Asesoría Parlamentaria

Capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Derecho internacional y legislación extranjera

Rojas Castillo, Jaime Luis
Santana Silva, Daniela Francisca

Informe que analiza los principales aspectos de los estándares internacionales y legislación comparada sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual, en especial en materia de apoyos y salvaguardias. La primera parte del informe analiza los estándares internacionales que se desprenden de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de la Observación General N°1 del Comité que sigue la implemen... tación de dicho tratado. La segunda parte, aborda la legislación de Costa, Rica, México, Perú, España y Rumania en torno a los sistemas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en su sentido más amplio, en adelante personas con discapacidad.   Ver más

Informe que analiza los principales aspectos de los estándares internacionales y legislación comparada sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual, en especial en materia de apoyos y salvaguardias. La primera parte del informe analiza los estándares internacionales que se desprenden de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como de la Observación General N°1 del Comité que sigue la implementación de dicho tratado. La segunda parte, aborda la legislación de Costa, Rica, México, Perú, España y Rumania en torno a los sistemas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en su sentido más amplio, en adelante personas con discapacidad.

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Regulación de la esterilización forzada o involuntaria con fines eugenésicos, punitivos o anticonceptivos. Legislación Comparada

Rojas Castillo, Jaime Luis

Las esterilizaciones forzadas o involuntarias de personas con intensión eugenésica, punitiva o como método anticonceptivo han sido aplicadas en distintas épocas. Afectan principalmente a personas en situación de discapacidad intelectual o sicosocial (mujeres, niñas y adolescentes), indígenas, pobres, personas trans e intersex e incluso a aquellas pertenecientes a grupos étnicos. Los métodos utilizados normalmente son la ligadura de trompas (mujeres) y la vasectom... ía (hombres).El presente Informe se divide en tres secciones. La primera aborda de manera sucinta aspectos generales sobre la esterilización forzada o involuntaria. La segunda analiza los casos de Japón, Perú y Suecia, ejemplos de respuestas compensatorias o administrativas de estos Estados por la realización de esterilizaciones no consentidas o forzadas, y la tercera, analiza la manera en que la legislación de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España y México autorizan la esterilización voluntaria e imponen sanciones en caso de contravención.   Ver más

Las esterilizaciones forzadas o involuntarias de personas con intensión eugenésica, punitiva o como método anticonceptivo han sido aplicadas en distintas épocas. Afectan principalmente a personas en situación de discapacidad intelectual o sicosocial (mujeres, niñas y adolescentes), indígenas, pobres, personas trans e intersex e incluso a aquellas pertenecientes a grupos étnicos. Los métodos utilizados normalmente son la ligadura de trompas (mujeres) y la vasectomía (hombres).El presente Informe se divide en tres secciones. La primera aborda de manera sucinta aspectos generales sobre la esterilización forzada o involuntaria. La segunda analiza los casos de Japón, Perú y Suecia, ejemplos de respuestas compensatorias o administrativas de estos Estados por la realización de esterilizaciones no consentidas o forzadas, y la tercera, analiza la manera en que la legislación de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España y México autorizan la esterilización voluntaria e imponen sanciones en caso de contravención.

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Desalojos de asentamientos informales. Nuevo criterio de la Corte Suprema.

Mortera De Iruarrizaga, María Soledad

El tratamiento de los desalojos en asentamientos ha variado en los Tribunales Superiores de Justicia. Se puede observar dos momentos: - Los fallos de la Corte Suprema de los años 2019 y 2022 se limitaban a ordenar una coordinación entre las autoridades competentes y el propietario del terreno afectado, a fin de otorgar de manera conjunta, una solución global y efectiva a la situación que actualmente vivían los recurridos, con el propósito de resguardar sus derech... os. En noviembre de 2022 la Corte Suprema adopta un nuevo criterio jurisprudencial, que busca ordenando una mayor protección al derecho de la propiedad y a la igualdad ante la ley a las personas que han sufrió la usurpación de sus terrenos, ordenando en primera instancia el abandono del lugar. Si ello no ocurre en el plazo de seis meses, se ha mandatado expresamente a las Instituciones a ocupar el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo de los ocupantes de conformidad a los criterios de Derecho Internacional, sin perjuicio de que estas mismas autoridades deben hacerse cargo de la problemática social generada.   Ver más

El tratamiento de los desalojos en asentamientos ha variado en los Tribunales Superiores de Justicia. Se puede observar dos momentos: - Los fallos de la Corte Suprema de los años 2019 y 2022 se limitaban a ordenar una coordinación entre las autoridades competentes y el propietario del terreno afectado, a fin de otorgar de manera conjunta, una solución global y efectiva a la situación que actualmente vivían los recurridos, con el propósito de resguardar sus derechos. En noviembre de 2022 la Corte Suprema adopta un nuevo criterio jurisprudencial, que busca ordenando una mayor protección al derecho de la propiedad y a la igualdad ante la ley a las personas que han sufrió la usurpación de sus terrenos, ordenando en primera instancia el abandono del lugar. Si ello no ocurre en el plazo de seis meses, se ha mandatado expresamente a las Instituciones a ocupar el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo de los ocupantes de conformidad a los criterios de Derecho Internacional, sin perjuicio de que estas mismas autoridades deben hacerse cargo de la problemática social generada.

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Ciclos de periodicidad de informes en el cumplimiento de Tratados de DDHH: Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.

Rojas Castillo, Jaime Luis

Un Estado al ratificar un tratado internacional asume la obligación de aplicar sus disposiciones sustantivas y presentar informes periódicos antes los órganos establecidos para controlar cómo se están aplicando los derechos reconocidos por el tratado respectivo. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) cuentan con mecanismos para la defensa y protección de los tratados internacionales. ...    Ver más

Un Estado al ratificar un tratado internacional asume la obligación de aplicar sus disposiciones sustantivas y presentar informes periódicos antes los órganos establecidos para controlar cómo se están aplicando los derechos reconocidos por el tratado respectivo. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) cuentan con mecanismos para la defensa y protección de los tratados internacionales.

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El derecho a la identidad de género y cambio de sexo registral de niñas y niños. Sentencia del 2° Juzgado de Familia de Santiago, noviembre 2023.

Rojas Castillo, Jaime Luis

En Chile, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), en especial a su identidad, están reconocidos, principalmente, en la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2022) y en la Ley N° 21.120, que Reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género (2018). En lo específico, la Ley N° 21.120, reconoce el derecho a la identidad de género y cambio de sexo registral y establece un procedimiento para solicita... rlo por personas mayores de 14 y menores de 18 años. La Ley N° 21.430, por su parte, reconoce el carácter de sujeto de derechos de NNA, el goce pleno de los derechos, a ser oído y a que exprese y se considere su opinión, el principio del interés superior y el de igualdad y no discriminación, entre otros.   Ver más

En Chile, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), en especial a su identidad, están reconocidos, principalmente, en la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2022) y en la Ley N° 21.120, que Reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género (2018). En lo específico, la Ley N° 21.120, reconoce el derecho a la identidad de género y cambio de sexo registral y establece un procedimiento para solicitarlo por personas mayores de 14 y menores de 18 años. La Ley N° 21.430, por su parte, reconoce el carácter de sujeto de derechos de NNA, el goce pleno de los derechos, a ser oído y a que exprese y se considere su opinión, el principio del interés superior y el de igualdad y no discriminación, entre otros.

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La protección de edificios o espacios destinados al culto religioso. Derecho nacional, internacional y comparado Italia, España y Francia.

Loiseau, Virginie Solange Marie
Rojas Castillo, Jaime Luis

La protección de los lugares de cultos forma parte del reconocimiento de las libertades de conciencia, religiosa y de cultos, tanto en el derecho interno como internacional. La libertad religiosa incluye la de fundar y mantener lugares para el culto. En particular se releva el rol de las Naciones Unidas en la preservación y protección de los lugares de culto, como patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, durante los conflictos armados. El análisis de la p... rotección de los edificios o espacios destinados al culto religioso conlleva consideran dos aspectos fundamentales: a) la protección de la construcción en sí (los edificios o la infraestructura), en el marco de las políticas culturales de preservación y conservación del patrimonio, y b) la protección en cuanto a la seguridad pública por ataques o amenazas que los lugares de culto pudieran sufrir. En Chile, la libertad de culto está garantizada en la Constitución Política y por los tratados internacionales ratificados por Chile que expresamente permite a las confesiones religiosas erigir y conservar templos y los exime del pago de contribuciones. Por su parte, la Ley Nº 19.638, sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, garantiza la libertad religiosa y de cultos y les faculta también para fundar y mantener lugares para esos fines, los cuales pueden obtener fondos públicos una vez declarados monumentos históricos.   Ver más

La protección de los lugares de cultos forma parte del reconocimiento de las libertades de conciencia, religiosa y de cultos, tanto en el derecho interno como internacional. La libertad religiosa incluye la de fundar y mantener lugares para el culto. En particular se releva el rol de las Naciones Unidas en la preservación y protección de los lugares de culto, como patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, durante los conflictos armados. El análisis de la protección de los edificios o espacios destinados al culto religioso conlleva consideran dos aspectos fundamentales: a) la protección de la construcción en sí (los edificios o la infraestructura), en el marco de las políticas culturales de preservación y conservación del patrimonio, y b) la protección en cuanto a la seguridad pública por ataques o amenazas que los lugares de culto pudieran sufrir. En Chile, la libertad de culto está garantizada en la Constitución Política y por los tratados internacionales ratificados por Chile que expresamente permite a las confesiones religiosas erigir y conservar templos y los exime del pago de contribuciones. Por su parte, la Ley Nº 19.638, sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, garantiza la libertad religiosa y de cultos y les faculta también para fundar y mantener lugares para esos fines, los cuales pueden obtener fondos públicos una vez declarados monumentos históricos.

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Negociaciones de paz en conflictos sociopolíticos internos. Experiencia internacional

Jarufe Bader, Juan Pablo

El presente informe da cuenta de la experiencia internacional en materia de negociaciones de paz que han tenido lugar durante las últimas décadas, relevando los alcances de los mecanismos empleados, los actores involucrados y los resultados obtenidos. El documento se concentra en los paradigmas de Filipinas, Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique y el País Vasco. Los procesos de paz pueden ser entendidos como “todos aquellos esfuerzos políticos, diplomáticos y ... sociales, destinados a resolver los conflictos y a transformar sus causas de fondo mediante métodos pacíficos, especialmente a través de las negociaciones de paz”.   Ver más

El presente informe da cuenta de la experiencia internacional en materia de negociaciones de paz que han tenido lugar durante las últimas décadas, relevando los alcances de los mecanismos empleados, los actores involucrados y los resultados obtenidos. El documento se concentra en los paradigmas de Filipinas, Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique y el País Vasco. Los procesos de paz pueden ser entendidos como “todos aquellos esfuerzos políticos, diplomáticos y sociales, destinados a resolver los conflictos y a transformar sus causas de fondo mediante métodos pacíficos, especialmente a través de las negociaciones de paz”.

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La carga de la prueba en el derecho antidiscriminatorio.

Rojas Castillo, Jaime Luis
Loiseau, Virginie Solange Marie

La prueba judicial de las conductas discriminatorias puede resultar un desafío para quienes las sufren. Es por ello que la legislación extranjera provee de mecanismos que facilitan la prueba, al modificar las normas que establecen la distribución de la prueba. En general, la carga de la prueba corresponde a quien reclama la discriminación y está directamente relacionada a la propia definición legal de lo que se entiende por “discriminación”. La inversión de la ca... rga de la prueba, que desplaza la obligación de acreditar las conductas discriminatorias desde el demandante al demandado, obliga a este último a probar que su actuar se encuentra justificado jurídicamente (por actuar de buena fe, tomar medidas razonables, realizar las adecuaciones necesarias, etc.). Un mecanismo proveniente del derecho norteamericano es la inversión de la prueba en base a indicios (o prueba prima facie), que permite al demandante a presentar indicios que hagan plausible, sugieran o indiquen la probabilidad de que hayan acontecido los hechos constitutivos en que se basa la pretensión. En este caso no se trata de establecer una presunción legal, pues el demandado, si bien no está obligado a presentar pruebas, de no hacerlo permite al tribunal inferir razonablemente la ocurrencia de la discriminación.   Ver más

La prueba judicial de las conductas discriminatorias puede resultar un desafío para quienes las sufren. Es por ello que la legislación extranjera provee de mecanismos que facilitan la prueba, al modificar las normas que establecen la distribución de la prueba. En general, la carga de la prueba corresponde a quien reclama la discriminación y está directamente relacionada a la propia definición legal de lo que se entiende por “discriminación”. La inversión de la carga de la prueba, que desplaza la obligación de acreditar las conductas discriminatorias desde el demandante al demandado, obliga a este último a probar que su actuar se encuentra justificado jurídicamente (por actuar de buena fe, tomar medidas razonables, realizar las adecuaciones necesarias, etc.). Un mecanismo proveniente del derecho norteamericano es la inversión de la prueba en base a indicios (o prueba prima facie), que permite al demandante a presentar indicios que hagan plausible, sugieran o indiquen la probabilidad de que hayan acontecido los hechos constitutivos en que se basa la pretensión. En este caso no se trata de establecer una presunción legal, pues el demandado, si bien no está obligado a presentar pruebas, de no hacerlo permite al tribunal inferir razonablemente la ocurrencia de la discriminación.

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Registro de personas declaradas ausentes por Ausencia de Desaparición Forzada. Legislación Extranjera

Rojas Castillo, Jaime Luis

En la legislación extranjera, la declaración de ausencia por desaparición forzada existe con el fin de determinar la situación patrimonial y familiar de la víctima, considerando, entre otros aspectos, un registro especial de víctimas, declaradas como tales en informes y resoluciones judiciales. Es el caso de Argentina, Colombia, España, Perú, Uruguay. En ellos se define la desaparición forzada en términos similares, salvo Colombia, que la considera una situación ... jurídica de la persona declarada desparecida. En particular, sobre el registro de tal calidad varía en cada legislación. En Uruguay, este registro lo lleva el Registro de Estado Civil mediante a subinscripción de la calidad de ausente por desaparición forzada, al margen de la partida de nacimiento. Algo semejante ocurre con Registro Nacional de Personas (Argentina), Registro Civil de la víctima, ya sea por Registraduría Nacional o Seccional del Estado Civil (Colombia), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (Perú), y en España con el Registro de víctimas, a partir del cual se elabora un Censo público de víctimas de la Guerra y la Dictadura.   Ver más

En la legislación extranjera, la declaración de ausencia por desaparición forzada existe con el fin de determinar la situación patrimonial y familiar de la víctima, considerando, entre otros aspectos, un registro especial de víctimas, declaradas como tales en informes y resoluciones judiciales. Es el caso de Argentina, Colombia, España, Perú, Uruguay. En ellos se define la desaparición forzada en términos similares, salvo Colombia, que la considera una situación jurídica de la persona declarada desparecida. En particular, sobre el registro de tal calidad varía en cada legislación. En Uruguay, este registro lo lleva el Registro de Estado Civil mediante a subinscripción de la calidad de ausente por desaparición forzada, al margen de la partida de nacimiento. Algo semejante ocurre con Registro Nacional de Personas (Argentina), Registro Civil de la víctima, ya sea por Registraduría Nacional o Seccional del Estado Civil (Colombia), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (Perú), y en España con el Registro de víctimas, a partir del cual se elabora un Censo público de víctimas de la Guerra y la Dictadura.

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Pueblos Originarios y sus Comunidades en Chile: Reconocimiento legal y proyectos de ley.

Rojas Castillo, Jaime Luis

Los pueblos originarios o indígenas en Chile, están reconocidos por la Ley N° 19.253 de 1993, en la que el Estado reconoce a los siguientes pueblos, (o “etnias”): Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar (o Alacalufes) y Yámana (o Yagán), siendo el más numeroso el pueblo Mapuche. Tanto el pueblo Diaguita y el pueblo Chango, fueron reconocidos con la Ley N° 21.117 de 2006 (pueblo Diaguita) y la N° 21.273 de 2020 (pueblo Cha... ngo). Posteriormente, en el año 2019 con la Ley N° 21.151 el pueblo Afrodescendiente Chileno tiene reconocimiento legal. En cuanto a pueblos existentes en Chile, que carecen de reconocimiento legal, se encuentran a la fecha de elaboración del presente documento, dos proyectos de ley. El primero, propone el reconocimiento legal del Pueblo Huilliche, el que la Ley N° 19.253, identifica “mapuches”, y el segundo reconoce al pueblo Selk’nam.   Ver más

Los pueblos originarios o indígenas en Chile, están reconocidos por la Ley N° 19.253 de 1993, en la que el Estado reconoce a los siguientes pueblos, (o “etnias”): Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar (o Alacalufes) y Yámana (o Yagán), siendo el más numeroso el pueblo Mapuche. Tanto el pueblo Diaguita y el pueblo Chango, fueron reconocidos con la Ley N° 21.117 de 2006 (pueblo Diaguita) y la N° 21.273 de 2020 (pueblo Chango). Posteriormente, en el año 2019 con la Ley N° 21.151 el pueblo Afrodescendiente Chileno tiene reconocimiento legal. En cuanto a pueblos existentes en Chile, que carecen de reconocimiento legal, se encuentran a la fecha de elaboración del presente documento, dos proyectos de ley. El primero, propone el reconocimiento legal del Pueblo Huilliche, el que la Ley N° 19.253, identifica “mapuches”, y el segundo reconoce al pueblo Selk’nam.

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Nociones sobre obligaciones en materia de DIDH.

Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

Derecho Internacional de Derechos Humanos; Sistema Universal DDHH; Sistema Interamericano DDHH; Las obligaciones en el DIDH; El Derecho Penal Internacional.

Derecho Internacional de Derechos Humanos; Sistema Universal DDHH; Sistema Interamericano DDHH; Las obligaciones en el DIDH; El Derecho Penal Internacional.

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Regulación internacional del control policial de manifestaciones públicas: Tratados, estándares y recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos para limitar el uso excesivo de la fuerza aplicada por agentes del Estado.

Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

La prohibición de la tortura es absoluta y universal y esta proscripción se extiende también a la categoría de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya imprecisa definición no es obstáculo para hacer cumplir la obligación del Estado de impedir y prevenir de manera efectiva e imperativa que estos ocurran. Por otro lado, el legítimo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley de parte de los ...  agentes del Estado puede incurrir en excesos y volverse abusivo, constituyendo un tratamiento prohibido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no existe un instrumento internacional de naturaleza vinculante que regule la aplicación del uso de la fuerza en el territorio de un Estado, y hasta ahora solo se han desarrollado principios orientadores y estándares mínimos que guían la regulación de la aplicación de la fuerza de carácter principalmente policial.   Ver más

La prohibición de la tortura es absoluta y universal y esta proscripción se extiende también a la categoría de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya imprecisa definición no es obstáculo para hacer cumplir la obligación del Estado de impedir y prevenir de manera efectiva e imperativa que estos ocurran. Por otro lado, el legítimo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley de parte de los agentes del Estado puede incurrir en excesos y volverse abusivo, constituyendo un tratamiento prohibido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no existe un instrumento internacional de naturaleza vinculante que regule la aplicación del uso de la fuerza en el territorio de un Estado, y hasta ahora solo se han desarrollado principios orientadores y estándares mínimos que guían la regulación de la aplicación de la fuerza de carácter principalmente policial.

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La consulta previa indígena en la tramitación legislativa. Información estadística sobre la práctica legislativa chilena

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

Se buscaron todos los proyectos de ley en que los parlamentarios han discutido la procedencia de someterlos a consulta previa indígena desde 2009 hasta agosto de 2021. Se encontraron 29 proyectos que cumplieron con los criterios, los que se organizaron en tres grupos: los dirigidos a pueblos indígenas, los generales con disposiciones especificas para pueblos indígenas y los generales sin dichas disposiciones. El 34% de los proyectos fue sometido a alguna forma de...  consulta indígena, todos los cuales tuvieron su origen en mensaje presidencial. Si se distingue por tipo de proyecto, se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de consulta. Los que tienen mayor índice de incidencia son aquellos proyectos de alcance general con disposiciones específicas relativas a pueblos indígenas. Estos alcanzan un 56% — o incluso un 71%, dependiendo de como se contabilicen los casos especiales. Luego vienen los proyectos dirigidos a pueblos indígenas, los que son menos consultados que los anteriores, alcanzando un 30%, o 43% si se excluyen los casos especiales. El índice más bajo lo tienen los proyectos generales, con un 20 o 22% de incidencia, según la forma de medición. Del universo de proyectos concernidos, 18 se convirtieron en ley de la República (62%). De esos 18 proyectos de ley, 7 corresponden a proyectos de ley generales (39%), 6 a proyectos dirigidos a pueblos indígenas (33%) y 5 a proyectos generales con disposiciones específicas (28%). De estos proyectos, 5 habían sido sometidos a consulta previa indígena (28%). Por su parte, los proyectos generales con disposiciones específicas son los que tienen mayor incidencia de consulta entre los que llegaron a ser ley: entre un 60% y un 75% fueron consultados (dependiendo de cómo se contabilizan los casos especiales). Los proyectos generales, que son los que tienen mayor grado de conversión a ley, alcanzan un 30% de consulta, mientras que son los dirigidos a pueblos indígenas los que muestran la menor tasa: ninguno de los que se convirtieron en ley pasó por consulta previa indígena.   Ver más

Se buscaron todos los proyectos de ley en que los parlamentarios han discutido la procedencia de someterlos a consulta previa indígena desde 2009 hasta agosto de 2021. Se encontraron 29 proyectos que cumplieron con los criterios, los que se organizaron en tres grupos: los dirigidos a pueblos indígenas, los generales con disposiciones especificas para pueblos indígenas y los generales sin dichas disposiciones. El 34% de los proyectos fue sometido a alguna forma de consulta indígena, todos los cuales tuvieron su origen en mensaje presidencial. Si se distingue por tipo de proyecto, se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de consulta. Los que tienen mayor índice de incidencia son aquellos proyectos de alcance general con disposiciones específicas relativas a pueblos indígenas. Estos alcanzan un 56% — o incluso un 71%, dependiendo de como se contabilicen los casos especiales. Luego vienen los proyectos dirigidos a pueblos indígenas, los que son menos consultados que los anteriores, alcanzando un 30%, o 43% si se excluyen los casos especiales. El índice más bajo lo tienen los proyectos generales, con un 20 o 22% de incidencia, según la forma de medición. Del universo de proyectos concernidos, 18 se convirtieron en ley de la República (62%). De esos 18 proyectos de ley, 7 corresponden a proyectos de ley generales (39%), 6 a proyectos dirigidos a pueblos indígenas (33%) y 5 a proyectos generales con disposiciones específicas (28%). De estos proyectos, 5 habían sido sometidos a consulta previa indígena (28%). Por su parte, los proyectos generales con disposiciones específicas son los que tienen mayor incidencia de consulta entre los que llegaron a ser ley: entre un 60% y un 75% fueron consultados (dependiendo de cómo se contabilizan los casos especiales). Los proyectos generales, que son los que tienen mayor grado de conversión a ley, alcanzan un 30% de consulta, mientras que son los dirigidos a pueblos indígenas los que muestran la menor tasa: ninguno de los que se convirtieron en ley pasó por consulta previa indígena.

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Pluralismo jurídico penal en materia indígena: Estándar internacional y normativa chilena.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El derecho internacional reconoce derechos a los pueblos indígenas,asociados a lo que se denomina pluralismo jurídico. Estos tienen distintas intensidades, los que van desde el reconocimiento de la jurisdicción indígena, hasta la consideración del factor cultural en la aplicación del derecho penal nacional a personas indígenas. Estos derechos han sido recogidos en diversa medida por el orden jurídiconacional. En línea con el der... echo internacional, el proyecto propone la creación de un régimen de cumplimiento de penas privativas de libertad especial para pueblos indígenas, que comparte características con el régimen general de sustitución de penas y con el régimen de libertad condicional. Además establece el deber de preferir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, y en cualquier caso, se deben garantizar los derechos culturales del privado de libertad sometido a prisión preventiva.   Ver más

El derecho internacional reconoce derechos a los pueblos indígenas,asociados a lo que se denomina pluralismo jurídico. Estos tienen distintas intensidades, los que van desde el reconocimiento de la jurisdicción indígena, hasta la consideración del factor cultural en la aplicación del derecho penal nacional a personas indígenas. Estos derechos han sido recogidos en diversa medida por el orden jurídiconacional. En línea con el derecho internacional, el proyecto propone la creación de un régimen de cumplimiento de penas privativas de libertad especial para pueblos indígenas, que comparte características con el régimen general de sustitución de penas y con el régimen de libertad condicional. Además establece el deber de preferir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, y en cualquier caso, se deben garantizar los derechos culturales del privado de libertad sometido a prisión preventiva.

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La responsabilidad de la Administración en la conservación del orden y la seguridad.

Harris Moya, Pedro Nicolás

Para comprometer la responsabilidad de la Administración, suelen requerirse diferentes exigencias. Si bien la mayor parte de ellas no han sido cuestionadas en general(como ocurre frente al hecho generador, el daño y la relación de causalidad), la exigencia de una falta de servicio ha originado posiciones contrapuestas. Frente a la responsabilidad de la Administración en la conservación del orden y la seguridad, el Derecho nacional carece de una solución expr... esa, al no haber sido prevista en la regulación de los órganos que intervienen en este ámbito. En Derecho comparado distintos países han adoptado diferentes soluciones en la materia.   Ver más

Para comprometer la responsabilidad de la Administración, suelen requerirse diferentes exigencias. Si bien la mayor parte de ellas no han sido cuestionadas en general(como ocurre frente al hecho generador, el daño y la relación de causalidad), la exigencia de una falta de servicio ha originado posiciones contrapuestas. Frente a la responsabilidad de la Administración en la conservación del orden y la seguridad, el Derecho nacional carece de una solución expresa, al no haber sido prevista en la regulación de los órganos que intervienen en este ámbito. En Derecho comparado distintos países han adoptado diferentes soluciones en la materia.

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Las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción indígena campesina. Análisis del proyecto de ley que busca garantizar el derecho a ejercerlas

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce un vínculo entre la vida cultural indígena y sus actividades económicas. Por lo mismo, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege explícitamente aquellas tradicionales y de subsistencia, sin perjuicio de que las más recientes declaraciones de derechos indígenas amplía este ámbito de protección a todas sus actividades económicas.Además,existe una obligación de proteger el trabaj... o indígena. Por otra parte, existe una protección de la economía indígena asociada a la autonomía indígena, presente tanto en el Convenio 169 como otros instrumentos internacionales. El texto constitucional vigente reconoce un derecho a realizar cualquier actividad económica dentro de ciertos parámetros, la cual puede regularse mediante normas legales. Ahora bien, las prácticas consuetudinarias de comercialización no tienen un tratamiento especial en la legislación vigente.   Ver más

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce un vínculo entre la vida cultural indígena y sus actividades económicas. Por lo mismo, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege explícitamente aquellas tradicionales y de subsistencia, sin perjuicio de que las más recientes declaraciones de derechos indígenas amplía este ámbito de protección a todas sus actividades económicas.Además,existe una obligación de proteger el trabajo indígena. Por otra parte, existe una protección de la economía indígena asociada a la autonomía indígena, presente tanto en el Convenio 169 como otros instrumentos internacionales. El texto constitucional vigente reconoce un derecho a realizar cualquier actividad económica dentro de ciertos parámetros, la cual puede regularse mediante normas legales. Ahora bien, las prácticas consuetudinarias de comercialización no tienen un tratamiento especial en la legislación vigente.

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Inclusión de información de etnia o raza en documento de identidad: Regulación en Bolivia y experiencia peruana.

Williams Obreque, Guido Andrés

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, mediante Oficio Nº 269/2020, solicito se evacúe un informe respecto de la legislación en el Derecho Comparado, especialmente en la República del Perú, sobre la consignación de la raza en los documentos de identidad. En Perú hasta 1984 la Libreta Electoral (que cumplía función de documento de identidad) incluyó la categoría “raza” primero y luego, “color de piel”. Al respecto, el Regi... stro Nacional de Identificación y Estado Civil ha asociado dicha eliminación a políticas de no discriminación étnico-racial.   Ver más

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, mediante Oficio Nº 269/2020, solicito se evacúe un informe respecto de la legislación en el Derecho Comparado, especialmente en la República del Perú, sobre la consignación de la raza en los documentos de identidad. En Perú hasta 1984 la Libreta Electoral (que cumplía función de documento de identidad) incluyó la categoría “raza” primero y luego, “color de piel”. Al respecto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha asociado dicha eliminación a políticas de no discriminación étnico-racial.

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Derecho a la identidad y pertenencia étnica en el derecho internacional: Análisis de los proyectos de ley que buscan permitir la inclusión de la pertenencia étnica en la cédula de identidad.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El estándar internacional de derechos de los pueblos indígenas reconoce y protege la cultura indígena diferenciada, y en consecuencia, reconoce la identidad indígena, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual, y establece la obligación estatal de protegerla. En esta materia, la autonomía indígena y autoidentificación cobran un rol central, en tanto la identidad indígena no puede imponerse contra la voluntad del grupo ni contra la de la perso... na interesada. Adicionalmente,los instrumentos examinados son enfáticos al establecer que el reconocimiento de la pertenencia étnica en ningún caso puede menoscabar el ejercicio de los demás derechos que les corresponden como personas y como indígenas, incluyendo la ciudadanía. Los proyectos analizados proponen incluir la pertenencia étnica en ciertos documentos de identificación aunque con modalidades y alcances distintos. El estándar internacional podría requerir algunos ajustes a los proyectos de ley, en particular, que se trate siempre de un derecho del interesado y que en ningún caso, pueda su ejercicio o no ejercicio acarrear consecuencias para el disfrute pleno de los derechos que le correspondan.   Ver más

El estándar internacional de derechos de los pueblos indígenas reconoce y protege la cultura indígena diferenciada, y en consecuencia, reconoce la identidad indígena, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual, y establece la obligación estatal de protegerla. En esta materia, la autonomía indígena y autoidentificación cobran un rol central, en tanto la identidad indígena no puede imponerse contra la voluntad del grupo ni contra la de la persona interesada. Adicionalmente,los instrumentos examinados son enfáticos al establecer que el reconocimiento de la pertenencia étnica en ningún caso puede menoscabar el ejercicio de los demás derechos que les corresponden como personas y como indígenas, incluyendo la ciudadanía. Los proyectos analizados proponen incluir la pertenencia étnica en ciertos documentos de identificación aunque con modalidades y alcances distintos. El estándar internacional podría requerir algunos ajustes a los proyectos de ley, en particular, que se trate siempre de un derecho del interesado y que en ningún caso, pueda su ejercicio o no ejercicio acarrear consecuencias para el disfrute pleno de los derechos que le correspondan.

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La acción de nulidad absoluta en la Ley de Desarrollo Indígena: Análisis del proyecto de ley que establece su imprescriptibilidad.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce y protege especialmente las tierras indígenas. Entre los mecanismos que consagra está la obligación de impedir que terceros se hagan de aquellas, y en general, evitar los actos de despojo. La Ley de Desarrollo Indígena (LDI) establece un regulación especial de los actos jurídicos sobre tierras indígenas, que en general excluye a terceros no indígenas de participar en dichos negocios jurídicos, en pa... rticular en la enajenación de tierras indígenas, incluyendo una prohibición de adquirirlas por prescripción. La sanción que establece es la nulidad absoluta, pero no regula sus características. Al recurrirse a la regulación general de la acción de nulidad, se concluye que los actos que contravienen las regulaciones y prohibiciones de la LDI se sanean tras 10 años. Esto genera una ruptura del sistema civil que alinea la prescripción extintiva con la prescripción adquisitiva, la cual no puede operar en estos casos por expresa mención legal. Además parece contradecir el objetivo declarado de la LDI, alineado con el derecho internacional, en orden a proteger y ampliar las tierras indígenas.   Ver más

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce y protege especialmente las tierras indígenas. Entre los mecanismos que consagra está la obligación de impedir que terceros se hagan de aquellas, y en general, evitar los actos de despojo. La Ley de Desarrollo Indígena (LDI) establece un regulación especial de los actos jurídicos sobre tierras indígenas, que en general excluye a terceros no indígenas de participar en dichos negocios jurídicos, en particular en la enajenación de tierras indígenas, incluyendo una prohibición de adquirirlas por prescripción. La sanción que establece es la nulidad absoluta, pero no regula sus características. Al recurrirse a la regulación general de la acción de nulidad, se concluye que los actos que contravienen las regulaciones y prohibiciones de la LDI se sanean tras 10 años. Esto genera una ruptura del sistema civil que alinea la prescripción extintiva con la prescripción adquisitiva, la cual no puede operar en estos casos por expresa mención legal. Además parece contradecir el objetivo declarado de la LDI, alineado con el derecho internacional, en orden a proteger y ampliar las tierras indígenas.

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La situación de las hortaliceras mapuche en la ciudad de Temuco. Contexto y el estatuto jurídico aplicable

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

En el último tiempo ha salido a la luz pública la disputa que existe entre la Municipalidad de Temuco y las comerciantes ambulantes mapuche de la misma ciudad, en torno a la venta informal de productos del campo en el centro de la ciudad, que fue proscrita mediante Decreto Municipal. El conflicto ha resurgido tras el levantamiento de la cuarentena en la ciudad establecida como medida de contención de la pandemia de COVID-19. El texto constitucional chileno recono... ce un amplio derecho a emprender actividades económicas, siempre que estas sean lícitas, es decir, no sean contrarias a la moral, el orden público ni la seguridad nacional, y sean ejercidas de conformidad a su regulación legal. El Tribunal Constitucional ha señalado que dicha regulación debe establecerse mediante ley y debe ser determinada, específica, respetar el principio de igualdad y el contenido esencial de los derechos. En el caso del comercio ambulante, no existe una norma de rango legal que lo regule directamente, pero se entiende tal facultad a la autoridad municipal en tanto administrador legal de los bienes nacionales de uso público. Por su parte, el Convenio 169 de la OIT establece un mandato de protección especial del trabajo indígena, entendido como un derecho social, el cual debe ser garantizado con pertinencia cultural. Además, reconoce la importancia especial de las actividades económicas de subsistencia y de las actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas. Lo anterior parece apuntar a que la regulación de esta actividad requeriría de una consulta previa, de conformidad a los establecido en el propio Convenio, pero en 2011 la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo confirmado por la Corte Suprema, se manifestó en contrario.   Ver más

En el último tiempo ha salido a la luz pública la disputa que existe entre la Municipalidad de Temuco y las comerciantes ambulantes mapuche de la misma ciudad, en torno a la venta informal de productos del campo en el centro de la ciudad, que fue proscrita mediante Decreto Municipal. El conflicto ha resurgido tras el levantamiento de la cuarentena en la ciudad establecida como medida de contención de la pandemia de COVID-19. El texto constitucional chileno reconoce un amplio derecho a emprender actividades económicas, siempre que estas sean lícitas, es decir, no sean contrarias a la moral, el orden público ni la seguridad nacional, y sean ejercidas de conformidad a su regulación legal. El Tribunal Constitucional ha señalado que dicha regulación debe establecerse mediante ley y debe ser determinada, específica, respetar el principio de igualdad y el contenido esencial de los derechos. En el caso del comercio ambulante, no existe una norma de rango legal que lo regule directamente, pero se entiende tal facultad a la autoridad municipal en tanto administrador legal de los bienes nacionales de uso público. Por su parte, el Convenio 169 de la OIT establece un mandato de protección especial del trabajo indígena, entendido como un derecho social, el cual debe ser garantizado con pertinencia cultural. Además, reconoce la importancia especial de las actividades económicas de subsistencia y de las actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas. Lo anterior parece apuntar a que la regulación de esta actividad requeriría de una consulta previa, de conformidad a los establecido en el propio Convenio, pero en 2011 la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo confirmado por la Corte Suprema, se manifestó en contrario.

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Reconocimiento del pueblo selk'nam: Antecedentes y análisis de los alcances legales del proyecto de ley.

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
Rivera Polo, Felipe Alonso

El presente informe analiza el contenido y alcance del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Desarrollo Indígena (LDI) N° 19.253 de 1993, en orden a reconocer al pueblo selk'nam como etnia indígena de Chile (boletin N° 12.862-17) y entrega algunos elementos para la discusión legislativa. Este documento sigue la estructura y, en lo pertinente, el contenido de un informe anterior de los mismos autores, relativo al proyecto de ley que propone la inclusión del puebl... o chango en términos similares.1 La primera parte contiene un breve análisis del proyecto y su tramitación, incluyendo una exposición de sus fundamentos. Luego se traza el origen diverso de los relatos sobre la supuesta extinción del pueblo selk'nam, y se informa sobre las críticas que han surgido a esta noción, a partir de nuevos paradigmas de etnicidad, construidos a partir del rescate de la memoria de los sobrevivientes y su descendencia. Luego se describe el modo en que el ordenamiento jurídico chileno reconoce a los pueblos indígenas, y los posibles efectos de la inclusión del pueblos selk'nam en la LDI.   Ver más

El presente informe analiza el contenido y alcance del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Desarrollo Indígena (LDI) N° 19.253 de 1993, en orden a reconocer al pueblo selk'nam como etnia indígena de Chile (boletin N° 12.862-17) y entrega algunos elementos para la discusión legislativa. Este documento sigue la estructura y, en lo pertinente, el contenido de un informe anterior de los mismos autores, relativo al proyecto de ley que propone la inclusión del pueblo chango en términos similares.1 La primera parte contiene un breve análisis del proyecto y su tramitación, incluyendo una exposición de sus fundamentos. Luego se traza el origen diverso de los relatos sobre la supuesta extinción del pueblo selk'nam, y se informa sobre las críticas que han surgido a esta noción, a partir de nuevos paradigmas de etnicidad, construidos a partir del rescate de la memoria de los sobrevivientes y su descendencia. Luego se describe el modo en que el ordenamiento jurídico chileno reconoce a los pueblos indígenas, y los posibles efectos de la inclusión del pueblos selk'nam en la LDI.

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Actores no estatales en el derecho internacional de los derechos humanos. Versión adaptada y aumentada

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

En el contexto de los conflictos armados, el derecho humanitario cuenta con reglas que hacen responsable a actores no estatales de violaciones a dicho corpus en conflictos internos. Así, los beligerantes en una guerra de liberación nacional deben responder por todas las obligaciones exigibles en un conflicto armado internacional. Por su parte, los insurgentes o separatistas deben respetar el derecho humanitario aplicable, y pueden llegar a ser responsables de vio... laciones a derechos humanos, en caso que logren derrocar al gobierno o crear su propio Estado, respectivamente. En general, se puede sostener que cualquier entidad territorial no estatal que ostente control territorial o cumpla con algunas funciones gubernamentales, debería responder por las violaciones a derechos humanos que cometa. Por otro lado, el individuo puede llegar a ser responsable internacionalmente, lo que implica que puede ser juzgado por un tribunal internacional bajo ciertas circunstancias, si incurre en un crimen internacional. En los últimos lustros ha existido un esfuerzo por hacer responsables a las corporaciones transnacionales por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, aunque hasta ahora, no se ha superado la lógica tradicional que establece que es el Estado el que debe proteger a los particulares de los actos de terceros, sin perjuicio del deber general de la sociedad de respetar los derechos humanos. Finalmente, existe controversia en torno a la responsabilidad que podría caber a organismos internacionales en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, parece haber cierto consenso en torno a que, a lo menos, deberían respetar el derecho internacional de los derechos humanos al diseñar e implementar sus planes y programas.   Ver más

En el contexto de los conflictos armados, el derecho humanitario cuenta con reglas que hacen responsable a actores no estatales de violaciones a dicho corpus en conflictos internos. Así, los beligerantes en una guerra de liberación nacional deben responder por todas las obligaciones exigibles en un conflicto armado internacional. Por su parte, los insurgentes o separatistas deben respetar el derecho humanitario aplicable, y pueden llegar a ser responsables de violaciones a derechos humanos, en caso que logren derrocar al gobierno o crear su propio Estado, respectivamente. En general, se puede sostener que cualquier entidad territorial no estatal que ostente control territorial o cumpla con algunas funciones gubernamentales, debería responder por las violaciones a derechos humanos que cometa. Por otro lado, el individuo puede llegar a ser responsable internacionalmente, lo que implica que puede ser juzgado por un tribunal internacional bajo ciertas circunstancias, si incurre en un crimen internacional. En los últimos lustros ha existido un esfuerzo por hacer responsables a las corporaciones transnacionales por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, aunque hasta ahora, no se ha superado la lógica tradicional que establece que es el Estado el que debe proteger a los particulares de los actos de terceros, sin perjuicio del deber general de la sociedad de respetar los derechos humanos. Finalmente, existe controversia en torno a la responsabilidad que podría caber a organismos internacionales en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, parece haber cierto consenso en torno a que, a lo menos, deberían respetar el derecho internacional de los derechos humanos al diseñar e implementar sus planes y programas.

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Control del uso de la fuerza de la policía: legislación comparada.

Fernández Lores, Guillermo Javier

Las normas relacionadas con el uso de la fuerza pública son esenciales, ya que en base a ellas se regula, restringe fuerzas policiales pueden ejecutar sus labores de prevención, control y represión de conductas ilícitas Lo anterior, en cuanto las democracia legítimo de la fuerza a las instituciones policiales, en forma exclusiva y excluyente. Este uso legítimo de la fuerza se orienta a que los agentes policiacos puedan dar cumplimiento a sus deberes de mantención...  del o determinantes las restricciones contempladas para los procedimientos de control de manifestaciones y los relacionados con las facultades de identificación, registro y detención de personas.   Ver más

Las normas relacionadas con el uso de la fuerza pública son esenciales, ya que en base a ellas se regula, restringe fuerzas policiales pueden ejecutar sus labores de prevención, control y represión de conductas ilícitas Lo anterior, en cuanto las democracia legítimo de la fuerza a las instituciones policiales, en forma exclusiva y excluyente. Este uso legítimo de la fuerza se orienta a que los agentes policiacos puedan dar cumplimiento a sus deberes de mantención del o determinantes las restricciones contempladas para los procedimientos de control de manifestaciones y los relacionados con las facultades de identificación, registro y detención de personas.

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La obligación de reparar por los delitos de lesa humanidad. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Chile

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

La reparación íntegra de los daños sufridos por violaciones a los derechos humanos es un principio del derecho internacional público, reconocido en el sistema interamericano de derechos humanos. En materia de indemnización de los daños derivados de delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana, en sentencias condenatorias contra Chile, ha fijado ciertos estándares: (i) la acción civil derivada de tales delitos es también imprescriptible; (ii) los programas a... dministrativos de reparación pueden ser distintos o complementarios a una indemnización judicial, pero no pueden suponer un obstáculo para acceder a la revisión del caso ante un tribunal.   Ver más

La reparación íntegra de los daños sufridos por violaciones a los derechos humanos es un principio del derecho internacional público, reconocido en el sistema interamericano de derechos humanos. En materia de indemnización de los daños derivados de delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana, en sentencias condenatorias contra Chile, ha fijado ciertos estándares: (i) la acción civil derivada de tales delitos es también imprescriptible; (ii) los programas administrativos de reparación pueden ser distintos o complementarios a una indemnización judicial, pero no pueden suponer un obstáculo para acceder a la revisión del caso ante un tribunal.

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Negacionismo y libertad de expresión

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El negacionismo es un fenómeno social y político que se ha desarrollado principalmente en Europa. Su origen está en la puesta en duda del genocidio nazi por parte de ciertos sectores sociales. Frente a esto surgieron las leyes anti-negacionsitas, que buscan castigar este tipo de expresiones. En algunos casos, la prohibición es relativa a la la negación, justificación y relativización de los crímenes nazi, y en otros, alcanza a todo crimen inter... nacional. A partir de una Decisión Marco de la Unión Europea de 2008, la criminalización de ambos ha pasado a ser una obligación de sus países miembro. Esta reacción supone un desafío para determinar en qué medida son legítimas estas restricciones a la libertad de expresión. En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que dichas limitaciones pueden estar justificadas cuando los actos o declaraciones negacionistas constituyan discursos racistas o de incitación a la violencia y a la discriminación. En el sistema europeo de derechos humanos, la jurisprudencia es más amplia, y ha autorizado incluso el castigo penal de la trivialización del Holocausto. Ahora bien, en la última sentencia encontrada sobre la materia (2015 ), la Corte Europea de Derechos Humanos reafirmó la necesidad de revisar caso a caso, teniendo en cuenta el contexto histórico y geográfico, y sobre todo, distinguiendo si se trata de un puro discurso revisionista, o si este está asociado a discursos de odio.   Ver más

El negacionismo es un fenómeno social y político que se ha desarrollado principalmente en Europa. Su origen está en la puesta en duda del genocidio nazi por parte de ciertos sectores sociales. Frente a esto surgieron las leyes anti-negacionsitas, que buscan castigar este tipo de expresiones. En algunos casos, la prohibición es relativa a la la negación, justificación y relativización de los crímenes nazi, y en otros, alcanza a todo crimen internacional. A partir de una Decisión Marco de la Unión Europea de 2008, la criminalización de ambos ha pasado a ser una obligación de sus países miembro. Esta reacción supone un desafío para determinar en qué medida son legítimas estas restricciones a la libertad de expresión. En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que dichas limitaciones pueden estar justificadas cuando los actos o declaraciones negacionistas constituyan discursos racistas o de incitación a la violencia y a la discriminación. En el sistema europeo de derechos humanos, la jurisprudencia es más amplia, y ha autorizado incluso el castigo penal de la trivialización del Holocausto. Ahora bien, en la última sentencia encontrada sobre la materia (2015 ), la Corte Europea de Derechos Humanos reafirmó la necesidad de revisar caso a caso, teniendo en cuenta el contexto histórico y geográfico, y sobre todo, distinguiendo si se trata de un puro discurso revisionista, o si este está asociado a discursos de odio.

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Proyecto de Ley de Migración y Extranjería: Principales hitos de su tramitación legislativa

Jarufe Bader, Juan Pablo

El Proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín N° 8970 - 06), iniciado a partir de Mensaje Presidencial, inició su primer trámite legislativo en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el 4 de junio de 2013. Tras ser aprobada en general por esta instancia, el 4 de marzo de 2014, la tramitación de la propuesta se paralizó, pues la entrante administración de la Presidenta Michelle Bach elet, ingresó un nue... vo proyecto sobre el tema (Boletín N° 11395 - 06), el cual en definitiva sería rechazado en general por la misma instancia legislativa, el 9 de enero del presente año. En este contexto, el 10 de abril de 2018, el actual gobierno decidió reimpulsar la propuesta de 2013, que fue despachada en particular por la Comisión de Gobierno, que el pasado 7 de noviembre emitió un primer informe, en el cual destacó la discusión suscitada en torno a una serie de principios vinculados con materias de de rechos fundamentales de los migrantes.   Ver más

El Proyecto de Ley de Migración y Extranjería (Boletín N° 8970 - 06), iniciado a partir de Mensaje Presidencial, inició su primer trámite legislativo en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el 4 de junio de 2013. Tras ser aprobada en general por esta instancia, el 4 de marzo de 2014, la tramitación de la propuesta se paralizó, pues la entrante administración de la Presidenta Michelle Bach elet, ingresó un nuevo proyecto sobre el tema (Boletín N° 11395 - 06), el cual en definitiva sería rechazado en general por la misma instancia legislativa, el 9 de enero del presente año. En este contexto, el 10 de abril de 2018, el actual gobierno decidió reimpulsar la propuesta de 2013, que fue despachada en particular por la Comisión de Gobierno, que el pasado 7 de noviembre emitió un primer informe, en el cual destacó la discusión suscitada en torno a una serie de principios vinculados con materias de de rechos fundamentales de los migrantes.

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Tipificación de la incitación a la violencia. Estándar internacional y tipo penal

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

La incitación a la violencia es una forma de discurso del odio. En tanto tal, el derecho internacional de los derechos humanos la trata como un límite a la libertad de expresión, pero de particular gravedad. Por lo mismo, ordena que esté prohibida por ley. En el ámbito universal, esta prohibición alcanza también otras formas de discurso de odio, como la incitación a la discriminación y a la hostilidad, y en materia de racismo, el mandato es la penalización no sol... o de la incitación a la violencia racial, sino también de la incitación a la discriminación racial y la difusión de ideas racistas. El proyecto de ley, tanto en su versión original, como en las indicaciones del Ejecutivo, propone la tipificación de la incitación a la violencia, aludiendo a la Ley Zamudio como forma de cumplimiento de la prohibición de otros tipos de discurso del odio, pero sin abordar la cuestiones relativas al racismo. En cuanto al tipo penal, el proyecto original propone incorporarlo en el Código Penal, aunque su ubicación puede generar problemas de interpretación en relación con el bien jurídico protegido. Por su parte, la segunda propuesta no interviene el Código, sinoq que incorpora la figura en una ley especial. Se identifican cinco elementos del tipo: la incitación (i) debe ser pública; (ii) debe ser directa (iii) debe inducir a ejercer violencia; (iv) debe llamar a atacar a un grupo o sus miembros; y (v) el ataque debe basarse en alguna de las categorías mencionadas. Los alcances de cada uno de ellos son analizados en el cuerpo del informe.   Ver más

La incitación a la violencia es una forma de discurso del odio. En tanto tal, el derecho internacional de los derechos humanos la trata como un límite a la libertad de expresión, pero de particular gravedad. Por lo mismo, ordena que esté prohibida por ley. En el ámbito universal, esta prohibición alcanza también otras formas de discurso de odio, como la incitación a la discriminación y a la hostilidad, y en materia de racismo, el mandato es la penalización no solo de la incitación a la violencia racial, sino también de la incitación a la discriminación racial y la difusión de ideas racistas. El proyecto de ley, tanto en su versión original, como en las indicaciones del Ejecutivo, propone la tipificación de la incitación a la violencia, aludiendo a la Ley Zamudio como forma de cumplimiento de la prohibición de otros tipos de discurso del odio, pero sin abordar la cuestiones relativas al racismo. En cuanto al tipo penal, el proyecto original propone incorporarlo en el Código Penal, aunque su ubicación puede generar problemas de interpretación en relación con el bien jurídico protegido. Por su parte, la segunda propuesta no interviene el Código, sinoq que incorpora la figura en una ley especial. Se identifican cinco elementos del tipo: la incitación (i) debe ser pública; (ii) debe ser directa (iii) debe inducir a ejercer violencia; (iv) debe llamar a atacar a un grupo o sus miembros; y (v) el ataque debe basarse en alguna de las categorías mencionadas. Los alcances de cada uno de ellos son analizados en el cuerpo del informe.

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Delito de incitación al odio o violencia. Legislación nacional, internacional y extranjera

Cavada Herrera, Juan Pablo

El presente informe analiza la legislación penal nacional y extranjera, y los estándares internacional es aplicables a Chile, sobre el delito de incitación al odio en general. En cuanto a las legislaciones extranjeras se analiza y sintetizan los Códigos Penales de los países citados en el Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N°7130-07): Holanda, España, Alemania, Uruguay, y la Ley brasileña. Adicionalmente ... se ha incluido el Código Penal boliviano. Las normas penales respectivas se transcriben en una tabla en Anexo, al final de este documento. Este informe actualiza o se basa en otro anterior de la BCN, denominado: Delito de incitación al odio o la violencia. Legislación comparada (2017). Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio) Esta ley establece medidas contra las discriminaciones arbitrarias y un procedimiento judicial para reestablecer el derecho cuando se cometa un acto de ese tipo.   Ver más

El presente informe analiza la legislación penal nacional y extranjera, y los estándares internacional es aplicables a Chile, sobre el delito de incitación al odio en general. En cuanto a las legislaciones extranjeras se analiza y sintetizan los Códigos Penales de los países citados en el Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N°7130-07): Holanda, España, Alemania, Uruguay, y la Ley brasileña. Adicionalmente se ha incluido el Código Penal boliviano. Las normas penales respectivas se transcriben en una tabla en Anexo, al final de este documento. Este informe actualiza o se basa en otro anterior de la BCN, denominado: Delito de incitación al odio o la violencia. Legislación comparada (2017). Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio) Esta ley establece medidas contra las discriminaciones arbitrarias y un procedimiento judicial para reestablecer el derecho cuando se cometa un acto de ese tipo.

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Proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de prisión política y tortura

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

En el marco del proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile (Boletín N.º11619-17) se elabora el presente informe. La primera parte se refiere al estándar internacional vigente en materia de reparación de víctimas a las violaciones a los derechos humanos. La segunda sección analiza brevemente el contenido d... el proyecto a la luz de dicho estándar. Este informe es una adaptación de un documento elaborado anteriormente en el marco de la discusión del proyecto de ley que originó la Ley N.º 20.874 de 2015, de contenido similar al proyecto que motiva este informe (BCN, 2015)   Ver más

En el marco del proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile (Boletín N.º11619-17) se elabora el presente informe. La primera parte se refiere al estándar internacional vigente en materia de reparación de víctimas a las violaciones a los derechos humanos. La segunda sección analiza brevemente el contenido del proyecto a la luz de dicho estándar. Este informe es una adaptación de un documento elaborado anteriormente en el marco de la discusión del proyecto de ley que originó la Ley N.º 20.874 de 2015, de contenido similar al proyecto que motiva este informe (BCN, 2015)

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Comparación de las presentaciones hechas por Carabineros de Chile ante Comisiones de la Cámara de Diputados en el caso de Joane Florvil

Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

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