Labor Parlamentaria

La señora OVALLE (doña María Victoria) .-

Señor Presidente, todos sabemos que la libertad de expresión e información son derechos inalienables.

Aspiro a que en este país haya una prensa democrática y responsable. Todos tenemos el derecho de expresar nuestras ideas libremente, y los medios de información como tales tienen no sólo el derecho de informar sobre la realidad que nos rodea, sino, además, el deber de mantener a toda la ciudadanía correctamente informada, para que así puedan tomar decisiones libres. Esto es fundamental en una democracia estable, y lo defiendo plenamente, pues soy liberal de alma. Sin embargo, creo que una desmesurada defensa de este derecho de información puede fácilmente pasar a llevar otros derechos, tanto o mucho más importantes, como el honor, la honra, la privacidad y la propia imagen.

El derecho al honor, que todos tenemos, se basa en un valor fundamental: la dignidad, por el solo hecho de ser personas; pero, como tales, poseemos la capacidad de la autoperfección y de ir conformando nuestro patrimonio moral.

La honra es el reconocimiento social de esa dignidad, y todos los hombres tenemos el derecho de exigir que se nos respete tal patrimonio. Los periodistas tienen la obligación de defender y cuidar aquellos bienes accidentales de la personalidad, como el honor, la honra, la fama y la imagen de las personas.

Resulta sumamente fácil dañar estos bienes, pues basta una alusión injusta, errónea, falsa o innecesaria para hacer trizas estos sagrados derechos, que no son sólo personales, sino que, además, involucran a toda una familia, lesionando injustamente su patrimonio moral.

En nuestro país, lamentablemente, esto se ve a diario en libros, revistas y medios de comunicación que constante y gratuitamente denigran a hombres públicos, empresarios, ciudadanos, sin citar fuentes, no identificándolas y haciéndose eco de versiones y rumores que, por definición, no son comprobables y que, por ende, no debieran ser jamás objeto de información.

Observo con preocupación que uno de los artículos de este proyecto de ley refuerza el secreto de las fuentes, incluso en materia de narcotráfico, estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Hoy en día el periodismo se ha convertido en algo que solamente vende; quiere vender no respetando valores ni principios, quedando el afectado, muchas veces, sólo en espera de que se haga justicia, que se demora años en devolverle la honra.

Es así como el artículo 19, Nº 4º, de la Constitución Política otorga el derecho a toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, de que se publique y difunda su declaración, rectificación de dicha información, en las condiciones que la ley determine. El proyecto dice, en su artículo 18, que ella debe publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con los mismos caracteres que la información que la había provocado. Tratándose de un medio de radiodifusión sonora o televisiva o de libre recepción o servicios limitados de televisión, la aclaración o la rectificación deberá difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición. Eso está en gran parte en la ley vigente.

¿Me pueden decir, honorables colegas, que eso se respeta? No. Todos saben que eso jamás se respeta. Las aclaraciones jamás salen en los mismos términos, en los mismos caracteres y en las mismas páginas.

Entonces, esto me deja muy insatisfecha. El proyecto no cubre ni sanciona las medidas que no se aplican. En consecuencia, quedamos en manos de una justicia que todos sabemos -por eso se está reformando la justicia penal- lo lenta que es. A uno no le devuelven la honra, porque un tribunal se puede demorar cuatro o cinco años en tomar la determinación. Cuando eso pase, jamás le publicarán en primera página lo que lo ofendió.

Votaré en contra del proyecto.

He dicho.