Desde el 18 de septiembre de 1925 hasta el 11 de septiembre de 1973, la historia del Congreso Nacional mantuvo una trayectoria histórica de relativa estabilidad, jugando esta institución un rol trascendental en un contexto de profundización democrática y de incorporación de amplios sectores al ejercicio de la ciudadanía.

El funcionamiento del Congreso Nacional se enmarca dentro de la Constitución Política de 1925, la cual si bien tiene un componente fuertemente presidencialista, no impidió el notable aporte del Congreso a los avances democráticos, aunque también apoyando decisiones que causaron ciertas discusiones en sectores de la sociedad chilena.

Los primeros siete años de la trayectoria del Poder Legislativo, desde 1925 a 1932, están marcados por un fuerte componente de inestabilidad política, que afectó su funcionamiento. De esta forma, el 1 de marzo de 1926, durante el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín (1925-1927), se daba inicio al trigésimo quinto período legislativo, luego de casi dos años de inestabilidad en el funcionamiento de la corporación.

Por otra parte, entre 1925 y 1973 hubo un cambio sustantivo en el número de parlamentarios. Si en 1926 asumieron sus cargos 45 senadores y 132 diputados, hacia 1931 la Cámara de Diputados subió su número a 143, en 1941 a 147, y en 1967 llegaron a 150 miembros. En cuanto al Senado, la modificación más importante se realizó el 2 de octubre de 1967 (Ley N°16.672), con la creación de la 10° agrupación provincial senatorial de Chiloé, Aysén y Magallanes, que aumentó el número de senadores de 45 a 50.

Otra diferencia fundamental de que caracterizó toda esta etapa 1925-1973, radica en la duración de los períodos legislativos que ahora se extienden por cuatro años, equivalentes al período de los diputados. Los senadores, a su vez, tenían una duración de ocho años en el cargo.

En la segunda mitad de la década de 1920, la situación del Congreso Nacional se hizo más compleja. El 21 de julio de 1927, el General Carlos Ibáñez del Campo asumió la Presidencia de la República (que ocupó hasta 1931), lo cual trajo evidentes cambios para la composición del mismo. En ese contexto, el 2 de marzo de 1930 Ibáñez designa el denominado “Congreso Termal”, de dudosa legitimidad porque no fue electo democráticamente, sino que designado por el propio Presidente dentro de un gobierno autoritario. Con un Congreso designado entonces, el 21 de mayo de 1930 se iniciaba el trigésimo sexto período legislativo.

El 6 de junio de 1932, la República Socialista toma la decisión de disolver el Congreso Nacional, lo cual inicia un breve período de inestabilidad. El 19 de diciembre de 1932 el Congreso vuelve a funcionar con su trigésimo séptimo período legislativo (19 de diciembre de 1932-20 de mayo de 1937), bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938), el cual restableció la estabilidad institucional en el país.

Desde ese momento, se sucedieron ininterrumpidamente los períodos legislativos: trigésimo octavo (21 de mayo de 1937 – 20 de mayo de 1941), trigésimo noveno (21 de mayo de 1941 – 20 de mayo de 1945), cuadragésimo (21 de mayo de 1945 – 20 de mayo de 1949), cuadragésimo primero (21 de mayo de 1949 – 20 de mayo de 1953), cuadragésimo segundo (21 de mayo de 1953 – 20 de mayo de 1957), cuadragésimo tercero (21 de mayo de 1957 – 20 de mayo de 1961), cuadragésimo cuarto (21 de mayo de 1961 – 20 de mayo de 1965), cuadragésimo quinto (21 de mayo de 1965 – 20 de mayo de 1969), cuadragésimo sexto (21 de mayo de 1969 – 20 de mayo de 1973) y el cuadragésimo séptimo, inaugurado el 21 de mayo de 1973 hasta el 21 de septiembre de 1973. En esta última fecha, la Junta Militar declaró la disolución del Congreso Nacional y el cese de los parlamentarios en sus funciones (Decreto Ley Nº 27, promulgado el 21 de septiembre de 1973).

Entre 1925 y 1973, existieron gobiernos de diferente signo ideológico y político, que implementaron una serie de leyes aprobadas en el Congreso Nacional. Dentro de esa nutrida legislación, se pueden destacar una serie de iniciativas en los ámbitos político, social y cultural.

Durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, el Congreso Nacional dictó una importante ley que amplió la democracia a nuevos sectores, particularmente a las mujeres, excluidas históricamente del ejercicio de la ciudadanía. En ese contexto, el 18 de enero de 1934 comienza a regir la Ley N° 5.357, que otorga derecho a voto a las mujeres en las elecciones municipales, quienes además pueden ser electas regidoras y alcaldesas. Esto se considera un paso importante en la ampliación de la ciudadanía en la historia política y electoral de Chile.

A su vez, el Congreso aprobó leyes polémicas, con marcado carácter anticomunista y, en general, antisubversivo. De esta forma, durante el mismo gobierno de Arturo Alessandri, el 12 de febrero de 1937, se dicta la Ley Nº6.026 titulada de “Seguridad Interior del Estado”, con el objetivo de neutralizar a los grupos que atentaban contra la democracia y el régimen institucional. En el período que se extiende entre 1938 y 1952, predominaron en el país gobiernos de carácter reformista, presididos por Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952), destacándose una serie de leyes.

La primera de ellas es la Ley Nº 6.334, el 29 de abril de 1939, que crea la Corporación de Ayuda, Reconstrucción y Auxilio, entidad destinada a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto que afectó a la ciudad de Chillán ese mismo año. Paralelamente, esa misma Ley establece la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), entidad pública que impulsó un plan de industrialización y de desarrollo económico, con una protagónica participación del Estado.

En uno de los puntos principales de esa Ley, una de las funciones de la CORFO era “formular un plan general de fomento de la producción nacional destinado a elevar el nivel de vida de la población mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales del país y la disminución de los costos de producción y a mejorar la situación de la balanza de pagos internacionales, guardando, al establecer el plan, la debida proporción en el desarrollo de las actividades de la minería, la agricultura, la industria y el comercio, y procurando la satisfacción de las necesidades de las diferentes regiones del país”.

Sin embargo, también hubo leyes que afectaron notablemente el pluralismo político. Así, el 3 de septiembre de 1948 se publicó la Ley N° 8.987, que estableció la primera versión de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que declaraba la ilegalidad del Partido Comunista de Chile , así como múltiples restricciones a las libertades individuales, sindicales y de prensa de los militantes de dicho partido. Estas restricciones se extendieron por diez años. Así, el 6 de agosto de 1958, el propio Congreso dictó la Ley Nº 12.927, derogando dicha Ley, con lo cual los comunistas pudieron volver a participar en la legalidad.

El 8 de enero de 1949 se publicó una de las leyes más importantes de la historia política del siglo XX chileno. Se trata de la Ley Nº 9.292, que estableció el sufragio femenino para las elecciones parlamentarias y presidenciales, ampliando la ciudadanía y la masa electoral. También fueron elegidas las primeras parlamentarias mujeres en la historia de Chile: Inés Enríquez Frodden, diputada, electa en 1951, y María de la Cruz Toledo, senadora, electa en 1953. También hubo importantes avances sociales, como la creación del Servicio Nacional de Salud, mediante la Ley Nº 10.383, publicada el 8 de agosto de 1952, que fusionó varias dependencias dedicadas a la salud pública en una autoridad sanitaria única, garantizada por el Estado. El SNS se definió como el organismo estatal y la autoridad central que se ocupaba de las prestaciones de la salud pública, dando un paso importante en orden a otorgar el derecho a la salud a una parte importante de la población.

Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), se profundizaron las reformas políticas democráticas. Así por ejemplo, el 31 de mayo de 1958 comienza a regir la Ley N°12.889, que estableció la cédula única de votación (papeleta del voto), impresa por el Estado, que fue utilizada en lo sucesivo en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta Ley tuvo por objetivo evitar el cohecho y las irregularidades en materia electoral. En los años sesenta y setenta, los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973), dictaron leyes importantes para el desarrollo del país.

Una de las más importantes fue la Reforma Agraria, que no solo estableció la subdivisión de la gran propiedad de la tierra, sino que también tuvo implicancias políticas y sociales. La primera Ley de Reforma Agraria se dictó el 27 de noviembre de 1962 (Ley Nº 15.020), sentando las bases de este cambio que experimentó la gran propiedad agrícola.

Más tarde, el 28 de julio de 1967 fue publicada la Ley Nº 16.640, que agregó una reforma constitucional sobre el derecho de la propiedad privada y se facultaba al Estado el uso de recursos naturales, bienes de producción u otros de importancia para la vida económica, social o cultural del país. Paralelamente a ello, el 29 de abril de 1967 se dictó la Ley de Sindicalización Campesina (N° 16.625), la cual facilitó la constitución de sindicatos campesinos, actores que tradicionalmente no tenían una relevancia ciudadana o pública.

Entre 1969 y 1970, se dictaron dos leyes que ampliaron el padrón electoral, fortaleciendo todavía más la participación democrática y estableciendo definitivamente el sufragio universal. El 11 de diciembre de 1969 se dicta el Decreto N°1.667, que otorga derecho a voto a las personas no videntes, y por otro lado, el 23 de enero de 1970, con la Ley N°17.284, se rebajó la edad para votar de 21 a 18 años, concediéndose también el derecho a voto a las personas analfabetas.

Finalmente, el 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional de Chile aprobó la reforma constitucional numerada por la Ley N° 17.450 que nacionalizó los yacimientos de la Gran Minería del Cobre, principal producto de exportación del país, estableciéndose el dominio del Estado sobre este recurso natural.

El 11 de septiembre de 1973, y luego de una larga crisis política, institucional y económica, las Fuerzas Armadas y de Orden llevan a cabo un golpe de Estado, estableciendo una ruptura de las instituciones democráticas, con múltiples consecuencias para el desarrollo del Poder Legislativo chileno.