Labor Parlamentaria

El señor GARAY.-

Señor Presidente, lamento la poca asistencia de parlamentarios a la Sala. Tiempo atrás, me referí al cuarto centenario del pueblo de Tenaún, de Chiloé, provincia que represento en esta Cámara. En esa oportunidad, solicité el envío de varios oficios para solucionar una serie de problemas de esa alejada localidad.

Ahora, deseo reiterar la petición de esos oficios;

Uno de ellos se refería al traslado de la Escuela Nº 10. Con motivo del terremoto de 1960, la tierra se hundió en alrededor de 1,60 metros y este establecimiento educacional quedó prácticamente sobre el agua. ¡Es increíble que los niños estén en clases mientras el mar azota la construcción en sus bases! De este hecho hace ya siete años. Solicito que se envíe oficio señor Ministro de Educación, pidiendo el traslado de la Escuela, o bien, la construcción de una nueva, previo informe de la señorita Directora General de Educación Primaria.

El mismo pueblo, que tiene cuatrocientos años, no cuenta con luz eléctrica. Solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que ordene al señor Director General de Servicios Eléctricos la instalación de un equipo electrógeno.

En relación no sólo con Tenaún, sino con otros pueblos de la provincia de Chiloé, está el grave problema del transporte de abono para los campesinos.

Sus Señorías saben, y el país entero también, que en Chiloé no hay buenos caminos. Por la tremenda subdivisión de la propiedad rural, los caminos vecinales son numerosísimos y de difícil tránsito. A los campesinos, que son pobres, les cuesta mucho hacer el transporte del abono para las siembras, en especial, la de papas. Por eso, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin de que ordene al Gerente General del Banco del Estado que la entrega de abonos se haga, en los diferentes puntos donde se necesita, sin ubicarlo como hasta ahora en un sitio central, desde el cual debe llevarse, en forma primitiva y con un alto costo, a los lugares en que los campesinos lo precisan. Con una embarcación, podría ser repartido en forma rápida.

En aquella oportunidad, también solicité que se remitiera oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que ordenara al señor Director General de Correos y Telégrafos la emisión de estampillas conmemorativas del cuarto centenario de Castro y de Tenaún, lo que es casi tradicional con los pueblos que cumplen centenario.

En seguida, deseo llamar la atención de la Honorable Cámara sobre lo que relataré en forma muy breve.

En Chiloé hay muchísimas islas. Una de ellas, la de Chaullín, que posiblemente ninguno de los Honorables colegas ha oído nombrar y que quizás mis propios compañeros de representación no sepan dónde esta ubicada, tiene alrededor de 130 habitantes.

Visitamos esta isla con el señor Gobernador de Castro. El espectáculo allí es realmente conmovedor, porque demuestra que en Chile, especialmente en Chiloé, hay pueblos con un atraso superior a los cincuenta años. Niños ni adultos saben leer o escribir; absolutamente nadie.

Por eso, con la urgencia que el caso requiere, ruego solicitar del señor Ministro de Educación Pública la creación inmediata de una escuela pública y el envío de dos maestros, hombre y mujer, porque cada uno tiene allí su papel que cumplir. ¡No hay derecho que a esta altura del siglo haya grupos de personas, incrustadas en medio de la tensión de la vida moderna y de los grandes avances, que ni siquiera sepan leer ni escribir, porque no disponen de una escuela!

Pero hay algo más grave. En mi calidad de médico, pude observar que en Chaullín todavía hay brotes -escúchelo bien la Honorable Cámara- de tracoma, enfermedad que ha sido erradicada, prácticamente, en el mundo entero. Y, cosa curiosa, en esta isla hay casos endémicos de tracoma, enfermedad ocular que puede llegar a producir la ceguera. Además, hay raquitismo y otras enfermedades crónicas, especialmente de orden pulmonar, que hacen indispensable solicitar al Director General de Salud y, por su intermedio, a la XI Zona de Salud, con sede en Puerto Montt, el envío de una misión sanitaria a la isla de Chaullín, a fin de practicar un examen completo de la población isleña, en los casos' de tracoma y tuberculosis.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviarán, en su nombre, todos los oficios solicitados por Su Señoría.

El señor GARAY.-

Señor Presidente, solicito que los oficios se envíen en nombre de la Cámara.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Oportunamente se solicitará el asentimiento, porque en este momento no hay número en la Sala para adoptar acuerdos.

El señor GARAY.-

Ojalá, señor Presidente, para que mis Honorables colegas me acompañen en estas peticiones.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Con todo agrado.

El señor GARAY.-

No puedo dejar pasar la oportunidad para referirme a otra materia de importancia.

La semana pasada tuve ocasión de asistir, en Viña del Mar, al Congreso Continental de las Organizaciones Cooperativas de América, clausurada el 8 de abril, que cobija a todas las instituciones de este tipo de nuestro continente. Como no dispongo de mucho tiempo, sólo quiero dejar constancia del alto espíritu que hubo en la discusión de los sistemas que permiten organizar las economías de los países sobre la base de cooperativas. Dada la importancia de las materias que se trataron, en el momento oportuno habrá que presentar un proyecto de ley que proteja en forma real las cooperativas, para difundir este sistema, que creo de alto interés para el desarrollo económico de Chile.

El señor GARAY.-

En un minuto termino.

No quiero dejar pasar la oportunidad para referirme al Congreso Mundial de Planificación de la Familia, que se realiza en estos momentos en Santiago y al que han venido delegaciones de todos los países del mundo. Este es un problema gravísimo, del que sólo quiero dejar constancia en esta oportunidad, porque después del término de este Congreso me referirá especialmente a él, ya que el problema de la sobrepoblación mundial es algo gravísimo, que nos obliga a encararlo en toda la gravedad que encierra.

Yo desearía que, en mi nombre o en la de la Honorable Cámara, se enviara una comunicación a la mesa directiva de este Congreso Mundial, formulando votos porque las conclusiones a que se llegue sean de real valor para la población mundial.

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, el histórico puerto de Caldera fue en el pasado, a causa de su intenso movimiento marítimo, un puerto mayor. Yo recuerdo que en mi infancia había sur- tos en esa había hasta diez barcos de distintas nacionalidades, embarcando y des- embarcando mercaderías. Posteriormente, con la crisis de los años 1927 a 1932, Caldera fue rebajada a la categoría de puerto menor. De pronto, en Atacama floreció una nueva industria: la de la exportación de hierro, que ha llegado a la considerable cantidad de 3.800.000 toneladas embarcadas por aquel puerto. Asimismo, se embarcan 21.600 toneladas de cobre blíster, y se desembarcan 36 mil toneladas de carboncillo para ser utilizadas en la Fundición Nacional de Paipote. Finalmente, con motivo de la aplicación de la ley 16.590, de la que soy autor, llamada de zona libre alimenticia, se desembarcan, mensualmente, 1.250 toneladas de mercaderías de importación para las necesidades de los departamentos de Copiapó, Huasco y Freirina.

Cabe recordar que la crisis del año 1932 provocó una disminución del movimiento marítimo; de modo que en la actualidad aquel puerto tiene menor categoría. Sin embargo, a pesar de que cuenta con todos los elementos de embarque y desembarque, carece de una Vista de Aduana para la recepción de las mercaderías importadas en virtud de la ley 16.590. Se trata de 12 artículos de primera necesidad liberados de derechos de internación, almacenaje y otros gravámenes. Toda esta mercadería tiene un precio inferior a la de procedencia nacional. Por ello, el comercio local ha restringido sus pedidos a las fábricas y a las casas comerciales del centro del país. Como es lógico, a los habitantes de Atacama les interesa la llegada de estas mercaderías; por eso, esperan que se cumplan los trámites de rigor, entre otros, el de que el Banco Central de Chile destine, la cantidad de 4 millones de dólares semestrales para la recepción previa de estas mercaderías.

El reglamento correspondiente está listo para ser firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Economía. Sin embargo, nos encontramos con el tropiezo de que, por ser puerto menor, Caldera no cuenta con el personal adecuado para hacer la recepción de las mercaderías.

Por este motivo, he presentado un proyecto de ley que declara a Caldera puerto mayor. Pero, como este proyecto debe ser informado necesariamente por cuatro organismos del Estado y después tiene que cumplir todos los trámites constitucionales de rigor en el Congreso, pasará un larguísimo tiempo antes que sea promulgado como ley de la República, tiempo que los habitantes de la provincia de Atacama, los consumidores de estas mercaderías de primera necesidad, no pueden esperar, porque se produciría una escasez de desastrosas consecuencias.

He preguntado al Ministerio de Hacienda cuál sería el modo de solucionar este problema, y allí, previa consulta a la Superintendencia de Aduanas, se me ha aconsejado enviar un oficio a la Junta General de Aduanas de dicho Ministerio, en mi nombre o en el de la Honorable Cámara, si ella lo tiene a bien, a fin de pedir la habilitación de la aduana de Caldera como de puerto mayor para desembarcar, en carácter' permanente, las mercaderías a que se refiere la ley 16.590, llamada de zona libre alimenticia.

Esta sería una manera de resolver este grave problema, que, repito, puede traer serias consecuencias para la provincia de Atacama.

Solicito que, en mi nombre o en el de la Honorable Cámara, se formule esta petición a la Junta General de Aduanas.

Nada más.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, al señor Ministro de Hacienda.

Resta un minuto al Comité Demócrata Cristiano.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, como es de conocimiento público, con fecha 31 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial el texto de la ley 16.617, sobre reajuste de las remuneraciones del personal del sector público y de las Municipalidades.

Dentro de las disposiciones de esta ley, se estableció que el Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda deberá dictar, en el plazo de 60 días, contado desde su promulgación, las resoluciones que correspondan para el otorgamiento de los reajustes a los jubilados y beneficiarios de pensiones de montepío, sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados.

No obstante el tiempo transcurrido, y aun cuando el Departamento de Pensiones ha dictado estas resoluciones, las diversas instituciones de previsión no han dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 16.617, sobre reajustes de sueldos y pensiones, debido a que el Fisco no ha efectuado los respectivos aportes, que se encuentran perfectamente consultados en el financiamiento de esta misma ley. Es así como tenemos la queja general de jubilados y montepiadas de todo el país, por el no pago de sus respectivos reajustes.

Considero que ha existido poco interés de parte del Supremo Gobierno para ir en ayuda de tan vasto sector de la ciudadanía, que sufre con mayor intensidad los efectos de la desastrosa política de alza de precios en que se encuentra embarcado el Ministerio de Economía, a través de su organismo satélite llamado Dirección de Industria y Comercio, que después de las elecciones del 2 de abril dio curso a 12 alzas de artículos esenciales de consumo para la población.

Sólo existió precipitación en el Gobierno para impulsar el proyecto de reajustes antes de las elecciones de Regidores; pero, promulgada la ley, grandes fueron las dificultades que la Caja Fiscal y el mismo Gobierno debieron afrontar para pagar estos reajustes a los funcionarios de la Administración Pública. Es así como sólo ahora se ha terminado de pagar- estas diferencias de sueldo, en circunstancias que la ley se publicó el 31 de enero último.

Pero han quedado de lado los ciudadanos, hombres y mujeres, que durante años sirvieron al Estado y a la sociedad, y posteriormente fueron beneficiados con exiguas pensiones de jubilación, cuyos reajustes anuales les son pagados después de largos vía crucis, esperas y reclamos de todos los sectores, incluso del Parlamento.

Escasas instituciones de previsión, como la Caja de Empleados Particulares, la de la Defensa Nacional y la de Carabineros, han anunciado para los próximos días o semanas el pago de los reajustes devengados en virtud de la aplicación de la ley 16.617. Considero que es mucha la dilación y tardanza con que les es pagado el reajuste a estos ex servidores públicos, que debieran ser los primeros en obtener- lo.

La disposición contenida en el artículo 82 de la ley 16.617, sobre obligación de dictar, dentro de 60 días, la resolución que reconozca el derecho del jubilado a recibir el reajuste de su pensión, no envuelve, para el Supremo Gobierno, la obligación perentoria de pagar estas diferencias dentro de un plazo determinado. El vacío producido en esta legislación está perjudicando seriamente a los ex servidores públicos, que con sus pensiones del año 1966 están afrontando la cadena ininterrumpida de alzas de artículos de primera necesidad del presente año.

Tan injusta como lamentable situación tiene que ser corregida cuanto antes. En esta virtud, pido al señor Presidente que, en mi nombre, se dirija un oficio al señor Ministro de Hacienda, para solicitarle que, a la brevedad, disponga la provisión de fondos, con cargo al Fisco, para que las Cajas de Previsión atiendan oportunamente al pago de los reajustes que se adeudan a los beneficiarios de pensiones de jubilación y montepío por el presente año.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría y el de los Honorables señores Fuentes, don Samuel, Fuentealba y Poblete.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, la directiva del personal de la compañía inglesa Cable West Coast, con sede en Antofagasta, me ha expresado, en entrevista personal, su profunda preocupación e inquietud frente a la determinación de los ejecutivos de esta empresa de comunicaciones de ir al cierre de las sucursales que mantiene en provincias, incluida la de Antofagasta, en donde cuenta con una dotación de 8 empleados y 6 obreros.

Cable West Coast, de propiedad de una compañía inglesa, ha rehusado ponerse a tono con los últimos adelantos obtenidos en materia de telecomunicaciones, no obstante el interés del Gobierno por lograr la modernización de los medios de comunicaciones que emplea actualmente esta firma. Esta tenaz negativa significará, sencillamente, la cesantía de un total de 66 empleados y 33 obreros, que han venido atendiendo con eficiencia y responsabilidad el servicio de esta compañía de comunicaciones en diversas provincias del país, durante muchos años.

El problema social que preocupa a este personal tendrá enorme gravitación, desde el punto de vista habitacional y previsional, para los que tienen hoy la calidad de imponentes de la Caja de Empleados Particulares.

La pérdida de su calidad, de imponente activo de la mencionada Caja le acarreará al empleado de la firma Cable West Coast la extinción consiguiente de sus derechos acumulados paira la obtención de un préstamo hipotecario, mediante el puntaje reunido en años de trabajo. Este problema afectará incluso a imponentes de la Caja de Empleados Particulares que ya han logrado la satisfacción de su anhelo de la casa propia, puesto que, ante la cesantía que les amenaza, tendrán que hacer entrega a la Caja de las viviendas de que disfrutan, frente a la imposibilidad de continuar pagando los dividendos.

Justa es, entonces, la preocupación del personal de dicha compañía de comunicaciones en Antofagasta. A estos empleados les amenaza una cesantía de graves contornos, con su secuela de miseria para sus hogares, pérdida de derechos reservados sólo para imponentes activos y que ellos han acumulado en largos años de trabajo, La situación que denuncio tendrá como causal la circunstancia legal de que muchos de estos empleados de la firma Cable West Coast no alcanzarán a obtener los beneficios de una mediana jubilación, que les permitiera, por lo menos, la continuidad de sus derechos en materia habitacional.

Tengo entendido que el Supremo Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, ya ha autorizado a esta compañía para el cierre de sus oficinas de provincias. En tan precipitada medida, se ha prescindido de la capacidad técnica profesional de que está dotado este personal en el campo de las telecomunicaciones. Se impone, por consiguiente, la necesidad, de evidente justicia, de reubicar a estos antiguos servidores en empresas que cuentan con servicios de telecomunicaciones, como la Línea Aérea Nacional, Ferrocarriles del Estado, Correos y Telégrafos, Corporación de Fomento de la Producción, etcétera, ya que el país necesita disponer de elementos de primer orden en materia de comunicaciones para la normal atención de sus necesidades a lo largo y a lo ancho del territorio.

Un estudio de las condiciones humanas y previsionales del personal de empleados y obreros de esta firma permite establecer que, en su mayoría, cuentan ya con más de 20 años de servicios e imposiciones, y, en gran parte, tienen 50 años de edad. O sea, han dedicado una existencia al servicio de la colectividad en el campo de su especialidad profesional, por lo cual se hacen acreedores al reconocimiento del Estado frente a la situación imprevista y de fuerza mayor que les significará, en un futuro muy cercano, la pérdida de sus empleos y el comienzo de una triste cesantía.

Felizmente, existe ya un precedente sentado frente a problemas de esta naturaleza, en que se ha reconocido por la vía legislativa la justicia de los planteamientos de personales que, en forma intempestiva, han llegado a la pérdida de sus actividades laborales, ya sea por intransigencia patronal o por circunstancias calificadas de imprevistas o de casos fortuitos, no obstante contar los afectados con numerosos años de servicios e imposiciones y la edad aproximada para impetrar, en un futuro cercano, el beneficio de la jubilación.

Durante la discusión de la ley de reajuste de remuneraciones a los sectores público y privado, que hoy lleva el Nº 16.464, promulgada con fecha 25 de abril del año pasado, se aprobó, con mucho sentido de justicia social y humana, el artículo 124, que estableció el beneficio de la jubilación para los empleados de la Fábrica de Abonos Fosfatados "Pelícano", de la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, que al perder sus ocupaciones por causas ajenas a su voluntad, reunieran más de veinte años de imposiciones en la respectiva Caja y contaran con un mínimo de 50 años de edad.

Igual beneficio estableció el citado artículo 124 para los obreros de la misma fábrica que tuvieran más de 50 años de edad y acreditaran más de 1.300 semanas de imposiciones en el Servicio de Seguro Social.

Las condiciones en que este personal sufrió la pérdida de su empleo son idénticas a las que ahora imponen la cesantía al de la compañía inglesa Cable West Coast, a través de sus oficinas de provincias, motivo por el cual estimo de toda justicia que se legisle oportunamente para evitar tan grave daño al patrimonio económico, social y previsional de estos empleados y obreros.

Materializando los deseos de este personal, se hace imperioso obtener que el Ministerio del Trabajo suspenda la tramitación y curso del decreto que autoriza el cierre de esta compañía, hasta que no se dé solución al delicado problema previsional que producirá esta cesantía forzosa.

Junto con dar forma a esta iniciativa ,que reclamo para mis representados, debiera establecerse, en forma permanente, un mecanismo legal que concediera automáticamente indemnización a los empleados y obreros cuyas industrias, fábricas o empresas resolvieran la paralización de sus faenas en forma definitiva y contaran para ello con la autorización del Supremo Gobierno. En este orden de indemnización a que me refiero, los personales tendrían derecho a una reparación ordenada por el mismo Gobierno que les abriera el camino a la cesantía.

Es de justicia proponer para mis representados de la compañía Cable West Coast un abono de 2 años por cada 5 para los que tengan más de 20 de servicio, imponibles para los efectos de la jubilación.

Consecuente con estas observaciones, pido al señor Presidente que, en mi nombre, se dirija un oficio al señor Ministro del Trabajo, para solicitarle, en primer término, la suspensión de la tramitación del decreto que autoriza a la compañía Cable West Coast para el cierre de sus sucursales de provincias, mientras no se dé solución a los problemas que plantean estos personales; y, asimismo, el oportuno envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que haga extensivos a todos los beneficios contemplados en el artículo 124 de la ley 16.464, de 25 de abril de 1966, a los empleados y obreros de dicha, empresa que reúnan las mismas condiciones y requisitos establecidos en la referida disposición.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría...

El señor SILVA ULLOA.-

Y del Comité Socialista.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

... y del Comité Socialista.

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, quiero referirme a un hecho que reviste enorme gravedad: la paralización que en estos momentos está sufriendo la pequeña minería de la provincia de Ata- cama. Tanto es así, que hoy día hay una movilización de las asociaciones de pequeños mineros y pirquineros, por el hecho de que la Empresa Nacional de Minería ha rebajado las tarifas de compra de minerales, tarifas que el año pasado llegaban a sumas superiores a Eº 300 para mineral de base 8% y que ahora han sido establecidas en sólo Eº 188.

Los mayores costos de producción y la situación apremiante de estos pequeños mineros exigen que el Gobierno haga un estudio de estas tarifas y dé una solución a este problema.

Las circunstancias que ahora se presentan causarán el cierre de las minas pequeñas que existen en la provincia.

Por eso, solicito qué se envíe un oficio al señor Ministro de Minería, para que se determinen, en forma rápida, las nuevas tarifas que regirán para la pequeña minería. En caso contrario, ésta desaparecerá. Deseo que este oficio se mande lo más pronto posible, de tal manera que dicha paralización no se produzca.

Es todo lo que quería decir.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y de los Honorables señores Clavel, Valdés Phillips, Galleguillos y Barrionuevo.

El señor CARVAJAL.-

Señor Presidente, esta tarde quiero denunciar la paralización de las industrias pesqueras que se empieza a realizar en la provincia de Tarapacá. Debido a la integración de estas industrias se está despidiendo a los trabajadores, pese a que el señor Presidente de la República, el mes pasado, en una gira por esa provincia, dijo que en Tarapacá no había cesantía y que los trabajadores estaban viviendo a las mil maravillas. Pero el caso es que los industriales pesqueros dicen que no tienen dinero y están integrando sus industrias para poder producir con el 50 ó el 25% de los trabajadores que actualmente tienen.

Pero lo más grave es que, mientras estas industrias están trabajando, a los empleados y obreros no les pagan sus sueldos y salarios, ni tampoco les dan el "suple" todas las semanas como las demás empresas. Ha habido industrias, como la pesquera "Punta Negra", donde los trabajadores tuvieron que realizar una huelga de hambre todo un día. El Diputado que habla y algunos dirigentes de la CUT fuimos a esa industria a pedir a los trabajadores -ya que en una gran parte eran mujeres que suspendieran la huelga de hambre, mientras se hacían gestiones a fin de que se les pagara, incluso, la asignación familiar.

Dada esta situación, pedimos que se cumpla la palabra del señor Presidente de la República, quien dijo en esa provincia que pronto iba a ser realidad el trabajo del minera] de "Sagasca". Un Diputado de Gobierno, el Honorable señor Astorga, también dijo que a comienzos de este mes se pondría en marcha este mineral y habría trabajo para muchos obreros. Pero el caso es que ya pasaron las elecciones y -no se sabe si el señor Presidente de la República mantendrá el ofrecimiento que hizo a la provincia de Tarapacá y, en especial, a los trabajadores, en el sentido de que tendrían ocupación en esa industria minera.

El señor MUGA.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Honorable señor Carvajal, el Honorable señor Muga le solicita una interrupción.

El señor CARVAJAL.-

Señor Presidente, eso no es todo. En las Salinas Punta de Lobos, hoy Salinas Santa Adriana, de las que es dueño el señor Osvaldo de Castro, a quien nosotros llamábamos "buitre del desierto" cuando era dueño de las salitreras de Tarapacá y Antofagasta, se empieza a producir dificultades para los trabajadores. No se cumple con las actas de avenimiento suscritas con el sindicato industrial y tampoco se respetan los reglamentos y decretos sobre trabajo marítimo. Prueba de ello es que a los estibadores marítimos no se les paga cuando realizan trabajos para esta firma. Incluso se han formulado demandas ante la Dirección del Trabajo y solamente se ha logrado la promesa de obligar a esa firma a pagar" los salarios que adeuda a los trabajadores.

Como digo, el señor Osvaldo de Castro, al que se le dieron cuando era industrial minero, todas las garantías que quiso y se le condonaron miles de millones de escudos, hoy día no quiere respetar los convenios de esas salinas que tiene dadas en arrendamiento.

Señor Presidente, pido que sobre los problemas que aquí he planteado se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, como así también al de Minería, para que se nos informe qué hay de verdad respecto de las nuevas industrias que se establecerían en la provincia de Tarapacá y, en especial, en Iquique.

El señor SIVORI (vicepresidente).-

Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre, a los, señores Ministros de Minería y del Trabajo y Previsión Social.

El señor CARVAJAL.-

Otra denuncia que quiero formular esta tarde se refiere a los trabajadores del señor Humberto Verdugo, contratista pintor.

Cuarenta y ocho trabajadores le presentaron un pliego de peticiones. Este señor dijo que no podían hacerlo, pero que él iba a respetar en parte la ley de reajuste, que no lo obligaba, en todo caso, a dar un aumento. Declaró que el pliego de peticiones era ilegal y despidió a 29 trabajadores. Este pliego de peticiones presentado por los trabajadores ni siquiera se ha discutido en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual no ha declarado si es legal o ilegal. El caso es que hoy día, en la tarde, hicimos la denuncia al Inspector Provincial del Trabajo para que hiciera llamar a este señor y se empezara a discutir este pliego de peticiones o se le diera el curso legal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Señor Presidente, como el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social dijo esta mañana que, a pesar de que el pliego de peticiones de los trabajadores del cuero y el calzado era ilegal, se le iba a dar la tramitación necesaria para llegar a un avenimiento en ese conflicto, pido que este otro pliego se discuta y se le dé el curso legal para llegar a un avenimiento entre las partes. Mientras tanto, pido la reincorporación de los 29 obreros que despidió arbitrariamente este señor contratista.

Solicito que se envíe oficio en este sentido al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en mi nombre, ya que no hay número en la Sala para enviarlo en nombre de la Corporación.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social.

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, en la sesión del mediodía, el DiputadoGuastavino y otros señores parlamentarios hicieron denuncias muy serias en relación con la grave cesantía que hay en el país; y cuando se mencionó la necesidad de una mayor preocupación por parte de los organismos fiscales, aquí se levantaron voces manifestando que había preocupación al respecto. Por eso, quiero señalar un hecho.

En la sesión 42, extraordinaria, del 25 de enero de este año, solicité que por intermedio de la Cámara se enviara oficio al señor Ministro de Minería y también al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Mi petición fue para que los antecedentes se obtuvieran por intermedio de la Oficina de Informaciones de la Cámara; pero, por un error del señor Vicepresidente que en este momento preside, a quien no culpo, el acuerdo se tomó para enviar oficio a través de la Cámara y no por Secretaría. Esto ocurrió en la sesión 42ª, del 25 de enero, y hasta esta fecha los Ministros a los cuales se solicitaron antecedentes en relación con el grave problema salitrero no han respondido.

Esto tiene mucha más gravedad si consideramos que, hace 10 días, se puso término a un paro que habían realizado tres secciones de trabajo de las más importantes de la oficina salitrera María Elena, como consecuencia del incumplimiento de las actas de avenimiento por parte de esa empresa que ha venido burlando la ley del Referéndum Salitrero. Esta ley señala concretamente las obligaciones de las empresas norteamericanas cuando define en forma expresa, la participación de utilidades que Chile debe tener y la tributación que debe hacer la empresa, como lo hacen el obrero y el empleado que trabajan en ella. ¿No se les dio manga ancha y esta extraordinaria posibilidad, según ellos, para mejorar su industria, sobre la base de aumentar la producción, mantener la estabilidad del trabajo y elevar el "estándar" de vida del trabajador?

Señor Presidente, a menos de un año de la fecha en que deberá caducar este referéndum la Compañía Anglo Lautaro manifiesta que va a reducir su producción en María Elena en un 50%, con lo cual lanza a la cesantía a 1.500 obreros y empleados. Como los obreros no pueden aceptar esto por razones lógicas, y además porque esa situación está establecida en las actuales actas de avenimiento, han venido realizando paros, con el fin de que se les respete el derecho al trabajo. Sin embargo, el problema no se soluciona y en este momento nuevamente hay un paro en otra importante sección de la oficina María Elena y esto va a continuar. Por esa razón solicitaba estos oficios, para que los organismos correspondientes, en este caso la COVENSA, la Superintendencia del Salitre y los Ministerios de Minería y de Economía, Fomento y Reconstrucción nos dieran los antecedentes sobre el porqué de estas anomalías.

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, con la reducción del precio del cobre la situación va a ser mucho más drástica todavía para la provincia de Antofagasta y para el norte en general, porque la mediana y la pequeña minería como se ha denunciado recientemente aquí en la Cámara de Diputados, están recibiendo el azote por esta baja en el precio del cobre. Es indudable que esto significará paralizar especialmente aquellas minas demasiado chicas, donde laboran miles de trabajadores por el sistema de pirquén, donde los obreros ni siquiera tienen previsión social, ya que los dueños de las minas los explotan en forma inicua; solamente les entregan el hoyo para que extraigan el material y no les proporcionan los más mínimos elementos de trabajo. Estos obreros tienen que entregar, a veces, hasta el 50% de su producción. En este caso, estos hombres, estos miles de chilenos, van a quedar sin trabajo y ni siquiera van a tener el derecho de auxilio de cesantía que les correspondería por intermedio del Servicio de Seguro Social.

Por esto, consideramos necesario que el Gobierno se preocupe de reformar -el Código de Minería de una vez por todas. En estos momentos en la Comisión de Minería hay proyectos al respecto. Pido que por intermedio de la Honorable Cámara, se solicite que se pongan en Tabla aquellos proyectos en la presente legislatura extraordinaria, de manera que pueda irse a una discusión seria que beneficie a estos cientos de miles de chilenos que viven en condiciones tan inhumanas.

El señor OLAVE.-

Señor Presidente, sabido es que en Chile hemos tenido siempre especial deferencia con los ciudadanos extranjeros, particularmente con los argentinos. Sin embargo, en Buenos Aires, nuestros compatriotas no tienen el mismo trato. Allá existe un cordón de poblaciones "callampas", "marginales" de acuerdo con los términos del nuevo régimen que hay en Chile, que se llaman "villas miseria", en las cuales viven ciudadanos de distintas nacionalidades, principalmente chilenos.

En Buenos Aires residen actualmente más de 10.000 trabajadores chilenos, con sus familias, ocupando cargos en diferentes industrias de importancia, inclusive dentro de la industria bélica argentina. Son obreros calificados, especializados, que tienen solvencia y prestigio; pues los obreros chilenos gozan, especialmente en Buenos Aires, de particular crédito por su capacidad, su espíritu de trabajo y su buen modo de vivir.

Desgraciadamente, desde que el General Ongania asumió el poder en la República Argentina, los chilenos están siendo sometidos a continuos vejámenes. Tengo aquí a la mano la edición del jueves 9 de febrero de 1967 de "La Razón" de Buenos Aires que es uno de los diarios llamados serios en la República Argentina. En ella aparece una crónica que dice: "La policía cumplió un gigantesco operativo de identificación en una villa precaria del Bajo Bel- grano y llevó detenidos a cientos de hombres". Y, a continuación, aparece una fotografía que señala que "un grupo de vecinos de la villa de emergencia del Bajo Belgrano relata la acción policial cumplida por efectivos de la guardia de infantería, personal femenino y perros".

Luego, dice: "A partir de las 4 de hoy, un inusitado despliegue de efectivos policiales, integrados por personal de la. Guardia de Infantería, policía montada y de la seccional 33ª, que contaron con la cooperación de dotaciones del cuerpo de bomberos, camiones Neptuno y perreras, dieron estricto cumplimiento a un vasto operativo puesto en desarrollo por disposición del jefe de la Policía Federal General Mario Fonseca". En Argentina se llama "operativo" a la "redada", término que se usa en Chile, efectuada por la policía, ya sea por personal de Investigaciones o de Carabineros, para perseguir y ubicar a los delincuentes. Pero resulta que estos "operativos" en Buenos Aires se efectúan en poblaciones populares, de obreros, llevándose presos, por igual, a ciudadanos chilenos, paraguayos, uruguayos e incluso a algunos nacionales argentinos, tengan o no documentos en el caso de los chilenos y demás extranjeros. Así fue como en esta "redada", por ejemplo, fueron llevados detenidos más de 500 varones dejando a sus mujeres y sus hijos en un estado de verdadera desesperación. Estuvieron detenidos en lugares militares durante más de 48 horas.

Mientras los policías cometían este acto vejatorio contra sus propios ciudadanos y contra los chilenos y demás extranjeros residentes en Buenos Aires, so pretextó de desinfectar las casas, se lanzaron gases desinfectantes en los momentos en que pequeños niños se encontraban durmiendo en el interior de sus hogares.

Con mucho cuidado, con mucha timidez, algunos ciudadanos expresaron sus quejas porque habían sido apaleados en este "operativo" que hicieron los argentinos en las "villas miserias" de Buenos Aires.

Señor Presidente, protesto en la Cámara de Diputados de Chile por el trato vejatorio a. que están siendo sometidos en la República Argentina algunos ciudadanos chilenos, ya que teniendo sus cédulas de identidad al día y cumpliendo y respetando las leyes del país hermano, son tratados como vulgares delincuentes.

Como en estos momentos los chilenos residentes en la Argentina viven una situación de angustia, que les provoca una crisis nerviosa, solicito que se envíe, en mi nombre, un oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Gabriel Valdés, con el objeto de que haga presente nuestra inquietud ante el Gobierno argentino, y obtenga que se trate en forma recíproca a los ciudadanos chilenos, especialmente a. aquellos que tienen su documentación en orden, al día y respetan las leyes argentinas. No pido que se obtengan condiciones especiales para quienes están burlándose de las leyes vigentes en el país hermano.

Por eso, estampo mi más enérgica protesta, para que se dé un trato adecuado a nuestros compatriotas, que viven horas muy difíciles en la República Argentina.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, el 7 de enero de 1967 recibí una comunicación de la Unión Vecinal de la población Nº 2 de Batuco. En realidad, no había, podido darla a conocer por el receso parlamentario; pero ahora quiero que se tome nota del grave problema de esta comuna.

La comunicación dice: "Ante el insólito hecho de que, desde el lunes 2 del actual, se suprimió por la Jefatura de Ferrocarriles del Estado la detención del tren expreso que pasaba por Batuco a las 20 horas, nos dirigimos a US., para pedirle su alta intervención como Representante del Segundo Distrito en la Cámara de Diputados, a objeto de que haga ver a quienes corresponda lo absurdo de tal medida que va en directo perjuicio de cientos de pobladores batúcanos y también de Polpaico y Tiltil, ya que en esos pueblos también se suspendió la detención del expreso, que diariamente sale de Mapocho al Puerto a las 19.30 horas.

"Queremos señalar a US. que desde hace más de dos años venía funcionando normalmente el mencionado expreso, sin que antes a nadie se le hubiera ocurrido suprimirlo, como ha pasado ahora que justamente se necesita más de él, porque las poblaciones de los pueblos nombrados han ido en aumento demográfico de año en año.

"Además, debemos recordar que por indicación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado se logró dictar una ley, en tiempos del PresidenteJosé Manuel Balmaceda, que disponía que en cada estación ferroviaria se debía levantar una población. Pues bien, muchas poblaciones se han levantado desde entonces y, sin embargo, la empresa ferroviaria, en lugar de favorecer al pueblo adopta hoy en día la perniciosa política de perjudicarlo y molestarlo al máximo, como sucede con la supresión de la detención del expreso, el único expreso de que disponemos, en Batuco, Polpaico y Tiltil. Es evidente que toda la gente que trabaja en Santiago, quiere volver pronto y más temprano a sus hogares al lado de su mujer e hijos. Pero se da el contrasentido de que una empresa estatal, que siempre debiera estar al servicio del público que la ha favorecido, de por sí y ante sí, y sin aviso previo, con absoluto desprecio de varios pueblos, toma medidas perjudiciales a los intereses populares.

"Esto francamente no lo entendemos y de ahí la protesta airada de "Unión Vecinal Pro Defensa y Adelanto Población. Nº 2 de Batuco".

En vista de lo expuesto y porque, en realidad, esa medida perjudica a tres poblaciones, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que ordene al señor Director General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado restablecer la detención del expreso en las estaciones de Batuco, Polpaico y Tiltil.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La señora ALLENDE.-

Voy a referirme a. otro tema.

La Comisión Especial de la Vivienda, a la cual pertenezco, dejó de celebrar sesiones desde el 14 de septiembre de 1966. Ya me he referido a este problema en otras sesiones de la Cámara de Diputados. Me parece absurdo que una Comisión trabaje en esta forma. Creo que debe hacérsele alguna observación a la Presidenta de la Comisión y a los miembros democratacristianos de ella, que forman la mayoría. Después del reclamo que formulé, se citó a sesión en dos ocasiones. Y pese a que asistimos los Diputados del FRAP, no hubo sesión por falta de quórum. Sin embargo, en el mes de marzo nos reunimos durante tres días seguidos para tratar el proyecto de ley de saneamiento de títulos y urbanización de poblaciones en situación irregular. Como era de suma importancia para el Gobierno que él se aprobara antes de las elecciones, fuimos apremiados con este trabajo, que estuvimos dispuestos a cumplir y lo hicimos con agrado, porque se trataba de una ley importante, la cual creemos haber contribuido a mejorar.

Por este motivo, quisiera que la Comisión de la Vivienda, reanudara su trabajo, ya que hay muchos problemas pendientes. Por ejemplo, por medio de un proyecto de acuerdo se ampliaron sus facultades y se la autorizó para constituirse en Comisión Especial con el objeto de que estudiara la situación de la unidad vecinal Portales. Esto fue a principios del año pasado y, hasta el momento, no se ha terminado este trabajo, ni se ha podido establecer de quién es la responsabilidad y en qué situación van a quedar los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que adquirieron estas casas.

Posteriormente, a principios de septiembre del año pasado, dadas nuestras facultades fiscalizadoras, recibimos un reclamo de la nueva población Villa. La Palma, también de empleados particulares. Pedí, y así se aprobó, que se ampliaran las facultades de la Comisión de la Vivienda para estudiar la situación de esta población, que ha sido declarada insalubre por el Servicio Nacional de Salud, lo que ha motivado que la Municipalidad no pueda recibirse de ella y que los compradores no hayan podido conseguir sus títulos de dominio, limitándose sólo a pagar un arriendo.

Como he dicho, nada ha hecho la Comisión en favor de estos pobladores, que han recurrido a nosotros, pues, realmente, se sienten defraudados, ya que no saben si en el Congreso existe o no una Comisión de la Vivienda. Creo que esto es una falta de responsabilidad en un trabajo que debiéramos efectuar metódicamente. Además, este hecho tiene suma importancia para los que pertenecemos al segundo distrito, donde hay tantas poblaciones que se encuentran en situación irregular y que pertenecen principalmente a la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Por otra parte, como estamos viendo, no sólo aquí sino en gran parte del país, esas poblaciones están formadas por casas cuya construcción es de pésima calidad. Los imponentes se sienten realmente estafados, ya que para ellos representa mucho esfuerzo y sacrificio llegar a adquirir esas casas.

Por eso, pido que la Comisión de la Vivienda reanude su trabajo en la forma responsable en que debería hacerlo.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se transcribirán las observaciones de Su Señoría a la Comisión Especial de la Vivienda.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente,, sólo quiero, plantear, en estos dos minutos, un problema que afecta a los inquilinos de la hacienda "Topocalma". Sucede que los inquilinos agrícolas, además de su sueldo en dinero efectivo, también disponen de una porción de tierra y, a veces, de mediería. En este caso específico de la hacienda "Topocalma", los inquilinos disponen de una "ración" de tierra, la que, como es natural, cultivan durante el año. Parte de la producción de esa, "ración" de tierra la destinan para la alimentación de su familia, durante el año; pero otra parte la venden, con el objeto de poder adquirir otros objetos, otras cosas, para comprar las cuales no les alcanza el salario que perciben, que es sumamente bajo. Pero, ¿qué sucede? Esta venta la tienen que hacer a quienes pueden concurrir hasta la hacienda. Más, sucede que la gerencia de este predio agrícola ha instruido a la administración para que la puerta de acceso a la hacienda, que es el único medio que existe para poder llegar hasta el poblado donde están los inquilinos, permanezca cerrada. Y hay prohibición de que la gente entre libremente o pueda llegar hasta las casas de los inquilinos a adquirir la producción de su "ración" de tierra...

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

¿Me permite, Honorable Diputado?

El señor ACEVEDO.-

En relación con lo que acabo de decir, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se envíe un Inspector en visita a dicha hacienda.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.