Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.248, que establece una subvención escolar preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo en personas jurídicas sin fines de lucro.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de Sesiones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Con el propósito de que en la discusión de este informe puedan intervenir representantes de todos los Comités, recabo el acuerdo de la Sala para que intervenga un diputado o diputada de cada Comité, por un tiempo máximo de tres minutos, toda vez que el Reglamento solo permite tres discursos de diez minutos cada uno.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señora Presidenta, quiero iniciar la discusión de este informe con una cuestión de forma.

A mi juicio, existe un maltrato de parte del Senado cuando se trata de trabajar en comisiones mixtas, puesto que no se cumple estrictamente nuestro Reglamento. Ayer fuimos convocados a las 18.30 horas para constituir la comisión mixta. Sin embargo, habían resuelto unilateralmente iniciar la sesión media hora antes y, además, ir al fondo del tema, cuestión que, a mi juicio, no corresponde, porque no respeta los tiempos ni nuestras propias actividades como diputados de la república. Esto le puede ocurrir mañana a cualquiera, por lo cual debemos enfrentar este tema de forma.

De buena fe, queríamos participar en la discusión para aclarar el sentido y el alcance jurídico de las modificaciones realizadas por el Senado, pero eso no se pudo dar, porque los senadores impusieron su criterio y no estuvieron abiertos a una discusión.

Yo me retiré debido a actividades propias de mi cargo y no pude seguir en la discusión de fondo.

Quiero dejar constancia de que estaba citado a la constitución de la Mesa y a resolver otros aspectos, como son hora y lugar de funcionamiento.

Respecto del fondo del proyecto, mi conclusión es que, tal como lo dejaron en el Senado, no había necesidad de presentarlo, porque no innova en nada.

La idea original del proyecto presentado por el Ejecutivo fue dar mayor plazo a las ATE que, por diversas razones, como negligencia, responsabilidad inexcusable u otras, al 8 de junio no habían podido cumplir con su transformación en entidades sin fines de lucro. El Ejecutivo propuso darles el plazo de un año, el cual redujimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados al 31 de marzo de 2019.

En el Senado eliminaron esas fechas, con lo cual, al 8 de junio, todas las ATE que no estaban constituidas dejaron de estar en el registro público. No hay plazo. Por tanto, esa es la circunstancia por la que no dimos el plazo que se esperaba…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, desconozco cómo funcionó la Comisión Mixta, pero tengo claro que es preocupante lo que dijo el diputado Venegas . Creo que hay que hacerse cargo de esa situación, porque luchamos mucho para que las comisiones mixtas fueran presididas por diputados y senadores de manera alternada, entre otras cosas, porque los derechos de los diputados a veces se veían sobrepasados.

Yo mantengo el reparo que hice ayer -se lo acabo de hacer presente al subsecretario-, porque la ley vigente establece que, al 8 de junio, saldrán del registro todas las personas jurídicas que tengan fines de lucro. Por tanto, al 8 de junio, en el registro solo hay personas jurídicas sin fines de lucro.

No pudimos ver el registro porque no se puede acceder a él a través de la página web, pero el proyecto de ley que estamos votando agrega a personas naturales. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero entiendo que eso ya está acordado y no hay vuelta atrás, porque las personas naturales no van a entrar sin fines de lucro, sino que entran a lucrar y, además, va a ser una fórmula de contratación precarizada.

Luego, la norma dice que las instituciones que consten en el registro, cualquiera que sea su naturaleza, al 8 de junio -y al 8 de junio no hay instituciones de naturaleza diversa, sino solo instituciones sin fines de lucro-, podrán transformarse en instituciones sin fines de lucro, mantendrán los derechos que establece la ley, etcétera.

Entonces, quiero pedir al ministro -para nuestra tranquilidad respecto de lo que vamos a votar, ya que no hay ninguna posibilidad de un nuevo trámite- que declare formalmente si la interpretación que el Senado tiene respecto de esta iniciativa es la correcta. ¿En qué sentido? En el sentido de que ninguna institución con fines de lucro, aprobada que sea esta iniciativa, podrá recibir recursos del Estado ni incorporarse al registro bajo ninguna circunstancia. Lo digo, porque la norma propuesta -insisto- es contradictoria con la ley vigente, y no quiero entender que esta futura ley, por ser posterior, implique una modificación tácita de la ley vigente y que entonces recuperen su derecho en el registro personas jurídicas con fines de lucro.

Es bueno para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como dice el diputado José Miguel Ortiz , que el gobierno declare formalmente lo siguiente:

Primero, que al 8 de junio no hay personas jurídicas con fines de lucro en el registro.

Segundo, que no podrá incorporarse al registro -aparte de las personas naturales- ninguna persona jurídica con fines de lucro una vez que sea aprobado este proyecto.

Ese es el punto que nos preocupa y era lo que hubiésemos esperado poder aclarar en la Comisión Mixta, que, lamentablemente, como dijo el diputado Venegas , sesionó de la manera en que él lo indicó.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señora Presidenta, aunque resulte reiterativo, todos quienes hemos intervenido ya manifestamos nuestros argumentos en dos oportunidades anteriores.

Esta es la tercera vez que hablamos respecto del mismo tema.

Quiero recordar -ayer también lo mencioné- que estamos en esta situación porque el gobierno anterior no dictó el reglamento o el instructivo al que se comprometió para que todas las ATE tuvieran un tránsito expedito al pasar de ser entidades con fines de lucro a entidades sin fines de lucro. Pasaron los tres años de plazo, que se cumplieron el pasado 8 de junio, y el instructivo nunca se dictó o nunca se dio a conocer para que esas entidades se pudieran transformar. Por eso estamos en esta situación.

Quiero informar a la Sala que en la Comisión Mixta este proyecto fue votado a favor prácticamente por unanimidad; todos los diputados que nos encontrábamos presentes en la comisión votamos a favor, excepto un diputado que se abstuvo. Esa es una señal importante que se da a la Sala, para que aprobemos definitivamente este proyecto, cuyo despacho se ha dilatado por demasiado tiempo, para enmendar una situación que es urgente que se corrija.

Actualmente, las entidades habilitadas -lo señalo para el diputado Díaz - no superan el 10 por ciento del total que prestaban servicios hasta antes del 8 de junio. Además, las que no se transformen a personas jurídicas sin fines de lucro, definitivamente no podrán seguir participando como entidades pedagógicas de ayuda a las mejoras en cada uno de los establecimientos educacionales donde prestaban servicios.

Por lo tanto, el plazo es irrelevante. El que no se transforma en una entidad sin fines de lucro no puede seguir participando en los procesos educativos, porque la ley se lo prohíbe.

Invito a la Sala a despachar definitivamente el informe de la Comisión Mixta, que viene a resolver algunas deficiencias que tuvo el proyecto original, a fin de corregir una situación que se ha prolongado por demasiado tiempo.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, quiero sumarme a la inquietud del diputado Marcelo Díaz . Ojalá que el subsecretario y el ministro presentes en la Sala sean bastante claros para explicar cómo interpreta el Ejecutivo la modificación del Senado.

Concuerdo con el diputado Venegas en la línea de que parecía ser no necesario finalmente extender el plazo para la transformación de entidades con fines de lucro a sin fines de lucro, y básicamente no haber restringido, desde un principio, a darles las posibilidades a quienes quedaban fuera del registro a reincorporarse sin perder sus antecedentes, que, según entiendo, es lo que busca la modificación del Senado. Pero ello igual implica -desde mi punto de vista- una incerteza jurídica, porque cualquier ATE, para reincorporarse al registro, funcionar, estar certificada y recibir subvención, si lo hace en dos años, tres años, diez años o cuarenta años, no perderá nunca su historia. Por lo tanto, es extraño que mantenga la vigencia de su historia cuando ha pasado tanto tiempo. Lo considero medio extraño, pero entiendo el objetivo para muchas ATE que querían transformarse después de la fecha límite que establecía la ley vigente: el 8 de junio de 2018.

Pero -reitero- hay cuestiones extrañas: ingresamos a la página web respectiva y no aparece publicado el registro de ATE; no está disponible esa información. Sería bueno que esa información se explicitara.

El diputado Bobadilla señaló que las entidades habilitadas son alrededor del 10 por ciento del total; pero queremos saber claramente cuáles son las que al 8 de junio están en el registro, de modo de constatar que son sin fines de lucro o personas naturales. La idea es tener la certeza de que en el registro no hay ninguna entidad que sea con fines de lucro y que se mantenga percibiendo la subvención del Estado.

Por otra parte, el artículo 2 que se propone -en él solo se eliminó la referencia que originalmente se hacía al plazo del 31 de marzo de 2019 establecido en el artículo primero transitorio aprobado por la Cámara- queda poco claro, porque dice: “Facúltase a las personas jurídicas de cualquier naturaleza -a todas las ATE- (…) para transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro”; pero como no indica un plazo para ello, pareciera que esa disposición podría modificar la ley vigente en la línea de permitir a esas entidades, sin plazo alguno, que pasen de ser con fines de lucro a sin fines de lucro, pero no queda claro si eso implica que no estén incorporadas en el registro.

Sería bueno que se aclarara, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, y así votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, francamente no alcanzo a entender la discusión, porque la ley sobre la materia establece como requisito para asesorar a las escuelas y liceos de Chile ser persona natural o ser entidad constituida sin fines de lucro. Eso es taxativo; no hay otra alternativa: o se es fundación sin fines de lucro o se es persona natural.

Al eliminar la fecha, lo que en el fondo se hace es darles tratamiento de entidad nueva, pero reconociéndoles la trayectoria de asesoría previa, que es lo que a mi juicio debiéramos concurrir a aprobar. Es decir, cualquier entidad que no se ha transformado en fundación sin fines de lucro está hoy completamente imposibilitada de continuar ejerciendo su labor.

Entonces, lo que se propone hacer es que cuando esa entidad se transforme, volverá a estar habilitada para ejercer sus labores, junto con el reconocimiento de su trayectoria previa, la que en caso de no tener comenzará desde ese día.

Además, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, si es que se requiriera, puesto que creo que la letra es clara, el ministro ha señalado, con la asertividad que lo caracteriza, que este proyecto claramente no permite que una fundación con fines de lucro haga labores de asesoría en las escuelas y liceos de Chile.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señora Presidenta, la bancada de Renovación Nacional apoyará las proposiciones de la Comisión Mixta a este proyecto de ley; pero me parece importante hacer algunas precisiones.

Esta iniciativa se hace necesaria porque la ley, tal como fue promulgada, carecía de un importante componente: no establecía el mecanismo para que las entidades que estaban desempeñándose como ATE pudiesen transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro sin perder todo su historial, que es uno de los elementos más importantes para que estas entidades puedan postular y adjudicarse los proyectos correspondientes.

La administración anterior, durante tres años, no cumplió con el compromiso de establecer ese mecanismo. Por eso fue necesaria esta modificación.

Coincido en que habría sido mucho mejor -por esa razón, me abstuve en la votación de la Comisión Mixta- que este proyecto de ley hubiese tenido una fecha, para dar mayor certeza a todos respecto de cómo iba a operar esta transformación.

Desde luego, en la actualidad hay entidades que, probablemente, se van a demorar meses en transformarse, y que no van a poder postular para satisfacer la demanda de establecimientos educacionales que pueden requerir de una asesoría de esta naturaleza.

Asimismo, hay entidades con fines de lucro que van a continuar desarrollando sus contratos, en tanto no se transformen, situación que debió haber inquietado a los que están tan preocupados del lucro.

Probablemente, eso generará un espacio importante en las ATE que no se transformaron oportunamente, porque la ley en su versión original no proveyó los mecanismos adecuados para que lo hicieran, las que quedarán en un período de inseguridad y de incerteza mientras logren la aprobación.

Espero que el Ejecutivo dé las facilidades del caso a fin de que esta transformación sea lo más expedita posible, con el objeto de que las ATE que lo hacen bien y que prestan un servicio valioso a la calidad de la educación puedan continuar prestándolo, de modo que el vacío que se generará no cause más trastornos respecto de la calidad de la educación y del proceso educativo en quienes requieren de estas asesorías.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 54ª de la presente legislatura, en 7 de agosto de 2018, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señora Presidenta, en relación con este proyecto de ley, quiero señalar que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias.

Por eso es que hoy hago un llamado a que el Estado entregue el ejemplo como empleador. Basta de poner a las mujeres en diferentes categorías y con diferentes derechos. Una trabajadora embarazada merece tener la tranquilidad de que no será despedida.

Una vez que esta ley en proyecto entre en vigencia, se dejarán de usar resquicios legales mañosos que se usaron en ocasiones en contra de las mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en que las instituciones terminaban el vínculo con una funcionaria embarazada so pretexto de que se trata de una enfermedad incurable o de una enfermedad curable que la inhabilita temporalmente.

Basta de despedir a las trabajadoras por causa de la maternidad. Todas las mujeres merecen estar tranquilas en sus embarazos, sin la angustia de quedar cesantes. Además, todos los niños y todas las niñas merecen tener los mismos derechos de estar con sus madres en el posnatal y de ser amamantados.

Asimismo, la mujer que tome la decisión de adoptar debe tener los mismos derechos, a saber, que no por causa de ser madre dejará de recibir sus remuneraciones, en especial si se considera que muchas de ellas son el único sustento económico de sus familias.

Debemos luchar por la igualdad de derechos maternales para todas las mujeres trabajadoras. Hoy, con esta norma igualamos los derechos para las mujeres que son funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública.

Esperamos que más temprano que tarde avancemos en igualar los derechos maternales de los miles de mujeres que son funcionarias a honorarios dentro del Estado, porque el principio de equidad debe primar en las normas laborales.

El desafío es disminuir la brecha laboral, lo que se logra con equidad de derechos para las mujeres, así como mediante la creación de normas que busquen la coparentalidad entre hombres y mujeres.

¡No más discriminación! ¡No más precarización laboral para las mujeres de Chile! Por las razones señaladas, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señora Presidenta, valoro este proyecto porque extiende el fuero maternal a las mujeres que laboran en las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública, es decir, en el Ejército, la Armada, Carabineros, Fuerza Aérea y PDI, como un mecanismo de protección de la maternidad.

Sabemos que la maternidad es un bien universal, un bien transversal, de manera que es absurdo que se mantengan distinciones entre las mujeres que trabajan en el mundo privado, las funcionarias públicas y aquellas que forman parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. A través de esta moción de las diputadas Paulina Núñez , Marcela Sabat , del diputado Jorge Rathgeb , entre otros, se busca enmendar el error había llevado a la Contraloría General de la República a emitir diversos dictámenes que permitían el despido de una funcionaria por razones de salud incompatible con la labor que desarrollaba.

Ahora se hace justicia, pues se corrige esa discriminación que atenta en contra del principio que señala que la maternidad es un valor, principio universal protegido por nuestra legislación.

Como se ha dicho, todavía tenemos mucho campo para avanzar. Por ejemplo, sabemos que el bono por hijo, que nació en la reforma previsional de 2008, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , no es extensivo a las mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. En consecuencia, ahí tenemos otro espacio para ir corrigiendo inequidades.

Por otra parte, como también se mencionó, hay miles de mujeres que trabajan a honorarios en el servicio público que tampoco son beneficiarias del descanso pre- y posnatal, ni menos del fuero laboral. Ahí también hay campo para seguir avanzando y, desde luego, queremos hacerlo, porque en la medida en que respetemos la maternidad en todos sus espacios o áreas, iremos construyendo una sociedad mucho mejor, lo que redunda también en el interés superior del niño, que es precisamente de lo que se trata: del cuidado de los niños y de su interés de tener a su madre cerca cuando se enferman o bien mantener un contacto regular con ella.

El artículo 174 prohíbe al empleador despedir o poner término al contrato de los trabajadores sujetos a fuero laboral, sin autorización judicial. Ese artículo se hace extensivo a las Fuerzas Armadas y de Orden, pues agrega un inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo y también se adecuan las distintas normas particulares que rigen a las Fuerzas Armadas, para hacer que el derecho al fuero maternal sea una realidad para las cerca de 20.000 mujeres que trabajan en las instituciones castrenses y de orden.

Esta normativa constituye un gran avance en materia de justicia y de protección de la maternidad.

En resumen, si bien esta norma es un gran paso adelante, debemos avanzar mucho más para hacer que se respete el fuero maternal y se proteja la maternidad en todos los ámbitos de nuestra legislación.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley, que ingresó a la Cámara de Diputados en agosto de 2017, regula el fuero maternal para el caso de las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, con lo cual contribuye al bienestar de las mujeres y de sus familias desde dos dimensiones.

Primero, reconoce los derechos consagrados en convenios internacionales en cuanto a la no discriminación arbitraria de mujeres que se encuentran en una situación que amerite fuero maternal, independientemente de quien sea su empleador.

Segundo, permite velar por el interés superior del niño en sus primeros meses de vida, asegurando el ingreso económico de las madres durante este período vital para el desarrollo del menor.

Los fundamentos del proyecto, como también las restricciones legales esgrimidas por dictámenes de la Contraloría, hacían necesaria legislar en esta materia para asegurar el acceso a esos derechos a todas las madres que son funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, conforme al principio de igualdad ante la ley.

Siendo fieles al mandato de protección a la maternidad y a la familia, compartimos lo señalado en este proyecto, porque creemos que cualquiera sea la causal de retiro que se invoque para estas funcionarias y de la ley que la consagre, esto no puede producirse en tanto ellas se encuentren embarazadas, porque requieren estabilidad y permanencia en su relación laboral en un período de especial vulnerabilidad.

Según antecedentes entregados ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por la propia ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá , son 25.000 las mujeres funcionarias que pertenecen a estas instituciones, lo que demuestra que el impacto de este proyecto de ley será relevante.

Como diputado miembro de la Comisión de Familia y de la Comisión de Derechos Humanos, me resulta de total responsabilidad apoyar este proyecto de ley en el fondo y en la forma, porque, como expresó muy bien la primera dama, señora Cecilia Morel , hace algunos meses, a propósito de esta desigualdad vigente, “no puede ser que queden espacios de la sociedad donde las mujeres no tienen los mismos derechos”.

En esa línea debemos seguir trabajando en la Cámara de Diputados. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señora Presidenta, este proyecto de ley viene a remediar, de una manera medianamente justa, lo que está pasando en las Fuerzas Armadas con nuestras mujeres.

Lamentablemente, como se ha dicho, hay una discriminación profunda, no solo en esta materia, sino también en muchas otras en relación con el trato a las mujeres trabajadoras. No es menor lo que hemos visto ayer por televisión respecto de una mujer que debía llevar a su bebé atrás de su asiento del bus que conducía, por habérsele rechazado varias veces su licencia médica y no haber sido aceptado su bebé en la sala cuna, por estar enfermo.

Tenemos discriminación en todos los aspectos. Es tarea nuestra y del Parlamento poder revisar aquellas situaciones.

Este proyecto busca hacer plenamente aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, cualquiera que sea la causal que dé origen al retiro de ellas.

¿Qué ocurre en la práctica? Muchas veces, cuando a las mujeres les corresponde por norma hacer uso del fuero maternal, en las Fuerzas Armadas se recurría a la modalidad de invocar la causal de salud incompatible para darlas de baja, lo que se superpone al fuero. Por tanto, no obstante el fuero que debía protegerlas, en la práctica las mujeres eran dadas de baja, despedidas sin poder apelar, dado que la supremacía mal entendida que se establecía respecto de la salud incompatible dejaba sin efectos al fuero, con lo cual no se garantizaba lo que por derecho les corresponde a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su rango, de profesión o actividad que realicen: que se les aplique como norma.

Esta iniciativa viene a hacer justicia, porque muchas de nosotras hemos sido testigos de este tipo de abusos, y hemos tenido que recurrir a los tribunales a fin de que haya respeto y que se entienda como corresponde la garantía legal y normativa, en materia laboral, del fuero.

Valoro la unanimidad lograda en la comisión por los doce diputados presentes, especialmente respecto de las indicaciones, porque perfeccionaron sustancialmente esta iniciativa. La primera de ellas, que agrega un inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo, en el ámbito de aplicación del fuero laboral, establece que "A todo el personal que se encuentre prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo, de conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; el decreto N° 412, de 1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones.”.

La segunda modifica directamente los diferentes estatutos de cada institución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, consagrando expresamente que a ese personal le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, y que, en el caso de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.

Es decir, como dije al inicio de mi intervención, creemos que con esto se hará justicia respecto del trato que reciben estas mujeres, que impide garantizar a las mujeres seguir ejerciendo una labor que han elegido, para la que están capacitadas y son competentes, pero, dada la discrecionalidad de esta normativa absurda, se las menoscababa no solo en su calidad profesional, sino también en su sustentabilidad económica. Esta norma es muy importante.

Valoramos la iniciativa, que se suma a otras, como el proyecto de ley sobre el derecho a sala cuna universal, firmado hoy por el Presidente de la República. Ojalá podamos avanzar en muchas más normas para igualar como corresponde y hacer justicia en materia laboral, social y derechos reproductivos, que gracias a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género podremos analizar de modo prioritario.

Aprovecho la oportunidad para solicitar que el proyecto sobre el derecho a sala cuna universal ingrese luego al Congreso Nacional, para tramitarlo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Esperamos que se sigan revisando todas las normas relacionadas con materias que favorezcan la igualdad de derechos y las condiciones entre hombres y mujeres para legislar en consecuencia.

Valoro la iniciativa, por lo que, como bancada, la vamos a aprobar. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, como uno de los patrocinadores de la moción, no puedo más que aprobarla en todas sus partes, porque da congruencia dentro de nuestra normativa laboral e institucional a los derechos consagrados en convenios internacionales.

Se trata de dejar en el pasado constitucional estas inequidades, ya que el mantener diferencias injustificadas respecto de mujeres que se encuentran en situaciones idénticas importa una discriminación totalmente arbitraria e incongruente con lo que hoy estamos propiciando en cuanto al fortalecimiento de los derechos e igualdad de género.

Esta diferencia arbitraria en la normativa institucional está también en total contradicción con nuestra Constitución y en disonancia con numerosos tratados internacionales en materia de discriminación y derechos de las mujeres.

Con esta iniciativa estamos protegiendo además un principio rector en cuanto a derechos de la infancia, que es otra materia de la cual nos hemos ocupado durante los últimos meses, que dice relación con el interés superior del niño, toda vez que el bienestar del recién nacido depende de los ingresos que sus padres perciban y, en una gran cantidad de casos, de lo que sus madres puedan prodigar como jefas de hogar.

En conclusión, claramente apoyo la moción en todas sus partes.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señora Presidenta, felicito a los diputados y a las diputadas que presentaron esta moción.

Escuché ayer a la diputada Marcela Sabat , quien hizo referencia al trabajo que se había desarrollado con las funcionarias, trabajadoras del Estado, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, particularmente en este ámbito, ya que es tan justo lo que hoy se está resolviendo.

El fuero maternal está establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, norma que se refiere al derecho de la mujer trabajadora desde el inicio del embarazo y hasta un año y 84 días desde la fecha del parto, período en el cual el empleador no puede poner término a la relación laboral, independientemente de si la trabajadora tenía o no conocimiento de que estaba embarazada.

En caso de que el padre haga uso del permiso posnatal parental, también tendrá derecho a este fuero laboral, pero solo por el doble de la duración de su permiso y por un máximo de tres meses.

Varios parlamentarios y parlamentarias hemos presentado un proyecto de ley, que está en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que esperamos que también sea tramitado por la nueva Comisión de Mujeres y Equidad de Género, dado que aborda una de las razones que esgrimen algunos empleadores para justificar la discriminación laboral en contra de las mujeres, ya que prefieren contratar a un hombre en lugar de una mujer, porque esta tiene fuero laboral en caso de embarazo.

Entonces, de acuerdo con lo señalado por la diputada Loreto Carvajal , quien ha hecho referencia a una serie de solicitudes en relación con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, espero que este proyecto también sea discutido en esa instancia.

Volviendo al tema del proyecto de ley que nos convoca, debo señalar que el fuero por maternidad es un derecho inalienable de la mujer trabajadora, por lo que extenderlo de manera concreta al personal femenino de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública es un acto de toda justicia para mí y para toda mi bancada.

Sabemos lo masculinizado que están, lamentablemente, los roles al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, pero eso no significa que, por la trayectoria histórica o por tradición, no se permita a las mujeres, que han ido ingresando progresivamente y que han aumentado cada vez más su rol y su participación en la jerarquía de esas instituciones, tener los derechos que todas las mujeres de nuestro país tenemos en los diferentes roles y labores que cumplimos cada vez de manera más activa y participativa.

La OIT define discriminación como "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;", y amplia estos motivos que provocan y tienen como consecuencia la generación de discriminaciones a otras condiciones, como afiliación sindical, género o situación familiar. Que un grupo de trabajadoras del Estado se vean impedidas de ser protegidas por el fuero maternal es abiertamente una discriminación que debemos modificar y corregir.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define la discriminación contra la mujer en su artículo 1º como "…toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.".

Al enfocar esta importante norma internacional y aterrizarla al derecho laboral o a la prohibición de discriminación en el ámbito del trabajo, nos encontramos con que la protección del embarazo y la maternidad son dos elementos clave para asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres para su desarrollo laboral.

Lamentablemente, el fuero y el descanso de maternidad, como lo dije al comienzo de mi intervención, juegan en contra de la mujer, pues los empleadores evitan contratar mujeres en edad fértil. Incluso, incumpliendo la ley, hacen preguntas indebidas en los procesos previos a la contratación para no tener que pagar remuneraciones por trabajadoras que estarán al cuidado de sus hijos y no podrán ser despedidas.

Por eso el 2015, junto a las diputadas Maya Fernández y Camila Vallejo y los diputados Giorgio Jackson , Tucapel Jiménez , Daniel Núñez , Leonardo Soto y Guillermo Teillier , presentamos una moción que busca la ruptura de la discriminación, ya que extiende el fuero laboral al padre por el mismo período de la madre, lo que mejorará, sin lugar a dudas, la situación de la mujer, ya que al existir la misma certeza de inamovilidad en su trabajo para ambos padres, padre y madre, en función de la corresponsabilidad de la crianza, el empleador carece de incentivos perversos para no contratar a una mujer…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señora Presidenta, el artículo 1° del Código del Trabajo señala que las normas laborales dispuestas en dicho cuerpo normativo no se aplicarán, entre otros, a los funcionarios de las instituciones del Estado, lo cual significa que nuestra patria está en deuda con todos aquellos talentos jóvenes que deciden, con valentía, entregar su vida por el país. Sin lugar a dudas, a las mujeres que deciden servir a la patria en las instituciones armadas hay que darles un doble reconocimiento, pues también se postergan como madres.

La maternidad no puede ser un privilegio solo de algunas mujeres. Es de toda justicia extender el beneficio del fuero maternal como un derecho de las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de Orden y Seguridad Pública.

Es de total y plena justicia extender el derecho al fuero maternal.

Por lo anterior, con mucha energía anuncio mi voto a favor del proyecto. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señora Presidenta, esta iniciativa nos hace tomar conciencia de la importancia de la equidad de género en nuestro país y en el mundo. Ser mujer en nuestra sociedad es sumamente difícil debido a la presencia de flagelos como la discriminación, el acoso, las diferencias de sueldo con los hombres que realizan la misma función y el no respeto del fuero maternal.

Ciertamente, debemos trabajar para superar esos problemas. Sé que hay varias mociones, aparte de la que hoy discutimos, que apuntan más allá de la superación de este problema.

No tengo dudas de que la Sala apoyará esta iniciativa, que resguarda el derecho a fuero maternal de las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de Gendarmería de Chile y de la Policía de Investigaciones, pues no solo es necesario, sino que es de entera justicia.

Lamentablemente se han dado a conocer casos, totalmente impresentables, en que funcionarias de esas instituciones han sido discriminadas, amenazadas o, derechamente, desvinculadas del servicio, por el solo hecho de estar embarazadas o por solicitar permiso para amamantar a sus hijos.

Pese a que el fuero maternal está consagrado para las funcionarias en el artículo 201 del Código del Trabajo, este no se ha respetado, toda vez que las comisiones médicas de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de Orden y Seguridad Pública han declarado en reiteradas oportunidades la condición de salud incompatible de las funcionarias embarazadas, y, de esa manera, autorizan su desvinculación de las instituciones.

La situación genera un perjuicio terrible tanto a las propias funcionarias como a sus hijos y a sus familias, ya que quedan en el más absoluto desamparo y en total inseguridad.

El 17 de abril recién pasado, en La Moneda, la primera dama, doña Cecilia Morel , junto con el general director de Carabineros, don Hermes Soto , participaron en el acto de reintegro a esa institución de la teniente de Carabineros Andrea Neira , quien en 2014, mientras gozaba de su fuero maternal, fue declarada con imposibilidad física para trabajar y, por esa razón, desvinculada de la institución.

El acto de reintegro de esa funcionaria constituye una señal sumamente potente de parte de la propia institución y de la primera dama.

Lamentablemente, en nuestro país hay muchos casos como el de Andrea Neira , por lo que espero que este proyecto de ley haga justicia a las afectadas y que no se repitan casos similares.

Tomar conciencia de la importancia de la equidad de género es fundamental. Muchas veces, la discriminación y la desigualdad tienen asidero en la no comprensión y en la falta de empatía con la dignidad de todas las personas que componen nuestra sociedad.

Con este proyecto avanzamos más que nunca en la protección de los derechos de las mujeres que son madres y trabajadoras.

Por lo anterior, tengo la absoluta confianza de que esta Sala va a estar a la altura de las circunstancias y aprobará por unanimidad este proyecto, que es importante y justo, pues beneficia a las mujeres funcionarias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Tiene la palabra la diputada señora Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señora Presidenta, la Constitución Política de la República otorga a todos los ciudadanos el derecho a pertenecer a las Fuerzas Armadas, sin distinción alguna, y le corresponde al Estado velar por que aquello se cumpla.

La consideración del enfoque de género dio énfasis a este principio de equidad, motivando el compromiso estatal por revertir la histórica desigualdad entre hombres y mujeres.

Gracias a la política de integración y de igualdad de género impulsada por el Estado, la mujer ha ido integrándose de manera paulatina a las Fuerzas Armadas, donde ha alcanzado roles y ha ido ocupando escalafones que antes estaban reservados solo a los hombres.

En esa misma línea, la agenda de género propuesta por el Presidente Sebastián Piñera y la urgencia asignada a la tramitación del proyecto de ley que garantiza el fuero maternal a las mujeres miembros de las Fuerzas Armadas son pasos importantes para alcanzar la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres, que tanto anhelamos.

En mi condición de parlamentaria, considero positivo acabar con este tipo de discriminación y que, de paso, exista consenso en la Cámara para proteger la maternidad y la familia, núcleo fundamental de la sociedad. La propuesta de modificar el Código del Trabajo y los estatutos que rigen al personal femenino de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad es el reflejo de lo que entendemos por una sociedad justa, con igualdad de derechos y obligaciones, sin distinción alguna respecto del trabajo que se realice. Eso se traduce en respeto y, sin duda, es un avance digno de ser celebrado.

Este es un paso más para alcanzar una política de integración efectiva y para acabar con la discriminación que ha afectado a las mujeres de tantas generaciones, por lo que todas aquellas modificaciones que apunten en esa línea contarán con mi absoluto respaldo. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señora Presidenta, esta moción es de absoluta lógica para un país que declara estar comprometido con la protección de la familia y de los niños. Sin embargo, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo resultan contradictorias con ese propósito, ya que admiten la posibilidad de que la mujer sea expulsada de las filas de su institución apenas termine su fuero, aduciendo que presenta condiciones incompatibles con el servicio.

Tradicionalmente se ha entendido que la exigencia del requisito de salud compatible con el cargo se refiere al surgimiento de limitaciones físicas o enfermedades graves, pero la experiencia muestra que la facultad de evaluar esa condición ha sido ejercida en el pasado con la suficiente discrecionalidad como para que hasta hoy sea empleada para expulsar a quien no responde al perfil definido por la institución de manera subjetiva.

En ese sentido, la propuesta complementaria del Ejecutivo debería ir acompañada de una modificación al texto que explicite de manera clara, y no sujeta a interpretaciones, el concepto de salud compatible con el cargo, porque a partir de esta norma se puede entender que un hijo enfermo inhabilita a su madre para seguir siendo uniformada.

Cabe recordar que el problema se originó a partir de un dictamen de la Contraloría General de la República, que resolvió que tienen preeminencia las normas legales que regulan a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en lo referente a su derecho a contar con personal apto para el servicio, por sobre la protección de la maternidad. Lamentablemente se hizo una interpretación incomprensible, que determinó que el despido de una funcionaria embarazada corresponde a una decisión administrativa de menor rango legal.

Lo anterior debería llevarnos a reelaborar el proyecto, a fin de eliminar todas las disposiciones que puedan usarse en el futuro para amenazar la necesaria protección de la maternidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Si realmente queremos integrar a las mujeres a las instituciones de las Fuerza Armadas y de Orden y Seguridad Pública no se les puede dar un trato diferente al que tiene el resto de la sociedad, y eso exige que esta norma sea expresada de la forma lo más detallada posible. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señora Presidenta, hace un año conocimos el caso de Andrea Neira , teniente de Carabineros que, por estar embarazada, fue desvinculada arbitrariamente de la institución.

Este hecho se hizo público y tuvo mucha connotación mediática. A partir de ello se reabrió la discusión en torno a lo que sucede en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad de nuestro país en relación con la protección de la maternidad, pero también sobre las niñas y los niños que son hijas o hijos de funcionarios de dichas instituciones.

Efectivamente conocimos, sorprendidos y con cierto escándalo, que por dictámenes de Contraloría y a contrapelo, además, de lo que establece la legislación chilena, no se respetaba el fuero maternal en esas instituciones.

Una de las cosas que señalamos no era solo la falta de protección del fuero maternal a propósito de que se consideraba no como un derecho universal absoluto, sino limitado. En este caso, la funcionaria tenía licencia y luego fue desvinculada por inhabilidad temporal física. Además, junto con la teniente Andrea Neira planteamos el problema de la comisión médica.

¿Por qué planteo esto? Porque es valorable que este proyecto explicite en la legislación que el fuero maternal se garantiza por parte de la institución, aun cuando a la funcionaria se le haya declarado una enfermedad curable o incurable. En este caso, el problema persistió, pues cuando terminó el fuero maternal la funcionaria fue declarada con salud incompatible, no obstante que presentó licencias que demostraban que tenía una enfermedad curable, es decir, una inhabilidad temporal.

Lo que sucede es que la comisión médica determina la salud incompatible, y, al hacerlo, inhabilita a las funcionarias o funcionarios en forma temporal o permanentemente, con diagnósticos arbitrarios y, muchas veces, errados.

Si no modificamos el funcionamiento de las comisiones médicas en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, la arbitrariedad persistirá en los diagnósticos y, por lo tanto, cumplido el plazo del fuero, se les va a aplicar a las funcionarias un diagnostico errado y se las desvinculará de sus cargos por inhabilidad temporal o permanente.

Entiendo que hay que aprobar este proyecto, pues avanza en la consagración del fuero maternal; pero, una vez pasado este, las funcionarias -como dicen ellas- terminan igual siendo un “cacho” para la institución, por todo lo que significa para esta tener a trabajadoras que, en este caso, sean madres.

Además, los niños y las niñas no solo son preocupación durante el fuero maternal, ya que en la medida en que crecen, se enferman, y sus madres tienen que presentar licencias médicas para atenderlos. Así, las funcionarias terminan siendo un “peso” para la institución.

Cuando la funcionaria declara estar embarazada, viene una especie de boicot por parte de la comisión médica, y hay médicos que realizan diagnósticos que deberían hacer otros especialistas.

Además, las comisiones médicas no son independientes ni autónomas de la dirección y de la jerarquía de las instituciones. Si el superior jerárquico determina que una funcionaria está embarazada y comienza a presentar determinados síntomas, se declara su inhabilidad sin que exista fiscalización alguna.

Por eso, cuando presentamos un proyecto de resolución para garantizar el fuero maternal durante ese período no era solo para esclarecer en la legislación el derecho a fuero maternal, sino también por la necesidad de modificar las comisiones médicas para que realmente sean autónomas, es decir, independientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ojalá integradas por médicos civiles, y que tengan fiscalización de la Superintendencia de Salud.

Planteo lo anterior porque este problema trasciende de la realidad de las mujeres. Hay muchos funcionarios que han sido desvinculados de manera arbitraria justamente por el problema de cómo funcionan las comisiones médicas.

Insisto: este proyecto puede ser un avance, pero va a ser totalmente insuficiente si no modificamos la arbitrariedad que se produce a partir de cómo están reguladas y establecidas las comisiones médicas.

Lamento que no haya representantes del Ejecutivo.

Creo que puede redundar en un avance significativo el hecho de que en el siguiente trámite constitucional se incorpore una modificación para que realmente aseguremos o más bien cerremos todos los flancos posibles que hoy permiten que las instituciones vulneren el derecho al fuero maternal y, con ello, los derechos de niños, niñas y adolescentes.

No olvidemos que luego de terminado el fuero maternal, una madre tiene que seguir manteniendo a su hijo. Si una vez concluido el fuero es desvinculada de su institución, después de haber trabajado toda su vida, por ejemplo, en Carabineros y sin otra experiencia, le será muy difícil obtener otro empleo y un sustento económico para hacerse cargo de la vida familiar y, por cierto, de la crianza de sus hijos e hijas.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señora Presidenta, este es uno de esos proyectos que da gusto votar a favor. Creo que va a contar con la unanimidad o con el voto a favor de una mayoría importante en la Cámara de Diputados, pues es una iniciativa que protege a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y les permite, al igual que a cualquier otra trabajadora, gozar del fuero maternal, que es un derecho que creemos que tienen todas las mujeres.

Además, esto se da en una institución que ha ido de a poco dando ejemplos de integración de las mujeres. Hay poca gente que lo sabe, pero las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública son de las pocas instituciones en que hombres y mujeres ganan exactamente el mismo salario. Hoy vamos a dar un paso adicional entregando a las mujeres de dichas instituciones este fuero maternal, que es un derecho que tienen todas las trabajadoras del país.

Este es un pequeño paso; incluso, para algunos podría parecer insignificante, pero de a poco se va construyendo una sociedad que valora la maternidad y que protege la familia.

Hemos hablado mucho acerca de la importancia de fortalecer la familia. Nuestra Constitución, en su artículo 1º, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

La familia, de acuerdo con todas las encuestas y estudios, es la institución más valorada y querida por todos los chilenos. Nosotros, los políticos, siempre hablamos de su importancia, y esta iniciativa justamente valora la maternidad y protege y fomenta la familia.

Por lo tanto, no tengo mucho más que agregar. Solo quiero decir que este es un pequeño paso, junto con otros que se darán, como el proyecto que vamos a discutir muy pronto sobre sala cuna universal. Todo ello nos permite ir construyendo una sociedad que respete más a las mujeres y la maternidad, y fomente la familia.

Anuncio que la bancada de la UDI votará a favor el proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señora Presidenta, como diputado por mi querida Región del Maule y con las funciones de representación, legislación y fiscalización, y principalmente ahora como espectador de todo lo que mis colegas han dicho, me siento gratificado y siento crecer en mí las posibilidades de que este nuevo Congreso vote a favor de los habitantes de este país y escape a la tendencia de votar principalmente en contra de sus adversarios.

Los humanistas decimos que ir en contra de la evolución de las cosas es ir contra sí mismo. Nuestra principal regla de oro dice que cuando tratas a los demás como quieres que te traten a ti, te liberas.

Como militante activo de la rebelión contra la muerte, deseo para todos ustedes paz, fuerza y alegría, y, además, CTM, CTM, que para mí significa “con toda mística”, “con toda mística”.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta, nuestra legislación laboral nació en las primeras décadas del siglo XX como una normativa que aspiraba a otorgar protección a la parte más débil de la relación laboral, constituida por los trabajadores. Dicha protección concedió derechos, directrices contractuales en la relación laboral, protección en materia de accidentes laborales, fuero a los dirigentes sindicales y fuero maternal a las mujeres.

Estas disposiciones constituyeron normas mínimas que no solo consagraron la protección a nuestros trabajadores, sino también resguardaron su dignidad. En este aspecto, el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo establece claramente: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona.”.

En ese contexto se enmarca este proyecto de ley: el respeto por la dignidad de la persona, independientemente de la edad, sexo, condición social o si es civil o militar.

El establecimiento de una normativa que iguale las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres debe constituir un elemento central en las relaciones laborales e interpersonales. Por ello, la iniciativa descansa en criterios de absoluta igualdad y protección de valores tan precisados en nuestra sociedad, como la familia, la protección del que está por nacer, la niñez y el ejercicio pleno de la maternidad.

La iniciativa que nos convoca conlleva recordar el gran valor de las mujeres chilenas que han sabido descollar en ámbitos que en un principio les estaban vedados, como es el caso del mundo militar. Pero con su inteligencia, esfuerzo, dedicación y pasión han logrado ser líderes en instituciones donde la fuerza, la energía, el vigor y el cumplimiento del deber constituyen rasgos centrales en el desempeño diario.

Desde esta perspectiva, las mujeres miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden han debido sortear grandes dificultades por el solo hecho de ser madres. El no reconocimiento del fuero maternal a esas personas dio paso a una situación injusta y odiosa que no concuerda con los principios democráticos de participación, igualdad y protección de las personas que, incluso, están consagrados constitucionalmente.

Así las cosas, ahora se llenará un sensible vacío legal. Por fin, la protección de las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas hace carne los valores y preceptos que erigen a nuestro país en un Estado de derecho.

La iniciativa en discusión introduce una modificación al Título II del Libro II del Código del Trabajo: “De la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar”, protección que en ningún caso vincula a las madres trabajadoras en las Fuerzas Armadas y de Orden, situación del todo contraria a los principios promovidos por el propio Estado, considerando que esas personas trabajan en organismos pertenecientes a la administración pública.

Por lo expuesto, nos encontramos ante una buena iniciativa que recoge los principios fundamentales en todo Estado democrático, en beneficio directo de las mujeres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden.

Por todo lo anterior, votaré a favor este proyecto, que espero que tenga un contundente respaldo de nuestra Cámara.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor RENTERÍA.-

Señor Presidente, el respeto y promoción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras resulta una obligación permanente no solo de las autoridades, sino también de los legisladores, los que, como representantes de la comunidad, tenemos el deber de promover las mejores condiciones de vida de todos los chilenos.

Precisamente el proyecto que se encuentra sometido a nuestra consideración explora uno de los derechos más importantes y básicos que posee una trabajadora, como es el fuero maternal.

En efecto, en la actualidad, señor Presidente, nadie discute que el respeto a la maternidad en las relaciones laborales constituye la base de todo nuestro orden jurídico laboral; que no es concebible el mundo sin estos mínimos universales consagrados no solo a nivel legal, sino también a nivel constitucional.

Sin embargo, señor Presidente, estas condiciones, que parecen tan básicas y superadas, no se encuentran establecidas para las funcionarias de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden.

En este sentido, la moción parlamentaria no solo es razonable, sino que además apunta a criterios de igualdad básica que deben existir en un país democrático y con profunda vocación jurídica como es el nuestro, en donde el Estado de derecho constituye la cláusula básica de entendimiento entre los chilenos y en donde nuestra Constitución nos asegura la igualdad de todos los chilenos.

La actual situación que viven los miles de funcionarias de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden es insostenible; la injusticia de que han sido objeto constituye una profunda vergüenza que no debe ser tolerada en la actualidad, y en ejercicio de nuestras facultades nos asiste el imperativo ético y constitucional de buscar su remedio.

Nuestro derecho laboral, señor Presidente, se erige como un estatuto protector de todo trabajador y trabajadora, no solo de sus intereses económicos, sino también de su dignidad como personas; sin embargo, estas normas y principios no son observados para las mujeres que se desempeñan en nuestras Fuerzas Armadas, situación injusta y perjudicial.

Por todo lo indicado, manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa, y aprovecho de rendir un homenaje a la mujer de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, quienes han sabido abrir caminos inhóspitos y desconocidos para las mujeres en el mundo militar, y han sorteado, con toda brillantez, inteligencia y esfuerzo, los obstáculos que se les han presentado.

Su esfuerzo, sin duda, hoy es reconocido en beneficio no solo de ellas, sino también de sus familias, de sus hijos y de todo el país.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 53ª de la presente legislatura, en 2 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, presente en la Sala.

La creación de la Región de Ñuble fue largamente esperada. Es un proceso en el que me involucré desde sus inicios y por el que siento una profunda empatía, por las similitudes y la historia de mi propia región, la de Los Ríos. Tengo la mayor de las admiraciones hacia los líderes y la ciudadanía de esa provincia, que de forma incansable empujó este anhelado proyecto.

Hoy me parece de total pertinencia y congruencia legislativa aprobar sin mayor dilación este proyecto que adecua la normativa legal que se encontraba en discrepancia y que fortalece la composición de los tribunales de garantía con competencia en San Carlos, el tribunal de juicio oral en lo penal de Chillán y los juzgados de letras con competencia en Yungay.

Congruente también con la normativa es el hecho de que se regule la entrada en vigencia de las normas de la ley N° 21.057, sobre entrevistas grabadas a menores de edad víctimas de delitos sexuales, hasta que se haya aprobado y publicado el reglamento de dicha ley, ya que en su tramitación quedaron varios asuntos de extremada delicadeza que deben por fuerza ser regulados en el reglamento antes de que esta ley comience a operar. He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Amaro Labra .

Antecedentes:

-Moción, sesión 50ª de la presente legislatura, en 19 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 54ª de la presente legislatura, en 7 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LABRA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones.

La idea matriz o fundamental de la iniciativa es que, en el caso de la comunicación al público de las obras cinematográficas, sean nacionales o extranjeras -la norma actual solo considera a estas últimas, no así a las obras nacionales-, que se realice en las salas de cine, el pago de la remuneración que corresponde hacer, respectivamente, a directores y guionistas, y a los artistas intérpretes y ejecutantes, sea efectuado, en definitiva, por el exhibidor. La redacción actual de la norma se remite a las reglas de la Ley de Propiedad Intelectual, donde el exhibidor actúa como retenedor.

La ley Nº 20.243 se encargó de establecer normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. Según consta en la historia de dicha ley, esta tuvo por objeto mejorar la legislación actualmente existente en materia de propiedad intelectual, alcanzando con esto una mejor protección de los derechos intelectuales de los artistas intérpretes participantes en producciones audiovisuales.

En particular, el artículo 3° de dicha ley dispone que el artista intérprete y ejecutante de una obra audiovisual, incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrá el derecho irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por una serie de actos que se realicen respecto de soportes audiovisuales de cualquier naturaleza en que se encuentran fijadas o representadas sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, entre ellos la comunicación pública y radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de cable, organismos de radiodifusión y salas de cine, mediante cualquier tipo de emisión, sea de forma análoga o digital.

A su vez, la ley N° 20.959, cuya entrada en vigencia data de octubre de 2016, se encargó de hacer extensiva la aplicación de la mencionada ley N° 20.243 también a directores y guionistas.

Cabe mencionar que el artículo 2º de la ley N° 20.959, ya mencionada, dispone lo siguiente:

“En el caso de la comunicación al público de las obras cinematográficas extranjeras que se realice en las salas de cine, (…) el pago de la remuneración que corresponde realizar, respectivamente, a directores y guionistas, y a los artistas intérpretes y ejecutantes, se realizará conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la ley N° 17.336 -Ley de Propiedad Intelectual-, actuando el exhibidor como retenedor.”.

Cabe señalar que la actual redacción del artículo 2º de la ley Nº 20.959 fue establecida en virtud de una indicación propuesta por la Cámara de Exhibidores Cinematográficos (CAEM), quienes argumentaron que dicha norma facilitaría el pago completo y oportuno de las tarifas que según la ley N° 17.336 (Ley de Propiedad Intelectual) fijan las entidades de gestión de artistas intérpretes y de directores y guionistas en directo beneficio de los artistas y autores audiovisuales.

Sin embargo, en la práctica sus esfuerzos de radicar el pago del derecho de remuneración de obras extranjeras en los distribuidores -actuando ellos únicamente como retenedores- ha provocado el efecto contrario, es decir, el incumplimiento de la obligación legal establecida, suspendiendo incluso los pagos que se realizaban antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.959.

Entendemos que la forma de pago establecida en el artículo 2 de la ley Nº20.243 ha significado un obstáculo o traba insoslayable a la hora de hacer efectivo el pago ya referido. Por lo que la ley, en definitiva, no ha cumplido las expectativas, haciéndose necesaria su reforma.

De esta forma, entendemos que el derecho irrenunciable e intransferible a percibir la remuneración a que tienen derecho artistas, intérpretes, directores y guionistas, conforme a lo establecido en la ley Nº 20.243 y en ley Nº 20.959, respectivamente, se hará óptimo y efectivo.

Por ello, el proyecto se aprobó en general y en particular por unanimidad, y solicito su aprobación a la Sala.

Es cuanto puedo informar.

He dicho

El señor MULET (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, quiero ser muy breve.

Como Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones aprobamos este proyecto por unanimidad, y además lo presentamos transversalmente. Lo hicimos luego de oír a distintas instituciones, en particular, en un comienzo, a Chile Actores, que nos narró la historia que ha presentado con claridad el diputado Amaro Labra en el informe de este proyecto de ley, cual es que en la tramitación de la denominada “ley Larraín”, en homenaje al director y cineasta Ricardo Larraín , la Cámara de Exhibidores Multisalas propuso, y fue acordado, que ellos retuvieran el pago que corresponde a director, guionista, artistas, intérpretes y ejecutantes, para luego pagarlo, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Fue una propuesta acogida de manera unánime, incluida por los beneficiarios de la misma medida; pero, una vez entrada en vigencia la ley, esto no ocurrió. Es decir, aquel que propuso cumplir la función de retenedor de estos derechos, simplemente no lo hizo y no lo ha hecho nunca respecto de los artistas nacionales vinculados a la creación audiovisual.

Entonces, lo que estamos proponiendo es volver a la idea original del proyecto, toda vez que la propuesta hecha por la CAEM no fue cumplida por ellos mismos, para que se paguen los derechos que corresponden, es decir, la remuneración que corresponde realizar a directores, guionistas y a los artistas, intérpretes y ejecutantes de la exhibición de una obra de acuerdo a lo que establece la “ley Larraín”, que hoy estamos modificando.

Se trata de una modificación acotada, precisa; no esperamos que esto abra un debate sobre el conjunto de derechos, sino que simplemente obligue a que quien pague sea precisamente el exhibidor, y este a su vez se entienda con los otros terceros en la cadena de pago, de modo tal que el perjuicio no termine recayendo en nuestros directores, guionistas, artistas, intérpretes y ejecutantes de las obras audiovisuales.

Se suma a esto -con esto concluyo- el hecho de que el lunes pasado iniciamos una discusión en la Comisión de Cultura y aprobamos en general un proyecto que tiene por objeto alcanzar un acuerdo en materia de legislación para el fomento de la industria audiovisual nacional, que va desde medidas de fomento tributario, si el gobierno tiene a bien acogerlas, hasta lo planteado por la ministra de las Culturas, quien estuvo presente en la sesión de la comisión y dijo algo que algunos veníamos planteando hace mucho tiempo: la idea existente en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de crear una red de salas de cine a través de los centros culturales que ha creado el Estado. Aquí, muchos diputados, de diversas regiones, tenemos comunas donde no hay una sola sala de cine. Por lo tanto, la gente no solo no accede al cine chileno, sino que no accede a ningún tipo de producción audiovisual nacional.

Así esperamos identificar muchas medidas que permitan que no nos colguemos, como solemos hacer, de los triunfos que a pulso logran nuestros cineastas, nuestros realizadores, como cuando se ganó el Óscar La Historia de un Oso o cuando recientemente se ganó un Óscar Una Mujer Fantástica. En la oportunidad, todos celebrábamos, los festejamos, los homenajeamos, los aplaudimos, nos queríamos sacar fotos con ellos, queríamos ver sus premios; pero cuando nos toca legislar para generar condiciones que permitan que el audiovisual nacional se desarrolle no como lo que es hoy, que es intentar subir el Everest con muletas,…

Este proyecto va en esa dirección. Es un pequeño cambio en la ley, pero muy importante, para que esta área, que es la que difunde nuestra identidad, nuestra imagen, nuestra cultura, nuestras costumbres fuera de nuestras fronteras, con mucho más fuerza que los miles de campañas y los miles de pesos que nos gastamos en las campañas publicitarias para promocionar a Chile, tenga la remuneración debida y ajustada.

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de este proyecto y esperamos, en nombre de la Comisión de Cultura, como su presidente, que ojalá todos podamos respaldarlo de manera unánime.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, tal como se señaló, esta es una moción parlamentaria de parte importante de los integrantes de la Comisión de Cultura y que tiene un carácter absolutamente transversal. Y un objetivo que es poder hacer justicia sobre el trabajo de quienes participan en las obras cinematográficas.

Es así como este proyecto pretende que en el caso de cualquier tipo de comunicación de estas obras cinematográficas, sean nacionales o extranjeras -actualmente la norma solo considera a estas últimas-, que se efectúen en las salas de cine, se paguen las remuneraciones a los directores, a los guionistas, a los artistas y a los intérpretes, y que este pago sea efectuado por el exhibidor.

Es acá donde se nos genera el principal cambio que pretendemos generar a través de este nuevo texto legal, toda vez que pretendemos reemplazar la expresión “actuando el exhibidor como retenedor.”, por la expresión “será realizado por el exhibidor”.

Es así como a este último lo concibe la actual ley. Y en virtud de esta actuación como retenedor, de acuerdo a lo que dispone la propia ley N° 20.243, sobre propiedad intelectual, se hace una remisión específica. Si nos vamos a esa norma, se fijan los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas en formato audiovisual; pero aun después de que ellos cedan sus derechos, después de esta cesión de sus derechos patrimoniales, tienen, de la misma manera, igualmente, el derecho a percibir una remuneración por todos los actos de comunicación, patrimonial o de radiodifusión que realicen los canales de televisión, los de cable y las salas de cine.

Este rol se ha dificultado muchísimo, en la práctica, en lo que dice relación con el pago efectivo de los derechos y remuneraciones correspondientes a los autores y actores de las obras audiovisuales.

Por lo tanto, este nuevo texto legal busca resolver los problemas que genera el incumplimiento del pago de las remuneraciones, que son un derecho irrenunciable e intransferible. Además, pretende agilizar el proceso de pago de las obras nacionales, sumándose así a las extranjeras.

Por lo tanto, creo que se trata de un proyecto que no solo hace justicia, sino que también valora el trabajo de nuestros artistas. Es un gran paso. Espero que en breve plazo se pueda legislar para extender, con una regulación mucho más exhaustiva, a los autores de las artes visuales y la fotografía.

En virtud de lo expuesto, anuncio que toda mi bancada aprobará con mucho entusiasmo este proyecto.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de extradición entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Santiago de Chile el 29 de noviembre de 2016.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Issa Kort .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 40ª de la presente legislatura, en 21 de junio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 50ª de la presente legislatura, en 19 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor KORT (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de extradición entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Santiago de Chile el 29 de noviembre de 2016, el cual se encuentra sometido a la consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

Según señala el mensaje, este tratado fue suscrito con el objeto de hacer más efectiva la cooperación entre ambos países en la represión del crimen y reemplazar el tratado de extradición de 5 de noviembre de 1932.

Agrega que el tratado recoge cabalmente los principios sobre extradición del derecho internacional y su texto se enmarca en los criterios ya establecidos en instrumentos internacionales que Chile ha celebrado sobre la misma materia con otros países y que se encuentran en vigor, como los suscritos con España en 1992, con Australia en 1993, con Nicaragua en 1993, con Corea en 1994, con los Estados parte del Mercosur y la República de Bolivia en 1998, y con Estados Unidos en 2013.

El tratado se estructura sobre la base de un preámbulo, donde constan los motivos que inspiraron a las partes a suscribirlo, y de 26 artículos en los que se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, a los cuales no me referiré, en aras del tiempo y por encontrarse explicitados latamente en el informe que los colegas tienen en su poder.

Para el estudio de este proyecto de acuerdo la comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Alfonso Silva Navarro , ministro (s) de Relaciones Exteriores; de la señora Carolina Valdivia Torres , directora general de Asuntos Jurídicos; del señor Álvaro Arévalo Cunich , director general de Asuntos Jurídicos (s), y del señor Juan de Dios Urrutia , jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional, todos de dicha secretaría de Estado, quienes, además de ratificar los contenidos expresados en el mensaje, manifestaron que esta iniciativa tiene por objeto reemplazar el instrumento de extradición vigente, de más de 85 años, recogiendo los principios de derecho internacional que rigen este tipo de materias en la actualidad.

Adicionalmente, el señor ministro (s) destacó dos elementos novedosos que incluye el referido tratado: en primer lugar, la incorporación de delitos fiscales, tributarios, arancelarios y cambiarios, en el sentido de que no se puede negar una extradición sobre la base de que la parte requerida señale que no hay impuestos o gravámenes similares por los cuales se estaría solicitando la extradición, y, en segundo lugar, la modificación del criterio relacionado con la extradición de nacionales, pues dispone que no se denegará la extradición ni la entrega en razón de la nacionalidad.

Por su parte, la señora Carolina Valdivia manifestó que este tratado contempla la figura de la extradición simplificada, por medio de la cual una persona, debidamente informada de sus derechos y de su situación procesal, acepta ser puesta a disposición del país requirente.

A su turno, las señoras y los señores diputados integrantes de esta instancia, que manifestaron su aprobación unánime, concordaron con los objetivos del tratado en trámite en cuanto hará más efectiva la cooperación entre ambos países en la represión de crímenes y reemplazará al tratado sobre la misma materia, vigente desde 1932.

Sometido a votación el proyecto de acuerdo, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Hertz , doña Carmen , y Muñoz , doña Francesca , y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel ; Kort, don Issa ; Mirosevic, don Vlado ; Moreira, don Cristhian ; Naranjo, don Jaime ; Rocafull, don Luis , y Undurraga, don Francisco .

Finalmente, me permito hacer presente que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que ellos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a esta Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son la señora Catalina del Real y el señor Daniel Núñez , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 22ª de la presente legislatura, en 15 de mayo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 38ª de la presente legislatura, en 19 de junio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 51ª de la presente legislatura, en 31 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 27.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar a la Sala sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017, el que se encuentra sometido a la consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

Según el mensaje, es un hecho cierto que la política de apertura comercial impulsada por Chile durante las últimas décadas ha permitido incrementar considerablemente los volúmenes de las exportaciones chilenas. Los acuerdos comerciales celebrados por Chile han apoyado ese aumento en el comercio, permitiendo generar un clima de seguridad y confianza para realizar negocios.

Agrega que, en el caso particular con Argentina, las relaciones económicas y comerciales entre ambos países se rigen actualmente por el Acuerdo de Complementación Económica N° 16, de 1991, con Argentina y por el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, de 1995, entre Chile y Mercosur (ACE N° 35), ambos establecidos en el marco de la Aladi.

Expresa que se han suscrito diversos acuerdos bilaterales entre ambos países desde 1991, destacándose el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones (APPI), suscrito el 2 de agosto de 1991; el Tratado de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina (Tratado de Maipú), que creó la “Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas”, suscrito el 30 de octubre de 2009, y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos Sobre la Renta y Sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, suscrito el 15 de mayo de 2015.

Asimismo, destaca que la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas entre Chile y Argentina ha permitido evaluar las posibilidades de profundizar aspectos relacionados con el comercio de bienes y servicios, inversiones, y la incorporación del sector privado, a través del Consejo Asesor Empresarial.

Añade que con el propósito de profundizar y potenciar sus relaciones económicas y comerciales, Chile y Argentina acordaron negociar un acuerdo comercial en diciembre de 2016, en el marco de la VIII Reunión Binacional de Ministros y de la VI Reunión de Intendentes y Gobernadores de la Frontera Común. Es así como, en marzo de 2017, se iniciaron las negociaciones entre ambos países.

A continuación, precisa que el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional será un importante complemento con lo establecido en el ACE N° 35, ya que incorpora, mediante el acuerdo comercial, nuevas áreas de la agenda internacional y actualiza las disciplinas existentes, lo que entregará mayor certeza jurídica a los operadores comerciales de ambos países.

El acuerdo comercial, contenido en el anexo del Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, tiene como propósito ampliar y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes en materias tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico. Asimismo, incorporará capítulos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, e introducirá disciplinas vinculadas a la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros. Por último, se incorporaron capítulos que contienen nuevas disciplinas en materia de medio ambiente, laboral, género, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), compras públicas, cooperación y política de competencia, constituyendo un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas actuales de las negociaciones internacionales.

El acuerdo comercial entre la República de Chile y la República de Argentina consta de un preámbulo y veinte capítulos: Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, Facilitación del Comercio, Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Política de Competencia, Contratación Pública, Inversiones, Comercio de Servicios, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Laboral, Comercio y Medio Ambiente, Cooperación Económica Comercial, Género y Comercio, Transparencia, Administración del Acuerdo, Solución de Diferencias, Excepciones, y Disposiciones Finales, a los cuales no me referiré en detalle en aras del tiempo y por encontrarse latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Rodrigo Yáñez Benítez , director general, y del señor Felipe Lopeandía Weiland , director bilateral, ambos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), quienes, además de refrendar el contenido del mensaje y de contestar algunas preguntas que le formularon los integrantes de esta instancia legislativa, recordaron que existe un profundo avance en materias sensibles relacionadas con temas fito- y zoosanitarios con la República Argentina.

En este sentido, agregaron que el capítulo 4 confirma los derechos y obligaciones, en virtud del Acuerdo Sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin perjuicio de ello, en materia de transparencia, ambas partes acordaron profundizar sus obligaciones contenidas en ese acuerdo, específicamente en lo que respecta a los procedimientos de notificación de proyectos de medidas sanitarias y fitosanitarias que tengan un impacto directo en el comercio bilateral.

Adicionalmente, este capítulo establece un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el cual se reunirá a lo menos una vez al año, salvo que las partes acuerden algo distinto. Entre sus funciones se encuentra la de discutir problemas relacionados con el desarrollo y aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias que afecten o que puedan afectar el comercio entre las partes, y propiciar la cooperación y asistencia técnica, incluyendo cooperación en el desarrollo, aplicación y observancia de medidas sanitarias o fitosanitarias.

Sometido el proyecto de acuerdo a votación, se aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Carmen Hertz , Francesca Muñoz y Marcela Sabat , y los diputados señores Carlos Abel Jarpa , Issa Kort , Vlado Mirosevic , Cristhian Moreira , Jaime Naranjo y Luis Rocafull . Se abstuvo el diputado señor Pablo Vidal .

Por último, me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.

Asimismo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que respecta a la incidencia financiera o presupuestaria del Estado, el proyecto de acuerdo originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, ingresado a tramitación el 11 de mayo de 2018, que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

La comisión técnica, tal como lo expresó su diputada informante, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materias presupuestarias o financieras del Estado, según el informe financiero que acompañó al mensaje.

Durante el estudio del proyecto, asistió a nuestra Comisión de Hacienda el señor Felipe Lopeandía , director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

La idea matriz o fundamental del proyecto de acuerdo consiste en continuar impulsando la liberalización económica internacional del país por intermedio de un acuerdo comercial suscrito con la República Argentina, cuyo propósito es ampliar y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes en materias tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico, incorporando capítulos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, e introduciendo disciplinas vinculadas con la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros, además de capítulos que contienen nuevas disciplinas en materia de medio ambiente, laboral, de género, micro, pequeñas y medianas empresas, compras públicas, cooperación y política de competencia, constituyendo un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas actuales de negociaciones internacionales.

El acuerdo comercial entre la República de Chile y la República Argentina consiste en lo siguiente:

Las relaciones económicas y comerciales entre ambos países se rigen actualmente por el Acuerdo de Complementación Económica N° 16, de 1991, con Argentina y por el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, de 1995, entre Chile y el Mercosur (ACE N° 35), ambos establecidos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Los principales puntos del ACE N° 35, luego de un período de negociaciones, fueron favorables para todos los países signatarios (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), en los siguientes aspectos: establecer un marco normativo para constituir un espacio económico entre Chile y el Mercosur, liberalizar el comercio de mercaderías, establecer las condiciones para una gradual liberalización del comercio de servicios, promover las inversiones recíprocas, y facilitar el desarrollo y la utilización de la infraestructura física y de las interconexiones bioceánicas.

Para dar mayor realce al ACE, se establece ir más allá de la sola liberación del mercado de bienes, haciendo extensivo los acuerdos a la asociación tanto del comercio de bienes como de servicios, inversiones, transporte e integración física. Esto permitiría una plataforma de acceso hacia el Pacífico para los países del Mercosur, dadas las indudables ventajas de Chile para desarrollar el sector servicios.

Fue así como luego de dos años de conversaciones -todos los antecedentes están en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores-, Chile y el bloque llegaron a suscribir el ACE N° 35 en la provincia de San Luis, Argentina, texto que establece a Chile como miembro asociado del Mercosur, pues hasta ese momento no era miembro titular. Para nuestro país, el Mercosur es un mercado significativo, pero además importantísimo por su entorno vecinal.

Hoy, después de varios años y con la mayor parte del comercio liberado con un acuerdo más simple al quedar sin efecto una gran cantidad de listas de productos que regían durante el período de transición, es posible seguir avanzando hacia una etapa superior. A la fecha, entre Chile y el Mercosur se han llevado a cabo 15 reuniones ordinarias y 22 reuniones extraordinarias de la Comisión Administradora, en las cuales se ha propiciado la suscripción de 60 protocolos adicionales en diversas materias, que han permitido la profundización de dicho acuerdo.

Con el propósito de profundizar y potenciar sus relaciones económicas y comerciales, Chile y Argentina acordaron, en diciembre de 2016, en el marco de la VIII Reunión Binacional de Ministros y la VI Reunión de Intendentes y Gobernadores de la Frontera Común, negociar un acuerdo comercial, iniciándose en el mes de marzo de 2017 las negociaciones entre ambos países.

Quiero destacar que el comercio de bienes entre ambos países continuará rigiéndose por el ACE N° 35 Chile-Mercosur, que actualmente fija un ciento por ciento de preferencia arancelaria en todos los productos, a excepción de los productos sujetos al sistema de banda de precios, como son la importación de harina de trigo, trigo y azúcar.

Efecto del Acuerdo sobre los gastos fiscales

En el informe financiero N° 111, de 18 de julio del 2018, la Dirección de Presupuestos expresa que este acuerdo constituye un marco regulatorio que complementa al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, que continuará rigiendo la relación comercial ChileArgentina en materia de acceso a bienes y que fija un ciento por ciento de preferencia arancelaria en todos los productos objeto del comercio bilateral, a excepción de los productos sujetos al sistema de banda de precios.

Por tanto, en lo que respecta a beneficios impositivos o desgravaciones arancelarias, el acuerdo comercial no contiene normas que tengan un impacto fiscal, ya que los costos asociados a la desgravación fueron incorporados con la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica N° 35, promulgado por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 1.411, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de octubre de 1996.

Por su parte, se estima que las obligaciones derivadas de la aplicación de este acuerdo no representan mayor gasto presupuestario de los considerados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, y serán cubiertas con los recursos que contempla la ley de presupuestos del sector público para el funcionamiento de la administración en cada ejercicio.

De acuerdo con lo anterior -reitero-, el proyecto de ley no tiene impacto fiscal que aumente los gastos actuales.

Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, a excepción de uno que se abstuvo, celebraron el acuerdo económico complementario con Argentina, reconociendo y recordando la trascendencia por ser dicho país el segundo socio comercial de Chile en la región y sexto a nivel global, con 3.894.000.000 de dólares de intercambio comercial. Es el primer destino de exportación de servicios y el segundo receptor de inversión extranjera después de Brasil.

El acuerdo comercial contenido en el anexo del Sexagésimo Primer Protocolo Adicional tiene como propósito ampliar y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes en materias tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico. Asimismo, con este proyecto de acuerdo de ampliación económica con Argentina se incorporarán capítulos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, e introducirá disciplinas vinculadas a la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros. Por último, se incorporaron capítulos que contienen nuevas disciplinas en materia de medio ambiente, laboral, género, microempresas, pequeñas y medianas empresas (mipymes), compras públicas, cooperación y política de competencia, constituyendo un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas actuales de negociaciones internacionales.

En los aspectos centrales, es el primer acuerdo de compras públicas que suscribe Argentina y permitirá que proveedores chilenos puedan participar en las licitaciones que realicen las 121 entidades públicas argentinas y sus órganos dependientes.

El capítulo de inversiones mejora las disciplinas y disposiciones contenidas en el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones (1991), e incorpora estándares internacionales, como, por ejemplo, en materia de no discriminación, trato justo y equitativo, transferencia de capitales y expropiación, entre otras, entre ambos países.

En lo que respecta a servicios, se destaca el derecho a un trato no discriminatorio y a la no imposición de cuotas que restrinjan su acceso en Argentina.

En cuanto a telecomunicaciones, se permite asegurar que las redes sean eficientes y confiables, y, adicionalmente, se considera la eliminación del servicio de roaming internacional.

Con respecto al comercio electrónico, el Acuerdo obliga a las partes a permitir un flujo transfronterizo de información transmitida electrónicamente.

Asimismo, incluye varios temas nuevos de la agenda comercial inclusiva, tales como Género y Comercio, Medioambiente, Laboral, Pymes y Cooperación Económica Comercial.

Además, contiene un mecanismo aplicable a la prevención o solución de las diferencias de connotación bilateral.

La Comisión de Hacienda, en definitiva, compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a su consideración, y puesto el artículo único en votación fue aprobado en los mismos términos, por la mayoría de ocho integrantes presentes: señores Carlos Kuschel , Pablo Lorenzini (Presidente), Patricio Melero , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana y Gastón von Mühlenbrock . Se abstuvo el señor Giorgio Jackson Drago , quien consideró que le faltaban antecedentes para proceder a su aprobación.

Por último, se trata de un proyecto de acuerdo respecto del cual ocho de nueve diputados consideramos que es beneficioso para el país, especialmente para que se fortalezca el comercio con la hermana república Argentina.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Solicito la anuencia de la Sala para que ingrese la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas . ¿Habría acuerdo?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el Mercosur siempre fue un motivo de conflicto cuando se firmó, en la década de los 90, porque perjudicaba a la agricultura del sur de Chile. Hubo una serie de acuerdos que se fueron cumpliendo con el tiempo; pero, sin duda, provocó un gran problema a los agricultores del sur de Chile.

Cuando veo que se empieza a mejorar el intercambio y a buscar estos protocolos para aumentar el comercio, me pregunto -me gustaría que los diputados informantes pudieran aclararlo- si este intercambio de bienes, servicios y productos contendrá barreras paraarancelarias, las que muchas veces el comercio argentino impone en relación con la calidad sanitaria de nuestros productos.

Sería de gran importancia para el sur de Chile tener liberadas las fronteras para exportar todos los productos que cultivan los pequeños y medianos agricultores del sur de Chile, fundamentalmente quienes se dedican a la horticultura. Ello provocaría un gran impacto en el desarrollo de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos.

Por eso, resulta importante apoyar el protocolo del Mercosur, que contiene el acuerdo comercial firmado por Chile y Argentina, ya que este contribuye de manera significativa a nuestro intercambio económico, además de ser consecuente con la política exterior chilena, considerando que uno de sus principales lineamientos busca afianzar los vínculos con los países de la región y profundizar los procesos de integración.

En 1991 se creó uno de los más relevantes proyectos de integración regional: el Mercosur, firmado por sus cuatro Estados miembros: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay . Nuestro país, como Estado asociado a este bloque regional, rige sus relaciones comerciales con Argentina en virtud del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, suscrito por Chile con el Mercosur en 1992, el que levantó muchas suspicacias y generó pérdidas a nuestros agricultores.

Frente a ese escenario, el nuevo acuerdo comercial con Argentina viene a profundizar el Acuerdo de Complementación Económica mencionado y, de esa forma, a modernizar la normativa bilateral que actualmente rige en materia de inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico. Asimismo, busca eliminar los obstáculos técnicos para facilitar los procedimientos aduaneros.

Una de las innovaciones del nuevo acuerdo comercial, que vale la pena destacar, alude a la regulación de licitaciones públicas, a través de las cuales empresarios chilenos podrán postular en igualdad de condiciones en el país transandino para proveer bienes o servicios, aumentando, de esa forma, las oportunidades de empleo para miles de chilenos que se desempeñan en el rubro comercial.

Adicionalmente, el acuerdo fomenta la equidad de género, ya que busca que las mujeres puedan trabajar y aportar en los principales sectores comerciales. También promueve el intercambio de información para implementar políticas que contribuyan al desarrollo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que tanto necesitan protección legal.

Lo anterior demuestra que, además de favorecer la integración económica, dicho acuerdo se adecua a las necesidades y demandas más cualitativas, propias de nuestra época. Evidentemente, el comercio bilateral se encuentra condicionado de manera natural a la voluntad política de las autoridades.

A nivel regional, Argentina es nuestro segundo socio comercial, razón por la que cualquier esfuerzo por afianzar los vínculos bilaterales, dentro de la estrategia de nuevo regionalismo que caracteriza a nuestra política exterior, debiera ser apoyado, pensando siempre en el crecimiento económico de Chile y en la posibilidad de aumentar las oportunidades de comercio y empleo para los chilenos.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, entre Chile y Argentina no solo hay más de 4.300 kilómetros de frontera en común, en donde existe cotidianamente intercambio e integración entre personas e instituciones, sino, además, sistemas portuarios y aeroportuarios preparados para asumir las decisiones sobre las políticas económicas de integración, que podrían permitir unir esfuerzos para entrar a nuevos y mayores mercados, así como también mejorar las condiciones de microempresas y pequeñas empresas.

El acuerdo cuya aprobación se busca esta mañana apunta principalmente a obtener mejoras en la regulación comercial internacional entre la República de Chile y la República Argentina -así de simple-, pero con una enorme profundidad y trascendencia, porque hay un total de veinte nuevos capítulos que tienen que ver con las inversiones, el perfeccionamiento de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias; la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros y comercio más expedito, y además con comités especiales para eliminar obstáculos técnicos al comercio, que aborden materias regulatorias entre Chile y Argentina.

Entre otras disposiciones, el acuerdo considera intercambiar información relevante y de interés para las microempresas y las pequeñas empresas de ambas naciones, relacionada con el acuerdo comercial, para lo cual se estima la creación de un comité de microempresas y pequeñas empresas binacional para, entre otras cosas, facilitar el comercio en general.

A propósito de eso, las partes, o sea, ambos gobiernos, definirán sectores productivos para facilitar el comercio, la eliminación de obstáculos y acuerdos de reconocimiento mutuo para aumentar los flujos comerciales de productos con regulaciones específicas.

En fin, hay veinte capítulos de buen entendimiento entre la República de Chile y la República Argentina. Además, se agrega un capítulo, que mencionaré al pasar, dedicado al comercio y al medio ambiente, con el fin de que se comprometan a no realizar cambios normativos en materia ambiental con el solo propósito de favorecer el comercio.

En términos generales, y entendiendo en plenitud el alcance de construir y poner en práctica efectivos acuerdos de más y mejor integración complementaria con la República Argentina, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor este proyecto de acuerdo.

He dicho.