Labor Parlamentaria

VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Comunicaciones:

- Comunicación de la Comisión de Régimen Interno por la que indica que los diputados señores Gabriel Ascencio, Giovanni Calderón y Orlando Vargas, concurrirán a las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, los días 25 a 28 de agosto en Bogotá, según el Acuerdo Marco de Participación Internacional (238).

2. Nota:

3. Oficios:

- Oficio de la Comisión Investigadora Encargada de Revisar a Fondo el Sistema Educación Superior Chilena, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 90 días su mandato, habida razón de que existen numerosas audiencias pendientes de realización.

- Oficio de la Comisión Investigadora de situación ambiental por efectos del Proyecto Pascua Lama, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 60 días su mandato.

- Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que informa la participación de los diputados señores Enrique Accorsi y Cristián Campos, en las reuniones extraordinarias de las comisiones de Asuntos Económicos y de Medio Ambiente y Turismo, del Parlamento Latinoamericano que se realizarán en Panamá, los días 29 y 30 de agosto próximo, según el Acuerdo Marco de Participación Internacional (239).

Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que comunica su acuerdo de calificar de “misión oficial” la participación del Diputado señor Marco Antonio Nuñez en la Primera Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Montevideo, Uruguay, entre los días 12 y 15 de agosto pasado. (241)

- Oficio de la Presidencia de la Corporación por el que comunica que el diputado señor Frank Sauerbaum reemplazará al diputado señor Alejandro Santana en las reuniones del ParlAmericas que se efectuarán en Costa Rica, entre los días 20 y 24 de agosto próximo, según el Acuerdo Marco de Participación Internacional ( 232)

Respuestas a oficios

Contraloría General de la República:

- Diputado Accorsi, Investigar e informar sobre el manejo de las bases de datos de los usuarios del sistema de salud, con el fin de esclarecer posibles irregularidades en la obtención de la asignación per cápita otorgada por el Estado. (50489 al 11950).

- Diputado Araya , Ordenar se instruya un sumario administrativo en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y en particular en la Sucursal Antofagasta de dicho servicio, con motivo del reclamo presentado por funcionarias de esa sucursal, ante el Director de Fonasa Antofagasta y la Contraloría Regional Antofagasta, por cuanto se les estaría negado el acceso al beneficio económico por concepto de sala cuna, situación que también se estaría produciendo en el resto de las sucursales de ese servicio en el país. (50874 al 4220).

Ministerio de Interior:

- Diputado Chahín , Estado de tramitación de la solicitud de reconocimiento de la calidad de exonerado político del señor César Béjar Órdenes, de la comuna de Vilcún, presentada hace más de 8 años. (17048 al 11700).

Ministerio de Obras Públicas:

- Diputado Pérez don José, Solicita informe sobre el estado actual de la ruta “Camino a Cerro Colorado” en las cercanías de la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío , recientemente asfaltada. (1928 al 9520).

- Diputado Vargas, Realizar un estudio referente a la “obra de defensa y protección de ribera” para la ciudad de Arica, Región de Arica y Parinacota, respecto de la ribera del río San José en el sector urbano de la comuna, e informe de sus resultados a esta Corporación. (1930 al 7476).

- Diputado Baltolú, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a los embalses Livílcar para contener las bajadas del río San José y del embalse de Chironta, para el río Lluta, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota. (1931 al 7167).

- Diputado Chahín, Posibilidad de mejorar con ripio el camino Paillahue, de la comuna de Galvarino, en consideración a que carece de elementos estabilizadores destinados a soportar las inclemencias del invierno. (1932 al 11177).

- Diputado Pérez don José, Evaluar la factibilidad de dar celeridad a la petición efectuada por la Comunidad de Aguas Canal Campo Alegre de la ciudad de Los Ángeles de la Región del Biobío, en relación con la resolución y publicación que crea a dicha agrupación. (1933 al 5090).

- Diputado Pérez don José, Reiterar oficio N°5.090 del pasado 14 de junio, relacionado con la resolución y publicación que crea a la Comunidad de Aguas Canal Campo Alegre de la ciudad de Los Ángeles de la Región del Biobío. (1933 al 5245).

- Diputado Vilches, Remita la información detallada en la intervención adjunta, referida a los antecedentes que obren en su poder respecto de los planes de inversión relacionados con la situación de escasez hídrica en la Región de Atacama, en especial de las comunas de Tierra Amarilla y Copiapó. (1934 al 10636).

- Diputado Hernández, Ordene adoptar las medidas conducentes a agilizar el proyecto de ingeniería de la ruta U-40, de Osorno, Región de Los Lagos, que conecta con su litoral, e informe de sus resultados a esta Corporación. (1935 al 10745).

- Diputado Sabag, Posibilidad de disponer la pavimentación del camino longitudinal, de 7 kilómetros, que va desde el cruce del camino Buli hasta la puerta norte de San Carlos, conocido como “camino antiguo”, en beneficio de los habitantes del sector Gaona, que lo utilizan diariamente. (1936 al 10895).

- Diputado Sabag, Existencia de un proyecto para dotar de pavimentación con doble tratamiento asfáltico al camino que une la localidad de Monte León con la Ruta N-50, en la Región del Biobío. (1937 al 11019).

- Diputado Pérez don José, Solicita informe sobre la construcción de la pasarela que atraviesa la Ruta 5 Sur en el sector “Los Guanacos” de la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío; en particular, el estado de avance de las obras, los motivos de la paralización de la construcción y la fecha estimativa para su conclusión. (1939 al 10800).

- Diputado Sabag, Solicita gestionar la habilitación, por parte de la concesionaria de la Ruta del Itata, que une Chillán y Concepción, de una “línea 800” gratuita, para emergencias; y, además, en la misma carretera, la implementación de vías expeditas para el retorno de vehículos de emergencia. (1940 al 4621).

- Diputado Baltolú, Solicita información sobre el estado de avance, montos que se invirtieron y plazos de entrega del proyecto del puente en el kilometro 6 del Valle de Azapa y de los proyectos de su competencia que se contemplan para el año 2013 en la Región de Arica y Parinacota (1941 al 9239).

- Diputado Chahín , Informe sobre factibilidad de mejoramiento de iluminación de pasarela y paradero del sector El Descanso, ubicado en el kilómetro 618,400 de la ruta 5 sur. (1942 al 8562).

Ministerio de Agricultura:

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita remita un informe referido a la pérdidas experimentadas por agricultores de la Región de O'Higgins, en razón de los inconvenientes que presentaron las semillas adquiridas a la empresa Europlant S.A. (635 al 12027).

- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informe sobre los fundamentos de la autorización otorgada por el servicio, para la caza de especies protegidas; particularmente, las especies a las cuales se refiere dicha resolución y la cantidad de animales que a la fecha han sido objeto de aniquilación por esta medida. (639 al 11624).

- Diputado Saffirio, Solicita informe sobre la norma legal en base a la cual el Servicio Agrícola Ganadero autorizó la caza de especies protegidas y en peligro de extinción en nuestro país. (639 al 11625).

Ministerio de Bienes Nacionales:

- Diputada Isasi doña Marta, Informe sobre el estado actual del terreno ubicado en la parcela 22 de la calle Santa Rosa de Molle de la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, plano N° I-2-5060-C.R. Lote 1. (436 al 11612).

Ministerio de Trabajo y Previsión Social:

- Diputado Monsalve , Solicita tenga a bien estudiar y disponer las medidas que sean procedentes, respecto de la situación que aqueja a doña Irene Lagos Reyes, detallada en la petición adjunta e informar sobre el particular a esta Corporación. (239 al 10446).

Ministerio de Salud:

- Diputado Carmona, Fundamentos del descuento por concepto de cotización legal de salud, en la liquidación de pensión mensual del señor Guillermo Enrique Sierra, vecino de la ciudad de Copiapó. (16440 al 11355).

- Diputado Espinosa don Marcos, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a doña Vilma Pereira, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (2598 al 5126).

- Diputado Sabag, Situación que afecta a la señora Estela Romero Torres, de la comuna de Coelemu, quien sufre de miomatosis uterina y se encuentra en espera por más de una año para ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Tomé y adoptar las medidas que correspondan para agilizar su tratamiento. (2599 al 11834).

- Diputado Jarpa, Evaluar la factibilidad de ejecutar un proyecto de ampliación en el Hospital de Yungay de la Región del Biobío, con el fin de incluir dentro este recinto hospitalario un centro de diálisis que permita a los pacientes efectuar el tratamiento en su misma comuna. (2600 al 5154).

- Diputada Sabat doña Marcela, Informe sobre las políticas implementadas por su cartera, en relación con el lavado de camiones de basura; como asimismo, evaluar la factibilidad de establecer una regulación sectorial que sancione a municipios y empresas que no tomen las medidas sanitarias pertinentes. (2658 al 11340).

- Diputado Silber, Informe sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la alta concentración de arsénico presente en el agua potable que abastece a la localidad de Valle Grande de la comuna de Lampa, Región Metropolitana. (2659 al 11402).

- Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre los procedimientos realizados en cada uno de ellos, con el fin de esclarecer posibles negligencias y adoptar las medidas administrativas correspondientes. (2662 al 11533).

- Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la existencia de un sumario interno que determine las causas del fallecimiento de doña María José Aguilera Romero luego de su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Gustavo Fricke el pasado 25 de mayo. (2664 al 11868).

- Diputado Marinovic, Evaluar la factibilidad de gestionar la reapertura de la farmacia del Hospital Dr. Marcos Chamorro, con el fin de facilitar el acceso a medicamentos para los habitantes de bajos recursos y adultos mayores del sector. (2665 al 5121).

- Diputado Araya , Instruir un sumario interno en el Hospital Regional de Antofagasta , con el fin de esclarecer la existencia de una posible negligencia médica en la atención prestada a don Juan Muñoz Castro, informando sobre sus resultados. (2666 al 11919).

- Diputado Chahín , Solicita informe sobre cada una de las materias señaladas en la intervención adjunta, referidas a la gestión y funcionamiento del Hospital de Victoria, de la Región de La Araucanía. (2667 al 12020).

- Diputado Rojas, Solicita informe sobre el estado actual de la construcción del Hospital de la comuna de Calama, Región de Antofagasta e indique las gestiones que ha implementado la cartera a su cargo para finalizar el referido proyecto. (2668 al 12073).

- Diputado Hernández, Informar sobre las medidas adoptadas por el servicio a su cargo para solucionar la escasez de médicos en regiones alejadas y de bajos recursos del país, especialmente, en la Región de Los Lagos. (2731 al 12085).

- Diputado Accorsi, Remita antecedentes sobre las cifras correspondientes al ingreso y número de días cama ocupados durante el año 2012 por pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas, insuficiencia cardiaca o crisis hipertensiva, que derivaron en infartos al miocardio y/o accidentes vasculares encefálicos, en el sistema de salud público y privado. (2732 al 11353).

- Diputado Ojeda, Gravedad de la contaminación que afecta a la ciudad de Osorno y acerca de la posibilidad de integrarse al trabajo de eliminación y supresión de la polución que la afecta. (2733 al 11823).

- Proyecto de Acuerdo 756, “Solicita al Ministerio de Salud un estudio sobre la situación de cesáreas en el país.” (2663).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Diputado Monsalve , Postulación de la señora Victoria Silva Navarrete, de la comuna de Curanilahue, al subsidio habitacional; y, en atención a sus especiales necesidades, considere otorgarle prioridad. (497 al 11295).

Ministerio Medio Ambiente:

- Diputado Walker, Solicita informe sobre las medidas que se dispondrán en relación con el eventual derrame de sustancias contaminantes provenientes del buque “Don Humberto” encallado en la Bahía de Coquimbo. (1943 al 11794).

- Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre el estado de avance de los procesos de regularización señalados en la solicitud adjunta, correspondientes a la propiedad Rol 9035-30 ubicada en Parcela 18 de San Antonio de las Bodegas con Calle Bellavista, comuna de San Antonio. (437 al 11793).

Intendencias:

- Diputado Vallespín , Requiere se informe sobre la entrega en concesión, por vía de trato directo, suscrito el 30 de junio del año 2011, entre la Corporación Nacional Forestal y Servicios Marítimos y Turísticos Cabo de Hornos S.A. , por veinticinco años, renovable por otros diez, del acceso al Cabo de Hornos. (175 al 9663).

- Diputado Vallespín , Por su intermedio, a la Corporación Nacional Forestal, para reiterar la petición contenida en el oficio N° 9.661 del pasado 4 de enero de 2013 y en definitiva, el referido servicio informe sobre la concesión entregada vía trato directo, a la empresa de Servicios Marítimos y Turísticos Cabo de Hornos S.A. (175 al 11800).

- Diputado De Urresti , Construcción de un cuartel de bomberos para la 5ª. Compañía de Bomberos del sector Angachilla de la comuna de Valdivia. (1940 al 12104).

- Diputado Carmona, Gestión del alcalde de Copiapó como sostenedor de educación municipal, disponiendo una auditoría y fiscalización integral. (2938 al 12079).

- Diputada Molina doña Andrea, Interrogantes que plantea relativas al proyecto de la empresa Codelco denominado “Terminal de Ácido Sulfúrico para San Antonio, Tassa”, que se emplazará en la zona portuaria. (76 al 11879).

Servicios:

- Diputado Carmona, Disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a doña Javiera Daneris Daneris, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (1 al 5199).

- Diputada Isasi doña Marta, Informar sobre la situación descrita en la solicitud adjunta, en relación con las limitaciones de la cobertura que otorga el servicio a su cargo en el caso de embarazos múltiples. (11670 al 12131).

- Diputado Verdugo, Remitir antecedentes sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones. (19393 al 12189).

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informar sobre las razones por las cuales fue denegada la pensión de sobrevivencia a doña Gloria Molina Corvalán, individualizada en la solicitud adjunta. (19436 al 11092).

- Diputado Godoy, Informar sobre el estado de las matrices que alimentan de agua potable a la ciudad de Valparaíso, con el fin de efectuar a la brevedad las obras de reparación que correspondan. (2721 al 12140).

- Diputado Carmona, Informar sobre la situación que afecta a doña Julieta Oyarce Reyes, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (515 al 12117).

Municipalidades:

- Diputado Baltolú, Solicita informe y remita antecedentes en relación con las irregularidades descritas en la intervención adjunta y que afectan al Programa de Desarrollo Local, Prodesal, en la Región de Arica y Parinacota. (560 al 11689).

VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

III. ACTAS

El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 55ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

-o-

-o-

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Investigadora de la situación ambiental por efectos del proyecto Pascua Lama para prorrogar en sesenta días su mandato, a contar del vencimiento de su plazo, es decir, el 26 de septiembre.

Informo a los señores diputados que la Comisión no ha solicitado prórrogas con anterioridad.

¿Habría acuerdo?

Tiene la palabra el diputado señor Farías.

El señor FARÍAS.- Señor Presidente , me da la impresión de que si no hubo quorum en la votación anterior no es posible seguir sesionando.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , el diputado señor Farías me solicitó primero la palabra. A continuación se la daré a usted.

Tiene la palabra el diputado señor Farías.

El señor FARÍAS.- Señor Presidente , en primer lugar, entiendo que si hay más de cuarenta diputados en la Sala, todos deberían votar, pues es su obligación hacerlo. Reitero, es obligación votar a favor, en contra o abstenerse, pero uno no puede no votar. Por lo tanto, debe-ría sancionarse a aquellos que no votan.

En segundo término, si no existe quorum para votar, se debe levantar la sesión. En caso contrario, si hay suficientes diputados en la Sala, habría que repetir la primera votación.

Señor Presidente, por favor, no pase a llevar el Reglamento.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Diputado señor Farías, le contestaré luego de escuchar al diputado Latorre.

Tiene la palabra su señoría.

El señor LATORRE.- Señor Presidente , entiendo que, de acuerdo al Reglamento, si a usted le consta que existe quorum en la Sala, debe instar a los señores diputados a votar. Sin embargo, su señoría no ha hecho eso respecto de quienes, por razones obvias, prefirieron no votar.

Por otra parte, tengo entendido que respecto de las materias cuyas votaciones no alcanzaron el quorum requerido, es posible pedir nuevamente un pronunciamiento de la Sala mañana. No existe una decisión definitiva sobre el particular mientras la Sala pueda volver a sancionar.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Diputados señores Farías y Latorre, la Mesa aplicó rigurosamente el Reglamento, ya que antes de que el tablero electrónico arrojara el resultado de la votación, en ambas oportunidades llamé a todos los diputados a votar. Yo cumplo con mi obligación reglamentaria haciéndolo de esa forma. Es la tradición; siempre se ha procedido de esa manera. El diputado señor Latorre ha formado parte de la Mesa y sabe cómo funciona eso.

Respecto del segundo planteamiento, hace pocas semanas tuvimos una discusión en torno a un asunto parecido, pero mucho más complejo.

Insisto en que tradicionalmente hemos aplicado el mismo procedimiento. Yo no puedo obligar a los parlamentarios a votar. Por supuesto, cada uno de ustedes tiene la libertad de llevar a la Comisión de Ética a un diputado que esté en la Sala, pero no concurra a votar.

Esa es la respuesta, señores diputados.

El señor LATORRE.- ¿Y el segundo punto, señor Presidente?

El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado señor Accorsi, tiene la palabra.

El señor LATORRE.- ¿Y el segundo punto, señor Presidente?

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Perdón, diputado señor Latorre, pero le di la palabra al diputado señor Accorsi. Si es necesario, volveré a darle la palabra a usted.

El señor ACCORSI.- Señor Presidente , mañana pediré oficialmente que se recabe de nuevo el asentimiento de la Sala respecto de la prórroga del plazo otorgado a la Comisión Investigadora sobre el proyecto Pascua Lama.

Nosotros acabamos de estar en terreno. Por eso, creo que hay que reconsiderar el punto. La ciudadanía presentó más de cuarenta solicitudes, y realmente hicimos un buen trabajo con todo el equipo de Pascua Lama.

Entonces, creo que la Sala debe volver a pronunciarse sobre nuestra petición. No podemos dejar inconclusa una investigación tan importante.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Diputado señor Accorsi, usted y la Comisión tienen todo el derecho a solicitar nuevamente el pronunciamiento de la Sala sobre el punto. Le hago presente que a la Comisión todavía le queda un mes de plazo para cumplir su cometido.

Diputado señor Latorre, ¿usted me pidió la palabra?

El señor LATORRE.- Señor Presidente , la respuesta está implícita en lo que usted acaba de decir, en el sentido de que podemos volver a pronunciarnos mañana. Sería el colmo que la Cámara dejara sin funcionar a la Comisión Investigadora sobre el sistema de educación superior en Chile. Sería casi ridículo.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Perfecto.

Perdón, me había solicitado la palabra el diputado señor Díaz.

Tiene la palabra su señoría.

El señor DÍAZ.- Hace rato, señor Presidente . Pero no se preocupe, sé que le cuesta mirar hacia la izquierda.

Quiero hacer presente dos cosas.

En primer lugar, tengo el recuerdo -no encuentro la norma reglamentaria respectiva- de que solo el Presidente puede excusarse de emitir su voto.

El Secretario asiente. Por lo tanto, aquí hubo diputados que no cumplieron con su deber, y usted, señor Presidente , debió instarlos a cumplir con lo que señala el Reglamento y haber sometido nuevamente a votación ambas peticiones.

La disyuntiva es, o tenemos cuarenta diputados en la Sala o no tenemos quorum para sesionar. El Reglamento no rige para un criterio sí y para el otro no, sino que es claro y categórico: para poder sesionar debe haber a lo menos cuarenta diputados presentes en la Sala. De esos diputados, solo uno puede excusarse de emitir su voto: el Presidente de la Corporación; los demás están obligados a votar. Aquí hubo diputados que no cumplieron con esa obligación.

Por lo expuesto, señor Presidente , le pido que aplique el Reglamento, y una de dos: o repite las votaciones e insta a que todos los diputados cumplan el Reglamento -los que no lo hagan tendrán que someterse a lo que ello significa en términos reglamentarios-, o levanta la sesión.

En segundo término, paremos la chacota, señor Presidente . Estas sesiones de los lunes se acordaron precisamente para liberar a los diputados de la obligación de venir acá en octubre. Sin embargo, resulta que no estamos viniendo ni siquiera los días lunes, con lo cual nosotros mismos estamos exponiéndonos al repudio ciudadano.

Aquí hay dos comisiones investigadoras relevantes -una estudia el lucro en la educación superior y la otra es sobre Pascua Lama- que no pudieron prorrogar su mandato por dos razones: porque en esta Sala no hay cuarenta diputados presentes para votar -el señor Presidente dice lo contrario- o porque existen diputados que no cumplen con su mínima obligación, cual es votar a favor, en contra o abstenerse.

Por último, sin perjuicio de entender su difícil posición, señor Presidente , le pido que tome la decisión reglamentaria de someter nuevamente a votación las solicitudes de prórroga, o bien de levantar la presente sesión, porque estamos haciendo el ridículo ante el país.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , no voy a levantar la sesión, porque hay más de cuarenta diputados presentes en la Sala. Tampoco voy a repetir las votaciones, porque ya hice lo que reglamentariamente me correspondía.

Su señoría invocó el asentimiento del Secretario en una cuestión de Reglamento, y yo también lo voy a invocar. El señor Secretario me señala que esta es la tradición en la materia, y que así ha sido siempre.

En consecuencia, quienes se sientan perjudicados porque algún diputado no emitió su voto, pueden recurrir a la Comisión de Ética.

Diputada señora Denise Pascal, tiene la palabra.

La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, siento mucho tener que desdecirlo.

El Reglamento es bien claro en esta materia. Dice que cuando se llama a una votación y no hay quorum, se debe repetir la votación. Si nuevamente no hubiere quorum en esa votación, debería tocarse el timbre para llamar a los diputados a que asistan a la Sala a votar.

Ello lo señala el Reglamento en la parte “DE LAS VOTACIONES”.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que cumpla nuestro propio Reglamento.

El señor DÍAZ.- ¡Eso se ha hecho! ¡Se ha hecho varias veces!

La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , lamento decirle que no está cumpliendo con el Reglamento.

Reitero, aquí dice eso clarito.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Está bien, señora diputada.

La señora PASCAL (doña Denise).- Y se ha hecho varias veces así.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Esa disposición que usted está invocando no es aplicable a este caso. El procedimiento que estamos utilizando ahora es el que se ha usado siempre en ocasiones de este tipo.

En consecuencia, le reitero que…

La señora PASCAL (doña Denise).- Quiere decir que siempre se ha hecho mal.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- ¿Perdón, qué dice?

La señora PASCAL (doña Denise).- Quiere decir que siempre se ha hecho mal. Porque en el Reglamento se establece claramente que si no se cumple…

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Bueno. No sé. Si vamos a innovar, lo discutiremos más. Pero yo le…

La señora PASCAL (doña Denise).- No estamos innovando al respecto, puesto que nuestro Reglamento lo establece con claridad.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señora diputada , le quiero decir con todo respeto que entrego la opinión de la Mesa, la cual se basa en la consideración del señor Secretario y en la tradición respecto de la forma en que se ha comportado la Mesa de la Corporación en situaciones como esta.

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías, a quien le ruego que sea breve, porque debemos entrar al debate de los proyectos de ley consignados en la Tabla de la presente sesión.

El señor FARÍAS.- Señor Presidente , me pregunto cómo es posible que comencemos el tratamiento de los proyectos incluidos en la Tabla en circunstancias de que no hay quorum para votar, situación que me parece muy extraña.

La diputada señora Hoffmann no solo no dio la unanimidad que se requería para aprobar la solicitud de la Comisión Encargada de Revisar a fondo el Sistema de Educación Superior Chilena a fin de prorrogar su mandato, sino que tampoco votó. De manera que más allá de si un diputado quiere o no votar, aquí ha habido obstruccionismo por parte de la Derecha para no hacerlo.

Por lo tanto, pido que se aplique el Reglamento de la Corporación, tal como lo planteó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , vamos a dar por zanjado el debate, porque ya he dado respuesta a todos los diputados que han intervenido, sin perjuicio de lo cual su señoría -si así lo desea- está en todo el derecho de recurrir a la Comisión de Ética y Transparencia.

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.- Señor Presidente , llevamos más de 20 minutos debatiendo un tema que hemos discutido en todas las ocasiones en que se ha producido una situación similar.

Si se quiere cambiar el procedimiento se debe modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, porque este siempre se ha usado de la misma forma. No se puede proceder de un modo distinto ahora.

Pido que nos aboquemos a analizar los proyectos incluidos en el Orden del Día y que mañana nos pronunciemos nuevamente respecto de las solicitudes de prórroga de funcionamiento de comisiones, las que hoy votamos a favor, tal como lo volveremos a hacer mañana, ocasión en que volverán a ser aprobadas.

En consecuencia, creo no hay drama alguno respecto de lo que ha ocurrido, ya que -reitero- mañana se aprobará la prórroga del mandato solicitado por las Comisiones investigadoras del proyecto Pascua Lama y del Educación Superior Chilena.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , en verdad resulta penoso cuando, al voleo, se hace referencia a la Derecha. Al respecto, lo primero que debería hacer el diputado señor Farías es ver cómo votó cada diputado las solicitudes de las Comisiones investigadoras contenidas en la Cuenta, y, segundo, debería considerar que cada uno vota como quiere.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Está bien, señor diputado.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , le ruego que me deje terminar, porque nos dejamos atropellar cada vez que se produce una situación como la ocurrida hoy y al final se forma una tole tole tremenda.

Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al diputado señor Farías que voté a favor la solicitud de creación de ambas Comisiones investigadoras que han solicitado la prórroga de su mandato, a pesar de que no soy de Derecha, sino de ultraderecha, para que quede clarito.

En consecuencia, se deben decir las cosas por su nombre.

VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8232-14)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

8233-14

Modifica el Código de Aguas, en lo relativo a derechos de aprovechamiento de aguas a comunidades campesinas para sistemas de agua potable rural.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 7829-13)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

7829-13

Crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8270-08)

“Honorable Cámara de Diputados:

Mediante oficio Nº 10.870, de 14 de agosto de 2013, V.E. comunicó que el H. Congreso Nacional tuvo a bien aprobar el proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, correspondiente al boletín Nº8270-08.

Sobre el particular, vengo en informar a V.E. que, en uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, vengo en formular observaciones al proyecto del rubro.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , tiene por objeto modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, que contiene la Ley General de Servicios Eléctricos, específicamente en lo referente al procedimiento aplicable al otorgamiento de las concesiones que en dicho texto se regulan, para agilizar su tramitación.

En términos generales, su objetivo principal es adecuar y actualizar la Ley General de Servicios Eléctricos que data del año 1982 en consideración a que el actual procedimiento concesionario ha quedado obsoleto frente al nuevo escenario regulatorio, con las demandas de mayor seguridad de suministro y con la entrada de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) que el país y nuestro Gobierno quiere impulsar. Ello porque en los últimos años hemos podido apreciar un retraso significativo y cada vez más recurrente en la obtención de los permisos, autorizaciones o actuaciones administrativas requeridas para desarrollar cualquier infraestructura energética eléctrica, sea ésta una central de generación hidráulica o líneas para la transmisión o distribución de la energía generada. Paradójicamente, de entre estos permisos o autorizaciones, que son de la más diversa índole e involucran competencias de numerosos órganos de la Administración del Estado -ya sea centralizada o descentralizada-, es la propia concesión eléctrica uno de los instrumentos cuya operatoria ha reflejado problemas que requieren mayor urgencia en su solución.

En síntesis, las deficiencias del actual procedimiento concesional han provocado mayor incertidumbre en inversionistas, mayores plazos y costos de desarrollo de cada uno de los proyectos, lo que finalmente deriva en un mayor costo de la energía y menor seguridad del servicio.

Por ello las modificaciones que incluye el proyecto de ley apuntan principalmente a lo siguiente:

i. Simplificar el proceso de concesión provisional, de manera que sus requisitos sean más acordes con los fines y características de la misma, haciéndola así más atractiva para que los inversionistas desarrollen sus proyectos, de manera de subsanar su actual subutilización. Esto redundará en considerables eficiencias para el sistema en su conjunto, ya que, en el caso de licitaciones para construcción y operación de líneas del sistema troncal, es esperable que las propuestas se hagan con estudios previos, evitando el actual traspaso al usuario final de las incertidumbres asociadas en la forma de un sobrecosto adicionado al valor de inversión ofertado.

ii. Realiza una adecuación general de los plazos en el proceso concesional administrativo, que involucran a todas las partes concernidas, esto es, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“Superintendencia”), el solicitante y los posibles afectados.

iii. Se mejora el proceso de notificaciones a los afectados de los planos que contienen las servidumbres eléctricas, reduciéndose los medios de notificación de cinco a dos: notificaciones notariales y judiciales, dado que en la práctica estos medios de notificación han evidenciado ser los más eficaces y expeditos. Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de notificar por avisos en caso que se acredite haber agotado las otras vías de notificación.

iv. El proyecto de ley establece también procedimientos judiciales sumarios para todo tipo de reclamos no contemplados en la Ley General de Servicios Eléctricos, para así darle adecuada celeridad al proceso concesional.

v. Se introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión sólo con el propósito de obtener el título de concesionario, para que proyectos de grandes longitudes, como aquellos que usualmente componen las licitaciones troncales, puedan dividirse sólo para efectos de la tramitación concesional, no operando tal división para efectos de la tramitación ambiental.

vi. Se modifica, además, el procedimiento de tasación de los inmuebles, creándose una “Comisión Tasadora”, con requisitos más exigentes para poder conformarlas, la que, mediante cambios precisos, estará dotada de mejores herramientas para desarrollar su función en beneficio de todas las partes involucradas.

vii. Finalmente, se establece como mecanismo de solución de conflictos entre diferentes tipos de concesionarios, un procedimiento arbitral forzoso, con el fin de no entorpecer el desarrollo armónico y oportuno de nuestra matriz eléctrica.

II. EL PROYECTO DE LEY DESPACHADO POR EL H. CONGRESO NACIONAL

Durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley, tanto en su primer y segundo trámite constitucional, se presentaron diversas indicaciones, las cuales generaron un amplio consenso en ambas Cámaras, salvo aquellas que intentaron abordar materias relativas a la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y consagrar expresamente en la ley el cumplimiento a la normativa sobre áreas silvestres protegidas.

Durante la tramitación, estas materias fueron objeto de un amplio debate y derivaron finalmente en la presentación de nuevas indicaciones que resultaron aprobadas por el Senado. Posteriormente, en el tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó entre otras materias, las modificaciones introducidas por el Senado sobre la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el cumplimiento de la normativa sobre áreas silvestres protegidas.

Por consiguiente, se constituyó al efecto una Comisión Mixta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.

En esta instancia, nuevamente el foco de las discrepancias estuvo centrado en las dos materias objeto de la presente observación, proponiéndose finalmente por seis votos a cuatro, mantener la redacción aprobada por el H. Senado. Cabe agregar que las restantes materias sometidas a conocimiento de la Comisión Mixta, contaron con un alto grado de consenso.

Sometido el informe de la Comisión Mixta a la ratificación en la Sala de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 13 de agosto de 2013, se advirtió que las materias relativas a la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el cumplimiento a la normativa sobre áreas silvestres protegidas, nuevamente no generaban amplios niveles de consenso dificultando la aprobación del resto de las materias objeto del informe. En atención a lo anterior y a la necesidad imperiosa de que nuestro país cuente con una política energética que asegure un desarrollo seguro y sustentable en el tiempo, se suscribió un acuerdo político entre el Ejecutivo representado por los Ministros de Energía y Secretaría General de la Presidencia, con los Jefes de Bancada del Partido Radical, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Partido Renovación Nacional y Partido Unión Demócrata Independiente, en el que se estableció que los parlamentarios comprometían votar favorablemente la propuesta efectuada por la Comisión Mixta, y por su parte, el Ejecutivo se comprometía a presentar un veto supresivo sobre las materias referidas anteriormente. Luego de la suscripción del acuerdo antedicho, la Cámara ratificó por amplia mayoría el informe de la Comisión Mixta.

Finalmente, el H. Senado, en sesión celebrada el mismo día 13 de agosto de 2013, aprobó también el señalado informe.

Por tanto, y en uso de la facultad que me confiere el inciso primero, del artículo 73, de la Constitución Política de la República, y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por este acto vengo a formular la siguiente observación al proyecto del rubro:

AL ARTÍCULO ÚNICO

-Para suprimir el segundo y catorceavo numeral.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; JORGE BUNSTER BETTELEY, Ministro de Energía ; PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia ”.

4. Oficio del Senado. (boletín N° 9037-05)

“Valparaíso, 14 de agosto de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la dificultad suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, correspondiente al Boletín N° 9.037-05.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.871, de 14 de agosto de 2013.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.

5. Oficio del Senado. (boletín N° 8289-15)

“Valparaíso, 14 de agosto de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR), correspondiente al Boletín Nº 8.289-15, con las siguientes enmiendas:

Artículo único

Ha pasado a ser artículo 1°, con las siguientes enmiendas:

Número 2)

Letra a)

Ha modificado el literal b) que propone, de la siguiente manera:

-Ha eliminado la frase “y también en las zonas que cuenten con servicios de taxis colectivos”.

-Ha reemplazado las palabras “prestadores de servicios”, por “responsables del servicio”.

Número 3)

Letra a)

Ha modificado el inciso primero del artículo 4° que contiene, en los siguientes términos:

-En su encabezamiento, ha suprimido las palabras “y respecto de”, y ha sustituido la frase “la transferencia de éste se realizará de acuerdo a las normas que se expresan a continuación”, por la siguiente: “lo percibirán de acuerdo a las normas que se expresan en el presente artículo”.

-En su numeral iii), ha sustituido la frase inicial “Igualmente tendrán derecho al subsidio las”, por el vocablo “Las”.

Número 4)

-Ha intercalado, en el inciso primero del artículo 5° que propone, a continuación de la expresión “subsidio al transporte escolar;”, la siguiente frase: “un subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país;”.

-o-

-Ha incorporado el siguiente inciso final, nuevo:

“En el Programa de Apoyo al Transporte Regional quedan excluidas todas las actividades de publicidad o difusión por medios de comunicación masivos, en los términos previstos en el artículo 3° de la ley N° 19.896.”.

-o-

Ha contemplado, como números 5) y 6), nuevos, los siguientes:

“5) En el artículo 6°:

a) Intercálase, en el inciso segundo, a continuación de los términos “contratos señalados,”, la siguiente frase: “capacidad de oferta, mediciones de demanda, tiempos promedio de espera y de viaje, multas y descuentos ejecutados, accidentes, interrupciones relevantes de servicio,”.

b) Incorpórase el siguiente inciso tercero:

“Los Ministerios de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones deberán realizar anualmente evaluaciones selectivas especializadas de algunos de los distintos programas e iniciativas relacionadas con Subsidios al Transporte Público. Toda evaluación, ya sea mediante encuestas, aplicación de indicadores o estudios especializados, tendrá carácter público.”.

6) Agrégase, en el artículo 7º, el siguiente inciso segundo:

“Del mismo modo, cualquier convenio o contrato suscrito al amparo de esta ley, cuya validez o duración sea superior a tres años, contados desde su suscripción, deberá contar con la visación previa del Ministro de Hacienda .”.”.

-o-

Número 5)

Ha pasado a ser número 7), sin enmiendas.

Número 6)

Ha pasado a ser número 8), modificándose su letra a) como sigue:

-Ha antepuesto una coma (,) a la frase “de forma de no incrementar la diferencia entre costos e ingresos del sistema.”.

Número 7)

Ha pasado a ser número 9), sin enmiendas.

Número 8)

Ha pasado a ser número 10), modificándose el artículo 20 que propone, del modo que sigue:

Inciso primero

-En su primera oración, ha intercalado, a continuación de la expresión “Vivienda y Urbanismo,”, la conjunción “y”.

-En su segunda oración, ha sustituido el vocablo inicial “Este” por “Cada”.

-En su tercera oración, ha reemplazado la palabra “plan”, por lo siguiente: “Plan y el organismo responsable de su mantención o conservación”.

Inciso segundo

-Ha intercalado, a continuación de “paraderos,” la expresión “terminales,”.

Inciso tercero

-Ha sustituido la locución “del referido”, por “de cada”.

Número 9)

Ha pasado a ser número 11), reemplazándose la oración final del artículo 21 que contiene, por la siguiente: “La conservación de estas obras corresponderá a los organismos competentes, de conformidad con las reglas generales.”.

-o-

Ha intercalado un número 12), nuevo, del tenor que sigue:

“12) Incorpórase el siguiente artículo 21 bis:

“Artículo 21 bis.- Respecto de las obras relacionadas con transporte público que se realicen total o parcialmente en predios municipales o privados, se exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que tales obras se ejecuten. La prohibición deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de diez años. En casos calificados y mediante resolución fundada, el Ministerio ejecutor de la obra podrá autorizar el alzamiento de la prohibición de que trata este artículo, siempre que se mantenga la utilización del inmueble para fines de transporte público por el tiempo señalado. Igualmente, el Ministerio podrá exigir que se restablezca la prohibición por el tiempo que corresponda.

Con todo, la prohibición podrá alzarse si se reintegran los recursos aportados, expresados en unidades tributarias mensuales, más un interés del 1% mensual. Esta tasa de interés se calculará sobre los valores percibidos y hasta el momento de su reintegro. Al valor a reintegrar se le deducirá la parte correspondiente a la proporción de tiempo que el predio estuvo destinado efectivamente a los fines de transporte público, a razón de un décimo por año, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo de la obra.”.”.

-o-

Número 11)

Ha pasado a ser número 14), modificándose el artículo tercero transitorio que propone, del modo que sigue:

-Ha suprimido, en el inciso segundo, la frase “, una vez publicada en el Diario Oficial”.

-Ha intercalado, en el inciso tercero, a continuación de la expresión “respectivo año”, la frase final “, y tendrá carácter público”.

Número 12)

Ha pasado a ser número 15), con las siguientes enmiendas al artículo cuarto transitorio que contiene:

Inciso segundo

Ha intercalado, en su segunda oración, a continuación de “sectoriales y”, las palabras “las de”, y después de “regionales;”, la conjunción “y”.

Inciso tercero

Numeral 1

Letra a)

-Ha intercalado, en su segunda oración, a continuación de la palabra “usados”, una coma (,).

-Ha sustituido, en su cuarta oración, la frase “el procedimiento, los buses, taxibuses, minibuses y trolebuses que quedarán incluidos en el programa, y los requisitos que deben cumplir;”, por la siguiente: “el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir los buses, taxibuses, minibuses y trolebuses que quedarán incluidos en el programa;”.

-Ha incorporado las siguientes oraciones finales: “Los vehículos beneficiados con los programas a que se refiere este literal deberán prestar servicios de transporte público de pasajeros por, al menos, 48 meses contados desde el otorgamiento del beneficio. El incumplimiento de esta exigencia, salvo en los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito, obligará al beneficiario a restituir la suma percibida, reajustada de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o la entidad que lo reemplace, entre el mes anterior a aquél en que se percibió y el que antecede a su restitución. La devolución deberá materializarse dentro de un plazo de 60 días hábiles contado desde que haya quedado establecido el precitado incumplimiento por la Subsecretaría de Transportes.”.

Letra c)

Ha eliminado la palabra “gran”.

Inciso final

Ha contemplado con mayúscula inicial la palabra “fondo”, y ha sustituido la frase “los recursos que formen parte se traspasarán al”, por “serán traspasados a la Partida”.

Número 13)

Ha pasado a ser número 16), sin enmiendas.

-o-

-Ha incorporado los siguientes artículos 2° y 3°, nuevos:

“Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.696, que modifica el artículo 6° de la ley N° 18.502, que autoriza la importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros:

a) Modifícase el artículo 3º del modo que sigue:

i) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113 del decreto con fuerza de ley N° 1, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de tránsito, podrá, en los casos de congestión de las vías, de deterioro del medio ambiente o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos producto de la circulación vehicular, disponer el uso de las vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública, para el funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros. Asimismo, en caso de requerir un ordenamiento y,o mejora en la calidad de los servicios de transporte público de pasajeros, o bien incorporar el efecto de subsidios u otros beneficios en las tarifas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá disponer, en determinadas zonas urbanas y,o rurales donde no se encuentre vigente una concesión de uso de vías, el establecimiento de un perímetro de exclusión, que consiste en la determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los servicios de transporte público que operen en la respectiva área y por un plazo determinado, el cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, y otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas, estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras. Los perímetros de exclusión serán dispuestos por resolución fundada del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, previo informe técnico del Secretario Regional Ministerial respectivo. Los servicios de transporte que operen en un perímetro de exclusión se sujetarán a las disposiciones de la resolución que disponga su establecimiento y la verificación de su cumplimiento quedará sujeta a lo que se señale en las respectivas resoluciones y a la demás normativa aplicable. La correcta, efectiva y adecuada prestación de los servicios por parte de los prestadores, para estos efectos, será constatada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que, en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones de amonestación por escrito, multa, suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros del servicio o del vehículo respectivo, según lo previsto en la correspondiente resolución o normativa aplicable, sin perjuicio de las demás acciones y sanciones judiciales o administrativas que establezca la ley. El establecimiento de este mecanismo regulatorio no implicará exclusividad en el uso de las vías, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estará facultado para restringir fundadamente el número de servicios y prestadores que operen dentro del respectivo perímetro de exclusión, estableciendo criterios generales y objetivos de prioridad o selección en la correspondiente convocatoria a concurso. Todos los procedimientos, plazos, sanciones, multas y reclamaciones relacionadas con el establecimiento y operación de un perímetro de exclusión se sujetarán, en lo no previsto en este artículo, a las normas de la ley N° 19.880, que establece base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.”.

ii) Reemplázanse los incisos cuarto y quinto, por los siguientes:

“Sin perjuicio de los informes a que se refiere el inciso precedente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, antes de disponer del uso de vías mediante licitación, deberá requerir uno o más estudios elaborados por algún organismo o entidad técnica, pública o privada, reconocidamente especializada en el ámbito de la planificación vial.

El o los estudios deberán pronunciarse, entre otros aspectos, sobre la eficiencia económica y el impacto social esperado en caso de establecerse la licitación de vías respectivas.”.

iii) Incorpórase, en el inciso vigésimo quinto, la siguiente oración final: “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá determinar los estándares técnicos, de operación y de acreditación de los sistemas tecnológicos y de administración financiera que complementen la operación bajo cualquier modalidad de los servicios de locomoción colectiva de pasajeros, como asimismo la obligatoriedad de su uso o de la entrega de datos e información contenida o proveniente de dichos sistemas al referido Ministerio.”.

b) Agréganse, en el inciso segundo del artículo 3° quáter, los siguientes numerales v) y vi):

“v) Experiencia previa y la evaluación e indicadores de desempeño obtenidos en la operación previa o actual de servicios de transporte público.

vi) Ventajas tecnológicas, ambientales o de eficiencia de la flota o de los sistemas de apoyo a la gestión de flota.”.

Artículo 3°.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 19.254, en los siguientes términos:

a) Reemplázase, en el N° Cargos correspondiente al grado 2, “Jefes de División”, de la “PLANTA DE DIRECTIVOS”, el guarismo “3” por “7”.

b) Sustitúyese, en el N° Cargos correspondiente a la expresión “TOTAL”, la segunda vez que aparece, el número “37” por “41”.

c) Reemplázase, en el N° Cargos correspondiente a “TOTAL GENERAL”, el número “156” por “160”.”.

-o-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Ha reemplazado la frase “, con excepción del programa establecido en la letra a) del artículo 4° de la ley N° 20.378, modificado por la presente ley, el que podrá ser prorrogado hasta por tres años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”, por la siguiente oración final: “Con todo, tratándose de los programas aprobados con arreglo a lo establecido en la letra a) del artículo 4° de la ley N° 20.378, derogada por la presente ley, podrán ser prorrogados anualmente hasta el año 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Artículos cuarto y quinto

Los ha sustituido por los siguientes:

“Artículo cuarto.- Durante los tres primeros años de vigencia de la presente ley, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el caso de los perímetros de exclusión que implemente en zonas geográficas distintas a la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, estará facultado para convocar a los responsables de servicios de transporte público remunerado de pasajeros de la respectiva zona, a procesos previos de negociación destinados a modificar las tarifas y,o estándares de servicio, con el objeto de poder incorporar los efectos de los recursos resultantes de aplicar el mecanismo de subsidio en el correspondiente perímetro de exclusión.

Los perímetros de exclusión que se determinen en función del presente artículo tendrán una duración máxima de cinco años, contados desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo apruebe, con posibilidad de prórroga hasta por un máximo de dos años, previo pronunciamiento favorable del Panel de Expertos establecido en el artículo 14 de la ley N° 20.378.

Artículo quinto.- Hasta el año 2022, con cargo a los recursos correspondientes al numeral ii) del artículo 2º de la ley N° 20.378, en los decretos respectivos se podrán incluir recursos para solventar gastos de operación que permitan la contratación, funcionamiento e implementación de equipos técnicos y profesionales en las Secretarías Regionales Ministeriales, para la ejecución de estudios, planificación, y elaboración de otros instrumentos, que permitan un uso eficiente de los subsidios establecidos en la ley.

Los equipos profesionales que de conformidad al inciso anterior se constituyan en las Secretarías Regionales Ministeriales deberán estar operativos en el plazo de tres meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley y tendrán, dentro de sus funciones, la obligación prioritaria de tener disponible para cada una de las regiones del país un plan maestro del transporte público. Dichos planes tendrán que elaborarse a más tardar dentro del plazo de un año contado desde la constitución de los equipos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, dichos planes deberán estar elaborados antes de ocho meses contados desde la misma fecha referida precedentemente.”.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo sexto transitorio, nuevo:

“Artículo sexto.- Otórgase hasta el año 2022, con cargo a los recursos establecidos en el artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.378, un bono “Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE)”, de carácter anual, de hasta tres unidades tributarias mensuales por cada bus, minibus, trolebus y taxibus que preste servicios urbanos o rurales, con inscripción vigente al 1° de marzo de cada año en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros , con excepción de los buses que presten servicios urbanos en la Provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Para efectos de su concesión y otorgamiento, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictarán un reglamento en el que se establecerá el procedimiento y las condiciones para su pago por parte del Servicio de Tesorerías.”.

-o-

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.310, de 7 de agosto de 2012.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.

6. Oficio del Senado. (boletín N° 8576-11)

“Valparaíso, 14 de agosto de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 8576-11:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- El que use o facilite la utilización de hilo curado será sancionado con multa de dos a diez unidades tributarias mensuales.

El que produzca, acopie o comercialice hilo curado será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de diez a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por hilo curado cualquier hilo, ya sea de algodón, plástico, fibra sintética, lino o metal, recubierto por un pegamento unido a un abrasivo, como cristal, vidrio, elemento mineral o polvo metálico de cualquier naturaleza.

Se entenderá por hilo de competencia aquel hilo de algodón de grosor número 24, recubierto por una mezcla de gelatina industrial de origen animal y cuarzo microgranulado entre 0,042 y 0,053 micras.

No estarán afectas a las sanciones del artículo 1° la producción, acopio, comercialización, facilitación y uso de hilo de competencia por personas afiliadas a organizaciones o asociaciones deportivas de volantinismo reconocidas oficialmente, destinado a su empleo en competencias de dicha disciplina deportiva.

Artículo 3°.- La actividad de volantinismo con hilo de competencia sólo podrá ser desarrollada por mayores de edad con inscripción al día en los clubes y asociaciones constituidos conforme a la ley N° 19.712.

Dicha actividad se deberá ejercer en los lugares que determine la autoridad competente, los que deberán tener el equipamiento de primeros auxilios respectivo y estar, a lo menos, a quinientos metros de distancia de cualquier sitio en que la integridad física de las personas pueda resultar expuesta en cualquier forma.

Artículo 4°.- La elaboración del hilo de competencia deberá realizarse por fabricantes registrados, autorizados y sometidos a fiscalización por la autoridad competente.

No se comprenderá en la definición del artículo 2° el hilo de competencia que se utilice por los volantinistas con inscripción al día en los clubes y asociaciones constituidos conforme a la ley N° 19.712.”.

-o-

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.

7. Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley que establece día de la adopción y del que está por nacer. (boletín Nº 7254-07) (S)-2

“Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía viene en informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción del H. Senador Orpis, don Jaime, que declara el 25 de marzo de cada año, como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el día 6 de septiembre próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 6 de agosto, recién pasado.

-o-

La Cámara de Diputados, en su sesión 26ª ordinaria, celebrada el día 14 de mayo de 2013, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante su sesión celebrada el día 7 de agosto del presente año.

-o-

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES.

No existen artículos en tal sentido, atendido a que la Comisión aprobó una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto.

II. DE LOS ARTÍCULOS QUE DEBEN DARSE POR APROBADOS REGLAMENTARIAMENTE, CON INDICACIÓN DE AQUELLOS QUE CONTIENEN NORMAS DE QUORUM ESPECIAL.

No existen artículos en tal sentido.

III. DE LOS ARTÍCULOS QUE EL SENADO O LA COMISIÓN HAYA CALIFICADO COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

No existen normas que revistan el carácter de orgánica constitucional o de quórum calificado.

IV. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

No existen artículos ni indicaciones en tal sentido.

V. ARTÍCULOS MODIFICADOS.

Discusión Particular

Las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Saa, doña María Antonieta y los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Espinoza, don Fidel y Schilling, don Marcelo, formularon indicación para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente:

“Artículo único:- Declárase el 25 de marzo de cada año como el día de la Mujer embarazada y la adopción.”.

El diputado señor Aguiló señaló que tanto mediante el proyecto original, como por la indicación sobre la cual debe recaer pronunciamiento de esta Comisión, se quiere escamotear el tema de fondo, cual es el discutir sobre el aborto.

Asimismo, agrega, después de lo ocurrido en la coalición oficialista, donde la actual candidata propuso un proyecto de ley en virtud del cual, bajo ciertos supuestos, el aborto se justifica, se podría hoy sostener una discusión franca en la materia.

En esa discusión podría haber posiciones discrepantes, pero el debate es necesario y debe ser franco. Así, se evitan eufemismos y caminos elípticos en la verdadera discusión.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 6 votos a favor y uno en contra.

Votaron por la afirmativa la señora Vidal, doña Ximena y los señores Baltolú, don Nino; Espinoza, don Fidel; Estay, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo y Jiménez, don Tucapel.

Votó por la negativa el señor Aguiló, don Sergio.

VI. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No existen normas en tal sentido.

VII. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No existen normas en tal sentido.

VIII. DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL TEXTO APROBADO POR EL SENADO.

El texto aprobado por el H. Senado fue reemplazado, en su integridad, como consecuencia de la aprobación de la indicación sustitutiva señalada en la mención V de este informe.

IX. TEXTO ÍNTEGRO DEL PROYECTO TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único:- Declárase el 25 de marzo de cada año como el día de la Mujer embarazada y la adopción.”.

-o-

Se designó como diputado informante al señor Baltolú, don Nino

Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 2013.

Tratado y acordado según consta en el acta correspondiente a la sesión de 7 de agosto de 2013, con la asistencia de la Diputada señora Vidal, doña Ximena ( Presidenta ) y los Diputados señores Aguiló, don Sergio; Ascencio, don Gabriel; Baltolú, don Nino; Espinoza, don Fidel; Estay, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo; Jiménez, don Tucapel; Monckeberg, don Nicolás y Ojeda, don Sergio.

(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión ”.

8. Informe de la Comisión “Investigadora sobre el Plan Frontera Norte”.En Tabla.

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial Investigadora acerca de la implementación del denominado “Plan Frontera Norte”, pasa a informaros sobre la materia objeto de su competencia.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ORDENÓ SU CREACIÓN.

La Cámara de Diputados, en su sesión 100ª, celebrada el 20 de noviembre de 2012, ante la petición formulada por cuarenta y nueve señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó, por mayoría, “crear una Comisión Especial Investigadora acerca de la implementación del denominado “Plan Frontera Norte”.

En el ejercicio de su cometido, la Comisión deberá analizar las actuaciones y responsabilidades políticas y administrativas de los organismos del gobierno sobre la materia; los objetivos tenidos en cuenta para crear dicho Plan; los programas de compras, incluyendo sus itinerarios y las licitaciones; los montos presupuestarios comprometidos en tales operaciones, tanto los programados como los ejecutados, con los responsables en cada una de las etapas; los estados de avance y las metas cumplidas; las eventuales irregularidades cometidas en el proceso de adquisición de materiales; los motivos de la renuncia de algunas autoridades del Ministerio del Interior vinculadas a la aplicación del referido Plan; los pagos de sobreprecio que, eventualmente, se hubieren efectuado en la compra de material para el control del narcotráfico; el posible cohecho a funcionarios del aludido ministerio; la pérdida de droga en el marco de decomisos policiales o judiciales, y la responsabilidad política y administrativa que podría caberle al Ministerio del Interior en el uso de la fuerza pública para controlar el movimiento social e indígena desde el año 2010.

La Comisión Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a los ciento veinte días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”.

-o-

II. ANTECEDENTES GENERALES.

1. Ideas preliminares.

En octubre de 2012, el Gobierno lanzó el Plan Frontera Norte cuyo objetivo es combatir el crimen organizado en el extremo norte del país . Mediante el plan, se busca la coordinación multisectorial para el fortalecimiento de la frontera marítima y terrestre de la XV, I y II Región.

Como señaló el Ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter, “el objetivo principal es evitar el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de puertos, sectores costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados” . En este sentido agregó que durante este año han sido encontradas más de 7 toneladas de cocaína en barcos provenientes desde Chile en puertos europeos, lo que evidencia que el país se habría convertido “en un nexo entre productores de droga y el destino final”.

El control de la frontera tripartita terrestre en el Norte, cuya extensión asciende a 1.335 kilómetros, y la vigilancia de los espacios marítimos y aéreos, implicará -de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2012- una inversión de $ 33.030.022 millones , que serán materializados entre 2012 y 2014, para lo cual se contemplan tres líneas de acción :

a) Primera línea de acción: Se invertirá en tecnología necesaria para mejorar las capacidades de control, observación y reacción preventiva para un área que abarca desde el límite internacional hasta 10 kilómetros al interior del territorio.

b) Segunda línea de acción: Se proveerá de capacidades que mejoren la movilidad y la reacción para ser utilizadas entre el punto antes identificado y el eje de la Ruta 5 Norte.

c) Tercera línea de acción: Se dotará de elementos técnicos y la capacitación para elevar los niveles de inteligencia, para otorgar información relevante a los equipos operativos.

Con respecto al área marítima, se precisó que entre 2011 y 2013 se priorizará en la compra de radares fijos de tierra capaces de detectar embarcaciones sospechosas, tanto en el Mar Territorial, como en la Zona Económica Exclusiva; sistemas de Unidad Vigía Costera; sistemas de detección termográficos y sistemas de interdicción marítima para lo que se invertirán cerca de $ 5.000 millones.

2. Experiencia comparada.

Durante el lanzamiento del Plan Frontera Norte se hizo alusión a las experiencias en otros países de la región que se tuvieron en cuenta para la elaboración de esta estrategia, vale decir, la implementación del “Plan Frontera Segura” en Brasil, y el “Plan Escudo Norte” en Argentina.

Por ello se consideró atingente revisar estos casos, a los que se suma la experiencia mexicana, cuyas Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas al interior del país en labores de combate al narcotráfico.

A.- Brasil: Plan Frontera Segura.

De acuerdo a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, el tamaño del país -que se traduce en aproximadamente 17.000 kilómetros de fronteras- sumado a su diversidad geográfica -para cada región se necesitan estrategias diferentes- suponen los principales desafíos a la seguridad fronteriza. Frente a ello se elaboró un Plan Estratégico de Fronteras, coordinado por los Ministerios de Justicia y de Defensa, y que involucra acciones de la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Fuerza de Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas.

Al cumplirse el primer mes desde su puesta en marcha, las autoridades brasileñas realizaron el primer balance del Plan. En 30 días, policías y agentes de seguridad decomisaron 10,5 toneladas de marihuana y 500 kilos de cocaína. De igual forma, 550 personas fueron detenidas por estar relacionadas con delitos de tráfico de armas o drogas en la zona fronteriza . Ello representa un aumento sustantivo en comparación con los decomisos anteriores. De acuerdo al Ministerio de Justicia, en los cinco meses anteriores (entre enero y mayo) a la puesta en ejecución del Plan, las autoridades brasileñas habrían incautado cerca de 7 toneladas de marihuana.

El plan, además de las acciones policiales, prevé inversiones en tecnología e inteligencia. Actualmente se estaría desarrollando un sistema de seguimiento por satélite. Asimismo, como precisó Rousseff, el envío de cerca de 7.000 soldados a la frontera sur y alrededor de 30 aviones de guerra, habría sido coordinada con los Gobiernos de sus tres vecinos del Mercosur, Argentina, Paraguay y Uruguay.

B.- Argentina: Operativo Escudo Norte.

Actualmente en Argentina, en el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la prevención del delito, está en marcha el Operativo Escudo Norte, un plan para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte del país, cuya estrategia consiste en la utilización de todos los recursos del Estado: “desde agentes suplementarios de Gendarmería y Prefectura hasta modernos radares militares, helicópteros, aviones y embarcaciones de los sistemas de Seguridad y Defensa que serán puestos al servicio de la lucha contra el crimen organizado” .

Para detectar a los narcotraficantes (y a cualquier otro avión que ingrese al país sin informar a las autoridades), se utilizarán radares militares, cuya información será transmitida a un centro de control único, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La información de la ubicación de vuelos irregulares es automáticamente compartida por las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria ).

3.- Recortes de prensa del denominado “Caso sobreprecios”.

A partir de la revisión de prensa del llamado “caso sobreprecios”, se informa de las principales denuncias y actores del caso aparecidos en la prensa nacional desde que este tema empezó a tener mayor connotación mediática, es decir en octubre de este año. Así, se releva que para el Plan Frontera Norte, el Ministerio del Interior habría gastado más $ 4 mil millones entre aparatos con sobreprecios (densímetros y fibroscopios) y otros que no se podrían utilizar (hornos incineradores de droga y furgones escáner).

De acuerdo a los medios, los principales responsables de estos hechos serían el jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior , Alejandro Peña, y el coordinador de las compras del mismo departamento, Felipe Baeza.

Respecto a los cuestionamientos a los controles, el Subsecretario del Interior , Rodrigo Ubilla, mencionó que pudo haber violación de secreto, ya que habría salido información sobre las licitaciones desde su cartera hacia la empresa Tecnodata y fraude al fisco. Además se cuestiona la posibilidad de una colusión entre las empresas Tecnodata y Santa Victoria para subir los precios, así como también el pago de comisiones extras para los gerentes de ambas industrias, Alfredo Giacoman y los hermanos Weinberger respectivamente.

Por su parte, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de Alfredo Giacoman, ex funcionarios de gobierno, el empresario Daniel Weinberger, entre otros, por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y violación de secreto.

Entre los últimos antecedentes entregados a la Fiscalía Centro Norte, se mencionó una irregularidad en el acta de Tecnodata, mientras se realizaba el testeo -en junio pasado- de equipos en el hito Cajón. La misiva señaló que “no hubo inconvenientes, sin embargo los densímetros no fueron probados con su pértiga”.

A. Primeras adquisiciones irregulares.

Un reportaje de Ciper señaló que para el Plan Frontera Norte, programa destinado a combatir el narcotráfico, “el Ministerio del Interior canceló (la obtención de instrumentos para detección de drogas) un sobreprecio de 400% para adquirir 52 densímetros”. Es decir, en vez de pagar cerca de $ 224 millones a su fabricante en Estados Unidos, la empresa SAS R&D Services Inc, habría traspasado más de $ 1.218 millones a Tecnodata (Ciper, 02.10.12).

También develó que se adquirieron 52 fibroscopios con un costo total de alrededor de $ 615 millones, “en circunstancias que la empresa chilena SID Solution vende equipos similares un 30% más baratos” (Ciper, 02.10.12). El hecho fue corroborado por la ejecutiva de la firma, Rocío Martínez, en su declaración en la fiscalía el pasado 18 de octubre. “Los equipos para la prueba técnica en la salida de Canadá quedaron retenidos en la aduana, lo que demoró un día su llegada a Chile. El 11 de junio, cuando sé que no van a llegar a tiempo, le envié un correo a Felipe Baeza -ex funcionario de Interior a cargo del proceso-. A las 19:01, le pongo el número de la ID -identificador de la licitación en el sistema de ChileCompra- y solicité un nuevo plazo de demostración (...) Respecto a este correo, nunca recibí respuesta porque el correo de Baeza estaba mal ingresado en el portal en las bases de licitación” (El Mercurio, 30.11.12).

Se menciona que el punto que podría unir la licitación de densímetros y fibroscopios sería que en ambos casos el proveedor beneficiado fue Alfredo Giacoman, gerente general de Tecnodata. Según Ciper “la empresa SAS R&D Services Inc. no pudo vendérselos a Giacoman, porque tenían un representante exclusivo en Chile: Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada”. Ante esto, Giacoman se entendió con esta última, no obstante, según Ciper “obtuvo utilidades al venderlos al Ministerio del Interior, pues cobró en total $ 1.834 millones, lo que da una diferencia de $ 879 millones (monto al que se debe descontar el 19% correspondiente al IVA)” (Ciper, 02.10.12). La orden de compra se habría producido en sólo dos minutos el pasado 6 de julio.

Además en el año 2011 se compraron tres hornos incinadores de droga por $ 253 millones, pero “aún no cuentan con autorización sanitaria, debido a que dejan residuos o emiten gases en niveles que pueden afectar la salud de quienes los operan y de los residentes cercanos a la quema” (Ciper, 02.10.12). El subsecretario del Interior , Rodrigo Ubilla, señaló que “de los tres hornos portátiles para incinerar droga comprados con presupuesto del Plan Frontera Norte, uno fue destinado a Arica, otro a Antofagasta y el tercero quedó en Santiago” (El Mercurio, 27.09.12).

La otra situación, eventualmente, irregular que informa la prensa ocurrió el año pasado, referido a tres furgones escáner por cerca de $ 2 mil millones. El problema radica en que las autoridades sanitarias todavía no permiten su uso, porque no quieren “exponer de manera indiscriminada a la población a la radiación de estos equipos móviles” (Ciper, 02.10.12).

Como se cuenta, en total se gastaron más de $ 4 mil millones entre aparatos con sobreprecios y que no se podrían utilizar. Los personajes involucrados fueron el ex fiscal Alejandro Peña, ya que él estaba a cargo del proyecto, y el coordinador de las compras de la división de estudios de la Subsecretaría del Interior , Felipe Baeza.

B. Implicancia de correos.

Uno de los correos que tuvo acceso Ciper indicó que la empresa Tecnodata “tenía relaciones de amistad con dos de los evaluadores técnicos de la licitación. Está firmando por el propio Giacoman, quien se lo envío a los hermanos Daniel y Roberto Weinberger, dueño y gerente de Asesoría e Inversiones Santa Victoria Limitada, respectivamente, empresa que representa en Chile al fabricante estadounidense de los equipos licitados (SAS R&D Services Inc.)” (Ciper, 04.10.12).

En otra misiva firmada por Roberto Weinberger, “la empresa Santa Victoria le informa a Giacoman que el precio de cada equipo ‘puesto en Chile’ es de US$ 19.625 más IVA (unos $ 9,3 millones, más IVA). En el mismo mensaje, Weinberger le dice que Santa Victoria sugiere que el precio de venta final al Ministerio del Interior sea de $ 14,5 millones más IVA. Pero Giacoman termina cobrando a la cartera $ 19,6 millones por cada densímetro (al sumar el IVA el monto se eleva a $ 23,4 millones)” (Ciper, 04.10.12).

El propio Giacoman, en un nuevo mensaje, señaló a los hermanos Weinberger que, “además de la ganancia para Santa Victoria y para él, debía pagar un 8% del total del negocio ‘en comisiones’” (Ciper, 04.10.12).

Entre los hechos más reveladores, según la prensa, fue que Giacoman habría informado a los hermanos Weinberger, el 20 de febrero pasado, que ya conocía la oferta que haría una empresa de la competencia (ITI), siendo que el Ministerio del Interior aprobó las bases administrativas para el proceso de compra el 9 de marzo de este año. Posteriormente, el 11 de junio de 2012, al conocer que está no se presentaría “subió el precio de los densímetros de $ 14,5 millones a $ 19,6 millones, ya que sabía que correría solo”. Se detalla además que Giacoman conocía de ante mano un detalle técnico sobre la licitación que sólo sabía el equipo que preparaba el concurso, que eran “las sondas de los fibroscopios que se requerían no serían de menos de 10 milímetros de espesor. Este dato le permitió a Giacoman desplazar a su competencia, ya que las bases de la licitación se publicaron recién el 18 de mayo” (Ciper, 04.10.12).

C.- Historial de compras.

Los medios también han relevado que distintas instituciones públicas habrían comprado densímetros y fibroscopios con sobreprecios desde el año 2006. Uno de los casos que demostraría la arbitrariedad de la empresa Tecnodata fue en el año 2007, cuando vendió densímetros a la PDI ($ 10,4 millones) y al Gobierno Regional de la VI Región ($ 15,9 millones), en un periodo de tres meses, con un aumento de precio de un 50%, equivalente a cerca de $ 5,5 millones.

Con todo, entre 2007 y 2012, “Tecnodata hizo ocho ventas de densímetros a diferentes instituciones públicas, con precios que fluctuaron entre $ 10,4 millones y $ 25,9 millones. Esto significa que en cinco años, estos productos ofertados registraron un incremento de precio de $ 15,5 millones, equivalente a un 150%”. Se especificó que “en tres de estas ocho operaciones los equipos se destinaron a Carabineros; en otras dos los productos fueron entregados a la PDI; en una de ellas los equipos se dividieron entre ambos cuerpos policiales y en dos el destinatario final que se registró en el portal Mercado Público fueron controles fronterizos, sin especificar si en esos pasos internacionales los equipos quedarían en manos de policías o de funcionarios de Aduanas” (Ciper, 10.10.12).

D. Posible participación de la PDI.

Se consignó en la prensa que el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI , Iván Villanueva, sería el funcionario de esta institución involucrado en las irregularidades detectadas en la licitación de equipos antidrogas, puesto que en abril de 2011 se integró al Plan Frontera Norte, tras ser llevado por el jefe de la División de Estudios de la subsecretaría del Interior , Alejandro Peña. “Dentro de sus labores en esa unidad, estaba la de realizar evaluaciones técnicas a los diversos equipos antidrogas que posee el gobierno, tales como hornos para la incineración de droga y aparatos escáner para detectar drogas al interior de vehículos” (La Tercera, 08.10.12). Por esta misma razón, el departamento V de la PDI le incautó su computador.

Según Ciper, Villanueva sería la persona que visó el informe técnico de los instrumentos tecnológicos para combatir el narcotráfico. El abogado asesor de Chile Compra y encargado de Transparencia de ese organismo, Andrés Ruiz, señaló que “las compras del Plan Frontera Norte están bajo la supervisión del jefe del Departamento de Proyectos de la Subsecretaría del Interior , el ex fiscal Felipe Baeza, quien se hace asesorar por el subprefecto de la PDI, Iván Villanueva. Y aunque las compras que han aprobado -los hornos incineradores, furgones escáner, densímetros y fibroscopios- han resultado controversiales, ambos viajaron en los últimos días a Finlandia para conocer la tecnología que usa ese país en el control de su extensa frontera con Rusia” (Ciper, 02.10.12).

El 9 de octubre pasado, Villanueva aseguró en la Fiscalía que no tuvo nexos con el dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman. “La última vez que hablé con él fue en el 2008 y que lo conoció en 2003 cuando trabajaba en la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), debido a que la empresa le proveía los equipos para interceptar teléfonos. Tomé conocimiento del Plan Frontera Norte en agosto de 2012. Necesitaban un policía que tuviera experiencia en pasos habilitados y no habilitados de la frontera chileno-peruana y boliviana, ya que yo estuve en la Briant de Arica durante cinco años” (La Tercera, 01.12.12).

E. Acciones del gobierno.

Debido a los posibles sobreprecios que se habrían pagado para adquirir equipamiento tecnológico para la lucha al tráfico de drogas, la Subsecretaría del Interior interpuso el pasado 5 de octubre una denuncia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago . El subsecretario Rodrigo Ubilla indicó que “el primer artículo sobre la materia daba cuenta de la existencia de un sobreprecio, que esta Subsecretaría consideró complejo de acreditar, sugiriendo para tal propósito avanzar en su esclarecimiento mediante una evaluación detallada de todos los componentes asociados a los valores de la licitación, tales como transporte, seguros, margen de utilidad, número de equipos y sus mantenciones preventivas, extensión de garantías, etcétera, antes de formular un juicio definitivo sobre la tesis inicial de la investigación de prensa” (El Mostrador, 05.10.12).

Se precisó que la querella criminal fue por fraude al fisco y violación de secreto. “Si hay información que salió de la Subsecretaría del Interior, y lo digo en condicional, si se demuestra que salió información, eso constituye un delito. Y si el resultado era provocar un fraude al fisco está más que claro que es otro delito”, señaló Ubilla (Pulso, 05.10.12).

Ubilla aclaró además que “no se ha desembolsado ningún monto, porque el proceso de licitación estaba en su último trámite y debía pasar por la Contraloría. Tampoco la empresa entregó ningún equipo, porque eso se hace cuando se paga la primera cuota” (Radio Cooperativa, 05.10.12).

Se informa además que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía , Patricio Álvarez Maldini, anuló el pasado 9 de octubre la querella presentada por Ubilla, ya que según la ley “para una acertada resolución, previamente aclárese la calidad invocada por el compareciente para los efectos de lo previsto en el artículo 113 inciso 3° del Código Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 3° del DFL 7.912 del Ministerio del Interior, Ley Orgánica de Ministerios” (Terra, 10.10.12). Sin embargo, el ministro del Interior indicó que esta fue hecha a modo personal por el subsecretario y no a nombre de la Subsecretaría del Interior .

La segunda acción de la Subsecretaría del Interior se refiere a la paralización de la compra de cámaras termales para detectar contrabando de droga, operación que consideró inicialmente un gasto de US$ 4 millones, pero luego se duplicó. La medida se llevó a cabo porque las bases del concurso las preparó el mismo equipo cuestionado por su presunta responsabilidad en la compra con sobreprecios de densímetro. El equipo le explicó a Ubilla que “había una equivocación del modelo que se había plasmado en lo que serían las bases de la licitación y que el modelo que se debía licitar valía más del doble. Por esta razón se debía aumentar los montos designados” (Radio Cooperativa, 10.10.12).

Además, el entonces Ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter, propuso a los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara “la idea de que estas compras se hagan de forma directa entre Estados, para evitar así empresas intermediarias y comisionistas” (La Tercera, 26.10.12). La cartera también está estudiando posibles reformas a los modelos de licitación, como el fortalecimiento de los controles administrativos propios y la colaboración de la Contraloría en los mecanismos de auditorías para impedir posibles irregularidades.

F. Renuncias.

Tras la denuncia de Ciper, el gobierno le solicitó la renuncia a Alejandro Peña el pasado 5 de octubre, ya que fue la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, que él dirigía, la que pidió la compra. Al respecto Peña dijo que “es probable sostener que habríamos sido víctimas de colusión entre dos empresas para aumentar indebidamente el precio a pagar, hecho que de materializarse produciría un perjuicio al interés público y al patrimonio fiscal, lo que debiera ser investigado en la sede pertinente. De existir irregularidades habrían sido cometidas por personas ajenas a esta división, ya que consultado Felipe Baeza me indica que no conoció al adquiriente sino una vez iniciado el proceso de adjudicación al concurrir a la prueba en terreno y el ex fiscal dice que no haber participado directamente del proceso” (The Clinic, 05.10.12).

Tras su salida, Peña declaró en calidad de testigo, el pasado 9 de octubre, en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El ex fiscal afirmó que “las divisiones de Finanzas y Jurídica también intervinieron en la adjudicación de los 52 densímetros a la empresa Tecnodata, por los que el Gobierno habría aceptado una oferta por $ 1.218 millones” (El Mercurio de Antofagasta , 10.10.12).

A su vez, el pasado 8 de octubre oficializó su renuncia el encargado de licitación de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, Felipe Baeza. El ex fiscal Peña señaló que “él fue el coordinador del proceso y el encargado de evaluar las ofertas” (La Tercera, 09.10.12).

El 11 de octubre se le solicitó que dejara su cargo al funcionario del Departamento de Crimen Organizado , Carlos Álvarez, ya que “habría intercambiado mails con Giacoman, quien también era su amigo, pese a que su cargo no tenía relación con la licitación” (La Segunda, 11.10.12). En la fiscalía, Álvarez declaró que sí tuvo contacto con Giacoman en el periodo que se realizaron las licitaciones, “pero no en este contexto. Lo conozco desde hace 10 años, es mi amigo. Durante mayo y agosto del año 2012 a mi padre le detectaron cáncer gástrico, estuvo un mes en la UCI de la Fundación López Pérez, y en ese intertanto mi vínculo con Alfredo fue conversar la situación de mi padre. Me ayudó a entender, porque él tuvo una operación similar” (La Tercera, 30.11.12).

Luego renunció René Castellón, hecho que aconteció el pasado 20 de octubre. “Era ex jefe operativo de la PDI y prestó asesorías a la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, desde abril de este año trabajó en la cartera en el Programa de Bienes Robados. Paralelamente, era dueño de Geo Limitada, empresa de seguridad que actualmente participaba del proceso de licitación de dos fibroscopios que serían adquiridos para la Región de Tarapacá” (La Tercera, 21.10.12).

En noviembre pasado, el abogado de la división jurídica de la Subsecretaría del Interior, Manuel Cacho Gálmez, se convirtió en la quinta salida por el “caso sobreprecios”. El subsecretario Ubilla explicó que “éste no informó su relación indirecta con la empresa Fénix American Technology, la misma que pidió anular la licitación de los equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte” (Radio Universidad de Chile, 14.11.12). Se informó que además de este conflicto de interés, Cacho está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por los ilícitos de violación de secreto, fraude y cohecho.

El sexto funcionario en dejar sus funciones - el 12 de diciembre- fue el jefe del Departamento de Crimen Organizado de la División de Estudios del Ministerio del Interior , Marko Magdic, ya que “habría revelado que su padre, Nicola Madgic, le solicitó información sobre una licitación en la que participó como asociado o ‘comisionista informal’ del proceso, finalmente declarado desierto. Asimismo, tendría vínculos con una firma que en el 2011 se adjudicó la compra de cuatro sistemas móviles de rayos X” (Radio Universidad de Chile, 12.12.12).

Una Editorial de La Tercera manifestó que la investigación tiene dos vertientes. “La primera debe determinar las eventuales responsabilidades penales que se pueden configurar en este caso, particularmente graves al estar de por medio el interés fiscal y por el hecho de afectar a los organismos que están precisamente a cargo de velar por la confiabilidad y transparencia de las políticas contra el crimen. La segunda se refiere a las responsabilidades funcionarias y políticas de quienes, aunque no hayan tenido participación en los hechos irregulares, tenían bajo su cargo la supervisión de esta licitación y de los funcionarios que la llevaban adelante” (La Tercera, 26.10.12).

G.- Indagaciones de la Fiscalía y el CDE.

La primera diligencia de la Fiscalía Centro Norte fue incautar los computadores de la comisión evaluadora de la cuestionada licitación y a quienes viajaron a San Pedro de Atacama para probar en terreno los densímetros ofertados por la firma Tecnodata.

Luego indagó correos entre el dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman, con un empleado del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, el sociólogo Carlos Álvarez. “En estos emails se hablaría de datos sobre la polémica licitación, lo que es extraño ya que el funcionario no tenía relación con el proceso. Álvarez no es un funcionario cualquiera, pues ha trabajado largo tiempo en el área de la seguridad, siendo empleado de la ANI desde su creación” (La Tercera, 10.10.12).

Además, los fiscales a cargo de este caso, José Morales y Jaime Retamal, decidieron ampliar la investigación a todo el Plan Frontera Norte y sus seis licitaciones. A las diligencias ya realizadas a las compras de densímetros, fibroscopios y cámaras termales, que finalmente se declaró desierta, se sumaron “pesquisas por la compra de 13 visores nocturnos a la empresa Protab S.A. ($ 60.162.474), tres hornos incineradores a la firma Meditec S.A. ($ 301.500.066) y tres equipos de rayos X móviles ($ 2.399.754.000)” (La Tercera, 24.10.12). El denominador común fue que en todos estos procesos, salvo la compra de rayos X, tuvo implicancia el ex jefe de Proyectos y Adquisiciones de la División de Estudios de Interior , el ingeniero Felipe Baeza.

La fiscalía también ordenó - a fines de noviembre- hacer un levantamiento patrimonial de 13 personas que aparecen en la investigación por las presuntas irregularidades en las licitaciones de equipos antidrogas. “La orden fue entregada al OS-9 de Carabineros, e incluye a Giacoman y los hermanos Daniel y Roberto Weinberger, así como a las respectivas empresas -Tecnodata y Santa Victoria-. Lo mismo para el PDI Germán Salinas -miembro de la comisión evaluadora- y del detective Iván Villanueva. El resto de los nombres corresponden a los miembros de la comisión evaluadora de Ministerio del Interior, entre quienes figura el ingeniero Felipe Baeza” (La Segunda, 22.11.12). Además pidió diligencias en la unidad de Carabineros ubicada en San Pedro de Atacama, donde se realizó un testeo de equipos antidrogas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, afirmó que “el CDE se va a hacer parte en la medida en que los antecedentes den para hacerse parte. Ha sido el propio Ministerio del Interior el que ha denunciado las irregularidades por lo que a lo menos, debiera haber algún hecho que pudiera significar alguna acción legal que pueda entablar el Consejo” (El Diario Financiero , 25.10.12).

Se advierte, en La Segunda, que la inexistencia de un pronunciamiento por parte del CDE se debió a la reserva que había en la investigación, cuestión que terminó el 25 de octubre pasado. Por este motivo, el Comité Penal del organismo se querelló, el sábado pasado, en contra de Alfredo Giacoman, ex funcionarios de gobierno, el empresario Daniel Weinberger, entre otros “por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y violación de secreto” (La Segunda, 27.10.12).

Finalmente, a principios de noviembre, el CDE se querelló sobre este caso, solicitando, entre otros asuntos, “la fecha exacta, participantes institucionales e invitados privados de una reunión que se habría efectuado el año 2008 en el centro recreacional Pelarcura, donde se habrían efectuado presentaciones de equipos de tecnología antidroga por parte de proveedores” (La segunda, 06.11.12). Por esta razón, y aunque la Fiscalía Centro Norte no haya realizado ningún requerimiento formal, la PDI ya se encuentra recabando antecedentes.

H.- Eventuales irregularidades en licitaciones.

Cuatro funcionarios del Ministerio del Interior que integraron la comisión evaluadora en el proceso de licitación de densímetros y fibroscopios del Plan Frontera Norte, César Saavedra, Rodrigo Muñoz, Chrystian Urzúa y Manuel Cacho, reconocieron, en sus declaraciones como testigos en la Fiscalía Centro Norte, una anomalía en la prueba de terreno de los densímetros y fibroscopios por parte de Tecnodata -que se realizó entre el 11 y el 12 de junio pasado en el hito Cajón, en San Pedro de Atacama-, que dice relación a que “el acta señala que no hubo inconvenientes. Sin embargo, el testeo de los equipos no se llevó a cabo por completo, pues los densímetros no fueron probados con su pértiga, una especie de barra que lo complementa” (La Tercera, 02.12.12).

Tras exhibirle el acta al fiscal Jaime Retamal, Saavedra señaló que “llegamos a la comisaría (tras bajar del lugar de la prueba) y allí vimos los accesorios, que era la pértiga del densímetro y el visualizador remoto (...). Nunca probamos una pértiga en terreno (...). El documento sobre acta de pruebas en terreno es inexacto” (La Tercera, 02.12.12).

Por su parte, el abogado Ernesto Olivares, defensor del dueño de la empresa Tecnodata, Alfredo Giacoman, expresó a Retamal presuntas irregularidades en la conducta del ex socio norteamericano de la empresa, Hugo Federico, dueño de Phoenix American Technologies, solicitando además nuevas diligencias a la Fiscalía. Según Olivares, “Federico intentó ofrecer de manera informal al Ministerio del Interior un ahorro de aproximadamente 200 millones en comparación con lo ofrecido por Tecnodata. Llama poderosamente la atención que estuviera al tanto de los plazos y de la entrega efectiva o no de los documentos exigidos en los respectivos procesos de licitación” (El Mostrador, 21.12.12). El correo fue escrito el pasado 7 de noviembre.

Como antecedente se informó que Federico conoció a Giacoman en el año 2002 cuando este último empezó a buscar socios en el extranjero para ampliar su negocio. Sin embargo su relación empeoró el año pasado en una feria en París. Ahí, Giacoman “contó a algunos fabricantes que ya no trabajaban juntos, por lo que incluso les ofreció representarlos en nuestro país. Esto, dicen cercanos a Tecnodata, habría hecho que Federico se molestara con el chileno al punto de declarar que quería ‘sacarlo del mercado’”. Además, el pasado 16 de octubre, “Federico denunció presuntas irregularidades de Giacoman (se habla de sobreprecios de hasta 400% en los densímetros y fibroscopios), grabó una conversación con el comandante del OS-7 de Carabineros y envió una serie de correos al Ministerio del Interior, tratando de anular la licitación. Anunciaba, también, que podría hacer una rebaja de $ 200 millones” (La Segunda, 23.11.12).

III. ELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

1.- Sesiones celebradas.

La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 21 sesiones ordinarias y especiales.

2.- Oficios de citación o invitación.

Durante el ejercicio de su cometido vuestra Comisión despachó los siguientes oficios, invitando o citando, según correspondiera, cuyos detalles a continuación se señala:

N° oficio y fecha

Destinatario

Fecha invitación

Asistencia

04/2012

20-12-12

Subsecretario del Interior

8 de enero

Asistió.

06/2012

20-12-12

Intendente regional de Arica y Parinacota

---

Sin efecto

07/2012

20-12-12

Intendenta regional de Tarapacá

---

Sin efecto

08/2012

20-12-12

Intendente regional de Antofagasta

---

Sin efecto

09/2013

09-01-13

Subsecretario del Interior

15 de enero

Asistió.

10/2013

09-01-13

Intendente regional de Arica y Parinacota

Deja sin efecto invitación remitida por oficio 06/2012, e invita el 22 de enero de 2013

Asistió.

11/2013

09-01-13

Intendenta regional de Tarapacá

Deja sin efecto invitación remitida por oficio 07/2012, e invita el 22 de enero de 2013

Asistió.

12/2013

09-01-13

Intendente regional de Antofagasta

Deja sin efecto invitación remitida por oficio 08/2012, e invita el 22 de enero de 2013

Asiste.

13/2013

25-01-13

Ministro Defensa Nacional

5 de marzo de 2013

Asistió

14/2013

06.03.13

Alejandro Peña Ceballos

Invita 12 de marzo

--

15/2013

06-03-13

Jefe de brigada antinarcóticos metropolitana

12 de marzo

Asistió

16/2013

13-03-13

Alejandro Baeza Prieto

19 de marzo

--

17/2013

13-03-13

Alejandro Peña Ceballos

19 de marzo

Asistió

18/2013

13-03-13

General Director de Carabineros

19 de marzo

--

19/2013

13-03-13

Director General PDI

19 de marzo

--

20/2013

26-03-13

Alejandro Peña Ceballos

2 de abril

--

21/2013

27-03-13

General director de carabineros

2 de abril

Asistió

22/2013

27-03-13

Director General PDI

2 de abril

Asistió

23/2013

03-04-13

Alejandro Peña Ceballos

9 de abril

Asistió

24/2013

04-04-13

Subcomisario jefatura Nacional Antinarcóticos

9 de abril

Asistió

25/2013

10-04-13

Cirstián Urzúa Bilbao Depto. Finanzas M° del Interior

16 de abril

Asistió

26/2013

10-04-13

César Saavedra Robles

Depto. Administración, ex servicios generales M° inte-rior

16 de abril

Asistió

27/2013

10-04-13

Gerente general meditec S.A.

Manuela Espinoza Valverde

16 de abril

Asistió

28/2013

22-04-13

Felipe Baeza Prieto

30 de abril

Se excusó

29/2013

22-04-13

Rodrigo Muñoz Toledo

30 de abril

Se excusó

30/2013

22-04-13

Manuel Cacho Gálmez

30 de abril

Se excuó

31/2013

22-04-13

Jefe gabinete dirección de investigación delictual y drogas de Carabineros

30 de abril

Asistió

32/2013

30-04-13

Directora del servicio de salud de Iquique

7 de mayo

Asistió

33/2013

30-04-13

Eduardo vergara bolbarán

Experto en políticas de drogas

7 de mayo

Se excusó

34/2013

30-04-13

Eduardo Vergara Bolbarán

Experto en políticas de drogas

14 de mayo

Se excusó

35/2013

09-04-13

Rodrigo Muñoz

14 de mayo

Se excusó

36/2013

20-05-13

Eduardo Vergara Bolbarán

Experto en políticas de drogas

4 de junio

Se excusó

37/2013

20-05-13

Directora del servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol (senda)

4 de junio

Se excusó

38/2013

14-06-13

Francisco Cordero Sepúlveda y Feranando Cordero Sepúlveda. Sectrade Ltda.

18 de junio

Se excusaron

39/2013

18-06-13

Alfredo Giacoman A.

Gerente general de tecnodata Ltda.

2 de julio

Asistió

40/2013

20-06-13

Rocío Martínez González.

Segtec.

2 de julio

Asistió

41/2013

02-07-13

Contralor General de la República

17 de julio

Asistió

42/2013

04-07-13

Subsecretario del Interior

9 de julio

Se excusó

43/2013

05-07-13

Subsecretario del Interior

17 de julio

Se excusó

44/2013

09-07-13

Felipe Baeza Prieto

17 de julio

Asistió

3.- Personas que declararon ante la Comisión (sus declaraciones se adjuntan en el anexo “declaraciones”. El número entre paréntesis indica la sesión a la que asistió).

A.- Autoridades.

- Ministro de Defensa Nacional , don Rodrigo Hinzpeter Kirberg (Sesión 5ª, celebrada el 5 de marzo de 2013).

- Subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla Mackenney. (Sesiones 2ª y 3ª, celebradas los días 8 y 15 de enero de 2013).

-Intendente de Arica y Parinacota, señor José Durana Semir (Sesión 4ª, celebrada el 22 de enero de 2013).

-Intendente de Antofagasta, señor Pablo Toloza Fernández (Sesión 4ª, celebrada el 22 de enero de 2013).

-Intendenta de Tarapacá, señora Luz Ebensperger Orrego (Sesión 4ª, celebrada el 22 de enero de 2013).

-Intendente de Arica y Parinacota, señor José Durana Semir (Sesión 4ª, celebrada el 22 de enero de 2013).

-General Director de Carabineros de Chile, señor Gustavo González Jure (Sesión 8ª celebrada el 2 de abril de 2013).

- Director General de la Policía de Investigaciones , señor Marcos Vásquez (Sesión 8ª, celebrada el 2 de abril de 2013).

- Contralor General de la República , don Ramiro Mendoza Zúñiga.

B.- Funcionarios públicos.

-El Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior , señor Víctor Merino (Sesión 6ª, celebrada el 12 de marzo de 2013).

-El Jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana , Subprefecto Iván Villanueva (Sesión 6ª, celebrada el 12 de marzo de 2013).

-El Subjefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, Subcomisario Mauricio Jorquera (Sesión 6ª, celebrada el 12 de marzo de 2013).

-Oficial subalterno de la Jefatura Nacional Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Germán Salinas Villagra (Sesión 9ª, celebrada el 9 de abril de 2013).

-El Jefe de la Sección de Presupuestos del Departamento de Finanzas del Ministerio del Interior , señor Cristián Urzúa Bilbao (Sesión 10ª, celebrada el 16 de abril de 2013).

-Del Departamento de Administración, ex Servicios Generales del Ministerio del Interior, señor César Saavedra Rbles (Sesión 10ª, celebrada el 16 de abril de 2013).

-El Jefe de Gabinete de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, Coronel René Martínez Cuneo (Sesión 11ª, celebrada el 30 de abril de 2013).

-La Directora del Servicio de Salud Iquique , señora Adriana Tapia (Sesión 12ª, celebrada el 7 de mayo de 2013).

-La Jefa jurídica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, señora Alejandra Meniconi (Sesión 12ª, celebrada el 7 de mayo de 2013).

-El Contralor Regional de Valparaíso , señor Ricardo Provoste (Sesión 19ª, celebrada el 17 de julio de 2013).

-La Sub jefa de la División de Auditoría de la Contraloría General de la República, señora Dorothy Pérez (Sesión 19ª, celebrada el 17 de julio de 2013).

-La jefa de la Unidad de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República, señora Regina Ramírez (Sesión 19ª, celebrada el 17 de julio de 2013).

-Los asesores del Ministerio del Interior, señora Claudia Alemparte y señor Juan Francisco Galli (Sesiones 3ª y 12ª, celebradas el 15 de enero y el 7 de mayo de 2013).

C.- Particulares.

-El ex Jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior , señor Alejandro Peña (Sesión 7ª y 9ª, celebradas el 19 de marzo y el 9 de abril de 2013).

-El Gerente General de Meditec S.A., señor Manuel Espinoza Valverde (Sesión 10ª, celebrada el 16 de abril de 2013).

-El Gerente General de Tecnodata, señor Alfredo Giacoman (Sesión 17ª, celebrada el 2 de julio de 2013).

-La Gerenta General de Segtec Chile, señora Rocío Martínez (Sesión 17ª, celebrada el 2 de julio de 2013).

-El ex funcionario de la Subsecretaría del Interior , señor Felipe Baeza (Sesión 19ª, celebrada el 17 de julio de 2013).

4.- Oficios despachados- documentos recibidos.

A.- Oficios despachados.

N° 13, de 16 de enero de 2013, al Subsecretario de Desarrollo Regional.

-Se pidió informara sobre el marco jurídico que rige al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) y, en especial, en relación a la legalidad de eventuales traspasos de recursos a algún organismo de la Administración del Estado mediante convenios específicos.

Respuesta pendiente.

N° 14, de 16 de enero de 2013, al Subsecretario del Interior.

-Se pidió remitiera los resultados de la mesa de trabajo que se formó entre el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones de Chile, para establecer mecanismos de coordinación entre ambas entidades en las actuaciones que se lleven a cabo en la denominada “Zona Primaria”, que corresponde, según la Ordenanza de Aduanas, artículo 2° N° 5 “al espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales marítimas y terrestres de la movilización de las mercancías, el que, para los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y en el cual han de cargarse, descargarse, recibirse o revisarse las mercancías para su introducción o salida del territorio nacional”.

Mediante oficio N° 1305, de 21 de enero de 2013, se informó la creación de una mesa de trabajo el 08 de junio de 2012, entre funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, Policía de Investigaciones, Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Departamento de Extranjería y Migración y de las Divisiones de Investigaciones y Jurídica de la Subsecretaría del Interior, para efectos de analizar aquellas materias en las que eventualmente pudieren presentarse algunas discrepancias entre los organismos que se desempeñan en los complejos fronterizos.

Fruto de ese trabajo se elaboró la minuta “Interacción entre los servicios que operan en complejos fronterizos”, referido al ordenamiento estructural de los complejos fronterizos, a las facultades fiscalizadoras de los servicios involucrados y a los procedimientos a seguir ante la detección de un ilícito por parte de los servicios.

Copia de esa minuta y de un borrador de “protocolo de operaciones para complejos fronterizos” se acompañaron a la misma.

N° 15, de 16 de enero de 2013, al Subsecretario del Interior.

Se pidieron los antecedentes relacionados con el traspaso de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, especialmente el decreto que autorizó dicho traspaso y permitió la toma de razón en la Contraloría General de la República de dicho instrumento.

Mediante oficio N° 1304, de 21 de enero de 2013, se remitió copia de lo siguiente:

a) Oficio N° 24791, de 14 de diciembre de 2011, del Subsecretario del Interior al Intendente de la Región de Tarapacá , mediante el cual se requiere apoyo financiero del Gobierno Regional para completar el presupuesto del año 2012, y así satisfacer en forma integral las necesidades del Plan.

b) Específicamente, se requirió $ 1.329.000.- para la adquisición de 13 cámaras termales para los destacamentos fronterizos, 12 densímetros, 12 fibroscopios, vestuario para operación en altura y temperaturas extremas y el diseño de 2 nuevos retenes fronterizos.

c) Certificado N° 022, de 11 de enero de 2012, del Consejo Regional de Tarapacá, mediante el cual se certifica que en sesión de 10 de enero de 2012, se acordó por unanimidad aprobar la solicitud de transferencia presupuestaria al Ministerio del Interior, en virtud de los antecedentes que menciona, por $ 1.328.945.

d) Oficio N° 1872, de 25 de enero de 2012, de la Subsecretaría del Interior (s) a la Directora de Presupuesto (Hacienda), mediante el cual informa los acuerdos alcanzados por los Consejos Regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, tendientes al traspaso de fondos presupuestarios a la financiación del Plan Frontera Norte.

e) Atendidos tales acuerdos, solicita se dicte el acto administrativo que autoriza el traspaso de tales recursos.

f) Decreto N° 264 de 20 de febrero de 2012, del Ministerio de Hacienda, que modifica presupuestos.

g) En él, se redujo el aporte fiscal libre (Tesoro Público - Partida 50.01.05.27.05.061, 062 y 075) a los gobiernos regionales de Tarapacá (M$ 1.328.945.-), Antofagasta (M$ 1.369.4483.-) y Arica y Parinacota (M$ 960.000.-), y se aumentó el de la Subsecretaría del Interior en M$ 3.658.393.- (asignación 010), para realizarse una transferencia de capital (subtítulo 33) al Plan Frontera Norte (asignación 002).

h) La Contraloría General de la República tomó razón del mismo el 2 de abril de 2012.

i) Informe de Investigación Especial N° 12, de 26 de julio de 2012, de la Contraloría General de la República, sobre irregularidades en el actuar de la Intendenta de la Región de Tarapacá y del Consejo Regional, en la adopción de acuerdos sobre Plan Frontera Segura y “Programa Sana Convivencia en Establecimientos Educaciones Urbanos: Creando mejores ambientes para el aprendizaje en la región de Tarapacá” y su ejecución presupuestaria.

j) Sobre el particular, concluye que no corresponde pronunciamiento sobre la decisión de la Intendenta Regional de someter a conocimiento del Consejo Regional distintos proyectos, ni se ha acreditado que en la especie, se haya incurrido en infracción al principio de probidad ni a la normativa que la rige.

k) Asimismo, que las imputaciones presupuestarias de ambos proyectos se ajustan a la normativa vigente. En particular, el del “Plan Frontera Norte” fue autorizado por el decreto N° 264.

N° 16, de 16 de enero de 2013, al Subsecretario del Interior.

Se pidió la opinión de Carabineros respecto a la compra de vehículos Avant scanner, en atención a que dicha institución adquirió ese tipo de tecnología, debiendo posteriormente darlas de baja, presuntamente, por problemas a la salud pública.

Respuesta pendiente.

N°17, de 16 de enero de 2013, al Subsecretario del Interior.

Se pidió su opinión y comentarios sobre los aspectos planteados en el Informe “Caso sobreprecios en la Subsecretaría del Interior”, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional.

Mediante oficio N° 1303, de 22 de enero de 2013, se señaló como cuestión previa, que ese informe se limita a reproducir extractos de diversas publicaciones de prensa, por lo que parte de esa información no se ajusta estrictamente a los hechos, o bien debe actualizarse conforme a nuevos antecedentes. Asimismo, se refiere a materias que exceden el ámbito de competencia de ese Ministerio, tales como las diligencias dispuestas por el Ministerio Público o aquellas requeridas por el Consejo de Defensa del Estado.

Junto con realizar una exposición sobre la misión y objetivos del Plan Frontera Norte, entregó una relación sobre los siguientes procesos de adquisición:

Licitación pública ID 623-31-LP11, para la adquisición de tres hornos incineradores de droga;

Licitación pública ID 623-29-LP11, para la adquisición de cuatro equipos de rayos X móviles instalados en vehículos motorizados;

Licitaciones públicas ID 623-14-LP12 y 623-15-LP12, para la adquisición de 52 fibroscopios y 52 densímetros;

Licitación pública ID 623-19-LP12, para la adquisición de 64 cámaras termales, y

Licitación pública ID 623-22-LP12, para la adquisición de 13 visores nocturnos.

Asimismo, entregó una relación sobre las medidas adoptadas en relación con las publicaciones de prensa, desde el 04 de octubre de 2012, luego de la publicación de Ciper Chile, y medidas preventivas para futuros procesos de compra.

N° 19, de 12 de marzo de 2013, al Ministro del Interior.

Se pidió informara cuáles fueron los criterios aplicados para designar a los integrantes de la “Comisión Evaluadora” encargada de analizar las propuestas de los oferentes, en la adquisición de material tecnológico para la implementación del Plan Frontera Norte.

Respuesta pendiente.

N° 20, de 12 de marzo de 2013, al fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público.

Se pidió remitiera la declaración que prestaron ante el Ministerio Público, los ex funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Felipe Baeza y Alejandro Peña Ceballos.

Mediante oficio N° 032013/FAC/8445, de 18 de marzo de 2013, se informó que no era posible entregar copia de los registros de las declaraciones solicitadas de la causa RUC N° 1200990944-1, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

N° 21, de 12 de marzo de 2013, al Secretario Regional Ministerial de Salud - Región de Arica y Parinacota.

Se pidió remitiera los informes médicos y técnicos que se tuvieron a la vista, para decidir la adquisición de vehículos Avant scanner para la detección de drogas, especialmente, en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas el uso de rayos x.

a) Mediante oficio N° 25, de 04 de abril de 2013, se complementó la petición, solicitando informara si esa Secretaría Regional Ministerial realizó, con posterioridad a su adquisición, alguna evaluación de carácter médico y/o técnico respecto de la utilización de camiones Avant scanner para la detección de drogas, en especial en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas.

b) Mediante oficio N° 528, de 22 de marzo de 2013, se informó que esa Secretaría Ministerial no emitió ningún informe médico o técnico que haya servido de insumo para la decisión de compra de automóviles Avant scanner para la detección de drogas, ya sea para esa Secretaría u otro organismo público de la región.

c) Mediante oficio N° 662, de 10 de abril de 2013, esa Secretaría Ministerial informó que con posterioridad a tal adquisición, dos monitoreos radiométricos al equipo de rayos x, marca AS&E, modelo ZBV, con el propósito de evaluar la posible dispersión de radiación por su uso.

d) En el primero, realizado el 24 de enero de 2012, arrojó como resultado mediciones inferiores a los límites establecidos, aprobándose mediante Res. Sanitaria N° A/192, de 26 de enero de 2012, el funcionamiento del equipo de rayos x.

e) Posteriormente, con base a los antecedentes aportados en el ORD B33/N°2072 de la Subsecretaría de Salud Pública, se realizó un segundo monitoreo el 28 de junio de 2012, resultando mediciones por debajo de los límites establecidos. Por ello, se dictó la Res. Sanitaria N° A/1086 de 13 de julio de 2012, donde se autoriza el funcionamiento del equipo móvil de rayos x, marca AS&E, modelo ZBV, destinado a la inspección y/o detección de drogas ilícitas, mercancías producto de contrabando y acciones similares, autorización que incluye la inspección de vehículos, carga y personas determinadas, no así la inspección o exposición de la población en general, sujeta al cumplimiento de las condiciones que en dicha resolución se detallan.

f) Copia de esas resoluciones sanitarias y de los monitoreos realizados fueron acompañados.

N° 22, de 12 de marzo de 2013, al Secretario Regional Ministerial de Salud - Región de Tarapacá .

Se pidió remitiera los informes médicos y técnicos que se tuvieron a la vista, para decidir la adquisición de vehículos Avant scanner para la detección de drogas, especialmente, en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas el uso de rayos x.

Mediante oficio N° 26, de 04 de abril de 2013, se complementó la petición, solicitando informara si esa Secretaría Regional Ministerial realizó, con posterioridad a su adquisición, alguna evaluación de carácter médico y/o técnico respecto de la utilización de camiones Avant scanner para la detección de drogas, en especial en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas.

Se reiteró mediante oficio N° 28, de 30 de abril de 2013.

Mediante oficio N° 1119, de 21 de junio de 2013, se informó que esa Secretaría Ministerial no tiene, en sus registros, información sobre automóviles o camiones Avant Scanner consultados y por ende, tampoco evaluaciones de carácter médico y/o técnico.

Si, en cambio, respecto de equipos de rayos X del tipo móvil para escaneo de vehículos y contenedores de carga, correspondientes al equipo Z Backscatter AS&E. Sobre el particular, informó que los Servicios de Salud autorizan las instalaciones radioactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes de 2ª y 3ª categoría y al personal que opera tales equipos, y que es menester de esa Autoridad Sanitaria realizar levantamientos radiométricos a tales equipos, en forma posterior a su adquisición, mantención, exportación y /o almacenamiento, en cuanto al carácter técnico, correspondiendo al Instituto de Salud Pública de Chile lo relativo al control médico.

N° 23, de 12 de marzo de 2013, a la Secretaria Regional Ministerial de Salud - Región de Antofagasta.

Se pidió remitiera los informes médicos y técnicos que se tuvieron a la vista, para decidir la adquisición de vehículos Avant scanner para la detección de drogas, especialmente, en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas el uso de rayos x.

Mediante oficio N° 27, de 04 de abril de 2013, se complementó la petición, solicitando informara si esa Secretaría Regional Ministerial realizó, con posterioridad a su adquisición, alguna evaluación de carácter médico y/o técnico respecto de la utilización de camiones Avant scanner para la detección de drogas, en especial en cuanto a los efectos que podría tener en la salud de las personas.

Se reiteró mediante oficio N° 29, de 30 de abril de 2013.

Mediante oficio N° 0682, de 11 de abril de 2013, se informó que esa Secretaría Regional no tuvo intervención alguna en la decisión de compra de automóviles Avant-Scanner para la detección de drogas.

N° 24, de 20 de marzo de 2013, al Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Se pidió copia de la resolución de nombramiento del abogado Alejandro Peña Ceballos como Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior , en razón a que de acuerdo al decreto N° 250 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 11 de abril de 2011, ese profesional fue contratado como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado.

-Mediante oficio N° 8113, de 10 de abril de 2013, el Subsecretario del Interior remitió copia del decreto N° 250, de 11 de abril de 2011, en virtud del cual se dispone el nombramiento de Alejandro Peña Ceballos para desempeñarse en la Subsecretaría del Interior.

Dicho decreto dispone que, por orden del Presidente de la República , el 11 de abril de 2011 se contrató desde ese día y hasta que sus servicios sean necesarios, los que en todo caso no podrán exceder del 31 de diciembre de 2011, con cargo a la cuota de excepción de 15 funcionarios dispuesta en el artículo 13 inciso 2° del D.L. N° 1608/1976, en la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al abogado Alejandro Andrés Ricardo Peña Ceballos, para desempeñarse en la Subsecretaría del Interior como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado, asimilado a grado 2° EUR.

N° 30, de 30 de abril de 2013, al Director de Televisión Nacional de Chile.

Se pidió copia del reportaje transmitido por ese canal de televisión, respecto al funcionamiento del Plan Frontera Norte.

Mediante oficio N° 045, de 06 de junio de 2013, se remitió copia del reportaje en DVD.

N° 31, de 30 de abril de 2013, al Director Ejecutivo de Canal13.

Se pidió copia del reportaje transmitido por ese canal de televisión, respecto al funcionamiento del Plan Frontera Norte.

Mediante carta S/N de 08 de mayo de 2013, se remitió copia del reportaje.

N° 32, de 30 de abril de 2013, al General Director de Carabineros de Chile.

Se pidió remitiera información respecto a las compras de densímetros y fibroscopios efectuadas por esa institución en los últimos 3 años, indicando cantidades y valores.

Mediante oficio N° 382, de 28 de mayo de 2013, la Secretaría General de Carabineros informó que efectuadas las averiguaciones del caso, se estableció que no se han registrado adquisiciones de densímetros ni fibroscopios, durante los últimos tres años. Asimismo, no existen procesos en trámite., por las referidas especies.

N° 33, de 30 de abril de 2013, al Contralor General de la República.

Se pidió remitiera copia de la planilla excel que envió, por correo electrónico, el señor Alfredo Giacoman al Teniente Coronel de Carabineros de Chile René Martínez Cuneo, el año 2011, con valores de diversos materiales tecnológicos para la implementación del Plan Frontera Norte, y que posteriormente se remitió a la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.

Mediante oficio N° 030974, de 17 de mayo de 2013, se informó que el 16 de noviembre de 2012 se dispuso la instrucción de un proceso disciplinario al interior de la Subsecretaría del Interior y en todas las entidades que sea necesario, a fin de investigar eventuales irregularidades en la ejecución del Programa Frontera Norte. En tal sentido, el sumario se encuentra en etapa resolutiva, revistiendo el carácter de secreto.

Una vez afinado, será remitido oportunamente el antecedente solicitado.

B.- Documentos Recibidos.

Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos

Informe recaído en la Partida 05, correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (boletín 7972-05-IV), de 8 de noviembre de 2011.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

a) “Nómina visita complejo y pasos fronterizos, días 6 y 7 de mayo de 2011”.

Señala 25 personas, con sus cargos, que participaron en tal visita.

b) “Planificación Estratégica”. División de Estudios. Agosto 2011 (ppt).

Presentación sobre nueva normativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el diagnóstico y actividades desarrolladas y en desarrollo sobre fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el control de ilícitos tanto en pasos habilitados como no habilitados de la zona norte.

c) Correos electrónicos de Alejandro Peña:

i) Minutas sobre Pasos no habilitados (16 de mayo de 2011).

ii) Complejos fronterizos (16 de mayo de 2011).

iii) Plan Estratégico (17 de mayo de 2011).

iv) Valparaíso (17 de mayo de 2011).

d) “Plan Frontera Norte. XV, I y II región” (ppt).

Exposición sobre situación de los pasos habilitados y no habilitados, líneas de control del plan, implementos y sus costos por región y línea de control, e identificación de tramos de control en cada región.

e) “Diagnóstico controles habilitados Zona Norte. XV - I y II regiones de Chile”. Servicio Nacional de Aduanas. Mayo 2011.

Análisis de los pasos fronterizos de Chacalluta, Chungará, Visviri, Colchane, Ollagüe y San Pedro de Atacama. Se concluye que están diseñados para el control aduanero, migratorio y fitozoosanitario, presentando falencias importantes para el control del tráfico de drogas, y se hacen sugerencias sobre el particular.

f) “Informe de necesidades para satisfacer demanda operativa de pasos fronterizos de la I y XV región”. Policía de Investigaciones de Chile, s/f.

Detalle sobre elementos necesarios para cada paso fronterizo, y valores unitarios y totales según el caso.

g) Oficio N° 18994, de 30 de agosto de 2011, mediante el cual Alejandro Peña, Jefe de la División de Estudios , solicita a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile un funcionario para realizar una comisión de servicios a las regiones XV, I y II con el fin de validar en terreno el trabajo de diagnóstico desarrollado en el marco del Plan Frontera Norte, entre los días 5 y 15 de septiembre de 2011.

Finalmente, solicita que el nombre del funcionario a designar y demás antecedentes sean informados al Jefe del Departamento de Proyectos de la División, Felipe Baeza.

h) Correo de 2 de septiembre de 2011, de Carabineros de Chile - Dirección de Investigación Delictual, informando que se designó en comisión de servicio en el marco del Plan Frontera Norte, para visita de septiembre de 2011, al Capitán Andrés Texido Zlatar, con apoyo del Tte. Coronel Marcelo Araya Zapata.

i) Res. 939, de 2 de septiembre de 2011, de Policía de Investigaciones de Chile - Prefectura Provincial de Valparaíso , designando en comisión de servicio en el marco del Plan Frontera Norte, para visita de septiembre de 2011, a Iván Villanueva Berindoague.

j) Res. 2812/18, de 02 de septiembre de 2011, del Ejército de Chile - Estado Mayor General, designando a 11 funcionarios en comisión de servicio en el marco del Plan Frontera Norte, para visita de septiembre de 2011.

k) Res. 6550, de 1 de septiembre de 2011, del Jefe de División Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, autorizando traslado y gastos a Felipe Baeza por visita de septiembre de 2011, en el marco del Plan Frontera Norte.

l) “Reconocimiento fronterizo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Defensa Nacional. 05 - 15 de septiembre de 2011” (ppt). Estado Mayor Conjunto.

m) Refiere agenda de trabajo a realizar y costos del mismo.

n) “Plan Frontera Norte. Regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta” (ppt).

ñ) Ministerio de Defensa Nacional - Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Exposición sobre el diagnóstico del escenario actual en materia de narcotráfico, plan de vigilancia y control de fronteras terrestres y marítimas, líneas de acción a ejecutar y costos asociados.

o) “Minuta sobre licitaciones públicas relativas al ‘Plan Frontera Norte’”, de 25 de noviembre de 2011, emitido por Victor Hugo Merino Rojas.

En ella, se abordan tres aspectos:

i) Posibilidad de establecer contactos con proveedores.

ii) Factibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración interinstitucional con diversos organismos públicos para que presten ayuda técnica en los procesos licitatorios.

iii) Posible forma de licitación y ventajas y desventajas de licitar bienes conjuntamente o de forma aislada.

p) Res. 11093, de 26 de diciembre de 2011. ?Aprueba documento que contiene el Plan Frontera Norte?.

q) “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, de 27 de diciembre de 2011, suscrito entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, tendiente a aumentar el control ejercido en las fronteras y espacio marítimo, inversión tecnológica y dotar de elementos técnicos y capacitación necesaria con el objeto de anticipar las estrategias del crimen organizado.

Es de vigencia indefinida y regirá una vez se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos aprobatorios.

r) “Bases técnicas de licitación pública para la adquisición equipos tecnológicos “fibroscopios”“. Carabineros de Chile.

s) “Bases técnicas de licitación pública para la adquisición equipos portátiles medidores de densidad “densímetros”“. Carabineros de Chile.

t) Res. N° 746, de 9 de marzo de 2012. “Aprueba las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos para licitar en propuesta pública la adquisición de 52 (cincuenta y dos) densímetros”.

u) “Preguntas Licitación ID N° 623-15-LP¨12”, entre el 23 y 31 de mayo de 2012, en www.mercadopublico.cl.

“Detector de contrabando modelo K910B”.

Manual del detector portátil de contrabando K910, que permite localizar contrabando oculto dentro de un objeto sospechoso.

w) Presentación de equipo densímetro, de Tecnodata, de 07 de junio de 2012, al Ministerio del Interior.

x) “Programa pruebas en terrenos de densímetro” ID N° 623-15-LP12 Plan Frontera Norte. Dispone que las pruebas en terreno se realizarán en Hito Cajón, II región, el martes 12 de junio de 2012.

y) Certificado de 4 de junio de 2012, de SAS R&D Services Inc, de que se otorga la distribución exclusiva a Tecnodata Ltda para la licitación N° 623-15-LP12.

z) Res. 3355, de 06 de junio de 2012. “Aprueba conformación de comisión evaluadora de las ofertas recibidas en la propuesta pública para la adquisición de 52 densímetros”.

La misma fue integrada por Felipe Baeza Prieto, designado para estos efectos por el Jefe de la División de Estudios ; Rodrigo Muñoz Toledo, de la División de Estudios; Chrystian Urzúa Bilbao, designado para estos efectos por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, César Saavedra Robles, designado para estos efectos por el Jefe del Departamento de Servicios Generales , y Manuel Cacho Gálmez, designado para estos efectos por el Jefe de la División Jurídica .

a.1) Res. 3412, de 7 de junio de 2012, designa a Germán Cristián Salinas Villagra, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, como experto para emitir opinión técnica en la licitación pública para la adquisición de densímetros.

a.2) Acta de comparecencia, de 12 de junio de 2012, sobre visita a terreno y pruebas de los equipos ofertados en licitación pública para la adquisición de 52 densímetros, ID N° 623-15-LP12. Sólo participó Tecnodata Ltda.

a.3) Informe de 13 de junio de 2012, emitido por Germán Salinas Villagra, certificando que el equipamiento ofertado por Tecnodata Ltda. cumple con la totalidad de las características mínimas requeridas por el Ministerio en las bases de licitación ID N° 623-15-LP12.

a.4) Acta de 21 de junio de 2012, sobre evaluación y adjudicación de la licitación pública para la adquisición de 52 densímetros, ID N° 623-15-LP12.

Concluye que, luego de analizar pormenorizadamente las ofertas presentadas en la licitación pública de que se trata, la Comisión Evaluadora resuelve proponer la adjudicación de la oferta presentada por Tecnodata Ltda., por considerar que esta es conveniente a los intereses del Ministerio.

a.5) Res. 3964, de 25 de junio de 2012. “Adjudica licitación pública para la adquisición de 52 densímetros, ID N° 623-15-LP12, a la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.”, por $ 1.218.540.960.- IVA incluido.

Tiene timbre ?totalmente tramitado? de fecha 5 de julio de 2012.

a.6) Certificado N° 130, de 25 de junio de 2012, del Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el compromiso tramitado en Res. 3964, de 25 de junio de 2012.

a.7) Decreto 1068, de 27 de septiembre de 2012. “Aprueba contrato y modificación contractual suscritos con Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Limitada, para la adquisición de cincuenta y dos densímetros, licitación pública ID N° 623-15-LP12, y deja sin efecto decreto N° 931 de 2012”.

Tiene timbre “Contraloría General - Oficina General de Partes”, de fecha 02 de octubre de 2012, y “retirado sin tramitar” de 5 de octubre de 2012.

El contrato en cuestión tiene fecha 22 de agosto de 2012. Lo adquirido fueron 52 densímetros buster, modelo K910B.

La modificación se relaciona con sustituir la garantía, que era una póliza de seguro, por una boleta de garantía bancaria.

a.8) Res. N° 745, de 9 de marzo de 2012. “Aprueba las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos para licitar en propuesta pública la adquisición de 52 (cincuenta y dos) fibroscopios”.

a.9) “Preguntas Licitación ID N° 623-14-LP¨12”, entre el 23 y 31 de mayo de 2012, en www.mercadopublico.cl.

a.10) “Manual para el usuario”, de “The ultímate fiberscope”, emitido por SASRAD-USA.

a.11) Presentación de equipo fibroscopia ultímate, de 07 de junio de 2012, por Tecnodata, al Ministerio del Interior.

a.12) Certificado de 5 de octubre de 2012, sobre estado de inscripción en ChileProveedores de Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda. “Hábil”

a.13) “Programa pruebas en terrenos de fibroscopios” ID N° 623-14-LP12 Plan Frontera Norte. Dispone que las pruebas en terreno se realizarán en Hito Cajón, II región, el martes 12 de junio de 2012.

a.14) Certificado de 4 de junio de 2012, de SAS R&D Services Inc, de que se otorga la distribución exclusiva a Tecnodata Ltda para la licitación N° 623-14-LP12.

a.15) Res. 3354, de 06 de junio de 2012. “Aprueba conformación de comisión evaluadora de las ofertas recibidas en la propuesta pública para la adquisición de 52 fibroscopios”.

La misma fue integrada por Felipe Baeza Prieto, designado para estos efectos por el Jefe de la División de Estudios ; Rodrigo Muñoz Toledo, de la División de Estudios; Chrystian Urzúa Bilbao, designado para estos efectos por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, César Saavedra Robles, designado para estos efectos por el Jefe del Departamento de Servicios Generales , y Manuel Cacho Gálmez, designado para estos efectos por el Jefe de la División Jurídica .

a.16) Res. 3411, de 7 de junio de 2012, designa a Germán Cristián Salinas Villagra, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, como experto para emitir opinión técnica en la licitación pública para la adquisición de fibroscopios.

a.17) Acta de comparecencia, de 12 de junio de 2012, sobre visita a terreno y pruebas de los equipos ofertados en licitación pública para la adquisición de 52 fibroscopios, ID N° 623-14-LP12. Sólo participó Tecnodata Ltda. SID Solutions Ltda. no compareció.

a.18) Informe de 13 de junio de 2012, emitido por Germán Salinas Villagra, certificando que el equipamiento ofertado por Tecnodata Ltda. cumple con la totalidad de las características mínimas requeridas por el Ministerio en las bases de licitación ID N° 623-15-LP12.

Asimismo, que el oferente SID Solutions Ltda. no concurrió a la prueba en terreno, por lo cual no se pudo verificar el cumplimiento de las características mínimas requeridas por la entidad licitante.

a.19) Res. 3965, de 25 de junio de 2012. “Adjudica licitación pública para la adquisición de 52 fibroscopios, ID N° 623-14-LP12, a la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.”, por $ 615.706.000.- IVA incluido.

a.20) Certificado N° 131, de 25 de junio de 2012, del Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el compromiso tramitado en Res. 3965, de 25 de junio de 2012.

a.21) Acta de 21 de junio de 2012, sobre evaluación y adjudicación de la licitación pública para la adquisición de 52 fibroscopios, ID N° 623-14-LP12.

Concluye que, luego de analizar pormenorizadamente las ofertas presentadas en la licitación pública de que se trata, la Comisión Evaluadora resuelve desestimar la oferta de SID Solutions Ltda., y proponer la adjudicación de la oferta presentada por Tecnodata Ltda., por considerar que esta es conveniente a los intereses del Ministerio.

a.22) Decreto 1067, de 27 de septiembre de 2012. “Aprueba contrato y modificación contractual suscritos con Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Limitada, para la adquisición de cincuenta y dos fibroscopios, licitación pública ID N° 623-14-LP12, y deja sin efecto decreto N° 930 de 2012”.

Tiene timbre “Contraloría General - Oficina General de Partes”, de fecha 02 de octubre de 2012, y “retirado sin tramitar” de 5 de octubre de 2012.

El contrato en cuestión tiene fecha 22 de agosto de 2012. Lo adquirido fueron 52 fibroscopios Ultimate, modelo FS210.

La modificación se relaciona con sustituir la garantía, que era una póliza de seguro, por una boleta de garantía bancaria.

a.23) Oficio 16762, de 4 de octubre de 2012, al Contralor General de la República, informando publicación de Ciper Chile de 02 de octubre de 2012 y un conjunto de antecedentes, a fin de tenerlos presente en el proceso de toma de razón de los decretos 1067 y 1068, de 2 de octubre de 2012.

a.24) “Oferta económica Asesorías e Inversiones Santa Victoria Ltda. Licitación 586-44-LP10. Adquisición de equipos rayos X, medidores de densidad, visores de fibra óptica y detector narcóticos”, de 30 de junio de 2010, al Servicio Nacional de Aduanas.

a.26) Certificado de 25 de junio de 2012, de SAS R&D, indicando que Asesorías e Inversiones Santa Victoria Ltda, representada por Roberto Weinberger, es su representante y distribuidor exclusivo en Chile desde 1999.

a.27) Contrato de 6 de octubre de 2010, entre el Servicio Nacional de Aduanas y Asesorías e Inversiones San Victoria Ltda, sobre adjudicación N° 586-44-LP10, de cuatro equipos visores de fibra óptica Ultimate Fiberscope y dos equipos medidores de densidad.

a.28) Oficio 16836, de 5 de octubre de 2012, al Contralor General de la República, retirando del trámite de toma de razón, los decretos 1067 y 1068, de 2 de octubre de 2012.

a.29) Res. de 5 de octubre de 2012, que ordena instruir sumario administrativo, a fin de determinar la eventual existencia de responsabilidades administrativas, respecto de las denuncias realizadas por Ciper Chile, en la adquisición de implementos para el Plan Frontera Norte.

a.30) Correo electrónico de 5 de octubre de 2012, de Alejandro Peña a Rodrigo Ubilla, mediante el cual renuncia al cargo, atendido que profesionales de su dependencia llevaron a cabo los procesos cuestionados.

a.31) Oficio 16911, de 8 de octubre de 2012, remitiendo antecedentes al Consejo de Defensa del Estado .

a.32) Oficio 16878, de 8 de octubre de 2012, al Contralor General de la República , complementando información de oficio 16762, y solicitando arbitrar todos los medios a su alcance para esclarecer la situación denunciada, y disponga una investigación especial en relación con el caso.

a.33) Querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago , de 8 de octubre de 2012, de Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior , en contra de todos aquellos que resulten responsables en relación a los hechos investigados en RUC 1200990944-1, por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por fraude al Fisco y Violación de Secretos (239 y 246 del Código Penal).

a.34) Escrito de 11 de octubre de 2012, en autos RIT 14994-2012, RUC 1210029671-1, mediante el cual se aclara que Rodrigo Ubilla comparece en juicio de modo individual, pero que se menciona su calidad de Subsecretario del Interior por ser un hecho objetivo relevante.

a.35) Res 7649, de 28 de agosto de 2012. “Designa a Germán Salinas Villagra, de la Policía de Investigaciones de Chile, a Rodrigo Baker Weiss y a Carlos González González, del Instituto de Investigación y Control del Ejército de Chile, como expertos para asesorar técnicamente a la comisión evaluadora de la licitación pública para la adquisición de cámaras termales ID 623-19-LP12”.

Se designó a Germán Salinas Villagra, Sub-Comisario del Departamento de Apoyo Electrónico de la Policía de Investigaciones , como experto en materias de equipamiento tecnológico; Carlos González González en su calidad de experto en materias de optrónica y al Mayor de Ejército Rodrigo Baker Weiss.

a.36) Oficio 4182/3036, de 24 de septiembre de 2012, del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile, sobre informe técnico de cumplimiento de pruebas de campo, sobre cámaras de visión térmica, realizados en Isluga, a cuatro proveedores.

a.37) Certificado de Germán Salinas Villagra, 24 de septiembre de 2012, informando que el equipamiento ofertado por Comercializadora, Exportadora e Importadora C y M SA., en lo que respecta a la línea de producto cámaras termales de más de 18 kms. de detección, cumple la totalidad de las características técnicas, de acuerdo a prueba realizada en Pampa Parajalla, Colchane, región de Tarapacá.

a.38) Certificado de Germán Salinas Villagra, 24 de septiembre de 2012, informando que el equipamiento ofertado por Comercializadora, Exportadora e Importadora C y M SA., en lo que respecta a la línea de producto cámaras termales de más de 4 kms. de detección, cumple la totalidad de las características técnicas, de acuerdo a prueba realizada en Pampa Parajalla, Colchane, región de Tarapacá.

a.39) Certificado de Germán Salinas Villagra, 24 de septiembre de 2012, informando que el equipamiento ofertado por Patroll International SA., en lo que respecta a la línea de producto cámaras termales de más de 18 kms. de detección con torre, cumple la totalidad de las características técnicas, de acuerdo a prueba realizada en Pampa Parajalla, Colchane, región de Tarapacá.

a.40) Informe de Evaluación, de 28 de septiembre de 2012, emitido por Germán Salinas Villagra, señalando que en la licitación N° 623-19-LP12, sobre adquisición de cuatro cámaras termales de más de 18 kms. de detección, no tienen oferentes que cumplan los requisitos mínimos solicitados.

a.41) Informe de Evaluación, de 28 de septiembre de 2012, emitido por Germán Salinas Villagra, señalando que en la licitación N° 623-19-LP12, sobre adquisición de tres cámaras termales de más de 4 kms. de detección, puede ser adjudicada a Comercializadora, Exportadora e Importadora C y M SA., pues cumple con los requerimientos técnicos solicitados.

a.42) Oficio 112, de 30 de octubre de 2012, al Ministro de Defensa Nacional . Reservado.

a.43) Oficio 1595/6495, del Secretario General del Ejército al Jefe de Ayudantía Militar del Ministro de Defensa Nacional . Reservado.

a.44) Oficio 20254, de 30 de noviembre de 2012, a Contraloría General de la República , remitiendo información solicitada sobre Plan Frontera Norte.

a.45) Acompañados por el diputado René Saffirio:

i) Res. 2167, de 1 de junio de 2011. Nombramiento de David Eusebio Huina Valenzuela como Jefe de División de Investigaciones.

ii) Res. 2178, de 1 de junio de 2011. Nombramiento de Constanza del Pilar Farías Prieto como Jefe de División de Carabineros.

a.46) Acompañados por el diputado Enrique Accorsi:

-ORD 01866, de 25 de enero de 2013. Informa que ante denuncia sobre eventual desaparición de un 10% de la droga decomisada en operativos policiales, se interpusieron dos querellas criminales, el 12 y 17 de octubre de 2012. Asimismo, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur desarrolla la investigación RUC 1200698648-8.

Finalmente, que la recepción, custodia y destrucción de sustancias ilícitas, las plantas y materias primas destinadas para su elaboración es responsabilidad del Servicio de Salud correspondiente.

Ministerio de Salud

a) ORD 3916, de 13 de diciembre de 2012, al Presidente de la Cámara de Diputados.

Informa que no puede remitir antecedentes relativos a la eventual pérdida de un 10% de la droga decomisada, en proceso de incineración, que debió ser destruida durante el año 2010, pues podría entorpecerse la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Asimismo, adjunta ORD 1707, de 25 de octubre de 2012, del Instituto de Salud Pública de Chile, que informa sobre cantidad de droga recibida en 2010, y eventuales razones de diferencia entre las cantidades recibidas y efectivamente destruidas.

El documento fue acompañado por el diputado Enrique Accorsi.

b) Querella del Servicio de Salud de Iquique, de 12 de julio de 2011, en contra de todas aquellas personas que resulten responsables del delito de estafa (470 N° 8 en relación al 467 del Código Penal).

El ilícito consistiría en que MEDITEC SA emitió a sabiendas, una factura por la compra de equipos a nombre del Servicio de Salud de Iquique, la factorizó en la banca factoring del Banco Santander, y luego, antes que se le informara por ese Servicio de un error de referencia en la emisión de la factura, emitió una segunda factura por los mismos conceptos, pero sobre la base de una orden de compra emitida por otro Servicio de Salud, a nombre del Gobierno Regional de Tarapacá, con el objeto de que se le pagara el mismo precio. Así, recibiría dos veces el precio de los equipos.

El documento fue acompañado por la Intendenta Luz Ebensperger.

Contraloría General de la República

a) Informe de investigación especial N° 13, de 26 de septiembre de 2012, sobre supuestos hechos ilegales en la ejecución del proyecto “adquisición e Instalación equipo horno incinerador Hospital de Iquique”, en el Servicio de Salud Iquique. En él, se concluyó lo siguiente:

i) Que el proyecto fue válidamente aprobado por el GORE de Tarapacá, pero que el Servicio de Salud agregó en las bases de licitación cuestiones no contempladas en la aprobación;

ii) Que la cotización sobre el valor normal fue producto de que la empresa MADITEC incluyó en la segunda de ellas el valor de las obras civiles exigidas en las bases de licitación, pero no aprobadas por el GORE de Tarapacá.

iii) Que en el caso, haber evitado la licitación pública se ajustó a la normativa;

iv) Que no se determinó de modo fehaciente e indubitado quien ejecutó las obras civiles;

v) Que no se nombró un inspector fiscal para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del convenio;

vi) Que hay inconsistencia entre el plazo de ejecución establecido en el contrato con Meditec SA. y el acta de entrega de entrega de terreno por la Unidad Técnica a esa empresa;

vii) Que durante 41 días, el proyecto no estuvo cubierto mediante boleta de garantía;

viii) Que el cobro de la boleta de garantía fue tardío;

ix) Que a pesar de estar en conocimiento del incumplimiento contractual, la autoridad de salud igualmente remitió a pago la segunda factura de MEDITEC SA, lo que podría haber ocasionado un doble pago. Asimismo, que no se hallaron antecedentes de haberse realizado las diligencias dispuestas en la ley 19.983; inconsistencia de fechas entre lo declarado en la querella del Servicio de Salud de Iquique y el alta de inventario de uno de los equipos (21 de abril de 2011 - 25 de enero de 2011).

Finalmente, que se decidió iniciar un proceso disciplinario a fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y falta de probidad.

El documento fue acompañado por el diputado Hugo Gutiérrez.

b) Dictamen 070533, de 14 de noviembre de 2012, “Comunica inicio de visita y solicita información que indica”, al Subsecretario del Interior , sobre verificación de correcto uso de los fondos y procedimientos administrativos relativos al Plan Frontera Norte.

c) Dictamen 076164, de 7 de diciembre de 2012, a Subsecretaría del Interior , informando suspensión de auditoría, atendido lo informado en oficio de esa Institución N° 20254, de 2012.

Biblioteca del Congreso Nacional

a) ?Plan Frontera Norte en Chile y experiencia comparada?.

Minuta sobre los objetivos, líneas de acción y plazos de ejecución del Plan Frontera Norte, y de experiencias comparadas reseñadas para su elaboración, como la experiencia brasileña con el plan “Frontera Segura”, donde las FF.AA. adquieren un rol relevante en las operaciones de vigilancia y control; y el plan argentino “Escudo Norte”, donde el papel de las fuerzas se limita al manejo de los radares para luego entregar la información a la fuerza policial correspondiente.

b) “Caso sobreprecios” en la Subsecretaría del Interior.

Sistematización de la información de prensa en la materia.

c) “Plan Frontera Norte: Renuncias en el marco de presuntas irregularidades en las licitaciones”.

Minuta en base a información del sitio web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre los cargos y facultades de Alejandro Peña Ceballos, Felipe Baeza Prieto, Carlos Álvarez Sanhueza y René Castellón Argote, funcionarios que presentaron su renuncia o les fue solicitada, como resultado de la denuncia realizada por Ciper Chile por presuntos sobreprecios en el marco de la licitación para la adquisición de equipos para el Plan Frontera Norte.

d) “Rol de Fuerzas Armadas en combate al narcotráfico: experiencia comparada”.

Minuta sobre la actuación de las fuerzas armadas en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú.

e) Sin título.

Cuadro esquemático elaborado a petición del diputado Enrique Accorsi, que informa detalles de compra y montos involucrados en compras, desde 2007 hasta 2012, de Tecnodata Ltda. con Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el de Transportes y Telecomunicaciones.

Para igual período y con diversas instituciones públicas, se detallan compras realizadas a Tecnodata SA.

Policía de Investigaciones de Chile

a) Res. N° 212, de 15 de abril de 2013, sobre adquisición de fibroscopios desde el año 2006 hasta el 2011. Reservado.

Ciper Chile

a) “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”. Artículo de prensa del 02 de octubre de 2012.

b) “Nuevos antecedentes confirman sobreprecio en licitación de equipos para detectar drogas”. Artículo de prensa del 04 de octubre de 2012.

c) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto y Daniel Weinberger, de 20 de febrero de 2012, referente a copia de la oferta económica de ITI a la Policía de Investigaciones por los fibroscopios.

d) Correo electrónico de Roberto Weinberger a Alfredo Giacoman, de 6 de junio de 2012, indicando que el precio del buster con 3 años de garantía es de USD 19,625.00.- más IVA, y se sugiere que los valores de los fibroscopios autorreparable sea $ 9.500.000.- más IVA y del buster K910 3 años de garantía de fábrica más pértiga de 2 mts., $ 14.500.000.

e) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto Weinberger, de 6 de junio de 2012, consultando aclaraciones en valores de productos.

f) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto y Daniel Weinberger, de 11 de junio de 2012, referente a postulación en licitación sobre fibroscopios.

g) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto y Daniel Weinberger, de 26 de junio de 2012.

h) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto Weinberger, de 4 de julio de 2012, anunciando que la adjudicación se realizará en fecha próxima.

i) Correo electrónico de Alfredo Giacoman a Roberto y Daniel Weinberger, de 6 de julio de 2012, con el siguiente mensaje “Estimados amigos, Lo prometido es cumplido. Felicidades, llegó la hora de celebrar.”, adjuntando órdenes de compra por densímetros y fibroscopios.

j) Correo electrónico de SAS R&D a Gustavo Villarrubia, de 4 de septiembre de 2012, indicando que el precio básico por un equipo Buster es USD 9,000.00.- en fábrica.

k) Correo electrónico entre SAS R&D y Procomex America, en septiembre de 2012. Se indica que tienen un representante permanente en Chile.

Tecnodata Limitada

a) Balance clasificado. Enero a diciembre de 2012.

b) Correos electrónicos a Hugo Federico, de 10 y 18 de agosto de 2011, sobre término de relación comercial.

c) Correo electrónico de Hugo Federico, de 05 de septiembre de 2011, sobre término de relación comercial.

d) 2 Facturas al Servicio de Gobierno Interior, 5 a Gobiernos Regionales y 2 a la Dirección de Logística de Carabineros.

e) “Consulta situación tributaria de terceros”, emitida por el Servicio de Impuestos Internos el 25 de junio de 2013, sobre “Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.” e “Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.”.

f) Orden de compra N° 623-1815-SE12, de 06 de julio de 2012, de 52 densímetros, por $ 1.218.540.960.- IVA incluido.

g) Orden de compra N° 623-1816-SE12, de 06 de julio de 2012, de 52 fibroscopios, por $ 615.706.000.- IVA incluido.

h) Boletas de garantía de seriedad de la oferta, a favor del Ministerio del Interior, solicitada por “Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda.”, en:

i) Banco de Chile, emitida el 05 de junio de 2012, valida hasta el 07 de septiembre de 2012, por $ 50.000.000.- en ID 623-14-LP12.

ii) Banco de Chile, emitida el 05 de junio de 2012, valida hasta el 07 de septiembre de 2012, por $ 50.000.000.- en ID 623-15-LP12

iii) Banco de Chile, emitida el 31 de agosto de 2012, valida hasta el 13 de diciembre de 2012, por $ 100.000.000.- en ID 623-19-LP12

iv) Banco de Crédito e Inversiones, emitida el 26 de septiembre de 2012, válida hasta el 16 de marzo de 2015, por $ 123.141.200.- en ID 623-14-LP12

v) Banco de Crédito e Inversiones, emitida el 26 de septiembre de 2012, válida hasta el 16 de marzo de 2015, por $ 243.708.192.- en ID 623-15-LP12.

i) Factura proforma N° 21, de 06 de julio de 2012, de Santa Victoria, por 52 Buster k910 con pértiga de 2 mts. y 52 Ultimate Fiberscopes, por USD 2,011,867.00.-

j) “Aviso de emisión de carta de crédito de importación”, de 20 de julio de 2012. Emitido por el Banco Santander Santiago, por USD 2,011,8673.00.-

k) “Costos licitación Ministerio del Interior”.

Resumen de los gastos por servicios post venta solicitados en licitación. Estimando un tipo de cambio de USD1 = $ 510, la rentabilidad del proyecto sería 22,42%.

l) “Confirmación orden de compra”, emitida por Phoenix American Technologies:

i) 30 de septiembre de 2009, por 5 densímetros merlin-133. Total neto US$ 121,550.00-

ii) De 8 de octubre de 2009, por 5 fibroscopios 12mm con fuente externa de luz. Total neto US$ 78,275.00.-

m) Cotizaciones, de 7 de septiembre de 2011, a Roberto Gómez, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por:

i) 30 kits completos de densímetros merlin 133 con brazo de 0,5 metros. Total $ 892.285.800.-

ii) 30 sistemas fibroscopios con fuente de poder externa de alta intensidad de emisión de luz, para revisión de estanques de combustible y contenedores. Capacidad de rotación de terminal del fibroscopios de 360°, 12 mm de espesor y 1,5 metros de longitud. Total $ 590.700.018.-

iii) 3 solución termal dual de hasta 22 km con software de detección automática. Total $ 571.200.000.-

iv) 40 visor termal jenoptic modelo vario view 150. Total $ 1.422.799.986.-

v) Los valores de todas las cotizaciones incluyen el valor del IVA, impuestos de internación, gastos de aduana, capacitaciones y garantía de 12 meses.

n) Correo electrónico a Roberto Weinberger, de 8 de junio de 2012, consultando valor de un producto que indica.

Felipe Baeza Prieto

a) Declaración ante el Ministerio Público, de 7 de enero de 2013.

b) Declaración ante el Ministerio Público, de 17 de octubre de 2012, de Rodrigo Ubilla Mackenney.

V. CONSIDERACIONES QUE SIRVAN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Con el voto favorable de los diputados señores Accorsi, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Vargas, don Orlando y Walker, don Matías y el voto en contra de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y los diputados señores Browne, don Pedro; Delmastro, don Roberto; Hasbún, don Gustavo y Rosales, don Joel, vuestra Comisión rechazó las conclusiones y proposiciones formuladas por el diputado Schilling, don Marcelo, cuyas consideraciones son las siguientes:

1) Objetivos de la Comisión Investigadora.

Esta Comisión tuvo por finalidad investigar las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido en la Implementación del Plan Frontera Norte

La finalidad de este plan era evitar el ingreso y salida de la droga y el contrabando por los pasos habilitados y no habilitados terrestres y marítimos; coordinando instituciones como Carabineros, PDI, Aduana, SAG, Directemar, Ministerio del Interior, Intendencia, y un presupuesto estimativo que se plateó en un monto estimado -desde 2011 a 2014- de 35 mil millones de pesos, más o menos 70 millones de dólares, que se desagregan en 7 millones en 2011, 10.016 millones en 2012, 17.000 millones en 2013 y 500 millones en 2014.

2) Presuntas irregularidades en el Marco del Plan Frontera Norte

La dirección del Plan Frontera Norte estuvo a cargo, del ciudadano Alejandro Peña. El ahora renunciado funcionario, sucumbió ante la denuncia efectuada durante los días 2 y 4 de octubre de los corrientes, por el Centro de Investigación e Información Periodísticas, Ciper, a través, de su sitio electrónico: http:/ciperchile.cl, y en reportajes sucesivos entregó a la opinión publica, antecedentes de una serie de hechos que eventualmente pueden configurar responsabilidad.

Conforme a los antecedentes disponibles, con fecha 7 de junio de 2012, el citado Ministerio de Estado, por intermedio de la Subsecretaría del Interior, adquirió en virtud de este “Plan Frontera Norte”, densímetros (que corresponden a un escáner portátil para la detección de droga) y fibroscopios para detectar drogas, por un total de $ 1.834 millones. Por cada densímetro canceló $ 23,4 millones a la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda., no obstante que según la información que señala el reportaje, su fabricante los vende en Estados Unidos en la suma equivalente en moneda nacional de $ 4,3 millones, lo que acreditaría un sobreprecio conforme a las condiciones de equidad que habitualmente prevalecen en el mercado.

La referida licitación fue adjudicada a la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda. mediante la Resolución Exenta Nº 3964 de fecha 25 de junio de 2012, suscrita por el Subsecretario del Interior Sr. Rodrigo Ubilla Meckeney. Entre los fundamentos del referido acto administrativo, que sólo se menciona que sólo se presento un único oferente y que éste concurrió a la visita en terreno y prueba de los equipos ofertados, empero, escuetamente señala una “adecuada evaluación de los aspectos económicos”, lo que resulta contrario al telos de la ley Nº19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, pues, resulta evidente que el citado proceso de licitación no cumplió el objetivo que “permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros”.

Según lo informado profusamente en diversos medios de prensa, en relación a los densímetros, es necesario atender a ciertos datos objetivos para entender la magnitud de los hechos en comento: su fabricante en Estados Unidos es la empresa SAS R&D SERVICES INC. la que vende cada unidad en US$ 9.000 (equivalente a unos $ 4,3 millones de pesos aproximadamente) en su mercado local. Evidentemente, el costo del transporte a Chile e internación, además de la garantía y servicio técnico, aumentan el precio, como son usualmente los costos de seguro, flete e internación (valor CIF), empero, el incremento fue claramente desproporcionado, pues el Ministerio del Interior pago en valor neto la suma de $ 19.692.000 por cada unidad, como se desprende la orden de compra Nº623-1815 SE12, lo que mas el incremento correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, cuya tasa corresponde al 19% del valor neto, el desembolso fue de $ 23.433.480 por unidad.

La licitación de los densímetros fue acompañada de otra adquisición tecnológica para el combate contra el narcotráfico: la adquisición de 52 fibroscopios, equipos flexibles que permiten revisar ductos y compartimentos de difícil acceso, como los estanques de combustible de los vehículos. Como indica el reportaje de Ciper, el Ministerio del Interior compró cada unidad a un precio de $ 9.950.000 valor neto, lo que sumado el IVA dio como valor total la suma de $ 11.840.550, lo que se ratifica con la orden de compra que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación. Lo anterior, indica el reportaje, en circunstancias que en el mercado chileno hay una empresa -SID Solution- que vende equipos similares, un 30% más baratos, en definitiva la Orden de compra Nº 623-1816-SE12, se emitió por la suma total de 615.706.000.

Como fue señalado, ambas licitaciones, de los instrumentos mencionados, estos fueron vendidos al Ministerio del Interior por la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda., la única empresa que pudo cumplir los requerimientos de las dos licitaciones que fueron abiertas por esa cartera el pasado 18 de mayo de 2012 y cuyo proceso se cerró tres semanas después el 7 de junio de los corrientes.

A partir de estos hechos, es que surgen situaciones que no resultan justificadas, es así que, requerido por Ciper el representante legal del proveedor beneficiado en estas licitaciones, Alfredo Giacoman Assi, gerente general de Tecnodata, explicó que él quiso comprar los equipos directamente a su fabricante en Estados Unidos, la empresa SAS R&D Services INC. domiciliada en 2371 S.W. 195 avenue Miramar, Florida, pero que estos le habrían respondido que no podían venderle ni darle una cotización de precios porque tenían un representante exclusivo en Chile: Asesorías E Inversiones Santa Victoria Limitada, una empresa gastronómica dedicada a la impoRtación de productos Gourmet según el reportaje y su propio sitio web (www.santavictoria.cl), y cuyo objeto social resulta al menos discutible para el área tecnológica a la cuál se dedica la firma Norteamericana.

Es por esta razón, que supuestamente Alfredo Giacoman, en representación de Tecnodata Ltda., aseguró que debió entenderse con Asesorías E Inversiones Santa Victoria Limitada, empresa que le vendió cada densímetro en US$ 24.564 (unos $ 11,6 millones) y cada fibroscopio en US$ 14.125 (cerca de $ 6,7 millones). El total de la compra habría sido de US$ 2.011.867 (alrededor de $ 955 millones). de 2012, el mismo día en que su empresa -Tecno se adjudicó la licitación.

En el evento que Tecnodata Ltda. hubiese cancelado a Asesorías E Inversiones Santa Victoria Limitada los $ 955 millones por los densímetros y fibroscopios, el margen de utilidades era significativo pues la adjudicación venderlos al Ministerio del Interior, suma en total $ 1.834 millones, lo que da una diferencia de $ 879 millones (monto al que se debe descontar el 19% correspondiente al IVA). Pero aún con la recarga del impuesto, es discutible la explicación sobre el abultamiento del precio, a raíz del monto del impuesto como aparece de la declaración pública efectuada por el Ministerio del Interior y que se acompaña, pues conforme a las reglas del cálculo de impuestos del Impuesto a las ventas y servicios Tecnodata Ltda. podía imputar como crédito el IVA por la supuesta compra efectuada a la empresa Asesoría E Inversiones Santa Victoria Limitada, lo que desbarata la justificación por los precios abultados.

En este último punto, cobra relevancia el hecho que se afirme que el distribuidor exclusivo en Chile es Asesoría e Inversiones Santa Victoria Limitada, porque de otro modo resulta inexplicable que en el proceso de licitación Nº 623- 15- LP12, se acompañe por el único oferente (Tecnodata) un certificado de fecha 4 de junio de 2012, en virtud de la cuál el señor TED SAS presidente de SAS R&D Services INC. certifica que la empresa entrega la distribución exclusiva en Chile a Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda. RUT 78.722.360-5, exclusivamente para la Licitación Nº 623-15-LP12.

Por otro lado conforme a los antecedentes publicados por Ciper con fecha 4 de octubre de 2012, se publican una serie de correos electrónicos entre los representantes de la empresa intermediaria (Asesoría e inversiones Santa Victoria) y Tecnodata Ltda., los que revelan que existió entrega de información desde la cartera ministerial, pues el principio de igualdad de los oferentes, hace impensable que un proveedor pueda contar con este tipo de informaciones en pleno proceso licitatorio.

Los hechos anteriores dan cuenta de una serie de artificios y faltas en la debida superviligilancia llevada a cabo en la licitación de ambos equipos para la detección de la droga.

3) Antecedentes que se desprenden de las diversas declaraciones vertidas en la Comisión.

Declaraciones del Subsecretario del Interior don Rodrigo Ubilla Mackeney. De sus declaraciones cabe destacar lo siguiente:

“Entonces, en abril de 2011, se generó la División de Estudios, con Alejandro Peña como jefe. Estaba compuesta por tres unidades: Crimen Organizado, Orden Público y la Unidad de Proyectos, a cargo de don Marko Magdic, Sylvia Delgado y Felipe Baeza, respectivamente. Ellos llegaron a trabajar en abril e inmediatamente se les asignaron responsabilidades acotadas a lo que sería su plan de trabajo para el período 2011-2014.”.

“Nombramos la comisión evaluadora, integrada por Felipe Baeza y Rodrigo Muñoz, los dos de la unidad de proyectos; Cristián Urzúa, funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas; César Saavedra, de Servicios Generales, y Manuel Cacho, de la Unidad Jurídica. Aquí están todos los documentos oficiales”.

“En el caso de Felipe Baeza, la recomendación de su contratación la hizo el propio Alejandro Peña. Cuando el señor Baeza comenzó a trabajar le solicité que me entregara su currículum. Lo entrevisté personalmente y su contratación respondió a que cumplía con un perfil previamente definido en el organigrama del Ministerio, en este caso, de la División de Estudios. Él es el único jefe de área, de profesión ingeniero comercial, que asumió una responsabilidad entre abogados encargados del crimen organizado, precursores químicos, etcétera y, básicamente, su objetivo, con su experticia profesional, era sacar adelante los proyectos de apoyo a las otras unidades.

Reitero, la contratación de Felipe Baeza fue por recomendación de Alejandro Peña, pero por decisión mía, ya que yo instruyo la firma de los contratos respectivos en función del perfil curricular, en este caso, de Felipe Baeza.”.

“En el caso de la licitación de densímetros y fibroscopios, desde el comienzo les pedí a los funcionarios que estaban a cargo del trabajo en conjunto con las instituciones, en este caso Carabineros e Investigaciones, no sólo la definición de las bases, sino que desde el diagnóstico y levantamiento de las necesidades del Plan Frontera Norte. Como paso siguiente, una vez aprobado dicho plan y definido el presupuesto para el 2012, se siguió con la misma metodología: trabajar con las instituciones policiales en la definición de las características técnicas de los instrumentos, densímetros y fibroscopios, y en los valores referenciales.”

“La determinación del precio correspondió a la División de Estudios, en concreto al Departamento de Proyectos. No obstante, hay un antecedente que no poseo, pero está acompañado en el expediente del tribunal, en el Ministerio Público y se podría conseguir más adelante.

“Al preparar las bases administrativas, junto con un abogado, se redacta y se remite por correo el proyecto de base administrativa al encargado del Departamento de Proyectos , para que complementen aquellas bases técnicas o digan lo que tengan que decir en relación con ello. Es decir, un pimponeo constante, disculpando el término, pero van y vienen las bases, basta definirlas.”.

“Al respecto, hay un correo anterior a marzo, mes en que se aprobaron las bases -debe ser de febrero- en el cual la División Jurídica remite al Departamento de Proyectos las bases administrativas, pero sin precio. Es por esta razón que nosotros no lo conocíamos. A vuelta de correo llegan las bases administrativas con el precio señalado por el Departamento de Proyectos.

Yo no tengo acceso a ese mensaje, ya que emanó de una persona que trabajó conmigo. Sin embargo, ese mail existe y aparece en el expediente que se encuentra en el Ministerio Público. Eso en relación con el precio”.

Conclusiones parciales:

No queda claro en definitiva quien fija los precios de la licitación de densímetros y fibroscopios, por la magnitud de los montos involucrados debería, es más desvía el tema haciendo alusión a un correo que se encuentra en la carpeta investigativa y que por tanto no es conforntable con sus dichos, sólo haciendo una alusión vaga a que se determinó en el Departamento de Proyectos de la División de Estudio .

Tampoco queda claro como se llega al abultado precio, métodos ocupados antecedentes tenidos a la vista, etc.

De la Declaración Victor Hugo Merino jefe de la dirección jurídica de la Subsecretaria del Interior cabe destacar:

“La determinación del precio correspondió a la División de Estudios, en concreto al Departamento de Proyectos. No obstante, hay un antecedente que no poseo, pero está acompañado en el expediente del tribunal, en el Ministerio Público y se podría conseguir más adelante”.

“En cuanto a la determinación del precio, insisto en que esta se hizo a través del Departamento de Proyectos y, de acuerdo a los antecedentes que hemos ido recabando y lo que señaló el subsecretario cuando estuvo en esta Comisión, pareciera que para esos efectos contó con la colaboración de personal de Carabineros o de Investigaciones. En la prensa se citó un mail de Carabineros remitido a Felipe Baeza y ese es el único conocimiento que yo he tomado respecto de la forma como se habría fijado el precio. Lo concreto es que cuando nosotros, como División Jurídica, necesitamos un precio para señalarlo en las bases, el Departamento de Proyectos nos provee del mismo.

“Yo no he señalado que alguno de los miembros de la Comisión haya tomado contacto con los proveedores, sino que puede ser, y así lo señalan los informes de prensa, los que habrá que corroborar a través del sumario y del proceso de investigación del Ministerio Público. Es posible que uno o más funcionarios hayan tomado contacto con proveedores, pero no estoy diciendo que lo hayan hecho todos los miembros de la Comisión. Yo formé parte de dos comisiones, pero no tuve contacto con los proveedores.”.

“El 2 de octubre la primera publicación de Ciper hace una denuncia sobre 400 por ciento de sobreprecio por el pago de densímetros y fibroscopios. Ya expliqué que no habíamos pagado absolutamente nada, porque recién ese mismo día ingresaba a la Contraloría para toma de razón el último trámite, por lo cual no era posible pagar. Respecto de la información de prensa, hay una diferencia y lo que pasó en ese momento, inmediatamente conocido el hecho, fue la preocupación de la Subsecretaría de saber si realmente existía un sobreprecio de esa magnitud.”

Conclusiones Parciales:

No hay claridad de un sujeto tan vital como es el Jefe de la Dirección Jurídica de la Subsecretaria del Interior de Cómo se llegan a los montos.

Admite expresamente la posibilidad de que hayan habido contactos directos entre proveedores y funcionarios públicos del Ministeruio de Interior.

Recién cuando la información sale a la prensa la Subsecretaría toma Cartas en el asunto e investiga los evetuales sobreprecios.

Declaración Alejandro Peña Ceballos.

“En cuanto a la primera pregunta, nunca vi el decreto de nombramiento. He sido juez del crimen, relator, fiscal regional y nunca vi los decretos físicamente. Pero sí me dieron las tarjetas de visita y estas decían: “ Jefe de División de Estudios ”, y todos me decían que era el jefe de la División de Estudios y así lo creí. Nunca he visto los decretos.”.

No obstante, según mi interpretación, la pregunta va dirigida a quién autorizó la adquisición de los equipos a ese precio. Usted dijo que el jefe de proyectos, don Felipe Baeza, no tenía atribuciones por sí ni ante sí para determinar una compra por ese monto.

El precio estipulado era referencial, sin embargo, quien tomó la decisión es el subsecretario Ubilla, que fue quien firmó la resolución e hizo la licitación, pues él es el jefe del servicio. En todo este contexto es él quien lidera el proceso, sin embargo, respecto de la génesis de esto existe un precio referencial.

Conclusiones Parciales:

Una primera irregularidad está dada por el hecho de que nunca hubo un nom bramiento de conformidad a la ley, esto, es nunca se expedió el decreto respectivo.

Señala que quien autprizó la adquisiciones de los y los montos de estos fue don Rodrigo Ubilla Mackeney.

Declaración Rocío Martínez, empresaria del rubro, Gerente General de Segtec Chile.

“¿Usted consideró que el presupuesto de los fibroscopios era altísimo? ¿Cuánto más por sobre el precio de mercado? Sí, era muy alto. Si bien yo nunca había vendido equipos de ese tipo, tenía la referencia de que la Aduana era su principal comprador en cantidades, en virtud de todos los controles aduaneros que tiene.”

¿Por qué tenía referencia de los precios? Porque la Aduana, una vez que comenzaron las compras públicas, tenía un presupuesto para, por ejemplo, implementar distintos equipos en el complejo aduanero de Chacalluta. Entonces, en una sola licitación pedían varios equipos, como fibroscopios, densímetros y detectores de droga. No todas las empresas tenían todos los equipos que se pedían. Entonces, por ejemplo, yo me presentaba con equipos detectores droga y otra compañía se presentaba con fibroscopios o densímetros. Incluso, una empresa se podía presentar con dos equipos, pero yo lo hacía solo con uno, porque era el único que tenía de todo el pliego. Como las ofertas se abrían públicamente con todos los oferentes, en ese minuto también se veían los precios, y por eso yo tenía noción de qué valores se manejaban en el mercado público de este tipo de tecnología. Por eso, cuando vi la cantidad de equipos que pedían -que eran bastantes- y el presupuesto, consideré que era atómico.

Diputado Walker ( Presidente ): ¿Qué tan desproporcionado encontró usted que eran los equipos respecto del precio de mercado? ¿Cuántas veces por sobre el valor de mercado razonable? No estamos hablando del mercado internacional, porque entiendo que hay costos relacionados. De acuerdo a la referencia que manejo, el valor de los fibroscopios era, aproximadamente, de 6 millones de pesos por unidad.

Diputado Walker (Presidente): En el caso de los densímetros, se cotizaron en 24 millones y en el caso de los fibroscopios, 16 millones de pesos. Eso forma parte del reportaje de Ciper y ya se dio a conocer en los medios de comunicación.

Conclusiones Parciales:

Si bien esta conocedora del rubro quedó fuera del proceso licitatorio por no haber podido concurrir a la prueba en terreno resulta claro que aporta un dato de suma relevancia: los precios de los fibroscopios estaban totalmente alejados del precio de mercado, si bien el señor Alfredo Giacoman Assi en la misma línea que el señor Rodrigo Ubilla justifican dicho mayor precio a los servicios de Post venta de la empresa Tecnodata, lo cierto es que este en ningún caso puede equipararse al precio del instrumento mismo (que de $ 6.000.000 por unidad se eleva a $ 16.000.000 por Unidad)

INFRACCIONES COMETIDAS A LA LUZ DE LOS ANTECEDENTES

VERTIDOS EN AL COMISIÓN

1) Respecto irrestricto del principio constitucional de probidad.

La Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” (artículo 8º, inciso 1º). ¿En qué consiste este principio? El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua identifica el término “probidad” con “honradez” y define ésta, a su vez, como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Según la ley, el principio de probidad administrativa consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” (artículo 52, inciso 2º, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). A continuación se revisan brevemente las distintas partes de la definición legal.

A nuestro entender se ha producido una desprolijidad de tal magnitud, en el entendido que, el Subsecretario quien es al fin y al cabo quien firma el decreto de La referida licitación por el cual se le adjudicó a la empresa Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Ltda. mediante la Resolución Exenta Nº 3964 de fecha 25 de junio de 2012,. Entre los fundamentos del referido acto administrativo, que sólo se menciona que sólo se presento un único oferente y que éste concurrió a la visita en terreno y prueba de los equipos ofertados, empero, escuetamente señala una “adecuada evaluación de los aspectos económicos”, lo que resulta contrario al telos de la ley Nº19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, pues, resulta evidente que el citado proceso de licitación no cumplió el objetivo que “permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros”.

De lo expuesto queda de manifiesto que no se impuso el interés general por sobre el particular, no hubo una maximización del presupuesto asignado al Plan Frontera Norte.

2) Deber de las autoridades y jefaturas. Obligaciones de mayor relevancia en la gestión pública.

Las autoridades y jefaturas tienen algunas obligaciones adicionales a las del resto de las personas que trabajan para la Administración del Estado. Como la organización administrativa tiene una estructura jerárquica a los superiores les corresponde no sólo dirigir a los subordinados, sino también controlar su comportamiento. Es lo que se llama “control jerárquico”. Este control debe ser permanente y se extiende a los siguientes aspectos de la actuación del personal:

a. La eficiencia y la eficacia.

b. La legalidad.

c. La oportunidad.

De allí que la ley exija a la Administración del Estado contar con medios de control idóneos, que permitan una gestión eficiente y eficaz, según lo dispone el artículo 15 de la Ley N18.575. Una de las herramientas creadas para este fin es la auditoría interna, asumida por las auditorías ministeriales y por servicio. Éstas apoyan la labor de las jefaturas de cada servicio y son coordinadas por el Consejo de Auditoría General de Gobierno.

Se considera que una persona es autoridad de gobierno o jefatura cuando dirige algún nivel jerárquico dentro del sector público, sea un Ministerio, una Subsecretaría, una División, un Departamento, una Sección o una Oficina (Art. 27 y 32 Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado)

Según la Contraloría General de la República “autoridad” es aquella persona revestida de poder o de mando (Dictámenes Nº 45.537/1980 y Nº 17.860/1983) y “jefatura”, el personal que tiene responsabilidades de dirección y fiscalización, tanto si se trata del jefe superior de un servicio o de otras jefaturas subordinadas a aquél (Dictámenes Nº 30.488/1984 y Nº 6.611/1974)

La Contraloría General de la República ha señalado que el control jerárquico no sólo es parte de las atribuciones de las autoridades y jefaturas: también es un deber para ellas. De allí que su incumplimiento origine la necesidad de castigar esa omisión. Si se produce una irregularidad y las autoridades y jefaturas no adoptaron previamente medidas preventivas para evitarlo también tienen responsabilidad en lo ocurrido.

Lo anterior no se opone a que subsista siempre la responsabilidad personal del subordinado que hubiese actuado de manera ineficiente, ineficaz, ilegal o inoportuna.

Así consideramos a la luz de loa antecedentes recabados en esta investigación que no hubo una acertada y correcta supervigilancia por parte del señor Ubilla Mackeney, esto queda absolutamente patente habida consideración que es la Contraloría General de la República quien no toma razón del decreto de adjudicación de densímetros y fibroscopios y es sólo a partir de este momento en que se empieza a cuestionar el proceso licitatorios por parte de la Subsecretaria del Interior.

Asimismo, con el voto favorable de los diputados señores Accorsi, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo; Vargas, don Orlando y Walker, don Matías; el voto en contra de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y los diputados señores Browne, don Pedro; Delmastro, don Roberto; Hasbún, don Gustavo y Rosales, don Joel; y la abstención del señor Saffirio, don René, vuestra Comisión rechazó las conclusiones y proposiciones formuladas por los diputados señores Accorsi, don Enrique; Saffirio, don René y Vargas, cuyas consideraciones son las siguientes:

1). Introducción.

La Cámara de Diputados acordó la creación de una comisión investigadora sobre el plan frontera norte. En octubre de 2011 los Ministros del Interior y Defensa, anunciaron el lanzamiento del plan frontera norte, que tenía como objetivo evitar el ingreso y salida de droga del país, a través de los sectores costeros no habilitados, y complejos fronterizos y pasos habilitados no habilitados, de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Se mandató a la comisión para indagar, establecer responsabilidades políticas y administrativas de los organismos de gobierno, en el desarrollo del plan frontera norte, así como posibles irregularidades que pueden haberse cometido en la adquisición de materiales, renuncias de autoridades del Ministerio del Interior ligadas a su implementación. La comisión se abocará al pago eventual de sobreprecio en la adquisición del equipamiento para el control del narcotráfico, y al eventual cohecho a funcionarios del Ministerio del Interior.

2) Antecedentes.

Según el propio gobierno, el plan frontera norte supone una inversión de 35 mil millones de pesos entre 2011-2014. El Ministro Rodrigo Hinzpeter, (que a la fecha del lanzamiento del plan se desempeñaba como titular de interior) afirmó en la comisión que la inversión alcanzaría unos 7 mil u 8 mil millones de pesos, desde mediados de 2011 a mediados de 2012. El Secretario de Estado señaló que a noviembre de 2012 estaban detenidos los densímetros y fibroscopios (que son equipos los para detectar droga). Asimismo se declaró desierta la licitación de unas cámaras termales, que representan alrededor de 4 mil millones de pesos. Hinzpeter señaló ante la instancia parlamentaria que “desgraciadamente, hasta el momento no se han podido ejecutar los 35 mil millones y veo difícil que ello ocurra, lo que me provoca mucho pesar”. Resulta a estas alturas una constante en la Administración del Presidente Sebastián Piñera la subejecución presupuestaria, cuestión que resulta evidente en el plan frontera norte., con el agregado de que además han existido tropiezos en la implementación del plan, como haber estado desierta una licitación de cámaras termales, etc.

En lo referido específicamente a la licitación de los densímetros, la cantidad es de 52, y la oferta realizada por el único oferente, Tecnodata, ascendió a 1218 millones de pesos. Las bases de la licitación constan en la resolución N° 746, 9 de marzo de 2012. Las bases ingresan a la Contraloría General de la República el 21 de marzo. El mismo día pasan a la División Jurídica, se retira el 10 de abril por el Ejecutivo. Vuelven a ingresar el 24 de abril de 2012 a la oficina de partes, y el mismo día ingresa a la División Jurídica. Se toma de razón el día 14 de mayo de 2012.

Las Bases establecen obligación de suscribir el contrato en el plazo de 5 días después de la notificación de la adjudicación. (Numeral 12, Bases administrativas). La adjudicación consta en RE N° 3964, de 25 de junio de 2012. Se emite orden de compra con fecha 6 de julio de 2012 no constando en el sistema que se haya tomado razón del contrato pertinente.

En relación a la licitación de los fibroscopios, existieron dos ofertas, una de Tecnodata y la otra de Sid Solution, quedando fuera ésta última, por no asistir a la visita técnica, requisito establecido en las bases. Tecnodata realiza una oferta de 615 millones de pesos por los 52 fibroscopios. Las bases de esta licitación constan en la Resolución N° 745, de 9 de marzo 2012.

La normativa respecto a la contratación pública, establece que se debe proceder a la suscripción del contrato, y además en conformidad con la resolución 1.600 de 2008, se debe someter a toma de razón contratos de estos valores. En este sentido, se debe indicar que sería irregular si la emisión de la orden de compra fue antes del trámite de toma de razón, toda vez que dicha orden de compra debe tener un acto administrativo en el cual se fundamente.

3) Conclusiones.

A partir de la información recabada por la comisión durante las sesiones realizadas, la documentación recibida, y particularmente las declaraciones prestadas ante esta instancia parlamentaria por los diversos invitados, se puede establecer que:

Habrían existido diversas irregularidades en relación a la licitación de los densímetros y fibroscopios, especialmente en lo referido a la existencia de tratos directos entre personal de la Subsecretaría del interior y proveedores de dichos equipos. En relación al tema que ha suscitado mayor interés por la opinión pública y los medios de comunicación, en relación a las posibles irregularidades en la licitación, esto es, el eventual sobreprecio en la adquisición de los densímetros y fibroscopios; en menester señalar que si bien no se realizaron los pagos, ya que se detuvo la tramitación de la compra, al existir posibles ilícitos en el proceso de licitación; se debe señalar que los precios determinados resultarían elevados, y que en definitiva no se realizaron los estudios o comparaciones correspondientes para su fijación. El responsable final de la determinación de los precios de los equipos, es el Subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla.

Según la información recabada, habría existido entrega de información privilegiada, y vínculos de amistad entre funcionarios y oferentes.

El adjudicatario de la licitación, el señor Alfredo Giacoman señaló a la comisión que él se entendía directamente con Roberto Gómez, abogado de la Subsecretaría del Interior, con lo que se infringe un documento que fue exhibido por el jefe de la división jurídica de la misma Subsecretaría, quien afirmó que había una instrucción expresa que todo contacto con los proveedores debía hacerse a través del sistema de información pública, mercado público y no con contacto directo.

El subsecretario del interior Rodrigo Ubilla ha comparecido en dos oportunidades a la comisión. En su primera comparecencia el día 9 de enero de este año, el personero de gobierno realizó un relato del Plan Frontera Norte y las medidas que se ha tomado a partir de la denuncia del medo digital Ciper el 2 de octubre pasado, como la interposición de querellas por los delitos de fraude al Fisco y violación de secretos.

“se habría intentado defraudar al Fisco, aunque no se haya pagado, pero se intentó defraudar con entrega de información reservada que permitió a algunos tener ventaja por sobre otros”, lo que se demuestra con los correos electrónicos publicados por Ciper, afirmó.

Ubilla reconoció en la comisión que fue él quien que nombró a todos los integrantes de la comisión evaluadora - del proceso de adquisición de equipamiento.

En su segunda comparecencia, el pasado 16 de enero, el señor Ubilla admitió que hubo conflictos de interés de los miembros de la comisión evaluadora, quienes tomaron contacto con algunos proveedores contraviniendo expresas indicaciones al respecto.

Es posible afirmar según los antecedentes que contó la comisión, que en este tipo de licitaciones, dada la existencia de intermediarios, se pueden llegar a pagar sumas demasiado elevadas para el erario público, por lo que una de las medidas a tomar en lo sucesivo, es que este tipo de compras se realicen directamente por los Estados, para así evitar el pago a comisionistas, y colocar un freno a posibles hechos irregulares, o ilícitos como el contacto entre funcionarios públicos vinculados a la respectiva licitación, y oferentes que finalmente puedan llegar a ser favorecidos con la licitación, producto de esos contactos.

En virtud del trabajo de esta comisión, es posible sostener como se ha dicho anteriormente, fue finalmente el Subsecretario Ubilla quien en último término tomo la decisión final en cuanto a los valores o precios de referencia de los equipos, de la licitación en comento.

Es menester señalar que quién estuvo a cargo del proceso de licitación, el señor Felipe Baeza, otrora Jefe de proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaria del interior, se vinculaba directamente con el Subsecretario, y no con su jefe directo, el Jefe de la División de Estudios de dicha Subsecretaría , el señor Alejandro Peña.

Ello refleja una situación poco clara desde el punto de vista de la vinculación jerárquica, y de las atribuciones o funciones de cada uno de ellos en relación al Plan frontera norte. Relacionado con este aspecto, la comisión detectó que desde el punto de vista administrativo, no existe ningún decreto o acto administrativo en que se haya designado a Peña como Jefe de la División de Estudios . A mayor abundamiento, la comisión solicitó mediante un oficio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, copia de resolución del nombramiento de Peña como Jefe de División . Sin embargo, el subsecretario remite el decreto N°250 de 2011, que es la contrata de Peña como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado. Resulta poco serio que se remita un documento que no se está solicitando, y no reconocer que administrativamente no existe el decreto de nombramiento de Jefe de División de Estudios . Esta situación es irregular desde el punto de vista administrativo y político, y refleja desprolijidad; por lo que da cuenta de forma inequívoca que el responsable político de esta situación es el Subsecretario Rodrigo Ubilla.

Sin perjuicio de que existe en curso un sumario administrativo de la Contraloría General de la República, que busca determinar responsabilidades administrativas, es menester señalar que el propio Contralor Ramiro Mendoza, relató en la comisión que hasta el momento la investigación sumaria de la Contraloría General de la Republica, ha detectado que hubo una condición irregular, y que existieron contactos que no debieron haberse producido (entre funcionarios y oferentes). Este hecho es de la más absoluta gravedad, ya que deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones, e implica una vulneración absoluta a la transparencia y al principio constitucional de probidad administrativa que debe regir a todos los órganos del Estado.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, no obstante las posibles responsabilidades penales y administrativas, que se pudieran derivar de todos estos hechos o irregularidades, y que además le corresponde determinar a otros órganos; es posible afirmar de forma plausible la existencia de responsabilidades políticas que se le pueden imputar al Subsecretario del interior Rodrigo Ubilla. El señor Ubilla fue el responsable final de la determinación de los valores referenciales, firmó las resoluciones correspondientes, sin un mayor análisis.

En definitiva el señor Ubilla dejó de realizar un control jerárquico, y es el responsable político por ser el Jefe superior del servicio, y de un plan que entre otras cosas ha sido subejecutado presupuestariamente, que ha tenido dificultades en su implementación, y que en definitiva no ha estado funcionando o a estado a la altura de lo que Chile necesita en materia del combate al narcotráfico.

4) Proposiciones.

a) Acoger el planteamiento que realizó en la comisión el Contralor General de la República, en orden a establecer una inhabilidad para los ex funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas y también de sus familiares, para participar a través de empresas en licitaciones de este tipo. Ello para evitar el uso de información privilegiada, y proteger la igualdad de trato para todos los oferentes.

b) A raíz de las diversas desvinculaciones o renuncias producidas por parte de funcionarios de la subsecretaria del interior, y para precaver en el futuro situaciones que puedan implicar eludir una posible responsabilidad administrativa, se sugiere impulsar la iniciativa legal (boletín 8730-06) que permite subsistir por un plazo de tres meses la responsabilidad administrativa del funcionario público, no obstante haber renunciado.

VI. CONSIDERACIONES DE LAS CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

Con el voto favorable de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y los diputados señores Browne, don Pedro; Delmastro, don Roberto; Hasbún, don Gustavo y Rosales, don Joel y el voto en contra de los diputados señores Accorsi, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Vargas, don Orlando y Walker, don Matías, vuestra Comisión aprobó las conclusiones y proposiciones formuladas por la diputada señora Marta Isasi, cuyas consideraciones son las siguientes:

En general, hay un sentir unánime de la Comisión en términos de reconocer la necesidad de un Plan Frontera Norte, ya que el narcotráfico en nuestro país muchas veces tiene como puerta de entrada, nuestras fronteras de la zona norte, dadas las particulares características geográficas que hay en el lugar. Por ello, es necesario combatir con fuerza la entrada de drogas, sea para consumo local o para volver a ser exportada a otros países. Es así como debe mantenerse una política pública orientada al combate y prevención del narcotráfico y del ingreso de drogas, principalmente por la zona norte.

Si bien a lo largo de las sesiones se pudieron evidenciar diversas contradicciones entre los invitados, por ejemplo en materia de quién fue en definitiva el o los encargados de determinar los precios de referencia dentro del proceso licitatorio, lo cual fue uno de los puntos neurálgicos y que avocó varias de las sesiones para su esclarecimiento, los puntos centrales de la investigación lograron ser en parte cubiertos, permitiendo a esta Comisión llegar a tener una visión general del funcionamiento e implementación del Plan Frontera Norte.

Es importante que pese a los cuestionamientos públicos que se han hecho a esta política pública, ésta continúe, y no se vea paralizada por los hechos que motivaron la formación de esta Comisión, ya que la protección de las fronteras para evitar la propagación de la droga en nuestro país debe ser un objetivo que se persiga de manera constante. Por otra parte, los procedimientos administrativos y judiciales actualmente en curso deben agotar todas las instancias para llegar a dar con los responsables de las irregularidades que se han dado en el proceso concreto del Plan Frontera Norte.

El problema que se generó en la implementación del Plan Frontera Norte hizo saltar a la vista una serie de falencias en el sistema de compras públicas, especialmente cuando los equipos que se pretende adquirir son de gran complejidad técnica en que hay pocos oferentes en el mercado, las cuales es necesario mejorar para permitir que hechos como los ocurridos no vuelvan a suceder.

Por lo mismo, se hace necesaria una reforma legal en materia de compras públicas que permita una mayor transparencia y un menor control de precios por parte de los proveedores, sobre todo aquellos que proveen equipos de escasa oferta. Una posible alternativa frente a estos casos sería la posibilidad de abrir una licitación internacional para encontrar mejores precios y alternativas en el extranjero.

Asimismo, se hace necesaria una reforma legal que traspase la atribución de quema o destrucción de drogas desde los Servicios de Salud hacia las policías, que son los órganos más idóneos para llevar a cabo estos procedimientos. Además, se constató en las declaraciones, que hoy existen procedimientos bastante arcaicos para llevar a cabo estas labores, los cuales requieren un proceso de modernización urgente que dé más seguridad tanto a la población como a los funcionarios que hoy deben desarrollar dichas labores.

A nuestro juicio, no resultó posible determinar las responsabilidades políticas por las irregularidades surgidas en la implementación del Plan Frontera Norte dado que entre las distintas personas a cargo de los procesos se culpaban unos a otros, no llegando en definitiva a zanjar a quién correspondía realmente la responsabilidad por los hechos denunciados, además de tratarse de procesos de compra complejos e insertos dentro de un plan estratégico para impedir el ingreso de drogas en nuestro país, lo que hace aún más difícil determinar responsables, dados los especiales caracteres técnicos del proceso de compra, que obligan a la intervención de mayor cantidad de personas dentro del proceso licitatorio que en otras circunstancias.

Sin perjuicio de lo anterior, hacemos notar, tal como lo señaló en su momento el Subsecretario Ubilla, que dentro del mercado público y de los procesos de compra existieron agentes corruptores, tanto públicos como privados, los cuales deben ser perseguidos y sancionados, pero no corresponde a esta Comisión, sino a las respectivas instancias judiciales y administrativas.

Asimismo, con el voto favorable de las diputadas señora Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y los diputados señores Browne, don Pedro; Delmastro, don Roberto; Hasbún, don Gustavo y Rosales, don Joel, y el voto en contra de los diputados señores Accorsi, don Enrique; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Vargas, don Orlando y Walker, don Matías, vuestra Comisión aprobó, también, las conclusiones y proposiciones formuladas por las diputadas señora Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y el diputado señor Browne, don Pedro, cuyas consideraciones son las siguientes:

1.- Antecedentes Generales.

Como consecuencia de los antecedentes, informes y testimonios recogidos en el desarrollo de la labor de esta Comisión Investigadora, es posible señalar las siguientes consideraciones que servirán de base para las conclusiones y proposiciones que se corresponde realizar a esta Comisión.

A. De la elaboración, implementación y resultados del Plan Frontera Norte.

a) Génesis.

A raíz de la visita del Presidente de la República a la zona fronteriza, los Gobiernos Regionales de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta suscribieron, en Agosto y Septiembre de 2010, sendos convenios de colaboración en materia de seguridad y combate al narcotráfico. A su vez, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a partir de un modelo de reducción de disponibilidad, se pretende limitar el acceso a las drogas, restringiendo su ingreso y circulación, atacando el mercado de venta.

Conforme lo anterior, se elaboró un diagnóstico y un Plan Estratégico, que involucró y contó con una convocatoria amplia que incluyó a todas las instituciones responsables de los controles fronterizos.

b) Formalización del Plan.

Por Res. Exenta N° 11.093 de 26 de Diciembre de 2011, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública creó el denominado Plan Frontera Norte cuyo objetivo es.

Disponer de un modelo de control de frontera que incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y terrestres en los pasos habilitados y no habilitados.

Combatir el crimen organizado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Evitar el ingreso y salida de drogas al país. Evitar el contrabando de mercaderías.

Evitar el ingreso ilegal de personas a nuestro territorio.

Promover una efectiva coordinación intersectorial entre las instituciones que participan de estos controles, cada uno con sus capacidades y experiencia.

En el diseño y ejecución del Plan, han participado en un esfuerzo colaborativo todas las instituciones públicas vinculadas con el control fronterizo y policial, tales como el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, los Servicios de Salud respectivos, los Gobiernos Regionales, Directemar, el Ministerio de Defensa, y por supuesto la Subsecretaría del Interior, todo quienes han reconocido la necesidad y utilidad de este Plan.

Los hechos descritos se acreditaron debidamente con la copia de la Resolución Exenta N° 11.093 de 26 de Diciembre de 2011, y con las declaraciones de todas las autoridades de Carabineros y Policía de Investigaciones citadas.

c) Coordinación intersectorial y determinación de necesidad de incorporar tecnología de última generación.

Precisamente para lograr los fines previstos en el Plan Frontera Norte, y derivado de la coordinación intersectorial señalada, surge como una consecuencia necesaria e ineludible que las instituciones policiales y de control fronterizo, cuenten con tecnología de última generación para combatir con fuerza y eficacia a las organizaciones que se dedican a ingresar y comercializar droga en nuestro país, por lo que resulta una consecuencia lógica de la implementación de este Plan, un Programa de adquisición de tecnología adecuada a los fines perseguidos.

De este modo se planificó desde las instituciones usuarias y receptoras de esta tecnología, entre otros equipos, la adquisición de Camiones de Rayos X, para escanear vehículos en movimiento; Cámaras termales con visión entre 4 y 18 km., con el fin de detectar movimientos a distancia; Visores Nocturnos con el objetivo de tener capacidad de vigilancia nocturna sin ser descubiertos; hornos móviles para incinerar droga incautada en tiempos menores, densímetros y fibroscopios para sondear y revisar vehículos, equipajes y cualquier bien donde se pudiere ocultar droga; pórticos Scanner para revisar Camiones y su contenido, etc.

La planificación y determinación de necesidades de compras de tecnología señalada consta de las Resoluciones que aprueban las Bases de cada una de las licitaciones públicas del Plan Frontera Norte, en concordancia con lo establecido en la ley de Presupuestos de los años 2012 y 2013 que contienen las glosas destinadas al Plan Frontera Norte, con los documentos y antecedentes aportados por cada una de las instituciones que se refieren al origen y requerimientos efectuados en el marco del Plan Frontera Norte, a los antecedentes y documentos de cada una de las licitaciones públicas ejecutadas.

d) Resultados y continuidad del Plan Frontera Norte.

Los positivos resultados que se han obtenido con la implementación del Plan, avalan plenamente la necesidad de transformar esta iniciativa, en una política de Estado permanente.

En efecto, en las regiones donde ha funcionado el Plan Frontera Norte, los procedimientos policiales entre los años 2010 al 2012, se han incrementado en un 67%; las incautaciones de droga en el mismo período aumentaron en un 90%; y los detenidos por esta causa, aumentaron en 165%.

Estas cifras revelan que en el marco de la ejecución del Plan Frontera Norte se ha logrado generar un duro golpe al narcotráfico, que sólo en 2012, ha perdido en estas regiones 165 mil millones de pesos por las incautaciones realizadas, y de ese modo se ha evitado el ingreso de más de 100 millones de dosis de droga a nuestro país.

Estos resultados han podido ser acreditados con los datos policiales tenidos a la vista respecto de la ejecución del Plan Frontera Norte, con la información proporcionada por el Subsecretario del Interior, y con las declaraciones de los Intendentes de las 3 regiones que forman parte del Plan Frontera Norte.

B. Mercado de tecnología.

Asimismo, se ha podido constatar por esta Comisión, que el mercado de la tecnología de esta naturaleza, es un círculo restringido, con múltiples relaciones entre los proveedores, quienes se conocen, han sido socios, y que por lo mismo se encuentran en condiciones de controlar de alguna manera el mercado y sus precios.

Asimismo, la evidencia aportada por los propios agentes del mercado citados a esta Comisión, y los antecedentes documentales tenidos a la vista, revelan que usualmente se trata de intermediarios, sean representantes o agentes, o bien intermediarios de intermediarios, lo que indudablemente acota aún más el mercado y por otra parte permite aumentar los precios finales de los productos.

A este respecto, se ha evidenciado una relación comercial y personal entre los agentes del mercado, que dificulta y limita la libre competencia, especialmente a través del intercambio constante de información entre ellos. De hecho y no obstante que las licitaciones públicas efectuadas en el marco del Plan Frontera Norte permitían la participación de empresas extranjeras, ninguna se presentó, y sólo concurrieron las empresas nacionales que las representan, permanente o transitoriamente.

La situación descrita ha quedado de manifiesto con las declaraciones del Contralor General de la República respecto de como opera este mercado en las licitaciones de seguridad y defensa, como también del reportaje de CiperChile. Se corroboró además con las declaraciones de los representantes de empresas proveedoras Alfredo Giacoman y Rocío Martínez, y las declaraciones del Jefe del Departamento de Proyectos de la Subsecretaría del Interior Felipe Baeza, sin perjuicio de la correspondencia electrónica enviada por Hugo Federico de la empresa Phoenix y de la empresa Sectrade representada por los hermanos Cordero.

C. Procedimiento para definir necesidades, y requerimientos técnicos y económicos.

Por los antecedentes recabados y declaraciones de los especialistas de las instituciones que participaron en el diseño y ejecución del Plan Frontera Norte, ha quedado de manifiesto que el procedimiento establecido desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para definir el equipamiento necesario para cada institución, fue amplio y participativo, destacando en primer lugar que la División de Estudios a través del Departamento de Proyectos se reunió con las instituciones vinculadas al Plan, a fin de dar cuenta del contenido del mismo y su contexto, para que cada una de las instituciones efectuara los requerimientos al Ministerio del Interior. Posteriormente, estos requerimientos eran validados por las mesas técnicas que se creaban al efecto, donde se requería la participación de expertos provistos desde los mismos organismos o instituciones, como OS/, el TIC y Dirección de Fronteras por Carabineros, y la Jefatura Nacional antinarcóticos de la PDI, desde donde surgían la ficha técnica de cada equipo, con las características y los presupuestos estimados a utilizar en cada uno de los procesos de adquisición, y finalmente la División de Estudios y su Departamento de Proyectos, procesaba esta información, para la elaboración de las Bases de Licitación, cuyas condiciones técnicas y presupuestarias eran subidas al portal mercadopúblico.cl para información de todos los proveedores.

El procedimiento mencionado se pudo demostrar con los antecedentes e Informes aportados por las instituciones que participaron en las mesas técnicas, esto es Carabineros, Policía de Investigaciones, sin perjuicio de las declaraciones de sus altos mandos, y también con las declaraciones del ex Jefe del Departamento de Proyectos , Felipe Baeza Prieto, del ex Jefe de la División de Estudios , Alejandro Peña, y del propio Subsecretario del Interior .

D. Procedimientos para adquirir el equipamiento.

Asimismo, se ha podido establecer fehacientemente que por una decisión político-administrativa del Subsecretario del Interior , se determinó que todas las adquisiciones se llevaran a cabo a través del procedimiento de licitación pública conforme lo dispone la Ley de compras públicas y su Reglamento, por tratarse éste de un procedimiento transparente, que garantiza a todos los interesados competir en igualdad de condiciones para la oferta de los referidos equipos. Así todas las licitaciones fueron hechas bajo esta modalidad.

Así consta de los antecedentes que dan cuenta de cada una de las licitaciones y su respectiva toma de razón por la Contraloría General de la República; del instructivo emanado de la División Jurídica que regula el comportamiento de los funcionarios públicos respecto de los proveedores, tratándose de licitaciones públicas, y de las declaraciones de múltiples personas ante esta Comisión, entre las que destacan ex Jefe del Departamento de Proyectos , Felipe Baeza Prieto, el ex Jefe de la División de Estudios , Alejandro Peña, el Subsecretario del Interior , e incluso los proveedores, Rocío Mártinez y Alfredo Giacoman, el que indicó expresamente que había sido la licitación más exigente en la que había intervenido.

E. Marco presupuestario comprometido.

A la luz de los antecedentes recogidos por la Comisión, en especial por los antecedentes entregados por Carabineros e Investigaciones, se tiene por establecido que los montos fijados como presupuestos referenciales para efectos de requerir los marcos presupuestarios a la Dirección de Presupuestos, y en cada una de las licitaciones, fueron proporcionados por las referidas instituciones policiales, quienes por medios de comunicación institucionales, como oficios y correos electrónicos, informaron al Ministerio del Interior, los valores del equipamiento a adquirir, los que fueron finalmente considerados para estos efectos como presupuestos referenciales de las licitaciones respectivas.

La determinación de los presupuestos utilizados en las Bases de cada una de las licitaciones realizadas en el marco del Plan Frontera Norte, se hizo en función del procedimiento descrito precedentemente.

Lo anterior, se acredita de acuerdo a los oficios y comunicaciones institucionales en especial de Carabineros y Policía de Investigaciones, conjuntamente con los testimonios de funcionarios de Carabineros e Investigaciones, y también con las declaraciones de Felipe Baeza y Alejandro Peña.

F. Entidad responsable de la coordinación y ejecución.

Del mismo modo, se ha aclarado que la unidad responsable de la coordinación y ejecución del Plan Frontera Norte, a partir de las directrices del Subsecretario del Interior , fue el Departamento de Proyectos, dirigido por don Felipe Baeza dependiente de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, la que desde su creación fue dirigida por Alejandro Peña Ceballos.

Lo anterior, es sin perjuicio de la intervención de las Divisiones de Administración y Finanzas, y División Jurídica, más el Gabinete del Subsecretario en las etapas pertinentes de las respectivas licitaciones públicas, y dentro del marco de sus respectivas atribuciones legales y reglamentarias.

Así la elaboración de las Bases de Licitación en su aspecto administrativo correspondía a la División Jurídica y de Estudios, las Bases técnicas debía elaborarlas el Departamento de Proyectos de la División de Estudios , a partir de la información y requerimientos técnicos y presupuestarios entregada por las instituciones policiales y las mesas técnicas creadas al efecto.

Lo anterior se acreditó con la documentación de respaldo del Plan Frontera Norte, de cada una de las licitaciones, y los múltiples testimonios de funcionarios ministeriales, policiales, todos contestes en que el ente ejecutor y coordinador, era el Departamento de Proyectos de la

División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.

G. Observaciones administrativas detectadas por la Contraloría General de la República en la ejecución del Proceso de Adquisiciones de equipamiento del Plan Frontera Norte.

Si bien no es posible aún difundir el contenido específico del Pre informe elaborado por la Contraloría General de la República respecto de los procesos licitatorios del Plan Frontera Norte, tanto porque se trata de observaciones provisorias, como porque así lo ha determinado el organismo fiscalizador, sí es posible señalar por esta Comisión, a partir de la información entregada por el Sr. Contralor General, que se registraron una serie de deficiencias de carácter administrativo, que si bien no han infringido el principio de probidad, si revelan ciertas descoordinaciones, omisiones y falta de capacidad que pudieran comprometer le eficiencia y celeridad de los procedimientos.

A vía ejemplar se puede señalar el transcurso de tiempos más allá de lo razonable entre la adquisición de cierta tecnología y el efectivo comienzo en su operación por las instituciones policiales, la tardanza en obtener los permisos administrativos de funcionamiento, y pruebas incompletas, aspectos que constituyen algunas de las observaciones planteadas por el órgano contralor.

En este punto, y tal cual lo informó el Contralor, existen 7 funcionarios o ex funcionarios que actualmente se encuentran sometidos a sumario administrativo, con la respectiva formulación de cargos, que corresponden precisamente a aquellos que formaron parte de Comisiones Evaluadoras, o se encontraban a cargo de alguna de las etapas del procedimiento licitatorio en razón de las observaciones indicadas en el pre informe.

H. Deficiencias en el sistema de compras públicas.

Teniendo a la vista la normativa vigente, y lo señalado, entre otros, por el Sr. Contralor General de la República, es claro que el procedimiento de compras públicas señalado en la Ley 19.886 y su reglamento, adolece de significativas deficiencias, las que se ven agravadas cuando los mercados -como los de seguridad y defensa- , son restringidos, poco transparentes y operan además a través de intermediadores, lo que deja a la administración con herramientas limitadas para enfrentar eventuales sobreprecios, o colusión de privados para obtener mejores condiciones para la venta de sus productos.

En este sentido, el Sr. Contralor expuso como principales problemas de este sistema de compras públicas, al menos en el mercado de seguridad y defensa, los siguientes:

La cuantía de los recursos que administran estas instituciones y que provienen de distintas fuentes de financiamiento, Ley de Presupuestos, Ley Reservada del Cobre, del Fondo Rotativo de Abastecimiento y de Fondos Internos.

La diversidad de normativa legal y reglamentaria que regula el ámbito de la Defensa Nacional.

Existencia de debilidades de control interno y financiero.

Transferencia de recursos y rendición de cuentas por montos globales y no a nivel de ítem en ciertos gastos.

Omisión frecuente de actos administrativos necesarios.

Incumplimiento del régimen de contratación pública de la ley N° 19.886 y su reglamento.

Conforme los hechos expuestos y al mandato de esta Comisión, respecto de la investigación de la implementación del Plan Frontera Norte, sus objetivos, programación y presupuesto, supuestas irregularidades, especialmente posible pagos de sobreprecio en los equipamientos de control de narcotráfico y eventual cohecho de funcionarios públicos, así como las responsabilidades políticas y administrativas de los encargados;

Es posible señalar las siguientes principales conclusiones:

1.- De la competencia de la Comision Investigadora.

No obstante lo amplio de su competencia original, se debe dejar constancia que los temas consistentes en la investigación de la pérdida de droga en decomisos policiales y judiciales, y el uso de la fuerza pública para el control de los movimientos sociales e indígena a partir del año 2010, no formaron parte ni del estudio ni del análisis, por lo que no es posible efectuar conclusiones a ese respecto. Únicamente las conclusiones podrán referirse a lo relativo al Plan Frontera Norte y su implementación.

2.- En cuanto al Plan Frontera Norte.

a) De la creación del Plan Frontera Norte.

La decisión de definir e implementar el citado Plan Frontera Norte es, sin duda alguna, una iniciativa que debe ser reconocida como acertada, en atención a que el problema del ingreso de droga y contrabando por nuestra frontera, no había sido abordado previamente en un modo integral, formal y coordinado, incorporando a todos los agentes públicos encargados de esta función, por lo que esta política pública, inédita en el país, permitió tener una visión común del problema, y lograr una colaboración entre las instituciones vinculadas a este tema, e incorporar tecnología de última generación para la lucha contra el narcotráfico.

b) De la implementación del Plan Frontera Norte.

La implementación y ejecución del Plan Frontera Norte, desde el punto administrativo se ajustó plenamente a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las compras públicas, utilizando el procedimiento que garantiza de mejor manera la transparencia y seriedad y participación, cual es la Licitación pública, que además asegura la igualdad de condiciones a todos los proveedores que quisieren participar.

c) De los resultados del Plan Frontera Norte.

Finalmente los resultados de su implementación, no hacen sino confirmar su necesidad y utilidad, por lo que se estima imprescindible su continuidad política y presupuestaria.

En efecto, los informes oficiales dan cuenta entre otras cifras, que la incautación de droga en las Regiones que forman parte del Plan Frontera Norte ha aumentado entre 2010 y 2012, en un 90%,, que equivalen a más de 4 millones de dosis, y a más de 41 mil millones de pesos, y a su vez los procedimientos policiales asociados a infracciones a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, aumentó en el mismo período en un 67%.

Estas cifras, demuestran que la implementación coordinada y eficaz de una política pública, permite obtener resultados que respaldan el diseño y ejecución de la misma.

3. Respecto de la actuacion del Subsecretario del Interior en cuanto a la supervision y coordinacion de la ejecucion del Plan Frontera Norte.

La unidad ejecutora de los procedimientos licitatorios fue el Departamento de Proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, sin perjuicio de la intervención de la División Jurídica y la División de Administración y Finanzas en lo que les correspondió de acuerdo a sus competencias legales.

A su vez, está acreditado que el Departamento de Proyectos estaba a cargo de don Felipe Baeza, y jerárquicamente su superior era el Jefe de la División de Estudios don Alejandro Peña, quien debía reportar al Subsecretario del Interior .

En cuanto al control y fiscalización de la ejecución del Plan por el superior jerárquico al ejecutor, dicha responsabilidad correspondía a Alejandro Peña atendido su rol como Jefe de la División de Estudios , control que no se ejerció debidamente, manteniéndose al margen de las decisiones y ejecución de los proyectos, dejando en los hechos al Jefe del Departamento de Proyectos , Felipe Baeza sin supervisión inmediata y directa.

Respecto de la supervisión ejercida por el Subsecretario del Interior , como Jefe Superior del Servicio , en cuanto al diseño y ejecución del Plan, es posible concluir que esta función la ejerció a través de sus constantes requerimientos de información e instrucciones sobre el particular, tanto al Jefe de la División como al jefe del Departamento respectivo.

Sobre el particular, conviene destacar entre las medidas de control y supervisión ejercidas por la autoridad mencionada las siguientes:

a) Fijó las directrices de la preparación y formalización del Plan.

El diagnóstico del problema, el reconocimiento de la frontera norte, las visitas a terreno en condiciones extremas y los requerimientos de información para la preparación y formalización del Plan, se hizo conforme a las pautas instruidas por la autoridad señalada, y se formalizó a través del acto administrativo correspondiente, esto es la Resolución Exenta N° 11.093 de 26 de Diciembre de 2011.

b) Convocó a todas las instituciones con responsabilidad en la elaboración y ejecución del Plan, para lograr una participación coordinada de ellas.

Toda la información así como los requerimientos técnicos y presupuestarios para la confección del Plan, fueron generados a partir de los análisis efectuados por los propios destinatarios del equipamiento por reunir las capacidades operativas y técnicas para su definición de necesidades, pues la instrucción y diseño del Plan consideraba la participación y coordinación integral en todas las etapas correspondientes, desde el requerimiento institucional, hasta la materialización de la adquisición.

c) Fijó como procedimiento para la adquisición de cada equipamiento, la constitución de Mesas Técnicas de trabajo.

Con el fin de dar la participación a las instituciones usuarias de los equipamientos, y establecer obligaciones y responsabilidades, se instruyó como procedimiento para la elaboración de las respectivas Bases Administrativas para adquirir tecnología, la creación y funcionamiento de Mesas Técnicas que validaran cada uno de los requerimientos de equipamiento de seguridad y vigilancia.

d) Determinó la utilización del procedimiento de licitación pública como regla para la adquisición de equipamiento.

Aún existiendo alternativas distintas, por decisión de la autoridad política se determinó que todas las compras se hicieran bajo este procedimiento, que garantiza, transparencia, participación e igualdad, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.886 de compras públicas, y su respectivo reglamento.

e) Ordenó elaborar un instructivo regulatorio de la interacción con proveedores para los funcionarios de la Subsecretaría del Interior.

A fin de prevenir cualquier contacto con proveedores al margen del sistema de mercado público, el Subsecretario dispuso la elaboración de un instructivo que señala las condiciones legales y reglamentarias que corresponden al respecto, las que fueron puestas en conocimiento de todos los funcionarios vinculados a estas licitaciones.

f) Determinó proveer a las Comisiones Evaluadoras de expertos técnicos para asesorar la decisión de las respectivas adjudicaciones.

El Subsecretario, en el marco de los procesos licitatorios respectivos, dictó las correspondientes Resoluciones Exentas para proveer a las Comisiones Evaluadoras, de asesoría de expertos técnicos designados por las propias instituciones policiales, debidamente acreditados curricularmente, por su experiencia y capacidad profesional.

Conforme con lo expuesto, se estima que el Subsecretario del Interior cumplió los estándares legales y reglamentarios para el diseño e implementación del Plan Frontera Norte, como también cumplió su obligación legal de supervisión y control en la ejecución del referido Plan, y a su vez dispuso de adecuadas medidas preventivas de carácter administrativo, con el fin de cautelar la transparencia de los procesos, y el correcto ejercicio de los deberes de eficiencia y eficacia al interior de esa repartición. A su vez se estima que el Jefe de la División de Estudios , Alejandro Peña, no ejerció la función de control y supervisión que le correspondía en razón de su cargo, permitiendo que la unidad ejecutora actuara sin fiscalización directa, lo que redundó en las descoordinaciones y omisiones que se cometieron en la etapa de ejecución del referido Plan.

4.- En cuanto a la licitacion de densimetros y fibroscopios.

a) Origen y validación de precios.

Se acreditó que los antecedentes técnicos y presupuestarios de la licitación de densímetros y fibroscopios fueron entregados por Carabineros, a través de información remitida al Departamento de Proyectos de la División de Estudios , sin perjuicio de la posterior validación de las mesas técnicas, y de la asesoría del experto designado por la Institución, por lo que la responsabilidad en el origen de tal información, aparece radicada en quien la entregó.

Es necesario señalar que el precio por el que originalmente se adjudicó la licitación en fibroscopios era de $ 11.800.000.- por unidad, y en densímetros por $ 23.400.000.- por unidad, cifras que fueron coherentes con la información otorgada previamente por las Instituciones Policiales.

Además se estableció que dichas cifras fueron cotejadas con antecedentes disponibles en el portal mercadopúblico.cl respecto de valores pagados previamente, los que arrojaron precios muy similares por adquisiciones de densímetros realizadas en 2008 y 2010 por las Gobernaciones de Tarapacá y General Carrera por $ 25.900.000.- más IVA, y 22.244.000.- más IVA (ID 768-111000-LP08 y 1531-56-LP10) respectivamente, y en fibroscopios del año 2009 y 2010 por Carabineros de Chile y la Gobernación de General Carrera por 10.090.000.- más IVA y $ 13.876.000.- más IVA respectivamente.

Desde ese punto de vista, tanto en el origen de la información presupuestaria como en el chequeo posterior con aquella disponible públicamente, el procedimiento administrativo empleado por la Subsecretaría del Interior, no aparece como cuestionable, e incluso las cifras de la adjudicación de densímetros y fibroscopios son similares a los precios efectivamente pagados en licitaciones realizadas previamente.

b) Conducta del Subsecretario del Interior, ante la publicación de CiperChile relativa a la licitación de densímetros y fibroscopios.

Respecto de la conducta desplegada por el Subsecretario del Interior ante la información publicada por CiperChile, se estableció que con el fin de prevenir cualquiera situación que pudiere eventualmente constituir alguna irregularidad, y además cumpliendo la función de cautelar el patrimonio fiscal, dicha autoridad en forma inmediata dispuso las siguientes medidas:

b.1) Oficios de fecha 4 y 8 de Octubre de 2012, dirigidos a la Contraloría General de la República dando cuenta de la situación denunciada por CiperChile, y solicitando a ese organismo fiscalizador una investigación especial a los procesos licitatorios del Plan Frontera Norte.

b.2) Retiro inmediato de la Resolución que aprobaba el contrato desde la Contraloría General de la República donde se encontraba para el trámite de toma de razón a fin que evitar el perfeccionamiento del acto administrativo.

b.3) Dispuso la instrucción de un sumario administrativo, que actualmente lleva adelante el organismo fiscalizador a fin de determinar responsabilidades funcionarias.

b.4) Interpuso una querella en la Fiscalía Centro Norte a fin de que se investigue dicho proceso y pueda detectar o descartar la existencia de conductas delictivas y las responsabilidades que pudieren derivar de ellas.

b.5) Puso los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado, institución que dispuso la interposición de acciones judiciales que persiguen investigar y aclarar los hechos.

Las acciones y conductas descritas dan cuenta de la proactividad, transparencia y celeridad del actuar del Subsecretario del Interior con el fin de cautelar el interés y patrimonio público, y determinar la existencia de eventuales irregularidades y responsabilidades derivadas de esta licitación, por lo que desde el punto de vista de su actuación posterior a la denuncia de Ciperchile, e independiente de los fundamentos de dicha denuncia, se acreditó un actuar tendiente a evitar cualquier duda respecto de la legalidad y probidad del proceso.

c) Actual situación en la licitación de densímetros y fibroscopios.

El Ministerio del Interior y Seguridad pública puso término administrativo al contrato para adquirir fibroscopios y densímetros, invocando el interés público a fin de evitar cualquier situación irregular, según dan cuenta las Resoluciones Exentas N° 1972 y 1973 respectivamente.

Hasta la fecha no se ha producido ninguna imputación de responsabilidades penales por parte de la Fiscalía Centro Norte.

Hay un sumario pendiente de la Contraloría General de la República a fin de determinar responsabilidades administrativas respecto de funcionarios y ex funcionarios públicos, por faltas de carácter administrativo, que si bien no dicen relación con infracción al principio de probidad, si podrían afectar la celeridad u eficacia de los procedimientos.

Como consecuencia de las decisiones del Subsecretario del Interior , todos los procesos administrativos de adquisición de tecnología han sido exhaustivamente revisados y auditados, tanto internamente como por la Contraloría General de la República.

No se ha pagado suma alguna del erario fiscal que pudiera ser objeto de cuestionamiento, y se han entregado en forma oportuna y transparente todos los antecedentes a la Comisión Investigadora de la Camara de Diputados, para su completo análisis.

Los procesos de adquisición pendientes se están desarrollando enmarcados en un proceso de auditoría coetánea con la Contraloría General de República.

d) Sobre la existencia de eventuales sobreprecios en la licitación de densímetros y fibroscopios.

Si bien hasta la fecha no ha sido posible establecer con certeza la existencia -y en su caso el porcentaje- de sobreprecios ofertado en la licitación de densímetros y fibroscopios, según se señaló en el el punto 4.- a) precedente, se han establecido 2 hechos relevantes al respecto:

El primero, que en licitaciones anteriores efectuadas en la pasada administración por el mismo equipamiento, se adjudicaron y pagaron valores similares a aquellos por los que se había adjudicado la licitación materia de investigación por estas Comisión.

El segundo, que fue posible establecer que el oferente adjudicado, Tecnodata Ltda., no adquirió los densímetros y fibroscopios de forma directa de la empresa norteamericana SAS R&D Services Inc., fabricante y distribuidor de los equipos, sino que lo habría realizado a través de la sociedad Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada, según de la factura pro forma de fecha 6 de julio de 2012 emitida por esta última empresa, lo que reviste suma relevancia, debido a que en la oferta técnica presentada por esa empresa, se acompañó un Certificado de Representación emitido por SAS R&D Services Inc., de fecha 4 de junio de 2012, que indica textualmente que: “Este documento certifica que nuestra empresa SAS R&D Services Inc. otorga exclusivamente para la Licitación Frontera Norte 623-15-LP12 Provisión de Densímetros, la distribución exclusiva a Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Limitada.”.

Una intermediación como la descrita puede incidir en que el precio de los productos sea mayor que si se adquieren directamente del distribuidor o fabricante, lo que sumado a la información que Tecnodata obtuvo de la empresa Sectrade, en cuanto a que no habrían otros oferentes, generó condiciones para eventualmente aumentar el precio en un porcentaje que está aún indeterminado.

De acuerdo a las conclusiones anteriores, se establece por la Comisión que:

1) En el entendido que la Comisión tiene por objetivo establecer la existencia de responsabilidades políticas, pues las penales están siendo investigadas por la Fiscalía Centro Norte, y las administrativas por la Contraloría General de la República, no se ha detectado en el actuar del Subsecretario Ubilla, alguna conducta que pudiere ser constitutiva de responsabilidad política, o de infracciones a la probidad.

Por el contrario de la exposición de los hechos efectuada precedentemente, queda de manifiesto que la actuación proactiva y responsable del Subsecretario en relación con el Plan Frontera Norte, permitió, por una parte, su exitosa ejecución, y por otra, dispuso todas las medidas preventivas que tenía su disposición para cautelar que el procedimiento se llevara a cabo de una forma ajustada a la ley y el reglamento, y a su vez, con posterioridad a la denuncia efectuada por CiperChile, ordenó ejecutar aquellas acciones destinadas a investigar cualquiera irregularidad que eventualmente pudiera existir, las que hasta esta fecha, no han sido determinadas.

2) Por otro lado y si bien no se han detectado infracciones al principio de probidad administrativa, si se han constatado descoordinaciones entre las Instituciones que han participado de la ejecución del Plan Frontera Norte, y también infracciones al deber de celeridad y eficacia de ciertas actuaciones funcionarias, por lo que es obligación de la Contraloría General de la República determinar las responsabilidades del caso, y a su vez, del propio Subsecretario del Interior procurar una mayor supervisión, por parte de los Jefes de División respectivos, de los procesos administrativos de las licitaciones públicas en las que deban participar.

3) Lo anterior es sin perjuicio de las conductas que se han constatado en los agentes del mercado de esta tecnología, toda vez que sus relaciones comerciales y personales, unido a lo restringido del mercado, han impedido el ejercicio de la necesaria y libre competencia, requerida como elemento esencial en el marco de las licitaciones; conforme se ha señalado anteriormente.

4) Finalmente la ley de compras públicas N° 19.886 y su reglamento, resulta un instrumento insuficiente, en especial en compras en mercados de seguridad y defensa, los que por su naturaleza, y las de los propios agentes de tal mercado, no permiten a la administración tener toda la información disponible, limitan la participación de extranjeros, y facilita eventuales colusiones o conductas que puedan alterar la libre competencia necesaria en todo proceso de licitación pública.

Propuestas.

Al tenor del informe precedente, la Comisión estima necesario hacer las siguientes propuestas:

1.- Al Ministro del Interior y Seguridad Pública .

Continuar con la implementación del Plan Frontera Norte hasta su completa ejecución, procurando intensificar la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales para la mantención de sus exitosos resultados.

2.- Al Presidente de la República.

Para que a través del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, disponga un estudio de la Ley de Compras Públicas, a fin de lograr perfeccionar sus procedimientos y asegurar el interés fiscal especialmente en el sector de seguridad y defensa, toda vez que se ha demostrado la insuficiencia de las herramientas legales para tal objetivo.

3.- Al Contralor General de la República.

Con el fin que disponga la elaboración de una propuesta de perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de compra de equipos de tecnología policial o de defensa, procurando una mayor fiscalización y auditorías en aquellos casos donde puede existir concentración de los mercados y falta de información pública respecto de características y precios.

VII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se remite una copia del presente informe al S.E. el Presidente de la República .

VIII. SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR WALKER, DON MATÍAS.

Acordado y tratado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 19 de diciembre de 2012; 8, 15 y 22 de enero; 5, 11 y 19 de marzo; 2, 9, 16 y 30 de abril; 7 y 14 de mayo; 4, 11 y 18 de junio; 2, 9 y 17 de julio; 6 y 13 de agosto de 2013, con la asistencia de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Nogueira, doña Claudia y Zalaquett, doña Mónica y los Diputados señores Accorsi, don Enrique; Browne, don Pedro; Cardemil, don Alberto; Delmastro,don Roberto; Gutiérrez, don Hugo; Hasbún, don Gustavo; Saffirio, don René; Schilling, don Marcelo; Squella, don Arturo; Vargas, don Orlando; Walker, don Matías ( Presidente ) y Ward, don Felipe.

Asistieron, además, la diputada señora Cristi, doña María Angélica y los diputados señores Araya, don Pedro; Ascencio, don Gabriel; Espinosa, don Marcos; Pérez, don José; Rojas, don Manuel y Vallespín, don Patricio.

Nota:

Los ANEXOS correspondientes a este documento se encuentran publicados en la página de la Cámara de Diputados cuya dirección es:

http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=CUENTADOCUMENTO&prmID=9752

-o-

Sala de la Comisión, a 13 de agosto de 2013.

(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión ”.

12. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2273-12-INA.

?Santiago, 14 de agosto de 2013.

Oficio N° 8.843

Remite sentencia.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 13 de agosto de 2013, en el proceso Rol N° 2.278-12-INA, sobre acción inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por Carlos Williamson Benapres respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 21, N° 1, letra b), de la Ley N° 20.285, en los autos sobre reclamo de ilegalidad, caratulados “Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 9255-2011.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA

VALPARAÍSO”.