se refirió a la separación de la tenencia de la tierra y del agua en los años ochenta, lo que a su juicio, ha llevado a la situación actual, en que los derechos sobre las aguas se encuentren mal repartidos.

Además, manifestó que se debe legislar para el futuro, con una mirada a largo plazo. Dijo que ello implicaría, por ejemplo, que en un momento de sequía, los usuarios de los derechos vigentes, sin perderlos, pudieran entregar un porcentaje con el propósito de proteger las cuencas. A su juicio, la propuesta del diputado Espejo no se estaría haciendo cargo de la protección de las cuencas ni la situación de los pequeños agricultores.

El diputado Espejo expresó que la responsabilidad de los legisladores incluye la de generar normas que puedan ser implementadas, que sirvan realmente. Tal como está planteado este tema, no se hace cargo de la heterogeneidad de las cuencas, de las dificultades de mediciones que permitan adoptar las decisiones correctas, ni se ha mencionado que toda la experiencia internacional dice que estos son procesos participativos con las comunidades afectadas, y que se deben proteger múltiples actividades productivas.

El Ministro de Agricultura, a nombre del Comité de Ministros del Área Económica, manifestó que la discusión sobre caudal ecológico admite diversas miradas y supone armonizar, pese a las complejidades, el cuidado de un bien público, que es el de la preservación ambiental y la protección de los recursos naturales, de manera coherente con otras políticas que el Gobierno ha estado impulsando, como las de fomento a la inversión en recursos hídricos y tecnificación de riego, de los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, respectivamente, probablemente las más significativas en términos de recursos empleados de los últimos años, entre otras políticas.

A esto se suma, que esta discusión tiene una complejidad dada por el impacto sobre la superficie posible de utilizar con los recursos hídricos para la producción agrícola y la agricultura familiar campesina y pequeños productores. Destacó que la decisión no es neutra, si se toma la decisión de restringir los derechos, al menos, se abre la discusión sobre si procede algún tipo de compensación económica. Además se cuenta con datos que informan impactos significativos en la capacidad de riego de sectores productivos si se aplicara un 20% de caudal ecológico, y que probablemente los que tendrían mayores problemas, serían los pequeños productores.

Agregó que, el Gobierno está disponible para contribuir a encontrar una fórmula que permita dar garantías a los que tienen actualmente derechos de aprovechamiento, reconocer las normas vigentes del Código de Aguas en esta materia, resguardar la preservación ambiental y la oportunidad de empleo para miles de pequeños productores.

El Director General de Aguas señaló que la propuesta del diputado Barros modificaría el régimen de los derechos por otorgar en la cuenca, al disponer que la DGA “podrá” establecer un caudal ecológico mínimo, considerando que dicha obligación se encuentra vigente desde el año 2002 en el Manual de Procedimiento de la DGA y fuera ratificada en la reforma legal del año 2005.

Sobre la propuesta del diputado Fuentes expresó que supera uno de los dos problemas de constitucionalidad que presenta el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación sobre esta materia, por cuanto, deja de imponer la obligación al Servicio, de establecer un caudal ecológico mínimo a los derechos otorgados, considerando los costos que ello implicaría. Sin perjuicio de ello, sin establecer un caudal retroactivo, dispone que in actum se aplicará a los derechos antiguos, pero lo hace como una facultad para la DGA y agrega condiciones para su ejercicio.

Sobre la propuesta del diputado Espejo, compartió que se refiera a dos grupos de sitios “protegidos”: parques nacionales, reserva nacional, monumento natural, entre otros, y los casos a los que se refiere los artículos 58 y 63 del Código: ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios. Categorías que, mientras no entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, puede decretar el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo al artículo tercero transitorio del proyecto.

Por tanto, con esta propuesta no se estaría aplicando la norma solo a los sitios que actualmente tienen una protección, protección bastante “relativa”, sino a todos aquellos que podría determinar el Ministerio fundadamente. Dijo “relativa” porque actualmente, incluso frente a parques nacionales, más allá de los planes de manejo con CONAF, si existe un derecho de aprovechamiento antiguo se puede ejercer. Lo que se está planteando, es que en estos casos, el legislador, y no la autoridad administrativa, determine que se pueda aplicar un caudal ecológico a los derechos existentes. Aproximación que se busca en cada una de las propuestas.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes, Letelier, Paulsen, José Pérez, Urízar, Ignacio Urrutia, al inciso primero, para eliminar los vocablos “otorgados y”.

2. De los diputados Álvarez- Salamanca, Barros e Ignacio Urrutia:

a) Al inciso primero para suprimir el literal ii), de la letra a).

b) Al inciso tercero, para suprimir letra b).

El diputado Barros señaló que de aprobarse la indicación que elimina los vocablos “otorgados y”, necesariamente debieran suprimirse las modificaciones al artículo 129 bis 1, letra a) literal ii) y letra b), aprobadas por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. A su juicio, hubiera sido preferible que las excepciones estuvieran descritas de mejor manera.

El diputado Ignacio Urrutia destacó, además, que, todas las propuestas se refieren a los derechos por otorgar y no a los otorgados, y que ello podría ser contradictorio con las modificaciones aprobadas por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, referidas a eliminar en el inciso primero la frase “el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan," y la de suprimir en el inciso tercero la frase “, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”. En el mismo sentido, se pronunció el diputado Barros.

El Director General de Aguas compartió la proposición de eliminar los vocablos “otorgados y” que es el componente genérico en virtud del cual se podría argumentar que se podría aplicar el caudal ecológico a todos los derechos sin excepción alguna.

Agregó que si no se eliminara la frase “el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan” del Código de Aguas, según lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación en la letra a) literal ii), entraría en contienda con el inciso final del mismo artículo, también aprobado por la referida Comisión, que señala que la Dirección General de Aguas siempre podrá establecer un caudal ecológico mínimo a las solicitudes de traslado de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales, así como de establecer un caudal ecológico superior al mínimo establecido al momento de la constitución del o los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos casos en que estos se aprovechen en las obras a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 294. Posición que ha defendido a lo largo de la discusión y que, sobre las solicitudes de traslado, ha sido compartida por la Corte Suprema.

Concordó con separar la discusión y votación de las letras a) literal ii) y b). Reiteró que la primera, referida al inciso primero del artículo, se enmarca en la definición conceptual de lo que es el caudal ecológico mínimo, y por tanto, si se votara restituirla no daría espacio para las excepciones. La letra b), en cambio, se refiere a un caso distinto, a la facultad excepcional del Presidente de la República de aplicar el caudal ecológico con un límite de 40% de los derechos. Recomendó mantener la supresión consignada en la letra a) número ii).

3. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Fuentes y Letelier para intercalar entre las palabras “otorgados” y “por otorgar” la siguiente frase: “salvo respecto de aquellos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910”.

El diputado Barros hizo Reserva de Constitucionalidad sobre esta indicación, no obstante que comparte el sentido de la indicación, se debe resguardar la igualdad ante la ley.

La diputada Sepúlveda señaló que existen múltiples y reiterados casos de discriminación positiva en el ordenamiento nacional, establecidos con el fin de “emparejar la cancha”. Esta sería una medida que busca equilibrar, en el sentido de justicia, las profundas diferencias relacionadas con la eficiencia de riego, de tecnificación, de construcción de pozos, que deben sobrellevar los pequeños agricultores.

El diputado Espejo pidió a los autores que precisen cómo se aplicaría en la práctica esta indicación. Su preocupación es que realmente sirva a quienes se busca proteger. Respondiendo a ello, la diputada Sepúlveda señaló que en la medida que se cuente con infraestructura y los marcos partidores adecuados se puede ir aplicando.

El Director General de Aguas compartió el objetivo de la indicación pero cuestionó el instrumento. La indicación se planteó considerando que la norma se refería a los “derechos otorgados y por otorgar”, en consecuencia, sería una forma de resolver el conflicto de si el caudal ecológico mínimo aplicaba a todos los derechos antiguos o no, y constituía una excepción a ello.

La responsabilidad de la aplicación del caudal ecológico es de la DGA, y en la indicación se trasladaría esta responsabilidad a las organizaciones de usuarios de aguas, porque el caudal ecológico se aplica a la fuente natural, respecto del río, del que se desprenden múltiples canales. El caudal ecológico se aplica en la bocatoma que se saca del río. En consecuencia, la organización de usuarios que distribuye estas aguas, tendría que distinguir entre usuarios y entregar los derechos aplicando o no el descuento de caudal ecológico. No es que eso sea negativo, pero estaría cambiando la atribución a otro organismo.

La asesora de la Dirección General de Aguas, señora Celume, precisó que tendría que otorgarse esta atribución a las organizaciones de usuarios, pues este artículo se refiere a caudal ecológico, el cual es cautelado por la DGA y lo hace en la bocatoma, antes de que ingrese al canal. Hasta el 20% que descuenta lo deja correr en el río y no ingresa al interior del canal. Una vez que ingresa al canal es la junta de vigilancia la que distribuye las aguas, de acuerdo a su normativa.

El diputado Barros estimó inaplicable esta indicación. Destacó que de un canal pueden derivar decenas de otros, y en la mayoría, hay derechos de grandes, medianos y pequeños agricultores y se requeriría un sistema automático de captación de agua, en cada bocatoma; es imposible modificar, en cada evento, cada uno de los marcos partidores, al interior del canal.

El diputado Paulsen compartió el sentido de fondo de la indicación, pero también fue enfático en considerarla inaplicable. El diputado Rathgeb también hizo presente la complejidad en la aplicación de esta indicación.

El diputado Fuentes señaló que el caudal ecológico se aplica al río, a la fuente natural, y no a los canales de regadío. A su juicio, el temor en la aplicación se explicaría por la posible afectación de derechos de los grandes agricultores.

La diputada Pascal dijo que el problema se está reduciendo a las dificultades en la medición. El descuento del caudal ecológico es en el inicio del río y la distribución se efectuará en proporción a los derechos.

El diputado Urízar señaló que esta proposición busca defender a los pequeños agricultores. La indicación toca “el corazón” del Código de Aguas, a la inequidad en la distribución de las aguas, y por eso genera tanta discusión su aplicación. El diputado Letelier argumentó que se está discutiendo alejadamente de la realidad, no tiene que ver con la posibilidad de medición sino con la forma en que se han distribuido las aguas por décadas.

El Ministro de Agricultura expresó que, a nivel conceptual, la discriminación positiva se aplica en todas las políticas públicas y en distintos ámbitos, es un argumento válido para la protección a la pequeña agricultura.

Sin embargo, la indicación tiene dificultades operativas. Es necesario buscar mecanismos que permitan una aplicación eficaz y leal, en el sentido que se aplique únicamente para los pequeños agricultores y que no lesione la distribución general del recurso hídrico para los que no son pequeños agricultores. Existen los mecanismos tecnológicos, aunque pueda argumentarse que son caros. Se debiera ir avanzando en su aplicación, aunque hay que ser conscientes que ello tome algún tiempo. Se podría implementar telemetría de forma más generalizada en cuencas más sensibles, a través de una priorización.

4. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Álvarez-Salamanca, Espejo, Fuentes, Letelier, Paulsen, José Pérez, Urízar, Ignacio Urrutia, al inciso primero, al inciso primero, para agregar, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. No obstante las facultades de dicho Ministerio, el informe podrá ser solicitado de oficio por la Dirección General de Aguas. Asimismo, podrá establecer el caudal ecológico mínimo, respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, los humedales de importancia internacional. La Dirección General de Aguas, podrá adoptar de oficio las medidas provisionales que estime oportunas.”

La diputada Carvajal precisó que esta indicación recoge la discusión y persigue consensuar distintas visiones. Su objetivo es mejorar la redacción de las proposiciones presentadas y recordó que, en atención a ello, existe el acuerdo de la Comisión de admitirlas a discusión.

El Ministro de Agricultura manifestó que esta indicación logra un adecuado balance entre dos objetivos: conseguir garantías de conservación respecto de los recursos hídricos, -en la medida que focaliza en las áreas protegidas, que requieren una priorización desde el punto de vista de la política pública-, y recoge las preocupaciones de pequeños y medianos productores de evitar que se vea afectada su capacidad productiva.

El Director General de Aguas expresó que hay dos excepciones ya aprobadas la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que no han sido cuestionadas y son lógicas y coherentes en sí mismas, que han sido mencionadas. Aplicar el caudal ecológico mínimo a las solicitudes de traslado de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y la posibilidad de establecer un caudal ecológico superior al mínimo establecido en caso de obras mayores. La indicación plantea una tercera excepción. Se refiere a aquellos derechos existentes en lugares en que la autoridad ambiental competente determina que son de su máxima prioridad de conservación y preservación.

Explicó que, si se solicita un derecho de aprovechamiento de aguas, con la normativa actual, la DGA va a ver si hay disponibilidad, si no perjudica derechos de terceros y efectuará el cálculo matemático de cómo implementar el caudal ecológico para la realidad hídrica existente para enero, febrero, marzo, y sucesivamente, según una estadística contada 25 años hacia atrás. Complementó señalando que mientras no exista el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, las facultades de ese Servicio, las ejerce el Ministerio del Medio Ambiente, según el artículo tercero transitorio.

Asimismo, agregó que esta indicación se relaciona con el 129 bis 2, que remite al artículo 58 y 63 del mismo Código, referidos a ecosistemas amenazados, degradado o sitios prioritarios y contempla expresamente que podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales.

Consideró relevante esta proposición en el sentido de que actualmente, en parques naturales o en otros lugares de categoría similar, no existe un plan de manejo del recurso hídrico, y particularmente, de utilizarlo en función de la protección de este espacio del medio ambiente.

La mención expresa de los sitios y lugares evita confusión, y precisa que los sitios amenazados o degradados no se refieren únicamente a aquellos vinculados con agua subterránea, pues el caudal ecológico aplica sobre las aguas superficiales. En ambos casos, el Ministerio del Medio Ambiente elabora los informes y se entiende que la DGA está facultada para avanzar en los estudios hidrológicos correspondientes para la eventual aplicación de estos.

El diputado Paulsen cuestionó la admisibilidad de la indicación.

El diputado Barros anunció que presentará una indicación en las disposición transitoria, -a pesar de que tiene dudas respecto de su admisibilidad-, por la cual establece que la Dirección General de Aguas deberá desarrollar un plan de estudios y balance integrado de cada una de las cuencas y acuíferos de Chile, en un plazo no superior a 10 años, que servirá de referencia técnica y de base científica para establecer caudales ecológicos mínimos en las diferentes cuencas de las regiones del país.

La diputada Sepúlveda concordó con la importancia de contar con los estudios indicados. Asimismo, propuso incorporar, también en los transitorios, la participación ciudadana, y en particular de los agricultores, en el proceso de desarrollo y aplicación del Código y particularmente, en aspectos como la determinación de caudal ecológico. El diputado Espejo concordó con ello, y señaló que es consistente con la experiencia internacional.

La diputada Pascal, a su vez, expresó la conveniencia de disponer, en artículos transitorios, estos estudios y que se vinculen con el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y se refirió a la relevancia de incorporar la participación ciudadana de canalistas, APR, entre otros. A su vez, el diputado Fuentes hizo hincapié en la participación.

El Ministro de Agricultura manifestó que recoge positivamente la idea de incorporar los estudios señalados y la participación ciudadana.

De todas formas, el Director General de Aguas, precisó que para otorgar un caudal ecológico sí se hacen estudios y no son genéricos, ni por cuencas, son estudios de sub sub cuencas, de sub tramos de un río. No existe la aplicación de caudal ecológico de carácter genérico. El 20% que se consigna es el máximo que puede ser el resultado de la fórmula matemática que establece el reglamento de caudal ecológico vigente.

Puestas en votación, las indicaciones números 1 y 4 fueron aprobadas por diez votos a favor (10 de 13) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Álvarez- Salamanca, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, José Pérez, Urízar e Ignacio Urrutia; un voto en contra (1 de 13) del señor Paulsen, y dos abstenciones (2 de 13) de los señores Barros y Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez).

Sometida a votación la indicación número 2, letra a) fue rechazada por cinco votos a favor (5 de 13) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), e Ignacio Urrutia; y ocho votos en contra (8 de 13) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, de los señores Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, José Pérez y Urízar.

Puesta en la indicación signada con la letra b) del número 2,) fue rechazada por seis votos a favor (6 de 13) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), José Pérez e Ignacio Urrutia; cinco votos en contra (5 de 13) de las señoras Carvajal y Sepúlveda, y de los señores Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, y Urízar, y las abstenciones (2 de 13) de la señora Pascal y señor Espejo.

El diputado Barros expresó que con estas votaciones no se han defendido a los agricultores, por cuanto se mantiene la posibilidad de que se cercenen el 40% de los derechos.

Puesta en votación, la indicación N° 3 fue aprobada por siete votos a favor (7 de 12) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, José Pérez, Urízar; y 5 abstenciones (5 de 12) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia.

Se facultó a la diputada Sepúlveda para formular una nueva redacción del inciso primero del artículo 129 bis 1, que diera cuenta de las indicaciones aprobadas.

Posteriormente, presentó la siguiente proposición, la que fue aprobada por asentimiento unánime de los diputados presentes.

“Artículo 129 bis 1.- Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar, la Dirección General de Aguas velará por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo, para lo cual deberá considerar también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial.

Igualmente, la Dirección General de Aguas podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. No obstante las facultades de dicho Ministerio, el informe podrá ser solicitado de oficio por la Dirección General de Aguas.

Asimismo, podrá establecer el caudal ecológico mínimo, respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, y los humedales de importancia internacional. La Dirección General de Aguas, podrá adoptar de oficio las medidas provisionales que estime oportunas.

Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero no afectará a los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910.”

N° 34, que modifica el 129 bis 9:

En el inciso primero sustituye la oración “En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución”, por el siguiente texto: “Dichas obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir su captación o alumbramiento; su conducción hasta el lugar de su uso; y su restitución al cauce, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos”.

Asimismo, agrega un inciso final, que regula las exenciones del pago de patentes a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6.

El diputado Paulsen, formuló indicación para incorporar el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y, así sucesivamente:

“Asimismo, el Director General de Aguas no podrá considerar como sujetos al pago de la patente, a aquellos titulares de derechos de aprovechamiento consuntivos como no consuntivos que acrediten proyectos que contemplen obras de captación y restitución, según corresponda, y sus plazos de materialización, los que podrán ser revisados anualmente por dicha autoridad.”

El diputado Paulsen explicó que esta indicación pretende que el titular de un derecho de aprovechamiento, especialmente los pequeños agricultores, que están construyendo obras de captación de aguas, no sean perjudicados por la burocracia de la autoridad. Es decir, busca generar la exención de pago en el periodo que se genera entre que se tienen los derechos, el proyecto está aprobado y se construyen las obras de captación, por demoras en la tramitación ante la autoridad y no por responsabilidad de su titular.

El Director General de Aguas no compartió la indicación, ya que en su redacción se estaría estableciendo que por la sola presentación de proyectos, no se podría cobrar el pago de la patente, lo que podría significar la postergación reiterada del cobro de las patentes.

El diputado Letelier señaló que no basta cualquier acción para eximir del pago de la patente, se requiere mucha rigurosidad al momento de establecer las causales.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco votos a favor (5 de 11) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), e Ignacio Urrutia: seis votos en contra (6 de 11) de las señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los señores Fuentes (en reemplazo del diputado García), Letelier y Urízar.

N° 43, sustituye los incisos tercero y cuarto del artículo 147 bis.

Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° ter, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, previo informe de la Dirección General de Aguas, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente.

Si no existe disponibilidad para otorgar los derechos de aprovechamiento en la forma solicitada, el Director General de Aguas podrá hacerlo en la cantidad o con características diferentes, pudiendo, incluso, denegar total o parcialmente las solicitudes respectivas, según corresponda.”

Los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, formularon indicación para reemplazar el inciso tercero, por el siguiente:

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° ter, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71 de la Ley Nº 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente.”.

La Presidenta declaró inadmisible la indicación en virtud del artículo 65 inciso cuarto, número 2 de la Constitución Política.

N° 59, intercala, a continuación del artículo 307, el siguiente artículo 307 bis:

Artículo 307 bis.- La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal ecológico contemplado en el artículo 129 bis 1 y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, de conformidad a las normas que establezca el Servicio, a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u organizaciones de usuarios que extraigan aguas directamente desde cauces naturales de uso público. Además, en el caso de los derechos no consuntivos, esta exigencia se aplicará también en la obra de restitución.

Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y transmita a la Dirección General de Aguas la información indispensable para el control y medición del caudal instantáneo, efectivamente extraído y, en los usos no consuntivos, restituido, desde la fuente natural.

Ante el incumplimiento de las medidas a que se refiere el inciso anterior, así como lo dispuesto en los artículos 38, 67 y 68, la Dirección General de Aguas impondrá una multa entre diez y cuatrocientas Unidades Tributarias Mensuales, atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y según se trate de la no instalación de dichos sistemas o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada.

Las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y los diputados Fuentes y Letelier, formularon indicación para modificar el inciso final, en la forma que se indica:

a) Sustituir la frase “refiere el inciso anterior”, por “refieren los incisos anteriores”.

b) Intercalar, entre la expresión “de Aguas” y la palabra “impondrá”, la frase: “, mediante resolución fundada,”.

c) Reemplazar la palabra “volúmenes” por “caudales”, y

d) Reemplazar la oración “o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada” por la siguiente: “, la falta de entrega de la información o la entrega de información no veraz, según la forma que se disponga. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.”.

La diputada Sepúlveda argumentó que la primera indicación signada con la letra a), corrige un aspecto meramente formal. La segunda, exige que la resolución de la autoridad sea fundada, especialmente si se trata de aplicación de sanciones. La letra c) busca homologar los términos en relación a los incisos anteriores y por último, se incorpora que la información que deba entregarse sea veraz y explicita que será, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

El Director General de Aguas señaló que el artículo 307 bis está relacionado con el artículo 38, sobre aguas superficiales y con los artículos 67 y 68 en relación a las aguas subterráneas. El inciso final, que se propone modificar se refiere a las sanciones por incumplimiento de las medidas contempladas en el 307 bis, 38, 67 y 68.

Precisó que el artículo 307 bis indica que para los usuarios que no son los del artículo 38, -organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo de un acueducto,- la DGA les podría exigir -los otros están obligados- la instalación de un sistema de medida de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, en función de la realidad del usuario. Concordó con las modificaciones propuestas en los literales a), b) y d).

En relación a la letra c), el concepto genérico más apropiado es “volúmenes” y no “caudales”, por cuanto estos últimos, son solo referidos a aguas superficiales.

Se acordó votar separadamente la letra c).

Puesta en votación, las letras a), b) y d) fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (10) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar e Ignacio Urrutia.

Sometida a votación, la letra c) fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (10) señoras Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), Urízar e Ignacio Urrutia.

N° 60, modifica el artículo 314:

a) Sustituye, en el inciso primero, la frase “por períodos máximos de seis meses, no prorrogables” por la siguiente: “por un período máximo de un año, prorrogable por un período igual o menor”.

b) Reemplaza el inciso tercero por el siguiente:

“Declarada la zona de escasez, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Podrá para ello, suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.”.

c) Intercala el siguiente inciso cuarto:

“Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso que se acredite existir graves carencias para suplir los usos de la función de subsistencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° bis, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las fuentes naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos requerimientos, por sobre los demás usos. Las autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso, estarán vigentes mientras se halle en vigor el decreto de escasez respectivo. Los efectos ocasionados con la redistribución no darán derecho a indemnización alguna.”.

d) Intercala en el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto, entre las frases “podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas” y “desde cualquier punto”, la siguiente: “y destinarlas preferentemente a los usos de la función de subsistencia,”.

e) Agrega en el actual inciso séptimo, que pasa a ser octavo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “No tendrán derecho a esta indemnización quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.”.

Las diputadas Carvajal y Pascal y de los diputados Fuentes y Letelier, presentaron indicación para reemplazar la letra e) por la siguiente:

“e) Reemplácese el inciso séptimo, que pasa a ser octavo, por el siguiente:

“No tendrán derecho a esta indemnización del Fisco quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este artículo. No obstante lo anterior, todo aquel titular de derechos que reciba menor proporción de aguas que la que le correspondería de conformidad a las disponibilidades existentes, tendrá derecho a ser indemnizado por el Fisco.”.

El diputado Ignacio Urrutia consideró inadmisible la indicación.

El Director General de Aguas manifestó que esta indicación habría buscado corregir un aspecto que se ha resuelto con posterioridad a su presentación. Lo que se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es que no tendrán derecho a esta indemnización quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo, es decir, la excepción a la indemnización se refiere exclusivamente a la distribución de aguas relacionada con el consumo humano, por lo que la indicación perdería sentido. Lo anterior, sin perjuicio de la discusión de admisibilidad de la indicación.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (11) señora Sepúlveda y señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia.

Disposiciones Transitorias

Artículo primero.

Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley.

Los procedimientos descritos en los artículos 2° y 5° transitorios del decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas, solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización. Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo primero.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes. Sus titulares tendrán el dominio sobre el derecho real de aprovechamiento con las facultades de uso, goce y disposición con las que se adquirió el derecho.”

El diputado Ignacio Urrutia expresó que la indicación busca precisar lo aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco votos a favor (5 de 11) Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia; seis votos en contra (6 de 11) de la señora Sepúlveda y de los señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier y José Pérez.

2. De los mismos diputados, para eliminar el inciso segundo.

El diputado Barros expresó que los procesos sancionatorios no debieran culminar necesariamente en la caducidad o extinción de los derechos, podrían contemplarse medidas intermedias, por ejemplo, la aplicación de multas.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por seis votos a favor (6 de 11) de los señores Álvarez- Salamanca, Barros, Paulsen, José Pérez, Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez) e Ignacio Urrutia; cinco votos en contra (5 de 11) de la señora Sepúlveda y de los señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores) y Letelier.

El Director General de Aguas expresó que buscará que el inciso segundo sea repuesto en la Sala de la Cámara, por cuanto se relaciona con toda la discusión de este proyecto de ley y su eliminación confunde, a pesar, de que no era más que una explicitación de lo que ya contiene el texto de la reforma.

3. Del diputado Paulsen, para incorporar en el inciso segundo, el siguiente párrafo final:

“Asimismo, se les aplicará el régimen de cobro de patentes establecido en los artículos citados precedentemente, tanto para derechos de aprovechamiento consuntivos, como no consuntivos, a contar de la fecha de la publicación de esta ley”.

El autor de la indicación manifestó que su objetivo es que, en el régimen de cobro de patentes, el factor de la patente -que se va multiplicando por no pago- se aplique desde la publicación de esta ley y no desde el año 2005.

El Director General de Aguas no concordó con su planteamiento. El Tribunal Constitucional ya resolvió que el régimen de patentes se aplica a todos los derechos, incluidos aquellos anteriores al año 2005.

El diputado Paulsen manifestó que siempre ha apoyado la aplicación del régimen de patentes, solo que consulta la forma de aplicación del factor luego de la entrada en vigencia de esta ley.

Sin perjuicio de la discusión, por la votación anterior, la indicación se dio por rechazada por cuanto se había suprimido el inciso segundo.

4. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y de los diputados Fuentes y Letelier, al inciso final, para agregar el siguiente párrafo final.

“El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros, respectivamente”.

Los parlamentarios concordaron con el sentido de la indicación, en el sentido de avanzar en la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de los pequeños agricultores, que alcanza porcentajes del 70% en algunos sectores.

No obstante, manifestaron sus inquietudes respecto a su admisibilidad por cuanto pudiera irrogar gastos al sector público.

El Ministro de Agricultura manifestó que existen instrumentos que hoy van en este sentido en INDAP y CNR y, recogió la solicitud efectuada por los diputados presentes, al comprometer que en la próxima Ley de Presupuestos del Sector Público, se especificarán los recursos destinados a este propósito.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por once votos a favor (11 de 12) de la señora Sepúlveda y de los señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal), Rathgeb (en reemplazo del diputado Martínez), José Pérez e Ignacio Urrutia; y la abstención (1 de 12) del señor Paulsen.

El señor Paulsen argumentó su abstención, por estimar inadmisible la indicación.

Artículo segundo.

Los derechos de aprovechamiento constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de dieciocho meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, bajo apercibimiento de caducidad de los mismos por el solo ministerio de la ley. Este plazo podrá prorrogarse, por igual período, si el titular del derecho lo solicitare a la Dirección General de Aguas, con anterioridad al vencimiento del plazo antes referido, siempre y cuando el requerimiento se base en la negativa injustificada a inscribir el derecho, del Conservador de Bienes Raíces competente y se haya iniciado un procedimiento de reclamo judicial.

Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos titulares de derechos de aprovechamiento no inscritos que correspondan a campesinos que personal y directamente trabajen la tierra, cualquiera sea el régimen de tenencia, en predios cuyo destino exclusivo sea la agricultura y cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie.

Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas; a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y aquellos considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo segundo.- Los derechos de aprovechamiento constituidos por la Dirección General de Aguas con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de 18 meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere practicado la señalada inscripción, la Dirección General de Aguas podrá aplicar una multa de hasta 30 Unidades Tributarias Mensuales a quiénes hayan infringido la presente obligación. Esta multa podrá duplicarse en caso que el infractor persista en su conducta y podrá aplicarse las veces que sea necesario hasta que se materialice la mencionada inscripción. La Dirección General de Aguas aplicará la multa y enviará los antecedentes a Tesorería General de La República para que proceda a su cobro.”

El diputado Ignacio Urrutia explicó que la indicación sustituye la caducidad de los derechos por falta de inscripción por la aplicación de multas, las que la primera vez pueden ser de hasta 30 unidades y en caso de persistir la conducta puede duplicarse medida que, a su juicio, sería más razonable. Las multas estipuladas, que no son exiguas, se aplicarían las veces que sea necesario hasta que se materialice la mencionada inscripción. Consultó sobre la admisibilidad de la indicación.

El diputado José Pérez, Presidente, estimó que no sería inadmisible dado que no irroga gastos.

El diputado Barros complementó la argumentación de la indicación, al señalar que son los pequeños agricultores los que, mayormente, presentan problemas para regularizar. En años, no han podido acreditar ni inscribir sus derechos y sin estar informados, se les van a caducar. Cuestionó los montos de las multas, que pudieran ser excesivos. Dio relevancia a la información.

El diputado Espejo compartió en que debe existir una gradualidad en la aplicación de sanciones y propuso establecer un procedimiento al respecto.

El diputado Letelier señaló que a los pequeños agricultores se les aplica el inciso segundo, que amplía el plazo a 5 años. Su atención se centra a evitar la especulación.

El Director General de Aguas señaló que existe una confusión. Todos, sean grandes, medianos o pequeños, tienen un plazo de 5 años para ingresar los antecedentes e iniciar el proceso de regularización de los derechos. Una vez que la autoridad competente constituya el derecho, independiente de los años que ello demore, surgen estos 18 meses para inscribirlos en el conservador de bienes raíces.

Estimó razonable dejar el artículo tal como ha sido aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Enfatizó que la indicación presentada se refiere exclusivamente a los derechos constituidos por la Dirección General de Aguas, debiendo decir “por acto de autoridad competente”, porque existen casos en que es la Corte de Apelaciones la que los constituye.

Asimismo, manifestó que nunca podrían aplicarse las multas que señala la indicación, porque al no estar inscritos los derechos, no habría tribunal competente, porque el conservador de bienes raíces fija la competencia al tribunal. Justamente la razón por la que las patentes no se aplican a derechos que no están inscritos, es porque no hay tribunal competente.

2. De la diputada Sepúlveda y de los diputados Alvarado, Barros, Fuentes e Ignacio Urrutia para sustituir el inciso segundo del artículo segundo transitorio por el siguiente:

“Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910.”

El diputado Ignacio Urrutia consultó cuál es el origen de que en el inciso segundo se refiera a “campesinos que personal y directamente trabajen la tierra (…) en predios cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie”. Lo lógico, sería establecer como criterio que el aumento del plazo se aplique a pequeños y medianos agricultores o a las 12 hectáreas básicas que utiliza INDAP.

La diputada Sepúlveda sostuvo que sería conveniente homologar los términos utilizados en otros artículos y, por lo tanto, debiera referirse a “los pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910.” En el mismo sentido, se pronunció el diputado José Pérez.

Asimismo, expresó que, el objetivo de este inciso es proteger a la pequeña agricultura, tal como se conoce desde 1967, no es solo un problema de superficie, sino de sus activos, del tiempo que dedica a la tierra y otros elementos que configuran como la reconoce la sociedad chilena.

Además, al referirse a la superficie, podrían considerarse comprendidas, por ejemplo, parcelas de agrado; o si se señalara 12 hectáreas de riego básico, podría considerarse comprendidas aquellas pertenecientes a un profesional, en atención a que ambas situaciones están fuera del objetivo de la protección.

En relación a los términos “campesinos que personal y directamente trabajen la tierra” utilizados en el inciso segundo, aclaró que son conceptos usuales, utilizados en la ley de INDAP.

El diputado Barros estimó que limitarlo a los usuarios de INDAP, sería restringirlo demasiado.

El Director General de Aguas señaló que esta excepción nace de una indicación parlamentaria. Reforzó la idea de que son plazos para inscribir los derechos una vez regularizados, e incluso, estimó que no debiera existir esta excepción, pero se comprende.

Sometida a votación, la indicación N° 1 fue rechazada por dos votos a favor (2 de 10) de los señores Álvarez- Salamanca e Ignacio Urrutia, siete votos en contra (7 de 10) de la señora Sepúlveda y de los señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Letelier, Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal) y José Pérez; y la abstención (1 de 10) del señor Barros.

Puesta en votación, la indicación N° 2 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10) señora Sepúlveda y señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal), Letelier, José Pérez e Ignacio Urrutia.

Artículo quinto.

Previa resolución de la Dirección General de Aguas, se suspenderá el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, permanentes y continuos, otorgados con posterioridad a la declaración de cuenca agotada, conforme lo indica el artículo 282 del Código de Aguas. Estarán exentos de esta medida los derechos de aprovechamiento otorgados a las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y a los pequeños productores agrícolas pertenecientes a las Comunidades Agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°5, de 1967, del ministerio de Agricultura; y los pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas, entendiendo por aquellas las consideradas en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente. De igual forma, quedarán exentos los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas.

Sin perjuicio de la discusión en torno a la referencia “siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas”, el diputado Barros cuestionó también que la excepción se aplique a “los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio” para evitar más cortapisas.

La diputada Sepúlveda señaló la redacción de este artículo también presenta dificultades dado que cada predio podría tener más de un rol, como se ha visto reiteradamente y pudieran quedar fuera por ello.

La diputada Sepúlveda y los diputados Alvarado, Barros, Fuentes e Ignacio Urrutia presentaron indicación para reemplazar la frase: “De igual forma, quedarán exentos los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas.” por la siguiente: “De igual forma, quedarán exentos los pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910.

El Director General de Aguas precisó que no es lo mismo la discusión del artículo segundo con la del quinto. El segundo, se refiere al plazo para inscribir el derecho ya constituido y la excepción que amplía dicho plazo.

Por su parte, el artículo quinto, se refiere a una situación excepcional, que hay que mirar desde la perspectiva medioambiental. Se refiere al caso en que se ha declarado agotada una cuenca, y por tanto, en la que no se puede otorgar nuevos derechos, pero que por alguna razón se otorgaron. La excepción, se origina de una indicación parlamentaria y busca que los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas, entre otros, no estén sujetos a la suspensión del ejercicio del derecho por parte de la DGA.

Precisó que debe aproximarse a este tema de dos perspectivas: del cuidado de los intereses de los pequeños agricultores y del cuidado de la cuenca y sustentabilidad de la misma.

El diputado Ignacio Urrutia planteó que debe mantenerse en los mismos términos las excepciones referidas a los pequeños productores agrícolas, en los distintos artículos.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10) señora Sepúlveda y señores Alvarado (en reemplazo de la diputada Carvajal), Álvarez- Salamanca, Barros, Espejo, Fuentes (en reemplazo del diputado Flores), Lemus (en reemplazo de la diputada Pascal), Letelier, José Pérez e Ignacio Urrutia.

V. INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

a) Rechazadas.

N° 4, modifica el artículo 6°.

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 6°.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, de conformidad a las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.”

2. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar la segunda parte del inciso segundo, que se inicia con la expresión “La duración” hasta el punto (.) aparte, por el siguiente inciso:

“La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso por parte del titular o en caso que cambie la finalidad para la cual fue destinado originalmente sin previo aviso por parte del titular del derecho a la autoridad administrativa. Esta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en consideración a los criterios de disponibilidad y o sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso.”

3. Del diputado Paulsen, para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “se prorrogará” y “, a menos que” la expresión “indefinidamente”.

4. Del diputado Paulsen, para agregar, en el inciso segundo, luego de la expresión “destinado originalmente.” la frase: “salvo que hubiese informe previo a ese Servicio, en la forma dispuesta por dicha autoridad administrativa”.

5. Del diputado Paulsen, al inciso segundo, para suprimir la frase: “Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este inciso”.

6. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso tercero, por los siguientes incisos:

“El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite por parte del titular el uso efectivo del recurso en los términos indicados en la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.

La acreditación del uso efectivo del recurso se realizará demostrando, por parte del titular del derecho de aprovechamiento, la construcción de las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9.”.

7. De las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y de los diputados Fuentes y Letelier, para intercalar, en el inciso tercero, luego de la palabra “derecho” y antes del punto seguido (.), la oración: “y que no haya sido objeto de pago de patente por no uso, durante cinco oportunidades en el periodo de la concesión.”.

8. De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda y de los diputados Fuentes y Letelier para agregar el siguiente inciso cuarto, pasando el actual cuarto a ser quinto:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la concesión de los derechos de aprovechamiento que sean utilizados por centrales generadoras de energía mayores a 3 MW, o de los utilizados por concesionarios mineros que no estén comprendidos en la hipótesis del artículo 56, podrán ser objeto de revisión, a fin de evaluar que dichos aprovechamientos no constituyan una grave afectación del acuífero o de derechos de terceros. En este caso, podrá limitarse su uso, o bien, en casos graves y calificados, caducarse anticipadamente la concesión. Esta revisión podrá hacerse en cualquier momento desde que se cumplan 10 años del otorgamiento de la respectiva concesión”.

9. Del diputado Espejo para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, y sexto, pasando el actual cuarto a ser séptimo.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión por la autoridad competente si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae; en caso de que se afecte la calidad de las aguas o su disponibilidad para la función de subsistencia; o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5° bis.

Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, suspenderlo temporalmente.”.

N° 5, agrega el artículo 6° bis.

1. De la diputada Carvajal, y los diputados Barros, Espejo, Paulsen e Ignacio Urrutia, para sustituir el inciso final, por el siguiente:

“Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que dicha repartición disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el Servicio se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 6°. Para los efectos de este artículo, se entenderá por cambio de uso aquel que se realice entre distintas actividades productivas tales como el riego, la minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras.”

2. De la diputada Carvajal y del diputado Espejo, para sustituir el inciso final, por el siguiente:

“Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que dicha repartición disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el Servicio se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 6°.”

N° 11, modifica el artículo 37.

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales e Ignacio Urrutia, para reemplazar la expresión “El titular” por “El dueño o titular”.

2. De los diputados Álvarez-Salamanca, Paulsen, José Pérez e Ignacio Urrutia, para agregar, a continuación del vocablo "El titular" la expresión "o dueño".

N° 29, modifica el artículo 129 bis 1.

De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros e Ignacio Urrutia:

a) Al inciso primero para suprimir el literal ii), de la letra a).

b) Al inciso tercero, para suprimir letra b).

N° 34, modifica el artículo 129 bis 9.

Del diputado Paulsen, para incorporar el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y, así sucesivamente:

“Asimismo, el Director General de Aguas no podrá considerar como sujetos al pago de la patente, a aquellos titulares de derechos de aprovechamiento consuntivos como no consuntivos que acrediten proyectos que contemplen obras de captación y restitución, según corresponda, y sus plazos de materialización, los que podrán ser revisados anualmente por dicha autoridad.”

N° 59, intercala el artículo 307 bis.

De las diputadas Carvajal, Pascal y Sepúlveda, y los diputados Fuentes y Letelier, al inciso final, para reemplazar la palabra “volúmenes” por “caudales”.

N° 60, modifica el artículo 314.

De las diputadas Carvajal y Pascal y de los diputados Fuentes y Letelier, presentaron indicación para reemplazar la letra e) por la siguiente:

“e) Reemplácese el inciso séptimo, que pasa a ser octavo, por el siguiente:

“No tendrán derecho a esta indemnización del Fisco quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este artículo. No obstante lo anterior, todo aquel titular de derechos que reciba menor proporción de aguas que la que le correspondería de conformidad a las disponibilidades existentes, tendrá derecho a ser indemnizado por el Fisco.”.

Artículos transitorios.

Artículo primero.

1. De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo primero.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes. Sus titulares tendrán el dominio sobre el derecho real de aprovechamiento con las facultades de uso, goce y disposición con las que se adquirió el derecho.”

2. Del diputado Paulsen, para incorporar en el inciso segundo, el siguiente párrafo final:

“Asimismo, se les aplicará el régimen de cobro de patentes establecido en los artículos citados precedentemente, tanto para derechos de aprovechamiento consuntivos, como no consuntivos, a contar de la fecha de la publicación de esta ley.”

Artículo segundo.

De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales y Urrutia, don Ignacio, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo segundo.- Los derechos de aprovechamiento constituidos por la Dirección General de Aguas con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no hubieren inscrito sus derechos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, tendrán el plazo de 18 meses para hacerlo, contado desde la entrada en vigencia de esta ley. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere practicado la señalada inscripción, la Dirección General de Aguas podrá aplicar una multa de hasta 30 Unidades Tributarias Mensuales a quiénes hayan infringido la presente obligación. Esta multa podrá duplicarse en caso que el infractor persista en su conducta y podrá aplicarse las veces que sea necesario hasta que se materialice la mencionada inscripción. La Dirección General de Aguas aplicará la multa y enviará los antecedentes a Tesorería General de La República para que proceda a su cobro.”

b) Inadmisibles.

N° 3, agrega los artículos 5° bis, 5° ter, 5°quáter y 5° quinquies:

Del diputado Paulsen, al inciso cuarto del artículo 5° bis, para sustituir la frase “La Dirección General de Aguas”, por “El Ministro de Obras Públicas, previo informe de la Dirección General de Aguas,”.

Número nuevo, para modificar el artículo 56.

De las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y de los diputados Fuentes y Letelier, para anteponer, en el inciso primero, a la expresión "Cualquiera", la siguiente frase: "En virtud del derecho humano al agua,”.

N° 43, modifica el artículo 147 bis.

De los diputados Álvarez-Salamanca, Barros, Morales e Ignacio Urrutia, formularon indicación para reemplazar el inciso tercero, por el siguiente:

“Asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad al artículo 5° ter, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71 de la Ley Nº 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, reservar el recurso hídrico. Igualmente, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean estas para usos consuntivos o no consuntivos. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueran feriados. Esta facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el respectivo decreto “Por orden del Presidente.”.

VI. MODIFICACIONES O ENMIENDAS PROPUESTAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN.

Artículo Único.-

N° 2, modifica el artículo 5°.

Letra b)

Agrégase el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Para estos efectos, se entenderá por interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas.”

N° 3, agrega los artículos 5° bis, 5° ter, 5°quáter y 5° quinquies:

Artículo 5° ter.

Se modificó el inciso final, en la forma que se indica:

a) Elimínase la frase: “mientras se mantenga la declaración de escasez hídrica,”.

b) Sustitúyese el vocablo “empresas” por “prestadores”, y

c) Reemplázase la frase: “cuando no exista otra forma posible de” por el vocablo “para”.

N° 4, modifica el artículo 6°.

Se aprobaron las siguientes modificaciones:

i) Al inciso segundo:

a) Reemplázanse los dos primeros párrafos del inciso, hasta la expresión “no consuntivos”, por el siguiente texto:

“El derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. En caso que la autoridad considere que la concesión deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.”

b) Agrégase, luego de la expresión “se prorrogará,” la palabra “sucesivamente”.

c) Sustitúyese, la palabra “originalmente” por “originariamente”.

ii) Al inciso tercero:

a) Reemplázase la frase: “y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, destinados” por la siguiente: “siempre que acredite la realización de obras destinadas”.

b) Intercálase, luego de la palabra “derecho” y antes del punto seguido (.), la oración: “y que no haya pagado patente por no uso, en tres o más oportunidades en el período de la concesión”.

iii) Agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto, y sexto, pasando el tercero a ser séptimo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae; en caso de que se afecte la función de subsistencia; o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5° bis.

Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, dejarlo sin efecto.”

N° 5, intercala el siguiente artículo 6° bis:

1. Sustitúyese, en el inciso tercero, la frase: “Dicha suspensión no podrá exceder de 4 años.”, por el siguiente párrafo: “Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”

2. Agrégase el siguiente inciso quinto, pasando el actual a ser sexto:

"A su vez, la contabilización del plazo descrito anteriormente, se suspenderá en caso que el titular del derecho de aprovechamiento justifique ante la autoridad administrativa que no ha podido construir las obras para hacer un uso efectivo del recurso por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas y mientras persista dicha circunstancia.”

N° 10, modifica el artículo 20:

Ha introducido las siguientes modificaciones en el inciso final:

a) Agrégase entre las palabras: “satisfacer” y “la bebida“, la frase: “las necesidades humanas de”, y suprímese el artículo “la” que antecede a la palabra “bebida”.

b) Incorpórase luego de la palabra “superficialmente,” la frase: “sin que esta extracción reporte utilidad económica alguna,”.

N° 12, modifica el artículo 38:

Se aprobaron las siguientes modificaciones:

a) Al inciso segundo:

i) Agrégase, entre la expresión “caudales extraídos y” y el artículo indefinido “un”, la siguiente frase: “también de los restituidos en el caso de aprovechamiento de los derechos no consuntivos, y”.

ii) Incorpórase la siguiente frase, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser coma (,): “la que se enviará a la Dirección General de Aguas.”.

b) Agregáse, el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“Una resolución de la Dirección General de Aguas determinará las normas que regulen las características técnicas, forma y periodicidad de entrega de la información a dicho Servicio y el plazo de inicio en que será exigible esta obligación. Una vez recibidos los antecedentes, la Dirección General de Aguas velará para que dicha información sea siempre de acceso al público.”.

c) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “inciso anterior” por “inciso segundo”.

N° 21, sustituye el artículo 66.

Ha aprobado la siguiente modificación:

Sustitúyese el inciso cuarto, por los siguientes incisos:

“Cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos, en la medida que no lo contamine, requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas, y sin que sea necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción. Se exceptuarán de esta solicitud las obras de recarga de aguas lluvias, las que se considerarán recarga natural.

El titular de un derecho de aprovechamiento podrá solicitar que se le constituya este derecho en forma provisional sobre las aguas subterráneas derivadas de tales obras y el cual estará condicionado a la mantención de una recarga efectiva, conforme a lo dispuesto en el Título I del Libro Segundo de este Código.”

N° 29, modifica el artículo 129 bis 1.

Ha aprobado las siguientes modificaciones:

1) En el inciso primero:

a) Suprímense la expresión “otorgados y”; la preposición “por”, que antecede a las palabras “la Dirección”, y el pronombre “, ésta”, que sucede a la palabra “Aguas”.

b) Agrégase, a continuación de la palabra “otorgar” una coma (,).

2) Incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual segundo a ser quinto, y así sucesivamente:

“Igualmente, la Dirección General de Aguas podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. No obstante las facultades de dicho Ministerio, el informe podrá ser solicitado de oficio por la Dirección General de Aguas.

Asimismo, podrá establecer un caudal ecológico mínimo, respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y los humedales de importancia internacional. La Dirección General de Aguas, podrá adoptar de oficio las medidas provisionales que estime oportunas.

Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero no afectará a los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910.”

N° 59, intercala el artículo 307 bis.

Se aprobaron las siguientes modificaciones, al inciso final:

a) Sustitúyese la frase “refiere el inciso anterior”, por “refieren los incisos anteriores”.

b) Intercálase, entre la expresión “de Aguas” y la palabra “impondrá”, la frase: “, mediante resolución fundada,”.

c) Reemplázase la oración “o de la falta de entrega de la información, en ambos casos en la forma solicitada” por la siguiente: “, la falta de entrega de la información o la entrega de información no veraz, según la forma que se disponga. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.”.

Artículos transitorios.

Artículo primero.

Aprobó las siguientes modificaciones:

1. Elimínase el inciso segundo.

2. Agrégase, en el inciso final, el siguiente párrafo final.

“El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros, respectivamente.”

Artículo segundo.

Sustitúyese, el inciso segundo, por el siguiente:

“Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910.”

Artículo quinto.

Reemplázase la frase: “De igual forma, quedarán exentos los pequeños agricultores propietarios de no más de un predio, siempre que su superficie fuese inferior a 8 hectáreas.” por la siguiente: “De igual forma, quedarán exentos los pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910.”

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Sala de la Comisión, a 21 de junio de 2016.

Tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 3, 10 y 24 de noviembre; 15 y 22 de diciembre de 2015; 5, 12, 19 y 26 de enero; 1, 8, 15 y 22 de marzo; 5 y 12 de abril; 3, 10, 17 y 31 de mayo, y 7, 14 y 21 de junio de 2016.

Asistieron los siguientes integrantes de la Comisión: diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado, (Presidenta), Denise Pascal Allende, Alejandra Sepúlveda Orbenes, y diputados señores Pedro Pablo Álvarez- Salamanca Ramírez, Ramón Barros Montero, Sergio Espejo Yaksic, Iván Flores García, Iván Fuentes Castillo [41], Felipe Letelier Norambuena, Diego Paulsen Kehr, José Pérez Arriagada, Christian Urízar Muñoz e Ignacio Urrutia Bonilla.

Concurrieron, además, por la vía del reemplazo, los diputados señores Miguel Ángel Alvarado Ramírez, Bernardo Berger Fett, Luis Lemus Aracena, Jorge Rathgeb Schifferli, y Matías Walker Prieto.

Asimismo, asistió el diputado Jorge Sabag Villalobos.

MARÍÁ TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de la Comisión

FORMULA INDICACION AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS (BOLETÍN N° 7.543-12)

Santiago, 6 de septiembre de 2016.

Nº 161-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante su discusión en el seno de esa H. Corporación:

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, NUEVO

- Para incorporar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos para el Sector Público.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda



INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS. BOLETÍN Nº 7543-12

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por una moción de los Diputados (as) señores (as), Alejandra Sepúlveda; Andrea Molina; Enrique Jaramillo; Roberto León; Fernando Meza; Guillermo Teillier; Leopoldo Pérez, y Patricio Vallespín. Más los ex Diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso De Urresti, con urgencia suma.

2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta.

La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación determinó que son de competencia de la Comisión de Hacienda los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas. Mismo criterio tuvo la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

Ninguna.

4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas

Indicación del Ejecutivo, para incorporar el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos para el Sector Público.”.

La norma no requiere quórum especial para su aprobación.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Todas.

6.- Se designó Diputado Informante al señor Pepe Auth.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

MINISTERIO DE AGRICULTURA

• Carlos Furche, Ministro.

• Sra. María Loreto Mery, Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional de Riego.

MINISTERIO DE HACIENDA

• Sr. Alejandro Micco, Subsecretario.

• Sr. Jorge Valverde, jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda.

• Gustavo Rivera, Subdirector de Presupuestos.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

• Sr. Carlos Estévez, Director General de Aguas.

• Sra. Tatiana Celume, Asesora Legislativa de la Dirección General de Aguas.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

• Sr. Reinaldo Ruiz, Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos.

• Sr. Claudio Fiabane, Asesor Delegado Presidencial.

CONSEJO MINERO

• Sr. Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo.

• Sr. José Tomás Morel, gerente de Estudios.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE GENERADORES A.G

• Claudio Seebach (Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile)

CHILE SUSTENTABLE

• Sra. Sara Larraín, directora Ejecutiva

OBSERVATORIO PARLAMENTARIO CIUDADANO

• Sra. Nathalie Joignant, coordinador.

EX DIRECTOR DE LA DGA

• Sr. Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE CHILE

• Sr. Javier Carvallo, director.

• Sr. Santiago Matta, director.

• Sra. Natalia Dasensic, asesora.

CONFEDERACIÓN DE CANALISTAS DE CHILE (CONCA).

• Sr. Javier Carvallo, Director.

• Sr. Santiago Matta, Director.

ASOCIACIÓN DE REGANTES DEL ÑUBLE

• Sr. Martín Arrau, Presidente.

EX DIRECTOR DE LA DGA

• Sr. Matías Desmadryl Lira, abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica de Chile, Finis Terrae y de Los Andes.

MINISTERIO DE ENERGÍA

• Sr. Máximo Pacheco, ministro.

• Sr. Hernán Moya, jefe división jurídica.

• Sr. Felipe Venegas, asesor.

BANCO DEL ESTADO

• Sra. Soledad Ovando Green, Gerente Pequeñas Empresas.

• Sr. Jorge González Solís, Subgerente Pequeñas Empresas.

INDAP

• Sr. Ricardo Vial, Subdirector Nacional de INDAP

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

• Sr. Patricio Crespo Ureta

FEDERACIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL, FENAPRU CHILE

• Sra. Gloria Alvarado, presidenta

• Sr. José Orellana.

• Sra. Pilar Palominos.

• Sr. José Rivera.

ONG THE NATURE CONSERVANCY:

• Sr. Sebastián Bonelli, especialista en Aguas.

El propósito de la iniciativa es:

a) Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua;

b) Reconocer las diversas funciones que ésta puede cumplir -social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.-

c) Generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, y

d) Establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

La moción señala que se basa en el reconocimiento de problemas de equidad en el acceso y sustentabilidad ambiental que enfrenta la gestión del agua en Chile. A juicio de los autores del proyecto, estos problemas derivan de una visión restrictiva del agua, que se limita a concebirla como un bien económico e insumo productivo, en circunstancia de que también es un bien esencial para la sobrevivencia humana y de las demás especies y ecosistemas, como asimismo un bien intangible para la cultura, la calidad de vida y el desarrollo social. Es por ello que se requiere una mirada integral de este recurso natural, que considere la diversidad geográfica y climática del país, y se logre una gestión armónica de los diversos usos del agua.

Para los mocionantes, el sistema normativo que rige actualmente el agua no ha sido capaz de enfrentar estos desafíos, y como consecuencia de ello se han provocado problemas en el acceso y el abastecimiento, escasez hídrica, extracción ilegal, sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, concentración de la propiedad, inseguridad en el abastecimiento primario y en el desarrollo local, degradación ambiental, condiciones de mercado erráticas y disímiles a lo largo del territorio, e información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos.

Se hace presente que la moción se refiere a diversas propuestas de reforma de la normativa sobre aguas, que inciden tanto en el plano legal como constitucional (presentadas entre los años 1992 y 2009) y que conforman el antecedente de este proyecto.

- Objetivos:

a) Generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, para dar estabilidad al abastecimiento y prioridad al agua potable, al saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.

El actual sistema de asignación de recursos hídricos no contempla un mecanismo expedito orientado al resguardo de los recursos hídricos para consumo humano y abastecimiento primario. En efecto, todos los usos son igualmente prioritarios para efectos de la constitución de derechos, a pesar de existir acuerdos internacionales que urgen una distinción y la priorización de los usos esenciales. Existen demandas de agua no competitivas, como aquellas asociadas a la producción de alimentos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo productivo local, las cuales, en general, no son cubiertas con el modelo vigente de asignación y transacción de derechos de aguas.

Hoy día existen problemas indiscutibles de equidad en el acceso al agua, incluyendo la concentración en la propiedad de derechos de agua constituidos y retenidos por privados por largos períodos y sin uso; la especulación con los derechos de agua; los cambios en el destino y uso productivo de estos, etc.

b) Establecer una nueva categoría de derecho: el agua como derecho esencial: El rediseño del modelo de asignación de derechos de aprovechamiento de aguas debe permitir al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales de desarrollo local, ambiental y territorial. Todos estos usos, que no son competitivos en el ámbito de las reglas de mercado, y a veces irrelevantes en términos de la productividad de corto plazo, son fundamentales para el desarrollo social y ambiental sustentable.

En tal virtud, los usos esenciales del agua deben ser cubiertos con un nuevo tipo de permiso para su uso: la concesión, que no es equivalente al derecho de aprovechamiento, pues no se transa en el mercado, y además está condicionada a un determinado uso, calificado como esencial. Este uso esencial ha de ser prioritario y, por ende, prevalecer sobre los usos competitivos, lo que justifica el establecimiento de restricciones al ejercicio de todos los derechos de agua otorgados para usos competitivos.

- Contenido:

El proyecto incorpora diversas modificaciones en el Código de Aguas, cuyo contenido se resume a continuación:

a) Énfasis en el carácter de bien nacional de uso público de las aguas.

La moción agrega un artículo 4° bis en el Código de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes nacionales de uso público y que cumplen, entre otras, funciones ambientales, de subsistencia, étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, sociales y de ordenamiento territorial; y establece como deber del Estado garantizar el acceso a dichas funciones.

b) Regulación de la función ambiental, escénica, paisajística y social de las aguas.

La moción incorpora un nuevo título al libro primero del Código de Aguas, donde regula las funciones del agua. Al respecto, establece que para garantizar el acceso el acceso a la función productiva del agua, se otorgarán derechos de aprovechamiento.

Sin embargo, el Estado deberá resguardar que exista un caudal suficiente en las fuentes naturales, para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con dicho postulado, se faculta a la DGA para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal cuyo objetivo sea el desarrollo de las funciones enunciadas en el apartado anterior.

c) Establecimiento de concesiones de uso temporal.

Finalmente, el proyecto agrega varios artículos al Código de Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances de las concesiones de uso temporal. Al respecto, se establece -en síntesis- que estas concesiones no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.

Normas de competencia de la Comisión

El texto aprobado por la comisión técnica cuenta con un artículo único permanente, que mediante sus 62 numerales introduce modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas; y cinco disposiciones transitorias.

Se hace presente que la Comisión Técnica dispuso en su informe que corresponda a la Comisión de Hacienda conocer los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas. Sin embargo, se la Comisión de Hacienda acordó extender la competencia de la Comisión a los numerales 31; 32; 33; 34, letra b), y 35 del mismo artículo por incidir manifiestamente en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Normas de competencia conforme con lo señalado por la Comisión Técnica

Son de competencia los siguientes numerales del artículo único del proyecto de ley.

- El numeral 61 corresponde a una indicación del Ejecutivo que incorpora varias modificaciones en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, referido a la regularización de los denominados “usos consuetudinarios” del agua. Para tal efecto, exige comprobar la utilización ininterrumpida durante 5 años, antes de 1981, cuando entró a regir el Código. Las principales innovaciones que se postulan en la materia consisten, por una parte, en que el procedimiento va a estar radicado en la DGA, al contrario de lo que sucede hoy, en que la justicia puede desechar la opinión del organismo técnico. Además, el trámite de regularización va a ser más breve y se permitirá efectuarlo a las organizaciones de usuarios, pero cumpliendo los mismos requisitos.

- El numeral 62 introduce modificaciones al artículo 5° transitorio del Código de Aguas, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los ex predios CORA desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Aguas.

Normas a las cuales la Comisión extiende su competencia: Son de competencia los siguientes numerales del artículo único del proyecto de ley (Todas ellas relacionas con el pago y exención de patentes).

- El numeral 31 modifica el artículo 129 bis 4, que prescribe que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las reglas que detalla a continuación.

- El numeral 32 incorpora modificaciones en el artículo 129 bis 5, que prescribe que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las normas que especifica.

- El numeral 33 corresponde a una indicación de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Provoste, y del diputado señor Saldívar, que suprime los incisos segundo y tercero del artículo 129 bis 6, cuyo tenor es el siguiente:

“Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

También estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las Regiones.”.

- El numeral 34, letra b) incorpora un siguiente inciso final al artículo 129 bis 9 que establece que finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140.

Precisa la norma que para el último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.

- El numeral 35 corresponde a una indicación del Ejecutivo en orden a introducir dos enmiendas al artículo 129 bis 11, con la finalidad de simplificar el procedimiento de remate de los derechos de aprovechamiento por no pago de la patente, como asimismo, establecer que la acción ejecutiva del cobro prescribirá en tres años, contado desde el 1° de abril del año en que debió pagarse la patente.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N°88, del 08.09.2014, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña la indicación sustitutiva presentada por S.E. la Presidenta de la República, señala:

La presente modificación al Código de Aguas tiene corno objetivo recoger las mejores experiencias internacionales en materia de regulación del uso y propiedad del recurso agua, y, por la otra, adaptarla para responder a las nuevas necesidades, propias de nuestro país. Todo lo anterior con la finalidad de implementar dos ideas orientadoras que refuercen la administración, uso y disposición de los recursos hídricos. Al efecto, se dispone, para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, un cambio de concepción, pasando de ser un derecho perpetuo a un derecho con una extensión temporal que asegure su uso efectivo y eficiente. Además, se establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios del agua, asegurando que estos siempre prevalecerán tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

Adicionalmente, se complementan las normas que permiten fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas, especialmente en la regulación temporal del ejercicio de uso de los derechos de aprovechamiento. Por otra parte, se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento establecido para su cobro; asimismo, entre otras, se resguardan los derechos de los actuales dueños de derechos de aprovechamiento; y finalmente se establece el beneficio de una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal:

Prescribe el informe que las presentes indicaciones no tienen impacto financiero fiscal por cuanto están orientadas a adecuar la normativa a la realidad y necesidades vigentes.

El Informe financiero N°013, del 19.01.2015, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña indicación presentada por S.E. la Presidenta de la República, señala que la modificación propuesta al Código de Aguas tiene por objetivo definir e indicar los procedimientos y plazos, en materia de regulación del uso del recurso agua. Específicamente, define los motivos por los cuales se suspende la aplicación de caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de no contabilizar dentro de los plazos de caducidad, todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos para construir obras para la utilización del recurso agua, ya sea ésta por la obtención de una resolución de calificación ambiental, órdenes de no innovar dictada en algún litigio, u otra tramitación de autorización administrativa. Adicionalmente, se complementan las normas que establecen procedimientos para comunicar a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, y que no han hecho uso efectivo de éste, la extinción de dicho derecho. Finalmente, se señala que la extinción se materializará a través de la cancelación de la inscripción de derechos en los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal:

Señala el informe que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley no tienen impacto financiero fiscal.

El Informe financiero N°101, del 08.07.2015, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña indicaciones presentadas por S.E. la Presidenta de la República, prescribe éstas tienen como propósito por un lado homologar a nivel nacional los factores que se apliquen para determinar el monto de pago de las patentes por no uso, como asimismo perfeccionar el sistema de pago al acortar los tramos de tiempo a contabilizar para determinar los montos a pagar. Por otro lado, al derogar el inciso segundo del artículo primero transitorio, se universaliza el procedimiento y suspensiones de plazo para contabilizar la extinción de los derechos de aprovechamiento por no uso, y consecuentemente se perfecciona el procedimiento de remate judicial al eliminar la figura del segundo remate, y de notificaciones y tramites procedimentales extensos y onerosos.

Finalmente señala que las indicaciones en referencia introducen una modificación que reconoce una realidad distinta en los derechos de aprovechamiento de aguas, eximiendo del pago de patente en los casos en que existe la tenencia de derechos con fines ecológicos y no extractivos.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal:

Señala el informe que las mencionadas indicaciones, no implicará a la institucionalidad existente en la Dirección General de Aguas mayores costos fiscales, toda vez que se orienta a perfeccionar el marco legal existente, para permitir una mayor eficiencia y eficacia en la labor de fiscalización y de administración de los derechos de aprovechamiento de aguas.

El Informe Financiero N° 151, del 06.10.2015, que acompaña la indicación presentada por S.E. la Presidenta de la República, señala que la modificación propuesta tiene como objetivo fundamental agilizar los procedimientos para la regularización de derechos de aguas, modificando los artículos 2° y 5° transitorios. En particular se fija una vigencia de 5 años a partir de la publicación de esta ley modificatoria para el Artículo 2° transitorio, y se excluye del procedimiento resolutivo actual a los Tribunales de Justicia, radicando dicha etapa en una instancia administrativa, mediante una Resolución dictada por la Dirección General de Aguas. De la misma forma, se modifica el Artículo 5° Transitorio, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los ex predios CORA desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Aguas.

En ese contexto, las modificaciones propuestas tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de aguas que regulen las normas mencionadas, a la vez que disponen un plazo definido para su vigencia de modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal:

Indica el informe que las presentes indicaciones al proyecto de ley se estima que tienen impacto financiero fiscal que se detalla en el siguiente cuadro; requerimiento de recursos que serán oportunamente consignados en la proposición anual de los Proyectos de Ley de Presupuestos respectivos.

Debate de las normas sometidas a la consideración de la Comisión.

Sesión N° 240 de 30 de agosto de 2016.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), hace presente que la Comisión Técnica dispuso que las normas de la competencia de la Comisión de Hacienda son los numerales 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, sin embargo el Secretario de la Comisión sugiere extender la competencia de la Comisión a los numerales 31; 32; 33; 34, letra b), y 35 del mismo artículo, por incidir manifiestamente en materia presupuestarias o financieras del Estado.

En segundo término, en cuanto al planteamiento de la Bancada UDI, que sugiere incorporar a la competencia de la Comisión otras disposiciones, por considerar que incorporan nuevas funciones a la Dirección General de Aguas, señala que en opinión de la Secretaría de la Comisión, no corresponde extender la competencia de la Comisión a dichas normas por cuanto no tienen incidencia de materias presupuestaria o financiera del Estado, habida cuenta que se entiende que el organismo debe asumir esas funciones con su capacidad ya instalada.

Por lo anterior, sugiere destinar las sesiones de los días 6 y 13 de septiembre para recibir audiencias y posteriormente zanjar la discusión sobre la competencia de la Comisión. Sobre este último punto, el señor Silva solicita que los integrantes de la Comisión dispongan de un espacio de tiempo razonable para analizar el planteamiento de la Secretaría de la Comisión.

El señor Daniel Núñez (en reemplazo del señor Sergio Aguiló), recuerda que el proyecto de ley fue ampliamente discutido por ambas comisiones técnicas (Comisión de Recursos Hídricos y Agricultura), razón por la cual le llama la atención la postura de la Bancada UDI.

El señor De Mussy, explica al señor Núñez que a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre las normas que las comisiones técnicas dispusieron que eran de competencia de esta Comisión, pero que no obstante ello, puede analizar otras disposiciones y, en caso de estimarlo necesario, extender la competencia a aquellas normas que tengan impacto financiero.

El señor Lorenzini expresa que el informe financiero N° del 6 de octubre de 2015, que acompaña indicaciones al Ejecutivo, señala que las modificaciones planteadas tienen un impacto financiero de $ 2.750 millones de pesos, sin embargo el proyecto de ley no cuenta con una norma de imputación de gastos.

El señor Alberto Undurraga (Ministro de Obras públicas), en primer lugar, señala que el proyecto de ley tuvo su origen en una moción y que siendo ampliamente debatido en la Comisión de Recursos Hídricos, fue objeto de una indicación sustitutiva. Posteriormente, fue conocido por la Comisión de Agricultura, por lo que siendo ampliamente debatido en ambas comisiones técnicas gozó de un apoyo transversal en cada uno de sus aspectos centrales.

El señor Alejandro Micco (Subsecretario de Hacienda), en primer lugar, valora la importancia de tratar este tema no sólo para la vida humana sino por el impacto del mismo en nuestra economía. Recuerda que los principales bienes de exportación de nuestro país están fuertemente ligados al uso del agua, como en la minería y la agricultura. Es decir precisa, no es sólo importante para el consumo humano sino también por el impacto productivo y por impacto que genera en la industria de la generación eléctrica. Estima que toda modificación en la legislación de aguas tiene importancia en el crecimiento económico de nuestro país, lo que requiere, estima, una conversación larga y prolongada de este tema para no tener consecuencias en la estructura productiva de nuestro país.

Dicho eso, recuerda que el Gobierno se encuentra actualmente trabajando en dos proyectos de ley en materia de recursos hídricos, por una parte, el proyecto en estudio, y por otra, el proyecto de ley que modifica las atribuciones fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA), radicado en el Senado.

A continuación, se refiere a los principales aspectos de la indicación sustitutiva del Ejecutivo que fue conocida por la Comisión de Recursos Hídricos: se generaba una nueva categoría de derechos de aprovechamiento con las siguientes características: derechos reales de uso y goce, temporalidad definida prorrogable automáticamente, peso de la prueba que recaía en la DGA, caducidad de los derechos en caso del no uso, tanto para los derechos antiguos como para los nuevos; también se facultaba a la DGA para limitar el otorgamiento del ejercicio de los derechos en función del interés público antes graves carencia para suplir los usos de la función de subsistencia de las personas; se planteaba la definición de funciones del agua y de su orden de prelación (subsistencia-consumo humano, saneamiento y preservación del ecosistema y los temas productivos); se planteaba el escalamientos de patentes como incentivo para el uso de los recursos hídricos y para evitar la especulación; se establecen que los derechos ya otorgados estarán sujetos únicamente a las limitaciones que por causa de interés público establezca la ley.

Destaca que durante la tramitación del proyecto han surgido diversas modificaciones que representan cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo, particularmente en cuanto al planteamiento de usos específicos que de alguna forma elimina la lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país. En segundo término, se ha generado una integridad entre tierra y derecho de aguas para las comunidades indígenas lo cual puede generar implicancias negativas que deben ser revisadas. Además, señala que lo elementos de los caudales ecológicos mínimos han tenido alguna señal de retroactividad en la formulación que debe ser analizado. En tercer lugar, sobre las aguas del minero señala que tiene una operatividad poco efectiva, en términos que requiere solicitar un permiso específico a la DGA tratándose de una situación que requiere ser resuelta en el cortísimo plazo.

El señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), comienza por contextualizar la situación de los recursos hídricos, señalando que para hacer un buen diagnóstico es necesario apreciar los siguientes elementos: 1. Chile un país de gran heterogeneidad hídrica, pero que cuenta con herramientas y normas homogéneas; 2. Si bien el cambio climático es evidente, contamos con un marco legal diseñado para la abundancia; Ante la necesidad de una gestión integrada del Recurso Hídrico, existe: fragmentación institucional y disociación entre binomios que debieran estar balanceados, tales como: cantidad/calidad, superficiales/subterráneas, regantes /otros usuarios, y usuarios/administración; 4. Si bien el agua se define legalmente como un bien nacional de uso público, no se prioriza la subsistencia humana, no hay regulación en función del interés público y existe una débil tutela jurídica; 5. La gestión pública en aguas se reduce al ámbito de lo jurídico: entregar/trasladar derechos, sin contar con: atribuciones para la GIRH, fortalezas para anticiparse al futuro, institucionalidad y financiamiento para la investigación aplicada a la gestión del recurso, atribuciones para una fiscalización eficiente y plena capacidad para generar y transparentar información; y 6. Chile carece de una política nacional hídrica vinculante, de una adecuada gobernanza para la Gestión integrada por cuencas y de un mercado que funcione con reglas de transparencia.

En cuanto a por qué se requiere ajustar el marco legislativo para responder a la nueva realidad de las aguas señala que el Fondo Mundial del Agua (Korea, 2015) propuso a los gobiernos cambios y adecuaciones en todas las instancias institucionales y normativas para tener un mundo con seguridad hídrica, como asimismo, aplicar una efectiva gestión integrada del recurso hídrico. Añade que la OCDE recomienda específicamente a Chile en julio de 2016 que para el decenio 2016-2025 profundizar una reforma del marco legal del agua, que proteja los derechos humanos, la preservación ecosistemita, posibilite el desarrollo productivo y consolide una institucionalidad del agua.

Estima que introducir cambios al marco normativo e institucional vigente será insuficiente si no se acompaña también con reformas de institucionalidad y mejoras en gestión e inversiones. Indica que la Gestión Integrada del Recurso Hídrico por Cuencas (GIRH) escapa hoy de las atribuciones de la DGA y de cualquier organismo público o privado y que se trata de una tarea pendiente de abordar. En cuanto a la gestión administrativa relacionada con los usuarios (medir y monitorear el recurso; ejercer la policía y vigilancia de las aguas; supervigilar el funcionamiento de las O.U.A; brindar información y gestionar las solicitudes de obras y derechos) estima necesario detenerse en la última que tradicionalmente ha sido calificada como lenta y poco expedita (un promedio de 2,5 años de tramitación/expediente; capacidad de egresos anuales muy inferior a los ingresos (aumentando en 2.000 expedientes/año (2011-2014) el stock; un stock acumulado en diciembre de 2014 de 14.249 expedientes en trámite.

A continuación, exhibe una lámina que refleja que la capacidad de egreso anual aumentó de 4.967 expedientes (2013) a 8.487 (2015), reduciendo significativamente el stock.

Respecto del proyecto de ley expresa que en mayo de 2014 la Comisión de Recursos Hídricos votaba en particular las disposiciones transitorias del proyecto cuando el Ejecutivo solicitó suspenderla, ingresando el 8 de octubre de 2014 una indicación sustitutiva. Manifiesta que el Ejecutivo compartía importantes elementos de las ideas matrices, tales como: Estatus de las aguas como bienes nacionales de (dominio) público, en cualquiera de sus estados; Establece el acceso al agua potable como derecho esencial; Reconoce diversas funciones del agua; Exceptuaba a las APR, campesinos e indígenas del pago de patentes; En territorios indígenas vela por la integridad entre tierras y aguas; Corresponde al Estado reservar aguas para el consumo humano y preservar los ecosistemas.

No obstante lo anterior, expresa que le preocupan los siguientes directrices: El Estado tiene la administración absoluta y exclusiva de todas las aguas continentales dulces y sabores (artículo 5°); aplicación retroactiva de un caudal ecológico, mínimo de carácter hidrobiológico (artículo 5° bis); El traspaso de las “aguas del minero” a un sistema de concesiones administrativas (introducía un resquicio para la especulación, vía oposiciones); una prelación de usos que incluía a todos los productivos); la imposibilidad de cambiar el uso sin permiso de la Administración.

Manifiesta que los principales ejes de la indicación sustitutiva son los siguientes: 1. Priorización usos de la función de subsistencia; 2. Protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental; 3. Fortalecimiento de las atribuciones de la Administración para gestionar aguas; 4. Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos de aprovechamiento; 5 Regularización de usos consuetudinarios y derechos de aprovechamiento provenientes de predios CORA.

En cuanto a la priorización de usos de la función de subsistencia indica que se plantea que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. (arts. 5, 5 bis, 17, 62 y 314); Se crea un permiso transitorio (hasta 2 años) para que los Comités y Cooperativas de APR, aprovechen las aguas solicitadas, hasta 12 l/s, mientras se tramita la solicitud definitiva. Art. 5 bis; Posibilidad del Estado de reservar aguas disponibles, para otorgarlas en concesión para satisfacer los usos de la función de subsistencia. Art. 5 ter; En circunstancias excepcionales, el Presidente de la República podrá otorgar de derechos de aprovechamiento contra disponibilidad para garantizar estos usos. Art. 147 quáter; Los Comité de Agua Potable Rural podrán cavar pozos en el suelo propio de la organización o de sus integrantes, para hacer uso de las aguas subterráneas destinadas al consumo humano. Art 56 inc. 2°.

Respecto del segundo eje de la indicación, protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental, se plantea que no se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares (art.5); No podrán otorgarse derechos de agua en la áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad (art. 129 bis 2); Se extiende la protección de las aguas que alimentan áreas de vegas y bofedales a más regiones del país (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo) y se incluyen a los pajonales (humedales). Art 58 y 63; Exención del pago de patentes a titulares de derechos no extractivos de aguas y a quienes no los utilicen a fin de mantener la función ecológica de áreas declaradas por MMA. Art. 129 bis. Finalmente, señala que por indicación de Diputados de ambas comisiones técnicas se estableció un caudal ecológico mínimo respecto de aguas existentes. (Art 129 bis 1), salvo que se tratare de derechos que están dentro de áreas declaradas bajo protección oficial para la biodiversidad.

Respecto del fortalecimiento de las atribuciones de la Administración para gestionar aguas, señala que en caso de aguas subterráneas, si su explotación produce una degradación del acuífero al punto que afecte sus sustentabilidad, la DGA deberá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos. Art. 62. En cuanto a las aguas del minero, señala que los diputados consensuaron una indicación (art. 56, inc 3°) y que la DGA siempre podrá exigir la instalación de sistemas de medición y transmisión de la información (art 68).

Señala que en caso de existir zonas de prohibición o Áreas de Restricción (art 63 y 67): se exige al titular medir e informar a la DGA sus extracciones; se faculta al Servicio para denegar o autorizar (total o parcialmente) los cambios de punto de capacitación, si hubiese riesgo de intrusión salina o perjuicio a la sustentabilidad del acuífero; no se permite que los derechos provisionales se conviertan en definitivos.

En cuanto al cuarto eje: Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos de aprovechamiento, manifiesta que se sanciona con la caducidad la no inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas constituido en el CBR. Se establece un plazo de 6 meses para los derechos de aprovechamiento nuevos constituidos a partir de la entrada en vigencia de la ley y 18 meses para los derechos constituidos con anterioridad a la modificación y que no lo hubieran hecho, sin perjuicio de excepciones y la ampliaciones del plazo para pequeños productores agrícolas- (Art. 150);

Dentro del mismo eje destaca que se promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento: Se duplica el valor de cobro de la patente cada 4 años sucesivamente. (Arts. 129 bis 4, 129 bis 5 y siguientes); Aumenta la efectividad en el cobro de patentes: establecimiento de un procedimiento de remate más expedito y menos costoso para la Administración. Art. 129 bis 11 y 129 bis 12; Se establecen plazos de 4 u 8 años para la extinción de los derechos de aprovechamiento por no uso, susceptibles de ser suspendidos. (Art. 6 bis, 129 bis 4 y 129 bis 5); Se establece, para el titular que se sienta perjudicado, un procedimiento contradictorio para rebatir la extinción, susceptible de reconsideración (en sede administrativa) y de reclamación (en sede judicial). Art. 134 bis.

Sobre la regularización de uso consuetudinarios y derechos de aprovechamiento provenientes de predios CORA (arts 2° y 5° transitorios del Código de Aguas) señala que la propuesta concede un plazo de cinco años para presentar la solicitud; El procedimiento se tramitará administrativamente en la Dirección General de Aguas, de conformidad a las normas generales; La regularización de usos (individual) podrá ser presentada por la Junta de Vigilancia de forma colectiva, y La resolución que regularice, deberá inscribirse dentro del plazo de 6 meses en el Registro de Propiedad de Aguas del CBR.

Señala que los antecedente en este eje son los siguientes: La existencia de una fragmentación de instituciones con competencia sobre el agua y la inexistencia de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; La DGA no es el único organismo que concede o reconoce derechos de aprovechamiento de aguas; La realidad hídrica de distintas cuencas sobre todo aquellas con serios problemas de disponibilidad, se ve afectada por los procedimientos de regularización efectuadas ante la justicia, que han contribuido, por ejemplo en las cuencas de Copiapó, La Ligua; Petorca, a un serio problema de sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento, y que u na parte importante de este sobre otorgamiento se explica por los actuales 2° y 5° transitorios del Código de Aguas.

A continuación, exhibe la siguiente nota de prensa que contiene la decisión de la Corte de Apelaciones en favor de agrícola.

Luego, en las siguientes láminas se refiere a casos representativos de regularizaciones:

Sostuvo que la indicación sustitutiva del Ejecutivo propuso derogar estos artículos transitorios, sin embargo, durante la tramitación del proyecto se hizo evidente que una gran cantidad de regantes (en la zona centro sur del país) no contaban con sus respectivas regularizaciones. Explica que dado que la solución podía generar un nuevo problema, el Ejecutivo decidió trabajar una nueva indicación proponiendo llevar un procedimiento administrativo que permita a la organización presentar pruebas en conjunto y que el conjunto de la regularización no signifique una sobre explotación de la fuente o del río.

Finalmente, la señora Tatiana Celume (Asesora Legislativa de la Dirección General de Aguas), se refiere a los artículos 2° y 5° transitorios que son de competencia de la Comisión de Hacienda.

Señala que el actual artículo 2° transitorio contempla dos hipótesis: a) Usuario contra título inscrito de un tercero, por uso ininterrumpido y sin clandestinidad y b) Regularizar usos ancestrales (5 años hacia atrás de 1981).

En cuanto al Procedimiento destaca los siguientes elementos: a) Sujeto activo: sólo el usuario individual; b) Etapa administrativa: se aplica el procedimiento general del Título I del Libro Segundo (solicitud, publicación, eventual oposición, visita a terreno e informe técnico que se remite al tribunal) (art. 134 y siguientes); c) Etapa judicial: ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. Se aplican las notificaciones del CPC. Se abre un término probatorio para determinar, entre otros, la “antigüedad del uso” y en el que se admite “toda clase de pruebas”, incluso la testimonial. Finalmente, explica que concluido el término probatorio, se dicta sentencia la que deberá ser llevada por un receptor judicial al CBR, para su respectiva inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas.

Sostiene que la propuesta de Reforma al artículo 2° transitorio contiene solo una de las hipótesis. Sólo se regularizan usos ancestrales. Se elimina la primera hipótesis. Sobre el procedimiento contiene a) como sujeto activo: usuario individual u Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) a nombre de sus usuarios; b)Sólo mantiene la etapa administrativa, la que finaliza con la resolución de la DGA que aprueba o rechaza la regularización, siendo susceptible de reconsideración y/o de reclamación ante la Corte de Apelaciones, y c) Las notificaciones se harán de conformidad a las normas administrativas; el informe técnico de la D.G.A. es vinculante para resolver la solicitud de regularización.

Respecto de los beneficios explica que: a) Se amplía a las OUA la acción para tramitar el procedimiento regularizatorio; b) Se simplifica el procedimiento (solo aplica reglas del CA, arts. 134 y sgtes.) y es más económico para el usuario (no requiere de abogado y las notificaciones y el proceso de inscripción de la resolución adolecen de costes excesivos), y c) Se fortalece el criterio técnico por sobre otros medios de prueba (prueba testimonial que puede ser muy subjetiva);

En cuanto al actual artículo 5° Transitorio, explica que contempla la determinación por el SAG e inscripción de los derechos de aprovechamiento de los terrenos expropiados por las leyes 15.020 y 16.640; La determinación la realiza de acuerdo a la extensión regada que tengan los predios, pudiendo incorporar otros derechos de aguas de que disponga este organismo. El SAG actúa de forma autónoma sin un informe de disponibilidad y/o equivalencia de los derechos por parte de la DGA.

Señala que la propuesta de Reforma al Art. 5° Transitorio se aplica el mismo procedimiento administrativo contemplado para el artículo 2° transitorio. Se solicita al SAG un informe de los derechos de aprovechamiento que tienen el predio o los que se le incorporaran. El procedimiento finaliza con la resolución DGA que asigna los derechos de aprovechamiento de aguas que correspondan a cada predio, especificando las características de este.

En materia de beneficios indica que el procedimiento se realiza por la DGA (organismo técnico a cargo de la determinación de los derechos de aprovechamiento), revisando todos los antecedentes técnico –legales, sin perjuicio de considerar el informe SAG emitido al respecto. Al regularizar el derecho de aprovechamiento la DGA deberá establecer todas las características de éste, lo que hoy no ocurre. La DGA obtiene directamente la Información del derecho regularizado.

Manifiesta que conforme a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del proyecto de ley los procedimientos descritos en los artículos 2°y 5°transitorios del Código de Aguas, solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización.

Añade que los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda. Finalmente, expresa que el Instituto de Desarrollo Agropecuario o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros, respectivamente.

Finalmente, en cuanto al impacto financiero fiscal de las indicaciones exhibe el siguiente cuadro:

El señor Chahin, consulta si se exime del pago de patentes a las comunidades indígenas o pequeños agricultores. Al respecto, el señor Carlos Estévez (Director General de Aguas) afirma que el proyecto de ley recoge la exención en estos casos y que se encuentra regulada en el artículo 129 bis .

Sesión N° 243 de 6 de septiembre de 2016.

El señor Joaquín Villarino (Presidente del Consejo Minero), comienza por señalar que acompañará a su presentación los documentos de carácter técnico que fueron expuestos en la Comisión Técnica.

A continuación procede a realizar una completa exposición, que se transcribe a continuación y que se centra en los aspectos que dicen relación con las materias de competencia de la Comisión de Hacienda.

En primer lugar, se refiere al contexto del consumo del recurso hídrico de la industria minera para entender cuán importante es que se modifique el régimen jurídico de las aguas para esta industria.

Expresa que de las cifras anteriores se desprende que el agua es imprescindible en los procesos mineros y la evolución de su consumo está fuertemente condicionada por el aumento en el tratamiento causado por una caída en las leyes. Explica que conscientes de la escasez del recurso, la minería ha hecho grandes esfuerzos en lograr un uso eficiente del agua y lo seguirá haciendo. Añade que también está haciendo esfuerzos para reemplazar agua de fuentes continentales por agua de mar, en los casos donde es posible, pero el costo es una limitante significativa.

Sobre el proyecto de ley en estudio, manifiesta que comparten el objetivo central de establecer una prioridad para el uso del agua en favor del consumo humano y el saneamiento.

Expresa que en caso de despejarse las dudas de constitucionalidad, no advierte problema en que se establezca una extinción de derechos por no uso, manteniendo la objetividad en la calificación de no uso.

Señala que si bien durante la tramitación se han introducido algunas mejoras al proyecto, también surgieron varias imprecisiones, contradicciones y disposiciones inconvenientes que espera sean subsanadas. Para tener una idea de lo anterior, a modo de anexo se acompaña las presentaciones que se expusieron en la Comisiones de Recursos Hídricos y de Agricultura.

A continuación, se refiere a temas específicos en relación a las materias propias de esta Comisión de Hacienda.

Sobre el interés público y nuevas funciones del Estado, expresa que desde las primeras versiones de este proyecto han manifestado preocupación por disposiciones relacionadas con el interés público, algunas de ellas aparentemente programáticas, pero que de todos modos otorgan responsabilidades al Estado y repercuten en requerimientos de recursos por parte de organismos públicos. Señala que mayor es la preocupación cuando las nuevas responsabilidades no quedan radicadas en organismos específicos, exacerbando la ya conocida dispersión institucional en materia de gestión del agua que, entre otros, fue destacada en un estudio del Banco Mundial: 43 organismos a cargo de 102 funciones.

Precisa que las normas que se encuentran en la situación descrita son las siguientes:

- El artículo 5°, inciso cuarto, establece que “El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.”

- El inciso sexto del mismo artículo prescribe: “En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y

- El artículo 5° bis, inciso tercero señala: “La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas.”

- El artículo 6 bis, inciso sexto: “Del mismo modo caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente.”.

Art 58, inciso sexto: “Asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente, como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, ….”.

Hace presente que en un sector que lamentablemente se ha caracterizado por una dispersión institucional y la escasez de recursos para que los organismos públicos ejecuten las funciones que le encomienda la ley, con los consiguientes problemas de demoras en trámites y permisos, es importante que esta reforma legal contribuya a racionalizar funciones y no lo contrario.

Respecto de los derechos de aprovechamiento actuales versus nuevas concesiones, expresa que en el Código vigente el artículo 6° define el derecho de aprovechamiento como “un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas…” Explica que en el proyecto esto se reescribe como: “un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas…”. Afirma que con esto se introdujo a la definición de derecho de aprovechamiento una característica propia de las nuevas concesiones, restando claridad a la distinción entre ambos.

Por otra parte, el artículo primero transitorio comienza con el siguiente inciso: “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.” Explica que Ley (el Código reformado) establecerá diversas restricciones al ejercicio de derechos: temporalidad, extinción, priorización de ciertos usos, y en efecto, cabe preguntarse ¿a cuáles de estas restricciones quedan afectos los derechos de aprovechamiento actuales?

Así la cosas, manifiesta que el proyecto de ley es confuso respecto a qué regulaciones, en principio destinadas a las nuevas concesiones, también se aplicarán a los derechos de aprovechamiento actuales, con la consiguiente dificultad para anticipar la carga de trabajo y recursos para los organismos públicos involucrados.

Respecto de las Aguas del Minero, manifiesta que a partir de indicaciones parlamentarias se propone modificar el artículo 56, introduciendo la obligación de informarlas a la DGA y una autorización de uso de esta última de acuerdo al peligro para la sustentabilidad del acuífero y los derechos de terceros.

Antes del análisis sobre sus implicancias fiscales, precisa que estas aguas están reguladas en el Código de Aguas, en el Código de Minería y, en la práctica, en el SEIA; son aguas halladas durante los trabajos mineros; representan el 9% del total de extracciones de agua en minería; es necesario extraerlas para evitar derrumbes en rajos y túneles; sólo se pueden usar en labores mineras, no son comerciables; son de calidad diversa que no siempre permite su devolución a cauces o acuíferos. Por último, señala que en el SEIA se fijan límites a las extracciones totales de agua, de modo que si se extraen aguas del minero se debe reducir el agua obtenida de otras fuentes.

Hace presente que no ven inconveniente en la propuesta de modificación al artículo 56 que obliga a informar la extracción de estas aguas, dado que ya se informan a Sernageomin, DGA y SMA en el contexto del cumplimiento de las RCA, además, el proyecto de ley sobre fiscalización y sanciones en materia de agua (boletín N° 8149-09), en segundo trámite en el Senado, ya introdujo la información de informar.

Sin embargo, manifiesta que ve inconveniente en la solicitud de autorización de uso a la DGA, dado que se convertiría en una limitación adicional a las que establecen las RCA, lo que puede atentar contra la viabilidad de algunas faenas. Mientras la DGA resuelve la autorización –de acuerdo a la experiencia esto puede tomar mucho tiempo– la faena minera no podrá usar el agua y, como debe extraerla por seguridad de la operación, tendrá que construir embalses para acumular transitoriamente esta agua (que también requiere un permiso de la DGA), con el costo que ello implica. Agrega, que esta norma surgió como indicación parlamentaria, aún cuando involucra nuevas funciones para la DGA, con la consiguiente implicancia constitucional y de requerimiento de recursos fiscales.

Finalmente, concluye que el agua es imprescindible en los procesos mineros, sin embargo afirma estar conscientes de la escasez del recurso, por lo que se procura hacer un uso eficiente del agua y buscar fuentes alternativas. Hace presente, que el carácter estratégico que tiene el agua para la minería los lleva a participar activamente en el debate de políticas públicas para el recurso, llegando así a seguir de cerca la tramitación de esta reforma al Código de Aguas, exponiendo en las Comisiones donde ha sido analizada.

Enfatiza que si bien están de acuerdo en que se establezca una prioridad para el uso del agua en favor del consumo humano y el saneamiento, durante la tramitación han surgido varias imprecisiones, contradicciones y disposiciones inconveniente que han manifestado y que esperan sean subsanadas.

Por último, en lo referido a nuevas atribuciones y funciones de organismos púbicos, con implicancias de recursos fiscales, recalca que varias de esas funciones se plantean en términos excesivamente genéricos, agudizando el problema de dispersión institucional ya existente. Al no establecerse en forma clara las regulaciones a las nuevas concesiones que también aplicarán a los derechos de aprovechamiento actuales, más difícil es estimar la carga para organismos públicos. En particular, la nueva obligación de solicitar autorización a la DGA para usar las aguas del minero, junto con superponerse a la regulación ambiental e imponer costos excesivos a la actividad minera, constituye una nueva función para la DGA otorgada mediante indicación parlamentaria, por lo que estima necesario revisar su constitucionalidad y efecto presupuestario.

A continuación, el señor Silva, pide a la Secretaria de la Comisión hacer un análisis de las normas citadas en la presentación a la luz de las normas de competencia de la Comisión.

Por su parte, el señor Melero, considera importante conocer la valoración del Ministerio de Hacienda en cuanto los eventuales gastos que irrogarían al Estado las normas que han sido citadas. Expresa que es importante conocer el impacto financiero de dichas normas.

El señor Auth, considera necesario conocer la opinión del Ejecutivo, particularmente respecto de aquellas normas que según la exposición adolecerían de vicios de constitucionalidad, por tratarse de materias que han sido incorporadas al proyecto vía indicación, no obstante ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), hace presente que hasta el momento no ha existido cuestionamiento de constitucionalidad respecto de alguna de las nomas del proyecto, sino solo un debate en cuanto a la normas de competencia de Hacienda, particularmente respecto de las que dicen relación con el pago de patentes, señalando que se trata de un tema que debe ser zanjado en una sesión posterior.

El señor Jaramillo, consulta por el costo del agua de mar en minería en cuanto a si solo se refiere al cobre o también a otros minerales.

El señor Aguiló, hace presente que el proyecto de ley ha pasado por dos comisiones técnicas y en efecto, han existido dos instancias u oportunidades para que el Presidente de dichas comisiones o la Secretaría de éstas objeten la constitucionalidad o inadmisibilidad de las normas en discusión, y sin embargo no ha habido cuestionamiento alguno. En segundo lugar, señala que el proyecto de ley tuvo como antecedente un informe del Banco Mundial que señala que en la estructura estatal chilena existen 43 organismos técnicos en la materia y 102 funciones asignadas a estos organismos. Recalca que las funciones existentes son más que suficiente y que, el proyecto de ley no crea ni un nuevo organismo ni nuevas funciones. Por último, señala que la llama la atención que se discuta si meras normas programáticas puedan irrogar gastos, puesto que no éstas no implican la ejecución de nuevas funciones. Pide valorar el trabajo de las comisiones técnicas respecto del análisis de las normas

El señor Melero, hace presente que el señor Alejandro Micco, Subsecretario de Hacienda, hizo presente que en la sesión pasada la preocupación del Gobierno frente a materias discutidas en las comisiones técnicas.

El señor Jorge Valverde (jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda) remarca que cuando ingresó el proyecto de ley se tuvo en consideración el hecho de que ciertas normas pudieren implicar mayores gastos, sin embargo del análisis realizado se determinó que las facultades señalas a la DGA no implicaban nuevas funciones para el organismos. Se definió que se trababan de funciones que ya cumplía y que por ende no irroga un mayor gasto fiscal al Estado. No obstante lo anterior, manifiesta que si existiera duda respecto de alguna disposición en particular el Ejecutivo se encuentra disponible para discutirla.

A continuación hace uso de la palabra el señor Claudio Seebach (Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile), quien comienza por señalar que Generadoras es una asociación gremial que agrupa a las principales empresas de generación eléctrica en Chile, cuya misión es promover el desarrollo de la generación de energía en el país, basado en los principios de sostenibilidad, sustentabilidad, confiabilidad (seguridad, suficiencia y calidad) y competitividad. Representan poco más del 80% de capacidad y generación eléctrica del país; operan y desarrollan todo tipo de fuentes de generación, tanto energías renovables (hidro, solar, eólica, biomasa, etc) como termoeléctricas.

En segundo lugar, explica cómo la energía eléctrica está presente en nuestra vida y contribuye a nuestro bienestar. Manifiesta que el desarrollo tecnológico está transformando acelerada y profundamente a la sociedad, lo que generará una mayor demanda de energía eléctrica.

Señala que en esta línea el Ministerio de Energía definió una Política Energética al 2050 que propuso una meta de 70% de generación eléctrica renovable (hidroelectricidad, solar, eólica, geotermia, biomasa y otras).

Expone que la energía 2050 le otorga un lugar especial a la hidroelectricidad no sólo como fuente de energía renovable sino como complemento necesario para mayor penetración de energías intermitentes como solar y eólica.

Agrega que el Ministerio de Energía ha estimado un potencial hidroeléctrico factible de desarrollar cercano a 15.500 MW a nivel nacional (hoy hay 6.543 MW

en operación).

Enfatiza que un desarrollo más sustentable implicará un mayor uso de electricidad (y menos de otras energías).

Para explicar de mejor manera que la proyección de la política energética al 2050 indica que el consumo de electricidad, al menos, se duplicará, exhibe las siguientes láminas:

Luego, mediante el siguiente gráfico explica por qué no podemos prescindir de la hidroelectricidad.

Destaca las principales características de la hidroelectricidad, señalando que es una fuente energía local y renovable, evita la dependencia de fuentes de energía fósiles, importada y no renovables; otorga estabilidad y seguridad en frecuencia y voltaje de la red; constituye fuente de almacenamiento de energía eficiente y sustentable; da respuesta rápida y flexible ante variaciones de demanda; reserva de energía para compensar consumos de punta o fallas repentinos cortes; permite recuperar rápidamente (black start) el sistema eléctrico luego de apagones (black out). Finalmente, sostiene que países como Nueva Zelandia, Noruega o Canadá tiene bajos factores de emisión gracias al desarrollo hidroeléctrico.

Explica que para cumplir el gran desafío a largo de plazo de mayor generación renovable y fuentes más flexibles, es necesario compatibilizar el marco institucional con el derecho humano al agua y al saneamiento, preservando la existencia de señales acerca del nivel de escasez del recurso y cuidando su uso eficiente; contar con un marco regulatorio estable que posibilite el desarrollo de la

hidroelectricidad, flexible, económica y segura fuente de energía local y renovable; tener una institucionalidad del agua moderna, con rango político suficiente y acorde con los desafíos futuros, superando la fragmentación de funciones y dificultades de coordinación actuales. Asimismo, señala que se requiere una mejor gobernanza de las cuencas que considere a todos los sectores usuarios del agua, como paso previo y necesario para lograr la tan deseada gestión integrada de cuencas, y contar con diagnósticos certeros y específicos de la situación hídrica de cada cuenca, en particular, basado en evidencia científica.

Luego expone los principales impactos y riesgos identificados en el estado actual del PL de Reforma al Código:

- Aplicación retroactiva del caudal ecológico por parte de la DGA, al margen del SEIA, en tres situaciones: (1) en áreas protegidas; (2) en zonas declaradas degradada, amenazado o sitio prioritario; o (3) si el derecho es ejercido mediante una obra mayor, como típicamente ocurre en hidrogeneración (Art 129 bis 1);

•

- Extinción de los actuales derechos en un plazo acotado de 8 años (derechos no consuntivos) por no uso, sin suspensión de plazos por tramitación ante DGA, por solicitudes de traslado del punto de captación o restitución (Art 6 bis 1 inciso 3ero);

- Reservas para preservación ecosistémica o aguas indígenas, al margen del SEIA y bajo criterios poco precisos, reduciendo el dominio público hidráulico del país y dificultando el desarrollo de inversiones en zonas de alto potencial. (5°, 5° ter, y 147 bis);

- Precariedad de los nuevos derechos al quedar expuestos a revisión permanente bajo criterios poco precisos, de carácter obligatoria sobre 10 m3/s , no renovación de la concesión por cambio de uso e incerteza en los plazos de renovación . (Art. 6º);

- Caducidad de los nuevos derechos como consecuencia del cambio de destino de las aguas indicado en el titulo original, impidiendo la normal y beneficiosa reasignación de las aguas. (Art. 6º bis inciso final), y

- Aplicación general retroactiva de toda la ley a todos los derechos otorgados con anterioridad.

A modo de conclusión señala que el futuro será mucho más eléctrico, con ciudades, hogares, transporte e industrias más sustentables, menos contaminadas y más intensivas en uso de energía eléctrica. (y menos de otras fuentes de energía). La hidroelectricidad es base de un desarrollo sostenible, utilizando, pero no consumiendo el agua, y central para el objetivo de la Política Energética de lograr un 70% de energía renovable al 2050, que proyecto tipificar la actual generación hidroeléctrica.

Afirma que la reforma introduce incertidumbres que generan un impacto relevante para la operación del sistema y el desarrollo de nuevos proyectos, poniendo en riesgo la concreción de una matriz de generación más renovable, y la electricidad necesaria para un mayor desarrollo económico y social de Chile.

Considera necesario profundizar el diálogo y desarrollar la información para un diagnóstico detallado, basado en evidencia científica, y así construir una Política de Recursos Hídricos compartida y sostenible en largo plazo, identificando a partir de ella los cambios regulatorios pertinentes.

El señor Schilling, expresa que la exposición del representante de Generadoras da un panorama positivo del agua en la generación de hidroelectricidad. Cree que no es difícil compartir esa visión optimista. Consulta si el gremio de las generadoras ha evaluado el impacto negativo del uso del agua y de ser así pide que se exponga.

El señor De Mussy, considera fundamental escuchar en esta discusión al Ministro de Energía. Solicita invitarlo para la próxima sesión

El señor Morano, consulta por el consumo de agua considerado para la generación de hidroeléctrica.

El señor Melero, junto con agradecer la presentación, solicita se ahonde en el punto de la reserva para la preservación ecosistémica o aguas indígenas, al margen de los estudios de impacto ambiental. Pregunta cómo debería enfrentarse el tratamiento a las comunidades indígenas en esta materia.

Claudio Seebach (Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile), expresa que evidentemente toda actividad humana, genera impacto, razón por la cual tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental. Precisa que en materia hidroeléctrica es impensable el desarrollo de proyectos que no sean sustentables. Indica que siempre hay que mirar en su integralidad el impacto que tiene el desarrollo hidroeléctrico y que es imposible conciliar un desarrollo de hidroelectricidad si no se hace con las comunidades. Destaca que así lo han entendido las empresas que empiezan nuevos proyectos. Hace presente, que han trabajado en conjunto con el Ministerio de Energía en una mesa de hidroelectricidad sustentable que ha sido convocada para este efecto de definir los criterios de desarrollo hidroeléctrico sustentable para el país y analizar el impacto en materia de comunidades y ambiental.

Respecto del consumo de agua afirma que es cero, razón por la cual no aparece en las estadísticas de las DGA. Además, señala que no se afecta la composición de la calidad de la misma.

En cuanto a cómo debe ser una adecuada gestión en materia de comunidades indígenas, manifiesta que han trabajado con destacadas ONG internacionales, entre las cuales, se encuentran: Word Wildlife Fund y The Natura Conservancy, que están involucradas en la gestión sustentable del agua. Asimismo, indica que el Ministerio de Energía ha convocado una mesa de trabajo, en la que participan activamente, para buscar los mecanismos de creación de valor compartido con las comunidades.

El señor Melero, solicita incorporar al listado de invitados a los representantes de las ONG mencionadas por el expositor. Así se acuerda.

La señora Sara Larraín, (Directora Ejecutiva de Chile Sustentable), inicia su exposición señalando el proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas, tiene su origen en una Moción parlamentaria ingresada el año 2011 por los diputados Accorsi y Jaramillo (PPD) de Urresti (PS), Meza (PRSD), Molina (UDI), Pérez (RN), Tellier (PC), Sepúlveda (Ind) León y Vallespín (DC). La tramitación de la reforma se inició el año 2013, siendo votada casi totalmente por la Comisión de Recursos Hídricos durante ese año, y luego apoyada parcialmente por el nuevo Gobierno, el cual ingreso una indicación sustitutiva en octubre de 2014.

Explica que la indicación sustitutiva comenzó a ser votada en enero de 2015, tuvo 70 indicaciones y concluyó el 20 de octubre de 2015 pasando a la Comisión de Agricultura, donde tuvo 30 indicaciones, se escuchó a 35 organizaciones y demoró 9 meses la tramitación, concluyendo en junio de 2016. Enfatiza que se van a cumplir 6 años de ingreso y 4 años de tramitación y aun no pasa a la Cámara Revisora.

A continuación, realiza una completa presentación que aborda en detalle los aspectos de fondo de la Reforma, como asimismo, la evaluación de las recomendaciones de la OCDE, y que se transcribe a continuación:

Finalizada la exposición, el señor Melero consulta a la señora Larraín su opinión respecto de los planteamientos que en la sesión pasada expuso el Subsecretario de Hacienda. La señora Sara Larraín (Directora Ejecutiva de Chile Sustentable), expresa que en la sesión pasada el Subsecretario de Hacienda hizo eco de lo expuesto por los sectores productivos, en relación a temas indígenas, aguas del minero y caudal ecológico. Recalca que estos temas ya han sido resueltos por las respectivas comisiones técnicas y señala, que en todo caso, no son de competencia de esta Comisión.

El señor Santana, consulta si existe un estándar mundial de los APR. Al respecto, la Secretaria Ejecutiva de Chile Sustentable responde que el tiempo que demora en pasar de ser organizaciones funcionales municipales a servicios sanitarios rurales es distinto y que hay hasta de 5 años, sin embargo, explica que hay una obligación de la autoridad de generar las competencias técnicas para aquellos no lo tienen.

Sesión N° 245 de 13 de septiembre de 2016.

El señor Javier Carvallo (director de la CONCA), explica que el derecho de aprovechamiento de aguas (DAA) es la facultad de usar, gozar y disponer de un derecho de agua, originariamente otorgado por el Estado. Existen de dos tipos: No consuntivos y consuntivos. Los primeros deben restituir el agua (9.313, 10% del total de DAA concedidos por la DGA a 2014) y los segundos no (84.138, 90% del total de DAA concedidos por DGA a 2014). Agrega que los propietarios de DAA ascienden a 127.146, la mayoría agrupados en alrededor de 4.000 Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), ya sea en juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de agua (superficiales y subterráneas).

Ilustra que representa a una agrupación gremial, de derecho privado y sin fines de lucro, formada en 1948, que reúne a la mayoría de los propietarios de DAA de Chile. Sus asociados se extienden desde el río Lluta (región de Arica y Parinacota) hasta el río Cautín (región de la Araucanía).

Respecto a las dos normas de competencia de esta Comisión, refiere que la propuesta original al artículo 2° transitorio establecía un plazo para regularizar de 6 meses y que los OUA no podrían representar a los propietarios DAA para regularizar y en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos se aumentó el plazo a 5 años y se permitió la representación por vía administrativa.

Complementa que la propuesta original al artículo 5° transitorio contemplaba la eliminación de esta norma a los 6 meses y el SAG determinaría en forma proporcional los DAA que le corresponden a cada predio asignado por la Reforma Agraria, modificándose en la Comisión Técnica en el sentido de mantener el plazo de 5 años para iniciar el proceso y que la DGA acreditará existencia y extensión de los DAA expropiados y asignados, junto con revisar que no exista duplicidad en la asignación de ellos.

Manifiesta estar de acuerdo con ambas modificaciones y solicita a esta Comisión que apruebe los recursos solicitados por la DGA para su aplicación.

Destaca que estas modificaciones son fundamentales porque la propuesta original dañaba el patrimonio de los pequeños agricultores, ya que en el caso de los terrenos regados el 80% del valor de la tierra corresponde al derecho de aprovechamiento de aguas, constituyendo el principal y casi único patrimonio de más de 100.000 pequeños agricultores. Así, la gran mayoría de propietarios de DAA no regularizados corresponde a pequeños agricultores, a quienes el proceso de regularización les costaría entre $2.000.000.- a $5.000.000.-, lo que en muchos casos – asegura – excede su capacidad real de pago.

En consecuencia, si se concretaba la eliminación de los DAA no regularizados cerca del 50% de los titulares habrían perdido su derecho, volviendo éstos a manos del Estado, lo que fue comprendido por la DGA y, en septiembre del año pasado, introdujo las nuevas modificaciones ya señaladas.

En cuanto a la gestión del agua en Chile, enseña que los propietarios de DAA son los únicos que, según sus derechos, pueden extraer agua y son quienes sostienen el sistema. Se agrupan en Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), de administración privada, sujetas al ordenamiento jurídico vigente y a la normativa sectorial que es de orden público. En ese orden, para que una comunidad de aguas esté organizada debe haberse constituido (artículos 187 y 188 del Código de Aguas), registrado en la DGA (artículo 196 del Código de Aguas) e inscrito en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo (artículo 196 del Código de Aguas).

Hace saber que hay tres tipos de OUA: las juntas de vigilancia con directorio y juez de río; las asociaciones de canalistas o comunidades con directorio y celadores (ambas reparten DAA expresados en acciones); y las comunidades de agua (superficiales o subterráneas). Añade que las OUA se autogestionan de manera democrática y se autofinancian, pero su funcionamiento está sujeto a la fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) y sus deberes están establecidos en el Código de Aguas. Acota 4 capacidades: técnicas, administrativas, económicas y legales.

Por último, expone que las OUA tienen las siguientes funciones: gestionar, administrar y repartir diariamente las aguas en cada una de las fuentes o ríos; resolver de conflictos; operar, mantener y perfeccionar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las aguas en Chile, en un total cercano a los 150.000 kilómetros de canales; e, integrar los diferentes usos del agua: agua potable, minería, industria, generación hidroeléctrica y agricultura.

El señor Santiago Matta (director de la CONCA), se propone desmitificar comunes aseveraciones, entre las cuales destaca las siguientes:

MITO 1: El agua es 100% privada

Explica que el agua es un bien nacional de uso público en la fuente, es decir, su dominio pertenece a la Nación y su uso a todos sus habitantes pero como es imposible que todos usen el agua al mismo tiempo, existe un ordenamiento para su uso, que históricamente ha operado mediante concesiones. Primero se llamaron Mercedes de Agua y desde 1908 Derechos de Aprovechamiento de Agua (DAA), que actualmente ascienden a 93.451.

Indica que como toda propiedad, la que se tiene sobre un DAA reconoce límites que derivan de su función social, a saber: los intereses generales de la Nación; la seguridad nacional; la utilidad y la salubridad pública; y la conservación ambiental. Fundado en los límites señalados es posible privar de todo o parte de su propiedad cuando el legislador autorice al ejecutivo la expropiación.

MITO 2: Los DAA fueron otorgados gratuitamente

Expresa que el agua fue entregada al usuario en la fuente (río) y que para su uso se requirió de la construcción de infraestructura de captación, conducción, distribución y evacuación de sobrantes, la que fue financiada, en su gran mayoría, por los propietarios de los DAA. Así, asegura que han invertido a lo menos US$ 75 mil millones (sin contar la inversión en infraestructura realizada por las generadoras eléctricas) en desarrollo de infraestructura para gestionar y repartir el agua en Chile, que detalla de la siguiente forma:

• 35% de riego tecnificado

• 150 mil kilómetros de canal

• 30% de canales revestidos

• Obras de distribución y embalse

• 15% de sistema automático de compuertas y/o tele comando

• Sistema de control de calidad de aguas (red de monitoreo químico y físico)

• Programa de nacional de instalación de instrumentos de medidas de caudales, en la bocatoma de cada canal de Chile

En el mismo sentido, informa que el gasto anual valorizable en US$ 2700 millones anuales en administrar el recurso hídrico, de los que US$150 millones corresponden a mantención de canales y US$2.550 millones a gestión del agua que comprende:

• 20 mil directores ad honorem

• 20 mil empleados fijos y 100 mil empleados temporales

• Desarrollo de campaña nacional de infiltración de acuíferos

• Ley de Fomento al Riego, para el desarrollo de obras de riego y drenajes en predios privados y en canales de regadío (inversión de US$160 millones anuales, de los que el 50%, lo aportan los privados).

Por lo anterior, resuelve que los usuarios han pagado por concepto de DAA, a lo menos US$75 mil millones en infraestructura (6,5 veces el gasto fiscal en educación del año 2015, 8 veces el gasto en salud y 23 veces el gasto en OOPP, ambos para el mismo período) y realizan un gasto anual valorizable en US$2.700 mm en mantención de canales y gestión del agua (80% más que el gasto anual que genera el transantiago)

MITO 3: Las OUA no han sido eficientes en su actuar y el Estado lo haría mejor

Destaca que gracias a las OUA hay 1.200.000 hectáreas regadas en el país (35% con sistema de alta eficiencia); 13,8 millones de habitantes abastecidos con agua potable; 50% de la generación de la matriz energética de Chile; y, apoyo al desarrollo del agua potable rural (APR) en Chile a través de recarga artificial de acuíferos, que superan los 10 mil sistemas pero sólo alrededor de 200 se vieron afectadas por la sequía.

MITO 4: Chile tiene escasez de agua

Por último, comenta que en Chile se vierten al mar 95.200 mm3 de agua anualmente entre la I y la VIII región y hace presente la necesidad de invertir en embalses para poder almacenarla.

El señor Rodrigo Weisner (ex director de la DGA), expone las debilidades del proyecto de ley y hace presente posibles mejoras al mismo a través de la siguiente presentación:

El señor Martín Arrau (presidente de la Asociación de Regantes del Ñuble), informa la situación puntal del Rio Ñuble, explica algunos mitos que existen en torno al tema del agua y hace presente las debilidades y falta de recursos del proyecto de ley, a través de la siguiente presentación:

El señor Matías Desmadryl Lira (abogado y profesor de Derecho de Aguas), como antecedentes previos a su exposición, afirma que el diagnóstico que existe contiene problemas que no son abordados por este proyecto de ley; que la reforma no solo no resuelve problemas, sino que los agrava; que algunos cambios son inconstitucionales; y que la discusión debió partir en el perfeccionamiento institucional y en el aumento presupuestario, ya que las modificaciones van el sentido contrario, generando:

• Cambio de la naturaleza jurídica de los derechos

• Introducen el concepto de caducidad

• Prioridades de uso

• Afectación de derechos existentes

• Disminuye el rol de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (juntas de vigilancia, confederación de canalistas y comunidades)

• Aumento de los tiempos de tramitación ante la DGA

Desde el punto de vista del diagnóstico de los problemas que enfrenta Chile en materia de aguas, sostiene que a pesar de la conclusión del Banco Mundial, cual es, que el marco jurídico vigente es adecuado para la gestión del recurso hídrico, en los estudios realizados se identifican los siguientes desafíos a mejorar:

• Mejorar los sistemas de información y comunicación.

• Hacer la gestión del agua subterránea más sostenible.

• Integrar la gestión de cuencas y fomentar la participación de los grupos interesados.

• Mayor coordinación intra e inter sectorial.

• Fortalecer las organizaciones de usuarios.

• Fortalecer la DGA.

• Mejorar la resolución de los conflictos.

• Mejorar el registro público de los derechos de aguas.

• Mejorar la protección de los requerimientos hídricos para los ecosistemas y servicios asociados.

• Mejorar los mercados de aguas.

• Proteger los derechos de aguas de los grupos vulnerables: grupos indígenas y pequeños agricultores.

En cuanto al perfeccionamiento institucional del sector de Recursos Hídricos, hace saber las posibles mejoras utilizando el marco institucional actual vigente, a saber:

• Formulación de planes de desarrollo institucional.

• Desarrollo de capacidades institucionales (RH e infraestructura –sistemas de medición hidrometeorológica y de calidad de agua).

• Planes de financiamiento.

• Planes de fortalecimiento a las OUA y creación de federaciones de Juntas de Vigilancia

• Sistemas de intercambio y generación de información.

• Planes de coordinación interinstitucional.

• Mejora en los sistemas de auditoria.

Por otra parte, estima posible un reordenamiento y/o ampliación de competencias mediante modificaciones legislativas menores sin crear nuevas instituciones:

• Fortalecimiento de las OUA.

• Transferir a la DGA todas las funciones relacionadas con el control de la calidad del agua.

• Fortalecimiento de la DGA

• Perfeccionamiento Institucional sector de Recursos Hídricos

• Elaboración de reglamentos y normas para complementar el marco legal existente.

• Extensión y fortalecimiento de las funciones ejercidas por otras instituciones.

• Fortalecer el catastro público de agua (CPA), poner plazos fatales al perfeccionamiento de los DAA.

Sin perjuicio de lo anterior, considera necesaria la creación de nuevas instituciones y/o reordenamiento de funciones:

• Subsecretaría de Recursos Hídricos incorporando funciones de varias instituciones actuales.

• Comisión Nacional de Aguas, en MMA.

• Creación de una Superintendencia de aguas (fiscalización de derechos y obligaciones de los usuarios/stakeholders y fomento a los OUAs).

• Creación de Consejos de Recursos Hídricos por Cuenca.

• Servicio Hidro-méteorologico Nacional.

Mapa de posible nuevo diseño institucional

Colaboración Banco Mundial: Subsecretaría de Recursos Hídricos

Da a conocer una nueva institucionalidad, delineada con la colaboración del Banco Mundial, que en una segunda etapa prepara el Plan de Desarrollo Institucional de los Recursos Hídricos de Chile, con dos fases. La primera consistente en acciones para la mejora institucional, enfocada en: recursos humanos de la DGA y su gestión; financiamiento necesario para la gestión de los recursos hídricos; y, sistema de información sobre los recursos hídricos (Coordinación inter-institucional

Marzo 2014). La segunda fase apunta al desarrollo de la arquitectura de la futura institucionalidad (Julio 2014)

Informa que el trabajo realizado por el Banco Mundial concluye que es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad vigente tanto a nivel nacional como a nivel local mediante las siguientes actividades:

• Mejoramiento de la atención oportuna de solicitudes de terceros.

• Formulación de un Plan de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo para la Gestión de los Recursos Hídricos.

• Desarrollo de la capacidad existente de recursos humanos.

• Fortalecimiento de las OUA.

• Fortalecimiento de la coordinación ínter institucional.

• Mejoramiento de la fiscalización.

• Fortalecimiento de los mecanismos y sistemas para generar datos y compartir información.

• Fortalecimiento del Catastro Público de Aguas (CPA)

Asevera que las principales temáticas que aborda el proyecto de ley requieren en su mayoría mayores recursos económicos, entre los que destaca:

1. Modificación de la naturaleza jurídica del DAA

2. Caducidad/pérdida de los DAA

3. Restricciones al ejercicio de los DAA

4. Limitaciones en la constitución de un DAA

5. Aguas del minero

6. Modificaciones al procedimiento de cobro de patentes por no uso.

7. Modificación a la facultad de la DGA de declarar zona de escasez

8. Fortalecimiento DGA

9. Afectación DAA regularizables

10. Aplicación de caudal ecológico mínimo a derechos antiguos

Modificación de la naturaleza jurídica del DAA

Respecto al primer tema, ilustra que actualmente los DAA son un derecho real de propiedad, perpetuo, amparado por la Constitución y que con la modificación se reemplaza su naturaleza jurídica y pasan a ser una concesión administrativa sobre las aguas.

Respecto al plazo, se otorgan por un plazo determinado: plazo 30 años, prorrogables, existiendo gran discrecionalidad en su duración (art. 6 “resolución fundada”). Además, la modificación establece que los DAA se constituirán en función del interés público, lo que deja espacio para una gran discrecionalidad en su otorgamiento (art. 5 “interés público”). Se pregunta qué pasará con un proyecto netamente privado de un pequeño agricultor.

En cuanto a la función del agua, comenta que la nueva normativa consagra una categorización de los usos: 1°, subsistencia (consumo humano y saneamiento); 2°, preservación eco-sistémica, y 3°, actividades productivas, lo que le parece relevante. Además, se establece una prelación en el uso, es decir, deben prevalecer tanto en la Constitución como en la limitación del ejercicio del DAA (requiere mayores recursos).

Caducidad/pérdida del DAA

Se consagra la pérdida del derecho por falta de uso a los 4 años DAA-C y a los 8 años DAA-NC (esta atribución también importa mayores recursos). Plazos se suspenderán durante la tramitación de permisos necesarios para construir obras, que deban ser otorgados por la DGA y por la DOH (solicitudes de traslados o cambio de punto de captación no suspenderán el plazo). Explica que los tiempos de tramitación, en ocasiones, son muy superiores a los 4 y 8 años, respectivamente. El traslado de DAA, trámite previo a la autorización de obras, puede tomar más de 10 años de tramitación, ya que el traslado no suspende el plazo.

Por último, hace presente que el Ejecutivo ha encargado varios informes en derecho que, en su gran mayoría, concluyen que la caducidad como mecanismo de pérdida del derecho es inconstitucional cuando se aplica sobre derechos prexistentes.

Sesión N° 248 de 27 de septiembre de 2016

Entrando a la Orden del Día, la Comisión procede a recibir a la señora Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado), quien se refirió al impacto que el proyecto de ley en estudio tiene en la pequeña y mediana empresa. En primer término, indica que el Banco Estado tiene una gran importancia en la atención del sector de las empresas de menor tamaño (micro, pequeña y mediana empresas); cuentan actualmente con 600.000 clientes y colocaciones comerciales por 2,5 billones de pesos en créditos otorgados. Dentro de ese grupo recalca que el más relevante es el sector agrícola, dado que representa el 20% de los clientes y cerca de 15% de las colocaciones. Añade que si se observa solo el sector de la micro y pequeña empresa representan el 30% de las colocaciones.

Expresa que si bien existe semejanza entre las tres tipos de pymes en cuanto al acceso al financiamiento, en el sector agrícola se manifiestan importantes diferencias. Explica que se advierten dos grandes grupos, por una parte, la micro empresa agrícola (agricultura familiar campesina) conformada por empresarios con no más de cinco hectáreas y cuyos montos de financiamiento son, en general, menores, se otorgan sin garantía o con garantías estatales, y por otra, las pequeñas empresas que venden más de 2.400 UF al año y que piden montos más elevados de crédito y que son garantizados en gran parte con sus predios agrícolas

El señor Jaramillo consulta cuáles son las regiones que demandan más financiamiento. Al respecto, la señora Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado) responde que las empresas más grandes se encuentran principalmente en las VI, VII; VII, IX, y X región y los empresarios más pequeños se encuentran a lo largo de todo el país.

Respecto del proyecto de ley en estudio, señala que las modificaciones que se plantean al Código de Aguas eventualmente pueden afectar el acceso al financiamiento, debido a la importancia que la tasación tiene al momento de garantizar los predios agrícolas. Explica que en todo caso no se trata de un tema uniforma, toda vez que cada banco aplica sus propias políticas al respecto, sin embargo sostiene que, en general, la falta de claridad de aquellos agricultores que teniendo derechos de aguas no los explotan, indudablemente haría bajar el valor de las tasaciones repercutiendo en el acceso al financiamiento.

Aclara, que para el banco no hay constitución de hipoteca sobre derechos de agua, ya que son inherentes al terreno.

Considera que el organismo fiscalizador requiere de más capacidad fiscalizadora para hacerse cargo la nueva regulación. Manifiesta preocupación por las demoras que para los pequeños empresarios puede significar los trámites asociados al otorgamiento de los créditos.

Para evitar los problemas planteados sugiere claridad en el acto de otorgamiento de la concesión y una clara identificación de las causales por las cuales podría limitar el uso de los derechos de aguas. Expresa que la amplitud de la norma repercute en el valor de tasación que se le asigna a los terrenos, sin embargo reconoce que en ciertas situaciones se debe considerar flexibilidad en cuanto a los plazos de otorgamiento. En general, se refiriere a la necesidad de adoptar medidas que permitan que los valores de los terrenos no se vean perjudicados por incertezas normativas.

Finalizada la presentación el señor De Mussy consulta si existen antecedentes en cuanto a si otros bancos permiten constituir hipotecas sobre derechos de aguas y si existen créditos superiores a 30 años. Al respecto, la señora Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado) responde que no.

El señor Silva consulta cómo se resuelven los casos en que el periodo a financiar excede la vigencia del derecho y qué impacto habrá en las políticas de créditos.

El señor Melero, señala que con la postura del Banco Estado entiende que las modificaciones planteadas van a constituir problemas para el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura al afectar el acceso al crédito. Solicita un pronunciamiento claro en cuanto a si la baja de los valores de los terrenos produce un valor de hipoteca menor y pide, además, se indique cómo evitar que las normas planteadas afecten el valor de los terrenos. En segundo lugar, consulta opinión del Banco respecto del tema minero, dado que el recurso agua es determinante para ese sector.

El señor Núñez (en reemplazo del señor Aguiló), aclara que la postura del Banco apunta a la situación en la que quedan los nuevos derechos de agua y por ende considera fundamental clarificar que el proyecto de ley no altera el derecho de propiedad de los actuales agricultores que tienen derechos de agua. Afirma que la ley no tendrá efecto retroactivo; Señala que si bien habrá que analizar algunas de las inquietudes planteadas se tiene que valorar que una asignación más equitativa de los derechos de agua permite que otros actores ingresen al mercado y, por lo tanto, se debe reconocer que el proyecto puede tener un importante efecto.

La señora Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado) aclara que, según los datos que el Banco maneja, el 80% de los derechos de agua ya están otorgados. Efectivamente sostiene que la postura entregada dice relación con lo que puede eventualmente ocurrir con el flujo de los nuevos derechos disponibles. En segundo lugar, afirma que no tienen antecedentes respecto de lo que están haciendo los otros bancos y sugiere consultar a la Asociación Nacional de Bancos. Sostiene que es indiscutible que si se resta un atributo a una propiedad, ello impacte su valor. Agrega que el objetivo de la exposición no fue generar ningún tipo de alarma, sino clarificar que para no limitar gravemente el acceso a créditos se deben definir con mayor certeza ciertos factores. Señala que no se ha hecho análisis del sector minero.

A continuación, hace uso de la palabra el señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), quien señala que si bien el análisis del eventual impacto que podría generar el proyecto de ley es coherente, estima que la premisa inicial en que se sostiene no es del todo correcta. Señala que el problema del mundo agrícola no es que los agricultores teniendo agua no la usen o no la quieran usar, sino que teniendo y usándola no podido regularizar sus derechos. Indica que cuando el 30% de las colocaciones de las PYMES están vinculadas con el mundo agrícola, que tiene aguas con sus derechos o que utilizan aguas y no tienen regularizados sus derechos. Explica que la regularización lo que hace es entregar un derecho permanente y definitivo que no se prorroga a 30 años.

En segundo término, señala que efectivamente quien da un crédito debe analizar los riesgos, pero aclara que los riesgos no dicen relación con la pérdida de agua. Explica que lo que puede ocurrir es que haya menos agua y que no se distribuya de manera equitativa. Indica que las limitaciones que se establecen y que están vinculadas con el artículo 62 del Código de Aguas y 314 se refieren a limitaciones temporales para distribuir las aguas cuando ésta no alcanza para todos, en el caso del segundo artículo mencionado, cuando hay decreto de escases hídrica, y en el caso del primer artículo, cuando se trata de aguas subterráneas.

Reconoce que hay ciertos elementos de carácter jurídico que son materia de discusión y respecto de las cuales existen informes en derecho contradictorios, sin embargo estima que deben ser resueltos en otras instancias.

El señor Chahin, manifiesta que le cuesta imaginar un efecto negativo desde el punto de vista de las tasaciones, ya que estima que la modificación no afecta a los predios que ya tienen derechos de agua. Agrega que aquellos predios que no tienen derechos de aguas, podrían llegar a tenerlos con las nuevas condiciones. En efecto, enfatiza que en el caso de existir un real impacto negativo desde el punto de vista de las tasaciones lo responsable es cuantificarlo.

El señor Macaya, asevera que es indudable que el valor de un predio con agua es muy distinto al de un predio sin agua. Considera que el proyecto de ley contempla normas contradictorias con normas vigentes. Expresa que no es inocua la opinión del Banco Estado cuando afirma que el valor de las tasaciones de los predios puede sufrir variaciones.

El señor Santana consulta si existen estadísticas sobre cuántos nuevos actores o nuevos proyectos han ingresado a la actividad agrícola. En segundo lugar, pregunta cómo pondera el Banco el otorgamiento de crédito para proyectos que teniendo derechos de agua éstos no se encuentran regularizados.

El señor Jaramillo consulta qué porcentaje de los clientes del banco son apoyados o recomendados por INDAP.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión) consulta al Director General de Aguas sobre el supuesto problema instalado en el debate, particularmente cuántos serían los derechos de aguas que quedarían regidos por nuevo régimen.

El señor Melero, solicita a la señora Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado) profundizar su afirmación en cuanto a que podrían verse afectadas las garantías hipotecarias, en virtud de la situación o precariedad en la que quedan los derechos de aguas. Además, hace presente, que no se ha zanjado la discusión en cuanto a la no retroactividad de esta reforma, es más, sostiene que han aumentado las dudas al respecto. Añade que en lo relativo al caudal ecológico y a las nuevas facultadas hay retroactividad. Pide al Banco Estado pronunciarse sobre la retroactividad.

La Soledad Ovando (Gerente de Pequeñas Empresas del Banco Estado), en primer término, manifiesta que la información señalada por el Director General de Aguas resultó muy aclaratoria, particularmente en cuanto a las dimensiones del proyecto de ley. Enfatiza que en su análisis no se refirió a la existencia de barreras de entrada y que el objetivo del mismo fue contribuir y precisar los elementos que deben ser aclarados para disminuir las posibilidades de afectar el valor de los terrenos. Por último, precisa que el banco no hipoteca solo derechos de aguas, sino que valoriza éstos conjuntamente con el terreno.

El señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), sobre la retroactividad aclara que lo que propone el inciso segundo del artículo primero transitorio del proyecto aplica in actum; afirma que la norma no es retroactiva y explica que es distinto que aplique o no a derechos antiguos. Expresa que lo que puede ser discutible es el eventual perjuicio que puede generar la norma si aplica a derechos que fueron constituidos con anterioridad la nueva ley. Indica que en la reforma del año 2006 se discutió la aplicación de las patentes por el no uso de derechos y que en esa oportunidad el Tribunal Constitucional estableció que la norma sobre el pago de patentes podía aplicarse a derechos anteriores, que es el mismo concepto empleado en la reforma actual. Indica que el artículo primero transitorio prescribe “los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley”. Añade que el inciso segundo fue abordado por las Comisiones de un modo distinto y así como en la Comisión de Recursos Hídricos fue aprobado, en la Comisión de Agricultura se propone su eliminación. En efecto, señala que por haber disparidad de criterios entre ambas Comisiones Técnicas se votará separadamente en Sala.

Respecto de la inquietud del señor Monsalve explica que cuando se habla del borde del 90% de los derechos superficiales concedidos se refiere a otorgados por la Dirección General de Aguas, sin embargo, afirma, que existe un porcentaje de derechos que son reconocidos por los tribunales de justicia y, que según el proyecto de estudio, podrán ser regularizados ante la administración pública. En efecto, esos derechos no regularizados no están en el cómputo del 100%, pero una vez que se regularicen formaran parte del mismo.

El señor Ricardo Vial (Subdirector Nacional de INDAP), comienza por señalar que haciendo un análisis detallado en la materia se advierte que actualmente las personas que no tienen derechos de aguas constituidos son, en su mayoría, pequeños agricultores, y por ende, considera favorable que el proyecto de ley contemple la inscripción de derechos disponibles. Asimismo, se manifiesta de acuerdo con que se mantengan los derechos de los pequeños agricultores que ya se encuentran constituidos o que se encuentran debidamente inscritos.

El señor Patricio Crespo (Presidente Sociedad Nacional de Agricultura) expresa que su tarea es señalar los impactos que el proyecto tiene en la Hacienda Pública y que a su juicio no han sido considerados. También considera necesario dirimir discrepancias de índole constitucional. Explica que el proyecto en su origen pretendía modificar la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento, que es un derecho real perpetuo, deviniendo éste en una forma de concesión temporal caduca. Expresa que lo anterior fue confirmado por la Comisión de Recursos Hídricos y fue modificado, en algún grado, por la Comisión de Agricultura. Expresa que el proyecto de perseverar en la misma dirección supone una expropiación que desata la obligación de indemnizar y cuyo impacto fiscal se estima del orden de 17.000 millones de dólares. Además de lo anterior, explica que también tiene impacto fiscal el establecimiento de un caudal ecológico mínimo cuando se constituye en un cauce natural agotado o no disponible (sin agua), pues también supone expropiación.

Respecto de la distinción entre caudal ecológico que puede afectar a la pequeña agricultura de la que puede afectar a agricultores de mayor tamaño, advierte que, si bien es posible, conlleva un complejo problema de distribución, por cuanto el 80% de los actores titulares son pequeños productores. Explica que hacer la distinción en el sistema de distribución proporcional actual supone hacer una gran inversión en la adecuación de la misma. Añade que en caso de darse el escenario señalado debe considerarse que toda la red de distribución central lo más probable es que sea estatizada, asumiendo el estado la gestión de distribución.

Agrega que el proyecto con todas sus complejidades y nuevas responsabilidades que entrega a la Dirección General de Aguas, exigirá un importante esfuerzo fiscal en materia de modernización fiscal y adecuación de las instituciones.

Expresa que también debe considerarse el impacto del proyecto de ley en el mundo privado con efecto en la hacienda pública. Afirma que si el proyecto de ley se mantiene la misma línea los activos se afectarían en un 40% y de la misma manera se afectará la valoración que la banca hará de los mismos. En efecto, el acceso a financiamiento bancario en el mundo agrícola se vería limitado. Finalmente, se compromete enviar los antecedentes que le dan soporte a su opinión.

El señor Auth, solicita al Presidente de la SNA ajustar su visión respecto del proyecto de ley en curso.

El señor Núñez, consulta como continuará la tramitación del proyecto considerando que existen dos Comisiones Técnicas que emitieron distintos informes legislativos. Pregunta cómo se votará en Sala. Al respecto, el señor Monsalve (Presidente de la Comisión), recuerda que la Comisión de Hacienda conocerá de las normas que son de su competencia y que hasta el momento se circunscribe a los artículos segundo y quinto transitorios. Señala que respecto del conjunto de las disposiciones que no son competencia de la Comisión la Sala deberá pronunciarse a favor de unas o de otras de los distintos informes respectivos.

El señor Macaya, consulta si hay posibilidad práctica de hacer diferenciación en materia de distribución y cómo opera la aplicación práctica en caso de ser posible.

El señor Melero, expresa que mientras más exposiciones observa más desfinanciado considera el proyecto de ley. Reitera que todas las exposiciones han dejado de manifiesto que la reforma genera más gastos, pero no ve reflejado éstos en el informe financiero. Además de lo anterior, expresa que si el Parlamento no zanja el problema de constitucionalidad lo resolverá igualmente el Tribunal Constitucional. Solicita al señor Patricio Crespo hacerse cargo de la retroactividad o no de la reforma y de las implicancias económicas que irroga el proyecto de ley.

El señor Jaramillo, consulta qué porcentaje de pequeños agricultores del INDAP son beneficiados con créditos otorgados por el Banco del Estado y qué porcentaje de agricultores se encuentran pendientes de financiamiento. Respecto de la indicación del Ejecutivo señala por referirse al gasto fiscal debe considerarse como norma de competencia de la Comisión de Hacienda.

El señor Núñez, solicita se le explique el inciso segundo del artículo primero transitorio de la Comisión de Recursos Hídricos, posteriormente eliminado por la Comisión de Agricultura. Expresa que no advierte un afán expropiatorio cuando un particular pide derechos consuntivos que no utiliza posteriormente, toda vez que se trata de la no utilización de un bien de uso público.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), pide al Ejecutivo mayor nitidez y énfasis en aquellos aspectos del proyecto que en el transcurso de las exposiciones han planteado dudas o incertezas, tales como, el carácter no retroactivo, como también, el respecto de los derechos de aguas adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley y también la posibilidad de que los agricultores que no tienen regularizados derechos de las aguas que utilizan puedan hacerlo.

El señor Patricio Crespo (Presidente Sociedad Nacional de Agricultura), explica que en caso de haber subutilización del recurso éste sigue corriendo en beneficio del que sigue, es decir, el agua siempre es aprovechada por alguien. Hace presente que también debe considerarse que a pesar de haber restricciones, de agua, a veces hasta de un 40% del recurso, los agricultores no solo han sido capaces de sostener la producción, sino también, de incrementarla, gracias a las inversiones y eficiencia. Finalmente, hace hincapié, en la necesidad de zanjar las dudas de interpretación acerca de la retroactividad de la reforma y evitar que sea resuelto por el Tribunal Constitucional.

El señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), expresa que en cuanto al planteamiento de que la reforma legislativa en curso significaría que un derecho real perpetuo deriva en una concesión temporal, que implicaría una expropiación de derechos recalca que no es así. Indica que lo anterior, no solo queda claramente establecido en virtud del artículo 6° que prescribe que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas, sino también por el artículo primero transitorio que establece que “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.”. Explica que si se enajena un derecho el adquirente lo tendrá con los mismos atributos. Enfatiza que lo anterior explica que no hay retroactividad, puesto que el derecho mantiene todos sus atributos, y además, porque la norma rige in actum.

Asevera que efectivamente un alto porcentaje de personas utiliza aguas sin tener regularizados sus derechos y explica que los artículos segundo y quinto transitorios no es que creen la figura de la regularización, dado que ésta ya existe desde 1981. Indica que la pregunta que debe hacerse es por qué después de 35 años el 50% de los agricultores no lo han podido hacer. Explica que la razón del bajo porcentaje de regularización es por lo costoso del trámite, dado que se hace ante los tribunales de justicia, se requiere abogado, no hay claridad de los medios de prueba. En este sentido, aclara, que la reforma plantea que la regularización se haga ante la Administración, que es el organismo que dispone de la información sobre la existencia y disponibilidad de las aguas, y además, permite a las organizaciones de regantes y juntas de vigilancias actuar de manera colectiva, lo que permite regularizar los derechos de todo el conjunto.

Respecto a la situación de convivencia de nuevos derechos con otros antiguos, explica que es algo que sucede en todas las legislaciones: conviven derechos otorgados por la Dirección General de Aguas con derechos que conceden los tribunales de justicia; conviven derechos que son concesiones con derechos que operan por el solo mérito de la ley. Recuerda que una indicación parlamentaria propuso que en las aguas del minero no hubiese una convivencia de derechos, que fuera una sola modalidad, y que se acordó finalmente, que se mantenga una presunción de una relación entre quien tiene la pertenencia minera y quien hace uso de estas aguas, pero con la información de informar.

Finalmente, respecto a los dos informes emitidos por ambas Comisiones Técnicas, afirma que en ciertos temas concuerdan con el primero y en otros con el segundo.

El señor Ricardo Vial (Subdirector Nacional de INDAP), estima que el proyecto de ley va a favorecer a la agricultura familiar la inscripción automática (regularización de derechos) que contempla el proyecto de ley. Coincide con el Director General de Aguas en cuanto a los altos costos que implica el trámite de regularización de derechos. Responde al señor Jaramillo que todos los pequeños agricultores pueden acceder al crédito, y no hay ninguna excepción respecto de aquellos que no tengan derechos de agua. Indica que son alrededor de 165.000 los usuarios de INDAP y 45.000 de los usuarios acceden a un fondo anual de 70.000 millones de pesos. Manifiesta que el fondo se hace escaso por lo que es complementado principalmente con créditos del Banco Estado.

El señor Martín Arrau (representante de la Junta vigilancia Río Ñuble), respecto de las dudas planteadas, señala que operan con bono legal de agua que es el instrumento utilizado por INDAP para las regularizaciones. Indica que según los estándares de INDAP el costo asciende a $ 2.800.000 por título regularizado. Agrega que según las cifras de la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Agricultura existen 200.000 títulos por regularizar, por lo tanto, estima que no existe el presupuesto para regularizar dichos títulos en el plazo de 18 meses que indica el proyecto. En segundo lugar, asevera que no hay posibilidad que sean distribuidos estos dos tipos de agua (con caudal ecológico y sin caudal) por la misma red de canales. Estima fundamental zanjar el tema de la retroactividad modificando la redacción de la norma. Expresa que hay imprecisión cuando el Director General de Aguas afirma que el caudal ecológico retroactivo solo afectaría a parques o zonas protegidas, dado que la norma se refiere a ecosistemas amenazado, sin embargo no se explica que se entiende por tal. Explica que si un predio tiene menos agua por estar asociado a un caudal ecológico, lógicamente verá disminuido su valor de tasación al momento de acceder a un crédito.

El señor Rodrigo Weisner, respecto de la retroactividad o no de las normas, acota que es necesario distinguir cuándo una norma tiene efecto retroactivo sostiene que la retroactividad se da cuando se quita propiedad que antes se existía; se le impone cargas o exigencias adicionales a las que se tenía antes (patente por no uso). Recuerda que la Reforma del año 2005 se debatió la constitucionalidad de la retroactividad del pago de patentes por no uso. Explica que en materia de patente por no uso se concluyó que la caducidad por no uso de derechos ya adquiridos no podía ser aplicable de conformidad al inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución. Señala que la gran diferencia con la concesión minera es que la Constitución establece en un régimen de caducidad de ella.

En segundo término, concuerda con el Ejecutivo cuando afirma que la lógica de la reforma es que todas las normas se apliquen a los derechos de aprovechamiento de aguas que se constituyan una vez que estén publicadas en la ley, lo anterior refrendado por la eliminación del inciso segundo del artículo primero transitorio. Expresa que más allá de la eliminación la redacción va a tener aplicación retroactiva a derechos anteriores, ello en consideración a la redacción del inciso primero. Finalmente, expresa si el Ejecutivo estima que no le es aplicable a los derechos anteriores consuetudinarios, que no van a estar reconocidos, es menester una indicación que clarifique esa intención.

Finalmente, en cuanto a la retroactividad o no en materia de aplicación de caudal ecológico, expresa que en el mundo del derecho de agua es una discusión que ha tenido distintas soluciones. Indica que a contar del año 2000 en Chile es posible constituir derecho de aprovechamiento de aguas con caudales ecológicos. Expresa que los derechos de aprovechamiento con fecha anterior, que no fueron constituidos con caudal ecológico, no pueden ser gravados con caudal antes de la entrada en vigencia de la ley. Entiende que el Ejecutivo ha señalado que no estaban de acuerdo con la norma que se propuso dado que sería complejo para Dirección General de Aguas, sin embargo señala que aplicar caudales ecológicos a derechos ya existentes va a significar que potencialmente los 300.000 derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, a lo menos, en agua superficial, que no tienen caudal ecológico, la Dirección General de Aguas va a tener la obligación o la facultad para aplicar caudales ecológicos, es decir, va a tener que reevaluar la disponibilidad de los ríos; reevaluar la constitución de derechos de aprovechamiento, lo que significa considerar -a lo menos- medio funcionario en dicho organismo, irrogando un mayor gasto fiscal, razón por la cual resulta entendible que el Ejecutivo no haya querido patrocinar esa nueva obligación.

El señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), comparte la conceptualización de retroactividad que hace el señor Weisner, sin embargo estima que hay una diferencia de enfoque e insiste que se ha dicho claramente que la propuesta de reforma al Código afecta a derechos antiguos, pero que no lo hace en el sentido de que eventualmente afecte a la perpetuidad del derecho, vale decir, aquel derecho que se entregó para siempre con los atributos de uso, goce y disposición va a seguir siendo perpetuo, pero los otros elementos que están vinculados con la gestión del agua no, dado que a su juicio, sería absurdo que fuera distinto considerando el problema de fondo de nuestro país, que es no tener gestión del agua . Finalmente, respecto de la discusión que se ha dado sobre el caudal ecológico sostiene que indudablemente es positivo, dado que lo que se está haciendo es darle vida a un río y considera que el tema relevante en esta materia es que en algunas zonas del país podría significar una merma de la producción. Sostiene que, en ningún caso, puede la DGA declarar un caudal ecológico a su criterio respecto de un ecosistema amenazado, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente mientras no exista el Servicio de Biodiversidad.

Sesión N° 251 de 4 de octubre de 2018

El señor Carlos Furche (Ministro de Agricultura) explica que el Código de Aguas, en su versión vigente, nació en una época diferente, en que no existían los problemas actuales derivados de la falta de disponibilidad de los recursos y de la competencia que existe por los mismos.

Señala que este proyecto de ley gira en torno a cuatro ejes:

En primer término, que otorga prioridad al consumo humano.

En segundo lugar, establece un caudal ecológico mínimo, es decir una garantía de que el cauce continúe con agua y facilite la programación para evitar el otorgamiento excesivo de derechos de agua sobre las cuencas.

En tercer término, desestimula la especulación con los derechos de agua, y finalmente, establece el otorgamiento de derechos temporales, por 30 años, renovables.

Sostiene que ningún programa de desarrollo agrícola requiere más de 30 años para garantizar la rentabilidad. Agrega que el proyecto facilita la regularización de derechos de agua y nada hace suponer eventuales expropiaciones, los derechos otorgados siguen igual.

El señor Máximo Pacheco (Ministro de Energía) explica que él forma parte del Comité de aguas, y estima que hay necesidad de un cambio legal en materia de aguas. Enfatiza que se pone la prioridad, en este proyecto, en el consumo humano. Considera que es inaceptable entregar derechos a personas que no los usan, por ello el proyecto establece un cobro, lo que obliga a un registro, para establecer un mecanismo de cobro a través de Tesorería General. Indica que el derecho de pierde, después de cierto tiempo, por el no uso.

El señor Melero, señala que en las Comisiones Técnicas se avanzó y que la Comisión de Hacienda tiene temas acotados para analizar, por ello pregunta a los Ministros cuál es su visión acerca de los recursos nuevos que implican las nuevas funciones de la DGA (Dirección General de Aguas).

El señor José Miguel Ortiz, también consulta sobre si es efectivo que se requieren mayores recursos que los que señala el informe financiero del proyecto.

El señor Silva, consulta al señor Ministro de Agricultura, lo siguiente:

- Cuál es su comentario a la presentación que hizo el Banco del Estado ante esta Comisión.

- En cuanto a los proyectos agrícolas y la entrega de derechos por 30 años, hace presente que no necesariamente el año cero del proyecto va a ser al inicio, puede ser el año 14 por ejemplo.

- Considera que el artículo primero transitorio tiene retroactividad, en la medida que sujeta los derechos a la legislación vigente, y esa será el Código reformado.

- Solicita que se refiera a los eventuales costos por expropiación mencionados por la Sociedad Nacional de Agricultura en prensa y, finalmente, cuántas personas no han regularizado aún sus derechos de agua.

Al señor Ministro de Energía, consulta:

- Le solicita que desarrolle más el tema del impacto del proyecto en la generación de energía.

- Pide que se refiera a los estudios de cuenca y los costos de éstos, como a los costos de la regularización de los derechos de agua.

El señor Jaramillo, consulta si existen muchos proyectos pendientes respecto a la creación de mini centrales hidroeléctricas.

El señor Auth, también solicita más desarrollo sobre el impacto del proyecto en la generación de energía, en particular sobre la extinción de derechos consultivos por no uso, la sanción por no uso y la aplicación retroactiva del caudal ecológico. Estima que una cosa es aplicar la ley retroactivamente a un derecho adquirido en el pasado, y otra cosa es exceptuarlo del cumplimiento de la ley vigente. Consulta si la extinción tras ocho años de no uso, es solo para derechos adquiridos luego de la entrada en vigencia o también afecta a los derechos adquiridos antes.

El señor Chahin, explica que conforme con la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, el ejercicio y extinción de un derecho se regula por la ley vigente.

El señor Furche (Ministro de Agricultura), explica que el proyecto del Ejecutivo es el que se conoce y que se ha expresado en sus indicaciones. Acota que la entrega de derechos por 30 años, renovables, sólo resultará aplicable a los derechos que se adquieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. En cuanto a los caudales ecológicos, señala que es claro que se aplicará a partir de lo establecido en el Código de Aguas, esto es respecto a los derechos otorgados a partir del año 2005 en adelante, que deben tener un cálculo de caudal ecológico.

En cuanto a lo expuesto por el Banco del Estado, explica que no ha escuchado la exposición, pero considera que los últimos 30 años el valor de la tierra en todo Chile ha subido en todas las regiones y considera que la hipótesis del impacto del precio de la tierra no se cumple y enfatiza que el proyecto no afecta a los derechos de agua ya otorgados. En cuanto a si 30 años (de otorgamiento de los nuevos derechos) son suficientes o no, hace presente que en este proyecto se contempla un plazo de 4 años para iniciar actividades productivas. Sostiene que es la fruticultura la que demanda más tiempo, pero que toma un máximo de diez años en estar produciendo.

En cuanto a la afirmación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en orden a que este proyecto significará eventuales expropiaciones, explica que el ´día de ayer participó en ENAGRO, que es el encuentro nacional de la agricultura, oportunidad en la cual sostuvo que nada demuestra que tal afirmación sea efectiva y que la misma debe ser validada por quien la manifiesta. En cuanto a la norma del artículo primero transitorio, recuerda que la misma fue aprobada por unanimidad en ambas comisiones técnicas.

El señor Máximo Pacheco, Ministro de Energía, Considera que el impacto de este proyecto en inversiones es favorable, y estima que sigue alguien pide un derecho de agua, lo obtiene y no lo usa y se limita a pagar una multa por no uso, al final eso es gratis. Agrega que han comenzado a devolverse derechos de aguas que no se están usando en la medida que es oneroso tenerlos así. Indica que el precio de los derechos de agua en Chile tiende a bajar porque los retenedores los están liberando, principalmente empresas eléctricas.

En cuanto a la consulta del señor Jaramillo respecto a mini centrales hidroeléctricas, sostiene que a principio de este Gobierno había 55 de dichas centrales, en la actualidad se ha llegado a cien, y antes del término de este Gobierno se espera que se llegue a 100 centrales más.

Opina que el cambio de régimen de las patentes por no uso es bueno, por ser pro inversión y pro energía, se perfecciona el mercado.

El señor Jaramillo, asevera que en el caso del Río Bueno, ENDESA no ha liberado derechos de agua ni los ha usado.

El señor Macaya, pregunta si existe claridad en cuanto a la existencia de un catastro de los derechos de agua otorgados. En cuanto a la expropiación para el consumo humano, pregunta la razón por la cual la norma no se ha aplicado o bien se le diga cuántas veces ha sido aplicada. Desea saber cuál es el efecto optimizador del uso del agua por parte de este proyecto. También estima que la DGA tiene facultades que no puede cumplir y estas nuevas funciones, que requieren estudios técnicos y otros requisitos, originan la preocupación de que se repita lo mismo, si no hay recursos para ello.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, se refiere al costo de las regularizaciones de los derechos de agua, que el Ejecutivo ha estimado que debe comprender aproximadamente 50.000 caso, difiriendo de lo señalado por el señor Desmadryl, quien basándose en una información obtenida del Banco Mundial, ha sostenido que el universo de casos de regularización alcanza la cifra de 300.000, indicando que lo mismo ha sostenido el señor Weisner.

Considera que lo afirmado por estos últimos es un error, dado que el Banco Mundial ha afirmado que en Chile hay 70.000 derechos registrados y en la realidad hay 105.000 derechos en tal condición. Advierte que los que no están registrados son derechos que no están en el catastro público de agua, que no es necesario regularizar, por cuanto ya están inscritos en los registros conservatorios correspondientes, sólo falta algún elemento para que la DGA los incorpore. Estos son derechos que hay que perfeccionar, no regularizar, son cosas diferentes sostiene. Los derechos a regularizar, en cambio no tiene título, pero sí posesión, en estos casos falta un trámite de tipo judicial. En cambio a los derechos perfeccionables les falta determinar si se trata de derechos permanentes o no, consuntivos o no, por ejemplo. Cuando se habla de 280.000 casos, se incluye a los derechos que hay que perfeccionar, el error es que el Banco Mundial no se basa en una fuente dura. Añade que los estudios sobre cuenca indican que los derechos a regularizar son aproximadamente 49.000. Añade que se puede regularizar colectivamente, como en el caso de una junta de vigilancia por ejemplo, reuniéndose en un solo expediente. En cuanto al tema de la retroactividad sostiene que el señor Auth tiene la razón, la modificación legal no afecta al derecho antiguo. En cuanto a la extinción por no uso, explica que el plazo se cuenta desde la cesión del derecho si es nuevo o desde la publicación de la ley, si es antiguo.

Ante consulta del señor Auth, precisa que es posible suspender el cómputo del plazo.

La señora Gloria Alvarado, Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, procede a efectuar su exposición contenida en el documento que se inserta a continuación.

El señor Jaramillo, explica un caso dentro de su distrito de un comité de agua potable rural que tiene derechos de agua y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos quiere arrebatárselos por cuanto se encuentran dentro del radio urbano.

La señora Gloria Alvarado (Presidenta de FENAPRU) explica que se entregó en administración a los comités del caso los derechos de agua, y si ese comité está bajo un programa de agua potable rural está protegido por la ley que se encuentra en tramitación en el Senado (ley de Servicios Sanitarios Rurales). Añade que muchos derechos han pasado a ECONSSA (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.) y solicita que los devuelva porque son muchos derechos, solicita que la Comisión oficie al Ministerio con este fin.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, solicita que si se envía oficio a ECONSSA sea con copia a CORFO y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Añade que dicha empresa es titular de los derechos y depende si puede se da su uso sanitario o al agua potable rural.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión) propone que se oficie, por una parte a CORFO para que requiera de ECONSSA, explicando que en el marco de la discusión de este proyecto de ley, FENAPRU ha solicitado un pronunciamiento acerca de la eventual devolución de derechos de agua por parte de ECONSSA con la finalidad de que se destinen al agua potable rural. Por otra parte, oficiar al Ministro de Obras Públicas, para que a través de la DGA de su opinión sobre el punto.

Así se acuerda.

El señor Schilling, consulta si es posible una indicación en orden a acoger lo solicitado por la representante de FENAPRU, en orden a que los derechos provisionales sean definitivos para el agua potable rural, dado que se destinan al consumo humano.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, explica que los derechos de agua que utiliza el agua potable rural reciben el mismo tratamiento que los demás derechos. No obstante, señala que el proyecto de ley prioriza el consumo humano y la parte destinada a tal consumo no va a remate. Añade que en caso de sequía se restringen los derechos de agua y se prorratean, pero la arte destinada al consumo humano no se prorratea.

El señor Matías Desmadryl (ex Director General de aguas) procede a completar su exposición (iniciada en sesión anterior) contenida en el documento que se inserta a continuación.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, se explaya acerca de los costos que implican los artículos 2° y 5° transitorios, indicando que el informe financiero tiene todos los antecedentes al respecto. En cuanto a la afirmación de que habría aproximadamente 240.000 derechos de agua para regularizar, acota que se basa en un informe del Banco Mundial y la DGA no tiene un estudio que diga lo mismo. Precisa que han preguntado en el Banco Mundial acerca de los datos que ellos han entregado el año 2011, y no lo reconocen. El informe del caso señalaba que la DGA tenía un déficit de 100 funcionarios. Respecto a lo cual informa que el presupuesto del año 2015 cambió y se incorporaron 50 nuevos funcionarios. Si bien reconoce que existe aún una brecha, esperan que se vaya disminuyendo con las leyes de presupuestos.

El diputado señor Fuad Chahin, considera que la Comisión tiene un mandato acotado y explica que el tema de la retroactividad de la ley está claramente regulado en la ley sobre efecto retroactivo de las leyes.

El señor Sebastián Bonelli (representante de ONG The Nature Conservancy) procede a explicar la importancia del recurso agua como parte de los proyectos de conservación de los ambientes naturales. Por ello considera que el proyecto debiera contemplar una exención del pago de patente a los derechos de agua que se destinan a los proyectos de conservación.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, en cuanto a la consulta del señor Macaya sobre expropiaciones de derechos de agua, manifiesta que no conoce caso alguno, y sí señala que cuando el estado ha necesitado derechos de agua los ha comprado en el mercado.

En cuanto a consulta del señor Silva, indica que el inciso final del artículo 6° bis contempla la caducidad por cambio de uso. Explica que el Ejecutivo se manifestó contrario a esta norma ante la Comisión de Recursos Hídricos, por cuanto estimó que faltaba una distinción adecuada, si el agricultor decide utilizar los derechos de agua para producir energía, por ejemplo, y hay un uso híbrido, alguien podría decir que opera la caducidad del derecho. Ante consulta del señor Silva si habrá indicación sobre el punto, responde que puede ser que se presente indicación ante el Senado o simplemente se vote en contra esta norma por parte de los parlamentarios. Relata que en la Comisión de Agricultura se agregó que no hay suspensión del cómputo del plazo cuando hay solicitud de traslado, para evitar que se use con ese fin.

El señor Matías Desmadryl (ex Director General de aguas) explica que el modelo australiano de otorgamiento de derechos de agua determinó la expropiación de derechos para asegurar el flujo de la cuenca y el consumo humano. En cambio el proyecto opta por la reducción por vía administrativa, no obstante que se trata de una situación de sobre otorgamiento que no es culpa del que adquirió el derecho de agua.

En lo que se refiere a la caducidad, considera que la norma es inconstitucional. También considera una mala medida excluir ciertos trámites ante la DGA para aprovechar un derecho de agua, como mecanismo para suspender el plazo. Sostiene que el criterio de la DGA frente a la construcción de una obra hidráulica que considera previo a eso hay un traslado, algunos duran 5, 7, 10 o más años; añade que hay traslados por impugnación de terceros, de tal manera que el derecho se podría perder no obstante la disposición de su titular para aprovecharlo.

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, tal como está redactada esa norma, en el peor de los casos es inaplicable, porque la ley no define los cambios de uso, sólo los consuntivos y no consuntivos, ni siquiera define los usos productivos, por tanto no hay una base en la ley para aplicar esta norma. Por otro lado, sostiene que a todos los derechos antiguos no aplica este inciso. Luego, agrega que en Chile los derechos de agua se han entregado sin que se les destine a un uso específico, sólo a partir del año 2005 se les fijo un uso específico a derechos superiores a cierto volumen. Por ello siempre el Ejecutivo ha planteado que es inaplicable a los derechos antiguos y la discusión se limita a determinar si es la norma es aplicable o no para los derechos nuevos.

Sesión N° 253 de 11 de octubre de 2016.

Entrando a la Orden del Día, la Comisión procede a escuchar la presentación del señor Gustavo Rivera (Subdirector de la Dirección de Presupuestos), quien expone la visión de la DIPRES respecto del proyecto de ley en estudio.

Este señala que el Ejecutivo ha presentado indicaciones al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, las cuales han sido discutidas en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Recalca el proyecto que está siendo discutido en esta Comisión es el proyecto del Ejecutivo.

Indica que las referidas indicaciones modifican dos artículos generando un aumento del gasto fiscal. Estos son los Artículos 2° y 5° Transitorios.

Explica que en relación con otros artículos, los cuales han sido presentados a través de indicaciones parlamentarias en las comisiones anteriores, se ha concluido, después del análisis respectivo, que no representan un mayor gasto no previsto. Añade que lo anterior se sostiene debido a que las indicaciones cuestionadas son propias del giro de la DGA, por lo tanto las nuevas normas pueden ser ejecutadas con la capacidad instalada en la DGA y en los respectivos órganos que puedan intervenir.

Respecto del ámbito financiero manifiesta que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha preparado en coordinación con la Dirección General de Aguas (DGA) un informe financiero en el cual se estima el impacto financiero fiscal que tendría la aprobación de las modificaciones a los artículos ya indicados.

Explica que, en su primera parte, el Informe Financiero expone los antecedentes del referido proyecto de ley. En efecto, se indica que la referida modificación al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas tiene como objetivo fundamental agilizar los procedimientos para la regularización de derechos de aguas, modificándose los artículos 2° y 5° Transitorios.

Asimismo, se expone que en este proyecto se fija una vigencia de 5 años a partir de la publicación de esta ley modificatoria para el Artículo 2° Transitorio y se excluye del procedimiento resolutivo actual a los Tribunales de Justicia, radicando dicha etapa en una instancia administrativa, mediante una Resolución dictada por la Dirección General de Aguas.

Más adelante agrega que, de la misma forma, se modifica el Artículo 5° Transitorio, trasladando la etapa resolutoria de la regulación de los derechos de agua de los ex-predios CORA desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Aguas.

Se explica más adelante que las modificaciones propuestas tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de aguas que regulan las normas mencionadas, a la vez que disponen un plazo definido para su vigencia de modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos.

A partir de los antecedentes anteriores, sostiene que el Informe Financiero realiza una estimación del impacto financiero fiscal que generan las indicaciones al Proyecto de Ley. Dicha estimación (página dos del Informe Financiero) indica que en un plazo de 11 años se espera procesar y resolver las 50.000 solicitudes que se estima serán recibidas para resolución de la Dirección General de Aguas. Se estima que el costo fiscal de este trabajo durante el período indicado alcanza a $2.750 millones. Agrega que el Informe Financiero culmina indicando que los recursos referidos se consignarán oportunamente en la proposición anual de los Proyectos de Ley de Presupuestos respectivos.

A continuación, expone algunos fundamentos del informe financiero que permiten realizar el cálculo de recursos requerido. Señala que estos antecedentes han sido analizados al interior del Ejecutivo por el Ministerio de Hacienda, DIPRES y la DGA.

a.- El procedimiento de tramitación de una solicitud presentada bajo el artículo 2° Transitorio del proyecto de ley es considerado más expedito, en que la DGA deberá:

- Realizar una visita a terreno para verificar la existencia, ubicación, antigüedad y capacidad de la obra de captación.

- Requerir la solicitud y revisar los antecedentes técnicos y legales probatorios. - Elaborar un informe técnico que fundamente la decisión administrativa.

- Elaborar una resolución que constituya el derecho de aprovechamiento de aguas.

b.- Las estimaciones de la DGA indican que se espera la presentación de una cantidad cercana a 50.000 solicitudes en el período de 5 años de vigencia, concentrándose la mayor cantidad de solicitudes en los últimos dos años.

Esta estimación ha tenido como referencia el desarrollo de programas que han buscado resolver situaciones similares en el pasado (Artículo 4° Transitorio de la Ley 20.017, que permitió la regularización de aguas subterráneas).

Por otra parte, en la actualidad, el promedio de expedientes ingresados por año a los Juzgados en que la DGA debe presentar informes técnicos alcanza a 1.780 expedientes.

c.- Se espera resolver las nuevas presentaciones en un tiempo aproximado de 10 años, considerando principalmente un trabajo mediante la contratación de Consultorías externas y la conformación de un pequeño equipo de apoyo de técnicos y abogados que asumirían la Inspección Fiscal requerida y la necesaria coordinación del programa. Este mecanismo concentra el gasto en los años de trabajo proyectado, facilitando su reducción al final del referido período.

d.- De acuerdo a lo anterior, se ha estimado que las solicitudes ingresan y se resuelven de acuerdo a la siguiente proyección:

e.- En conclusión, la modificación del Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, contempla gastos en régimen a partir del segundo año de entrada en vigencia, por un lapso de 10 años.

Este gasto se realiza a través de dos formas: por una parte, la contratación de consultorías externas que se harían cargo de las principales actividades asociadas a la tramitación de estas solicitudes, cuyo monto total se estima en $2.280 millones y, en segundo lugar, la contratación de personal (técnicos y abogados) que asumirán la Inspección Fiscal y la coordinación del programa a nivel nacional que se estima en $460 millones.

En consecuencia, enfatiza, que se estima un gasto total durante 11 años que alcanza a $2.750 millones.

El señor Melero, insiste en que el proyecto de ley no cuenta con financiamiento suficiente para asumir con la gran cantidad de facultades que se confieren a la DGA y con las responsabilidades que a ésta le competen, lo que se refleja en las siguientes modificaciones introducidas al proyecto de ley:

- Al artículo 5° inciso 3° del Código de Aguas, relativo a las acciones que deberá ejecutar la autoridad para el resguardo de las funciones de interés público.

Señala que el proceso para limitar resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica requieren de funcionarios que revisen constantemente esos factores, para determinar cuándo y cómo deben establecerse limitaciones.

Añade que actualmente existen en Chile, según el Catastro Nacional de Aguas, 58.011 Derechos de Aguas superficiales y 50.370 Derechos de Aguas subterráneos constituidos en Chile.

Para todos esos derechos, se ejecutaron en 2014 apenas 1.301 fiscalizaciones, y en 2015, 2.056, o sea, con el personal actual y las funciones actuales se alcanza a fiscalizar menos del 2% de los derechos de agua otorgados al año.

Por lo tanto, considera, que si se requiere aumentar las facultades fiscalizadoras de la DGA, se necesita aumentar la dotación de fiscalizadores.

A modo de ejemplo, expresa que existen en la DGA solo 29 Analistas de Fiscalización, que tienen un sueldo promedio mensual de $ 2.594.742. En efecto, su sueldo anual sería de $ 31.136.904. Así las cosas, afirma, que si se quisiera aumentar en 10 de estos profesionales, el Estado requerirá al año de $ 311.369.904 que no se ven reflejado en ninguna de las partidas presupuestarias.

- En relación al Artículo 5° bis nuevo, incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, señala que establece nuevas funciones para la DGA. Explica que para que el Estado pueda velar por la armonía y el equilibrio en la distribución de las aguas debe tener información sobre la disponibilidad del recurso. Para ello, la DGA deberá hacer estudios de la disponibilidad efectiva de recursos hídricos en cada una de las cuencas, lo que implica un mayor costo, ya que requiere de la permanente actualización de los estudios de cuencas. A modo de ejemplo, indica que el levantamiento de información hidrogeológica de la Cuenca del Estero el Yali tuvo un valor de $ 40.000.000. Afirma que en Chile existen, según inventario público de cuencas, 468 subcuencas similares a las del Estero El Yali, por lo que el costo de esta medida asciende a aproximadamente a $ 18.720 millones de pesos. Agrega, que un levantamiento de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad de los recursos hídricos en Chile tiene un valor de $225.800.000.

- Indica que la modificación propuesta al Artículo 6°, inciso 2°, como asimismo, los nuevos incisos cuarto, quinto y sexto incorporados al mismo, también establece nueva función a DGA para otorgar concesiones de acuerdo a criterios particulares. Estima que el hecho de que las concesiones puedan ser objeto de esta revisión por la DGA constituye una carga que el Ejecutivo no ha evaluado financieramente.

Sostiene que para determinar el tiempo que corresponda otorgar un derecho se requieren nuevos funcionarios., como asimismo, la acreditación del no uso de las aguas.

Afirma que si con el nuevo sistema se constituyeran concesiones de aguas equivalentes solo al 25% de los derechos de agua constituidos, se requeriría fiscalizar a 27.000 concesiones, y si se tuviera por meta fiscalizar solo al 10% de las concesiones constituidas al año, se requeriría de aproximadamente de 400 analistas de fiscalizaciones, lo que tendría un valor de $ 1.061.485.363 mensual, o $ 12.737.824.363.

- La modificación al artículo 38 inciso 3° impone a la DGA el deber de fiscalizar la instalación y mantención de sistemas de medidas de caudales extraídos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga, lo cual requiere contar con más fiscalizadores.

- La modificación al artículo 56, inciso cuarto, quinto y sexto, relativo a las “aguas del minero” importa gasto fiscal toda vez que se impone a la DGA el deber de conceder una autorización para su uso. La DGA deberá evaluar las afectaciones. Explica que el 9% de las aguas que utiliza la minería se obtienen en virtud de este artículo. Lo anterior, correspondería a un 1% del consumo total de aguas del país que deberían regularizarse o tramitarse ante la DGA en un plazo muy breve. Expresa que si los derechos de aguas regularizados hasta ahora fueran todos los derechos de agua regularizados en el país, uno 1° de ellos equivaldrían a aproximadamente a 1800 derechos de agua. Agrega que el sueldo de un profesional a honorario destinado a tramitar exclusivamente este tipo de solicitudes es de $ 1.307.316, por lo tanto, un profesional disponible para tramitar este tipo de solicitudes vale al año $ 15.687.792. Si cada uno de estos profesionales fueran capaces de tramitar 200 solicitudes al año, tal como lo calcula el gobierno en su informe financiero, tramitar esta reforma tiene un costo de $ 141.190.128.

- Respecto de las modificaciones introducidas al artículo 129 bis 1 (que impone retroactivamente un caudal ecológico mínimo) sostiene que para otorgar concesiones bajo criterios objetivos, la DGA deberá hacer estudios de la disponibilidad efectiva de recursos hídricos en cada una de las cuencas, lo que implica un mayor costo ya que requiere de la permanente actualización de los estudios de cuencas.

- Respecto inciso sexto que se incorpora al artículo 58 sostiene idéntica conclusión.

En la misma línea, el señor De Mussy, sostiene que el proyecto de ley entrega importantes atribuciones a la DGA sin contar con un respaldo financiero suficiente. Alude a la necesidad de transparentar recurso para la correcta aplicación de la ley.

Por su parte, el señor Pérez (en reemplazo del señor Santana) reafirma la postura de los señores Diputados que le antecedieron en el uso de la palabra. Cree que con la falta de recursos se crea falsas expectativas a la comunidad. Hace presente, que además del proyecto en discusión, hay otros proyectos de ley como el de glaciares que se encuentra en segundo trámite constitucional, que confieren nuevas facultades a la DGA, razón por la cual considera que dicho organismo tendrá excesivas facultades fiscalizadoras que requerirán de un financiamiento adecuado.

El señor Núñez (en reemplazo del señor Aguiló), respecto de las cifras que según el señor De Mussy se requiere transparentar expresa que el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, a solicitud de la Comisión, cita las cifras entregadas por el Ex Director de Aguas de la anterior Administración, que planteó que los derechos a regularizar serían del orden de 300.000 y que se concluye en el punto 11 que a partir de dicha información se estima que los derechos no inscritos susceptibles de regularizar son de del orden de 49.000 derechos , valor que sustentaría el de 50.000 derechos regularizables, expresado por el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos. Por lo anterior, concluye que las cifras están transparentadas y que, en todo caso, es imposible asegurar que éstas se cumplan a cabalidad durante los 11 años, pues se trata de estimaciones. Considera que el problema de fondo que se ha dado en esta discusión es que la oposición no comparte los principios y criterios en los que se sustenta la reforma.

El señor Ortiz, hace presente la larga tramitación legislativa del proyecto; señala que se han escuchado a todos quienes solicitaron audiencias, y que ya existen posturas formadas, por lo que solo cabe en esta instancia su votación.

El señor Macaya, en relación con el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, señala si bien cita información de la DGA sobre cuántos serían los derechos susceptibles de regularizar, no se expresan cuántos son perfectibles. En segundo lugar, cree que los recursos no son suficientes y que la con el tiempo la DGA va a tener necesariamente que pedir más recursos para asumir las nuevas atribuciones.

El señor Gustavo Rivera (Subdirector de la Dirección de Presupuesto), señala, en primer término, que el Ejecutivo está actuando con la máxima seriedad en la presentación de la información financiera, como asimismo, en cada una de las presentaciones entregadas por la Dirección General de Aguas y los ministerios involucrados.

En segundo lugar, expresa que toda la información proporcionada tanto por DIPRES, como por la DGA, han sido estudiadas en detalle por el Ejecutivo y que el informe financiero refleja el costo estimado por Ejecutivo respecto del conjunto de las indicaciones presentadas.

El señor Carlos Estévez (Director General de Aguas), aclara, en relación con la afirmación del señor Melero en cuanto a que existirían 468 cuencas similares a las del Estero El Yali, que nuestro país cuenta con 101 cuencas incluyendo a la Isla de Pascua y, que en todo caso, si se tratara de subcuencas estima que no es así.

En cuanto al planteamiento de que el conjunto de iniciativas de fiscalización que introduce la reforma carecen del sustento necesario, explica que también se señaló que la Dirección de Aguas contaba con 29 fiscalizadores y respecto a ello indica que en el año 2015 la Ley de Presupuestos del Sector Público autorizó 28 fiscalizadores para la DGA, lo que significó el aumento del 50% de su dotación. Sostiene que si bien el organismo contempla pocos fiscalizadores actualmente son del orden de los 70 funcionarios. Manifiesta que si bien comparte la necesidad de ampliar la dotación de fiscalizadores debe tenerse en cuenta que el presente proyecto no trata de fiscalización y que sobre esa materia existe un proyecto de ley que está siendo votado en el Senado.

Respecto de las normas que fueron citadas para explicar la eventual falta de financiamiento manifiesta que se basan en un principio que consiste en que quien tiene un derecho, tiene un deber, cual es, el establecer un sistema de control extracciones y transmitirlo a la DGA, es decir, se está avanzando en un sistema de control extracciones on line que se contiene en parte en este proyecto, y en otra, en el proyecto de ley sobre fiscalización. Añade que la fiscalización de la DGA en el año 2015 el 99.8% de todas las denuncias se va a terreno y se hace el informe en el plazo de 30 días. Asevera que el problema de la DGA no son los plazos sino la falta de un sistema de sanciones adecuado en esta materia. Finalmente, acerca de lo expuesto por el señor Macaya expresa que efectivamente este proyecto no se hace cargo del perfeccionamiento y que sobre este tema existe una ley con su reglamento respectivo.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), expresa que en opinión de los Diputados de oposición existe un conjunto de artículos que serían de competencia de la Comisión y que la Secretaría de la Comisión no comparte dicho planteamiento. Por otra parte, manifiesta que la Secretaría estima que existen un conjunto de normas relativos al pago de patentes que si son del ámbito de competencia de la Comisión, contenidos en el artículo único, numerales 31,32, 33, 34 letra b) y 35 por incidir manifiestamente en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Consultado el señor Gustavo Rivera (Subdirector de Presupuestos), por la opinión en cuanto ampliar la competencia de la Comisión a las normas relativos al pago de patentes, manifiesta que el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos la estimación de un ingreso por concepto de patentes es compleja de realizar, razón por la cual no fue incorporada en los casos planteados.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), hace presente que el Ejecutivo presentó una indicación para incorporar un artículo sexto transitorio nuevo que prescribe que “el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y en lo que faltare con cargo a los recursos de la partida Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuesto del sector Público. Para los años posteriores se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas Leyes de Presupuestos para el Sector Público

El señor Melero concuerda con la incorporación de las normas sobre patentes a la competencia de la comisión, sin embargo cree que es necesario que el Ejecutivo aun cuando no pueda precisar los ingresos percibidos por el Fisco por este concepto pide al menos una proyección de un determinado rango.

VOTACIÓN

A criterio de las comisiones técnicas son de competencia de la Comisión los números 61 y 62 del artículo único, a lo cual se suma el criterio de la Comisión de Hacienda de considerar de su competencia los numerales 31; 32; 33; 34, letra b), y 35 del mismo artículo, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, normas todas las cuales son del siguiente tenor.

“61. Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo segundo transitorio:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i) Reemplázase la frase “Los derechos de aprovechamiento inscritos” por la siguiente: “Los usos actuales de las aguas”.

ii) Sustitúyese la palabra “utilizados” por “aprovechados”.

iii) Elimínase la frase “por personas distintas de sus titulares”.

iv) Reemplázase la letra d) por el siguiente:

“d) Reunidos todos los antecedentes, la Dirección General de Aguas, previo a resolver, podrá consultar a la Organización de Usuarios respectiva, en caso que ésta exista, su opinión fundada sobre características del uso y su antigüedad. La respuesta de la organización no será vinculante para el servicio.”.

v) Agrégase la siguiente letra e):

“e) La Dirección General de Aguas emitirá un informe técnico y dictará una resolución fundada que reconocerá los derechos de aprovechamiento que cumplan con los requisitos descritos en este artículo, señalando las características esenciales del derecho de aprovechamiento. En caso contrario, denegará la solicitud. A la resolución que reconozca el derecho de aprovechamiento le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 del este Código”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo:

“Las Organizaciones de Usuarios legalmente constituidas podrán presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan individualmente los requisitos para ello.”.

c) Elimínase el actual inciso segundo.

62. Incorpóranse las siguientes modificaciones en el artículo quinto transitorio:

a) Introdúcense las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i) Reemplázase la expresión “La determinación” por la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2° transitorio, la determinación”.

ii) Sustitúyense los numerales 1., 2., 3., y 4. por los siguientes:

“1. Deberá acreditarse la existencia y extensión de los derechos de aprovechamiento de aguas expropiados, la relación entre tales derechos y la superficie regada, y la circunstancia de que no existan otros derechos de aprovechamiento asignados al mismo predio. Para lo anterior, la Dirección General de Aguas podrá requerir al Servicio Agrícola y Ganadero para que este informe acerca de dichas circunstancias en referencia a cada predio asignado, a la reserva, a la parte que se hubiere excluido de la expropiación y a la que se hubiere segregado por cualquier causa cuando ello fuere procedente. Lo anterior, en forma proporcional a la extensión efectivamente regada a la fecha de la expropiación. Este informe no tendrá carácter vinculante.

Previo a resolver, la Dirección General de Aguas podrá solicitar las aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor resolver, de conformidad con el inciso segundo del artículo 135.

2. La regularización de los derechos a que se refiere este artículo se hará mediante resolución de la Dirección General de Aguas, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 del presente Código. Esta resolución deberá publicarse en el extracto del Diario Oficial para efectos de su notificación y en su contra procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

3. A la resolución que determine el derecho de aprovechamiento de conformidad a estas reglas, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 150 de éste Código.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Esta regularización no le será aplicable a aquellos predios expropiados por las leyes N° 15.020 y 16.640 que a la fecha de dicha expropiación no contaban con derechos de aprovechamiento.”.”.

Normas de competencia extendida por acuerdo de la Comisión de Hacienda:

31. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 4:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

b) Reemplázase el siguiente texto: “1.- En el caso de derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos puntos de captación se ubiquen en las Regiones Primera y Décima, con excepción de la provincia de Palena:”, por: “1.- La patente se regirá por las siguientes reglas:”.

c) Sustitúyese en la letra a) del numeral 1.- la palabra “cinco” por “cuatro”.

d) Reemplázase en la letra b) del numeral 1.- la expresión “sexto y décimo” por “quinto y octavo”.

e) Sustitúyese la letra c) del numeral 1.- por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente, se multiplicará por el factor cuatro.”.

f) Agréganse al numeral 1.- las siguientes letras d) y e):

“d) Entre los años décimo tercero y décimo sexto inclusive, la patente calculada de conformidad a la letra a) precedente se multiplicará por el factor ocho; y, en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así, sucesivamente.

e) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido ocho años contados desde dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho, se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo, no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

g) Elimínanse los numerales 2.- y 4.-, pasando el actual numeral 3.- a ser 2.-.

h) Incorpórase el siguiente numeral nuevo, que pasa a ser 3.-:

“3.- Los plazos señalados en las letras a), b), c) y d) del número 1.- de este artículo, se contabilizarán a partir del primero de enero de 2006, a menos que se trate de derechos de aprovechamiento que se hayan constituido o reconocido con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso, los plazos se contarán desde la fecha de su respectiva constitución o reconocimiento.”.

32. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 129 bis 5:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) En los primeros cuatro años, los derechos de ejercicio permanente pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo.”.

b) Reemplázase en la letra b) la expresión “sexto y décimo” por “quinto y octavo”.”.

c) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Entre los años noveno y duodécimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra a) precedente se multiplicará por el factor 4; y en los cuatrienios siguientes, su monto se calculará duplicando el factor anterior; y así sucesivamente.”.

d) Agrégase la siguiente letra d):

“d) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido cuatro años contados desde la fecha de publicación de esta ley, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada, de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6° bis y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo 6° bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y/o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión.”.

e) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso tercero:

i) Intercálase entre la frase “utilización de las aguas” y la coma (,) que la sigue, la frase: “, de que dan cuenta los literales a), b) y c) anteriores”.

ii) Reemplázase la expresión “. En el caso” por “, a menos que se trate”.

iii) Intercálase entre las expresiones “tal fecha,” y “los plazos se computarán”, la siguiente: “en cuyo caso”.”.

f) Suprímese el inciso final.

33. Elimínanse los incisos segundo y tercero del artículo 129 bis 6.

34. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 9:

b) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N°19.253, respectivamente; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.”.

35. Incorpóranse las siguientes enmiendas en el artículo 129 bis 11:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “su cobro” por la siguiente: “sacar dicho derecho a remate público”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“La referida acción prescribirá en el plazo de tres años, contado desde el 1 de abril del año en que debió pagarse la patente.”.

*************************

Indicación del Ejecutivo:

Artículo transitorio, nuevo:

“Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos para el Sector Público.”.

Acuerdo de votación de la Comisión

La Comisión acordó votar los numerales 61 y 62 en forma conjunta. Luego votar en forma conjunta los numerales 31; 32; 33; 34, letra b), y 35, todos del artículo único en forma conjunta. Finalmente votar la indicación del Ejecutivo que agrega un artículo sexto transitorio, que la Comisión entiende de su competencia dada su naturaleza.

Sometidos a votación los numerales 61 y 62 del artículo único, son aprobados por el voto mayoritario de los señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Daniel Núñez, por el señor Aguiló; Cristián Campos (por el señor Auth); Fuad Chahin; Enrique Jaramillo; Yasna Provoste (por el señor Lorenzini); José Miguel Ortiz, y Marcelo Schilling. Votan en contra los señores Felipe De Mussy; Javier Macaya; Patricio Melero; Leopoldo Pérez (por el señor Santana), y Ernesto Silva.

El señor Chahin, argumentando su voto expresa que la reforma al Código de Aguas es necesaria, va en la línea correcta y constituye un avance significativo, sin embargo considera que en el trámite legislativo posterior se deben realizar ciertas adecuaciones a fin de perfeccionarlo.

El señor De Mussy señala que su voto de rechazo se fundamenta en las normas que ya fueron citadas y que considera que tienen impacto fiscal, pero que no cuentan con el suficiente respaldo financiero.

La señora Provoste fundamenta su voto favorable señalando que se trata de una reforma necesaria y sustantiva al Código de Aguas.

El señor Macaya, expresa que su voto en contra justifica en las dudas que no fueron despejadas por el Ejecutivo, particularmente las planteadas por el señor Alejandro Micco (Subsecretario de Hacienda). En la misma línea, el señor Melero considera que el proyecto de ley genera incerteza jurídica; derechos de primera y segunda clase; encarecimiento del crédito, y desincentivo a las inversiones. Finalmente, espera que en los trámites posteriores se corrijan los problemas que el mismo Ejecutivo planteó en la discusión. El señor Silva expresa que comparte la crítica que el propio Gobierno hizo sobre aspectos sustanciales del proyecto y que su voto de rechazo es motivado por la falta de indicaciones del Ejecutivo que corrijan esos aspectos.

El señor Ortiz consigna que todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo en extender la competencia a las normas relativa al pago de patentes. Lamenta que exista rechazo en legislar en la materia. Afirma que el proyecto no atenta contra los derechos de aguas constituidos. Considera que el proyecto constituye un gran avance para el país.

El señor Schilling apoya el proyecto toda vez que genera certeza jurídica en el sentido correcta, es decir, prevaleciendo el interés general por sobre del particular.

Sometidos a votación los numerales 31; 32; 33; 34, letra b), y 35, todos del artículo único, son aprobados por el voto mayoritario de los señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Daniel Núñez, por el señor Aguiló; Cristián Campos (por el señor Auth); Fuad Chahin; Enrique Jaramillo; Yasna Provoste (por el señor Lorenzini); José Miguel Ortiz, y Marcelo Schilling. Votan en contra los señores Felipe De Mussy; Javier Macaya; Patricio Melero; Leopoldo Pérez (por el señor Santana), y Ernesto Silva.

Sometido a votación el artículo sexto transitorio agregado por indicación del Ejecutivo, es aprobado por el voto mayoritario de los señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Daniel Núñez, por el señor Aguiló; Cristián Campos (por el señor Auth); Fuad Chahin; Enrique Jaramillo; Yasna Provoste (por el señor Lorenzini); José Miguel Ortiz, y Marcelo Schilling. Votan en contra los señores Felipe De Mussy; Javier Macaya; Patricio Melero; Leopoldo Pérez (por el señor Santana), y Ernesto Silva.

Se designa Diputado informante al señor Pepe Auth.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 30 de agosto; 6, 13 y 27 de septiembre; 4 y 11 de octubre, todas de 2016, con la asistencia de los Diputados señores Manuel Monsalve (Presidente de la Comisión); Pepe Auth; Sergio Aguiló; Fuad Chahin; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; Alejandro Santana; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva. Asimismo asistieron los señores Juan Enrique Morano, (por el señor Fuad Chahin); Daniel Núñez (por el señor Aguiló); Leopoldo Pérez (por el señor Santana), y Yasna Provoste (por el señor Lorenzini).

SALA DE LA COMISIÓN, a 12 de octubre de 2016.

PATRICIO VELASQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7543-12)

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas.

Recuerdo a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el martes recién pasado, en esta sesión se rendirán los informes correspondientes a esta iniciativa y en la del próximo 22 de noviembre se realizarán su discusión y votación.

El plazo para renovar indicaciones y solicitar votaciones separadas vence a las 12.00 horas del martes 22 de noviembre.

Diputados informantes de las comisiones de Recursos Hídricos y Desertificación; de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda son los señores Luis Lemus , Sergio Espejo y Pepe Auth , respectivamente.

Antecedentes:

-Moción, sesión 4ª de la legislatura 359ª, en 17 de marzo 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 87ª de la legislatura 363ª, en 3 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Informe de la Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 39ª de la presente legislatura, en 5 de julio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 84ª de la presente legislatura, en 17 de octubre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

El señor LEMUS (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas.

La iniciativa se originó en una moción de las diputadas señoras Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda ; de los diputados señores Enrique Jaramillo , Roberto León , Fernando Meza , Leopoldo Pérez , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín , y de los entonces diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti .

Ideas matrices del proyecto

Las ideas matrices del proyecto son:

a) Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua.

b) Reconocer las diversas funciones que ella cumple: social, ambiental, escénica, productiva, etcétera.

c) Obligar al Estado a garantizar el acceso a dichas funciones, estableciendo para ello dos modalidades: los derechos de aprovechamiento, cuando se trate de los usos competitivos del agua, y las concesiones temporales, tratándose de los usos esenciales del recurso, que son prioritarios.

La comisión compartió los fundamentos del proyecto y aprobó la idea de legislar por simple mayoría.

Votaron a favor la diputada señora Girardi , los diputados señores Álvarez-Salamanca ; Espinosa, don Marcos ; Gutiérrez, don Romilio , y Walker , y la entonces diputada señora Muñoz . Se abstuvo el diputado de la época señor Bertolino .

Las siguientes normas son de rango orgánico constitucional, conforme al artículo 77 de la Carta Fundamental, por incidir en la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales:

1.- El número 30, letra a), número ii) del artículo único, que modifica el artículo 129 bis 2 del Código de Aguas.

2.- El número 36, letra d), número ii) del artículo único, que modifica el artículo 129 bis 12 del referido código.

Los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del mismo código.

Fundamentos del proyecto

La moción se basa en el reconocimiento de los problemas de equidad en el acceso y sustentabilidad ambiental que enfrenta la gestión del agua en Chile. De acuerdo con los autores del proyecto, dichos problemas derivan de una visión restrictiva del agua que se limita a concebirla como un bien económico e insumo productivo, en circunstancias de que también es un bien esencial para la sobrevivencia humana y la de las demás especies y ecosistemas, como asimismo un bien intangible para la cultura, la calidad de vida y el desarrollo social.

Por ello, se requiere una mirada integral de este recurso natural que considere la diversidad geográfica y climática de nuestro país y logre una gestión armónica de los diversos usos del recurso hídrico.

A juicio de los autores de la moción, el sistema normativo que rige actualmente al agua no ha sido capaz de enfrentar tales desafíos. Como consecuencia de ello, se han generado problemas en el acceso y el abastecimiento del agua, escasez hídrica, extracción ilegal del recurso, sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, concentración de la propiedad, inseguridad en el abastecimiento primario y en el desarrollo local, degradación ambiental, condiciones de mercado erráticas y disímiles a lo largo del territorio e información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos.

Dicho cuadro explica el que se hayan presentado diversas propuestas de reforma a la normativa sobre aguas, que conforman el antecedente de este proyecto.

Síntesis del contenido de la moción

En primer lugar, se propone agregar un artículo 4° bis en el Código de Aguas, con arreglo al cual las aguas son bienes nacionales de uso público y cumplen diversas funciones: ambientales, de subsistencia, étnicas, sociales, productivas, escénicas; y establece como deber del Estado garantizar el acceso a dichas funciones.

Luego, el proyecto encomienda al Estado otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas para garantizar el acceso a la función productiva.

Sin embargo, el Estado debe resguardar la existencia de un caudal suficiente en todas las fuentes naturales para velar por las funciones escénicas, paisajísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas.

En concordancia con dicho postulado, el proyecto faculta a la Dirección General de Aguas (DGA) para limitar los derechos de aprovechamiento y constituir reservas de agua, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones de uso temporal cuyo objetivo sea el desarrollo de las funciones ya enunciadas.

Finalmente, y en relación con lo antes expuesto, la iniciativa propone agregar varios artículos al Código de Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances de las concesiones de uso temporal.

Al respecto, establece que tales concesiones no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco podrán ser objeto de gravámenes ni utilizarse para fines distintos de los que se tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo ministerio de la ley.

Cabe hacer presente que durante la tramitación del proyecto en la comisión el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva del texto de la iniciativa respecto de la cual, a su vez, se presentó un gran número de indicaciones, tanto del Ejecutivo como de diputados, como resultado de lo cual el articulado original del proyecto tuvo cambios sustanciales.

Las principales modificaciones propuestas al Código de Aguas son las siguientes:

Se refuerza el carácter de bien nacional de uso público del agua, estableciéndose que su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación (artículo 5° del Código de Aguas).

Asimismo, se consagra -en el mismo artículo el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, y se establece la prohibición expresa de constituir derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.

Además, se incorpora un artículo 5° bis en el que, junto con reconocerse las diversas funciones que cumple el agua, se prioriza su uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento tanto en el otorgamiento de los derechos como en la limitación de su ejercicio.

Por otra parte, conforme al nuevo artículo 5° ter que se agrega, se faculta al Estado para constituir reservas de agua con la finalidad de asegurar las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica.

De igual forma, mediante la modificación del artículo 6°, se establece que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que consiste en el uso y goce temporal de las aguas, y que ese derecho se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley. El plazo de la concesión no podrá extenderse más allá de treinta años, aunque por regla general será prorrogable, pero en la parte utilizada de las aguas. Respecto de los derechos no consuntivos, el período mínimo de duración de la concesión será de veinte años.

Asimismo, de acuerdo con el nuevo artículo 6° bis, los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace uso efectivo del recurso dentro del plazo de cuatro años, tratándose de derechos consuntivos, y de ocho años, cuando se trate de derechos no consuntivos.

En otro orden de cosas, se introducen modificaciones sustantivas en la regulación de las llamadas “aguas del minero”, reguladas en el artículo 56 del Código. Al respecto, se prescribe que las aguas halladas solo podrán ser utilizadas en las faenas de exploración y de explotación mineras si son informadas a la Dirección General de Aguas (DGA) -dicha obligación no existe actualmente-, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo.

La autorización para aprovechar las aguas halladas podrá ser denegada si se pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.

Respecto a las aguas subterráneas, que se regulan en el artículo 58 del Código, se consagra una amplia prohibición en materia de exploraciones, que abarca los terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios.

En la misma materia, se establece la obligación de la Dirección General de Aguas de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento cuando la explotación de aquellas produce la degradación del acuífero, al punto que afecte su sustentabilidad, precisándose el alcance de este último concepto en el artículo 62 del Código de Aguas.

Por otra parte, se reemplaza el artículo 67 del Código en reforma, para establecer que al declararse una zona como de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o la parte de aquellos que no se hubiesen explotado con anterioridad a la declaración.

Respecto del caudal ecológico mínimo, materia regulada en el artículo 129 bis 1 del Código, se incorpora una modificación importante, en el sentido de que no solo los derechos de aprovechamiento que se otorguen a futuro -es lo que dice la norma actual deben respetar dicho caudal, sino también los ya constituidos.

Además, se prohíbe, en el artículo 129 bis 2, otorgar derechos de aprovechamiento de aguas en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales, etcétera.

En otro ámbito, se introducen enmiendas sustantivas en el Título IX del Código de Aguas, relativo al pago de patente por no uso del recurso, materia regulada en el artículo 129 bis 4 y siguientes de dicho Código.

En líneas generales, los objetivos que se persiguen en ese aspecto son los siguientes: sancionar el acaparamiento especulativo de derechos de aprovechamiento, especialmente de los no consuntivos; homogeneizar los plazos y las condiciones entre los derechos nuevos y antiguos para que proceda la extinción de derechos por no uso y eliminar la subvención en materia de patente que existe en algunas regiones.

También merece subrayarse la innovación que se incorpora en cuanto al procedimiento de cobro de la patente, respecto de lo cual se propone agilizar el remate y se permite al fisco adjudicarse el derecho en ciertos casos.

Se modifica el artículo 147 bis del Código, relativo a la constitución del derecho de aprovechamiento, en cuanto a facultar a la autoridad para denegar no solo en forma parcial, como dice el texto en vigor, sino totalmente una solicitud de derecho de aprovechamiento, en circunstancias excepcionales y de interés nacional.

Se agrega un artículo 147 quáter que faculta al Presidente de la República para constituir en forma excepcional derechos de aprovechamiento, aun cuando no exista disponibilidad, con la sola finalidad de garantizar la función de subsistencia.

Se establece, en el artículo 150 del Código, que la inscripción de la resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento deberá efectuarse dentro del plazo 6 meses, contado desde el otorgamiento del derecho, bajo apercibimiento de caducidad de aquel. La norma actual no señala plazo.

En otro orden de cosas, se incorpora un artículo 307 bis al Código, mediante el cual se faculta a la Dirección General de Aguas para exigir, bajo sanción de multa, la instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos, del caudal ecológico contemplado en el artículo

129 bis 1 y un sistema de transmisión de la información que se obtenga.

Por otra parte, se efectúan varias enmiendas al artículo 314, que regula la declaración de zona de escasez. En lo principal, se extiende la duración de esa medida de seis meses a un año, prorrogable, y se elimina la norma que otorga derecho a indemnización al titular que reciba menor proporción de aguas de la que le correspondería, cuando la autoridad ejerza la atribución de redistribuir las aguas en el contexto de la declaración de zona de escasez.

Finalmente, se incorporan las siguientes modificaciones sustantivas en el procedimiento para regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas que contemplan los artículos segundo y quinto transitorios del Código:

En primer lugar, se extiende el plazo para tal efecto hasta cinco años, contado desde la publicación de la ley.

En segundo término, se otorga un papel muy activo a las organizaciones de usuarios en dicho procedimiento, sin perjuicio de mantenerse la posibilidad de regularizar en forma individual.

En tercer lugar, la regularización pasará de sede judicial a sede administrativa, lo que implicará un costo adicional para el fisco; sin embargo, ese mayor costo se justifica con creces, porque la decisión quedará radicada en el organismo que maneja la información acerca de la disponibilidad de agua.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

El señor ESPEJO (de pie).-

En nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre los acuerdos alcanzados en relación con el texto de la iniciativa legal que reforma el Código de Aguas, de iniciativa parlamentaria, sujeta a indicación sustitutiva de la Presidenta de la República, ya informado por el diputado Lemus .

El proyecto de ley que analizamos persigue:

a) Consagrar el derecho humano de acceso al agua potable, reconociendo las diversas funciones que esta puede cumplir y reforzando su carácter de bien nacional de uso público.

b) Otorgar al Estado las facultades necesarias para resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y sustentable.

c) Proteger las áreas de importancia patrimonial y ambiental.

d) Establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado “concesión”, intransferible e intransmisible, el que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

e) Prevenir y sancionar la tenencia especulativa de los derechos de aprovechamiento.

f) Regularizar los usos consuetudinarios y los derechos de aprovechamiento provenientes de predios Cora.

Durante el análisis de la iniciativa, la comisión recibió a las autoridades competentes, a usuarios, canalistas organizaciones de agua potable rural y representantes de diversos sectores económicos con interés en la materia.

En dicha instancia analizamos la constitucionalidad de algunas normas aprobadas por la comisión técnica, particularmente lo que ha sido objeto de controversias, si las modificaciones propuestas afectarán el dominio de los derechos de aprovechamiento adquiridos con anterioridad a la publicación de esta reforma y si podrían someterse al régimen de extinción y caducidad que se establece.

A fin de dilucidar la cuestión de constitucionalidad, se recibió a los abogados y académicos señores Juan Colombo , Enrique Navarro , Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer , cuyas opiniones constan in extenso en el informe de la comisión.

Entre las modificaciones que la comisión recomienda aprobar destacan las siguientes:

1. Precisar el alcance del concepto de “interés público”, en virtud del cual se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares.

Se entenderá por interés público aquellas acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas.

2. Corregir la norma referida a las aguas reservadas, en cuanto a que excepcionalmente podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento, entrega que nunca será considerada para el cálculo tarifario.

3. Estipular que el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de treinta años, de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda, y que podrá prorrogarse sucesivamente. En caso de que la autoridad considere que la concesión deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.

4. Facultar al titular para solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a tres años del vencimiento de su concesión, siempre que se acredite la realización de obras destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho y que no haya pagado patente por no uso en tres o más oportunidades en el periodo de la concesión.

5. Facultar la revisión de la concesión si existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, si se afecta la función de subsistencia o se perjudican los derechos de terceros. La revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo.

6. La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación estableció que los derechos de aprovechamiento se extinguirán si el titular no hace un uso efectivo del recurso; es decir, si no se construyen las obras para su aprovechamiento en un determinado plazo, período que podrá suspenderse mientras dure la tramitación de los permisos respectivos.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural eliminó el tope de cuatro años establecido como máximo para la suspensión, con la finalidad de resolver la asimetría producida entre derechos nuevos y antiguos y evitar que una eventual dificultad o incapacidad en la gestión de la administración pública perjudique a usuarios y titulares del derecho, principalmente agricultores.

7. Aprobar que las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedaran comprendidas en la referida suspensión, para evitar eventuales actos de especulación. Se incorporó el caso fortuito y la fuerza mayor como causales de suspensión del referido plazo, conforme a las reglas generales del derecho.

8. Autorizar la recarga artificial de acuíferos, en la medida en que no los contaminen, requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas y sin que sea necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción.

9. En la discusión se destacó la importancia de abordar las dificultades que produce el cambio climático y la desertificación de las cuencas.

En función de aquello se dispuso que en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar -se eliminó la referencia “a los derechos otorgados”-, la Dirección General de Aguas deberá velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, estableciendo con ese objetivo un caudal ecológico mínimo.

Se faculta a la Dirección General de Aguas para establecer un caudal ecológico mínimo respecto de los derechos de aprovechamiento existentes en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario.

También podrá establecer el caudal ecológico mínimo en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y los humedales de importancia internacional.

En la misma norma, se aprobó la no afectación de los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.910.

10. Disponer que la Dirección General de Aguas debe determinar las características técnicas, forma y periodicidad de la entrega de la información de los caudales extraídos y restituidos, en caso de los derechos no consuntivos, la que siempre será pública.

11. El artículo primero transitorio propuesto por la comisión técnica señala que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos de conformidad con la ley.

Se eliminó el inciso segundo de esta disposición transitoria, que establecía: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichos derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley.”.

Se argumentó que los procesos sancionatorios no debieran culminar necesariamente en la caducidad o extinción de los derechos, los que podrían contemplar medidas intermedias, por ejemplo, la aplicación de multas.

12. En la misma norma, se precisó que Indap o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros, respectivamente.

13. En relación con el deber de inscribir, bajo apercibimiento de caducidad, los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley en proyecto, dentro de 18 meses desde la entrada en vigencia, esta comisión precisó que la extensión de dicho plazo a cinco años se aplicará a los titulares que sean pequeños productores agrícolas de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.910, de acuerdo al artículo segundo transitorio.

14. Por último, se determinó que quedarán exentos de la suspensión del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, otorgados con posterioridad a la declaración de cuentas agotadas, los pequeños productores.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural mantiene la calificación de las normas realizada por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Asimismo, mantenemos el criterio de dicha comisión en orden a que los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Por tal motivo, la Comisión pide aprobar las enmiendas solicitadas. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rinde el informe de la Comisión de Hacienda, en reemplazo del diputado Pepe Auth , el diputado Enrique Jaramillo .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor JARAMILLO (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda ; de los diputados señores Enrique Jaramillo , Roberto León , Fernando Meza , Leopoldo Pérez , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín , y de los exdiputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti, que reforma el Código de Aguas, con urgencia calificada de suma y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

Tal como lo señalaron los diputados Espejo y Lemus , este proyecto tiene como propósito: a) Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; b) Reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir -social, de subsistencia, ambiental, productiva-; c) Generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, y d) Establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado “concesión”, intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

La comisión técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas.

La Comisión de Hacienda estimó que por tener incidencia en materia de naturaleza presupuestaria y financiera del Estado, son de su competencia los numerales 31, 32, 33, 34, letra b), y 35 del mismo artículo.

En cuanto a las normas de competencia de la comisión:

El numeral 61 corresponde a una indicación del Ejecutivo que incorpora varias modificaciones al artículo 2° transitorio del Código de Aguas, referido a la regularización de los denominados “usos consuetudinarios” del agua. Para tal efecto, exige comprobar la utilización ininterrumpida durante cinco años, antes de 1981, cuando entró a regir el Código.

Las principales innovaciones que se postulan en la materia consisten, por una parte, en que el procedimiento va a estar radicado en la DGA, al contrario de lo que sucede hoy, en que la justicia puede desechar la opinión del organismo técnico. Además, el trámite de regularización va a ser más breve y se permitirá efectuarlo a las organizaciones de usuarios, pero cumpliendo los mismos requisitos.

El numeral 62 introduce modificaciones al artículo 5° transitorio del Código de Aguas, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los expredios Cora desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Aguas.

Normas a las cuales la comisión extiende su competencia

Son de su competencia los siguientes numerales del artículo único del proyecto de ley, todos ellos relacionados con el pago y exención de patentes:

El numeral 31 modifica el artículo 129 bis 4, que prescribe que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las reglas que detalla a continuación.

El numeral 32 incorpora modificaciones al artículo 129 bis 5, que prescribe que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal, que se rige por las normas que especifica.

El numeral 33 corresponde a una indicación de las diputadas señoras Loreto Carvajal , Cristina Girardi y Yasna Provoste , y del diputado señor Raúl Saldívar , que suprime los incisos segundo y tercero del artículo 129 bis 6, cuyo tenor es el siguiente: “Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

También estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las Regiones.”.

El numeral 34, letra b), incorpora un siguiente inciso final al artículo 129 bis 9, que establece que finalmente estarán exentos del pago de la patente, a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del DFL N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° de este Código, y considerados en los artículos 2° y 9° de la ley N° 19.253, respectivamente; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma, y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140.

Precisa la norma que, para el último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.

El numeral 35 corresponde a una indicación del Ejecutivo en orden a introducir dos enmiendas al artículo 129 bis 11, con la finalidad de simplificar el procedimiento de remate de los derechos de aprovechamiento por no pago de la patente, como asimismo, establecer que la acción ejecutiva del cobro prescribirá en tres años, contado desde el 1 de abril del año en que debió pagarse la patente.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero N° 88, de septiembre del 2014, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña la indicación sustitutiva presentada por su excelencia la Presidenta de la República, señala que la presente modificación al Código de Aguas tiene como objetivo, por una parte, recoger las mejores experiencias internacionales en materia de regulación del uso y propiedad del recurso agua y, por otra, adaptarla para responder a las nuevas necesidades propias de nuestro país. Todo lo anterior con la finalidad de implementar dos ideas orientadoras que refuercen la administración, uso y disposición de los recursos hídricos. Al efecto, se dispone, para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, un cambio de concepción, porque pasa de ser un derecho perpetuo a ser un derecho con una extensión temporal, que asegure su uso efectivo y eficiente. Además, se establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios del agua, asegurando que estos siempre prevalecerán tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento.

Adicionalmente, se complementan las normas que permiten fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas, especialmente en la regulación temporal del ejercicio de uso de los derechos de aprovechamiento. Por otra parte, se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento cuya patente no ha sido pagada, para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento establecido para su cobro; asimismo, se resguardan los derechos de los actuales dueños de derechos de aprovechamiento y, finalmente, se establece el beneficio de una exención al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural. Nótese la importancia que el proyecto otorga a la ruralidad.

El informe prescribe que las indicaciones que se presentan al proyecto no tienen impacto financiero fiscal, por cuanto están orientadas a adecuar la normativa a la realidad y necesidades vigentes.

El informe financiero N° 013, del 19 de enero del 2015, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña indicación presentada por su excelencia la Presidenta de la República, señala que la modificación propuesta al Código de Aguas tiene por objetivo definir e indicar los procedimientos y plazos en materia de regulación del uso del recurso agua.

El informe señala que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley no tienen impacto financiero fiscal.

El informe financiero N° 101, de julio del 2015, de la Dirección de Presupuestos, que acompaña indicaciones presentadas por su excelencia la Presidenta de la República, prescribe que estas tienen como propósito homologar a nivel nacional los factores que se apliquen para determinar el monto de pago de las patentes por no uso, como, asimismo, perfeccionar el sistema de pago al acortar los tramos de tiempo a contabilizar para determinar los montos a pagar. Por otro lado, al derogar el inciso segundo del artículo primero transitorio, se universaliza el procedimiento y suspensiones de plazo para contabilizar la extinción de los derechos de aprovechamiento por no uso y, consecuentemente, se perfecciona el procedimiento de remate judicial al eliminar la figura del segundo remate, y de notificaciones y tramites procedimentales extensos y onerosos.

Finalmente, señala que las indicaciones en referencia introducen una modificación que reconoce una realidad distinta en los derechos de aprovechamiento de aguas, eximiendo del pago de patente en los casos en que existe la tenencia de derechos con fines ecológicos y no extractivos.

El informe expresa que las mencionadas indicaciones no implicarán mayores costos fiscales a la institucionalidad existente en la Dirección General de Aguas, toda vez que se orienta a perfeccionar el marco legal existente, para permitir una mayor eficiencia y eficacia en la labor de fiscalización y de administración de los derechos de aprovechamiento de aguas.

El informe financiero N° 151, del 6 de octubre de 2015, que acompaña la indicación presentada por su excelencia la Presidenta de la República, señala que la modificación propuesta tiene como objetivo fundamental agilizar los procedimientos para la regularización de derechos de aguas, al modificar los artículos 2° y 5° transitorios. En particular, se fija una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley modificatoria para el artículo 2° transitorio, y se excluye del procedimiento resolutivo actual a los tribunales de justicia, y se radica dicha etapa en una instancia administrativa mediante una resolución dictada por la Dirección General de Aguas.

De la misma forma, se modifica el artículo quinto transitorio, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los expredios Cora desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Aguas.

En ese contexto, las modificaciones propuestas tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de aguas que regulen las normas mencionadas, a la vez que disponen un plazo definido para su vigencia de modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos.

Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal

Indica el informe que las presentes indicaciones al proyecto de ley tienen el impacto financiero fiscal que se detalla en el siguiente cuadro. Los recursos serán oportunamente consignados en la proposición anual de los proyectos de ley de presupuestos respectivos.

Cabe destacar que el Ejecutivo presentó una indicación ante la Comisión de Hacienda para incorporar un artículo sexto transitorio, nuevo, que establece que “El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos para el Sector Público”.

Durante el debate, la mayoría de los integrantes de la comisión consideró necesaria la reforma, señalando que constituye un avance significativo, como asimismo destacaron que la iniciativa no afecta los derechos de agua ya constituidos.

Por otra parte, los parlamentarios de oposición estimaron que el proyecto de ley contiene un conjunto de normas que no cuentan con financiamiento suficiente para asumir la gran cantidad de facultades que se confieren a la DGA y las responsabilidades que a esta le competen.

La comisión acordó votar los numerales 61 y 62 del artículo único en forma conjunta. Del mismo modo, acordó votar conjuntamente los numerales 31, 32, 33, 34, letra b), y 35, todos del artículo único.

Finalmente, se acordó votar la indicación del Ejecutivo que agrega un artículo sexto transitorio, que la comisión entiende de su competencia dada su naturaleza.

En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión aprobó las normas de su competencia y la indicación del Ejecutivo, por la mayoría de sus integrantes presentes, recomendando su aprobación del mismo modo a la Sala.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, la discusión y la votación de esta iniciativa quedan pendientes para la sesión ordinaria del martes 22 de noviembre.

REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. ( BOLETÍN N° 7543-12) [CONTINUACIÓN]

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del día, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas.

Hago presente que sus informes se rindieron en la sesión 95ª, del 10 de noviembre pasado, y que el plazo para renovar indicaciones o solicitar votaciones separadas vence hoy, a las12.00 horas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los jefes de los Comités, se destinarán tres horas para el debate del proyecto, distribuidas proporcionalmente entre las bancadas, más cinco minutos por cada una de ellas, de manera que los tiempos son los siguientes:

Comité de la Unión Demócrata Independiente, 48.30 minutos; Comité de la Democracia Cristiana, 36.30 minutos; Comité Socialista, 30.30 minutos; Comité de Renovación Nacional, 29 minutos; Comité del Partido por la Democracia, 27.30 minutos; Comité Mixto e Independientes, 18.30 minutos; Comité Comunista e Izquierda Ciudadana, 15.30 minutos, y el Comité Radical Social Demócrata, 14 minutos.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 95ª de la presente legislatura, en 10 de noviembre de 2016.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, saludo a los ministros presentes en la Sala, al director nacional de Aguas y especialmente a los agricultores que nos acompañan en las tribunas.

Esta reforma al Código de Aguas nace de varias mociones parlamentarias, que son sustituidas por una indicación enviada por la Presidenta de la República, la cual discutiremos en esta sesión.

A nuestro entender, y en el mío en particular, esto parte de un mal concepto o de una mala idea.

Creo sinceramente en la necesidad de introducir algunas modificaciones al Código de Aguas. Estoy absolutamente convencido de eso y lo he conversado en más de una oportunidad con las autoridades presentes. Pero no entiendo ni comparto que se cambie el sistema de entrega de aprovechamientos de agua a un sistema de concesiones. Eso está fuera de toda lógica y, precisamente por eso, nuestra bancada de diputados votará en general en contra este proyecto de reforma al Código de Aguas.

(Aplausos en las tribunas)

Aunque lo más probable es que se apruebe en general, en la votación particular votaremos algunos puntos a favor y otros en contra. Hay algo muy claro: todos los parlamentarios que intervendrán, sobre todo los de las bancadas de enfrente, señalarán que el agua es un derecho de todos los chilenos. Eso no está en discusión en este proyecto, sino el derecho a aprovechar el agua. Todos sabemos que el agua es de todos los chilenos y eso no está en discusión.

El tema de fondo es quién tiene derecho a aprovechar esa agua. Cuando en un país como Chile se despilfarra el agua de la manera como se hace, no es este el camino que debemos seguir para tener más agua. El 80 por ciento del agua dulce de Chile desemboca en el mar.

¡El 80 por ciento! ¿Qué país en el mundo se puede dar ese lujo? ¡Ninguno! Ninguno hace una brutalidad tan grande como esa. ¿Qué hacen los demás países? ¡Construyen más embalses! Tenemos una inmensa cordillera y un territorio que deberíamos llenar de embalses y tendríamos agua más que suficiente para regar los campos, dar de beber a nuestra gente y tener agua potable rural, que todavía hace tanta falta en los campos. Para eso son los embalses. Pero no corresponde modificar, por mal camino, lo que hoy tenemos.

Dentro del Código de Aguas, hay cuatro o cinco temas que más molestan en esta materia. En primer lugar, el tema de las concesiones. Es absolutamente inaceptable que a futuro haya concesiones de los derechos de aprovechamiento de aguas, porque eso significa que no habrá más inversiones en el sector agrícola. ¿Qué seguridad tiene un agricultor con una concesión? ¡Cero! Por lo tanto, se acaba la seguridad jurídica.

En segundo lugar, se dice que esto es para los nuevos derechos y no corre para los antiguos. El artículo primero transitorio es muy ambiguo en su redacción y no queda claro que sea aplicable solo a los nuevos derechos y no a los antiguos. Por lo tanto, hay que cambiar su redacción. Lo tratamos de hacer en la Comisión de Agricultura, pero lamentablemente fue rechazada por los diputados de la Nueva Mayoría, aun cuando el gobierno estaba de acuerdo.

Luego, se cambia el concepto de ser dueño del derecho de aprovechamiento de agua por el de titular. Algunas personas me plantean que es lo mismo. Pero si significa lo mismo, ¿por qué no se deja la palabra “dueño”? ¿O por qué no se deja la palabra “dueño” para el que tiene y “titular” para la persona a la cual se le entregará en concesión. El gobierno está de acuerdo con ello, pero los parlamentarios de la Nueva Mayoría lo votan en contra.

Entonces, el gobierno quiere hacer cambios -y se lo reconozco tanto al ministro de Agricultura como al director nacional de Aguas-, pero aquí hay parlamentarios que no le hacen caso a su gobierno. Trabajar así es absolutamente imposible.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, quiero consultar a la Mesa sobre las inhabilidades que se aplican en este caso.

En concreto, hace un tiempo adquirí una parcela agrorresidencial de 5.000 metros cuadrados con derechos de aguas inscritos asociados a la propiedad y, en consecuencia, tengo derecho de aprovechamiento de las aguas del canal Pirque.

Por lo tanto, quiero consultar si es aplicable la inhabilidad consignada en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. De ser así, ese artículo debería aplicarse en varios casos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Diputado, la Mesa no está en condiciones de fijar un criterio sobre el particular, porque es una decisión que depende de la consciencia de cada uno de los parlamentarios.

Quien crea que hay alguna causal que se pueda aplicar al respecto debe tomar su propia decisión. La Mesa –repito no está en condiciones de fijar una doctrina al respecto.

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿es posible que las personas que están en las puertas del Congreso Nacional, entre ellos, agricultores y dirigentes de APR, puedan ingresar a las tribunas que están desocupadas?

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

No hay inconveniente en facilitar las tribunas para esos efectos. Hemos insistido en que el número total de posibles invitados es de 180. Una vez alcanzado ese número, no podemos facilitar la entrada de nadie más, pero aún hay espacio.

Daremos instrucciones a Carabineros para que las dejen entrar. Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y al director general de Aguas.

Por fin llegó la oportunidad de discutir y votar la reforma al Código de Aguas, que tuvo su origen en una moción presentada en 2011, que recogía ideas contenidas en diversas iniciativas sobre el particular e incorporó indicaciones del Ejecutivo.

Destaco el trabajo de la diputada Yasna Provoste en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y del diputado Sergio Espejo en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Ambos se abocaron a perfeccionar el proyecto.

El ministro de Agricultura acaba de firmar un nuevo decreto sobre escasez hídrica para catorce comunas de la Región de Coquimbo, a pesar de que tuvimos un mejor año en cuanto a precipitaciones y de que nuestros embalses se han recuperado. Esto habla de la necesidad de regular el uso del agua en situaciones de escasez hídrica.

Como diputado de esa zona me alegra que el proyecto consagre el derecho humano de acceso al agua y que priorice el agua para el consumo humano, la subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento de derechos como en la limitación de su ejercicio en caso de escasez.

Además, establece la facultad de reservar aguas disponibles para, posteriormente, destinarlas al consumo humano.

En el caso del Programa de Agua Potable Rural (APR), tan importante en la Región de Coquimbo, se crea un permiso transitorio de extracción para que las personas aprovechen las aguas solicitadas hasta por un máximo de 12 litros por segundo, ello mientras tramitan la solicitud definitiva. Por el solo ministerio de la ley podrán extraer aguas para satisfacer las necesidades priorizadas, sin solicitar derechos ni tramitar expediente alguno, siempre que estas se encuentren en terrenos del comité, de sus socios o en bienes fiscales que cuenten con la servidumbre respectiva.

Se ha discutido mucho respecto de las seguridades jurídicas. A conciencia, después de haber estudiado mucho el proyecto y sus perfeccionamientos, puedo afirmar que la reforma al Código de Aguas mantendrá vigente los derechos indefinidos de aprovechamiento constituidos con anterioridad. La incorporación de causales de caducidad y de extinción de los derechos de aprovechamiento no priva a ninguna persona de la titularidad de su derecho, en la medida en que inscriba su título en el registro conservatorio competente y haga un uso efectivo de este.

Muchos regantes y usuarios de agua no cuentan con títulos de dominio, lo que implica gran incertidumbre e imposibilidad de postular a subsidios, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Riego.

La reforma simplifica y abarata los procedimientos de regularización de usos ancestrales, pues los saca de la órbita de los tribunales y de la judicialización para que se efectúen ante la Dirección General de Aguas (DGA). Allí, la organización de usuarios podrá instar por que se efectúe una regularización colectiva. Eso va en beneficio de todos.

Creemos que es muy importante señalar que el actual Código de Aguas fue redactado en una época de abundancia hídrica. Hoy enfrentamos el cambio climático y el agotamiento del recurso, lo que nos obliga a actuar y a adaptarnos a esa realidad. El proyecto establece un equilibrio entre el uso productivo, el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, y la preservación ecosistémica.

Podemos tener legítimas diferencias en relación con cada uno de los artículos, por lo que hago un llamado a no desinformar respecto del contenido del proyecto. La iniciativa es razonable y está a la altura de lo que todos los países del la OCDE regulan en cuanto al ejercicio de los derechos de agua.

No puedo entender que una bancada diga que votará en contra la idea de legislar, es decir, de discutir la reforma al Código de Aguas y, al mismo tiempo, anuncie que votará a favor algunos aspectos en particular. Eso me parece una contradicción. El Congreso Nacional es el lugar para discutir todos los temas y, también, la modernización del Código de Aguas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, sin agua no hay vida. Los derechos son de todos. Por eso, hace un tiempo, con un grupo de colegas, nos dedicamos a elaborar una moción respecto de lo que creímos más importante: nada más ni nada menos que el agua, el agua que es de todos.

Se trata de un tema prioritario no solo en Chile, sino a nivel mundial. No por nada en numerosas instancias internacionales se ha abogado por el cuidado del agua, por su manejo sustentable y por el acceso a ella. ¿Para qué? Para el consumo humano antes que todo; para la protección de las fuentes de agua dulce, esas que algunos dicen que se van al mar.

Dejemos que la naturaleza actúe y hagamos un uso efectivo del agua, con miras a evitar que los derechos de aprovechamiento se mantengan en manos ociosas que solo pretenden lucrar con un elemento que es de propiedad común.

(Aplausos)

De acuerdo con ciertos informes que nos ha entregado la OCDE, nuestro país se encuentra muy atrasado en cuanto a la adopción de medidas desde el Estado para asegurar el uso adecuado del agua y su suministro a toda la población. Por ello, se hace más que necesario asegurar el carácter público del vital elemento y regular su forma de aprovechamiento por los distintos interesados. Vaya esta frase para los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, y para el director General de Aguas, quienes nos acompañan. Ellos son parte importante en este proyecto que estamos tratando y parte importante de lo que quiere Chile.

En esta iniciativa que reforma el Código de Aguas se consagra como un derecho humano el acceso al agua potable y el saneamiento de la misma, y se establece la protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental, como es el caso de los glaciares, tantas veces intervenidos. En su momento vi un video que mostraba cómo se extraía agua de un importante glaciar, la cual era envasada en botellitas y exportada por sus cualidades “milagrosas”, según los foráneos. El agua no se iba al mar, sino que se vendía a Estados Unidos a 15 dólares la botellita, sin pasar por Aduanas ni por ningún control de nuestro país. Son situaciones que muchos desconocen, pero que algunos conocemos.

Por eso, apoyaremos con fuerza el proyecto de ley.

¡Ciudadanos de Chile, no les quepa duda alguna de que aquí se defenderá su agua, porque es de todos los chilenos!

He dicho.

-Aplausos

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb.

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, a la luz de los discursos y de la realidad de nuestro país, este proyecto es deficiente; quisiéramos avanzar mucho más.

No se puede desconocer que en Chile existen problemas de distribución de agua, de proporción de agua y de escasez de agua, tanto para el riego como para el consumo humano. Por supuesto, también existen disputas por aguas.

Sin agua no hay vida, ni en la ciudad ni el campo; no hay vida humana ni producción. Sin agua sencillamente no existiríamos.

Los municipios y los gobiernos regionales se pasan prácticamente los 365 días del año distribuyendo agua para el consumo humano en algunas comunas, incluso, para el consumo animal, que en algunos lugares ni para eso existe. Por lo tanto, la escasez de agua -años atrás este inconveniente no existía es un problema que debemos abordar y solucionar. Pero la solución debe ser viable y no debe afectar los derechos ni a las personas que necesitan el vital elemento.

Se pretende establecer una sola norma para un país muy diverso, que tiene cordillera y mar, y que tiene una zona tan seca como el extremo norte, y una tan abundante en agua, como el sur. No somos el país más extenso del mundo, pero tenemos todos los tipos de climas que existen. Tenemos el desierto más árido de la tierra y una zona tan lluviosa como el extremo sur del país. Tenemos zonas tropicales, como Isla de Pascua, y zonas con hielos eternos, como la cordillera de Los Andes y la Antártica.

En consecuencia, no podemos pretender que una sola norma reglamente una realidad tan diversa. En las tribunas nos acompañan personas de la zona norte y de la zona sur del país, que no entienden sus respectivas posiciones, porque viven realidades absolutamente distintas. Por lo mismo, no puede existir una sola norma que reglamente toda la realidad de un país extenso como Chile, en el que paradójicamente tenemos mucha agua hacia el poniente, con un mar que nos baña de norte a sur, y una cordillera hacia el oriente, que también es abundante en aguas. Para qué hablar del extremo sur y de la Antártica, que muchos dirán que no es chilena, pero en la cual hay mucha agua.

Por lo tanto, estamos en la paradoja de estar discutiendo sobre la situación de escasez de agua y sobre la regulación del uso de este recurso, en circunstancias de que tenemos agua en abundancia.

Sin embargo, el Código de Aguas no es la única norma que deberíamos modificar, ya que en la zona norte, dada la existencia de empresas mineras y eléctricas, la situación de escasez de agua es distinta a la que existe en la zona sur, respecto de la cual habría que modificar el decreto ley N° 701, sobre fomento forestal, dadas las disputas entre zonas agrícolas y zonas pobladas debido a la disminución del agua.

Por lo tanto, el Código de Aguas resulta deficiente en su origen y en su modificación. Debemos buscar alternativas que permitan abocarse a cada una de las realidades del país. La idea es que las modificaciones legales que se lleven a cabo permitan optimizar y tecnificar el uso del recurso. Sabemos que en la conducción del agua, desde su fuente de origen hasta el sector rural en el que se va a utilizar, se pierde el 60 por ciento del recurso, y que en su distribución se pierde otro 20 por ciento. Además, de toda esa agua, solo el 20 por ciento es utilizado adecuadamente.

Debemos solicitar mayores recursos, a través de la Comisión Nacional de Riego, para la distribución y buen uso del agua potable rural, de manera que realmente llegue a las personas que la necesitan. Debemos estudiar la manera de que no existan disputas en esta materia, y buscar la forma de acumular aquella agua que, al no ser utilizada, finalmente llega al mar y se desperdicia.

Debemos avanzar más allá de una modificación al Código de Aguas, porque esta finalmente pone una disputa entre los chilenos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros y al director de la DGA presentes en la Sala.

Me alegra ver a los agricultores en las tribunas en esta sesión en que discutimos el proyecto que reforma el Código de Aguas. En las comisiones técnicas de esta Corporación llevamos prácticamente cuatro años escuchando a todas las organizaciones de regantes del país.

Como Presidenta de la Comisión de Agricultura me correspondió participar en el debate de este proyecto de reforma del Código de Aguas, en el que recibimos a todas las organizaciones y gremios de pequeños agricultores, a representantes de la CNR y también a los de las mesas del agua de las regiones del país.

Sin embargo, me llama la atención que, de acuerdo con un artículo de prensa publicado en El Mercurio de hoy, los representantes de la Multigremial Nacional digan que no han sido escuchados, en circunstancias de que los recibimos varias veces en las comisiones respectivas y escuchamos claramente lo que nos querían decir. Entre otras cosas, manifiestan que este proyecto lleva a la expropiación de los derechos de aguas. ¡Es lo más falso que se puede decir! Por el contrario, esta nueva institucionalidad permitirá hacernos cargo de los factores que el cambio climático ha ocasionado en nuestro país. También nos lleva a reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano; todos los ciudadanos tendrán el derecho a contar con agua potable en sus casas. El Ministerio de Obras Públicas estima que hay 400.000 personas en nuestro país que no tienen acceso al agua potable -no pueden tomar ni siquiera un vaso de aguay que deben recibirla a través de camiones aljibe. Lo veo en mi zona, en Melipilla y Talagante. Eso es inaceptable. Por lo tanto, debemos velar por el derecho humano del acceso al agua potable.

Lógicamente, esta iniciativa no viene a expropiar los derechos de dominio que existen. Reemplazar el derecho de dominio por una concesión no significa expropiar -es lo más falso que hemos escuchado-; significa que realmente vamos a regular los derechos de aguas. Sabemos cómo se especula con ellos. En nuestros distritos hemos visto cómo se han vendido derechos de aguas separados de la tierra en gran cantidad de millones de dólares. Lo sabemos y lo conocemos. Vemos cómo empresas extranjeras están explotando esos derechos de aguas que fueron vendidos años atrás, mientras al lado de dichas explotaciones existen zonas de secano donde las personas no tienen cómo acceder a ese elemento.

Eso es lo que queremos cambiar: lo relativo al derecho de aguas para que su titular lo utilice como corresponde y no como un sistema de especulación.

Sabemos que hay agricultores serios que usan sus aguas para riego y que además dan trabajo. Los felicitamos. Pero también existe gente que especula. Eso hay que reconocerlo. Por tanto, a través de este proyecto de reforma al Código de Aguas, debemos resguardar el buen uso del recurso hídrico.

Asimismo, en la iniciativa se incorporan criterios de sustentabilidad en la gestión de recursos hídricos con la protección de los acuíferos y humedales; el establecimiento de caudales ecológicos mínimos en las fuentes que se encuentren amenazadas, degradadas o con grave afectación y en áreas protegidas, así como también con la conservación de las aguas en áreas protegidas y la constitución de reservas de agua con fines de conservación.

Ello no significa expropiación, sino proteger a los agricultores. Si quien tiene derechos aguas arriba y dispone de un flujo de muchos litros por segundo y en un año de sequía pretende usarlos en su totalidad mientras aguas abajo no queda agua en la fuente, se hace necesario regular.

Todos tienen derecho a regar sus tierras y a disponer de los litros de agua necesarios para hacerlas productivas y, como hemos dicho, para hacer de Chile un país agroalimentario. Pero si somos egoístas y queremos todo solo para algunos, nunca podremos desarrollar nuestro país.

(Aplausos en las tribunas)

Queremos que se haga un aprovechamiento equitativo e igualitario del agua.

Quienes tengan derechos de aguas y los usen los tendrán para siempre. Sin embargo, los derechos de aguas que no sean utilizados por sus titulares deberán ser redistribuidos. Eso es equidad en la sociedad.

Por otra parte, esta iniciativa además no reforma todo el Código de Aguas, sino solo 55 puntos, y lo que busca es equidad en el acceso al recurso.

Por lo expuesto, manifiesto que estamos contra los privilegios y la especulación y que vamos a proteger los derechos de los pequeños, medianos y grandes agricultores para que puedan regar sus tierras. Pero si vemos que ellos especulan y no protegen sus tierras, fiscalizaremos seriamente esa situación, porque debemos lograr que todas nuestras tierras, no solo algunas,…

-Aplausos en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo por su intermedio a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura presentes en la Sala, en forma especial al director de la DGA, y también a los representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas que se encuentran en las tribunas.

(Aplausos en las tribunas)

Hace muy poco tiempo en esta Sala cantamos la canción nacional porque aprobamos un proyecto de ley precioso relacionado con el agua potable rural.

(Aplausos en la Sala)

El ministro de Obras Públicas sonríe, y con razón.

Durante muchos años intentamos que el agua potable rural tuviera un estatus distinto, porque se trata de un derecho humano que consagraremos -por finen la modificación al Código de Aguas.

Lo que estamos haciendo hoy es consagrar ese derecho, lo que dijimos cuando resolvimos lo relativo al agua potable rural en el citado proyecto. Al mismo tiempo, ello tiene que ver con algo muy importante: el saneamiento, que es vital y que, lamentablemente, no existe en los sectores rurales. Además, la política pública en materia de agua en los sectores rurales está tremendamente asociada a las viviendas: si no tenemos agua, no seremos capaces de extender y desarrollar un sector rural como corresponde.

(Aplausos en las tribunas)

Entiendo que sobre el particular no existe dificultad en el proyecto de reforma al Código de Aguas y que todos votarán a favor la propuesta. No me lo explicaría de otra forma, ya que responde a una racionalidad básica.

¿Dónde tenemos dificultades? Debemos intentar explicarlas aquí lo más racionalmente posible.

Las dificultades se relacionan con los agricultores. Al respecto, quiero pedir al Ejecutivo, y en forma especial a los dos ministros y al director general de Aguas, que expliquen pedagógicamente a los agricultores que tienen inscritos sus derechos de aguas que no se verán afectados, y a los que no los tienen, cómo pueden regularizar esa situación, para que no existan ni incertidumbre ni malos entendidos ni -ello debo decirlo con todas sus letrasla política del temor y del miedo, porque eso no es así.

Nosotros hemos estado permanentemente en esta Sala tratando de colocar a la agricultura y a la pequeña agricultura en la discusión. Nadie puede decir lo contrario.

Ahora bien, intentaré explicar lo que atañe al artículo primero transitorio del proyecto, que señala: “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.”. ¿Qué dice esta disposición? Que los agricultores que tengan inscritos tales derechos no tendrán dificultad. Lo que estamos diciendo…

(Aplausos en las tribunas)

No me aplaudan, porque me complican.

Entonces, ahí estamos diciendo que quienes no usen el agua tendrán problemas, porque esa agua la necesitan otros. Pero, ¿saben algo? El 99,9 por ciento de los agricultores ocupan el agua. Entonces, ellos no tendrán dificultades.

¿Quiénes no usan el agua?

¡Aquí están!

-La diputada señora Sepúlveda exhibe un documento.

Aquí están los que no usan el agua, a quienes tenemos que decirles que deben entregarla. Son 9.180 patentes de personas a las que se les está cobrando por el no uso del agua. ¡Ahí está la especulación!

Déjenme leerles la información de que dispongo.

Solo en Cachapoal, provincia a la que represento en parte: Enerplus , Sociedad Agrícola Minera, Pacific Hydro Chile , Hidroeléctrica Nido de Águilas, amarillo. ¡Por favor, miren: todo amarillo! Todas son centrales hidroeléctricas y mineras que no tienen que ver con la agricultura.

Entonces, ¡no me vengan…!

(Aplausos en las tribunas)

Que unos pocos no nos vengan a vender una realidad que no existe. Aquí los agricultores, y menos los pequeños, no van a perder sus derechos de aguas, porque están inscritos.

(Aplausos en las tribunas)

Quienes van a perder, señora Presidenta, son los que no hacen uso del agua. Tenemos el listado completo: son 9.180 titulares de derechos que pagan patente por no uso de las aguas, y deberán devolverlas.

¡Esos son los que van a perder con este Código!

-Aplausos.

La señora PASCAL, doña Denise (Presidenta accidental).-

Pido silencio a las personas que se encuentran en las tribunas para que pueda intervenir el diputado señor Ramón Barros.

Informo a la Sala que su señoría dispone de cuatro minutos entregados por la bancada de la UDI y de dos minutos cedidos por el Comité Mixto e Independientes.

Tiene la palabra el diputado señor Barros.

El señor BARROS.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los dos ministros y al director general de Aguas, quienes se encuentran presentes en la Sala.

Hoy nos reunimos para votar este proyecto de reforma al Código de Aguas.

Nadie está en contra de establecer claramente que el agua potable es un derecho humano. Por eso, por supuesto que aprobamos el proyecto de agua potable rural (APR). Pero en ese caso estamos hablando del 1 por ciento del agua que se utiliza. Por lo tanto, no me gusta que en este proyecto, al amparo de ese 1 por ciento (al respecto nos encontramos todos de acuerdo -¿quién podría estar en desacuerdo?en que debemos incluso incrementar la cantidad de agua potable para nuestra gente), se deduzca una iniciativa que, a mi entender, hace trizas numerosos aspectos.

Si bien -lo señaló la señora Presidentavinieron cientos de organizaciones de regantes a exponer a nuestra comisión, los parlamentarios de la Nueva Mayoría votaron totalmente en contra de esos cientos de organizaciones que concurrieron a dicha instancia.

(Aplausos)

Ellos siempre votaron en contra de los agricultores.

¡Digámoslo claro!

En Chile el agua sobra; en nuestro país la dotación de agua por persona equivale a cerca de 1.000 veces la cantidad que se requiere para la vida, según estudios realizados por organismos internacionales.

Ahora, si en Chile el agua sobra, ¿qué ocurre?

(Manifestaciones en las tribunas)

Pifien todo lo que quieran. Para mí es un bálsamo en la defensa de mis agricultores. No tengo otros mandantes.

¿Qué nos ha pasado? Que en Chile, lamentablemente, como sociedad -no se lo puedo adjudicar a este gobierno-, hemos sido incapaces de impulsar un plan de embalses grandes, medianos y pequeños.

Este gobierno proyectó la construcción de 19 embalses grandes. Lo dijo en un discurso la Presidenta de la República, Sin embargo, ya todo va “tirando para la cola”.

Mientras no seamos capaces de embalsar el agua que se pierde en el mar, o una parte pequeña de ella, estaremos en problemas. Por eso, me duele el nivel de ideologismo y de demagogia que plantean algunos actores en la discusión de este proyecto. Si este proyecto no inyecta ni un solo litro de agua al sistema. Nuestro problema es cómo incrementamos la disponibilidad de agua que se pierde en el mar, y eso es lo que no hemos hecho, lo que no han hecho los gobiernos.

Como poseo diez hectáreas que sí tienen derechos de agua, le consulté al señor secretario general de la Cámara de Diputados sobre mi situación, y curiosamente, no obstante que represento a decenas de miles de agricultores, me respondió que no podré votar. Sin embargo, como todavía existen caballeros en la Cámara de Diputados, debo agradecerle al diputado Ramón Farías que, en un acto de caballerosidad, haya accedido a concederme el pareo, para ser honestos y cumplir con mi deber como parlamentario.

Agradezco ese gesto del diputado Farías , en especial porque pocas veces se ven actitudes como esa en la Corporación. Probablemente en el pasado sí se hacía.

Estoy de acuerdo en que hay que sancionar y conculcar los derechos de aquellos que no son agricultores y que especulan con el agua a lo largo y ancho de Chile -estoy absolutamente de acuerdo con eso-; pero la agricultura -usted bien lo sabe, ministro-, con el precio del cobre proyectado, tiene y va a tener que ser necesariamente el nuevo pilar del desarrollo de nuestra patria.

Por ello, considero que cuando se introduce este nivel de incertezas, que, de alguna manera, podríamos considerar una expropiación encubierta, no garantizamos ese desarrollo y nuestra misión sigue trunca.

El agua sigue corriendo hacia el mar y, finalmente, ¿a quiénes se les aprieta el cogote? A los agricultores.

Estoy de acuerdo con que el acceso al agua potable es un derecho del ser humano; también lo estoy -reiterocon que hay que sancionar a quienes especulan con ella, incluso más allá del pago de la patente. Sin embargo, estoy en total desacuerdo con que a los agricultores se les sindique como personas que no usan el agua.

Hay un problema: el porcentaje de regularización de agua es muy bajo…

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, diputado Saffirio.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, me alegro de que existan relaciones de caballerosidad y gentileza dentro de la Cámara. Esa debería ser la regla general. Sin embargo, no pueden suplir el Reglamento.

Lo manifiesto porque el pareo opera entre dos parlamentarios que tienen derecho a voto. Por lo tanto, considero que no puede haber pareo entre un parlamentario que se ha inhabilitado y otro que sí tiene derecho a votar.

En consecuencia, el pareo al que ha hecho referencia el distinguido colega Barros no puede producir ningún efecto al momento de la votación, particularmente cuando se trata de un proyecto que contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Ramón Barros.

El señor BARROS.-

Señor Presidente, seré más caballero aún, así que libero del pareo al diputado Ramón Farías. No tengo ningún problema frente a mis agricultores. Ellos saben lo que pienso, lo que expreso y defiendo.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el trámite de la reforma al Código de Aguas ha sido un proceso muy especial, muy sui géneris en la Cámara de Diputados, porque no solo ha contemplado su discusión en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación por más de un año -escuchen bien: más de un año estuvimos discutiendo la reforma al Código de Aguas-; también pasó por la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, que revisó toda la votación y la discusión de la reforma al Código de Aguas.

No obstante eso, lo que nos dijo la Sociedad Nacional de Agricultura fue que esta era una iniciativa expropiatoria y montó una campaña del terror -quiero decirlo con todas sus letrasrespecto de los alcances y características de esta reforma al Código de Aguas.

También quiero hacer un reconocimiento público a quien actualmente es senadora, pero que en su calidad de entonces diputada impulsó este proyecto de ley: la señora Adriana Muñoz , víctima de esta campaña del terror dirigida por la Sociedad Nacional de Agricultura.

Señor Presidente, este proyecto establece, antes que todo, que el consumo humano del agua y el derecho a la vida son una prioridad que debe ser resguardada y asegurada para todos los chilenos.

Es de público conocimiento -lo sabe toda la gente que está vinculada, que vive o que tiene conocimiento del mundo ruralque la situación de escasez hídrica que tenemos es brutal. En nuestra Región de Coquimbo y en todo Chile -a veces, incluso nos llegan noticias de Chiloétenemos todavía los famosos camiones aljibe. Sí, a pesar de que ha llovido en nuestra región en los últimos dos años, aún tenemos camiones aljibe, y en muchas ocasiones los comités de agua potable rural -en que el Estado invierte millones de pesos para construir infraestructura, como pozos, y asegurar así el acceso a este vital elementosimplemente ven secarse sus pozos, no obstante que al lado hay una plantación forestal que florece, una plantación agrícola que florece o una faena minera.

Esa es una verdad indudable que he visto cientos de veces cuando hemos visitado la provincias de Limarí y de Choapa, o las zonas rurales de la provincia de Elqui.

Por eso es tan importante que a través de esta reforma al Código de Aguas se establezca el derecho al agua como un derecho humano. La vida está primero y, frente a eso, no hay ningún derecho ni propiedad que la pueda limitar.

Esa es la causa de que este proyecto establezca que en períodos de escasez de agua se limitarán los derechos de propiedad y los derechos de agua, para asegurar el consumo humano, decisión que, por supuesto, apoyaremos.

Por otra parte, se ha especulado mucho respecto de los alcances de esta reforma, en circunstancias de que lo que pretende hacer es un uso racional del agua y poner término a la especulación.

No sé qué actor económico que vive de su trabajo no va a estar de acuerdo en que la especulación mata cualquier actividad económica. Lo que queremos es evitar lo que ocurre hoy con muchos derechos no consuntivos, que son solicitados por un privado, no son ocupados y quedan en la especulación. Eso, evidentemente, impide el desarrollo de actividades económicas y perjudica.

Como eso también ocurre con derechos consuntivos, acá se establece que al no haber inscripción ni uso se podrán caducar los derechos de agua.

También quiero decir que hay gran inquietud entre los pequeños propietarios. He conversado con ellos en mi región, algunos de los cuales me han dicho: diputado, ¿vamos a perder el derecho de agua porque no lo inscribimos?

Ante esa pregunta, les respondo que no, que habrá cinco años para que lo puedan inscribir, con apoyo del Estado, de la Dirección General de Aguas. Nuestro compromiso es que ningún pequeño propietario perderá su derecho de agua por no inscribirlo, ya que sabemos que para el mundo rural no es fácil hacer esos procesos y trámites burocráticos. Por eso hay un apoyo muy decidido, en ese sentido, de parte del Estado.

También se ha dicho que este es un proyecto de laboratorio, que esta reforma al Código de Aguas se ha discutido entre cuatro paredes y que se ha hecho por parlamentarios que no conocen lo que sucede en el mundo rural. Quiero decir que uno de los artículos que esta reforma contempla lo propusieron los integrantes de una asamblea de pequeños campesinos de la localidad de El Maitén, ubicada cerca del río Mostazal, en el último valle de la comuna de Monte Patria, quienes nos pidieron proteger los humedales altoandinos y los bofedales de nuestra región, porque también son parte importante de las fuentes que permiten sobrevivir a nuestros ríos.

Por eso es tan trascedente que se aprueben las modificaciones al artículo 63 del Código de Aguas, ya que permitirán que la actual protección de bofedales y humedales altoandinos de las regiones de Arica y Parinacota , y de Antofagasta, se extienda hasta las regiones de Atacama y de Coquimbo.

Sin lugar a dudas, este es un triunfo de los campesinos, un triunfo de nuestra gente que protege las aguas.

(Aplausos)

Creo que todos lo deberían aplaudir porque estamos consagrando un derecho.

Hay un tema que no voy a eludir y respecto de cual me voy a pronunciar sin ambigüedad y sin temor. Me refiero al otorgamiento de derechos provisionales en cuencas declaradas agotadas y zonas de restricción.

Todos hemos sabido, y ha sido cubierto por los medios de comunicación en muchas ocasiones, de la verdadera guerra del agua que tenemos en la provincia de Petorca. Uno de los elementos que ha incidido en la generación de esta guerra es que se ha permitido la inscripción de derechos provisionales de agua, los que pasan a ser derechos permanentes a los cinco años. Esto ha permitido que grandes empresarios y grandes propietarios agrícolas hayan usurpado el agua de pequeños campesinos.

(Aplausos)

Esta reforma al Código de Aguas contempla, en el artículo quinto transitorio, terminar con los derechos provisionales de agua en cuencas agotadas. Es evidente que no puede haber derechos de agua en cuencas que no tienen agua.

¡Cómo podemos permitir eso! ¡Cómo el Código de Aguas permite que se sobreotorguen derechos y que en la práctica rija la ley del más fuerte! ¿Quién gana? El que tiene más dinero hace pozos más profundos y seca los pozos de los campesinos. ¡Esa es la realidad que tenemos hoy en algunos lugares de nuestro país!

(Aplausos)

El artículo 67, nuevo, del Código de Agua establece que no se pueden entregar derechos de aprovechamiento de aguas en zonas de prohibición y tampoco se van a permitir derechos provisionales de aprovechamiento de aguas cuando esas zonas sean declaradas de escasez o de prohibición. En consecuencia, es un cambio importante.

Quiero decir con mucha franqueza que esta reforma al Código de Aguas es acotada, porque no contiene todos los cambios que la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana quisiera. ¿Por qué? Porque lamentablemente el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República estableció la propiedad privada sobre los derechos de agua. Es decir, Augusto Pinochet aseguró la propiedad privada del agua para impedir que todos los chilenos decidamos de qué manera usar este elemento vital, que es un bien nacional de uso público.

Por eso, democratizar y hacer una distribución más equitativa de los derechos de agua es una tarea que va a quedar pendiente en gran medida, la que tendremos que abordar durante la elaboración de una nueva Constitución realmente democrática.

(Aplausos)

Lo planteo no para relativizar, sino para destacar que esta reforma es muy importante, ya que a pesar de ser acotada, tendrá un impacto tremendo, porque enfrenta problemas de urgencia, da más atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA) y permite atacar problemas que hoy ocurren en nuestro país, como es el robo de agua.

Por lo tanto, esta reforma tiene todo el apoyo de nuestra bancada, y felicitamos al gobierno por haberse comprometido a sacar adelante el proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, saludo a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, y al director general de Aguas.

Estamos discutiendo un proyecto de ley tremendamente importante.

Quiero dejar claramente establecido que esta iniciativa llegó con discusión inmediata cuando quien habla era Presidente de la Comisión de Agricultura, es decir, durante el año pasado, por lo que solicitamos que se retirara esa urgencia para invitar a todos los regantes, asociaciones de regantes, interesados y personas que tenían dudas acerca de esta reforma al Código de Aguas.

Realizamos decenas de sesiones para atender adecuadamente a quienes venían a la comisión. Incluso, se viajó a provincias para aclarar dudas respecto de la reforma del Código de Aguas, como sucedió con la sesión que realizamos en la ciudad de Los Ángeles.

No cabe duda de que el agua es un bien nacional de uso público, es vida y hay que cuidarla; tampoco cabe duda alguna de que el cambio climático es una realidad a nivel mundial, por lo que cada vez escasea más el recurso hídrico. Por eso, tenemos que ser cuidadosos con él.

(Aplausos)

Aquí no se trata de quitar el agua a nadie, sino que se use bien; eso es lo que nos importa. Debido a los azotes que ha recibido Chile como consecuencia del cambio climático, hemos planteado la imperiosa necesidad de construir embalses a lo largo del país para retener las aguas lluvia, de manera de darles un uso adecuado en favor de las personas y que sirva para el riego de los cultivos y para satisfacer las necesidades del ganado.

Quiero destacar que el agua es vital en el campo. Como se dice, sin agua, no hay vida.

Por consiguiente, quiero rescatar algo muy importante de esta iniciativa en relación con el proyecto de ley de presupuestos, en el que se ha otorgado un aumento considerable de recursos para construir sistemas de agua potable rural (APR), con el objeto de que la gente del campo pueda consumir agua sana, limpia y no contaminada.

(Aplausos)

Quiero dejar claramente establecido que a los derechos de agua antiguos inscritos no se les ha introducido ninguna modificación y siguen siendo definitivos. Asimismo, el caudal ecológico, que tanto preocupa a mucha gente, está restringido a los parques y reservas nacionales, y a las áreas silvestres protegidas.

La Comisión Nacional de Riego ha cumplido un rol muy importante en la bonificación de equipos de riego para trabajar con tecnología moderna en el uso del agua y así aprovechar de mejor manera este recurso. Tendrá que seguir haciendo lo mismo para regar más superficie con menos agua.

Las altas temperaturas y los fuertes vientos que tenemos en la actualidad obligan a nuestros agricultores a regar con más frecuencia sus cultivos, porque las tierras se secan rápidamente. Hoy las siembras necesitan más agua que antes, lo que obligará a utilizar más tecnología.

Respecto del caudal ecológico mínimo, quiero referirme al caso del lago Laja, que está en el entorno de un parque nacional. Su capacidad es de cinco mil millones de metros cúbicos. La capacidad mínima que debiera tener en la actualidad es de mil millones de metros cúbicos, pero hoy solo tiene la mitad de esa cantidad.

En consecuencia, debemos tener cuidado, porque no se le puede seguir explotando en forma irracional y desmedida, es decir, sacando más agua de la que ingresa. En este caso, la Endesa incurre en una irresponsabilidad.

Es indudable que el mundo carece de alimentos para satisfacer las necesidades humanas. El cambio climático ha hecho la situación más compleja. Por eso, debemos dar un buen uso al agua en nuestro país y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros cultivos se rieguen adecuadamente.

Finalmente, por intermedio del señor Presidente pido al señor ministro de Obras Públicas que explique de mejor forma los alcances de esta reforma, pues aclarará muchas dudas relacionadas con esta materia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-

Señor Presidente, saludo a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, y al director general de Aguas.

Señor Presidente, es necesario discutir cómo estamos utilizando un recurso tan preciado y necesario, sobre todo cuando enfrentamos un cambio climático.

Es evidente que el proyecto ha generado preocupación y descontento en nuestros agricultores, porque no recoge bien sus problemas.

Entiendo que el ministro de Agricultura también comparte que Chile requiere un potente plan de inversiones que permita aprovechar bien el agua de que se dispone, incorporar tecnología y mejorar las técnicas de riego y la red de distribución.

Estamos dando los primeros pasos en esos temas; pero cuando llega el minuto de discutir el proyecto de ley de presupuestos, la plata no aparece y los agricultores tienen que seguir esperando.

En ese sentido, se requiere de una visión a mediano y largo plazo que nos permita enfrentar realmente este problema y hacer los mejoramientos para aprovechar el recurso como corresponde.

Por otro lado, algunos parlamentarios han planteado que estamos ante la siguiente disyuntiva: ¿aseguramos el consumo humano o velamos por otros intereses? ¡Eso no es efectivo! Durante décadas se han construido sistemas de agua potable rural a lo largo del país y nunca hemos tenido ese conflicto. Lo que hace falta son más recursos para los APR. Hay muchos proyectos listos esperando recibir financiamiento. ¿Cuál es la restricción? ¡No hay plata en las regiones!

Tenemos que aumentar los recursos en forma considerable, para que podamos asegurar el consumo humano de agua limpia y de calidad, porque eso es lo que falta.

¿Qué nos preocupa? Que este proyecto afecte la propiedad de los agricultores y atente contra los derechos de aprovechamiento de agua.

Por eso, votaremos en contra el proyecto en general, porque lo consideramos débil y que afecta a un gremio muy importante, como son los agricultores.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Iván Fuentes.

El señor FUENTES.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto ha causado un gran debate. Pero quiero hacer una reflexión respecto de la terrible situación que se vive a nivel mundial.

Cuando hace varios años en los medios de comunicación se hablaba del calentamiento global, quienes estábamos trabajando en algún lugar del litoral pensábamos que eran temas propios de gente que había estudiado, temas ajenos a nosotros y en los que no creíamos porque veíamos cómo llovía torrencialmente, caía nieve, hacía mucho frío y el viento del este nos partía la cara.

Era muy difícil creer aquello; pero resulta que esa realidad que escuchábamos en una radio a pilas hoy ha llegado a todos los lugares. Tanto es así que he tenido reuniones con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga , y con el ministro de Agricultura para tratar este tema. En la Patagonia me he reunido con gente de la DGA para ver cómo nos acomodamos a esta nueva realidad.

No puedo decir que ya no llueve en Aysén, porque hace ocho días llovía en forma torrencial, pero ayer -pueden revisar los índices de temperatura el calor era superior al de Santiago. Esa cruda realidad nos está complicando a todos.

Durante mucho tiempo la naturaleza ayudó a la humanidad, pues le dio de beber y de comer. Hoy la naturaleza necesita nuestra ayuda. ¿Cómo la podemos ayudar? Buscando formas racionales y equilibradas de ocupar el agua y de repartirla; tenemos que hacerlo. No queremos que alguien tenga una porción gigantesca y más abajo haya personas a las que se les secó la huerta.

¿Qué hace un agricultor al que se le secó la huerta que le permitía vivir? ¡Se va a vivir a la ciudad! ¿Y en qué parte de la ciudad vive? En la periferia, con todos los problemas que ello conlleva.

Algunos dicen que el proyecto es ideológico. ¡Por cierto que es ideológico! Porque es una ideología de vida cuidar lo que nos hace bien. La casa en que vivimos no es el techo que nos cubre, sino todo el entorno: el agua, el aire, la tierra. Por consiguiente, tenemos que cuidarla.

(Aplausos)

¡Y tenemos que ser hermanables! ¡Cómo vamos a querer hacer daño con esta norma! Podemos equivocarnos, pero no tenemos la intención de dañar. ¡No queremos dañar a nadie!

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Raúl Saldívar.

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, al director general de Aguas y a todos quienes están presenciando la discusión de este proyecto.

Hemos escuchado frases apocalípticas respecto de lo que ocurriría si se aprobara esta modificación al Código de Aguas. La Sociedad Nacional de Agricultura ha señalado que el Estado deberá desembolsar 27.000 millones de dólares por concepto de indemnizaciones a los agricultores. Además, calificó esta acción como expropiatoria y ha señalado que provocará enormes pérdidas en la economía y disminución del crecimiento.

¡Qué lejos de la realidad están esas afirmaciones! Muchas veces hemos escuchado declaraciones de esta naturaleza cuando está en juego el bien común versus el interés menor.

Participé en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación cuando se discutió esta importante modificación al Código de Aguas. Ha sido un largo proceso que ha dado importantes frutos; quizá no de la magnitud y calidad que se esperaban, pero, al menos, estamos ante una reforma transcendente, porque tendrá un gran impacto, más aún teniendo en cuenta el diagnóstico sobre el estado del agua en Chile, que indica que el 40 por ciento del territorio presenta escasez hídrica. Vale decir, se trata de una situación extremadamente compleja.

¿Qué se ha tenido en cuenta? La actual sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, los problemas de acceso al agua potable y el hecho de hacer realidad lo que dispone la ley cuando señala que el agua es un bien nacional de uso público. Sin embargo, esa definición de la ley se diluye cuando los derechos de agua se entregan gratuitamente a quienes los pidan, en la cantidad que lo pidan, para siempre y sin limitaciones. Hoy no está asegurado el uso prioritario del agua para el consumo humano. Faltan facultades administrativas para obtener información acerca de las extracciones y para ejercer una política real y efectiva de policía y vigilancia. Tampoco se promueve su uso efectivo y no hay sanciones disuasivas que impidan el acaparamiento y la tenencia especulativa de los derechos de aprovechamiento del agua.

Esa es la realidad que queremos cambiar por esta vía, pero que encuentra férrea oposición.

De todo ello se hace cargo el proyecto de ley cuando reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, cuando se señalan los usos prioritarios del agua, cuando se establecen reservas de agua y la discriminación positiva para los sectores de subsistencia, como son los APR, los pequeños campesinos y las comunidades indígenas; cuando se fijan requisitos para la sustentabilidad ambiental, cuando se perfecciona el sistema de patentes por no uso de derechos de agua, estableciendo sanciones disuasivas, entre otros aspectos de igual o mayor relevancia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.-

Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará en contra parte importante de este proyecto de ley, porque tenemos la convicción de que es una mala iniciativa, que no soluciona los problemas que tenemos con los recursos hídricos de nuestro país.

Esta reforma, al igual que la mayoría de las reformas de este gobierno, pone el foco en el lugar incorrecto, imperando una visión dogmática que está enfocada en acrecentar el control del Estado por sobre los perfeccionamientos necesarios para superar los problemas del agua o promover una eficiente gestión de los recursos hídricos.

La prioridad se enfoca en entregar facultades absolutamente discrecionales a la DGA, lo que solo produce una enorme incertidumbre a los pequeños y medianos agricultores respecto de sus derechos de aprovechamiento.

En marzo de 2011, el Banco Mundial entregó un sólido y completo diagnóstico sobre la materia y señaló que se debieran realizar algunos ajustes y mejoras en distintos aspectos que dicen relación con la calidad del agua, con la protección del medio ambiente y con los fortalecimientos institucionales, todo lo cual ayudaría a superar las deficiencias que tendría el sistema actual.

El informe del Banco Mundial detecta también desafíos vinculados a los aspectos institucionales, de los cuales el proyecto de ley no menciona absolutamente nada.

En primer lugar, el Banco Mundial proponía fortalecer la Dirección General de Aguas (DGA) para cumplir sus funciones actuales de forma adecuada, más aún en un ambiente de creciente competencia por los recursos hídricos.

En segundo término, recomienda fortalecer las juntas de vigilancia, que son las organizaciones de usuarios más importantes para cumplir con la función de administración de aguas. Sin embargo, hoy enfrentan limitaciones no menores asociadas a su reducida organización, capacitación y profesionalización.

Además, según el Banco Mundial, se requiere de un enfoque de gestión integral del agua como unidad de análisis, planificación y gestión, para evitar el riesgo de que se incrementen las externalidades por un inadecuado manejo del recurso.

Pero, como ya he dicho, este proyecto nada dice de lo anterior, ya que se priorizan aspectos netamente ideológicos.

Se ha hablado incansablemente de las grandes empresas y de los especuladores del mercado, y se ha asegurado que el proyecto va dirigido a terminar con estos abusos. Lo que nadie dice es que, en ese afán, están perjudicando a miles de pequeños y medianos agricultores.

La forma que el proyecto de ley tiene para garantizar el uso efectivo de los derechos de aguas es la patente por no uso, sistema implementado desde 2005. Es cierto que, hasta hoy, no hemos visto un gran impacto en este sistema, por lo que creo necesario endurecer el pago y aumentar su valor. Pero hay que tener claro que el sistema va aumentando el costo a través del tiempo, por lo que se debería esperar para evaluar su impacto. Por ejemplo, Endesa devolvió derechos de agua por primera vez, ya que el pago de patente por no uso empezaba a ser muy costoso. El sistema de pago de patente por no uso es positivo y debería ser aun más estricto.

Todo este debate se ha construido sobre la falsa afirmación de que en Chile existe una concentración en la tenencia de derechos de aguas. No es así. Solo mencionaré un par de cifras para probar el error de esta afirmación. El 80 por ciento de los derechos de agua consuntivos están en manos de agricultores, de los cuales el 80 por ciento son pequeños y medianos.

Así, el cambio de un modelo de derechos de aprovechamiento definitivo a un sistema de concesiones a treinta años, prorrogables en determinados casos y siempre revisables, generará que tengamos derechos de primera y segunda categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un pequeño agricultor vaya a pedir un crédito al banco para desarrollar, por ejemplo, una plantación de arándanos, tendrá problemas de acceso al financiamiento, ya que hay incerteza jurídica respecto de su derecho, sumado a una enorme discrecionalidad de la DGA para revisarlos de manera permanente. Lo anterior representa un problema que no tendrán las personas que cuenten con un derecho adquirido con anterioridad.

Además, se encarecerá el sistema crediticio por insuficiencia de los nuevos derechos para entregarse como garantía. Esto no lo digo yo, sino el gerente de Pequeñas Empresas del Banco del Estado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

También se dejó establecido que las concesiones se destinarán a un uso específico, con una sanción de caducidad en caso de destinarlo a un fin distinto al cual fue otorgado, salvo autorización previa de la autoridad. ¿Quién es la autoridad competente y cuál será el criterio de autorización? ¿Cuáles son los fines para los que se pueden otorgar las concesiones? De nuevo estamos produciendo la misma incertidumbre que expliqué anteriormente.

Soy completamente partidario de que, a quien no use sus derechos de aguas, se le extingan después de cuatro años para los consuntivos y de ocho años para los no consuntivos. Pero hacerlo en forma retroactiva es completamente inconstitucional, de manera que no se puede aprobar una norma así, a pesar de que estoy a favor del fondo de la materia.

Voy a pedir votación separada del inciso cuarto del artículo 5 bis, del artículo 6 completo, del artículo 129 bis, del inciso tercero del artículo segundo transitorio y del artículo primero transitorio.

Finalmente, considero que habría sido muy necesario que este proyecto de ley fuera tramitado también por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, puesto que supone cambiar el paradigma de la propiedad y conceder facultades a órganos administrativos. Todas estas facultades parecieran más propias de la judicatura.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que, para los efectos de las indicaciones, hay un acuerdo, que se informó en el hemiciclo, en el sentido de que estas se podían presentar solo hasta las 12.00 horas. Todas están registradas por la Secretaría, para los efectos de la votación.

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón por un punto de Reglamento.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, pido que me aclare más ese punto, porque un tema es la presentación de indicaciones -entiendo en ese sentido lo que expresó-, pero pregunto si eso también incluye las solicitudes para desagregar votaciones, que, según el Reglamento, no constituyen indicaciones.

Según la tradición de esta Corporación, siempre se ha podido desagregar votaciones hasta el término del debate.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Para aclarar el punto reglamentario, tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Señor diputado, la unanimidad de los Comités acordaron que tanto la petición de votaciones separadas como las indicaciones se podían presentar solo hasta el mediodía.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, pido que la segunda parte sea revisada.

El plazo para presentar indicaciones es algo que regulan los Comités, pero la tradición de esta Corporación indica que separar las votaciones, es decir, solicitar que un artículo se vote separadamente, históricamente, siempre ha sido hasta antes del término del debate, porque no implica ninguna complejidad jurídica para la Secretaría.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Señor diputado, para los efectos prácticos y para que no se genera una discusión reglamentaria, pido que se acerque a la testera, porque la Secretaría me aclara que todas las votaciones han sido solicitadas por separado.

En consecuencia, podemos estar discutiendo un problema que, en los hechos, no exista. Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, saludo al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga ; al director general de Aguas, señor Carlos Estévez , y a las personas que se encuentran en las tribunas.

Lo que estamos discutiendo no es una conversación baladí, sino que tiene que ver con el futuro, con la proyección, con el legado de Chile para el siglo XXI.

Pregunto a quienes no quieren apoyar esta iniciativa: ¿qué pasaría en el caso hipotético de mantenerse la legislación de 1981? ¿Se considera que el agua es un recurso natural renovable y que va a seguir con estos parámetros?

Han pasado más de treinta y cinco años de este modelo privado, que quizás tuvo una intención en su momento, porque todo en Chile se transaba de esa manera. ¿Pero creen que en treinta años más las condiciones pluviométricas del mundo van a ser las mismas? ¡Absolutamente no!

El cambio climático no es un discurso baladí. Chile está dentro de los diez países más vulnerables del planeta. Y cuando hablamos de mitigar las emisiones de gases, debemos reconocer que también somos parte de ese problema, que es global y que otros países aún no han asumido.

Durante este año se celebró la Cumbre de Marrakech, en la que participó la Presidenta Bachelet. Allí se dio cuenta de factores naturales y antropogénicos que están generando este problema.

Si seguimos aplicando el modelo de 1981, los que no tienen agua tendrán que seguir implorando a San Isidro y a Dios para que llueva; no así quienes sí tienen agua porque el mercado los favorece.

El mecanismo consagrado en 2005 generó incentivos erróneos. Se pensó que el valor de la patente iba a regular el mercado, que los usuarios no tendrían ninguna razón para especular con sus derechos de agua. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Esta situación se ve acentuada con la sequía, pues la escasez de agua incrementa el valor de cada unidad de caudal. Se trata de una realidad que deberemos seguir enfrentando en este siglo.

El resultado final es que existen usuarios -empresas y personas naturales que acumulan cantidades exorbitantes de derechos de agua, por los cuales reciben cuantiosas ganancias a partir de su venta. Sobre el particular, invito a los parlamentarios a leer un reportaje publicado en la revista Capital. Nadie puede afirmar que esta revista es de izquierda o que pertenece a conglomerados que quieren desarmar el país.

Debemos hacernos cargo de las alteraciones en la pluviometría. Basta con mirar a nuestros vecinos. En Bolivia existen graves problemas de escasez de agua. La falta de lluvias afectan a nuestra industria, a la agricultura y también el consumo humano.

Ya no estamos en los tiempos en que mirábamos caer el agua en abundancia del cielo; esa no es la realidad actual. La producción agrícola debe adecuarse a nuevas exploraciones de productos acorde con el racionamiento del uso del agua. Sabemos que son decisiones difíciles de tomar, pero debemos tener una mirada de largo plazo en esta materia.

Insisto en la pregunta: ¿Alguien podía pensar que manteniendo el Código de Aguas de1981, del siglo pasado, seríamos un país viable? Por supuesto que no. La violencia ya ha llegado a muchos sectores. Los que conocen el caso de La Ligua y Petorca lo saben bien.

Echo de menos en este proyecto de ley el planteamiento de grupos ideológicos que se identifican con la derecha y que considero valorables. Me refiero en particular a la idea de construir una carretera hídrica por un valor aproximado a los 20.000.000.000 de dólares.

En nuestra Región de Coquimbo, debido a las caídas de los niveles de agua en las cuencas, hay que horadar cada vez más la tierra para encontrar una gota de agua. Por otra parte, el uso de plantas desaladoras es excesivamente caro para nuestro país.

Apelo a la responsabilidad por nuestras futuras generaciones. Eso es lo que está en juego en este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, el Código de Aguas data de 1981, año clave para la instauración del actual modelo económico chileno. En ese año se producen, entre otros acontecimientos, el desmembramiento de las universidades y la creación de las AFP. Dos años antes se impuso el Código Laboral. En 1980 se promulgó una nueva Constitución, la que fue impuesta a sangre y fuego.

Nada de eso es casualidad.

El Código de Aguas es uno de los lastres todavía vigentes de la dictadura cívico-militar. Este permitió que la Dirección General de Aguas concediera a entidades privadas, gratuitamente y a perpetuidad, los derechos de aprovechamiento de agua.

Es una situación única en el mundo. Esa normativa permitió que el agua se convirtiera en un bien transable en el mercado. Su aprovechamiento y gestión quedaron amparados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad y bajo los criterios de mercado.

No pasó mucho tiempo para que los grandes grupos económicos de nuestro país, dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador, concentraran la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua y especularan con ellos, perjudicando el acceso de la población que dependía y hacía un uso racional del recurso.

El Código de Aguas separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, impactando sustantivamente a los habitantes de comunidades rurales que no poseen los derechos de aprovechamiento consuntivo del agua que discurre por sus propios terrenos.

Chile es un país hídricamente diverso. Existen 101 cuencas con 1.251 ríos torrentosos que fluyen de este a oeste. La Región Metropolitana es la segunda más seca, después de la Región de Antofagasta, y es 6.645 veces más seca que la Región de Aysén. Tenemos un país hídricamente heterogéneo, pero con normas homogéneas para todo el territorio, impuestas por ciertodesde Santiago.

El 73 por ciento de los derechos consuntivos de agua, aquellos que se consumen durante el proceso, corresponden a la gran agricultura, 9 por ciento a la minería, 12 por ciento a la industria y 6 por ciento al consumo humano y sanidad. Los derechos no consuntivos se destinan, mayoritariamente, para la generación de energía. Estos están concentrados en solo tres empresas.

Hoy, gran parte de nuestros recursos acuíferos tienen derechos sobreotorgados, 41 comunas no tienen acceso al agua potable y el 40 por ciento de nuestro territorio presenta declaraciones de escasez hídrica.

Estos datos muestran que la situación relacionada con el agua es grave, por lo cual es importante que actuemos con celeridad.

En este contexto, el gobierno nuevamente desperdicia una gran oportunidad de hacer una reforma profunda, en este caso una reforma que devuelva algo tan vital como el agua a los territorios y sus comunidades.

El 90 por ciento de los derechos de agua ya se encuentran otorgados a perpetuidad, y este proyecto de ley no los toca. Los conflictos por el agua son muchos a lo largo y ancho de nuestro país: Valle del Huasco, Caimanes , Petorca , donde se han visto involucrados en denuncias por robo de agua Edmundo Pérez Yoma , Osvaldo Jünemann , Marcelo Trivelli y el exdiputado Eduardo Cerda. Además, Cautín , Malleco , Cochamó , entre otros muchos lugares, presentan problemas hídricos. Incluso, la Región de Magallanes, en particular la provincia de Última Esperanza, también va a tener problemas de agua. ¡Algo inédito para nuestra zona!

El presente proyecto de ley no solucionará el problema, dado que el gobierno y el Parlamento han terminado cediendo a las presiones de la gran agricultura, de la gran minería, de las forestales y de las empresas generadoras de megaelectricidad. Nadie ha escuchado a las comunidades afectadas. Se ha avanzado en una reforma que es insuficiente. Sin duda, la reforma presenta avances, como la prelación del uso de agua en situación de escasez para consumo humano, saneamiento y preservación del ecosistema para actividades de subsistencia.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Disculpe, diputado. Pido que, durante el debate, no interpelen al parlamentario que hace uso de la palabra. Obviamente, se comprende que, al finalizar su intervención, la tribuna pueda intervenir. Así el debate será más fluido.

Puedo continuar, diputado señor Boric.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, votaré a favor algunos artículos de la reforma; pero las comunidades movilizadas -algunas presentes en las tribunasy los grupos emergentes, conscientes de este gran problema, seguiremos luchando en conjunto, con más fuerza aun, por la recuperación efectiva del agua para los territorios y su gente, como derecho garantizado constitucionalmente.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, se ha transversalizado la idea de que es imposible concebir la vida de grupos humanos sin la existencia del agua. También es imposible concebir el desarrollo industrial, cualquiera que sea el plano o la actividad económica, sin el recurso hídrico.

Si esto es así, ¿por qué habría de tener potestad sobre este recurso tan vital un puñado de privados que especula con los derechos de aguas?

(Aplausos)

¿Les costaron muy caros esos derechos? ¡Nada! Sin embargo, construyeron un mercado especulativo con ellos.

Por tanto, no se trata de debatir sobre aquellos que quieren abusar de un derecho que adquirieron eternamente, sin pagar ni un peso por él, sino de discutir qué significa el recurso agua en el contexto de una crisis de escasez de marca mundial y que en nuestro país afecta mayormente a regiones como la de Atacama. Llegó la hora de que hagamos un debate abierto sobre el rol del Estado respecto del agua y sobre la nacionalización de este recurso. La idea es garantizar el acceso al agua, en primer lugar, a las comunidades, pero también a las actividades agrícolas e industriales, aunque no como propietarias del recurso, pues también pueden generarse abusos. A nuestro juicio, ese es el tema de fondo.

Sin perjuicio de lo anterior, me parece un atentado a la humanidad el hecho de que alguien pretenda tener control o hacer mercado de los derechos de aguas a espaldas de la comunidad. Es un atentado hacia la posibilidad de desarrollo, de crecimiento y sobre todo de resguardo de la salud pública de quienes constituimos las comunidades.

Nos parece que esa materia no estaba considerada en el proyecto.

No dejamos de valorar que exista la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, y que se consideren los eventuales escenarios de crisis hídrica y su repercusión en el consumo humano, en el saneamiento domiciliario, en el caudal ecológico y en la agricultura de subsistencia.

En nuestra región la agricultura consume casi el 70 por ciento del recurso hídrico. Dado que es una región desértica, no puede garantizarse a priori la diversificación de la actividad agrícola para ayudar a cubrir la canasta alimentaria ante una eventual crisis alimentaria. Por ello, debemos seguir estableciendo regulaciones para poner en el centro el recurso hídrico en crisis, porque el derecho al agua no puede estar desestibado en beneficio de unos pocos y en contra de la inmensa mayoría.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Celso Morales.

El señor MORALES.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes en la Sala y a los dirigentes gremiales de los regantes de Curicó, quienes nos acompañan en las tribunas.

(Aplausos)

Sin duda, el Código de Aguas deber ser actualizado. También hay situaciones que deben ser reguladas de mejor manera para asegurar el uso del escaso recurso hídrico.

Nadie duda de que las cooperativas de agua potable rural deben tener reglas claras para que puedan asegurar el suministro adecuado de agua para el consumo humano. Si ese es el objetivo, es importante que el gobierno coloque los recursos necesarios para que puedan ejecutarse mayores obras.

Otro tema sensible es el acaparamiento de derechos de aprovechamiento de aguas que hacen las grandes empresas, toda vez que no dan al recurso un uso propio ni uno en beneficio de la comunidad. Eso sencillamente es un abuso que hay que corregir.

Pero este proyecto de reforma al Código de Aguas contiene un pecado capital: debilita de manera clara el derecho de propiedad del agua de los pequeños y medianos agricultores de nuestro país. Una ley que consagra un nivel de incerteza jurídica de esta naturaleza, sin duda es una mala ley, ineficiente y que perjudica a los pequeños agricultores. El Parlamento tiene como misión fundamental dictar leyes claras, precisas, que aseguren los derechos existentes y que no los debiliten.

También hay un problema incomprensible que atraviesa desde hace mucho tiempo nuestro país: la política de embalse del Estado de Chile, que ha sido y aún es realmente dramática. No existe un programa serio y realista en materia de construcción de embalses que, de alguna forma, asegure el abastecimiento y mitigue la escasez hídrica durante los próximos años. Nuevamente, este gobierno es cómplice de un proyecto ideológico, con claros visos de inconstitucionalidad, que deberán ser corregidos, una vez más, por el Tribunal Constitucional.

Votaré en contra gran parte de este proyecto, pero especialmente lo haré por defender los derechos de aprovechamiento de aguas de los pequeños agricultores de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo.

El señor ESPEJO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a quienes nos acompañan en las tribunas, a los ministros presentes y también a mis colegas.

Contrariamente a lo que algunos han señalado, este proyecto protege la sustentabilidad de los acuíferos, genera estabilidad, da seguridad en el tiempo al uso de los derechos y entrega a la autoridad la capacidad de intervenir en un área en la que las restricciones a esa facultad amenazan con la pérdida de un recurso vital.

Entiendo que quienes viven en ciudades no capten en su profundidad lo que significa vivir en un sector rural, donde el abastecimiento de agua es posible solo gracias a sistemas de APR.

(Aplausos)

Entiendo que quienes viven en las ciudades no comprendan lo que significa para un agricultor acceder al agua y contar con ella permanentemente, sin temor a que una decisión arbitraria de la autoridad lo prive del recurso, y sabiendo, además, las dificultades enormes que la propia naturaleza impone para la provisión del mismo.

Quiero citar a los representantes de la Confederación de Canalistas de Chile, quienes han señalado los aspectos positivos de este proyecto de ley. ¡Hasta cuándo hablamos de lo que parece y no decimos las cosas que constan por escrito! Ellos dicen que este proyecto es muy importante -estoy de acuerdoporque da prioridad al consumo humano de agua. Si usted no vive en Los Amarillos, en Chépica, en Litueche, en La Estrella, en Pichidegua o en tantos otros lugares de nuestro territorio que no tienen acceso a agua potable, ¡claro que le será fácil hablar de esto! Reitero: este proyecto da prioridad al agua potable para el consumo humano, para la subsistencia y para el saneamiento.

Los canalistas también dicen -tienen razónque este proyecto protege a las organizaciones destinadas a proveer el recurso. En efecto, se crea un permiso transitorio para que los comités y cooperativas de agua potable rural aprovechen las aguas solicitadas, hasta 12 litros por segundo como límite, mientras se tramita la solicitud definitiva. Asimismo, permite al Estado reservar aguas disponibles para otorgarlas cuando sea necesario satisfacer usos de subsistencia. También permite, al fin, a los comités de agua potable rural, por ejemplo, cavar pozos en suelo propio, para hacer uso de aguas subterráneas que serán fundamentales para el consumo humano.

Los canalistas dicen -estoy de acuerdo con ellosque este proyecto vela por que coexistan el uso productivo y el uso ecológico del recurso, porque eso es lo sensato.

Cuando se vive en la ciudad o en un lugar donde el agua no es escasa, como lo es en el campo, se pueden hacer grandes discursos sobre la ecología y sobre la necesidad de no tocar y no usar jamás ese recurso. Pero ¿cómo se desarrolla la actividad cotidiana? Me refiero no solo a la actividad de subsistencia, sino también a la actividad económica de la que viven miles de chilenos.

Los canalistas nos dicen que este proyecto permite conciliar estos recursos y que, además, protege ecosistemas amenazados.

Yo estoy escuchando los discursos contrarios a esta iniciativa.

Reitero que los canalistas, a quienes se dice defender en esta Sala, nos señalan que este proyecto también protege a los ecosistemas amenazados, y no de cualquier manera: no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, no podrán otorgarse derechos de aguas en las áreas declaradas bajo protección oficial para proteger la biodiversidad; se extiende la protección de aguas que alimentan áreas de vegas, bofedales, etcétera.

Si uno revisa el proyecto y la discusión de fondo, se da cuenta de que esto es un tremendo avance. Entonces, me llama mucho la atención que en la Sala se diga: “Este proyecto es un avance. ¡Sí, lo necesitamos!”, y que al mismo tiempo se señale: “Si lo aprobamos, vamos a destruir a Chile.”. Eso es mentira; es falso.

En esta iniciativa se protegen los derechos vigentes. ¡Que sepan los agricultores que no se tocan los derechos vigentes! ¡Que sepan que se protegen sus derechos en el tiempo!

(Aplausos)

Que no les mientan a los agricultores. Que sepan que los usos consuetudinarios, esos que no están regularizados y que, por tanto, no los habilitan para postular a un subsidio o para recibir ayuda estatal, en este proyecto cuentan con un procedimiento para regularizarlos con la finalidad de entregárselos a ellos, a los que cultivan la tierra, a aquellos que tienen derecho al agua.

Que se diga con claridad a los agricultores, a quienes se les ha mentido, que este proyecto no afecta los derechos vigentes, solo regulará derechos futuros.

Y permítanme que les señale algo.

Hace un rato escuché a alguien decir: “Una concesión a treinta años. ¿Cómo vamos a poder pedir un crédito?”. Los desafío a que busquen un solo negocio en Chile que no sea financiable en la banca cuando se tienen treinta años por delante. ¡Y treinta años renovables! Es decir, aquí cunde el pánico por la expropiación. ¿La expropiación de qué? ¿De derechos que aún no se han otorgado? ¡De qué expropiación me hablan, por Dios, si el cambio es respecto de los derechos que se otorgarán hacia el futuro! A treinta años renovables. Eso lo hicimos en la Comisión de Agricultura. Siempre se renueva; es una renovación automática.

Asimismo, se habla del caudal ecológico.

En la actualidad existe el caudal ecológico. No es novedad. Lo saben quienes actúan de buena fe.

Ha habido una discusión sobre si este caudal puede o no operar hacia el pasado. Yo creo que no. Por tanto, en la Comisión de Agricultura pedimos que el caudal ecológico no se establezca en términos retroactivos afectando derechos vigentes. Y eso existe solo en los casos en que estamos protegiendo el medio ambiente, no allí donde mis agricultores de Colchagua, de Cardenal Caro o de Cachapoal lo necesitan.

Señor Presidente, se ha pretendido crear miedo, se ha mentido y se ha desinformado. Este proyecto mejorará todavía más, pero yo lo aprobaré hoy.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Roberto Poblete.

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al diputado Espejo por la forma brillante en que expuso, tratando un poco de romper la maldición sobre este proyecto, que en verdad lo considero muy bueno y muy bien pensado.

En segundo término, saludar a los ministros presentes en la Sala y a las personas que nos visitan en las tribunas.

Por otra parte, quiero narrar algo brevemente.

El lago Laja -como lo dijo el diputado José Pérez -, que tenía una capacidad de 4.000 millones de metros cúbicos, hoy no llega ni a la décima parte de su capacidad original. Río abajo provee de agua para generar electricidad, para que exista el turismo, para que se riegue abundantemente nuestra provincia de Biobío y también para que haya consumo humano, sobre todo en Laja y en San Rosendo. Sin embargo, la situación actual es lamentable.

Aquella postal del Salto del Laja es un recuerdo, pues en esas cascadas apenas cae un pequeño hilo de agua.

Asimismo, unos diez kilómetros aguas abajo, en la represa llamada Puente Perales , como se han detenido la escorrentía y la velocidad de las aguas y, por ende, la cantidad del recurso que por allí pasa, se produjo un desastre ecológico: por ejemplo, en menos de 70 metros la temperatura del agua cambia 10 grados.

Ese es uno de los tantos problemas que tenemos al no existir una regulación sobre la materia en el Código de Aguas, porque no hemos tenido la inteligencia suficiente para intervenirlo de manera que se permita administrar nuestra agua cuando nos encontramos en períodos de crisis.

La situación del agua en Chile requiere urgentemente nuestra atención. ¡Qué duda cabe si por décadas no ha sido objeto de nuestra preocupación!

En los últimos veinte años tal situación nos ha estado llamando a gritos para que nos hagamos cargo de ella. En este período se hizo patente el cambio climático. Sobre todo, no podemos dejar de discutir el tema de los derechos de aprovechamiento de las aguas, en general su régimen de propiedad.

Es necesario este nuevo Código de Aguas para Chile. En él tenemos que dejar claramente establecido que la voluntad que debe prevalecer es aquella que dé cuenta del agua como un recurso público, escaso, de importancia capital para la vida y el funcionamiento de ciudades y campos. El problema del agua ya es insoslayable.

Por último, anuncio que nosotros apoyaremos con mucha energía este proyecto porque creemos que da cuenta de una necesidad vital en el Chile de hoy.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, todos hemos escuchado aquí hablar al menos del cambio climático. Las conclusiones de la COP 21 lo calificaron como una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para la humanidad y el planeta.

¿Qué quiere decir eso? Que el cambio climático no es un tema que esté presente ahora y que después desaparecerá. No es como las sequías antiguas o cíclicas, que desaparecían y volvían las lluvias. Hoy las sequías en el planeta llegaron para quedarse.

Sobre el particular escuchamos noticias por todos lados. Ayer apareció en las noticias que Bolivia se queda sin agua. El cambio climático, las sequías, la falta de agua hoy afectan a cinco de las nueve regiones de ese país y el suministro es por tres horas al día cada tres días. En otras palabras, cada tres días la gente tiene agua tres horas.

En Venezuela, dada la sequía que vive ese país, los cortes de la luz y del agua también están generando disturbios.

En Chile, esta situación la hemos visto y la hemos palpado claramente. Sabemos que tenemos una sequía generalizada. Además, en las regiones del sur, que eran lluviosas, ya no llueve y los niveles de agua en los lagos están disminuyendo.

No sé si tenemos conciencia real de este cambio climático, que afecta directamente las aguas.

¿Por qué es importante esta reforma al Código de Aguas? Porque precisamente se plantea sobre la base de que las aguas ya no son abundantes, como se ha dicho acá. Los glaciares y los ríos en el sur de Chile no serán eternos. Los glaciares se están derritiendo a una velocidad impresionante; por tanto, no podemos asumir que van a durar para todas las generaciones posteriores, razón por la cual debemos cuidarlos.

En consecuencia, debemos preocuparnos hoy del agua.

¿Qué planteamos?

Se han dictado decretos de escasez hídrica en 75 de las 101 cuencas hidrográficas que tiene Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sobreotorgado derechos de aguas, pero también que el cambio climático está haciendo su parte del trabajo. El cambio climático se ha coludido con gobiernos que sobreexplotaron este recurso y otorgaron derechos donde no había agua, y eso lo sabemos todos.

Solo quiero manifestar que me parece impresionante lo que pasó cuando en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación planteamos la necesidad de establecer caudales ecológicos. Ello, porque lo que hace este proyecto es priorizar el agua, pero para hacer eso debe existir el recurso, y si no existe caudal ecológico, no puede haber agua.

El primer deber del Estado es asegurar que haya agua. Cuando nos dicen que los derechos no se pueden intervenir o que no se pueden expropiar para formar los caudales ecológicos, quieren decirnos que no les importa si tenemos o no ese recurso vital, significa que da lo mismo que se agote o que usufructuemos hoy, que aprovechemos todo ahora, aunque para mañana no quede nada. Eso es lo que hacemos cuando decimos “no” al caudal ecológico. Es alegar por pan para hoy y hambre para mañana.

(Aplausos)

A aquellos agricultores que creen que se están expropiando los derechos de aprovechamiento de aguas debo decirles claramente que no es así, que solo se están reduciendo, a fin de garantizar que exista agua suficiente para asegurar el derecho a su uso para subsistencia.

Ese es el primer deber. Eso es lo primero que debemos entender. No vamos a tener agua si no hay caudal en los ríos. Por lo menos debemos garantizar el caudal ecológico.

Finalmente, debo mencionar que hicimos un esfuerzo en el Código de Minería, que establecía que el agua que se encontrare sería del minero que la hallare. Ahora esa agua -el agua halladadebe ser informada y solicitada por el minero, al igual que se exige al resto de los chilenos. Las empresas mineras no tienen por qué tener privilegios adicionales a los que tenemos los demás habitantes de este país.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic.

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, tal como he dicho en muchas ocasiones en esta Sala, los liberales igualitarios creemos en el mercado, entendemos el valor de una sociedad con mercado -por supuesto; de eso no cabe duda-, pero, a diferencia de los neoliberales, entendemos que el mercado tiene y debe tener límites, que es completamente sano que así sea.

Quienes creen que el agua tiene propietarios están conceptualmente equivocados. La visión detrás del Código de Aguas de 1981 era considerar ese elemento como una mercancía que se puede transar y entregar a la especulación. Esa es una mirada equivocada. El agua es un ciclo que no puede tener propietario, es un recurso que compartimos con todo el planeta.

(Aplausos)

Puedo usar un recurso que es de todos, pero no puedo apropiarme de él. Por eso, el régimen al que está sometido no puede ser el de la propiedad, sino el del derecho de uso, y para eso la figura más eficiente es la concesión administrativa, que es lo que establece este proyecto de ley.

Solo pedimos tener un país normal, razonable, y en cualquier país razonable este tema está claramente resuelto: es un bien nacional de uso público que se entrega, bajo un régimen público, a través de una concesión administrativa. Ese es el modelo más eficiente.

Cambiar el régimen es de la mayor relevancia para asegurar a las generaciones futuras, por lo cual es clave lo que votaremos hoy. Nuestro rol como parlamentarios es resguardar el interés general del agua.

¿Cuál es el interés general? Que todos tengamos agua, pero con cuatro prioridades. La primera es el consumo humano, como estableció la ONU el 2010, al reconocerle el carácter de derecho humano. La segunda prioridad es su uso en la agricultura de subsistencia y de producción. Luego, como tercera prioridad, asegurar su uso en la industria. Por último, su uso para las actividades mineras. Las mineras tienen la última prioridad.

Eso es priorizar y jerarquizar de manera correcta, pues la explotación de recursos no es infinita, como creen algunos exponentes de la teoría económica.

A modo de dato, quiero informar a la Sala que al 8 de agosto del año en curso ya nos habíamos consumido todos los recursos que el planeta demora un año en reponer. Eso se llama el día del sobregiro. Hoy estamos sobregirados. En lo que resta del año estaremos consumiendo recursos que no se recuperarán nunca más. ¡Nunca más!

Entonces, ¿cómo podría votar en contra esta iniciativa?

Necesitamos un pacto social que resguarde el interés general de un recurso común, como es el agua.

Este proyecto no afecta a los agricultores, como dijo el diputado Sergio Espejo. Esto no toca los derechos actuales, solo las futuras concesiones. Entonces, explíquenme cómo se podría expropiar un derecho que aún no se ha otorgado.

¡Por supuesto que no hay expropiación! ¡Esas son mentiras!

Punto aparte merece la situación de los pueblos originarios. Me alegro muchísimo de que este proyecto discrimine positivamente en su favor. ¡Muy bien por eso!

En Arica atravesamos serios problemas por las mineras que explotan yacimientos que se encuentran en las frontera con Perú, ya que están dejando sin agua a los pueblos originarios del Altiplano.

¡Bien por el caudal ecológico! ¡Bien por la protección a los glaciares! Porque la lucha por el agua es una lucha por la subsistencia.

Las concesiones se establecen por treinta años. Uno podría discutir si es un buen plazo.

¡Es un gran plazo! Quizá en treinta años no contaremos con el agua sobre la que hoy discutimos. Hay varios científicos y ambientalistas que están alertando sobre eso. Es probable que en treinta años más nuestros niños no puedan ver esas aguas. Estamos discutiendo sobre un agua hipotética, sobre un recurso que se está agotando.

Entonces, señor Presidente, es obvio que votaré a favor de un régimen público que resguarde los recursos que nos son comunes, como en cualquier país razonable y democrático, que compatibilice el uso del agua para el consumo humano, la agricultura y las actividades productivas. Si no lo logramos, no existirá un futuro posible.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando.

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes y a quienes siguen el debate desde las tribunas o por otros medios.

Quiero expresar la importancia de esta reforma al Código de Aguas, puesto que tiene directa relación con los factores medioambientales y socioculturales que deben estar en equilibrio con los aspectos económicos.

Como es sabido, el mundo es protagonista de un cambio climático y nuestro país es testigo y víctima de los desalentadores pronósticos de los expertos.

Esas transformaciones han dejando en evidencia un sistema frágil, híbrido, con una normativa que no da abasto ni responde a la diversidad de necesidades.

También es importante tener en cuenta la creciente presión social por la mala distribución de la riqueza y de los recursos, que en el caso del agua afecta directamente a los pequeños agricultores y a todos los habitantes de nuestro país.

Hemos estado navegando en la lógica de un sistema capitalista, de un sistema de mercado que ha limitado las posibilidades de extracción y distribución equitativa y racional de los recursos, dejándonos expuestos a un medio ambiente degradado y a una sociedad cada vez más conflictuada.

El agua es de todos los chilenos y chilenas de nuestros tiempos, pero también para las futuras generaciones.

Me atrevo a convocar a todos mis colegas a que nos hagamos cargo de corregir la normativa que regula un recurso básico y fundamental para la supervivencia, como el agua, para que sea concebida como un bien que sirva a toda la nación.

Para mí, y espero que para la inmensa mayoría de los parlamentarios, es un deber ineludible forjar una nueva institucionalidad para las aguas, una que responda efectivamente al ideal que vengo señalando.

El Código de Aguas de 1981 creó un mercado para las aguas que solo benefició a algunos, a los de siempre.

(Aplausos)

Considero que este proyecto de ley es fundamental para que se genere un resguardo de las aguas de parte del Estado y se permita, de una vez por todas, un acceso equitativo y seguro a todos sus consumidores. Debemos proteger y priorizar los usos de este recurso, para un desarrollo sostenible y sustentable del ecosistema y para garantizar el consumo humano, para un sano y seguro proceso de vida.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, como dispongo de poco tiempo, haré una referencia directa a mi región.

El acuífero del Tamarugal, ubicado en la pampa del mismo nombre, abastece de agua a mi región. Sin ese acuífero no hay viabilidad histórica para la Región de Tarapacá, lo que significa que el ser humano no podría existir en la región.

Desde los años 80, coincidiendo con la entrada en vigencia del Código de Aguas, comenzó a aparecer un déficit creciente en el balance hídrico de la Pampa del Tamarugal, lo que demuestra que se está haciendo un uso no renovable del agua de la cuenca. Los pozos que antes alcanzaban las napas freáticas a poca profundidad, de siete a ocho metros, hoy las encuentran a veinte metros.

En consecuencia, se está secando el pulmón verde de la Pampa del Tamarugal, pero el precio de un litro por segundo de agua en mi región alcanza a 112 millones de pesos. Disminuyen las hectáreas de plantación del tamarugo. El uso minero ha agotado importantes reservas de agua, como las de Lagunillas y Pampa Hermosa. Ha sido necesario comenzar a inyectar agua superficial a los puquios para que se pueda exhibir que aún tienen agua.

El año 2009, la Dirección General de Aguas declaró a la cuenca del Tamarugal como área de restricción para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, lo que se mantiene hasta hoy. Estudios sobre el impacto del cambio climático en la Pampa del Tamarugal señalan que los inviernos altiplánicos son más intensos y con presencia de lluvias esporádicas en invierno. Es decir, la posibilidad de llenar ese acuífero es hoy más lenta que en antaño.

Por lo tanto, si no respaldase un proyecto como este, estaría votando en contra de la sustentabilidad de la vida humana en mi región, de las comunidades indígenas, de los pequeños agricultores; en buenas cuentas, estaría votando en contra de mi región.

Por eso no podemos votar en contra un proyecto que le da futuro a mi región, la que sin la protección de ese acuífero no tiene vida, no existe históricamente; olvídense de Tarapacá. Si no cuidamos el acuífero del Tamarugal, no hay viabilidad de vida.

En consecuencia, lo que estamos pidiendo es que, por sobre la lógica del mercado, se ponga la lógica humana, al ser humano.

Por eso, las diversas declaraciones de las Naciones Unidas sobre este tema dicen que se debe garantizar el acceso al agua, porque, de lo contrario, no habrá vida humana ni tampoco agricultura o ganadería; es decir, no tenemos proyección.

Por lo tanto, la única posibilidad de dar futuro a Tarapacá, a mi región, a las comunidades indígenas y al ser humano de mi región es que el proyecto de ley sea aprobado, para que se asegure y garantice la vida humana como primera prioridad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, por su intermedio aprovecho de saludar a los agricultores de Colchagua, Cachapoal y Cardenal Caro que nos acompañan hoy.

Señor Presidente, hemos tenido un largo debate sobre la materia, durante el cual hemos escuchado argumentos de todo tipo: históricos, del momento en que se redactó el Código de Aguas, sobre ecosistemas, de la función de subsistencia del agua, de los abusos o de la especulación cometidos en relación con el agua. No obstante, considero que hemos hablado poco de cómo el proyecto de ley se hace cargo de garantizar y priorizar el agua para el consumo humano, normas que votaré a favor.

Asimismo, hemos hablado muy poco de cómo vamos a solucionar el gran problema que tiene nuestra agricultura: cómo mejorar el riego y los embalses y cómo evitar que se pierda el 80 por ciento del agua en el mar, como ocurre hoy.

Es importante recordar que el Código de Aguas establece que el agua es un bien nacional de uso público y que la Constitución Política de la República otorgó la calidad jurídica de dominio al titular del derecho de aprovechamiento de aguas, que incluye las facultades de uso, goce y disposición. O sea, el derecho de aprovechamiento de aguas no es una mera concesión administrativa, sino que es un derecho de propiedad, como corresponde, lo que ha permitido realizar inversiones y generar créditos para la agricultura, la que podría ser seriamente afectada con la aprobación del proyecto de ley en estudio.

Durante la tramitación de la iniciativa, muchos invitados y diputados abogaron por cambiar este derecho de propiedad por un concepto más liviano -se presentaron indicaciones al respecto-, como concesión administrativa u otros que se alejan del derecho de propiedad.

Como representante de una zona agrícola, debo decir que ni el gobierno ni los parlamentarios autores han sido capaces de convencerme de que el proyecto no afectará a nuestra agricultura, a pesar de las buenas intenciones y de la buena fe que los anima.

Detrás de la iniciativa veo una voluntad que va a chocar con la realidad. Probablemente, el proyecto, al igual que otros de este gobierno, va a terminar en un Estado más grande, que va a estar presente en las materias relacionadas con aguas, lo que se puede prestar para abusos de autoridades, ni siquiera digo de este gobierno, sino de las que vengan después. Además, la representante del BancoEstado afirmó acá que no se puede asegurar que permanezcan igual el valor de las propiedades agrícolas y las garantías de los créditos destinados a la agricultura.

Reitero: las legítimas buenas intenciones de muchos simpatizantes del proyecto de ley, que piensan que nada va a cambiar, terminarán chocando contra el muro de la realidad con que se han estrellado otros proyectos, como sucedió en su momento con la reforma tributaria, respecto de la que se dijo en el Congreso Nacional que no afectaría el crecimiento del país, o con la reforma educacional, que vemos que genera cambios en el proyecto de educación.

El diputado Espejo, quien hizo una muy buena intervención, tiene razón cuando afirma que si se aplican ahora las normas del proyecto y por las mismas autoridades que nos rigen en estos momentos, los agricultores no sufrirían cambios inmediatos en la cantidad de agua que reciben. Sin embargo, el proyecto de ley en debate y el gobierno hacen más precario el derecho de propiedad, ya que este concede las facultades de uso, goce y disposición, con lo que otorga una seguridad jurídica diferente, pues si el Estado necesita usar este bien, debe expropiarlo a su dueño; en cambio, el proyecto lo deja sujeto a una resolución administrativa.

Tengo confianza en las actuales autoridades, pero no sé quiénes llegarán en el futuro ni con qué criterio o descriterio van a actuar en esta materia.

La aprobación del proyecto de ley afectará a los actuales titulares y entregará facultades adicionales y excesivas a la Dirección General de Aguas, las que, no tengo duda alguna, podrán prestarse para cometer abusos.

Votaré en contra el proyecto de ley, porque tengo la convicción de que nuestra agricultura y nuestros agricultores estarán en peores condiciones, con menor certeza jurídica y con mayor incertidumbre de la que tendrían que afrontar si no existiera este proyecto.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el consumo de agua es un derecho humano innegable, es una verdad suprema.

No estoy en contra de los agricultores, como ellos piensan que lo estamos; estoy con la persona humana, estoy con los consumidores.

Creo que cualquier reforma al Código de Aguas requería previamente una modificación a nuestra Constitución Política de la República, porque ahí está la base de estas irregularidades y de estos abusos. El inciso final del número 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental establece el derecho de propiedad sobre el agua, es decir, la considera como un bien económico transable y no como un bien de consumo humano. Aunque el proyecto señala que es un derecho humano, no es lo mismo que conceptualizarlo en la Constitución Política de la República.

Aquí se han dicho muchas cosas, pero creo que el derecho de aprovechamiento de aguas debe ser limitado por la función social de la propiedad.

En el proyecto no figura la expropiación de esos derechos; la iniciativa no es expropiatoria por ningún motivo. Los derechos se extinguen por las razones que la ley señala; se puede renovar el derecho de aprovechamiento de aguas. La iniciativa no quita derechos, sino que regula derechos.

En esta época de crisis del agua, creo que es importante hacerlo y establecer procedimientos. El agua es un derecho humano y un bien nacional de uso público, pero con base funda-

mental en lo primero. El agua es escasa, es un bien limitado, por lo que debe asegurarse o garantizarse el acceso a ella de todo el mundo.

Solo el 3 por ciento del agua existente en el planeta es dulce, y de este porcentaje el 70 por ciento se encuentra en estado sólido en los polos y en los glaciares. ¡Cada vez hay menos agua!

Una información reciente nos advierte que en cincuenta años más el 72 por ciento del territorio se verá afectado por la sequía, la que será más crítica en la zona central, entre las regiones de Coquimbo y del Biobío. La sequía afectará a 55 millones de hectáreas y a 16 millones de chilenos, con la consiguiente desertificación y degradación de las tierras. Cada vez las lluvias son más escasas; incluso hay déficit hídrico en la zona sur del país.

Se anuncia el deshielo de los glaciares y la retirada de los glaciares frente a Santiago, que afectará el suministro de agua potable en los próximos cincuenta años.

Hay que defender el agua como derecho humano, como derecho natural. El agua es vida, y la vida es un derecho esencial.

Estoy con el agua, estoy con la vida. Esto no es demagogia, populismo ni ideologismo, sino una verdad que aflora del derecho a la vida.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Daniella Cicardini.

La señorita CICARDINI (doña Daniella).-

Señor Presidente, es vergonzoso e indignante que nuestro país sea el único en el mundo cuya legislación -me refiero al Código de Aguas- considere el agua como una mercancía más, y se preocupe de garantizarla como propiedad privada antes que como un recurso de todos y a disposición de las personas.

El agua ha sido identificada como un bien nacional de uso público; pero en la práctica eso no es verdad, es falso, pues es de unos pocos, y eso evidentemente es insostenible. Tenemos que terminar con esos abusos ahora.

Quiero hacer un llamado a quienes utilizan los medios de comunicación para desinformar a la ciudadanía, a no mentir y a ser más responsables con la información que entregan. Han dicho que los pequeños agricultores se verán perjudicados. Eso no es así, porque esta reforma resguarda al pequeño agricultor, según lo establece la ley orgánica del Indap.

La iniciativa hace una discriminación positiva, pues favorece a las cooperativas de agua potable rural, a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas, que hoy se ven permanentemente afectadas por el mercado del agua.

Me gustaría reconocer algunos puntos importantes que preceptúa la reforma al Código de Aguas, que si bien me habría gustado que actuara con más mano dura, creo que lo aprobado va en la dirección correcta.

Primero, la normativa establece que el consumo humano del agua es un derecho prioritario que debe ser garantizado por el Estado. ¿Alguien podría estar en contra de aquello? Por supuesto que no.

Segundo, la normativa busca terminar con la especulación de los privados que inscriben derechos de agua y los mantienen sin hacer nada hasta venderlos a mejor precio, lo cual es absurdo e injusto.

Tercero, establece plazos renovables al otorgamiento de derechos, cambiando la figura de derecho perpetuo al de concesiones de agua, lo cual significa el uso y goce temporal del agua, cuestión que, a mi juicio, constituye un mínimo resguardo por parte del Estado para cautelar el buen uso de un recurso tan valioso.

Por último, me alegro profundamente de que se haya instalado la discusión sobre el caudal ecológico mínimo, cuyo objetivo básico y fundamental es evitar la sobreexplotación del recurso hídrico. ¿Vamos a negar que debamos proteger el medio ambiente?

Señor Presidente, si no votamos unánimemente a favor el proyecto de ley va a ser vergonzoso, y la señal hacia el futuro, hacia las próximas generaciones, será pésima. Por lo tanto, anuncio que votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Pepe Auth.

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el agua como el aire no pueden ser bienes individuales; son de la humanidad, son de la naturaleza, no son del individuo. No sé quién podría reclamar propiedad sobre el aire o el agua, elementos vitales para la vida.

Las leyes y las reformas a las leyes responden siempre a problemas. Si no responden a problemas, en realidad no vale la pena emprender cambios legales. ¿Tenemos problemas con los derechos de aprovechamiento de aguas? ¡Los tenemos! ¿Tenemos problemas de aprovechamiento consuntivo u originario de aguas, sin derechos consagrados legalmente? ¡Los tenemos! ¿Tenemos un conflicto, a veces muy duro, en que el uso productivo, en contexto de escasez, deja sin agua para el consumo humano? ¡Lo tenemos!

Por lo tanto, esta reforma responde efectivamente a la necesidad de resolver problemas que tiene Chile.

Primero, intensifica el carácter público, es decir, define el agua como un bien nacional de uso público, algo tantas veces contradicho por la propia realidad. Se establece que para mantener derechos de aprovechamiento hay que inscribirlos y luego aprovecharlos. No hay derechos de aprovechamiento sin aprovechamiento, porque sería una contradicción en los términos.

Segundo, se prioriza la función de subsistencia, se consagra el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Este es un desafío país.

Quisiera que nos tomáramos en serio el establecimiento del derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, porque implica definir un itinerario para que ese derecho no solo esté inscrito en la ley, sino que sea efectivo.

Luego se establece un permiso transitorio de extracción para comités y cooperativas de APR, lo que es muy positivo; también se establece la protección patrimonial y ambiental, es decir, se prohíbe constituir derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares y áreas protegidas. Esta es una cuestión clave.

(Aplausos)

Tercero, se exime del pago de patentes a aquellos que, teniendo derechos de aprovechamiento de aguas, no los ejerzan cuando se trata de áreas silvestres protegidas. Así se estimula el no uso de esas aguas cuando están ubicadas en áreas silvestres protegidas.

Cuarto, el caudal ecológico se aplicará, naturalmente, a los derechos nuevos; pero también a los antiguos cuando se emprendan nuevas obras, cuando se solicite traslado del ejercicio del derecho a otro punto del río o cuando se esté en áreas protegidas. En otras palabras, se protege el patrimonio ambiental.

Quinto, se sanciona la tenencia ociosa del derecho, duplicando las patentes por no uso me imagino que hay consenso al respecto-. Si los titulares nuevos no realizan las obras de aprovechamiento comprometidas, en cuatro u ocho años -según si se trata de consuntivos o no consuntivos-, se extinguirán sus derechos.

El Código de Aguas define que el agua es un bien nacional de uso público. Lo que se entrega son derechos de aprovechamiento del agua. Si no aprovechas el agua, devuélvela. Si no la devuelves, te cobrarán patentes más caras, y luego de algunos años, si no usas el agua, perderás esos derechos, porque son derechos de aprovechamiento. No es tu propiedad; es la propiedad de Chile, de la humanidad y de la naturaleza.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que ingresó en el 2011 y que ha tenido una tramitación en distintas comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, culmina su primer trámite constitucional en esta Sala.

Sin lugar a dudas, hubiéramos querido que el proyecto fuera más ambicioso y audaz, en términos de devolver la administración y la sustentabilidad del recurso hídrico al Estado de Chile.

Sabemos que eso requiere una tramitación bastante más larga y una discusión bastante más amplia, pues significaría una reforma a la Carta Fundamental de nuestro país, porque en este proyecto de ley que modifica el Código de Aguas no se hace ninguna mención respecto de la calidad jurídica que tiene el agua como un recurso concesible o no concesible.

Hoy día, amparados por la Carta Fundamental, donde el principio de subsidiariedad del Estado está presente, el recurso hídrico es un bien económico. El agua se transa en el mercado, y quiero refrendar esta afirmación solamente con un dato y una cifra. Aquí se ha hablado mucho sobre la estrechez hídrica del país, sobre la estructura de propiedad del agua y de quiénes hoy detentan la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento, pero permítanme decirles que hay cifras que están distorsionadas.

En el norte del país, más del 70 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos están en manos de empresas mineras, tanto públicas como privadas, y ese es un dato irredargüible.

Por lo tanto, cuando iniciamos cualquier conversación respecto de la reforma al Código de Aguas, la reflexión a la cual invitamos es a preguntarnos si el agua es un bien nacional de uso público, esto es, la administración y la garantía de sustentabilidad están dadas por el Estado, o es el mercado el que regula el otorgamiento, la subsistencia y la garantía de este recurso hídrico. No me cabe ninguna duda de que es lo segundo.

Sin embargo, en esta iniciativa de ley nosotros estamos estableciendo barreras de entrada; le estamos dado racionalidad al otorgamiento de derechos de aguas.

Por un lado, se establece la caducidad de los derechos de agua cuando son adquiridos con fines netamente especulativos, como ocurre en el norte del país, donde se llega a transar el litro por segundo de un derecho de agua en 70 millones de pesos. Eso ocurre en la comuna de San Pedro de Atacama: ¡El litro por segundo de agua es adquirido en 70 millones de pesos por parte de compañías mineras públicas y privadas!

En segundo lugar, se establece la garantía del caudal hídrico indispensable. Creo que este es un gran avance; sin embargo, no estoy disponible para que se establezca este 10 por ciento de caudal mínimo a los derechos de aguas que se otorgarán de aquí en adelante, por cuanto hoy día solamente queda disponible un 10 por ciento de los recursos frescos en nuestro país.

Por lo tanto, esta garantía de la reserva ecológica o de la reserva hídrica solamente va a estar garantizada para ese 10 por ciento. No tiene un efecto retroactivo sobre el resto de los derechos de agua otorgados, tema que también debemos analizar en profundidad.

Este es un gran avance, de modo que vamos a concurrir con nuestro favorable. Sin embargo, también creemos que es necesario dar una discusión estructural mayor y sustantiva, para iniciar un proceso de renacionalización del agua, en el cual el Estado garantice y administre los recursos hídricos disponibles en nuestro país.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, tal como está el proyecto de ley, existiría una prelación de uso de las aguas en que se privilegiaría la subsistencia y el sanea- miento, a lo cual nadie se opondría o con lo cual nadie podría estar en desacuerdo, porque existe transversalidad respecto de ese punto. No sucede lo mismo respecto de los mecanismos que se quieren usar para ello, y ese es el tema de fondo.

En primer lugar, destaco aquellos aspectos que se valoran del proyecto de ley, como la diferencia que se hace respecto de los distintos usos de agua, dándole prioridad al consumo humano, además de proteger los glaciares, los ecosistemas amenazados y a las organizaciones que proveen de agua potable a sectores rurales. Asimismo, el proyecto facilita el proceso para regularizar la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas no inscritos y favorece la obtención y difusión de la información.

No obstante ello, lamentablemente, hay ciertos aspectos de la iniciativa que, tal como están, preocupan, ya que transforman la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de aguas y se crea un nuevo sistema de concesiones, el cual producirá impactos en distintos sectores productivos, como la agricultura, el sector sanitario, la minería, la viticultura, la fruticultura, la producción de energía, entre otros. Se trata de un tema que es necesario abordar, porque se ha hablado bastante poco de lo que significan las concesiones, concepto que aparece en todo el proyecto, pero nadie ha profundizado sobre lo que significa verdaderamente concesionar.

Esto se produce básicamente porque la reforma modifica dos aspectos claves de los derechos de aprovechamiento de aguas: primero, en cuanto a la temporalidad, y segundo, respecto de la eliminación de uno de los atributos del dominio, cual es la disposición.

Este modelo de concesiones temporales y asociadas a usos específicos que se quiere crear afecta la certeza de todo el sistema, porque se están creando derechos de primera y segunda categoría, pues obviamente los derechos ya otorgados serán mucho más valiosos que las concesiones.

Además, la titularidad de los derechos es restringida y limitada a criterios absolutamente discrecionales por parte de la DGA.

El gobierno ha tratado de moderar las críticas a esta reforma y ha señalado que no se verán afectados los derechos adquiridos; sin embargo, en el articulado continúan expresiones poco claras y sanciones de caducidad y extinción de derechos ya otorgados.

A modo de ejemplo, pueden revisar los artículos primero transitorio y 6° bis, de los cuales pedimos votación separada y sobre los cuales haremos reserva de constitucionalidad.

Para agravar aún más la situación, se trata de un proyecto de ley que requiere un aumento presupuestario importante para que la DGA pueda cumplir con sus funciones, presupuesto que, por supuesto, no está, no existe. ¡No hay plata para este ítem!

Nos encontramos frente a una reforma cuyo objetivo no se condice con el articulado, pues modifica radicalmente la concepción que hoy tienen los derechos de aprovechamiento de aguas, alterando sustantivamente el derecho de propiedad vigente, y no se aborda el problema real, que es la gestión de los recursos hídricos.

En 2011, el Banco Mundial recomendó modificaciones en nuestro sistema desde el punto de vista de la gestión e institucionalidad asociada. Sin embargo, el proyecto se ha enfocado en debilitar derechos y generar incertidumbre.

En lugar de fortalecer la institucionalidad vigente y mejorar el rol que cumplen las distintas organizaciones de usuarios de aguas, la iniciativa entrega nuevas y amplias atribuciones al Estado y le otorga a la DGA funciones discrecionales y en muchos casos no respaldadas por un criterio técnico.

En este sentido, creo que el Ejecutivo está al debe, ya que no se ha avanzado en nada respecto de fortalecer la institucionalidad, mejorar la fiscalización y aplicar sanciones sobre la materia.

A pesar de ser un compromiso del gobierno, aún el proyecto de ley está durmiendo en el Senado, en segundo trámite -me refiero al boletín N° 8149-09-, el cual, entre otros cambios, sanciona con mayor fuerza los delitos tipificados respecto de la extracción ilegal de aguas; perfecciona las herramientas de la DGA y le permite contar con una adecuada administración de recursos hídricos, y fomenta una efectiva operación y óptima distribución de los derechos de aprovechamiento de aguas.

¡Esa iniciativa está durmiendo en el Senado, estimados colegas!

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.

El señor VALLESPÍN.-

Señor Presidente, junto con el diputado León soy uno de los autores de la moción. Por ello, quiero partir señalando que este es un proyecto claramente ideológico. ¡Qué bueno que sea así! Aquí hablamos de la ideología de la vida y de la ética de responsabilidad. Lo vamos a apoyar porque va en la línea correcta.

¿Qué busca el proyecto? Asumir el desafío de garantizar el acceso al recurso hídrico como un derecho humano fundamental. ¿Y quién debe velar por el bien común? Sin duda, el Estado. Por eso es tan importante el principio fundamental del proyecto, cual es intensificar el carácter público de las aguas.

El escenario de escasez hídrica y cambio climático es una realidad que debe enfrentarse no desde el individualismo, sino desde el comunitarismo. El recurso hídrico debe ponerse a disposición del aprovechamiento responsable y éticamente consecuente. Eso es lo que busca la iniciativa y en eso el Estado juega un rol fundamental.

Este proyecto de ley es importante, porque reconoce la escasez hídrica y el cambio climático. Además, reconoce que tenemos que hacer las cosas de otra manera y de mejor forma, como encontrar un equilibrio entre tres variables u objetivos fundamentales: el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, el uso productivo y la preservación ecosistémica.

Esta materia claramente está cargada al uso productivo, sin diferenciar el orden de prelación que se requiere. No estamos hablando de que Chile esté haciendo algo extraordinariamente revolucionario; simplemente estamos adoptando componentes propios de las legislaciones que utilizan en forma responsable el recurso hídrico. Las directrices de la Unión Europea no solo hablan de eso, sino del agua vida. El agua que da vida a las personas está garantizada y es prioridad. También se refiere al agua ciudadana, y como tercera prioridad habla del uso productivo y económico del recurso.

Por lo tanto -reitero-, estamos abordando el tema en la misma línea de los países que responsablemente hacen uso del recurso hídrico. No estamos haciendo algo revolucionario, ni estamos situados en la línea ideológica de la destrucción de la actividad productiva, sino en la de la ética de la responsabilidad en el uso de recursos que no solo pertenecen a quien aparece como su dueño. No más individualismo; por el contrario, lo que se busca es una mirada más colectiva en el uso de los recursos hídricos.

Es importante hablar de intensificar el uso público del agua, de que los derechos se pueden conceder y restringir en función del interés público.

Por eso, este proyecto pertenece a la buena ideología en el marco de un Estado que asume el rol regulador que le corresponde; un Estado que no se pone de rodillas ante intereses privados que solo priorizan el desarrollo de una actividad individual.

El individualismo le hace mal a Chile. Volver a pensar que todos constituimos un proyecto país es importante, es fundamental.

Por eso, el proyecto va en la línea correcta, y con responsabilidad y convicción lo votaré favorablemente, porque aporta al desarrollo sustentable de Chile.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.

El señor LEMUS.-

Señor Presidente, el proyecto lleva discutiéndose cinco años. Ha pasado por tres comisiones: Recursos Hídricos y Desertificación; Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y Hacienda. Cada uno de sus artículos que hoy se ponen a disposición de la Sala para su discusión y posterior votación ha sido objeto de un debate amplio y muy profundo.

La iniciativa surgió como consecuencia de una moción que ha sido perfeccionada sobre la base de modificaciones sustitutivas realizadas por el Ejecutivo. Hoy, la presentamos a la comunidad, a este país, que necesita meter la mano en la institucionalidad del agua.

Quiero precisar y aclarar que lo que está en discusión es la reforma al Código de Aguas, no una reforma constitucional. En ese sentido es necesario no caer en aspectos que luego puedan ser considerados inconstitucionales.

El proyecto ha sido muy discutido y pactado. Existirán dos tipos de derecho, ambos garantizados. Uno de ellos corresponde al consignado en el Código que rige en la actualidad.

Por eso digo que aquí no se reforma la Constitución. Hacerlo sería meternos en las patas de los caballos. Hemos tenido respeto sobre todo por los pequeños agricultores y con los que ocupan el agua en este país, pero no con aquellos que han especulado.

Entregaré algunos datos.

Con el objeto de no pagar patentes, AES Gener ha devuelto 2.900 metros cúbicos por segundo, y Endesa 1.900 metros cúbicos por segundo. Eso es acaparamiento y especulación. Los esfuerzos del proyecto de ley van dirigidos a evitar tales situaciones.

Por su parte, los derechos concesionables están diseñados para entregar el agua de aquí en adelante.

Quiero entregar un dato importante.

La Dirección General de Aguas estima que todavía existen por otorgar derechos superficiales de agua equivalentes a 10 por ciento. Es poca agua, pero ese 10 por ciento que resta se entregará de esa forma.

En cuanto a las aguas subterráneas, existe cerca de 50 por ciento del total de estas cuyos derechos aún no han sido otorgados. ¡Ahí hay una veta de oro! La forma en que el Estado se reserve la forma de hacerlo me parece imprescindible para poder llegar a acuerdo a través de este proyecto.

Quiero decir que vamos a perfeccionar algunas normas, pues todavía quedan pasos a seguir en la tramitación del proyecto. Luego de tramitarse en el Senado volverá a la Cámara, donde tendremos espacio para subsanar las diferencias que se produzcan y llegar a acuerdos. Lo importante es construir una nueva institucionalidad.

Hemos sido testigos del cambio climático, de peleas en cada uno de nuestros territorios, de cómo nuestros agricultores y nuestros campesinos han debido mantenerse en los campos pese a las profundas sequías que ha enfrentado el país.

Lo cierto es que necesitamos de una nueva institucionalidad, así como de programas de riego y mejoras que ayuden a combatir el cambio climático.

Por eso, vamos a votar positivamente el proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, si las aguas hablaran, mucho nos podrían explicar de dónde viene su propiedad.

Señor Presidente, la Organización de las Naciones Unidas, en materia de recursos naturales y agua dulce, recomienda a Chile que aplique los criterios que precisamente planteamos en este proyecto.

Nos comparamos a cada rato con los países de la OCDE; sin embargo, desde el punto de vista de la normativa, estamos muy por debajo de todos ellos.

En el nombre de los grandes negocios de Chile, desde la metrópoli de Santiago, se han hecho pedazos los humedales y se ha aprovechado de manera absurda el agua.

Como ya se explicó, el acceso al agua es un derecho humano.

Ahora bien, hay que entender este proyecto sin campañas del terror. El que habla es un diputado agrarista, un diputado rural que pertenece a la Región de O’Higgins. Aprovecho de saludar a los vecinos de la ribera sur del río Cachapoal, de Rengo, de Requínoa, de Olivar y de la cuenca del río Claro, que sé que son agricultores esforzados. Hay que entender que este proyecto no va contra los pequeños y medianos agricultores ni contra la agricultura en general. Aquellos que plantean campañas del terror defienden la gran propiedad de las aguas, como Endesa, las generadoras eléctricas o las mineras. Este proyecto está lejos de querer atentar contra la economía agrícola, la cual muchos diputados que representamos zonas agrícolas pequeñas, medianas y grandes, como las de la Sexta Región, defendemos día a día. En efecto, luchamos por la construcción del embalse Bollenar -lo señalo aprovechando la presencia en la Sala del ministro de Obras Públicas-, por las obras en el embalse Laguna Los Cristales y por el embalse en río Claro. Esa es nuestra mirada. Pero no confundamos las cosas. Vamos a defender lo que en todo el mundo se defiende. Jamás nos van a creer cuando decimos que en Chile las aguas están bajo el discurso del neoliberalismo, que señala que ellas son un bien de consumo. El agua es un recurso elemental y fundamental del que dependen los seres humanos.

Por eso, vamos a apoyar este proyecto, para que en Chile, de una vez por todas, las aguas sean de todas las chilenas y de todos los chilenos y no una mercancía.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, este proyecto, al igual que muchos otros que hemos discutido en el parlamento, será uno más de aquellos respecto de los cuales el gobierno tendrá que salir a dar explicaciones. Es otro de esos grandes proyectos que tiene un título rimbombante, pero que la ciudadanía, la gente del mundo rural y del mundo agrícola que represento, terminará rechazando cuando analice sus resultados.

Cuando hablamos de formas de priorización del agua, aclaro que nosotros estamos por aprobar su priorización para el consumo humano; queremos priorizar el agua potable rural, puesto que es fundamental para dar dignidad a la gente del campo. También estamos a favor de apoyar a la pequeña agricultura campesina. Creemos que es importante avanzar en saneamiento sanitario para dar dignidad a la gente que trabaja en el mundo agrícola.

Sin embargo, el proyecto, en el fondo, no es más que un intento de expropiación encubierta de los derechos de agua del mundo de la agricultura. Esta expropiación encubierta queda de manifiesto en el artículo primero transitorio, que dispone: “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.”. Cuando esta disposición señala “en conformidad a la ley”, quiere decir que es en conformidad “a esta ley”, y esta ley establece limitaciones al uso del derecho de agua; esta ley establece la facultad para que a futuro y por la vía administrativa se terminen expropiando derechos de agua.

No hay nada más falso que los argumentos que se han dado aquí cuando se habla de los grandes acaparadores de derechos de agua.

(Manifestaciones en las tribunas)

Para eso el parlamento aprobó una ley que permite elevar el cobro por los derechos de agua no utilizados. Tanto es así que ya hay empresas que han empezado a devolverlos -qué bueno que lo hagan-. Es decir, se posibilita que el agua de aquellos que no la usan se devuelva. Pero ello se hace mediante el uso de las patentes y no a través de una verdadera expropiación encubierta que terminará perjudicando a los agricultores de las provincias de Talagante y de Melipilla que hoy vengo a defender.

Por eso, vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada.

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, nadie puede negar que el acceso al agua es un derecho. Pero debemos hacer la distinción respecto de quienes se han confundido y han adquirido de manera espuria ese derecho.

De acuerdo con el listado de patentes de la Región Metropolitana -una de las zonas con mayor escasez hídrica-, paga una patente de 96 UTM el Banco Santander, y paga una patente de 76 UTM la inmobiliaria El Castillo de Chicureo S.A., que construye viviendas con piscinas de lujo, para las cuales se extraen aguas de las napas subterráneas, en circunstancias de que a un kilómetro de ahí los vecinos reciben de un camión aljibe un balde de agua a la semana. Esa es la gran diferencia entre lo que permitió el Código de Aguas de 1981 y lo que este proyecto pretende permitir.

Naturalmente esta iniciativa no es lo que quisiéramos, pero es un gran avance para enfrentar de manera seria algo que se señaló en la Sala con mucha ignorancia: el agua se pierde en el mar. ¡Qué poco saben de la naturaleza! Cuando los ríos desembocan en el mar se cierra un ciclo que culmina en la protección de la fauna marina y prosigue, en la sabiduría de la naturaleza, en la evaporación de las aguas y en las lluvias. Está bien que se construyan embalses y se tecnifique el riego para la producción frutícola, pero, ¡por favor!, el problema lo tenemos que enfrentar haciendo las grandes diferencias. Que no se confunda al pequeño agricultor con el gran señor de las empresas forestales que contaminan ríos y que destruyen la naturaleza.

(Aplausos)

Por último, le digo a la derecha que no les va a servir el Tribunal Constitucional ni la Constitución, que les preserva el derecho inalterable de propiedad. Como país debemos resolver este problema de manera inteligente en todos los sentidos, con políticas claras, con regulación justa y con tecnificación.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, la realidad de las aguas en Chile muestra que en los últimos años ha aumentado fuertemente la superficie regada, han aumentado los usos industriales y ha aumentado la población. Chile ha ido desarrollando su capacidad de potencia agroexportadora; también ha aumentado la capacidad de cobertura de agua potable y alcantarillado, que ha llegado a niveles muy altos, lo que ha significado nuevos desafíos.

Es cierto que existen zonas de acuíferos agotados y falta de regulación en algunos lugares, lo cual nos plantea desafíos. Eso es verdad y nos hace trabajar. Sin embargo, el diagnóstico realizado por el Banco Mundial y otras instituciones sobre lo que hay que hacer en Chile es muy distinto a lo que propone este proyecto de ley.

El Banco Mundial plantea fortalecer la institucionalidad, mejorar las asociaciones de usuarios, revisar los recursos de la Dirección de Aguas (DGA) para que las cosas se hagan a tiempo y no con la demora actual. Sin embargo, esta iniciativa, como manifesté, hace otra cosa.

¿Cuál es mi visión sobre lo que se debiera hacer en materia de institucionalidad del agua? Avanzar hacia una mayor sustentabilidad y eficiencia en el uso del recurso, que muchas veces se pierde; compatibilizar los usos del agua priorizando el consumo humano; avanzar hacia una mayor eficiencia y un mejor desarrollo de las asociaciones de usuarios. La sociedad civil, los canalistas lo hacen bien, pero hay que darles más espacios, no quitárselos, como lo hace este proyecto.

¿Qué hace este proyecto? No reconoce el derecho constitucional como se halla establecido en nuestro ordenamiento jurídico -les guste o no a quienes hoy lo critican, pero así se encuentra dispuesto ese derecho-, y, de esa manera, transforma un derecho permanente, consagrado como un derecho perpetuo, como un derecho real de dominio, en una concesión temporal sujeta al criterio de la autoridad; debilita -eso se lo digo a los dos ministros presentes en la Salafuertemente el derecho de propiedad; debilita a las asociaciones de usuarios, que son los que le han dado vida a un buen uso del agua en Chile de forma responsable, seria y desde la sociedad civil…

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

…le entrega de manera relevante al Estado, a través de la DGA, organismo que se demora años en regularizar muchos derechos, facultades que requieren más presupuesto y que no se acompañan.

Son muchos más los temas y poco el tiempo para expresarse.

Yo me quedo con lo que dijo el subsecretario Micco , en representación del gobierno de la Presidenta Bachelet en la Comisión de Hacienda. Él señaló que hay problemas de constitucionalidad en algunos aspectos; que se revisarán la situación de los caudales ecológicos mínimos, los temas de caducidad y de limitaciones por cambio de uso, la situación de los derechos de las llamadas “aguas del minero”, dado que, tal como se halla planteada hoy, la iniciativa no deja conforme ni siquiera al Ejecutivo.

Por último, creo que se vulneran gravemente los derechos de propiedad y no se logra resolver las necesidades, que sí las hay, en orden a mejorar la situación del agua.

Por eso, y porque este proyecto requiere mucha más discusión, votaré en contra.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, ¿qué antecedentes se tuvieron a la vista para elaborar un proyecto de reforma al Código de Aguas de 1981?

Claramente, en la normativa vigente la regulación del uso del agua está entregada al mercado, mercado que les resulta muy cómodo a muchos de los que hoy se encuentran en la Sala.

Actualmente, dicho cuerpo legal permite que un particular obtenga gratuitamente un caudal de agua con el solo fin de luego enajenarlo, de acuerdo con las normas del mercado, esto es, bajo las condiciones de la oferta y la demanda.

Insto a las bancadas de la oposición a que den un solo ejemplo de un país en el mundo donde un bien nacional de uso público se entregue a manos de privados aunque no se utilice.

¡En ninguna parte existe esta situación escandalosa que hoy se vive en nuestro país!

(Aplausos)

¿Por qué es importante modificar el Código de Aguas de 1981? Porque no cautela el buen uso de las aguas ni establece prioridades para ello, por ejemplo, que el agua para la bebida y para otros usos domésticos sea realmente una prioridad, sino que, por el contrario, ampara su mal uso al no exigir al titular del derecho de aprovechamiento un uso eficiente y consciente de un recurso cada vez más escaso.

La institucionalidad que nos rige introdujo una separación entre el uso del agua y el dominio sobre la tierra, lo que fomentó la aparición de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.

Asimismo, aquella no reconoce ni garantiza el derecho humano de acceso al agua potable y su saneamiento. Tampoco prioriza estos usos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos por sobre los usos económicos y productivos del agua. Por tanto, mantiene una asimetría entre el derecho de los particulares sobre el agua y la función social de bien nacional de uso público de este recurso.

Como consecuencia directa de tal desregulación, agravada por las mermadas atribuciones y la ineficiente intervención de los aparatos de fiscalización y aplicación de sanciones, se ha generado un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento en cuencas agotadas. El sobreotorgamiento, las extracciones ilegales, la falta de atribuciones para reducir de oficio ciertas extracciones han provocado una sobreexplotación de los acuíferos. A ello se suman el acaparamiento ocioso y la especulación con derechos de aprovechamiento otorgados gratuitamente, que confieren a todos los chilenos titulares su propiedad.

¿Cuál es el nuevo concepto de aprovechamiento de aguas que introduce este proyecto de reforma?

Primero, el aprovechamiento de aguas consiste en un derecho esencialmente temporal, puesto que la iniciativa establece su caducidad y define plazos para la extinción de tales derechos cuando no se realicen las obras necesarias para su utilización.

Segundo, la iniciativa establece usos prioritarios para el agua, promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento y aumenta las sanciones por no utilizarlo. Además, el articulado transitorio de este proyecto dispone nuevos mecanismos para la regularización de usos consuetudinarios del agua.

Tercero, prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas y glaciares.

Por último, fortalece las atribuciones de la administración para prorratear y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad de los acuíferos y define las instancias en que la Dirección General de Aguas (DGA) limitará temporalmente el ejercicio de las extracciones. También perfecciona el mecanismo de cobro de patentes.

Quiero destacar muy especialmente las indicaciones orientadas a la protección de los derechos indígenas, las cuales logramos introducir en este proyecto. Entre ellas cabe citar la contenida en el N° 2 del artículo único del proyecto, que incorpora varios incisos nuevos al artículo 5° del Código de Aguas. En este caso, se trata del inciso quinto de dicha disposición, y plantea: “En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

(Aplausos)

Además, quiero destacar la indicación referida al artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, incorporada por el número 34 del artículo único del proyecto, que agrega un inciso final que señala que estarán exentos del pago de la patente por la no utilización de las aguas las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5° del código.

Por cierto, en el nuevo inciso final del artículo 149 del código -por favor, quiero que esto sus señorías lo escuchen muy bien, porque se ha generado una gran distorsión al respectose formula que los derechos de aguas que sean entregados con el objeto de asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y los derechos indígenas no podrán ser destinados a otro fin. Se añade que para el caso de los otros usos su modificación siempre deberá ser autorizada por la Dirección General de Aguas.

Que nadie los engañe respecto de estos temas.

Se extiende la protección de los acuíferos que alimentan nuestras vegas y bofedales. Cómo no va a ser importante eso en la normativa vigente si en Atacama, donde vivimos, no existe ninguna protección. Si nosotros hubiéramos contado con una norma como la que se propone, no se habría generado el desecamiento de 70 hectáreas del humedal del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, a raíz de las faenas extractivas realizadas por una empresa minera.

Sobre el particular, a partir de la aprobación -no me cabe ninguna duda de que aprobaremos la iniciativa del proyecto de reforma al Código de Aguas, las mineras estarán impedidas de extraer agua en humedales, vegas y bofedales, que hoy se hallan protegidos.

Señor Presidente, aquí la memoria es de corto plazo: piensan que el país nace con la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981. Con la aprobación de esta iniciativa estaremos generando también un encuentro con la larga tradición republicana.

El señor ESPINOZA, don Marcos (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, utilizaré parte del tiempo de mi bancada.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Muy bien. Puede continuar, su señoría.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

En 1857, el Código Civil definió que los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público.

El Código de Aguas de 1951 disponía que las aguas son de dominio público y que a los particulares se les entregaba un derecho de aprovechamiento, que consistía en el uso, goce y disposición de ese derecho, pero nunca entregaba la propiedad sobre las aguas.

Por cierto, aprovecho la ocasión para rendir homenaje a la reforma agraria que impulsó el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva …

(Aplausos)

…que estableció que la tierra es para quien la trabaja.

El Presidente Frei Montalva entendía que la redistribución de las tierras a través de dicha reforma no estaría completa si simultáneamente no se reorganizaba el sistema de manejo de las aguas. Por eso, el Código de Aguas de 1969 consagró los derechos de aprovechamiento de aguas, que otorgan las facultades de usar y gozar de ellas, pero nunca el dominio sobre ellas. Por tanto, los derechos no podían ser comprados, vendidos o intercambiados privadamente o separados de la tierra a la que habían sido asignados sin que mediara autorización administrativa.

Por esa memoria histórica es que siento que hoy estamos cerrando un ciclo de reparación y esperanza, por lo cual anuncio mi voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio.

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los representantes de las asociaciones de canalistas, de agricultores, de parceleros y de los comités de agua potable rural presentes en las tribunas.

(Aplausos)

Un saludo especial para Carolina, presidenta del APR de Linderos, lugar donde vivo.

Hay quienes pretenden hacernos creer que los parceleros y quienes defienden la priorización del uso del agua para consumo humano están enfrentados en lo que respecta a esta reforma, que hay conflicto entre ellos, que privilegiar el agua para el consumo humano se opone a los intereses de los parcelero y demás agricultores. Nada más lejano de la realidad.

Así como los parceleros utilizan agua para consumirla como humanos, quienes solo utilizamos agua potable también consumismo los productos de los parceleros y agricultores. El problema se produce cuando se evidencia que solo se trata de caricaturas, porque entonces algunos vuelven al discurso de que son los poderosos de siempre los que acaparan el agua.

Lo cierto es que ese discurso se cae a pedazos, porque son miles los parceleros que trabajan su propia tierra, y es de ellos de los que trata este proyecto de ley.

Dentro de la UDI hemos discutido acerca de esta iniciativa, y decidimos que vamos a votar a favor de priorizar el consumo humano, pero no de traspasarle al burócrata de turno la decisión acerca de si un parcelero tendrá o no agua para regar y para desarrollar su actividad agrícola.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, a algunos no les gusta ser impopulares, pero hoy nos enfrentamos a cuestiones respecto de las cuales debemos asumir posiciones que no siempre son populares. Chile necesita asegurar un progreso sostenible, lo que implica tomar en cuenta el interés de la comunidad, el medio ambiente y a las futuras generaciones. Lamentablemente, a algunos solo les preocupa lo inmediato y piensan que hay que quitarles derechos a algunos y traspasárselos al Estado. Siempre la misma solución. Tienen una fe ciega en el Estado perfecto, aunque sabemos que no es cierto.

Nosotros creemos que el poder debe estar radicado en la sociedad, en la descentralización, y respecto de este tema, radicado en nuestros agricultores, en nuestros parceleros y, por supuesto, en las comunidades de personas, como las del APR de donde vivo, que funciona bien precisamente porque somos una comunidad.

No hagan que se enfrenten intereses que son legítimos y que no tienen por qué estar en guerra entre ellos. Lo que el Código de Aguas debe hacer es asegurar el progreso sostenible de nuestro país, sin populismo.

Por eso, votaremos a favor del agua de las personas, pero en contra de una reforma que quita derechos a los parceleros, porque queremos un progreso sostenible, que esté en manos de la sociedad y sea descentralizado.

He dicho.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Christian Urízar.

El señor URÍZAR.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Agricultura, al de Obras Públicas y a todos los vecinos y vecinas, dirigentes sociales, dirigentes de APR y de distintos ámbitos de la conservación y de asuntos rurales que se encuentran en las tribunas presenciando este debate.

Simbolizo en la señora María Isabel Ahumada , presidenta de la junta de vecinos Unión Las Palmas, de Olmué, y en Paulo Altamirano, concejal de la misma comuna, mi saludo y reconocimiento para quienes manifiestan su preocupación por las materias en discusión, debate que esperaban desde hace mucho tiempo.

Por fin ha llegado este día tan importante para miles de chilenos y chilenas que escucharon a la Presidenta Michelle Bachelet cuando, durante su campaña, se comprometió con los pequeños agricultores, con los dirigentes de los programas de agua potable rural, con la agricultura familiar campesina; en fin, con la gente más humilde de las zonas rurales, quienes le pedían equidad y justicia en la distribución del agua; que los más poderosos, las grandes empresas no los dejaran sin una gota de agua en tiempos de sequía. Eso escuchaba la Presidenta y a eso atendió.

En la provincia de Petorca, que forma parte del distrito que represento, da vergüenza ver cómo grandes empresas agrícolas han ocupado por años toda el agua del valle y cómo los pequeños agricultores han visto secarse sus campos, todas sus inversiones y la de sus familias.

(Aplausos)

Basta de acaparamiento, basta de injusticias, basta de pisotear los derechos humanos de todas las familias que confían en que, de una vez por todas, el agua será un bien de uso público, con preferencia para el consumo humano, y que ya no serán las empresas las favorecidas en el uso de este vital elemento.

No hay expropiación, como dice la derecha. Esa es una mentira que se ha instalado para defender a la gran empresa. No hay expropiación; pero se necesita una mejor distribución. No queremos que las grandes empresas dejen de tener agua, pero sí que se distribuya en forma más equitativa, como corresponde.

Vamos a modificar el Código de Aguas, porque sus disposiciones no dan cuenta de la protección del medio ambiente, no priorizan el uso del agua para el consumo humano ni aseguran una distribución justa y equitativa del agua.

En el campo la gente nos pregunta hasta cuándo deberán seguir regando con un hilito de agua mientras ven que al frente hay tremendos vergeles, en las tierras que pertenecen a las grandes empresas agrícolas. Todo verde, todo maravilloso allá, mientras acá los cultivos de la agricultura familiar campesina se siguen secando.

Los socialistas vamos a honrar la palabra de la Presidenta Michelle Bachelet , así es que votaremos a favor cada uno de los artículos que contiene este proyecto.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Vamos a votar a favor el proyecto de ley completo, porque beneficiará a miles y miles de familias de nuestro país, que esperan que, de una vez por todas, haya justicia y equidad.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Issa Kort.

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los señores ministros presentes en la Sala y a los dirigentes de las asociaciones de regantes, canalistas, agricultores, campesinos y otras organizaciones de la Región de O'Higgins, así como del resto del país, que se encuentran en las tribunas.

(Aplausos en las tribunas)

Son gente que, más que venir semanalmente al Congreso a manifestarse, prefieren estar en sus campos, dando trabajo a los chilenos y entregando riquezas al país para superar la pobreza.

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, le solicito que mantenga el orden en las tribunas. Tome acciones al respecto.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Solicito a la gente que se encuentra en las tribunas que se mantenga en silencio mientras los parlamentarios intervienen, para que así podamos escucharnos.

Puede continuar, diputado Kort.

El señor KORT.-

Señor Presidente, mantener una actitud de respeto es parte del debate cívico. Lamentablemente, hay personas que quieren imponer sus posiciones ideológicas a través de los gritos y otras manifestaciones de ese tipo, en vez de mantener respeto por quienes pensamos distinto.

El Congreso Nacional debe ser un espacio de reflexión, de diálogo, pero también de aportar soluciones para enfrentar los problemas que afectan al país.

Como diputado por la ciudad de Rancagua, me piden que analice este proyecto de ley, y en esa condición tengo que pensar en cuáles son las raíces de la ciudad.

Rancagua es una ciudad huasa, minera, agrícola, con espíritu, una ciudad que aporta al país. Por cierto, esta modificación impactará directamente a la región minera y a la región huasa.

Por eso, señor Presidente, tenemos que legislar con responsabilidad, de acuerdo con los territorios que representamos, pero también pensando en el bien del país.

Debemos legislar propositiva o reactivamente. Considero que en este caso se está legislando reactivamente, a partir de la ideología. No se está pensando en el futuro, sino que se quiere solucionar el presente, a partir de ideas del pasado.

Señor Presidente, el agua es un elemento esencial para el consumo humano, para la agricultura y para la minería.

Respecto del consumo humano, la bancada de la UDI va a apoyar todas las normas que lo aseguran, porque consideramos que es un derecho tener agua para el consumo humano. Pero también queremos defender el derecho al emprendimiento, al trabajo, al cultivo agrícola y a la extracción minera.

Señor Presidente, ¿dónde están las propuestas del gobierno para administrar mejor los recursos? Mediante el proyecto se quiere hacer una reforma para solucionar de manera ideológica el conflicto del agua; sin embargo, por intermedio del señor Presidente, pregunto al ministro de Obras Públicas, ¿dónde están los proyectos para canalizar y para embalsar más agua? ¿Dónde están las iniciativas para resolver el problema? Chile es un país que tiene recursos hídricos, pero debemos también buscar soluciones. Por eso estamos quedando a la deriva respecto de la administración del agua.

En relación con la minería, ¿dónde está la señora ministra del ramo? Señor Presidente, pedí personalmente que la Comisión de Minería y Energía analizara el proyecto de ley en discusión, pero se negó a tramitar el proyecto. En consecuencia, quienes representamos distritos dedicados a la minería, ¿qué respuesta daremos a nuestros mineros? No estoy pensando en Codelco o en las grandes empresas mineras, sino en los pequeños y medianos mineros, como los pirquineros de Chancón, en Rancagua, quienes se verán perjudicados si se aprueba la reforma al Código de Aguas.

Señor Presidente, ¿qué vamos a hacer con los agricultores, con los campesinos, con las personas que están luchando año a año para generar y cultivar esperanzas? Porque no solo cultivan frutas y hortalizas, sino también esperanzas para que el país sea un mejor lugar.

Hay personas que luchan día a día para que su tierra sea próspera; pero esa tierra será próspera en la medida en que puedan administrar y hacer uso del derecho al agua. Ellos necesitan tener la confianza y la esperanza de que podrán administrar el agua a su arbitrio y no según la discrecionalidad de la autoridad de turno.

¡No puede ser que esta reforma ideológica expropie el agua! ¡No puede ser que esta reforma ideológica cree problemas en el mundo de la agricultura, en lugar de resolverlos!

Señor Presidente, tenemos un problema serio, pero nos dan respuestas y soluciones débiles. El país está enfrentando un proceso de ideologización irresponsable, ante lo cual debemos responder con reformas y respuestas concretas.

¡Estoy por defender los derechos de agua! ¡Estoy por defender el emprendimiento! ¡Estoy por defender a los agricultores, a los mineros y el consumo humano de agua!

Por eso, señor Presidente, votaré en general en contra de este proyecto ideológico, pero apoyaré todas las reformas que apunten a resolver el problema.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, la primera realidad que se debe enfrentar en nuestro país es que el agua dulce continental disponible para constituir nuevos derechos se terminó. Esa es una realidad que nos afecta a todos.

Por lo tanto, la legítima pregunta que uno puede hacerse es qué sentido tiene una reforma que solo afectaría, hipotéticamente, a los nuevos derechos, en circunstancias de que no hay nuevos derechos por constituir. Por eso los agricultores tienen la legítima duda e interrogante sobre la posibilidad de que la reforma también los afecte.

Por lo anterior, por intermedio del señor Presidente solicito a los ministros de Agricultura y de Obras Públicas que aclaren, mediante una norma transitoria, que las disposiciones de esta futura ley en ningún caso afectarán los derechos constituidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Esta redacción es mucho más clara que la del artículo primero transitorio, que deja entregado el asunto a la futura ley que estamos tramitando hoy.

Señor Presidente, la única fuente de agua a la que hoy puede acudir nuestro país es el mar. No obstante, nada dice el proyecto de ley en relación con la forma de extraer agua del mar para su posterior tratamiento en plantas desalinizadoras. Ese es un tema pendiente, que debiera estar presente en una reforma.

El único sector que paga por el uso privativo del agua en Chile es la agricultura. No pagan las empresas hidroeléctricas, las sanitarias ni las mineras, las cuales han obtenido un derecho gratuito y hoy tienen grandes utilidades.

(Aplausos)

Los agricultores deben soportar un recargo en las contribuciones de bienes raíces porque su predio tiene riego. Hay que cambiar esa situación, pero esta reforma no dice nada al respecto.

Por lo tanto, solicito mayor precisión en lo que respecta a la situación de los agricultores, quienes realizan una actividad que debe pagar por todo y que hoy está recibiendo un gran signo de interrogación por parte de este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy.

El señor DE MUSSY.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes y a todas las personas que nos acompañan en las tribunas.

Nadie está en desacuerdo con que se necesita modificar el Código de Aguas; pero se requieren buenas reformas.

El título y el mensaje del proyecto son muy atractivos y bonitos, ya que hablan de priorizar el agua para el consumo humano y otros fines. ¿Quién no podría estar a favor de eso?

Sin embargo, digamos las cosas como son: es un mal proyecto. Los últimos años hemos analizado iniciativas que tal vez sean necesarias para el país, pero su articulado permanente y transitorio hace que sean malos proyectos.

Quiero entregar algunos ejemplos.

Me parece excelente que el proyecto en discusión trate y deje claro el tema de las prioridades: primero, para consumo humano; segundo, para subsistencia; tercero, para saneamiento sanitario, y cuarto, para preservación ecológica. Sin embargo, también quiero señalar que el Código de Aguas en vigencia dispone que cualquier persona que hace un hoyo en su terreno y encuentra agua, puede utilizarla, siempre y cuando no afecte a alguien ubicado a menos de doscientos metros de distancia. Además, dispone que si quien está ubicado a doscientos metros es una minera o una empresa, el derecho al agua es de la persona para consumo humano; es decir, ya existe esa priorización.

Asimismo, el Presidente de la República también puede hacer que se entreguen derechos de agua, incluso si la cuenca está agotada.

Por último, el Estado puede expropiar derechos de agua en la actualidad si lo considera necesario, como lo ha hecho Nueva Zelanda.

El segundo lugar, me referiré a los derechos de agua especulativos.

A la gran mayoría nos molesta esa situación. Vivo en la Región de Los Lagos, a uno de cuyos distritos represento, por lo que me daba rabia cuando veía que las aguas del río Puelo eran de una empresa. Sin embargo, la Endesa acaba de devolver miles de litros por segundo, porque las patentes les están haciendo doler la billetera.

Creo que ese es el camino a seguir. Estoy feliz de que la Endesa devolviera las aguas del río Puelo porque no podrá ejecutar proyectos en él. Me alegro mucho por esa devolución; pero el camino no es a través de una expropiación, sino que debe ser mediante el cobro de patentes que les hagan doler los bolsillos a las empresas. Eso es lo que existe hoy, pero no quita que se pueda seguir mejorando.

Quiero dar tres ejemplos de por qué estamos analizando un mal proyecto de ley.

En primer lugar, entrega muchas facultades a la Dirección General de Aguas (DGA); sin embargo, ese organismo no tiene la capacidad de responder los requerimientos que se le formulan en la actualidad, por lo que se demora años en contestarlos.

(Aplausos)

Hoy estamos entregando más atribuciones a la DGA, entre las cuales -¡ojo!figura determinar caudales ecológicos. En la Comisión de Hacienda vimos que determinar un caudal ecológico o hacer un mapeo de una cuenca hidrográfica vale millones de pesos, tarea que ahora vamos a dar a un señor que, sentado en su oficina, decidirá a través de un acto administrativo que el caudal ecológico es A o B.

¿Quiero precisar los caudales ecológicos? Sí, pero entreguemos los recursos para hacer los estudios que corresponden. Sin embargo, no hay ni peso más para concretar todas las atribuciones que se le entregan a la Dirección General de Aguas.

(Aplausos)

En segundo lugar, el proyecto habla de concesiones por treinta años, lo cual puede ser posible; pero invitamos a Soledad Ovando, gerenta general de Microempresas BancoEstado, es decir, no representa a un banco privado, quien nos dijo que el 20 por ciento de sus clientes, que son aproximadamente 600.000 en total, pertenecen al sector agrícola. Le preguntamos si creía que la transformación de los derechos de aprovechamientos de agua en concesiones a treinta años podría producir algún problema de financiamiento. Nos contestó textualmente: “Las modificaciones que se plantean al Código de Aguas eventualmente pueden afectar el acceso al financiamiento, debido a la importancia de la tasación al momento de garantizar los predios agrícolas”.

Señor Presidente, le pido algunos minutos más para terminar, con cargo a mi bancada.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Muy bien, señor diputado.

El señor DE MUSSY.-

¿Qué estoy diciendo? ¡Que nos dejemos de cuentos! No estamos hablando de grandes empresas, sino de pequeños y medianos agricultores, porque la única forma de tener plata para hacer proyectos es justamente teniendo terrenos con derechos de agua, lo que se verá afectado con esta decisión.

Eso no lo digo yo; no lo dicen la derecha ni la oposición: lo dice una gerente del BancoEstado.

En tercer lugar, no podemos permitir que se quite un derecho de propiedad ya existente, nos guste o no. Y vuelvo a leer el artículo primero transitorio: “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.”. ¿A qué ley? A esta ley en proyecto, que señala precisamente que por A, B o C motivos se puede quitar ese derecho.

Insisto: se trata de un proyecto necesario. Hay que mejorar ciertas cosas, porque el actual gobierno se ha caracterizado por hacer malos proyectos en los detalles.

Esta iniciativa no cuenta con el apoyo de los expertos en la materia. Me refiero a diversos directores de la Dirección General de Aguas, todos de distintos colores políticos, y a tantos otros que en más de una oportunidad han dicho que esto afecta derechos fundamentales.

En este caso, se ha solicitado reserva de constitucionalidad. Por eso hago un llamado a los parlamentarios a no exponernos a un nuevo show al aprobar esta iniciativa y que después el Tribunal Constitucional resuelva que hay inconstitucionalidad en sus normas. Incluso más, el subsecretario Micco lo manifestó.

Por eso, esperamos que en el Senado el Ejecutivo introduzca las correcciones necesarias. Finalmente, en la región que represento sigue habiendo muchos derechos de agua disponibles. Al respecto, quiero saber si las personas que accedan a ellos tendrán derechos de agua de segunda categoría, porque algunos son derechos de propiedad y otros no. Hay que tener cuidado con eso, ya que estaríamos discriminando.

Votaremos a favor los artículos importantes que priorizan el consumo humano del agua. Pero, nuevamente, frente a un mal proyecto, votaremos en contra las demás disposiciones, porque no es así como se deben hacer las leyes en nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señor Presidente, vaya, en primer lugar, mi saludo a los ministros, a los dirigentes provenientes de distintas regiones, en particular de la Federación Nacional de APR, que han estado durante toda la discusión, y a un colectivo de Ránquil, quienes han querido estar presentes en esta discusión.

Este debate no comenzó en esta Sala, sino a través de la prensa, con mentiras, argumentos falaces y distinciones a veces precarias que nada tienen que ver con la realidad.

Aquí se ha expresado profundamente cuál es el sentido de esta modificación, que reviste una importancia ideológica respecto de lo que significa el agua como bien nacional de uso público que el Estado debe garantizar no solo a unos pocos, sino a todos los chilenos y todas las chilenas.

Hago el alcance porque no existe regulación en el mundo en la que el agua o el aire sean un bien comerciable; en ninguna regulación de otro país ha habido un desmembramiento entre el derecho y el agua respecto del derecho de aprovechamiento. Chile es el único país del mundo donde esto se ha llevado a cabo. En 1981 se instaló la idea de que el agua y sus derechos de aprovechamiento podrían ser comerciables. En verdad, no existe ninguna regulación ni ley al respecto.

Respondiendo a lo señalado por un diputado de la bancada de enfrente en el sentido de que se trata de una normativa que es injusta y que no se condice con la realidad, quiero señalar que debemos adecuar la normativa para que nuestras leyes sean eficaces y no solo beneficien a unos pocos, sino a todas las chilenas y a todos los chilenos.

Quiero insistir en algo que se ha dicho hasta el cansancio: el derecho de aprovechamiento no puede entenderse como un derecho análogo al derecho a la propiedad, sin ningún requisito, ninguna distinción ni forma de regulación. El derecho que se establece en este caso recae sobre un bien particular, un bien especialísimo, como el agua. Es un bien nacional de uso público al cual todos suscribimos.

Uno de los principales objetivos de este proyecto es devolver el agua a los chilenos. ¡Eso es lo que estamos haciendo hoy!

(Aplausos)

Estamos avanzando en reconocer el agua como un bien nacional al cual todos y todas legítimamente debemos acceder. En particular, se regulan las condiciones en las que funcionan los sistemas de APR, los cuales no nacen porque todos tienen iguales garantías o condiciones, sino que responden a una necesidad de la que esta modificación se hace cargo. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que se podrá hacer uso de las aguas subterráneas, lo que solo se podía hacer en circunstancias especiales, como también la posibilidad de reasignar el agua cuando se declare zona de escasez hídrica, o bien la exención del pago de patentes en caso de que estas no sean utilizadas.

Me sorprende -lo digo con total honestidad cómo se miente a través de la prensa. La modificación del Código de Aguas ha significado realizar diversas reuniones no solo con la institucionalidad de los APR, sino también con los miembros de las asociaciones de canalistas. No entiendo cómo un alto dirigente puede decir que esta reforma se ha hecho a puertas cerradas. Quiero aclarar que personalmente sostuve alrededor de diez reuniones con agricultores de la provincia de Ñuble. El director general de Aguas estuvo reunido en San Carlos con más de cien o doscientos agricultores.

Se miente y se insiste en que la modificación del Código de Aguas va a alterar el derecho de propiedad vigente. Eso no es así.

Un diputado planteó su incertidumbre respecto de si las grandes empresas hidroeléctricas pagan o si sobre ellas debería recaer toda la responsabilidad. Tengo en mis manos un documento que da cuenta que solo en la provincia de Ñuble hay más de cien empresas hidroeléctricas y de otro tipo que hoy pagan patente. Por supuesto que les debe afectar esta situación, y debemos regular más duramente aquello.

Sin embargo, a los grandes agricultores y a las asociaciones de canalistas en nada les afecta la caducidad de los derechos de aprovechamiento, porque si los poseen, deben utilizarlos. No deben dejarlos a la especulación y esperar que el día de mañana venga una hidroeléctrica a comprarles esos derechos. No pueden usufructuar de los recursos de todos los chilenos.

¡Digamos las cosas como son!

Por último, hay diputados que tienen intereses creados en centrales hidroeléctricas de pasada. Por lo tanto, espero que ellos no voten en esta ocasión.

He dicho.

El señor SILBER (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto que modifica los actuales derechos de agua y su aprovechamiento. Por supuesto, todos los diputados de la UDI compartimos el objetivo general de cuidar y resguardar nuestros recursos hídricos, especialmente en lo que se refiere al consumo humano. Que no quepa ninguna duda en eso. El diputado De Mussy ha sido muy claro en establecer las preocupaciones que tenemos respecto de este proyecto.

Mi aprensión está basada principalmente en la falta de certeza jurídica al modificar la perpetuidad del derecho por la temporalidad, pues sabemos que su uso y goce tendrán una duración máxima de treinta años. Esto es grave, expropiatorio y vulnera el derecho de propiedad.

Una vez más, el gobierno, frente a un determinado problema, está creando uno mayor y nuevo.

Obviamente, este proyecto afectará a nuestra agricultura. Así, como se ha dicho en la Sala, los derechos pasarán a depender discrecionalmente de un funcionario de turno y se producirá un freno a la inversión y al trabajo en regiones. Es evidente que esto atenta contra el mundo agrícola y la capacidad para enfrentar como corresponde la sequía. ¡Para qué hablar de lo que sucede en la Quinta Región!

Corregir los posibles abusos no pasa por castigar a quienes lo han hecho bien, ni menos por generar una nueva incertidumbre jurídica. La solución correcta pasa por modernizar -se ha hecho un esfuerzo importante en este proyecto-, pero no por la vía de la expropiación.

En materia hidroeléctrica, sabemos que los proyectos serios requieren plazos de evaluación de inversiones mayores a treinta años. Entonces, no hay duda de que nuevamente vamos a producir consecuencias negativas en una materia tan relevante.

Más allá de las intenciones y de lo importante que es resguardar este recurso, especialmente para el consumo humano, estamos ante una nueva reforma del gobierno, una mala reforma, en que probablemente no solo se recurrirá al Tribunal Constitucional, por la forma en que se vulneran los derechos de propiedad de nuestros agricultores, sino también porque los próximos meses estaremos corrigiéndola en el Congreso Nacional, como ha sucedido con la gran mayoría de las reformas del gobierno.

Nuestra bancada votará a favor de todo lo que proteja el agua para consumo humano, pero en contra de expropiar los derechos a nuestros agricultores.

He dicho.

-Aplausos en tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.

El señor SOTO.-

Señor Presidente, con orgullo y alegría participo de esta importante reforma que debatimos esta tarde, la que reivindica el agua, elemento vital para la vida humana, como un bien nacional de uso público, que no puede ser apropiado para exclusivo beneficio de un puñado de personas y usado ilimitadamente hasta agotar todas sus fuentes, impidiendo el uso y consumo que necesitan todos los chilenos y las futuras generaciones. La reforma clarifica que el agua es un bien nacional y que, por lo tanto, es de propiedad de todos los chilenos y debe ser disfrutado generosa y racionalmente por todos ellos; es decir, debe tener un uso público.

Como resultado de décadas de ser considerado un bien de consumo y permitir su uso abusivo y desenfrenado, se ha dañado gravemente el patrimonio ambiental de nuestro país, que ha dejado un reguero de desertificación y de desaparición de ríos, lagunas, cuencas y humedales. Son cientos las comunidades agrícolas e indígenas que han debido migrar de sus asentamientos a causa de la llegada de una empresa que se apropia de toda el agua disponible, mientras se secan y destruyen especies vegetales y animales, y se degradan ecosistemas que tardarán siglos en recuperarse.

Por lo anterior, esta reforma es legítima y necesaria. Que no quede duda: la reforma es completamente constitucional y legal. Hace cien años, el Código Civil consideraba que el dominio particular tiene excepciones, como en este caso, el del agua, y que su acceso debe ser garantizado, porque es fundamental para los seres humanos.

La Constitución de Pinochet también asegura el derecho de propiedad, pero el mismo artículo establece que la propiedad puede tener las “limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.”. La función social de la propiedad significa que los bienes sean productivos tanto para sus dueños como para la comunidad; es decir, que se satisfagan las necesidades del titular y del resto de la sociedad. Así lo establece el proyecto al limitar el uso desenfrenado y sin obligaciones de los derechos de aprovechamiento de agua, obligando a los nuevos titulares a diversas conductas en beneficio de todos los chilenos.

Ha habido una campaña de desinformación, de falsedades y del terror, porque el terror paraliza y hay quienes quieren paralizar este proyecto de ley y seguir especulando con los derechos sobre nuestra agua. Por eso soy tajante: no procede ni puede hablarse de expropiación de derechos con esta reforma, puesto que se aplican hacia el futuro, a situaciones que hoy no ocurren y a derechos de agua que no se han entregado. ¿Cómo se puede expropiar algo que no se tiene? ¡Que los especuladores del agua terminen con la campaña de mentiras! ¡Este proyecto no es expropiatorio! Es más, tratándose de aquellos derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos, el impacto para ellos es casi nulo. Más bien, los mejorará y asegurará la disponibilidad de agua hacia el futuro.

Termino con un homenaje a todos los habitantes de la comuna de Paine, con los cuales dimos una gran lucha contra la instalación de una megaplanta de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU) en la comuna, hace dos años, y logramos derrotarla. Lo hicimos porque esta megaplanta productora de bebidas y cerveza iba a usar dos tercios del agua disponible para todo Paine, durante las 24 horas del día, todos los días del año, un consumo industrial irracional capaz de destruir la pequeña y mediana agricultura y dejar sin agua para el consumo humano a miles de habitantes. Por eso, esta reforma debe ser aprobada.

He dicho.

El señor ANDRADE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, ¿tiene derecho a tomar, vender, regalar, prestar o heredar el agua una persona a la cual el Estado le entregó la posibilidad de utilizarla para que pueda satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad? ¿No es un acto expropiatorio del privado utilizar el agua para fines particulares y mercantilizarla, comprarla y venderla?

¿Es eso lo que el Estado quiere para el agua?

En el norte de Chile se entregaron derechos más allá de lo prudente. Hoy la provincia de Copiapó tiene escasez hídrica. El acuífero de Copiapó se está secando porque los inescrupulosos usan más agua de la permitida en un valle que está complicado. El agua es de todos los chilenos y, por tanto, no puede ser expropiada por los privados para su uso particular. Este proyecto de ley avanza un paso hacia adelante.

Me parece que lo lógico es que el agua no solo sea un bien de derecho público, sino de pertenencia al Estado y a todos nosotros. No es aceptable que se siga vendiendo, regalando y comercializando el agua, que fue entregada en forma gratuita por el Estado para fines precisos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, la izquierda nunca ha creído en el derecho de propiedad: no creyó en él en la reforma agraria y tampoco lo cree en este proyecto de ley. Por consiguiente, lo que estamos viendo hoy es nuevamente una exageración frente a la escasez del agua para justificar una modificación central al Código de Aguas que altera el derecho de propiedad y que pone en riesgo lo que ha permitido la estabilidad y el crecimiento económico en la agricultura y en la minería durante las últimas décadas.

Ese es el factor que subyace y que pretende encubrir la verdadera falencia, que es la incapacidad del Estado de Chile para haber provisto la debida capacidad para almacenar el agua y distribuirla bien, porque ya se ha dicho hasta la saciedad que en Chile no falta agua, sino que sobra, pero la despilfarramos y botamos a los caudales.

(Manifestaciones en las tribunas)

No obstante, nuevamente surge la esperanza, porque va a pasar aún mucha agua bajo el puente para que el proyecto de ley se apruebe, ya que no hay un consenso al interior del gobierno, del Parlamento ni tampoco en el conjunto de la sociedad. Falta mucho trecho por recorrer y que pase mucha agua bajo el puente, no solo en el Senado, sino también en el Tribunal Constitucional, del que, sin duda, requeriremos un pronunciamiento. Restringir un derecho de propiedad y no indemnizar a los afectados, o restringir 20 por ciento del caudal ecológico y no pagar a los afectados es expropiación aquí y en la “quebrada del ají”. Sin embargo, algún grado de racionalidad hay al interior del gobierno.

En el último trámite, en la Comisión de Hacienda -quizá los presentes no lo conocen bien- , surgieron muchas dudas de parte de importantes autoridades del Ministerio de Hacienda.

¿Qué se dijo en la Comisión de Hacienda? El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco , estima que toda modificación en la legislación de aguas tiene importancia en el crecimiento económico de nuestro país, lo que requiere una conversación larga y prolongada de este tema para no tener consecuencias en la estructura productiva de nuestro país.

Asimismo, en la Comisión de Hacienda, el gobierno llamó a revisar, analizar y tener una larga conversación sobre el proyecto una vez que salga de la Cámara de Diputados. ¿Qué se dijo en la Comisión de Hacienda? Han surgido diversas modificaciones que representan cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo, particularmente en cuanto al planteamiento de usos específicos. Se ha generado -dijo Haciendauna integridad entre tierra y derecho de aguas para las comunidades indígenas, lo cual puede generar implicancias negativas que deben ser revisadas. También se dijo que los elementos de los caudales ecológicos mínimos han tenido alguna señal de retroactividad en la formulación, que deben ser analizados.

En fin, el propio gobierno, en uno de sus ministerios -hoy ausente, pero muy presente en el desarrollo productivo del país-, ha llamado a revisar y a analizar el proyecto.

Probablemente, va a ocurrir que tal como saldrá esta iniciativa desde la Cámara, tendrá profundos e importantes cambios para colocar mesura, respetar adecuadamente el derecho de propiedad y para que no termine afectando a sectores productivos tan importantes como la agricultura y la minería.

Eso no significa que no resguardemos el agua potable a los APR. Ya legislamos sobre proyectos de agua potable rural y elaboramos un excelente proyecto de ley. El agua para el consumo humano está garantizada. No es ese el problema. La dificultad radica en la concepción, en la forma en que se enfrenta la modificación del Código de Aguas.

En consecuencia, es necesario votar en contra en general. Aquí no se trata de pronunciarnos sobre una idea abstracta; no se trata de juntarnos y decidir legislar sobre el agua. La idea de legislar tiene que ver con las ideas matrices de un proyecto, no sobre una idea abstracta sin contenido. A nuestro juicio, la forma en que se cambia la naturaleza del derecho de aprovechamiento, esto es de dominio a concesión temporal, va por sobre la Constitución y la ley.

Este es un mal proyecto para el desarrollo productivo de Chile, porque exagera el conflicto del agua con el fin de justificar una iniciativa que es perniciosa para el desarrollo del país. En lo fundamental se requiere de otra modificación al Código de Aguas, no la que se plantea.

Por tal motivo, votaremos en contra la iniciativa.

He dicho.

-Aplausos

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo.

El señor MELO.-

Señor Presidente, junto con saludar a los ministros y al director de la DGA, felicito a los autores de esta moción, especialmente al exdiputado y actual senador socialista Alfonso de Urresti.

Chile es uno de los países sobre el que se desatará con mayor violencia y profundidad los efectos del cambio climático. Ya estamos sometidos al avance del desierto y ha habido sequía y devastación incluso en el sur del país.

La reforma simplemente permitirá a la DGA gobernar y gestionar racionalmente nuestras cuencas, programar y priorizar sus usos en la senda de la adaptación y la mitigación de esta irreversible realidad.

Sin embargo, algo tan simple ha sido vilipendiado injustamente por los sectores productivos. Los mismos que ayer salieron a cortar los caminos pretenden limitar, cercenar y vulnerar un derecho humano básico, como es el derecho al agua y a la vida.

Son ellos quienes deben dar explicaciones a las comunidades que nos acompañan desde todos los rincones del país y que nos honran con su presencia en las tribunas. Ellos deben dar explicaciones a millones acerca de por qué quieren mantener este estado de cosas y por qué se niegan a legislar. Que digan de frente que no les importa el derecho humano al agua y que no quieren que se prioricen sus usos, poniendo en primer lugar el consumo humano y el saneamiento. Que digan que prefieren un Código de Aguas generado en una época en donde existía abundancia de agua y una realidad histórica oscura, porque existía una dictadura.

Esos tiempos, a los que se aferra la Sociedad Nacional de Agricultura, ya no existen. Perdónenme, pero ya no pueden venir a guapear como patrones de fundo al Congreso Nacional.

Hemos sido cautos; hemos buscado la equidad y pensado en sustentabilidad. Esos principios, en lugar de la irresponsabilidad, la injusticia y la depredación, informarán nuestras leyes desde ahora en adelante, al menos en materia de agua y de glaciares.

Llamo especialmente a los parlamentarios de oposición que concurrieron con sus votos a la aprobación de los informes emanados de las comisiones técnicas, a que mantengan esa posición. Esperamos que respeten su compromiso y su palabra empeñados en favor de la ciudadanía y los ecosistemas.

Sin duda, este es un primer paso para recuperar el agua como un derecho humano garantizado por el Estado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, nos reunimos para votar una reforma que regula diversos aspectos que rigen en la actualidad las normas relacionadas con nuestros derechos de agua.

Hemos decidido votar en contra la idea de legislar porque se trata de un proyecto fundamentalmente ideológico, que no agrega ni un litro de agua al sistema que ya tenemos. Se trata de una reforma que cambia la visión del derecho real de aprovechamiento de aguas desde uno perpetuo a otro de plazo fijo; cambia el derecho real de agua que ya tienen miles de agricultores a una mera concesión administrativa.

No quiero dejar de mencionar que como bancada aprobaremos todas las normas que resguardan el derecho de agua para consumo humano, el saneamiento, la subsistencia y la preservación ecosistémica. Lo haremos pensando especialmente en nuestros sistemas de agua potable rural.

Por otra parte, el proyecto debilita los derechos de aguas existentes y genera incertidumbre en el futuro. No se ocupa en fortalecer las organizaciones de usuarios de aguas y entrega facultades discrecionales a la DGA, con lo cual se crea un organismo que mañana podrá ser un ente controlador absoluto, sin contrapeso.

Mencionaré algunos de los aspectos más perjudiciales que regula esta reforma.

En primer lugar, existe un menoscabo del derecho de propiedad. Actualmente, el derecho de aprovechamiento de las aguas tiene las mismas garantías constitucionales que el derecho de dominio o propiedad, es decir, se puede usar, gozar y disponer de él. Sin embargo, con la reforma esto ya no será así, pues incluso se contempla el caso de la caducidad por cambio de uso.

Lo más grave, como ya mencioné, es que cambia la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de dominio o propiedad, a concesión con plazo de caducidad. Esta afectación pone en riesgo el real ejercicio de cualquier derecho de aprovechamiento. Además, es inconstitucional.

Segundo, y muy relacionado con lo anterior, se encuentran las caducidades presentes en diferentes normas del proyecto de ley y la facultad de revisión que tendrá la DGA sobre los derechos ya adquiridos y otorgados en conformidad a la ley.

Las modificaciones propuestas no solo ocasionarán un gran perjuicio a miles de agricultores, sino que harán perder seriedad al país. En efecto, pasaremos a ser uno de esos países que admiran algunos de pensamiento totalitario, que no respetan el derecho de propiedad ni a las personas.

Como dije, pueden existir abusos por parte del Estado. ¿Quién nos asegura que mañana la DGA, en el ejercicio de la nueva facultad otorgada que le permite revisar los derechos de aprovechamiento de aguas ya otorgados, no cometa algún abuso? La disposición no impone criterios, requisitos en particular, ni un procedimiento al efecto.

Otro tema conflictivo es el caudal ecológico retroactivo. En nuestra legislación se contempla la facultad de la DGA para establecer un caudal ecológico mínimo para velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la reforma que se propone aprobar establece que el caudal ecológico puede tocar derechos ya adquiridos, constituidos y otorgados conforme a la legislación vigente.

Lo anterior es grave, porque, primero, se debilita la propiedad no solo de los poderosos, como les gusta decir a los diputados de la Nueva Mayoría, sino de cualquiera persona dueña de un derecho. Con los discursos ideológicos de siempre se perjudicará no solo a los poderosos, sino también a los medianos y a los pequeños.

-Manifestaciones en las tribunas

El señor ANDRADE (Presidente).-

Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas que no interrumpan las intervenciones de los diputados. Les pido que colaboren, porque la idea es votar con tranquilidad.

Diputado Sergio Gahona , puede continuar.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, me referiré a las aguas del minero. No tengo miedo a decir lo que pienso al respecto, porque represento a una región que también es minera.

Sabemos que las faenas mineras se regulan principalmente a través del Código de Minería y del Código de Aguas.

El afán por burocratizar o por paralizar el desarrollo de las personas y del país que tienen los diputados de la Nueva Mayoría ha llegado al extremo de, incluso, imponer la obligación de informar a la DGA sobre las aguas halladas -lo que me parece bien-, pero además de esperar la autorización de esta para utilizar el agua, lo cual es un contrasentido. Nadie dice que no se informe; pero exigir que ese organismo autorice el uso equivale a la negación de las aguas halladas, pues ya sabemos cómo funciona la DGA y sabemos que este proyecto asigna escasos recursos a esta institución.

Con esta traba, lo único que se consigue es afectar la viabilidad de algunas funciones mineras. Por lo demás, los únicos afectados serán los pequeños mineros, pues las grandes empresas mineras pueden pagar abogados, armar equipos de personas, pedir informes, acceder a tecnología y llevar a cabo una serie de otras actuaciones con tal de evitar que sus faenas se vean perjudicadas. Los pequeños mineros no tienen ninguna posibilidad de enfrentar a un Estado discrecional y arbitrario.

Creemos que lo que se trata de hacer hoy en la Sala es suplir un déficit en la gestión de recursos hídricos, que viene desde hace bastantes años -no es problema solo de este gobierno-, y la forma más fácil para este gobierno es hacerlo por la vía de un proyecto de ley que contiene en diversas normas una expropiación solapada. Ello se advierte, por ejemplo, en los artículos relacionados con las caducidades y la norma del caudal ecológico retroactivo.

Debemos dejar de legislar con la ideología en la mano y enfocarnos en las necesidades de los chilenos, especialmente de los más pobres y de la clase media. En Chile lo que nos falta es tener mejores embalses y obras públicas que contribuyan al mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Debemos dejar de pensar que los agricultores lucran con los derechos de agua de manera desmesurada, pues utilizan los derechos de aprovechamiento para trabajar la tierra, o que los derechos de agua son regalados.

Hoy quiero desafiar a los diputados de la Nueva Mayoría a que pregunten a los agricultores de sus distritos -y que los miren a la cara cuando voten este proyectosi les regalaron sus derechos de aguas o si tuvieron que pagar por ellos, y si riegan gratis o no. Cuando les hagan esas preguntas deben mirarlos de frente y a los ojos. Creo que, evidentemente, su respuesta será que no es así.

(Manifestaciones en las tribunas)

Hoy, en este hemiciclo, algunos quieren terminar con el derecho de aprovechamiento de aguas que existe desde hace siglos; quieren que el Estado acapare los derechos y disponga de ellos.

Por las razones anteriores, votaré solo a favor las normas que no perjudiquen a los agricultores, al consumo humano ni al agua para obras de saneamiento, y me opondré a todo atisbo de expropiación y de despojo que se quiera hacer de los derechos que tienen todos los agricultores de Chile.

Finalmente, deseo referirme a los artículos respecto de los cuales vamos a que hacer reserva de constitucionalidad.

1.- Número 4) del artículo único, específicamente los incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, de ambos informes.

-La norma atenta contra el inciso final del artículo 19, Nº 24, de la Constitución al establecer un plazo de duración de las “concesiones” denominadas “derechos de aprovechamientos”.

2.- Número 5) del artículo único aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos.

-La norma atenta contra los atributos del dominio al establecer una causal de caducidad que impide el goce efectivo y pleno que, de acuerdo a la disposición contenida en el inciso final del artículo 19, Nº 24°, deben tener los derechos de aprovechamiento de aguas.

3.- Número 11) del artículo único, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24°, inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

4.- Número 13) del artículo único, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24°, inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

5.- Número 24) del artículo único, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24°, inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

6.- Número 25) del artículo único, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24° inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

7.- Número 27) del artículo único, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, N° 24°, inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

8.- Número 28) del artículo único, en cuanto elimina la expresión “el dominio”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24° inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, N° 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

9.- Número 29), letras a) y b), del artículo único, en lo referido al caudal ecológico mínimo, de la comisión de recursos hídricos.

-Con la ley vigente, el caudal ecológico mínimo no se aplica para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento. El proyecto de ley, en el informe de la Comisión de Recursos Hídricos, establece que el caudal ecológico mínimo puede afectar derechos constituidos, lo que implica privar del contenido del derecho de aprovechamiento.

10.- Número 29), letra c), del artículo único, que establece un caudal ecológico mínimo en relación con las solicitudes de traslado de los derechos constituidos.

-Con la ley vigente, el caudal ecológico mínimo no se aplica para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento. El proyecto de ley, en el informe de la Comisión de Recursos Hídricos, establece que el caudal ecológico mínimo puede afectar derechos constituidos, lo que implica privar del contenido del derecho de aprovechamiento.

11.- Número 29), número 2), del artículo único, que establece unos nuevos incisos 2, 3 y 4 al artículo 129 bis l.

-Con la ley vigente, el caudal ecológico mínimo no se aplica para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento. El proyecto de ley, en el informe de la Comisión de Recursos Hídricos, establece que el caudal ecológico mínimo puede afectar derechos constituidos, lo que implica privar del contenido del derecho de aprovechamiento.

12.- Número 31, letra f), del artículo único, que establece una causal de caducidad por no uso de los derechos de aprovechamiento.

-Con la causal de la caducidad por su no uso se atenta flagrantemente contra la certeza jurídica y el derecho de propiedad, con plenos atributos del dominio tal como lo prescribe el inciso final del artículo 19, número 24. Por lo tanto, no se ajusta a la Carta Fundamental.

13.- Número 31, letra h), del artículo único, que establece una causal de caducidad por no uso de los derechos de aprovechamiento.

-Con la causal de la caducidad por su no uso, se atenta flagrantemente contra la certeza jurídica y el derecho de propiedad, con plenos atributos del dominio tal como lo prescribe el inciso final del artículo 19, número 24. Por lo tanto, no se ajusta a la Carta Fundamental.

14.- Número 32, letra d), del artículo único, que establece una causal de caducidad por no uso de los derechos de aprovechamiento en relación con no construcción de obras.

-Con la causal de la caducidad por su no uso se atenta flagrantemente contra la certeza jurídica y el derecho de propiedad, con plenos atributos del dominio tal como lo prescribe el inciso final del artículo 19, número 24°. Por lo tanto, no se ajusta a la Carta Fundamental.

15.- Número 41 del artículo único, que intercala un nuevo artículo 134 bis, en relación con la aplicación de la causal de caducidad por no uso efectivo del recurso.

-Con la causal de la caducidad por su no uso se atenta flagrantemente contra la certeza jurídica y el derecho de propiedad, con plenos atributos del dominio tal como lo prescribe el inciso final del artículo 19, número 24°. Por lo tanto, no se ajusta a la Carta Fundamental. Las normas adjetivas de procedimiento no pueden subsistir si es que la caducidad misma no se ajusta a la constitución.

16.- Número 46, letra c), del artículo único, en cuanto establece que el derecho de aprovechamiento tiene un uso determinado.

-Con la ley vigente, en este artículo 149 del Código de Aguas el derecho de aprovechamiento constituido de conformidad al presente artículo, no quedará en modo alguno condicionado a un determinado uso, y su titular o los sucesores en el dominio a cualquier título podrán destinarlo a los fines que estimen pertinentes. Esta ley modifica ese principio, lo que implica modificar la naturaleza de dominio.

17.- Números 52), 53), 54), 55), 56) y 58) del artículo único del Código de Aguas, en cuanto cambia la denominación “dueño” por “titular”.

-La norma atenta contra el principio constitucional establecido en el artículo 19, Nº 24°, inciso final, por cuanto modifica la naturaleza de la relación que tendrá el titular respecto de la concesión. El artículo 19, Nº 24°, exige que la relación entre el titular y el derecho sea de dominio.

18.- Artículo primero transitorio. Especialmente el inciso segundo del informe de la Comisión de Agricultura.

-La norma aplica las causales de caducidades a los derechos preexistentes. Eso es inconstitucional, pues se transforma en una norma expropiatoria.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin , por los cuatro minutos y medio que le han cedido las bancadas del Partido Socialista, del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, y Mixta e Independientes.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, este es un proyecto de mucha relevancia. Tenemos derecho a discrepar, porque tenemos visiones distintas. Una vez más, la derecha nos demuestra que para ella no existen bienes públicos que deban estar fuera del mercado, que no cree en la función social de la propiedad y que para ella la salud, la educación y el agua son bienes de mercado que se pueden transar y con los cuales se puede especular para hacer negocios. Otros parlamentarios creemos que el agua es un bien de uso público y que es un derecho humano acceder a él.

Tenemos derecho a discrepar, pero hay cosas a las que no tenemos derecho. No tenemos derecho a argumentar en general cuando, en realidad, en la Sala algunos están defendiendo intereses particulares, sin siquiera explicitarlo en el debate como corresponde.

Lo que no podemos hacer es actuar de mala fe, desinformando, diciendo que este proyecto es expropiatorio y que afecta los derechos de aprovechamiento constituidos por medio de la legislación actual. Hay que decirlo con mucha claridad: eso es mentira, eso es falso. Este proyecto no es expropiatorio; lo que hace es generar una regulación que permita garantizar el fin público del agua y que dé preferencia en todo momento a su uso para agua potable rural.

¡Cómo no va a ser importante aquello! ¡Cómo algunos se niegan a legislar respecto de aquello, cuando en nuestra Región de La Araucanía hay 100.000 personas que hoy están esperando por tener agua potable! ¡Pero algunos se niegan a legislar para darle al agua un uso preferente para consumo humano!

¡Cómo algunos se niegan a legislar, cuando tenemos un Código de Aguas que se promulgó en otro contexto, sin el calentamiento global que existe hoy! Debemos ser capaces de preservar nuestro ecosistema, porque cuando no cuidamos el agua, la tierra ni la naturaleza, hipotecamos nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos.

¡Cómo algunos se niegan a legislar, cuando lo que estamos haciendo con esta iniciativa es generar ciertas causales de extinción y de caducidad, no para quienes usan el agua para fines productivos, lo cual es legítimo y qué bueno que así sea, sino para aquellos especuladores que tienen derechos de agua en lugares que ni conocen, en los que vive gente que ve pasar el agua, pero que no puede ocuparla para beber, para la agricultura ni para nada! Es a esos especuladores a quienes les queremos decir que ese derecho que tienen debe extinguirse, ya que no se puede abusar de un derecho. Respecto de eso estamos legislando por medio de este proyecto.

Por eso, me parece fundamental que respaldemos esta iniciativa. Es importante que digamos que primero está el agua para el consumo humano, pero que también debe existir un equilibrio con el uso productivo y con el cuidado de nuestro ecosistema.

Del mismo modo, creemos importante reconocer el trato diferenciado que se da a los pequeños agricultores, a las comunidades y a los pequeños comuneros mapuches. Esta iniciativa recoge la necesidad de darles un trato distinto y de cumplir con lo que establecen los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. No podemos tratar de la misma manera a un pequeño campesino o a un comunero mapuche que a una gran sociedad agrícola o a una empresa minera, porque no son lo mismo.

Señor Presidente, por su intermedio, les digo a los agricultores que hoy están atemorizados: tengan tranquilidad, estudien bien el proyecto, no se dejen intimidar, no se asusten, porque aquí se ha utilizado un conjunto de conceptos que de alguna manera corresponden a una guerra sucia. Los detractores de este proyecto buscan que nada cambie para que el agua siga siendo de unos pocos, para que se siga abusando y especulando con ella y para que las personas que hoy necesitan este vital elemento no puedan acceder a él.

Por lo expuesto, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor el proyecto.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado David Sandoval.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, qué manera de escuchar acalorados discursos y palabras en el marco de este proyecto tan relevante para nuestra sociedad.

El diputado Chahin cuando señala que nosotros no estamos disponibles para legislar sobre materias que son sustantivas para el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestra bancada está absolutamente disponible y llana para construir una buena ley, un buen proyecto de Código de Aguas que, dicho sea de paso, fue modificado sustantivamente en 2005, de modo que esto nada tiene que ver con la dictadura. En 2005 se introdujeron las mayores modificaciones a ese código y son las que hoy están vigentes. Eso ocurrió en el gobierno de la Concertación.

¿Cuál es el planteamiento que queremos hacer en este sentido? Que existe toda la voluntad de nuestra bancada para construir un proyecto de Código de Aguas que se haga cargo de la verdadera necesidad de tener una institucionalidad pública que permita hacer frente a una realidad que hoy no podemos desconocer.

Soy de la Región de Aysén, donde también vivimos los problemas del déficit hídrico y del cambio climático. Por ello, pido a la comunidad nacional y a quienes nos están escuchando que tengan plena certeza de que nuestra bancada resguardará todo lo que diga relación con el consumo humano del agua potable, como primerísima prioridad, bajo todo punto de vista y de manera intransable.

También estamos absolutamente llanos y disponibles para resolver los problemas de saneamiento para todos aquellos vecinos que aún no tengan el privilegio de contar con suministro de agua, que debemos asegurarlo, pues para eso estamos mandatados.

Debemos mejorar la forma en que resguardamos las condiciones ambientales y ecosistémicas de nuestro país. Un colega -creo que fue el diputado Jorge Rathgeb , de Renovación Nacionalseñaló que la realidad hídrica a lo largo de nuestro territorio nacional tiene tantas diferencias como regiones tiene el país.

¡Qué distinto es el norte respecto de Aysén, que es la región del agua! En ella se encuentran dos grandes campos de hielo, el río más caudaloso de Chile y el lago más grande de Sudamérica. Tenemos una realidad hídrica radical y totalmente distinta respecto de norte. Por lo tanto, en esta materia no podemos hacer un solo traje para que se aplique desde Arica hasta Puerto Williams. Es totalmente absurdo.

Estamos disponibles para mejorar y corregir las normas que hoy rigen en materia de suministro del agua, contraviniendo las expresiones antojadizas vertidas acá. Entendemos que desde todo punto de vista debemos garantizar el resguardo del consumo humano del agua, cuestión en la que, sin ninguna duda, nos encontramos absolutamente todos de acuerdo.

Asimismo, ¿por qué no resguardar la sustentabilidad de nuestros recursos acuíferos?

¿Cuántos recursos provenientes de aguas subterráneas han sido utilizados de manera indebida? Habrá que corregir y mejorar aquello. En algunos puntos, el resguardo de los acuíferos tiene grandes incidencias para asegurar el suministro del agua, no solo para actividades productivas, sino también para el propio consumo humano.

Por ello, en ese contexto -mi Región de Aysén también lo hace-, respaldamos absolutamente las indicaciones al respecto: ninguna constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en glaciares, en parques nacionales, en reservas naturales, en tierras vírgenes, en santuarios de la naturaleza. ¡Ello no puede hacerse!

En ese plano, como bien dijo el diputado Gahona , votaremos a favor todas las iniciativas que resguarden y aseguren una normativa institucional que le dé sentido lógico al resguardo del agua para la comunidad.

Por otro lado, condenamos y rechazamos absolutamente todas las normas relacionadas con derechos de aprovechamiento de aguas adquiridos solo para la especulación. Habrá que aplicar todas las sanciones que sean pertinentes a los titulares de los derechos que solo fueron utilizados para la especulación. Hay personas que tienen derechos de aguas constituidos en lugares donde ni siquiera existe un metro cuadrado de tierra al lado de los cursos de agua respectivos, con el único propósito de especular. Sin duda, hay que resolver eso con una institucionalidad más fuerte.

Sin embargo, no resolveremos los problemas de déficit de agua y de cambio climático solo con una ley, sino también con una política pública que asegure la debida construcción de embalses, canales y obras de regadío, aspectos en los cuales no cabe duda de que nuestro país tiene un enorme déficit.

Acá se señaló que el 80 por ciento del agua dulce va a parar al mar, pero en el camino se hacen manifiestos los déficits de este recurso en las comunidades.

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, quienes conocen los problemas de escasez de agua que hoy experimentamos en nuestras regiones.

Debemos cambiar el switch y construir más una política que una solución con una ley que no haremos. Ello debe hacerse fundamentalmente con obras, y ahí sí necesitamos el concurso de los actores en la materia para que esto sea posible.

Por las razones expuestas, votaré a favor todas aquellas normas que tengan un sentido razonable; pero sobre la idea de legislar me pronunciaré en contra.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Diputado señor Sandoval, se retirará de su intervención la expresión con que se refirió a otro parlamentario.

-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, en virtud del artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, me inhabilito para votar en este proyecto de ley.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Barros.

El señor BARROS.-

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me inhabilito para participar en la votación de esta iniciativa.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos

5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me inhabilito para participar en la votación de esta iniciativa.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me inhabilito para participar en la votación de este proyecto.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta de la inhabilitación de la diputada Karla Rubilar y de los diputados señores Barros , Farcas , Paulsen , Sabag y Verdugo.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas, salvo de las normas que requieren quorum especial para su aprobación y aquellas para las cuales se haya solicitado votación separada, las que se votarán a continuación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 3 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Molina Oliva, Andrea ; Núñez Urrutia , Paulina ; Urrutia Soto , Osvaldo.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán ;

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar en general los números 30, letra a), numeral ii); 36, letra d), numeral ii), y 61 y 62, todos del artículo único del proyecto, que requieren para su aprobación el voto favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

La señora CICARDINI (doña Daniella).-

Señor Presidente, solicito que se deje constancia en el acta de mi voto a favor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Así se hará, señora diputada.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, también solicito que se deje constancia en el acta de mi voto a favor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Quedará consignado en el acta, señor diputado. A continuación, procederemos a la votación particular.

Corresponde votar el número 1) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra a) del número 2) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra b) del número 2) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la modificación introducida por la Comisión de Agricultura al artículo 5º del Código de Aguas, contenida en el número 2) del artículo único del proyecto, que consiste en incorporar un inciso tercero en el mencionado artículo del código en reforma.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila.

-Se abstuvo el diputado señor Jarpa Wevar , Carlos Abel.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán ;

-Aplausos.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 5º bis, que se incorpora al Código de Aguas por el número 3) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 5º ter, que se incorpora al Código de Aguas por el número 3) del artículo único del proyecto, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 30 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 5º quáter, incorporado al Código de Aguas por el número 3) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 5º quinquies, incorporado al Código de Aguas por el número 3) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 32 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el inciso primero del artículo 6º, incorporado al Código de Aguas por el número 4) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ESPINOZA (don Fidel).-

Señor Presidente, solicito que se deje constancia en el acta de mi voto a favor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Quedará consignado en el acta, señor diputado.

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, también pido que se deje constancia en el acta de mi voto a favor.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Quedará consignado en el acta, señor diputado. Corresponde votar el inciso segundo del artículo 6º, incorporado al Código de Aguas por el número 4) del artículo único del proyecto, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto del inciso que se acaba de aprobar, porque atenta contra lo que dispone el inciso final del número

24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al establecer un plazo de duración a las concesiones denominadas derechos de aprovechamiento de aguas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el nuevo inciso tercero del artículo 6º del Código de Aguas, incorporado por el número 4) del artículo único del proyecto, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 83 votos. Hubo 4 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Jarpa Wevar , Carlos Abel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Torres Jeldes, Víctor ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernando Pérez, Marcela ; Lorenzini Basso, Pablo ; Provoste Campillay, Yasna ; Vallespín López , Patricio.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el inciso tercero del número 4) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espejo Yaksic, Sergio ; Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad sobre esta norma.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar los nuevos incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 6º del Código de Aguas, incorporados en el número 4) del artículo único del proyecto por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 34 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto de esta norma porque atenta contra el inciso final del número 24° del artículo 19 de la Constitución, al establecer un plazo de duración de las concesiones denominadas “derechos de aprovechamiento”.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Muy bien, señor diputado.

Se ha renovado la indicación para sustituir el inciso final del artículo 6° bis incorporado por el número 5) del artículo único, que leerá el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

El inciso propuesto en la indicación señala: ”Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que dicha repartición disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el Servicio se pronunciará en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 6°. Para los efectos de este artículo, se entenderá por cambio de uso aquel que se realice entre distintas actividades productivas tales como el riego, la minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras.”.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el resto del número 5) del artículo único, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Votó por la negativa el diputado señor Pérez Arriagada, José.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernando Pérez, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 6) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 33 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votó por la negativa el diputado señor Pérez Arriagada, José.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 7) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 2 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Molina Oliva, Andrea ; Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 8) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Kast Rist, José Antonio.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 9) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 35 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra a) del número 10) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra b) del número 10) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 2 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Norambuena Farías, Iván ; Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra c) del número 10) del artículo único, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Núñez Arancibia, Daniel ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila.

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 11) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad en esta norma, por cambio de dueño titular.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 12) del artículo único, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 13) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 35 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena , Felipe; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto del número 13) por las mismas razones señaladas en relación con el número 11).

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero recordar al diputado Gahona que hoy no es requisito hacer reserva de constitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, tampoco se impide hacerla, sobre todo cuando se quieren vulnerar los derechos de propiedad.

El señor CHAHIN.-

Basta con que la haga una vez.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Vamos a mantener la tradición de la Cámara de Diputados, en el sentido de permitir hacer las reservas de constitucionalidad en cada oportunidad que se estime conveniente.

Corresponde votar el número 14) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Sabat Fernández, Marcela ; Ulloa Aguillón , Jorge.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, ¿puede agregar mi voto a favor?

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta de los votos a favor de los diputados Arturo Squella , Renzo Trisotti , Claudia Nogueira , María José Hoffmann , Lautaro Carmona , Rodrigo González y Javier Macaya.

Corresponde votar el número 15) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 3 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Norambuena Farías, Iván ; Sandoval Plaza, David ; Trisotti Martínez, Renzo.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 16) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Votó por la negativa el diputado señor Macaya Danús , Javier.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se dejará constancia en el acta del voto a favor del diputado señor Javier Macaya.

Corresponde votar el número 17) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 18) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 19) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 20) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 21) del artículo único, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 22) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 23) del artículo único en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 24) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hacemos reserva de constitucionalidad por cuanto se cambia la denominación de “dueño” por la de “titular”.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 25) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 35 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto, Germán;

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hacemos reserva de constitucionalidad por las mismas razones antes expuestas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 26) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 27) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 34 votos. No hubo abstenciones. Hubo 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hacemos reserva de constitucionalidad.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 28) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el número 29) del artículo único, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Agricultura.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Urrutia Bonilla, Ignacio.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

¿Habría acuerdo para aprobar con el quorum requerido para una ley orgánica constitucional la letra a) del numeral ii) del número 30) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos?

Aprobada.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el resto del número 30) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Pérez Arriagada, José.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra f) del número 31) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos y que la Comisión de Hacienda propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra h) del número 31) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos y que la Comisión de Hacienda propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 6 abstenciones y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Becker Alvear, Germán ; Fuenzalida Figueroa , Gonzalo ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, hacemos reserva de constitucionalidad en este punto.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, estaba acumulando reservas de constitucionalidad para los números 29), 31), 33) y 35), por ahora.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar el resto del número 31) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos y que la Comisión de Hacienda propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza, David.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde votar la letra d) del número 32) del artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos y que la Comisión de Hacienda propone aprobar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 1 abstención y 6 inhabilitaciones.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Trisotti Martínez, Renzo.

-Se inhabilitaron los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Farcas Guendelman, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos , Jorge ; Verdugo Soto , Germán.