Labor Parlamentaria

INFORME DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE GASTO MILITAR EN AMÉRICA LATINA. Oficio.

El señor FERRADA .-

Señor Presidente , pido la palabra con cargo al tiempo del Comité de Renovación Nacional.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

No es posible, señor Diputado , porque el jefe de su bancada ya inscribió a cuatro Diputados. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, le ofreceré la palabra.

El señor FERRADA .-

Señor Presidente , deseo adherir a la petición del Diputado señor Viera Gallo , con el agregado de que se homologuen las funciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Muy bien, señor Diputado .

En consecuencia, se enviará el oficio solicitado por el Diputado señor Viera-Gallo, con la adhesión de las bancadas democratacristiana, socialista, del Partido Por la Democracia y de Renovación Nacional.

Informo a la Sala que el Comité del Partido Por la Democracia ha cedido su tiempo al Comité Socialista, que aún dispone de cinco minutos.

NECESIDAD DE ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA ENTRE ORGANIZACIONES DE REGANTES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , aprovechando la generosidad del Diputado señor Navarro para compartir el tiempo de nuestro Comité, quiero llamar la atención sobre una declaración pública de la junta de vigilancia Sistema Paloma, provincia de Limarí.

Como los señores Diputados saben, la organización de regantes Sistema Paloma es la única del país que tiene gran parte de las aguas disponibles reguladas por los embalses Recoleta , Cogotí y Paloma. Dicha organización llama la atención sobre la gravísima sequía que una vez más está afectando la Cuarta Región, advirtiendo que tal vez esta crisis tendrá consecuencias más severas que las previstas.

Como decía, hoy la provincia de Limarí dispone de parte importante de las aguas que antes se perdían irremediablemente en el mar, para usarlas en la agricultura, lo que, sin lugar a dudas, constituye una base sólida para la estabilidad y desarrollo económico, logrados gracias a esa obra construida con visión de futuro.

Hoy llaman la atención de la opinión pública, porque cada vez el problema se torna más crítico y es la razón de ser de la declaración pública que firman las juntas de vigilancia de Río Limarí, Río Cogotí, Río Hurtado, Huatulame, Embalse Recoleta , Embalse Cogotí, Canal Camarico , Asociación de Canalistas Canal Punitaqui y Asociación de Canalistas Semita Maurat Palqui. Me refiero a la inquietud que en este momento existe en gran cantidad de regantes y organizaciones en torno de este problema.

El hecho de declarar a la Cuarta Región zona de escasez implicará que la Dirección General de Aguas deberá trabajar en forma conjunta y coordinada en la distribución de las aguas, de acuerdo con los derechos legalmente constituidos.

Se trata, entonces, de encontrar una solución para que exista una buena coordinación entre la Dirección General de Aguas y la Asociación de Regantes y Canalistas, porque se trata de hacer un uso racional del agua existente.

Al mismo tiempo, quiero señalar que, en lo personal, he sido partidaria -hasta ahora no lo he logrado- de declarar zona de catástrofe a la región. Sin embargo, deseo manifestar a las autoridades que es necesario insistir en que se aumenten los recursos, puesto que la situación es gravísima.

Termino solicitando que se oficie al Ministro que corresponda, a fin de que nos informe cómo abordará la Dirección General de Aguas un tema tan importante como el uso racional de las aguas y su distribución a las asociaciones de canalistas y regantes.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Ferrada, Bayo, Munizaga y Encina.

MEJORAMIENTO DE CAMINO EN ISLA SANTA MARÍA (Octava Región). Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

Resta un minuto y treinta segundos al Comité Socialista.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , el domingo pasado tuve oportunidad de visitar la isla Santa María, ubicada frente a la comuna de Coronel, Octava Región, donde subsisten precarias condiciones de vida para los pescadores artesanales y sus más de tres mil habitantes.

En especial, la precariedad está dada por los accesos viales entre Puerto Sur y Puerto Norte. Incluso en verano los caminos se encuentran intransitables y sólo pueden ser usados por tractores, lo que impide toda posibilidad de desarrollo de la isla.

Por lo tanto, pido que se oficie en mi nombre al Ministro de Obras Públicas , a fin de que informe sobre los proyectos de mejoramiento -que debe ser inmediato- del camino entre Puerto Sur y Puerto Norte de la isla Santa María, pues ese ministerio no ha efectuado allí ninguna inversión. El camino es sólo una huella, lo que hace que las posibilidades de que esa comunidad rompa su aislamiento y se integre mejor, se vean seriamente afectadas. Asimismo, para que el ministerio considere fondos en el presupuesto de 1997 para dedicarlos a la mantención del camino y a la construcción de fosos laterales, a fin de evitar los severos impedimentos de acceso en la época de invierno.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

OBSERVACIONES A LA LEY DE DROGAS. Oficios.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , con serenidad y lejos de lo coyuntural, después de reconocer la gravedad del problema y la justeza de algunas de las medidas que, en distintos informes, se han propuesto en este Parlamento sobre la ley Nº 19.366, de drogas, quiero enjuiciarla desde una óptica distinta.

Es la ley más drástica y eficiente que, desde el punto de vista policial, el Congreso ha dictado. Sin embargo, a pesar de que frente al narcotráfico no cabe invocar el principio de la intervención mínima, ya que la lucha del estado de derecho contra la degradación humana, la muerte que el tráfico y el consumo producen, exige, por razones de prevención y defensa social, que este tipo de criminalidad sea combatido con urgencia y dureza.

Pero ello no nos puede llevar a olvidar o a transar principios y valores, informadores y rectores del derecho penal democrático proclamados en la Constitución Política y en los tratados internacionales obligatorios para nuestro país, conforme lo explicita el artículo 5º de la Carta Fundamental.

1º. Ausencia de proporcionalidad de las penas.

Uno de los principios informadores del derecho penal es la proporcionalidad de las penas, que deben ser racionales, humanas y guardar relación con la entidad del delito. Nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el número 2º del artículo 5º del Pacto de San José de Costa Rica; artículos 7º y 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados y vigentes, de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución Política.

No cabe ninguna duda de que el mayor valor es la vida. El homicidio está sancionado en el Código Penal con presidio mayor en su grado mínimo a medio, 5 años y un día a 15 años, cuando es simple. Igual pena tiene el infanticidio (artículo 394) y la castración (artículo 395). La violación es penada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio: 3 años y un día a 15 años; el secuestro, con presidio menor en su grado máximo: 3 años y un día a 5 años, y el aborto con violencia, con presidio mayor en su grado mínimo: 5 años y un día a 10 años.

Éste es el criterio de nuestro viejo Código Penal en algunos delitos que afectan la vida o la libertad en forma gravísima. Pues bien, la ley de drogas atenta contra la proporcionalidad de una doble manera:

1º La pena es igual, cualquiera que sea la cantidad de sustancias y drogas ilícitas que se usen en las conductas típicas de la ley. Un gramo, 10 gramos, un kilo es lo mismo que media, una o varias toneladas. Tampoco influye el monto del dinero transado: un peso, un dólar, da lo mismo que millones. No hay norma alguna que regule esta situación. Suponer que el juez va a recorrer la escala de penas asignada por la ley en toda su extensión, es no comprender la naturaleza de estos delitos y la presión pública, que llevará a aplicarla en sus márgenes más altos, aun cuando se trate de bienes o dineros mínimos.

2º. Las penas de las figuras del artículo 1º, como elaborar, fabricar, preparar, etcétera, son iguales a las del homicidio simple, el infanticidio y la castración. En el artículo 2º, plantar, cosechar, cultivar, etcétera, contempla sanciones iguales a las de la violación. El tráfico ilícito y el lavado de dinero tienen penas similares al asesinato; y la asociación ilícita, de presidio mayor en su grado medio: 10 años y un día a 15 años, se inicia con una pena superior a la del homicidio, a la castración o al asesinato de una guagua menor de 48 horas, y es superior al aborto con violencia o al secuestro.

En síntesis, no hay proporcionalidad alguna en el establecimiento de estas penas. La vida vale igual que 1, 2 ó 10 gramos de cocaína fabricada o traficada, y menos que una asociación ilícita que se dedique al tráfico de drogas o al lavado de dinero, cualquiera que sea su monto.

En esto, algo no está bien y debe corregirse pronto, antes de que los delincuentes aprendan que la vida carece de valor, por lo que suprimirla cuesta menos que incursionar en drogas y estupefacientes.

2. ¿Incerteza jurídica o ley penal en blanco?

El artículo 19, Nº 3, inciso final, de la Constitución Política asegura: “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.” Lo mismo prescriben la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9º, y el Pacto sobre Derecho Civil y Políticos, repitiendo el apotegma del derecho penal: no hay delito ni pena sin ley.

Sin embargo, la ley comentada no señala las sustancias sicotrópicas ni los estupefacientes, no los enumera, no los describe, ni los define y, lo que es peor, esta ausencia implica una falta de permanencia en el tiempo en los textos legales y reglamentarios. Según el artículo 49 de la ley, es un reglamento el que enumera los productos prohibidos. En 1985 existía el decreto de salud Nº 67 con una nómina determinada. Hoy, con el decreto de salud Nº 565, del 9 de junio de 1995, existe otra lista que clasifica y enumera las sustancias y estupefacientes de modo diverso, lo que altera el tipo de conducta y las penas. Si a lo anterior se agrega que dicha lista contiene nombres químicos o científicos, el desconocimiento y la incerteza jurídica de los ciudadanos son completos. Si ellas son más de 200, más los ésteres, isómeros y sales derivadas, no hay seguridad alguna de los exámenes, tests, pruebas, tipos de delitos, penas para los 14 millones de habitantes del país.

La cocaína es popular, pero, ¿quién sabe del acetilalfametilfetanilo, brolanfetamina o DOB, catinona, DET, DMA, Dmhp, Doet, SPA, Mdma, Mppp, etcétera? ¿Cuántas de estas sustancias se encuentran en los medicamentos comerciales o en otros productos fabricados o traficados con o sin receta médica?

En el diccionario de estas sustancias fiscalizadas internacionalmente, por ejemplo, la cocaína aparece en variadas formas: benzoato, borato, citrato, formato, yohidrato, bromhidrato, clorhidrato, lactato, nitrato, solicilato, nilfato, tartrato de cocaína, definiéndose como “alcaloide extraído de la hoja de coca o preparado por síntesis a partir de la ecgonina.” Esta última es la parte principal de la molécula de la cocaína. ¿Quién entiende esto? ¿Qué reflejan los tests?

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que las conductas ilícitas de la ley Nº 19.366, las penas, la absolución o la condena, dependen más de la voluntad del químico farmacéutico que del tribunal. Incluso, en una ironía absolutamente impensada, el Manual del Conace , página 17, dice textualmente: “En consecuencia, quien desee conocer la gravedad del delito de que se trata habrá de acudir a este último reglamento, el decreto de salud Nº 565, de 1995, para saber si el tráfico se castiga con una pena mayor o menor.” En buen romance, la cartera y el bolsillo serían los lugares apropiados para guardar este reglamento y su consulta diaria, la mejor receta para evitar delinquir. Luego, no hay conductas expresas en la ley, si todo está sometido a un reglamento variable día a día.

3. Derecho a la defensa.

La Constitución Política, en su artículo 19, Nº 3, inciso segundo, asegura: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.” Lo mismo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, que asegura la inviolabilidad del derecho de la defensa. El acusado es un sujeto del derecho procesal y no objeto de la investigación. Este derecho debe examinarse en relación con la ley Nº 19.366.

a) Un primer aspecto es el principio que al imputado no le corresponde el deber de colaborar con la investigación, la que en todo caso compete a los órganos oficiales, ministerio público, policía, Poder Judicial . Son éstos los que deben destruir el estado de inocencia de que goza el imputado. El derecho al silencio, a no intervenir en el careo, en la reconstitución de escena, a no reconocer a la víctima, a un tercero o a una cosa, en general, abarca todo acto por el cual se pretende que el imputado proporcione prueba de cargo en contra de su voluntad. No se puede forzar la confesión (número 3 del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica).

La Constitución Política prohíbe el juramento del imputado (letra f) del número 7º del artículo 19) sobre hecho propio. Toda coacción invalida la confesión, como la tortura, el interrogatorio en sede policial que tenga atmósfera de intimidación por carecer de defensor, rodeado, además, de fuerzas antagónicas, como la privación de libertad, la incomunicación, la exposición a ratificar el informe policial o la firma.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 323, expresa: El empleo “de promesas, coacción o amenazas, preguntas capciosas o sugestivas”, se sancionan con infracción de los deberes de los jueces, según el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, o con “su invalidez, si no es prestada libre y conscientemente.” (número 2 del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal).

A pesar de lo expuesto, el artículo 33 de la ley Nº 19.366 permite al juez, a la autoridad administrativa y policial ofrecer al imputado rebajas de penas mediante la llamada “cooperación eficaz”, vulnerando el derecho al silencio, a la libre conciencia y comprando, en definitiva, el suministro de datos, forzadamente, por premios consistentes en rebaja de penas, el anonimato, el cambio de identidad, el cuaderno secreto, etcétera, todo lo cual propende a la impunidad de las falsas afirmaciones más que a la seguridad del declarante. La autoridad, cualquiera que sea, tiende al abuso y a la oferta de premios para debilitar la libertad y el derecho al silencio del imputado, reduciendo asimismo toda dificultad o resistencia del imputado y, asimismo, toda dificultad o resistencia en la investigación.

Cuando todo esto se verifica sin la presencia o asistencia del letrado, ¿en qué queda el derecho garantizado de que “ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado”, o el principio de que “nadie puede declarar bajo juramento sobre hecho propio”, o que “el imputado tiene derecho al silencio”? (Inciso tercero del artículo 484 del Código de Procedimiento Penal)

b) Un segundo aspecto se refiere a la inviolabilidad de las comunicaciones, especialmente las telefónicas y, de éstas, entre el detenido, imputado libre o preso, con su abogado defensor.

El artículo 31 de la ley de drogas dispone que, a solicitud fundada del organismo policial, el juez puede autorizar la intervención telefónica de personas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de que intervienen en la preparación o comisión de estos delitos. La intervención es hasta por veinte días, prorrogable por igual plazo, y debe ser fundada. El abuso de poder se castiga con inhabilitación temporal; o sea, el juez, al reunirse los requisitos de la detención, puede intervenir el teléfono sin mayores limitaciones “garantísticas”.

De este modo, se vulneran claramente normas constitucionales y tratados internacionales. El número 5º del artículo 19 de la Constitución Política sólo autoriza la interceptación de las comunicaciones “en los casos y formas determinados por la ley”. Tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana de los Derechos Humanos (números 2 y 3 del artículo 11) y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (artículo 12), establecen la inviolabilidad de las comunicaciones, y en especial la “libre y privada comunicación entre defensor e imputado (número 2 del artículo 8º), la que debe ser secreta, sin interferencias, en cualquier estado del proceso y en cualquier lugar.”

El inciso segundo del número 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República es violado, puesto “que ninguna autoridad podrá impedir, restringir y perturbar la debida intervención del letrado.” Sin embargo, el juez puede, según el artículo 31, impedir y perturbar el derecho del letrado en su misión de defensor del imputado.

Este artículo puede autorizar un micrófono en el confesionario o en el estudio del letrado, o la interceptación entre el confesor y el imputado del teléfono y la misma interceptación de las autoridades, Fuerzas Armadas, tribunales, etcétera, sin distinguir causales, razones, fuero, etcétera.

El artículo 14 de la ley Nº 18.314, antiterrorista, autoriza la intervención sólo respecto de “procesados”, no de simples sospechosos, pero ello no puede “afectar la comunicación del procesado con sus abogados”. Además, prohíbe que tales medidas se adopten con determinadas autoridades, como ministros, subsecretarios, parlamentarios, jueces, generales y almirantes.

Por otra parte, el artículo 31 de la ley de drogas no señala “las formas” de la interceptación de conexión, escucha y grabación. El señor Ministro Ricardo Blanco , de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un artículo publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica, de 1992, señala que esta intervención telefónica debe tener, a lo menos, los siguientes elementos.

a) El tipo de delito: naturaleza y gravedad de las infracciones penales que justificarían tal medida;

b) La oportunidad: si la intervención telefónica sería de carácter preventivo o para efectos de la pesquisa, para obtener prueba en la etapa contenciosa, para aprehender al delincuente a fin de que cumpla la condena, etcétera;

c) El afectado: sí procedería respecto de quien tiene la calidad de procesado, del mero inculpado, de quien puede ser detenido, de personas ajenas al proceso, u otros;

d) La duración: extensión propia de la medida de intervención y posibilidades de prorrogarla o repetirla;

e) El lugar de operación: la realización de los actos de interferencia en cualquier sitio, en recintos policiales o judiciales, en la empresa que presta el servicio telefónico, etcétera;

f) Los participantes: personas que pueden actuar en la diligencia -dado el conocimiento que adquirirían sobre el contenido de las comunicaciones-; grado de reserva que deben mantener, responsabilidades, etcétera;

g) El medio: tipo de aparatos para conectarse o escuchar la telecomunicación, sistema técnico que garantice al juez la fidelidad y discreción, formas de conservar el registro de lo oído, etcétera, y

h) El procedimiento: iniciativa de la medida, formalidades de publicidad, fundamentación explícita de la resolución judicial; recursos contra la decisión; incorporación de los resultados al proceso; valor probatorio de lo obtenido, etcétera.

Por lo tanto, es urgente revisar este aspecto inconstitucional de la ley, estableciendo las garantías de una adecuada defensa y del debido proceso.

En consecuencia, dicho artículo 31 debería ser declarado inaplicable o, al menos, modificado con las condiciones propuestas.

Un tercer aspecto se refiere al debido proceso, garantizado en el inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con el cuaderno secreto de la llamada cooperación eficaz del artículo 33 de la ley en comento.

Las declaraciones y antecedentes son secretos desde que se entregan a la autoridad administrativa, policial o judicial. El procesado tiene acceso a él, si tiene conocimiento del sumario o en la acusación o en la sentencia definitiva. Los empleados públicos están sujetos a este sigilo; su infracción se sanciona con penas de presidio menor de grado medio a máximo.

Ésta es una gravísima alteración del derecho a la defensa, una clara incitación a la delación irresponsable, que subvierte la finalidad del proceso penal e infringe la presunción de inocencia. Este testigo N.N. no está obligado al juramento ni su declaración necesariamente es judicial, pues puede recibirla la policía y la autoridad administrativa, además del juez.

Los jueces, policías y autoridades administrativas sólo están obligados al sigilo mientras sean funcionarios públicos. Si pierden tal calidad, pueden llevarse fotocopias de los archivos y cuadernos, y luego divulgarlos, sin que reciban sanción alguna.

Tampoco existe responsabilidad penal para los cooperadores eficaces, mentirosos y fabuladores, que pueden hundir a inocentes, que sólo después de largo tiempo conocerán sus dichos premiados con rebajas de pena, cambios de identidad y especial protección del Estado.

Si el juicio penal empieza con la denuncia y en el sumario no puede conocerse el cuaderno secreto, ya no hay juicio. Es sólo una mera investigación. Tampoco se conoce el momento en que los cooperadores cambian de nombre, antes, durante o después del proceso. ¿Estará el acusado defendiéndose de testigos reales, con chapas o imaginarios? ¿Cómo podrá impugnarlos si han variado su identidad? ¿Es este un proceso previo legalmente tramitado? ¿Serán encapuchados cuando en el plenario deban ser interrogados o contrainterrogados, o debemos eximirlos de esta carga?

Otro elemento a considerar es la inversión de la prueba.

En lo que se refiere a la prueba del delito de narcotráfico, cabe la posibilidad de invertir el peso de la prueba respecto del origen ilícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno y con la naturaleza de los procedimientos, lo cual es absolutamente inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico, dada la tutela judicial efectiva a la que todos tienen derecho fundamental a obtenerla, conforme con el principio de la presunción de inocencia del acusado que proclaman la Constitución Política y los tratados internacionales.

Los artículos 2º y 5º contienen la inversión de la prueba. Los imputados deben probar el destino al consumo próximo o a un tratamiento médico, cuando es el Estado el que debe probar la ilicitud y, además, de facto, la prueba al tener que informar el Servicio Médico Legal o el Servicio de Salud.

Señor Presidente , doy a conocer estas observaciones para que se remitan a la Ministra de Justicia y a los Ministros del Interior y de Salud , con el objeto de que, en lo pertinente, adopten las providencias necesarias a fin de tener una legislación compatible con nuestra Constitución Política y con los tratados internacionales.

Hago presente que aún no ha habido una sesión para tratar los informes de la Comisión Especial de Drogas y de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y debatir el problema de la legalidad y constitucionalidad de esta ley en comento.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, a los que se adjuntará el texto de su intervención para una mayor comprensión de los señores Ministros.

INVESTIGACIÓN EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA. Oficio.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.

El señor BAYO .-

Señor Presidente , en julio de 1995 inicié, a través de esta Corporación, un proceso de fiscalización a la forma en que se estaban usando los recursos de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en especial, los del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

Como es lógico, dicha fiscalización respondía a los antecedentes que tenía sobre la materia. Solicité la información correspondiente al Ministro de Planificación y Cooperación. Debo decir que fue necesario reiterar en dos oportunidades la petición mencionada -octubre de 1995 y enero de 1996- para lograr finalmente tener respuesta en marzo del presente año.

Las evidentes irregularidades confirmadas en la respuesta de Mideplan me llevaron a pedir el envío de los antecedentes a la Contraloría General de la República para la investigación correspondiente.

Hoy tengo en mi poder el informe de ese organismo, remitido por oficio Nº 025611, que, entre otros aspectos, señala lo siguiente: “Cabe agregar que esa Contraloría -la Contraloría Regional de la Araucanía- instruye un sumario administrativo en la Conadi, por los hechos que da cuenta el informe que se adjunta y por otras situaciones determinadas en revisiones anteriores.”

A guisa de ejemplo, en la página 7 del informe se expresa: “En lo relevante para el examen realizado, dicho procedimiento establece que el equipo técnico de negociación de la Conadi, entre otros, “pedirá la tasación del Banco del Estado de Chile”, y que “jamás el precio de compraventa podrá exceder el valor de la tasación allí establecida a menos que exista autorización expresa del Consejo”.

Agrega: “La información reunida en el examen efectuado a los antecedentes de los predios adquiridos, detallados en los anexos 1 y 2, permitió constatar que en el año 1994, por los 16 inmuebles comprados, sólo se obtuvo cotizaciones del Banco del Estado de Chile para 5 de ellos (anexo Nº 4); no existiendo ninguna por los 17 predios adquiridos en el año 1995” (anexo 4).

En la página 8, último inciso, se señala que en tres casos -que se consignan expresamente- la suma pagada de 321 millones de pesos excede en más de 100 millones las tasaciones obtenidas por el Banco del Estado y agrega “no existiendo autorización del Consejo para el mayor pago que se efectuó.” Reitero que la suma superior, que asciende a $ 108.184.000, fue pagada sin la autorización previa del Consejo del Banco del Estado.

Concluye el informe de Contraloría señalando “que debe instruirse el proceso administrativo correspondiente, a fin de determinar la responsabilidad que le asiste a los funcionarios responsables de ellas.”

Pero esto no es todo. Entre los anexos que se adjuntan al informe al que me estoy refiriendo, se encuentra el certificado Nº 012, firmado por el Jefe Nacional del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, don Nepomuseno Paillalef Lefinao , quien certifica, a petición de la Contraloría General de la Araucanía, “que no se hicieron todas las tasaciones del Banco del Estado de Chile por las adquisiciones de predios en 1994 y 1995, por las siguientes causas:

“a) Se consideró -no señala por parte de quien- que el precio acordado era el adecuado; y

“b) Porque el Banco del Estado de Chile demora demasiado en ejecutarlas, lo que dificultaba la ejecución presupuestaria de los fondos autorizados para las adquisiciones. Por otra parte, debe considerarse que era imperioso apurar las tasaciones, lo que derivó en que se haya obviado la obtención de las tasaciones señaladas.”

Es indudable que ésta es una grave infracción a la ley. Constituye una confesión, que es plena prueba ante cualquier tribunal. Por ello, procede que la Contraloría General de la República califique esta infracción y aplique la sanción correspondiente, que incluso podría significar la remoción del funcionario que corresponda.

Por lo tanto, solicito que, al margen del sumario que se está instruyendo sobre la materia, se oficie al señor Contralor General de la República para que acelere la investigación que realiza la Contraloría Regional de la Araucanía, y se apliquen oportunamente las sanciones administrativas más severas a los funcionarios involucrados, considerando en forma muy especial al que ya he mencionado, porque es la única manera de defender los recursos que este Congreso entregó en las leyes de Presupuestos de los años 1994 y 1995 para dar solución a los problemas de los hermanos indígenas, y que no están llegando a sus bolsillos en el ciento por ciento.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría y, para su mejor comprensión, se adjuntará copia de su intervención.

INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY EN LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. Oficios.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , quiero referirme a una noticia que hoy aparece en los medios de comunicación, particularmente en el diario “El Mercurio”. En ella se hace presente -y hoy los constatamos- que la tabla de proyectos que debe tratar la Sala es limitada, porque el Gobierno no incluyó en la legislatura extraordinaria, por razones difíciles de comprender, un conjunto importante de iniciativas legales que, sin duda, interesan a la opinión pública.

Nos reunimos con el Ministro Villarzú , y le hicimos presente que la exclusión de estos proyectos le impedían al Parlamento actuar en forma ágil y expedita para abordar algunos temas de interés nacional.

En ese sentido, solicito que, en mi nombre y en el del Comité de Renovación Nacional, se oficie a los Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia, para que, a lo menos, incluyan dos iniciativas legales en actual tramitación en el Parlamento.

La primera de ellas es una moción patrocinada por los jefes de bancada de todos los partidos de Gobierno y de Oposición, que aborda aspectos fundamentales de la corrupción, establece sanciones para los delitos de cohecho o coima, tráfico de influencias, uso indebido de secreto o información privilegiada y amplía el delito de negociación incompatible.

Resulta sorprendente que no se haya incluido este proyecto, que fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados y que está hace más de un año en el Senado, en la actual legislatura, y que, entre otros, sanciona la coima, una de las conductas más perversas que afecta a la Administración Pública. Aunque parezca paradójico, en Chile no se sanciona la coima, salvo en casos excepcionalísimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 249 y siguiente del Código Penal, en nuestro país se requiere y exige que se haya ejecutado el acto que se solicita por medio de la coima.

De manera que llegamos al absurdo de que si una persona ofrece a otra plata para sobornarla, y es sorprendida, fotografiada, grabada en el acto, no es claro que vaya a ser sancionada. En un fallo de 1978, la Corte Suprema estableció que no constituía delito mientras no se hubiera ejecutado el acto del pago. Como se comprenderá, eso reviste una gravedad enorme, como también el hecho de que en nuestro país no se considere delito el tráfico de influencias.

El otro proyecto que pido sea incluido en esta legislatura se refiere a la regulación de la libertad provisional.

Todos sabemos que en nuestro país los delincuentes se pasean muy campantes por las calles, muchas veces por haber obtenido en forma fácil su libertad provisional cuando se los procesa. Hay un proyecto aprobado por la Cámara, que tiene por objeto precisar esta situación, con el objeto de permitir que la gente decente sea la que pueda andar tranquilamente por las calles. Para ello, es necesario una mayor y mejor regulación de la libertad provisional, lo que se hace en el proyecto patrocinado también por Diputados de todos los partidos.

En consecuencia, solicito que se oficie en nombre de mi Comité para que ambas iniciativas legales, originadas en mociones que han patrocinado y en las que han participado Diputados de todas las bancadas, sean incluidas en la legislatura extraordinaria.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio al Presidente de la República , porque de acuerdo con la Constitución de 1980, que es presidencialista, a él corresponde la facultad de incluir proyectos en la presente legislatura. Para una mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención. Asimismo, se oficiará al Ministro del Interior y al Ministro Secretario General de la Presidencia .

ESTUDIO SOBRE MANTENCIÓN DE HORARIO DE VERANO. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente , a muchas personas les preocupa el hecho de que en Chile exista un horario de verano y otro de invierno, y que se privilegie de este modo las horas de luz de la tarde, en perjuicio de las de la mañana, que son las usadas en otros países, de preferencia para hacer ejercicios físicos y deportes, lo que predispone a las personas para incorporarse a las actividades laborales en buenas condiciones físicas.

El huso horario que rige en Chile se estableció en 1947, por medio de la ley Nº 8.777, que lo fijó en más 4 en vez de más 5, que corresponde a nuestro país por su ubicación geográfica. Posteriormente, el decreto Nº 1.489, de octubre de 1970, determinó los actuales cambios de hora en Chile, considerando que era importante para el país buscar el mejor aprovechamiento de la luz natural, a fin de economizar energía eléctrica.

Debe tenerse presente que se estableció un horario de verano con el objeto de economizar energía eléctrica, razón que en ese tiempo debió ser muy importante, el cual equivale al huso más tres, es decir, dos horas de adelanto al huso horario internacional que nos corresponde por la ubicación del país en el globo terráqueo.

De este modo, es habitual que a las 6 de la mañana aún esté oscuro en Chile y que, en cambio, en la tarde se prolonguen las horas de luz hasta las 9 ó 9.30 de la noche en los días de verano.

En la mayor parte de los países del mundo el criterio es absolutamente opuesto. Se privilegia las horas de luz en la mañana, como sucede en Estados Unidos, Europa y en los países del sudeste asiático. En dichos países, parte del éxito de su desarrollo se lo atribuyen al hábito de levantarse temprano que se ha creado en las personas, como consecuencia de la disponibilidad de horas luz que tienen por la mañana a raíz de la forma en que se maneja el huso horario.

En efecto, en dichos lugares del mundo la disponibilidad de luz natural permite que a las 6 de la mañana la gente se dé cita en los paseos públicos para hacer gimnasia, caminar o trotar; que a las 7 tomen desayuno, para estar a las 8.30 en su trabajo, alegres y animosos después del ejercicio matinal.

En cambio, en Chile la gente se levanta a las 7, con el día aún oscuro; toma desayuno rápidamente para llegar a las 8.30 a su trabajo, con los ojos aún pegados por el sueño y muchas veces de mal genio.

Creo que en nuestro país, frente a materias de importancia, como la adecuada adaptación del huso horario, no sólo se deben tener en cuenta los factores de índole económico que dicen relación con el tema, sino también las consecuencias sociales de una medida de este tipo.

Si se considera que 25 años después de haberse dispuesto el actual huso horario el país tiene mayor disponibilidad de energía eléctrica y de recursos para proveerla, resulta indispensable tener presente en este tema los factores sociales y humanos, razón por la cual se debe reestudiar la conveniencia de mantener esta medida a futuro.

Por lo anterior, solicito que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, disponga los estudios pertinentes, tanto de evaluación del ahorro energético que se produce con el actual huso horario, como del impacto social de mantener el denominado horario de verano y sus consecuencias en la salud física y síquica de la población, con el objeto de adoptar una decisión acerca de su mantención antes del mes de octubre de 1997.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Errázuriz y Cantero.

INVESTIGACIÓN DE USO DE BIENES PÚBLICOS EN CAMPAÑA ELECTORAL. Oficio.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez .

El señor PÉREZ (don Víctor) .-

Señor Presidente , cuando la opinión pública y esta Cámara tomaron conocimiento de circulares, tanto del Gobierno como de la Contraloría General de la República, respecto de la prescindencia política que los funcionarios, autoridades y servicios públicos deberían tener en esta campaña electoral, en los distintos sectores políticos se reflejó satisfacción, pues así se pretendía evitar distorsiones y discriminaciones en la campaña para elegir alcaldes y concejales. Lamentablemente, hay hechos que revelan que no se obedece lo instruido y la política que se desea aplicar al respecto.

Tengo en mi poder una declaración oficial del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Biobío, fechada en Los Ángeles, el 7 de octubre del 1996, y remitida a los medios de comunicación el lunes recién pasado a través del fax de la gobernación provincial del Biobío, como consta en las hojas que están en mi poder y que he chequeado con los distintos medios de comunicación. Sin duda, aquí hay un uso de un bien público, financiado por todos los chilenos, para una actividad política partidista y, además, electoral.

Como es dable presumir que las hojas así como la máquina en la cual se escribió esta declaración son bienes públicos, quiero informar a la Sala que el presidente provincial de la Democracia Cristiana de Biobío es funcionario de la gobernación, encabezada por don Juan Carlos Coronata , que también es democratacristiano.

Por lo tanto, pido que se oficie a la Contraloría General de la República, para que investigue este hecho absolutamente irregular y otros que se pudieran presentar y que, sin duda, hasta ahora no son de conocimiento público.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

PREOCUPACIÓN POR INFORME DE COMISIÓN DE DEFENSA SOBRE AERONAVEGACIÓN COMERCIAL CHILENA.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente , quiero manifestar la sorpresa que tuvimos ayer cuando dos señores Diputados, miembros de la Comisión de Defensa, entregaron un informe sobre la situación de la aeronavegación comercial chilena, que se califica de aceptable, lo que no dudamos, el cual se hace pasar como emitido por la Cámara de Diputados, pero, que yo sepa, la Sala nunca lo ha solicitado formalmente.

Lo que me parece delicado -así lo planteé en la Comisión de Defensa- es que se trata más bien de una recopilación de antecedentes y sobre esa base se propone a la Cámara de Diputados que se pronuncie y dé señales en asuntos que no son de su competencia. Cualquier opinión respecto de una materia tan delicada como la aeronavegación, más aún después de los accidentes que se han conocido, deben darla los organismos técnicos. Si no existe un mandato oficial de la Sala y se dispone sólo de los antecedentes recogidos por la Comisión de Defensa, me parece claramente imprudente que los parlamentarios den una señal pública y se adelanten a entregar un veredicto sin los conocimientos técnicos suficientes, como lo requiere una materia de esta naturaleza.

Y, lo que es más grave, después expresar las condiciones de aceptación que tiene la aeronavegación chilena, dicen tener tres preocupaciones: la primera, por el apoyo terrestre y la labor de fiscalización que realiza la Dirección General de Aeronáutica respecto de la aviación civil y comercial. Claramente, ahí se está señalando una situación delicada. La segunda, por el déficit de infraestructura en aeropuertos, y la tercera, por las relaciones laborales que afectan a pilotos y tripulantes con sus empresas. Se trata de tres elementos que son medulares, sustantivos. Entonces, mal podemos hablar de que la aeronavegación es segura si, como se dice en el informe, presumiblemente existen problemas con la Dirección de Aeronáutica, con la relación laboral de pilotos y tripulantes -observen lo delicado del asunto- y, por último, con el déficit de infraestructura en aeropuertos.

Por consiguiente, estimo que esta situación debe ser aclarada. Entiendo que el Presidente de la Corporación , Diputado señor Estévez , manifestó ayer su extrañeza y preocupación por dicho informe. No me parece recomendable emitir este tipo de declaraciones, menos todavía si sólo existe un conjunto de antecedentes y no un estudio acabado sobre la materia.

PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE EMPRESA KDM. Oficios.

El señor BOMBAL .-

En segundo lugar, ayer un grupo de Diputados solicitamos antecedentes sobre la firma KDM y la coima ofrecida por esa empresa.

Sobre el particular, solicito que se oficie a la Fiscalía Nacional Económica y a la Comisión Preventiva, para que remitan a esta Corporación todos los antecedentes relativos a una presunta actuación monopólica del consorcio Kiasa de Marco . Es muy importante que la Cámara sepa cómo se constituyó dicha empresa y qué antecedentes ha conocido la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión Preventiva, a fin de determinar exactamente el carácter o naturaleza de esa empresa.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores García-Huidobro, Coloma y Masferrer.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN RUTA SANTIAGO-SAN ANTONIO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA .-

Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas en relación con la nueva carretera que se construye entre Santiago y San Antonio. Si bien es cierto que ella significa un progreso indudable para el país, está produciendo algunos problemas en la zona, los que pueden solucionarse mediante la intervención de la autoridad correspondiente.

En particular, nos interesa la ejecución de un acceso a El Monte. A través de varios estudios en terreno se ha comprobado que al no considerarse una ruta de acceso a esa comuna, habrá que derivar el tránsito a Talagante y El Paico, lo cual generará un atochamiemto muy grave al interior de la provincia de Talagante. Como todavía se está a tiempo de construir ese acceso, solicito que se oficie sobre el particular al Ministro de Obras Públicas , para que estudie esta innovación.

Además, para que se estudie a la brevedad la implementación de caminos laterales o de servicios a la carretera principal. No cabe duda de que hay muchos campos y parcelaciones -conozco la parcelación doña Javiera - que quedan sin salida al exterior, al considerar la carretera una gran vía sin caminos de servicios paralelos, al contrario de lo que ocurre en otras más modernas del mundo.

Asimismo, pido al Ministro que ordene el reestudio de algunos nudos viales de acceso a las ciudades, en especial en la zona de El Paico, ya que, tal como está considerado el proyecto en la actualidad, supone la expropiación de 26 viviendas, equivalentes a alrededor del 50 por ciento de las casas de esa localidad. Con una pequeña modificación del trazado, éstas podrían bajar a dos o tres, lo que generaría evidentes beneficios a mucha gente que vive desde hace muchos años en el lugar.

También deseo aprovechar esta ocasión para insistir al señor Ministro en la necesidad de que disponga la construcción de un segundo puente en El Monte. En más de cinco ocasiones hemos hecho la misma petición: que se destinen recursos para construir un segundo puente para terminar con los atochamientos que se producen actualmente en dicha localidad, debido a que cuenta con una sola vía a Talagante. Siempre recibimos la misma respuesta: que está a punto de hacerse, pero la paciencia tiene un límite.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión de lo pedido.

FACILIDADES A DEUDORES DE CONTRIBUCIONES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.

El señor COLOMA .-

Finalmente, la Unión Demócrata Independiente ha recibido una petición del señor Juan Rodríguez , representante de nuestro partido en la comuna de Combarbalá, en la que solicita que se envíe oficio al Ministro de Hacienda , o a quien corresponda, para que se estudie la posibilidad de dar facilidades de pago o, si la ley lo permite, suspender por el momento el remate de más de 300 pequeñas propiedades de la zona, que hoy están saliendo a remate por no pago de contribuciones.

Sabemos que la Cuarta Región padece una sequía extrema, que hace muy difíciles las perspectivas de los propietarios de la zona, quienes no han podido pagar sus contribuciones por razones de todos conocidas. Sería una buena señal que se pudieran renegociar estas deudas, se dieran facilidades a los deudores y no se ocasionara un perjuicio que podría ser trágico para el futuro de muchas familias.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión de lo planteado.