Labor Parlamentaria

IX. Otros documentos de la Cuenta.

Oficios:

-De la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual solicita que las mociones que establece un sistema de regulación de internet, (boletín Nº 2395-19), actualmente en dicha Comisión y aquella que regula las comunicaciones electrónicas, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sean estudiadas por una sola Comisión para evitar un análisis repetido de sus normas (boletín Nº 2512-07).

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

-De la diputada señorita Sciaraffia y diputados señores Velasco y Ortiz, prórroga de vigencia del D.L. Nº 889, sobre incentivos a la contratación de mano de obra en zonas extremas.

-De la diputada señorita Sciaraffia, prohibición de transporte y comercialización de productos de la Zona Franca de Iquique impuesta por países vecinos.

-De los diputados señores Letelier, don Felipe, Ojeda, Luksic, Seguel, Ascencio, Rocha, Jaramillo, Velasco, Navarro, Acuña, Ortiz, Hernández, Núñez y de la diputada señora Caraball, maniobras desleales en comercialización de trigo, arroz y uva nacionales.

-Del diputado señor Navarro, mecanismo para vender acciones a ex trabajadores de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos.

-De los diputados señores Villouta, Velasco, Fossa, Arratia y Mora, cumplimiento de normas de ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

-Del diputado señor Navarro, inversiones pública y privada en investigación pesquera.

Ministerio de Obras Públicas

-Del diputado señor Molina, proyecto de concesión Embalse Illapel en localidad de El Bato, Cuarta Región.

-Del diputado señor Jarpa, abastecimiento de agua potable y factibilidad de construcción de alcantarillado en localidad de Campanario, comuna de Yungay.

-Del diputado señor Kuschel, reposición letrero caminero indicador de la Carretera Austral.

-De los diputados señores Mulet, Velasco, Ojeda, Soria, Lorenzini y Gutiérrez, construcción y operación de aeropuerto de Atacama, en comuna de Caldera, Tercera Región

-De los diputados señores Ulloa, Jaramillo, Seguel, Ortiz, Elgueta, Pareto, Ojeda, Palma, don Osvaldo; Fossa, Vilches, Jeame Barrueto, Mora y de la diputada señora Caraball, mantención y habilitación de canales primarios y secundarios de comuna de Talcahuano.

-De los diputados señores Kuschel, Bertolino, Delmastro, Fossa, Van Rysselberghue y Navarro, caminos a Cuyutúe, Puelo-Puelche y Cochamó-Paso El Bolsón, provincia de Llanquihue.

-De los diputados señores Jiménez, Díaz, Van Rysselberghe, Vilches y Lorenzini, proyecto denominado Reposición Ruta G-74-F, sector Melipilla-Bollenar, provincia de Melipilla.

-Cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de junio/2000 a parlamentarios.

Ministerio de Salud

-Informe relativo al estudio del mercado de los agrotóxicos.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

-De los diputados señores Pareto, García, don René, Kuschel, Ojeda, Reyes, Núñez, Gutiérrez, Seguel, Arratia, Luksic, Tuma, Jaramillo, Navarro, Monge, Leay, Recondo, Alessandri, Lorenzini, Longueira y de la diputada señora Eliana Caraball, instalación de antenas de telefonía celular.

-Del diputado señor Jarpa, plazo para cambio de taxímetros de vehículos de alquiler.

-De los diputados señores Rojas, Jaramillo, Sánchez, Urrutia, Mora, y de la diputada señora González, licitación puerto de Antofagasta.

Ministerio de Planificación y Cooperación

-Del diputado señor García, don José, costo de edición de “Balance Económico y Social 1990-1999”.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

-De los diputados señores Palma, don Joaquín, Palma don Andrés, Ortiz, Krauss, Jaramillo, Urrutia y de las diputadas señoras Caraball y Rozas, autorización a médicos extranjeros para ejercer en Chile.

Alcalde de Calbuco

-Del diputado señor Kuschel, evacuación de aguas lluvia en población 15 de Septiembre.

Dirección Regional de Estadísticas V Región

-Remite indicadores económicos y encuesta nacional del empleo.

Serviu Metropolitano

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Dirección General del Crédito Prendario

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Corporación Nacional de Cobre de Chile

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Agencia de Cooperación Internacional

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Fundación de Comunicación del Agro

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Oficina Nacional de Emergencia

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

Servicio Nacional de Menores

-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.

III. ACTAS

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 13ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.

IV. CUENTA

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

VI. HOMENAJE

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

SUPRESIÓN DE LA HORA DE PROYECTOS DE ACUERDO.

El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-

¿Habría unanimidad para suspender la hora de los proyectos de acuerdo, en atención a que las comisiones deben sesionar a partir de las 15 horas?

Acordado.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (boletín Nº 2361-23).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

2. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 14 de julio de 2000.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal , correspondiente al Boletín Nº 1.630-07, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 1º.- Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.”.

-o-

Ha consignado, como artículo 2º, al artículo 3º, sustituido por el siguiente:

“Artículo 2º.- Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”.

-o-

Artículo 2º

Lo ha consultado como artículo 3º, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 3º.- Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.”.

Artículo 3º

Como se indicó anteriormente, lo ha ubicado como artículo 2º reemplazado en los términos señalados.

Artículo 4º

Inciso primero

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 4º.- Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.”.

Inciso segundo

Lo ha refundido con el artículo 150, consultándolo como artículo 5º, con la redacción que se indicará a continuación.

-o-

Ha consignado como artículo 5º el inciso segundo del artículo 4º, refundido con el artículo 150, con la siguiente redacción:

“Artículo 5º.- Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.

Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.”.

-o-

Artículo 5º

Lo ha consultado como artículo 6º, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 6º.- Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedi-miento.

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.”.

Artículo 6º

Inciso primero

Ha pasado a ser artículo 8º, con la redacción que se indicará en su oportunidad.

Incisos segundo y tercero

Los ha contemplado como artículo 102, refundidos con los artículos 128 y 131, con la redacción que se indicará en su oportunidad.

Artículo 7º

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 7º.- Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia.

Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha consultado como artículo 8º el inciso primero del artículo 6º, con la siguiente redacción:

“Artículo 8º.- Ámbito de la defensa. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones expresamente previstas en este Código.”.

-o-

Artículo 8º

Lo ha ubicado como artículo 11, reemplazado en los términos que se señalarán en su oportunidad.

-o-

Ha consultado como artículo 9º el artículo 267, con la siguiente redacción:

“Artículo 9º.- Autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa.

En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía.”.

-o-

Artículo 9º

Lo ha consultado como artículo 52, reemplazado por el que se indicará en su oportunidad.

-o-

Ha agregado el siguiente artículo 10, nuevo:

“Artículo 10.- Cautela de garantías. En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.

Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo.”.

-o-

Artículo 10

Ha pasado a ser artículo 12, reemplazado en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Título II

Ha suprimido el epígrafe y su denominación.

-o-

Como se señaló en su oportunidad, ha consultado como artículo 11 el artículo 8º reemplazado por el siguiente:

“Artículo 11.- Aplicación temporal de la ley procesal penal. Las leyes procesales penales serán aplicables a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado.”.

-o-

Artículo 11

Lo ha suprimido.

-o-

Como se señaló en su oportunidad ha consultado como artículo 12 el artículo 10, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 12.- Intervinientes. Para los efectos regulados en este Código, se considerará intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas.”.

-o-

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 13, sustituido por el que sigue:

“Artículo 13.- Efecto en Chile de las sentencias penales de tribunales extranjeros. Tendrán valor en Chile las sentencias penales extranjeras. En consecuencia, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiere sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y al procedimiento de un país extranjero, a menos que el juzgamiento en dicho país hubiere obedecido al propósito de sustraer al individuo de su responsabilidad penal por delitos de competencia de los tribunales nacionales o, cuando el imputado lo solicitare expresamente, si el proceso respectivo no hubiere sido instruido de conformidad con las garantías de un debido proceso o lo hubiere sido en términos que revelaren falta de intención de juzgarle seriamente.

En tales casos, la pena que el sujeto hubiere cumplido en el país extranjero se le imputará a la que debiere cumplir en Chile, si también resultare condenado.

La ejecución de las sentencias penales extranjeras se sujetará a lo que dispusieren los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encontraren vigentes.”.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 469, reemplazado en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 14

Ha pasado a ser artículo 201, sustituido en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 15

Lo ha suprimido.

Artículo 16

Lo ha consultado como artículo 70, reemplazado en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Título III

Ha pasado a ser Título II.

Artículo 17

Lo ha consultado como artículo 14, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 14.- Días y horas hábiles. Todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados.

No obstante, cuando un plazo de días concedido a los intervinientes venciere en día feriado, se considerará ampliado hasta las veinticuatro horas del día siguiente que no fuere feriado.”.

Artículo 18

Ha pasado a ser artículo 15, sustituido por el siguiente:

“Artículo 15.- Cómputo de plazos de horas. Los plazos de horas establecidos en este Código comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción.”.

Artículos 19 y 20

Los ha refundido y consultado como nuevo artículo 16, con el siguiente tenor:

“Artículos 16.- Plazos fatales e improrrogables. Los plazos establecidos en este Código son fatales e improrrogables, a menos que se indicare expresamente lo contrario.”.

Artículo 21

Lo ha consultado como artículo 17, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 17.- Nuevo plazo. El que, por un hecho que no le fuere imputable, por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por caso fortuito, se hubiere visto impedido de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar al tribunal un nuevo plazo, que le podrá ser otorgado por el mismo período. Dicha solicitud deberá formularse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere cesado el impedimento.”.

Artículo 22

Ha pasado a ser artículo 18, sustituido por el siguiente:

“Artículo 18.- Renuncia de plazos. Los intervinientes en el procedimiento podrán renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa.

Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal.”.

Artículo 23

Lo ha consultado como artículo 19, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 19.- Requerimientos de información, contenido y formalidades. Todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren el ministerio público y los tribunales con competencia penal. El requerimiento contendrá la fecha y lugar de expedición, los antecedentes necesarios para su cumplimiento, el plazo que se otorgare para que se llevare a efecto y la determinación del fiscal o tribunal requirente.

Con todo, tratándose de informaciones o documentos que en virtud de la ley tuvieren carácter secreto, el requerimiento se atenderá observando las prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, y, en caso contrario, adoptándose las precauciones que aseguraren que la información no será divulgada.

Si la autoridad requerida retardare el envío de los antecedentes solicitados o se negare a remitirlos, so pretexto de su carácter secreto o reservado, y el fiscal estimare indispensable la realización de la actuación, remitirá los antecedentes al fiscal regional, quien, si compartiere esa apreciación, solicitará a la Corte Suprema que, previo informe de la autoridad de que se tratare, recabado por la vía que considerare más rápida, resuelva la controversia. La Corte Suprema adoptará esta decisión en cuenta. Si fuere el tribunal el que requiriere la información, formulará dicha solicitud directamente ante la Corte Suprema.

Sólo podrá denegarse el acceso a la información requerida si la Corte estimare que su publicidad pudiere afectar la seguridad nacional. Con todo, en este caso la Corte podrá ordenar que se suministren al ministerio público o al tribunal los datos que le parecieren necesarios para la adopción de decisiones relativas a la investigación o para el pronunciamiento de resoluciones judiciales.

La resolución de la Corte Suprema que recayere en esta controversia no inhabilitará a sus ministros para conocer, en su caso, los recursos que se dedujeren en la causa de que se tratare.”.

Artículo 24

Lo ha consultado como artículo 20, sustituido por el siguiente:

“Artículo 20.- Solicitudes entre tribunales. Cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le dirigirá directamente la solicitud, sin más menciones que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y las demás expresadas en el inciso primero del artículo anterior.

Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del trámite o diligencia indicado en la solicitud, o si transcurriere el plazo fijado para su cumplimiento sin que éste se produjere, el tribunal requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del primero para que ordene, agilice o gestione directamente la petición.”.

Artículo 25

Lo ha consultado como artículo 21, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 21.- Forma de realizar las comunicaciones. Las comunicaciones señaladas en los artículos precedentes podrán realizarse por cualquier medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la documentación que fuere pertinente.”.

-o-

Ha intercalado el siguiente Párrafo, nuevo:

“Párrafo 3º Comunicaciones y citaciones del ministerio público”.

Ha consultado en este Párrafo, como artículos 22 y 23, los artículos 37 y 39, respectivamente, sustituidos por los siguientes:

“Artículo 22.- Comunicaciones del ministerio público. Cuando el ministerio público estuviere obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, deberá hacerlo, bajo su responsabilidad, por cualquier medio razonable que resultare eficaz. Será de cargo del ministerio público acreditar la circunstancia de haber efectuado la comunicación.

Si un interviniente probare que por la deficiencia de la comunicación se hubiere encontrado impedido de ejercer oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar un nuevo plazo, el que le será concedido bajo las condiciones y circunstancias previstas en el artículo 17.

Artículo 23.- Citación del ministerio público. Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el fiscal requiriere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si la persona citada no compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el juez de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su presencia.

Con todo, el fiscal no podrá recabar directamente la comparecencia personal de las personas o autoridades a que se refiere el artículo 171. Si la declaración de dichas personas o autoridades fuere necesaria, procederá siempre previa autorización del juez de garantía y conforme lo establece el artículo 172.”.

-o-

Párrafo 3º

Ha pasado a ser Párrafo 4º, reemplazando la voz “Citaciones” por la expresión “citaciones judiciales”.

Artículo 26

Ha pasado a ser artículo 24, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 24.- Funcionarios habilitados. Las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del tribunal que hubiere expedido la resolución, que hubieren sido designados para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal.

El tribunal podrá ordenar que una o más notificaciones determinadas se practicaren por otro ministro de fe o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de la policía.”.

-o-

Ha contemplado como artículo 25 el artículo 35, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 25.- Contenido. La notificación deberá incluir una copia íntegra de la resolución de que se tratare, con la identificación del proceso en el que recayere, a menos que la ley expresamente ordenare agregar otros antecedentes, o que el juez lo estimare necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de sus derechos.”.

-o-

Ha considerado como artículo 26 el artículo 31, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 26.- Señalamiento de domicilio de los intervinientes en el procedimiento. En su primera intervención en el procedimiento los intervinientes deberán ser conminados por el juez, por el ministerio público, o por el funcionario público que practicare la primera notificación, a indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal respectivo y en el cual puedan practicárseles las notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar cualquier cambio de su domicilio.

En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación de sus cambios, o de cualquier inexactitud del mismo o de la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones que se dictaren se notificarán por el estado diario. Para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de esta circunstancia, lo que se hará constar en el acta que se levantare.

El mismo apercibimiento se formulará al imputado que fuere puesto en libertad, a menos que ello fuere consecuencia de un sobreseimiento definitivo o de una sentencia absolutoria ejecutoriados.”.

-o-

Artículo 27

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Artículo 27. Notificación al ministerio público. El ministerio público será notificado en sus oficinas, para lo cual deberá indicar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal e informar a éste de cualquier cambio del mismo.”.

Artículo 28

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 28.- Notificación a otros intervinientes. Cuando un interviniente en el procedimiento contare con defensor o mandatario constituido en él, las notificaciones deberán ser hechas solamente a éste, salvo que la ley o el tribunal dispusiere que también se notifique directamente a aquél.”.

-o-

Ha consultado como artículo 29 el artículo 33, sustituido por el siguiente:

“Artículo 29.- Notificaciones al imputado privado de libertad. Las notificaciones que debieren realizarse al imputado privado de libertad se le harán en persona, en el tribunal o en el establecimiento en que se encontrare recluido, aunque se hallare fuera del territorio jurisdiccional del tribunal.”.

-o-

Artículo 29

Ha pasado a ser artículo 30, sustituido por el siguiente:

“Artículo 30.- Notificaciones de las resoluciones en las audiencias judiciales. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debido asistir a las mismas. De estas notificaciones se dejará constancia en el estado diario, pero su omisión no invalidará la notificación.

Los interesados podrán pedir copias de los registros en que constaren estas resoluciones, las que se expedirán sin demora.”.

Artículo 30

Lo ha suprimido.

Artículo 31

Ha pasado a ser artículo 26, reemplazado en los términos señalados en su oportunidad.

Artículo 32

Lo ha suprimido.

Artículo 33

Como se ha señalado, fue consultado como artículo 29 sustituido en los términos indicados en su oportunidad.

Artículo 34

Ha pasado a ser artículo 31, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 31.- Otras formas de notificación. Cualquier interviniente en el procedimiento podrá proponer para sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión.”.

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Ha incorporado como artículo 32, nuevo, el siguiente:

“Artículo 32.- Normas aplicables a las notificaciones. En lo no previsto en este Párrafo, las notificaciones que hubieren de practicarse a los intervinientes en el procedimiento penal se regirán por las normas contempladas en el Título VI del Libro I del Código de Procedimiento Civil.”.

-o-

Artículo 35

Como se indicó en su oportunidad, ha pasado a ser artículo 25, reemplazado en los términos señalados.

Artículo 36

Lo ha suprimido.

Artículo 37

Como se expresó en su momento, lo ha consultado como artículo 22 sustituido en los términos señalados.

Artículo 38

Ha pasado a ser artículo 33, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 33.- Citaciones judiciales. Cuando fuere necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordenare su comparecencia.

Se hará saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que se tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les advertirá que la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las costas que causaren y que pueden imponérseles sanciones. También se les deberá indicar que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible.

El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva. Tratándose de los testigos, peritos u otras personas cuya presencia se requiriere, podrán ser arrestados hasta la realización de la actuación por un máximo de veinticuatro horas e imponérseles, además, una multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.

Si quien no concurriere injustificadamente fuere el defensor o el fiscal, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 318.”.

Artículo 39

Como se expresó en su oportunidad, lo ha consultado como artículo 23 sustituido en los términos señalados.

Párrafo 4º

Ha pasado a ser Párrafo 5º.

Artículo 40

Lo ha consultado como artículo 34, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 34.- Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las resoluciones que dictare.”.

Artículo 41

Ha pasado a ser artículo 35, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 35.- Nulidad de las actuaciones delegadas. La delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requirieren la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas.”.

Artículo 42

Lo ha considerado como artículo 36, sustituido por el siguiente:

“Artículo 36.- Fundamentación. Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquéllas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas.

La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación.”.

Artículo 43

Lo ha consultado como artículo 37, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 37.- Firma de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que las dictare. Si alguno de los jueces no pudiere firmar se dejará constancia del impedimento.

No obstante lo anterior, bastará el registro de la audiencia respecto de las resoluciones que se dictaren en ella.”.

Artículo 44

Ha pasado a ser artículo 346, sustituido en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 45

Lo ha contemplado como artículo 38, sustituido por el siguiente:

“Artículo 38.- Plazos generales para dictar las resoluciones. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.

Las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las veinticuatro horas siguientes a su recepción.”.

-o-

A continuación ha ubicado el Párrafo 5º, que ha pasado a ser Párrafo 6º, reemplazando su epígrafe por el siguiente:

“Registro de las actuaciones judiciales”.

-o-

Ha considerado en este Párrafo, como artículos 39 y 40, el artículo 51 reemplazado por los siguientes:

“Artículo 39. Reglas generales. De las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal se levantará un registro en la forma señalada en este Párrafo.

En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronunciare el tribunal serán registradas en su integridad.

El registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar la conservación y la reproducción de su contenido.

Artículo 40.- Registro de actuaciones ante juez de garantía. El registro de las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía contendrá una relación resumida de la actuación, de modo tal que refleje fielmente la parte esencial de lo actuado y describa las circunstancias en las cuales la actuación se hubiere llevado a cabo.

Los intervinientes podrán pedir al juez que se deje constancia en el registro de observaciones especiales que formularen.

Lo previsto en este artículo no se aplicará al registro de la audiencia de preparación del juicio oral, respecto de la cual regirá el artículo siguiente.”.

-o-

Ha contemplado como nuevo artículo 41 el artículo 375, redactado de la siguiente manera:

“Artículo 41.- Registro del juicio oral. El juicio oral deberá ser registrado en forma íntegra.”.

-o-

Ha contemplado como artículo 42 el artículo 377, con la siguiente redacción:

“Artículo 42.- Valor del registro del juicio oral. El registro del juicio oral demostrará el modo en que se hubiere desarrollado la audiencia, la observancia de las formalidades previstas para ella, las personas que hubieren intervenido y los actos que se hubieren llevado a cabo. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 361, en lo que corresponda.

La omisión de formalidades del registro sólo lo privará de valor cuando ellas no pudieren ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos contenidos en el mismo o de otros antecedentes confiables que dieren testimonio de lo ocurrido en la audiencia.”.

-o-

Artículo 46

Lo ha suprimido.

Artículos 47 a 49

Los ha refundido y contemplado como artículo 43, con el siguiente tenor:

“Artículo 43.- Conservación de los registros. Mientras dure la investigación o el respectivo proceso, la conservación de los registros estará a cargo del juzgado de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal respectivo, de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales.

Cuando, por cualquier causa, se viere dañado el soporte material del registro afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispusiere de ella directamente.

Si no existiere copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada caso. En todo caso, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución.”.

Artículo 50

Lo ha refundido con los artículos 52 y 376 y considerado como artículo 44, del siguiente tenor:

“Artículo 44.- Examen del registro y certificaciones. Salvas las excepciones expresamente previstas en la ley, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros.

Los registros podrán también ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la ley, a menos que, durante la investigación o la tramitación de la causa, el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia.

En todo caso, los registros serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos.

A petición de un interviniente o de cualquier persona, el funcionario competente del tribunal expedirá copias fieles de los registros o de la parte de ellos que fuere pertinente, con sujeción a lo dispuesto en los incisos anteriores.

Además dicho funcionario certificará si se hubieren deducido recursos en contra de la sentencia definitiva.”.

Párrafo 5º

Como se señaló en su oportunidad, pasó a ser Párrafo 6º, a continuación del artículo 38, con las modificaciones que se indicaron.

Artículo 51

Como se señaló en su oportunidad, lo ha reemplazado por los artículos 39 y 40, en los términos que se señalaron.

Artículo 52

Como se señaló en su oportunidad, lo ha refundido con los artículos 50 y 376 y considerado como artículo 44, en los términos que se indicaron.

Artículo 53

Lo ha considerado como artículo 258, precedido de un epígrafe, en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Párrafo 6º

Ha pasado a ser Párrafo 7º, sin enmiendas.

Artículo 54

Lo ha considerado como artículo 45, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 45.- Pronunciamiento sobre costas. Toda resolución que pusiere término a la causa o decidiere un incidente deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento.”.

Artículo 55

Lo ha contemplado como artículo 46, sustituido por el siguiente:

“Artículo 46.- Contenido. Las costas del procedimiento penal comprenderán tanto las procesales como las personales.”.

Artículo 56

Lo ha consultado como artículo 47, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 47.- Condena. Las costas serán de cargo del condenado.

La víctima que abandonare la acción civil soportará las costas que su intervención como parte civil hubiere causado. También las soportará el querellante que abandonare la querella.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el tribunal, por razones fundadas que expresará determinadamente, podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas, a quien debiere soportarlas.”.

Artículo 57

Lo ha considerado como artículo 48, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 48.- Absolución y sobreseimiento definitivo. Cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído definitivamente, el ministerio público será condenado en costas, salvo que hubiere formulado la acusación en cumplimiento de la orden judicial a que se refiere el inciso segundo del artículo 464.

En dicho evento será también condenado el querellante, salvo que el tribunal lo eximiere del pago, total o parcialmente, por razones fundadas que expresará determinadamente.”.

Artículo 58

Lo ha suprimido.

Artículo 59

Lo ha contemplado como artículo 49, sustituido por el siguiente:

“Artículo 49.- Distribución de costas. Cuando fueren varios los intervinientes condenados al pago de las costas, el tribunal fijará la parte o proporción que corresponderá soportar a cada uno de ellos.”.

Artículo 60

Lo ha considerado como artículo 50, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 50.- Personas exentas. Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes en el procedimiento no podrán ser condenados personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá imponer, por resolución fundada, el pago total o parcial de las costas.”.

Artículo 61

Ha pasado a ser artículo 51, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 51.- Gastos. Cuando fuere necesario efectuar un gasto cuyo pago correspondiere a los intervinientes, el tribunal estimará su monto y dispondrá su consignación anticipada.

En todo caso, el Estado soportará los gastos de los intervinientes que gozaren del privilegio de pobreza.”.

-o-

Ha incorporado, a continuación del artículo 61, que pasó a ser artículo 51, un párrafo nuevo, del siguiente tenor:

“Párrafo 8º Normas Supletorias”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha consultado como artículo 52 el artículo 9º, sustituido por el siguiente, que queda comprendido en este Párrafo:

“Artículo 52.- Aplicación de normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opusieren a lo estatuido en este Código o en leyes especiales, las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.”.

-o-

Título IV

Ha pasado a ser Título III.

Artículo 62

Lo ha considerado como artículo 53, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 53.- Clasificación de la acción penal. La acción penal es pública o privada.

La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser ejercida, además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de este Código.

La acción penal privada sólo podrá ser ejercida por la víctima.

Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la denuncia previa de la víctima.”.

Artículo 63

Lo ha contemplado como artículo 54, sustituido por el siguiente:

“Artículo 54.- Delitos de acción pública previa instancia particular. En los delitos de acción pública previa instancia particular no podrá procederse de oficio sin que, a lo menos, la persona directamente ofendida por el delito hubiere denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía.

Tales delitos son:

a) Las lesiones previstas en los artículos 399 y 494, número 5º, del Código Penal;

b) La violación de domicilio;

c) La violación de secretos prevista en los artículos 231 y 247, inciso segundo, del Código Penal;

d) Las amenazas previstas en los artículos 296 y 297 del Código Penal;

e) Los previstos en la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial;

f) La comunicación fraudulenta de secretos de la fábrica en que el imputado hubiere estado o estuviere empleado, y

g) Los que otras leyes señalaren en forma expresa.

A falta de la persona directamente ofendida por el delito, podrán denunciar el hecho las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 108, de conformidad a lo previsto en esa disposición.

Cuando el directamente ofendido fuere menor de edad o se encontrare imposibilitado de realizar libremente la denuncia, o cuando quienes pudieren formularla por él se encontraren imposibilitados de hacerlo o aparecieren implicados en el hecho, el ministerio público podrá proceder de oficio.

Iniciado el procedimiento, éste se tramitará de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública”.

Artículo 64

Lo ha considerado como artículo 55, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 55.- Delitos de acción privada. No podrán ser ejercidas por otra persona que la víctima, las acciones que nacen de los siguientes delitos:

a) La calumnia y la injuria;

b) La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código Penal;

c) La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado, y

d) El matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo.”.

Artículo 65

Ha pasado a ser artículo 56, sustituido por el siguiente:

“Artículo 56.- Renuncia de la acción penal. La acción penal pública no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

Pero se extinguen por esa renuncia la acción penal privada y la civil derivada de cualquier clase de delitos.

Si el delito es de aquéllos que no pueden ser perseguidos sin previa instancia particular, la renuncia de la víctima a denunciarlo extinguirá la acción penal, salvo que se tratare de delito perpetrado contra menores de edad.

Esta renuncia no la podrá realizar el ministerio público.”.

Artículo 66

Ha pasado a ser artículo 57, sin enmiendas.

Artículo 67

Lo ha consultado como artículo 58, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 58.- Responsabilidad penal. La acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito.

La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.”.

Artículo 68

Refundido con el artículo 70, ha pasado a ser artículo 59, con la siguiente redacción:

“Artículo 59.- Principio general. La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal, de conformidad a lo previsto en el artículo 219.

Asimismo, durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones de este Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil.

Con la sola excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.”.

-o-

Ha considerado como artículo 60 al artículo 79, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 60.- Oportunidad para interponer la demanda civil. La demanda civil en el procedimiento penal deberá interponerse en la oportunidad prevista en el artículo 292, por escrito y cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La demanda civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con su escrito de adhesión o acusación.

La demanda civil deberá contener la indicación de los medios de prueba, en los mismos términos expresados en el artículo 290.”.

-o-

Ha contemplado como artículo 61 al artículo 78, sustituido por el siguiente:

“Artículo 61.- Preparación de la demanda civil. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con posterioridad a la formalización de la investigación, la víctima podrá preparar la demanda civil solicitando la práctica de diligencias que considerare necesarias para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda, aplicándose, en tal caso, lo establecido en los artículos 213 y 214.

Asimismo, se podrá cautelar la demanda civil, solicitando alguna de las medidas previstas en el artículo 157.

La preparación de la demanda civil interrumpe la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en la oportunidad prevista en el artículo precedente, la prescripción se considerará como no interrumpida.”.

-o-

Ha considerado como artículo 62 al artículo 81, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 62.- Actuación del demandado. El imputado deberá oponer las excepciones que corresponda y contestar la demanda civil en la oportunidad señalada en el artículo 294. Podrá, asimismo, señalar los vicios formales de que adoleciere la demanda civil, requiriendo su corrección.

En su contestación, deberá indicar cuáles serán los medios probatorios de que pensare valerse, del modo previsto en el artículo 290.”.

-o-

Ha contemplado como artículo 63 al artículo 83 sustituido por el siguiente:

“Artículo 63.- Incidentes relacionados con la demanda y su contestación. Todos los incidentes y excepciones deducidos con ocasión de la interposición o contestación de la demanda deberán resolverse durante la audiencia de preparación del juicio oral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.”.

-o-

Ha considerado como artículo 64 al artículo 74, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 64.- Desistimiento y abandono. La víctima podrá desistirse de su acción en cualquier estado del procedimiento.

Se considerará abandonada la acción civil interpuesta en el procedimiento penal, cuando la víctima no compareciere, sin justificación, a la audiencia de preparación del juicio oral o a la audiencia del juicio oral”.

-o-

Ha considerado como artículo 65 al artículo 76, sin modificaciones.

-o-

Ha contemplado como artículo 66 al artículo 77 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 66.- Efectos del ejercicio exclusivo de la acción civil. Cuando sólo se ejerciere la acción civil respecto de un hecho punible de acción privada se considerará extinguida, por esa circunstancia, la acción penal.

Para estos efectos no constituirá ejercicio de la acción civil la solicitud de diligencias destinadas a preparar la demanda civil o a asegurar su resultado, que se formulare en el procedimiento penal.”.

-o-

Ha considerado como artículo 67 al artículo 71, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 67.- Independencia de la acción civil respecto de la acción penal. La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente.”.

-o-

Artículo 69

Ha pasado a ser artículo 68, sustituido por el siguiente:

“Artículo 68.- Curso de la acción civil ante suspensión o terminación del procedimiento penal. Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal continuare de conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal.

En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario. Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil competente dentro del referido plazo, la prescripción continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido.

Si en el procedimiento penal se hubieren decretado medidas destinadas a cautelar la demanda civil, éstas se mantendrán vigentes por el plazo indicado en el inciso primero, tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas oportunamente, el tribunal civil no las mantuviere.

Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento de acuerdo a las prescripciones de este Código, el tribunal deberá continuar con el juicio para el solo conocimiento y fallo de la cuestión civil.”.

-o-

Ha incorporado un artículo 69, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 69.- Denominaciones. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, cada vez que en este Código se hiciere referencia al juez, se entenderá que se alude al juez de garantía; si la referencia fuere al tribunal de juicio oral en lo penal, deberá entenderse hecha al tribunal colegiado encargado de conocer el juicio mencionado.

Por su parte, la mención de los jueces se entenderá hecha a los jueces de garantía, a los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal o a todos ellos, según resulte del contexto de la disposición en que se utilice. De igual manera se entenderá la alusión al tribunal, que puede corresponder al juez de garantía, al tribunal de juicio oral en lo penal, a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema.”.

-o-

Como se señaló en su oportunidad, ha consultado el artículo 16 como artículo 70, sustituido por el siguiente:

“Artículo 70 .- Juez de garantía competente. El juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que dé lugar el respectivo procedimiento se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución.

Sin embargo, cuando estas actuaciones debieren efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se tratare de diligencias urgentes, el ministerio público también podrá pedir la autorización directamente al juez del juzgado de garantía del lugar. En este caso, una vez realizada la diligencia, el ministerio público dará cuenta a la brevedad al juez de garantía del procedimiento.”.

-o-

Artículo 70

Como se indicó en su oportunidad, lo ha refundido con el artículo 68, pasando a ser artículo 59, en los términos que se señalaron.

Artículo 71

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 67, sustituido por el que se indicó.

Artículo 72

Lo ha suprimido.

Artículo 73

Lo ha suprimido.

Artículo 74

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 64, sustituido por el que se indicó en su oportunidad.

Artículo 75

Lo ha suprimido.

Artículo 76

Como se indicó antes, ha pasado a ser artículo 65.

Artículo 77

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 66, sustituido por el que se indicó en su oportunidad.

Artículo 78

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 61, sustituido por el que se señaló.

Párrafo 3º Demanda civil

Ha suprimido el epígrafe “Párrafo 3º” y su denominación “Demanda civil”.

Artículo 79

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 60, sustituido por el que se señaló.

Artículo 80

Lo ha suprimido.

Artículo 81

Como se ha señalado, pasó a ser artículo 62, sustituido por el que se indicó.

Artículo 82

Lo ha suprimido.

Artículo 83

Como se expresó anteriormente, pasó a ser artículo 63, sustituido por el que se señaló.

Título V

Ha pasado a ser Título IV.

Artículo 84

Lo ha suprimido.

Artículo 85

Lo ha suprimido.

Artículo 86

Lo ha suprimido.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 71, nuevo:

“Artículo 71.- Atribuciones de dirección de las audiencias y disciplina dentro de ellas. Las reglas contempladas en el Párrafo 3º del Título III del Libro Segundo serán aplicables durante las audiencias que se celebraren ante el juez de garantía, correspondiendo a este último el ejercicio de las facultades que se le entregan al presidente de la sala o al tribunal de juicio oral en lo penal en dichas disposiciones.”.

-o-

Artículo 87

Ha pasado a ser artículo 72, sustituido por el siguiente:

“Artículo 72.- Facultades durante conflictos de competencia. Si se suscitare un conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía en relación con el conocimiento de una misma causa criminal, mientras no se dirimiere dicha competencia cada uno de ellos estará facultado para realizar las actuaciones urgentes y otorgar las autorizaciones que, con el mismo carácter, les solicitare el ministerio público.

De los jueces entre quienes se hubiere suscitado la contienda, aquél en cuyo territorio jurisdiccional se encontraren quienes estuvieren privados de libertad en la causa resolverá sobre su libertad.”.

Artículo 88

Lo ha consultado como artículo 73, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 73.- Efectos de la resolución que dirime la competencia. Dirimida la competencia, serán puestas inmediatamente a disposición del juez competente las personas que se encontraren privadas de libertad, así como los antecedentes que obraren en poder de los demás jueces que hubieren intervenido.

Todas las actuaciones practicadas ante los jueces que resultaren incompetentes serán válidas, sin necesidad de ratificación por el juez que fuere declarado competente.”.

Artículo 89

Ha pasado a ser artículo 74, sustituido por el siguiente:

“Artículo 74.- Preclusión de los conflictos de competencia. Transcurridos tres días desde la notificación de la resolución que fijare fecha para la realización de la audiencia del juicio oral, la incompetencia territorial del tribunal del juicio oral en lo penal no podrá ser declarada de oficio ni promovida por las partes.

Si durante la audiencia de preparación del juicio oral se planteare un conflicto de competencia, no se suspenderá la tramitación, pero no se pronunciará la resolución a que alude el artículo 308 mientras no se resolviere el conflicto.”.

Artículo 90

Lo ha suprimido.

Artículo 91

Ha pasado a ser artículo 75, sustituido por el siguiente:

“Artículo 75.- Inhabilitación del juez de garantía. Planteada la inhabilitación del juez de garantía, quien debiere subrogarlo conforme a la ley continuará conociendo de todos los trámites anteriores a la audiencia de preparación del juicio oral, la que no se realizará hasta que se resolviere la inhabilitación.”.

Artículo 92

Lo ha considerado como artículo 76, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 76.- Inhabilitación de los jueces del tribunal del juicio oral. Las solicitudes de inhabilitación de los jueces del tribunal de juicio oral deberán plantearse, a más tardar, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que fijare fecha para el juicio oral, y se resolverán con anterioridad al inicio de la respectiva audiencia.

Cuando los hechos que constituyeren la causal de implicancia o recusación llegaren a conocimiento de la parte con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior y antes del inicio del juicio oral, el incidente respectivo deberá ser promovido al iniciarse la audiencia del juicio oral.

Con posterioridad al inicio de la audiencia del juicio oral, no podrán deducirse incidentes relativos a la inhabilitación de los jueces que integraren el tribunal. Con todo, si cualquiera de los jueces advirtiere un hecho nuevo constitutivo de causal de inhabilidad, el tribunal podrá declararla de oficio.

El tribunal continuará funcionando con exclusión del o de los miembros inhabilitados, si éstos pudieren ser reemplazados de inmediato en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 312, o si continuare integrado por, a lo menos, dos jueces que hubieren concurrido a toda la audiencia. En este último caso, deberán alcanzar unanimidad para pronunciar la sentencia definitiva. Si no se cumpliere alguna de estas condiciones, se anulará todo lo obrado en el juicio oral.”.

Artículos 93 y 94

Los ha refundido con los artículos 96 y 267, y consultado como artículo 77, con la siguiente redacción:

“Artículo 77.- Facultades. Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía, con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.”.

Artículo 95

Ha pasado a ser artículo 78, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 78.- Información y protección a las víctimas. Será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir.

Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades en favor de la víctima:

a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos.

b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.

c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles.

d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa.

Si la víctima hubiere designado abogado, el ministerio público estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en las letras a) y d) precedentes.”.

Artículo 96

Como se indicó anteriormente, lo ha refundido con los artículos 93, 94 y 267 y consignado como artículo 77.

Artículo 97

Lo ha suprimido.

Artículo 98

Lo ha suprimido.

Artículo 99

Lo ha consultado como artículo 79, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 79.- Función de la policía en el procedimiento penal. La Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código en especial en los artículos 210, 211 y 217, de conformidad a las instrucciones que le dirigieren los fiscales. Tratándose de delitos que dependieren de instancia privada se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 402 de este Código. Asimismo, le corresponderá ejecutar las medidas de coerción que se decretaren.

Carabineros de Chile, en el mismo carácter de auxiliar del ministerio público, deberá desempeñar las funciones previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo del caso así lo dispusiere.

Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, tratándose de la investigación de hechos cometidos en el interior de establecimientos penales, el ministerio público también podrá impartir instrucciones a Gendarmería de Chile, que actuará de conformidad a lo dispuesto en este Código.”.

Artículo 100

Ha pasado a ser artículo 80, sustituido por el siguiente:

“Artículo 80.- Dirección del ministerio público. Los funcionarios señalados en el artículo anterior que, en cada caso, cumplieren funciones previstas en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo a las instrucciones que éstos les impartieren para los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades de la institución a la que pertenecieren.

También deberán cumplir las órdenes que les dirigieren los jueces para la tramitación del procedimiento.

Los funcionarios antes mencionados deberán cumplir de inmediato y sin más trámite las órdenes que les impartieren los fiscales y los jueces, cuya procedencia, conveniencia y oportunidad no podrán calificar, sin perjuicio de requerir la exhibición de la autorización judicial previa, cuando correspondiere.”.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 81, nuevo:

“Artículo 81.- Comunicaciones entre el ministerio público y la policía. Las comunicaciones que los fiscales y la policía debieren dirigirse en relación con las actividades de investigación de un caso particular se realizarán en la forma y por los medios más expeditos posibles.”.

-o-

Ha consultado como artículo 82 al artículo 104, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 82.- Imposibilidad de cumplimiento. El funcionario de la policía que, por cualquier causa, se encontrare impedido de cumplir una orden que hubiere recibido del ministerio público o de la autoridad judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la hubiere emitido y de su superior jerárquico en la institución a que perteneciere.

El fiscal o el juez que hubiere emitido la orden podrá sugerir o disponer las modificaciones que estimare convenientes para su debido cumplimiento, o reiterar la orden, si en su concepto no existiere imposibilidad.”.

-o-

Artículo 101

Ha pasado a ser artículo 83, con la siguiente redacción:

“Artículo 83.- Actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

a) Prestar auxilio a la víctima;

b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;

c) Resguardar el sitio del suceso. Para este efecto, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a su clausura, si se tratare de local cerrado, o a su aislamiento, si se tratare de lugar abierto, y evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no interviniere personal experto de la policía que el ministerio público designare.

El personal policial experto deberá recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien correspondiere, dejando constancia, en el registro que se levantare, de la individualización completa del o los funcionarios policiales que llevaren a cabo esta diligencia;

d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de los casos a que se alude en las letras b) y c) precedentes;

e) Recibir las denuncias del público, y

f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.”.

Artículo 102

Lo ha desglosado en los artículos 84, cuyo texto se consigna a continuación, y 91, cuyo texto se consignará en su oportunidad.

El texto del artículo 84, desglosado del artículo 102, es el siguiente:

“Artículo 84.- Información al ministerio público. Recibida una denuncia, la policía informará inmediatamente y por el medio más expedito al ministerio público. Sin perjuicio de ello, procederá, cuando correspondiere, a realizar las actuaciones previstas en el artículo precedente, respecto de las cuales se aplicará, asimismo, la obligación de información inmediata.”.

-o-

Ha consultado los siguientes artículos 85, 86 y 87, nuevos:

“Artículo 85.- Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 podrán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario deberá darle facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le hubiere sido posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. Tratándose del caso de negativa, deberá responder por la falta establecida en el artículo 496 Nº 5 del Código Penal. Si no le hubiere sido posible acreditar su identidad, se le darán en ese lugar facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios distintos de los ya mencionados. Si esto último no resultare posible, se ofrecerá a la persona ponerla en libertad de inmediato si autorizare por escrito que se le tomen fotografías y huellas digitales, las que sólo podrán ser utilizadas para fines de identificación.

La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse del modo más expedito posible, no pudiendo prolongarse el conjunto de los trámites establecidos en este artículo por más de cuatro horas, transcurridas las cuales será puesta en libertad.

Artículo 86.- Derechos de la persona sujeta a control de identidad. En cualquier caso que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se tratare de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practicare el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a su familia o a la persona que indicare, de su permanencia en el cuartel policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con personas detenidas.

Artículo 87.- Instrucciones generales. Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal impartiere en cada caso, el ministerio público regulará mediante instrucciones generales la forma en que la policía cumplirá las funciones previstas en los artículos 83 y 85, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tomare conocimiento y respecto de los cuales los datos obtenidos fueren insuficientes para estimar si son constitutivos de delito.”.

-o-

Artículo 103

Ha pasado a ser artículo 88, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 88.- Solicitud de registros de actuaciones. El ministerio público podrá requerir en cualquier momento los registros de las actuaciones de la policía.”.

-o-

Ha contemplado como artículo 89 el artículo 274, con la siguiente redacción:

“Artículo 89.- Examen de vestimentas, equipaje o vehículos. Se podrá practicar el examen de las vestimentas que llevare el detenido, del equipaje que portare o del vehículo que condujere, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación.

Para practicar el examen de vestimentas, se comisionará a personas del mismo sexo del imputado y se guardarán todas las consideraciones compatibles con la correcta ejecución de la diligencia.”.

-o-

Artículo 104

Como se señaló en su oportunidad, pasó a ser artículo 82, sustituido por el que se indicó.

-o-

Ha refundido los artículos 295 y 298, y los ha desglosado como artículos 90, en los términos que se expresan a continuación, y 232, como se señalará en su oportunidad.

El texto del artículo 90, desglosado de las normas antes indicadas, es el siguiente:

“Artículo 90.- Levantamiento del cadáver. En los casos de muerte en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la descripción a que se refiere el artículo 211 y la orden de levantamiento del cadáver podrán ser realizadas por el jefe de la unidad policial correspondiente, en forma personal o por intermedio de un funcionario de su dependencia, quien dejará registro de lo obrado, en conformidad a las normas generales de este Código.”.

-o-

Como se señaló en su oportunidad, se ha desglosado del artículo 102 como artículo 91, el texto siguiente:

“Artículo 91.- Declaraciones del imputado ante la policía. La policía sólo podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor. Si éste no estuviere presente durante el interrogatorio, las preguntas se limitarán a constatar la identidad del sujeto.

Si, en ausencia del defensor, el imputado manifestare su deseo de declarar, la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuere posible, la policía podrá consignar las declaraciones que se allanare a prestar, bajo la responsabilidad y con la autorización del fiscal. El defensor podrá incorporarse siempre y en cualquier momento a esta diligencia.”.

-o-

Artículo 105

Ha pasado a ser artículo 92, con la siguiente redacción:

“Artículo 92.- Prohibición de informar. Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible.”.

Artículo 106

Ha pasado a ser artículo 259, en los término que se indicarán.

Párrafo 4º El imputado

Ha intercalado en su numeral I.- Derechos del imputado, después de la palabra “Derechos” la expresión “y garantías”.

Artículo 107

Lo ha consultado como artículo 93, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 93.- Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.

En especial, tendrá derecho a:

a) Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes;

b) Ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación;

c) Solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formularen;

d) Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual podrá concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación;

e) Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare;

f) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare;

g) Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento;

h) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, e

i) No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él derivaren de la situación de rebeldía.”.

Artículo 108

Ha pasado a ser artículo 94, sustituido por el siguiente:

“Artículo 94.- Imputado privado de libertad. El imputado privado de libertad tendrá, además, las siguientes garantías y derechos:

a) A que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que la dispusiere;

b) A que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión le informe de los derechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 135;

c) A ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención;

d) A solicitar del tribunal que le conceda la libertad;

e) A que el encargado de la guardia del recinto policial al cual fuere conducido informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido o preso, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare;

f) A entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención, el que sólo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto;

g) A tener, a sus expensas, las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en que se encontrare, y

h) A recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio, salvo lo dispuesto en el artículo 151.”.

-o-

Ha incorporado los siguientes artículos 95 y 96, nuevos:

“Artículo 95.- Amparo ante el juez de garantía. Toda persona detenida tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de la detención, si se hubiere practicado sin orden judicial previa y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, así como para que ordene su libertad o adopte las medidas que fueren procedentes.

El abogado del imputado, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquél del lugar donde se encontrare el detenido, para solicitar que ordene que este último sea conducido a su presencia y ejerza las facultades establecidas en el inciso anterior.

Artículo 96.- Derechos de los abogados. Todo abogado tendrá derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión, la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese o en otro establecimiento del mismo servicio y que se ubicare en la comuna.

En caso afirmativo y con el acuerdo del afectado, el abogado tendrá derecho a conferenciar privadamente con él y, con su consentimiento, a recabar del encargado del establecimiento la información consignada en la letra a) del artículo 94 .

Si fuere requerido, el funcionario encargado deberá extender, en el acto, una constancia de no encontrarse privada de libertad en el establecimiento la persona por la que se hubiere consultado.”.

-o-

Artículo 109

Lo ha considerado como artículo 97, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 97.- Obligación de cumplimiento e información. El tribunal, los fiscales y los funcionarios policiales dejarán constancia en los respectivos registros, conforme al avance del procedimiento, de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado.”.

Artículo 110

Lo ha suprimido.

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Ha refundido los artículos 116, 124, 125 y 127, consignándolos como artículo 98, con la siguiente redacción:

“Artículo 98.- Declaración del imputado como medio de defensa. Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas el imputado tendrá siempre derecho a prestar declaración, como un medio de defenderse de la imputación que se le dirigiere.

La declaración judicial del imputado se prestará en audiencia a la cual podrán concurrir los intervinientes en el procedimiento, quienes deberán ser citados al efecto.

La declaración del imputado no podrá recibirse bajo juramento. El juez o, en su caso, el presidente del tribunal, se limitará a exhortarlo a que diga la verdad y a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formularen. Regirá, correspondientemente, lo dispuesto en el artículo 328.

Si con ocasión de su declaración judicial, el imputado o su defensor solicitaren la práctica de diligencias de investigación, el juez podrá recomendar al ministerio público la realización de las mismas, cuando lo considerare necesario para el ejercicio de la defensa y el respeto del principio de objetividad.

Si el imputado no supiere la lengua castellana o si fuere sordo o mudo, se procederá a tomarle declaración de conformidad al artículo 323, incisos tercero y cuarto.”.

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Artículo 111

Lo ha consultado como artículo 99, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 99.- Causales de rebeldía. El imputado será declarado rebelde:

a) Cuando, decretada judicialmente su detención o prisión preventiva, no fuere habido, o

b) Cuando, habiéndose formalizado la investigación en contra del que estuviere en país extranjero, no fuere posible obtener su extradición.”.

Artículo 112

Ha pasado a ser artículo 100, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 100.- Declaración de rebeldía. La declaración de rebeldía del imputado será pronunciada por el tribunal ante el que debiere comparecer.”.

Artículo 113

Pasó a ser artículo 101, sustituido por el siguiente:

“Artículo 101.- Efectos de la rebeldía. Declarada la rebeldía, las resoluciones que se dictaren en el procedimiento se tendrán por notificadas personalmente al rebelde en la misma fecha en que se pronunciaren.

La investigación no se suspenderá por la declaración de rebeldía y el procedimiento continuará hasta la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se podrá sobreseer definitiva o temporalmente la causa de acuerdo al mérito de lo obrado. Si la declaración de rebeldía se produjere durante la etapa de juicio oral, el procedimiento se sobreseerá temporalmente, hasta que el imputado compareciere o fuere habido.

El sobreseimiento afectará sólo al rebelde y el procedimiento continuará con respecto a los imputados presentes.

El imputado que fuere habido pagará las costas causadas con su rebeldía, a menos que justificare debidamente su ausencia.”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha considerado como artículo 102 los incisos segundo y tercero del artículo 6º refundidos con los artículos 128 y 131, con la siguiente redacción:

“Artículo 102.- Derecho a designar libremente a un defensor. Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.

Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un defensor determinado, o bien solicitar se le nombre uno. Conocerá de dicha petición el juez de garantía competente o aquél correspondiente al lugar en que el imputado se encontrare.

El juez dispondrá la comparecencia del imputado a su presencia, con el objeto de que acepte la designación del defensor.

Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el tribunal lo autorizará sólo cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa; en caso contrario, le designará defensor letrado, sin perjuicio del derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo, según lo dispuesto en el artículo 8º.”.

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Artículo 114

Lo ha suprimido.

Artículo 115

Lo ha suprimido.

III. Declaración judicial del imputado.

Ha suprimido el epígrafe “III.-” y su denominación “Declaración judicial del imputado”.

Artículo 116

Como se expresó en su oportunidad, lo ha refundido con los artículos 124, 125 y 127, consignándolos como artículo 98, en los términos que se indicó.

Artículos 117, 118, 119 y 121

Los ha refundido con el artículo 260, consignándolo como artículo 224, nuevo, en los términos que se señalarán en su oportunidad.

Artículo 120

Lo ha suprimido.

Artículo 122

Ha pasado a ser artículo 225, en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 123

Ha pasado a ser artículo 226, sin enmiendas.

Artículos 124 y 125

Como se expresó en su oportunidad, los ha refundido con los artículos 116 y 127, consignándolos como artículo 98, en los términos que se indicó.

Artículo 126

Lo ha suprimido.

Artículo 127

Como se expresó en su oportunidad, lo ha refundido con los artículos 116, 124 y 125, consignándolos como artículo 98, en los términos que se indicó.

Artículo 128

Como se señaló en su oportunidad, se ha refundido con los incisos segundo y tercero del artículo 6º y con el artículo 131, consignándose como artículo 102, con la redacción que se indicó.

Artículo 129

Lo ha consultado como artículo 103, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 103.- Efectos de la ausencia del defensor. La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 317.”.

Artículo 130

Ha pasado a ser artículo 104, sustituyendo la voz “reserve” por “reservare”.

Artículo 131

Como se señaló en su oportunidad, se ha refundido con los incisos segundo y tercero del artículo 6º y con el artículo 128, consignándose como artículo 102, con la redacción que se indicó.

Artículo 132

Ha pasado a ser artículo 105, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 105.- Defensa de varios imputados en un mismo proceso. La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustentare no fueren incompatibles entre sí.

Si el tribunal advirtiere una situación de incompatibilidad la hará presente a los afectados y les otorgará un plazo para que la resuelvan o para que designen los defensores que se requirieren a fin de evitar la incompatibilidad de que se tratare. Si, vencido el plazo, la situación de incompatibilidad no hubiere sido resuelta o no hubieren sido designados el o los defensores necesarios, el mismo tribunal determinará los imputados que debieren considerarse sin defensor y procederá a efectuar los nombramientos que correspondieren.”.

Artículo 133

Ha pasado a ser artículo 106, sustituido por el siguiente:

“Artículo 106.- Renuncia o abandono de la defensa. La renuncia formal del defensor no lo liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado.

En el caso de renuncia del defensor o en cualquier situación de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá designar de oficio un defensor penal público que la asuma, a menos que el imputado se procurare antes un defensor de su confianza. Con todo, tan pronto este defensor hubiere aceptado el cargo, cesará en sus funciones el designado por el tribunal.”.

Artículo 134

Ha pasado a ser artículo 107, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 107.- Designación posterior. La designación de un defensor penal público no afectará el derecho del imputado a elegir posteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no producirá efectos hasta que el defensor designado aceptare el mandato y fijare domicilio.”.

Artículo 135

Ha pasado a ser artículo 108, sustituido por el siguiente:

“Artículo 108.- Concepto. Para los efectos de este Código, se considera víctima al directamente ofendido por el delito.

En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiere ejercer los derechos que en este Código se le otorgan, se considerará víctima:

a) al cónyuge y a los hijos;

b) a los ascendientes;

c) al conviviente;

d) a los hermanos, y

e) al adoptado o adoptante.

Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes.”.

Artículo 136

Lo ha suprimido.

Artículo 137

Ha pasado a ser artículo 109, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 109.- Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia;

b) Presentar querella;

c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;

d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada;

e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa, y

f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.

Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren en esa calidad.”.

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Ha consultado el siguiente artículo 110, nuevo:

“Artículo 110.- Información a personas que no hubieren intervenido en el procedimiento. En los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo 108, si ninguna de las personas enunciadas en ese precepto hubiere intervenido en el procedimiento, el ministerio público informará sus resultados al cónyuge del directamente ofendido por el delito o, en su defecto, a alguno de los hijos u otra de esas personas.”.

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Artículo 138

Ha pasado a ser artículo 111, sustituido por el siguiente:

“Artículo 111.- Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario.

También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública.

Asimismo, podrá deducir querella cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto.”.

Artículo 139

Ha pasado a ser artículo 112, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 112.- Oportunidad para presentar la querella. La querella podrá presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no declarare cerrada la investigación.

Admitida a tramitación, el juez la remitirá al ministerio público y el querellante podrá hacer uso de los derechos que le confiere el artículo 292.”.

Artículo 140

Ha pasado a ser artículo 113, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado, en su encabezamiento, la expresión “juez de control de la instrucción” por “juez de garantía”.

En su letra a) ha reemplazado las voz “entable” por “entablare”, y en su letra e) ha sustituido la expresión “solicite” por “solicitare”.

Artículo 141

Ha pasado a ser artículo 114, sustituido por el siguiente:

“Artículo 114.- Inadmisibilidad de la querella. La querella no será admitida a tramitación por el juez de garantía:

a) Cuando fuere presentada extemporáneamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 112;

b) Cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de tres días para subsanar los defectos que presentare por falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo 113, el querellante no realizare las modificaciones pertinentes dentro de dicho plazo;

c) Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito;

d) Cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado se encuentra extinguida. En este caso, la declaración de inadmisibilidad se realizará previa citación del ministerio público, y

e) Cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley.”

Artículo 142

Ha pasado a ser artículo 115, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 115.- Apelación de la resolución. La resolución que declarare inadmisible la querella será apelable, pero sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento.

La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable.”.

Artículo 143

Lo ha consultado como artículo 116, con las siguientes modificaciones:

En su letra a), ha sustituido el punto final (.) por la expresión “, y”.

Ha reemplazado su letra b) por la siguiente:

“b) Los consanguíneos en toda la línea recta, los colaterales y afines hasta el segundo grado, a no ser por delitos cometidos por unos contra los otros, o contra su cónyuge o hijos.”.

Artículo 144

Lo ha consultado como artículo 117, sustituido por el siguiente:

“Artículo 117.- Querella rechazada. Cuando no se diere curso a una querella en que se persiguiere un delito de acción pública o previa instancia particular, por aplicación de alguna de las causales previstas en las letras a) y b) del artículo 114, el juez la pondrá en conocimiento del ministerio público para ser tenida como denuncia, siempre que no le constare que la investigación del hecho hubiere sido iniciada de otro modo.”.

Artículo 145

Ha pasado a ser artículo 468, en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 146

Ha pasado a ser artículo 118, con la siguiente modificación:

Ha sustituido la expresión “dicte” por “dictare”.

Artículo 147

Ha pasado a ser artículo 119, con la siguiente modificación:

En su inciso primero, ha intercalado entre la palabra “bienes” y su punto final (.), la expresión “y las costas”.

Artículo 148

Ha pasado a ser artículo 120, con las siguientes modificaciones:

En el encabezamiento de su inciso primero, ha reemplazado la palabra “juez” por “tribunal”.

Ha suprimido su letra a), pasando sus actuales letras b), c) y d) a ser letras a), b) y c), respectivamente.

Ha reemplazado su inciso segundo por el siguiente:

“La resolución que declarare el abandono de la querella será apelable, sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento. La resolución que negare lugar al abandono será inapelable.”.

Artículo 149

Ha pasado a ser artículo 121, sin enmiendas.

Título VI

Ha pasado a ser Título V.

Párrafo 1º

Ha reemplazado su epígrafe “Principios generales” por “Principio general”.

Artículo 150

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 5º, refundido con el inciso segundo del artículo 4º, con la redacción que se indicó.

Artículo 151

Ha pasado a ser artículo 122, con la siguiente modificación:

Ha sustituido, en su inciso primero, la expresión “subsista” por “subsistiere”.

Artículo 152

Ha pasado a ser artículo 123, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 123.- Oportunidad de la citación judicial. Cuando fuere necesaria la presencia del imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.”.

Artículo 153

Ha pasado a ser artículo 124 , sustituido por el siguiente:

“Artículo 124.- Exclusión de otras medidas. Cuando la imputación se refiriere a faltas, o delitos que la ley no sancionare con penas privativas ni restrictivas de libertad, o bien cuando éstas no excedieren las de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, salvo la citación y, en su caso, el arresto por falta de comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.”.

Artículo 154

Ha pasado a ser artículo 125, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 125.- Procedencia de la detención. Ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante y, en este caso, para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere.”.

Artículo 155

Ha pasado a ser artículo 126, sustituido por el siguiente:

“Artículo 126.- Presentación voluntaria del imputado. El imputado contra quien se hubiere emitido orden de detención por cualquier autoridad competente podrá ocurrir siempre ante el juez que correspondiere a solicitar un pronunciamiento sobre su procedencia o la de cualquier otra medida cautelar.”.

Artículo 156

Ha pasado a ser artículo 127, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 127.- Detención judicial. Salvo en los casos contemplados en el artículo 124, el tribunal, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada.

También se decretará la detención del imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada.”.

Artículo 157

Ha pasado a ser artículo 128, sustituido por el siguiente:

“Artículo 128.- Detención por cualquier tribunal. Todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieren algún crimen o simple delito, conformándose a las disposiciones de este Título.”.

Artículos 158 y 159

Los ha refundido y consultado como artículo 129, en los siguientes términos:

“Artículo 129.- Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente el aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima.

Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito.

No obstará a la detención la circunstancia de que la persecución penal requiriere instancia particular previa, si el delito flagrante fuere de aquéllos previstos y sancionados en los artículos 361 a 366 quater del Código Penal.

La policía deberá, asimismo, detener al sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena y al que se fugare estando detenido o en prisión preventiva.”.

Artículo 160

Ha pasado a ser artículo 130, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 130.- Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia:

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito;

b) El que acabare de cometerlo;

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice;

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y

e) El que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo o hurto que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de cometerse.”.

Artículo 161

Ha pasado a ser artículo 131, sustituido por el siguiente:

“Artículo 131.- Plazos de la detención. Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que la hubieren realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden. Si ello no fuere posible por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un período que en caso alguno excederá las cuarenta y ocho horas.

Cuando la detención se practicare en virtud de los artículos 129 y 130, el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al ministerio público dentro de un plazo máximo de doce horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado.”.

Artículo 162

Ha pasado a ser artículo 132, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 132.- Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal. La ausencia de éste dará lugar a la liberación del detenido.

En la audiencia, el fiscal procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.”.

Artículo 163

Ha pasado a ser artículo 133, sustituido por el siguiente:

“Artículo 133.- Ingreso de personas detenidas. Los encargados de los establecimientos penitenciarios no podrán aceptar el ingreso de personas sino en virtud de órdenes judiciales.”.

Artículo 164

Ha pasado a ser artículo 134, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 134.- Citación en casos de flagrancia. Quien fuere sorprendido por la policía in fraganti cometiendo un hecho de los señalados en el artículo 124, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

Si se hubiere procedido a la detención del imputado, informado de ese hecho el fiscal deberá otorgar al detenido su libertad en el más breve plazo, dando previamente cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26.

El procedimiento indicado en el inciso primero podrá ser utilizado asimismo cuando, tratándose de un simple delito y no siendo posible conducir al imputado inmediatamente ante el juez, el oficial a cargo del recinto policial considerare que existen suficientes garantías de su oportuna comparecencia.”.

Artículo 165

Ha sido reemplazado por los artículos 135, 136 y 137:

“Artículo 135.- Información al detenido. El funcionario público a cargo del procedimiento de detención deberá informar al afectado acerca del motivo de la detención, al momento de practicarla.

Asimismo, le informará acerca de los derechos establecidos en los artículos 93, letras a), b) y g), y 94, letras f) y g), de este Código. Con todo, si, por las circunstancias que rodearen la detención, no fuere posible proporcionar inmediatamente al detenido la información prevista en este inciso, ella le será entregada por el encargado de la unidad policial a la cual fuere conducido. Se dejará constancia en el libro de guardia del recinto policial del hecho de haberse proporcionado la información, de la forma en que ello se hubiere realizado, del funcionario que la hubiere entregado y de las personas que lo hubieren presenciado.

La información de derechos prevista en el inciso anterior podrá efectuarse verbalmente, o bien por escrito, si el detenido manifestare saber leer y encontrarse en condiciones de hacerlo. En este último caso, se le entregará al detenido un documento que contenga una descripción clara de esos derechos, cuyo texto y formato determinará el ministerio público.

En los casos comprendidos en el artículo 138, la información prevista en los incisos precedentes será entregada al afectado en el lugar en que la detención se hiciere efectiva, sin perjuicio de la constancia respectiva en el libro de guardia.

Artículo 136.- Fiscalización del cumplimiento del deber de información. El fiscal y, en su caso, el juez, deberán cerciorarse del cumplimiento de lo previsto en el artículo precedente. Si comprobaren que ello no hubiere ocurrido, informarán de sus derechos al detenido y remitirán oficio, con los antecedentes respectivos, a la autoridad competente, con el objeto de que aplique las sanciones disciplinarias correspondientes o inicie las investigaciones penales que procedieren.

Artículo 137.- Difusión de derechos. En todo recinto de detención policial y casa de detención deberá existir, en lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de los detenidos y otro que describa los derechos de las víctimas de un delito. El texto y formato de estos carteles serán determinados por el ministerio público.”.

-o-

Artículo 166

Lo ha suprimido.

Artículo 167

Ha pasado a ser artículo 151, reemplazado en los términos que se indicarán oportunamente.

Artículo 168

Ha pasado a ser artículo 138, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 138.- Detención en la residencia del imputado. La detención del que se encontrare en los casos previstos en el párrafo segundo del número 6º del artículo 10 del Código Penal se hará efectiva en su residencia. Si el detenido tuviere su residencia fuera de la ciudad donde funcionare el tribunal competente, la detención se hará efectiva en la residencia que aquél señalare dentro de la ciudad en que se encontrare el tribunal.”.

Artículo 169

Ha pasado a ser artículo 139, sustituido por el siguiente:

“Artículo 139.- Procedencia de la prisión preventiva. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

La prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.”.

Artículo 170

Ha pasado a ser artículo 140, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 140.- Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del ministerio público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare;

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y

c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Se entenderá que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados graves en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.”.

Artículo 171

Ha pasado a ser artículo 141, sustituido por el siguiente:

“Artículo 141.- Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

No procederá la prisión preventiva:

a) Cuando el delito imputado no mereciere pena aflictiva;

b) Cuando se tratare de un delito de acción privada, y

c) Cuando el tribunal considerare que, en caso de ser condenado, el imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad contempladas en la ley y éste acreditare tener vínculos permanentes con la comunidad, que den cuenta de su arraigo familiar o social.

Sin perjuicio de lo anterior, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio hasta su término, presentarse a los actos del procedimiento y a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado en conformidad a los artículos 33 y 123.

Podrá en todo caso decretarse la prisión preventiva en los eventos previstos en el inciso segundo cuando el imputado hubiere incumplido alguna de las medidas cautelares previstas en el Párrafo 6º de este Título o cuando el tribunal considere que el imputado pudiere incumplir lo establecido en el inciso precedente. Se decretará también la prisión preventiva del imputado que no hubiere asistido a la audiencia del juicio oral, resolución que se dictará en la misma audiencia a petición del fiscal o del querellante.

La prisión preventiva no procederá respecto del imputado que se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Si por cualquier motivo fuere a cesar su cumplimiento efectivo y el fiscal o el querellante estimaren procedente esta medida cautelar, o alguna de las medidas previstas en el párrafo siguiente, podrán recabarla anticipadamente de conformidad a las disposiciones de este Párrafo, a fin de que, si el tribunal acogiere la solicitud, la medida se aplique al imputado en cuanto cese el cumplimiento efectivo de la pena, sin solución de continuidad.”.

Artículo 172

Ha pasado a ser artículo 142, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 142.- Tramitación de la solicitud de prisión preventiva. La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación, en la audiencia de preparación del juicio oral o en la audiencia del juicio oral.

También podrá solicitarse en cualquier etapa de la investigación, respecto del imputado contra quien se hubiere formalizado ésta, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes.

La presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia en que se resolviere la solicitud de prisión preventiva.

Una vez expuestos los fundamentos de la solicitud por quien la hubiere formulado, el tribunal oirá en todo caso al defensor, a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren hacer uso de la palabra y al imputado.”.

Artículo 173

Ha pasado a ser artículo 143, sustituido por el siguiente:

“Artículo 143.- Resolución sobre la prisión preventiva. Al concluir la audiencia el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.”.

Artículo 174

Ha pasado a ser artículo 144, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 144.- Modificación y revocación de la resolución sobre la prisión preventiva. La resolución que ordenare o rechazare la prisión preventiva será modificable de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, en cualquier estado del procedimiento.

Cuando el imputado solicitare la revocación de la prisión preventiva el tribunal podrá rechazarla de plano; asimismo, podrá citar a todos los intervinientes a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de los requisitos que autorizan la medida. En todo caso, estará obligado a este último procedimiento cuando hubieren transcurrido dos meses desde el último debate oral en que se hubiere ordenado o mantenido la prisión preventiva.

Si la prisión preventiva hubiere sido rechazada, ella podrá ser decretada con posterioridad en una audiencia, cuando existieren otros antecedentes que, a juicio del tribunal, justificaren discutir nuevamente su procedencia.”.

Artículo 175

Ha pasado a ser artículo 145, sustituido por el siguiente:

“Artículo 145.- Substitución de la prisión preventiva y revisión de oficio. En cualquier momento del procedimiento el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá substituir la prisión preventiva por alguna de las medidas que se contemplan en las disposiciones del Párrafo 6º de este Título.

Transcurridos seis meses desde que se hubiere ordenado la prisión preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere decidido, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de considerar su cesación o prolongación.”.

Artículo 176

Ha pasado a ser artículo 146, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 146.- Caución para reemplazar la prisión preventiva. Cuando la prisión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará.

La caución podrá consistir en el depósito por el imputado u otra persona de dinero o valores, la constitución de prendas o hipotecas, o la fianza de una o más personas idóneas calificadas por el tribunal.”.

Artículo 177

Ha pasado a ser artículo 147, sustituido por el siguiente:

“Artículo 147.- Ejecución de las cauciones económicas. En los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se procederá a ejecutar la garantía de acuerdo con las reglas generales y se entregará el monto que se obtuviere a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Si la caución hubiere sido constituida por un tercero, producida alguna de las circunstancias a que se refiere el inciso anterior, el tribunal ordenará ponerla en conocimiento del tercero interesado, apercibiéndolo con que si el imputado no compareciere dentro de cinco días, se procederá a hacer efectiva la caución.

En ambos casos, si la caución no consistiere en dinero o valores, actuará como ejecutante el Consejo de Defensa del Estado, para lo cual el tribunal procederá a poner los antecedentes en su conocimiento, oficiándole al efecto.”.

Artículo 178

Ha pasado a ser artículo 148, con la siguiente redacción:

“Artículo 148.- Cancelación de la caución. La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados, siempre que no hubieren sido ejecutados con anterioridad:

a) Cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva;

b) Cuando, por resolución firme, se absolviere al imputado, se sobreseyere la causa o se suspendiere condicionalmente el procedimiento, y

c) Cuando se comenzare a ejecutar la pena privativa de libertad o se resolviere que ella no debiere ejecutarse en forma efectiva, siempre que previamente se pagaren la multa y las costas que impusiere la sentencia.”.

Artículo 179

Ha pasado a ser artículo 149, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 149.- Recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.”.

Artículo 180

Ha pasado a ser artículo 150, sustituido por el siguiente:

“Artículo 150.- Ejecución de la medida de prisión preventiva. El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida.

La prisión preventiva que no se cumpliere en la propia casa del imputado se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaren para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos.

El imputado será tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por cualquier motivo se encontraren en el recinto.

El tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquéllas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.

Excepcionalmente, el tribunal podrá conceder al imputado permiso de salida durante el día, por un período determinado o con carácter indefinido, siempre que se asegurare convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.

Cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al tribunal, con sus fundamentos. Éste podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia para su examen.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha consultado como artículo 151, el artículo 167, en los siguientes términos:

“Artículo 151.- Prohibición de comunicaciones. El tribunal podrá, a petición del fiscal, restringir o prohibir las comunicaciones del detenido o preso hasta por un máximo de diez días, cuando considerare que ello resulta necesario para el exitoso desarrollo de la investigación. En todo caso esta facultad no podrá restringir el acceso del imputado a su abogado en los términos del artículo 94, letra f), ni al propio tribunal. Tampoco se podrá restringir su acceso a una apropiada atención médica.

El tribunal deberá instruir a la autoridad encargada del recinto en que el imputado se encontrare acerca del modo de llevar a efecto la medida, el que en ningún caso podrá consistir en el encierro en celdas de castigo.”.

-o-

Artículo 181

Ha pasado a ser artículo 152, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 152.- Límites temporales de la prisión preventiva. El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, decretará la terminación de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado.

En todo caso, cuando la duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de considerar su cesación o prolongación.”.

Artículo 182

Ha pasado a ser artículo 153, y en su encabezamiento ha reemplazado las palabras “Término por absolución de la prisión preventiva” por la expresión: “Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento”.

Artículos 183 y 184

Han pasado a ser artículo 154, refundidos en el siguiente:

“Artículo 154.- Orden Judicial. Toda orden de prisión preventiva o de detención será expedida por escrito por el tribunal y contendrá:

a) El nombre y apellidos de la persona que debiere ser detenida o aprehendida o, en su defecto, las circunstancias que la individualizaren o determinaren;

b) El motivo de la prisión o detención, y

c) La indicación de ser conducido de inmediato ante el tribunal, al establecimiento penitenciario o lugar público de prisión o detención que determinará, o de permanecer en su residencia, según correspondiere.”.

Artículos 185 y 186

Han pasado a ser artículo 155, refundidos en el siguiente:

“Artículo 155.- Enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales. Para garantizar el éxito de las diligencias de investigación, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas:

a) El arresto en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal;

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez;

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare;

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal;

e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa, y

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.

El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieren a lo previsto en este Párrafo.”.

Artículo 187

Ha pasado a ser artículo 156, sustituido por el siguiente:

“Artículo 156.- Suspensión temporal de otras medidas cautelares personales. El tribunal podrá dejar temporalmente sin efecto las medidas contempladas en este Párrafo, a petición del afectado por ellas, oyendo al fiscal y previa citación de los demás intervinientes que hubieren participado en la audiencia en que se decretaron, cuando estimare que ello no pone en peligro los objetivos que se tuvieron en vista al imponerlas. Para estos efectos, el juez podrá admitir las cauciones previstas en el artículo 146.”.

Título VII

Ha pasado a ser Título VI.

Artículos 188 y 189

Han pasado a ser artículo 157, refundidos con la siguiente redacción:

“Artículo 157.- Procedencia de las medidas cautelares reales. Durante la etapa de investigación, el ministerio público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto del imputado, una o más de las medidas precautorias autorizadas en el Título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En estos casos, las solicitudes respectivas se substanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el Título IV del mismo Libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60.

Del mismo modo, al deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más de dichas medidas.”.

Artículo 190

Lo ha suprimido.

Artículo 191

Ha pasado a ser artículo 158, sustituido por el siguiente:

“Artículo 158.- Recurso de apelación. Serán apelables las resoluciones que negaren o dieren lugar a las medidas previstas en este Título.”.

Título VIII

Ha pasado a ser Título VII.

Artículo 192

Ha pasado a ser artículo 159, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 159.- Procedencia de las nulidades procesales. Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.”.

Artículo 193

Ha pasado a ser artículo 160, sustituido por el siguiente:

“Artículo 160.- Presunción de derecho del perjuicio. Se presumirá de derecho la existencia del perjuicio si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución, o en las demás leyes de la República.”.

Artículo 194

Ha pasado a ser artículo 161, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 161.- Oportunidad para solicitar la nulidad. La declaración de nulidad procesal se deberá impetrar, en forma fundada y por escrito, incidentalmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el perjudicado hubiere tomado conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación persiguiere, a menos que el vicio se hubiere producido en una actuación verificada en una audiencia, pues en tal caso deberá impetrarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Con todo, no podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la etapa de investigación después de la audiencia de preparación del juicio oral. La solicitud de nulidad presentada extemporáneamente será declarada inadmisible.”.

Artículo 195

Ha pasado a ser artículo 162, sin enmiendas.

Artículo 196

Ha pasado a ser artículo 163, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado la expresión “crea” por “creyere”, el guarismo “193” por “160”, y la expresión “quedará autorizado para” por “podrá”.

Artículo 197

Ha pasado a ser artículo 164, con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido la expresión “y, cuando” por “y cuando,” y el guarismo “193” por “160”.

Artículo 198

Ha pasado a ser artículo 165, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 165.- Efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad del acto conlleva la de los actos consecutivos que de él emanaren o dependieren.

El tribunal, al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los actos a los que ella se extendiere y, siendo posible, ordenará que se renueven, rectifiquen o ratifiquen.

Con todo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, a pretexto de repetición del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, salvo en los casos en que ello correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de nulidad. De este modo, si durante la audiencia de preparación del juicio oral se declarare la nulidad de actuaciones judiciales realizadas durante la etapa de investigación, el tribunal no podrá ordenar la reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la audiencia de preparación del juicio oral.

La solicitud de nulidad constituirá preparación suficiente del recurso de nulidad para el caso que el tribunal no resolviere la cuestión de conformidad a lo solicitado.”.

Título IX

Ha pasado a ser Título VIII, remplazando su denominación “De la prueba” por “La prueba”.

Artículo 199

Ha pasado a ser artículo 166, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero, ha suprimido la frase final “salvo disposición legal expresa en contrario” y la coma (,) que le antecede.

Ha suprimido su inciso segundo.

Artículo 200

Ha pasado a ser artículo 167, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 167.- Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley. En estos últimos casos, la prueba deberá ser incorporada en la forma establecida en el Párrafo 4º del Título III del Libro Segundo.”.

Artículo 201

Ha pasado a ser artículo 168, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 168.- Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.”.

Artículo 202

Ha pasado a ser artículo 169, sustituido por el siguiente:

“Artículo 169.- Deber de comparecer y declarar. Toda persona que no se encontrare legalmente exceptuada tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado con el fin de prestar declaración testimonial; de declarar la verdad sobre lo que se le preguntare y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración.

Para la citación de los testigos regirán las normas previstas en el Párrafo 4º del Título II del Libro Primero.

En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia. Con todo, en estos casos no procederá la aplicación de los apercibimientos previstos en el artículo 33 sino una vez practicada la citación con las formalidades legales.”.

Artículo 203

Ha pasado a ser artículo 170, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 170.- Renuencia a comparecer o a declarar. Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa, se procederá conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 33. Además, podrá imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia.

El testigo que se negare sin justa causa a declarar, será sancionado con las penas que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

Artículo 204

Ha pasado a ser artículo 171, sustituido por el siguiente:

“Artículo 171.- Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial de que tratan los artículos precedentes, y podrán declarar en la forma señalada en el artículo 172:

a) El Presidente de la República y los ex Presidentes; los Ministros de Estado; los senadores y diputados; los miembros de la Corte Suprema; los integrantes del Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional.

b) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile;

c) Los chilenos o extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia, y

d) Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo.

Con todo, si las personas enumeradas en las letras a), b) y d) renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. También deberán hacerlo si, habiendo efectuado el llamamiento un tribunal de juicio oral en lo penal, la unanimidad de los miembros de la sala, por razones fundadas, estimare necesaria su concurrencia ante el tribunal.”.

Artículo 205

Ha pasado a ser artículo 172, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 172.- Declaración de personas exceptuadas. Las personas comprendidas en las letras a), b) y d) del artículo anterior serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. A tal efecto, propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes. Si así no lo hicieren, los fijará el tribunal. En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales. A la audiencia ante el tribunal tendrán siempre derecho a asistir los intervinientes. El juez podrá calificar las preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su pertinencia con los hechos y la investidura o estado del deponente.

Las personas comprendidas en la letra c) del artículo precedente declararán por informe, si consintieren a ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso, por medio del ministerio respectivo.”.

Artículo 206

Lo ha suprimido.

Artículo 207

Ha pasado a ser artículo 222, reemplazado en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 208

Ha pasado a ser artículo 173, sustituido por el siguiente:

“Artículo 173.- Facultad de no declarar por motivos personales. No estarán obligados a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado.

Si se tratare de personas que, por su inmadurez o por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un curador designado al efecto. Si el representante interviniere en el procedimiento, se designará un curador, quien deberá resguardar los intereses del testigo. La sola circunstancia de que el testigo fuere menor de edad no configurará necesariamente alguna de las situaciones previstas en la primera parte de este inciso.

Las personas comprendidas en este artículo deberán ser informadas acerca de su facultad de abstenerse, antes de comenzar cada declaración. El testigo podrá retractar en cualquier momento el consentimiento que hubiere dado para prestar su declaración. Tratándose de las personas mencionadas en el inciso segundo de este artículo, la declaración se llevará siempre a cabo en presencia del representante legal o curador.”.

Artículo 209

Ha pasado a ser artículo 174, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado su frase inicial “Facultad de abstenerse de declarar por otros motivos” por la siguiente: “Facultad de abstenerse de declarar por razones de secreto”.

Artículo 210

Ha pasado a ser artículo 175, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 175.- Deber de comparecencia en ambos casos. Los testigos comprendidos en los dos artículos precedentes deberán comparecer a la presencia judicial y explicar los motivos de los cuales surgiere la facultad de abstenerse que invocaren. El tribunal podrá considerar como suficiente el juramento o promesa que los mencionados testigos prestaren acerca de la veracidad del hecho fundante de la facultad invocada.

Los testigos comprendidos en los dos artículos precedentes estarán obligados a declarar respecto de los demás imputados con quienes no estuvieren vinculados de alguna de las maneras allí descritas, a menos que su declaración pudiere comprometer a aquéllos con quienes existiere dicha relación.”.

Artículo 211

Ha pasado a ser artículo 176, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado el guarismo “208” por “173”.

Artículo 212

Ha pasado a ser artículo 177, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 177.- Juramento o promesa. Todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar ni añadir nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos.

No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de dieciocho años, ni a aquéllos de quienes el tribunal sospechare que pudieren haber tomado parte en los hechos investigados. Se hará constar en el registro la omisión del juramento o promesa y las causas de ello.

El tribunal, si lo estimare necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.”.

Artículo 213

Sus incisos primero y segundo han pasado a ser incisos primero y segundo del artículo 178, nuevo, en los siguientes términos:

“Artículo 178.- Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales.

Si existiere motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere implicar peligro para el testigo u otra persona, el juez o el presidente de la sala, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a dicha pregunta durante la audiencia.

Si el testigo hiciere uso del derecho previsto en el inciso precedente, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella. El tribunal deberá decretar esta prohibición. La infracción a esta norma será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá a su director una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales.”.

-o-

Sus incisos tercero y cuarto han pasado a ser el artículo 179, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 179.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.”.

Artículo 214

Lo ha refundido con el artículo 218, y ha pasado a ser artículo 180, en los siguientes términos:

“Artículo 180.- Declaración de testigos. En el procedimiento penal no existirán testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testigo, preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad.

Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas.”.

Artículo 215

Ha pasado a ser artículo 181, sustituido por el siguiente:

“Artículo 181.- Testigos menores de edad. El testigo menor de edad sólo será interrogado por el presidente de la sala, debiendo los intervinientes dirigir las preguntas por su intermedio.”.

Artículo 216

Ha pasado a ser artículo 332, en los términos que se indicarán en su oportunidad.

Artículo 217

Ha pasado a ser artículo 182, sustituido por el siguiente:

“Artículo 182.- Testigos sordos o mudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones.

Si no fuere posible proceder de esa manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él por signos o que comprendieren a los sordomudos. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos en el artículo 177.”.

Artículo 218

Como se expresó en su oportunidad, refundido con el artículo 214, ha pasado a ser artículo 180, en los términos que se indicó.

Artículo 219

Ha pasado a ser artículo 183, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 183.- Derechos del testigo. El testigo que careciere de medios suficientes o viviere solamente de su remuneración, tendrá derecho a que la persona que lo presentare le indemnice la pérdida que le ocasionare su comparecencia para prestar declaración y le pague, anticipadamente, los gastos de traslado y habitación, si procediere.

Se entenderá renunciado este derecho si no se ejerciere en el plazo de veinte días, contado desde la fecha en que se prestare la declaración.

En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal a simple requerimiento del interesado, sin forma de juicio y sin ulterior recurso.

Tratándose de testigos presentados por el ministerio público, o por intervinientes que gozaren de privilegio de pobreza, la indemnización será pagada anticipadamente por el Fisco y con este fin, tales intervinientes deberán expresar en sus escritos de acusación o contestación el nombre de los testigos a quien debiere efectuarse el pago y el monto aproximado a que el mismo alcanzará.

Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de la resolución que recayere acerca de las costas de la causa.”.

-o-

Ha consultado el siguiente artículo 184, nuevo:

“Artículo 184.- Efectos de la comparecencia respecto de otras obligaciones similares. La comparecencia del testigo a la audiencia a la que debiere concurrir, constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.”.

-o-

Artículo 220

Lo ha suprimido.

Artículos 221 y 222

Los ha refundido con el artículo 224 y han pasado a ser artículos 185, en los términos que se expresan a continuación, y 187, como se expresará oportunamente:

“Artículo 185.- Procedencia del informe de peritos. El ministerio público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos fueren citados a declarar al juicio oral, acompañando los comprobantes que acreditaren la idoneidad profesional del perito.

Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio.

Los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito.”.

-o-

Ha consignado el artículo 227 como artículo 186, con la siguiente modificación:

Ha sustituido su frase inicial “Forma del informe de peritos” por la siguiente: “Contenido del informe de peritos”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, resultante de haberse refundido los artículos 221, 222 y 224, se originaron los artículos 185, ya conocido, y el 187, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 187.- Admisibilidad del informe y remuneración de los peritos. El tribunal admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal podrá limitar el número de informes o de peritos, cuando unos u otros resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio.

Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presentare.

Excepcionalmente, el tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago de la remuneración del perito, cuando considerare que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa. En este último caso, el tribunal regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales en la plaza y el total o la parte de la remuneración que no fuere asumida por el solicitante será de cargo fiscal.”.

-o-

Ha consultado como artículo 188 al artículo 230, con la sola enmienda de reemplazar la palabra “reconoce” por “reconociere”.

Artículo 223

Ha pasado a ser artículo 189, con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido la expresión “requerir información” por “requerir al perito información” y las palabras “de la remuneración del perito” por “de su remuneración”.

Artículo 224

Como se expresó en su oportunidad, refundido con los artículos 221 y 222 ha pasado a ser artículos 185 y 187, en los términos que se señalaron.

-o-

Ha consignado el artículo 228 como artículo 190, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 190.- Declaración de peritos. La declaración de los peritos en la audiencia del juicio oral se regirá por las normas previstas en el artículo 331 y, supletoriamente, por las establecidas para los testigos.

Si el perito se negare a prestar declaración, se le aplicará lo dispuesto para los testigos en el artículo 170 inciso segundo.”.

-o-

Artículo 225

Ha pasado a ser artículo 191, sustituido por el siguiente:

“Artículo 191.- Instrucciones necesarias para el trabajo de los peritos. Durante la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del juicio oral, los intervinientes podrán solicitar del juez de garantía que dicte las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiriere su pericia o para cualquier otro fin pertinente. El juez de garantía accederá a la solicitud, a menos que, presentada durante la etapa de investigación, considerare necesario postergarla para proteger el éxito de ésta.”.

Artículo 226

Ha pasado a ser artículo 192, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 192.- Auxiliares del ministerio público como peritos. El ministerio público podrá presentar como peritos a los miembros de los organismos técnicos que le prestaren auxilio en su función investigadora, ya sea que pertenecieren a la policía, al propio ministerio público o a otros organismos estatales especializados en tales funciones.”.

Artículo 227

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 186 en los términos que se señalaron.

Artículo 228

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 190 en los términos que se expresaron.

Artículo 229

Lo ha suprimido.

Artículo 230

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 188 en los términos que se señalaron.

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Ha consultado el siguiente artículo 193, nuevo:

“Artículo 193.- Terceros involucrados en el procedimiento. En caso necesario, los peritos y otros terceros que debieren intervenir en el procedimiento para efectos probatorios podrán pedir al ministerio público que adopte medidas tendientes a que se les brinde la protección prevista para los testigos.”.

-o-

Párrafo 4º Inspección personal

Lo ha suprimido, incluidos sus artículos 231 a 236.

Párrafo 5º Documentos

Lo ha suprimido, incluido su artículo 237.

Párrafo 6º Otros medios de prueba

Ha pasado a ser Párrafo 4º.

Artículo 238

Ha pasado a ser artículo 194, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 194.- Medios de prueba no regulados expresamente. Podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe.

El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.”.

Párrafo 7º Prueba de las acciones civiles

Ha pasado a ser Párrafo 5º.

Artículo 239

Ha pasado a ser artículo 195, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado la palabra “deba” por “debiere”.

Libro Segundo

Procedimiento ordinario

Título I

Etapa de Instrucción

Ha reemplazado la denominación del Título I por la siguiente:

“Etapa de investigación”

Artículo 240

Ha pasado a ser artículo 196, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 196.- Ejercicio de la acción penal. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones de este Título.

Cuando el ministerio público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito, con el auxilio de la policía, promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

Tratándose de delitos de acción pública previa instancia particular, no podrá procederse sin que, a lo menos, se hubiere denunciado el hecho con arreglo al artículo 54, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito.”.

Artículo 241

Ha pasado a ser artículo 197, sustituido por el siguiente:

“Artículo 197.- Archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el ministerio público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del fiscal regional.

La víctima podrá solicitar al ministerio público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del ministerio público.”.

Artículo 242

Ha pasado a ser artículo 198, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 198.- Facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía.”.

Artículo 243

Ha pasado a ser artículo 199, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero ha reemplazado la mención al “juez de control de la instrucción” por la de “juez de garantía”.

En su inciso segundo, ha suprimido las palabras “del ministerio público”.

Artículo 244

Ha pasado a ser artículo 200, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 200.- Principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Para estos efectos, el fiscal deberá emitir una decisión motivada, la que comunicará al juez de garantía. Éste, a su vez, la notificará a los intervinientes, si los hubiere.

Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá dejarla sin efecto cuando considerare que aquél ha excedido sus atribuciones en cuanto la pena mínima prevista para el hecho de que se tratare excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, o se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También la dejará sin efecto cuando, dentro del mismo plazo, la víctima manifestare de cualquier modo su interés en el inicio o en la continuación de la persecución penal.

La decisión que el juez emitiere en conformidad al inciso anterior obligará al fiscal a continuar con la persecución penal.

Una vez vencido el plazo señalado en el inciso tercero o rechazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de diez días para reclamar de la decisión del fiscal ante las autoridades del ministerio público.

Conociendo de esta reclamación, las autoridades del ministerio público deberán verificar si la decisión del fiscal se ajusta a las políticas generales del servicio y a las normas que hubieren sido dictadas al respecto. Transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente sin que se hubiere formulado reclamación o rechazada ésta por parte de las autoridades del ministerio público, se entenderá extinguida la acción penal respecto del hecho de que se tratare.

La extinción de la acción penal de acuerdo a lo previsto en este artículo no perjudicará en modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”.

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Como se indicó en su oportunidad, ha consultado al artículo 14 como artículo 201, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 201.- Cuestiones prejudiciales civiles. Siempre que para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil de que debiere conocer, conforme a la ley, un tribunal que no ejerciere jurisdicción en lo penal, se suspenderá el procedimiento criminal hasta que dicha cuestión se resolviere por sentencia firme.

Esta suspensión no impedirá que se verifiquen actuaciones urgentes y estrictamente necesarias para conferir protección a la víctima o a testigos o para establecer circunstancias que comprobaren los hechos o la participación del imputado y que pudieren desaparecer.

Cuando se tratare de un delito de acción penal pública, el ministerio público deberá promover la iniciación de la causa civil previa e intervendrá en ella hasta su término, instando por su pronta conclusión.”.

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Artículo 245

Ha pasado a ser artículo 202, sustituido por el siguiente:

“Artículo 202.- Formas de inicio. La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por querella.”.

Artículo 246

Ha pasado a ser artículo 203, con las siguientes modificaciones:

En el inciso primero, ha reemplazado la expresión “a los fiscales del” por “al” y la voz “revista” por “revistiere”.

Artículo 247

Ha pasado a ser artículo 204, sustituido por el siguiente:

“Artículo 204.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.”.

Artículo 248

Ha pasado a ser artículo 205, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 205.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los senadores y diputados, los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.”.

Artículo 249

Ha pasado a ser artículo 206, con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido las palabras “tengan” por “tomaren” y “arriben” por “arribaren”.

Artículo 250

Ha pasado a ser artículo 207, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 207.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 205 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”.

Artículo 251

Ha pasado a ser artículo 208, sin enmiendas.

Artículo 252

Ha pasado a ser artículo 209, con la siguiente redacción:

“Artículo 209.- Autodenuncia. Quien hubiere sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito, tendrá el derecho de concurrir ante el ministerio público y solicitar se investigue la imputación de que hubiere sido objeto.

Si el fiscal respectivo se negare a proceder, la persona imputada podrá recurrir ante las autoridades superiores del ministerio público, a efecto de que revisen tal decisión.”.

Párrafo 3º Actuaciones de la instrucción

Ha reemplazado su denominación “Actuaciones de la instrucción” por la siguiente: “Actuaciones de la investigación”.

Artículo 253

Ha pasado a ser artículo 210, sustituido por el siguiente:

“Artículo 210.- Investigación de los fiscales. Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 1º de este Título, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito de acción penal pública por alguno de los medios previstos en la ley, el fiscal deberá proceder a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad. Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores.

Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley.”.

Artículo 254

Ha pasado a ser artículo 211, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 211.- Actividades de la investigación. Para los fines previstos en el artículo anterior, la investigación se llevará a cabo de modo de consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes en el mismo. Así, se hará constar el estado de las personas, cosas o lugares, se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus declaraciones. Del mismo modo, si el hecho hubiere dejado huellas, rastros o señales, se tomará nota de ellos y se los especificará detalladamente, se dejará constancia de la descripción del lugar en que aquél se hubiere cometido, del estado de los objetos que en él se encontraren y de todo otro dato pertinente.

Para el cumplimiento de los fines de la investigación se podrá disponer la práctica de operaciones científicas, la toma de fotografías, filmación o grabación y, en general, la reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que resultaren más adecuados, requiriendo la intervención de los organismos especializados. En estos casos, una vez verificada la operación se certificará el día, hora y lugar en que ella se hubiere realizado, el nombre, la dirección y la profesión u oficio de quienes hubieren intervenido en ella, así como la individualización de la persona sometida a examen y la descripción de la cosa, suceso o fenómeno que se reprodujere o explicare. En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar la alteración de los originales objeto de la operación.”.

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Ha consignado como artículo 212 al artículo 262 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 212.- Secreto de las actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar los registros y los documentos de la investigación fiscal y policial.

El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto.

El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar del juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o de su defensor.

Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas.”.

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Ha consignado como artículo 213 al artículo 263 con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero ha suprimido la expresión “del ministerio público”, las dos veces que aparece, y ha sustituido la expresión “estime” por “estimare”.

En su inciso segundo ha eliminado la expresión “del ministerio público” la primera vez que aparece, y ha reemplazado la expresión “a objeto” por “con el propósito”.

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Ha consignado como artículo 214 al artículo 264 con las siguientes modificaciones:

Ha suprimido la expresión “del ministerio público” y ha reemplazado la palabra “deba” por “debiere”.

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Ha consignado como artículo 215 al artículo 265 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 215.- Agrupación y separación de investigaciones. El fiscal podrá investigar separadamente cada delito de que conociere. No obstante, podrá desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando ello resultare conveniente. Asimismo, en cualquier momento podrá separar las investigaciones que se llevaren en forma conjunta.

Cuando dos o más fiscales se encontraren investigando los mismos hechos y con motivo de esta circunstancia se afectaren los derechos de la defensa del imputado, éste podrá pedir al superior jerárquico o al superior jerárquico común, en su caso, que resuelva cuál tendrá a su cargo el caso.”.

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Ha considerado como artículo 216 al artículo 266 sustituido por el siguiente:

“Artículo 216.- Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación.”.

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Artículo 255

Ha pasado a ser artículo 217, sustituido por el siguiente:

“Artículo 217.- Objetos, documentos e instrumentos. Los objetos, documentos e instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren, o los que pudieren servir como medios de prueba, así como los que se encontraren en el sitio del suceso a que se refiere la letra c) del artículo 83, serán recogidos, identificados y conservados bajo sello. En todo caso, se levantará un registro de la diligencia, de acuerdo con las normas generales.

Si los objetos, documentos e instrumentos se encontraren en poder del imputado o de otra persona, se procederá a su incautación, de conformidad a lo dispuesto en este Título. Con todo, tratándose de objetos, documentos e instrumentos que fueren hallados en poder del imputado respecto de quien se practicare detención en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 83 letra b), se podrá proceder a su incautación en forma inmediata.”.

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Ha consultado el siguiente artículo 218, nuevo:

“Artículo 218.- Conservación de las especies. Las especies recogidas durante la investigación serán conservadas bajo la custodia del ministerio público, quien deberá tomar las medidas necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma.

Podrá reclamarse ante el juez de garantía por la inobservancia de las disposiciones antes señaladas, a fin que adopte las medidas necesarias para la debida preservación e integridad de las especies recogidas.

Los intervinientes tendrán acceso a esas especies, con el fin de reconocerlas o realizar alguna pericia, siempre que fueren autorizados por el ministerio público o, en su caso, por el juez de garantía. El ministerio público llevará un registro especial en el que conste la identificación de las personas que fueren autorizadas para reconocerlas o manipularlas, dejándose copia, en su caso, de la correspondiente autorización.”.

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Artículo 256

Ha pasado a ser artículo 219, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 219.- Reclamaciones o tercerías. Las reclamaciones o tercerías que los intervinientes o terceros entablaren durante la investigación con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o incautados se tramitarán ante el juez de garantía. La resolución que recayere en el artículo así tramitado se limitará a declarar el derecho del reclamante sobre dichos objetos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el tribunal considerare innecesaria su conservación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio por cualquier medio y establecido su valor.

En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resultaren convenientes de las especies restituidas o devueltas en virtud de este artículo.”.

Artículo 257

Lo ha suprimido.

Artículo 258

Ha pasado a ser artículo 220, sustituido por el siguiente:

“Artículo 220.- Testigos ante el ministerio público. Durante la etapa de investigación, los testigos citados por el fiscal estarán obligados a comparecer a su presencia y prestar declaración ante el mismo, salvo aquéllos exceptuados únicamente de comparecer a que se refiere el artículo 171. El fiscal no podrá exigir del testigo el juramento o promesa previstos en el artículo 177.

Si el testigo citado no compareciere sin justa causa o, compareciendo, se negare injustificadamente a declarar, se le impondrán, respectivamente, las medidas de apremio previstas en el inciso primero y las sanciones contempladas en el inciso segundo del artículo 170.

Tratándose de testigos que fueren empleados públicos o de una empresa del Estado, el organismo público o la empresa respectiva adoptará las medidas correspondientes, las que serán de su cargo si irrogaren gastos, para facilitar la comparecencia del testigo, sea que se encontrare en el país o en el extranjero.”.

Artículo 259

Ha pasado a ser artículo 221, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 221.- Anticipación de prueba. Al concluir la declaración del testigo, el fiscal le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia del juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.

Si, al hacérsele la prevención prevista en el inciso anterior, el testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral, por tener que ausentarse a larga distancia o por existir motivo que hiciere temer la sobreviniencia de su muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante, el fiscal podrá solicitar del juez de garantía que se reciba su declaración anticipadamente.

En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos aquéllos que tuvieren derecho a asistir al juicio oral, quienes tendrán todas las facultades previstas para su participación en la audiencia del juicio oral.”.

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Como se indicó en su oportunidad, ha consignado el artículo 207 como artículo 222, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 222.- Anticipación de prueba testimonial en el extranjero. Si el testigo se encontrare en el extranjero y no pudiere aplicarse lo previsto en el inciso final del artículo 220, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía que también se reciba su declaración anticipadamente.

Para ese efecto, se recibirá la declaración del testigo, según resultare más conveniente y expedito, ante un cónsul chileno o ante el tribunal del lugar en que se hallare.

La petición respectiva se hará llegar, por conducto de la Corte de Apelaciones correspondiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores para su diligenciamiento, y en ella se individualizarán los intervinientes a quienes deberá citarse para que concurran a la audiencia en que se recibirá la declaración, en la cual podrán ejercer todas las facultades que les corresponderían si se tratase de una declaración prestada durante la audiencia del juicio oral.

Si se autorizare la práctica de esta diligencia en el extranjero y ella no tuviere lugar, el ministerio público deberá pagar a los demás intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia los gastos en que hubieren incurrido, sin perjuicio de lo que se resolviere en cuanto a costas.”.

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Ha consultado el siguiente artículo 223, nuevo:

“Artículo 223.- Comparecencia del imputado ante el ministerio público. Durante la etapa de investigación el imputado estará obligado a comparecer ante el fiscal, cuando éste así lo dispusiere.

Si el imputado se encontrare privado de libertad, el fiscal solicitará al juez autorización para que aquél sea conducido a su presencia. Si la privación de libertad obedeciere a que se hubiere decretado la prisión preventiva del imputado conforme a lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes, la autorización que el juez otorgare de conformidad a este artículo, salvo que dispusiere otra cosa, será suficiente para que el fiscal ordene la comparecencia del imputado a su presencia cuantas veces fuere necesario para los fines de la investigación, en tanto se mantuviere dicha medida cautelar personal.”.

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Como se señaló, ha contemplado como artículo 224, nuevo, a los artículos 117, 118, 119, 121 y 260, refundidos, con la siguiente redacción:

“Artículo 224.- Declaración voluntaria del imputado. Si el imputado se allanare a prestar declaración ante el fiscal y se tratare de su primera declaración deberá, en primer término, responder las preguntas que se dirigieren con respecto a su identificación. El fiscal le preguntará acerca de sus nombres y apellidos, apodos si los tuviere, su edad, lugar de nacimiento y de residencia actual, estado civil, profesión u oficio, si supiere leer y escribir, si con anterioridad hubiere sido objeto de una condena y, en tal caso, por qué causa, ante qué tribunal, qué pena se le hubiere impuesto, si la hubiere cumplido y si conociere el motivo de su comparecencia. Se le interrogará, asimismo, sobre su lugar de trabajo y se hará constar la forma más expedita para comunicarse con él y los datos que arrojare su cédula de identidad, la que deberá exhibir.

Antes de comenzar la declaración se comunicará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuyere, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida conocida, incluyendo aquéllas que fueren de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables y los antecedentes que la investigación arrojare en su contra.

A continuación, el imputado podrá declarar cuanto tuviere por conveniente sobre el hecho que se le atribuyere.

En el registro que de la declaración se practicare de conformidad a las normas generales se hará constar, en su caso, la negativa del imputado a responder una o más preguntas.”.

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Como se indicó en su oportunidad, ha contemplado al artículo 122 como artículo 225, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 225.- Métodos prohibidos. Queda absolutamente prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal.

Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis.

Las prohibiciones previstas en este artículo rigen aun para el evento de que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados.”.

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Como se expresó en su oportunidad ha consignado como artículo 226 al artículo 123, en los mismos términos.

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Artículo 260

Como se expresó en su oportunidad, lo ha refundido con los artículos 117, 118, 119 y 121, como nuevo artículo 224, en los términos que se señalaron.

Artículo 261

Ha pasado a ser artículo 227, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 227.- Careo ante el fiscal. Cuando los testigos o los imputados entre sí, o aquéllos con éstos, discordaren acerca de algún hecho o circunstancia relevante para el procedimiento, el fiscal los podrá confrontar, a objeto de que expliquen sus contradicciones o aclaren las discrepancias que surgieren de las respectivas declaraciones. Esta diligencia procederá igualmente con respecto a la víctima y al querellante.

Para estos efectos, se explicará a las personas confrontadas cuáles fueren las contradicciones o discrepancias existentes, a fin de superar las diferencias y de esclarecer los hechos o circunstancias sobre los cuales aquéllas recayeren, instándolos a exponer cuanto consideraren necesario. En casos calificados se podrá admitir que las personas confrontadas se dirijan preguntas, con los mismos fines.

El careo podrá practicarse entre dos o más personas.

En todo caso, se adoptarán los resguardos necesarios para no ocasionar a los participantes en la actuación menoscabo a su dignidad y para garantizarles su seguridad e integridad psíquica y física.

Tratándose de la víctima de alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 367 bis y en el artículo 375 del Código Penal, el fiscal sólo podrá disponer el careo si contare con su conformidad previa.”.

Artículo 262

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 212 en los términos que se expresaron.

Artículo 263

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 213 en los términos que se indicaron.

Artículo 264

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 214 con las modificaciones que se expresaron.

Artículo 265

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 215 en los términos en que se indicó.

Artículo 266

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 216 sustituido por el que se señaló.

Artículo 267

Como se indicó anteriormente, lo ha refundido con los artículos 93, 94 y 96 y consignado como artículo 77.

Párrafo 4º Reconocimiento de personas y otras diligencias

Ha suprimido el epígrafe y su denominación.

Artículo 268

Lo ha suprimido.

Artículo 269

Lo ha suprimido.

Artículo 270

Lo ha suprimido.

Artículo 271

Lo ha suprimido.

Artículo 272

Lo ha suprimido.

Artículo 273

Ha pasado a ser artículo 228, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 228.- Exámenes corporales. Si fuere necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales del imputado o del ofendido por el hecho punible, tales como pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no fuere de temer menoscabo para la salud o dignidad del interesado.

En caso de que fuere menester examinar al ofendido, el fiscal le solicitará que preste su consentimiento. De negarse, solicitará la correspondiente autorización al juez de garantía, exponiéndole las razones en que se hubiere fundado la negativa. Tratándose del imputado, el fiscal pedirá derechamente la autorización judicial.

El juez de garantía autorizará la práctica de la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el inciso primero.”.

Artículo 274

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 89, en los términos que se señalaron.

Artículo 275

Lo ha suprimido.

Párrafo 5º

Ha suprimido el epígrafe y su denominación.

-o-

Ha consultado el siguiente artículo 229, nuevo:

“Artículo 229.- Exámenes médicos y pruebas relacionadas con los delitos previstos en los artículos 361 a 367 bis y en el artículo 375 del Código Penal. Tratándose de los delitos previstos en los artículos 361 a 367 bis y en el artículo 375 del Código Penal, los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, deberán practicar los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar el hecho punible y a identificar a los partícipes en su comisión, debiendo conservar los antecedentes y muestras correspondientes.

Se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia será entregada a la persona que hubiere sido sometida al reconocimiento, o a quien la tuviere bajo su cuidado; la otra, así como las muestras obtenidas y los resultados de los análisis y exámenes practicados, se mantendrán en custodia y bajo estricta reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un período no inferior a un año, para ser remitidos al ministerio público.”.

-o-

Ha consultado como artículo 230 a los artículos 297 y 301 refundidos, con el siguiente tenor:

“Artículo 230.- Exámenes médicos y autopsias. En los delitos en que fuere necesaria la realización de exámenes médicos para la determinación del hecho punible, el fiscal podrá ordenar que éstos sean llevados a efecto por el Servicio Médico Legal o por cualquier otro servicio médico.

Las autopsias que el fiscal dispusiere realizar como parte de la investigación de un hecho punible serán practicadas en las dependencias del Servicio Médico Legal, por el legista correspondiente; donde no lo hubiere, el fiscal designará el médico encargado y el lugar en que la autopsia debiere ser llevada a cabo.

Para los efectos de su investigación, el fiscal podrá utilizar los exámenes practicados con anterioridad a su intervención, si le parecieren confiables.”.

-o-

Ha consultado como artículo 231 al artículo 300 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 231.- Lesiones corporales. Toda persona a cuyo cargo se encontrare un hospital u otro establecimiento de salud semejante, fuere público o privado, dará en el acto cuenta al fiscal de la entrada de cualquier individuo que tuviere lesiones corporales de significación, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hicieren la o las personas que lo hubieren conducido acerca del origen de dichas lesiones y del lugar y estado en que se le hubiere encontrado. La denuncia deberá consignar el estado del paciente, describir los signos externos de las lesiones e incluir las exposiciones que hicieren el afectado o las personas que lo hubieren conducido.

En ausencia del jefe del establecimiento, dará cuenta el que lo subrogare en el momento del ingreso del lesionado.

El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo se castigará con la pena que prevé el artículo 494 del Código Penal.”.

-o-

Ha refundido los artículos 295 y 298, y los ha consignado como artículos 90, en los términos que se indicó en su oportunidad, y 232 del siguiente tenor:

“Artículo 232.- Hallazgo de un cadáver. Cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia.

El cadáver podrá entregarse a los parientes del difunto o a quienes invocaren título o motivo suficiente, previa autorización del fiscal, tan pronto la autopsia se hubiere practicado.”.

-o-

Ha considerado como artículo 233 al artículo 299 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 233.- Exhumación. En casos calificados y cuando considerare que la exhumación de un cadáver pudiere resultar de utilidad en la investigación de un hecho punible, el fiscal podrá solicitar autorización judicial para la práctica de dicha diligencia.

El tribunal resolverá según lo estimare pertinente, previa citación del cónyuge o de los parientes más cercanos del difunto.

En todo caso, practicados el examen o la autopsia correspondientes se procederá a la inmediata sepultura del cadáver.”.

-o-

Ha consultado como artículo 234 al inciso primero del artículo 302, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 234.- Pruebas caligráficas. El fiscal podrá solicitar al imputado que escriba en su presencia algunas palabras o frases, a objeto de practicar las pericias caligráficas que considerare necesarias para la investigación. Si el imputado se negare a hacerlo, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía la autorización correspondiente.”.

-o-

Ha consultado el siguiente artículo 235, nuevo:

“Artículo 235.- Entrada y registro en lugares de libre acceso público. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones podrán efectuar el registro de lugares y recintos de libre acceso público, en búsqueda del imputado contra el cual se hubiere librado orden de detención, o de rastros o huellas del hecho investigado o medios que pudieren servir a la comprobación del mismo.”.

-o-

Artículo 276

Ha pasado a ser artículo 236, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 236.- Entrada y registro en lugares cerrados. Cuando se presumiere que el imputado, o medios de comprobación del hecho que se investigare, se encontrare en un determinado edificio o lugar cerrado, se podrá entrar al mismo y proceder al registro, siempre que su propietario o encargado consintiere expresamente en la práctica de la diligencia.

En este caso, el funcionario que practicare el registro deberá individualizarse y cuidará que la diligencia se realizare causando el menor daño y las menores molestias posibles a los ocupantes. Asimismo, entregará al propietario o encargado un certificado que acredite el hecho del registro, la individualización de los funcionarios que lo hubieren practicado y de aquél que lo hubiere ordenado.

Si, por el contrario, el propietario o el encargado del edificio o lugar no permitiere la entrada y registro, el fiscal solicitará al juez la autorización para proceder a dicha diligencia. En todo caso, el fiscal hará saber al juez las razones que el propietario o encargado hubiere invocado para negar la entrada y registro.”.

Artículo 277

Ha pasado a ser artículo 237, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 237.- Entrada y registro en lugares cerrados en casos de flagrancia. Cuando concurrieren los requisitos que hacen procedente la detención por flagrancia y se presumiere que la persona a detener hubiere ingresado a un edificio o lugar cerrado respecto del cual su propietario o encargado no autorizare el ingreso del personal de la policía, éste informará de inmediato al fiscal, a objeto que recabe la respectiva autorización judicial.

Sin perjuicio de ello, la policía adoptará las medidas tendientes a evitar la posible fuga del imputado.

No se requerirá la orden judicial previa para la entrada y registro cuando, por las llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior u otros signos evidentes, apareciere que en el recinto se estuviere cometiendo actualmente un delito.”.

Artículo 278

Ha pasado a ser artículo 238, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 238.- Horario para el registro. El registro deberá hacerse en el tiempo que media entre las seis y las veintidós horas; pero podrá verificarse fuera de estas horas en lugares de libre acceso público y que se encontraren abiertos durante la noche. Asimismo, procederá en casos urgentes, cuando su ejecución no admitiere demora. En este último evento, la resolución que autorizare la entrada y el registro deberá señalar expresamente el motivo de la urgencia.”.

Artículo 279

Ha pasado a ser artículo 239, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 239.- Contenido de la orden de registro. La orden que autorizare la entrada y registro deberá señalar:

a) El o los edificios o lugares que hubieren de ser registrados;

b) El fiscal que lo hubiere solicitado;

c) La autoridad encargada de practicar el registro, y

d) El motivo del registro y, en su caso, del ingreso nocturno.

La orden tendrá una vigencia máxima de diez días, después de los cuales caducará la autorización. Con todo, el juez que emitiere la orden podrá establecer un plazo de vigencia inferior.”.

Artículo 280

Ha pasado a ser artículo 240, sustituido por el siguiente:

“Artículo 240.- Entrada y registro en lugares especiales. Para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares, el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren, informando de la práctica de la actuación. Dicha comunicación deberá ser remitida con al menos 48 horas de anticipación y contendrá las señas de lo que hubiere de ser objeto del registro, a menos que fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia. Además, en ellas se indicará a las personas que lo acompañarán e invitará a la autoridad o persona a cargo del lugar, edificio o recinto a presenciar la actuación o a nombrar a alguna persona que asista.

Si la diligencia implicare el examen de documentos reservados o de lugares en que se encontrare información o elementos de dicho carácter y cuyo conocimiento pudiere afectar la seguridad nacional, la autoridad o persona a cuyo cargo se encontrare el recinto informará de inmediato y fundadamente de este hecho al Ministro de Estado correspondiente, a través del conducto regular, quien, si lo estimare procedente, oficiará al fiscal manifestando su oposición a la práctica de la diligencia. Tratándose de entidades con autonomía constitucional, dicha comunicación deberá remitirse a la autoridad superior correspondiente.

En este caso, si el fiscal estimare indispensable la realización de la actuación, remitirá los antecedentes al fiscal regional, quien, si compartiere esa apreciación, solicitará a la Corte Suprema que resuelva la controversia, decisión que se adoptará en cuenta. Mientras estuviere pendiente esa determinación, el fiscal dispondrá el sello y debido resguardo del lugar que debiere ser objeto de la diligencia.

Regirá, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 19, y, si la diligencia se llevare a cabo, se aplicará a la información o elementos que el fiscal resolviere incorporar a los antecedentes de la investigación lo dispuesto en el artículo 212.”.

Artículo 281

Ha pasado a ser artículo 241, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 241. Entrada y registro en lugares que gozan de inviolabilidad diplomática. Para la entrada y registro de locales de embajadas, residencias de los agentes diplomáticos, sedes de organizaciones y organismos internacionales y de naves y aeronaves que, conforme al Derecho Internacional, gozaren de inviolabilidad, el juez pedirá su consentimiento al respectivo jefe de misión por oficio, en el cual le solicitará que conteste dentro de veinticuatro horas. Éste será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el jefe de misión negare su consentimiento o no contestare en el término indicado, el juez lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras el Ministro no contestare manifestando el resultado de las gestiones que practicare, el juez se abstendrá de ordenar la entrada en el lugar indicado. Sin perjuicio de ello, se podrán adoptar medidas de vigilancia, conforme a las reglas generales.

En casos urgentes y graves, podrá el juez solicitar la autorización del jefe de misión directamente o por intermedio del fiscal, quien certificará el hecho de haberse concedido.”.

Artículo 282

Ha pasado a ser artículo 242, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado, en el inciso primero, la expresión “Para el registro” por “Para la entrada y registro”, y las palabras “utilicen” por “utilizaren” y “designe” por “designare”.

Artículo 283

Ha pasado a ser artículo 243, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 243.- Procedimiento para el registro. La resolución que autorizare la entrada y el registro de un lugar cerrado se notificará al dueño o encargado, invitándosele a presenciar el acto, salvo que éste hubiere consentido expresamente en la práctica de esas diligencias, en los casos a que se refieren los artículos 236 y 237.

Si no fuere habida alguna de las personas expresadas, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar o edificio, quien podrá, asimismo, presenciar la diligencia.

Si no se hallare a nadie, se hará constar esta circunstancia en el acta de la diligencia.”.

Artículo 284

Ha pasado a ser artículo 244, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 244.- Medidas de vigilancia. Aun antes de que el juez de garantía dictare la orden de entrada y registro de que trata el artículo 239, el fiscal podrá disponer las medidas de vigilancia que estimare convenientes para evitar la fuga del imputado o la substracción de documentos o cosas que constituyeren el objeto de la diligencia.”.

Artículo 285

Ha pasado a ser artículo 245, sustituido por el siguiente:

“Artículo 245.- Realización de la entrada y registro. Practicada la notificación a que se refiere el artículo 243, se procederá a la entrada y registro. Si se opusiere resistencia al ingreso, o nadie respondiere a los llamados, se podrá emplear la fuerza pública. En estos casos, al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados, a objeto de evitar el ingreso de otras personas en los mismos. Todo ello se hará constar por escrito.

En los registros se procurará no perjudicar ni molestar al interesado más de lo estrictamente necesario.

El registro se practicará en un solo acto, pero podrá suspenderse cuando no fuere posible continuarlo, debiendo reanudarse apenas cesare el impedimento.”.

Artículo 286

Lo ha suprimido.

Artículo 287

Ha pasado a ser artículo 246, sustituido por el siguiente:

“Artículo 246.- Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado. Si durante la práctica de la diligencia de registro se descubriere objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituyere la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación previa orden judicial. Dichos objetos o documentos serán conservados por el fiscal.”.

Artículo 288

Ha pasado a ser artículo 247, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 247.- Constancia de la diligencia. De todo lo obrado durante la diligencia de registro deberá dejarse constancia escrita y circunstanciada. Los objetos y documentos que se incautaren serán puestos en custodia y sellados, entregándose un recibo detallado de los mismos al propietario o encargado del lugar.

Si en el lugar o edificio no se descubriere nada sospechoso, se dará testimonio de ello al interesado, si lo solicitare.”.

Artículo 289

Ha pasado a ser artículo 248, sustituido por el siguiente:

“Artículo 248.- Incautación de objetos y documentos. Los objetos y documentos relacionados con el hecho investigado, los que pudieren ser objeto de la pena de comiso y aquéllos que pudieren servir como medios de prueba, serán incautados, previa orden judicial librada a petición del fiscal, cuando la persona en cuyo poder se encontraren no los entregare voluntariamente, o si el requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner en peligro el éxito de la investigación.

Si los objetos y documentos se encontraren en poder de una persona distinta del imputado, en lugar de ordenar la incautación, o bien con anterioridad a ello, el juez podrá apercibirla para que los entregue. Regirán, en tal caso, los medios de coerción previstos para los testigos. Con todo, dicho apercibimiento no podrá ordenarse respecto de las personas a quienes la ley reconoce la facultad de no prestar declaración.

Cuando existieren antecedentes que permitieren presumir suficientemente que los objetos y documentos se encuentran en un lugar de aquéllos a que alude el artículo 236 se procederá de conformidad a lo allí prescrito.”.

Artículo 290

Ha pasado a ser artículo 249, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 249.- Retención e incautación de correspondencia. A petición del fiscal, el juez podrá autorizar, por resolución fundada, la retención de la correspondencia postal, telegráfica o de otra clase y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquéllos de los cuales, por razón de especiales circunstancias, se presumiere que emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, cuando por motivos fundados fuere previsible su utilidad para la investigación. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de éste.

El fiscal deberá examinar la correspondencia o los envíos retenidos y conservará aquéllos que tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación. Para los efectos de su conservación se aplicará lo dispuesto en el artículo 218. La correspondencia o los envíos que no tuvieren relación con el hecho investigado serán devueltos o, en su caso, entregados a su destinatario, a algún miembro de su familia o a su mandatario o representante legal. La correspondencia que hubiere sido obtenida de servicios de comunicaciones será devuelta a ellos después de sellada, otorgando, en caso necesario, el certificado correspondiente.”.

Artículo 291

Ha pasado a ser artículo 250, sustituido por el siguiente:

“Artículo 250.- Copias de comunicaciones o transmisiones. El juez de garantía podrá autorizar, a petición del fiscal, que cualquier empresa de comunicaciones facilite copias de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas. Del mismo modo, podrá ordenar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios.”.

Artículo 292

Ha pasado a ser artículo 251, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 251.- Objetos y documentos no sometidos a incautación. No podrá disponerse la incautación, ni la entrega bajo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 248:

a) De las comunicaciones entre el imputado y las personas que pudieren abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto particular;

b) De las notas que hubieren tomado las personas mencionadas en la letra a) precedente, sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la que se extendiere la facultad de abstenerse de prestar declaración, y

c) De otros objetos o documentos, incluso los resultados de exámenes o diagnósticos relativos a la salud del imputado, a los cuales se extendiere naturalmente la facultad de abstenerse de prestar declaración.

Las limitaciones previstas en este artículo sólo regirán cuando las comunicaciones, notas, objetos o documentos se encontraren en poder de las personas a quienes la ley reconoce la facultad de no prestar declaración; tratándose de las personas mencionadas en el artículo 174, la limitación se extenderá a las oficinas o establecimientos en los cuales ellas ejercieren su profesión o actividad.

Asimismo, estas limitaciones no regirán cuando las personas facultadas para no prestar testimonio fueren imputadas por el hecho investigado o cuando se tratare de objetos y documentos que pudieren caer en comiso, por provenir de un hecho punible o haber servido, en general, a la comisión de un hecho punible.

En caso de duda acerca de la procedencia de la incautación, el juez podrá ordenarla por resolución fundada. Los objetos y documentos así incautados serán puestos a disposición del juez, sin previo examen del fiscal o de la policía, quien decidirá, a la vista de ellos, acerca de la legalidad de la medida. Si el juez estimare que los objetos y documentos incautados se encuentran entre aquéllos mencionados en este artículo, ordenará su inmediata devolución a la persona respectiva. En caso contrario, hará entrega de los mismos al fiscal, para los fines que éste estimare convenientes.

Si en cualquier momento del procedimiento se constatare que los objetos y documentos incautados se encuentran entre aquéllos comprendidos en este artículo, ellos no podrán ser valorados como medios de prueba en la etapa procesal correspondiente.”.

Artículo 293

Lo ha suprimido.

Artículo 294

Ha pasado a ser artículo 252, con las siguientes modificaciones:

En el inciso primero, ha sustituido la frase inicial “Registro y custodia” por “Inventario y custodia”, y la palabra “registro” por “inventario”.

Ha reemplazado el inciso segundo por el siguiente:

“Los objetos y documentos incautados serán inventariados y sellados y se pondrán bajo custodia del ministerio público en los términos del artículo 218.”.

-o-

Ha intercalado los siguientes artículos 253, 254, 255, 256 y 257 nuevos:

“Artículo 253.- Interceptación de comunicaciones telefónicas. Cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible, el juez de garantía, a petición del ministerio público, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación.

La orden a que se refiere el inciso precedente sólo podrá afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquéllas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios.

La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que no podrá exceder de sesenta días. El juez podrá prorrogar este plazo por períodos de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes.

Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para llevarla a cabo. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato. Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Artículo 254.- Registro de la interceptación. La interceptación telefónica de que trata el artículo precedente será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguraren la fidelidad del registro. La grabación será entregada directamente al ministerio público, quien la conservará bajo sello y cuidará que la misma no sea conocida por terceras personas.

Cuando lo estimare conveniente, el ministerio público podrá disponer la transcripción escrita de la grabación, por un funcionario que actuará, en tal caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de ello, el ministerio público deberá conservar los originales de la grabación, en la forma prevista en el inciso precedente.

La incorporación al juicio oral de los resultados obtenidos de la medida de interceptación se realizará de la manera que determinare el tribunal, en la oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como testigos los encargados de practicar la diligencia.

Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruirá toda transcripción o copia de ellas por el ministerio público.

Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena de crimen, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes.

Artículo 255.- Notificación al afectado por la interceptación. La medida de interceptación será notificada al afectado por la misma con posterioridad a su realización, en cuanto el objeto de la investigación lo permitiere, y en la medida que ello no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. En lo demás regirá lo previsto en el artículo 212.

Artículo 256.- Prohibición de utilización. Los resultados de la medida de interceptación telefónica o de otras formas de telecomunicaciones no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento, cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos en el artículo 253 para la procedencia de la misma.

Artículo 257.- Otros medios técnicos de investigación. Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible que mereciere pena de crimen, el juez de garantía podrá ordenar, a petición del ministerio público, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, podrá disponer la grabación de comunicaciones entre personas presentes. Regirán correspondientemente las normas contenidas en los artículos 253 al 256.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado como artículo 258 al artículo 53, precedido de un Párrafo 4º y su epígrafe, en los siguientes términos:

“Párrafo 4º. De los registros de la investigación.

Artículo 258.- Registro de las actuaciones del ministerio público. El ministerio público deberá dejar constancia de las actuaciones que realizare, tan pronto tuvieren lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquéllos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.

La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas que hubieren intervenido y una breve relación de sus resultados.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado al artículo 106 como artículo 259, en los siguientes términos:

“Artículo 259.- Registro de las actuaciones policiales. La policía levantará un registro, en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez.

El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado alguna información.

En todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral.”.

-o-

Párrafo 6º

Ha suprimido el epígrafe Párrafo 6º y su denominación.

Artículo 295

Lo ha refundido con el artículo 298 y los ha consignado como artículos 90 y 232 en los términos que se indicó en su oportunidad.

Artículo 296

Lo ha suprimido.

Artículo 297

Como se expresó en su oportunidad, refundido con el artículo 301 lo ha consignado como artículo 230, en los términos que se expresaron.

Artículo 298

Como se indicó en su oportunidad lo ha refundido con el artículo 295 y se consignó como artículos 90 y 232, en los términos que se señalaron.

Artículo 299

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 233, en los términos que se indicó.

Artículo 300

Como se indicó en su oportunidad, lo ha consignado como artículo 231 en los términos que se indicó.

Artículo 301

Como se expresó en su oportunidad, refundido con el artículo 297 lo ha consignado como artículo 230, en los términos que se expresaron.

Artículo 302

Como se expresó en su oportunidad su inciso primero pasó a ser artículo 234, en los términos que se señalaron.

Ha suprimido su inciso segundo.

Su inciso tercero se consignó como inciso final del artículo 388 que pasó a ser artículo 350.

Párrafo 7º Formalización de la instrucción

Ha pasado a ser Párrafo 5º sustituyendo en su denominación la palabra “instrucción” por “investigación”.

Artículo 303

Ha pasado a ser artículo 260, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 260.- Concepto de la formalización de la investigación. La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.”.

Artículo 304

Ha pasado a ser artículo 261, sustituido por el siguiente:

“Artículo 261.- Oportunidad de la formalización de la investigación. El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial.

Cuando el fiscal debiere requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente. Exceptúanse los casos expresamente señalados en la ley.”.

Artículo 305

Ha pasado a ser artículo 262, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 262.- Solicitud de audiencia para la formalización de la investigación. Si el fiscal deseare formalizar la investigación respecto de un imputado que no se encontrare en el caso previsto en el artículo 132, solicitará al juez de garantía la realización de una audiencia en fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo.

A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el procedimiento.”.

Artículos 306 y 307

Los ha refundido y consignado como artículo 263, en los siguientes términos:

“Artículos 263.- Audiencia de formalización de la investigación. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al fiscal para que exponga verbalmente los cargos que presentare en contra del imputado y las solicitudes que efectuare al tribunal. Enseguida, el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente.

A continuación el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen.

El imputado podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público, según lo disponga la ley orgánica constitucional respectiva, de la formalización de la investigación realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere sido arbitraria.”.

Artículo 308

Ha pasado a ser artículo 264, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado, las dos veces que aparece en su encabezamiento la palabra “instrucción” por “investigación”, y, en su letra b), el guarismo “317” por “278”.

Artículo 309

Ha pasado a ser artículo 265, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 265.- Plazo judicial para el cierre de la investigación. Cuando el juez de garantía, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes y oyendo al ministerio público, lo considerare necesario con el fin de cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitieren, podrá fijar en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, al vencimiento del cual se producirán los efectos previstos en el artículo 278.”.

Artículo 310

Ha pasado a ser artículo 266, sustituido por el siguiente:

“Artículo 266.- Juicio inmediato. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acogiere dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer, a su turno, prueba.

Al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura del juicio oral. No obstante, podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días, dependiendo de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de prueba.

Las resoluciones que el juez dictare en conformidad a lo dispuesto en este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.”.

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Ha intercalado el siguiente artículo 267 , nuevo:

“Artículo 267.- Autorización para practicar diligencias sin conocimiento del afectado. Las diligencias de investigación que de conformidad al artículo 9º requirieren de autorización judicial previa podrán ser solicitadas por el fiscal aún antes de la formalización de la investigación. Si el fiscal requiriere que ellas se llevaren a cabo sin previa comunicación al afectado, el juez autorizará que se proceda en la forma solicitada cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se tratare permitiere presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito.

Si con posterioridad a la formalización de la investigación el fiscal solicitare proceder de la forma señalada en el inciso precedente, el juez lo autorizará cuando la reserva resultare estrictamente indispensable para la eficacia de la diligencia.”.

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Párrafo 8º Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios

Ha pasado a ser Párrafo 6º

Artículo 311

Ha pasado a ser artículo 268, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 268.- Suspensión condicional del procedimiento. El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento. El juez podrá requerir del ministerio público los antecedentes que estimare necesarios para resolver.

La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse:

a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad, y

b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Si el querellante asistiere a la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberá ser oído por el tribunal.

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado, por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres. Durante dicho período no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento se suspenderá el plazo previsto en el artículo 278.

La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por el ministerio público y por el querellante.

La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”.

Artículo 312

Ha pasado a ser artículo 269, sustituido por el siguiente:

“Artículo 269.- Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. El juez de garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el período de suspensión, el imputado esté sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones:

a) Residir o no residir en un lugar determinado;

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;

c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;

d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;

e) Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, en favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;

f) Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas, y

g) Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo.

Durante el período de suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a ella, el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.”.

Artículo 313

Ha pasado a ser artículo 270, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 270.- Revocación de la suspensión condicional. Cuando el imputado incumpliere, sin justificación, grave o reiteradamente las condiciones impuestas, o fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos, el juez, a petición del fiscal o la víctima, revocará la suspensión condicional del procedimiento, y éste continuará de acuerdo a las reglas generales.

Será apelable la resolución que se dictare en conformidad al inciso precedente.”.

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Ha intercalado el siguiente artículo 271 , nuevo:

“Artículo 271.- Efectos de la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Sin embargo, si la víctima recibiere pagos en virtud de lo previsto en el artículo 269, letra e), ellos se imputarán a la indemnización de perjuicios que le pudiere corresponder.

Transcurrido el plazo que el tribunal hubiere fijado de conformidad al artículo 268, inciso quinto, sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal, debiendo el tribunal dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento definitivo.”.

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Artículo 314

Ha pasado a ser artículo 277, en la forma que se expresará en su oportunidad.

Artículo 315

Ha pasado a ser artículo 272, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 272.- Procedencia de los acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.

En consecuencia, de oficio o a petición del ministerio público, el juez negará aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o si el consentimiento de los que lo hubieren celebrado no apareciere libremente prestado, o si existiere un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. Se entenderá especialmente que concurre este interés si el imputado hubiere incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaren en el caso particular.”.

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Ha incorporado los artículos 273, 274 y 275, nuevos, del siguiente tenor:

“Artículo 273.- Efectos penales del acuerdo reparatorio. Junto con aprobar el acuerdo reparatorio propuesto, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.

Artículo 274.- Efectos civiles del acuerdo reparatorio. La aprobación judicial del acuerdo reparatorio impedirá perseguir en la causa la responsabilidad civil del imputado que lo hubiere celebrado, pero ello no obstará a que se reclame, ante los tribunales civiles competentes el cumplimiento de las obligaciones que en él se contrajeron. Para estos efectos, la resolución que aprobare el acuerdo reparatorio tendrá mérito ejecutivo.

El acuerdo reparatorio no podrá ser dejado sin efecto por ninguna acción civil.

Artículo 275.- Efectos subjetivos del acuerdo reparatorio. Si en la causa existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieren concurrido al acuerdo.”.

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Artículo 316

Ha pasado a ser artículo 276, sustituido por el siguiente:

“Artículo 276.- Oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteare en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará a una audiencia, a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento.

Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio sólo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral.”.

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Como se expresó en su oportunidad, ha considerado al artículo 314 como artículo 277, en los siguientes términos:

“Artículo 277.- Registro. El ministerio público llevará un registro en el cual dejará constancia de los casos en que se decretare la suspensión condicional del procedimiento o se aprobare un acuerdo reparatorio.

El registro tendrá por objeto verificar que el imputado cumpla las condiciones que el juez impusiere al disponer la suspensión condicional del procedimiento, o reúna los requisitos necesarios para acogerse, en su caso, a una nueva suspensión condicional o acuerdo reparatorio.

El registro será reservado, sin perjuicio del derecho de la víctima de conocer la información relativa al imputado.”.

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Párrafo 9º Conclusión de la instrucción

Ha pasado a ser Párrafo 7º, y ha reemplazado la palabra “instrucción” de su epígrafe por “investigación”.

Artículo 317

Ha pasado a ser artículo 278, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 278.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal contará con un plazo de dos años para declarar el cierre de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere producido esta declaración, el imputado podrá solicitar al juez apercibir al fiscal para que éste declare el cierre de la investigación o formule alguna de las peticiones a que se refiere el inciso siguiente.

Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia, en la cual el fiscal podrá solicitar el aumento del plazo de la investigación hasta por otros dos años, o bien allanarse al cierre de la misma. En el primer caso, el juez podrá acoger o rechazar la solicitud, o bien fijar un plazo inferior al solicitado por el fiscal.

Si el fiscal se allanare a la solicitud de cierre de la investigación, deberá deducir acusación dentro de los diez días siguientes. Si así no lo hiciere, el juez deberá decretar el sobreseimiento de la causa, citando al efecto a los intervinientes a la audiencia prevista en el artículo 280.

El plazo previsto en este artículo se suspenderá cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento o se decretare sobreseimiento temporal en conformidad a lo previsto en el artículo 283.”

Artículo 318

Ha pasado a ser artículo 279, sustituido por el siguiente:

“Artículo 279.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes:

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa;

b) Formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma, o

c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido.”.

Artículo 319

Ha pasado a ser artículo 280, sustituido por el siguiente:

“Artículo 280.- Citación a audiencia. Cuando decidiere solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, o comunicar la decisión a que se refiere la letra c) del artículo anterior, el fiscal deberá formular su requerimiento al juez de garantía, quien citará a todos los intervinientes a una audiencia.

Artículo 320

Ha pasado a ser artículo 281, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 281.- Sobreseimiento definitivo. El juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo:

a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito;

b) Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

c) Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal;

d) Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos establecidos en la ley;

e) Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a dicha responsabilidad, y

f) Cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme respecto del imputado.”.

Artículo 321

Ha pasado a ser artículo 282, con las siguientes modificaciones:

Ha suprimido, en el inciso primero, la expresión “total y”;

Ha suprimido su inciso segundo.

Artículo 322

Ha pasado a ser artículo 283, sustituido por el siguiente:

“Artículo 283.- Sobreseimiento temporal. El juez de garantía decretará el sobreseimiento temporal en los siguientes casos:

a) Cuando para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201;

b) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere declarado rebelde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes, y

c) Cuando, después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Libro Cuarto.”.

Artículo 323

Lo ha suprimido.

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Ha intercalado el siguiente artículo 284, nuevo:

“Artículo 284.- Recursos. El sobreseimiento sólo será impugnable por la vía del recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva.”.

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Artículo 324

Ha pasado a ser artículo 285, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 285.- Reapertura del procedimiento al cesar la causal de sobreseimiento temporal. A solicitud del fiscal o de cualquiera de los restantes intervinientes, el juez podrá decretar la reapertura del procedimiento cuando cesare la causa que hubiere motivado el sobreseimiento temporal.”.

Artículo 325

Ha pasado a ser artículo 286, sustituido por el siguiente:

“Artículo 286.- Sobreseimiento total y parcial. El sobreseimiento será total cuando se refiriere a todos los delitos y a todos los imputados; y parcial cuando se refiriere a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de formalización de acuerdo al artículo 260.

Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el procedimiento respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a que no se extendiere aquél.”.

Artículo 326

Ha pasado a ser 287, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 287.- Facultades del juez respecto del sobreseimiento. El juez de garantía, al término de la audiencia a que se refiere el artículo 280, se pronunciará sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por el fiscal. Podrá acogerla, sustituirla, decretar un sobreseimiento distinto del requerido o rechazarla, si no la considerare procedente. En este último caso, dejará a salvo las atribuciones del ministerio público contempladas en las letras b) y c) del artículo 279.”.

Artículo 327

Ha pasado a ser artículo 288, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 288.- Reapertura de la investigación. Hasta la realización de la audiencia a que se refiere el artículo 280 y durante la misma, los intervinientes podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren formulado durante la investigación y que el ministerio público hubiere rechazado.

Si el juez de garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. Podrá el fiscal, en dicho evento y por una sola vez, solicitar ampliación del mismo plazo.

El juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de los intervinientes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a los mismos, ni tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios ni, en general, todas aquéllas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

Vencido el plazo o su ampliación, o aun antes de ello si se hubieren cumplido las diligencias, el fiscal cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma señalada en el artículo 279.”.

Artículo 328

Ha pasado a ser artículo 289, sustituido por el siguiente:

“Artículo 289.- Forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.

Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento lo hubiere conducido, o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del ministerio público deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las reglas generales.

Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este Código lo establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento correspondiente.

En caso de que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del artículo 279, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el inciso anterior.

La resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de conformidad a este artículo será inapelable, sin perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquélla que pusiere término al procedimiento.”.

Artículo 329

Ha pasado a ser artículo 290, sustituido por el siguiente:

“Artículo 290.- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa:

a) La individualización de el o los acusados y de su defensor;

b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica;

c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal;

d) La participación que se atribuyere al acusado;

e) La expresión de los preceptos legales aplicables;

f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio;

g) La pena cuya aplicación se solicitare, y

h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado.

Si, de conformidad a lo establecido en la letra f) de este artículo, el fiscal ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 178, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. En el mismo escrito deberá individualizar, de igual modo, al perito o los peritos cuya comparecencia solicitare, indicando sus títulos o calidades.

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.”.

Artículo 330

Ha pasado a ser artículo 291, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 291.- Citación a la audiencia. Presentada la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a veinticinco ni superior a treinta y cinco días. Al acusado se le entregará la copia de la acusación, en la que se dejará constancia, además, del hecho de encontrarse a su disposición, en el tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación.”.

Artículo 331

Ha pasado a ser artículo 292, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado la letra a) por la siguiente:

“a) Adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos, siempre que hubieren sido objeto de la formalización de la investigación;”.

Ha reemplazado la letra c) por la siguiente:

“c) Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 290, y”.

Ha reemplazado la letra d) por la siguiente:

“d) Deducir demanda civil, cuando procediere.”.

Artículo 332

Ha pasado a ser artículo 293, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 293.- Plazo de notificación. Las actuaciones del querellante, las acusaciones particulares, adhesiones y la demanda civil deberán ser notificadas al acusado, a más tardar, diez días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.”.

Artículo 333

Ha pasado a ser artículo 294, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 294. Facultades del acusado. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá:

a) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, y

c) Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos en el artículo 290.”.

Artículo 334

Ha pasado a ser artículo 295, sustituido por el siguiente:

“Artículo 295.- Excepciones de previo y especial pronunciamiento. El acusado podrá oponer como excepciones de previo y especial pronunciamiento las siguientes:

a) Incompetencia del juez de garantía;

b) Litis pendencia;

c) Cosa juzgada;

d) Falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la Constitución o la ley lo exigieren, y

e) Extinción de la responsabilidad penal.”.

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Ha intercalado el siguiente artículo 296, nuevo:

“Artículo 296.- Excepciones en el juicio oral. No obstante lo dispuesto en el artículo 294, si las excepciones previstas en las letras c) y e) del artículo anterior no fueren deducidas para ser discutidas en la audiencia de preparación del juicio oral, ellas podrán ser planteadas en el juicio oral.”.

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Artículo 335

Ha pasado a ser artículo 297, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 297.- Oralidad e inmediación. La audiencia de preparación del juicio oral será dirigida por el juez de garantía, quien la presenciará en su integridad, se desarrollará oralmente y durante su realización no se admitirá la presentación de escritos.”.

Artículo 336

Ha pasado a ser artículo 298, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado la expresión “juez de control de la instrucción” por “juez de garantía”.

Artículo 337

Ha pasado a ser artículo 299, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero, ha reemplazado la frase inicial “Defensa del imputado” por “Defensa oral del imputado” y el guarismo “333” por “294”.

Su inciso segundo ha pasado a ser el artículo 300, nuevo, en los términos que se expresarán a continuación.

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Como se expresó, ha consultado como artículo 300, nuevo, el inciso segundo del artículo 337, en los siguientes términos:

“Artículo 300.- Comparecencia del fiscal y del defensor. La presencia del fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma.

La falta de comparecencia del fiscal deberá ser subsanada de inmediato por el tribunal, quien además pondrá este hecho en conocimiento del fiscal regional. Si no compareciere el defensor, el tribunal declarará el abandono de la defensa, designará un defensor de oficio al imputado y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo que no excediere de cinco días, a objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso.

La ausencia o abandono injustificados de la audiencia por parte del defensor o del fiscal será sancionada conforme a lo previsto en el artículo 318.”.

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Artículo 338

Ha pasado a ser artículo 301, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 301.- Corrección de vicios formales en la audiencia de preparación del juicio oral. Cuando el juez considerare que la acusación del fiscal, la del querellante o la demanda civil adolecen de vicios formales, ordenará que los mismos sean subsanados, sin suspender la audiencia si ello fuere posible.

En caso contrario, ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la corrección del procedimiento, el que en ningún caso podrá exceder de cinco días. Transcurrido este plazo, si la acusación del querellante o la demanda civil no hubieren sido rectificadas, se tendrán por no presentadas; si no lo hubiere sido la acusación del fiscal, el juez informará al fiscal regional, pudiendo conceder una prórroga hasta por otros cinco días. Si el ministerio público no subsanare oportunamente los vicios, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.”.

Artículo 339

Ha pasado a ser artículo 302, sustituido por el siguiente:

“Artículo 302.- Resolución de excepciones en la audiencia de preparación del juicio oral. Si el imputado hubiere planteado excepciones de previo y especial pronunciamiento, el juez abrirá debate sobre la cuestión. Asimismo, de estimarlo pertinente, el juez podrá permitir durante la audiencia la presentación de los antecedentes que estimare relevantes para la decisión de las excepciones planteadas.

El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litis pendencia y falta de autorización para proceder criminalmente, si hubieren sido deducidas. La resolución que recayere respecto de dichas excepciones será apelable.

Tratándose de las restantes excepciones previstas en el artículo 295, el juez podrá acoger una o más de las que se hubieren deducido y decretar el sobreseimiento definitivo, siempre que el fundamento de la decisión se encontrare suficientemente justificado en los antecedentes de la investigación. En caso contrario, dejará la resolución de la cuestión planteada para la audiencia del juicio oral. Esta última decisión será inapelable.”.

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Ha intercalado el siguiente artículo 303, nuevo:

“Artículo 303.- Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes. Durante la audiencia de preparación del juicio oral cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para los fines previstos en los incisos segundo y tercero del artículo 307.”.

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Artículo 340

Ha pasado a ser artículo 304, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 304.- Conciliación sobre la responsabilidad civil en la audiencia de preparación del juicio oral. El juez deberá llamar al querellante y al imputado a conciliación sobre las acciones civiles que hubiere deducido el primero y proponerles bases de arreglo. Regirán a este respecto los artículos 263 y 267 del Código de Procedimiento Civil.

Si no se produjere conciliación, el juez resolverá en la misma audiencia las solicitudes de medidas cautelares reales que la víctima hubiere formulado al deducir su demanda civil.”.

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Ha considerado al artículo 344 como artículo 305, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 305.- Unión y separación de acusaciones. Cuando el ministerio público formulare diversas acusaciones que el juez considerare conveniente someter a un mismo juicio oral, y siempre que ello no perjudicare el derecho a defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio oral, si ellas estuvieren vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo imputado o porque debieren ser examinadas unas mismas pruebas.

El juez de garantía podrá dictar autos de apertura del juicio oral separados, para distintos hechos o diferentes imputados que estuvieren comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en un solo juicio oral, pudiere provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo del juicio o detrimento al derecho de defensa, y siempre que ello no implicare el riesgo de provocar decisiones contradictorias.”.

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Ha intercalado el siguiente artículo 306, nuevo:

“Artículo 306.- Convenciones probatorias. Durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que de por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia.

Si la solicitud no mereciere reparos, por conformarse a las alegaciones que hubieren hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieren por acreditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral.”.

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Ha conformado con el inciso segundo del artículo 341 el siguiente artículo 307, nuevo:

“Artículo 307.- Exclusión de pruebas para el juicio oral. El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquéllas que fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios.

Si estimare que la aprobación en los mismos términos en que hubieren sido ofrecidas las pruebas testimonial y documental produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral, dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos deseare acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardaren pertinencia sustancial con la materia que se someterá a conocimiento del tribunal de juicio oral en lo penal.

Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquéllas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales.

Las demás pruebas que se hubieren ofrecido serán admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura del juicio oral.”.

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Artículo 341

Como se expresó en su oportunidad, su inciso segundo pasó a ser el artículo 307, nuevo, en los términos que se señalaron, y sus incisos primero y tercero han pasado a conformar el artículo 308, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 308.- Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar:

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral;

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas;

c) La demanda civil;

d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 306;

e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, y

f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos.

El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales.”.

Artículo 342

Ha pasado a ser artículo 309, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 309.- Nuevo plazo para presentar prueba. Cuando, al término de la audiencia, el juez de garantía comprobare que el acusado no hubiere ofrecido oportunamente prueba por causas que no le fueren imputables, podrá suspender la audiencia hasta por un plazo de diez días.”.

Artículo 343

Ha pasado a ser artículo 310, sustituido por el siguiente:

“Artículo 310.- Destino de la documentación de la investigación. El tribunal devolverá a los intervinientes en el procedimiento los documentos que hubieren acompañado y remitirá al tribunal del juicio oral sólo aquellas actuaciones que pudieren ser incorporadas al debate por medio de su lectura.”.

Artículo 344

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 305, en los términos que se indicó.

Artículo 345

Ha pasado a ser artículo 311, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 311.- Prueba anticipada. Durante la audiencia de preparación del juicio oral también se podrá solicitar la prueba testimonial anticipada conforme a lo previsto en el artículo 221.

Asimismo, se podrá solicitar la declaración de peritos en conformidad con las normas del Párrafo 3º del Título VIII del Libro Primero, cuando fuere previsible que la persona de cuya declaración se tratare se encontrará en la imposibilidad de concurrir al juicio oral, por alguna de las razones contempladas en el inciso segundo del artículo 221.”.

Párrafo 1º Preparación

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Párrafo 1º Actuaciones previas al juicio oral”.

Artículo 346

Ha pasado a ser artículo 312, sustituido por el siguiente:

“Artículo 312.- Fecha, lugar, integración y citaciones. El juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente, junto con los registros que debieren acompañarse, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.

También pondrá a disposición del tribunal de juicio oral en lo penal las personas sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales.

Una vez distribuida la causa, cuando procediere, el juez presidente de la sala respectiva procederá de inmediato a decretar la fecha para la celebración de la audiencia del mismo, la que deberá tener lugar no antes de quince ni después de sesenta días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral.

Señalará, asimismo, la localidad en la cual se constituirá y funcionará el tribunal de juicio oral en lo penal, si se tratare de alguno de los casos previstos en el artículo 21 A del Código Orgánico de Tribunales.

En su resolución, el juez presidente indicará también el nombre de los jueces que integrarán la sala. Con la aprobación del juez presidente del comité de jueces, convocará a un número de jueces mayor de tres para que la integren, cuando existieren circunstancias que permitieren presumir que con el número ordinario no se podrá dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 315.

Ordenará, por último, que se cite a la audiencia de todos quienes debieren concurrir a ella. El acusado deberá ser citado con, a lo menos, siete días de anticipación a la realización de la audiencia, bajo los apercibimientos previstos en los artículos 33 y 141, inciso cuarto.”.

Artículo 347

Ha pasado a ser artículo 313, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 313.- Continuidad del juicio oral. La audiencia del juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Constituirán, para estos efectos, sesiones sucesivas, aquéllas que tuvieren lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal.”.

-o-

Ha consultado el artículo 354 como artículo 314, con la siguiente redacción:

“Artículo 314.- Suspensión de la audiencia o del juicio oral. El tribunal podrá suspender la audiencia hasta por dos veces solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento.

El juicio se suspenderá por las causas señaladas en el artículo 283. Con todo, el juicio seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produjere respecto del imputado a quien se le hubiere otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resulta indispensable para la prosecución del juicio o cuando sólo faltare la dictación de la sentencia.

La suspensión de la audiencia o la interrupción del juicio oral por un período que excediere de diez días impedirá su continuación. En tal caso, el tribunal deberá decretar la nulidad de lo obrado en él y ordenar su reinicio.

Cuando fuere necesario suspender la audiencia, el tribunal comunicará verbalmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tendrá como suficiente citación.”.

-o-

Artículo 348

Ha pasado a ser artículo 315, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 315.- Presencia ininterrumpida de los jueces y del ministerio público en el juicio oral. La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 289.

Lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 respecto de la inhabilidad se aplicará también a los casos en que, iniciada la audiencia, faltare un integrante del tribunal de juicio oral en lo penal.

Cualquier infracción de lo dispuesto en este artículo implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.”.

Artículo 349

Ha pasado a ser artículo 316, sustituido por el siguiente:

“Artículo 316.- Presencia del acusado en el juicio oral. El acusado deberá estar presente durante toda la audiencia.

El tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala próxima.

Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandonare la sala de audiencia, cuando su comportamiento perturbare el orden.

En ambos casos, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la oportuna comparecencia del acusado.

El presidente de la sala deberá informar al acusado de lo ocurrido en su ausencia, en cuanto éste reingresare a la sala de audiencia.”.

Artículo 350

Ha pasado a ser artículo 317, reemplazado por el que siguiente:

“Artículo 317.- Presencia del defensor en el juicio oral. La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 103.

La no comparecencia del defensor a la audiencia constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un defensor penal público, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

No se podrá suspender la audiencia por la falta de comparecencia del defensor elegido por el acusado. En tal caso, se designará de inmediato un defensor penal público al que se concederá un período prudente para interiorizarse del caso.”.

-o-

Ha intercalado el siguiente artículo 318, nuevo:

“Artículo 318.- Sanciones al abogado que no asistiere o abandonare la audiencia injustificadamente. La ausencia injustificada del defensor o del respectivo fiscal a la audiencia del juicio oral o a alguna de sus sesiones, si se desarrollare en varias, se sancionará con suspensión del ejercicio de la profesión, hasta por dos meses. En idéntica pena incurrirá el defensor o fiscal que abandonare injustificadamente la audiencia que se estuviere desarrollando.

El tribunal impondrá la sanción después de escuchar al afectado y recibir la prueba que ofreciere, si la estimare procedente.

No constituirá excusa suficiente la circunstancia de tener el abogado otras actividades profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere producido su inasistencia o abandono.”.

-o-

Artículo 351

Ha pasado a ser artículo 319, con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido, en su título y en el cuerpo de la norma, la letra “y” por “o”, y la referencia a la “letra d) del artículo 148” por otra a la “letra c) del artículo 120”.

Artículo 352

Lo ha suprimido.

Artículo 353

Ha pasado a ser artículo 320, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 320.- Publicidad de la audiencia del juicio oral. La audiencia del juicio oral será pública, pero el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:

a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia, y

b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas.

Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá.”.

-o-

Ha intercalado el siguiente artículo 321, nuevo:

“Artículo 321.- Prohibición de formular declaraciones. Ni los fiscales, ni los demás intervinientes y sus abogados podrán entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio.”.

-o-

Artículo 354

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 314, en los términos que se indicó.

Artículo 355

Ha pasado a ser artículo 322, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 322.- Incidentes en la audiencia del juicio oral. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia del juicio oral se resolverán inmediatamente por el tribunal. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno.”.

Artículo 356

Ha pasado a ser artículo 323, en los siguientes términos:

“Artículo 323.- Oralidad. La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio.

El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia del juicio oral.

Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, intervendrán por escrito o por medio de intérpretes.

El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma castellano será asistido de un intérprete que le comunicará el contenido de los actos del juicio.”.

Artículo 357

Ha pasado a ser artículo 324, sustituido por el siguiente:

“Artículo 324.- Facultades del juez presidente de la sala en la audiencia del juicio oral. El juez presidente de la sala dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondieren y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a defensa.

También podrá limitar el tiempo del uso de la palabra a las partes que debieren intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su facultad.

Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate, y, en general, a garantizar la eficaz realización del mismo.

En uso de estas facultades, el presidente de la sala podrá ordenar la limitación del acceso de público a un número determinado de personas. También podrá impedir el acceso u ordenar la salida de aquellas personas que se presentaren en condiciones incompatibles con la seriedad de la audiencia.”.

Artículo 358

Ha pasado a ser artículo 325, sin enmiendas.

Artículo 359

Ha pasado a ser artículo 326, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 326.- Sanciones. Quienes infringieren las medidas sobre publicidad previstas en el artículo 320, la prohibición de formular declaraciones a que se refiere el artículo 321, o lo dispuesto en el artículo 325, podrán ser sancionados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales, según correspondiere.

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá expulsar a los infractores de la sala.

En caso de que el expulsado fuere el fiscal o el defensor, deberá procederse a su reemplazo antes de continuar el juicio. Si lo fuere el querellante, se procederá en su ausencia y si lo fuere su abogado, deberá reemplazarlo.”.

Artículo 360

Ha pasado a ser artículo 327, sustituido por el siguiente:

“Artículo 327.- Apertura del juicio oral. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio.

El presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral, advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá y dispondrá que los peritos y los testigos hagan abandono de la sala de la audiencia.

Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su acusación y al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere interpuesto.”.

Artículo 361

Ha pasado a ser artículo 328, con la siguiente redacción:

“Artículo 328.- Defensa y declaración del acusado. Realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se le indicará al acusado que tiene la posibilidad de ejercer su defensa en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º.

Al efecto, se ofrecerá la palabra al abogado defensor, quien podrá exponer los argumentos en que fundare su defensa.

Asimismo, el acusado podrá prestar declaración. En tal caso, el juez presidente de la sala le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o de las acusaciones formuladas. Luego, podrá ser interrogado directamente por el fiscal, el querellante y el defensor, en ese mismo orden. Finalmente, el o los jueces podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos.

En cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus dichos.”.

Artículo 362

Ha pasado a ser artículo 329, reemplazando la palabra “preste” por “prestare”.

Artículo 363

Ha pasado a ser artículo 330, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 330.- Orden de recepción de las pruebas en la audiencia del juicio oral. Después de la declaración del acusado, el presidente de la sala dispondrá la recepción de las pruebas, comenzando por la o las partes acusadoras, de acuerdo al orden siguiente:

a) Peritos.

b) Testigos.

c) Documentos, objetos y otros medios.

El tribunal podrá alterar el orden precedente cuando lo estimare necesario para el adecuado desarrollo de la audiencia. Asimismo podrá autorizar que la defensa rindiere prueba sobre un determinado punto, aún cuando no hubiere concluido la prueba de la parte acusadora.”.

Artículos 364 y 365

Los ha refundido y consignado como artículo 331, en los siguientes términos:

“Artículo 331.- Peritos y testigos en la audiencia del juicio oral. Los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente durante la audiencia. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 333 y 334.

El juez presidente de la sala identificará al perito o testigo y ordenará que preste juramento o promesa de decir verdad.

A los testigos se les dará la oportunidad de informar libremente sobre su conocimiento de los hechos. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe.

Finalizada la exposición del perito o la declaración del testigo, el tribunal permitirá a las partes que lo interroguen directamente, comenzando por aquélla que hubiere solicitado su informe o declaración, o la que lo hubiere solicitado en primer lugar. Por último, los miembros del tribunal podrán formular preguntas al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos. Si lo estimare necesario, el tribunal podrá ordenar una declaración complementaria de testigos o peritos que ya hubieren declarado.

Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la audiencia.”.

-o-

Como se indicó, el artículo 216 pasó a ser artículo 332, en los siguientes términos:

“Artículo 332.- Métodos de interrogación. En sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieren la respuesta.

Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con su propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio.

En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquéllas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o perito, ni las que fueren formuladas en términos poco claros para ellos.

Estas normas se aplicarán al imputado cuando se allanare a prestar declaración.”.

-o-

Artículo 366

Lo ha suprimido.

Artículo 367

Ha pasado a ser artículo 333, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 333.- Lectura de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral. Podrá darse lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos o imputados, en los siguientes casos:

a) Cuando se tratare de declaraciones de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas por el juez de garantía en una audiencia de prueba formal, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 221 y 311;

b) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, con aquiescencia del tribunal;

c) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al acusado, y

d) Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante el juez de garantía.”.

Artículo 368

Lo ha suprimido.

Artículo 369

Ha pasado a ser artículo 334, sustituido por el que sigue:

“Artículo 334.- Lectura para apoyo de memoria en la audiencia del juicio oral. Sólo una vez que el acusado o el testigo hubieren prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal o el juez de garantía, cuando fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes.

Con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado.”.

Artículo 370

Ha pasado a ser artículo 335, reemplazando las palabras “reconozcan” y “refieran” por “reconocieren” y “refirieren”, respectivamente.

Artículo 371

Ha pasado a ser artículo 336, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 336.- Prohibición de lectura de registros y documentos. Salvo en los casos previstos en los artículos 333 y 334, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público.

Ni aun en los casos señalados se podrá incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que dieren cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas, o en cuya obtención se hubieren vulnerado garantías fundamentales.”.

Artículo 372

Ha pasado a ser artículo 337, reemplazando la voz “diga” por “dijere” y suprimiendo la expresión “o fallo”.

Artículo 373

Ha pasado a ser artículo 338, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 338.- Prueba no solicitada oportunamente. El tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no hubieren sido solicitadas por las partes en forma oportuna, cuando ellas justificaren no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento.

El tribunal, por una sola vez, podrá ordenar, de oficio y por unanimidad, la presentación de pruebas de las señaladas en el inciso anterior, cuando lo considerare indispensable para el esclarecimiento de los hechos.

El tribunal no podrá suspender el juicio por más de cinco días para hacer uso de las facultades previstas en este artículo, transcurrido el cual lo continuará y concluirá aun sin la prueba ordenada.”.

-o-

Ha intercalado el siguiente artículo 339, nuevo:

“Artículo 339.- Constitución del tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando lo considerare necesario para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el tribunal podrá constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del juicio.”.

-o-

Artículo 374

Ha pasado a ser artículo 340, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 340.- Alegato final y clausura de la audiencia del juicio oral. Concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular y al defensor, para que expongan sus conclusiones. El tribunal tomará en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo que concederá al efecto.

Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar. Las respectivas réplicas sólo podrán referirse a las conclusiones planteadas por las demás partes.

Por último, se otorgará al acusado la palabra, para que manifestare lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate.”.

Párrafo 5º Registro del juicio

Ha suprimido el epígrafe y su denominación.

Artículo 375

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 41, con las modificaciones que se indicó.

Artículo 376

Como se señaló en su oportunidad, refundido con los artículos 50 y 52, pasó a ser artículo 44, en los términos que se señaló.

Artículo 377

Como se indicó en su oportunidad, pasó a ser artículo 42 con las modificaciones que se señalaron.

Párrafo 6º Sentencia definitiva

Ha pasado a ser párrafo 5º.

Artículo 378

Lo ha suprimido.

Artículo 379

Ha pasado a ser artículo 341, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 341.- Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los miembros del tribunal que hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado, por el tiempo que estimaren necesario.”.

Artículo 380

Ha pasado a ser artículo 342, sustituido por el siguiente:

“Artículo 342.- Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere la suficiente convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.

El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.

No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.”.

Artículo 381

Ha pasado a ser artículo 343, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 343.- Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.

Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia.

Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella.”.

Artículo 382

Ha pasado a ser artículo 344, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 344.- Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá:

a) La mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado y la de el o los acusadores;

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños cuya reparación reclamare en la demanda civil y su pretensión reparatoria, y las defensas del acusado;

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo;

e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar;

f) El pronunciamiento sobre las costas de la causa, y

g) La firma de los jueces que la hubieren dictado.

La sentencia será siempre redactada por uno de los miembros del tribunal colegiado, designado por éste, en tanto la disidencia o prevención será redactada por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor y el del que lo sea de la disidencia o prevención.”.

Artículo 383

Lo ha suprimido.

Artículo 384

Ha pasado a ser artículo 345, sustituido por el siguiente:

“Artículo 345.- Decisión sobre absolución o condena. Una vez concluida la deliberación privada de los jueces, de conformidad a lo previsto en el artículo 341, la sentencia definitiva que recayere en el juicio oral deberá ser pronunciada en la audiencia respectiva, comunicándose la decisión relativa a la absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaren, indicando respecto de cada uno de ellos los fundamentos principales tomados en consideración para llegar a dichas conclusiones.

Excepcionalmente, cuando la audiencia del juicio se hubiere prolongado por más de dos días y la complejidad del caso no permitiere pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal podrá prolongar su deliberación hasta por tres días, hecho que será dado a conocer a los intervinientes en la misma audiencia, fijándose de inmediato el día y hora en que la decisión les será comunicada.

La omisión del pronunciamiento de la decisión de conformidad a lo previsto en los incisos precedentes producirá la nulidad del juicio, el que deberá repetirse en el más breve plazo posible.

En el caso de condena, el tribunal deberá resolver sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en la misma oportunidad prevista en el inciso primero. No obstante, tratándose de circunstancias ajenas al hecho punible, el tribunal podrá postergar su resolución para el momento de la determinación de la pena en la sentencia, debiendo indicarlo así a las partes.”.

-o-

Como se señaló en su oportunidad, el artículo 44 pasó a ser artículo 346, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 346.- Plazo para redacción de la sentencia. Al pronunciarse sobre la absolución o condena el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo de veinte días, fijando la fecha de la audiencia en que tendrá lugar su lectura. El transcurso de este plazo sin que hubiere tenido lugar la audiencia de lectura del fallo constituirá falta grave, que deberá ser sancionada disciplinariamente. Sin perjuicio de ello, se deberá citar a una nueva audiencia de lectura de la sentencia, la que en caso alguno podrá tener lugar después del trigésimo día desde la comunicación de la decisión sobre absolución o condena. Transcurrido este plazo adicional sin que se diere lectura a la sentencia se producirá la nulidad del juicio, a menos que la decisión hubiere sido de absolución del acusado. Si siendo varios los acusados se hubiere absuelto a alguno de ellos, la repetición del juicio sólo comprenderá a quienes hubieren sido condenados.”.

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Artículo 385

Ha pasado a ser artículo 347, sustituido por el siguiente:

“Artículo 347.- Determinación de la pena. Pronunciada la decisión de condena, el tribunal podrá, si lo considerare necesario, citar a una audiencia con el fin de abrir debate sobre los factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena que el tribunal señalará. En todo caso, la realización de esta audiencia no alterará los plazos previstos en el artículo anterior.”.

Artículo 386

Ha pasado a ser artículo 348, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 348.- Audiencia de lectura de sentencia. Una vez redactada la sentencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 344, se procederá a darla a conocer en la audiencia fijada al efecto, oportunidad a contar de la cual se entenderá notificada a todas las partes, aun cuando no asistieren a la misma.”.

Artículo 387

Ha pasado a ser artículo 349, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 349.- Sentencia absolutoria y medidas cautelares personales. Comunicada a las partes la decisión absolutoria prevista en el artículo 345, el tribunal dispondrá, en forma inmediata, el alzamiento de las medidas cautelares personales que se hubieren decretado en contra del acusado y ordenará se tome nota de este alzamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuraren. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia que se hubieren otorgado.”.

Artículo 388

Ha pasado a ser artículo 350, reemplazado por el siguiente, con la expresada inclusión del inciso tercero del artículo 302 como su inciso final:

“Artículo 350.- Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.

La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de abono para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

Cuando se hubiere declarado falso, en todo o en parte, un instrumento público, el tribunal, junto con su devolución, ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia.”.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 351, nuevo:

“Artículo 351.- Pronunciamiento sobre la demanda civil. Tanto en el caso de absolución como en el de condena deberá el tribunal pronunciarse acerca de la demanda civil válidamente interpuesta.”.

-o-

Artículo 389

Ha pasado a ser artículo 352, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 352.- Improcedencia de la pena de muerte por solas presunciones. La pena de muerte no podrá imponerse con el solo mérito de presunciones.”.

Artículo 390

Lo ha suprimido.

Artículo 391

Lo ha desglosado, pasando sus incisos primero, segundo, tercero y quinto, a ser artículo 353, en los términos que se indican a continuación, y su inciso cuarto, artículo 399, en los términos que se señalarán en su oportunidad.

El artículo 353, ha sido redactado en los siguientes términos:

“Artículo 353.- Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados.

Si, por la naturaleza de las diversas infracciones, éstas no pudieren estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquélla que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados, según fuere el número de los delitos.

Podrá, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor.

Para los efectos de este artículo, se considerará delitos de una misma especie aquéllos que afectaren al mismo bien jurídico.”.

Artículo 392

Ha pasado a ser artículo 354, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 354.- Facultad de recurrir. Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales el ministerio público y los demás intervinientes agraviados por ellas, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.”.

-o-

Ha consultado el siguiente artículo 355, nuevo:

“Artículo 355.- Aumento de los plazos. Si el juicio oral hubiere sido conocido por un tribunal que se hubiese constituido y funcionado en una localidad situada fuera de su lugar de asiento, los plazos legales establecidos para la interposición de los recursos se aumentarán conforme a la tabla de emplazamiento prevista en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.”.

-o-

Artículo 393

Ha pasado a ser artículo 356, sin enmiendas.

Artículo 394

Lo ha desglosado en los artículos 357 y 362, cuyo tenor se consignará en su oportunidad.

El artículo 357 es del siguiente tenor:

“Artículo 357.- Efecto de la interposición de recursos. La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que se impugnare una sentencia definitiva condenatoria o que la ley dispusiere expresamente lo contrario”.

-o-

Ha intercalado los siguientes artículos 358 y 359, nuevos:

“Artículo 358.- Prohibición de suspender la vista de la causa por falta de integración del tribunal. No podrá suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que pudieren integrar la sala. Si fuere necesario, se interrumpirá la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces no inhabilitados. En consecuencia, la audiencia sólo se suspenderá si no se alcanzare, con los jueces que conformaren ese día el tribunal, el mínimo de miembros no inhabilitados que debieren intervenir en ella.

Artículo 359.- Suspensión de la vista de la causa por otras causales. La vista de los recursos penales no podrá suspenderse por las causales previstas en los numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil.

Al confeccionar la tabla o disponer la agregación extraordinaria de recursos o determinar la continuación para el día siguiente de un pleito, la Corte adoptará las medidas necesarias para que la sala que correspondiere no viere alterada su labor.

Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, sólo se suspenderá la vista de la causa por muerte del abogado del recurrente, del cónyuge o de alguno de sus ascendientes o descendientes, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al designado para la vista del recurso.

En los demás casos la vista sólo podrá suspenderse si lo solicitare el recurrente o todos los intervinientes facultados para concurrir a ella, de común acuerdo. Este derecho podrá ejercerse una sola vez por el recurrente o por todos los intervinientes, por medio de un escrito que deberá presentarse hasta las doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente, a menos que la agregación de la causa se hubiere efectuado con menos de setenta y dos horas antes de la vista, caso en el cual la suspensión podrá solicitarse hasta antes de que comenzare la audiencia.”.

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Artículo 395

Lo ha refundido con los artículos 407 y 408 y consultado como artículo 360, con la siguiente redacción:

“Artículo 360.- Reglas generales de vista de los recursos. La vista de la causa se efectuará en una audiencia pública.

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes. La incomparecencia de uno o más de los recurridos permitirá proceder en su ausencia.

La audiencia se iniciará con la relación, tras la cual se otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas que formularen. Luego se permitirá intervenir a los recurridos y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen aclaraciones respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.

En cualquier momento del debate, cualquier miembro del tribunal podrá formular preguntas a los representantes de las partes o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida.

Concluido el debate, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato o, si no fuere posible, en un día y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma audiencia. La sentencia será redactada por el miembro del tribunal colegiado que éste designare y el voto disidente o la prevención, por su autor.”.

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Ha incorporado el siguiente artículo 361, nuevo:

“Artículo 361.- Prueba en los recursos. En los recursos de apelación y de nulidad podrá producirse prueba, siempre que se hubiere ofrecido en el escrito de interposición del recurso.

Esta prueba se recibirá en la audiencia conforme con las reglas que rigen su recepción en el juicio oral. En caso alguno la circunstancia de que no pudiere rendirse la prueba dará lugar a la suspensión de la audiencia.”.

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Ha contemplado el siguiente artículo 362, desglosado del artículo 394 como se expresó en su oportunidad, con el siguiente tenor:

“Artículo 362.- Decisiones sobre los recursos. El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en este artículo y en el artículo 381 inciso segundo.

Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente.

Si la resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en perjuicio del recurrente.”.

-o-

Ha consignado al artículo 406 como artículo 363, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 363.- Aplicación supletoria. Los recursos se regirán por las normas de este Libro. Supletoriamente, serán aplicables las reglas del Título III del Libro Segundo de este Código.”.

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Artículo 396

Ha pasado a ser artículo 364, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 364.- Reposición de las resoluciones dictadas fuera de audiencias. De las sentencias interlocutorias, de los autos y de los decretos dictados fuera de audiencias, podrá pedirse reposición al tribunal que los hubiere pronunciado. El recurso deberá interponerse dentro de tercero día y deberá ser fundado.

El tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo aconsejare.

Cuando la reposición se interpusiere respecto de una resolución que también fuere susceptible de apelación y no se dedujere a la vez este recurso para el caso de que la reposición fuere denegada, se entenderá que la parte renuncia a la apelación.

La reposición no tendrá efecto suspensivo, salvo cuando contra la misma resolución procediere también la apelación en este efecto.”.

Artículo 397

Ha pasado a ser artículo 365, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 365.- Reposición en las audiencias orales. La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo.”.

Artículo 398

Ha pasado a ser artículo 366, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 366.- Resoluciones inapelables. Serán inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal.”.

Artículo 399

Ha pasado a ser artículo 367, con la siguiente redacción:

“Artículo 367.- Tribunal ante el que se entabla el recurso de apelación. El recurso de apelación deberá entablarse ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución y éste lo concederá o lo denegará.”.

Artículo 400

Ha pasado a ser artículo 368, sin enmiendas.

Artículo 401

Ha pasado a ser artículo 369, sin enmiendas.

Artículo 402

Ha pasado a ser artículo 370, con la siguiente modificación:

Ha sustituido la expresión “Por regla general, la” por la voz “La”.

Artículo 403

Ha pasado a ser artículo 371, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero ha reemplazado la palabra “deben” por “debieren”.

Ha sustituido su inciso segundo por el siguiente:

“Presentado el recurso, el tribunal de alzada solicitará, cuando correspondiere, los antecedentes señalados en el artículo 373 y luego fallará en cuenta. Si acogiere el recurso por haberse denegado la apelación, retendrá tales antecedentes o los recabará, si no los hubiese pedido, para pronunciarse sobre la apelación.”.

Artículo 404

Ha pasado a ser artículo 372, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado, en su encabezamiento, la expresión “juez de control de la instrucción” por “juez de garantía”.

Ha sustituido la letra a) por la siguiente:

“a) Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días, y”.

Ha reemplazado, en su letra b), la palabra “señale” por “señalare”.

Artículo 405

Ha pasado a ser artículo 373, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 373.- Antecedentes por remitir concedido el recurso de apelación. Concedido el recurso, el juez remitirá al tribunal de alzada copia fiel de la resolución y de todos los antecedentes que fueren pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso.”.

Artículo 406

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 363, en los términos que se señalaron.

Artículos 407 y 408

Como se indicó en su oportunidad, los ha refundido con el artículo 395, y consultado como artículo 360, en los términos que se expresaron.

Título IV

Recurso extraordinario

Ha suprimido el Título y los artículos 409 a 414 que lo comprenden.

Título V

Casación

Ha suprimido el Título y los artículos 415 a 434 que lo comprenden.

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Ha incorporado el Título IV y los artículos 374 a 389, nuevos, del siguiente tenor:

“Título IV

Recurso de Nulidad

Artículo 374.- Del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley.

Deberá interponerse, por escrito, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral.

Artículo 375.- Causales del recurso. Procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia:

a) Cuando, en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y

b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Artículo 376.- Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados:

a) Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente, o no integrado por los jueces designados por la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente; y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio;

b) Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 315 y 317;

c) Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga;

d) Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio;

e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 344, letras c), d) o e);

f) Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 343, y

g) Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 377.- Defectos no esenciales. No causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva, sin perjuicio de lo cual la Corte podrá corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso.

Artículo 378.- Tribunal competente para conocer del recurso. El conocimiento del recurso que se fundare en la causal prevista en el artículo 375, letra a), corresponderá a la Corte Suprema.

La respectiva Corte de Apelaciones conocerá de los recursos que se fundaren en las causales señaladas en el artículo 375, letra b), y en el artículo 376.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, cuando el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 375, letra b), y respecto de la materia de derecho objeto del mismo existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores, corresponderá pronunciarse a la Corte Suprema.

Del mismo modo, si un recurso se fundare en distintas causales y por aplicación de las reglas contempladas en los incisos precedentes correspondiere el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todas. Lo mismo sucederá si se dedujeren distintos recursos de nulidad contra la sentencia y entre las causales que los fundaren hubiere una respecto de la cual correspondiere pronunciarse a la Corte Suprema.

Artículo 379.- Preparación del recurso. Si la infracción invocada como motivo del recurso se refiriere a una ley que regulare el procedimiento, el recurso sólo será admisible cuando quien lo entablare hubiere reclamado oportunamente del vicio o defecto.

No será necesaria la reclamación del inciso anterior cuando se tratare de alguna de las causales del artículo 376; cuando la ley no admitiere recurso alguno contra la resolución que contuviere el vicio o defecto, cuando éste hubiere tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se tratare de anular, ni cuando dicho vicio o defecto hubiere llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia.

Artículo 380.- Requisitos del escrito de interposición. En el escrito en que se interpusiere el recurso de nulidad se consignarán los fundamentos del mismo y las peticiones concretas que se sometieren al fallo del tribunal.

El recurso podrá fundarse en varias causales, caso en el cual se indicará si se invocan conjunta o subsidiariamente. Cada motivo de nulidad deberá ser fundado separadamente.

Cuando el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 375, letra b), y el recurrente sostuviere que, por aplicación del inciso tercero del artículo 378, su conocimiento correspondiere a la Corte Suprema, deberá, además, indicar en forma precisa los fallos en que se hubiere sostenido las distintas interpretaciones que invocare y acompañar copia de las sentencias o de las publicaciones que se hubieren efectuado del texto íntegro de las mismas.

Artículo 381.- Efectos de la interposición del recurso. La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida. En lo demás, se aplicará lo dispuesto en el artículo 357.

Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el recurso que se hubiere deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que aquél fuere alguno de los señalados en el artículo 376.

Artículo 382.- Admisibilidad del recurso en el tribunal a quo. Interpuesto el recurso, el tribunal a quo se pronunciará sobre su admisibilidad.

La inadmisibilidad sólo podrá fundarse en haberse deducido el recurso en contra de resolución que no fuere impugnable por este medio o en haberse deducido fuera de plazo.

La resolución que declarare la inadmisibilidad será susceptible de reposición dentro de tercero día.

Artículo 383.- Antecedentes a remitir concedido el recurso. Concedido el recurso, el tribunal remitirá a la Corte copia de la sentencia definitiva, del registro de la audiencia del juicio oral o de las actuaciones determinadas de ella que se impugnaren, y del escrito en que se hubiere interpuesto el recurso.

Artículo 384.- Actuaciones previas al conocimiento del recurso. Ingresado el recurso a la Corte, se abrirá un plazo de cinco días para que las demás partes solicitaren que se le declare inadmisible, se adhirieren a él o le formularen observaciones por escrito.

La adhesión al recurso deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo y su admisibilidad se resolverá de plano por la Corte.

Hasta antes de la audiencia en que se conociere el recurso, el acusado podrá solicitar la designación de un defensor penal público con domicilio en la ciudad asiento de la Corte, para que asuma su representación, cuando el juicio oral se hubiere desarrollado en una ciudad distinta.

Artículo 385.- Admisibilidad del recurso en el tribunal ad quem. Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, el tribunal ad quem se pronunciará en cuenta acerca de la admisibilidad del recurso.

Lo declarará inadmisible si concurrieren las razones contempladas en el artículo 382, el escrito de interposición careciere de fundamentos de hecho y de derecho o de peticiones concretas, o el recurso no se hubiere preparado oportunamente.

Sin embargo, si el recurso se hubiere deducido para ante la Corte Suprema, ella no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo, en los siguientes casos:

a) Si el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 375, letra a), y la Corte Suprema estimare que, de ser efectivos los hechos invocados como fundamento, serían constitutivos de alguna de las causales señaladas en el artículo 376;

b) Si, respecto del recurso fundado en la causal del artículo 375, letra b), la Corte Suprema estimare que no existen distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo o, aun existiendo, no fueren determinantes para la decisión de la causa, y

c) Si en alguno de los casos previstos en el inciso final del artículo 378, la Corte Suprema estimare que concurre respecto de los motivos de nulidad invocados alguna de las situaciones previstas en las letras a) y b) de este artículo.

Artículo 386.- Fallo del recurso. La Corte deberá fallar el recurso dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que hubiere terminado de conocer de él.

En la sentencia, el tribunal deberá exponer los fundamentos que sirvieren de base a su decisión; pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas, salvo que acogiere el recurso, en cuyo caso podrá limitarse a la causal o causales que le hubieren sido suficientes, y declarar si es nulo o no el juicio oral y la sentencia definitiva reclamados, o si solamente es nula dicha sentencia, en los casos que se indican en el artículo siguiente.

Artículo 387.- Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, sino se debiere a que el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.

Artículo 388.- Nulidad del juicio oral y de la sentencia. Salvo los casos mencionados en el artículo 387, si la Corte acogiere el recurso anulará la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

No será obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia.

Artículo 389.- Improcedencia de recursos. La resolución que fallare un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este Código.

Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se realizare como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado, conforme a las reglas generales.”.

Título VI

Ha pasado a ser Párrafo 3º del Título VIII del Libro Cuarto, junto con sus artículos 435 a 444, en los términos que se señalarán oportunamente, como artículos 475 a 482.

Libro Cuarto

Procedimientos especiales y ejecución

Título I

Procedimiento por faltas

Ha reemplazado en la denominación del Título I la expresión “por faltas” por “simplificado”.

Artículo 445

Ha sido consultado como artículos 390 y 391, en la forma que sigue:

“Artículo 390.- Ámbito de aplicación. El conocimiento y fallo de las faltas se sujetará al procedimiento previsto en este Título.

El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, salvo que su conocimiento y fallo se sometiere a las normas del procedimiento abreviado que se regula en el Título III, cumpliéndose los demás presupuestos allí establecidos.

Artículo 391.- Normas supletorias. El procedimiento simplificado se regirá por las normas de este Título y, en lo que éste no proveyere, supletoriamente por las del Libro Segundo de este Código, en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza.”.

Artículo 446

Ha pasado a ser artículo 392, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 392.- Requerimiento. Recibida por el fiscal la denuncia de un hecho constitutivo de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 390, solicitará del juez de garantía competente la citación inmediata a juicio, a menos que fueren insuficientes los antecedentes aportados, se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado o el fiscal decidiere hacer aplicación de la facultad que le concede el artículo 200.

Tratándose de las faltas indicadas en los artículos 494, Nº 5, y 496, Nº 11, del Código Penal, sólo podrán efectuar el requerimiento precedente las personas a quienes correspondiere la titularidad de la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 55.”.

Artículo 447

Ha pasado a ser artículo 393, sustituido por el siguiente:

“Artículo 393.- Contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener:

a) La individualización del imputado;

b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes;

c) La cita de la disposición legal infringida;

d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación, y

e) La individualización y firma del requirente.”.

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Ha incorporado el siguiente artículo 394, nuevo:

“Artículo 394.- Procedimiento monitorio.- Tratándose de faltas que debieren sancionarse sólo con pena de multa, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la denuncia el fiscal deberá presentar ante el juez competente el requerimiento, el que, además de lo señalado en el artículo precedente, deberá contener una proposición sobre el monto de la multa que debiere imponerse al imputado.

Si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la proposición relativa a la multa, deberá acogerlos inmediatamente, dictando una resolución que así lo declare. Dicha resolución contendrá, además, las siguientes indicaciones:

a) La instrucción acerca del derecho del imputado de reclamar en contra del requerimiento y de la imposición de la sanción, dentro de los quince días siguientes a su notificación, así como de los efectos de la interposición del reclamo;

b) La instrucción acerca de la posibilidad de que dispone el imputado en orden a aceptar el requerimiento y la multa impuesta, así como de los efectos de la aceptación, y

c) El señalamiento del monto de la multa y de la forma en que la misma debiere enterarse en arcas fiscales, así como del hecho que, si la multa fuere pagada dentro de los quince días siguientes a la notificación al imputado de la resolución prevista en este inciso, ella será rebajada en 25%, expresándose el monto por enterar en dicho caso.

Si el imputado pagare dicha multa o transcurriere el plazo de quince días desde la notificación de la resolución que la impusiere, sin que el imputado reclamare sobre su procedencia o monto, se entenderá que acepta su imposición. En dicho evento la resolución se tendrá, para todos los efectos legales, como sentencia ejecutoriada.

Por el contrario, si, dentro del mismo plazo de quince días, el imputado manifestare, de cualquier modo fehaciente, su falta de conformidad con la imposición de la multa o su monto, se proseguirá con el procedimiento en la forma prevista en los artículos siguientes. Lo mismo sucederá si el juez no considerare suficientemente fundado el requerimiento o la multa propuesta por el fiscal.”.

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Artículo 448

Ha pasado a ser artículo 395, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 395.- Preparación del juicio. Recibido el requerimiento, el tribunal ordenará su notificación al imputado y citará a todos los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar antes de veinte ni después de cuarenta días contados desde la fecha de la resolución. El imputado deberá ser citado con, a lo menos, diez días de anticipación a la fecha de la audiencia. La citación del imputado se hará bajo el apercibimiento señalado en el artículo 33 y a la misma se acompañarán copias del requerimiento y de la querella, en su caso.

En el procedimiento simplificado no procederá la interposición de demandas civiles, salvo aquélla que tuviere por objeto la restitución de la cosa o su valor.

La resolución que dispusiere la citación ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal, deberán formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.”.

Artículo 449

Ha pasado a ser artículo 396, sustituido por el siguiente:

“Artículo 396.- Primeras actuaciones de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el tribunal efectuará una breve relación del requerimiento y de la querella, en su caso. Cuando se encontrare presente la víctima, el juez instruirá a ésta y al imputado sobre la posibilidad de poner término al procedimiento de conformidad a lo previsto en el artículo 272, si ello procediere atendida la naturaleza del hecho punible materia del requerimiento.”.

Artículo 450

Ha pasado a ser artículo 397, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 397.- Resolución inmediata. Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitare la realización del juicio.

Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho y no fueren necesarias otras diligencias, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos el juez aplicará únicamente pena de multa, a menos que concurrieren antecedentes calificados que justificaren la imposición de una pena de prisión, los cuales se harán constar en la sentencia. Con todo, la imposición de la pena de prisión no procederá si, al dirigirle la pregunta a que se refiere el inciso primero, el juez no le hubiere advertido acerca de esta posibilidad.”.

Artículos 451 y 452

Han pasado a ser artículo 398, refundidos, en los siguientes términos:

“Artículo 398.- Realización del juicio. Cuando el imputado solicitare la realización del juicio, éste se llevará a cabo de inmediato, dándose lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si la hubiere. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba, tras lo cual se preguntará al imputado si tuviere algo que agregar. Con su nueva declaración o sin ella, el juez pronunciará su decisión de absolución o condena y fijará una nueva audiencia, para dentro de los cinco días próximos, para dar a conocer el texto escrito de la sentencia.

La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma.

Sin embargo, si no hubiere comparecido algún testigo o perito cuya citación judicial hubiere sido solicitada de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 395 y el tribunal considerare su declaración como indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días, transcurridos los cuales deberá proseguirse conforme a las reglas generales, aún a falta del testigo o perito.”.

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Como se expresó en su oportunidad, el inciso cuarto del artículo 391 pasó a ser el artículo 399, nuevo, del siguiente tenor.

“Artículo 399.- Reiteración de faltas. En caso de reiteración de faltas de una misma especie se aplicará, en lo que correspondiere, las reglas contenidas en el artículo 353.”.

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Artículo 453

Ha pasado a ser artículo 400, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 400.- Suspensión de la imposición de condena. Cuando resultare mérito para condenar por el hecho imputado, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses.

Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el imputado hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.

Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.”.

Artículo 454

Ha pasado a ser artículo 401, sustituido por el siguiente:

“Artículo 401.- Recursos. Contra la sentencia definitiva sólo podrá interponerse el recurso de nulidad previsto en el Título IV del Libro Tercero. El fiscal requirente y el querellante, en su caso, sólo podrán recurrir si hubieren concurrido al juicio.”.

Artículo 455

Ha pasado a ser artículo 407, reemplazado en los términos que se señalarán oportunamente.

Artículo 456

Ha pasado a ser artículo 402, refundido con el artículo 461, en los siguientes términos:

“Artículo 402.- Inicio del procedimiento. El procedimiento comenzará sólo con la interposición de la querella por la persona habilitada para promover la acción penal, ante el juez de garantía competente. Este escrito deberá cumplir con los requisitos de los artículos 113 y 292, en lo que no fuere contrario a lo dispuesto en este Título.

El querellante deberá acompañar una copia de la querella por cada querellado a quien la misma debiere ser notificada.

En la misma querella se podrá solicitar al juez la realización de determinadas diligencias destinadas a precisar los hechos que configuran el delito de acción privada. Ejecutadas las diligencias, el tribunal citará a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 405.”.

Artículo 457

Ha pasado a ser artículo 403, sustituido por el siguiente:

“Artículo 403.- Desistimiento de la querella. Si el querellante se desistiere de la querella se decretará sobreseimiento definitivo en la causa y el querellante será condenado al pago de las costas, salvo que el desistimiento obedeciere a un acuerdo con el querellado.

Con todo, una vez iniciado el juicio no se dará lugar al desistimiento de la acción privada, si el querellado se opusiere a él.”.

Artículo 458

Ha pasado a ser artículo 404, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 404.- Abandono de la acción. La inasistencia del querellante a la audiencia del juicio, así como su inactividad en el procedimiento por más de treinta días, entendiendo por tal la falta de realización de diligencias útiles para dar curso al proceso que fueren de cargo del querellante, producirán el abandono de la acción privada. En tal caso el tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Lo mismo se observará si, habiendo muerto o caído en incapacidad el querellante, sus herederos o representante legal no concurrieren a sostener la acción dentro del término de noventa días.”.

Artículo 459

Lo ha suprimido.

Artículo 460

Ha pasado a ser artículo 405, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 405.- Comparecencia de las partes a la audiencia en los delitos de acción privada. El querellante y querellado podrán comparecer a la audiencia en forma personal o representados por mandatario con facultades suficientes para transigir. Sin perjuicio de ello, deberán concurrir en forma personal, cuando el tribunal así lo ordenare.”.

Artículo 461

Como se expresó en su oportunidad, pasó a ser artículo 402, al refundirse con el artículo 456.

Artículo 462

Ha pasado a ser artículo 406, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 406.- Conciliación. Al inicio de la audiencia, el juez instará a las partes a buscar un acuerdo que ponga término a la causa. Tratándose de los delitos de calumnia o de injuria, otorgará al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias de su conducta.”.

Artículos 463, 464 y 465

Los ha suprimido.

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Como se expresó oportunamente, ha consignado como artículo 407 al artículo 455, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 407.- Normas supletorias. En lo que no proveyere este Título, el procedimiento por delito de acción privada se regirá por las normas del Título I del Libro Cuarto, con excepción del artículo 400.”.

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Artículo 466

Ha pasado a ser artículo 417, reemplazado en los términos que se indicarán en u oportunidad.

Artículo 467

Ha pasado a ser artículo 408, sustituido por el que sigue:

“Artículo 408.- Presupuestos del procedimiento abreviado. Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en la audiencia de preparación del juicio oral, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, exceptuada la de muerte, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren los presupuestos señalados en este artículo.”.

Artículo 468

Ha pasado a ser artículo 409, sustituido por el que sigue:

“Artículo 409.- Oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado. La solicitud del fiscal de proceder de conformidad al procedimiento abreviado podrá ser planteada al juez de garantía por escrito, en la oportunidad que señala el artículo 279, o verbalmente, en la misma audiencia de preparación del juicio oral. En este último caso, el fiscal y el acusador particular, si lo hubiere, podrán modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la tramitación del procedimiento conforme a las normas de este Título.”.

Artículo 469

Ha pasado a ser artículo 410, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 410.- Oposición del querellante al procedimiento abreviado. El querellante sólo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere el límite señalado en el artículo 408.”.

Artículo 470

Ha pasado a ser artículo 411, sustituido por el que sigue:

“Artículo 411.- Intervención previa del juez de garantía. Antes de resolver la solicitud del fiscal, el juez de garantía consultará al acusado a fin de asegurarse que éste ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, que conociere su derecho a exigir un juicio oral, que entendiere los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiere significarle y, especialmente, que no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del fiscal o de terceros.”.

Artículo 471

Ha pasado a ser artículo 412, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 412.- Resolución sobre la solicitud de procedimiento abreviado. El juez aceptará la solicitud del fiscal y del imputado cuando los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este Título, la pena solicitada por el fiscal se conformare a lo previsto en el inciso primero del artículo 408 y verificare que el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente.

Cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición del querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura del juicio oral. En este caso, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado y la aceptación de los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 408, como tampoco las modificaciones de la acusación o de la acusación particular efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento. Asimismo, el juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimiento abreviado sean eliminadas del registro.”.

Artículo 472

Ha pasado a ser artículo 413, sustituido por el siguiente:

“Artículo 413.- Trámite en el procedimiento abreviado. Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.”.

Artículo 473

Ha pasado a ser artículo 414, reemplazado por el que se indica:

“Artículo 414.- Fallo en el procedimiento abreviado. Terminado el debate, el juez dictará sentencia. En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta.”.

Artículo 474

Ha pasado a ser artículo 415, reemplazado en la forma que sigue:

“Artículo 415.- Contenido de la sentencia en el procedimiento abreviado. La sentencia dictada en el procedimiento abreviado contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación y de la aceptación por el acusado, así como de la defensa de éste;

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieren por probados sobre la base de la aceptación que el acusado hubiere manifestado respecto a los antecedentes de la investigación, así como el mérito de éstos, valorados en la forma prevista en el artículo 168;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo;

e) La resolución que condenare o absolviere al acusado. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley;

f) El pronunciamiento sobre las costas, y

g) La firma del juez que la hubiere dictado.

La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará ésta a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de abono para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el comiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.”.

Artículo 475

Ha pasado a ser artículo 416, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 416.- Recursos en contra de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado. La sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado sólo será impugnable por apelación, que se deberá conceder en ambos efectos.

En el conocimiento del recurso de apelación la Corte podrá pronunciarse acerca de la concurrencia de los supuestos del procedimiento abreviado previstos en el artículo 408.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado como artículo 417 al artículo 466 reemplazado por el siguiente:

“Artículo 417.- Normas aplicables en el procedimiento abreviado. Se aplicarán al procedimiento abreviado las disposiciones consignadas en este Título, y en lo no previsto en él, las normas comunes previstas en este Código y las disposiciones del procedimiento ordinario.”.

-o-

Título IV

Procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional

Párrafo 1º diputados y senadores

Ha reemplazado la denominación del Párrafo 1º por el siguiente:

“Personas que tienen el fuero del artículo 58 de la Constitución Política”.

Artículo 476

Lo ha suprimido.

Artículo 477

Ha pasado a ser artículo 418, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 418.- Solicitud de desafuero. Una vez cerrada la investigación, si el fiscal estimare que procediere formular acusación por crimen o simple delito en contra de una persona que tenga el fuero a que se refieren los incisos segundo a cuarto del artículo 58 de la Constitución Política, remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, declare que ha lugar a formación de causa.

Igual declaración requerirá si, durante la investigación, el fiscal quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva del aforado u otra medida cautelar en su contra.

Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación su querella por el juez de garantía.”.

-o-

Ha considerado como artículo 419 al artículo 479, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 419.- Detención in fraganti. Si el aforado fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el fiscal lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto.”.

-o-

Artículo 478

Lo ha desglosado, pasando a ser artículos 420 y 421, del siguiente tenor:

“Artículo 420.- Apelación. La resolución que declarare haber lugar a formación de causa respecto de una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución Política es apelable para ante la Corte Suprema.”.

“Artículo 421.- Comunicación en caso de desafuero de diputado o senador. Si la persona desaforada fuere un diputado o un senador, una vez que se hallare firme la resolución que declarare haber lugar a formación de causa, será comunicada por la Corte de Apelaciones respectiva a la rama del Congreso Nacional a que perteneciere el imputado. Desde la fecha de esa comunicación, el diputado o senador quedará suspendido de su cargo.”.

Artículo 479

Como se expresó en su oportunidad, ha pasado a ser artículo 419, en la forma que se indicó.

Artículo 480

Lo ha suprimido.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 422, nuevo:

“Artículo 422.- Efectos de la resolución que diere lugar a formación de causa. Si se diere lugar a formación de causa, se seguirá el procedimiento conforme a las reglas generales.

Sin embargo, en el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 418, el juez de garantía fijará de inmediato la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la recepción de los antecedentes por el juzgado de garantía. A su vez, la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Con todo, se aplicarán los plazos previstos en las reglas generales cuando el imputado lo solicitare para preparar su defensa.”.

-o-

Artículo 481

Ha pasado a ser artículo 423, sustituido por el que sigue:

“Artículo 423.- Efectos de la resolución que no diere lugar a formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del artículo 418, la Corte de Apelaciones declarare no haber lugar a formación de causa, esta resolución producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración.

Tratándose de la situación contemplada en el inciso tercero del mismo artículo, el juez de garantía no admitirá a tramitación la querella y archivará los antecedentes.”.

Artículo 482

Ha pasado a ser artículo 424, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 424.- Pluralidad de sujetos. Si aparecieren implicados individuos que no gozaren de fuero, se seguirá adelante el procedimiento en relación con ellos.”.

Artículo 483

Lo ha suprimido.

Artículo 484

Ha pasado a ser artículo 425, sustituido por el siguiente:

“Artículo 425.- Remisión a normas del Párrafo 1º. El procedimiento establecido en el Párrafo 1º de este Título es aplicable a los casos de desafuero de un intendente o de un gobernador, en lo que fuere pertinente.”.

Título V

De la querella de capítulos

Ha sustituido la expresión “De la querella” por “Querella”.

Artículo 485

Ha pasado a ser artículo 426, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 426.- Objeto de la querella de capítulos. La querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importaren una infracción penada por la ley.”.

Artículo 486

Ha pasado a ser artículo 427, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 427.- Solicitud de admisibilidad de los capítulos de acusación. Una vez cerrada la investigación, si el fiscal estimare que procede formular acusación por crimen o simple delito contra un juez, un fiscal judicial o un fiscal del ministerio público, remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, declare admisibles los capítulos de acusación.

En el escrito de querella se especificarán los capítulos de acusación, y se indicarán los hechos que constituyeren la infracción de la ley penal cometida por el funcionario capitulado.

Igual declaración a la prevista en el inciso primero requerirá el fiscal si, durante la investigación, quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva de algunas de esas personas u otra medida cautelar en su contra.

Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación por el juez de garantía la querella que hubiere presentado por el delito.”.

-o-

Ha consignado como artículo 428 al artículo 488, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 428.- Juez, fiscal judicial o fiscal detenido in fraganti. Si un juez, un fiscal judicial o un fiscal del ministerio público fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el fiscal lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto.”.

-o-

Artículo 487

Ha pasado a ser artículo 429, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 429.- Apelación. La resolución que se pronunciare sobre la querella de capítulos será apelable para ante la Corte Suprema.”.

Artículo 488

Como se expresó, pasó a ser artículo 428, reemplazado en la forma que se indicó.

Artículo 489

Lo ha suprimido.

-o-

Ha contemplado como artículo 430 al artículo 491, sustituido por el que sigue:

“Artículo 430.- Efectos de la sentencia que declara admisible la querella de capítulos. Cuando por sentencia firme se hubieren declarado admisibles todos o algunos de los capítulos de acusación, el funcionario capitulado quedará suspendido del ejercicio de sus funciones y el procedimiento penal continuará de acuerdo a las reglas generales.

Sin embargo, en el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 427, el juez de garantía fijará de inmediato la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral la que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes a la recepción de los antecedentes por el juzgado de garantía. A su vez, la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Con todo, se aplicarán los plazos previstos en las reglas generales cuando el imputado lo solicitare para preparar su defensa.”.

-o-

Artículo 490

Ha pasado a ser artículo 431, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 431.- Efectos de la sentencia que declara inadmisible la querella de capítulos. Si, en el caso del inciso primero del artículo 427, la Corte de Apelaciones declarare inadmisibles todos los capítulos de acusación comprendidos en la querella, tal resolución producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del juez, fiscal judicial o fiscal del ministerio público favorecido con aquella declaración.

Tratándose de la situación contemplada en el inciso final del mismo artículo, el juez de garantía no admitirá a tramitación la querella que ante él se hubiere presentado y archivará los antecedentes.”.

Artículo 491

Como se indicó, pasó a ser artículo 430, en la forma que se expresó.

Artículo 492

Ha pasado a ser artículo 432, con la siguiente modificación:

Ha intercalado la expresión “fiscales judiciales” entre la palabra “jueces” y el vocablo “o”.

Título VI

De la extradición

Ha sustituido en su epígrafe la expresión “De la extradición” por “Extradición”.

Párrafo 1º De la extradición activa

Ha sustituido en su denominación la expresión “De la extradición” por “Extradición”.

Artículo 493

Ha pasado a ser artículo 433, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 433.- Procedencia de la extradición activa. Cuando en la tramitación de un procedimiento penal se hubiere formalizado la investigación por un delito que tuviere señalada en la ley una pena privativa de libertad cuya duración mínima excediere de un año, respecto de un individuo que se encontrare en país extranjero, el ministerio público deberá solicitar del juez de garantía que eleve los antecedentes a la Corte de Apelaciones, a fin de que este tribunal, si estimare procedente la extradición del imputado al país en el que actualmente se encontrare, ordene sea pedida. Igual solicitud podrá hacer el querellante, si no la formulare el ministerio público.

El mismo procedimiento se empleará en los casos enumerados en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales.

La extradición procederá, asimismo, con el objeto de hacer cumplir en el país una sentencia definitiva condenatoria a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo superior a un año.”.

Artículo 494

Ha pasado a ser artículo 434, sustituido por el siguiente:

“Artículo 434.- Tramitación ante el juez de garantía. Se podrá formalizar la investigación respecto del imputado ausente, el que será representado en la audiencia respectiva por un defensor penal público, si no contare con defensor particular.

Al término de la audiencia, previo debate, el juez de garantía accederá a la solicitud de extradición si estimare que en la especie concurren los requisitos del artículo 140.

Si el juez de garantía diere lugar a la solicitud de extradición a petición del fiscal o del querellante, declarará la procedencia de pedir, en el país extranjero, la prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto del imputado, en caso de que se cumplan las condiciones que permitirían decretar en Chile la medida respectiva.

Para que el juez eleve los antecedentes a la Corte de Apelaciones, será necesario que conste en el procedimiento el país y lugar en que el imputado se encontrare en la actualidad.”.

Artículo 495

Ha pasado a ser artículo 435, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 435.- Audiencia ante la Corte de Apelaciones. Recibidos los antecedentes por la Corte de Apelaciones, ésta fijará una audiencia para fecha próxima, a la cual citará al ministerio público, al querellante, si éste hubiere solicitado la extradición y al defensor del imputado. La audiencia, que tendrá lugar con los litigantes que asistieren y que no se podrá suspender a petición de éstos, se iniciará con una relación pública de los antecedentes que motivaren la solicitud; luego, se concederá la palabra al fiscal, en su caso al querellante y al defensor.”.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 436, nuevo:

“Artículo 436.- Solicitud de detención previa u otra medida cautelar personal. Durante la tramitación de la extradición, a petición del fiscal o del querellante que la hubiere requerido, la Corte de Apelaciones podrá solicitar del Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país en que se encontrare el imputado que ordene la detención previa de éste o adopte otra medida destinada a evitar la fuga de la persona cuya extradición se solicitará, cuando el juez de garantía hubiere comprobado la concurrencia de los requisitos que admitirían decretar la prisión preventiva u otra medida cautelar personal.

La solicitud de la Corte de Apelaciones deberá consignar los antecedentes que exigiere el tratado aplicable para solicitar la detención previa o, a falta de tratado, al menos los antecedentes contemplados en el artículo 444.”.

-o-

Artículo 496

Ha pasado a ser artículo 437, sustituido por el siguiente:

“Artículo 437.- Fallo de la solicitud de extradición activa. Finalizada la audiencia, la Corte de Apelaciones resolverá en un auto fundado si debiere o no solicitarse la extradición del imputado.

En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones que se pronunciare sobre la solicitud de extradición, no procederá recurso alguno.”.

Artículo 497

Ha pasado a ser artículo 438, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 438.- Fallo que acoge la solicitud de extradición activa. En caso de acoger la solicitud de extradición, la Corte de Apelaciones se dirigirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, al que hará llegar copia de la resolución de que se trata en el artículo anterior, pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas que fueren necesarias para obtener la extradición.

Acompañará, además, copia de la formalización de la investigación que se hubiere formulado en contra del imputado; de los antecedentes que la hubieren motivado o de la resolución firme que hubiere recaído en el procedimiento, si se tratare de un condenado; de los textos legales que tipificaren y sancionaren el delito, de los referentes a la prescripción de la acción y de la pena, y toda la información conocida sobre la filiación, identidad, nacionalidad y residencia del imputado.

Cumplidos estos trámites, la Corte de Apelaciones devolverá los antecedentes al tribunal de origen.”.

Artículo 498

Ha pasado a ser artículo 439, sustituido por el siguiente:

“Artículo 439.- Tramitación del fallo que acoge la solicitud de extradición activa. El Ministerio de Relaciones Exteriores legalizará y traducirá los documentos acompañados, si fuere del caso, y hará las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución de la Corte de Apelaciones. Si se obtuviere la extradición del imputado, lo hará conducir del país en que se encontrare, hasta ponerlo a disposición de aquel tribunal.

En este último caso, la Corte de Apelaciones ordenará que el imputado sea puesto a disposición del tribunal competente, a fin de que el procedimiento siga su curso o de que cumpla su condena, si se hubiere pronunciado sentencia firme.”.

Artículo 499

Ha pasado a ser artículo 440, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 440.- Extradición activa improcedente o no concedida. Si la Corte de Apelaciones declarare no ser procedente la extradición se devolverán los antecedentes al tribunal, a fin de que proceda según corresponda.

Si la extradición no fuere concedida por las autoridades del país en que el imputado se encontrare, se comunicará el hecho al tribunal de garantía, para idéntico fin.”.

Artículo 500

Ha pasado a ser artículo 441, con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado sus palabras finales que dicen “seguirá la causa sin interrupción en contra de los segundos. En tal caso, se elevarán copias del procedimiento a la Corte Suprema.”, por “se proseguirá sin interrupción en contra de los segundos.”.

Párrafo 2º De la extradición activa

Ha sustituido en su epígrafe las palabras “De la extradición” por “Extradición”.

Artículo 501

Ha pasado a ser artículo 442, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 442.- Procedencia de la extradición pasiva. Cuando un país extranjero solicitare a Chile la extradición de individuos que se encontraren en el territorio nacional y que en el país requirente estuvieren imputados de un delito o condenados a una pena privativa de libertad de duración superior a un año, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá la petición y sus antecedentes a la Corte Suprema.”.

Artículo 502

Ha pasado a ser artículo 443, sustituido por el siguiente:

“Artículo 443.- Tribunal de primera instancia en la extradición pasiva. Recibidos los antecedentes, se designará al ministro de la Corte Suprema que conocerá en primera instancia de la solicitud de extradición, quien fijará, desde luego, día y hora para la realización de la audiencia a que se refiere el artículo 450 y pondrá la petición y sus antecedentes en conocimiento del representante del Estado requirente y del imputado, a menos que se hubieren solicitado medidas cautelares personales en contra de este último. Si se hubieren pedido tales medidas, el conocimiento de la petición y los antecedentes se suministrará al imputado una vez que las mismas se hubieren decretado.”.

-o-

Ha incorporado los siguientes artículos 444 y 445, nuevos:

“Artículo 444.- Detención previa. Antes de recibirse la solicitud formal de extradición, el Ministro de la Corte Suprema podrá decretar la detención del imputado, si así se hubiere estipulado en el tratado respectivo o lo requiriere el Estado extranjero mediante una solicitud que contemple las siguientes menciones mínimas:

a) La identificación del imputado;

b) La existencia de una sentencia condenatoria firme o de una orden restrictiva o privativa de la libertad personal del imputado;

c) La calificación del delito que motivare la solicitud, el lugar y la fecha de comisión de aquél, y

d) La declaración de que se solicitará formalmente la extradición.

La detención previa se decretará por el plazo que determinare el tratado aplicable o, en su defecto, por un máximo de dos meses a contar de la fecha en que el Estado requirente fuere notificado del hecho de haberse producido la detención previa del imputado.

Artículo 445.- Representación del Estado requirente. El ministerio público representará el interés del Estado requirente en el procedimiento de extradición pasiva, lo que no obstará al cumplimiento de lo dispuesto en su ley orgánica constitucional.

En cualquier momento, antes de la audiencia a que se refiere el artículo 450, el Estado requirente podrá designar otro representante, caso en el cual cesará la intervención del ministerio público.”.

-o-

Artículo 503

Ha pasado a ser artículo 446, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 446.- Ofrecimiento y producción de pruebas. Si el Estado requirente y el imputado quisieren rendir prueba testimonial, pericial o documental, la deberán ofrecer con a lo menos tres días de anticipación a la audiencia, individualizando a los testigos, si los hubiere, en la solicitud que presentaren. Esta prueba se producirá en la audiencia a que se refiere el artículo 450.”.

Artículo 504

Ha pasado a ser artículo 447, sustituido por el siguiente:

“Artículo 447.- Declaración del imputado. En la audiencia prevista en el artículo 450, el imputado tendrá derecho siempre a prestar declaración, ocasión en la que podrá ser libre y directamente interrogado por el representante del Estado requirente y por su defensor.”.

Artículo 505

Ha pasado a ser artículo 448, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 448.- Procedencia de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares personales. Presentada la solicitud de extradición, el Estado requirente podrá solicitar la prisión preventiva del individuo cuya extradición se requiriere, u otras medidas cautelares personales, que se decretarán si se cumplieren los requisitos que disponga el tratado respectivo o, en su defecto, los previstos en el Título V del Libro I.”.

Artículo 506

Lo ha suprimido.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo 449, nuevo:

“Artículo 449.- Libertad provisional y otras medidas cautelares. En cualquier estado del procedimiento se podrá conceder la libertad provisional del imputado de acuerdo a las reglas generales, pero el ministro de la Corte Suprema tomará las medidas que estimare necesarias para evitar la fuga del imputado.”.

-o-

Artículo 507

Ha pasado a ser artículo 450, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 450.- Audiencia en la extradición pasiva. La audiencia será pública, y a su inicio el representante del Estado requirente dará breve cuenta de los antecedentes en que se funda la petición de extradición. Si fuere el ministerio público, hará saber también los hechos y circunstancias que obraren en beneficio del imputado.

A continuación se rendirá la prueba testimonial, pericial o documental que las partes hubieren ofrecido.

Una vez rendida la prueba, si el imputado lo deseare podrá prestar declaración y, de hacerlo, podrá ser contrainterrogado.

En caso de que se hubiere rendido prueba o hubiere declarado el imputado, se le concederá la palabra al representante del Estado requirente, para que exponga sus conclusiones.

Luego, se le concederá la palabra al imputado para que, personalmente o a través de su defensor, efectuare las argumentaciones que estimare procedentes.”.

Artículo 508

Ha pasado a ser artículo 451, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 451.- Fallo de la extradición pasiva. El tribunal concederá la extradición si estimare comprobada la existencia de las siguientes circunstancias:

a) La identidad de la persona cuya extradición se solicitare;

b) Que el delito que se le imputare o aquél por el cual se le hubiere condenado sea de aquéllos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad con los principios de derecho internacional, y

c) Que de los antecedentes del procedimiento pudiere presumirse que en Chile se deduciría acusación en contra del imputado por los hechos que se le atribuyen.

La sentencia correspondiente se dictará, por escrito, dentro de quinto día de finalizada la audiencia.”.

Artículo 509

Ha pasado a ser artículo 452, sustituido por el siguiente:

“Artículo 452.- Recursos en contra de la sentencia que falla la petición de extradición. En contra de la sentencia que se pronunciare sobre la extradición procederán el recurso de apelación y el recurso de nulidad, el que sólo podrá fundarse en una o más de las causales previstas en los artículos 375, letra a), y 376. Corresponderá conocer de estos recursos a la Corte Suprema.

En el evento de interponerse ambos recursos, deberán deducirse en forma conjunta en un mismo escrito, uno en subsidio del otro y dentro del plazo previsto para el recurso de apelación.

La Corte Suprema conocerá del recurso en conformidad a las reglas generales previstas en este Código para la tramitación de los recursos.”.

Artículo 510

Ha pasado a ser artículo 453, sustituido por el siguiente:

“Artículo 453.- Sentencia que concede la extradición pasiva. Ejecutoriada que fuere la sentencia que concediere la extradición, el ministro de la Corte Suprema pondrá al sujeto requerido a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sea entregado al país que la hubiere solicitado.”.

Artículo 511

Ha pasado a ser artículo 454, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 454.- Sentencia que deniega la extradición pasiva. Si la sentencia denegare la extradición, aun cuando no se encontrare ejecutoriada, el ministro de la Corte Suprema procederá a decretar el cese de cualquier medida cautelar personal que se hubiere decretado en contra del sujeto cuya extradición se solicitare.

Ejecutoriada la sentencia que denegare la extradición, el ministro de la Corte comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores el resultado del procedimiento, incluyendo copia autorizada de la sentencia que en él hubiere recaído.”.

Artículo 512

Ha pasado a ser artículo 455, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 455.- Desistimiento del Estado requirente. Se sobreseerá definitivamente en cualquier etapa del procedimiento en que el Estado requirente se desistiere de su solicitud.”.

Artículo 513

Ha pasado a ser artículo 456, sustituido por el siguiente:

“Artículo 456.- Extradición pasiva simplificada. Si la persona cuya extradición se requiriere, luego de ser informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda, con asistencia letrada, expresa ante el ministro de la Corte Suprema que conociere de la causa, su conformidad en ser entregada al Estado solicitante, el ministro concederá sin más trámite la extradición, procediéndose en este caso en conformidad con el artículo 453.”.

Artículo 514

Ha pasado a ser artículo 457, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 457.- Procedencia de la aplicación de medidas de seguridad. En el proceso penal sólo podrá aplicarse una medida de seguridad al enajenado mental que hubiere realizado un hecho típico y antijurídico y siempre que existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas.”.

Artículo 515

Ha pasado a ser artículo 458, sustituido por el siguiente:

“Artículo 458.- Supletoriedad de las normas del Libro Segundo para la aplicación de medidas de seguridad. El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad se rige por las reglas contenidas en este Título y en lo que éste no prevea expresamente, por las disposiciones del Libro Segundo, en cuanto no fueren contradictorias.”.

Artículo 516

Ha pasado a ser artículo 459, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado su inciso tercero por el siguiente:

“La internación se efectuará en la forma y condiciones que se establecieren en la sentencia que impone la medida. Cuando la sentencia dispusiere la medida de custodia y tratamiento, fijará las condiciones de éstos y se entregará al enajenado mental a su familia, a su guardador, o a alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad.”.

Artículo 517

Ha pasado a ser artículo 460, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 460.- Imputado enajenado mental. Cuando en el curso del procedimiento aparecieren antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el ministerio público o el juez de garantía, de oficio o a petición de parte, solicitará el informe psiquiátrico correspondiente, explicitando la conducta punible que se investiga en relación a éste. El juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere.”.

Artículo 518

Ha pasado a ser artículo 461, sustituido por el siguiente:

“Artículo 461.- Designación de curador. Existiendo antecedentes acerca de la enajenación mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem designado al efecto.”.

Artículo 519

Ha pasado a ser artículo 462, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 462.- Actuación del ministerio público. Si el fiscal hallare mérito para sobreseer temporal o definitivamente la causa, efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el artículo 279, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas generales.

Con todo, si al concluir su investigación, el fiscal estimare concurrente la causal de extinción de responsabilidad criminal prevista en el artículo 10, número 1º, del Código Penal y, además, considerare aplicable una medida de seguridad, deberá solicitar que se proceda conforme a las reglas previstas en este Título.”.

Artículo 520

Ha pasado a ser artículo 463, sustituido por el siguiente:

“Artículo 463.- Requerimiento de medidas de seguridad. En el caso previsto en el inciso segundo del artículo anterior, el fiscal requerirá la medida de seguridad, mediante solicitud escrita, que deberá contener, en lo pertinente, las menciones exigidas en el escrito de acusación.

El fiscal no podrá, en caso alguno, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento.

En los casos previstos en este artículo, el querellante podrá acompañar al escrito a que se refiere el artículo 292 los antecedentes que considerare demostrativos de la imputabilidad de la persona requerida.”.

Artículo 521

Ha pasado a ser artículo 464, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 464.- Resolución del requerimiento. Formulado el requerimiento, corresponderá al juez de garantía declarar que el sujeto requerido se encuentra en la situación prevista en el artículo 10, número 1º, del Código Penal. Si el juez apreciare que los antecedentes no permiten establecer con certeza la inimputabilidad, rechazará el requerimiento.

Al mismo tiempo, dispondrá que la acusación se formulare por el querellante, siempre que éste se hubiere opuesto al requerimiento del fiscal, para que la sostuviere en lo sucesivo en los mismos términos que este Código establece para el ministerio público. En caso contrario, ordenará al ministerio público la formulación de la acusación conforme al trámite ordinario.

Los escritos de acusación podrán contener peticiones subsidiarias relativas a la imposición de medidas de seguridad.”.

Artículo 522

Ha pasado a ser artículo 465, sustituido por el siguiente:

“Artículo 465.- Reglas especiales relativas a la aplicación de medidas de seguridad. Cuando se procediere en conformidad a las normas de este Párrafo, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

a) El procedimiento no se podrá seguir conjuntamente contra sujetos enajenados mentales y otros que no lo fueren;

b) El juicio se realizará a puerta cerrada, sin la presencia del enajenado mental, cuando su estado imposibilitare la audiencia, y

c) La sentencia absolverá si no se constatare la existencia de un hecho típico y antijurídico o la participación del imputado en él, o, en caso contrario, podrá imponer al inimputable una medida de seguridad.”.

Artículo 523

Ha pasado a ser artículo 466, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero, ha reemplazado los guarismos “170 y 171” por “140 y 141” y la expresión “hacen” por “hicieren”.

En su inciso segundo, ha reemplazado la referencia al “Título VI” por “Título V”.

Artículo 524

Lo ha suprimido.

Párrafo 3º Imputado que cae en enajenación durante el procedimiento

Ha suprimido el epígrafe y su denominación.

Artículo 525

Ha pasado a ser artículo 467, con las siguientes modificaciones:

En su inciso primero, ha sustituido las expresiones “juez de control de la instrucción” por “juez de garantía” y “de los fiscales del ministerio público” por “del fiscal”.

En su inciso tercero, ha reemplazado la palabra “instrucción” por “investigación”.

Título VIII

Ejecución penal y civil

Ha reemplazado su epígrafe “Ejecución penal y civil” por el siguiente: “Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad”.

-o-

Ha incorporado a continuación el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo 1º. Intervinientes”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha contemplado en el Párrafo 1º, nuevo, al artículo 145 como artículo 468, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 468.- Intervinientes. Durante la ejecución de la pena o de la medida de seguridad, sólo podrán intervenir ante el competente juez de garantía el ministerio público, el imputado y su defensor.

El condenado o el curador, en su caso, podrán ejercer durante la ejecución de la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgare.”.

-o-

Párrafo 1º

Ejecución de sentencias condenatorias penales y civiles

Ha pasado a ser Párrafo 2º, sustituyendo se epígrafe por el siguiente: “Ejecución de las sentencias”.

-o-

Como se señaló en su oportunidad, ha consultado, en el Párrafo 1º, que ha pasado a ser Párrafo 2º, el artículo 13 como artículo 469, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 469.- Normas aplicables a la ejecución de sentencias penales. La ejecución de las sentencias penales se efectuará de acuerdo con las normas de este Párrafo y con las establecidas por el Código Penal y demás leyes especiales.”.

-o-

Artículo 526

Ha pasado a ser artículo 470, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 470.- Ejecución de la sentencia penal. Las sentencias condenatorias penales no podrán ser cumplidas sino cuando se encontraren ejecutoriadas. Cuando la sentencia se hallare firme, el tribunal decretará una a una todas las diligencias y comunicaciones que se requirieren para dar total cumplimiento al fallo.

Cuando el condenado debiere cumplir pena privativa de libertad, el tribunal remitirá copia de la sentencia, con el atestado de hallarse firme, al establecimiento penitenciario correspondiente, dando orden de ingreso. Si el condenado estuviere en libertad, el tribunal ordenará inmediatamente su aprehensión y, una vez efectuada, procederá conforme a la regla anterior.

Si la sentencia hubiere concedido una medida alternativa a las penas privativas o restrictivas de libertad consideradas en la ley, remitirá copia de la misma a la institución encargada de su ejecución.

Asimismo, ordenará y controlará el efectivo cumplimiento de las multas y comisos impuestos en la sentencia, ejecutará las cauciones en conformidad con el artículo 147, cuando procediere, y dirigirá las comunicaciones que correspondiere a los organismos públicos o autoridades que deban intervenir en la ejecución de lo resuelto.”.

Artículo 527

Lo ha suprimido.

Artículo 528

Ha pasado a ser artículo 471, sustituido por el que sigue:

“Artículo 471.- Destino de las especies decomisadas. Los dineros y otros valores decomisados se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Si el tribunal estimare necesario ordenar la destrucción de las especies, se llevará a cabo bajo la responsabilidad del administrador del tribunal, salvo que se le encomendare a otro organismo público. En todo caso, se registrará la ejecución de la diligencia.

Las demás especies decomisadas se pondrán a disposición de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para que proceda a su enajenación en subasta pública, o a destruirlas si carecieren de valor. El producto de la enajenación tendrá el mismo destino que se señala en el inciso primero.”.

Artículo 529

Ha pasado a ser artículo 472, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 472.- Especies retenidas y no decomisadas. Transcurridos a lo menos seis meses desde la fecha de la resolución firme que hubiere puesto término al juicio, sin que hubieren sido reclamadas por su legítimo titular las cosas corporales muebles retenidas y no decomisadas que se encontraren a disposición del tribunal, deberá procederse de acuerdo a lo dispuesto en los incisos siguientes.

Si se tratare de especies, el administrador del tribunal, previo acuerdo del comité de jueces, las venderá en pública subasta. Los remates se podrán efectuar dos veces al año.

El producto de los remates, así como los dineros o valores retenidos y no decomisados, se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Si se hubiere decretado el sobreseimiento temporal o la suspensión condicional del procedimiento, el plazo señalado en el inciso primero será de un año.”.

Artículo 530

Ha pasado a ser artículo 473, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado la palabra “jueces” por “tribunales”.

Artículo 531

Ha pasado a ser artículo 474, sin enmiendas.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, el Título VI del Libro III pasó a ser a ser Párrafo 3º del Título VIII del Libro Cuarto, en los siguientes términos:

“Párrafo 3º Revisión de las sentencias firmes”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado el artículo 435 como artículo 475, reemplazado por el que sigue:

“Artículo 475.- Procedencia de la revisión. La Corte Suprema podrá rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se hubiere condenado a alguien por un crimen o simple delito, para anularlas, en los siguientes casos:

a) Cuando, en virtud de sentencias contradictorias, estuvieren sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no hubiere podido ser cometido más que por una sola;

b) Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se comprobare después de la condena;

c) Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal;

d) Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado, y

e) Cuando la sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez que la hubiere dictado o de uno o más de los jueces que hubieren concurrido a su dictación, cuya existencia hubiere sido declarada por sentencia judicial firme.”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha contemplado el artículo 436 como artículo 476, sustituido por el siguiente;

“Artículo 476.- Plazo y titulares de la solicitud de revisión. La revisión de la sentencia firme podrá ser pedida, en cualquier tiempo, por el ministerio público, por el condenado o por el cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos de éste. Asimismo, podrá interponer tal solicitud quien hubiere cumplido su condena o sus herederos, cuando el condenado hubiere muerto y se tratare de rehabilitar su memoria.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado el artículo 437 como artículo 477, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 477.- Formalidades de la solicitud de revisión. La solicitud se presentará ante la secretaría de la Corte Suprema; deberá expresar con precisión su fundamento legal y acompañar copia fiel de la sentencia cuya anulación se solicitare y los documentos que comprobaren los hechos en que se sustenta.

Si la causal alegada fuere la de la letra b) del artículo 475, la solicitud deberá indicar los medios con que se intentare probar que la persona víctima del pretendido homicidio hubiere vivido después de la fecha en que la sentencia la supone fallecida; y si fuere la de la letra d), indicará el hecho o el documento desconocido durante el proceso, expresará los medios con que se pretendiere acreditar el hecho y se acompañará, en su caso, el documento o, si no fuere posible, se manifestará al menos su naturaleza y el lugar y archivo en que se encuentra.

La solicitud que no se conformare a estas prescripciones o que adolezca de manifiesta falta de fundamento será rechazada de plano, decisión que deberá tomarse por la unanimidad del tribunal.

Apareciendo interpuesta en forma legal, se dará traslado de la petición al fiscal, o al condenado, si el recurrente fuere el ministerio público; en seguida, se mandará traer la causa en relación, y, vista en la forma ordinaria, se fallará sin más trámite.”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha contemplado el artículo 438 como artículo 478, sustituido por el siguiente:

“Artículo 478.- Improcedencia de la prueba testimonial. No podrá probarse por testigos los hechos en que se funda la solicitud de revisión.”.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado el artículo 439 como artículo 479, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 479.- Efectos de la interposición de la solicitud de revisión. La solicitud de revisión no suspenderá el cumplimiento de la sentencia que se intentare anular, a menos que el fallo impusiere la pena de muerte.

Con todo, si el tribunal lo estimare conveniente, en cualquier momento del trámite podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y aplicar, si correspondiere, alguna de las medidas cautelares personales a que se refiere el Párrafo 6º del Título V del Libro Primero.”.

-o-

Como se indicó en su oportunidad, ha contemplado el artículo 440 como artículo 480, sustituido por el siguiente:

“Artículo 480.- Decisión del tribunal. La resolución de la Corte Suprema que acogiere la solicitud de revisión declarará la nulidad de la sentencia.

Si de los antecedentes resultare fehacientemente acreditada la inocencia del condenado, el tribunal además dictará, acto seguido y sin nueva vista pero separadamente, la sentencia de reemplazo que corresponda.

Asimismo, cuando hubiere mérito para ello y así lo hubiere recabado quien hubiere solicitado la revisión, la Corte podrá pronunciarse de inmediato sobre la procedencia de la indemnización a que se refiere el artículo 19, Nº 7, letra i), de la Constitución Política.”.

-o-

Artículo 441

Lo ha suprimido.

Artículo 442

Lo ha suprimido.

-o-

Como se expresó en su oportunidad, ha considerado el artículo 443 como artículo 481, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 481.- Efectos de la sentencia. Si la sentencia de la Corte Suprema o, en caso de que hubiere nuevo juicio, la que pronunciare el tribunal que conociere de él, comprobare la completa inocencia del condenado por la sentencia anulada, éste podrá exigir que dicha sentencia se publique en el Diario Oficial a costa del Fisco y que se devuelvan por quien las hubiere percibido las sumas que hubiere pagado en razón de multas, costas e indemnización de perjuicios en cumplimiento de la sentencia anulada.

El cumplimiento del fallo en lo atinente a las acciones civiles que emanan de él será conocido por el juez de letras en lo civil que corresponda, en juicio sumario.

Los mismos derechos corresponderán a los herederos del condenado que hubiere fallecido.

Además, la sentencia ordenará, según el caso, la libertad del imputado y la cesación de la inhabilitación.”.

-o-

Ha incluido el siguiente artículo 482, nuevo:

“Artículo 482.- Información de la revisión en un nuevo juicio. Si el ministerio público resolviere formalizar investigación por los mismos hechos sobre los cuales recayó la sentencia anulada, el fiscal acompañará en la audiencia respectiva copia fiel del fallo que acogió la revisión solicitada.”.

-o-

Artículo 444

Lo ha suprimido.

-o-

Párrafo 2º

Ejecución de medidas de seguridad

Ha pasado a ser Párrafo 4º.

Artículo 532

Ha pasado a ser artículo 483, en los siguientes términos:

“Artículo 483.- Duración y control de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad impuestas al enajenado mental sólo podrán durar mientras subsistieren las condiciones que las hubieren hecho necesarias, y en ningún caso podrán extenderse más allá de la sanción restrictiva o privativa de libertad que hubiere podido imponérsele o del tiempo que correspondiere a la pena mínima probable, el que será señalado por el tribunal en su fallo.

Se entiende por pena mínima probable, para estos efectos, el tiempo mínimo de privación o restricción de libertad que la ley prescribiere para el delito o delitos por los cuales se hubiere dirigido el procedimiento en contra del sujeto enajenado mental, formalizado la investigación o acusado, según correspondiere.

La persona o institución que tuviere a su cargo al enajenado mental deberá informar semestralmente sobre la evolución de su condición al ministerio público y a su curador o a sus familiares, en el orden de prelación mencionado en el artículo 108.

El ministerio público, el curador o familiar respectivo podrá solicitar al juez de garantía la suspensión de la medida o la modificación de las condiciones de la misma, cuando el caso lo aconsejare.

Sin perjuicio de lo anterior, el ministerio público deberá inspeccionar, cada seis meses, los establecimientos psiquiátricos o instituciones donde se encontraren internados o se hallaren cumpliendo un tratamiento enajenados mentales, en virtud de las medidas de seguridad que se les hubieren impuesto, e informará del resultado al juez de garantía, solicitando la adopción de las medidas que fueren necesarias para poner remedio a todo error, abuso o deficiencia que observare en la ejecución de la medida de seguridad.

El juez de garantía, con el solo mérito de los antecedentes que se le proporcionaren, adoptará de inmediato las providencias que fueren urgentes, y citará a una audiencia al ministerio público y al representante legal del enajenado mental, sin perjuicio de recabar cualquier informe que estimare necesario, para decidir la continuación o cesación de la medida, o la modificación de las condiciones de aquélla o del establecimiento en el cual se llevare a efecto.”.

Artículo 533

Ha pasado a ser artículo 484, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 484.- Condenado que cae en enajenación mental. Si después de dictada la sentencia, el condenado cayere en enajenación mental, el tribunal, oyendo al fiscal y al defensor, dictará una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad y dispondrá, según el caso, la medida de seguridad que correspondiere. El tribunal velará por el inmediato cumplimiento de su resolución. En lo demás, regirán las disposiciones de este Párrafo.”.

-o-

Ha incorporado el siguiente Título Final:

“Título Final

Entrada en vigencia de este Código”

-o-

Ha incorporado en el Título Final la disposición transitoria Segunda, que pasó a ser artículo 485, con la siguiente modificación:

Ha reemplazado la expresión “delitos cometidos” por “hechos acaecidos”.

-o-

Ha incorporado los artículos 486 y 487, nuevos, del siguiente tenor:

“Artículo 486.- Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir, para las distintas regiones del país, al término de los plazos que establece el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En consecuencia, regirá para las regiones de Coquimbo y de la Araucanía desde el 16 de diciembre de 2000; para las regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule desde el 16 de octubre de 2001; para la Región Metropolitana de Santiago desde el 16 de octubre de 2002 y para las regiones de Tarapacá, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Bío-Bío, de Los Lagos, de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 16 de octubre de 2003.

En el caso de las Regiones Metropolitana de Santiago y de las que deben seguirla, la vigencia de este Código estará condicionada a la vigencia de la ley que crea la Defensoría Penal Pública.

Artículo 487.- Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el extranjero. Este Código se aplicará, a partir de su entrada en vigencia en la Región Metropolitana de Santiago, respecto de aquellos hechos que acaecieren en el extranjero y fueren de competencia de los tribunales nacionales.

Asimismo, se aplicará a partir de esa fecha, a las solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que recibiere la Corte Suprema. En consecuencia, los ministros de esa Corte a quienes, en virtud del artículo 52, Nº 3, del Código Orgánico de Tribunales, correspondiere conocer las extradiciones pasivas solicitadas con anterioridad, continuarán aplicando el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal.”.

-o-

Disposiciones Transitorias

Ha suprimido el epígrafe.

Primera

La ha suprimido.

Segunda

Como se expresó en su oportunidad, la ha incorporado como artículo 485, en el Título Final, en los términos que se indicó.

-o-

Ha incorporado el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- Reglas para la aplicación de las penas por tribunales con competencia en lo criminal sujetos a distintos procedimientos. Si una persona hubiere cometido distintos hechos, debido a los cuales fuere juzgada por un juzgado de letras del crimen o con competencia en lo criminal, con sujeción al Código de Procedimiento Penal, y también lo fuere por un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal conforme a este Código, en el pronunciamiento de las sentencias condenatorias que se dictaren con posterioridad a la primera se estará a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.”.

-o-

Lo que comunico a V. E. en respuesta a su oficio Nº 1.815, de 21 de enero de 1998.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario (S) del Senado”.

3. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 13 de julio de 2000.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 12 del mes en curso, a solicitud de su Excelencia el Presidente de la República , ha acordado disponer el archivo del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.516, de 1980, sobre división de predios rústicos, incluyendo normas sobre desarrollo urbano y requisitos de urbanización. (Boletín Nº 1484-01).

Con tal propósito, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa honorable Cámara, a fin de proceder en tal sentido.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario (S) del Senado”.

4. Segundo Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado. (boletín 2454-19-2)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Ciencias y Tecnología pasa a informaros un proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, iniciado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.

MINUTA PREVIA

Los artículos 1º, 2º, y 4º del proyecto de ley en informe son de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60, Nº 7 de la Constitución Política de la República, en razón de que es previsible que el empréstito que se autoriza contratar, tendrá un vencimiento que excederá el actual y el próximo período presidencial.

El crédito de US$ 20.000.000 se pagará en un plazo de veinticinco años, con un período de gracia de ocho años.

La idea central de esta iniciativa legal es autorizar a la Universidad de Chile para contratar uno o más empréstitos por la cantidad total de US$ 20.000.000.-, con el objeto de financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico y autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.

-o-

La Comisión, en este trámite reglamentario, recibió a las siguientes personas, en representación de las instituciones que se indican, las que entregaron sus observaciones respecto de la materia en análisis.

- Johnny Carrasco , Alcalde de la I. Municipalidad de Pudahuel ;

-Patricio Rojas Saavedra , Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre ;

- José Antonio Gómez Lemus , Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo;

- Eduardo Correa Martínez , Subdirector de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana;

- Luis Mariano Rendón E., Director de la Coordinadora Ecologista , y

- Patricio Herman Pacheco , Director de la Agrupación Defendamos La Ciudad .

-o-

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace mención de lo siguiente:

I. ARTÍCULOS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.

Se encuentran en esta situación los siguientes artículos: 2º y 5º.

I a).- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Se hace presente que el señor Presidente de la Comisión diputado señor Juan Ramón Núñez , en uso de sus atribuciones reglamentarias, declaró inadmisibles las siguientes indicaciones por las razones que en cada caso se indican:

Al artículo 1º

a) De los señores Melero y Luksic para agregar a continuación de la palabras “Parque Científico-Tecnológico”, lo siguiente “y el Metropolitano Público de acuerdo a lo señalado en el decreto Nº 350, del Ministerio de Bienes Nacionales.”.

-Por establecerse una carga y obligación financiera al Fisco (artículo 62, inciso tercero de la Constitución Política de la República).

Al artículo 3º

b) Del señor Melero para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3º.- La Universidad de Chile deberá llamar a propuesta pública para seleccionar a las empresas que se encargarán del diseño y la construcción del Parque Científico-Tecnológico y del Parque Metropolitano Público, según lo establece el decreto Nº 350, del Ministerio de Bienes Nacionales”.

c) De los señores Melero y Luksic para agregar a continuación de las palabras “Parque Científico-Tecnológico”, lo siguiente “y el Metropolitano Público de acuerdo a lo señalado en el decreto Nº 350, del Ministerio de Bienes Nacionales”.

-Por establecerse una carga y obligación financiera al Fisco (artículo 62, inciso tercero de la Constitución Política de la República).

Artículo nuevo

d) De los señores Orpis , Correa, Dittborn y Díaz , para agregar el siguiente artículo 6º, nuevo:

“Artículo 6º.- Cualquier préstamo que sea garantizado por el Estado, deberá ser administrado a través de una sociedad anónima”.

-Por exceder la idea matriz del proyecto de ley en informe (artículo 24 de la ley Nº 18.918, ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y artículo 66 de la Constitución Política de la República).

II. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Los artículos 1º, 2º y 4º del proyecto de ley son de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60, Nº 7 de la Constitución Política de la República, en razón de que es previsible que el empréstito que se autoriza contratar, tendrá un vencimiento que excederá el actual y el próximo período presidencial.

Se informó a la Comisión que el crédito de US$ 20.000.000.- se pagará en un plazo de veinticinco años, con un período de gracia de ocho años.

III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

En este trámite, la Comisión no suprimió artículo alguno.

IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS.

No se modificó artículo alguno.

V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

La Comisión no introdujo artículo alguno al proyecto de ley en informe.

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No corresponde que en este trámite, la Comisión de Hacienda conozca del proyecto de ley en informe.

VII. INDICACIONES RECHAZAS POR LA COMISIÓN.

La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

Al artículo 1º

a) Del señor Errázuriz para sustituir la expresión “para contratar uno o más empréstitos en el país o en el exterior”, por la siguiente: “para contratar uno o más empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Rechazada por unanimidad.

Al artículo 4º, inciso primero

b) De los señores Dittborn , García Ruminot y Vilches para sustituir la letra “a” que figura entre las palabras “Estado” y “las obligaciones” por lo siguiente: “al 40% de”.

Rechazada por mayoría de votos.

-o-

En consecuencia, vuestra Comisión de Ciencias y Tecnología os propone que aprobéis el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Autorízase a la Universidad de Chile, por el plazo de dieciocho meses a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, para contratar uno o más empréstitos en el país o en el exterior, hasta por la cantidad total de US$ 20.000.000 o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional, con el objeto de financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico, en el sector de Laguna Carén, en la Región Metropolitana.

Artículo 2º.- El servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer por esta ley, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la Universidad de Chile.

Artículo 3º.- La Universidad de Chile deberá llamar a propuesta pública para seleccionar las empresas que se encargarán de la construcción del Parque Científico-Tecnológico.

Artículo 4º.- Autorízase al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones provenientes de los empréstitos que contrate la Universidad de Chile en virtud de la autorización que se le concede por esta ley.

La autorización que se otorga al Presidente de la República , deberá ser ejercida mediante uno o más decretos expedidos a través del Ministerio de Hacienda. En tales decretos se establecerán las modalidades para el otorgamiento de la garantía del Estado, entre las que deberá considerarse el debido resguardo del interés fiscal involucrado y la facultad de pactar las estipulaciones y asumir los compromisos que sean usuales en los mercados financieros internacionales, en relación con las obligaciones que se contraigan.

Artículo 5º.- La Universidad de Chile dará las facilidades del caso para que el Parque Científico-Tecnológico sea visitado por delegaciones de estudiantes de cualquier nivel de enseñanza, sin costo para éstos, con el objeto de promover e incentivar el interés de la juventud por la ciencia y la tecnología.”.

-o-

Se designó diputado informante al señor Gutenberg Martínez Ocamica .

Sala de la Comisión 13 de julio de 2000.

Acordado en sesión de fechas 21 de junio y 5 y 12 de julio de 2000, con asistencia de los diputados señores: Juan Ramón Núñez ( Presidente ); Patricio Cornejo ; Sergio Correa ; Carlos Abel Jarpa ; Carlos Ignacio Kuschel ; Gutenberg Martínez ; Enrique Krauss (en reemplazo de don Pablo Lorenzini) ; Enrique Van Rysselberghe y Carlos Vilches .

(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión ”.

5. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, con objeto de establecer la obligación de revisar el proyecto de cálculo estructural. (boletín Nº 2470-14).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informaros sobre el proyecto de ley singularizado en el epígrafe, iniciado en moción de la señora Caraball , doña Eliana , y de los señores Encina, don Francisco ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Jiménez, don Jaime ; Letelier, don Felipe ; Montes, don Carlos ; Pareto, don Luis ; Tuma, don Eugenio , y Urrutia, don Salvador , para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, en dos oportunidades, los días 5 de junio y 10 de julio de este año, en el carácter de “simple”.1

I. INTRODUCCIÓN.

Hasta 1980 la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones contemplaba la revisión de los proyectos estructurales, a cargo del ingeniero municipal, para las comunas que concentraban un mayor número de edificaciones en altura; procedimiento que, en los hechos, se amplió a todo tipo de construcciones, aun cuando dicha exigencia no estuviera establecida en esos términos.2

A partir de 1980 se puso fin al revisor de proyectos de estructuras, al dejarse expresa constancia que no le corresponde a la Dirección de Obras Municipales revisar los cálculos de estabilidad.3

Posteriormente, la actual Ordenanza de Urbanismo y Construcciones reafirmó el criterio precedentemente señalado, al disponer que en los casos que deban presentarse cálculos de estabilidad no corresponderá a la Dirección de Obras Municipales revisar dichos cálculos.4

En la actualidad, la ley General de Urbanismo y Construcciones contempla -para los efectos del plano de arquitectura- la figura del revisor independiente en el artículo 116 bis, establecido con motivo de la dictación de la ley Nº 19.472, de 16 de septiembre de 1996, sobre calidad de la construcción.5

El mencionado precepto señala que el revisor independiente debe comprobar que el anteproyecto, proyecto u obra cumpla con la ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. Sin embargo, dicho control no se aplica para el cálculo de estructuras, que es de exclusiva responsabilidad de los proyectistas.6

Finalmente, por medio de una modificación a la actual Ordenanza, se reiteró lo anteriormente expuesto en el sentido de que no compete al Director de Obras Municipales ni al revisor independiente revisar los cálculos de estabilidad.7

En base a las consideraciones expuestas, puede colegirse que en la actualidad no existe la revisión del proyecto de cálculo, es decir, no se revisa que el diseño estructural se encuentre bien proyectado antes de construir las obras. Además, no se establecen requisitos especiales habilitantes para los profesionales responsables de los proyectos de cálculo, pudiendo ser cualquiera de aquellos indicados en el artículo 17 de la citada ley, esto es, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles.

II. FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN.

Al decir de los autores de la moción, es de primordial importancia asegurar la calidad de los proyectos de estabilidad estructural, toda vez que en el mundo entero se ha ido avanzando en establecer controles que aseguren, por medio de la revisión de los proyectos estructurales, la mejor calidad de los mismos y, como consecuencia, mejores condiciones de asismicidad de las construcciones que cumplen las instrucciones del proyecto.8

Según da cuenta la moción parlamentaria son variados los antecedentes que se tuvieron en vista para considerar la idea de legislar en el sentido propuesto por la iniciativa legal.

En efecto, resulta indiscutida la incidencia de los eventos sísmicos en el mejoramiento de la calidad de la construcción en Chile y en la necesidad de establecer un sistema de control, revisión y fiscalización de los proyectos de cálculo estructural. Así lo han demostrado los terremotos de Valparaíso, ocurrido en 1906; Chillán , en 1939; del sur de Chile, en 1960, y Santiago , en 1985, acontecimientos que han permitido acumular conocimientos importantes en materia de proyectos de ingeniería estructural, ejecución de las obras y sistemas de construcción.

Por otra parte, no puede desconocerse, según lo autores del proyecto, que el prestigio internacional de los profesionales chilenos que ejercen la ingeniería estructural, la tradición de la buena calidad de la construcción a cargo de las empresas constructoras chilenas y la competencia en el oficio por parte de los obreros del rubro, se reflejan en la confianza que se tiene respecto de la asismicidad de las edificaciones en nuestro país, todo ello producto que la base fundamental de la buena calidad de construcción antisísmica la constituyen los mejoramientos constantes a través del tiempo y la mantención del rigor de la calidad de los proyectos de ingeniería estructural a partir de los cuales se ejecutan las obras.

Especialmente importantes de tener en cuenta son los factores de riesgo que, a juicio de los autores de la iniciativa legal, hacen necesario un sistema de control de los proyectos de estructuras, con objeto de evitar el progresivo deterioro de su calidad y rigurosidad. Dichos factores inciden en materias de diversa índole, como las que a continuación se explican.

A partir de 1980, se eliminó la revisión de los proyectos de estructuras, en razón de que bastaba con la regulación del propio mercado y que la materia podía ser entregada al arbitrio de los prestigiados calculistas chilenos considerando, por tanto, innecesaria la segunda mirada.

En efecto, la Ordenanza General de Construcciones contemplaba la figura del ingeniero municipal encargado de la revisión de los proyectos de cálculo estructural para las comunas que concentraban la mayor cantidad de edificaciones en altura; procedimiento que adquirió una relevancia tal que se tradujo en una costumbre que conllevó a que las revisiones de los proyectos de estabilidad estructural se ampliara, en los hechos, a todo tipo de construcciones, aun cuando la ordenanza no lo exigiera.

Por otra parte, al decir de los autores, es necesario tener en cuenta la presencia de una arquitectura cada vez más audaz que requiere de proyectos más delicados y con mayores consideraciones, como una forma de evitar el aumento de los riesgos sísmicos.

Además, expresan, no puede desconocerse la falta de especialización de la enseñanza universitaria en la disciplina de la ingeniería estructural, cuestión que ha sido advertida persistentemente por la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, que ha sostenido que la enseñanza de ingeniería -hoy impartida por más de treinta centros de estudios- forma ingenieros que no cuentan con la debida acreditación del tipo o calidad de la ingeniería impartida quienes, a mayor abundamiento, no pueden ser objeto de juicio ético por parte del respectivo colegio, por carecer de competencia para ello.

Los autores de la moción aluden asimismo al factor de riesgo que dice relación con la amplia utilización de soluciones estructurales de marco rígido que, por razones de tipo técnico, exigen una alta rigurosidad en la definición del cálculo.

Se refieren también al creciente acceso a programas computacionales creados para resolver, de forma meramente automática, el diseño de las estructuras, previa simulación de las solicitaciones sísmicas, cuestión que hace más necesaria aún la revisión profesional de los proyectos. Según los especialistas, dichos programas provocan una sobre confianza precisamente en los proyectistas de poca experiencia, facilitándoles no tomar en consideración diversas cuestiones propias de nuestro país, del usuario mismo, o de la experiencia profesional que lo circunda.

Según lo expresan los autores de la moción parlamentaria los factores de riesgo reseñados han aumentado en los últimos 20 años en nuestro país, cuestión que, como se ha indicado, ha coincidido con el término de la revisión de los proyectos, todo lo cual constituye un grave riesgo para un país sísmico como el nuestro, manifestándose en la disminución creciente de la confianza en la calidad y seguridad de los proyectos de cálculo.

III. IDEA MATRIZ Y CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto establece la consagración legal del principio de la revisión obligatoria de los proyectos de cálculo estructural, al objeto de asegurar la asismicidad de las construcciones. Al efecto, se entrega a la potestad reglamentaria la definición práctica de su aplicación mediante un sistema ágil, flexible, eficiente, riguroso y moderno.

La idea matriz se concreta mediante la incorporación de dos artículos en la ley General de Urbanismo y Construcciones, del modo que se indica a continuación:

a) Por medio del artículo 116.1 bis, nuevo, se hace obligatoria la contratación de la revisión del proyecto de cálculo estructural respecto de propietarios que soliciten un permiso o la aprobación de un proyecto y la recepción definitiva de una obra. La revisión la efectuará un tercero independiente del profesional u oficina que haya realizado el proyecto sometido a revisión.

Como una forma de instaurar un mecanismo flexible y eficaz, se entrega a la Ordenanza la competencia para la determinación de los casos en que la revisión del proyecto de cálculo estructural será obligatoria; el alcance de la revisión y aspectos que han de ser objeto de examen, y los requisitos habilitantes que deben cumplir los profesionales que actúen como revisores;

b) Mediante una norma transitoria, se otorga un plazo de 90 días al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que modifique la Ordenanza respectiva, en orden a regular las materias señaladas con precedencia, para cuyo objeto debe recabar la opinión de universidades y agrupaciones profesionales de prestigio en materia de cálculo estructural, a fin de acordar criterios para la formación de los registros de revisores y definir la fórmula más adecuada para administrar el sistema de revisores, en cuanto a su composición o representación en la dirección de la misma.

IV. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.

A. Discusión general.

Vuestra Comisión tuvo presente en la discusión en general las opiniones vertidas por connotados especialistas nacionales con motivo de la celebración de una audiencia pública sobre sismicidad, que se celebró el día 20 de octubre de 1999.9

Con ocasión del estudio del proyecto, hubo consenso de parte de los representantes del Ejecutivo acerca de su importancia, atendidas las características sísmicas existentes en el país; los altos costos de reparación de los daños que pueden producirse a consecuencia de los sismos; la experiencia internacional existente en lo relativo a la aplicación de un sistema de revisión independiente de los proyectos de cálculo, y la práctica de las grandes empresas chilenas en cuanto a materializar, hoy en día, la revisión del cálculo estructural.

Sin embargo, hicieron presente la necesidad de dar una nueva redacción a la normativa propuesta, manteniendo su espíritu, pero restringiendo su aplicación en el sentido de que la revisión debe hacerse antes de otorgarse el permiso de edificación, lo que se materializó por medio de una indicación sustitutiva.10

Por su parte, los especialistas consultados11 recalcaron la conveniencia de crear un sistema obligatorio, con objeto de que la revisión sea ejercida por personas debidamente acreditadas, asumiendo las responsabilidades correspondientes.

Adujeron que la revisión del proyecto de cálculo de estructuras se justifica porque constituye un intangible, el que como tal, no es susceptible de ser revisado por cualquier profesional; los conocimientos universitarios impartidos en las carreras de ingeniería no bastan para ejercer la especialidad, y la existencia de trabajos elaborados por profesionales extranjeros no guardan relación con las características y comportamiento sísmico de nuestro país.

Se señaló en el seno de la Comisión la conveniencia de establecer en la ley una determinada responsabilidad para el revisor que, en ningún caso, ha de ser superior a la del calculista, para cuyo efecto se propuso establecer la responsabilidad subsidiaria de éste con el revisor, como una forma de garantizar un sistema de revisión serio y seguro.

Se propuso, por parte de algunos señores diputados, extender la revisión obligatoria para los edificios de uso público, entregando a la Ordenanza la determinación de los casos específicos de que se trate, tales como supermercados, iglesias, estadios, etcétera.

Se sostuvo, por parte del Ejecutivo, que los costos irrogados con la incorporación obligatoria de la revisión pasan a formar parte del proyecto de cada vivienda, que la revisión integral se estima de un costo de alrededor de un 4 % del valor total y que, respecto de las viviendas Serviu, ha de ser financiado por el propio Ministerio.

Hubo coincidencia de pareceres en la Comisión respecto de la conveniencia de legislar sobre la materia, en atención a que se comparte la finalidad de la moción en orden a prevenir y aminorar los efectos de los sismos con objeto de ofrecer a la población mayores grados de seguridad respecto de las construcciones en general.

-Puesta en votación la idea de legislar, la Comisión la aprobó por asentimiento unánime.

B. Discusión particular.

Hubo consenso en la Comisión en orden a enmarcar la discusión particular sobre la base del artículo único propuesto por el Ejecutivo , y a desechar el texto formulado en el proyecto, del modo que se indica a continuación:

ARTÍCULO ÚNICO

Número 1

Por medio de este número, el Ejecutivo propone agregar el siguiente artículo 116 bis A), nuevo:

“Artículo 116 bis A).- En los casos que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones lo exija, los propietarios que soliciten un permiso de construcción de obras deberán contratar la revisión del proyecto de cálculo estructural con un profesional, distinto del que lo haya realizado, que cuente con inscripción vigente en un registro que para estos efectos mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá el alcance, las condiciones y demás aspectos que se deberá contemplar en la revisión del cálculo estructural.

El reglamento que se dicte para el registro a que se refiere el inciso primero, establecerá los requisitos de inscripción, las causales de inhabilidad, de incompatibilidad y de amonestación, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones. Sin perjuicio de dichas sanciones, los revisores de cálculo estructural serán subsidiariamente responsables con los profesionales que hubieren efectuado el cálculo estructural.”.

-Se deja constancia que la Comisión acordó, por unanimidad, discutir y votar separadamente cada uno de los incisos de este número.

En relación con el inciso primero, se esgrimieron opiniones en el sentido de que ambas propuestas -tanto de los autores de la moción como la del Ejecutivo- establecen la obligatoriedad de la revisión del cálculo estructural, entregando a la Ordenanza el detalle de su reglamentación, en lo que se refiere a los casos en que procedería, sus alcances, aspectos que serán objeto de revisión y requisitos habilitantes de los profesionales y revisores.

Se sostuvo, sin embargo, de parte de algunos señores diputados, que la proposición del Ejecutivo relativiza las normas con precedencia aludidas, al señalar que es la Ordenanza la que establecerá los casos en que la revisión será obligatoria, por cuanto puede ocurrir que ésta no fije los casos en que la revisión se haga exigible.12

La representante del Ejecutivo expresó que el texto propuesto obedece a la idea de explicitar que, en principio, sólo se haría necesaria la existencia de una única revisión del proyecto en el momento de solicitar un permiso y que, en la medida que se efectúen cambios sustanciales a aquél, ameritaría una nueva revisión respecto de cambios de estructura que se hubieren introducido.

Hubo consenso entre los miembros de la Comisión en orden a elaborar un nuevo texto del inciso primero, de modo tal de consagrar en la ley la obligatoriedad de la revisión para los edificios de uso público y las demás edificaciones que determine la respectiva Ordenanza, tanto en el momento del otorgamiento del permiso de edificación como en el de la recepción final de la obra, en la medida que hubiere experimentado cambios significativos, manteniendo el criterio sustentado por los autores de la moción.

En cumplimiento del acuerdo anterior, las señoras Caraball , doña Eliana ; González , doña Rosa , y Pérez , doña Lily , y los señores García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Jiménez, don Jaime ; Letelier, don Felipe , y Montes, don Carlos , presentaron la siguiente indicación que sustituye el inciso primero:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los propietarios que soliciten un permiso o la aprobación de un proyecto de edificio de uso público y de las edificaciones que determine la Ordenanza General, y la recepción definitiva de la obra correspondiente, deberán contratar la revisión del proyecto de cálculo estructural respectivo por parte de un tercero independiente del profesional u oficina profesional que haya realizado el proyecto que se somete a revisión y que cuente con inscripción vigente en un registro que para estos efectos mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

Respecto de los incisos segundo y tercero, hubo consenso en estimar que incorporan los criterios que, a juicio de los autores de la moción, deben regularse a través de la Ordenanza General.

En cuanto al inciso segundo, se aclaró que el proyecto no sólo es aplicable para sismos sino que también para estructuras y que en tal sentido hay factores adicionales que deben ser considerados, tales como, el viento, las aguas, etc., todos los cuales se incluyen en la expresión “los demás aspectos que se deberá contemplar en la revisión de cálculo estructural” que contiene tanto el proyecto como la propuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, se hizo presente que la actual red sismológica no cumple con los requerimientos de las diversas zonas del país, por tratarse de una normativa única que, como tal, no se adecua a los diferentes requerimientos exigidos según la zona geográfica del país que se trate.

En concordancia con lo anterior, las señoras Caraball , doña Eliana ; González , doña Rosa , y Pérez , doña Lily , y los señores García, don René Manuel ; Jiménez, don Jaime ; Montes, don Carlos , y Pérez, don Víctor , presentaron una indicación que intercala en el inciso segundo, entre las expresiones “las condiciones” y “y demás”, la frase “diversidades geográficas”.

-Puesto en votación el inciso segundo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

-Por asentimiento unánime fue aprobado, sin debate, el inciso tercero, conjuntamente con el número 1.

Número 2

Por medio de este número, el Ejecutivo propone reemplazar el inciso tercero del artículo 142, por el siguiente:

“Los revisores independientes y los revisores de cálculo estructural, tendrán igualmente libre acceso a todas las obras de edificación que les corresponda informar.”.

El objeto de esta modificación es conceder a los revisores de cálculo estructural las mismas franquicias que poseen los revisores independientes respecto de las obras de edificación que les corresponda informar.

En relación con esta propuesta, se aclaró que en dicho precepto se entienden incluidas las memorias y registros escritos que tengan relación con las obras.

-Puesto en votación este número, fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

Número 3

Por medio de este número, el Ejecutivo propone agregar el siguiente artículo transitorio:

“Artículo transitorio.- Dentro del plazo de ciento ochenta días desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, se deberá modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones a objeto de regular los casos y condiciones en que deberán realizarse las revisiones a que se refiere la presente ley.”

Esta proposición difiere de la contenida en el número 2 del proyecto, en lo relativo a otorgar un mayor plazo para reglamentar las modificaciones introducidas a aquél y en orden a suprimir la obligación de recabar las opiniones de universidades y agrupaciones profesionales de reconocido prestigio en el momento de regular la materia objeto del proyecto.

-Puesto en votación este número, fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

V. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:

1º El artículo único del proyecto es norma de rango común.

2º No requiere de informe de la Comisión de Hacienda.

3º Fue aprobado, tanto en general como en particular, por unanimidad.

4º Se rechazaron los números 1 y 2 del proyecto, los que fueron reemplazados por un artículo único, sobre la base de una indicación sustitutiva del Ejecutivo.

5º De conformidad con el artículo 15 del Reglamento, se han introducido en el texto del proyecto diversas modificaciones formales que no se ha estimado del caso explicitar.

VI. TEXTO APROBADO.

En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, os dará a conocer el señor diputado informante , la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y Construcciones:

1. Agrégase, a continuación del artículo 116 bis, el siguiente artículo 116 bis A), nuevo, pasando el actual a ser artículo 116 bis B):

“Artículo 116 bis A).- Los propietarios que soliciten un permiso o la aprobación de un proyecto para edificios de uso público y edificaciones que determine la Ordenanza General, y la recepción definitiva de las obras correspondientes, deberán contratar la revisión del proyecto de cálculo estructural respectivo por parte de un tercero independiente del profesional u oficina profesional que haya realizado el proyecto que se somete a revisión y que cuente con inscripción en un registro que para estos efectos mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá el alcance, las condiciones, diversidades geográficas y demás aspectos que se deberá contemplar en la revisión del cálculo estructural.

El reglamento que se dicte para el registro a que se refiere el inciso primero, establecerá los requisitos de inscripción, las causales de inhabilidad, de incompatibilidad y de amonestación, suspensión y eliminación del registro por incumplimiento de obligaciones. Sin perjuicio de dichas sanciones, los revisores de cálculo estructural serán subsidiariamente responsables con los profesionales que hubieren efectuado el cálculo estructural.”.

2. Reemplázase el inciso tercero del artículo 142, por el siguiente:

“Los revisores independientes y los revisores de cálculo estructural, tendrán igualmente libre acceso a todas las obras de edificación que les corresponda informar.”.

3. Agrégase el siguiente artículo transitorio:

“Artículo transitorio.- Dentro del plazo de ciento ochenta días desde la publicación de esta ley, se deberá modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con objeto de regular los casos y condiciones en que deberán realizar las revisiones a que se refiere el artículo 116 bis A)”.”

-o-

Se designó diputado informante al señor Hales, don Patricio .

Sala de la Comisión, a 14 de julio de 2000.

Tratado y acordado en sesiones de 7, 14 y 21 de junio y de 5 y 12 de julio de 2000 y en reunión de comité de 21 de junio del mismo año, conforme se consigna en las actas correspondientes, con la asistencia del diputado señor Hales, don Patricio ( Presidente ), de las diputadas señoras Caraball , doña Eliana ; González , doña Rosa , y Pérez , doña Lily , y de los diputados señores Caminondo, don Carlos ; García, don René Manuel ; Jiménez, don Jaime ; Letelier, don Felipe ; Montes, don Carlos ; Pérez, don Víctor ; Pareto, don Luis , y Venegas, don Samuel .

(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogado Secretaria de la Comisión ”.

8. Informe de la Comisión Especial encargada de proponer medidas legales y/o administrativas en favor de Bomberos de Chile sobre el proyecto de ley que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios bomberos en actos de servicio. (boletín Nº 2471-06).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial encargada de proponer medidas legales y/o administrativas en favor de Bomberos de Chile pasa a informaros sobre el proyecto de ley, de origen en moción suscrita por diez señores diputados, mediante la cual se os propone establecer normas especiales para proteger la seguridad de los voluntarios bomberos en actos de servicio.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

A) Origen y fundamento jurídico de la iniciativa legal.

Esta iniciativa legal tuvo su origen en los trabajos que vuestra Comisión ha efectuado para dar cumplimiento al cometido que la honorable Cámara tuvo a bien encomendarle mediante el proyecto de acuerdo aprobado en la sesión de Sala del día 14 de julio de 1999, en orden a informaros acerca de las medidas legales y/o administrativas que convenga propiciar o sugerir para que los Cuerpos de Bomberos continúen desarrollando con eficacia el servicio público que con abnegación cumplen en todo el país.

En el curso de los trabajos que vuestra Comisión, hubo consenso entre sus diputados miembros en considerar que para reconocer y facilitar la acción de los bomberos voluntarios chilenos, es de la mayor urgencia y prioridad adoptar medidas legales que, por una parte, mejoren y actualicen las indemnizaciones y beneficios que los bomberos voluntarios tienen derecho a recibir por los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan en o con ocasión de actos de servicio, y, por otra, colmen los vacíos legales que actualmente impiden aplicar sanciones específicas a quienes agreden o perturban la acción de bomberos voluntarios durante el ejercicio de sus funciones en beneficio de la Comunidad, lo mismo que a quienes dan falsas alarmas de siniestros o emergencias que movilizan inútilmente a los voluntarios y sus equipos.

Para mejorar las indemnizaciones y beneficios señalados, vuestra Comisión estudia las modificaciones al decreto ley Nº 1.757, de 1977, que su Excelencia el Presidente de la República os ha propuesto en el proyecto de ley boletín Nº 1124-06, en primer trámite constitucional, y sobre el cual se os informará próximamente.

Respecto de las proposiciones normativas para proteger la seguridad de los bomberos voluntarios en actos de servicio, vuestra Comisión acordó proponerlas mediante una moción suscrita, para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 62 de la Constitución Política de la República, por diez de sus diputados miembros, iniciativa legal que, precisamente, motiva este informe.

Los diputados firmantes, según el orden de sus firmas, son los honorables señores Enrique Krauss Rusque ; Sergio Ojeda Uribe ; Baldo Prokurica Prokurica ; Jorge Ulloa Aguillón ; Gustavo Alessandri Valdés ; Carlos Abel Jarpa Webar ; José Miguel Ortiz Novoa ; Jaime Naranjo Ortiz ; Salvador Urrutia Cárdenas , y Francisco Encina Moriamez .

B) Fundamentos de hecho de la iniciativa legal.

Como con lo señalan los honorables diputados firmantes, la Comisión pudo comprobar la existencia de vacíos legales que impiden aplicar sanciones específicas a quienes agreden o perturban la acción de voluntarios durante el ejercicio de sus funciones en beneficio de la comunidad, lo mismo a quienes dan falsas alarmas de siniestros o emergencias que movilizan inútilmente a los voluntarios y sus equipos.

Sobre la ocurrencia de estos hechos, vuestra Comisión tomó conocimiento en su sesión del 15 de septiembre de 1999, de la agresión de que fue víctima un voluntario del cuerpo de bomberos de San Miguel el día 14 del mismo mes, mientras cumplía servicio en la extinción de un siniestro, lo que, posteriormente, fue confirmado por el ministro del Interior en su oficio Nº 564, del 29 de octubre de 1999.

Como antecedente del citado oficio, se adjunta el oficio Nº 789, de 27 de octubre de 1999, del General Director de Carabineros de Chile, quien, después de describir los hechos, agrega, a mayor abundamiento, que es común que pobladores de un sector amagado por un incendio impidan la labor de bomberos con el objeto de provocar desorden o aprovecharse de las consecuencias del siniestro, es especial cuando el fuego afecta a un local comercial o a empresas que pueden ser utilizadas para robos, hurtos o saqueos.

Agrega, el General Director de Carabineros que el hecho de agredir a un voluntario mientras se desempeña en funciones propias del servicio, con resultado de lesiones leves, no constituye una figura delictiva especial y a su respecto, sólo se podrá tipificar la falta de lesiones prevista en el artículo 494, Nº 5, del Código Penal, que sanciona a su autor con la pena de multa de una a cuatro UTM. Tampoco existe alguna circunstancia agravante referida a la especial función que cumple la víctima, que permita elevar la sanción antes señalada.

Por otra parte, la Junta Nacional de Bomberos de Chile, por intermedio de su Presidente , señor Gustavo Hinzpeter Blumsack , en la sesión del 17 de noviembre de 1999, sugirió que se incorporara, entre estas medidas, la sanción de las falsas alarmas de incendios o de emergencias, por los daños que estos actos producen en la economía de las Compañías de Bomberos, al provocar la movilización innecesaria de voluntarios, vehículos y equipos técnicos, y por afectar la seguridad de la población y el uso óptimo de los escasos recursos con que se dispone para hacer frente a los siniestros. Hizo ver que, sin embargo, quienes de mala fe provocan estas falsas alarmas no reciben sanción legal específica alguna.

Como lo indican, los honorables diputados autores de esta iniciativa legal, un ejemplo de falsa alarma pública es la producida el 18 de abril de 1999, en Puerto Varas, por cuatro individuos que alertaron a bomberos, hospitales y Carabineros sobre el volcamiento de una camioneta con resultado de muerte para seis personas en el sector de Fresia, en un lugar no determinado con precisión. Las operaciones de auxilio y rescate efectuadas por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas movilizaron a voluntarios y carrobombas desde las 21.30 horas del día 18 de abril hasta las 04.00 horas del día siguiente, en tres salidas a terreno. La primera, involucró la participación de un comandante y ocho voluntarios; en la segunda, participaron un comandante, veinticinco voluntarios, dos móviles y dos automóviles que recorren 138 kilómetros en la búsqueda de las falsas víctimas, y una tercera, con 6 voluntarios y dos automóviles, con un recorrido de 160 kilómetros, con el mismo resultado. Todo esto provocó al Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas un gasto total de $ 612.500 pesos, según informe que su Comandancia entregó con fecha 20 de abril de 1999 al Superintendente de Cuerpos de Bomberos de Puerto Varas .

Los antecedentes expuestos ilustran a la honorable Cámara acerca del alcance de los vacíos legales que el proyecto en informe os propone colmar.

II. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política; 24 y 32 de la ley Nº 18.918, y 267 y 287 del Reglamento de la honorable Cámara se os consigna que la idea matriz o fundamental de esta iniciativa legal es sancionar, según los casos, con las penas de los delitos de homicidio; de lesiones corporales; de atentados y desacatos contra la autoridad o de desórdenes públicos, aumentadas en un grado, a quienes, incurran en agresiones físicas a voluntarios bomberos en actos de servicio; impidan o entorpezcan sus tareas de combate de un siniestro o emergencia, o entreguen falsas alarmas de siniestros o emergencias.

III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY.

Esta iniciativa de ley consta de tres artículos.

El artículo 1º dispone que el que mate, hiera o agreda de hecho a un voluntario en acto de servicio incurrirá en las penas de los artículos 391, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, aumentadas en un grado, según corresponda, los que sancionan el delito de homicidio, el primero de los artículos citados, y el de lesiones corporales, los otros cuatro.

El artículo 2º propone sancionar a quien turbare la actuación de un voluntario en actos de servicio o mientras se dirige a una emergencia incurrirá en las penas del delito de desórdenes públicos sancionado en el artículo 269 del Código Penal, agravadas en un grado.

El artículo 3º hace aplicable a quien entregue falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública las penas que el artículo 268 del Código Penal, contempla para quien ocasionare tumulto o exaltare al desorden en el despacho de una autoridad o una corporación pública, agravadas en un grado.

IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

En el estudio de esta iniciativa legal participaron, especialmente invitados, los señores Octavio Hinzpeter Blumsak, Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, y Fernando Acuña, Prosecretario de la misma entidad, quienes emitieron opiniones generales favorables a esta iniciativa.

Atendido que los fundamentos y propósitos de este proyecto de ley son plenamente compartidos por sus diputados miembros, vuestra Comisión decidió, sin debate, aprobarlo, por unanimidad, en general y particular, a la vez.

Concurrieron a la unanimidad, los votos de los señores Ulloa Aguillón, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); Alessandri Valdés, don Gustavo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Krauss Rusque, don Enrique ; Moreira Barros, don Iván ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Naranjo Ortiz, don Jaime ; Prokurica Prokurica, don Baldo , y Urrutia Cárdenas, don Salvador .

V. MENCIONES REGLAMENTARIAS.

Para los efectos reglamentarios pertinentes se os hace constar que este proyecto de ley no contiene disposiciones de quórum calificado, de rango orgánico constitucional o de aquellas que deban ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda.

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, más las razones que os podrá agregar el honorable diputado informante , el texto del proyecto de ley que vuestra Comisión somete a vuestra consideración es el siguiente:

“Proyecto de ley:

Artículo 1º.- El que mate, hiera o agreda de hecho a un voluntario de Cuerpos de Bomberos en acto de servicio incurrirá en las penas de los artículos 391, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal, aumentadas en un grado, según corresponda.”.

Artículo 2º.- El que turbare la actuación de voluntarios de Cuerpos de Bomberos en actos de servicio o mientras se dirigen a una emergencia incurrirá en las penas del artículo 269 del Código Penal, agravadas en un grado.”.

Artículo 3º.- El que entregue falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública incurrirá en las penas del artículo 268 del Código Penal.”.

VII. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE .

Esta designación recayó por unanimidad en el honorable diputado Enriue Krauss Rusque, Presidente de la Comisión.

-o-

Discutido y despachado en la sesión del día 5 de julio de 2000, con la asistencia de los diputados señores Ulloa Aguillón, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); Alessandri Valdés, don Gustavo ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Krauss Rusque, don Enrique ; Moreira Barros, don Iván ; Naranjo Ortiz, don Jaime ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Ortiz Novoa, don José Miguel ; Prokurica Prokurica, don Baldo , y Urrutia Cárdenas, don Salvador .

Sala de la Comisión, a 5 de julio de 2000.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.