Labor Parlamentaria

VII. Otros documentos de la Cuenta.

1. Comunicación:

-Del Diputado señor Kuschel quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 7 de agosto en curso.

2. Oficios:

Corte Suprema

-De la Corporación, Ministro en Visita para esclarecer los hechos ocurridos en la “Operación Albania”.

Contraloría General de la República

-Del Diputado señor Munizaga, presuntas irregularidades en el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

-Del Diputado señor Jürgensen, presuntas irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

-Del Diputado señor Valcarce, no pago por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil de horas extraordinarias.

Ministerio de Justicia

-Del Diputado señor Arancibia, sustitución del régimen de nombramiento y gestión de los Conservadores.

Ministerio de Salud

-Del Diputado señor Joaquín Palma, diversos aspectos de la atención primaria de salud municipal.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

-Del Diputado señor José García, proyecto de Pavimentación Participativa.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

-Del Diputado señor Salvador Urrutia, tratamiento indemnizatorio al personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Ministerio de Planificación y Cooperación

-Del Diputado señor Jürgensen, atención a personas con discapacidad.

-Del Diputado señor Arancibia, subsidio al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

Comisión Nacional de Energía

-De los Diputados señores Encina y Morales, uso de energía nuclear en Chile.

Municipalidad de Arica

-Del Diputado señor Valcarce, permisos de construcción entre 1993 y 1996.

Municipalidad de Temuco

-Del Diputado señor Huenchumilla, sede social Villa el Salar; adelantos sector Pichi-Cautín.

-Del Diputado señor José García, extensiones alumbrado público.

Municipalidad de Ñuñoa

-Del Diputado señor Espina, reparación de la calzada de Av. Pedro Lautaro Ferrer esquina Manuel Montt.

III. ACTAS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 27ª se encuentra a disposición de los honorables diputados.

IV. CUENTA

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

V. OBJETO DE LA SESIÓN

VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de agosto de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Internacional sobre la Utilización de Estaciones Terrenas de Barco de Inmarsat en el Mar Territorial y en los Puertos, adoptado en Londres, el 16 de octubre de 1985, y suscrito por Chile el 18 de octubre de 1990.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 520, de 2 de marzo de 1995.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

2. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 6 de agosto de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (Inmarsat) y al Acuerdo de Explotación de Telecomunicaciones Marítimas (Inmarsat) adoptadas en la Décima Asamblea Extraordinaria de la Organización, celebrada en Londres el 9 de diciembre de 1994.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1153, de 20 de junio de 1996.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

3. Oficio del Senado. Aprueba la Resolución A. 735 (18), adoptada por la Asamblea Ordinaria de la Organización Marítima Internacional del 4 de noviembre de 1993, por el cual se enmiendan los artículos 16, 17 y 19 B), del convenio constitutivo de dicho organismo internacional. (boletín Nº 1887-10)(S)

Con motivo del mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébase la Resolución A. 735 (18), adoptada por la Asamblea Ordinaria de la Organización Marítima Internacional el 4 de noviembre de 1993, por la cual se enmiendan los artículos 16, 17 y 19 b) del Convenio Constitutivo de dicho Organismo Internacional.”.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

“Mensaje Nº 102-333

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la Resolución A. 735 (18), adoptada por la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) el 4 de noviembre de 1993, que introduce diversas enmiendas al Convenio Constitutivo de dicho Organismo Internacional, publicado en el Diario Oficial de 20 de abril de 1972.

El objetivo fundamental de las enmiendas es aumentar de 32 a 40 el número de miembros del Consejo de OMI y, consecuencialmente, el quórum para sesionar, en atención a que en los últimos años se han hecho parte del Convenio numerosos Estados, ascendiendo a 152 miembros al 31 de julio de 1995, lo cual hace imperativo que el Consejo sea integrado con representantes de los Estados con mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales, en el comercio marítimo internacional o con intereses especiales en el transporte marítimo o en la navegación y cuya integración en el Consejo garantice la representación de todas las grandes regiones geográficas del mundo.

Debe destacarse al respecto la importancia que revisten estas enmiendas para nuestro país, porque puede postular con fundadas posibilidades a ser miembro del Consejo de OMI, ya que reúne ampliamente los requisitos anteriormente señalados, que deberán ser debidamente apreciados cuando se designen los miembros del Consejo.

Finalmente, debe señalarse para mejor comprensión de las enmiendas, que éstas deben entenderse formuladas a los actuales artículos 16, 17 y 19 (b) del Convenio Constitutivo de OMI, luego de las modificaciones introducidas a su texto por la Resolución 400 (x), de 17 de diciembre de 1977, de la Asamblea Ordinaria de OMI, publicada en el Diario Oficial de 7 de septiembre de 1979.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestro conocimiento, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo Único.- Apruébase la Resolución A. 735 (18), adoptada por la Asamblea Ordinaria de la Organización Marítima Internacional el 4 de noviembre de 1993, por la cual se enmiendan los artículos 16, 17 y 19 b) del Convenio Constitutivo de dicho Organismo Internacional.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro de Relaciones Exteriores ; EDMUNDO PÉREZ YOMA , Ministro de Defensa Nacional .”

OMI

Resolución A. 735 (18)

Aprobada el 4 de noviembre de 1993

ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE

LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

LA ASAMBLEA

Recordando que en su decimoséptimo período de sesiones ordinario varias delegaciones expresaron su preocupación acerca de los resultados de las elecciones al Consejo para el bienio 1992-1993,

Tomando nota de que, en su 68º período de sesiones el Consejo de la OMI estableció un grupo especial de trabajo de participación abierta a todos los Estados Miembros para examinar posibles enmiendas de las disposiciones relativas a las elecciones al Consejo,

Tomando nota con satisfacción de que las necesarias revisiones del Convenio constitutivo de la OMI se han iniciado todas en el seno de la Organización y se han examinado en un clima de buena voluntad y avenencia y adoptado con el acuerdo general de los Miembros,

Habiendo examinado las enmiendas al Convenio constitutivo de la OMI, recomendadas por el grupo especial de trabajo sobre las elecciones al Consejo y aprobadas por éste en su 69º período de sesiones.

1. Adopta las enmiendas a los artículos 16, 17 y 19 del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, cuyos textos figuran en el anexo de la presente resolución;

2. Pide al Secretario General de la Organización que deposite las enmiendas adoptadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Convenio constitutivo de la OMI, y que se haga cargo de los instrumentos de aceptación y declaraciones tal como dispone el artículo 68; y

3. Invita a los miembros de la Organización a que, una vez que hayan recibido copias de estas enmiendas, las acepten lo antes posible, transmitiendo el oportuno instrumento de aceptación al Secretario General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Convenio.

ANEXO

ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE

LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

PARTE VI

El Consejo

Artículo 16

Sustitúyase el texto del artículo 16 por el siguiente:

“El Consejo estará integrado por cuarenta Miembros elegidos por la asamblea.”

Artículo 17

Sustitúyase el texto del artículo 17 por el siguiente:

“En la elección de Miembros del Consejo, la Asamblea observará los siguientes criterios:

a) diez serán Estados con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales;

b) diez serán otros Estados con los mayores intereses en el comercio marítimo internacional;

c) veinte serán los Estados no elegidos con arreglo a lo dispuesto en a) y b), que tengan intereses especiales en el transporte marítimo o en la navegación y cuya integración en el consejo garantice la representación de todas las grandes regiones geográficas del mundo.”

Artículo 19 b)

Sustitúyase el texto del artículo 19 b) por el siguiente:

“b) veintiséis Miembros del Consejo constituirán quórum.”

Conforme con su original.

(Fdo.): MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI , Subsecretario de Relaciones Exteriores .”

4. Oficio del Senado. Aprobación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la octava reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York, el 22 de mayo de 1995. (boletín Nº 1838-10)(S)

Con motivo del mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébase la Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Octava Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York, el 22 de mayo de 1995.”.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

“Mensaje Nº 416-332

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración la Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Octava Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York el 22 de mayo de 1995.

Chile suscribió dicha Convención el 17 de julio de 1980 y depositó el Instrumento de Ratificación el 7 de diciembre de 1989. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la misma, entró en vigor para nuestro país el 6 de enero de 1990. En el ámbito interno fue promulgada por el Decreto Supremo Nº 789, de fecha 27 de octubre de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 9 de diciembre de 1989.

Ahora bien, como se dijo, en la Octava Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York el 22 de mayo de 1995, se acordó sustituir el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención por el siguiente texto:

“El Comité se reunirá normalmente todos los años para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. La duración de las reuniones del Comité será determinada por una Reunión de los Estados Partes en la presente Convención, y estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General”.

El texto que se modifica reza a la letra: “1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención”.

De modo que la enmienda propuesta elimina el plazo en que debe reunirse el Comité para examinar los informes, el que ahora será determinado en una Reunión de los Estados Partes y estará sujeto a la aprobación de la Asamblea General.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo Único.- Apruébase la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Octava Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York el 22 de mayo de 1995.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro de Relaciones Exteriores .”

Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada a la

Octava Reunión de los Estados Partes el 22 de mayo de 1995

1. Deciden sustituir el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por el siguiente texto:

“El Comité se reunirá normalmente todos los años para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. La duración de las reuniones del Comité será determinada por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, y estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General.”;

2. Recomiendan que la Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesiones, tome nota con aprobación de la revisión;

3. Deciden que la revisión entre en vigor después de haber sido examinada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes que así se lo hayan notificado al Secretario General como depositario de la Convención.

Conforme con su original.

(Fdo.): CRISTIÁN BARROS MELET , Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante .

5. Oficio del Senado. Aprobación del Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y Argentina para la supresión de la legalización consular en las venias y autorizaciones de viajes de menores de edad. (boletín Nº 1916-10)(S)

Con motivo del mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para la supresión de la legalización consular en las venias y autorizaciones de viajes de menores de edad”, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1996.”.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

“Mensaje Nº 217-333

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Argentina para la Supresión de la Legali-

zación Consular en las venias y autorizaciones de viajes de menores de edad, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1996.

El propósito del presente Acuerdo, tal como se establece en el Artículo 1º del mismo, es el de flexibilizar los mecanismos de salida de los menores del país, eliminando para ello la intervención o legalización consular en las venias o autorizaciones de viaje de los menores de edad argentinos y chilenos o menores extranjeros residentes en cualquiera de los dos países, que viajen al territorio del otro Estado.

En consecuencia, se suprime tanto la legalización que deben efectuar los cónsules chilenos en las venias de viaje de los menores de edad argentinos o menores extranjeros residentes en la República Argentina, como la que a su vez estampan los cónsules argentinos en las autorizaciones de viajes de los menores de edad chilenos o menores extranjeros residentes en la República de Chile cuando viajan a uno u otro país, respectivamente.

Las disposiciones del Acuerdo constituyen así una excepción al procedimiento de legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que tengan, como tales, valor en Chile, contemplado en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y a las disposiciones sobre extranjeros en Chile, contenidas en el decreto ley Nº 1094, Ley de Extranjería, Artículo 16 Nº 4 y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 597, de Interior, de fecha 24 de noviembre de 1984, Artículo 27 Nº 4, que señalan, respectivamente, que podrá impedirse el ingreso a Chile de los menores de 18 años que viajen al país sin ser acompañados de su padre, madre, o guardadores y carezcan de autorización escrita de uno de ellos o de tribunal competente, debidamente refrendado por la autoridad chilena.

En mérito de lo expuesto y teniendo presente que mediante este instrumento internacional se favorece la circulación de personas y el intercambio turístico entre Chile y Argentina, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Argentina para la Supresión de la Legalización Consular en las venias y autorizaciones de viajes de menores de edad, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1996.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA Salinas , Ministro de Relaciones Exteriores .

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA SUPRESIÓN DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR EN LAS VENIAS Y AUTORIZACIONES DE VIAJES DE MENORES DE EDAD

La República de Chile y la República Argentina;

Conscientes de que la exigencia de la legalización consular en las autorizaciones de viaje de menores de edad no favorece la fluidez de la circulación de personas y el intercambio turístico entre ambos países;

Teniendo presente el permanente propósito de ambos Gobiernos de facilitar el tránsito de personas entre ambos países y así propender a un más efectivo proceso de integración entre las dos naciones;

Acuerdan:

ARTÍCULO 1º

Las Partes acuerdan suprimir la exigencia de la intervención o legalización consular en las venias o autorizaciones de viaje de los menores de edad argentinos y chilenos, o menores extranjeros residentes en cualquiera de los dos países, que viajen al territorio del otro Estado.

ARTÍCULO 2º

Se reconocerán como válidas para el ingreso o egreso de menores al territorio del otro país, las venias o autorizaciones otorgadas ante las autoridades internas competentes, debidamente refrendadas según la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 3º

El presente Acuerdo entrará en vigor dos meses después que las Partes se comuniquen recíprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales de aprobación. Tendrá una duración indefinida y podrá ser denunciado mediante la notificación por la vía diplomática de una de las Partes a la otra, denuncia que tendrá efecto a los sesenta días de su notificación.

Hecho en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares igualmente auténticos.

Por la República de Chile; Por la República Argentina.

Conforme con su original.

(Fdo.): MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI , Subsecretario de Relaciones Exteriores .”

6. Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida contra los Ministros de la Excma . Corte Suprema, señores Marcos Aburto , Osvaldo Faúndez , Servando Jordán y Enrique Zurita .

“Honorable Cámara:

La Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida contra los cuatro Ministros de la Excma . Corte Suprema señalados en el epígrafe, entrega su informe, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

La acusación se origina en un libelo presentado el 10 de julio de 1997 con la firma de los honorables Diputados señoras Allende , doña Isabel ; Pollarolo , doña Fanny ; Saa, doña María Antonieta ; y los señores Aguiló, don Sergio ; Letelier, don Felipe ; Jeame Barrueto, don Víctor ; Estévez, don Jaime ; Pérez, don Aníbal ; Morales, don Sergio , y Valenzuela, don Felipe , y se formula por la causal de notable abandono de sus deberes, consultada en la letra c) del Nº2) del artículo 48 de la Constitución Política de la República. De ella se dio cuenta en la sesión 19ª del 15 de julio de 1997.

En esa misma sesión se procedió a elegir, a la suerte, y con exclusión de los acusadores, de los miembros de la Mesa y de los diputados que estuvieran con permiso constitucional, una comisión de cinco diputados que resultó integrada por los señores Diputados don José Luis González Rodríguez, doña Marina Prochelle Aguilar, don Teodoro Ribera Neumann, don Jorge Schaulsohn Brodsky y don Salvador Urrutia Cárdenas .

La acusación fue notificada por el Secretario de la Corporación el día 18 de julio de 1997 por oficios números 1190, 1191, 1192 y 1193, dirigidos a los señores Marcos Aburto , Osvaldo Faúndez , Servando Jordán y Enrique Zurita , los que fueron entregados al Secretario de la Excma . Corte Suprema, don Carlos Meneses .

Con fecha 16 de julio del presente la Comisión elegida procedió a constituirse, designando como su Presidente al honorable Diputado señor Jorge Schaulsohn Brodsky.

La Comisión celebró un total de ocho sesiones.

La Comisión contó con la asistencia de taquígrafos, de manera que existen Actas circunstanciadas del debate y de todo lo ocurrido en sus sesiones. Dichas Actas fueron impresas y puestas oportunamente a disposición de los señores diputados, como asimismo lo fueron los documentos recibidos en el transcurso de sus sesiones.

Las invitaciones o citaciones acordadas por la Comisión fueron cursadas por la Secretaría, según las circunstancias, por simple oficio o por fax. En todo caso, la mayoría de ellas, fueron notificadas con anticipación o reiteradas telefónicamente, con el objeto de permitir la oportuna asistencia de las personas citadas, en atención al breve plazo que restaba para informar. Se deja constancia que no todos los invitados concurrieron al requerimiento de la Comisión.

Aparte de los miembros titulares de la Comisión, honorables Diputados señores José Luis González , Jorge Schaulsohn ( Presidente ), Teodoro Ribera , Marina Prochelle y Salvador Urrutia , concurrieron a sus sesiones las señoras Diputadas Isabel Allende , Fanny Pollarolo , María Antonieta Saa y Martita Wörner , los Diputados señores Sergio Aguiló , Nelson Ávila , Carlos Bombal , Guillermo Ceroni , Andrés Chadwick , Jaime Estévez, Luis Valentín Ferrada , René Manuel García , Cristián Leay , Arturo Longton , Pablo Longueira , Zarko Luksic , Sergio Morales , Pedro Muñoz , Jaime Naranjo , Darío Paya , Aníbal Pérez , Waldo Prokuriça , Rodolfo Seguel , Felipe Valenzuela, José Antonio Viera-Gallo .

Concurrieron, además, el ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Arica , señor Hernán Olate Melo , el Fiscal de la Corte de Apelaciones de Arica de la época, señor Jorge Morales Palma ; el Seremi de Justicia de la I Región, don Arturo Zegarra Williams ; el secretario de la época del Primer Juzgado de Arica , don Julio Mazuelos Ramos; el ex Ministro de Justicia , don Francisco Cumplido Cereceda ; el relator de la E. Corte Suprema, don Jorge Correa Selame ; el abogado del procesado Luis Correa Ramírez , señor Arturo Sanhueza Santana ; los funcionarios de Carabineros del OS-7 de Arica que intervinieron en la diligencias del proceso que se siguió contra Luis Correa Ramírez , capitanes Alejandro Valenzuela y Jorge Muñoz ; el ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado , don Guillermo Piedrabuena ; el ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, don Guillermo Ruiz Pulido , los abogados del Consejo de Defensa del Estado, señores Enrique Hernández y Pablo Sánchez Del Solar ; el abogado Procurador del Consejo de Defensa del Estado , señor Óscar López Toledo ; el Director de la Policía de Investigaciones , señor Nelson Mery , los abogados, señores Francisco Bartucevic y Jorge Torres , en representación del Presidente de la E. Corte Suprema , don Servando Jordán ; el abogado Jorge Ovalle , en representación de los Ministros de la E. Corte Suprema, señores Aburto y Faúndez , y los abogados asesores del honorable Diputado , señor José Luis González , señores César Toledo y Domingo Sánchez. ;

En la primera de ellas, junto con constituirse, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Incorporar a la cuenta y a los antecedentes de la acusación una copia autenticada del expediente Rol Nº1478-2 del Primer Juzgado del Crimen de Arica, por tráfico de estupefacientes, entregado por el honorable Senador don Sergio Bitar Chacra.

2. Citar a la Comisión a sesión para el día martes 22 de julio, para fijar el procedimiento a seguir en el trabajo de la Comisión.

3. Tener a la vista copia del acta de toda la sesión del día 16 de julio en curso de la Comisión de Acusación contra el Presidente de la Excma . Corte Suprema, don Servando Jordán .

4. Tener a la vista copia de las declaraciones de la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , doña Clara Szczaranski , ante la Comisión de Acusación contra el Presidente de la Excma . Corte Suprema don Servando Jordán , relativas al proceso por tráfico de estupefacientes seguido ante el Juzgado del Crimen de Arica ,

5. Pedir copia de los testimonios u opiniones de los juristas, que concurrieron el sábado 12 de julio ante la Comisión de Acusación contra el señor Jordán , en que precisaron el concepto que cada uno de ellos tiene sobre el “notable abandono de deberes”

6. Tener a la vista la jurisprudencia que haya, sobre lo que ha entendido el Congreso por ?notable abandono de deberes? en acusaciones constitucionales anteriores que hayan sido aprobadas.

7. Proporcionar copia del artículo firmado por el Diputado Cardemil , aparecido en el Diario “La Segunda”, del día 15 de julio pasado, sobre el tema de la Acusación Constitucional.

8. Tener a la vista los fallos mencionados por el ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado , señor Piedrabuena , en la Comisión de Acusación contra el Presidente de la Excma . Corte Suprema, don Servando Jordán

En la segunda sesión del día martes 22 se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Que las actas serán públicas, una vez aprobadas por la Comisión.

2. Que el señor Secretario de la Comisión , al término de cada sesión, informe a los medios de comunicación social lo ocurrido, en materia de acuerdos, citaciones, aprobación de actas y demás aspectos del trabajo de la Comisión.

3. Formar un expediente con todos los escritos, documentos, certificaciones de lo obrado, citaciones y actuaciones que se presenten o verifiquen durante su desempeño.

4. En cuanto a la modalidad de los interrogatorios de los diferentes invitados o personas citadas a comparecer, proceder de conformidad con el Reglamento y fijar las siguientes reglas especiales:

a. El Presidente le pedirá al Secretario que dé a conocer, en términos generales, los capítulos del libelo que hacen referencia a ellos.

b. Acto seguido, se abrirá un espacio para que el invitado o citado pueda hacer una exposición general al respecto.

c. Concluida tal intervención general, se abrirá una ronda de interrogaciones, que se iniciará con los miembros de la Comisión que deseen hacer uso de su derecho, en estricto orden alfabético.

d. El Presidente cerrará los turnos de los interrogatorios.

En lo demás, como se dijo, se procederá de acuerdo al Reglamento.

5. Respecto de la citación de personas que puedan aportar antecedentes de cargo o de descargo de la acusación constitucional, la Comisión acordó, por mayoría de votos, que se les hiciera comparecer sólo una vez recibidas las defensas de los acusados.

6. Hacer una lista de sus nombres; dirigirles oficio para anunciarles que están convocados a comparecer, adjuntándoles copia del libelo acusatorio, y en su oportunidad, dependiendo de la fecha que se reciban los descargos de los cuatro acusados, se les citará por el medio más expedito posible.

7. Oficiar a la E. Corte Suprema, para que informe quiénes fueron los funcionarios administrativos que colaboraban o intervenían en las funciones que desempeñaba el Relator de ese tribunal, señor Jorge Correa Selame , en la fecha en que se vio el Recurso de Queja, Rol 4412, de marzo de 1991 y en el tiempo posterior, hasta el 25 de junio de 1991.

8. Invitar al funcionario de Gendarmería de Chile que estaba a cargo del penal de Arica, el día 13 de mayo de 1991, en que se otorgó la libertad provisional al señor Luis Correa Ramírez . Su nombre se precisaría solicitando por oficio la información respectiva al mencionado servicio.

9. Solicitar al señor Director del Hospital Juan Noé , de Arica, que informe sobre la hora y circunstancias en que se produjo la salida en libertad desde ese recinto hospitalario, del detenido Luis Correa Ramírez .

10. Oficiar al Juez Instructor de la causa referida, para que remita fotocopia de los libros en que firmaba el procesado Luis Correa Ramírez , después de otorgada la libertad provisional bajo fianza.

11. Oficiar a la Embajada de los Estados Unidos, para que, si lo tiene a bien, remita los antecedentes que pueda tener la DEA sobre la red de narcotráfico que integraba el señor Luis Correa Ramírez.

12. Solicitar al Consejo de Defensa del Estado, una relación cuantitativa de los fallos recaídos en recursos de queja, relacionados con el otorgamiento de libertades provisionales a narcotraficantes, entre los años 1990 y 1992, y la forma como se fallaron.

13. Pedir a la E. Corte Suprema una estadística de las veces que actuó de oficio por cualquier causa, entre los años 1990 y 1992.

14. Citar a sesión el día miércoles 23 de julio en curso, de 11.00 a 14.00 horas.

En la sesión tercera se adoptan los siguientes acuerdos:

Ratificar la lista de invitados aprobada en la sesión pasada y agregar algunos nombres, que la dejan conformada de la siguiente manera:

1) Don Guillermo Piedrabuena , ex Presidente del Consejo de Defensa del Estado .

2) Don Guillermo Ruiz Pulido , abogado, ex funcionario del C.D.E.

3) Don Nelson Mery, Director de la Policía de Investigaciones.

4) Don Jorge Correa , Relator de la E. Corte Suprema

5) Los Ministros de la Corte de Apelaciones de Arica , de la época en que ocurrieron los hechos reseñados en la acusación, aunque en la actualidad no pertenezcan al Poder Judicial , señores Hernán Olate Melo , Andrés Díaz Cruzat , Hugo Neira Carrillo y Juan Fuentes Belmar .

6) El señor Juez instructor de la causa por narcotráfico seguida en el juzgado de Arica , Rol Nº 43.458, actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Arica , don Erico Gatica Muñoz .

7) El señor Secretario de la época del mismo tribunal, don Julio Mazuelos Ramos .

8) El abogado defensor del procesado Luis Correa Ramírez , señor Arturo Sanhueza Santana .

9) El Contador, señor Raúl Inostroza .

10) El Seremi de Justicia de Arica, señor Arturo Zegarra Williams

11) El señor Ángel Vargas Parga.

12) El honorable Diputado señor Pablo Longueira .

13) Los abogados del Consejo de Defensa del Estado, señores Enrique Hernández y Pablo Sánchez Del Solar.

14) El o los funcionarios del OS-7 de Carabineros de Arica, que intervinieron en la investigación del proceso Rol 43.458-2, sobre tráfico de estupefacientes.

15) El funcionario de Gendarmería de Chile que estaba a cargo del penal de Arica, el día 13 de mayo de 1991, en que se otorgó la libertad provisional al señor Luis Correa Ramírez .

16) El Fiscal de la Corte de Apelaciones de Arica de la época, señor Jorge Morales Palma.

17) El abogado que representaba al Consejo de Defensa del Estado en esa época, en Arica, señor Andrés Worm.

18) El ex Ministro de Justicia , don Francisco Cumplido Cereceda .

Se acuerda además:

A. Suspender las sesiones de la Comisión hasta no recibir la defensa de los acusados, sin perjuicio de la facultad de proceder sin su defensa, una vez vencido el plazo para el efecto.

B. Sesionar en la ciudad de Santiago los días viernes 01 y sábado 02 de agosto.

ANTECEDENTES TENIDOS A LA VISTA POR LA COMISIÓN

1. Libelo de Acusación Constitucional por notable abandono de deberes, contra los Ministros de la Excma . Corte Suprema, señores Marcos Aburto , Osvaldo Faúndez , Servando Jordán y Enrique Zurita .

Dos oficios del señor Secretario de la honorable Cámara:

2. Con el primero comunica que integrarán esta Comisión los honorable Diputados, señores José Luis González . Rodríguez , Marina Prochelle Aguilar , Teodoro Ribera Neumann , Jorge Schaulsohn Brodsky y Salvador Urrutia Cárdenas .

3. Con el segundo cita a la Comisión para constituirse; elegir de su seno al Presidente; fijar días y horas para sesiones ordinarias y adoptar los demás acuerdos inherentes a su cometido.

4. Un certificado del señor Secretario de la honorable Cámara , con el que comunica la nómina de los acusados a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del Nº 2 del artículo 48 de la Constitución Política de la República, que les impide ausentarse del país sin permiso de la Cámara.

Dos presentaciones:

5. Con la primera, el abogado señor Juan Pablo Bulnes Cerda , aporta antecedentes para la acusación de los Ministros señores Aburto y Faúndez , y

6. Con la segunda, el abogado, señor Jorge Ochsenius Vargas , solicita se tengan presente diversas consideraciones sobre actuaciones de la E. Corte Suprema y pide se efectúen las diligencias que indica.

7. Un legajo de antecedentes aportados por el abogado Jorge Ochsenius Vargas , que contiene documentos varios, que complementan su presentación hecha con anterioridad.

8. Un oficio del señor Secretario de la honorable Cámara, con el que da cuenta de haber recibido las defensas de los cuatros Ministros de la E. Corte Suprema, acusados constitucionalmente.

Dos escritos:

9. Con el primero el señor Presidente de la E. Corte Suprema , don Servando Jordán formula cuestión previa de inadmisibilidad, contesta la acusación, solicita diligencias y designa abogados que lo representen.

10. Con el segundo los señores Ministros de la E. Corte Suprema Marcos Aburto, Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez plantean cuestiones previas de inadmisibilidad por inconstitucionalidad, contestan la acusación y acompañan documentos.

11. Un escrito del abogado, señor Francisco Bartucevic Sánchez , con el que solicita se autorice su presencia en las diligencias y actuaciones de la Comisión, pudiendo contrainterrogar a las personas citadas o invitadas, y que se oficie al Consejo de Defensa del Estado , con el objeto que remita copia del sumario administrativo seguido en esa institución, a raíz de la queja que otorgó la excarcelación a Luis Correa .

12. Una nota del Presidente de la E. Corte Suprema por la que designa al honorable Diputado don Luis Valentín Ferrada para que sostenga su defensa en la Sala, y solicita que su defensa escrita no sea leída en la misma.

13. Una nota de la Prosecretaría de la E. Corte Suprema, que da cuenta de haberse confeccionado fotocopias autorizadas íntegras del expediente Rol Nº41.450 del Primer Juzgado de Letras de Arica, seguido en contra de Hans Kollross Eterovic y otros.

14-16. Tres notas de los Ministros de la I. Corte de Apelaciones de Arica , señores Juan Fuentes Belmar , Andrés Díaz Cruzat y Erico Gatica Muñoz , por las que informan que responderán por oficio.

17. Una nota del Ministro de la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señor Hugo Neira Carrillo, por la que comunica que responderá por oficio.

Dos notas del señor Presidente de la I. Corte de Apelaciones de Arica, don Juan Fuentes Belmar:

18. Por la primera responde acerca de los hechos a que se refiere el libelo acusatorio.

19. Por la segunda informa que el señor Ministro de esa I. Corte de Apelaciones , don Andrés Díaz Cruzat , no se encuentra en funciones pues está haciendo uso de su feriado legal, que culmina el 31 de agosto de 1997.

20. Una nota del señor Ministro de la I. Corte de Apelaciones de Arica, don Erico Gatica Muñoz, con el que responde acerca de los hechos a que se refiere el libelo acusatorio.

21. Una comunicación del honorable Diputado José Antonio Viera-Gallo , por la que adjunta antecedentes de la Drugs Enforcement Administration, DEA, sobre las actividades de Luis Correa Ramírez.

22. Un escrito del abogado don Jorge Ovalle Quiroz , con el que acompaña un estudio sobre las cuestiones previas planteadas en la respuesta por los señores Ministros. Asimismo acompaña patrocinio y poder que le otorgan para actuar en esta acusación los señores Ministros Aburto y Faúndez .

Dos oficios del señor Director Nacional de Gendarmería :

23. Por el primero, señala que el funcionario que estaba a cargo del Penal de Arica, el 13 de mayo de 1991, fecha en que se otorgó la libertad provisional a Luis Correa Ramírez era el señor Juan Segundo Lavín Ojeda , quien en esa época detentaba el cargo de Alcaide 1º, y actualmente se encuentra alejado de la institución, por destitución.

24. Por el segundo, complementa el oficio anterior, y comunica la dirección y el teléfono del ex Alcaide mayor, señor Juan Segundo Lavín Ojeda .

25. Un oficio del señor Magistrado del Primer Juzgado de Letras de Arica, por el que remite fotocopias de cada una de las hojas del libro de control de firmas de procesados excarcelados en que aparece firmando el procesado Luis Correa Ramírez, desde el 14 de mayo de 1991 hasta el 21 de enero de 1992.

26. Un oficio del señor Juez Subrogante del Primer Juzgado del Crimen de Santiago , por el que envía fotocopias autorizadas y envía la misma información anterior, en que aparece firmando el referido libro el procesado Luis Correa Ramírez , desde el 10 de febrero de 1992 hasta el 20 de julio del mismo año.

27. Una nota del Attaché Michael R. Kuhlman , de la Embajada de los Estados Unidos, por el que remite información de la Drugs Enforcement Administration, DEA, sobre las actividades del grupo que participó en la internación de 500 kgs. de cocaína en Arica en 1989.

28. Un escrito del Relator de la E. Corte Suprema, don Jorge Correa , con el que se excusa de asistir a la comparecencia de esta Comisión por encontrarse con Licencia Médica y reposo total, y, solicita se tenga a la vista las declaraciones que hiciera ante la Comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente de la E. Corte Suprema , don Servando Jordán , sobre el mismo punto que versa esta acusación. Además, respecto de la redacción de fallo que concedió la libertad al reo Correa Ramírez y de la recopilación de las firmas, pide que se tenga presente lo expuesto en la contestación a la Acusación por los Ministros señores Aburto , Zurita y Faúndez en la página 61 Nº12 de ese escrito.

29. Un oficio del Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , señor Asis Saleh Saleh , por el que comunica que se ha dispuesto la comparecencia ante la Comisión de los funcionarios del OS-7, señores Alejandro Valenzuela Anders y Jorge Muñoz Cisternas, quienes participaron en la investigación del proceso seguido en Arica.

30. Un fax del abogado Andrés Worm Drago , y otro del contador Raúl Inostroza , por los que se excusan de asistir a la sesión de esta Comisión.

31. Copia de la nota del Seremi de Justicia de la I Región, don Arturo Zegarra, remitida al Subsecretario de Justicia, en que informa sobre la situación de los tribunales en Arica.

Dos escritos presentados por el abogado Francisco Bartucevic

32. Por el primero acompaña copia del recurso de queja, seguido ante la E. Corte Suprema, Rol Nº 803 y señala que ese recurso demuestra la manifiesta diferencia en el actuar del Consejo de Defensa del Estado y su Presidente en relación al recurso de queja, que se estudia en la presente acusación constitucional.

33. Por el segundo presenta delegación de poder para actuar en esta Acusación Constitucional al abogado don Sergio Torres Balbotín.

34. Una minuta del abogado señor Francisco Cumplido sobre su participación ante esta Comisión.

35. Una minuta del abogado don Jorge Morales Palma acerca de su testimonio rendido ante esta Comisión.

36. Un escrito del abogado, señor Jorge Ochsenius Vargas, por el que solicita se tengan presente diversas consideraciones sobre actuaciones de la E. Corte Suprema y pide se efectúen las diligencias que indica.

37. Copia de la exposición efectuada por el señor Guillermo Piedrabuena ante esta Comisión.

38. Una nota del abogado Guillermo Ruiz Pulido, por la que hace presente una serie de antecedentes relacionadas con su comparecencia ante esta Comisión.

39. Una nota del señor Ministro de la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Hugo Neira Carrillo, con la que responde acerca de los hechos a que se refiere el libelo acusatorio.

40. Una nota del honorable Diputado señor Felipe Valenzuela , por la que solicita se adopte acuerdo sobre su oficio, para revisar el patrimonio de los Ministros acusados y se cite al honorable Diputado Bombal y asesor que él señale.

41. Un oficio de los Ministros de la E. Corte Suprema, señores Marcos Aburto , Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez , por la que designan al honorable Diputado don Luis Valentín Ferrada para que sostenga sus defensas en la Sala, y solicitan que sus defensas escritas no sean leídas en la misma.

42-45. Cuatro notas de los señores Ministros de la E. Corte Suprema acusados, por las que responden las dos preguntas hechas mediante oficio por esta Comisión.

Dos comunicaciones del señor Secretario de la E. Corte Suprema:

46. Por la primera adjunta copia autorizada de la resolución del Pleno de ese tribunal referido a quienes eran los funcionarios administrativos de esa Corte que participaron en toda la tramitación del recurso de queja, Rol N º 4412, de 20 de marzo de 1991

47. Por la segunda acompaña copia autorizada de la resolución del Pleno de ese tribunal referido a las veces que ese tribunal actuó de oficio entre 1991 y 1992.

48. Un escrito del abogado Francisco Bartucevic, por el que hace observaciones a la prueba y acompaña documentos.

49. Un certificado expedido por el señor Secretario de la E. Corte Suprema referido a la tramitación del recurso de queja Nº 4412-91.

50. Un listado remitido por la Presidencia de la E. Corte Suprema de recursos de quejas de 1991, en que se rechaza la orden de no innovar

Dos oficios del Presidente de la I. Corte de Apelaciones de Arica , don Juan Fuentes Belmar:

51. Por el primero responde el remitido por esta Comisión, e informa que no obra en poder de esa Corte el cuaderno de libertad formado en los autos Rol Nº 43.458-2, de ingreso del Primer Juzgado de Arica , por tráfico de estupefacientes seguidos contra Hans Kollross Eterovic y otros, en que consta la libertad provisional concedida al procesado Luis Correa Ramírez , su otorgamiento y egreso

52. Por el segundo complementa el anterior y comunica que el cuaderno de libertad en que constan los antecedentes sobre la libertad del encausado Luis Correa Ramírez , se encuentra agregado a fojas 1.087 y siguientes del Tomo III de la causa Rol Nº43.458-2, seguidos en contra de Hans Kollross Eterovic y otros, y en particular el oficio Nº44 de esta Corte de 13 de mayo de 1991 y el cúmplase de primera instancia ordenando la libertad de dicho procesado y su egreso rolan a fojas 1.138, 1.138 vta. y 1.139 del citado Tomo.

53. Copia remitida por la Corte de Apelaciones de Arica, sobre las actuaciones posteriores a la resolución de la C. Suprema de 13 de mayo de 1991, que dejó en libertad a Luis Correa Ramírez y su salida del Hospital de Arica.

54. Un oficio del Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , don Asis Saleh Saleh , por el que acompaña una minuta que se refiere a la detención de Luis Correa Ramírez junto a otras personas por tráfico de drogas e incautación de 500 Kgs. de cocaína.

55. Una nota de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski Cerda, por la que adjunta un listado en que se incluyen los casos registrados por ese Servicio respecto de las libertades provisionales concedidas a narcotraficantes en el durante el período 1990-1992 y la forma cómo se fallaron.

56. Una nota fax del señor Ministro de la I. Corte de Apelaciones de Chillán , don Waldo Otárola , por la que comunica que relató ante la Tercera Sala de la I. Corte Suprema la orden de no innovar en la queja Nº 4412, a la que no se accedió, e informa que por el turno existente en la época el conocimiento del fondo de la aludida queja le correspondía a otro relator, siendo designado don Jorge Correa Selame .

57. Una nota del abogado del Consejo de Defensa del Estado, don Arturo López Toledo , por el que informa que en la época de los hechos no había razón alguna para apersonarse ante el relator Jorge Correa Selame y expresa que en esa época él no era Procurador del Consejo de Defensa del Estado

58. Una nota fax del abogado señor Arturo Sanhueza Santana , por la que relata que se le atribuye, a su juicio, falsa y difamatoriamente, la calidad de mandante de don Raúl Inostroza para que éste efectuara en su representación, negociaciones con la UDI, con el objeto de enlodar al señor Ministro don Servando Jordán López , y solicita tener presente lo planteado anteriormente.

SÍNTESIS DE LA ACUSACIÓN.

El libelo de acusación consulta tres grandes capítulos:

I Los fundamentos de derecho,

II La relación de los hechos, y

III El capítulo acusatorio.

El capítulo I, a su vez, está dividido en tres subcapítulos:

1) Las consideraciones jurídicas generales;

2) El examen de la causal constitucional del “notable abandono de sus deberes”, y

3) El examen de los deberes que son esenciales al ejercicio de las funciones de las más altas magistraturas del país.

El capítulo II, “Relación de los hechos”, está separado en tres temas denominados:

1) La causa Rol 43.458-2 del Primer Juzgado del Crimen de Arica ;

2) Las gestiones judiciales de la defensa del narcotraficante Luis Correa Ramírez, previas al recurso de queja Nº4.412, de marzo de 1991, y

3) El recurso de queja Nº4.412.

El capítulo III, o “Capítulo Acusatorio”, consta de cinco párrafos, que son:

1) Consideraciones generales en torno a los fundamentos del reproche que se formula a los Ministros acusados;

2) Principales conclusiones que se derivan de las irregularidades procedimentales observadas en el recurso de queja 4.412;

3) Formulación de cargos;

4) Fundamentación de los cargos antes formulados, y

5) Deberes constitucionales y legales gravemente infringidos por los Ministros acusados en el procedimiento y resolución señalados.

Trataremos de sintetizar, en la mejor forma posible, las 45 páginas del libelo, como lo exigen los artículos 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 308 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Consideraciones jurídicas generales:

Se señala, en primer término, el principio constitucional, consagrado en el inciso cuarto del artículo 1º de la Carta Política, de “promover el bien común”, como finalidad del Estado.

Tal principio debe orientar al intérprete en su misión de declarar y explicar el sentido y alcance del resto de la preceptiva del Texto Fundamental, de obtener que su concreción práctica resguarde debidamente tan importante finalidad constitucional.

De no ser así, la norma señalada tendría un valor decorativo e implicaría que el principio de supremacía constitucional consagrado en el inciso primero del artículo 6º de la Constitución, no tendría aplicación en el país.

Una de las concreciones más importantes de la finalidad del Estado es el deber que éste tiene de proteger a la población, impuesto por el inciso quinto del artículo 1º, contra los comportamientos delictuales, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado y en particular el narcotráfico, pues sus acciones atentan directa y masivamente al bien común y a la supervivencia de la democracia como sistema político, como lo demuestra la experiencia internacional. El Poder Judicial debe jugar un rol clave en este campo.

Por otra parte, es deber del Estado y de sus órganos, y deber de cada uno de los funcionarios que lo integran respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile.

Hay que tener en consideración, además, que Chile es una república democrática, como expresa el artículo 4º de la Ley Fundamental. Esto significa, como lo ha dicho la jurisprudencia nacional que en Chile tenemos un “sistema en que el Gobierno emana del pueblo, o sea, de todos los ciudadanos que forman la comunidad política o nación”, (C. Suprema, 23 abril 1937, G., 1937, 1er. Semestre, pág. 283); que el conjunto de las funciones estatales, en última instancia y siempre, pertenecen y emanan del pueblo y nadie puede arrogárselas. Tal forma estatal republicana está orientada y dirigida a cautelar que sea realmente de todos y para el bien de todos.

En directo resguardo del principio republicano y democrático, el artículo 6º de la Constitución establece un estado de derecho que de ser atropellado, genera la responsabilidad y sanciones que determina la ley.

Quienes transgreden las normas jurídicas deben responder de sus acciones u omisiones antijurídicas.

Repugna al orden jurídico que cualquier funcionario público pueda ser, o sentirse siquiera, irresponsable por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo, pues con ello impide que el Estado pueda realizar su finalidad esencial de servir al bien común.

En Chile, la distribución de las funciones estatales se ha efectuado distinguiendo la función administrativa, la legislativa y la jurisdiccional, radicada esta última en el Poder Judicial ejercida por los Tribunales de Justicia.

No cabe duda alguna acerca de la trascendental relevancia que posee la función jurisdiccional, en tanto tiene a su cargo nada menos que la facultad de conocer y resolver los conflictos interpersonales y declarar imparcialmente cuál es el derecho de cada persona, con lo cual la protege de la arbitrariedad y la violencia.

La situación perceptible de crisis de los tribunales, que la población generalizadamente percibe, hace necesario referirse a la importancia de la función judicial. Los autores del libelo citan a este respecto, expresiones de la señora Ministra de Justicia , doña Soledad Alvear ante el pleno de la Corte Suprema el 16 de junio reciente, tales como: “los jueces son parte consustancial del Estado Democrático de Derecho y a ellos corresponde sostener en gran medida la legitimidad del orden público y de las instituciones del Estado en su conjunto”; “la justicia constituye un aspecto clave de nuestra convivencia social y política”; “ellos (los jueces) deben representar las virtudes cívicas de la imparcialidad y la prudencia” ; “los jueces poseen una especial significación moral en el Estado”; “La República les ha conferido esas funciones en la confianza que los jueces ejercen... las virtudes cívicas a cuya práctica todos estamos llamados”; “cuando la sociedad pierde esa confianza.... es el conjunto del sistema democrático y republicano el que se ve lesionado en una de sus más importantes instituciones”.

Prosiguen los acusadores diciendo que como a ningún otro funcionario cabe exigir a los jueces una actitud básica y radical fundada en las virtudes cívicas de prudencia, sabiduría, ecuanimidad, transparencia y probidad, dirigidas siempre al objetivo principal: la promoción del bien común.

Cuando se constata una situación de crisis, es obligatorio y urgente examinar las causas e individualizar las responsabilidades.

Para prevenir tales males, nuestro ordenamiento constitucional establece un sistema de contrapesos institucionales para el control de unos y otros, que consagra la responsabilidad política de los más importantes jueces de la República. De modo que, con los debidos resguardos a la independencia y al exclusivo ejercicio de su función específica, su conducta pueda ser controlada por la Cámara de Diputados y el Senado. Esta facultad procede ejercerla en casos de extrema inobservancia de sus deberes, en casos de grave o “notable” abandono de sus deberes.

Señalan los acusadores que “quienes tenemos, como en este caso sucede, la potestad de perseguir tal responsabilidad, si adquirimos la recta convicción que tal situación se ha configurado, nos vemos en la obligación moral, política y jurídica de hacerlo, so pena de ser expuestos a la sanción ciudadana”.

En efecto, sostienen, “quienes suscribimos esta acusación constitucional estamos fuertemente convencidos que resulta inexcusable para la Cámara de Diputados ejercer la facultad constitucional que le confiere el Artículo 48 Nº2, letra c), respecto de los ministros señores Servando Jordán López , Marcos Aburto Ochoa , Enrique Zurita Camps y Osvaldo Faúndez Vallejo , por cuanto su conducta funcionaria ha infringido notoriamente los deberes que le impone tan alta y delicada función republicana, lo que en los hechos constituye un notable abandono de sus deberes.”.

El examen de la causal constitucional del “notable abandono de sus deberes”

Los acusadores citan el artículo 48 Nº2 letra c) de la Constitución donde se señala que los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia pueden ser acusados por notable abandono de sus deberes.

Consignan que esta facultad se mantiene prácticamente idéntica en nuestro orden constitucional desde 1833. Se trata de exigir a estos Magistrados una responsabilidad, no exigible a los demás, porque ejercen una función del más alto nivel e importancia.

El sentido y alcance de la causal de acusación contra los Jueces Superiores no ha sido fácil de determinar. Los acusadores hacen citas textuales del tratadista don Alejandro Silva Bascuñán , quien, en síntesis, estima que esta causal tiene el significado de “dejar, en grado excesivo, lo que corresponde a las obligaciones provenientes del cargo”.

Se ha discutido latamente si tales obligaciones se refieren sólo a las exigencias formales o adjetivas de su conducta o si también se refieren a la sustancia de su función, que es la dictar resoluciones, en cuyo caso la facultad de fiscalizar se extendería al contenido de las mismas.

Señalan los acusadores que la inteligencia debida de esta disposición, no permite distinguir si se trata sólo de deberes adjetivos o sustantivos de la conducta funcionaria, y que la recta comprensión que se aviene con la natural aceptación de los vocablos, es que la causal ocurre, como expresa el profesor Silva Bascuñán , cuando “se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo, los deberes inherentes a la función pública ejercida”. También los acusadores recuerdan lo dicho por don Jaime Guzmán en la Comisión Constituyente que elaboró la Constitución que nos rige, quien dijo que la expresión “notable abandono de sus deberes por ser suficientemente clara, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible como para que la causal sea empleada en circunstancias extremas a fin de dar salida a esas crisis o situaciones institucionales que no encuentren otra forma de solución”, “comprende la torcida administración de justicia y la denegación de la misma. Es decir, no puede ocurrir que exista un cuerpo que tenga una inmunidad tal en el ejercicio de sus funciones que llegue al extremo de faltar a la esencia de las mismas, que debiendo administrar justicia no cumpla su deber en forma manifiestamente grave y reiterada, sin que exista instancia alguna que resuelva el problema”, por lo cual siguiendo con la cita de Jaime Guzmán coinciden en que “es factible y debe ser posible enjuiciar en un instante a la Corte Suprema por torcida administración de justicia”.

Señalan que sobre el particular existe reiterada jurisprudencia parlamentaria y citan las acusaciones contra los Ministros de la E. Corte Suprema señores Hernán Cereceda , Lionel Beraud y Germán Valenzuela y el Auditor General del Ejército Fernando Torres, en 1993 y las entabladas contra los Ministros Eleodoro Ortiz , Guillermo Navas , Enrique Zurita y Hernán Álvarez en que, en sendas votaciones mayoritarias de la Cámara se ha negado validez a la interpretación restrictiva.

Precisan que en este caso, la defensa de la sociedad en contra del narcotráfico y en contra de aquellos que con sus acciones u omisiones pudieren favorecerlo, por estar involucrado el orden público, se ejerce a través del juicio político para hacer efectiva la responsabilidad política de los más altos funcionarios, y que corresponde al parlamento definir la extensión, sentido y alcance del concepto de “notable abandono de sus deberes”. La presente acusación constitucional pretende exigir la responsabilidad política de los Ministros acusados, porque, según los acusadores, “de un modo público y notorio han hecho dejación de las obligaciones esenciales inherentes al ejercicio de la magistratura que ostentan, desarrollando con torcida intención o inexcusable imprudencia e ineptitud un conjunto de conductas que demuestran su desapego a las obligaciones esenciales de su función, agravado por tratarse de procesos que investigan delitos de narcotráfico y lavado de dinero”.

Examen de los deberes que son esenciales al ejercicio de las funciones de las más altas magistraturas del país.

Los acusadores recapitulan algunos planteamientos anteriores y agregan que el deber primario de todo juez es administrar justicia. El artículo 73 del Código Fundamental les entrega exclusivamente esa tarea y el artículo 76 los hace “personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, por tanto, se trata de un concepto constitucional amplio.

Un catálogo de buena administración de justicia y buen desempeño se encuentra en el párrafo 7 del Título X del Código Orgánico de Tribunales. Pero además, existe otro grupo de deberes dispersos en la legislación.

En resumen, a los jueces se les imponen los siguientes deberes principales:

1. Deber de promover el bien común y proteger a la población (Art.1º, incisos 4º y 5º de la Constitución);

2. Deber de respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución y por los Tratados Internacionales ratificados por Chile, como la salud de la población y el normal desenvolvimiento democrático y republicano (Art. 5º inciso 2º);

3. Deber de otorgar igualdad de trato en virtud del principio constitucional de “igualdad ante la ley” (Nº2 del art. 9°);

4. Deber de otorgar “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” en el sentido que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale la ley, y en un racional y justo procedimiento (Nº3 del art. 19);

5. Deber de actuar con independencia e imparcialidad (Art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);

6. Deber de someter su acción a la Constitución y a las normas legales dictadas conforme a ella (Arts. 6º y 7º de la Constitución y 4º del Código Orgánico de Tribunales);

7. Deber de dictar sus resoluciones fundadas en un proceso previo, legalmente tramitado, respetando la garantía de un justo y racional procedimiento, que significa evitar la indefensión y otorgar publicidad a sus actos (Art. 19 Nº3 de la Constitución);

8. Deber de pronunciar sus resoluciones conforme al mérito del proceso (Art. 160 del C.D.P.C.);

9. Deber de actuar con la oportunidad que la ley determine (Art. 319 del Cód. Orgánico de Tribunales);

10. Deber de otorgar debida y oportuna publicidad a todos los actos de los Tribunales, salvo las excepciones legales (Art. 9º del C.O.T.);

11. Deber de actuar sólo a petición de parte salvo que la ley expresamente faculte para actuar de oficio (Art. 10, inciso 1º del C.O.T.);

12. Deber de respetar y hacer respetar la corrección de los actos constitutivos de todo procedimiento que ante ellos se tramite, ejerciendo vigilancia y sancionando las conductas indebidas de los funcionarios subalternos (Art. 83 del C.D.P.C. y 90, 105, 107, 530 y siguientes del C.O.T.);

13. Deber de respetar la prohibición de “avocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esa facultad” (Art. 8º del C.O.T.);

14. Deber de respetar la competencia de cada Tribunal, lo que significa no alterarla por causa sobreviniente una vez radicado con arreglo a la ley (Arts. 108, 109 y 110 del C.O.T.);

15. Deber de abstenerse de expresar y aún insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar (Art.320 del C.O.T.); y,

16. Deber de respetar la prohibición de dirigir felicitaciones o censuras a los funcionarios públicos o corporaciones oficiales (Art. 323 Nº1 del C.O.T.).

Estos deberes resultan más exigibles en el caso de la presente acusación.

RELACIÓN DE LOS HECHOS.

Esta acusación, según sus autores, tiene como fundamento directo y principal el notable abandono de deberes en que han incurrido los Ministros acusados, que integraban la Tercera Sala de la Corte Suprema en el año 1991, el que se refleja en la tramitación gravemente irregular, y en algunos aspectos evidentemente fraudulenta, de un recurso de queja deducido ante ella por la defensa de uno de los más importantes narcotraficantes, el ciudadano colombiano Luis Correa Ramírez , ligado al Cartel de Medellín, procesado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

La causa Rol 43.458-2 del Primer Juzgado del Crimen de Arica .

En agosto de 1989 es capturado por el OS-7 de Carabineros en la ciudad de Arica un cargamento de 500 kilos de clorhidrato de cocaína pura, contenidos en el fondo de un contenedor, en 390 paquetes, mediante un sofisticado procedimiento de ocultamiento.

Se trata de la más cuantiosa incautación de cocaína pura registrada jamás en los anales de la policía chilena, por lo que el referido delito causa justificada atención y alarma pública.

Junto con tal incautación es detenida la organización criminal responsable de tal delito, encabezada por el ciudadano colombiano y reconocido narcotraficante internacional Luis Correa Ramírez e integrada, además, por los ciudadanos colombianos Luis Cuesta Pérez y Sayl Sánchez Quebrada , el ciudadano boliviano Hans Kollross Eterovic y el ciudadano chileno Ángel Vargas Parga .

Gestiones judiciales de la defensa del narcotraficante Luis Correa Ramírez, previas al recurso de queja Nº4.412, de marzo de 1991

En octubre de 1990 la defensa de Luis Correa Ramírez solicitó su libertad provisional bajo fianza, la que fue concedida por la Corte de Apelaciones de Arica el 25 de octubre de 1990, según consta a fojas 802 del proceso, con los votos de los abogados integrantes señores Luis Cabanné Vidal y Hugo Silva Peñailillo , y con el voto en contra del Ministro Hernán Olate Melo .

La sorpresa y alarma pública causada por esta resolución, fue enmendada dos días más tarde por los cuatro Ministros titulares de la Corte de Arica que revocaron de oficio tal excarcelación, el día 27 de octubre de 1990.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema respecto de la primera resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, el que ingresó el 29 de octubre con el número 3.550, cuyo conocimiento fue asignado a la Primera Sala, nombrándose como relator al señor Brito . Este recurso fue rechazado el 24 de enero de 1991 por los Ministros Marcos Aburto, Roberto Dávila , Hernán Cereceda , Efrén Araya y el abogado integrante señor Cousiño , quienes estuvieron por amonestar a los abogados integrantes, los que quedaron inhabilitados para continuar en el proceso.

Los acusadores puntualizan que integra esta Sala el Ministro señor Marcos Aburto , quien tres meses más tarde actúa como Presidente de la Tercera Sala en el recurso de queja cuya tramitación se examina en la presente acusación,.

También llama la atención de los acusadores el procedimiento de la Corte de Apelaciones de Arica al disponer de oficio la revocación de una resolución anterior de ella misma, y el hecho que la defensa de Correa Ramírez no haya recurrido ante la Corte Suprema, pues de hacerlo habría tenido que ser visto por la Primera Sala, ya que el recurso más antiguo arrastra la acumulación de los posteriores en una misma Sala (Artículo 49 inciso 2º del C.O.T.).

El recurso de queja N° 4.412

A menos de dos meses del primer pronunciamiento de una Sala de la Corte Suprema, en marzo de 1991, la defensa de Correa Ramírez solicita nuevamente su libertad provisional, la que es nuevamente denegada por el Juez Instructor el 08 de marzo de 1991, basado en que tal libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad.

La unanimidad de los tres Ministros de Arica señores Hernán Olate Melo , Andrés Díaz Cruzat y Juan Fuentes Belmar , confirmó la resolución de Primera Instancia .

Ante esta resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, la defensa de Correa Ramírez, a cargo del abogado Arturo Sanhueza , deduce, el 20 de marzo de 1991 un recurso de queja contra tres Ministros de Arica que confirmaron la resolución del Juez de la causa que negó la libertad provisional. Este recurso ingresa con el número 4.412 a la Corte Suprema.

Destacan los acusadores que junto con deducirse el recurso de queja en el primer otrosí, se solicita una orden de no innovar insólita e incomprensible, pues Correa Ramírez se encontraba en prisión preventiva.

El 22 de marzo el Presidente de la Corte Suprema emite la providencia de rigor, por la cual se tiene por interpuesto el recurso y se ordena que los Ministros recurridos informen en el término de cinco días y resuelve ordenar dar cuenta de la petición de no innovar en la Tercera Sala, con lo cual el conocimiento del recurso y el fallo del fondo quedan radicados en dicha Tercera Sala de la Corte Suprema (Nº 6 del Auto Acordado sobre tramitación de los recursos de queja).

Originalmente se designa como relator de la causa al señor Otárola . Sin embargo, luego se modifica tal designación, nombrándose al señor Jorge Correa .

En marzo de 1991 ejercía como Presidente de la Corte Suprema el Ministro don Luis Maldonado Moyano.

La Tercera Sala de la Corte Suprema durante 1991 fue presidida por el Ministro señor Marcos Aburto , e integrada por los señores Servando Jordán , Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez , como Ministros titulares.

Como era de esperar, el 25 de marzo de 1991, la Tercera Sala, por la unanimidad de sus integrantes, rechaza la orden de no innovar, por “inconducente” como consta a fojas 4 vta., con la firma de los señores Aburto , Jordán , Zurita y los abogados integrantes Fueyo y Rencoret . La radicación del recurso queda a firme ante la Tercera Sala.

El 1º de abril de 1991 se hizo parte en el recurso de queja el Consejo de Defensa del Estado, representado por su Presidente, don Guillermo Piedrabuena, quien designó como abogado a don Guillermo Ruiz Pulido.

El 08 de abril de 1991 el defensor del procesado Correa Ramírez ingresa un escrito de “téngase presente”, que consta de ocho hojas en el que analiza el informe de los Ministros recurridos e incluso reproduce párrafos textuales del mismo, cuando el informe de los Ministros de la Corte de Arica aún no formaba parte del expediente y no podía ser conocido por las partes del recurso.

Al día siguiente de aquel escrito ingresa el informe de los Ministros recurridos, se agrega a fojas 11 y se certifica este hecho a fojas 11 vta. junto con la agregación de los autos Rol Nº43.458 del Primer Juzgado de Arica.

En ese informe los Ministros fundamentan la resolución que confirmó el criterio del Juez de Primera Instancia , que es concordante con el criterio de una Sala de la Corte Suprema, de hacía sólo dos meses, al conocer la queja Nº3.550, señalando que la libertad provisional de Correa Ramírez constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en razón de “la cantidad de droga incautada, la forma en que se detectó la misma, la nacionalidad de los recurrentes, forman una cadena de elementos que demuestran que estas personas son capaces de intervenir en una acción que, en sí misma, envuelve serios riesgos para la sociedad”. Además, hacen ver la necesidad de dictar sentencia en el proceso, trámite que se ha visto entorpecido por las reiteradas solicitudes de libertad.

El 17 de abril se dicta una resolución que rechaza el recurso de queja “por no existir falta ni abuso en los Ministros recurridos”, que es suscrita por el Presidente de la Tercera Sala , Marcos Aburto y los Ministros Jordán y Zurita , y los abogados integrantes Rencoret y Mujica , según consta a fojas 12 de la queja, resolución que se notifica por el estado diario y que los acusadores señalan como la forma de notificación procedente y que se había practicado invariable y regularmente en cada una de las resoluciones recaídas en la tramitación de este recurso, hasta este instante.

Sin embargo, a partir de este instante, la tramitación adquiere características inusitadas e increíbles, a juicio de los acusadores, pues la tramitación relativamente regular y aparentemente pacífica que hasta ese momento tenía el recurso de queja en análisis, sufre un vuelco.

El día 13 de mayo de 1991, esto es veintiséis días después, se notifica a las partes la resolución por la cual, en virtud de supuestas facultades que tendría para actuar de oficio, la Tercera Sala deja sin efecto la resolución de 17 de abril, acoge el recurso de queja, primitivamente rechazado, y ordena la libertad provisional bajo fianza del procesado Correa Ramírez .

Los acusadores señalan que “todas las actuaciones posteriores a la primitiva resolución que rechazaba el recurso de queja, se realizaron secretamente, sin que su tramitación figurara en los libros de registro reglamentarios respectivos, y sin que se notificara a las partes ninguna actuación posterior, hasta el día 13 de mayo de 1991”.

Las actuaciones subrepticias, según los acusadores, serían las siguientes:

-Al quinto día de dictarse la primitiva resolución de 17 de abril, la defensa de Correa Ramírez deduce un recurso de reposición para solicitar su reconsideración por la misma Sala que la había dictado. Dicho recurso de reposición está expresamente prohibido por la ley (Art. 551 del C.O.T.) y en subsidio solicita “si el Tribunal lo considera improcedente, que proceda de oficio”.

-El ingreso de este recurso de reposición no aparece registrado en ninguno de los sistemas establecidos para la debida publicidad de las actuaciones: ni en el libro de tramitación ni en el registro de despacho.

Para fundamentar su petición, la defensa de Correa Ramírez acompaña un voluminoso legajo de documentos que rolan de fojas 13 a fojas 59, que dan cuenta que este procesado posee un cuantioso patrimonio y que sería un próspero hacendado colombiano.

El escrito de reposición no es proveído ni recibe ningún tratamiento procesal regular. Habría sido llevado por mano al relator señor Jorge Correa .

Con fecha 03 de mayo la defensa de Correa Ramírez ingresa otro escrito de “téngase presente”, con largas consideraciones y nuevos documentos. Tampoco este escrito figura en registro alguno ni es proveído dentro del plazo legal.

El 04 de mayo la defensa de Correa Ramírez ingresa un nuevo escrito, del cual tampoco queda registro alguno ni es proveído, con el que acompaña un documento en que el mismo procesado argumenta a favor de su excarcelación.

Todos estos escritos, incluyendo la solicitud de reposición, aparecen siendo proveídos conjuntamente recién el día 13 de mayo de 1991, esto es, con la misma fecha de la resolución que, invocando facultades para actuar de oficio, deja sin efecto la primera resolución de 17 de abril. Esta resolución consta a fojas 73.

En resumen, el escrito de reposición que había ingresado el 22 de abril, como los ingresados el 03 y 04 de mayo, son proveídos el mismo día 13 de mayo y resueltos con esa misma fecha con la firma del Ministro Marcos Aburto , Presidente de la Sala , y ninguna de las tres resoluciones recaídas en ellos aparece notificada a las partes mediante el estado diario.

La resolución que deja sin efecto, por la unanimidad de sus miembros, su propia decisión anterior de 17 de abril y ordena la libertad provisional bajo fianza del reo Correa Ramírez , invoca como fundamentos:

a) El mérito del expediente Rol 43458-2.

b) No invoca norma alguna que la faculte para actuar de oficio;

c) Afirma que el procesado no se encuentra en ninguna de las hipótesis que la ley prevé para denegar la libertad provisional, simplemente afirmándolo y sin fundar su cambio de criterio;

d) El único fundamento es la anulada resolución de 25 de octubre de 1990, por la que la Corte de Apelaciones de Arica había otorgado por dos días el beneficio de la libertad;

e) Su más extenso fundamento se refiere a una inconducente reflexión sobre por qué no debe considerarse contradictoria la libertad del procesado con una orden de expulsión dictada durante los primeros días de septiembre de 1989;

f) La resolución concluye que los Ministros recurridos incurrieron en una falta disciplinaria al no conceder la libertad provisional, sin consultar sanción alguna contra dichos Ministros.

A fojas 74 se certifica haberse notificado por el estado diario esta resolución, sin que conste que se hayan notificado las demás. En la misma foja hay un certificado que se envió télex 3748 a la Corte de Apelaciones de Arica, comunicando la orden de excarcelar a Correa Ramírez , quien sale en libertad previo pago de una fianza de $450.000.- (Cuatrocientos cincuenta mil pesos).

Dos días después, esto es el 15 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado solicita que, de oficio, la Corte Suprema revoque su resolución de 13 de mayo. Este escrito, que rola a fojas 75, recibe la tramitación ordinaria y legal debida, ordenándose dar cuenta de tal petición ante la Tercera Sala, lo que se notifica por el estado diario.

Este último proceder deja en claro la existencia de un doble estándar en el procedimiento.

Recién el 25 de junio de 1991, en un plazo superior al que se tomó para conocer, fallar y acoger la solicitud irregular del delincuente, por unanimidad emite la siguiente resolución “no ha lugar a petición de fojas 75”.

Los acusadores destacan, además, que ninguno de los otro cuatro procesados obtuvo jamás el beneficio de la libertad provisional en este juicio, a pesar de haber recurrido a la Corte Suprema y a que, notoriamente, ellos aparecen como subordinados de Correa Ramírez en la organización criminal.

El 21 de junio de 1991 se dicta sentencia de primera instancia, que condena a cada uno de los reos a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias y costas.

La Corte de Apelaciones de Arica confirmó dicho fallo, rebajando al reo Sánchez Quebrada su pena a cinco años y un día. Todos los reos recurren de casación en el fondo, recursos de los cuales todos se desisten, volviendo el expediente a Arica, donde se dicta el “cúmplase” y se ordena su detención. Al no ser habido Correa Ramírez , es declarado rebelde, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

Se completa así, dicen los acusadores, el objetivo de impunidad en favor del narcotraficante Luis Correa Ramírez .

CAPÍTULO ACUSATORIO.

Consideraciones generales en torno al fundamento del reproche que se formula a los Ministros Acusados.

Según los acusadores, la distinta entidad de las irregularidades e infracciones a las normas de un racional, justo y debido proceso, algunas de ellas con características de delito, deben ser ponderadas como un solo todo y en referencia directa a la naturaleza y características de los delitos de narcotráfico y a las bandas que lo practican. Ello permite asignar sentido e intencionalidad a las situaciones anómalas que se observan en este proceso ante el más alto Tribunal del país, que conducen a obtener a toda costa la excarcelación del narcotraficante Luis Correa Ramírez .

La comprensión concatenada de estos hechos irregulares, permite racionalmente abrigar sospechas y presunciones fundadas acerca de la intencionalidad existente tras tales irregularidades, fácilmente observables en el recurso de queja 4.412, donde surge una conducta ministerial inadmisible de quienes debieran ser los máximos detentadores de la función jurisdiccional.

Principales conclusiones que se derivan de las irregularidades procedimentales observadas en el recurso de queja Nº4.412.

Los acusadores señalan las siguientes principales conclusiones que se derivan de la descripción de los hechos del proceso ya reseñados:

Lograr la libertad provisional de un delincuente internacional, ligado al Cartel de Medellín , es en sí un desafío procesal mayúsculo y resulta lógico que quienes persiguen ese objetivo estuvieran dispuestos a recurrir a todos los medios.

Resulta evidente que la defensa de Correa Ramírez llega a la conclusión que tal posibilidad sólo podría provenir de una intervención ante la Corte Suprema.

Esto requiere ser preparado y no puede ser improvisado, revestido de secreto, ajeno al control público y muy especialmente, debe tramitarse a espaldas de la parte querellante, el Consejo de Defensa del Estado.

Los acusadores dicen que “podemos concluir que la real intención de la defensa de Correa Ramírez al recurrir de queja ante la Corte Suprema no es obtener un espacio procesal regular, sino que, en connivencia con personas y funcionarios del máximo tribunal, obtener un procedimiento irregular y oscuro que permita tal objetivo”.

Formulación de cargos.

Es en atención a los hechos antes reseñados y a las necesarias y graves conclusiones que ellos han generado, que se deduce acusación constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema señores Servando Jordán López , Marcos Aburto Ochoa , Enrique Zurita Camps y Osvaldo Faúndez Vallejo en virtud del siguiente capítulo:

Por el notable abandono de deberes consistente en haber dejado de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, de fondo y de procedimiento, esenciales e inherentes a su ministerio, permitiendo, con intencionalidad o grave descuido inexcusable de sus deberes, que un conocido y peligroso narcotraficante, como es el caso del ciudadano colombiano Luis Correa Ramírez , obtuviera, con grave y notoria infracción a las reglas constitucionales y legales que reglan el procedimiento, su libertad provisional y eludiera, así, la acción de la justicia.

Fundamentación de los cargos antes formulados.

Los acusadores destacan cuatro hechos sorprendentes y sospechosos “en la preparación del procedimiento fraudulento utilizado en este caso”:

Primer hecho sospechoso:

Una defensa tan activa como la de Correa Ramírez no recurre a la Corte Suprema en octubre de 1990. ¿Será porque el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado radicaba el conocimiento del recurso en la Primera Sala?

Segundo hecho sospechoso:

Se solicita una orden de no innovar absurda y sin fundamento, que sólo se explica por el efecto que produce, de obtener una pronta designación de Sala que resolverá más tarde el fondo del recurso.

Tercer hecho sospechoso:

La defensa conoce el informe de los Ministros recurridos con tanta anterioridad a su incorporación al expediente, que puede preparar su impugnación e incluso ingresar al Tribunal sus observaciones un día antes de la llegada del informe.

Cuarto hecho sospechoso:

Todos los antecedentes destinados a acreditar los fundamentos del recurso, documentos que rolan de fojas 13 a fojas 59, se reservan por la defensa de Correa Ramírez para después de su tramitación normal, esto es, se realizan en la etapa anormal y secreta del procedimiento.

La principal irregularidad, motivo de verdadero y justificado escándalo, radica en el contundente fraude procesal que surge con posterioridad a la resolución del 17 de abril que rechaza unánimemente el recurso de queja.

A juicio de los acusadores, tal irregularidad se traduce en las siguientes situaciones que no son sólo sospechosas sino franca y comprobadamente ilícitas:

Ingreso subrepticio de un improcedente recurso de reposición, con fecha 22 de abril, el último día del plazo en que tal recurso sería procedente si la naturaleza de la resolución lo admitiera.

De acuerdo con el artículo 551 del C.O.T. las resoluciones que se pronuncien en el ejercicio de facultades disciplinarias “sólo serán susceptibles de recurso de apelación. Por consiguiente, aquellas que resuelvan recursos de queja (cual es el caso de la resolución de 17 de abril de 1991), sea en primera o en segunda instancia, no son susceptibles del recurso de reposición o de reconsideración, cualquiera sea la jerarquía del Tribunal que las dicte.”

La práctica de la Corte Suprema de acoger a tramitación, a pesar del expreso texto de la ley y de la constante crítica de la doctrina procesal, ha sido fuente de arbitrariedad y abuso, lo que es altamente reprochable.

La irregularidad que se suma a la improcedencia, radica en que su ingreso se hace en forma totalmente anómala y subrepticia, sin registrarse en los libros de tramitación para evitar que el Consejo de Defensa del Estado se informe de su interposición.

El escrito que deduce tal recurso, es retenido en alguna instancia del Tribunal y no es llevado a la cuenta, como procede.

Otros dos escritos ingresados los días 03 y 04 de mayo, en que se acompañan documentos y se hacen consideraciones de fondo para el fallo, sufren idéntico procedimiento irregular de tramitación.

Jamás se ordena dar cuenta del recurso de reposición, con la evidente finalidad de impedir tener que notificar y así dar aviso al Consejo de Defensa del Estado.

Sin ánimo de centrar el juicio de reproche en el contenido de la resolución, éste también permite revelar la torcida intención y la grave ilegalidad habida en este procedimiento por parte de los Ministros acusados.

Los fundamentos de tal resolución aparecen ampliamente insuficientes, máxime si se trata de la utilización de facultades jurisdiccionales de oficio que son excepcionalísimas y jurídicamente muy cuestionables.

La Corte Suprema no posee las facultades para actuar de oficio en cualquier momento y la resolución no indica cuál sería la fuente de tal atribución.

Tampoco aclara dicha resolución por qué el procesado Correa Ramírez no debe ser considerado un peligro para la sociedad, no obstante que un delincuente de las características conocidas por el alto Tribunal y por la naturaleza y características del delito, constituía un peligro cierto para la sociedad, ya sea porque podía continuar delinquiendo o podía evadir la acción de la justicia, como en definitiva sucedió.

La referencia a una resolución anulada del 25 de octubre de 1990, resulta insólita y reveladora de la torcida intención presente en el ánimo de los Ministros al fallar como lo hicieron, máxime cuando se amonestó e inhabilitó a los dos abogados integrantes que la pronunciaron.

La mención a una orden de expulsión, resulta fatua e irrelevante, porque su eficacia queda postergada por el arraigo judicial que de pleno derecho se produce al someterse a proceso a Correa Ramírez .

La ausencia de sanción disciplinaria contra los Ministros recurridos demuestra la falta de convicción acerca de la justicia de la resolución que ellos dictaron y de su torcida motivación o su inexcusable descuido en el ejercicio de sus altas y delicadas funciones. No hay un análisis que justifique racionalmente un cambio de parecer en los Magistrados que la dictan.

Deberes constitucionales y legales gravemente infringidos por los Ministros acusados en el procedimiento y resolución señalados.

Los Ministros acusados incumplieron los principales deberes que el orden jurídico les asigna para bien de la sociedad.

Los acusadores repiten algunos de los principales deberes exigibles a los jueces, consignados en el párrafo sobre “examen de los deberes que son esenciales al ejercicio de las funciones de las más altas magistraturas del país”

Estos deberes se traducen en que sus actuaciones deben estar encaminadas a la protección de los intereses, valores y derechos esenciales de la persona, protegidos por las normas legales.

Por tratarse de delitos relativos al narcotráfico, la salud de la población y el desenvolvimiento de las actividades nacionales, cada vez que se desconoce el debido proceso se está afectando y lesionando tal ordenamiento. En este caso, el proceder de los Ministros significó desconocer por completo el debido proceso, ya que se dejó al margen del curso que tomaba el recurso de queja al Consejo de Defensa del Estado que actuó en nombre de la sociedad toda.

Se violaron, especialmente, el principio de la bilateralidad de la audiencia, de la publicidad y de la socialización de las sentencias.

Los acusados permitieron que la defensa del narcotraficante Correa Ramírez se procurara, en los hechos, un procedimiento de carácter secreto, alejado de toda norma procedimental, mediante la aceptación de una solicitud improcedente, la cual, además, no se somete a ninguna medida de publicidad.

Los acusadores hacen presente que no se formula cargos contra el relator de la causa, señor Jorge Correa, por no ser acusable constitucionalmente.

Concluyen los acusadores rogando a la honorable Cámara tener por interpuesta esta acusación, de acuerdo con el artículo 48 Nº2 letra c) de la Constitución y artículos pertinentes de la ley orgánica del Congreso Nacional, contra los Ministros de la Excma . Corte Suprema Marcos Aburto Ochoa , Servando Jordán López , Enrique Zurita Camps y Osvaldo Faúndez Vallejo , acogerla, suspender a los acusados de sus cargos y, en definitiva, formalizarla ante el honorable Senado.

Solicitan, además, la realización de algunas diligencias por la Comisión que estudiará la acusación.

SÍNTESIS DE LAS DEFENSAS DE LOS SEÑORES MINISTROS ACUSADOS.

DEFENSA DEL SEÑOR SERVANDO JORDÁN LÓPEZ .

Inadmisibilidad e improcedencia de derecho estricto.

Plantea en primer término la inadmisibilidad e improcedencia, para cuyo efecto señala que el Capítulo de la Acusación guarda directa relación con un proceso iniciado en 1989, la causa Rol Nº43.458 del Primer Juzgado de Arica contra Luis Correa Ramírez .

Señala que todas las actuaciones indicadas en el Libelo Acusatorio tienen como base el referido proceso del año 1989, encontrándose conectadas en relación de causa-efecto de una manera indisoluble.

El Congreso Nacional desbordaría su competencia si entra a conocer de actuaciones que, aun cuando puedan haberse desarrollado después del 11 de marzo de 1990, son parte de un proceso iniciado en 1989.

El artículo 3º transitorio de la ley Nº18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional dispone que “sólo podrán formularse acusaciones con motivo de actos realizados a contar del 11 de marzo de 1990 y no podría, en estricto rigor lógico, examinar actuaciones de los acusados al margen del proceso a que están ligadas. Los mismos acusadores solicitan traer a la vista ese proceso iniciado en 1989.

Además, sostiene que el órgano que debe conocer de la acusación, debe estar determinado con anterioridad a los hechos que se juzgan.

Cuando se inició el proceso contra Luis Correa Ramírez , el Congreso Nacional aún no entraba en funciones, lo haría recién el 11 de marzo de 1990; agrega que la acción de US. se encontraría totalmente prescrita, toda vez que han pasado más de seis años desde la ocurrencia de las actuaciones en que se hace consistir el “notable abandono de deberes”, y sobre el particular abundan otras consideraciones que lo hacen afirmar que el órgano encargado de aplicar las sanciones habría incurrido en un abandono inexcusable de funciones.

Para que sea procedente la acusación, la acción penal en el caso de los delitos que se atribuyen a los acusados tendría que no estar prescrita y así podría cumplirse uno de los objetivos de la acusación: que el funcionario declarado culpable sea juzgado de acuerdo a las leyes, lo que significaría no dar cumplimiento a dicho objetivo constitucional.

En el caso de las “infracciones y abuso de poder” en que no habría responsabilidad penal, pero sí podrían generar responsabilidad civil por los daños y perjuicios, las reglas de prescripción serían enteramente aplicables y no podría cumplirse lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución en lo relativo a “hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o particulares”, por lo que no correspondería que la acusación deducida sea acogida a tramitación.

No debe olvidarse que la acusación constitucional, en cuanto a su naturaleza jurídica, es una especie de “antejuicio” o mecanismo de desafuero, por lo que sería un presupuesto procesal indispensable para la admisión de las acciones civiles y penales. No seria lógico obtener el desafuero de un funcionario para perseguir su responsabilidad civil o penal, cuando dichas responsabilidades se encontraran prescritas.

El único capítulo del libelo deducido en contra del Presidente de la Corte Suprema de manera alguna constituye notable abandono de sus deberes. El Congreso Nacional no tiene facultades para censurar la dictación de resoluciones judiciales. Si el Congreso revisara el fundamento o el contenido de ellas, incurriría en flagrante violación del artículo 73 de la Constitución.

También se objetan vicios de procedimiento que, además de no ser totalmente efectivos, no le son imputables.

Según el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales los Ministros de la Corte Suprema son irresponsables por la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento. Según la historia fidedigna de los artículos 48, 49 y 73 de la Constitución, esta presunta falta no es revisable por la vía de la acusación. Las resoluciones de la Corte Suprema, según lo ha dicho la jurisprudencia desde antiguo, se reputan conforme a derecho. No es sostenible que en las resoluciones de la Corte Suprema pueda infringirse la ley. De allí que se acepte como necesaria esa infalibilidad convencional.

El libelo acusatorio cuestiona los fundamentos tanto de hecho como de derecho, y el contenido de una resolución judicial. Especialmente cuando se señala que los fundamentos son contradictorios con el criterio de otros jueces, que no aclaran la falta de peligrosidad para la sociedad en el otorgamiento de la libertad, etc.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el cuestionamiento se refiere al procedimiento, el cual es parte consustancial del acto jurisdiccional que contiene la resolución, por cuyo motivo no pueden ser revisados en caso alguno por el Presidente de la República ni por el Congreso.

El artículo 73 es categórico respecto de la prohibición al Congreso Nacional para revisar los fundamentos y el contenido de las resoluciones judiciales. Por consiguiente, ni un pretendido fraude procesal ni una torcida intención habida en este procedimiento, puede autorizar para revisar los fundamentos y el contenido de las decisiones judiciales. Esto está reafirmado con lo dicho en el artículo 7º inciso 2º del Cuerpo Constitucional, el que “ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias” pueden atribuirse una competencia que no les ha sido dada por la Constitución o las leyes.

El libelo es del todo improcedente en cuanto le atribuye presuntas irregularidades de procedimiento, que bajo ninguna consideración le son imputables.

Para la procedencia de una acusación “por notable abandono de sus deberes” es necesario que concurran copulativamente, los siguientes presupuestos fácticos: 1.- Que los hechos sean idóneos para constituir el notable abandono; 2.- Que dichos hechos sean efectivos, y 3.- Que sean imputables al acusado. La falta de uno de ellos debe conducir al rechazo de la acusación, aparte que, en la especie los hechos deben haber ocurrido a partir del 11 de marzo de 1990 y la acción no debe estar prescrita.

Por todo lo anterior -concluye el señor Jordán - no se dan los presupuestos para que la acusación deducida en su contra pueda ser admitida a tramitación y en definitiva ser acogida. Por lo cual, solicita su rechazo más absoluto en todas y cada una de sus partes.

Otros aspectos que inciden en la inadmisibilidad.

Tanto en esta acusación como en la anterior dirigida en mi contra por diez diputados de la Unión Demócrata Independiente, el notable abandono de deberes se funda en la dictación de una resolución por una Sala de la Excma. Corte Suprema que acogió, el 13 de mayo de 1991, mediante un pronunciamiento de oficio el recurso de queja deducido por el defensor del procesado Luis Correa Ramírez , encausado como autor del delito de tráfico de estupefacientes, concediendo a éste su excarcelación. Así se consigna en el respectivo libelo anterior cuando se dice que he comprometido gravemente mi comportamiento ministerial “en la mayoría de las causas de relevancia que se investiga o se han investigado por la esfera judicial relativas al tráfico de estupefacientes”.

En la presente acusación se hace referencia a la queja Nº4.412 y a la resolución de excarcelación, precisando que su tramitación fue gravemente irregular y en algunos aspectos evidentemente fraudulenta. Se habla de “una tramitación secreta entre el 17 de abril en que se denegó el recurso y el 13 de mayo, en que se acogió”. Se dice estar viciada por ausencia de notificación durante el lapso mencionado y que a ello se debería la excarcelación, lo que indica que lo que se impugna de fondo es la decisión maliciosa. La que se trata de rever mediante el presente libelo recaído en un mismo hecho sobre el cual la primera acusación no logró prosperar. Hay aquí un quebrantamiento del principio básico del aforismo “non bis in ídem”, es decir, un mismo hecho no puede ser objeto de doble persecución.

Al sostenerse en la acusación que por no aplicarse medidas disciplinarias se puede hacer reproche a los integrantes de la Sala, se está interfiriendo en facultades privativas y excluyentes del Poder Judicial , cauteladas por el artículo 73 de la Constitución, tanto porque la resolución reclamada incide en un proceso fenecido, cuanto porque se persigue derechamente revisar el contenido y fundamentos de la decisión que acogió el recurso.

Por primera vez en la historia del país se presentan dos acusaciones constitucionales, prácticamente simultáneas, en contra de un Magistrado que desempeña el cargo de Presidente de la Corte Suprema . No constituye eufemismo constatar la lesión irreparable que para la dignidad humana esto representa, ya que desde un inicio se difunde de manera irreversible un panorama de sospechas sobre el cometido de una función jurisdiccional prácticamente al término de ella y que involucra al país todo y proyecta su sombra hacia el exterior. Incluso alcanzan a un Ministro fallecido que designó la Sala, a los abogados integrantes que intervinieron también en las decisiones, uno de los cuales asimismo ha fallecido.

El acusado se pregunta ¿Es posible imaginar que todo el Tribunal se coludió para dictar un fallo contra derecho, en forma unánime, cuando en la segunda decisión que se impugna obviamente debieron considerarse medios de prueba que no rigieron en la primera resolución? Y agrega que no se trataba de la condena o absolución del reo, sino de un pronunciamiento en el ámbito del derecho a la libertad, en donde rige la presunción de inocencia. Ese derecho está consultado en el Código de Procedimiento Penal y en el Pacto de San José de Costa Rica.

El notable abandono de deberes.

Esta causal, en cuanto a los Magistrados, viene de las Constituciones de 1925 y de 1833. Las autoridades son acusables por delitos que pueden ser constitucionales o penales. Por tanto, todos están integralmente sometidos a derecho.

La sujeción a derecho es el alcance práctico más importante del principio de juridicidad. Es por ello que el artículo 7º, inciso 1º de la Constitución determina que los órganos del Estado sólo pueden actuar válidamente, previa expresa habilitación jurídica para obrar. Esto quiere decir que debe existir una norma legal dictada con anterioridad al acto y que confiera la potestad que se ejerce, deben estar conferidas taxativamente por la Constitución o las leyes.

Hablar de abandono de deberes exige como presupuesto, saber cuáles son esos deberes.

Los deberes cuyo abandono pueda dar origen a una acusación constitucional, son aquellos que, en forma clara, precisa y determinada señala la Constitución y en el caso especial de los Magistrados, el Código Orgánico de Tribunales. No quedan ni pueden quedar a una interpretación abierta y libre.

¿Cuáles son esos deberes que deben cumplirse y no abandonarse?.

El acusado analiza el significado de la expresión “deber” y los clasifica en sustantivos y adjetivos y, también, en activos y pasivos.

Los deberes sustantivos consisten en “conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado”. A la Corte Suprema la Constitución le encomienda, además, la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación y la de resguardar la supremacía constitucional al conocer del recurso de inaplicabilidad (artículos 73, 79 y 80 de la Constitución).

Los deberes adjetivos consisten en un cúmulo de obligaciones anexas, aptas para cumplir la principal y que resguardan la eficiencia y la independencia de los jueces.

Todo el control del quehacer sustantivo y adjetivo de los tribunales le corresponde a la Corte Suprema, ante lo cual cabe preguntarse si la Corte puede y debe ser controlada por otro órgano.

Sobre el particular la Constitución ha sido cuidadosa, pues para resguardar la independencia del Poder Judicial , ha dicho que sus facultades son “exclusivas”, de ahí lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.

No puede el Congreso ni la Cámara de Diputados, ni el Senado, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, hacer lo que les está prohibido: revisar el contenido y fundamento de resoluciones, tanto propiamente jurisdiccionales como aquellas dictadas en ejercicio de la superintendencia directiva, correccional o económica. No puede tampoco, directamente, tratar de enmendarlas, anularlas o revocarlas o, indirectamente, utilizarlas para justificar una sanción en contra de sus autores.

La responsabilidad de los jueces a que se refiere el artículo 76 de la Constitución es reproducida en el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, el que dice que “los jueces son personalmente responsables de los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, pero respecto de los miembros de la Corte Suprema puntualiza que “la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad”.

Algunos han creído que la exención de responsabilidad penal de los Ministros de la Corte Suprema por las faltas a las leyes de procedimiento y por la denegación o torcida administración de justicia no se extiende a su responsabilidad política cuando actúan en sala o pleno y podría configurar un notable abandono de deberes a título individual cuando actúan como tribunal de primera instancia.

La omisión de ciertas notificaciones que atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia, respecto del Consejo de Defensa del Estado, no tiene el carácter de sustancial, porque la queja se traba entre el presunto agraviado con la resolución y el juez o jueces que la dictaron y porque, además, el Consejo compareció después que el tribunal procedió de oficio, convalidando dicha actuación.

En la comisión que estudió la Constitución de 1980, su Presidente señor Ortúzar expresó que “la Cámara de Diputados no podrá acusar a los Ministros de la Corte Suprema por los fundamentos o los contenidos de sus resoluciones”, “podrá revisar los deberes sustantivos, jurisdiccionales y los del ejercicio de sus facultades directivas, correccionales y económicas, para establecer si los asumió o los abandonó, pero sin revisar los fundamentos y contenidos de las resoluciones dictadas.”

Los otros deberes, que podemos denominar adjetivos o secundarios y que pueden ser positivos o negativos, contenidos en el Código Orgánico de Tribunales también puede ser revisados sin restricciones. Se refiere el acusado a los deberes y provisiones a que están sujetos los jueces, consultados en el párrafo siete del Título X, y aplicables a los miembros de las Cortes de Apelaciones y de la Suprema, por expresa disposición del artículo 318 del mismo Código.

En resumen, esos deberes son: el de residencia; el de asistencia a su despacho; el de no ejercer la abogacía; el de no actuar como árbitros; el de fallar las causas tan pronto estén en estado, por orden de su conclusión; el de abstenerse de expresar y aún insinuar privadamente su juicio sobre asuntos llamados a fallar, ni dar oídos a toda alegación de las partes o terceros fuera del tribunal; el no comprar para sí, su cónyuge o sus hijos las cosas o derechos que se litiguen ante ellos; el no dirigir felicitaciones o censuras al ejecutivo o funcionarios públicos o corporaciones oficiales; el no tomar parte en las elecciones populares y sólo emitir su voto; el no mezclarse en reuniones de carácter político o activar dentro del Poder Judicial ; el no publicar sin autorización del Presidente de la C. Suprema escritos en contra de su conducta, etc.

Además, en otros artículos del mismo Código se consignan otros deberes o prohibiciones, no adjetivos, sino subjetivos y propiamente ministeriales. Ellos son: la prohibición de mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y ejercer otras atribuciones que las determinadas por la ley; la de no ejercer su potestad en otros negocios ni fuera del territorio asignado por la ley; la de no avocarse al conocimiento de causas pendientes ante otro tribunal; la de no dar carácter secreto a actos que son públicos; la de no proceder de oficio cuando la ley señala que deban hacerlo a petición de parte, la de no excusarse de ejercer su autoridad si se reclama su intervención en forma legal en negocios de su competencia; la de integrar las Salas y el Pleno, según corresponda; la de concurrir a la inauguración del año judicial.

A continuación se hace una larga enumeración de las obligaciones del Presidente de los tribunales colegiados y se señala el deber de la Corte Suprema de hacer la calificación general de los funcionarios judiciales, en sesión secreta.

Las calificaciones indicarán si cumplieron con sus deberes.

Si no los cumplen, será necesario configurar un abandono de esos deberes que sea, además, “notable”.

“Abandono” significa dejar alguna cosa emprendida y también descuidar uno sus intereses u obligaciones.

“Notable”, quiere decir digno de nota, lo que es grande y excesivo.

No hay en la acusación atisbo siquiera de que el acusado los haya abandonado, que se haya descargado o liberado de ellos.

El Ministro acusado cita a Alejandro Silva Bascuñán para señalar que la acusación procederá “cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestren por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida”. También cita a don Jaime Guzmán y a don Sergio Diez con argumentos que la causal debe emplearse cuando se produzcan circunstancias extremas, de suma gravedad, reiteradas y que el notable abandono de deberes no tiene relación alguna con la forma de interpretar la ley.

Todas estas citas son coincidentes sobre la índole del vocablo “notable”.

En cuanto al fondo.

El acusado señala que es Presidente de la Corte Suprema desde el 06 de enero de 1996 y que es en esta realidad funcionaria en que debería ser acusado por notable abandono de deberes.

No obstante el libelo acusatorio se funda en hechos ocurridos hace más de seis años, comienzos de 1991, cuando han transcurrido más de dos mil días y en relación con un proceso iniciado el 12 de agosto de 1989 y sin que la parte que aparece como directamente agraviada, el Consejo de Defensa del Estado, durante todo este tiempo, haya recurrido al Pleno de la Corte Suprema cuando se dictó la resolución que se estima obtenida con fraude procesal, o haya solicitado la extradición del procesado Correa Ramírez imputado y condenado por delito cometido en nuestro país bajo la vigencia de la ley Nº18.403, de 04 de marzo de 1985, sobre tráfico de drogas y estupefacientes.

A juicio del acusado no es efectivo que Correa Ramírez sea uno de los más peligrosos traficantes colombianos, pertenecientes al Cartel de Medellín; sobre ello no existe indicio alguno en el proceso y la sentencia firme que rige en el juicio respectivo, reconoció que le favorecía la atenuante de su irreprochable conducta anterior y consta en el proceso que el mencionado Correa pertenece a una familia respetable de Colombia.

Señala que fue el Presidente de la Corte , don Rafael Retamal , actualmente fallecido, el que hizo la designación en la 3ª Sala. Su memoria se encuentra al margen de la más mínima sospecha.

Los ministros de una Sala actúan en lo jurisdisccional; se imponen de los asuntos por intermedio del relator, quien debe cumplir con señalar los vicios u omisiones que notaren en los procesos, que sean sustanciales.

Al Presidente de la Corte Suprema le corresponde la tramitación en lo administrativo, asesorado por el Secretario y el Prosecretario del tribunal.

Al Presidente de la Sala la ley orgánica le señala fijar las materias que han de debatirse y ponerse en votación, y éstas deben votarse como lo indica el artículo 84 del C.O.T.

Este acusado no era en el año 1991 Presidente de la Sala y menos Presidente de la Corte.

Lo que consta del proceso.

1. Correa Ramírez no era el cabecilla de los concertados en el tráfico, (considerando 35 del fallo de 1ª instancia).

Consta de la sentencia firme que los autores intelectuales del delito lo fueron Ángel Vargas Parga y Sayl Sánchez, quienes ya antes como asociados en una empresa habían viajado reiteradamente a Colombia, (considerando 36 y 43 del mismo fallo).

2. De la confesión de Correa Ramírez y del mérito del proceso, no se desprende hecho concreto alguno en orden a: cómo se planificó el delito; quiénes eran los concertados; cuál fue la cantidad de cocaína materia del acuerdo; de dónde provenía esta sustancia y la forma en que saldría de Colombia, en el supuesto de provenir de dicho país.

Aparece si de la declaración de Andrés Sánchez -de Fs.251-, Oficial de la Policía de Cochabamba (Bolivia) y miembro de la DEA, con respecto al punto anterior, que la cocaína provendría de Bolivia en donde se verificó su embarque en el container; y que en dicho país, el cometido exclusivo, lo tuvo el sentenciado Hans Richard Kollross Eterovic , como aparece también evidenciado en las indagatorias de éste. Además, según lo expone a Fs.261, el Capitán de Carabineros Yerko Malinarich, para él Fernando Cuesta era el cabecilla de la operación (¿Bolivia?); “y la labor de Correa en Chile era servir de acompañante al mencionado Cuesta”.

3. Las sentencias de primera y segunda instancia no contienen como no podía ser de otro modo dada la pobreza de la investigación, consideración alguna sobre puntos específicos, sobre lo cual con seguridad se debió haber razonado cuando se relató por segunda vez la queja; aspectos que sí fueron consignados por los dos señores abogados integrantes que ya antes habían resuelto la excarcelación de Correa y con el voto en su favor que mantuvo el Ministro de la Corte de Arica señor Neira ; y que dicen relación con la etapa de desarrollo en que quedó el delito, que de acuerdo con el inciso final del Art.157 del Código Orgánico de Tribunales debe considerarse cometido en el lugar en que se dio comienzo a su ejecución ¿Colombia, Bolivia?; que la cocaína nunca estuvo jurídicamente en Chile, pues el container que la contenía se mantuvo en el sector primario de Aduanas -Art.22 y 26 de la Ordenanza General de Aduanas- y su destino era Estados Unidos; y, asimismo, en el grado exacto de participación de los reos autores, cómplices o encubridores.

Conviene manifestar, asimismo, que la ley que regía el proceso en el ámbito de lo ilícito, y en su época, en el Art.10 agregaba la posibilidad de reducir hasta en dos grados la sanción en el evento de tentativa; y que los Convenios internacionales en materia de drogas, contienen la reserva de las normas constitucionales y legales del país, como lo fueron las suscritas en Viena y Nueva York.

En lo que respecta al ámbito preciso de la excarcelación, se debe tener en consideración la contradicción que existe entre el derecho a la libertad consagrado en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal y los supuestos que la inhiben, como el peligro para la persona del ofendido o para la seguridad de la sociedad, este último riesgo nunca estuvo vigente para la sociedad chilena, pues el container, por la misma índole de su resguardo y el lugar en que se lo mantenía, no se hallaba destinado al país.

4. Nada se ha dicho en lo atingente a la esfera de las comparaciones, y de la vinculación del fraude con el cometido de los tribunales que, además, de lo expuesto por Sayl Sánchez , pese a la índole de su participación, obtuvo reiteradamente el voto del Ministro de la Corte de Arica señor Díaz .

5. Que el mismo Sayl Sánchez , fue condenado en sentencia de segunda instancia a una pena cinco años inferior a la de los demás sentenciados, sin que ese fallo contenga consideración alguna que siquiera explique dicha benevolencia sustancial.

6. En innumerables ocasiones la Corte Suprema ha procedido de oficio como consta de las sentencias que se adjuntan; y, por lo demás, una petición en ese mismo carácter dedujo el señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado cuando solicitó se dejara sin efecto la excarcelación acordada en la queja.

7. La acusación deducida después de seis años, no toca obviamente a cuatro señores abogados integrantes que desempeñaron funciones de valoración subjetiva y objetiva idénticas en lo decisorio que la de los Ministros titulares.

No creo que sea posible dudar de su honorabilidad e introducir a su respecto un juicio de desvalor.

El transcurso del tiempo, con todos los efectos que produce en los acontecimientos del pasado; que va esfumando lenta e irreversiblemente los recuerdos; que ha sido considerado como una institución fundamental por el legislador para los efectos de la estabilidad de los derechos, al parecer no rige para los efectos de deducir la acción de que aquí se trata, al margen de la preceptiva que rige a su respecto como ya se expuso en lo principal.

¿Qué habría sucedido, como pudo ocurrir, que en lugar de fallecer solo uno de los integrantes de la Sala, hubiesen fallecido dos o tres?; ¿sería aún posible la acusación?; ¿o que ella se manifestara diez o quince años después?.

8. Si ha habido responsabilidad de parte de funcionarios del Escalafón del Personal, ¿cuáles son ellos?

9. Por último y sin perjuicio de los medios de prueba que he hecho valer en su defensa anterior, y en aquello que, asimismo condice con esta; creo que es del caso dejar constancia que antes de ejercer el cargo actual, no conocía funcionario alguno de los que laboran en Secretaría, salvo aquellos que se desempeñaron como oficiales de Sala, en aquellas que me correspondió desempeñarme como Ministro .

Termina diciendo que, con el mérito de lo expuesto y de las disposiciones constitucionales y legales citadas, solicita a la honorable Cámara de Diputados tener por contestada la acusación y previa votación en el hemiciclo, declarar que no ha lugar a ella.

Pide tener a la vista los antecedentes y documentos, especialmente la defensa escrita y las transcripciones de su comparecencia personal a la Comisión que estudió la anterior acusación constitucional de que fue objeto.

Designa abogados patrocinantes y confiere poder a los abogados señores Marcos Bartucevic Torres y Francisco Bartucevic Sánchez, para que lo representen en todas las gestiones, solicitudes y presentaciones que sean procedentes en derecho, conforme a las facultades que la ley atribuye a la Comisión.

DEFENSA DE LOS MINISTROS MARCOS ABURTO,

ENRIQUE ZURITA Y OSVALDO FAÚNDEZ.

Fundamentos de la acusación.

Los acusados comienzan su defensa citando textualmente los fundamentos del libelo acusatorio.

Cuestión previa.

A continuación plantean la cuestión previa, diciendo que no cumple con los requisitos que la Constitución prescribe para su procedencia contra los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, fundando su aserto en lo siguiente:

Sostienen que la acusación constitucional contra magistrados de los tribunales superiores de justicia requiere de un conjunto de requisitos que no concurren en la especie, y señalan que no puede asomarse siquiera la posibilidad de que concurra la causal de “notable abandono de deberes”.

La acusación constitucional, tiene por objeto perseguir lo que los acusadores denominan “la responsabilidad política de los acusados”. Esta posición constituye un despropósito que implica un desconocimiento de conceptos esenciales relativos a las características de nuestro régimen político y de los rasgos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.

Los miembros del poder judicial no están afectos a responsabilidad política bajo ningún respecto; en un estado de derecho, salvo ciertas excepciones, los Jueces no son elegidos sino designados por diversos procedimientos con los que se pretende garantizar su imparcialidad, objetividad e independencia. Chile no hace excepción en esta materia.

En el proceso chileno, de generación de los Jueces, interviene el Poder Judicial y el Presidente de la República , procurándose que en la designación de los magistrados esté ausente el cuerpo electoral en general y los representantes del pueblo en particular.

La estructura anterior está realizada con el objeto de evitar la influencia o participación política y la consiguiente militancia de los magistrados que se designan.

Del principio de la independencia, se desprende de un modo inconcuso una consecuencia inherente al mismo cual es la ausencia absoluta de responsabilidad política de los jueces de la República.

Una acusación constitucional destinada a hacer efectiva a responsabilidad política de los Jueces, resulta inadmisible y no puede ser sometida a tramitación, pues ella denota un propósito ajeno a la regularidad constitucional y contrario a las normas más elementales del derecho.

El estado de derecho en la Constitución de 1980.

En la historia constitucional chilena existe un largo precedente en la consagración de la legalidad administrativa y la supremacía constitucional. Para demostrarlo citan los artículos 159 y 160 de la Constitución de 1833, el artículo 4º de la de 1925.

La Constitución Política de 1980 ha consagrado el estado de derecho en numerosas disposiciones que ocupan prácticamente todo su articulado. Los más básicos son los artículos 5, 6, 7, 19 en toda su extensión; 24, 73, 81, 116 entre muchos otros.

Como lo han expresado numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Excma. Corte Suprema, los artículos 6º y 7º consagran las bases del estado de derecho, como también la división orgánica y funcional de los Poderes constituidos.

Además, estas normas están contempladas en el Capítulo I de la CP denominado “Bases de la Institucionalidad”. Por ello todos los actos, infracciones, delitos, abusos de poder o hechos que atenten a estas disposiciones, ponen en juego y afectan gravemente estas bases.

Los acusados recuerdan como referente histórico de este capítulo, los conceptos contenidos en el Acta Constitucional N°2 del 11 de septiembre de 1976, y citan lo expresado con respecto al estado de derecho en el Informe de la Comisión de Estudios de la Nueva CP. y algunos aspectos contenidos en el informe de la CENC al Presidente de la República y que ilustran mejor el sentido y alcance del estado de derecho en la institucionalidad vigente

Los antecedentes invocados en este apartado, no deja en duda que toda la institucionalidad surgida de la CP. vigente, reposa en el principio según el cual los órganos del Estado han sido dotados de facultades que les diferencian e imponen la obligación de cumplir sus responsabilidades con plena independencia y sin coacciones de ningún tipo. Nada en la Carta del 80 permite presumir que pueda ser lícita la injerencia de un poder en las facultades propias de otro.

La supremacía constitucional impone a todos los órganos del Estado sujetarse estrictamente a la Constitución.

Es un hecho aceptado por todos, que la CP es la norma fundamental del Estado, jerárquicamente superior y base de todas las demás, no requiriendo justificación anterior. Es lo que hemos denominado la Supremacía Constitucional, elemento inseparable del estado de derecho.

La importancia que este principio reviste para el intérprete, que ya sea desde una perspectiva doctrinal o de autoridad, debe determinar el sentido y alcance de las normas, ajustándose estrictamente a las disposiciones de la Carta Fundamental y observando escrupulosamente las normas de hermenéutica constitucional.

Los órganos del Estado jamás deben olvidar la aplicación estricta del conocido aforismo según el cual “En derecho público sólo pueden ejecutarse aquellos actos que la Constitución y las leyes expresamente autorizan y en derecho privado todo aquello que la ley no prohíbe.”

La separación de los poderes es un principio fundamental del estado de derecho y significa el límite más eficaz a las intervenciones de un poder en otro.

Los acusados se remontan a la época de los griegos, a la doctrina de John Locke y a Montesquieu, que estructura definitivamente la teoría a partir de tres funciones: legislativa, ejecutiva, y judicial.

Chile se nutrió de esta tradición y consagró, como aparece en la Constitución de 1980 un capítulo IV. Gobierno. Presidente de la República . (Artículo 24); un capítulo V. Congreso Nacional. (Artículo 42), y un capítulo VI. Poder Judicial. (Artículo 73, inciso 1º).

Pero este principio no estaría suficientemente asegurado si al mismo tiempo no se consagrara la independencia de los poderes públicos.

La independencia del poder judicial asegura que la función jurisdiccional se desarrolle sin intervenciones indebidas de otro poder.

El artículo 73 es uno de los preceptos fundamentales del Poder Judicial , establecido constitucionalmente en el capítulo VI, que se relaciona directamente con los art. 6º y 7º de la Constitución Política

El poder judicial tiene las siguientes facultades propias, que ejerce con exclusión de cualquier otra autoridad establecida en la CP.:

a) Conocer las causas civiles y criminales;

b) Resolverlas;

c) Hacer ejecutar lo juzgado.

Reafirmando la independencia y exclusividad de los poderes que se le han entregado al Poder Judicial, la CP prohíbe al Presidente de la República y al Congreso:

a) Ejercer funciones judiciales.

b) Avocarse causas pendientes.

c) Revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones del Poder Judicial .

d) Hacer revivir procesos fenecidos.

A diferencia de todos los textos constitucionales anteriores, en el actual se ha consagrado uno que dice: “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones.”

En consecuencia, la doctrina nacional y el ordenamiento jurídico han concordado sin duda alguna en que la independencia del poder judicial es un presupuesto fundamental del estado de derecho sin que sea posible tolerar injerencias indebidas de otro poder del Estado en las decisiones jurisdiccionales, ni tampoco en la prosecución de responsabilidades por el contenido de éstas.

La jurisprudencia de las acusaciones constitucionales deducidas en la historia de Chile en contra de magistrados de los tribunales superiores y que se han fundado en ?notable abandono de deberes? demuestra que siempre se ha cautelado la independencia del poder judicial.

1. Acusación Constitucional de 1868-1869.

Históricamente es la primera acusación contra miembros de los Tribunales Superiores de Justicia por notable abandono de sus deberes, los acusados citan intervenciones de don Antonio Varas y don Domingo Santa María pronunciadas en la sesión de 25 de agosto de 1868, en abono de su aserto.

La acusación fue rechazada por el Senado mediante sentencia de 10 de mayo de 1969, que reafirmando la independencia del poder judicial, declaró las ideas que interpretan correctamente las funciones jurisdiccionales.

De esta manera, es posible apreciar que ya en esa época, se entendía que el concepto de notable abandono de deberes no decía relación con los fundamentos o contenido de los fallos, ni con la aplicación de las leyes que en ellos se hiciere.

2. Acusación Constitucional de 1891.

Finalizada la revolución de 1891, la Cámara de Diputados declaró haber lugar a la acusación interpuesta en contra de varios magistrados de los Tribunales Superiores. Pero no fue acogida porque al poco tiempo de restablecerse la normalidad constitucional se dictaron leyes de amnistía que impidieron las acusaciones de la Cámara.

3. Acusación Constitucional de 1933.

En esta oportunidad, un grupo de Diputados acusó a la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en diversos hechos. En los debates pertinentes, el honorable Diputado y Constitucionalista, don Carlos Estévez Gazmuri , expresó algunos conceptos que son claves para entender el verdadero sentido y alcance de la expresión “notable abandono de deberes”.

La acusación constitucional fue rechazada el 28 de junio de 1933 y reitera la tesis que ninguna autoridad ajena al Poder Judicial , puede ejercer funciones judiciales o revisar sentencias, en una posición jurisprudencial que se va a mantener invariablemente en la historia constitucional del país.

4. Acusación Constitucional de 1961.

Al igual que en casos anteriores, en esta acusación, la Comisión en forma clara y precisa excluyó la posibilidad de acusación en aquellos casos que se relacionan con la forma de administrar justicia y la interpretación de la ley, reafirmando una vez más la independencia del poder judicial en sus funciones propias.

La acusación fue declarada inadmisible por la honorable Cámara de Diputados, incluyéndose el voto de su Presidente , honorable Diputado Sr. Jacobo Schaulsohn . Nuevamente, no sólo se reitera el alcance de la expresión notable abandono de deberes, sino que además se le da el carácter de jurisprudencia parlamentaria.

5. Acusación Constitucional de 1967.

Con ocasión de esta acusación, el Informe de la Comisión nuevamente se refirió al significado de la expresión “notable abandono de deberes”.

Con la finalidad de fundar a favor o en contra la acusación, intervinieron numerosos Diputados, como el Sr. Renato Valenzuela Labbé , quien mantuvo la posición doctrinal que ya era una tradición en materia interpretativa.

La honorable Diputada Sra. Inés Enríquez estuvo encargada de informar a la Cámara. Junto con hacer una clara defensa del principio de separación de poderes, terminaba diciendo que no podía imputarse notable abandono de deberes a quienes en cumplimiento de sus funciones como Poder del Estado y en ejercicio legítimo de sus atribuciones, aplican textos en cuya dictación no han participado. Esta acusación fue rechazada en la honorable Cámara de Diputados.

6. Acusación Constitucional de 1992.

En diciembre de 1992 fueron acusados los Ministros Srs. Cereceda , Beraud y Valenzuela , además del Auditor General del Ejército Sr. Torres, por haber resuelto una contienda de competencia entre la justicia civil y la justicia militar, prefiriendo a esta última, por lo cual habrían incurrido en notable abandono de deberes.

Además, la acusación se basó en una supuesta mala constitución de la Sala que había conocido de otro asunto, como también en la demora para dictar un fallo de casación.

La acusación fue aprobada en la Cámara de Diputados. En el Senado sólo fue acogida contra del ex Ministro Sr. Hernán Cereceda , siendo de importancia destacar que tres Srs. Senadores permitieron la mayoría necesaria, dejando constancia que lo hacían sólo por atraso en la dictación del fallo.

Así las cosas, en la oportunidad se mantuvo una vez más el criterio tradicional relativo a la extensión y significado de la expresión “notable abandono de deberes”.

7. Acusación Constitucional de 1996.

El 03 de septiembre de 1996, un grupo de Diputados acusó constitucionalmente a los Excmos. Ministros Ortiz , Zurita , Navas y Álvarez . Tuvo su origen en la resolución judicial dictada en un proceso por el homicidio de un ciudadano chileno español, en el cual se aplicó el D.L. 2.191 de amnistía y además se habrían ignorado antecedentes probatorios, no se habrían decretado algunas diligencias y violado la obligación de tutelar la responsabilidad internacional del Estado chileno.

En el mismo mes, la Comisión designada para estudiar la procedencia de la Acusación Constitucional propuso, por mayoría, declararla improcedente.

La votación de la Cámara de Diputados, decidió por mayoría rechazar la acusación, con lo cual se reafirmó una vez más la independencia del poder judicial y las facultades exclusivas que le corresponden en la decisión de los asuntos controvertidos.

El notable abandono de deberes establecido en la Constitución de 1980, recoge la tradición constitucional de respeto a la independencia del poder judicial y a las facultades exclusivas de éste en las decisiones jurisdiccionales.

1. La historia fidedigna del establecimiento de la ley.

Los preceptos relativos a la acusación constitucional, fueron estudiados por la CENC en numerosas sesiones.

La comisión estimaba que tal era la posición contenida en el anteproyecto en cuanto éste señalaba que la acusación no podía extenderse por ningún motivo a la forma como los magistrados dictan sentencias y establecen jurisprudencia.

Por otra parte el comisionado Sr. Jaime Guzmán E. se refirió no sólo a la correcta inteligencia histórica del precepto, sino también al peligro que encerraba la formación de una mayoría política proclive a acusar a los Magistrados en función de sus decisiones jurisdiccionales.

De opinión similar, el Presidente de la Comisión Sr. Enrique Ortúzar expresó ideas concordantes con el resto de los Comisionados, en relación al ejercicio de las facultades de la Cámara de Diputados en el Juicio Político y a la cautela de la independencia del Poder Judicial en sus funciones propias.

Quedó entonces establecida la voluntad de los Comisionados en orden a otorgar independencia al Poder Judicial en la decisión de los asuntos controvertidos sometidos a su conocimiento.

2. Conclusiones emanadas de la historia de la ley.

1º Hubo casi unanimidad entre los comisionados para incluir en el capítulo relativo al Poder la proposición del Sr. Bertelsen en orden a que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden “revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones”. El actual Art. 73 Inc. 1º.

2º Fue rechazada la proposición de la Sra. Bulnes en orden a darle una mayor amplitud al concepto de “notable abandono de deberes.”

3º En la historia fidedigna quedó expresa constancia que “no es posible deducir una acusación constitucional por notable abandono de deberes en contra de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia en cuanto a materias que digan relación estricta con la interpretación jurídica o la aplicación de la ley.”

4º La prohibición del Congreso de ejercer funciones judiciales, de avocarse causas pendientes, de revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones o de hacer revivir procesos fenecidos, se deduce del principio de la división de poderes y tiene como sanción la nulidad de derecho público establecida en el Art. 7º de la CP.

Por todo lo anterior, no puede quedar duda de ninguna especie, en el sentido que hay una prohibición absoluta para acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, con relación a la forma como dictan sentencia y establecen jurisprudencia.

3. Verdadero sentido de la expresión “notable abandono de deberes”.

Los acusados hacen mención a las definiciones del Diccionario de la Lengua Española sobre las expresiones “notable”, “abandono” y “deberes”.

Como consecuencia de lo anterior, los elementos esenciales que podrían fundamentar una acusación por este capítulo son los siguientes:

1º Un acto ejecutado por un Magistrado, que sea digno de nota y atención por su gravedad.

2º La acción de abandono, que consiste en descuidar los intereses u obligaciones.

3º Ambas acciones deben estar referidas a los deberes funcionarios que imponen la CP. y la Ley.

4. Sentido y alcance de la expresión “revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones”.

Ya hemos señalado en varias oportunidades que el actual art. 73 de la CP prohíbe al Presidente de la República y al Congreso, en caso alguno, revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales. Siendo esta expresión una novedad constitucional, que sólo rige desde 1981, es de suma importancia precisar su alcance y extensión.

Los acusados recurren al Diccionario de la Real Academia Española para precisar las palabras: “revisar”, “fundamentos” y “contenido”.

Los acusados se preguntan ¿Es factible que se nos atribuya abandono de nuestras obligaciones porque todos los días acogemos o rechazamos recursos de Amparo, de Protección, que por cientos se conocen por esta Corte?; no comparte los razonamientos y la lógica interpretativa de una sentencia de casación; porque el Pleno de la Corte Suprema acogiera un recurso de inaplicabilidad, por determinados fundamentos que no fueren del agrado del Congreso; porque se absuelva o condene a un individuo y ello no sea a satisfacción del Congreso; o porque los Magistrados de una Sala de la Corte Suprema conceden el beneficio de la libertad provisional a un procesado.

Los señores acusadores deberían recordar que, de acuerdo con el Nº4 del art. 170 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias judiciales, por regla general, deben contener “las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la decisión”. Al Congreso Nacional le está vedado revisar o calificar estas consideraciones o fundamentos del fallo.

También le “está prohibido al Congreso rever el contenido de las decisiones jurisdiccionales”.

Como queda demostrado la acusación yerra en su base, en su esencia, y, por eso, es improcedente en Derecho, ya que invade atribuciones privativas y exclusivas del Poder Judicial y pretende revisar y calificar algo que la CP prohíbe, cuestión que la convierte en abierta y manifiestamente inadmisible, motivo por el que “sólo cabe dar lugar a la cuestión previa que se plantea”.

Conclusiones.

De conformidad con lo expuesto podemos precisar a la honorable Cámara, la siguiente síntesis de conclusiones:

1° La acusación es inconstitucional, porque sus fundamentos están referidos a juicios u opiniones de mérito respecto al contenido de una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, consistente en la dictación del beneficio de la libertad provisional en favor de un procesado y de acuerdo a facultades legales.

2° El libelo acusatorio infringe el Art. 73 de la CP, en cuanto para el Poder Judicial es una facultad exclusiva y excluyente la de conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado.

3° Infringe las Bases de la Institucionalidad contempladas en el Capítulo I de la CP, pilares y soportes del Estado chileno.

4° En forma particular se violan los artículos 6° y 7° en materia de: a) División de los Poderes; b) Estado de derecho; c)Principio de legalidad; d) Supremacía material de la Constitución; e)Vinculación directa de la CP; y, f) Constituye una desviación y un abuso de poder;

5° Transgrede el Art. 48 N° 2 letra c), por cuanto asilándose formalmente en el notable abandono de deberes, tergiversa su sentido e invade facultades propias de otros poderes.

6° Se viola en general el Capítulo VI relativo al Poder Judicial , ya que al consagrarse la independencia de éste en la CP, ella se ve amenazada concreta y directamente con esta acusación, bajo la amenaza de destitución si nuestros fallos no son del agrado de otro poder del Estado.

7° Se atenta gravemente en contra de las Bases de la Institucionalidad, ya que se pretende que el Poder Judicial conozca, resuelva, interprete, razone y juzgue como sería la voluntad de los acusadores.

Con el mérito de lo expuesto y de las disposiciones constitucionales y legales citadas, los acusados solicitan tener por deducidas cuestiones previas de inadmisibilidad e improcedencia por inconstitucionalidad de la acusación constitucional, y cumplidos los trámites pertinentes, acogerla y tener por no interpuesta la acusación.

Enseguida contestan la acusación reproduciendo también en esta parte lo que fuere pertinente de lo anteriormente expuesto, y además de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que pasan a exponer:

Falta de oportunidad temporal de la acusación.

^@#@^Extemporáneamente, se nos acusa por actos jurisdiccionales realizados en mayo de 1991. Después de tantos años se nos imputa notable abandono de deberes, cuando éste, conforme a lo que se ha dicho, requeriría, en su caso, de una pronta reparación y reproche. Es acaso tarea difícil e imposible para nosotros, recordar hechos y circunstancias menudas y ordinarias dados los miles de casos que se resuelven en un año.

Por ello, es que esta acusación, si bien no está limitada por un plazo en la CP, no es menos cierto que está fuera de toda razón y sentido común, invocar presuntas responsabilidades constitucionales, derivadas de hechos tan antiguos.

Antecedentes y explicaciones de los recursos de queja que se han indicado en el libelo acusatorio.

Después de lo explicado anteriormente, y en cumplimiento de nuestro sagrado juramento como Jueces del más alto Tribunal de la República, entramos a explicar nuestro actuar.

En primer término pasamos a describir sucintamente los recursos de queja Rol Nº3.550 y 4.412 y haremos en su caso, las rectificaciones de los errores cometidos en el libelo acusatorio añadiendo los antecedentes omitidos en el mismo.

Recurso de queja Rol N° 3.550 de 29 de octubre de 1990 en causa Rol N°43.458. de ingreso criminal del juzgado del crimen de Arica contra Hans Richard Kollross Eterovic y otros.

1. Fue interpuesto por el Sr. Fiscal de la C. de A. de Arica don Jorge Morales P., en contra de los abogados integrantes de la misma señores Luis Cabanné V. y Hugo Silva P., quienes por voto de mayoría, acordaron dar lugar el día 25 de Oct. de 1990, a la excarcelación solicitada por el reo Luis Correa R., procesado por autoría en el tráfico ilegal de cocaína.-

No es efectivo que haya sido el Consejo de Defensa. del Estado el recurrente tal como señala la acusación.

2. En el recurso, se hace parte el Consejo de Defensa del Estado, representado por su Presidente, don Guillermo Piedrabuena R. En escrito de Fs. 14 de ese expediente, el Presidente del Consejo de Defensa, junto con señalar una serie de argumentos que aconsejan acoger el recurso, informa a la C.S. tres cuestiones que resulta interesante hacer presente:

a) Que había sido dejada sin efecto DE OFICIO, por la Corte de Arica la excarcelación otorgada por voto de mayoría;

b) Que en virtud de lo anterior, el reo Correa. se había presentado voluntariamente al tribunal para su prisión preventiva;

c) Que los abogados de la Procuraduría Fiscal de Arica no habían concurrido a alegar en favor de la resolución de primer grado que negó la excarcelación del reo Correa R., hecho por el cual se había ordenado la instrucción de un sumario administrativo.-

3. Vale decir, los obligados por Ley a sostener la acción criminal en contra de quienes incurran en los delitos de la Ley 18.4O3 de aquél entonces no concurrieron a formular su defensa en estrados.

4. Además se hizo parte, solicitando su rechazo, el abogado del procesado Correa, don Arturo Sanhueza S., postulando el rechazo del mismo.-

5. Al tiempo de informar los abogados integrantes recurridos, expresaron sucintamente lo siguiente:

a) Que la resolución que adoptaron se ajustó a las facultades y atribuciones que les corresponden en su calidad de abogados integrantes;

b) Que, no obstante la gran cobertura pública del proceso, su resolución debe ser tomada conforme a los principios de juridicidad;

c) Que a juicio de los informantes, y con los antecedentes tenidos a la vista, el procesado Correa, en definitiva, debía ser declarado absuelto en la sentencia definitiva;

d) Que por diversas consideraciones de orden penal, el delito no fue completado por ninguno de los procesados habida consideración de los dispuesto en la Ley 18.403;

e) Que si en el caso de que fuere condenado Correa R., la calificación punible de su participación habría de ser la de cómplice de tentativa del delito de tráfico, lo que aunado a las circunstancias atenuantes que militaban en su favor determinaría finalmente una sanción tan ínfima que estaría actualmente en exceso cumplida con el periodo en que todavía permanece en prisión preventiva;

f) Que el antecedente histórico directo del Art.19 letra e) n° 7 de la CP., contenido en el comentario del presidente de la CENC don Enrique Ortúzar E., sesión n° 116, permiten concluir que en la especie no se trata de un delito inexcarcelable ni puede ser considerada la prisión preventiva un castigo anticipado para el culpable;

g) Que efectivamente el reo Correa R., una vez dejada sin efecto de oficio su excarcelación por la Corte de Arica, se presentó voluntariamente al primer Juzgado de esa ciudad, razón por la cual estiman confirmada irrefragablemente su resolución excarcelatoria, pues su prisión preventiva no era necesaria, habida consideración de las facilidades que habría tenido el procesado para fugarse sin hacerlo;

Por último indican que estiman por las consideraciones precedentes haber actuado correctamente y de acuerdo a Derecho.

6. A fojas 24 el abogado Sanhueza S, por el procesado preso Correa R. pide el rechazo del recurso de queja. Señaló en el primer otrosí de esta presentación que el recurso de queja debe rechazarse por carecer a esa fecha de “fundamento y necesidad, habida consideración a que el reo Luis Correa R. actualmente se encuentra en prisión preventiva al entregarse voluntariamente, y por haberlo así dispuesto de oficio la I. C. A. de Arica lo que hace innecesario resolver una situación ya inexistente”.-

7. El 19/12/1990, la Corte Suprema ordenó para conocer el fondo del recurso traer a la vista el expediente en que éste incide, oficiando al efecto, expediente que fue ingresado con fecha 24 de diciembre de 1990.-

8. El 24 /01/ 1991, la sala del máximo Tribunal integrada por el Sr. Aburto ( Presidente ), y los ministros señores Cereceda , Dávila , Araya y abogado integrante, Sr. Colombo, resolvieron no emitir pronunciamiento por innecesario, (el reo liberto se presentó voluntariamente), y resolvió llamar la atención de los abogados integrantes.

9. Por lo tanto:

a. El recurso de queja no fue rechazado, como se dice en la acusación. por innecesario, no se emitió pronunciamiento.

b. La Corte Suprema no entró derechamente en el análisis de los antecedentes ya que había desaparecido el motivo del recurso de queja.

c. El llamado de atención formulado a los abogados integrantes, tuvo lugar en virtud de las normas de libertad provisional vigentes a esa fecha antes de las leyes cumplidos, según se explica más adelante.

d. Sólo uno de los seres ministros acusados concurrió en el conocimiento de este recurso de queja, es decir el Sr. Aburto. de este modo, los Sres. Zurita y Faúndez que contestan en este libelo, jamás formaron resolución sobre este tema.

10. No es verdadero afirmar, como se sostiene en la acusación que “ya en Enero de 1991 una sala de la Corte Suprema había declarado la plena pertinencia jurídica de la continuación de la prisión preventiva de Correa Ramírez” toda vez que no hubo pronunciamiento al respecto.

Recurso de queja Rol N° 4.412 de 20 de marzo de 1991 en causa Rol N°43.458 del ingreso criminal del juzgado del crimen de Arica contra Hans Richard Kollros Eterovic y otros.

Los acusadores relatan en detalle este expediente por cuanto el párrafo de la acusación que se destina a su tratamiento contiene un cúmulo de inexactitudes que deben necesariamente ser rebatidas.

1. El recurso es interpuesto por la parte de Correa R. en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Arica don Hernán Olate M. , Andrés Díaz C. y Juan E. Fuentes B. por haber cometido falta o abuso según expresa, al confirmar el día 13/03/1991, a fojas 879 de los autos Rol N° 43.458, una resolución de primera instancia que negó lugar a una solicitud de libertad provisional deducida en favor de su representado por estimar que su excarcelación constituiría “ un peligro para la seguridad de la sociedad en los términos del inciso primero del artículo 363 del CPP.”-

2. Expresa que “en la misma resolución por voto de minoría el Ministro Titular Sr. Hugo Neira C. estuvo por conceder el aludido beneficio de conformidad a lo preceptuado en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal”. Por lo tanto, es falsa la afirmación contenida en la acusación en orden a que “por la unanimidad de sus tres ministros titulares...confirmó la resolución de primera instancia”

3. Fundamenta su petitorio en que Correa R. no constituye un peligro para la sociedad, sucintamente en lo que sigue:

a) Que cuando a su representado se le dejó sin efecto la libertad provisional con antelación por la Corte de Arica éste se presentó voluntariamente;

b) Que las reformas introducidas por la Ley 19.047 de 14 de febrero de 1991 tienden a todas luces a morigerar la prisión preventiva;

c) Que su representado lleva veinte meses privado de libertad, concepto que por mandato del legislador debe ser considerado por el Juez especialmente al tiempo de pronunciarse acerca de la excarcelación;

4. Conjuntamente con el recurso solicita orden de no innovar “ en la presente causa, con el objeto de tender a la pronta finalización de la prisión preventiva injustificada que se inflige (sic) al procesado ya individualizado, conforme al Nº6 del Autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de queja.-”

5. Con fecha 22 de marzo de 1991 se provee el escrito por el Sr. Presidente de la Corte Suprema Don Rafael Retamal L., teniendo por interpuesto el recurso, ordenando informar a los jueces recurridos en el término de 5 días y disponiendo dar cuenta respecto de la orden de no innovar en la tercera sala.

6. El 25 de marzo la tercera sala integrada por los Ministros Aburto , Jordán , Zurita y los abogados integrantes Fueyo y Rencoret , resuelven literalmente: “Se rechaza la petición de no innovar solicitada en el primer otrosí de la presentación de fs. 2 por inconducente.”

No es posible acusar a estos Ministros por la conducta de la defensa del procesado. Esta es una imputación completamente absurda e improcedente en nuestra contra. La Corte Suprema no dio lugar a esta petición, por no tener ninguna lógica y fundamento. Dio cuenta en esa oportunidad el Relator y hoy Ministro de la IC de Chillán Señor Waldo Otárola .

7. A fojas 6 rola presentación en virtud de la cual se hizo parte el Consejo de Def. del Estado por su Presidente don Guillermo Piedrabuena R. designando a fojas 7 como patrocinante al abogado señor Guillermo Ruiz P.

8. A fojas 11 obra informe de los Ministros Recurridos de la IC de Arica en que sostienen que han sido varios los motivos que han tenido para negar la libertad provisional del preso:

a) Que la excarcelación constituye un peligro para la sociedad por la cantidad de droga incautada, la forma en que se detectó la misma, la nacionalidad de los recurrentes. Son elementos que forman una cadena que demuestran que estas personas son capaces de intervenir en una acción que, en sí misma, envuelve serios riesgos para la sociedad;

b) Que en los alegatos realizados en estrados por la defensa se han escuchado argumentaciones que dicen relación con el fondo del asunto que solamente el fallo puede comprender, y que por lo mismo debe resolverse prontamente la causa, cuestión que no ha podido verificarse debido a que los procesados han pretendido a toda costa obtener su libertad provisional, posibilidad que les ha sido negada por los fundamentos expuestos.-

Que el abogado del procesado haya tenido conocimiento del informe de los Ministros recurridos no es imputable a los acusados y podría haberse originado al hecho de haber obtenido copia del mismo en la ciudad de Arica y antes de que el informe llegara a Santiago para ser agregado al recurso de queja, esto es algo frecuente en todas las Cortes de Apelaciones.

9. El 17/04/1991 la sala integrada por los Ministros Sres. Aburto ( Presidente ), Jordán , Zurita , y los abogados integrantes Rencoret y Mujica resolvieron literalmente: “ Vistos: Con lo informado por los jueces recurridos, mérito de los antecedentes tenidos a la vista y por no existir falta ni abuso, se declara sin lugar el recurso de lo principal de fojas 2”.

Dio cuenta del recurso el Relator don Jorge Correa a quien se le había traspasado junto con otros, en calidad de interino, con la exclusiva finalidad de dar cuenta de recursos de queja, como consta de las Actas de Pleno a que nos referiremos más adelante y que se acompañan en un otrosí de esta presentación. Destacamos asimismo que el Ministro Sr. Faúndez no intervino en esta resolución, por lo que no ha contrariado ninguna opinión suya vertida con anterioridad, como legítimamente lo hicieron los otros Ministros que suscriben este escrito.

10. Desde Fs. 13 a 59 ambas inclusive rolan los siguientes documentos agregados con escrito de Fs. 60 presentado por el abogado de la parte recurrente:

a. Boleta de honorarios del abogado A. Sanhueza S. por la suma de $25.000.- al señor A. Correa M., domiciliado en Pereira- Colombia, de fecha 15/04/1991, por atención profesional consistente en “ Trámites administrativos obtención residencia definitiva en Chile y revocación decreto expulsión”.

b. Copia de resolución de la IC de Arica en causa Rol N° 37.953, de fecha 20/11/1990, en virtud de la cual ese Tribunal de Alzada niega lugar a dejar sin efecto la excarcelación concedida al reo Oscar M. Lovera V. y confirma la resolución apelada de fecha 30 de octubre del mismo año.-

La resolución fue acordada con el voto en contra del Ministro Andrés Díaz C. quien estuvo por acoger la petición del Fiscal y dejar sin efecto la excarcelación concedida, atendido el grado de peligrosidad que implica el hecho investigado por la cantidad de substancia decomisada, antecedentes que es necesario considerar, al tenor de lo dispuesto en los arts. 366 y 363, letra c) inc. 2º del CPP.-

c. Recorte de diario Colombiano que da cuenta del secuestro y misa en recuerdo de un año desde su desaparición del Sr. Antonio Correa M., según se expresa posteriormente, padre del procesado preso señor Correa Ramírez .-

d. Página de un diario Colombiano de 2 /02/ 1991 en que se da cuenta de la liberación del Sr. Antonio Correa M. el 26/01/1991 en un operativo en donde murieron un suboficial de la unidad y tres plagiarios.-

e. Copia legalizada por el Cónsul General de Chile en Colombia de declaración de Impuesto a la Renta de Luis E. Correa R. por el año gravable 1989 en donde se señala que el contribuyente tiene un patrimonio líquido de $105.214.000.- y pagó por concepto impositivo la suma de $3.206.000.- moneda colombiana .-

f. Copia legalizada por el Cónsul General de Chile en Colombia de declaración de Impuesto a la Renta de Luis E. Correa R. por el año gravable 1987 en donde consta un patrimonio líquido de $ 53.230.000.- y que el contribuyente pagó por concepto impositivo la suma de $1.463.000.- moneda colombiana.-

g. Certificado del Banco Ganadero Sucursal Medellín, debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. tiene en esa institución 11.833 acciones y ha percibido en utilidades por el año 1989 la suma de $48.727.- moneda colombiana.

h. Copia de escritura de venta debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde consta que Luis E. Correa R. compró con fecha 19 de agosto de 1977 en conjunto con doña Marta L. Correa R., un bien raíz de 440 hectáreas en la suma de un millón de pesos.-

i. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario por venta de un lote de terreno adquirido por la suma de $2.997.709 pesos colombianos.-

j. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario por venta en conjunto con doña Marta L. Correa R. de un lote de terreno de 74 hectáreas y media adquirido por la suma de $159.000 pesos colombianos.-

k. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario por venta de un lote de terreno que consta de casa habitación con sus mejoras y anexidades ubicado en el Municipio de Tarazá adquirido por la suma de $3.600.000.- pesos colombianos.-

l. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario por venta de un lote de terreno de 294 hectáreas, adquirido por la suma de $1.600.000.- pesos colombianos.-

m. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario por venta en conjunto con dos personas más de un lote de terreno.-

n. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R. es propietario en conjunto con otra persona de un lote de terreno con casa habitación.-

o. Copia de escritura debidamente legalizado por el Consulado General de Chile en Colombia en donde se indica que Luis E. Correa R es propietario en conjunto con otra persona de un inmueble.-

p. Tres Certificados de pago Impuestos del procesado Correa R. en el Banco Ganadero de Colombia debidamente legalizados por el Consulado General de Chile en ese país que rolan a Fs. 41, 42 y 43 respectivamente.-

q. Trece Certificados y anexos de dividendos accionarios del procesado Correa R. debidamente legalizados por el Consulado General de Chile en Colombia que rolan desde Fs. 44 a 56 inclusive.-

r. Tres declaraciones de impuestos del procesado ya tantas veces indicado, también debidamente legalizados, que rolan a Fs. 57, 58 y 59.-

11. Desde Fs. 60 a 65 del expediente rola escrito del abogado del quejoso cuya suma consigna “En lo principal: reposición; y, si el tribunal la considera improcedente, que proceda de oficio; OTROSÍ: Acompaña documentos”.-

Este escrito en resumen, expone lo que sigue:

1. Solicita reponer la resolución que negó lugar al recurso de queja y para el caso de que sea considerada improcedente que se actúe de oficio con este objeto habida consideración de las argumentaciones que realiza y con el mérito de los documentos que acompaña para su representado a quien se le ha niega la libertad provisional “ sin que exista en la causa antecedente alguno que sirva para afirmar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, al tenor de lo exigido en el actual inciso primero del art. 363 del CPP.”;

2. Indica que “ De acuerdo al nuevo texto de este precepto que fuese modificado por la Ley 19.047, del 14.02.91, al Juez se le obliga a determinar en su resolución negativa los antecedentes calificados -existentes en el proceso- que lo inducen a pensar que la libertad del procesado sería una amenaza para la seguridad de la sociedad” condición que a su juicio no habría cumplido ni el tribunal de primer grado ni el de segundo grado.

3. Para fundamentar su aserto señala que el fundamento de la negativa “dice relación exclusiva con las circunstancias propias de la comisión del delito, lo que obviamente es materia del fondo”;

4. Que además, se producen respecto de su representado las siguientes discriminaciones:

a) Que la IC de Arica concedió el 25/10/1990 la libertad provisional a Correa R. para luego de oficio dejar sin efecto esa resolución careciendo legalmente de jurisdicción para ello, pasando contra una sentencia anterior que estaba investida de autoridad de cosa juzgada;

b) Que la misma IC de Arica resolvió de ese modo en base a antecedentes que no eran ni nuevos ni verdaderos consistentes en la resolución de expulsión N° 1861, de 5 de sept. de 1989, emitida por la Intendencia de la Región Metropolitana , y por lo mismo de fecha anterior y por ende no es un nuevo antecedente, a la fecha de concesión de la libertad provisional del encausado.

Agrega sobre este punto, que ellos ya estaban aparejados en la causa a Fs. 750 del expediente en lo que respecta a su representado.

c) Que la afirmación del Ministerio Público en orden a que de hacerse efectiva la orden de expulsión se burlaría la acción de la Justicia se encuentra desmentida por los siguientes motivos:

i. Porque estando su representado 48 hrs. en libertad no fue expulsado del territorio nacional por la sección de Extranjería de Investigaciones;

ii. Porque tanto la Ley como el Reglamento sobre Extranjeros impiden a este servicio expulsar a un extranjero en tanto no obtenga su libertad absoluta o condicional, para el caso de haber sido condenado.

iii. Porque el art. 94 del D.L. 1.094/75 que establece las normas sobre extranjeros en Chile y 180 del D.S. N° 597/84 que contiene el Nuevo Reglamento de Extranjería le ordenan a Gendarmería de Chile literalmente que “ Deberá comunicar oportunamente a Policía de Investigaciones de Chile, las fechas de término de las condenas impuestas a los extranjeros recluidos en los distintos establecimientos penitenciarios o Carcelarios del país y señalar con precisión las fechas en que deben salir en libertad absoluta o condicional” de modo tal, agrega “ queda meridianamente claro que un extranjero no puede ser expulsado sino hasta cuando cese su calidad de procesado por sobreseimiento definitivo o absolución, o tratándose de condenado, cuando salga en libertad absoluta o condicional”.

d) Argumenta que en cuanto al derecho a la excarcelación la ley chilena no distingue entre chilenos y extranjeros y que actuar de manera dispar constituye una aberración jurídica discriminatoria absolutamente contraria a derecho;

e) Que la IC de Arica guarda criterios dispares para situaciones análogas, ya que le revoca una libertad provisional a su defendido en tanto que en la causa Rol N°39.439, con fecha 20 de 1990 cuando la Fiscalía de la Corte pidió se revocara la resolución que le otorgaba la excarcelación a un procesado Boliviano llamado Oscar M. Lovera V. por el mismo delito materia de la queja el criterio del Tribunal de Alzada según consta de fotocopia de la resolución que acompaña fue mantener la excarcelación en su favor;

f) Que también existe discriminación por cuanto a otro procesado de la causa Sayl Sánchez Q., el Ministro de la IC .de Arica señor Andrés Díaz C. le concedió su voto para otorgarle la libertad en tanto que su representado se lo niega “ atendido el tiempo que ha estado privado de su libertad y lo dispuesto en el art. 356 del CPP”.-

g) El letrado hace presente además que Correa R ha estado preso dos años y en todo caso más tiempo que Sánchez Q y el Gob. de Chile aprobó la Convención Americana “Pacto de San José”, según da cuenta el D. Of. de 5/01/1991, que en su Art. 7 N° 5 establece: “tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”;

h) Dice que el Art. 5 N° 9 de la ley 19.047 de 14/02/1991 dispuso la sustitución del Art. 356 por el siguiente “ la libertad provisional es un derecho de todo detenido o preso. la prisión preventiva sólo durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines. El Juez al resolver una solicitud de libertad, siempre tomará en especial consideración el tiempo que el detenido o preso haya estado sujeto a ella”.-

i) Acompaña una serie de documentos que demuestran la excelente situación económica de su representado que demostrarían la ninguna necesidad de dedicarse al delito por parte de su representado. Señala que las primeras declaraciones del mismo son falsas y que fueron provocadas por las brutales e ilegítimas flagelaciones a que fue sometido por parte del OS- 7 de Santiago.

j) Agrega que el abogado compareciente tramita actualmente la residencia definitiva de los padres del procesado don Antonio Correa M. y su cónyuge doña María G. Ramírez de C., quienes se radicarán en el país por razones de seguridad, ya que según acredita mediante informaciones de prensa que acompaña, don Antonio Correa M. sufrió un secuestro de un año y seis meses del cual fue recientemente rescatado; Por esa razón su representado no puede ser peligro para la sociedad pues contará con residencia establecida junto a sus padres al acceder a ella;

Es imprescindible señalar que de este escrito de reposición de la defensa del reo se dejó copia en Secretaría de acuerdo a lo dispuesto en el art. 31 del CPC y fue presentado por el conducto del Secretario , como lo ordena el Art. 30 del CPC., de manera que no ha habido en modo alguno tramitación subrepticia tal como equivocadamente lo indican nuestros acusadores. Ello se desprende de la grafía que aparece al costado izquierdo del timbre de Secretaría en el documento Nº 2 que en otrosí se acompaña.

De este modo, si el Consejo de Defensa del Estado hubiese obrado con mínima diligencia habría podido obtener del legajo de copias que se mantiene permanentemente en Secretaría, el escrito en cuestión.

12. A Fs. 66, 67, 68 y 69 rolan acompañados documentos con escrito de Fs. 70 emanados respectivamente del 1º Juzgado del Crimen de Arica , del médico jefe del servicio de Epidemiología de Arica , debidamente autenticados, se acredita que el procesado Correa R. ha sido autorizado con fecha 29/04/1991 para ser internado en el Hospital Dr. Juan Noé por una dolencia por la cual señala el certificado médico de Fs. 67

13. A Fs. 71, rola un téngase presente de puño y letra del procesado Correa R., acompañado en escrito de Fs. 72, donde se indica que ha sido timbrado y firmado al margen por el jefe de la Guardia Interna del centro de Detención Preventiva de Arica , se expresa por el letrado que “guarda relación con una campaña contra la drogadicción emprendida por mi defendido y otro interno dentro de dicho recinto penitenciario”.-

14. Con fecha 13/05/1991 y a Fs. 73, se contiene resolución recaída sobre la presentación formulada por el abogado de la defensa, que se agrega como anexo a este informe.

15. Dio cuenta de esta petición, al igual que cuando el recurso de queja se rechazó el 17 de abril de 1991, el Relator Interino señor Jorge Correa por cuanto el recurso de queja junto con varios cientos de ellos habían sido traspasados a su persona. El Sr. Correa fue nombrado como Relator Interino y con la finalidad exclusiva de dar cuenta de recursos de queja, por Acuerdo de Pleno de 30 de agosto de 1990, el que fue renovado por sendos acuerdos posteriores similares hasta su nombramiento como Relator Titular a contar del 12 de agosto de 1992; por lo que el anterior relator, señor Otárola únicamente dio cuenta, como se indicó de la Orden de No Innovar. Así consta en el documento Nº 3 acompañado en un otrosí de esta presentación

Omisión de actuación procesal adecuada por parte del Consejo de Defensa del Estado.

1. A Fojas 75 del expediente el Consejo de Defensa del Estado, por su presidente don Guillermo Piedrabuena solicita se haga uso de facultades para proceder de oficio a la misma sala que dictó la resolución, señaló que:

a) No ha podido tomar conocimiento sino hasta el 13 de mayo de las resoluciones que proveyeron los escritos presentados por la contraria;

b) Que atendida la entidad del delito la pena que habrá de corresponder al procesado no podría ser inferior a cinco años y un día;

c) Que resulta inconveniente mantener en libertad a Correa R.

d) Que por lo anterior solicita literalmente: “ Ruego pues, de US. Exma., que haciendo uso de sus facultades privativas, amplias, prudentes y encaminadas hacia el bien común de la sociedad internacional, se sirva rever su decisión de fecha 13 de mayo en curso, dejarla sin efecto de oficio y rechazar el recurso de queja..”.

2. Con fecha 25 de junio de 1991 la sala integrada por los Ministros Señores Aburto , Jordán , Faúndez y los abogados integrantes Fueyo y Fernández resolvieron no ha lugar a la precedente petición de proceder de oficio realizada por el Consejo de Defensa del Estado.

3. En ningún momento el Consejo de Defensa del Estado solicitó nulidad procesal alguna por irregularidades presuntamente cometidas en la dictación de la resolución mencionada. Cabe preguntarse ¿Y si alguna nulidad hubiese existido y ella no fue alegada, que consecuencias jurídicas tendría?

4. Sin perjuicio de insistir y reiterar que en el caso de que se trata no hubo situación irregular ni menos actuaciones irregulares que causaran la nulidad de lo obrado, los efectos de no haberse alegado tal nulidad son, en derecho aquellos que emanan del principio de la convalidación, principio de derecho procesal, que consiste en que toda nulidad se convalida por el consentimiento y éste se manifiesta por la no interposición en tiempo y forma del incidente respectivo. Ello por cuanto es de la esencia del derecho procesal, la obtención de actos procesales firmes por sobre la necesidad de que existan actos procesales válidos. Si el Consejo de Defensa del Estado, hubiere estimado que la tramitación le producía perjuicios, debió alzarse contra ella dentro de plazo y por las vías legales correspondientes, cuestión que no hizo.

Recurso de queja Nº 6.593 interpuesto por Correa Ramírez en contra de la sentencia que lo condenaba.

Con posterioridad al otorgamiento por parte de la C.S. de la libertad a Correa R., el proceso por delito de tráfico continuó. Las sentencias libradas en las causas, tanto la de primera como la de segunda instancia fueron condenatorias. Las defensas de cuatro de los condenados dedujeron sendos recursos de casación contra el fallo, al mismo tiempo que los cinco procesados interpusieron recursos de queja en contra del fallo condenatorio. Todos fueron desechados por esta Corte Suprema.

Es importante hacer presente que nuestros acusadores nada han dicho respecto a lo siguiente:

1. Dos de los Ministros que enfrentamos esta acusación, los Sres. Zurita y Faúndez , condenamos en último término a Correa R. y a todos y cada uno de los procesados en esa causa que recurrieron de queja en contra de las sentencias definitivas libradas en su contra. El Ministro Sr. Aburto, desempeñaba el cargo de Presidente Titular de la Excma . Corte Suprema razón por la cual no integraba sala alguna del máximo tribunal.

2. El relator fue el mismo, don Jorge Correa, a quien también se le habían traspasado las quejas de estos procesados.

3. En el recurso de queja que recién comentamos, también se proveyeron escritos en el mismo día del fallo negatorio a las pretensiones de la defensa de Correa R., con la diferencia capital de que ahora los escritos proveídos de ese modo, lo fueron del ganancioso Consejo de Def. del Estado.

Cumplimiento e incumplimiento de la obligación de comparecencia del excarcelado Correa Ramírez.

Un punto extremadamente sensible, que se deja entrever en la acusación es la imputación de que estos Ministros somos los responsables en defintiva de la contumacia de Correa R. de presentarse al cumplimiento de la sentencia condenatoria, como si su fuga se hubiera producido casi al mismo tiempo de que los sentenciadores le otorgaran la libertad provisional.

Eso es radicalmente distinto en la realidad. Es una falsedad colosal. Es una manera de hacernos responsables de un hecho en el cual no nos cabe ninguna participación. Los acusados acompañan certificados que indican que el reo firmó treinta veces el libro de procesados excarcelados, desde el 23 de mayo de 1991 hasta el 21 de enero de 1992 en el Juzgado de Arica y desde el 10 de enero de 1992 hasta el 20 de julio de 1993, lo hizo ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago , previa autorización para el traslado de la firma.

En conclusión, cumplió con la obligación procesal que le fuera impuesta por más de dos años.

Además, no es responsabilidad del Poder Judicial resguardar, por ejemplo, el paso por nuestras fronteras o encontrar a los contumaces en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Constitucionalmente nos está prohibido y esa labor les corresponde a los órganos policíacos.

Errores que sustenta la acusación en torno al expediente Rol Nº 4.412-91.

La acusación sostiene esencialmente en que hemos incurrido en notable abandono deberes:

a) Por haber otorgado la libertad provisional del encausado Correa R. ;

b) Por haber observado en la tramitación de un recurso de queja una actuación contradictoria e irregular en relación a la anterior;

c) Por haber ejercido facultades oficiosas cuando no eran procedentes;

d) Por no haber pasado los antecedentes al Pleno de la Corte habiendo acogido la queja.-

Las afirmaciones de nuestros acusadores son erradas, tanto en los hechos como en el derecho.

Leyes vigentes en materia de libertad provisional al tiempo de tramitarse el primer recurso de queja, Nº 3.550, de 29 de octubre de 1990.

En la época que se recurre de Queja ante la C.S. ésta llama la atención -no rechaza la queja por innecesaria- a los abogados integrantes que hicieron mayoría en base a que los argumentos y elementos concretos de decisión que para entonces otorgaba al juez el art. 363 CPP, respecto de la procedencia o no de la libertar provisional.

El Acta Constitucional N°3 no definió, en su oportunidad, el concepto de seguridad de la sociedad pero el DL. 2.185, que reformó entre otros el Art. 363 del CPP, dedica a este concepto una extensa preceptiva. El DL. incursionó largamente en la materia invadiendo, las atribuciones que el Constituyente le ha encomendado en principio al órgano jurisdiccional.

El DL. 2.185 sustituyó el antiguo Art. 363 por un nuevo precepto en el cual se establecen diversas situaciones y circunstancias que debe tener en cuenta el juez para calificar la seguridad de la sociedad.

La redacción del Art. 363 hacía referencia a dos causales para negar la libertad provisional que ya eran conocidas: a)Investigación del sumario; b) Seguridad del ofendido. Pero agrega una tercera: “la seguridad de la sociedad”, concretando en el inciso tercero cuáles serán los casos específicos en los que se estimará que la libertad provisional del inculpado constituye un peligro concreto para la seguridad de la sociedad.

Por consiguiente, la regla general en materia de excarcelación cuando concurrían algunos de los presupuestos objetivos que la Ley establecía al Juez para considerar peligrosa para la sociedad la libertad provisional de un procesado era en aquel tiempo la inexcarcelación.

Los Tribunales determinaron en aquella época que delitos tales como el tráfico de drogas y estupefacientes, la sodomía, el manejo en estado de ebriedad, el robo con violencia, y el efectuar actos de violencia sobre detenidos para obtener sus declaraciones causando la muerte o lesiones, por su carácter y gravedad, hacen aconsejable mantener en prisión al inculpado o reo porque de lo contrario se vería afectada la seguridad de la sociedad. (Gaceta Jurídica Nº 73, sentencia Nº2, año 1986, Pág.68.).

Baste para corroborar nuestra aseveración, lo previsto por la Ley 18.403 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes y deroga la ley 17.934, norma vigente al tiempo de resolver el recurso de queja que se ha indicado.

En suma, insistimos, la ley nos precisaba el contenido de la causal de inexcarcelación e indicaba a los jueces dos mecanismos para determinar su existencia: uno genérico y otro concreto.

A. El mecanismo genérico dice relación con ciertos factores (antecedentes del proceso) que tiene que estudiar el juez.

B. El mecanismo concreto dice relación con aquellos casos en que a juicio del legislador existe peligro concreto para la seguridad de la sociedad.

A. Mecanismo genérico.

Factores que tiene que estudiar el juez.

1. La existencia de antecedentes graves que determinen que el inculpado o reo tratará de eludir la acción de la justicia o continuará su actividad delictiva.

2. La sanción legal probable que merece el delito.

La sanción legal probable no constituye, por si sola, indicio de peligrosidad, por cuanto no depende ni de las acciones, ni de las características personales del imputado o procesado, sino del juego matemático que contempla el párrafo 4° del Título III del Libro I del C.Penal acerca de la determinación de las penas.

La jurisprudencia se encargó de acotar en los casos concretos, cuando este antecedente importaba la no excarcelación.

En conclusión:

1. De la transcripción de la normas penales que acabamos de señalar se desprende que legalmente la conducta por la cual se encontraba procesado el quejoso Correa R., al tiempo de otorgársele la primera libertad provisional era de acuerdo a texto expreso del CPP., por regla general, inexcarcelable, salvo resolución fundada en motivos muy calificados.-

2. Que así lo había entendido la jurisprudencia de los tribunales de Justicia hasta esa fecha inclusive la emanada de la misma Corte Suprema.

Ley vigente al tiempo de tramitar y resolver el segundo recurso de queja, Rol Nº 4.412, de 20 de marzo de 1991.

Diametralmente distintos fueron los presupuestos jurídicos de que se disponían a la fecha de la interposición del segundo recurso de Queja. Este se resolvió en plena vigencia de las denominadas Leyes Cumplido, que introdujeron nuevas modificaciones a las normas sobre libertad provisional, entregando al juez elementos de juicio más amplios, que hacen de la libertad provisional “más que un beneficio un derecho del inculpado”.

Informe de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

La Excma Corte Suprema informó su parecer acerca del Proyecto enviado por el Presidente de la República don Patricio Aylwin al Congreso Nacional y en lo concerniente a la libertad provisional por oficio de fecha 17 de abril de 1990.

El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Este fue dado a conocer a la Cámara en Sesión 11ª de miércoles 27 de junio de 1990 y expresó en síntesis:

1. Que la reforma constitucional aprobada por el plebiscito del 30 de julio de 1989 y sancionada por la ley 18.825, modificó el art. 5º de la Constitución, estableciendo que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por ella, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

2. Que en opinión del señor Ministro de Justicia , don Francisco Cumplido , la reforma elevó a rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.

3. Que era imprescindible la adecuación de la legislación interna a la reforma constitucional al art.5º a los pactos internacionales sobre derechos humanos.

La discusión parlamentaria.

La discusión en el seno de la Cámara de Diputados fue extraordinariamente rica y según puede desprenderse de los conceptos vertidos en la misma, la opinión respecto del tema de la libertad provisional fue prácticamente unánime.

En definitiva y después de esta concordancia casi absoluta -por no decir unánime- sobre el sentido y alcance que debe dársele a la libertad provisional, en lo cual compartieron criterios los miembros de todas las bancadas que conforman el Congreso Nacional, el texto definitivo de la normativa que rige el instituto de la libertad provisional en los aspectos aplicables en la especie quedó por la Ley 19.047 de 14 de febrero de 1991.

Libertad provisional en delitos terroristas.

Los acusados recuerdan esta materia aunque parece desligada de la acusación.

Desde 1991 en adelante es de ordinaria frecuencia, como lo demuestra la estadística, la excarcelación de personas procesadas por delitos que la ley considera como terroristas.

Explican los antecedentes que tomaron en consideración al resolver de oficio otorgar la libertad provisional a Luis Correa Ramírez . Ellos son:

1. Los nuevos antecedentes fácticos aportados por su defensa consistentes todos en una importante documentación nueva en la causa, debidamente legalizada por el Consulado General de Chile en Colombia;

2. El estado de salud del procesado preso señor Correa Ramírez debidamente acreditado por medio de instrumentos debidamente legalizados con constancia de las autoridades judiciales, administrativas y médicas que debían otorgarlas, todos antecedentes nuevos tenidos a la vista para resolver la cuestión;

3. La posición jurídica asumida por voto de minoría por parte de la Corte de Arica y a la vez la actitud contradictoria de la misma Corte en un caso similar;

4. El incumplimiento de la norma de derecho que ordenaba al voto de mayoría de la Corte de Arica de fundar su negativa de excarcelación conforme a la nueva legislación;

5. El error fáctico y jurídico en que había incurrido dicho tribunal de alzada al considerar como nuevo antecedente para revocar la excarcelación originariamente otorgada un Decreto de expulsión cuando éste constaba con antelación en el proceso;

6. El error de derecho en que había incurrido la Corte de Arica al considerar que el otorgar la excarcelación al procesado preso importaba su expulsión del territorio nacional y con ello vulnerar la aplicación de la normativa chilena, toda vez que las leyes que regulan la materia expresamente impiden que acontezca ese suceso de manera regular;

7. La irrestricta aplicación que de la nueva normativa en materia de excarcelación debía darse a la Ley 19.047 de 14 de febrero de 1991, denominada Leyes Cumplido que adecua la normativa a la preceptiva constitucional y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que nuestra Nación había adoptado como norma interna, la cual considera de manera categórica a la libertad provisional como un derecho;

8. La consideración a que nos obliga la nueva Ley 19.047 y los tratados internacionales incorporados a nuestra normativa de tomar en consideración los casi dos años de privación de libertad a que había estado sometido el procesado preso señor Correa Ramírez , sin que hubiera sido dictada sentencia en su contra;

9. El uso legítimo de lo previsto en el Art. 20 de la Ley 18.043 sobre tráfico de drogas que nos ordena y faculta para sustanciar y fallar los procesos por los delitos previstos en ella, en conciencia, esto es, sujetándonos a lo nuestro criterio nos indique, sin sujeción a normas legales estrictas en materia de valoración de las pruebas que se nos ofrezcan el proceso.

10. El estado de tramitación de la causa a que aludieron los Ministros de Arica, al informar el recurso de queja 4412, en el sentido de que las reiteradas solicitudes de libertad provisional impedían dictar sentencia, no era así, puesto que la propia Corte ordenó al Juez abrir un cuadernos separado relativo a las libertades provisionales.

11. La participación del reo Correa, no era ni con mucho, la de “encabezar” una organización criminal, como aparece de los Fallos de primera y segunda instancia que acompañamos como documento Nº 7. Consta asimismo del propio fallo de primer grado, que Correa Ramírez no registraba antecedentes penales ni en Chile ni en Colombia como aparece del Certificado de la oficina central de Interpol de Fs. 789 del expediente.

12. En lo referente al contenido de nuestra resolución, cabe advertir que ella se adoptó en el transcurso del mismo día que se dio cuenta de los antecedentes y, por ello, no se designó Ministro redactor del fallo, el que fue estructurado por todos los Ministros de la sala, en la misma audiencia, y mandado sacar a máquina a la oficina correspondiente, siendo firmado por los Ministros quienes lo suscribieron por orden de antigüedad.

13. Y no existe irregularidad alguna en la circunstancia de que algunos de los Sres Ministros firmaran al reverso de la Foja por falta de espacio en la carilla principal, toda vez que es común que el texto escrito ocupe casi la totalidad de una foja. Así ocurre diariamente y cientos de veces al mes, como se acredita con los documentos acompañados a vía ejemplar con el Nº 8.

En cuanto al ejercicio de las facultades oficiosas por parte de la Corte Suprema.

Los Ministros de la Corte Suprema que contestan la acusación tienen la convicción de haber actuado de oficio en pleno ejercicio de las facultades que le son consustanciales por mandato de la Constitución Política de la República y de la Ley. Art. 79 “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación”.

Como puede entonces colegirse, la Constitución pretendió de modo irrefragable la consagración del principio de superintendencia de la C.S.

Normativa contenida en el Código Orgánico de Tribunales.

El COT vigente a la época del conocimiento y fallo del recurso en cuestión, consagra el mismo principio y lo desarrolla latamente en los Arts.540, 541, 545 y 548, entre otros.

El antecedente histórico tanto de la norma constitucional como del Código en este tema, lo constituye la Ley Orgánica de Tribunales según lo indica la conocida obra de Ballesteros (Edición de 1890), conforme al cual, el ejercicio de las funciones oficiosas es obligatorio y no facultativo, por cuanto emana del concepto mismo de jurisdicción.

Facultades oficiosas en materia penal.

De otro lado, los acusadores incurren en grave error de Derecho al indicar que sólo por excepción puede procederse de oficio en nuestro sistema procesal. En efecto, la afirmación puede ser aceptable, con algunas reticencias, sólo en materia procesal civil. Pero, no resiste ningún análisis desde el punto de vista procesal penal, que fue precisamente el ámbito en el que ejercitamos las facultades del modo en que hoy se nos acusa.

Si bien es esta la concepción fundamental dentro de nuestro CPC, en materia penal, la regla general, y de manera evidente e incontrarrestable, es que los tribunales actúan de oficio y no a petición de parte.

En uso de sus facultades oficiosas la Corte Suprema en innumerables ocasiones ha resuelto de esa manera y los acusados citan cuatro fallos en ese sentido.

El propio Consejo de Defensa del Estado, incluso con la legislación actual, ha reconocido las facultades de esta Corte para actuar de oficio. Por consiguiente el reproche que se nos hace por los acusadores debe ser desestimado por lo que sigue:

1. Porque de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes a la fecha de la resolución, estábamos facultados para proceder como se hizo;

2. Porque la historia fidedigna de la norma constitucional precisamente tiene por finalidad otorgar a la Corte Suprema facultades amplias en materia de ejercicio de potestades disciplinarias ya sea a petición de parte, ya de oficio;

3. Porque, entenderlo de otro modo, importaría que jamás la Corte Suprema podría corregir un error por más que se le aportaran nuevos antecedentes que hicieran evidente su comisión;

4. Porque desde siempre, han sido utilizadas del modo indicado conforme a las citas jurisprudenciales e históricas que se han indicado por vía meramente ejemplar;

5. Por consiguiente, no se trata, como parece intentar indicarlo la acusación, del ejercicio subrepticio y aislado de una facultad inexistente, sino por el contrario, de una muestra más del uso debido y prudente de facultades que la Constitución y las leyes otorgan al máximo Tribunal de la República ;

6. Porque, del mismo expediente de queja por el cual se nos ataca se puede constatar que el propio Consejo de Defensa del Estado solicitó a la Corte Suprema hiciera uso de las mismas facultades oficiosas por cuyo ejercicio hoy se nos acusa, actitud que indica incontrarrestablemente la legitimidad de lo obrado de ese modo.

En cuanto a la procedencia del recurso de reposición.

No obstante que en la acusación se expresa que actuamos de oficio, se indica en el párrafo 3.18.1 que la defensa del reo “en el último día del plazo para solicitar reposición”, pidió la reconsideración y que ello “podría no ser irregular, si no fuera porque en este caso tal recurso de reposición está expresamente prohibido por la ley (Art. 551 del COT)”

Sobre el particular debemos exponer lo siguiente:

1. Se sostiene que la reposición era improcedente a pesar de que se habla de “ultimo día del plazo” ¿De qué plazo se trata si la reposición era improcedente?

2. El Art. 551 del COT preceptúa en su inc. 1º que las resoluciones que resuelvan recursos de queja “sea en primera o segunda instancia no son susceptibles del recurso de reposición o de reconsideración, cualquiera sea la jerarquía del tribunal que las dicte”.

3. Pues bien, en los recursos de queja en contra de las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema conoce en única instancia al decir del legislador,

4. El recurso de reposición por mandato del Art. 181 del CPC debe ser resuelto de plano, esto es, sin dar traslado a la contraparte.

5. Sólo con motivo de la dictación de la Ley Nº 19.374, de 18 de febrero de 1995, el recurso de reposición se prohíbe respecto de las materias que se indican en el nuevo texto del Art. 97 del COT entre las que se encuentran los recursos de queja.

En cuanto a la tramitación del recurso de queja.

Como se ha indicado, el libelo acusatorio reprocha a estos ministros como causal de notable abandono de deberes, el que no se hubiere ingresado a ninguno de los libros que lleva la Corte Suprema los escritos en virtud de los cuales resolvimos acoger de oficio la libertad provisional y además el que sólo se hubiere notificado las providencias que sobre ellos recayeron el mismo día en que se dictaron las resoluciones y no antes, además de otras imputaciones que seguidamente se desvirtúan categóricamente.

El ingreso de los escritos a alguno de los libros del Tribunal no es función que ni la CP ni la Ley haya entregado a ningún magistrado ni de los tribunales Inferiores, ni especiales, ni menos para los de los tribunales Superiores de Justicia.

No advertimos en los Arts. 384 y 386 del COT, cuál es el libro a que se refiere la acusación y tampoco encontramos ningún reglamento que señale la obligación de llevar un determinado libro.

En el libro de o registro Interno que lleva la Corte para la tramitación de sus asuntos, únicamente se anotan las resoluciones dictadas y no las presentaciones de las partes.

Se sostiene en la acusación que el escrito no es proveído ni recibe ningún tratamiento y es llevado por mano al Relator Correa, cuestiones que se presentan por lo demás siempre en términos de “tratamiento procesal regular” para luego, hablar en términos hipotéticos de que “ habría sido el de ordenar...” “habría sido llevado por mano...”, y por lo mismo sin afirmar categóricamente algún asunto.

1. Desde el momento en que el Presidente de la Corte dicta el decreto “ En relación” o “dése cuenta”, según corresponda, el Relator respectivo está en condiciones de exponer ante la Sala un determinado asunto y, la Sala de resolverlo salvo que alguna de las providencias anteriores sean dejadas sin efecto en virtud de alguna circunstancia legal;

2. Si lo anterior no fuera en la forma descrita, bastaría que algún abogado, el mismo día de la audiencia, presentara cualquier escrito para que ello impidiera la vista o cuenta de la alguna causa;

3. Un escrito de reposición o en el cual se solicite se actúe de oficio, no necesariamente debe ser proveído por el Presidente , pues además de lo precedentemente acotado, éste, solamente está facultado por la ley ( Art. 105 N° 3 del COT) para “ dictar los decretos o providencias de mera sustanciación” cuyo no era el caso de autos; y

4. Que un escrito sea “ llevado por mano” a un Relator no tiene nada de anormal ni menos de irregular. Por el contrario, constituye la forma ordinaria de remitir los escritos o los expedientes.

En efecto, la normativa que regla los registros de esta naturaleza pone de cargo de los Sres. Secretarios de los tribunales, la tarea de llevarlos de manera que no hemos podido incurrir en esta falta, ni menos puede ser considerada, consecuencialmente, como notable.

1. La notificación por el estado diario de las resoluciones adoptadas por el Tribunal, le corresponde a los Ministros de fe de los tribunales, esto es, a los Secretarios de los mismos (Art. 380 Nº2, parte final,COT).

2. Sin embargo, nuestros acusadores con extrema liviandad, han imputado a estos Ministros no sólo la omisión de cumplimiento de un deber que no les compete.

3. Sin embargo, los porfiados hechos son siempre lo que son. Diametralmente opuesto es lo que se lee a fojas 74. Allí se practicó la notificación de cuatro resoluciones que son:

Una: resolución de fojas 65 vuelta: estése a lo resuelto con esta fecha; al otrosí: a sus antecedentes.

Dos: Resolución de fojas 70 vuelta: A lo principal, téngase presente; al otrosí: a sus antecedentes;

Tres: Resolución de fojas 72 vuelta: A sus antecedentes; y,

Cuatro: Resolución de fojas 73 que actúa de oficio.

4. En conclusión, y a manera de idea final de este punto, no es nuestro deber, y por lo mismo jamás hemos podido incumplirlo, el notificar a las partes las resoluciones que dictamos ya que por mandato legal la tarea le corresponde a los Secretarios de los Tribunales de Justicia, sean estos unipersonales o colegiados.

5. Las notificaciones, con todo, fueron regularmente practicadas y así aparece, no sólo en el expediente, sino que en la hoja respectiva del estado diario.

Se insiste por los acusadores que sí se le habría dado tramitación regular al escrito del Consejo de Defensa del Estado en el cual se pide actuar de oficio, facultades que nos reconoce el Consejo pero que nos niegan los acusadores.

Este escrito, se acota, habría sufrido la tramitación “regular”, por el simple hecho de haber pasado a la cuenta diaria.

1. Esta tramitación no es más que el curso corriente que lleva un escrito cuando desde secretaría cuando el expediente no está en poder de un relator.

2. Si lo hubiera tenido un relator el escrito se le habría entregado directamente a él, por mano, y habría sido resuelto en la sala directamente.

Se sostiene por nuestros acusadores la existencia de una supuesta irregularidad que se hace consistir en no haber proveído inmediatamente los escritos del quejoso notificándolos por el estado diario oportunamente.

A esta tramitación se le califica de subrepticia y se le otorga el carácter de intencionadamente perjudicial para el Consejo de Def. del Estado. El reproche recién indicado tendrá que ser desestimado por lo que sigue:

1. El conocimiento de las presentaciones que se nos pide resolvamos, se nos da, en cuenta o previa vista de la causa, según lo ordene la Ley, pero siempre a través del Relator (Art. 372 COT);

2. Si con el mérito de los antecedentes que se nos presentan estimamos en Derecho que obrar de una determinada manera resulta apegado a la ley, así resolvemos de plano;

3. No existe una tramitación legal para actuar de otro modo en lo que en materia de ejercicio de facultades oficiosas se refiere;

4. Es obligación legal de los relatores y secretarios, en su caso, dar cuenta a la Corte de todo vicio u omisión sustancial que notaren en los procesos; de los abusos que pudieren dar mérito a que la Corte ejerza las atribuciones que le confieren los artículos 538 y 540 del COT y en la especie no los había.

En cuanto a que no se aplicó sanción a los ministros recurridos al actuar de oficio.

En el acápite 3.21 letra f) de la acusación se afirma que no obstante el haber considerado la existencia de una falta disciplinaria la sala no aplicó sanción alguna a los ministros recurridos integrantes de la Corte de Arica, cuestión que sería según los acusadores una nueva irregularidad en la tramitación y resolución del recurso de queja.

1. Debemos destacar que en la época de que se trata regía en texto anterior al actual del Art. 548 del COT introducido por Ley 19.374 de 18 de febrero de 1995.

2. Dicho texto anterior indicaba que el fallo que acogía el recurso debía determinar las medidas conducentes a remediar tal falta o abuso y “ podrá disponer que se de cuenta al Tribunal Pleno de los antecedentes para los efectos disciplinarios que procedan”

3. En la actualidad, el texto del citado Art. 548 es distinto y el Art. 545 del mismo cuerpo legal, dice que el tribunal “deberá aplicar la o las medidas disciplinarias que estime pertinentes”.

Incluso, este nuevo precepto ha sido objeto de reparo acerca de su constitucionalidad, como es de público conocimiento, al tiempo de resolverse el recurso de queja interpuesto en contra de la Corte de Santiago en el llamado Caso Cuadra.

4. En consecuencia, a la fecha en que actuó de oficio ( mayo de 1991) no existía la obligación de imponer sanción alguna.

Conclusiones finales.

1. Hemos cumplido con el deber impuesto en la Constitución y la Ley de ejercer nuestras facultades oficiosas cuando los antecedentes lo ameritan;

2. Concedimos la libertad provisional bajo el imperio de la nueva normativa consagrada por las Ley Cumplido Nº19.047 de 14 de febrero de 1991, en consonancia con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes de acuerdo al Art. 5 de la Constitución Política;

3. El Recurso de Queja recibió la tramitación regular que ordinariamente tienen los cientos de ellos que son conocidos por la Excma. Corte Suprema;

4. Las notificaciones de las resoluciones que dictamos, además de haber sido practicadas regularmente, no son deber de estos Ministros, sino que del Secretario del Tribunal;

5. Los Ministros de la Corte Suprema nos imponemos de los asuntos de que conocemos por la relación y resolvemos en consecuencia;

6. Es una ignorancia jurídica grave sostener que en materia procesal penal la regla general es que deba procederse a petición de parte, cuando la norma enseña exactamente lo contrario;

7. Resolvimos otorgar la excarcelación en virtud del inmenso cúmulo de antecedentes legalizados agregados por la defensa del recurrente;

8. Otorgamos la excarcelación dejando sin efecto una resolución que la negaba basada en antecedentes que erradamente fueron considerados nuevos sin serlo por haber estado aparejados al expediente con antelación;

9. Otorgamos la excarcelación dejando sin efecto una resolución que la negaba con grave error de calificación jurídica en cuanto a los efectos de una orden de expulsión del territorio nacional que no podía tener lugar sino una vez cumplida la sentencia condenatoria u otorgada la libertad condicional;

10. La Corte de Apelaciones de Arica cuando dejó sin efecto la resolución que concedía la libertad provisional al procesado Correa actuó en contra de lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 66 del Código Orgánico de Tribunales que preceptúa que “ Cada Sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce”, toda vez que el Tribunal Pleno dejó sin efecto “ de oficio” una resolución dictada por una de sus Salas.

11. En síntesis, estimamos que la acusación debe ser rechazada, en cuanto se refiere al pronunciamiento mismo de la sentencia que se impugna, porque ella se fundó en antecedentes de hecho y de Derecho que la justificaban plenamente y porque, conforme al claro tenor de los artículos 6º y 7º y, especialmente, 73 de la Constitución Política de la República, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden en caso alguno revisar los fundamentos y contenido de las resoluciones judiciales, y en lo relativo al procedimiento previo a la dictación de la misma sentencia, porque en el caso hipotético de haber existido, no podrían afectar a los acusados, ya que ellos, en el debido cumplimiento de su labor específica como miembros de una Sala de la Excma. Corte Suprema, se limitaron a resolver como lo hicieron con la sola y pertinente exposición de hechos del Relator de la causa sin haber participado en absoluto en la tramitación del recurso de queja en cuestión. la que fue llevada, como correspondía, por la Presidencia y la Secretaría del Tribunal.

Solicitan, por último, con el mérito de lo expuesto y de las disposiciones constitucionales y legales citadas, a la honorable Cámara de Diputados tener por contestada la acusación y previa votación en el hemiciclo, declarar que no se hace lugar a ella

Los acusados Acompañan diversos documentos.

EXAMEN DE LOS HECHOS Y LAS CONSIDERACIONES DE DERECHO.

Los hechos.

Para analizar los hechos relatados en el libelo acusatorio, la Comisión, como ya se dijo, efectuó diversas diligencias, tales como requerir antecedentes por oficio, escuchar a las personas que ya se ha mencionado, formular interrogatorios por escrito y, en general, tener a la vista antecedentes que pudieran relacionarse con dichos hechos.

Como es de rigor, los hechos que motivan la acusación son relatados o interpretados de distinta manera por acusadores y acusados. Para no repetir innecesariamente una larga enumeración de circunstancias que se han esgrimido en el libelo y en las defensas de los acusados, acerca de la forma como esos hechos ocurrieron, nos remitimos a lo ya expuesto en el subcapítulo “Relación de los hechos”, del capítulo “Síntesis de la Acusación” ; al subcapítulo “Lo que consta del proceso” de la defensa del señor Ministro don Servando Jordán , y al subcapítulo “Antecedentes y explicaciones de los recursos de queja que se han indicado en el libelo acusatorio” de la defensa de los Ministro señores Marcos Aburto , Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez , contenidos ambos en el capítulo “Síntesis de las defensas de los señores Ministros”.

No obstante, insertamos a continuación una sucinta relación de la parte pertinente de lo acontecido en el proceso criminal que llevaba el Primer Juzgado de Arica Rol Nº43.458-2, como de lo actuado en el recurso de queja Rol Nº4.412

Relación de la parte pertinente del proceso Rol Nº43.458 de Arica.

A fojas 798, la defensa del reo presenta escrito en que solicita la libertad provisional de Luis Correa Ramírez, el 23 de octubre de 1990.

El tribunal niega lugar a la excarcelación según el artículo 363 inciso 1º letra c) Código de Procedimiento Penal. (23.10.90)

El reo apela (misma fecha)

A fojas 802 la Corte de Arica resuelve: “Se revoca resolución apelada de 23 de octubre, de fojas 798 y se hace lugar a la excarcelación de Luis Correa Ramírez”, acordado con el voto en contra del Ministro Hernán Olate Melo (25.10.90).

A fojas 803 se fija el monto de la caución en $350.000.- y se libera al reo L.C.R.

A fojas 807 El Fiscal de la I. Corte de Apelaciones de Arica , Jorge Morales Palma , solicita se deje sin efecto la libertad provisional de L.C.R.

A fojas 807 vta. No ha lugar a petición del Fiscal. El Fiscal apela de dicha resolución. Se concede en el solo efecto devolutivo.

A Fojas 819 La I. Corte de Apelaciones de Arica revoca de oficio la resolución de mayoría a fs. 802, 803 y 803 vta. y se declara que se deja sin efecto la libertad provisional de L.C.R. (27.10.90).

Decretado el cúmplase a fojas 821, L.C.R. se presenta voluntariamente al tribunal (27.10.90).

A fojas 824 Télex Corte Suprema, resolviendo queja del Fiscal de Arica, ordena despachar orden de prisión. (31.10.90).

A fojas 825 El Abogado Sanhueza presenta reposición de la resolución de la I. Corte de Apelaciones de Arica de fs. 819 (30.10.90)

A fojas 828 se agrega resolución de la C. Suprema, que al pronunciarse sobre la apelación del fiscal de la Corte de Apelaciones de Arica, llama la atención a los abogados integrantes Sr. Luis Cabanné Vidal y Hugo Silva Peñailillo que hicieron mayoría al dictar resolución de fs. 802 (24.01.91).

A fojas 844, la defensa de L.C.R. solicita nuevamente su libertad provisional (28.02.91).

A Fojas 844 vta. se resuelve: “No ha lugar atendido mérito de autos y estimándose peligroso para la seguridad de la sociedad, la libertad del reo L.C.R., por la cantidad de droga incautada y teniendo presente artículo 363 del C.P.P”.

Esta resolución se notifica al reo y este apela (01.03.91).

A Fojas 847 La Corte de Arica confirma la resolución apelada escrita a fs. 844 vta. Se deja sin efecto medida para mejor resolver decretada en Nº1 de fs. 735, ordenándose que el Juez proceda a dictar sentencia de inmediato. (04.03.91).

A fojas 868 L.C.R. solicita nuevamente su libertad provisional (06.03.91).

A fojas 869 El Juez niega lugar a la solicitud de excarcelación del reo L.C.R., atendido el mérito de autos y estimándose peligroso para la sociedad la libertad del reo L.C.R., por la cantidad de droga incautada en autos y lo dispuesto en artículo 363 del C.P.P. (08.03.91).

Se notifica al reo y apela (08.03.91). Se concede la apelación y se elevan los autos (08.03.91).

A fojas 879. El 13 de marzo de 1991, la Corte de Arica confirma la resolución apelada del 08.03.91 acordada con voto en contra del Ministro Hugo Neira, quien en el caso del procesado L.C.R. fue de parecer, atendido sus propios fundamentos y lo dispuesto en el artículo 356 del C.P.P. de revocar, accediendo a la excarcelación, y se ordena al Juez abocarse a fallar de inmediato en la presente causa.

Hay retroceso en foliación, pero se mantiene orden cronológico.

A fojas 781 Rola un escrito de reparación con celo del posible daño causado $5.500.- (Cinco mil quinientos) 11.03.91

A Fojas 782, hay escrito con la misma finalidad $10.000.- (Diez mil pesos) para Conin. 12.03.91

A fojas 787 L.C.R. solicita libertad provisional nuevamente el 19.03.91

A fojas 787 vta. El Juez niega lugar, atendido mérito de autos y estimándose peligroso para la seguridad de la sociedad, la libertad del reo L.C.R., por la cantidad de droga incautada y teniendo presente artículo 363 del C.P.P. (20.03.91) Se notifica y APELA.

A fojas 791 La Corte de Arica confirma resolución apelada de 20.03.91 escrita a fojas 887 vta., con voto en contra del Ministro Hugo Neira Carrillo, quien fue de parecer de revocar, accediendo a la excarcelación de L.C.R., atendido el tiempo que lleva privado de libertad y el artículo 356 del C.P.P. (22.03.91).

A fojas 792, se notifica a L.C.R. y no apela (22.03.91).

Por esta fecha ya se había presentado recurso de queja ante la E. Corte Suprema

A Fojas 793, L.C.R. consigna $6.000.- (Seis mil pesos) para configurar atenuante de reparar con celo mal causado, para entregarlos al Centro de Rehabilitación de Drogadictos del Hospital Juan Noé de Arica (21.03.91).

A fojas 813, el Primer Juzgado de Arica remite el expediente a la Corte de Apelaciones de Arica para efectos de su remisión a la E. Corte Suprema. (03.04.91).

A fojas 845, el 13.05.91, se agrega copia autorizada de resolución de la E. Corte Suprema, que actuando de oficio revoca, en su parte apelada la resolución de 08 de marzo de 1991 pasado, que se lee a fs. 869 concediendo al reo L.C.R. su libertad provisional bajo caución que regulará el Juez de la causa. Firman cinco Ministros.

A fojas 74 del RECURSO DE QUEJA ante la C. Suprema se consigna el envío de Télex 3748 de 13.05.91 que comunica la resolución que antecede, que otorga la libertad a L.C.R.

Durante el desempeño de la Comisión, ésta recibió de la I. Corte de Apelaciones de Arica, un fax con copia autorizada de la notificación de su libertad al reo, del certificado de haberse depositado la caución en la Secretaría del tribunal, de haberse notificado al reo su libertad y de su salida desde el Hospital Juan Noé de Arica

Relación del recurso de queja Nº de ingreso 4.412 ante la E. Corte Suprema.

A Fojas 2, El abogado Arturo Sanhueza Santana , por el reo L.C.R. recurre de queja, y en el otrosí solicita orden de no innovar 20.03.91

A Fojas 4 Se resuelve: por interpuesto el recurso, informen los jueces recurridos. Dése cuenta en la Tercera Sala de la orden de no innovar (22.03.91).

A Fojas 4 vta. Se rechaza la petición de no innovar.

Fojas 6 Se hace parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Fojas 7 El CDE designa abogado patrocinante a don Guillermo Ruiz Pulido (01 y 04.04.91).

A Fojas 8 El abogado de L.C.R. presenta escrito “se tenga presente”. (08.04.91).

A Fojas 11 Figura el Informe de los Ministros de la C. de Apelaciones de Arica. Se agrega (09.04.91).

A fojas 12 La E. Corte Suprema resuelve: “Vistos: lo informado por los jueces recurridos, mérito de antecedentes tenidos a la vista y por no existir falta ni abuso se declara sin lugar el recurso de lo principal de fs. 2” (17.04.91).

De fs.13 a 59 El apoderado de L.C.R. acompaña documentos al escrito de fs. 60 presentado el 22.04.91.

A fojas 60 El apoderado de L.C.R. presenta escrito de reposición y petición subsidiaria de proceder de oficio y acompaña documentos que rolan de fojas 13 a fs. 59, relacionados con obtención de residencia de los padres del procesado, con el secuestro del padre del reo, don Antonio Correa Molina , y con títulos de dominio de una finca ganadera en Colombia y el respectivo pago de impuestos. (22.04.91).

A fojas 65 vta. Se provee el escrito de L.C.R.: “Santiago 13.05.91. A lo principal, estése a lo resuelto con en esta fecha; al otrosí, a sus antecedentes”.

De fs. 66 a 69 El apoderado de L.C.R. acompaña documentos al escrito de fojas 70, relacionados con autorización del tribunal para la hospitalización de L.C.R., diagnósticos médicos y su internación en el hospital Dr. Juan Noé de Arica, de 03.05.91.

A fojas 70 El apoderado de L.C.R.presenta escrito “téngase presente. Acompaña documentos.”

A fojas 70 vta. Se provee el escrito anterior “Santiago 13.05.91 a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

A fojas 71 El apoderado de L.C.R. presenta otro escrito “se tenga presente”. (03.05.91).

A fojas 72 El apoderado de L.C.R. acompaña documento que indica (presentación del mismo reo L.C.R.) (04.05.91).

A fojas 72 vta. Se provee “Santiago 13.05.91 a sus antecedentes”.

A fojas 73 Se falla la petición de fojas 60, que pedía reposición o proceder de oficio y se resuelve: “vistos: el mérito del expediente y actuando de oficio se deja sin efecto la resolución de 17.04.91 escrita a fojas 12. Se concede al reo L.C.R. su libertad provisional bajo caución cuyo monto regulará el Juez de la causa. (13.05.91).

A fojas 74 Se notifican por el estado diario cuatro (4) resoluciones, con fecha 13 de mayo de 1991.

A fojas 75 don Guillermo Piedrabuena, por el Consejo de Defensa del Estado, solicita se haga uso de facultades para proceder de oficio y dejar sin efecto su resolución de 13.03.91 por las razones que expresa. (15.05.91).

A fojas 76 vta. Con fecha 17.05.91 se provee “Dése cuenta” y se notifica por el estado diario con la misma fecha.

A fojas 77 Proveyendo derechamente el escrito del CDE, se resuelve: “Santiago 25.06.91 no ha lugar a la petición de fojas 75”. Esta resolución se notifica por el estado diario con la misma fecha.

Consideraciones de derecho.

Hasta aquí los hechos que constan en el proceso, sobre los cuales los diputados acusadores han fundamentado su acusación, sosteniendo que se han producido en su desarrollo irregularidades e infracciones a las normas de un racional, justo y debido proceso que incluso revisten características de delito, calificándolo como un procedimiento fraudulento, sorprendente y sospechoso, y respecto de los que, por su parte, se ha sostenido por los acusados, que no se ha faltado a las normas regulares o normales de procedimiento.

De todos los antecedentes acumulados por la Comisión, consistentes, como se ha dicho, en recopilación de información escrita y recepción de testimonios de personas citadas o invitadas a la Comisión, ésta se ha podido formar la convicción de que no se ha producido ninguna irregularidad legal en el desarrollo de los hechos y que el actuar de la E. Corte Suprema se ha enmarcado en las reglas regulares de procedimiento que rigen en este tipo de tramitaciones ante ella, consultadas específicamente en el párrafo de “las facultades disciplinarias”, artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de queja, publicado en el diario oficial del 1º de diciembre de 1972.

Fundamentos de la resolución de la Comisión.

Para información de la honorable Cámara, como antecedente de la resolución adoptada por la Comisión, se reseña a continuación, la fundamentación de voto de cada uno de los señores diputados miembros de la Comisión, tanto de los que rechazaron la acusación como del integrante que la aprueba.

El señor RIBERA (don Teodoro) , en fundamentación de su voto expresa: diez honorables diputados presentan una acusación constitucional en contra de los Ministros de la E. Corte Suprema, señores Marcos Aburto , Osvaldo Faúndez , Servando Jordán y Enrique Zurita , en virtud del siguiente capítulo:

“Por el notable abandono de deberes consistente en haber dejado de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, de fondo y de procedimiento, esenciales e inherentes a su ministerio, permitiendo, con intencionalidad o grave descuido inexcusable de sus deberes, que un conocido y peligroso narcotraficante, como es el caso del ciudadano colombiano Luis Corea Ramírez , obtuviera, con grave y notoria infracción a las reglas constitucionales y legales que reglan el procedimiento, su libertad provisional y eludiera, así, la acción de la justicia.”

En concreto, lo que se les imputa a los señores magistrados es que con intencionalidad y grave descuido inexcusable de sus deberes:

a) se violaran con grave y notoria infracción a las reglas constitucionales y legales, las normas de procedimiento en el recurso de queja Nº 4412;

b) un conocido y peligroso narcotraficante obtuviera su libertad provisional;

c) y que fruto de esta libertad provisional, este narcotraficante eludiera la acción de la justicia.

El propio escrito de acusación se encarga de precisar su contenido de la expresión “intencionalidad o grave descuido inexcusables de sus deberes”, al señalar en la página 16 que “de un modo público y notorio han hecho dejación de las obligaciones esenciales inherentes al ejercicio de la magistratura que ostentan, desarrollando con torcida intención o inexcusable imprudencia e ineptitud un conjunto de conductas que demuestran su desapego a las obligaciones esenciales a su función” Consideran igualmente que esta tramitación “gravemente irregular” sería “evidentemente fraudulenta” (Pág.21), revistiendo algunas de ellas “características de delito” (Pág.34).

En concreto, lo que se les imputa a los magistrados acusados es haber participado en una actividad ilícita tendiente a otorgar al acusado Correa Ramírez la libertad provisional, con desapego a las normas elementales del procedimiento y de fondo, para facilitar así que evadiera la acción de la justicia. Se indica igualmente que esta actuación pudo realizarse también por un grave descuido inexcusable de sus deberes.

Durante la tramitación de la acusación constitucional no se acompañó prueba alguna que comprobara o sembrara dudas plausibles que existió una acción fraudulenta o ilícita de los ministros dirigida a otorgar la libertad provisional para permitir que el procesado evadiera la acción de la justicia. Es más; los testimonios que constan en acta del ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Arica , señor Hernán Olate Melo y del entonces abogado del Consejo de Defensa del Estado encargado de la queja que motiva esta acusación, señor Ruiz Pulido , y del ex Ministro de Justicia , señor Francisco Cumplido , son rotundos en cuanto a que el proceso se llevó dentro de los márgenes plausibles, como que no existió sospecha o antecedente alguno que ameritara suponer un acto delictivo en la tramitación o en la sentencia. Siendo un hecho elemental que la inocencia se presume y que corresponde a los acusadores aportar la prueba que desvirtúe plenamente esta norma elemental de nuestro sistema jurídico, cabe rechazar de plano esta imputación, por no haber sido la misma, incluso para los propios acusadores, de una real preocupación para demostrar su veracidad.

Este Diputado considera igualmente que no cabe a la honorable Cámara de Diputados conocer el fondo de la acusación, toda vez que no le compete avocarse causas pendientes; revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales o hacer revivir procesos fenecidos. En este caso dejando de lado el supuesto ilícito antes mencionado que se les imputa a los magistrados y que no se probó en esta acusación, las demás afirmaciones se refieren a materias procesales y de fondo, que en su esencia son asuntos jurisdiccionales, propios y privativos del Poder Judicial . También las resoluciones judiciales que recaen sobre asuntos de procedimiento, son sentencias o decisiones judiciales, que se diferencian con la sentencia de fondo, únicamente por su contenido o carácter provisorio. Esta sola argumentación y la existencia de los artículos 73 y 79 de la Constitución, son suficientes para rechazar la acusación constitucional, al no probarse durante la tramitación una grave infracción, con carácter de notable, de los deberes ministeriales.

Con todo, y habiendo entrado la Comisión y los propios acusados en su defensa al fondo del asunto, cabe además considerar los siguientes argumentos:

El procedimiento implementado para la designación de la sala y del relator, como incluso la propia notificación de las resoluciones que hoy son un elemento esencial de la acusación, estuvieron dentro de los marcos legales y, al decir del entonces abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Ruiz Pulido , constituían una práctica más que centenaria. Ello explica entonces, que en el escrito presentado por este organismo y firmado por don Guillermo Piedrabuena , de fecha 15 de agosto de 1991, pidiendo a la E. Corte Suprema actuar de oficio para revocar la libertad concedida al procesado Correa Ramírez , no se solicitara nulidad procesal alguna, ni se hiciera presente una tramitación anormal o hecho inusual alguno. Este escrito, además permitió a dicha sala tomar nuevamente conocimiento de la resolución que había otorgado su libertad al procesado Correa Ramírez dos días antes, lo que echa por tierra toda argumentación de que habría mediado un engaño por parte de otro funcionario judicial o una decisión irreflexiva de sus integrantes. En igual sentido cabe rechazar, por idénticos argumentos, que habría existido un grave descuido inexcusable de sus deberes, toda vez que no se acreditó en esta acusación infracción alguna a las reglas de procedimiento, en consideración a las normas legales y prácticas y usanzas utilizadas ante esa Excma. Corte Suprema. Es más; de haber existido no serían imputables a los señores Ministros, sino que al funcionario relator, lo que tampoco se comprobó en la especie.

Este Diputado igualmente rechaza de plano la posibilidad que la acusación pueda basarse en la conveniencia o inconveniencia que se le otorgara la libertad a un procesado, considerando que la propia Constitución de 1980 ha establecido que la libertad provisional es un derecho para todo procesado, circunstancia que fue acogida y fortalecida por las llamadas “Leyes Cumplido”. Debe sostenerse además, que no se probó en el proceso criminal que el condenado Correa Ramírez tuviera un papel relevante en la internación y tráfico de clorhidrato de cocaína, como al igual que tuviera antecedentes penales previos. De ahí entonces, que en definitiva se le reconociera la irreprochable conducta anterior. Nada vale ahora, seis años después, presentar nuevos antecedentes que a la fecha no se tuvieron a la vista. Más allá que este Diputado no comparta la decisión del órgano jurisdiccional que concedió la excarcelación, reconoce su entera libertad y legítimo derecho para adoptarla. En cuanto a la imputación efectuada, que fruto de esta decisión el procesado evadiera la acción de la justicia, esta argumentación carece de toda lógica. Consta claramente que el procesado firmó ininterrumpidamente, cumpliendo así el mandato legal, por aproximadamente 24 meses, evadiendo la acción de la justicia una vez que la sentencia condenatoria estuvo a firme. Mal puede por ello deducirse responsabilidad para los Ministros que concedieron la libertad, pues ésta recae sólo en los organismos encargados de darle eficacia al derecho.

Este Diputado efectúa por último, una reflexión final: estudiados los antecedentes con prolijidad, no surge prueba alguna para los hechos imputados. Aún más; no existe causa o motivo alguno que pudiera justificar una maquinación o fraude como el que se sostiene. No existiendo la posibilidad que la sala hubiera sido inducida a error, toda vez que vio la causa dos veces con un intervalo de dos días, habría sido necesario para producir esta acción fraudulenta, en definitiva, inducir la designación de una sala, para hacer participar en un hecho ilícito a sus integrantes, todo ello con un solo fin: obtener la libertad provisional para un procesado que luego firmó durante más de dos años. Si hubiera existido una maquinación como la sostenida, no cabe la menor duda que el reo habría eludido la acción de la justicia lo antes posible.

El señor URRUTIA (don Salvador ).- por su parte señaló que ha tratado de buscar la responsabilidad de los hechos que motivan la acusación, en dos niveles. Uno, en el de los ministros de la corte y, otro, en el de los funcionarios auxiliares que participaron en el tema.

Se pregunta, por qué cuatro ministros, más dos abogados integrantes, el 13 de mayo y un mes o mes y medio más tarde, con un integrante distinto, en la misma Sala, fallaron en forma unánime en favor del procesado Correa Ramírez .

Señala que su análisis fue el siguiente: ¿por qué la Sala de la Corte Suprema, teniendo todo el poder para dejarlo en libertad lo iba a hacer de una manera oculta o subrepticia, que se iba a conocer al día siguiente de concedida la libertad, cuando con el poder que tiene esa Sala pudo haber esperado que se cumplieran todos los pasos y dar la libertad en forma impecable desde el punto de vista procedimental. Eso, dice que le hizo mucha fuerza para pensar que aquí, más que un acto doloso de parte de los jueces, se había producido un cambio de criterio autoritario, discrecional, todo lo que se quiera, pero enmarcado dentro de lo que era el quehacer legal de los jueces.

A lo largo del análisis de las distintas personas que han llegado a la Comisión, expresa que no ha visto en ninguna de ellas, incluso en los diputados acusadores o en la prensa, un planteamiento que indique que los ministros de la Corte Suprema pudieran estar coludidos para favorecer al reo Correa.

Si trasladamos el tema a los funcionarios auxiliares, indudablemente que ahí hay un montón de situaciones informales, desordenadas, sin registro, que a primera vista parece un campo fértil para que algún funcionario avispado, que intente una ganancia ilegítima, pudiera aprovecharse de este desorden. Es innegable que el año 1991 en la Corte Suprema hubo procedimientos desordenados y anárquicos. Hemos escuchado en la Comisión a varios funcionarios de la Corte Suprema relatarnos que los papeles eran llevados por mano, que incluso se perdían; que se anotaban o no se anotaban dependiendo del criterio de un funcionario menor, de los ayudantes del secretario en la Secretaría de la Corte Suprema; que el relator no tenía ninguna obligación de proveer los documentos hasta el día en que se veía la causa. Es legítimo pensar que ahí pudiera haber habido algún interés en favorecer al reo Correa, pero también no se puede descartar que se haya producido lo que ocurrió, en forma espontánea, dado el sistema de trabajo. Una coincidencia, lamentable, como se quiera llamar, pero coincidencia no premeditada.

Escuchando al relator señor Correa , al Secretario de la Corte y las declaraciones de los jueces, indica que no está convencido que el Secretario de la Corte ni el relator señor Correa hayan actuado mañosamente. Acepta que alguien lo pueda pensar, sobre todo la parte perdedora, en este caso el Consejo de Defensa del Estado, pero no hay pruebas seguras, sino sólo sospechas, porque lo que se hizo era algo que podía hacerse y que sucedía en ocasiones.

En seguida señala que está el tema del Consejo de Defensa del Estado que lo quiere destacar. Realmente, el Consejo de Defensa del Estado, a su juicio, actuó con absoluta negligencia. Si había un abogado interesado en el tema del reo Correa, aparte del señor Sanhueza que buscaba su libertad, era el Consejo de Defensa del Estado, que tendría que haber estado de cabeza en el proceso.

La actuación del Consejo de Defensa del Estado es lamentable. No alegó de la libertad que se concedió en Arica. No presentó recurso de queja; lo presentó el fiscal de la Corte de Apelaciones. Acá ha dicho que no supo que se había presentado la reposición. Por otra parte, el Secretario de la Corte Suprema dice que se extraña de eso, porque los abogados eran muy insistentes, “como pulga en el oído”, porque cada día iban a la secretaría, y que él cree que debieron haber conocido la presentación del recurso. Pero todo eso son posibilidades.

Indica que no le cree al abogado señor Sanhueza cuando dice que le entregó una copia al Consejo de Defensa del Estado, pero sí cree que el Consejo de Defensa del Estado cometió, a su juicio, la peor omisión. A los dos días, cuando presentó su recurso de reposición de esta libertad que dio la Corte Suprema, no hizo ninguna mención a las fallas del procedimiento. Incluso, el señor Ruiz Pulido , abogado del Consejo de Defensa del Estado, dijo en la Comisión que a él no le parecieron importantes esas fallas; que no eran materias que le hubieran parecido abusivas en contra de dicho Consejo. Por lo tanto, reclamó lo normal, pidiendo que se pusiera término a la libertad, pero no reclamó contra el hecho de que no estaba anotado en el estado diario, que no se le había entregado copia o que no se había proveído los escritos. No reclamó nada de eso. Lo mismo, además, lo afirmó el señor Piedrabuena , Presidente del Consejo de Defensa del Estado de la época, quien manifiesta que hubo muchas situaciones abusivas. Pero lo que llama la atención, y que es realmente lamentable, es por qué no lo hizo el año 91, sino que lo plantea ahora, cuando esto se ha revivido.

Piensa el señor Urrutia que hay una desastrosa coincidencia de situaciones, falta de algunas anotaciones, falta de interés del Consejo de Defensa del Estado y un abogado muy hábil. Señala que le sorprendió la declaración del abogado señor Sanhueza , a quien, aunque es de Arica, nunca lo había visto. Él mostró un conocimiento acabado de todos los trámites de la Corte Suprema, dio información acerca de cómo se tramita una orden de no innovar, que a todos nos tenía sorprendidos, por ser aparentemente absurda, pero tenía una lógica absoluta. Era para acelerar el trámite, para que se viniera luego el expediente desde Arica, porque la ley Cumplido había causado algunos efectos. Los acusadores no lo dijeron y nos orientaron un poco mal. Nos dijeron que la Corte de Apelaciones de Arica había rechazado la apelación por unanimidad, y resulta que no fue así, porque uno de los ministros titulares de esa Corte había votado a favor de la libertad -uno contra tres- porque la ley Cumplido había entrado en vigencia en febrero y esto se votó en marzo.

En otras palabras, estima el señor Urrutia , ese abogado mostró que era hábil y que se movió bien, de manera tal que hay un abogado hábil por una parte, un abogado negligente por la otra, funcionarios poco acuciosos o discrecionales, que produjeron esta situación, y en tal caso, no podemos culpar a funcionarios de la Corte Suprema que actuaron en este recurso como actuaban normalmente. No tiene convicción sobre estos hechos.

Por eso, vota en contra de la acusación, en bloque.

Además, como complemento de su voto de rechazo a la acusación, agrega lo siguiente:

“Estoy convencido que la causa principal de que las cosas ocurrieran como ocurrieron, fue que el tráfico de drogas a nivel nacional era apreciado en 1990 y 1991, especialmente en Santiago, como un delito más, que debía tratarse en igual forma que los demás ilícitos. No existía la conmoción pública actual, que a ratos provoca exacerbaciones de escándalo, como las denuncias de consumos de drogas de parlamentarios, que hace que, actualmente, las libertades provisionales a narcotraficantes sean una rareza e incluso se critique a las autoridades que buscan facilitar la rehabilitación de los reos por tráfico, con permisos dominicales, libertades condicionales o indultos. Es decir, nos hemos ido al otro extremo. De la actitud desaprensiva y despreocupada de los años 80 y principios de los 90, hemos pasado a una cruzada que a ratos tiene ribetes de fanatismo en que vemos al traficante de drogas como el peor de los peores, a quien no debemos excarcelar por ningún motivo antes que cumpla toda su pena, a quien debemos considerar no rehabilitable, alguien que utilizará, como dijo en la Comisión una alta autoridad, sus libertades provisionales o condicionales para seguir traficando. Todo esto ocurre en muchos casos, pero no debemos entrar a la despersonalización de los delincuentes; las personas no pueden satanizarse o ponerse en un molde común, pues debemos juzgarlos caso a caso, y es muy diferente una dueña de casa, pobladora jefa de hogar, con cuatro hijos, sin antecedentes penales, a un traficante de buena situación, reincidente. Deben, en justicia, ser tratados en forma diferente.

Hago todas estas reflexiones, pues ellas me hacen explicable que hoy haya ambiente para acusar a la Corte Suprema por dejar en libertad provisional a un acusado de narcotráfico de 500 kilos de cocaína y no lo haya habido cuando correspondía, en 1991, en que nadie, absolutamente nadie, se asombró, escandalizó ni acusó a los jueces. Ni el Consejo de Defensa del Estado que estaba a cargo del tema en las cortes, ni el Ministerio de Justicia, ni el Colegio de Abogados de Chile (sólo lo hizo el de Arica cuando salió el primer fallo de octubre de 1990, por la composición de la Sala), ni la clase política en general. La mayoría de los diputados y senadores de hoy lo eran en 1991 y también los dirigentes de los partidos políticos son más o menos los mismos, y a nadie se le ocurrió reclamar, protestar, ni menos plantear una acusación constitucional.

Lo que ahora parece digno de los peores anatemas, en esos tiempos pareció normal. Entonces es legítimo preguntarse ¿ a qué se debe el cambio?. Mi opinión es que la llegada de la droga a Santiago y el enorme consumo de pasta base que hay en la Región Metropolitana, produjo un cambio violento en la opinión pública, de rechazo y alarma ante las secuelas del consumo, y ello impulsa a la clase política a buscar soluciones, algunas buenas, como la educación preventiva, la capacitación y el empleo para los jóvenes, las actividades de tiempo libre, los programas y establecimientos de rehabilitación, y otras discutibles, como buscar chivos expiatorios de la despreocupación que todos tuvimos respecto al surgimiento y crecimiento de este problema de la droga en Chile.

Mi conclusión es: El consumo se frena y disminuye trabajando dura y perseverantemente en bajar la demanda, en reprimir con inteligencia a la oferta de drogas, en coordinar mejor los esfuerzos antidrogas y no quemando en la hoguera, en la plaza pública, a personas sin culpas comprobadas.”

La señora PROCHELLE .- relata que cuando llegó a sus manos el libelo, lo llenó de marcas e interrogaciones, pensando que en el transcurso de la investigación algunos de los puntos que allí se plantean podrían ser confirmados, o documentados. Pero en el transcurso de la investigación y de las declaraciones de quienes asistieron a esta Comisión, de los documentos que fueron acompañados, desgraciadamente, no participa de la idea de que la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones lo hagan muy bien. Ella cree que lo hacen muy mal y que por ello todos los ciudadanos están expuestos a tremendas aberraciones. Pero en los hechos a que se refiere esta acusación, ese actuar es lo usual, es lo común, es lo corriente, por lo que ha escuchado a los diferentes funcionarios, abogados y demás personas, incluso el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Ruiz Pulido , que han asistido a esta Comisión.

No he podido llegar al convencimiento de que los cargos de la acusación hayan sido probados. Lo que es efectivo es que existen algunas sospechas respecto de funcionarios menores, que no hemos podido resolver y que, a lo mejor, no son de nuestra competencia, porque ellos no están siendo acusados, pero señala que tampoco ve que haya culpabilidad de los ministros, en cuanto al comportamiento que hayan podido tener, si es que se percataron de alguna cuestión inusual o irregular. De las irregularidades denunciadas, dice que no se ha podido formar la convicción de que estén debidamente acreditadas.

Por lo tanto, vota en contra de la acusación.

El señor SCHAULSOHN, (Presidente) para fundamentar su voto, expresó lo siguiente:

En primer lugar, debemos tener en claro que los acusados son los ministros de la Corte Suprema y no los funcionarios de ésta, y que, al momento de votar, debemos distinguir entre negligencia, abuso e ingenuidad. No son lo mismo. Por ingenuidad no se puede acusar; por negligencia y por abuso, sí.

Tenemos que establecer -y eso se discutió latamente con motivo de la acusación constitucional del otro día- si hay delito, falta o abuso.

Mi razonamiento va en el entendido de que los sujetos de esta acusación son cuatro ministros de la Corte Suprema. No son los funcionarios de los tribunales. Ésta no es una institución militar. Aquí no hay responsabilidad de mando, porque cada persona tiene aquellas obligaciones que la ley le impone, y las que no le impone, simplemente no las tiene. No existe una responsabilidad derivada.

En primer lugar, me quiero referir al fallo y hacer abstracción del contexto por un minuto.

El fallo de la Corte Suprema -que no es tema de nuestra discusión, porque no podemos meternos al fondo- como consideración genérica, no lo considero un fallo aberrante. No así la reposición, ese es un problema procedimental, que tiene que ver con la acusación, al que me voy a referir más adelante.

Hay que analizar si un sujeto que lleva dos años preso, tiene o no derecho a la libertad condicional de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Un narcotraficante, ¿tiene o no derecho a la libertad provisional?. En nuestro ordenamiento jurídico no hay duda que lo tiene. Ahora, ¿cuándo lo tiene? Supongamos que no lo tiene de inmediato, sobre todo porque el delito es muy grave. Son quinientos kilos de cocaína, media tonelada. Lo tendrá después de un año o de dos?. ¿Creo que es un elemento a considerar. No me parece aberrante otorgar la libertad provisional a una persona que lleva en prisión dos años; que perfectamente bien podría haber sido más de la mitad de la pena a la que podría haber sido condenada. Un individuo sin antecedentes penales -esto hay que tenerlo claro- porque eso es lo que tienen los jueces a su vista. Si el documento que tienen a su vista es fruto de fraude cometido por Investigaciones, no es problema del juez. Se trata de una persona sin antecedentes penales, con irreprochable conducta anterior, al punto que el tribunal de primera instancia, y la Corte en su fallo condenatorio, acogen la irreprochable conducta anterior como una atenuante al momento de fijar la pena.

Se trata, además, de un sujeto que, cuando se le revocó la libertad provisional, que se le había concedido, y más tarde revocado, se presenta voluntariamente al tribunal para continuar detenido; que durante los dos años de presidio al interior del tribunal, observó irreprochable conducta. Olvidémonos de este delito y pensemos si una persona con estas características, tiene derecho a la libertad. Pensemos en un delito de homicidio. También lo tiene. Porque esa es nuestra ley. Si nuestra ley es mala, nosotros somos los legisladores. Es nuestra responsabilidad cambiarla.

Segundo elemento en relación con el fallo.

Detrás de todo el tejido de la acusación hay una imputación, en el sentido que esto fue una maquinación para que este señor obtuviera la libertad condicional “entre gallos y medianoche”, porque resulta que nadie discute las facultades de la Corte Suprema de otorgar una libertad provisional. No está en discusión.

Entonces, la única razón para que la Corte lo hiciera de una manera tan subrepticia, tan amañada, es porque esto era parte de una conspiración con un propósito más allá del fallo que otorgaba la libertad provisional. Esa conspiración sólo se puede entender si el reo iba a huir del país inmediatamente de obtenida la libertad provisional. Toda esta discusión de si le notificaron a las tres de la tarde o a las cuatro de la mañana; si fue el mismo día, tendría relevancia en la medida en que el reo, notificado de su libertad provisional, habiendo salido de la cárcel, se fuga. Sin embargo, este sujeto se quedó en Chile dos años firmando el libro de reos. Dos años completos, en Arica y en Santiago. Si se mira retrospectivamente estos hechos, ¿se puede decir que el tribunal hizo mal en conceder la libertad provisional a una persona que llevaba dos años preso; que cuando se le otorgó la libertad y se retiró el beneficio, se presentó voluntariamente a la cárcel, y que, después de concedido el beneficio, firma durante dos años...?

Muchos de los acusadores no habían reparado en este hecho que surgió porque el Ministro Servando Jordán lo mencionó al pasar en su defensa en la otra Comisión, porque este tema no era asunto de la primera Comisión. Por eso pedimos un oficio para confirmar este hecho. Y nos llegaron las respuestas. ¿Para qué la Corte Suprema se iba a exponer? El señor diputado insiste en que se está acusando a los ministros y no al relator ni al funcionario. ¿Para qué los ministros se iban a exponer a hacer algo de mala manera que podían hacer a plena luz del día, sin ningún problema? Si el relator engañó a los ministros, los ministros tampoco son culpables de la acusación constitucional, porque el artículo 373 del Código Orgánico de Tribunales dice que antes de hacer la relación, los relatores deben dar cuenta a la corte de todo vicio u omisión que notaren en los procesos. Es obligación del relator por expresa disposición legal. No es una costumbre de la Corte. La ley impone esa obligación a los relatores. No se puede acusar constitucionalmente, por ser engañados en algo en lo cual no se tiene la obligación de averiguar por sí mismo. Si el señor Correa engañó a los ministros para obtener esta libertad, se supone que es para que el reo se fugue, porque si no se fuga ¿para qué los va a engañar de tal manera?

Respecto del fallo de esta supuesta conspiración, falta un motivo. En este caso, no hay motivo para que los ministros vayan a arriesgar sus carreras, haciendo algo de una manera tan torpe.

Aquí se ha hablado de supuestas irregularidades en el proceso; que hay que eliminar una serie de prácticas; pero no se ha probado que se haya contravenido la ley. Los ministros han dicho que se ha cumplido con la ley. Y todas las personas que han venido a declarar acá, más allá de la credibilidad de cada cual, que es asunto que uno tiene que juzgar, se han asilado en lo mismo.

El señor Ruiz Pulido ha dicho en respuesta a una pregunta del Diputado señor Ribera, que el criterio centenario de la Corte de Apelaciones es que la queja no es un pleito entre partes, sino un problema entre tribunales de mayor e inferior jerarquía. Éste ha sido el criterio de la Corte Suprema, durante cien años. Como no es un juicio entre partes, no tiene por qué notificarse nada por el estado diario. Ése es un criterio que viene desde antiguo. Y esto no lo dice el relator Correa , ni el señor Meneses , Secretario de la Corte Suprema , ni los Ministros acusados; lo está diciendo el abogado del Consejo de Defensa del Estado a cargo de la defensa en este mismo juicio.

Esta declaración del señor Ruiz Pulido es absolutamente concordante con el escrito que presentó el Consejo de Defensa del Estado el 15 de mayo de 1991, o sea, dos días después de que se enteró del fallo de la reposición de la queja. Él no esperaba que lo notificaran por el estado diario. ¿Por qué vamos a esperarlo nosotros? El señor Ruiz Pulido es Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel , y en ese momento, abogado del Consejo de Defensa del Estado encargado de este pleito. En su escrito no hay una referencia a irregularidades procesales, ninguna. Está pidiendo reposición del fallo, que cambió el criterio de la Corte, y no hay una palabra que diga: “he sido privado de mis derechos”, “no se ha notificado”, nada, absolutamente nada.

Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué no lo hizo presente? ¿Por qué no recurrió al Pleno? Por una razón muy simple: no recurrió al Pleno, porque pensó que no había ningún abuso.

El señor Ruiz Pulido reconoció no haber apreciado en ese momento graves transgresiones a normas procesales que no hubiese dudado en mencionarlas, porque no apreció de esa manera los hechos por ser el criterio permanente de la Corte Suprema sobre el tema.

El señor diputado se pregunta ¿cómo vamos a destituir a cuatro ministros siete años después, por algo que, en su momento, el Consejo de Defensa del Estado estimó que era normal?

El señor Piedrabuena en su declaración escrita dice que estaba muy sorprendido del fallo, por el contenido; que tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Ministro de Justicia , reconociendo lo delicado de la situación, y los elementos de juicio reunidos en esa época, consideraron que no se justificaba efectuar un reclamo posterior a la Corte.

¿Cómo vamos a echar a cuatro ministros por algo que en su momento el Ministro de Justicia y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado estimaron que no justificaba un reclamo al Pleno? Toda esta discusión respecto de si hay o no irregularidades, no tiene mucho sentido, porque tenemos una declaración del abogado de la causa que dice exactamente lo mismo: que no había irregularidades, porque tenemos una acción útil del Consejo de Defensa del Estado, mediante un escrito, donde categóricamente no hace mención a ninguna irregularidad procesal. No me cabe en la cabeza que una parte que se sienta agraviada de esta manera no va a hacer alusión a eso.

Lo que está claro es que no hay nada respecto de los ministros de la Corte Suprema; que el Consejo de Defensa del Estado, que se suponía que iba a ser el gran sostenedor de las irregularidades, ha dicho todo lo contrario -está en las actas-; que el Consejo de Defensa del Estado presentó un escrito en que, en total concordancia con su postura anterior, no dijo nada; que el Código Orgánico de Tribunales impone al relator la obligación de informar de los vicios procesales y no a los ministros.

Entonces, el señor diputado se pregunta: ¿Qué queda de la acusación? ¿Cuáles son sus fundamentos?

Se me podrá decir que no gusta el fallo. Ya discutimos eso, no nos podemos meter en lo sustantivo de un fallo.

Aunque no quiera, no puedo sino votar en contra de esta acusación como cualquier parlamentario que lea el informe de la Comisión, que pondere los antecedentes. No podemos echar a los ministros de la Corte Suprema para arreglar lo que está malo en los tribunales. Sería una aberración desde todo punto de vista.

Entonces, por todas estas razones, mi voto es obviamente contrario a la acusación.

Fundamento de voto de aprobación de la acusación.

El señor GONZÁLEZ .- expresa que algo que sostiene la acusación, es que la tramitación de este recurso de queja fue inusual y fue distinto. Se nos dijo que esto es una práctica más o menos habitual en la Corte Suprema, pero no estamos examinando la práctica habitual.

Tenemos que pronunciarnos sobre un caso particular que ocurrió al interior de la tramitación de ese recurso de queja en un proceso determinado, y si vemos, como sostiene incluso uno de los ministros en sus descargos, que es necesario adoptar una especie de teoría sistémica en relación con el proceso. La primera vez que algo no se notifica, es cuando se tramita este recurso de queja. Puede haber ocurrido en otros procesos, pero ya lo dijimos con respecto a la actuación general, algo parece que está oliendo mal, pero no estamos examinando la totalidad del accionar de la Corte Suprema. Nuestro deber es referirnos a un caso específico, y al interior de este proceso específico, la única vez que se deja en indefensión a una de las partes para alegar sobre un recurso de queja, es en el que lleva el Nº 4.412.

Hay cosas que han ido apareciendo a lo largo de las conversaciones y de las preguntas que le hemos hecho a las personas citadas, que llaman la atención. El propio señor Meneses , Secretario de la Corte Suprema , cuando se refirió a las quejas atrasadas, para las cuales habría sido llamado el señor Correa reconoce que hay tal cúmulo de quejas atrasadas, y resulta que ésta, que no era una queja atrasada, se le entrega al relator señor Correa . El propio señor Meneses admitió, además, que es posible que hubiera varias otras con reos presos que sin embargo, no encontraron la prioridad que encontró este recurso de queja en particular.

En las declaraciones del abogado señor Sanhueza , aparecen dos versiones distintas. A nosotros nos dijo que había solicitado una audiencia con el Presidente de la Corte Suprema y que él había apurado esto por el hecho de haber reo preso, porque su cliente llevaba más de un año preso, y por eso se habría llamado al señor Correa para que la relatara ante la Tercera Sala. Pero el señor Sanhueza a “El Mercurio” le dijo que habló con todos ministros integrantes de la sala. Entonces, nos dice que eso lo pudo hacer porque tenía un trato muy directo y habitualmente litigaba en la Corte Suprema.

Por otra parte, los señores ministros nos dicen que en su vida han conocido al señor Sanhueza . Si este señor era un litigante frecuente, de esos abogados “estrella” que -se dice- siempre rondan en la Suprema y permanentemente atienden litigios, que fue lo que aseguró el señor Sanhueza y que por eso lo había obtenido con tanta rapidez, ¿cómo pueden decir los señores ministros que no tenían idea de quién era el señor Sanhueza?

A juicio del diputado , son demasiadas cosas raras.

Me he ido formando la convicción, a través de las propias declaraciones de las personas que han sido citadas a esta Comisión.

Creo que es posible que ninguno de los señores ministros haya estado coludido para tramitar rápidamente estos recursos, para no informarlo, para dejar en indefensión e imposibilidad de alegar o de presentar un recurso a tiempo a la otra parte. Pero ocurre que ésta no es cualquier parte. Todo el mundo sabía que el Consejo de Defensa del Estado, sin calificar su actuación de buena o mala, era parte en este proceso y representaba al Fisco chileno. A pesar de eso, los ministros fallan en una determinada forma. Yo no creo que estén coludidos, pero sí creo que hubo, por lo menos, negligencia o ingenuidad.

Aquí tiene que imperar un principio de responsabilidad administrativa. A lo mejor, hubo “manos negras” de parte de los funcionarios inferiores. Pero, vuelvo a insistir, aunque haya podido ser práctica habitual, tenemos que referirnos a este caso en particular que produjo una grave indefensión de la ciudadanía, que es representada por el Consejo de Defensa del Estado. La responsabilidad de lo que pasa la tienen los magistrados superiores y no se la podemos cargar a la persona que está detrás del escritorio, al oficial de sala, ni siquiera al relator.

En una oportunidad, di un ejemplo. He sido director de hospital y si el portero del hospital impide a un enfermo grave que entre para ser atendido, y esa persona se muere, es cierto que el portero del hospital se va, pero también me voy yo como director del hospital, porque la responsabilidad de que este funcionario haya actuado culposa o dolosamente, es mía.

No tuve la posibilidad de leer, hasta hace un rato atrás, una opinión de don José Victorino Lastarria , vertida en la sesión del 1 de septiembre de 1878. El señor Lastarria dijo que lo que le corresponde a una Comisión va a ser ilustrar a la Cámara sobre si la acusación está apoyada en pruebas suficientes, que la hagan digna de que esta Cámara la patrocine y la haga suya.

Ni siquiera va a resolver la Cámara la acusación. La va a resolver como jurado el Senado. No nosotros.

Creo que esta acusación está bien fundamentada en este sentido. La Sala debe pronunciarse.

Termina diciendo que, de acuerdo con lo que ha planteado su convicción personal y su voto, están por acoger la acusación constitucional en contra de los cuatro ministros.

-o-

Constancia.

Se deja constancia que, como se expresó en las síntesis de las defensas de los acusados, todos ellos hicieron valer cuestión previa sobre que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política exige.

Como es sabido, tanto la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, como el Reglamento de la Cámara, en sus artículos 43 y 310, respectivamente, dejan entregado a la Sala de la Corporación el resolver, por mayoría de los diputados presentes, después de oír a los miembros de la Comisión Informante de la acusación, el acoger o desechar la cuestión previa. Si la cuestión previa es acogida por la Cámara, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la Cámara la desecha, no podrá renovarse discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella.

-o-

Recomendación.

Por las consideraciones expuestas la Comisión recomienda, por mayoría de votos, rechazar la acusación a que se refiere el presente informe, decisión que se adoptó por mayoría de votos. Votaron por el rechazo de la acusación cuatro señores diputados y uno por acogerla.

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 16, 22 y 23 de julio, y, 01, 02, 04, 05 y 06 de agosto de 1997 con la asistencia de la totalidad de sus miembros, honorable Diputados don Jorge Schaulsohn Brodsky ( Presidente ), don José Luis González Rodríguez, doña Marina Prochelle Aguilar , Teodoro Ribera Neumann y don Salvador Urrutia Cárdenas .

Sala de la Comisión, a 06 de agosto de 1997

(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS , Secretario de la Comisión .”

7. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial; modifica el decreto ley N° 3.058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín N° 2006-07-1).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República , para cuyo despacho se hizo presente la urgencia en el correspondiente mensaje pero sin especificarla, por lo que, acorde con lo preceptuado en el artículo 26 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, debe entenderse que ella es “simple”.

Con posterioridad, por oficio N° 377-334, de fecha 30 de abril de 1997, del cual se dio cuenta el día 6 de mayo de 1997, se retiró la urgencia y, al mismo tiempo, se la volvió a hacer presente, con calificación de “simple”.

En conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 186 del Reglamento de la Corporación, se hace constar que los plazos reglamentarios y constitucionales de esta urgencia vencen, por término de la actual legislatura extraordinaria de sesiones, el día martes 20 de mayo de 1997.

I. Invitados.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración, por parte del Ministerio de Justicia, de la señora Ministra , doña María Soledad Alvear Valenzuela ; del señor Subsecretario, don José Antonio Gómez Urrutia ; de la Jefa de la División Judicial, doña Consuelo Gazmuri Riveros , y de la asesora, ingeniera comercial doña Margarita Madrid Muñoz .

Asistieron, también, por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, el Primer Vicepresidente , don Guillermo Quiroz Manzo ; el Prosecretario, don Benjamín Ahumada Ruz , y la Protesorera, doña Oriana Escalante Velásquez .

Por los secretarios de los juzgados de letras de asiento de Corte, lo hicieron doña Doris Ocampo Méndez, don Jorge Tesche y doña Juanita Godoy.

II. Antecedentes.

A. Informe técnico financiero.

El proyecto en informe viene acompañado del respectivo informe técnico financiero del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, con los antecedentes que explican los gastos que irrogará, la fuente de los recursos que demanda y la estimación de su posible monto, que comprende cuatro años (1997 al 2000), ascendente a 10.355 millones de pesos, que se imputará, por el año 1997, al ítem “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, de la Partida Tesoro Público, Fisco, Operaciones Complementarias, de la ley de Presupuestos del Sector Público para el presente año 1997.

El monto indicado, de 10.355 millones se desglosa de la manera siguiente:

- Reajuste especial (art. 1°) $ 1.561.352 miles

- Asignaciones de responsabilidad superior

y de nivelación (arts. 2° y 3°) 152.131 miles

- Bono de gestión institucional (art. 4°) 917 miles

- Gastos de representación (art. 5°) 49 miles

- Aumento asignación de movilización (art. 6°) 39 miles

- Aumento grado prosecretario C. Suprema (art. 7°) 9 miles

- Aumento abogados integrantes (art. 8°) 61 miles

- Creación Departamento Recursos Humanos 136 miles

B. Modernización de la justicia chilena.

De acuerdo con antecedentes aportados a la Comisión, tanto el Ministerio de Justicia como la Corte Suprema han trabajado, en conjunto, en diversas tareas orientadas a la modernización de la justicia chilena, las que se han manifestado en diversas iniciativas legislativas y en la formulación de planes concretos que han permitido alcanzar, en breve lapso, importantes avances.

Durante la administración del ex Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar , se implementó el denominado “Plan Quinquenal”, cuya finalidad era duplicar el aporte fiscal inicial del año 1991 al Poder Judicial , estableciendo para ello porcentajes de incremento iguales al 20%, 30%, 20%, 15% y 15%, para los años 1992 al 1996, inclusive.

En la práctica, al primer trimestre de 1994 se había alcanzado un incremento del 71%.

La aplicación de este Plan permitió concretar diversos logros, entre los cuales cabe mencionar el mejoramiento de remuneraciones de los funcionarios y empleados; aumentos de grados para el personal de empleados; creación de juzgados y de nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones; creación de diversos cargos de auxiliares de la administración de justicia; regionalización de la Corporación Administrativa; desarrollo y perfeccionamiento del sistema computacional para llevar a cabo el proceso de automatización de la información judicial; proyectos de inversión en infraestructura, etc.

En el mes de octubre del año 1995, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Marcos Aburto Ochoa, y la Ministra de Justicia, doña Soledad Alvear Valenzuela, se reunieron con el objeto de tratar acerca del cumplimiento del Plan Quinquenal.

La cifra disponible en dicho Plan, para el año 1995, era de $ 1.360.000.000.

La Corte Suprema, por intermedio de su Presidente , solicitó al Gobierno adelantar el cumplimiento de la cuota correspondiente al año 1996, incrementada en un 20%, de forma de disponer de un monto de $ 3.020.000.000, para un reajuste especial de remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial , a partir del 1 de enero de 1995, además del general otorgado a los funcionarios del Sector Público, a partir del 1 de diciembre de 1994, en virtud de la ley N° 19.356, de 6 de diciembre de 1994.

Esta propuesta fue evaluada por el Ejecutivo y, en definitiva, aceptada.

Con el propósito de materializar los acuerdos anteriores, se dictó la ley N° 19.370, de 3 de febrero de 1995, que modificó el decreto ley N° 3.058, de 1979, sobre remuneraciones del Poder Judicial , con el fin de sustituir, a contar del 1 de enero de 1995, los montos en vigencia de la asignación judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, se concordó en esa oportunidad en la necesidad de hacer un estudio para establecer un nuevo sistema de remuneraciones, con una adecuada descripción de cargos y funciones para el personal de los distintos escalafones del Poder Judicial , efecto para el cual se convocó a una licitación privada de empresas consultoras.

C. Diagnóstico y plan de gestión de recursos humanos y diseño del sistema de remuneraciones para el personal del Poder Judicial .

Para continuar con el proceso de modernización de la justicia, el Ministerio de Justicia encargó a los Universidades de Chile y Diego Portales un estudio acerca del “Diagnóstico y plan de gestión de recursos humanos y diseño del sistema de remuneraciones para el personal del Poder Judicial”, de mayo de 1996, cometido que esas Universidades llevaron a cabo por intermedio de sus Departamentos de Ingeniería Industrial y de Investigaciones, respectivamente, que se encuentra disponible para consulta entre los antecedentes del proyecto.

Los objetivos generales de ese diagnóstico tendieron a determinar, con precisión, los principales defectos del sistema de administración de personal vigente, con proyección a los cambios en perspectiva, tanto en el ámbito de la administración de justicia como de la administración pública en general, para lo cual se procedió a estudiar cada uno de los subsistemas que comprende, a saber, reclutamiento, selección, asignación, capacitación y entrenamiento, calificación, evaluación de desempeño, ascensos y promociones y egresos y desvinculación.

En lo que interesa destacar de ese estudio, cabe señalar:

-La creación de la Unidad de Personal dentro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que actúe como una verdadera gerencia de recursos humanos a nivel corporativo para el Poder Judicial , que pueda ayudar a toda la línea, es decir, a todos los tribunales y a su cabeza, la Corte Suprema, en la formulación y ejecución de la política de personal.

-El establecimiento de un sistema con remuneraciones fijas, remuneraciones variables, con incentivos al desempeño individual y con incentivos para el desempeño colectivo y control de gestión.

El sistema de remuneraciones se sustenta en factores tales como la equidad, la eficiencia y la factibilidad.

Los incentivos al desempeño individual surgen de la necesaria búsqueda de eficiencia y equidad y su objetivo es motivar al personal para lograr un mejor desempeño y remunerar a las personas de acuerdo a resultados y a la calidad de su actuación personal.

Los incentivos para el desempeño colectivo y control de gestión buscan establecer compromisos de organización, de medios y, especialmente, de resultados, en el tiempo.

D. Protocolo de acuerdo.

El Ministerio de Justicia y la Excma. Corte Suprema han suscrito un protocolo de acuerdo que, entre otras materias, busca establecer un nivel de remuneraciones para el Poder Judicial acorde con la relevante y delicada labor que le compete, cuyo tenor es el siguiente:

“PROTOCOLO DE ACUERDO

La Corte Suprema, en ejercicio de las facultades del gobierno judicial que la Constitución le confiere, por una parte, y el Ministerio de Justicia, por la otra, preocupados por proveer al país de un sistema de administración de justicia eficiente y oportuna, así como de establecer un nivel de remuneraciones para el Poder Judicial acorde a la relevante y delicada labor que le compete, desean dejar constancia de lo que sigue:

1. Para llegar a cumplir el objetivo común que tienen el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, de lograr un mejoramiento sustancial en la gestión de los tribunales, ambos se comprometen a constituir, desde ya, comisiones permanentes que aborden el estudio del tema.

Para ello se conformarán equipos de trabajo en los cuales deberán estar representados la Corte Suprema, los Magistrados, Ios Empleados y los Asistentes Sociales.

2. Que han analizado en conjunto diversos estudios con relación a las remuneraciones y a la gestión de recursos humanos del Poder Judicial , entre ellos los resultados de la consultoría denominada “Diagnóstico y Plan de Gestión de Recursos Humanos y Diseño del Sistema de Remuneraciones del Personal del Poder Judicial ”, realizada por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Departamento de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, a petición del Ministerio de Justicia.

3. Que como consecuencia de ese análisis y de diversas reuniones de trabajo, convienen en que una mejora cabal del sistema judicial en Chile, que maximice la rentabilidad del gasto público en justicia, requiere de un conjunto de medidas que atiendan al carácter sistémico que posee el funcionamiento de la administración de justicia.

Dentro de esas medidas revisten especial importancia aquéllas destinadas a mejorar los sistemas de administración de los tribunales, entre las que debemos destacar:

A. Las orientadas a redefinir el rol del Secretario del Tribunal , entregándole funciones más acordes con su calificación.

B. Las destinadas a desjudicializar un conjunto de materias que poseen bajo componente jurisdiccional.

C. Las encaminadas a separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.

D. Las que permitan un mejor manejo del personal no letrado y dar una mejor atención a los justiciables.

Algunas de estas medidas se contienen en diversos proyectos de ley, como por ejemplo los proyectos relativos a la reforma procesal penal y establecimiento de tribunales de familia, sin embargo, se hace necesario prever su aplicación en el ámbito de la justicia civil.

4. Que, sin perjuicio de las iniciativas legales que lo anterior supone, que son de responsabilidad del Poder Ejecutivo y que el Ministerio de Justicia presentará a tramitación dentro del plazo de tres años, la Excelentísima Corte Suprema considera necesario llevar a cabo desde ya algunas medidas que favorezcan el mejor servicio judicial, lo que hará en uso de las facultades privativas de gobierno judicial que le confiere la Constitución Política del Estado.

Entre estas medidas figuran especialmente:

4.1. La revisión del “Reglamento para la labor de los sábados y la distribución de la jornada de trabajo en los tribunales y reparticiones judiciales los días lunes a viernes de cada semana” (auto acordado de la Corte Suprema del 31 de diciembre de 1969, en actual vigencia), para lo cual, la Corte Suprema, solicitará a cada una de las Cortes de Apelaciones del país una evaluación del efecto que esas normas han producido en la eficiencia del trabajo judicial.

Terminada dicha revisión, la Excelentísima Corte Suprema hará a dicho Reglamento las modificaciones que estime pertinentes, para asegurar un mejor funcionamiento de los Tribunales de Justicia.

4.2. La dictación de instrucciones sobre la forma de conceder permisos sin goce de sueldo y días administrativos al personal judicial, de manera de no perjudicar la atención de los justiciables.

4.3. El establecimiento de un sistema horario que permita mejorar la atención de los usuarios.

4.4. La dictación de instrucciones, a través del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que el Departamento de Recursos Humanos adscrito a ésta, que se crea en el proyecto de ley sobre remuneraciones, ejerza, en el futuro, la función de centralizar los criterios para el manejo del personal no letrado del Poder Judicial . Para ello, dicho Departamento hará una descripción de funciones del personal y propondrá su distribución, velando por una óptima utilización de los recursos humanos.

5. Que el Gobierno del Presidente Frei cumpliendo uno de sus compromisos iniciales con el Poder Judicial en cuanto a establecer un sistema de remuneraciones especial, que satisfaga las legítimas aspiraciones de los miembros de este Poder del Estado, ha propuesto el siguiente plan, que ha sido concordado con la Corte Suprema:

A) Se establece un plan de remuneraciones cuadrienal cuyo inicio es a contar de enero de 1997, en virtud del cual se reajustará a todos los escalafones del Poder Judicial , los montos del sueldo base, la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en el art. 3( de la ley 18.566, en los artículos 10 y 11 de la ley 18.675 y en los artículos 3( y 4( de la ley 18.717.

Este aumento se entregará a los escalafones del personal superior y de asistentes sociales del modo que sigue:

1997 2%

1998 4%

1999 4%

2000 4%

En el caso del escalafón de empleados, el reajuste se completará con un 3% para el año 1997 y un 4% en cada uno de los años restantes que comprende el plan.

El señalado aumento porcentual será sobre la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda, a contar de 1998.

B) En relación específicamente al Escalafón Superior, el Supremo Gobierno ha estimado que los Jueces y secretarios desempeñan una labor de alta responsabilidad, por lo cual se debe diferenciar el sistema remuneracional respecto a los demás funcionarios del Poder Judicial , estableciéndose una asignacion de responsabilidad superior, que será aplicada en forma diferenciada a cada uno de los grados de acuerdo a lo que se establece en el Proyecto de Ley respectivo.

Adicionalmente se aumentará el monto de los gastos de representación que corresponden a los integrantes de los grados primero, segundo y tercero.

C) Con relación a los escalafones de empleados y asistentes sociales del Poder Judicial , el proyecto de ley establece la existencia de un bono de desempeño, que podrá ser percibido por el 66 % de los funcionarios de estos escalafones e integrantes de los grados V a IX del Escalafón Superior. Dicho bono se pagará a contar del año 1998 y equivale al 5% de la sumatoria del sueldo base, asignación judicial y asignación profesional, anuales.

Se incluirá en este Bono de desempeño a los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Academia Judicial.

Los indicadores para la evaluación de desempeño serán elaborados por las comisiones de trabajo a que se refiere el punto 1. de este acuerdo y las normas sobre concesión del Bono serán fijadas durante el año 1997 por la Corte Suprema, mediante auto acordado.

Adicionalmente, se duplica la asignación de movilización que corresponde a los Asistentes Sociales.

6. Que una de las tareas prioritarias que han abordado en conjunto el Poder Judicial y el Supremo Gobierno, es mejorar la gestión de los Tribunales. Para ello se han previsto recursos adicionales en el presupuesto de 1997 del Poder Judicial, destinados a implementar en todos los Tribunales del país la instalación de equipos computacionales y de fax.

7. Se incluye en el Proyecto de Ley sobre remuneraciones la creación, a partir del 1 de enero de 1998, de un Departamento de Recursos Humanos, que estará inserto en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que tendrá entre sus funciones velar por el cumplimiento de los indicadores para la evaluación de desempeño.

8. La Excelentísima Corte Suprema y el Ministerio de Justicia dejan constancia del espíritu cooperativo y plenamente respetuoso de las atribuciones que le competen a cada uno de ellos como poderes del Estado. Destacan, asimismo, la concordancia de criterios existentes entre ambos, respecto a la necesidad de mejorar las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial , como también la necesidad de mejorar la gestión de los tribunales, para lo cual se han acordado los puntos anteriores. Fdo. M. Soledad Alvear Valenzuela , Ministra de Justicia . Servando Jordán López , Presidente de la Excelentísima Corte Suprema .”.

E. Opinión de la Excma. Corte Suprema.

Por oficio N° 1407, de 7 de abril de 1997, la Corte Suprema informó favorablemente las modificaciones del proyecto en estudio en los aspectos en que le corresponde opinar, con la salvedad de que considera conveniente elevar, por lo menos, a seis el número de abogados integrantes que deben designarse para las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia.

Estimó también conveniente la disposición contenida en el artículo 1° transitorio del proyecto, destinada a atender la situación de los funcionarios que se vieron afectados con la derogación del artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales dispuesta por la ley N° 19.390.

Finalmente, en lo que atañe a la creación de una Unidad de Recursos Humanos para el Poder Judicial , la estima, en términos generales, beneficiosa, pero se le presentan dudas y discrepancias en lo referente a si dicha Unidad debe ser incluida como un nuevo Departamento dentro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial o, si bien, debería organizarse como una oficina dependiente, directa y exclusivamente, de la Corte Suprema.

Dado que el proyecto fue objeto de enmiendas durante su discusión en la Comisión y que ellas inciden en la organización y atribuciones de los tribunales, fue nuevamente puesto en conocimiento de la Excma. Corte Suprema para los efectos previstos en los artículos 74 de la Constitución Política del Estado y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, encontrándose pendiente a la fecha de elaboración de este informe la respuesta al informe solicitado.

F. Posición sustentada por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

La Asociación que representa a los empleados del Poder Judicial discrepa de la fórmula de reajuste propuesta por el Supremo Gobierno en este proyecto.

Considera, en primer lugar, que la reajustabilidad que se establece para las remuneraciones a que se refiere el artículo 1°, sobre la base de la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario correspondiente, debería serlo tomando en consideración la inflación pasada, esto es, la efectivamente producida en el año anterior respectivo, máxime si se tiene en cuenta que el Poder Judicial no será considerado en el futuro en el reajuste general que se otorgue al Sector Público.

Hicieron presente que en el Sector Público se negocia el reajuste de remuneraciones, el cual no sólo considera la inflación, sino también la productividad del país.

Estima, asimismo, que el bono de gestión institucional a que se refiere el artículo 3°, equivalente al 5% de la suma del sueldo base, más la asignación judicial y más la asignación profesional devengadas durante el año inmediatamente anterior, debería corresponder al 50% de la renta bruta mensual, por una vez en el año, incluida la asignación de zona, como forma de incentivo para el personal que trabaja en zonas aisladas del territorio nacional.

Le parece, a la vez, que ese bono debe ser definido por separado por cada escalafón, de manera tal que el 66% de cada estamento pueda acceder a este beneficio.

Opina que la disposición del artículo 7°, que excluye al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de las normas sobre remuneraciones aplicables a los demás personales del Sector Público, salvo disposición legal expresa en tal sentido, no garantiza el pago de los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, el bono de escolaridad y el bono especial de que disfruta dicho personal, con lo cual esta materia quedará entregada al criterio que se decida aplicar en su momento o a la interpretación que permita la ambigüedad de la norma legal.

Por último, estando de acuerdo en la creación del Departamento de Recursos Humanos y dada la importancia de su gestión, discrepa esa Asociación de los grados asignados a los cargos que se vienen creando en la planta, particularmente los correspondientes a los asistentes de recursos humanos y a los coordinadores administrativos.

G. Régimen remuneratorio del personal del Poder Judicial .

La legislación vigente en materia de remuneraciones del Poder Judicial está contemplada, básicamente, en el decreto ley N° 3.058, de 1979, y sus sucesivas modificaciones, que lo excluyó de la Escala Única de Sueldos del decreto ley N° 249, de 1974, a la cual estaba adscrito, junto con la antigua Junta de Servicios Judiciales, hoy Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El referido decreto ley consulta un sistema basado, fundamentalmente, en una escala de sueldos bases mensuales, propia para el Poder Judicial , para cada uno de los grados en que se encasilla al personal.

El artículo 5° del decreto ley N° 3.058, de 1980, asigna, a los diferentes cargos del Poder Judicial , los grados de la escala de sueldos bases mensuales establecida en su artículo 1°.

Por lo que interesa para los efectos de la debida comprensión de la iniciativa en informe, cabe hacer presente la siguiente asignación de personal en los grados de dicha escala:

Grado I

Presidente de la Corte Suprema .

Grado II

Ministros y Fiscal de la Corte Suprema.

Grado III

Presidentes de Cortes de Apelaciones y de Cortes del Trabajo.

Grado IV

^@#@^Ministros y Fiscales Cortes de Apelaciones; Relatores Corte Suprema; Secretario Corte Suprema , Ministros Cortes del Trabajo .

Grado V

Relatores Cortes de Apelaciones; Secretarios Cortes de Apelaciones; Jueces de Letras Juzgados Asiento de Cortes de Apelaciones; Jueces de Letras Juzgados de Menores Asiento de Cortes de Apelaciones; Defensores Públicos de Santiago; Relatores Cortes del Trabajo; Secretarios Cortes del Trabajo; Jueces Juzgados del Trabajo Primera Categoría; Secretario Abogado del Presidente de la Corte Suprema.

Grado VI

Jueces de Letras Juzgados de Capital de Provincia; Jueces Juzgados de Letras de Menores de Capital de Provincia; Jueces Juzgados del Trabajo de Segunda Categoría; Defensor Público de Valparaíso.

Grado VII

Jueces de Letras Juzgados de Departamentos; Secretarios Juzgados de Letras de Asiento de Corte de Apelaciones; Secretarios de Juzgados de Menores de Asiento de Corte de Apelaciones; Jueces Juzgados de Menores de Departamentos; Jueces Juzgados del Trabajo de Tercera Categoría; Secretarios Juzgados del Trabajo de Primera Categoría.

Grado VIII

Secretarios Juzgados de Letras Capital de Provincia; Secretarios de Juzgados de Letras de Menores de Capital de Provincia; Secretarios Juzgados del Trabajo de Segunda Categoría.

Grado IX

Secretarios de Juzgados de Letras de Departamento; Secretarios de Juzgados de Letras de Menores de Departamento; Secretarios Juzgados del Trabajo de Tercera Categoría.

Grado X

Prosecretario Corte Suprema ; Secretario Junta de Servicios Judiciales .

Grado XI

Secretario del Fiscal Corte Suprema .

El artículo 7° establece las asignaciones adicionales a que tiene derecho el personal judicial, entre las cuales cabe mencionar la asignación profesional y la asignación judicial. Además, tiene derecho a otras asignaciones adicionales, similares a las que rigen en el resto de la Administración (asignación de antigüedad, de zona, gastos de representación, asignación de gastos de movilización, asignación por pérdidas de caja, viáticos, cambio de residencia, asignación familiar, asignación por trabajos nocturnos o en días festivos, etc.).

El artículo 8° dispone que el sistema de remuneraciones que establece este decreto ley incluye, respecto del personal a que se refiere, las asignaciones que percibían por aplicación del decreto ley 1166, de 1975; del artículo 7° del decreto ley N° 1607, de 1976; del artículo 6° del decreto ley 2411, de 1978, disposiciones que, en consecuencia, deben entenderse derogadas a contar del 1 de enero de 1980, respecto de dicho personal.

El artículo 11 establece que las remuneraciones de los personales a que se refiere este decreto ley serán reajustables de acuerdo a las normas generales que rijan para el personal del sector público.

H. Código Orgánico de Tribunales.

Su artículo 219 indica el número de abogados integrantes que tendrán la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, para los efectos de suplir la falta o inhabilidad de algunos de sus miembros.

En tales casos, cuando esas Cortes o sus Salas quedan sin el número de jueces necesario para el conocimiento y resolución de las causas que les estuvieren sometidas, se integran, primero, con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales y con los abogados que se designen anualmente con este objeto.

El llamamiento de los integrantes se hace en el orden indicado y el de los abogados en el orden de su designación en la lista de su nombramiento.

Su artículo 264 señala que habrá un escalafón general de antigüedad del Poder Judicial compuesto de dos ramas, una de las cuales se denominará “Escalafón Primario” y la otra “Escalafón Secundario”.

El Escalafón Primario se dividirá en categorías y el Secundario en series y catego-rías.

Habrá, también, un Escalafón del Personal de Empleados, dividido en categorías, según lo establece el artículo 292.

Los artículos 506 al 519 se refieren a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a la cual corresponde la administración de los recursos financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, de Menores y del Trabajo.

Dicha Corporación, que goza de personalidad jurídica, depende exclusivamente de la Corte Suprema.

La dirección de la Corporación corresponde al Consejo Superior, presidido por el Presidente de la Corte Suprema, quien, en esa calidad, tiene su representación legal.

Al margen de ese Consejo, la Corporación tiene, conforme con el artículo 507, un director, un subdirector, un jefe de finanzas y presupuestos, un jefe de adquisiciones y mantenimiento, un jefe de informática y computación y un contralor interno.

Precisa el artículo 511 las atribuciones que tendrán cada uno de estos funcionarios, al margen de las obligaciones que les asigne el Consejo Superior o el director con el acuerdo del primero.

El artículo 513 dispone que todos estos funcionarios deben tener título profesional universitario en la especialidad que determine la Corte Suprema. En todo caso, sólo podrán ser nombrados en estos cargos personas que posean título profesional de carreras universitarias de a lo menos ocho semestres académicos.

III. Minuta de las ideas matrices o fundamentales y contenido del proyecto.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto, esto es, las situaciones, materias y problemas específicos que se desean resolver o abordar a través de esta iniciativa legal son:

-Las remuneraciones del Poder Judicial en general y de algunos de sus estamentos y funcionarios en lo particular, todas las cuales se propone incrementar.

-La integración de ciertas Cortes de Apelaciones, dificultada como consecuencia del aumento de Salas.

-El estancamiento de la carrera judicial en ciertas categorías del Escalafón Primario del Poder Judicial.

-La creación de una unidad de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que asuma con propiedad técnica la función de administración de personal.

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Como medio o instrumento para satisfacer esas ideas, se propone un proyecto de ley que consta de 12 artículos permanentes y de dos transitorios.

El artículo 1° reajusta, en forma gradual y adicional a la inflación esperada, por un período de cuatro años, a contar del 1 de enero de 1997, y hasta el año 2000, los sueldos bases mensuales y la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en el artículo 3° de la ley 18.566, en los artículos 10 y 11 de la ley 18.675 y en los artículos 3° y 4° de la ley 18.717, de los escalafones del personal superior, personal de asistentes sociales y personal de empleados del Poder Judicial .

A las remuneraciones que resulten de dicho reajuste debe aplicarse, desde el año 1998 y hasta el año 2000, inclusive, el porcentaje de la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario correspondiente, mediante decreto supremo.

El artículo 2° concede, a contar del 1 de enero de 1997, al personal perteneciente al Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, una Asignación de Responsabilidad Superior, de los montos que se indican, según el grado que corresponda al cargo respectivo.

En el grado séptimo se hace una diferencia entre el monto de la asignación que corresponde a los jueces de letras de comunas o agrupación de comunas y el de la que corresponde a los secretarios de asiento de Corte, siendo esta última menor. Ello, por cuanto esta asignación se ha establecido principalmente en consideración a la alta responsabilidad que significa ejercer la función jurisdiccional.

El artículo 3° establece, a contar del 1 de enero de 1998, un bono de gestión institucional, del monto que se indica, que se otorgará, una vez al año, al 66% del personal que tenga mejor desempeño, correspondiente a los grados V a XI del Escalafón Superior, al Escalafón de Empleados, al Escalafón de Asistentes Sociales, a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Corte Suprema, mediante auto acordado, fijará las normas para la concesión de este bono y establecerá los indicadores de desempeño a utilizar.

El artículo 4° establece que los gastos de representación que corresponden a los integrantes de los grados primero, segundo y tercero dejarán de expresarse en porcentajes de sueldo correspondiente al grado del cargo y fija sus montos mensuales.

El artículo 5° incrementa la asignación de movilización de las Asistentes Sociales del Poder Judicial en los porcentajes que indica.

El artículo 6° eleva del grado X al grado VIII el cargo de Prosecretario de la Corte Suprema.

El artículo 7° sustrae al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la aplicación de las normas sobre remuneraciones aplicables al sector público, salvo disposición expresa de la ley respectiva.

El artículo 8° introduce diversas modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales.

En sus números 1) y 2), modifica el inciso primero del artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, disponiendo que las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción tendrán nueve abogados integrantes y que las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia tendrán cinco.

En su número 3), reemplaza el inciso cuarto del mismo artículo, adecuando el número de personas que contendrán las listas con los nombres propuestos, a la nueva cantidad de abogados integrantes que se indica en el inciso primero.

Sus números 4), 5) y 6), modifican los artículos 506 y 511 y sustituyen el artículo 507 del Código Orgánico de Tribunales, adecuándolos a la creación del Departamento de Recursos Humanos, que se plantea en el artículo siguiente del proyecto.

El artículo 9° crea en la Corporación Administrativa del Poder Judicial un Departamento de Recursos Humanos, estableciendo que asesorará a la Corte Suprema en las materias pertinentes y ejecutará la administración del personal del Poder Judicial .

El artículo 10 enumera las funciones del Departamento de Recursos Humanos.

El artículo 11 establece los requisitos que deberá cumplir el Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

El artículo 12 fija su planta de personal y asigna los grados respectivos en la Escala de Sueldos del Poder Judicial.

El artículo 1° transitorio reconoce, a los funcionarios que indica, el derecho a ser considerados como de la categoría superior, para efectos de los ascensos, sólo si al 30 de mayo de 1995, fecha de derogación del artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales, tenían más de cinco años de permanencia en su categoría.

El artículo 2° transitorio deroga el artículo 11 del decreto ley N° 3.058, de 1979, que hace aplicable al personal del Poder Judicial el sistema de reajuste de remuneraciones que rige para los demás servidores públicos.

El artículo 3° transitorio señala la forma de financiamiento del presente proyecto de ley.

IV. Discusión y aprobación en general del proyecto.

La señora Ministra de Justicia hizo un breve recordatorio del plan quinquenal establecido por el Gobierno del ex Presidente de la República don Patricio Aylwin , que significó el aumento del 110% de los recursos para el Poder Judicial , dentro del cual el 80% se destinó a incremento de remuneraciones y el 20% a la creación de cincuenta nuevos tribunales.

El incremento de las remuneraciones fue sustantivo y diferenciado para los estamentos de los magistrados, los empleados y las asistentes sociales del Poder Judicial. El plan quinquenal culminó con el ejercicio presupuestario del año 1996.

Desde el término del plan quinquenal, los Ministerios de Justicia y de Hacienda, junto con el Poder Judicial , han llevado a cabo un trabajo destinado a establecer parámetros objetivos que puedan determinar las rentas de los diversos estamentos del Poder Judicial , para lo cual se han efectuado estudios destinados a evaluar los diferentes cargos y a describir las funciones que cumple el personal, así como su implicancia en la administración de justicia.

El proyecto es reflejo de ese estudio y permite dar curso a una sentida aspiración del Poder Judicial, consistente en extraerlo, por ser un Poder del Estado, del mecanismo de reajustabilidad de remuneraciones que rige en el resto del sector público.

Hizo, a continuación, una breve descripción de las distintas materias que se abordan en el proyecto, en términos similares a los consignados en el mensaje.

Destacó la creación del departamento de recursos humanos, que permitirá llevar a cabo políticas de personal y aplicar criterios técnicos para la asignación de personal a los tribunales, lo que permitirá descargar a los magistrados de las funciones administrativas, que sustraen tiempo, el que será dedicado a la función jurisdiccional, que es la que, propiamente, pertenece a los jueces.

Actualmente, no existen criterios de asignación de personal a los tribunales, lo que permite que en algunos tribunales haya numeroso personal y en otros escasee el personal. Un efecto de esta situación es la solicitud de mayores recursos presupuestarios para solucionar la carencia de personal, en circunstancias que en algunos tribunales hay personal en exceso.

La discusión en general sirvió para plantear diversos problemas relacionados con las plantas de los tribunales; con el régimen remuneratorio del personal del Poder Judicial , establecido básicamente en el decreto ley N° 3.058, de 1979, cuerpo legal que no ha sido actualizado a la fecha en concordancia con las diferentes enmiendas legales introducidas tanto en la judicatura como en los estipendios de este personal, lo que hace que adolezca de vacíos y errores fácilmente detectables; con la subsistencia de los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad; con el horario de funcionamiento de los tribunales, que fue considerado insuficiente para satisfacer las necesidades de los justiciables, y con situaciones puntuales que afectan a ciertos estamentos funcionarios, como los secretarios de juzgados, los bibliotecarios y el asistente del fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción.

En lo que se refiere al proyecto en sí, hubo consenso en que la denominada asignación de responsabilidad superior no podía servir para resolver problemas de ajuste o de nivelación en las rentas que corresponden a los diversos grados del escalafón del personal superior. Con ello sólo se generarían conflictos y confusiones, en la medida en que sería imposible justificar que a grados más altos y, por lo tanto, a cargos de mayor responsabilidad, se les asignara una asignación menor, como sucede, por ejemplo, entre los grados III, IV y V.

Por lo mismo, la opinión unánime de la Comisión fue que debían establecerse, en forma separada, dos asignaciones: una de responsabilidad superior y otra de ajuste o nivelación de rentas.

En relación con el bono de gestión institucional, se observó que no estaba claramente establecida en la ley su forma de distribución entre el personal, estimándose de toda justicia que debía beneficiar a cada uno de los diferentes escalafones del personal y, dentro de éste, a los diferentes grados que los componen.

Las observaciones, comentarios y reparos formulados no fueron óbices para que, cerrado el debate, vuestra Comisión prestara aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los señores Diputados presentes, por estar de acuerdo en abordar las materias, situaciones y problemas a que se refiere el proyecto, sin perjuicio de los perfeccionamientos del caso, durante la discusión en particular.

V. Discusión y votación en particular del proyecto.

Durante la discusión en particular, el proyecto fue objeto de indicaciones tanto por parte del Ejecutivo como por parte de los señores Diputados integrantes de la Comisión, las que se analizarán conjuntamente con los artículos en que inciden.

Artículo 1°

Reajusta los montos vigentes del sueldo base, de la asignación judicial y de otras bonificaciones especiales de que goza el personal del Poder Judicial perteneciente al escalafón del personal superior y al escalafón del personal de asistentes sociales, en un porcentaje aproximado al 14%, contemplándose que el monto total de dicho reajuste se pague entre los años 1997 y 2000, en los porcentajes que para cada año se indican y conforme al sistema de cálculo que se señala.

Respecto del escalafón del personal de empleados, el monto total del reajuste alcanzará a algo más del 15%, el que se pagará también entre los años 1997 y 2000.

A esos porcentajes de reajuste debe aplicarse el porcentaje de la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario correspondiente, mediante decreto supremo.

Se aprobó el artículo en los términos propuestos, por unanimidad.

Artículo 2°

Este artículo fue objeto de una indicación sustitutiva por parte del Gobierno.

El nuevo artículo 2° establece una asignación de responsabilidad superior para el personal del escalafón superior del Poder Judicial que ejerce funciones jurisdiccionales, esto es, el ubicado en los grados I al VI de la escala de sueldos base mensuales del decreto ley N° 3.058, de 1979, más los jueces de comuna o de agrupación de comunas, que están ubicados en el grado VII, junto con los secretarios de juzgados de asiento de Corte, a quienes no les corresponde esta asignación por no ejercer funciones jurisdiccionales. Cuando lo hacen, es en virtud de la calidad de juez suplente, previo nombramiento como tal, caso en el cual reciben la remuneración correspondiente al juez.

La nueva disposición tiende a reconocer la relevancia social de la función jurisdiccional, cuyo ejercicio implica una enorme responsabilidad por parte de quienes la ejercen, así como la dedicación exclusiva que se impone a los integrantes del escalafón primario del Poder Judicial , con la sola excepción del ejercicio de actividades académicas.

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 3°, nuevo.

Como consecuencia de las observaciones planteadas por la Comisión durante la discusión en general, el Gobierno propuso un artículo 3° nuevo, que consagra una asignación de nivelación, cuyo objeto es asegurar que la remuneración final del personal del escalafón superior del Poder Judicial responda a un adecuado concepto de carrera funcionaria, partiendo de la remuneración superior, es decir, de aquella que corresponde al Presidente de la Corte Suprema , quien ocupa el grado I.

De esta forma, se subsanan las distorsiones que se observan en las remuneraciones de este personal, que en el proyecto original se resolvían haciendo ajustes en la asignación de responsabilidad superior.

Esta misma asignación, pero con montos diferentes, corresponderá a las autoridades de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mencionadas en el artículo 11 de la ley N° 18.969, esto es, el Director, el Subdirector, los Jefes de Departamento y el Contralor Interno.

Este artículo fue aprobado, por unanimidad, con modificaciones.

En el inciso primero se suprimió la oración final “Esta asignación tiene por objeto asegurar que la remuneración final de este personal responda a un adecuado concepto de carrera funcionaria, partiendo de la remuneración superior, es decir, de aquella que corresponda al Presidente de la Corte Suprema , quien ocupa el grado I.”

La razón para tal supresión fue que los artículos de todo proyecto de ley deben contener en términos precisos el mandato, prohibición o regla que se va a erigir en ley, sin aducir las razones o motivos en que se fundan.

En lo que respecta a la Corporación Administrativa, se otorga la asignación de nivelación a las autoridades mencionadas en el artículo 11 de la ley N° 18.969, incluyendo entre ellas a personas ubicadas en el grado VI, que no figuran en dicho artículo.

Hechas las averiguaciones del caso, se pudo comprobar que la idea era otorgar esta misma asignación a 4 profesionales contratados por la Corporación, asimilados al grado VI.

Con el objeto de resolver el problema planteado y permitir que estos funcionarios perciban esta asignación -el mismo propósito se podría lograr modificando los respectivos decretos de contratación- se optó por hacer expresa mención de ellos en la disposición aprobada.

Dado que el director del departamento de recursos humanos tampoco aparece citado en el referido artículo 11 de la ley N° 18.969, se ha optado por incluirlo expresamente entre los funcionarios que tendrán derecho a esta asignación, para evitar cualquier duda en cuanto a la interpretación del precepto.

Artículo 4°

Establece un bono de gestión institucional, a contar del 1 de enero de 1998, cuyo objeto es establecer un incentivo que permita mejorar la gestión institucional y, por ende, el servicio judicial. Dicho bono se otorgará al sesenta y seis por ciento del personal con mejor desempeño, perteneciente a los grados V al XI del escalafón del personal superior, al escalafón del personal de empleados y al escalafón de asistentes sociales del Poder Judicial , a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de acuerdo a los indicadores de desempeño que establecerá la Corte Suprema mediante auto acordado.

Este bono se otorgará anualmente y será el equivalente al 5% de la suma del sueldo base, más la asignación judicial y más la asignación profesional del año anterior.

Este artículo fue aprobado, por unanimidad, con modificaciones, con el objeto de que quedara claramente establecido que este bono corresponderá al sesenta y seis por ciento del personal de cada uno de los escalafones y servicios a que él se refiere, en sus respectivos grados, y no de manera genérica, al sesenta y seis por ciento del personal del Poder Judicial .

Artículo 5°

Incrementa y modifica los gastos de representación del personal del Poder Judicial.

Dichos gastos, que corresponderán a los mismos funcionarios que establece hoy en día el artículo 3° del decreto ley N° 773, de 1974, dejarán de expresarse en un porcentaje de los sueldos bases y se señalarán en pesos, en las cantidades que se indican, a fin de hacerlos más acordes a las necesidades que la dignidad de esos cargos impone.

Cabe hacer presente que, de acuerdo con el artículo 3° del decreto ley N° 773, de 1974, los gastos de representación sin obligación de rendir cuenta no pueden exceder en su monto del 30% del sueldo correspondiente al grado del cargo que desempeña el funcionario.

Con arreglo a él, en la actualidad tienen derecho a percibir fondos por este concepto los Ministros y Fiscal de la Corte Suprema, los Presidentes de las Cortes de Apelaciones y los Presidentes de las Cortes del Trabajo.

Las disposiciones que se proponen rigen desde el 1 de enero de 1997.

El proyecto importa, en consecuencia, una modificación tácita del referido artículo 3° del decreto ley N° 773, de 1974.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 6°

Duplica, en el plazo de dos años, la asignación de movilización de las asistentes sociales del Poder Judicial , en consideración a que su monto actual resulta absolutamente insuficiente para la cantidad de trabajo en terreno que deben desarrollar estas profesionales.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 7°

Eleva del grado X al grado VIII el cargo de prosecretario de la Corte Suprema, el cual, en virtud de la ley N° 19.390, ascendió de la séptima a la sexta categoría del escalafón primario, sin que se igualara su remuneración con las de los otros funcionarios incluidos en esa categoría, no obstante sus relevantes funciones y la dedicación exclusiva con que debe desempeñarse.

Se aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

Cabe hacer presente que una situación similar a la anterior afecta al bibliotecario estadístico de la Corte Suprema y a los bibliotecarios de las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Valparaíso y Concepción, que en virtud de la misma ley pasaron del escalafón de empleados al escalafón secundario, en donde están los auxiliares de la administración de justicia y en donde figuran junto con los asistentes sociales.

En el caso de ellos, tampoco se ha modificado el decreto ley N° 3.058, de 1979, para asignarles el grado que les corresponde en la respectiva escala de sueldos bases mensuales.

Esta situación fue representada por la Comisión al Ejecutivo , pero no ha sido resuelta hasta la fecha.

Artículos 8° y 14

El artículo 8° excluye al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de las normas sobre remuneraciones aplicables a los demás personales del Sector Público, salvo disposición legal expresa en tal sentido.

Se hace presente en el mensaje que la disposición tiende a dar satisfacción a una sentida aspiración del Poder Judicial, que, como Poder del Estado, considera que no debe estar sujeto a esas normas.

El artículo 14 deroga, consecuencialmente, el artículo 11 del decreto ley N° 3.058, de 1979, que establece, precisamente, el principio inverso, al señalar que las remuneraciones de los personales a que él se refiere serán reajustables de acuerdo a las normas generales que rijan para el personal del sector público.

Esta última disposición figuraba como artículo 2° transitorio en el proyecto original. Vuestra Comisión estima que debe ser permanente, dados sus efectos.

Ambos artículos fueron aprobados, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 9

Introduce diversas modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales.

El proyecto original modificaba este cuerpo legal con dos propósitos bien determinados:

-Aumentar el número de abogados integrantes en las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Valparaíso , San Miguel y Concepción, subsanando, en el caso de las cuatro primeras, una omisión en que incurrió la ley N° 19.298 que, al incrementar el número de salas de esos tribunales, no consideró el aumento de sus abogados integrantes.Y en las restantes, atendiendo a la necesidad de adecuarlas a una relación sala-ministros-abogados integrantes, que asegure un mejor servicio judicial. En forma complementaria, se adecua el número de personas que contendrán las listas con los nombres propuestos, a la nueva cantidad de abogados integrantes que se indica en el inciso primero.

De esta forma, la relación en todas las Cortes de Apelaciones del país será de dos abogados por sala, más uno de reserva para toda la Corte.

-Crear, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un Departamento de Recursos Humanos, para lo cual se modifican los artículos 506 y 511 y se sustituye el artículo 507.

La enmienda del artículo 506 tiene por finalidad establecer que la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al Poder Judicial la ejercerá la Corte Suprema a través de un organismo denominado Corporación Administrativa del Poder Judicial .

La enmienda del inciso tercero, N° 4°, de este artículo, tiene dos finalidades. La primera es eliminar, como atribución de esta Corporación, la “organización de cursos y conferencias destinados al perfeccionamiento del personal judicial”, cometidos que hoy corresponden a la Academia Judicial. La segunda es encomendarle una atribución nueva, para que pueda asesorar técnicamente y formular proposiciones a la Corte Suprema en materias de personal e indicadores de gestión y ejecutar la administración del recurso humano del Poder Judicial .

La enmienda del artículo 507 tiene por finalidad incorporar en la orgánica de la Corporación Administrativa un jefe de recursos humanos y un departamento de recursos humanos.

La enmienda del artículo 511, que fija las atribuciones generales de las autoridades de la Corporación, no tiene otro propósito que incluir en dicho artículo al jefe de recursos humanos.

Todos ellos son responsables del funcionamiento de los respectivos departamentos.

Todas estas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad, en los términos propuestos.

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Durante la discusión en particular, se presentaron indicaciones para fijar un horario de funcionamiento para los tribunales.

Así, se propusieron modificaciones de los siguientes artículos del Código Orgánico de Tribunales:

-Se agregó un artículo 65, nuevo (el signado con ese número estaba sin contenido, por haber sido derogado), para disponer que las Cortes de Apelaciones funcionarán desde las 9 a las 13 horas, de lunes a viernes, salvo los festivos, para la vista de las causas en tabla. Y de 15 a 17 horas, de los mismos días, para tomar conocimiento y resolver las causas en cuenta, las agregadas extraordinariamente y las demás materias que determine su Presidente .

-Se modificó el artículo 96, N° 4°, y, por ende, las atribuciones del Pleno de la Corte Suprema , de “determinar la forma de funcionamiento de los tribunales y demás servicios judiciales, fijando los días y horas de trabajo en atención a las necesidades del servicio”, con el fin de establecer que a dicha Corte corresponderá “determinar la forma de funcionamiento de los tribunales y demás servicios judiciales, dentro de los horarios mínimos establecidos en los artículos 65, 100 y 312”.

-Se agregó un nuevo artículo 100 (el signado con ese número estaba sin contenido, por haber sido derogado), para disponer que las Salas de la Corte Suprema funcionarán conforme con el horario establecido en el artículo 65.

-Se modificó el artículo 312, que se refiere a la obligación de los jueces de “asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante cuatro horas como mínimo cuando el despacho de causas estuviere al corriente, y de cinco horas, a lo menos, cuando se hallare atrasado, sin perjuicio de lo que en virtud del N° 4° del artículo 96 establezca la Corte Suprema” con el fin de establecer que los jueces están obligados a “asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante 44 horas semanales, sin perjuicio de lo que en virtud del N° 4° del artículo 96 establezca la Corte Suprema”.

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Todas estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión , en conformidad con lo prevenido en el artículo 24 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por estimar que no decían relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

La declaración de inadmisibilidad fue reconsiderada por la Comisión, a instancias de uno de los autores de estas indicaciones, por mayoría de votos, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 25 de dicha ley, argumentándose que se trataba de una materia que estaba incluida en el protocolo de acuerdo con el Poder Judicial y que era lógico que un aumento de remuneraciones debía ir aparejado con un horario de trabajo mayor para atender mejor a los justiciables.

Puestas en votación, en un solo todo, estas indicaciones fueron aprobadas por mayoría de votos.

Artículo 10

Crea, a contar del 1 de enero de 1998, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un departamento de recursos humanos, cuya función será asesorar técnicamente a la Corte Suprema en esta materia y ejecutar la administración correspondiente al personal del Poder Judicial .

Según el mensaje y en relación con el tema de la gestión interna, administrativa y de personal de los tribunales, el Poder Judicial goza de una amplia autonomía, establecida constitucionalmente, pero la falta de una estructura mínima para poner en práctica una política de recursos humanos conlleva no pocas dificultades administrativas y, muchas veces, un grave entrabamiento de la función jurisdiccional.

En estas circunstancias, resulta indispensable la creación de una unidad de recursos humanos, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que asuma con toda propiedad técnica la función de administración de personal. Se trata de una materia que los tribunales no están en condiciones de realizar adecuadamente, por tratarse de un área especializada que recarga a los magistrados y les ocupa impropiamente el tiempo que deben dedicar al ejercicio de la función jurisdiccional.

Así pues, el proyecto contempla la creación de un Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con las atribuciones y estructura que en el mismo se detallan.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 11

Señala, específicamente, las funciones del departamento de recursos humanos, encargado del diseño, análisis, implementación, desarrollo y evaluación de las políticas y procedimientos relativos al Personal del Poder Judicial .

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, se acordó dejar presente que la Corporación Administrativa del Poder Judicial está incorporada en el Código Orgánico de Tribunales y que, desde el punto de vista de una adecuada técnica legislativa, las normas relativas a ella deberían quedar incluidas en dicho Código y no en una ley separada, como se da en la especie.

Asimismo, se acordó dejar constancia de que los otros departamentos de la Corporación no tienen asignadas funciones específicas, sino genéricas. Las primeras les son otorgadas por el Consejo o por el Director, con acuerdo del Consejo.

Artículo 12

Dispone que el cargo de jefe del departamento de recursos humanos debe ser desempeñado por un profesional especializado en materia de recursos humanos, con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en el Sector Público.

En términos generales, con arreglo al artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, todas las autoridades de la Corporación deben tener título profesional universitario de la especialidad que determine la Corte Suprema. En todo caso, sólo pueden ser nombradas en esos cargos personas que posean título profesional de carreras universitarias de a lo menos ocho semestres académicos.

Se aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

Artículo 13

Fija la planta de personal para el departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa, con un total de once cargos, cinco profesionales y seis empleados administrativos.

Es el único departamento de la Corporación que tendrá una planta de personal fijada por ley.

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 15

Sustituye, en el artículo 30, letra e), de la ley N° 19.298, la expresión “Grado XVI” por “Grado XIII”.

La disposición fue introducida, a instancias de la Comisión, para solucionar el error que se produjo en la ley Nº 19.298, de 12 de marzo de 1994, en virtud de la cual se crearon, en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, La Serena, Rancagua y Concepción, los cargos de “oficial del fiscal”, de la tercera categoría del escalafón de empleados.

A los tres primeros se les asignó el grado XIII, tal como venía propuesto para todos ellos en el mensaje original.

Durante la tramitación del proyecto de ley, por un error, se asignó al cargo de oficial del fiscal, tercera categoría del escalafón de empleados de la Corte de Apelaciones de Concepción, el grado XVI, y no el grado XIII, como le corresponde.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículos transitorios

Artículo 1°

Su objeto es resolver la situación de los funcionarios que se vieron afectados con la derogación del artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales, dispuesto por la ley N° 19.390, manteniendo el derecho a ser considerados en el grado superior para los efectos de los ascensos sólo quienes cumplían el requisito que disponía ese artículo a la fecha de su derogación.

Se expresa en el mensaje que si bien la intención del legislador al derogar el artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales resulta atendible -privilegiar el mérito en los ascensos-, también conviene analizar el estancamiento de la carrera judicial que ello implica.

En efecto, en la actualidad en el país existen ciento cincuenta y cuatro cargos de la tercera categoría; ochenta y cuatro cargos de la cuarta categoría; doscientos setenta y cuatro cargos de la quinta categoría; sesenta y siete cargos de la sexta categoría y setenta y tres cargos de la séptima categoría.

Lo anterior demuestra que la cantidad de cargos de la categoría quinta casi cuadruplica a los de la categoría cuarta, lo que podría significar, con la norma actual, un estancamiento de la carrera en ese nivel, situación que no se produciría en las restantes categorías.

Aun cuando el estancamiento de la carrera sólo se produce en el ámbito de la categoría quinta, al objeto de no discriminar, se propone una solución que comprende también a los integrantes de la sexta y séptima categorías.

Por otra parte, es preciso señalar que la derogación del artículo 268 afectó a un numeroso grupo de funcionarios que habían incorporado a sus expectativas el “ascenso ficto” que contemplaba esa disposición.

También resulta relevante en la materia el hecho de que la ley N° 19.390 dejó vigente el artículo 293 del Código Orgánico de Tribunales, el cual contiene una disposición similar a la derogada, pero referida al escalafón de empleados.

La disposición derogada permitía que las personas con más de cinco años en la V categoría, que es a la que pertenecen los secretarios de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones y los jueces de comuna o agrupaciones de comuna, pudieran ser incluidas en las ternas para proveer los cargos de la III categoría, que corresponde a juzgado de asiento de Corte de Apelaciones . La derogación produjo, como efecto, que los secretarios ubicados en la V categoría sólo pueden ser incluidos en las ternas para proveer cargos de la IV categoría, que corresponde a los juzgados de provincia.

En apoyo de la disposición, se hizo presente que los secretarios de juzgados de asiento de Corte de Apelaciones, que tienen cinco años en la categoría, iniciaron su carrera judicial de manera distinta de como la inician actualmente los secretarios. El ingreso a la categoría de secretario de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones fue la culminación de una carrera que consideró el paso por la secretaría de tribunales de comuna, por el ejercicio del cargo de juez de agrupación de comunas y, posteriormente, se accedió al cargo de secretario de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones . Ahora, se está planteando una carrera distinta.

A mayor abundamiento, hay que considerar que la V categoría cuadriplica a la IV categoría, lo que genera un “cuello de botella” que se produce principalmente en la ciudad de Santiago, donde existe un solo juzgado de capital de provincia. Esto significa que los actuales secretarios de asiento de Corte de Apelaciones, si quieren ascender, sólo pueden postular a juzgados de capital de provincia de otras jurisdicciones, lo que produce un perjuicio, ya que las otras Cortes de Apelaciones priorizan a quienes conocen, esto es, a quienes trabajan en los juzgados más cercanos territorialmente.

Se hizo hincapié en que el secretario de juzgado actualmente no sólo desempeña funciones administrativas en el tribunal, sino también, adicionalmente, realiza una labor jurisdiccional conjunta con el juez. Sólo esta forma de trabajo permite que el tribunal tenga sus tareas cumplidas dentro de plazos adecuados. Las subrogaciones, suplencias y el ejercicio interino del cargo de juez constituyen ejemplos de lo dicho.

Se señaló, a mayor abundamiento, que la ley promulgada el 30 de mayo de 1995 derogó un derecho. La carrera judicial se inicia y se permanece en ella teniendo a la vista la posibilidad de ascenso. La posibilidad del ascenso estaba incorporada al patrimonio de los secretarios ubicados en la V categoría, ya que podían ser incluidos en la terna para proveer un cargo de la III categoría, correspondiente a juez de asiento de Corte de Apelaciones , secretario de Corte de Apelaciones y relator de Corte de Apelaciones. Desde la dictación de la referida ley, los secretarios de juzgado de asiento de Corte de Apelaciones no pueden acceder a las ternas ni a los nombramientos.

Ante algunas dudas planteadas, se aclaró que la norma derogada por la ley Nº 19.390 afectó a todos los secretarios, esto es, a los ubicados en la V, VI y VII categorías, que corresponden a los secretarios de tribunal de asiento de Corte de Apelaciones, de juzgado de capital de provincia y de juzgado de comuna, respectivamente. Todos podían optar a cargos ubicados dos categorías más adelante de la que integraban.

Se observó que la disposición beneficiaba a los funcionarios que al 30 de mayo de 1995 contaban con más de cinco años de permanencia en su respectiva categoría, pero no a quienes los desempeñaban a esa fecha pero no cumplían aún cinco años en ella, vacío que fue subsanado en virtud de una indicación del Ejecutivo , que les confiere el mismo derecho, una vez que cumplan cinco años en el cargo.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 2°

Establece la imputación del mayor gasto presupuestario que irrogará la iniciativa en el año 1997.

Se aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

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Sin perjuicio de las observaciones de fondo que ha merecido la iniciativa en informe, vuestra Comisión ha introducido en el articulado del proyecto algunas modificaciones de carácter formal, que no alteran su sentido, las que no se explicitan, dada su naturaleza, recogiéndose eso sí en el texto que se propone al final de este informe.

VI. Menciones reglamentarias.

Acorde con lo preceptuado en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, cabe hacer constar en este informe lo siguiente:

-Las disposiciones contenidas en el artículo 9°, Nos. 1, 2, 3, 4 y 5, por los cuales se agregan o modifican en el Código Orgánico de Tribunales determinados artículos (65, 96, 100, 219 y 312) tienen el carácter de normas de carácter orgánico-constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales.

La determinación anterior está avalada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente por la establecida con ocasión del control de constitucionalidad ejercido respecto del proyecto de ley que diera origen a la ley N° 18.969, modificatoria del Código Orgánico de Tribunales.

En la sentencia dictada, de 5 de marzo de 1990, se estableció que era orgánico-constitucional, entre otras normas, el artículo 96, que fija las atribuciones de la Corte Suprema, entre ellas la de determinar la forma de funcionamiento de los tribunales y demás servicios judiciales, fijando los días y horas de trabajo en atención a las necesidades del servicio.

Los nuevos artículos 65 y 100 -hoy derogados- se refieren, precisamente, a la forma y horario de funcionamiento de las Cortes. Lo mismo sucede con la enmienda que se introduce en el artículo 312.

El artículo 219, que se viene modificando, relativo a los abogados integrantes, sustituido por la referida ley, fue declarado como orgánico constitucional en la sentencia indicada.

En cambio, el Tribunal Constitucional declinó pronunciarse sobre las normas referentes a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional, sino de ley común.

Ese mismo carácter de ley común tienen, por lo mismo, las disposiciones del proyecto que se refieren a dicha Corporación. (arts. 9°, Nos. 6, 7, 8 y 9; 10, 11, 12 y 13)

Son también normas de ley común todas las relativas al régimen de remuneraciones del Poder Judicial . (arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14, 15 y 1° transitorio) y a la imputación del mayor gasto presupuestario.

-Por su incidencia financiera y presupuestaria, corresponde que la Comisión de Hacienda conozca del proyecto en informe en su integridad.

-El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad, por lo que no hay opiniones disidentes que consignar.

-No hay indicaciones rechazadas.

VII. Texto del proyecto aprobado.

En mérito de las consideraciones expuestas y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante , vuestra Comisión viene en proponeros que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Reajústanse, en los porcentajes que se indican, los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en los artículos 3º de la ley N° 18.566, 10 y 11 de la ley N° 18.675, y 3º y 4º de la ley 18.717, respectivamente, con la salvedad de la contemplada en el artículo 7° del decreto ley N° 1.607, de 1976, aplicables al escalafón del personal superior y al escalafón de asistentes sociales del Poder Judicial:

En el 2% sobre el monto vigente a esa fecha, a partir del 1 de enero de 1997.

En el 4% sobre el monto vigente a esa fecha, a partir del 1 de enero de 1998.

En el 4% sobre el monto vigente a esa fecha, a partir del 1 de enero de 1999.

En el 4% sobre el monto vigente a esa fecha, a partir del 1 de enero de 2000.

Para el escalafón del personal de empleados, el reajuste del sueldo base, asignación judicial y bonificaciones señaladas en el inciso primero será del 3% a partir del 1 de enero de 1997, y de los mismos porcentajes señalados para los otros escalafones en los años 1998, 1999 y 2000.

Las remuneraciones adicionales, fijadas en porcentajes de los sueldos, no se reajustarán directamente, pero se calcularán sobre éstos, reajustadas en conformidad con lo establecido en este artículo, a contar del 1 de enero de 1997.

Además, desde el año 1998 y hasta el año 2000, inclusive, se aplicará sobre dichas remuneraciones el porcentaje de la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario correspondiente, mediante decreto supremo.

Artículo 2º.- Establécese, a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, una asignación de responsabilidad superior para los integrantes del escalafón del personal superior del Poder Judicial ubicados en los grados I al VI de la escala de sueldos bases mensuales establecida en el decreto ley N° 3.058, de 1979, y para los jueces letrados de juzgados de comuna o agrupación de comunas ubicados en el grado VII de la misma escala, de los montos mensuales que en cada caso se indican, según el grado que corresponda al cargo respectivo:

Grado Años

I

II

III

IV

V

VI

VII

1997

46.713

32.500

14.098

10.000

7.500

5.931

3.812

1998

186.850

130.000

56.392

40.000

30.000

23.723

15.247

1999

513.838

357.500

155.079

110.000

82.500

65.237

41.927

2000

934.251

650.000

281.962

200.000

150.000

118.613

76.229

La asignación de que trata este artículo no corresponderá a las autoridades de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señaladas en el artículo 11 de la ley N° 18.969, ni al director del departamento de recursos humanos de dicha Corporación.

Artículo 3°.- Establécese, a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, una asignación de nivelación para el personal perteneciente al escalafón superior del Poder Judicial , de los montos mensuales que se indican, según el grado que corresponda al cargo respectivo, de acuerdo con la ubicación establecida en el artículo 5° del decreto ley N° 3.058, de 1979:

Grado Años

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1997

0

7.293

0

27.066

3.392

0

3.811

2.010

2.630

3.000

2.614

1998

0

29.173

0

42.196

50.763

0

15.245

5.196

12.980

14.115

8.340

1999

0

80.225

0

62.455

143.555

0

41.925

12.630

37.130

40.049

21.700

2000

0

145.863

0

100.863

261.009

0

76.229

21.241

69.000

74.098

38.172

Esta asignación de nivelación corresponderá también a las autoridades de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señaladas en el artículo 11 de la ley N° 18.969, al jefe del departamento de recursos humanos de dicha Corporación y a los profesionales contratados por ella, asimilados al grado VI de la escala de sueldos bases mensuales establecida en el decreto ley N° 3.058, de 1979.

Dicha asignación tendrá, a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, los montos mensuales que se indican, según el grado que corresponda al cargo respectivo:

Grado Años

III

IV

V

VI

VII

1997

14.098

37.066

10.892

5.931

7.623

1998

56.392

82.196

80.763

23.723

30.492

1999

155.079

172.455

226.055

85.237

83.852

2000

281.962

300.863

411.009

118.613

152.458

Artículo 4º.- Establécese, a contar del 1 de enero de 1998, un bono de gestión institucional consistente en un estipendio anual equivalente al cinco por ciento de la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional devengadas, para cada funcionario beneficiario, durante el año inmediatamente anterior.

Dicho bono se otorgará al sesenta y seis por ciento del personal con mejor desempeño, perteneciente a los grados V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del escalafón del personal superior y a cada uno de los grados de los escalafones del personal de empleados y de asistentes sociales del Poder Judicial . Asimismo, se concederá este bono, en las mismas condiciones, al personal de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, respectivamente.

Las normas sobre concesión de este bono se establecerán en un auto acordado de la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Artículo 5º.- A contar del 1 de enero de 1997, los gastos de representación establecidos en el artículo 7º, letra a), del decreto ley N° 3.058, de 1979, dejarán de expresarse en porcentajes del sueldo correspondiente al grado del cargo que desempeña el funcionario.

A contar de esa fecha, serán de los montos mensuales siguientes:

Grado Monto $

I 185.000

II 182.000

III 160.000

Artículo 6º.- Increméntase la asignación de movilización de las asistentes sociales del Poder Judicial , contemplada en la letra b) del artículo 7º del decreto ley N° 3.058, de 1979, y en el artículo 93 de la ley N° 18.834, en el cincuenta por ciento a partir del 1 de enero de 1997 y en el cincuenta por ciento a partir del 1 de enero de 1998, de modo de totalizar en dicho año un incremento del cien por ciento del monto de la referida asignación a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 7º.- Elimínase la mención del cargo de prosecretario de la Corte Suprema en el grado X del escalafón del personal superior del Poder Judicial , que se contiene en el artículo 5º del decreto ley N° 3.058, de 1979, e inclúyese dicho cargo en el grado VIII del mismo escalafón.

Artículo 8º.- A contar de la fecha de publicación de esta ley, no se aplicarán al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial las normas sobre remuneraciones aplicables a los demás personales del Sector Público, salvo disposición legal expresa en tal sentido.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1. Agrégase, como artículo 65, nuevo, el siguiente:

“Artículo 65.- Las Cortes de Apelaciones funcionarán desde las 09 a las 13 horas, de lunes a viernes, salvo los festivos, para la vista de las causas en tabla.

Además, entre las 15 y 17 horas de los mismos días, tomarán conocimiento y resolverán, en su caso, las causas en cuenta, las agregadas extraordinariamente y las demás materias que determine su Presidente .”

2. Sustitúyese la oración final del N° 4° del artículo 96 por la siguiente:

“En uso de tales facultades podrá determinar la forma de funcionamiento de los tribunales y demás servicios judiciales, dentro de los horarios mínimos establecidos en los artículos 65, 100 y 312; ”

3. Agrégase el siguiente artículo 100, nuevo:

“Artículo 100.- Las Salas de la Corte Suprema funcionarán conforme con el horario determinado en el artículo 65.”

4. Modifícase el artículo 219 en la forma siguiente:

a) Sustitúyense, en el inciso primero, las frases “ocho para la Corte de Apelaciones de Valparaíso;” y “siete para las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Concepción”, por “nueve para las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción”.

b) Sustitúyese, en el mismo inciso, la frase “cinco para las Cortes de Apelaciones de Talca, Temuco y Valdivia”, por “cinco para las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia”

c) Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:

“Estas listas se compondrán, para Santiago , de setenta y cinco nombres; para Valparaíso , San Miguel y Concepción, de cuarenta y cinco nombres; para Arica , Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia , de veinticinco, y de quince para las demás Cortes.”

5. Sustitúyese el inciso primero del artículo 312 por el siguiente:

“Artículo 312.- Están igualmente obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante 44 horas semanales, sin perjuicio de lo que en virtud del N° 4° del artículo 96 establezca la Corte Suprema.”

6. Intercálase, en el inciso primero del artículo 506, el adjetivo “humanos,” después de la palabra “recursos”.

7. Sustitúyese el Nº 4º del inciso tercero del artículo 506, por el siguiente:

“4º Asesorar técnicamente y formular proposiciones a la Corte Suprema en materias de personal e indicadores de gestión y ejecutar la administración del recurso humano del Poder Judicial .”

8. Sustitúyese el artículo 507, por el siguiente:

“Artículo 507.- La Corporación Administrativa del Poder Judicial tendrá un Consejo Superior, un director, un subdirector, un jefe de finanzas y presupuestos, un jefe de adquisiciones y mantenimiento, un jefe de informática y computación, un jefe de recursos humanos y un contralor interno. Su estructura orgánica funcional básica estará constituida por un departamento de finanzas y presupuestos, un departamento de adquisiciones y mantenimiento, un departamento de informática y computación, un departamento de recursos humanos y una contraloría interna.”

9. Intercálase, en el artículo 511, después de la palabra “computación”, la expresión “y de recursos humanos”, reemplazando la conjunción “y” ubicada entre las expresiones “man-tenimiento” y “de” por una coma (,) y suprimiendo la coma (,) ubicada después de la expresión “computación”.

Artículo 10.- Créase, a contar del 1 de enero de 1998, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un departamento de recursos humanos, cuya función será asesorar técnicamente a la Corte Suprema en esta materia y ejecutar la administración correspondiente al personal del Poder Judicial .

Artículo 11.- El departamento de recursos humanos tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar al Consejo Superior en materias de personal.

b) Llevar adecuadamente relaciones con los diferentes estamentos de empleados, sobre organización, gestión, políticas de personal y su planificación.

c) Realizar la función administrativa propia de la administración de personal.

d) Mantener un registro actualizado de la dotación del personal de los tribunales que forman parte del Poder Judicial, con excepción de los tribunales militares.

e) Efectuar periódicamente análisis y diagnóstico organizacional que permitan intervenir para mejorar la gestión del recurso humano y la efectividad organizacional.

f) Rendir informes técnicos sobre estas materias a requerimiento del Director de la Corporación, de su Consejo Superior, de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia.

g) Evaluar anualmente la dotación de personal y proponer al Director de la Corporación las medidas pertinentes.

h) Preparar la documentación correspondiente a los actos administrativos que se dicten en materias de administración de personal, tales como nombramientos, permisos y otros, para la firma del respectivo Presidente de Corte.

i) Proponer al Consejo procedimientos idóneos y uniformes para efectuar la calificación del personal.

j) Velar por el cumplimiento de los indicadores para la evaluación de desempeño y proponer modificaciones de éstos a la Corte Suprema cuando resulte necesario.

k) Mantener informado al personal del Poder Judicial sobre todas aquellas materias relevantes para su mejor desempeño, y

l) Las demás que le encomiende el Consejo.

Artículo 12.- El cargo de jefe del departamento de recursos humanos deberá ser desempeñado por un profesional especializado en materias de recursos humanos, con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en el Sector Público.

Artículo 13.- Fíjase la siguiente planta de personal para el departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con los grados que se indican en la escala de sueldos bases mensuales del Poder Judicial.

Jefe departamento recursos humanos: 1 profesional grado V del Escalafón del Personal Superior.

Jefe unidad análisis organizacional: 1 psicólogo grado IX del Escalafón del Personal Superior.

Jefe unidad organización y estudios: 1 ingeniero comercial grado IX del Escalafón del Personal Superior.

Asistentes de recursos humanos: 2 profesionales grado XV del Escalafón del Personal de Empleados.

Secretaria del departamento: 1 administrativa grado XVI del Escalafón del Personal de Empleados.

Coordinadores administrativos: 5 administrativos grado XIX del Escalafón del Personal de Empleados.

Artículo 14.- Derógase el artículo 11 del decreto ley N° 3.058, de 1979.

Artículo 15.- Sustitúyese, en el artículo 30, letra e), de la ley N° 19.298, la expresión “Grado XVI” por la expresión “Grado XIII”.

Artículos transitorios

Artículo 1º.- Los jueces letrados de comuna o de agrupación de comunas y los secretarios de juzgados de letras que al 30 de mayo de 1995 contaban con más de cinco años de permanencia en la categoría, y los que, a esa fecha, servían en propiedad tales cargos, una vez que cumplan 5 años, tendrán, para los efectos de los ascensos, los mismos derechos que los funcionarios de la categoría inmediatamente superior.

Artículo 2º.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 1997 se financiará con cargo al Item 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación .”

-o-

Se designó Diputado Informante al señor Viera-Gallo Quesney, don José Antonio .

(CUADRO...)

Sala de la Comision, a 6 de mayo de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 1, 8, 9 y 15 de abril, y 6 de mayo de 1997, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidnete ), Cardemil , Coloma , Chadwick , Elgueta , Espina , Ferrada , Gajardo , Luksic , Pérez Lobos , Urrutia , Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .

Acordado en sesiones de fechas 1, 8, 9 y 15 de abril, y 6 de mayo de 1997, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidente ), Cardemil , Coloma , Chadwick , Elgueta , Espina , Ferrada , Gajardo , Luksic , Pérez Lobos , Urrutia , Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión ..”

8. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial; modifica el decreto ley Nº 3.058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales. (boletín Nº 2006-07)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “simple” urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora María Soledad Alvear , Ministra de Justicia ; el señor José Antonio Gómez , Subsecretario de Justicia ; las señoras Consuelo Gazmuri , Jefa de la División Judicial del Ministerio de Justicia, y Margarita Madrid , Asesora de dicha Cartera. En representación del Ministerio de Hacienda asistieron los señores Ramón Figueroa , Carlos Pardo y Oscar Cooper , Subdirector y Asesores de la Dirección de Presupuestos, respectivamente.

Concurrieron especialmente invitados los señores Marcos Aburto , Presidente Subrogante de la Corte Suprema ; Hernán Álvarez , Ministro de dicho Tribunal ; Luis Manríquez y Omar Rebolledo , Director y Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos , en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Asimismo, estuvieron presentes los señores Guillermo Quiroz , Benjamín Ahumada y la señora Oriana Escalante , en representación de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

El objetivo principal de la iniciativa consiste en mejorar las remuneraciones del Poder Judicial mediante los reajustes que señala y el otorgamiento de la asignación de responsabilidad superior y del bono de gestión institucional. Además, se crea el departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y se aumenta el número de abogados integrantes en las Cortes de Apelaciones que indica.

La señora María Soledad Alvear , Ministra de Justicia , efectuó una breve exposición acerca de los estudios y planes ejecutados por el Poder Judicial en coordinación con el Ejecutivo , destinados a mejorar el sistema de justicia, desde el año 1991 en adelante, que se han plasmado en diversas leyes orientadas a la creación de juzgados, de nuevas Salas en las Cortes de Apelaciones, de nuevos cargos en los respectivos escalafones y a incrementar las remuneraciones.

La iniciativa legal en informe estaría también inserta en el propósito anterior, tendiente a lograr la modernización del Poder Judicial .

El señor Marcos Aburto , Presidente Subrogante de la Corte Suprema se manifestó de acuerdo con el proyecto en general, pero planteó su disconformidad con la proposición de establecer por ley el horario de funcionamiento de un Poder del Estado.

El señor Guillermo Quiroz , Primer Vicepresidente de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial planteó observaciones a la fórmula de reajuste propuesta en el artículo 1º, que omitiría la variable “productividad país” y en consecuencia, podría dejar a los funcionarios judiciales en situación desmejorada con respecto al sector público. De igual modo, hizo presente que no se les garantiza con el proyecto el pago de los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad y el bono de escolaridad, entre otros.

El debate en la Comisión de Hacienda tuvo relación, fundamentalmente, con diversas normas del proyecto que requirieron de explicaciones por parte de los representantes del Ministerio de Justicia para determinar su alcance o que fueron estimadas susceptibles de perfeccionamiento en este trámite legislativo.

Así es como, en relación con el mecanismo de reajuste de las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial que establece el artículo 1º del proyecto, mereció dudas el hecho que se establezca un esquema distinto al que rige para el sector público. Se afirmó en la Comisión, por los representantes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, que el reajuste sobre el IPC esperado para cada año y la determinación anticipada del porcentaje aplicable, para los próximos cuatro años, formaba parte de un acuerdo destinado, precisamente, a desvincular el reajuste del sector público del reajuste cuadrienal propuesto para el Poder Judicial .

Un amplio debate en torno a los indicadores de gestión necesarios para aplicar el artículo 4º del proyecto, que establece un bono de gestión institucional o de desempeño, derivó en los perfeccionamientos contemplados en dos indicaciones del Ejecutivo que se consignan en el análisis en particular del articulado de este informe, ya que se consideró por esta Comisión que sería conveniente establecer los elementos esenciales de dicho bono en la ley, sin perjuicio que un auto acordado de la Corte Suprema pudiera complementar la norma legal.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos que se adjunta a este Informe y que se refiere al texto del proyecto del Mensaje estimó el costo total del proyecto en $ 10.355 millones de pesos, según el desglose por año (1997 al 2000) y artículo, para los siguientes rubros: reajuste especial (artículo 1º); asignación de responsabilidad superior (artículo 2º); bono de gestión institucional (artículo 3º); gastos de representación (artículo 4º); asignación de movilización (artículo 5º); aumento de grado del prosecretario de la Corte Suprema (artículo 6º); aumento de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones (artículo 8º), y creación del departamento de recursos humanos (artículo 12).

Informes financieros complementarios se remiten a las dos indicaciones del Ejecutivo de 16 de junio y 23 de julio del presente año.

El primero de ellos afirma que la indicación implica un mayor gasto, señalando lo siguiente:

Se incorpora al artículo 2º del proyecto a 209 funcionarios Secretarios Juzgados de Letras de Asiento de Corte de Apelaciones, Secretarios Juzgados de Letras de Menores de Asiento de Corte de Apelaciones, y Secretarios Juzgados del Trabajo Primera Categoría, lo cual comprende un mayor costo de 202 millones de pesos, que se desglosan anualmente de esta manera:

1997 1998 1999 2000 TOTAL

10 30 71 91 202

Se mejoran los grados de parte del personal del departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa:

-los 2 profesionales Asistentes de Recursos Humanos suben del grado XV al grado XI del Escalafón del Personal de Empleados,

-la Secretaria del Departamento sube del grado XVI al grado XV del Escalafón del Personal de Empleados, y

-los 5 Coordinadores administrativos suben del grado XIX al grado XV del Escalafón del Personal de Empleados.

El mayor costo de estas modificaciones de grado es de 17 millones de pesos, correspondiente al año de la creación del departamento, o sea, en 1998. El incremento en los años siguientes es menor a medio millón de pesos anuales.

En consecuencia, el mayor costo total del proyecto en millones de pesos, es el siguiente:

1997 1998 1999 2000 TOTAL

1.256 3.191 2.855 3.254 10.556

El segundo informe complementario, se hace cargo de las modificaciones a los artículos 4º y 5º que otorgan los bonos de gestión institucional y de desempeño al Poder Judicial , a la Corporación Administrativa y a la Academia Judicial, y entrega un cuadro actualizado con el mayor costo total del proyecto, documento que se adjunta a este informe, cuyas cifras totales anuales en millones de pesos son las siguientes:

1997 1998 1999 2000 TOTAL

1.258 3.191 2.859 3.257 10.565

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella. La Comisión de Hacienda, sin embargo, consideró que el artículo 9º números 1, 2, 3, 6, 7, y 9 no son de su competencia. No obstante lo anterior, se agregó el artículo 5º nuevo y el número 8 nuevo del artículo 9º, ambos propuestos mediante indicación del Ejecutivo y el número 11 nuevo del artículo 9º, originado en indicación Parlamentaria.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 1º del proyecto, se reajustan los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones que señala, de los escalafones del personal superior, de asistentes sociales y del personal de empleados del Poder Judicial , en los porcentajes que indica, para los años 1997 al 2000.

Además, se dispone que desde el año 1998 hasta el año 2000, inclusive, se aplicará sobre dichas remuneraciones el porcentaje de la inflación esperada que para el año respectivo determine el Ministerio de Hacienda en el proceso presupuestario correspondiente.

El Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones a este artículo con el objeto de incorporar a los funcionarios de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial entre los beneficiarios de la norma y precisar la base de cálculo del reajuste.

1) Para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Reajústase en los porcentajes que se indican, los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en los artículos 3º de la ley Nº 19.566, 10 y 11 de la ley Nº 18.675 y 3º y 4º de la ley Nº 18.717, aplicables al personal del escalafón superior y al escalafón de asistentes sociales del Poder Judicial ; al personal de planta y contrata del escalafón superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y al personal de la Academia Judicial.”.

Para precisar el alcance formal de la primera indicación y corregir un error de referencia se propone agregar en el número 1) entre la palabra “el” y la expresión “inciso” las palabras “encabezamiento del” y reemplazar “ley Nº 19.566” por “ley Nº 18.566” y el punto final (.) por dos puntos (:).

2) Para sustituir el inciso segundo, por el siguiente:

“Para el personal del escalafón de empleados del Poder Judicial y el personal del escalafón de empleados, de planta y contrata, de la Corporación Administrativa de éste, el reajuste del sueldo base y de las asignaciones y bonificaciones señaladas en el inciso primero, será del 3% a partir del 1 de enero de 1997 y de los mismos porcentajes señalados para el personal indicado en el inciso primero, en los años 1998, 1999 y 2000.”.

3) Para sustituir en el inciso final, las palabras “dichas remuneraciones”, por las palabras “las remuneraciones citadas en el inciso primero”.

Puesto en votación el artículo 1º, con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 2º, se establece una asignación de responsabilidad superior para los integrantes del escalafón del personal superior del Poder Judicial que señala y para los jueces letrados que indica, según el grado que corresponda al cargo respectivo, a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Se exceptúa de esta asignación a las autoridades de la Corporación Administrativa y al director del departamento de recursos humanos de dicha Corporación.

El Ejecutivo formuló la siguiente indicación para reestructurar la referida asignación, de modo que abarque a jueces y secretarios de juzgados de letras de Asiento de Corte de Apelaciones, Secretarios de Juzgados de Letras de Menores de Asiento de Corte de Apelaciones , y Secretarios de Juzgados del Trabajo de Primera Categoría.

La indicación señala, para sustituir el encabezamiento del inciso primero, por el siguiente, quedando inalteradas las cifras que vienen a continuación.

“Artículo 2º.- Establécese a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000 una asignación de responsabilidad superior para el personal del escalafón primario del Poder Judicial ubicado en los grados I al VII de la escala de sueldos bases mensuales establecidos en el decreto ley Nº 3.058, de 1979, de los montos mensuales que en cada caso se indica, para cada grado:”.

Puesto en votación el artículo 2º con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 3º, se establece una asignación de nivelación para el personal superior del Poder Judicial , las autoridades de la Corporación Administrativa, el jefe del departamento de recursos humanos y los profesionales contratados por ella, asimilados al grado VI de la escala de sueldos bases mensuales, en las condiciones que señala.

Se hizo presente en la Comisión que en la última tabla que consigna los grados y montos mensuales de asignación del texto aprobado por la Comisión Técnica debe reemplazarse en la columna correspondiente al año “1999” la cifra “85.237” por “65.237”.

Puesto en votación el artículo 3º, con la modificación formal anterior, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 4º, se contempla un bono de gestión institucional anual, a partir del 1 de enero de 1998, equivalente al 5% de las remuneraciones que señala, de cada funcionario, el cual se otorgará al 66% del personal con mejor desempeño de los grados V al XI del escalafón del personal superior y de los escalafones del personal de empleados y de asistentes sociales del Poder Judicial . El beneficio se concederá, también, al personal de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa.

En el inciso tercero, se dispone que las normas sobre concesión del referido bono se establecerán en un auto acordado de la Corte Suprema, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El Ejecutivo recogió las observaciones formuladas por diversos Diputados miembros de la Comisión respecto al mecanismo propuesto para el bono de gestión institucional, formulando una primera indicación que vincula el otorgamiento de dicho bono con el cumplimiento de metas de gestión que cada año fijaría la Corte Suprema para los tribunales, con la asesoría de un organismo independiente y tomando en consideración la oportunidad y eficiencia del desempeño jurisdiccional, en base a la cantidad y composición de las causas en tramitación, medios con que se cuenta y otros factores que se estimen pertinentes.

No obstante la indicación anterior, en la Comisión de Hacienda prevaleció el criterio de estimar inconveniente el hecho que se premie al 66% del personal que ha cumplido con las metas propuestas, ya que al otorgarlo a tan alto número de funcionarios no se lograría el efecto deseado de mejorar el servicio. Se sugirió, por tanto, incorporar otros factores habilitantes para que quienes tuvieran derecho a percibir el beneficio no excediera de un porcentaje superior al 50% de los tribunales con mejor desempeño y se premiara tanto el desempeño individual como el colectivo.

En razón a que el Ejecutivo compartió los argumentos de la Comisión, se formuló la siguiente indicación sustitutiva de la anterior, la cual tuvo esta Comisión por retirada.

“Artículo 4º.- Establécese, a contar del 1 de enero de 1998, un bono de gestión institucional y otro de desempeño individual para el personal perteneciente a los grados V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del escalafón primario, y a los escalafones de asistentes sociales y empleados del Poder Judicial .

Cada uno de dichos bonos será equivalente al 5% de la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional anuales devengadas para cada funcionario a quien corresponda el beneficio, durante el año inmediatamente anterior.

Tendrá derecho al bono de gestión institucional el 90% mejor calificado del personal perteneciente a cada uno de los juzgados que constituyan el 40% que dé mejor cumplimiento a las metas de gestión, que a nivel nacional y considerando tipologías homogéneas de tribunales, fijará cada año la Corte Suprema mediante Auto Acordado. Estas metas dirán relación con la oportunidad y eficiencia del desempeño jurisdiccional, y la calidad de los servicios prestados a los usuarios, teniendo en cuenta la cantidad, complejidad y naturaleza de las causas de que conocen los distintos tribunales, así como los medios humanos y materiales con que cuentan.

Asesorará a la Corte Suprema en la elaboración de estas metas un equipo de trabajo compuesto por representantes de las Asociaciones de Magistrados, de Asistentes Sociales y de Funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios de Justicia y Hacienda, sin perjuicio de que pueda contratar, además, previo concurso público de antecedentes, la asesoría de un organismo técnico independiente.

Tendrá derecho al bono de desempeño individual el 30% del personal mejor calificado de cada escalafón, perteneciente al ámbito jurisdiccional de cada una de las Cortes de Apelaciones del país.

Si se produjere empate en el puntaje de la calificación para determinar el 90% a que se refiere el inciso tercero y el 30% a que se refiere el inciso quinto, se preferirá a aquellos funcionarios que tengan mejor nota por el concepto de eficiencia y, de persistir el empate, al de mejor nota en los conceptos de capacidad, responsabilidad e iniciativa, sucesivamente. Si aún así se mantuviera el empate, dirimirá el órgano calificador respectivo.

La determinación del 40% de los tribunales que haya dado mejor cumplimiento a las metas, así como la determinación final de los funcionarios beneficiarios de ambos bonos, corresponderá a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

No tendrán derecho a percibir ninguno de los bonos los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquéllos que durante el año anterior al pago del mismo, hayan presentado licencias médicas por seis meses o más, excluyendo las que corresponden a los descansos establecidos en el artículo 181 del Código del Trabajo.

Los bonos serán pagados en una cuota, durante el mes de junio de cada año.

Los montos que se perciban por concepto de estos bonos no serán considerados remuneraciones para ningún efecto legal y, en consecuencia, no serán imponibles. No obstante, para los fines tributables se considerarán rentas del Nº 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, entendiéndose para estos efectos, que la cantidad pagada se ha devengado por partes iguales en cada mes del año calendario respectivo.”.

El representante de la Dirección de Presupuestos explicó en la Comisión que el costo total por concepto de bonos por desempeño ascendería a $ 919 millones, monto que se divide en $ 502 millones por el bono de gestión institucional, de los cuales $ 484 millones corresponden al Poder Judicial y $ 18 millones a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa, y $ 417 millones por el bono de desempeño individual, desglosándose en $ 402 millones para el Poder Judicial y $ 15 millones para la Academia Judicial y la Corporación Administrativa.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, a continuación del artículo cuarto el siguiente artículo quinto nuevo, pasando el actual artículo quinto a ser sexto y así sucesivamente.

“Artículo 5º.- Tendrán también derecho a los bonos de gestión institucional y de desempeño individual los personales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Academia Judicial, ubicados o asimilados a los grados V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del escalafón primario y al escalafón de empleados del Poder Judicial , los que serán de los montos y se regirán por las normas que a continuación se señalan.

En el caso de la Corporación Administrativa, cada uno de dichos bonos será equivalente al 5% de la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional anuales devengadas para cada funcionario a quien corresponda el beneficio, durante el año inmediatamente anterior.

En el caso de la Academia Judicial, cada uno de los bonos será equivalente al 5% de la remuneración anual devengada en el año inmediatamente anterior, correspondiente a la categoría del escalafón primario o de empleados del Poder Judicial a que se encuentre asimilado cada funcionario beneficiario, en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la ley Nº 19.346. Se considerará remuneración para estos efectos el equivalente al sueldo base más las asignaciones indicadas en el inciso anterior.

El bono de desempeño individual se otorgará al 30% mejor evaluado de estos personales. El de gestión institucional, por su parte, se otorgará al 90% del personal mejor calificado de la Academia Judicial y de las unidades operativas de mejor desempeño de la Corporación Administrativa, siempre que se cumplan las metas de gestión que se fijen para estas instituciones.

Dichas metas se fijarán por la Corte Suprema, la que actuará asesorada para ello por representantes de los Ministerios de Justicia y Hacienda, sin perjuicio de que pueda contratar, además, previo concurso público de antecedentes, la asesoría de un organismo técnico independiente.

Tratándose de la Corporación Administrativa, el desempeño individual se evaluará en base a la calificación anual de cada funcionario y tratándose de la Academia Judicial, la forma de evaluación de desempeño se determinará en un reglamento que dictará al efecto su Consejo Directivo.

Se aplicarán para la concesión de estos bonos las normas de los incisos sexto, octavo, noveno y décimo del artículo anterior.”.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 5º, que pasa a ser artículo 6º, se modifica el cálculo de los gastos de representación para los cargos de Ministro y Fiscal de la Corte Suprema, de Presidente de Corte de Apelaciones y de Presidente de Corte del Trabajo , a partir del 1 de enero de 1997, conforme a los montos mensuales que señala.

El Ejecutivo formuló una indicación para insertar en el encabezamiento de este artículo, la palabra “ Presidente ” seguida de una coma (,) entre las expresiones “cargos de” y “ Ministro ”.

En la Comisión se consideró que la indicación anterior no era procedente, dado que el texto aprobado por la Comisión Técnica se hizo cargo de la omisión que la motiva, proponiendo una redacción diferente.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo fue rechazada en forma unánime.

Sometido a votación el artículo 5º fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 6º, que pasa a ser artículo 7º, se incrementa la asignación de movilización de los asistentes sociales del Poder Judicial en el 50% a partir del 1 de enero de 1997 y en otro 50% a contar del 1 de enero de 1998.

Puesto en votación el artículo 6º fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 7º, que pasa a ser artículo 9º, se mejora la ubicación del cargo de prosecretario de la Corte Suprema desde el grado X al grado VIII del escalafón del personal superior del Poder Judicial .

El Ejecutivo formuló una indicación de carácter formal para que el actual artículo 7º pase a ser artículo 8º (ahora 9º) y el actual artículo 8º pase a ser artículo 7º (ahora queda como 8º).

Puesto en votación el artículo 7º fue aprobado por unanimidad con la modificación anterior.

En el artículo 8º, se señala que a contar de la publicación del proyecto en informe, no se aplicarán las normas sobre remuneraciones del sector público al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, salvo disposición legal expresa.

El Ejecutivo se hizo cargo de las observaciones planteadas respecto a este artículo en la Comisión, proponiendo el siguiente inciso segundo:

“Con todo, serán aplicables a estos personales las leyes que otorgan aguinaldos de Navidad y fiestas patrias y bonos de escolaridad a los demás personales del sector público.”.

Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 9º, que pasa a ser artículo 10, se introducen diversas modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales.

En el número 4, letras a) y b), se modifica el artículo 219, inciso primero, aumentando el número de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción a nueve y de las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia a cinco.

Puestas en votación las letras antes referidas del numeral 4, fueron aprobadas en forma unánime.

Por el número 5, se sustituye, en el inciso primero del artículo 312 que establece la obligación que afecta a los jueces de asistir todos los días a la sala de su despacho y a permanecer en ella por cuatro o cinco horas diarias, según el caso, lo referido a esta permanencia por una más amplia de 44 horas semanales.

Puesto en votación este numeral fue rechazado en forma unánime por estimarse que se trata de una facultad de la Corte Suprema.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar un nuevo número 8, del siguiente tenor, pasando el actual Nº 8 a ser Nº 9 y el actual 9 a ser Nº 10:

8. Agrégase el siguiente Nº 6 al inciso tercero del artículo 506:

“6.º Remitir a los Ministerios de Justicia y Hacienda, cuando le sean requeridos, los informes y estudios que obren en su poder o que se les soliciten, relacionados con materias de su competencia.”.

Puesta en votación esta indicación fue aprobada por unanimidad.

En el número 8, que pasa a ser número 9, se sustituye el artículo 507 que contempla la estructura orgánica de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, agregando el departamento de recursos humanos.

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

Los Diputados señores Makluf , Matthei , señora Evelyn , Montes y Palma, don Andrés , formularon una indicación para agregar un número 11 del siguiente tenor:

11. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 513, por los siguientes:

“Artículo 513.- El director durará cuatro años en el cargo y deberá tener título profesional universitario con especialidad en administración. El subdirector, los jefes de departamentos y el contralor interno, deberán tener título profesional universitario de la especialidad que determine la Corte Suprema. En todo caso, sólo podrán ser nombrados en estos cargos personas que posean título profesional de carreras universitarias de a lo menos ocho semestres académicos.

El personal de la Corporación se regirá por las normas legales y reglamentarias aplicables a los empleados del Poder Judicial, con las excepciones que se indican en los incisos siguientes.”.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 10, que pasa a ser artículo 11, se crea a contar del 1 de enero de 1998, un departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuya función será asesorar técnicamente a la Corte Suprema en esta materia y ejecutar la administración correspondiente.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 11, se establecen las funciones del departamento de recursos humanos.

Se debatió en la Comisión de Hacienda acerca de la conveniencia de que se fijen las funciones del departamento de recursos humanos en la ley, a lo que la representante del Ministerio de Justicia sostuvo que ello no era aconsejable ni coherente con las demás normas del Código en la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, se sostuvo en la Comisión que sería oportuno dejar establecido en la ley la obligación de rendir informes técnicos a requerimiento del Ministerio de Justicia, lo que posteriormente se plasmó en una indicación del Ejecutivo al artículo 10 (página 20 de este informe).

El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir este artículo, pasando los artículos 12, 13, 14 y 15, a ser artículos 11, 12, 13 y 14, respectivamente.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada en forma unánime, sin perjuicio que la adecuación del articulado propuesta no procede dada la nueva numeración de éste.

En el artículo 12, se dispone que el cargo de jefe del departamento de recursos humanos deberá ser desempeñado por un profesional especializado en materias de recursos humanos con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en el Sector Público.

La Comisión analizó los requisitos propuestos para el referido cargo, estimándose que no corresponde limitar la experiencia del profesional al sector público.

La Diputada Matthei , señora Evelyn , formuló una indicación para sustituir el artículo por el siguiente:

“Artículo 12.- El cargo de jefe del departamento de recursos humanos deberá ser desempeñado por un profesional con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en administración de recursos humanos.”.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 13, se fija la planta de personal para el departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que comprende un total de once cargos, cinco profesionales y seis empleados administrativos.

En la Comisión se analizaron los requisitos profesionales exigidos a los distintos cargos propuestos, sugiriéndose las siguientes modificaciones consignadas en una indicación de los Diputados señores Jürgensen y Montes :

Para agregar respecto al jefe departamento recursos humanos entre las palabras “profesional” y “grado” las expresiones “con especialidad en el área de administración”.

Para reemplazar respecto al Jefe unidad análisis organizacional la palabra “psicólogo” por “profesional”.

Para reemplazar respecto al Jefe unidad organización y estudios la expresión “ingeniero comercial” por “profesional”.

El Ejecutivo formuló una indicación para hacer las siguientes modificaciones a los grados asignados a los cargos:

1. En el inciso quinto, en la frase referida a los Asistentes de recursos humanos; sustituir el guarismo “XV” por “IX”.

2. En el inciso sexto, en la frase referida a la Secretaria del departamento, sustituir el guarismo “XVI” por “XV”.

3. En el inciso séptimo, en la frase referida a los Coordinadores administrativos, sustituir el guarismo “XIX” por “XV”.

Puesto en votación el artículo 13, con las indicaciones precedentes, fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 14, se deroga el artículo 11 del decreto ley Nº 3.058, de 1979, que dispone que las remuneraciones del personal del Poder Judicial serán reajustables de acuerdo a las normas generales que rijan para el sector público.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 15, se sustituye la expresión “Grado XVI” por la expresión “Grado XIII” de la letra e) del artículo 30 de la ley Nº 19.298, para corregir un error que se produjo en la tramitación legislativa de la ley referida al darle al cargo de oficial del fiscal, tercera categoría del escalafón de empleados de la Corte de Apelaciones de Concepción, un grado inferior al que correspondía.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 1º transitorio, se señala que los jueces letrados de comuna o de agrupación de comunas y los secretario de juzgados de letras que al 30 de mayo de 1995 contaban con más de cinco años de permanencia en la categoría, y los que, a esa fecha, servían en propiedad tales cargos, una vez que cumplan cinco años, tendrán para los efectos de los ascensos los mismos derechos que los funcionarios de la categoría inmediatamente superior.

Se explicó en la Comisión que esta norma corrige una omisión de la ley Nº 19.390, que dejó a algunos jueces al margen de su normativa.

En el artículo 2º transitorio, se establece que el mayor gasto que irrogue la aplicación del proyecto durante 1997, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público.

Puestos en votación los dos artículos transitorios fueron aprobados en forma unánime.

CONSTANCIAS

1. Disposiciones nuevas del proyecto que deben aprobarse con quórum especial

No hay.

2. Disposiciones rechazadas

El número 5 del artículo 9º (actual artículo 10).

3. Indicaciones rechazadas

La número 6) del Ejecutivo al artículo 5º (actual artículo 6º).

4. Se remitió oficio con fecha 6 de agosto de 1997 a la Excelentísima Corte Suprema para conocer su opinión respecto a las modificaciones introducidas al proyecto en este trámite.

Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 3, 10 y 17 de junio; 1, 8, 15 y 22 de julio, y 5 de agosto, de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos ( Presidente ); Estévez, don Jaime ; Galilea, don José Antonio ; García, don José ; Jocelyn-Holt, don Tomás ( Villouta, don Edmundo) ; Jürgensen, don Harry ; Longueira, don Pablo ; Makluf, don José ; Matthei, señora Evelyn ; Ortiz, don José Miguel ; Palma, don Andrés ; Rebolledo , señora Romy , y Schaulsohn, don Jorge .

Se designó Diputado Informante al señor MAKLUF, don JOSÉ .

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO . Secretario de la Comisión.”

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA E INCREMENTA

LAS REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL. MENSAJE 254-334

Otorga un reajuste especial entre el año 1997-2000.

Crea una asignación de responsabilidad superior para el escalafón del personal superior.

Crea un bono de gestión institucional.

Aumenta los gastos de representación.

Aumenta la asignación de Movilización para escalafón de asistentes sociales.

Aumenta de grado del prosecretario de la Corte Suprema.

Aumenta en 13 abogados integrantes de varias Cortes de Apelaciones.

Crea Departamento de Recursos Humanos.

Joaquín Vial Ruiz-Tagle , Director de Presupuestos .

INFORME FINANCIERO

(En millones de pesos)

El costo total de este proyecto de ley, que comprende cuatro años calendario (1997 al 2000), es de 10.355 millones de pesos, que se desglosan, por artículo y por año en la siguiente forma:

1997 1998 1999 2000 TOTAL

1. Reajuste especial (art. 1º)

Para los Escalafones del Personal Superior y de Asistentes Sociales, este reajuste, adicional a la inflación esperada, será de un 2%, 4%, 4% y 4% para cada uno de los años, respectivamente. Para el Escalafón de Empleados, será de 3%, 4%, 4% y 4%.

^@#@^Personal Superior y Asistentes Sociales 458 934 971 1.012 3.375

Empleados 531 729 758 789 2.807

Total 989 1.663 1.729 1.801 6.182

2. Asignación de Responsabilidad Superior (art. 2º)

Esta asignación, para todo el Escalafón del Personal Superior, aumenta progresivamente cada año.

152 476 1.014 1.320 2.962

3. Bono de Gestión Institucional (art. 3º)

Para el 66% del personal mejor calificado de todos los Escalafones; excluyendo los grados I, II, III y IV del Escalafón de Personal Superior. A contar de 1998.

848 34 35 917

4. Gastos de Representación (art. 4º)

Para los grados I, II y III del Escalafón del Personal Superior.

40 3 3 3 49

5. Aumento de la Asignación de Movilización (art. 5º)

Aumento de un 50% para 1997 y del 100% para 1998 para el Escalafón de Asistentes Sociales.

18 19 1 1 39

6. Aumento de grado del Prosecretario de la Corte Suprema (art. 6º)

Sube del grado X al grado VIII del Escalafón del Personal Superior.

7 0 1 1 9

7. Aumento de 13 abogados integrantes de diversas cortes de Apelaciones (art. 8º, n.1 y 2).

42 3 7 9 61

8. Creación del Departamento de Recursos Humanos a contar de 1998 (art. 12º)

Incluye gastos en remuneraciones, en instalación, equipamiento y operación para 11 funcionarios.

132 4 136

Mayor gasto total 1.248 3.144 2.789 3.174 10.355

INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA

E INCREMENTA LAS REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL.

(En millones de pesos)

El costo total de este proyecto de ley, que comprende cuatro años calendario (1997 al 2000), es de 10.355 millones de pesos, que se desglosan, por artículo y por año en la siguiente forma:

1. Reajuste especial (art. 1º)

La base de cálculo para el reajuste del art. 1º corresponde al total del gasto en remuneraciones a diciembre 1996, con efecto año completo.

La base de cálculo resultante es de $ 40.585 millones de pesos que se dividen en:

Personal superior y asistentes sociales 22.885

Empleados 17.700

Total 40.585

El mayor costo de este artículo resulta de aplicar los porcentajes 2% en 1997, y 4% en 1998, 1999 y 2000 para los Escalafones del Personal Superior y de Asistentes Sociales, y de 3% en 1997 y de 4% en 1998, 1999 y 2000 para el Escalafón de Empleados.

Los resultados son:

AÑO MILL DE $

1997 989

1998 1.663

1999 1.729

2000 1.801

Total mayor costo del artículo 1º 6.182

2. Asignación de responsabilidad superior (art. 2º)

El costo de esta asignación para cada año es el producto de la dotación efectiva al 30 de junio de 1996 de cada uno de los grados del Escalafón de Personal Superior (subdividiendo el grado VII para los secretarios de Juzgados de Letras de Asientos de Corte de Apelaciones , que tienen un monto especial) por el monto de esta asignación fijada en este artículo para cada año.

Para calcular el mayor costo de cada año, se consideró sólo el aumento con respecto al año anterior, expresado en miles de millones de pesos.

1997 1998 1999 2000 Total

152 476 1.014 1.320 2.962

3. Bono de Gestión Institucional (art. 3º).

Se multiplicó la dotación efectiva al 30 de junio de 1996 de cada uno de los grados de todos los escalafones (excluyendo los grados I, II, III y IV del Escalafón del Personal Superior) por la suma del sueldo base, asignación profesional y asignación judicial correspondiente a cada grupo para 1996. Se expresó en millones de pesos anuales: 25.082.

Se hizo la misma operación para 1997 pero reajustando estos valores por el porcentaje correspondiente a cada escalafón, de acuerdo al art. 1°.

Se hizo la misma operación para 1998 reajustando estos valores por un 4% para todos los escalafones, de acuerdo al art. 1º. Se calculó el 66% del 5% del valor del año anterior.

Para obtener el mayor costo del año 1999 se hicieron los mismos cálculos, pero a este valor se le restó la cantidad obtenida el año anterior.

Finalmente, se calculó en la misma forma para el año 2000.

AÑO 1997 1998 1999 2000 Total

Total gasto 25.704 26.732 27.801 28.913

5% 1.285 1.337 1.390 1.446

66% 848 882 917 954

Mayor costo 848 34 35 917

4. Gastos de representación (art. 4º)

Para calcular el mayor costo 1997 se multiplicó el nuevo monto de gastos de representación por la dotación efectiva al 30 de junio de 1996 en los grados correspondientes, se dedujo su costo actual y se calculó el costo anual en millones de pesos.

Para calcular el mayor costo de los años 1998, 1999 y 2000 se reajustó en un 4% el costo del año anterior, se dedujo este costo y el resultado se expresó en millones de pesos anuales.

Año Costo Costo Mayor Costo

(en $ mens.) año anterior (en mill $ anuales)

1997 6.341.000 3.005.213 40

1998 6.594.640 6.341.000 3

1999 6.858.426 6.594.640 3

2000 7.132.763 6.858.426 3

Total 49

5. Aumento de la asignación de movilización (art. 5º)

La actual asignación mensual de movilización de las asistentes sociales es de $ 14.100 mensuales. Y, al 30 de junio de 1996, hay una dotación de 212 asistentes sociales.

En 1997 esta asignación aumenta en un 50%,

En 1998 esta asignación aumenta a un 100% de la base reajustada en un 4%.

En 1999 y en el 2000 esta asignación sólo aumenta en un 4% sobre la base del año anterior.

Por lo tanto, el mayor costo 1997-2000 de este aumento es de 39 millones de pesos.

1997 1998 1999 2000 Total

18 19 1 1 39

6. Aumento de grado del Prosecretario de la Corte Suprema (art. 6º)

El actual grado del Prosecretario de la Corte Suprema es el X, con un renta bruta de $ 787.301.

Su nuevo grado sería el VIII, con un renta bruta de $ 1.365.462.

En ambos casos se incluye un 20% adicional por gastos variables.

El mayor costo anual en 1997 es de 7 millones de pesos.

El mayor costo anual del año 1998 no alcanza al millón de pesos.

El mayor costo anual del año 1999 es de 1 millón de pesos.

El mayor costo anual del año 2000 también es de 1 millón de pesos.

Por lo tanto, el mayor costo 1997-2000 de este mejoramiento es de 9 millones de pesos.

1997 1998 1999 2000 Total

7 0 1 1 9

7. Aumento del número de abogados integrantes de diversas Cortes de Apelaciones (art. 8º, n.1 y 2).

El costo máximo anual se daría suponiendo un 100% de integraciones, todos los días hábiles por 11 meses de funcionamiento, lo que significa 208 millones de pesos anuales;

Lo anterior es muy importante. Lo razonable es estimar en un 20% de integraciones, lo que representa un gasto anual, para 1997, de 42 millones de pesos:

Para 1998 este costo sería de 45 millones de pesos. Un mayor costo de 3 millones de pesos.

Para 1999 este costo sería de 52 millones de pesos. Un mayor costo de 7 millones de pesos.

Para el 2000 este costo sería de 61 millones de pesos. Un mayor costo de 9 millones de pesos.

Por lo tanto, el mayor costo 1997-2000 de este aumento es de 61 millones de pesos.

1997 1998 1999 2000 Total

42 3 7 9 61

8. Creación del Departamento de Recursos Humanos a contar de 1998 (art. 12º).

Se crean 1 grado V y 2 grados IX del Escalafón del Personal Superior, 2 grados XV del Escalafón de Empleados (con título profesional), y 1 grado XVI y 5 grados XIX del Escalafón de Empleados.

El costo total en remuneraciones (incluyendo el 20% de gastos variables) por la creación de este Departamento es de 87 millones anuales para el año 1998.

A esto hay que agregar el costo de instalación, equipamiento y operación el primer año, que ascendería a 45 millones de pesos. Con lo cual el costo total para 1998 sería de 132 millones de pesos.

Para el año 1999 el costo en remuneraciones es el mismo del año anterior reajustado en un 4%:

87 x 1.04 = 90 millones de pesos. Y el costo de operación sería de 30 millones de pesos. El costo total sería, por lo tanto, de 120 millones de pesos. Y no habría mayor costo.

Para el año 2000 el costo en remuneraciones es el mismo del año anterior reajustado en un 4%: 90’ x 1.04 = 94 millones de pesos. Y el costo de operación sería de 30 millones de pesos.

El costo total sería, por lo tanto, de 124 millones de pesos. El mayor costo sería, por lo tanto, de mill $ 4. El mayor costo total 1998 - 2000 sería de 136 millones de pesos.

1998 1999 2000 Total

132 0 4 136

El mayor costo total de este proyecto de ley, en millones de peso sería de:

Año Art. 1º Art. 2º Art. 3º Art. 4º Art. 5º Art. 6º Art. 8º Art. 12º Total

1997 989 152 40 18 7 42 1.248

1998 1.663 476 848 3 19 3 132 3.144

1999 1.729 1.014 34 3 1 1 7 2.789

2000 1.801 1.320 35 3 1 1 9 4 3.174

Total 6.182 2.962 917 49 39 9 61 136 10.355

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO

PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA E INCREMENTA

LAS REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL. Nº BOLETÍN 2006-07

Sustituye el art. 4º otorgado bonos de gestión institucional y de desempeño al Poder Judicial .

Crea un art. 5º nuevo otorgando bonos de gestión institucional y de desempeño a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Academia Judicial.

Estas modificaciones no alteran el mayor costo total de este proyecto de ley.

(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos .

INFORME FINANCIERO COMPLEMENTARIO 2

Proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del Poder Judicial; modifica el decreto ley Nº 3058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales. (boletín Nº 2006-07)

Las nuevas indicaciones presentadas no significan un mayor costo al proyecto en su globalidad, pero al agregar un nuevo artículo descomponen el mayor costo del artículo 4º original:

1. La indicación 1) (que sustituye el artículo 4º).

Otorga un bono de gestión institucional al 90% mejor calificado del personal perteneciente al Poder Judicial, del 40% de los juzgados que mejor cumplan las metas de gestión.

Otorga también un bono de desempeño individual al 30% del personal del Poder Judicial mejor calificado de cada escalafón por Corte de Apelaciones.

Se excluye los grados I, II, III y IV, del Escalafón Superior para el otorgamiento de ambos bonos.

Poder Judicial 1997 1998 1999 2000 Total

Bono de gestión institucional 0 447 18 19 484

Bono de desempeño individual 0 372 15 15 402

Total mayor costo Art. 4º 0 819 33 34 886

Total costo Art. 4º 0 819 852 886

1. La indicación 2) (que intercala un artículo 5º nuevo).

Otorga el bono de gestión institucional al 90% del personal mejor calificado de la Academia Judicial y de las Unidades Operativas de mejor desempeño de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, siempre que estas instituciones hayan cumplido sus metas de gestión.

Otorga también el bono de desempeño individual al 30% del personal mejor calificado de cada una de estas instituciones.

Se excluye los grados I, II, III y IV del Escalafón Superior para el otorgamiento de ambos bonos.

Corp. Adm. y Acadm. Judic . 1997 1998 1999 2000 Total

Bono de gestión institucional 0 16 1 1 18

Bono de desempeño individual 0 13 1 1 15

Total mayor costo Art. 5º 0 29 2 2 33

Total costo Art. 5º 0 29 31 33

Resumiendo ambas indicaciones:

Total poder judicial 1997 1998 1999 2000 Total

Bono de gestión institucional 0 463 19 20 502

Bono de desempeño individual 0 385 16 16 417

Total mayor costo arts. 4º y 5º 0 848 35 36 919

Total costo arts. 4º y 5º 0 848 388 919

En resumen, el mayor costo total de este proyecto de ley, incluidas todas las indicaciones presentadas hasta el momento, es la siguiente:

Año Art. 1º Art. 2º Art. 3º Art. 4º Art. 5º Art. 6º Art. 7º Art. 9º Art. 10 Art. 13º Total

modific. agr.y modif. agr. y nuevo nuevo nuevo n.4 nuevo Actualiz.

modif. modif.

1997 989 76 86 0 0 40 18 7 42 0 1.258

1998 1.663 228 277 819 29 3 19 0 3 150 3.191

1999 1.729 532 551 33 2 3 1 1 7 0 2.859

2000 1.799 684 724 34 2 3 1 1 9 0 3.257

Total 6.180 1.520 1.638 886 33 49 39 9 61 150 10.565

Costo

total 6.180 7.700 9.338 10.224 10.257 10.306 10.345 10.354 10.415 10.565

9. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica los artículos 348 y 394 del Código Penal. (boletín Nº 1626-07-1)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los Diputados señores Soria, don Jorge ; Ortiz, don José Miguel ; Sabag, don Hosain y Morales, don Sergio .

-o-

Durante el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración de la abogada del Servicio Nacional de Menores, doña Carolina von Schackmann .

Con posterioridad, dicho Servicio, por oficio Nº 1229, de 29 de julio de 1997, hizo llegar un informe con su opinión oficial sobre el proyecto que se informa.

I. Antecedentes.

El artículo 19, Nº 1, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, mientras que el número 2 del mismo artículo establece el principio de igualdad ante la ley.

El Código Penal sanciona, en los artículos 346 a 352, ubicados en el título VII, del libro II, de los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, el abandono de niños y personas desvalidas.

El Código distingue, para estos efectos, el lugar en donde se produce el abandono y la edad del abandonado, contemplando el abandono en un lugar no solitario de un niño menor de 7 años (artículos 347 y 348), o en un lugar solitario de uno menor de 10 años (artículos 349 al 351).

Para los efectos de determinar la penalidad, toma en consideración los vínculos que ligan al abandonado con la persona que comete el delito, siendo más grave si se trata de los padres o de personas que tuvieren el menor a su cuidado.

En todo caso, el abandono es punible cualquiera que sea el sujeto activo.

El artículo 348, que es el que se propone modificar, dispone, en su inciso primero, que “Si a consecuencia del abandono resultaren lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo efectuare la pena de presidio mayor en su grado mínimo, cuando fuere alguna de las personas comprendidas en el artículo anterior, y la de presidio menor en su grado máximo en el caso contrario.” En su inciso segundo señala que “Lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes no se aplica al abandono hecho en casas de expósitos.”

Es decir, si el abandono de niños con resultado de muerte se hiciere por los padres legítimos o ilegítimos o por personas que tuvieren al niño a su cuidado se establece una pena de presidio que va de 5 años y un día a 10 años. En los demás casos, la pena fluctúa entre los 3 años y un día a 5 años.

Por su parte, el artículo 394 del Código Penal, ubicado en el título VIII, libro II, que regula los delitos contra las personas, señala que “Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, matan al hijo o descendiente, y serán penados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio”. (5 años y un día a 15 años).

Si bien en el derecho Romano el infanticidio no aparece claramente individualizado, en el Medioevo tuvo ya un tratamiento diferenciado, considerándose como un homicidio agravado merecedor de penas atroces.

Por influencia del iluminismo comienza a abrirse paso la tesis inversa. Así para Beccaria el tratamiento penal del infanticidio debe ser más benévolo atendido el penoso estado en que se encuentra la mujer durante el parto.

En el Código Español de 1848 el delito de infanticidio estaba concebido como una figura privilegiada en razón del móvil: ocultar la deshonra de la madre. En efecto, se señalaba expresamente: “La madre que para ocultar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres días, será castigada con [...] Los abuelos maternos que, por ocultar la deshonra de la madre cometieren este delito con [...] Fuera de estos casos, el que matare a un recién nacido incurrirá en las penas del homicidio.”

En Chile se acogió el precepto del infanticidio contemplado en la legislación española, con algunas modificaciones.

1. Se acortó el plazo de comisión a 48 horas en vez de tres días.

2. Se eliminó la referencia al móvil del honor.

3. Se amplió el sujeto activo para comprender a todos los ascendientes legítimos e ilegítimos, “porque a todos ellos alcanzan las consideraciones que hacen del infanticidio un delito especial.”

Los redactores del Código no dijeron cuales eran esas “consideraciones” que hacían del infanticidio un delito especial. No era el móvil del honor como lo demuestra la circunstancia de que se suprimió tal mención; de que el sujeto activo se extendió al padre y los ascendientes paternos, en quienes no puede suponerse concurrente el móvil del honor, por lo menos en una intensidad tal que justifique un tratamiento penal más benigno y, además, porque se acordó considerar el móvil del honor en calidad de atenuante. El inciso final que consideraba esta atenuante fue suprimido en la discusión parlamentaria y el artículo adquirió su forma actual.

Etcheberry sostiene que “el infanticidio está concebido entre nosotros de un modo puramente objetivo. Se aplicará el artículo 394, tanto si el motivo parece excusable, tales como la vergüenza o la extrema miseria, como si hay motivo vituperable, v. gr., la codicia o la pura maldad.”

Grisolia y Bustos concluyen que resulta difícil determinar los fundamentos de esta figura especial privilegiada. Tales fundamentos no pueden consistir en una hipótesis de imputabilidad disminuida como consecuencia de la influencia del estado puerperal de la madre, ya que la inclusión de otros parientes elimina esa posibilidad. Pero tampoco se trata de una causa de disminución de pena fundada en una motivación especial (móvil de honor), según se demuestra con la historia del precepto. “En consecuencia, sólo cabe afirmar que el legislador sólo vio una menor ilicitud, un menor desvalor del hecho cuando, con respecto a determinados parientes, el sujeto pasivo es un recién parido que no ha alcanzado cuarenta y ocho horas de vida. Se trata de una conclusión sustancialmente absurda, pero es inevitable.”

II. Fundamentos de la iniciativa.

Los autores de la moción afirman que en el último tiempo nuestra sociedad se ha visto impactada por imágenes y noticias de personas recién nacidas que son abandonadas o asesinadas a las pocas horas o días de haber llegado al mundo.

Añaden que la Constitución Política de la República reconoce y garantiza el derecho a la vida de todas las personas, así como la igualdad de éstas ante la ley, ratificando que no existen personas ni grupos privilegiados. Sin embargo, este principio de la igualdad ante la ley se ve violentado al constatar que nuestro Código Penal distingue diversas clases de “homicidio”, lo cual en principio se justifica (basado en la gravedad de asesinar a un pariente o cónyuge, como en el parricidio o el uxoricidio, o con las agravantes del asesinato); pero no se vislumbra razón que justifique la figura del infanticidio, tal como se encuentra actualmente tipificado.

Este delito, descrito y sancionado en el artículo 394 del Código Penal, sanciona a “el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto, matan al hijo o descendiente.”

Esta figura es sancionada por nuestro Código con penas inferiores a la del parricidio, delito en el cual incurre el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, en circunstancias que los vínculos de parentesco son los mismos, y la razón para atenuar la pena en el infanticidio, según la doctrina, se funda en alteraciones psíquicas de la madre, producto del embarazo y el parto.

Pues bien, estas “alteraciones psíquicas” las extiende nuestro legislador, además de la madre, al padre y a los demás ascendientes legítimos o ilegítimos.

-o-

En segundo lugar, se propone una modificación del artículo 348 del Código Penal, que tipifica el delito de abandono de niños, cuando a consecuencia de éste resultan lesiones graves o la muerte del menor, pues de la redacción actual, se puede concluir que es “mejor” abandonar al menor y que de ello resulte su muerte (sancionado con presidio mayor en su grado mínimo) a producir directamente su muerte (infanticidio, sancionado con presidio mayor en su grado mínimo a medio).

Para resolver el problema anterior, se propone una regulación similar de las penas tanto para el caso del infanticidio y como para el de abandono de un niño con resultado de muerte.

III. Ideas matrices o fundamentales y contenido del proyecto.

Para resolver los problemas detectados, se propone un proyecto de ley cuyas ideas matrices o fundamentales son:

1) Contemplar, como único sujeto activo del delito de infanticidio, a la madre que mate a su hijo dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto.

2) Aumentar la pena asignada al delito de abandono de un niño en lugar no solitario, con resultado de muerte, para equipararla con la del infanticidio, fluctuando la pena, en ambos casos, entre presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años) y presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años).

Para los efectos de materializar las ideas anteriores, se propone un proyecto de ley que consta de dos artículos.

Por el 1º, se sustituye el artículo 394 del Código Penal, por el siguiente:

“Art. 394. Será penada con presidio mayor en su grado mínimo a medio la madre que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al parto mate al hijo”.

Por el 2º, se modifica el artículo 348 del Código Penal, eliminándose de su inciso primero la frase “o la muerte del niño”, para intercalar, como inciso segundo, el siguiente:

“Si a consecuencia del abandono resultare su muerte, se castigará al autor con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.”

IV. Discusión y votación, en general, del proyecto.

Durante la discusión en general, los señores diputados miembros de vuestra Comisión intercambiaron opiniones acerca de los fundamentos del proyecto, a la luz de los antecedentes legales y doctrinarios consignados en la minuta elaborada con arreglo al artículo 263 del Reglamento, la que fuera oportunamente puesta a su disposición.

Especial importancia dieron al estudio del privilegio del infanticidio frente al parricidio, en la medida que al primer delito se le asigna una pena bastante inferior, que va de los cinco años y un día a diez años, en circunstancias que los sujetos activos son prácticamente los mismos (el padre o la madre o los demás ascendientes legítimos e ilegítimos), y la conducta punible es la misma (matar al hijo o descendiente).

Se hizo presente que esta menor penalidad no tiene explicación alguna, ya que no está justificada ni en el honor de la madre ni en las perturbaciones psicológicas producto del parto que pudiera haber experimentado, como es en otras legislaciones, destacándose, como hecho negativo, que se haga extensivo el privilegio al padre o a los demás ascendientes del menor.

Por lo demás, de no existir esta figura delictiva, la madre también podría verse favorecida por una menor pena, por aplicación de las circunstancias atenuantes de responsabilidad que pudiera invocar, bajo la fórmula de una imputabilidad disminuida, producto del trastorno psicológico derivado del estado puerperal.

Por lo expresado, se llegó a formar una opinión generalizada en el sentido de que no era necesario una regulación especial para el infanticidio.

-o-

En lo que respecta al delito de abandono de un menor con resultado de muerte, por sus padres, o la persona que los tuviere a su cuidado, se hizo presente que si bien la pena era inferior al delito de infanticidio, había una razón jurídica para ello, que la justificaba, por tratarse de un delito de peligro y no de lesión.

Se trata de delitos de diversa naturaleza jurídica, en los cuales los bienes jurídicos protegidos son distintos.

En el delito de infanticidio se protege la vida del niño; es un delito de lesión contra la vida. En el delito de abandono con resultado de muerte, se trata de un delito de peligro, en el cual las consecuencias dañosas que a veces resultan para el abandonado constituyen eventos preterintencionales; lo que busca la ley es proteger la salud e integridad física de los menores.

El Servicio Nacional de Menores estimó pertinente señalar, a mayor abundamiento, que no hay que olvidar que las penas tienen por objetivo prevenir delitos para proteger bienes jurídicos fundamentales, pero limitadas al mínimo necesario. De allí que las penas más altas se deben reservar para los delitos que más importa prevenir, por lo que no se pueden imponer penas igualmente altas a conductas de diversa gravedad. En tal sentido, el abandono de menores, sin que se busque dolosamente su muerte, es valorado socialmente como menos grave que el homicidio de menores, sea parricidio o infanticidio.

De hecho, de igualarse las penas se podría fomentar la comisión de un delito más grave, como el homicidio, pero más seguro, ya que no tendría una mayor pena, pero sí mayores posibilidades de quedar impune, ya que no existiría el riesgo del testimonio del niño abandonado encontrado vivo.

Sin perjuicio de lo anterior, dicho Servicio representó -sin que ello importe un pronunciamiento favorable sobre el particular- que el proyecto no modificaba el artículo 351 -en armonía con la enmienda al artículo 348- que sanciona el abandono de un niño menor de diez años en un lugar solitario, a consecuencias de lo cual resultaren lesiones graves o su muerte.

Al mismo tiempo, sugirió actualizar la referencia anacrónica que se hace en los artículos 347 y 348 a las “casas de expósitos”, expresión bajo la cual quedan comprendidas no sólo las casas de huérfanos sino todos los establecimientos destinados al cuidado de la infancia desvalida. Propuso reemplazar “casas de expósitos” por “una institución que garantice la seguridad del niño”.

Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó por unanimidad.

V. Discusión y votación en particular.

Durante la discusión en particular, el proyecto fue objeto de diversas indicaciones.

La primera de ellas, para sustituir el artículo 1º del proyecto, que reemplaza el artículo 394 del Código Penal, con el objeto de derogar ese artículo, por las razones expresadas tanto en los antecedentes del proyecto como durante la discusión en general.

La segunda, para suprimir el capítulo 2º, que modifica el artículo 348, relativo al abandono de un niño menor de 7 años en un lugar no solitario, si de ello resultare su muerte, por no compartir la idea de equiparar la pena de este delito con la prevista para el infanticidio.

La tercera, para incorporar una disposición nueva, destinada a sustituir en los artículos 347 y 348 la expresión “casas de expósitos” por “una institución que garantice la seguridad del niño”.

Todas las indicaciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad.

VI. Menciones reglamentarias.

En conformidad con lo previsto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:

-Las disposiciones del proyecto, en cuanto modifican el Código Penal, son propias de ley común, acorde con lo señalado en el artículo 60, Nº 3), de la Constitución.

-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

-El artículo 1º del proyecto ha sido sustituido con el fin de derogar el artículo 394. El artículo 2º del proyecto ha sido rechazado. Se ha incorporado una disposición nueva destinada a modificar los artículos 347 y 348 del Código Penal.

Por incidir todas estas modificaciones en el Código Penal, se han agrupado en un artículo único, dividido en dos letras.

VII. Texto del proyecto.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante , vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el Código Penal:

a) Sustitúyese, en los artículos 347 y 348 la expresión “casas de expósitos” por “una institución que garantice la seguridad del niño”.

b) Derógase el artículo 394.

-o-

Se designó Diputado Informante al señor Sergio Elgueta Barrientos .

Sala de la Comisión, a 5 de agosto de 1997.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidente ), Cardemil , Chadwick , Elgueta , Espina , Ferrada , Gajardo , Luksic , Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

10. Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que reduce monto de consignación de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local. (boletín Nº 2052-07-2)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en una moción del Diputado señor Sergio Elgueta Barrientos y copatrocinado por los Diputados señores Andrés Aylwin Azócar, Juan Antonio Coloma Correa , Aldo Cornejo González , Rubén Gajardo Chacón , Francisco Huenchumilla Jaramillo , Zarko Luksic Sandoval , Sergio Ojeda Uribe , José Antonio Viera-Gallo Quesney y Martita Wörner Tapia .

-o-

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, la parte condenada que desee apelar de la sentencia condenatoria que le imponga una multa, debe depositar, previamente, el valor de la multa en la tesorería municipal respectiva, sin cuyo requisito el recurso será denegado por el juez que pronunció el fallo.

Como se expresara en el primer informe, el proyecto busca modificar el procedimiento ante los juzgados de policía local respecto de la apelación en contra de las sentencias que éstos dicten y que impusieren multas de tal manera de:

-Rebajar la consignación previa a sólo el 20% del valor de la multa; y

-Limitar el monto de ese 20% al equivalente de 100 unidades tributarias mensuales.

Tal idea el proyecto la concreta mediante un artículo único que introduce la modificación descrita.

-o-

Al discutirse en general el proyecto en la Sala, en la sesión 28ª, celebrada el martes 5 de agosto de 1997, se propuso facultar al juez de la causa para eximir de la consignación respectiva en casos calificados socialmente, proponiéndose al efecto la correspondiente indicación, destinada a agregar, en el mismo artículo 33, un nuevo inciso.

Durante la discusión del proyecto en la Comisión, hubo consenso en la idea de aprobar una disposición como la propuesta. Con todo, se prefirió dejar al criterio del juez de la causa la calificación del caso o motivo que invoque el condenado para los efectos de que se le exima de la consignación respectiva, sin restringirlo a los casos que tengan una connotación social.

Acorde con lo anterior, se acordó adicionar el proyecto para agregar, a continuación del inciso primero del artículo 33, el siguiente:

“No obstante, en casos calificados, el juez de la causa podrá eximir de la consignación previa al apelante.”

La disposición anterior fue aprobada por unanimidad.

Para los efectos de las constancias reglamentarias que el artículo 288 del Reglamento exige, se hace constar lo siguiente:

1º Que no hay artículos que deban darse por aprobados reglamentariamente.

2º Que la disposición única del proyecto no tiene rango propio de ley orgánica constitucional o de ley de quórum calificado.

3º Que dicha disposición no incide en materias que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

4º Que no hay artículos suprimidos ni nuevos introducidos.

5º Que no hay indicaciones rechazadas.

6º Que los acuerdos adoptados fueron unánimes.

-o-

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Modifícase el artículo 33 de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local, en la forma siguiente:

a) Substitúyese en el inciso primero la frase “el valor de la multa” por la siguiente: “el veinte por ciento del valor de la multa, con un máximo de cien unidades tributarias mensuales,”.

b) Intercálase, como inciso segundo, el siguiente:

“No obstante, en casos calificados, el juez de la causa podrá eximir de la consignación previa al apelante.”

Se designó Diputado Informante al señor Sergio Elgueta Barrientos .

Sala de la Comisión, a 5 de agosto de 1997.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señores Aldo Cornejo González ( Presidente ), Andrés Chadwick Piñera , Alberto Cademil Herrera , Sergio Elgueta Barrientos , Alberto Espina Otero, Luis Valentín Ferrada Valenzuela , Rubén Gajardo Chacón , Zarko Luksic Sandoval , José Antonio Viera-Gallo Quesney y señora Martita Wörner Tapia .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

11. Segundo informe de la Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (boletín Nº 876-09) (2)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial Legislativa Encargada del Estudio del Régimen Jurídico de las Aguas pasa a emitiros su segundo informe reglamentario acerca del proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , que modifica el Código de Aguas.

En el estudio realizado en este segundo trámite reglamentario, vuestra Comisión contó con la asistencia y la participación del señor Humberto Peña , Director General de Aguas ; de don Pablo Jaeger , Jefe del Departamento de Aguas , y con la asistencia de don Gustavo Molina , asesor del Ministerio de Justicia.

Por acuerdo unánime de los señores Diputados presentes, se autorizó el ingreso a una sesión de la Comisión a las siguientes personas: doña María Elena Toro y don Héctor Bravo , periodistas de Radio Agricultura de Los Ángeles; don Sergio Clunes , periodista de Radio Chilena; don Patricio Mardones , periodista de Radio Angelina ; don Mario Palma y don Luis Herrera , periodistas de Radio Llacolén , y don Juvenal Rivera , periodista del Diario “La Tribuna” de Los Ángeles.

Para el despacho de las indicaciones a este proyecto de ley, S.E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia, calificándola de “simple” en todos sus trámites constitucionales. Con posterioridad, se hizo presente la urgencia en carácter de “suma”, la que, en definitiva, fue retirada por el Ejecutivo. En sesión de fecha 5 de agosto de 1997, S.E. el Presidente de la República hizo nuevamente presente la urgencia, en el carácter de “suma”.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 130, 268 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe ha de versar sobre el proyecto aprobado en general por esta honorable Cámara en su sesión de fecha 18 de marzo de 1997, con todas las indicaciones admitidas a discusión en la Sala, sin perjuicio de las modificaciones que la Comisión acordare introducirle con ocasión de este segundo trámite reglamentario. Como es de vuestro conocimiento, este informe debe referirse, expresamente, a las materias que se indican en seguida.

I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.

Se encuentran en esta situación, en el artículo 1º, los siguientes números: 2, 5 (6), 6 (7), 14 (15), 15 (16), 16 (17), 17 (18) y 18 (19), y el artículo 4º transitorio del proyecto.

II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión, por unanimidad, determinó que los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15 de este proyecto requieren ser votados con el carácter de orgánicos constitucionales.

III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No los hay.

IV. ARTÍCULOS O NÚMEROS MODIFICADOS.

Artículo primero.

Número 1.

1. Indicación del Diputado señor Elgueta , para sustituir el inciso final, nuevo, propuesto para el artículo 6º, por el siguiente:

“Si el dueño renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”

La Comisión acordó, por unanimidad, substituir la palabra “dueño” por “titular”.

-La indicación, modificada de esta forma, fue aprobada por unanimidad.

Número 3.

*Indicación de los Diputados señores Pérez, don Víctor ; García, don René ; Letelier, don Juan Pablo ; Jara , Munizaga , Pizarro y Sabag , para reemplazar, en la letra a), el número 4 por el siguiente:

“4) Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la resolución en que conste su renuncia.”

-Fue aprobada por unanimidad.

Número 4.

3. Indicación del Diputado señor Elgueta , para intercalar, en el artículo propuesto, a continuación del término “Gravámenes”, la frase “y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar”.

-Fue aprobada por asentimiento unánime.

Número 5 nuevo.

4. Indicación del Diputado señor Elgueta , para incorporar el siguiente número nuevo:

Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.”

-Fue aprobada por asentimiento unánime.

Número 7 (8).

*Indicación de los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo , y Jara , para agregar al artículo 129 bis 1, después de “medioambiente”, la siguiente oración: “y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.”

-Se aprobó por mayoría de votos.

8. Indicación del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para reemplazar el artículo 129 bis 3, propuesto, por el siguiente:

“Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de la calidad, de la cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.”

-Fue aprobada por mayoría de votos.

*Indicación del Ejecutivo , para intercalar, en su número 7.- (8), a continuación del artículo 129 bis 10, los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, nuevos.

S.E. el Presidente de la República , en uso de sus facultades constitucionales, formuló indicación, durante el estudio de este segundo informe, para reponer los señalados artículos, que fueron rechazados por no reunir el quórum requerido para su aprobación en la Sala.

Cabe hacer presente que, durante la señalada votación general del proyecto, se aprobó la idea de legislar por 61 votos a favor, 32 en contra y 16 abstenciones. A continuación, fueron sometidas a votación las disposiciones de quórum orgánico constitucional, con el siguiente resultado: 57 votos a favor, 32 en contra y 15 abstenciones.

A juicio del representante del Ejecutivo , la discusión en general de un proyecto de ley tiene por objeto admitir o desechar en su totalidad el proyecto, tomando en cuenta sus ideas matrices. Según el Tribunal Constitucional, para saber cuál es la idea matriz de un proyecto, habrá de estarse al análisis de su propio texto y a las justificaciones o comentarios contenidos en el mensaje o moción, como también en la discusión general del proyecto y de todo antecedente legislativo en que aquella se deduzca.

Una de las ideas matrices del proyecto es establecer el pago de una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento. La votación de la referida idea matriz se separó de las normas accesorias que establecían el procedimiento de cobro, por tratarse estas últimas de normas que necesitaban de un quórum distinto de votación, aplicándose lo que dispone el artículo 30 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Por lo anterior, es perfectamente posible que el Ejecutivo presente una indicación que contenga el mencionado procedimiento de cobro y que en la Sala no alcance el quórum suficiente, por tratarse de materias que están dentro de la idea matriz de establecer una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento, la cual fue aprobada por la Sala.

Lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, según el cual una indicación que reponga artículos no aprobados por falta de quórum debe encontrarse inserta dentro de las ideas matrices del proyecto, no contrariar la Carta Fundamental y, finalmente, ser presentada por el Presidente de la República , si es de su iniciativa exclusiva.

Por su parte, el Diputado señor Víctor Pérez Varela , expresó dudas en relación con la reposición de los artículos que no alcanzaron el quórum de votación en la Sala, por cuanto considera que en todos los proyectos se vota, separadamente, la idea de legislar de las normas de quórum simple y la idea de legislar de las normas de quórum especial, según lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, al no haber alcanzado el quórum correspondiente, de acuerdo al inciso final del artículo 30 antes citado, se suponen también rechazadas las demás que sean consecuencia de aquéllas. En este caso, en conformidad al artículo 65 de la Constitución Política de la República, sólo podrían ser repuestas luego de transcurrido un año. Al respecto, deja expresa constancia de la inconstitucionalidad de esta reposición.

El Presidente de la Comisión , en uso de sus atribuciones, procedió a someter a votación la presente indicación.

-Fue aprobada por mayoría de votos.

11. Del Diputado señor Elgueta , para sustituir el punto final (.) con que termina el inciso final del artículo 129 bis 12, propuesto, por un punto seguido (.) y agregar a continuación la siguiente oración: “Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.”

-Fue aprobada por mayoría de votos.

Número 13 (14).

19. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn , señores Álvarez-Salamanca , García, don René , Melero , Orpis y Pérez, don Víctor , para reemplazar el número 4, del artículo 149 propuesto, por el siguiente:

“4. El uso o destino inicial que se dará al agua;”

-Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo segundo.

20. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Orpis y Pérez, don Víctor , para agregar el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponde.”

-Fue aprobada por unanimidad.

V. ARTÍCULOS O NÚMEROS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Mediante indicación del Diputado señor Elgueta , se introdujo un número 5, nuevo.

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

En relación con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, el Presidente de la Comisión , en uso de sus atribuciones reglamentarias y con el asentimiento unánime de la misma, determinó que este proyecto de ley no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VII. INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión rechazó las siguientes indicaciones, en la forma que se señala.

Artículo primero.

Número 3.

2. Del Diputado señor Elgueta para reemplazar, en la letra a), el número 4 propuesto.

-Fue rechazada por unanimidad.

Número 7 (8).

5. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Leay, Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para eliminar el nuevo “Título X. De la protección de las aguas y cauces.”

-Fue rechazada por mayoría de votos.

6. Del Diputado señor Elgueta , al artículo 129 bis 1, propuesto, para sustituir su punto final (.) por una coma (,) y agregar la siguiente oración: “para lo cual pedirá informe al Consejo Nacional de Medio Ambiente ”.

-Fue rechazada por unanimidad.

7. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para agregar al artículo 129 bis 1, propuesto, un inciso segundo, del siguiente tenor:

“El caudal ecológico mínimo se definirá tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas, tanto para las aguas corrientes como para las detenidas y, en el caso de los acuíferos de cada cuenca u hoya hidrográfica la Dirección General de Aguas deberá determinar la extracción máxima de agua compatible con la recarga de equilibrio del acuífero y no concederá derechos de aprovechamiento por sobre esa extracción máxima.”

-Fue rechazada por unanimidad.

9. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador , para intercalar, en el artículo 129 bis 3, propuesto, a continuación del término “calidad”, una coma (,), seguida de los vocablos “cantidad y niveles”.

-Fue rechazada por unanimidad.

10. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para suprimir el nuevo “Título XI. Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.”, contenido en este número.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

*Del Diputado señor Álvarez-Salamanca para reemplazar el artículo 129 bis 4.

“Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, estarán afectos al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) La patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética: ...

Se eliminan las letras b) y c).”

-Fue rechazada por mayoría de votos.

*Del Diputado señor Álvarez-Salamanca , para reemplazar el artículo 129 bis 5.

“Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, con excepción de aquellos que se usan en la agricultura, estarán afectos al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) Los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas ...

Se eliminan las letras b) y c).”

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 8 (9).

12. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para cambiar, en el número 5 del artículo 140 propuesto, los vocablos “memoria explicativa en la cual se justifique” por la expresión “memoria técnica en la cual se explique”.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 9 (10).

13. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para suprimir este número 9 (10).

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 10 (11).

14. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para eliminar este número 10.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 11 (12).

15. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para sustituir el número 3, en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto, por el siguiente:

“3. Si no se hubiere presentado la memoria técnica a que se refiere el Nº 5 del artículo 140;”

El Diputado señor Pérez, don Víctor , deja constancia expresa de que, en su oportunidad, el artículo 147 bis debió ser votado con el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, Nº 23, de la Constitución Política de la República, por cuanto establece requisitos o limitaciones para la adquisición del dominio de este tipo de bienes.

El representante del Ejecutivo precisa que la facultad del Director General de Aguas consiste en denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, sin afectar el derecho propiamente tal, porque éste se constituye a través de una resolución. En todo caso, la intención del Ejecutivo es establecer algunas limitaciones a la solicitud del derecho y no al derecho real de aprovechamiento una vez constituido.

-Sometida a votación la indicación, fue rechazada por mayoría de votos.

16. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para suprimir el número 5 en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

17. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador , para agregar al artículo 147 bis un Nº 6, nuevo.

“6. Los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas, a contar de la promulgación de esta ley, quedan reservados, en un 50% del nivel máximo de extracción, para las necesidades de consumo humano de agua potable y se faculta a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento temporales para otros fines, en tanto las necesidades de agua potable no requieran ocupar el total de su reserva.”

-Se rechazó por mayoría de votos.

Número 12 (13).

18. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Melero , Orpis y Pérez, don Víctor , para eliminar este número.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Disposiciones transitorias.

Artículo primero.

21. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Leay, Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para substituir el vocablo “siguiente” por “subsiguiente”.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Artículo segundo.

22. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Leay, Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para reemplazar el vocablo “siguiente” por “subsiguiente”.

-Se rechazó por mayoría de votos.

Artículo tercero.

23. De los Diputados señora Matthei , doña Evelyn ; señores Álvarez-Salamanca ; García, don René ; Leay, Melero , Moreira , Orpis y Pérez, don Víctor , para substituir el término “siguiente” por “subsiguiente”.

-Fue rechazada por mayoría de votos.

Constancia

Se hace constar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca os recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY.

“Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1. Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”

2. Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.”

3. Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la resolución en que conste su renuncia;”, y

b) Reemplázase su número 7 por el siguiente:

“7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.”

4. Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación de artículo 115:

“Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.”

5. Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6. Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.”

7. Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

“Artículo 129.- El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.”

8. Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

“TÍTULO X.

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES.

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

TÍTULO XI.

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS.

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de la aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco e institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas no han sido utilizadas total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas;

b) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento;

c) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso, y

d) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República , a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior y declarar la extinción, ordenando la cancelación de la inscripción respectiva, en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados. El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.

Artículos 129 bis 12.- Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República .

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.

Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará junto a la nómina de derechos a subastar por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos. El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Artículo 129 bis 14.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 15.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 16.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de la patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las Regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 17, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 17.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 18.- Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.”

9. Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

“Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorran.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.”

10. Elimínase el inciso final del artículo 141.

11. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión “inciso 3º del artículo anterior” por “inciso final del artículo anterior”.

12. Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

“Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diere cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario;

4. Si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y

5. En general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado.

Asimismo, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento de aguas en modalidades distintas de como fue solicitado, y siempre que conste el consentimiento del interesado.”

13. Reemplázase, en el artículo 148, la frase “inciso tercero del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

14. Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

“Artículo 149.- La resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se desea aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El uso o destino inicial que se dará al agua;

5. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

6. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

7. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.”

15. Reemplázase, en el artículo 186, la expresión “canal matriz” por “caudal matriz”.

16. Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

“Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.”

17. Reemplázase la letra c) del artículo 299 por la siguiente:

“c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación; impedirá también que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.”

18. Reemplázase el texto del artículo 1º transitorio por el siguiente:

“Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.”

19. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase “artículo 12 del presente Código” por “artículo 112 del presente Código”.

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Artículo 3º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Artículo 4º transitorio.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.”

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Se designó Diputado Informante al señor OCTAVIO JARA WOLF .

Sala de la Comisión, a 15 de julio de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 3 de junio y 1 y 15 de julio de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Acuña ( Presidente ), Álvarez-Salamanca , Arancibia , Coloma ; García, don René ; Jara ; Letelier, don Juan Pablo ; Munizaga ; Pérez, don Víctor ; Pizarro , Sabag y Silva .

A las sesiones que vuestra Comisión dedicó al análisis de esta iniciativa legal asistieron, además de sus integrantes, los Diputados señores Elgueta , Pollarollo y Vilches , y por la vía del reemplazo, el Diputado señor Leay.

(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ , Secretario de la Comisión .”