Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga.

De conformidad con los acuerdos adoptados el día de hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada y se votará en esta sesión.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Kuschel .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 122ª de la presente legislatura, en 8 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 124ª de la presente legislatura, en 10 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 4

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor KUSCHEL (de pie).-

Señora Presidenta, la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial de impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga.

La iniciativa ingresó a tramitación el 8 de enero de 2019, con urgencia calificada de discusión inmediata.

La comisión contó con la presencia del ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán , y del subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán .

En representación de gremios de dueños de camiones, concurrió el presidente nacional de la Confederación de Transportes de Dueños de Camiones de Chile, señor Juan Araya ; el presidente de la Confederación de Transportes de Carga de Chile, señor Sergio Pérez , y el presidente de Chile Transportes, señor Víctor Manuel Jorquera , acompañados del señor Carlos Salazar , gerente de Desarrollo Chile Transportes.

La idea fundamental del proyecto consiste, por una parte, en extender por cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, el régimen transitorio de reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, sus porcentajes y categorías, contenido en la ley Nº 20.658, que expiró el 30 de diciembre pasado, y, por otra, actualizar las normas de relación que deben aplicar las empresas de transporte de carga para acogerse a este régimen especial, conforme a las últimas modificaciones efectuadas en la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para determinar el monto de los ingresos y establecer el porcentaje de recuperación a que se tiene derecho, el contribuyente deberá sumar a sus ingresos los obtenidos por sus relacionados, sea que realicen o no la misma actividad. La determinación de los relacionados y de los ingresos que se sumarán se realizará conforme a lo establecido en los párrafos 3º al 6º del número 3 del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos, se considerarán relacionados con una persona, empresa, comunidad, cooperativa o sociedad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica:

1. El controlador y las controladas.

2. Todas las entidades, empresas o sociedades que se encuentren bajo un controlador común.

3. Las entidades, empresas o sociedades en las que es dueña, usufructuaria o que a cualquier otro título posee, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10 por ciento de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.

4. El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10 por ciento.

5. Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo con los dos numerales anteriores leídos, se considerarán relacionadas entre sí, debiendo en tal caso computar la proporción de los ingresos totales que corresponda a la relación que la persona natural respectiva mantiene con dicha entidad.

Se considerará como controlador toda persona o entidad, o grupo de ellos con acuerdo explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee más del 50 por ciento de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos de voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. Estas últimas se considerarán como controladas.

La ley Nº 20.658, que se extendería por la aprobación del proyecto en informe, determina los siguientes porcentajes y categorías para el reintegro del impuesto específico al petróleo diésel a las empresas de transporte de carga:

a) 80 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2.400 unidades de fomento.

b) 70 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 2.400 y no excedan de 6.000 unidades de fomento.

c) 52,5 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6.000 y no excedan de 20.000 unidades de fomento.

d) 31 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 20.000 unidades de fomento.

Asimismo, el artículo transitorio del proyecto determina que las modificaciones establecidas en esta ley se aplicarán respecto del impuesto específico que se encuentre recargado en las facturas emitidas durante el período tributario de enero de 2019 al período tributario de diciembre de 2022, ambos inclusive, sin que con motivo de esta modificación se afecte en modo alguno la procedencia del beneficio establecido en la ley Nº 20.658.

Efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal

El informe financiero de 8 de enero de 2019, emitido por la Dirección de Presupuestos, indica que el impacto fiscal de la medida se estimó como la diferencia entre el crédito por reintegro total por impuesto al diésel con la medida transitoria de este proyecto de ley, que contempla distintas tasas por tramo, y el crédito de reintegro en el sistema permanente, que presenta una tasa única de 25 por ciento. Para lo anterior se utilizan las declaraciones de Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga año 2017 del Servicio de Impuestos Internos.

Adicionalmente, se considera el efecto de la modificación de normas de relación, en que los contribuyentes deberán sumar a sus ingresos los ingresos obtenidos por sus relacionados, sea que realicen o no la misma actividad.

Considerando un crecimiento del parque automotor de los transportistas de carga y el número de sus ventas en proporción al crecimiento de la economía para los próximos años, el total de menor recaudación fiscal que genera el proyecto de ley en informe para el período 2019-2022 es el siguiente:

En 2019, 28.025 millones de pesos, equivalentes a 43,1 millones de dólares; en 2020,

29.201 millones de pesos, equivalentes a 44,9 millones de dólares; en 2021, 30.371 millones de pesos, equivalentes a 46,7 millones de dólares, y en 2022, 31.481 millones de pesos, equivalentes a 48,4 millones de dólares.

Votación en general del proyecto:

Fue aprobado por la mayoría de diez diputados: señor Pepe Auth , señora Sofía Cid , y señores Pablo Lorenzini -Presidente-, Patricio Melero , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y quien habla. Se abstuvo el diputado Manuel Monsalve ; votó en contra el diputado Giorgio Jackson , quien estuvo por establecer un sistema anticíclico, similar al que incide en el precio de los combustibles para el impuesto específico, particularmente en el contexto actual de discusión de una reforma tributaria.

Sin embargo, hubo unanimidad para aprobar el cambio en las normas de relación, en cuanto a que para determinar el monto de los ingresos y establecer el porcentaje de recuperación a que se tiene derecho, el contribuyente deberá sumar a sus ingresos los ingresos obtenidos por sus relacionados, sea que realicen o no la misma actividad. Además, consideraron positivo el cambio de las normas de relación entre empresas, por cuanto establecen estándares más estrictos que la legislación vigente.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta, lo que recién indicó el ministro de Hacienda posee antecedentes normativos en la ley N° 19.764 y en sus modificaciones posteriores, normas que establecieron el reintegro parcial de los peajes pagados por vehículos pesados en vías concesionadas.

Con las vicisitudes económicas derivadas de las fluctuaciones del precio del petróleo, los beneficios propiciados por estas normas constituyeron una sentida ayuda para miles de transportistas a lo largo de nuestro país, lo que significó que el mecanismo de reintegro fuera utilizado en sucesivas actualizaciones y modificaciones legislativas. Así las cosas, el presente proyecto de ley propone extender por cuatro años más el régimen transitorio de reintegro del impuesto específico al petróleo diésel a las empresas de transporte de carga, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Como parlamentario y miembro de la Unión Demócrata Independiente, siempre he abogado por soluciones razonables a los altos impuestos específicos que pagan los contribuyentes, particularmente los vinculados al rubro del transporte. Por ello, nos parece del todo razonable una extensión del plazo del mecanismo del reintegro, toda vez que apunta a mejorar las condiciones de trabajo de ese esencial segmento de nuestra economía.

Por todo lo anterior, manifiesto mi voto a favor de esta iniciativa. Espero el acuerdo mayoritario de la Sala en torno a la aprobación de este necesario proyecto de ley, porque, como muy bien ha dicho el ministro de Hacienda, es muy importante que hoy sea aprobado.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley hasta ahora no ha contado con un debate más pausado en cuanto a los criterios de justicia que estarían detrás de un beneficio tributario como el que se ha mencionado.

Creo que es razonable preguntarse si mantener este subsidio que se otorga a un sector de la economía se justifica, por múltiples razones. En primer lugar, estamos hablando de que el diésel, que es notoriamente más contaminante que las bencinas, paga un gravamen cuatro veces menor que el de las bencinas. Por lo tanto, el impuesto con que se intenta gravar a quienes ocupan combustibles fósiles está generalmente más cargado a los usuarios finales, a los usuarios de los automóviles o de los vehículos en que se transporta la ciudadanía. Para quienes ocupan vehículos que usan diésel, el gravamen es menor. Sin embargo, aunque sea menor, el usuario de un vehículo a diésel tiene que pagar completo dicho gravamen, a diferencia de quienes podrían acogerse a este subsidio.

Creemos que por consideraciones medioambientales, pero también de justicia, estamos hablando de un subsidio que no corre para el usuario final, pero sí, en términos parciales, para los transportistas, que, dicho sea de paso, además operan en régimen de renta presunta, que es uno de los aspectos que deberían discutirse en la reforma tributaria, siempre y cuando esta buscara modernizar, lo que hasta ahora -creemosno busca.

También hay otros rubros, como el de los aviones o el de la minería, en los que ni siquiera opera este impuesto.

Por lo tanto, hay un desnivel y un criterio de injusticia que no creemos que se justifique, lo que merece mayor discusión que solo una sesión en la Comisión de Hacienda y una discusión acelerada en la Sala de la Cámara de Diputados.

La recaudación por concepto de impuestos a los combustibles en nuestro país se acerca a los 1,8 billones de pesos, según la Ley de Presupuestos. El informe financiero señala que lo que se dejará de percibir, además del 25 por ciento adicional que históricamente existía y que ahora se va a mantener aumentado en un tope de hasta 80 por ciento, llegando hasta el 31 por ciento, dependiendo del tramo de ventas, será lo siguiente: los 40 millones de dólares de piso, más aproximadamente 40 millones de dólares adicionales. Es decir, estamos hablamos de cerca de 80 millones de dólares adicionales que anualmente vamos a estar destinando a un subsidio para un sector específico de la economía.

Quiero dejar eso en claro, porque muchas veces se habla de que lo que debiese empujar la economía es el libre mercado -eso es lo que muchas veces el ministro ha esbozado-; pero en este caso lo que se hace es subsidiar totalmente a una industria, lo que impide generar otros escenarios de innovación tecnológica.

También es importante considerar que si se toma la decisión de conceder un beneficio como este, hay varias preguntas que el ministro, lamentablemente, no quiso abordar, a pesar de que concordaba o, a lo menos, asentía frente a algunas de ellas. La primera pregunta -la dejo instalada era la siguiente: ¿Por qué este no es un beneficio que sea anticíclico, es decir, que dependa del precio del petróleo? Cuando el precio del petróleo esté alto, quizás tenga una justificación generar una inyección de subsidios; pero si el precio del petróleo está bajo, ¿por qué tenemos que establecer, adicionalmente, otro subsidio? No tiene mucho sentido. El gasto alternativo del dinero público podría ser destinado a otras funciones.

Por otro lado, ¿por qué hacer de esta una función discreta? Es decir, los contribuyentes que venden en un tramo tienen un porcentaje de reintegro, y los que venden inmediatamente pasadas las 2.400 UF tienen otro porcentaje sobre el total de su consumo, y así sucesivamente. En lugar de hacer una función continua, se opta por funciones discretas, lo que, por supuesto, siempre ha consistido en un mecanismo de distorsión.

Por otro lado, vemos que no hay una justificación técnica ni económica para esta iniciativa, sino tan solo salir al paso político ante un grupo de presión, como los hay muchos. Creemos que puede haber soluciones mucho mejores.

Lo que sí rescatamos, a pesar de rechazar este proyecto de ley, es que el número 2) de su artículo único establece mejores normas en cuanto a las incompatibilidades o a las actividades entre relacionados. Por lo tanto, ese número lo apoyaremos. Pero el proyecto de ley en su idea general no lo apoyaremos porque no creemos que tenga detrás un principio de justicia que lo sustente.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señora Presidenta, lo que hoy hacemos es prorrogar el mecanismo de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de transporte de carga.

No es cierto que este proyecto no tenga una historia grande. Es verdad que la presente iniciativa ingresó a tramitación el 8 de enero pasado con discusión inmediata y que la tratamos en la Comisión de Hacienda; pero esta discusión es de larga data. Este proyecto se convertirá en la quinta ley que se publica sobre este tema. La primera de ellas, publicada en el Diario Oficial de 19 de octubre de 2001, fue la N° 19.764. ¿Cuál era el fin de esa ley? Establecer el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establecer facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles. Esta ley determinó que las empresas de transporte de carga que fuesen propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones de determinado peso bruto pudiesen recuperar un porcentaje de lo pagado por concepto de impuesto específico al petróleo diésel. Asimismo, esta ley dispuso que el referido porcentaje de reintegro fuera de 10 por ciento para 2001; luego, dicho reintegro aumentó a 20 por ciento para 2003. Finalmente, a partir del 1 de julio de 2006, se determinó que correspondía un reintegro en forma permanente de 25 por ciento.

Es decir, el Congreso Nacional ha hecho la pega. Lo hago presente porque con mucha liviandad se dice que no se ha hecho nada. Lo digo con mucha fuerza porque quiero recordar lo siguiente: el reintegro es inversamente proporcional y es de justicia, porque el 80 por ciento de reintegro se establece para aquellos contribuyentes que presenten una menor facturación anual. Y es bueno recordar algo: los contribuyentes que obtendrán el 80 por ciento de reintegro por haber tenido ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 unidades de fomento son más de 30.000 en el país. ¿Cómo que no estamos legislando para los chicos? ¿Cómo que no estamos haciendo justicia? ¿Cómo que no estamos haciendo una redistribución? ¿Cómo que no estamos dando a esos contribuyentes la posibilidad de que se puedan expandir?

Después de aquella primera ley, se dictó otra publicada en el Diario Oficial el 24 de junio de 2008; posteriormente, se dictaron leyes con el mismo objetivo en 2013 y en 2015. En todas esas leyes hemos mejorado.

El proyecto en discusión, en su artículo único, plantea una serie de disposiciones. Por ejemplo, se actualizan las normas de relación que deben aplicar las empresas de transporte de carga para acogerse a este régimen especial conforme a las últimas modificaciones establecidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta.

La iniciativa contiene una serie de otras modificaciones. El detalle de los porcentajes de reintegro fue mencionado por el diputado informante.

Lo que importa es que la menor recaudación calculada para el período 2019 a 2022 es de 43,1 millones de dólares en 2019; de 44,9 millones de dólares en 2020; de 46,7 millones de dólares en 2021 y de 48,4 millones de dólares en 2022.

Es un proyecto de ley aceptable y hay que legislar ahora, dentro del presente mes de enero, porque la ley anterior terminó su vigencia el 31 de diciembre pasado. Por eso dimos los argumentos respectivos en la Comisión de Hacienda para su aprobación y escuchamos a las dos grandes empresas del transporte: una estuvo de acuerdo con la iniciativa y la otra no.

Por lo tanto, creo de verdad que debemos aprobar este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señora Presidenta, este impuesto, cuyo mecanismo transitorio de reintegro parcial se propone renovar a través del proyecto en debate, es de aquellos que no debieran existir, porque fue establecido por una causa determinada, en este caso, para paliar los efectos económicos provocados por un desastre natural, y supuestamente por un tiempo; pero al final quedó instalado para sécula.

Me parece de total y absoluta justicia que los transportistas puedan rebajar el impuesto específico a los combustibles, y me parece justo que lo puedan hacer no solo ellos, sino todos quienes producen en nuestro país.

Como digo, se trata de un tributo que no debiera existir; tendría que haber sido eliminado hace muchos años. Sin embargo, lo reitero, al final se mantuvo, y al parecer continuará manteniéndose a través del tiempo.

Recuerdo que en el primer gobierno de Sebastián Piñera en esta bancada hicimos grandes esfuerzos, incluso juntamos firmas, con la finalidad de eliminar de una vez por todas el impuesto específico a los combustibles, debido a que ya había cumplido con su objetivo.

Otro mecanismo que en su momento se planteó fue la estabilización del precio de los combustibles, tanto del petróleo como de las bencinas, y que el impuesto específico subiera o bajara según las variaciones internacionales del precio de los combustibles. A mi juicio, se trataba de una buena alternativa, porque mantenía en el tiempo el precio de las bencinas y del petróleo.

Sin embargo, como ninguna de esas iniciativas fue acogida, ni por el gobierno anterior de Sebastián Piñera ni por los gobiernos de Michelle Bachelet, seguimos pegados con este impuesto, que al parecer quedará establecido para sécula.

Me parece de toda justicia que la iniciativa que debatimos proponga prorrogar hasta 2022 la posibilidad que se les dio a los transportistas de rebajar de su contabilidad una parte del impuesto específico a los combustibles, pero espero que ese año no se vuelva a prorrogar, sino que simplemente se elimine, ya que dicha carga impositiva no fue creada para los productores, para la gente que produce en nuestro país, sino para paliar los problemas provocados por el desastre natural que dio origen a su establecimiento.

En consecuencia, sin perjuicio de las observaciones planteadas, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señora Presidenta, agradezco a la bancada de Renovación Nacional que me haya cedido dos minutos para intervenir sobre este proyecto.

Quiero señalar que en principio estoy de acuerdo con el reintegro permanente de este impuesto específico para las pequeñas empresas de transporte de carga, es decir, para aquellas que tienen ventas anuales de hasta 2.400 UF. Estamos hablando de microempresarios del transporte que deben soportar el costo del impuesto específico al petróleo diésel, el cual, como lo dijo muy bien el diputado Ignacio Urrutia , fue creado para paliar los efectos del terremoto de 1985, pero continúa hasta ahora, en circunstancias de que fue establecido para enfrentar una situación transitoria.

De acuerdo con el informe financiero, el costo anual para el erario por concepto de menor recaudación tributaria será de aproximadamente 43,1 millones de dólares, lo que, en suma, va a significar, en los cuatro años, alrededor de 183 millones de dólares que se dejarán de recaudar. Si a eso sumamos los 40 millones de dólares fijos, estamos hablando, en definitiva, de un subsidio para el transporte de carga que supera los 350 millones de dólares.

Finalmente, quiero señalar que votaremos a favor este proyecto, pero queremos relevar que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado también necesita un subsidio, puesto que hemos descuidado ese medio de transporte. Debiera haber una suerte de “ley espejo”, que permitiera que todo lo que aportemos a un modo de transporte, en este caso por carretera, también lo podamos aportar para ferrocarriles, porque ese medio ha sido abandonado, y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Solicito a los asistentes a las tribunas abstenerse de hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, los impuestos funcionan cuando tienen fundamento y racionalidad. El objetivo de este impuesto específico, cuyo mecanismo de renovación se propone a través de la iniciativa en debate, destinado a la mantención, reparación y ampliación de las carreteras de Chile, fue luego reemplazado a través del sistema de concesiones y la estructuración de un sistema de peaje. Por lo tanto, como los que utilizan las carreteras pagan por circular por ellas, desapareció la razón que dio origen a ese impuesto.

Por supuesto, uno podría decir que hay una razón ambiental para mantener el gravamen; pero si hay una razón ambiental, ¿cómo se explica que deba pagar el impuesto el pequeño camionero que transporta las verduras del pequeño agricultor desde el predio hasta el mercado y que no lo deba hacer la retroexcavadora de la faena minera?

Cabe tener presente que dos tercios del diésel utilizado en Chile no corresponde a actividades que sean gravadas por este impuesto. Por lo tanto, si universalizáramos la aplicación de este gravamen, podríamos recaudar lo mismo rebajándolo a la tercera parte. Lo señalo porque cuando uno analiza los impuestos, lo básico es que haya justicia: a igual actividad, igual gravamen; pero hay desigualdad flagrante entre la industria del transporte y el resto de las industrias.

Por eso, invito al ministro de Hacienda a que reflexione sobre esta materia y disponga la elaboración de un estudio serio para analizar la pertinencia de la universalización y la rebaja de este impuesto, con el objeto de mantener un ingreso que es bastante seguro y de magnitudes muy significativas.

A este impuesto, o a esta devolución de la que estamos hablando, en momentos de crisis por el alza desmesurada del combustible, se aplicó un descuento de 80 por ciento para toda la actividad de transporte. Con posterioridad, como suele ocurrir cuando se entrega un beneficio, fue muy difícil retirarlo, y lo que se hizo por lo menos fue focalizarlo en favor de los sectores más complicados desde el punto de vista económico, en este caso en favor de las pequeñas empresas de transporte de carga. De hecho, de acuerdo con la escala que se elaboró para tal efecto, los transportistas más pequeños tienen una devolución de 80 por ciento, y a medida que se avanza, la devolución va disminuyendo hasta llegar al 25 por ciento de base.

Eso está muy bien, pues son más de 30.000 los beneficiados, cuya actividad incide de manera decisiva en el bolsillo de los chilenos, porque transportan los alimentos, las materias primas de consumo cotidiano. Por lo tanto, el alza de este impuesto, o más bien la no devolución de ese gravamen, implicaría un costo no solo para los transportistas, sino para todos los chilenos.

No obstante, quiero aprovechar el regreso a la Sala del ministro de Hacienda para insistir, en forma majadera, porque lo hemos hecho desde que se instaló en el sillón de Hacienda en el período presidencial antepasado, en la necesidad de que se elabore un estudio sobre la pertinencia de este impuesto específico. A mi juicio, podríamos rebajarlo perfectamente a la tercera parte, mediante la universalización del pago.

Por último, en relación con lo anterior, quiero reiterar el ejemplo que planteé al inicio de mi intervención, en el sentido de que no tiene lógica que la retroexcavadora de la faena minera no pague este impuesto y que sí lo hagan los pequeños productores, que deben transportar sus verduras desde el lugar de producción hasta las ferias y mercados de Chile.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, en Evópoli entendemos que, en relación con la lógica de la extensión de un beneficio que se ha prorrogado desde 2006, a través de sucesivos gobiernos, como bien mencionó el diputado Auth , a partir de un impuesto que partió por otros motivos, pero que finalmente terminó transformado en este subsidio a los pequeños transportistas respecto del diésel, y más allá de los beneficios lógicos que se dispensan a este grupo específico de pequeños empresarios chilenos, trabajadores arduos, debemos comenzar a tener una mirada un poco más integral, más amplia al respecto, que se adapte a los tiempos nuevos. Debemos darnos el tiempo de discutir este y otros temas con la mirada puesta en el futuro.

La pregunta, que no solo se la hago a nuestro gobierno, sino al mundo político en general, es si corresponde que en plena época de la electromovilidad, de cuidado del medio ambiente, de calentamiento global y de energías limpias, debemos seguir subsidiando, sin más, el diésel por otros cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022. Vamos a tener una cumbre climática acá, en Chile, la famosa COP-25, y nos hemos jactado bastante de la importancia que tiene. Bueno, el sector transporte es clave en el cambio climático. La ministra Carolina Schmidt señaló que el 31 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país provienen del transporte. Hemos hecho un esfuerzo en el transporte público nacional, precisamente para tratar de desarrollar el transporte urbano eléctrico. Al 2040, el ciento por ciento de transporte público debiese ser eléctrico.

Hoy mismo, gracias al esfuerzo de la ministra de Transportes, señora Gloria Hutt , que está cumpliendo una labor espléndida, tenemos doscientos buses eléctricos circulando por las calles de Santiago, gracias a lo cual disminuiremos en cerca de tres mil toneladas las emisiones anuales de CO2, precisamente por la circulación de una tecnología que nos permite incentivar la electromovilidad, que es hacia a donde avanza el planeta.

Entonces, no es posible que adoptemos una medida de esta naturaleza en favor de nuestros amigos de las pymes del transporte de carga, a los que naturalmente nadie quiere ver afectados, sino todo lo contrario. El punto es cómo lo hacemos de manera que se condiga con la modernidad, con los tiempos actuales.

La realidad es que tenemos uno de los impuestos al diésel más bajos de la OCDE: un cuarto del que pagan las bencinas. Se devuelve casi en 80 por ciento a la inmensa mayoría de los camiones nuevos. Esto significa que si un usuario de bencina paga trescientos pesos por litro por concepto de impuesto, un camionero termina pagando quince pesos por litro de diesel; eso ha ido aumentando de 10 a 25 por ciento en una cantidad de años muy limitada. Algunos acá lo ven como un mérito, en circunstancias de que, en la práctica, es una regalía a una fuente excesivamente contaminante.

El impuesto específico al diésel no se justifica, por las externalidades negativas de contaminación y congestión que produce, por lo cual debería ser mayor que el de las bencinas; sin embargo, no es así.

Está clara la necesidad del transporte de carga, y está claro también que un camión congestiona más que un automóvil. Entonces, la pregunta que me hago, señor Presidente, es si no debiésemos estar pensando en cómo igualar o al menos buscar acercar las bencinas al diésel, en orden a establecer un mínimo de justicia ambiental o al menos un mínimo de coherencia con el discurso que tenemos respecto del cuidado del medio ambiente. Deberíamos hacer converger, en una cantidad razonable de años, el precio del diésel con el de las bencinas. Se podría rebajar el de las bencinas de seis UTM por metro cúbico a cinco, e ir subiendo gradualmente esa tasa, fomentando el recambio de maquinaria a través del subsidio a la adquisición de maquinarias con tecnologías más limpias. Mientras el diésel mantenga estos privilegios, no hay ninguna razón económicamente viable para dejar de ocuparlo.

Lo que sugiero hacia adelante, porque no es interés nuestro ni de Evópoli perjudicar a quienes se están beneficiando de esta ley en proyecto, es pensar en el futuro. No creemos que este tipo de medidas sean útiles si no las pensamos en el largo plazo.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva normativa sobre migración y extranjería.

Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores parlamentarios que, de conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios, el plazo para solicitar votación separada y renovar indicaciones vence mañana a las 11.00 horas.

Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; de Zonas Extremas y Antártica Chilena; de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda son el señor Pedro Velásquez , la señora Aracely Leuquén , el señor Raúl Saldívar y el señor Giorgio Jackson , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 32ª de la legislatura 361ª, en 4 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 95ª de la presente legislatura, en 7 de noviembre 2018. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 108ª de la presente legislatura, en 29 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 109ª, de la presente legislatura, en 11 de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 124ª de la presente legislatura, en 10 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

El señor VELÁSQUEZ, don Pedro (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje, destinado a establecer una nueva ley sobre migración y extranjería.

La idea matriz de la iniciativa es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y la no discriminación hacia los migrantes, y, por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Cabe señalar que la comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar, con los votos del diputado señor Marcelo Schilling y de los entonces diputados señores Germán Becker , Luis Lemus y Sergio Ojeda .

En otro plano, debe consignarse que el proyecto tiene normas de rango orgánico constitucional y de quorum calificado, las que se especifican en el informe respectivo.

Fundamentos del mensaje

Según señala el mensaje, Chile no ha sido un destino tradicional de las grandes corrientes migratorias. Alcanzó su máximo histórico de 4,1 por ciento de población extranjera en el censo de 1907. Ese porcentaje bajó progresivamente durante el siglo XX, hasta llegar a un mínimo de 0,75 por ciento en la medición de 1982. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la migración se ha incrementado notablemente. Así, los censos realizados a partir de 1992 anotaron que la población extranjera ha ido in crescendo, alcanzando el 2 por ciento del total nacional en la medición del año 2012, cifra que es estimada aún baja, de acuerdo con los estándares internacionales, aspecto que cobra especial relevancia al considerar la posición de liderazgo económico de Chile en el contexto latinoamericano.

Sin perjuicio de lo expuesto, la tendencia al alza es sostenida, no obstante lo cual Chile es aún un país de emigrantes en términos netos.

Agrega el mensaje que la procedencia de los migrantes ha variado con el paso de los años. Así, a comienzos de la década de 1950, el 56 por ciento de los migrantes provenía de Europa, llegando a conformar el 61 por ciento del total, y solo el 23,4 por ciento era de origen latinoamericano; en cambio, actualmente, el 86 por ciento de los permisos de residencia son otorgados a ciudadanos latinoamericanos y solo el 5,1 por ciento a europeos.

La inmensa mayoría de quienes optan por la radicación en nuestro país lo hacen por razones laborales. Chile es un destino atractivo para quienes buscan mejores perspectivas económicas, como se demuestra al comparar el ingreso per cápita de Chile en el 2012, en relación con el de nuestros vecinos más próximos: 72 por ciento más alto que el de Perú, 83 por ciento superior al de Ecuador y 261 por ciento superior al de Bolivia.

En otro plano, el mensaje expresa que, desde principios de los años 90 del siglo pasado, Chile tomó la determinación de abrir sus fronteras al mercado global de capitales y al de bienes y servicios, firmando acuerdos de libre comercio con numerosos países y bloques comerciales. Sin embargo, tales políticas no han ido aparejadas de la modernización de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global.

A continuación, indica que el principal instrumento regulatorio en esta materia es el decreto ley N° 1.094, de 1975, constituyéndose en la legislación migratoria vigente más antigua de Sudamérica. Las principales deficiencias regulatorias de dicho cuerpo legal pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Carencia de principios orientadores, derechos y deberes;

b) Categorías migratorias insuficientes;

c) Institucionalidad débil. El principal órgano migratorio es el Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior, con una estructura de quinto orden jerárquico;

d) Ausencia de mecanismos institucionales para la generación de política;

e) Omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero.

En otro orden de ideas, el mensaje hace presente que Chile está en una avanzada etapa de transición demográfica. La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955, a solo 1,9 hijos proyectada para el quinquenio 2010-2015, cifra que se ubica bajo la tasa de reposición, tendencia que, de mantenerse, provocaría una baja paulatina de la población total, a menos que lleguen personas de otros países.

Por otra parte, la expectativa de vida ha crecido en forma sostenida y llegaría, según cálculos del Ministerio de Salud, hasta los 80,2 años en el quinquenio 2020-2025.

El proyecto se sustenta en los siguientes pilares:

El primero consiste en el trato igualitario para los inmigrantes, haciendo presente que los extranjeros que por diversas razones han tomado la decisión de radicarse en Chile deben tener la certeza de que su nacionalidad no será un factor que los pueda perjudicar y que el éxito de su decisión dependerá exclusivamente de su esfuerzo y de su capacidad.

El segundo aspecto apunta a los beneficios para el país que reporta la migración extranjera, incluyendo las implicancias microeconómicas.

Al efecto, señala que entre los trabajadores existe la arraigada preconcepción de que los migrantes “usurpan” empleo a los nacionales y presionan a la baja los salarios. Sobre el particular, el mensaje aclara que los migrantes de niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas respecto de las cuales el mercado local presenta déficits que tomaría años resolver a través de mecanismos de capacitación.

Por otro lado, está el aporte a la diversidad cultural. La presencia de extranjeros de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad más rica y tolerante, y son muchos los ejemplos de aportes al patrimonio cultural de comunidades foráneas, en términos tales que nuestro país no sería el mismo sin ellas.

El tercer fundamento de una política migratoria lo constituye la configuración de un mecanismo de formulación periódica de esta, constituyendo su principal materialización la definición de las subcategorías de residencia temporal, lo que permitirá definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras en función de la realidad económica y social reinante como, asimismo, de la experiencia ganada a partir de las políticas migratorias que la hayan precedido.

Contenido del proyecto

La iniciativa se compone de 170 artículos permanentes y de cinco transitorios. Su contenido, a grandes rasgos, es el siguiente.

El Título II, De los Principios, consagra en sus párrafos I y II varios objetivos (artículo 3 y siguientes), y derechos y obligaciones de los extranjeros (artículo 9 y siguientes), respectivamente. Dentro de los objetivos está la promoción de derechos, el procedimiento migratorio informado, la integración del migrante dentro de la sociedad chilena y la migración regular y segura. Entre los derechos de los extranjeros están los laborales; el acceso a la salud, garantizando el Estado a todo extranjero, incluyendo al que se encuentra en condición irregular, la atención a menores, de embarazo, parto y puerperio, y de urgencia; el acceso a la educación preescolar, básica y media, y la reunificación familiar.

Por otra parte, el párrafo 3 del Título II del proyecto (artículos 16 y 17) se refiere a la Política Nacional de Migración y Extranjería, cuya definición corresponde al Presidente de la República, tomando en cuenta diversos factores, como la realidad social y demográfica del país, la política exterior de Chile, etcétera.

El Título III (artículo 18 y siguientes) regula todo lo relativo al ingreso y egreso de personas al territorio nacional, incluyendo aspectos como los pasos habilitados y las categorías de ingreso. El proyecto contempla prohibiciones imperativas y facultativas de ingreso (artículos 26 y 27).

El Título IV (artículo 28 y siguientes) se refiere a las categorías migratorias. Se establecen el permiso de permanencia transitoria (que dura hasta 90 días, prorrogable por una sola vez por igual lapso), la residencia oficial, la temporal (cuya vigencia, por regla general, es de hasta dos años), o definitiva. A la Subsecretaría del Interior le compete el otorgamiento, prórroga y revocación de los permisos de residencia y permanencia, mientras que al Ministerio de Relaciones Exteriores le incumbe lo relacionado con las residencias oficiales.

El Título V trata de las solicitudes de asilo (artículo 85 y siguientes).

A continuación, el Título VI (artículo 89 y siguientes) plasma una serie de obligaciones para los medios de transporte internacional, los empleadores, etcétera, como el control de documentación, la presentación del listado de pasajeros y tripulantes, el transporte de expulsados, entre otras.

El Título VII (artículo 97 y siguientes) regula las infracciones y sanciones migratorias. Las infracciones pueden ser menos graves (como el retraso en solicitar la cédula de identidad), o graves (por ejemplo, el ingreso y egreso clandestino).

El Título VIII lleva el epígrafe “De la expulsión y el retorno asistido” (artículo 118 y siguientes) y regula las causales de expulsión para los titulares de permiso de permanencia transitoria o de permiso de residencia.

A su vez, el Título IX (artículos 130 y 131) establece las medidas de control administrativo respecto de los extranjeros infractores.

El Título X (artículo 132 y siguientes) regula los recursos administrativos y judicial que pueden entablar los extranjeros afectados por alguna de las resoluciones que señala la ley, o por una medida de expulsión, respectivamente.

El Título XI (artículo 136) trata del reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero, a través de su revalidación y convalidación.

Cabe destacar, además, el Título XIII del proyecto (artículo 144 y siguientes), que se refiere a los chilenos en el exterior, encomendando al Estado la tarea de promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero.

Finalmente, dentro de las normas permanentes está el Título XIV (artículo 148 y siguientes), relativo a la institucionalidad migratoria. Destaca la creación del Consejo de Política Migratoria, órgano asesor del Presidente de la República en la elaboración de la política nacional de migración y extranjería. Otro aspecto relevante es la creación del Registro Nacional de Extranjeros.

Durante la discusión en particular, el proyecto de ley fue objeto de varias modificaciones, entre ellas las siguientes:

-Se incorporan, dentro de las definiciones del artículo 1, una relativa a la discriminación arbitraria, por estimarse que la normativa general sobre la materia, contenida en la denominada “ley Zamudio”, no se hace cargo de situaciones específicas que pueden afectar al migrante. También se agregó una definición de “migrante”.

-Se reemplaza el artículo 2, sobre el ámbito de aplicación de la ley, por una norma más amplia, que señala que el objeto de la ley es regular no solamente el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros, como señalaba el mensaje, sino además el ejercicio de derechos y el cumplimiento de sus deberes.

-Se incorpora un artículo 4, que consagra expresamente el interés superior del niño, niña o adolescente.

-El artículo 4 del mensaje, actual 5, que establece la obligación del Estado de proporcionar a los extranjeros información íntegra y oportuna acerca de los requisitos para su admisión, estadía y egreso del país, fue objeto de debate, reformulándose, vía indicación sustitutiva, en términos de consagrar una norma más amplia sobre el particular, estableciéndose que la información debe proporcionarse en idioma español, inglés y lenguaje de señas, sin perjuicio de que la Política Nacional de Migración y Extranjería defina los idiomas adicionales en que la información deba entregarse.

-El artículo 8, que pasa a ser 9, y que se refiere a la migración segura, es sustituido por una norma que establece que la migración irregular no es constitutiva de delito.

-Se incorpora un artículo 10, que consagra el principio según el cual ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, etcétera.

-En materia de prestaciones de seguridad social (artículo 12, que pasa a ser 17), se rechaza su inciso segundo, que establecía que para acceder a los beneficios financiados en su totalidad con recursos fiscales, y respecto de los cuales no se fijasen requisitos que involucren una cierta permanencia mínima en el país, solo tienen derecho a ellos los residentes, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, que hayan permanecido en Chile de manera continua por un período mínimo de 2 años, reforzándose así el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en el acceso a estas prestaciones.

-Se agrega un artículo nuevo, el 19, que consagra el derecho de los extranjeros titulares de permanencia definitiva a acceder a la vivienda propia, en iguales condiciones que los nacionales.

-Se añade un artículo, que pasa a ser 22, que consagra el derecho de los extranjeros al debido proceso para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, como asimismo el derecho a la defensa jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos.

-En materia de causales de prohibición de ingreso al país, se incorpora un artículo nuevo, que pasa a ser 35, en virtud del cual, en el evento de aplicarse alguna de aquellas causales, se deberá informar por escrito y de manera inmediata al involucrado aquella que lo afecta.

-En cuanto al cambio de categoría o subcategoría migratoria (artículo 49, que pasa a ser 56), si bien se mantiene como regla general el principio de que los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país no pueden postular a un permiso de residencia, se incorpora un criterio de flexibilidad en la materia, con arreglo al cual sí pueden optar a este último en caso de que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, o bien su estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, o, finalmente, en casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior.

-Se incorporan en el artículo 61, que pasa a ser 68, tres nuevas subcategorías de permanencia temporal: a) Religiosos de cultos reconocidos oficialmente; b) Pacientes bajo tratamientos médicos, que acrediten que se harán cargo de los gastos respectivos, y c) Jubilados y rentistas.

-En el inciso tercero del artículo 70, que pasa a ser 77, se agrega, dentro de los casos en que se puede postular a la residencia definitiva, teniendo entre uno y dos años de residencia temporal, el de los extranjeros que han efectuado un aporte al ámbito social, cultural, artístico, científico y/o deportivo.

-Se incorpora un artículo nuevo, que pasa a ser 122, que define la medida de expulsión, conceptuándola como la medida impuesta por la autoridad competente, que consiste en decretar la salida forzada del país de un extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico para su procedencia. La medida puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa correspondiente o por el tribunal con competencia penal.

-En el artículo 120, que pasa a ser 125, se agrega un nuevo elemento que debe considerar la autoridad previo a dictar una orden de expulsión, a saber, las contribuciones realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional, de índole social, política, cultural, artística, científica o económica.

-El artículo 123, que pasa a ser 128, y que se refiere al retorno asistido de niños, niñas y adolescentes, es complementado por una norma que establece que la decisión de retorno asistido, así como el procedimiento mismo, se realizará privilegiando el interés superior del niño, niña o adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, el procedimiento deberá iniciarse en el plazo más breve posible, que en ningún caso podrá superar los tres meses desde su ingreso al territorio nacional.

-El artículo 126, que pasa a ser 131, sobre privaciones y restricciones de libertad en caso de dictarse la medida de expulsión, por el tiempo “estrictamente necesario” (sin precisarlo) para dar cumplimiento a la aludida medida, es sustituido por una norma que acota a un lapso no superior a 72 horas la aplicación de dichas restricciones.

-El artículo 134, que pasa a ser 138, que consagra el recurso judicial de reclamación en contra de la medida de expulsión, es modificado en varios aspectos, entre ellos los siguientes: se especifica que la reclamación puede referirse a la legalidad o arbitrariedad de la medida; el recurso se falla en primera instancia y no en única, como decía el texto original; se amplía de cuarenta y ocho horas a diez días el plazo para interponerlo. Además, se agrega un inciso que consagra el derecho de los extranjeros afectados por una medida de expulsión a defensa jurídica, a través de las corporaciones de asistencia judicial.

-Se suprime el artículo 138, que establece la obligación de los organismos de la Administración del Estado ante los cuales los residentes realicen trámites de tipo presencial, de exigirles previamente acreditar su estadía legal en el país.

-En los artículos 153 y siguientes, se crea y regula el Servicio Nacional de Migraciones, al que se otorgan varias funciones, entre ellas llevar a cabo la política nacional de migración y extranjería, y resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia.

-En virtud del nuevo artículo 161, se crea el Registro Nacional de Extranjeros, a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, cuya información es de carácter reservado.

-En el artículo 168, que pasa a ser 171, que modifica diversos cuerpos legales, se agrega un numeral 5, que modifica el inciso primero del artículo 19 del Código del Trabajo, en el sentido de reducir de 85 a 60 por ciento el porcentaje mínimo de trabajadores chilenos en las empresas con más de 25 trabajadores.

En el aludido artículo también se agrega un inciso que exceptúa del límite porcentual a las empresas que realizan actividades estacionales o de temporada.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.

La señorita LEUQUÉN , doña Aracely (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, de Migración y Extranjería (boletín N° 8970-06).

Durante la discusión de este proyecto, la comisión contó con la asistencia y participación del subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney ; del subsecretario general de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade ; del jefe del Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Álvaro Bellolio Avaria , y de los asesores de dicho departamento señores José María Hurtado Fernández y Mijail Bonito Lovio .

La iniciativa tiene por objeto crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes, y, por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

Durante su discusión general, el subsecretario del Interior, señor Ubilla , manifestó que el proyecto de ley que se somete a consideración ingresó en 2013 a tramitación, y se reactivó mediante presentación de indicaciones en abril pasado, siendo aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados con un alto consenso.

Afirmó que en siete meses de debate, desde el 3 de abril de 2018 hasta el pasado 23 de octubre, se llevaron a cabo 42 sesiones, sumando 120 horas de deliberaciones y exposiciones. Durante los tres primeros meses se recibieron las opiniones de medio centenar de actores de la sociedad civil y del Estado, y en los cuatro siguientes el proyecto fue discutido en particular, siendo objeto de más de cien indicaciones previo al inicio de la discusión legislativa.

Agregó que se logró un alto grado de consenso, ya que más de 150 artículos fueron aprobados en forma unánime -de un total de 176-, incluyéndose indicaciones propuestas por la oposición y artículos acordados en forma conjunta, entre lo que se destaca:

Como cuestión conceptual, el reemplazo de una ley de extranjería por una ley de migraciones, cambiando un paradigma esencialmente de control a uno que, además, se hace cargo de los deberes y derechos de los migrantes, de su integración e inclusión, de una mejora sustancial de procedimientos, de establecer criterios objetivos para la fijación política migratoria y de la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.

El establecimiento de principios fundamentales de protección, que incluye, entre otros, la promoción, respeto y garantía de derechos, el interés superior del niño, el procedimiento migratorio informado, la integración e inclusión, la no criminalización de la migración irregular, estableciéndose, además, la obligación de promover una migración segura, ordenada y regular.

La generación de un catálogo de derechos a favor de los extranjeros, que incluye, entre otros, la libre circulación de los extranjeros regulares, la igualdad de derechos y obligaciones entre nacionales y extranjeros; el acceso a la salud y a la educación preescolar, básica y media, con independencia de la situación migratoria; el acceso a gratuidad universitaria en igualdad de condiciones que los nacionales, el acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que los nacionales para residentes definitivos; el derecho a la reunificación familiar, laboral, al debido proceso y al envío y recepción de remesas.

El Estado tiene el derecho y la potestad para definir una política nacional de migración y extranjería dentro del marco legal que este proyecto de ley establece, así como la facultad legal para admitir y expulsar extranjeros, conforme a la legislación que al respecto se fije, en concordancia con los tratados internacionales ratificados y vigentes.

La generación de un sistema flexible para la definición de la política y del esquema de visados, mediante el establecimiento de un consejo de política migratoria.

La necesidad de crear un servicio nacional de migraciones.

Los visados de residencia se deben solicitar fuera del país, a excepción de los siguientes casos en que se puede solicitar en Chile como turista: en casos de vínculos de familia con chilenos o residentes, de que la política nacional de migración lo permita o de que el subsecretario del Interior lo permita en casos debidamente calificados.

Por su parte, las señoras y los señores diputados concordaron con los principios y contenidos enunciados por el señor subsecretario del Interior y, sin mayor debate, prestaron su aprobación al proyecto, por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Sandra Amar y Aracely Leuquén , y los diputados señores René Alinco , Nino Baltolu , Gabriel Boric , Miguel Ángel Calisto , Ramón Galleguillos , Pablo Kast , Carlos Ignacio Kuschel , Vlado Mirosevic y Nicolás Noman (en reemplazo del diputado señor Gastón von Mühlenbrock ).

En el transcurso de la discusión particular, la comisión solo abordó aquellos artículos que contenían normas de su competencia, tales como el artículo 52, referido al extranjero habitante de zona fronteriza; el artículo 53, sobre el documento o registro vecinal fronterizo; el artículo 54, referido a la simplificación del trámite migratorio; el artículo 107, sobre transgresión de la zona fronteriza, y el artículo 171, numeral 2, que deroga la ley Nº 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas, todos los cuales aprobó en la forma que se indica en el informe que mis colegas tienen en su poder.

Por último, me permito hacer presente a las señoras diputadas y a los señores diputados que la comisión compartió el criterio de la comisión técnica, en orden a que el artículo 138 es de carácter orgánico constitucional, según el artículo 77 de la Constitución Política, pues confiere una nueva atribución a las cortes de apelaciones, que consiste en conocer los reclamos interpuestos por los extranjeros afectados por una medida de expulsión.

Del mismo modo, estimó que el artículo 161 es de quorum calificado, según el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, pues crea el Registro Nacional de Extranjeros, cuya información es de carácter reservado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

El señor SALDÍVAR (de pie).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública y al subsecretario.

En nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios -en calidad de segunda comisión-, paso a informar sobre los acuerdos alcanzados en relación con el texto del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre Migración y Extranjería, aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

La idea matriz del proyecto de ley es crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que, por una parte, potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes, y, por otra, fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.

En primer lugar, debo reconocer que, no obstante su deseo de hacer una análisis tranquilo y ponderado del proyecto en su totalidad, y haciéndose cargo de la urgencia decretada a la tramitación por el gobierno, y especialmente considerando la enorme importancia que tiene esta iniciativa para muchos inmigrantes y sus familias que han buscado el cobijo de nuestro país para un futuro mejor, la comisión consintió en abocarse a discutir y votar solo un grupo cercano a los treinta artículos, los cuales fueron objeto de indicaciones por los miembros de la comisión, y a aprobar por unanimidad el resto del articulado en la forma en que fue despacho por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Más allá de las deficiencias y vacíos que presenta la normativa en informe, valoramos como un hito fundamental que se promueva y se busque proteger la dignidad y los derechos de las personas migrantes más excluidas y sus familias.

En relación con el proyecto mismo, valoramos que exista voluntad de legislar, reforzar y modernizar el ordenamiento jurídico migratorio, que se establezca un catálogo de derechos, que se inste a la no criminalización, que se entregue RUT a migrantes desde el ingreso al país, que se amplíen las instituciones que puedan resolver la convalidación-revalidación de estudios, y que se consagren principios, la igualdad de derechos y obligaciones, el interés superior del niño y la no devolución.

Asimismo, valoramos que se establezca el concepto de no discriminación arbitraria en el acceso a derechos, a la seguridad social, a la vivienda, y mecanismos efectivos para promover la migración regular.

Constituye un avance, como lo planteó el Servicio Jesuita a Migrantes, la prohibición de reembarcar a quienes presenten indicios de ser víctimas de trata, secuestro u otro delito que ponga en riesgo su vida. Sin perjuicio de ello, aún se debe mejorar en términos de que la devolución no puede ser inmediata, sino que debe existir siempre una resolución y la necesidad de incorporar la prohibición de reembarcar a quienes soliciten protección internacional.

En materia de acceso a derechos y seguridad social, sin duda que es un avance que se iguale el acceso a la salud, independientemente de la situación migratoria irregular; que se incorpore el acceso a la educación superior, el derecho a la vivienda, el igualar el acceso a la seguridad social con los nacionales y eliminar el requisito de dos años.

También se enfatizó en la necesidad de eliminar la referencia a requisitos específicos que no sean establecidos por ley, como sería el caso de los “requisitos que la autoridad de salud establezca” o “sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la presente ley, en particular, y el ordenamiento jurídico, en general, establezcan”.

En el curso de la audiencia pública decretada por esta comisión, respecto de la migración regular se hizo presente la necesidad de establecer un mecanismo de regularización en el artículo 67 del proyecto, en virtud del cual se podrá entregar una autorización de residencia temporal por motivos excepcionales a extranjeros que se encuentren en el país desde hace más de tres años, que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, o acrediten su integración social mediante certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y presenten un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador por un plazo no inferior a un año, y, además, que acrediten poseer medios económicos suficientes para su subsistencia o realizar una actividad por cuenta propia que genere esos medios suficientes.

Esta residencia tendrá una duración de un año, al cabo del cual su titular podrá solicitar el cambio a otra subcategoría migratoria de residencia temporal.

Por último, resulta importante incorporar la subcategoría migratoria en el artículo 68 en favor de los extranjeros que ingresen al país en búsqueda de trabajo, subcategoría para la cual no se exigirá contrato, por un período de 90 días, prorrogable por el mismo período, pudiendo cambiar de subcategoría migratoria una vez que se acredite vínculo laboral.

Me referiré en especial a ciertas cuestiones que fueron muy debatidas en el seno de nuestra comisión y respecto de las cuales estimamos que se hizo un aporte al proyecto.

La primera es la indicación que modifica el artículo 4, referido al interés superior del niño, niña o adolescente. De esa forma se asegurará el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dicha indicación agrega un inciso del siguiente tenor: “En todo procedimiento administrativo o judicial derivado de esta ley, los niños, niñas y adolescentes tendrán las garantías de un debido proceso, como el nombramiento de representante legal con competencias jurídicas para defender sus derechos, asistencia consular, derecho a ser oídos, a un traductor, entre otros.”. En el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros que intervengan en procedimientos judiciales o administrativos establecidos por esta ley o que deriven de su situación de extranjeros, obligatoriamente deberán ser asistidos y representados por un abogado provisto por el Estado, que tenga conocimientos de su idioma o apoyo de un traductor. Asimismo, el tribunal u órgano administrativo que esté conociendo el asunto deberá oficiar a la Defensoría de la Niñez, informando de los hechos objeto del procedimiento para los fines que estime pertinentes.

El objetivo de la indicación es precisamente aumentar el ámbito de garantías de niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, se considera el nombramiento de un representante legal en el ejercicio de sus derechos, y se norma, en forma especial, el caso de niños, niñas y adolescentes extranjeros que intervengan en asuntos de carácter judicial o administrativo.

Respecto de la autorización previa o visa, materia tratada en el artículo 28 del proyecto, que establece que no requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria, se dispone que, por razones de interés nacional, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior.

Sobre esta disposición, la comisión aprobó por unanimidad una indicación para reemplazar en el inciso segundo la frase “por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular”, por la frase, “por motivos calificados de interés nacional”, e incorporar un inciso nuevo que establece lo siguiente: “Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior, en ningún caso autorizará a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un país en particular.”. Esta indicación se fundamenta en lo planteado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cuanto a que el término "de interés nacional" no es preciso y puede interpretarse de una manera peligrosa, con lo que podría restringirse el derecho a la libre circulación.

Otras modificaciones interesantes aprobadas por la comisión son la que modifica el artículo 34, que dispone que podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que "realicen declaraciones manifiestamente falsas al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.".

En este mismo orden, cabe señalar la incorporación del artículo 34 bis, que en lo fundamental dispone que “La decisión adoptada en virtud del numeral 4 del artículo anterior resultará recurrible desde el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a la sede central del Servicio. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento del rechazo.”.

Otra indicación importante establece que "Para aplicar las causales prohibitivas o facultativas de ingreso, la policía deberá presentar los antecedentes a una autoridad del Servicio, quien tomará la decisión de aplicar o no alguna de dichas causales dentro de un plazo máximo de 24 horas. En caso de que pasado dicho plazo no se reciba respuesta alguna del Servicio, la policía deberá dejar ingresar al extranjero. En el tiempo intermedio en que se espera la decisión del Servicio, el extranjero permanecerá custodiado por la policía, en las instalaciones del puerto/aeropuerto por el cual haya ingresado, no pudiendo ser trasladado a otro penal ni en las mismas dependencias que aquellos detenidos por la comisión de algún delito.

Materia que fue de amplia discusión es la que se refiere a la definición de subcategorías migratorias, normada en el artículo 51 del proyecto, que establece que mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se definirá la nómina de subcategorías de permanencia transitoria. A través de una indicación, se incorporó a los extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales, que ha suscitado una intensa discusión pública, por cuanto, a juicio del gobierno, en el artículo citado se encuentra uno de los pilares del proyecto de ley. Como tal, se recordó que en los últimos dos años, hasta abril del presente año, alrededor de 250.000 personas ingresaron al país; haitianos y venezolanos que entraron con visa de turismo y el 90 por ciento se quedaron en Chile, a pesar de haber ingresado con visa de turista. En opinión del gobierno, si se deja consagrada en la legislación que el extranjero pueda venir a buscar oportunidades laborales, dejamos plasmado lo que está sucediendo actualmente: que el país no es capaz de manejar dicha realidad.

A juicio de la mayoría de la comisión, las olas migratorias no se detienen por legislaciones restrictivas e, incluso, producen migraciones de carácter irregular, y el fundamento de la indicación está recogido de los planteamientos formulados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Otra indicación aprobada por la comisión se refiere al artículo 140, que dispone que "Las universidades que participaren en la revalidación y convalidación de títulos señalado en el presente artículo, deberán acogerse a los aranceles fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación".

Por último, quiero hacer presente y dejar constancia de que, aun en el apretado espacio de tiempo que tuvimos como comisión para tratar este proyecto, se presentaron numerosas indicaciones, de singular importancia para los migrantes, que lamentablemente, por disposiciones constitucionales y reglamentarias, escapaban a las facultades de los diputados y que, por cierto, no eran del agrado del gobierno, pero habrían mejorado sustancialmente el contenido de esta iniciativa de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor JACKSON (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que corresponde a la incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, enviado a tramitación en su primer periodo presidencial, sobre migraciones y extranjería.

La iniciativa fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; posteriormente, por la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, y a su turno por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se encuentra con urgencia calificada de suma.

La comisión contó con la asistencia del ministro secretario general de la Presidencia , don Gonzalo Blumel , y del subsecretario, don Claudio Alvarado , como asimismo de los señores Mijael Bonito, asesor de Política Migratoria del Ministerio del Interior; Mauricio Villena , subdirector de Presupuestos, y Álvaro Bellolio , jefe nacional del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

El proyecto en informe tiene como principal objetivo modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un modelo de migración segura, ordenada y regular, principios fundantes contenidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de 2016, como se ha expresado.

En cuanto al efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cantidad de inmigrantes en Chile se estima en 966.363 personas.

El gasto fiscal anual asociado con esta cantidad de inmigrantes asciende a cerca de 256 millones de dólares, que implica gastos en institucionalidad de más de 12.000 millones de pesos; en salud de más de 68.000 millones de pesos, y en educación, más de 72.000 millones de pesos.

En el debate habido en la comisión, algunos integrantes hicieron ver ciertas aprensiones en relación con los efectos financieros del proyecto contenidos en los respectivos informes, como que no incorpora el ingreso a las arcas fiscales, por ejemplo, por pago del impuesto al valor agregado por parte del consumidor final migrante. Igualmente, tampoco contempla una diferenciación entre la mayor demanda que ciertos beneficios sociales presentan entre la población migrante, o que varios de los beneficios que se señalan difícilmente podrán tener como destinatarios extranjeros, como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, incorporado en la minuta entregada por la Dirección de Presupuestos.

Igualmente, hicieron presente que se consideran beneficios que cuentan con un presupuesto fijo, que no se verá modificado por lo que aquí se apruebe. Otras, en cambio, como el denominado bono marzo, sí dependen del número de beneficiarios que postularan.

Al respecto, todos coincidieron en que tendría lógica limitar las transferencias monetarias a un requisito de permanencia, no así los otros programas, porque justamente apuntan a la integración de la sociedad. En tal sentido, algunos de los integrantes de la comisión solicitaron al Ejecutivo corregir la situación para generar una legislación con una definición conceptual adecuada, toda vez que no estuvieron contestes con la opinión del Ejecutivo en cuanto planteó que el acceso a aquellas prestaciones que fueran ciento por ciento de cargo fiscal fuera a extranjeros con dos años de residencia en el país, y la eliminación del requisito de dos años aprobada en la Comisión de Gobierno Interior la consideró inconstitucional, por cuanto implica un mayor gasto de 4.369 millones de pesos, solo por el bono marzo, según la proyección del Departamento de Extranjería y Migración.

Otros diputados integrantes manifestaron su parecer en sentido contrario, porque entendieron que de aprobarse la norma tal como se encuentra redactada, está evitando un ahorro, pero no implica un mayor gasto, por lo que no procede una declaración de inadmisibilidad.

En definitiva, el Ejecutivo se hizo cargo del debate y presentó una nueva indicación para sustituir su propio texto, la que fundamentalmente indica que, para el caso de las prestaciones que implican transferencias monetarias de seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a ellos siempre y cuando cumplan con el requisito de una permanencia mínima continua de 24 meses. En el caso de las prestaciones que no dependen de una transferencia directa, podrán acceder inmediatamente y su costo será de cargo fiscal.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda consideró de su competencia la definición de subcategorías migratorias de permanencia transitoria a extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales, que fue agregada en la Comisión de Derechos Humanos.

Esta última categoría, según explicó el Ejecutivo, generaría como mínimo 979.000 visados de residencia adicionales a la situación actual. De este modo, el costo del proyecto de ley en régimen, en el escenario más conservador, según el Ejecutivo, pasaría de 2.415 millones de pesos a 171.000 millones de pesos por año. Asimismo, generaría un mayor costo fiscal de 70.000 millones de pesos en salud, de acuerdo con el aporte per cápita basal en atención primaria, y un mayor gasto en educación, dado que, conforme a la distribución por género y rango de edad de migrantes del censo 2017, habría un incremento de 97.982 niños estudiantes extranjeros al sistema educacional, en los próximos tres años, lo cual implicaría un mayor costo fiscal cercano a los 99.000 millones de pesos.

El Registro de Información Social (RIS), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, contiene información sobre el acceso por nacionalidad a 41 programas e iniciativas sociales. Basados en esa información, se obtiene que, en promedio, los extranjeros representan el 1,2 por ciento del total de beneficiarios. Aplicando ese nivel de cobertura al total de los programas e iniciativas sociales, se estima que los extranjeros actualmente acceden a 52.657 millones de pesos en programas que no cuentan con detalle explícito de permanencia mínima para extranjeros.

Por último, se utilizó el gasto por beneficiario, junto con las proyecciones de ingresos de migrantes obtenidas del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para estimar el mayor gasto fiscal asociado a la eliminación de los requerimientos mínimos de permanencia.

Estos resultados se obtienen a partir de la siguiente información:

Un costo per cápita por programa de 1.458.000 pesos, de acuerdo a los datos del Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS).

Un porcentaje de cobertura de 20,2 por ciento respecto a la población potencial de cada programa, de acuerdo con el mismo banco de datos.

Se asume que el 10 por ciento de los migrantes reúne los requisitos necesarios para acceder por lo menos a un programa.

Los extranjeros acceden en promedio a 1,8 programas sociales, de acuerdo a la información reportada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Sobre la base de esta información, se obtiene que la eliminación del requisito mínimo de permanencia que señala la indicación aprobada por la Comisión de Derechos Humanos produce un mayor gasto fiscal de 77.510 millones de pesos, según proyección de inmigración del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM).

El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir la nueva subcategoría incorporada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Al respecto, el Ejecutivo argumentó que no conoce ningún país de destino que ofrezca la posibilidad de un cambio de estatus migratorio ya dentro del país.

La mayoría de los integrantes de la comisión coincidieron con el argumento -la mayoría, no todos-, quienes estimaron que es el mismo que recomienda la Organización Internacional de Migrantes, a saber, que las personas solo puedan obtener visa de trabajo desde el exterior, en los consulados, pero nunca dentro del país de destino.

En definitiva, la comisión manifestó su conformidad con el planteamiento de manera mayoritaria, mas no unánime, pero expresó que sería positivo dejar expresamente consignada la posibilidad de obtención de visa para fines laborales en los consulados, indicación que fue recogida por el Ejecutivo y plasmada en el proyecto de ley.

Por otra parte, también tiene impacto fiscal la creación del Servicio Nacional de Migraciones y su respectivo patrimonio, al cual el Ejecutivo agregó las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Asimismo, incluyó a las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley N° 16.271, sobre impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, y demás disposiciones que resulten aplicables, lo que fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes.

Respecto del mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta futura ley durante su primer año de vigencia, se precisó, mediante una indicación, que corresponde al año presupuestario de los respectivos ministerios que se señalan.

En cuanto a los artículos transitorios sometidos a consideración de la Comisión de Hacienda, esta aprobó sin mayor debate lo referido a las plantas de personal, a la conformación del primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y las modificaciones adecuatorias al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como asimismo el nombramiento, a partir de la publicación de la ley, del primer director o directora nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien asumirá de inmediato, por el plazo máximo de un año, en tanto se efectúa el proceso de selección.

Al respecto, en cuanto al decreto que deberá dictar el Presidente de la República para conformar el primer presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y modificar el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para los efectos de crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes, la comisión aprobó una indicación para que dicho decreto supremo sea puesto en conocimiento de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Lo expuesto fue tratado con la concurrencia de los diputados señores Auth , Kuschel , Lorenzini (Presidente), Melero , Ortiz , Leopoldo Pérez , Ramírez , Alejandro Santana , Schilling , Von Mühlenbrock y quien habla, Giorgio Jackson .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, hay que entender la inmigración como un proceso positivo bajo todo punto de vista, cuyo influjo todavía no podemos apreciar en toda su magnitud.

Dicho esto, debemos reconocer que nuestra institucionalidad en materia de extranjería y migración es precaria, que no tenemos las herramientas institucionales y jurídicas suficientes para regular con eficiencia y eficacia las implicancias que conlleva un proceso masivo de inmigración.

Es por ello que se hace necesaria la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de normas, instituciones, reglas y principios que hagan de nuestro país un destino moderno, sólido y acogedor para todos aquellos inmigrantes que han decidido establecer en nuestro país su vida y la de sus hijos, como un lugar en que es posible la germinación de la felicidad y de la prosperidad que en sus países de origen no encontraron.

Con este proyecto de ley entraremos en la historia. Nunca, en nuestros más de 200 años de vida independiente, Chile ha gozado de una legislación que regule la inmigración.

Nuestra débil institucionalidad descansa en elementos como la desconfianza, la Guerra Fría y el proteccionismo, principios y momentos que nuestra historia felizmente ha superado, por lo que se hace necesario e indispensable, como indicó su excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera , ordenar la casa.

Ordenar la casa para recibir a más de un millón de personas, ordenar la casa para fortalecer los derechos fundamentales de los inmigrantes, ordenar la casa para garantizar la posición y situación legal de los indocumentados, ordenar la casa para evitar el engaño y defraudaciones a estas personas, ordenar la casa para asegurar la paz y la tranquilidad de nuestro Chile y evitar que entren personas con antecedentes penales de tanta repulsión, como los que se dedican al narcotráfico o a la trata de personas.

Dicho esto, se precisa la consagración de un estatuto jurídico moderno e instrumental a las necesidades e intereses de nuestro país, y por ello urge la existencia de una política nacional de inmigración, de una institucionalidad migratoria, la consagración explícita de derechos y obligaciones para los inmigrantes, y dejar por fin atrás una legislación esencialmente proteccionista.

En este orden de cosas, la nueva institucionalidad abrirá caminos en los que el derecho prevalecerá, el abuso será severamente castigado y los malos elementos deberán pensarlo más de una vez si pretenden venir a Chile.

Por estas consideraciones, manifiesto desde ya mi voto a favor de esta iniciativa. Abrigo la esperanza de que en esta y en las sucesivas sesiones en que se aborde este proyecto podremos establecer una legislación moderna y efectiva, en beneficio de todos los habitantes de nuestro país, de los que ya viven en esta tierra y de los que vendrán.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señorita Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señora Presidenta, qué duda cabe de que estamos ante un proyecto de suma relevancia para el país y para nuestra gente. En los últimos años, la migración se ha convertido en uno de los procesos más complejos que vivimos como país, el que, lamentablemente, muchas veces viene acompañado de situaciones negativas y dolorosas.

El resultado del último censo muestra tres datos relevantes respecto de este proceso. Primero, efectivamente la población migrante ha crecido de forma explosiva, llegando en la última década a dos tercios de la población total migrante, que, a su vez, pasó de 0,81 por ciento de la población total del país, en 1992, a 4,3 por ciento, en 2017. Esta cifra sigue siendo un porcentaje pequeño respecto de lo que nos quieren hacer creer ciertos sectores políticos que fomentan el odio y la discriminación.

Por otra parte, respecto de la composición de los nuevos migrantes que llegan a nuestra patria, 51 por ciento viene de tres países: 25 por ciento de Perú, 14 por ciento de Colombia y 11 por ciento de Venezuela. Mucho más atrás, en sexto lugar, está Haití con 8,4 por ciento.

Es necesario que seamos conscientes de la importancia que tienen los migrantes para el desarrollo de nuestro país, tal como ocurre en el resto del mundo. La gran mayoría de nuestro pueblo tiene ascendencia migrante, pues además de la sangre de nuestros pueblos indígenas y de los españoles que nos conquistaron, nuestra patria es profundamente migrante. Todos tenemos sangre de distintas latitudes gracias a nuestros antepasados que migraron a Chile en otras épocas, tal como sucede hoy.

Por otro lado, debemos considerar que por cada migrante que vive en Chile, hay dos chilenos en el extranjero, lo que refleja lo dinámico del proceso de la migración y la importancia que tiene para muchos compatriotas que en los países que eligieron para vivir existan leyes regulatorias y un enfoque de derechos que los protejan ante situaciones complejas.

Me preocupan las situaciones de abuso, desprotección y discriminación, porque, más allá de migrantes, somos todas personas que tenemos derechos.

Por otra parte, como feminista me preocupa la situación de las mujeres migrantes, quienes muchas veces son doblemente discriminadas y sufren muchísimas situaciones de violencia, a las que se ven expuestas solo por elegir nuestro país para desarrollar una mejor vida que la que llevaban en sus respectivos países.

A principios de este nuevo año, conocimos el caso de Carolina Delgado y el de otras tres venezolanas, quienes sufrieron negligencia médica, tratos xenófobos y racistas en el hospital San Borja , mientras estaban en labores de parto, lo que incluso provocó en una de ella la muerte del bebé. ¿Ese es el Chile que queremos para nuestras hermanas migrantes?

En relación con los femicidios, según las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2018 al menos siete mujeres migrantes fueron asesinadas en nuestro país, y en lo que va de 2019, el pasado 8 de enero nos enteramos del brutal asesinato de Delicienne Sajuste, haitiana de solo 26 años, quien fue apuñalada doce veces por su pareja.

¿Ese es el Chile que queremos para las mujeres que llegan a nuestro país?

No olvidemos el caso de Joane Florvil , quien, en 2017, murió encarcelada tras ser acusada del supuesto abandono de su hijita, en una situación que estuvo rodeada de discriminación, xenofobia, racismo y malos tratos, y que refleja, al parecer, que en Chile no se quiere lo suficiente al amigo cuando es forastero, como dice una célebre canción folclórica.

La situación de los migrantes, específicamente de las mujeres, es preocupante y debe ser abordada con altura de miras. Si queremos ser un país desarrollado, no basta con el desarrollo económico, sino por sobre todo debemos ser una sociedad libre de discriminación, garante de derechos y que construya un mejor país para todos y todas, sean estos chilenos o extranjeros, porque la patria no es una bandera ni un color de piel, la patria es el otro.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señora Presidenta, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto de ley. Sin embargo, me gustaría hacer un análisis más político respecto de la forma de enfrentar la migración en los últimos ocho años, que puede ser vista como un problema o una oportunidad. Me inclino por esta última.

Hay dos formas de enfrentar esta materia. La primera es la forma en que lo hizo el gobierno anterior, esto es, con abulia, dejación, desgano y desinterés por una situación que, en las calles, todos veíamos que iba in crescendo. La actitud del gobierno anterior fue de total desidia respecto del tema de las migraciones.

El gobierno anterior no tomó con seriedad el tema; incluso, nos entregó información contradictoria durante esos cuatro años, pues hablaron primero de 300.000 migrantes y luego de 400.000 migrantes, en circunstancias de que a fines del gobierno de Michelle Bachelet había más de un millón de migrantes en Chile. Por lo tanto, toda la información que nos entregaron fue, a lo menos, inexacta.

El gobierno de Michelle Bachelet solo decidió hacer algo respecto de la migración al final de su período, cuando nuestra bancada impulsó una interpelación contra el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández . Justo antes de la interpelación, mágicamente apareció un proyecto de ley de migraciones, evidentemente incompleto y que además tuvo como efecto práctico la salida del director del Departamento de Extranjería y Migración.

Por lo tanto, la actitud que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet respecto del tema de migraciones simplemente se puede calificar como de desidia absoluta.

¿Cuál ha sido la actitud de este gobierno, mi gobierno? Desde el primer día, desarrolló propuestas concretas para mejorar la situación de los migrantes en Chile. En mi distrito, el número 10, que incluye las comunas de Santiago, Providencia , Ñuñoa , La Granja, San Joaquín y Macul , veíamos todos los días la llegada de inmigrantes que vivían en condiciones casi inhumanas. Por ello, ha habido una gran cantidad de incendios por subarriendos ilegales y problemas evidentes para que ellos encuentren trabajo.

Apenas asumió el actual gobierno, tomó el desafío y creó el Consejo Técnico de Política Migratoria y el Servicio Nacional de Migraciones, estableció un catálogo de derechos y obligaciones para los migrantes y un sistema flexible de categorías migratorias. Este gobierno no hizo lo del anterior, es decir, administrar el problema, sino que, otra vez, le puso el pecho a las balas, dando soluciones a esos problemas.

El objetivo central del gobierno respecto del tema de las migraciones es poner en orden la casa. Por eso, todos los chilenos están agradecidos. El gobierno va en la línea correcta, porque para compartir una casa debemos tenerla ordenada; no podemos recibir inmigrantes sin que estén dadas las condiciones para ello. No podemos recibir a inmigrantes que no tengan dónde vivir ni dónde trabajar ni desarrollarse, porque ello los expone a quedar en manos de inescrupulosos que usurpan sus bienes.

Por último, anuncio mi voto favorable a este proyecto. Quiero recalcar la gran diferencia entre la forma como este gobierno, del Presidente Piñera , que le pone el pecho a las balas a los proyectos, ha tomado este tema, y la desidia, la abulia con la cual la entonces Presidenta Michelle Bachelet y su gobierno tomaron el tema de migraciones.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, quisiera tener el entusiasmo laudatorio del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Naturalmente, no incurriré en sus excesos lingüísticos para elogiar al gobierno actual, porque el pudor me limita. Es más, el pudor me limitó incluso cuando apoyé al gobierno que me representaba.

Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno al encarar un tema; digo “tema” y no problema, porque es un tema país.

Quiero felicitar a quienes condujeron la discusión en la Comisión de Gobierno Interior, y las que siguieron, porque el proyecto que ingresó es sustancialmente distinto al que hoy estamos discutiendo. Digo esto sin el menor asomo de crítica; al revés, lo digo como elogio a lo que debiera ser, en rigor, el proceso parlamentario, en donde un gobierno que tiene su convicción está abierto a la incorporación de correcciones desde los distintos puntos de vista representados en este parlamento, y que finalmente son los distintos puntos de vista representativos de las distintas corrientes nacionales que conforman el país.

Chile es sin duda un país de inmigrantes. Buena parte de los que estamos aquí, o prácticamente todos, salvo un par de diputados que representan a etnias originarias de este país, provenimos de familias de inmigrantes. Por lo tanto, debemos encarar esta discusión desde esa posición, es decir, como inmigrantes que reciben o se disponen a generar condiciones para recibir a nuevos migrantes.

Aquí hay vascos y gallegos; palestinos salidos de Palestina por la Al Nakba; alemanes que trajimos de Alemania; refugiados republicanos de la guerra civil española; perseguidos por las dictaduras latinoamericanas en las últimas dos décadas, etcétera. Todos ellos han venido tras la búsqueda de horizontes de proyección económica y social.

Me tocó vivir en Francia y en Suecia. Éramos chilenos acogidos por países mucho más desarrollados, países que tenían políticas determinadas de acogida.

¿Cuál es nuestra situación actual? Si me lo permiten, diría que es la multiplicidad de diálogos paralelos que atraviesan esta Cámara. Hoy, centenares de miles de latinoamericanos están buscando en Chile la materialización de sus sueños de desarrollo, de crecimiento y de acogida.

En esa línea, nuestro país tiene una tasa de natalidad más baja que la de Suecia; si bien hace cuarenta años era el doble de la de Suecia, hoy es menor que la de ese país nórdico.

No voy a discutir sobre el carácter histórico de las mediciones, pero la única razón por la que el último censo no ha mostrado un descenso de la población chilena es la inmigración. La inmigración hasta ahora ha venido a compensar al millón de chilenos que ha debido salir por distintas razones, sean estas políticas, económicas, sociales, o simplemente porque el mundo hoy es un pañuelo y la gente naturalmente se desplaza con una libertad y facilidad impensables hace solo treinta años.

Por lo tanto, debemos ser conscientes. Imagino que existe consenso en que dentro de treinta años Chile va a tener una proporción de migrantes por lo menos equivalente al doble de la que existe hoy.

La pregunta, entonces, no es si acogemos o no acogemos inmigrantes; la pregunta es cómo los acogemos, cómo les aseguramos iguales derechos e iguales libertades, de modo de evitar que ocurra lo que pasó en Europa, donde el resentimiento y el racismo se elevaron. Lo viví tanto en Francia como en Suecia, y les puedo decir que eso ha enfermado a esas sociedades.

Finalmente, quiero relevar dos aspectos respecto de los cuales se llegó a acuerdo en la Comisión de Hacienda.

En primer lugar, establecimos la posibilidad de que las personas soliciten en su país de origen la búsqueda de horizontes laborales en Chile. No nos pareció que ello debía ocurrir en Chile, sino en el país de origen, naturalmente de acuerdo a las necesidades de la política de desarrollo nacional.

En segundo lugar,…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, quiero felicitar al gobierno por haber enfrentado este tema y haberlo sacado adelante efectivamente.

Haré algunos comentarios sobre la tramitación de este proyecto de ley.

En primer lugar, esta fue una larga discusión, que, sin duda, tuvo consensos, pero también sorpresas, incluida la liviandad con que algunos parlamentarios de la oposición abordaron algunos artículos que explicaré más adelante.

La izquierda insistió una y otra vez en establecer estatutos privilegiados para los extranjeros que lleguen a Chile. Por ejemplo, pretendían establecer que todo migrante que ingrese a Chile accediera de manera inmediata, y sin ningún tipo de requisito, a prácticamente todos los beneficios del Estado. Ello incluía a quienes estuvieran de paso o sin definición en cuanto a su condición migratoria. Eso es irrisorio, porque tenemos miles y miles de necesidades que atender, así como miles de ayudas que dar a nuestros compatriotas. No podemos prometer dar cumplimiento a aquello. Es más, precisamente por prometer mucho y cumplir poco nos hemos ganado el reproche de organismos internacionales por vulnerar derechos humanos.

¡Por favor! ¡Llamo a la responsabilidad en esta materia! El Estado no es una fuente mágica de donde emanan recursos a borbotones. Proponer eso para los inmigrantes constituye una carga que asumiremos todos los chilenos, sobre todo las personas más pobres y la clase media.

También quiero dejar en claro en esta Sala que es falso lo que la oposición dice respecto de parte de este proyecto. Esta legislación sí establece derechos sociales, sí establece condiciones de igualdad, sí promueve la inclusión y sí se ajusta a estándares internacionales. Basta con leer los primeros treinta artículos del proyecto para darse cuenta de ello.

Llama la atención la falta de congruencia. Si bien toda la izquierda coreaba que había que brindar mayores oportunidades a los extranjeros, fueron ellos los más acérrimos opositores a aumentar el porcentaje de extranjeros que pueden desempeñarse en empresas. ¿Cómo pretenden dar igualdad de acceso al trabajo si están limitando el número de trabajadores extranjeros que puedan desempeñarse en una empresa? Es una contradicción que hasta el día de hoy no logro comprender. Cuando se trata de recursos del Estado, vamos con todo; pero le tenemos miedo a la competencia, a la movilidad y a mejorar la productividad, que hoy es la piedra en el zapato en el desarrollo de nuestro país.

Otro aspecto que deseo destacar es la concepción liviana, alejada de la realidad, que la izquierda tiene sobre el derecho a la migración. Ellos lo conciben en términos amplios, sosteniendo que todo humano tiene derecho a migrar con absoluta libertad, sin que se le puedan imponer restricciones. Es más, propusieron que el Estado no pudiera expulsar a personas que cometen delitos, ni impedir el ingreso a quienes tienen procesos judiciales pendientes en su país de origen. Eso es absurdo. Recordemos que los derechos no son absolutos, sino que tienen límites.

¡Por favor, seamos serios! Chile tiene acuerdos de cooperación internacional en materia de persecución de delitos. ¿Pretendían que el Estado de Chile dejara a un lado sus obligaciones internacionales?

También se cuestionó mucho lo establecido a propósito del principio de no devolución. Se dijo que lo propuesto por el gobierno negaba la ayuda a los extranjeros que solicitaban ingreso al país, situación que es totalmente falsa.

Recordemos que los extranjeros ingresan a Chile a través de países de tránsito, como Perú o Bolivia. Por tanto, cuando se les niega el ingreso a nuestro país, son devueltos a esos países y no a los países de origen, que es donde supuestamente peligran.

Por otra parte, se criticó fuertemente el hecho de que la visa de un extranjero debe ser solicitada en el consulado de su país de origen y no en Chile cuando ya ha ingresado.

Quiero aclarar este punto. Si no establecemos que todo migrante debe entrar a Chile con sus papeles y permisos al día, estamos generando incentivos perversos para que ingresen irregularmente al país y permanezcan en la ilegalidad. Además, esto es peligroso, porque no permite al Estado tener una estimación de cuántos extranjeros efectivamente se encuentran en el territorio nacional ni tampoco permite aplicar correctamente las políticas públicas.

Voy a dar un solo dato que ilustra lo grave que puede ser esta situación. Solo en las fiscalizaciones que se han llevado a cabo se ha establecido que el 20 por ciento de los migrantes sujetos a fiscalización están en el país de manera ilegal.

Aun más, tenemos ejemplos dramáticos, como es el caso de Brasil y Colombia, cuyo porcentaje de irregularidad -hasta donde se sabebordea el 40 y el 30 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, tenemos legislaciones donde se ha impuesto este límite de exigir tramitar la visa en el país de origen, como en Canadá o Nueva Zelanda, y la tasa de la ilegalidad bordea el 2 por ciento.

Lo que quiero decir es que un proyecto en los términos planteados por la oposición mantiene el estatus que nos llevó a la situación de descontrol conocida por todos y convierte nuestro nuevo proyecto de migraciones en la consolidación de ese incentivo perverso, desdibujando el sentido más profundo de esta nueva legislación.

Además, quiero agregar que no es cierto que nuestra legislación sea dura con el migrante. Desde abril, en nuestros consulados se han formulado más de doscientas solicitudes de reunificación familiar y las únicas que no se han admitido son aquellas en que no se han entregado todos los datos.

Este fue un trabajo muy complejo y con muchas opiniones encontradas. Sin embargo, más de 130 artículos del proyecto -casi el 80 por ciento fueron corredactados o aprobados por unanimidad en la comisión. No solo fueron más de siete meses de tramitación en la comisión. Me alegro de que se haya sacado adelante este proyecto de ley, porque nos permitirá tener una migración segura, ordenada y regular, con una legislación responsable y ajustada a la realidad y a los tratados internacionales.

Felicito al gobierno y a todos quienes, con seriedad y responsabilidad, contribuyeron a este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señora Presidenta, primero, quiero hacer referencia a lo que dijo ayer el expositor Michel Brunet , doctor en paleontología de la Universidad de París, al iniciar su charla en el Congreso Futuro: “Somos todos africanos; todos venimos de África”,

Él descubrió, en Chad, al hombre más antiguo del mundo -Toumaï-, que tiene una data de siete millones de años. Lucy, que es la mujer más antigua, tiene una data de más de tres millones de años, y el antepasado más antiguo que se ha encontrado fuera África tiene una data de 1,8 millones de años. O sea, la mayor parte de la historia de la humanidad está en África.

Por lo tanto, Michel Brunet dice que somos todos africanos y que en el resto del mundo somos todos inmigrantes. Eso nos pone el acento respecto de qué valor tienen los inmigrantes para nosotros, como comunidad humana. Insisto: todos somos africanos, descendientes de africanos e inmigrantes fuera de África. Eso es importante a la hora de reflexionar sobre qué hacemos hoy en Chile con nuestros inmigrantes y cómo los tratamos.

Eso es lo primero que quiero plantear, y espero que este proyecto dé cuenta de ese planteamiento.

También quiero señalar un tema que me preocupa y que no tiene que ver con el proyecto de inmigración, cual es que, dentro de los 170 artículos que tiene este proyecto de ley, haya uno -el artículo 140que hable de un tema que no tiene que ver con la inmigración, sino con la convalidación de estudios y de títulos obtenidos en el extranjero. Insisto, se aprovechó esta instancia para tratar un tema que no tiene que ver con la inmigración, porque yo, sin ser migrante en Chile en este minuto, puedo obtener un título en el extranjero. Sin embargo, ese tema se trata en un proyecto que habla de la inmigración y no en un proyecto que hable de los títulos obtenidos en el extranjero.

La única institución que tiene la atribución de convalidar o revalidar los títulos que se obtienen en el extranjero es la Universidad de Chile. En todas partes del mundo esa es una función del Estado, porque es una función pública.

¿Qué hace este proyecto de ley? Entrega esa atribución a cualquier institución, ya sea pública o privada. O sea, se está privatizando una función que históricamente ha sido del Estado. Insisto en que en todos los países del mundo es una atribución estatal. Es como si entregáramos la potestad de entregar cédulas de identidad a cualquier empresa. Esto tiene ver con funciones que el Estado de Chile ha planteado que son esencialmente públicas.

¿Qué se discutió en la comisión al respecto? Justamente, con la diputada Daniella Cicardini conversábamos de que en la comisión se planteó el problema de que esa facultad la tuviese una sola institución en el país, que es la Universidad de Chile. Está bien, a lo mejor no solo la Universidad de Chile debe tener dicha facultad, sino también otras universidades estatales, pero no debe ser una función que desarrollen los privados, sino una función pública. Este tema debió haberse tratado en otra comisión. El hecho de abordar en este proyecto un problema que no tiene que ver con la inmigración es un gol de media cancha, porque los títulos obtenidos en el extranjero no solo es un asunto de los inmigrantes, sino de todos, incluyendo a los chilenos.

La revalidación y la convalidación deben ser una función pública. Por lo tanto, llamo a mis colegas a rechazar lo que establece el artículo 140, esto es, que cualquiera institución con seis años de acreditación podrá revalidar y convalidar títulos obtenidos en el extranjero, y a reconocer que todos somos africanos e inmigrantes.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los ministros y subsecretarios que hoy nos acompañan.

Valoro el trabajo de los diputados de la Democracia Cristiana que perfeccionaron este proyecto en cada una de las comisiones: en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la diputada Joanna Pérez ; en la Comisión Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el diputado Mario Venegas , y en la Comisión de Hacienda, los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz .

Ahora, quiero reconocer que nos faltó legislar sobre migración y extranjería en el gobierno anterior. Y no lo digo hoy, sino que también lo dije durante el gobierno anterior. Rodrigo Sandoval , quien fue un gran director del Departamento de Extranjería y Migración en el gobierno de la Presidenta Bachelet , tenía un proyecto elaborado, luego de conversar con la sociedad civil. Lamentablemente, las autoridades del Ministerio del Interior del gobierno anterior no solo decidieron no presentar esa propuesta al Congreso Nacional, sino que pedir la renuncia al entonces director del Departamento de Extranjería y Migración, lo cual fue un profundo error.

Pero estamos aquí para legislar. Sin duda, este proyecto ha sido perfeccionado, pero no todo lo que quisiéramos.

Como bancada de la Democracia Cristiana hemos establecido un principio, cual es que hay que regular la migración sobre la base del principio de la no discriminación y no selectividad.

Por eso, hasta el día de hoy reclamamos, y vamos a seguir haciéndolo, por la necesidad de que Chile adhiera al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de las Naciones Unidas, de acuerdo con la tradición de multilateralismo que defendió, entre otros, don José Piñera , padre del actual Presidente de la República, cuando fue embajador de Chile en las Naciones Unidas. Esa tradición de multilateralismo para un país pequeño como el nuestro es fundamental, sobre todo cuando tenemos que enfrentar el fenómeno de la migración a través del principio del cooperativismo internacional. Todavía, ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, esperamos una señal del gobierno de adhesión al pacto migratorio de las Naciones Unidas.

El proyecto se perfeccionó en la Comisión de Hacienda, lo cual valoro, porque establecimos un procedimiento para que los extranjeros puedan pedir un permiso de residencia temporal en los consulados de Chile en sus países de origen, de acuerdo con la política nacional migratoria. Eso está bien, porque Chile debe tener una política nacional migratoria. Pero agregamos que esa política nacional migratoria tiene que establecerse sin discriminación. Si Chile necesita médicos o científicos, tienen que venir, pero no podemos discriminar por raza ni por nacionalidad. Tiene que hacerse de acuerdo con parámetros objetivos y no discriminatorios. Así quedó establecido en la indicación que presentamos en la Comisión de Hacienda y que recogió el gobierno, porque la materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Lo mismo cabe mencionar sobre la precisión, que ya había hecho de alguna manera la Comisión de Gobierno Interior, pero que fue zanjada también en la Comisión de Hacienda, en el sentido de que el migrante tiene, desde el día uno y por el solo hecho de tener un contrato de trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y derecho a la educación, porque son derechos humanos esenciales a la dignidad humana y a la naturaleza humana.

Pero para efectos de las transferencias monetarias directas, obviamente, los migrantes deberán tener un plazo de permanencia en el país. Por lo demás, ese tema está regulado en leyes especiales, por ejemplo, en relación con el Aporte Familiar Permanente o el Ingreso Ético Familiar.

Tenemos una discrepancia con el gobierno. Hemos conversado al respecto con la diputada Joanna Pérez , y con el resto de las bancadas de oposición vamos a renovar una indicación para que no se impida que el cambio de subcategoría o categoría migratoria se haga dentro del país, porque obligar a salir del país a un extranjero que está en una condición regular en Chile, que ya ingresó y que presentó todos los antecedentes, para que vuelva a entrar, obviamente, genera una discriminación entre los extranjeros con más poder económico y los que tienen menos poder económico. El principio de la no discriminación tiene que estar presente también en toda la legislación. Por eso, con las condiciones que establezcan la ley y la política nacional migratoria, somos partidarios de que los migrantes puedan hacer ese cambio de categoría migratoria dentro del país. En ese asunto, el Servicio Jesuita a Migrantes, que ha hecho un aporte tremendo a este proyecto de ley, tiene toda la razón.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública, al subsecretario y al ministro de la Segpres.

Como miembro de la Comisión de Gobierno Interior puedo comentar brevemente que en el tratamiento de este proyecto de ley, durante más de cinco meses, hubo que discutir. Hubo posiciones contrarias, pero finalmente puedo resaltar la buena disposición del Ejecutivo de llegar a buen término en el 80 o el 85 por ciento de los artículos. En ese ámbito, agradezco la disposición de los asesores y en particular al subsecretario del Interior, aquí presente, por esa permanente disposición a entender la postura de la oposición y buscar acuerdos.

Finalmente, este proyecto de ley se aprobó -reiteroen cerca del 85 por ciento casi por unanimidad.

En el último año, el país ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con visa de turista y terminan quedándose en el país en situación irregular. Se calcula que hoy existen en Chile alrededor de 300.000 extranjeros indocumentados, una preocupante realidad social, pues va asociada a situaciones de precariedad habitacional, a abusos laborales y al incremento de la trata de personas.

Adicionalmente, tenemos una institucionalidad migratoria muy antigua -la más antigua de Latinoamérica-, que data de 1975 y que es necesario reformular con urgencia, pues no da cuenta de las necesidades actuales del país con las dimensiones y alcances de los fenómenos de la migración en Chile.

Según los antecedentes que manejan el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otros organismos, a marzo de 2018 se realizaron en promedio 4.000 atenciones diarias, con una estimación de 1.100.000 por año. Solo en la Región Metropolitana, las atenciones han aumentado 21 por ciento respecto del año anterior.

Por otra parte, en el último año, el país ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con visa de turista y terminan quedándose en el país en situación irregular, lo que provoca situaciones de precariedad laboral y habitacional, incremento de la trata de personas y abuso del sistema, ya que muchas de las personas que ingresan lamentablemente mienten sobre el objetivo de su visita al país. A ello se suma una regulación migratoria anticuada, que data de 1975 y que no recoge los principios, la institucionalidad ni la flexibilidad necesarios para resguardar debidamente los intereses del país ni los derechos de los migrantes.

Una legislación moderna, como la que hoy estamos discutiendo, debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y de sus ciudadanos, normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes, y mitigar los riesgos asociados al movimiento de personas, para así reducir la migración irregular y reprimir las actividades fronterizas ilícitas.

La migración es una expresión de la libertad y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo, el migrante debe asumir, como todos los chilenos, los deberes que le corresponden por haber escogido nuestro país para vivir. Para ello el Estado promoverá los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y en las leyes.

Finalmente, es deber del Estado y de la Cámara de Diputados considerar relevante el aporte al desarrollo social, cultural y económico que los extranjeros han realizado al país y que siguen haciendo en la actualidad, en su política de integración de los inmigrantes, en atención a sus diferencias y cultura.

Señor Presidente, señores ministros -pido la atención en especial del ministro del Interior-, hoy en el país existe una situación bastante delicada, que tiene que ver con lo siguiente: instruir a los intendentes para que generen mesas de diálogo con los diversos sectores, a fin de mitigar las irregularidades que se están generando en materias tales como vivienda, precariedad de los trabajos -se observa principalmente en fundos-, calidad vida y salud.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley que propone modificar una ley que data de 1978. Me consta que en los últimos veintiocho años se planteó en varias ocasiones la necesidad de cambiar la Ley de Migración, porque estaba desactualizada. Incluso, hubo varios requerimientos de las Naciones Unidas respecto de la necesidad de adecuar nuestra normativa a los desafíos de los nuevos tiempos. El no haberlo ha tenido costos.

Por una parte, se debe reconocer que en esta materia el Estado está en deuda, pues no ha concretado la actualización sustantiva de nuestras normas migratorias. El segundo costo asociado -esto se hace en medio de un debatees que la inmigración se ha transformado en un asunto de la contienda política, lo que es de enorme preocupación. Chile, desde sus orígenes, es un país que se ha caracterizado por la migración, tanto de inmigrantes como de emigrantes.

Al respecto, cuando desempeñé el cargo de embajador de Chile en Argentina -en esa nación viven cerca de 500.000 chilenos, la mayoría de ellos ubicados en Buenos Aires-, pude constatar que hay zonas del sur de ese país, como seguramente muchos parlamentarios que representan distritos que pertenecen a regiones fronterizas lo saben, en las que aproximadamente 40.000 chilenos habitan en una misma comuna.

Asimismo, si uno va a Suecia o a España, se encuentra con una realidad parecida. En Venezuela, durante mucho tiempo hubo una importante colonia chilena. En Francia, todavía hay un número muy significativo de chilenos.

Entonces, cuando la migración se convierte en un tema político, se corre el riesgo de que nos pase lo que ha sucedido acá: que algunos desaten los peores fantasmas al respecto. Eso ocurre porque el ser humano, casi por instinto, tiene miedo a lo desconocido o a lo diferente. De manera que a quienes tenemos liderazgo nos corresponde generar las condiciones para que las discusiones de este tipo no se produzcan en el marco del avivamiento de esos temores, con el objeto de que eso no se traduzca en el desarrollo de un fenómeno xenofóbico explosivo, de discriminación y de odio al inmigrante. Desafortunadamente, nuestro país no está exento de la influencia de una corriente mundial que va en esa dirección.

Personalmente, tengo diferencias respecto de los criterios que el gobierno ha usado para ordenar su política migratoria. Creo que el gobierno cometió un error al no suscribir el pacto migratorio -ojalá que rectifique en algún momento-, tanto por la forma en que se hizo como por el fondo de esa decisión, porque Chile siempre ha sido un actor muy protagónico del sistema internacional, y la señal que dimos al restarnos de la firma del pacto migratorio es muy inconveniente. Sin embargo, reconozco que el gobierno tiene la legitimidad de plantear cuál es su política migratoria.

Les comento mi experiencia personal. Me fui a vivir a España, por razones académicas y personales, a fines de 1996, cuando se estaba produciendo la transición entre el largo gobierno de Felipe González, del PSOE, y el gobierno del Partido Popular, de Aznar. Una de sus primeras medidas fue cambiar la política migratoria: la hizo más restrictiva. Cuando Aznar perdió el gobierno y asumió Rodríguez Zapatero , hubo un nuevo cambio de esa política; cuando Rodríguez Zapatero perdió el gobierno y asumió Mariano Rajoy , nuevamente se produjo un cambio, proceder que se ha convertido en una constante durante los últimos veinte años.

Lo anterior se explica porque el fenómeno migratorio no ha sido resuelto y debido a que la presión migratoria sobre España , Italia , Alemania y el resto de Europa es gigantesca. La migración es parte de los problemas que tiene Europa en materia de integración. Lo que pude apreciar como estudiante o como residente, durante los cinco años que viví en España, es que la conversión de los asuntos migratorios en un arma arrojadiza de la política entre gobierno y oposición había impedido construir una política de Estado en materia migratoria, para que se hiciera cargo de todas las dimensiones del fenómeno migratorio, partiendo por la más importante: la humanitaria, la de los derechos humanos.

No es casual que venga gente a Chile, que haya más migración que antes, lo que tampoco es para espantarse, porque no es un número de inmigrantes que vaya a transformar de manera radical la vida de los chilenos. Se trata de aprender la lección, en el sentido de que es fundamental entender que la gente emigra en busca de mejores condiciones de vida, y busca aquellos países que tienen más estabilidad política, social y económica, que les ofrecen posibilidades de subsistencia.

Sabemos que una parte importante de chilenos que residen fuera de nuestras fronteras tuvieron razones políticas para emigrar; pero hay otra parte importante, y en Argentina hay muchos de ellos, sobre todo en el sur, que emigraron por razones económicas, y otros por estudios. En efecto, hay una enorme cantidad de jóvenes chilenos en Argentina, particularmente en Buenos Aires -y quizás alguno de ellos va a volver por nuestra actual gratuidad en la educación superior-, que emigraron hacia ese país para estudiar, porque la educación pública es gratis en Argentina.

Este proyecto ha sido construido sobre la base de miradas distintas, diversas. Tenemos diferencias, y por ello se han presentado indicaciones; pero ojalá esto nos sirva para construir un gran acuerdo nacional en materia migratoria.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los señores ministros presentes en la Sala, y también al subsecretario.

Nuestro actual marco regulatorio en materia de migraciones, que data de 1975, no asegura derechos ni deberes a quienes ingresan a nuestro país. Por lo tanto, creo que es hora de dar un corte definitivo y pasar a definir un marco legal robusto, en lugar de continuar actuando por la vía administrativa, lo que desordenada e ineficazmente se ha venido haciendo hasta nuestros días.

Claramente, el proyecto, ingresado en el mes de junio de 2013, durante el primer gobierno de nuestro Presidente Piñera, corrige esas falencias. Las indicaciones ingresadas recientemente dotan al texto de garantías de mayor eficacia, ya que abordan aspectos tales como la precaria institucionalidad que reviste el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

Destaco especialmente aquellas indicaciones que modifican y establecen nuevas categorías migratorias, a raíz de que las actuales son claramente insuficientes. Por ejemplo, las categorías existentes: de estudiante, temporaria y sujeta a contrato, no cubren la realidad y las condiciones en que ingresan los migrantes a Chile. Por eso, la nueva clasificación sugerida considera, en forma muy eficaz, la permanencia transitoria y la residencia, que, a su vez, puede ser temporal, oficial o definitiva.

Precisamente es en la categoría de temporal donde se contemplan los mayores cambios, mediante la creación de más de siete subclasificaciones, que se hacen cargo de situaciones que vemos en la práctica, como las visas temporales para familiares, empleados, estudiantes, temporeros; aquellas derivadas de convenios internacionales, humanitarias y judiciales, y las destinadas al tránsito vecinal fronterizo, como ocurre en el caso de Arica a Tacna. Todo esto sin mencionar la serie de derechos básicos, inexistentes hasta hoy, que se entregará a los migrantes.

Esa ausencia histórica, pese a una realidad que era palpable hace décadas, dio pie a las vejaciones y condiciones subhumanas en que han debido sobrevivir en Chile. Todo eso ocurre porque no se previó ni corrigió a tiempo el marco regulatorio que regía, mientras se cerraban los ojos ante un excesivo e irresponsable ingreso.

Con este proyecto lograremos reemplazar una ley de extranjería por una de migraciones; cambiar el paradigma de un control, que hasta ahora ha sido totalmente ineficaz, por una ley que consagrará mecanismos que establecen deberes y derechos de los migrantes y les otorgan una integración e inclusión más efectiva y real, contemplando, además, procedimientos sancionatorios con criterios de contradictoriedad, criterios objetivos para la fijación de la política migratoria y la creación de una institucionalidad que se adapte a los nuevos tiempos en materia migratoria.

En resumen, apoyo las indicaciones al texto de este proyecto de ley y adelanto mi voto a favor.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, no cabe ninguna duda en cuanto a que el proyecto de ley en debate es de mucha importancia para nuestro país.

Recordemos que la migración internacional es un fenómeno global en constante y rápido crecimiento, respecto del cual todos hemos sido testigos mediante diversos medios de comunicación social.

La migración llegó a Chile en forma masiva y sin control durante el gobierno anterior.

Según cifras oficiales, el crecimiento de la migración en nuestro país ha sido vertiginoso.

En 2006 había aproximadamente 154.000 extranjeros, cifra que durante los años 2015 y 2016 aumentó exponencialmente, hasta llegar a 465.000 extranjeros, es decir, más que se triplicó, según los datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migraciones; y tal cifra aumentó drásticamente a casi 1.110.000 durante 2018, lo que representa el 6,1 por ciento de la población total del país. De ese número, se estima que cerca de 300.000 extranjeros se encuentran en situación irregular.

Además, según antecedentes que maneja el Ministerio del Interior, a marzo de 2018, en la Región Metropolitana se realizaron, en promedio, 4.500 atenciones diarias en el Departamento de Extranjería y Migraciones, lo que representa un aumento de 21 por ciento respecto de 2017.

En este contexto, la institucionalidad migratoria actual no da abasto, sumándose a ello una regulación migratoria anticuada, que data de 1975, y que no consagra una institucionalidad sólida, principios relevantes ni la flexibilidad necesaria para proteger adecuadamente los intereses que el Estado debe cautelar ni los derechos que deben garantizarse a los migrantes.

Esta nueva era de movilidad ha creado para las sociedades de todo el mundo diversas oportunidades, especialmente en nuestro país, ya que los inmigrantes pueden contribuir a su desarrollo social y económico, y, a su vez, nos ha permitido un nutrido intercambio cultural.

Por otra parte, también puede generar nuevos problemas, como el tráfico de personas, el contrabando o el descontento social, que a menudo es consecuencia de la pobreza o de la lucha política en sus países de origen.

Por lo anterior, debemos tener presente que los fenómenos migratorios son hechos complejos que deben ser tratados con prudencia, y por medio de la aprobación de este proyecto de ley, que tiene por objeto modernizar la legislación interna para equilibrar el legítimo derecho de nuestro Estado y sus ciudadanos de normar el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, con pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes, además del reconocimiento explícito de sus deberes y la búsqueda de la igualdad entre inmigrantes y nacionales, salvo algunas excepciones legales necesarias, ya contempladas en el ordenamiento jurídico.

Estoy seguro de que podremos aprovechar las potenciales ventajas de la migración en beneficio del país, ya que mitigando los riesgos asociados con el movimiento de personas, tenemos la posibilidad clara de reducir considerablemente la migración irregular y controlar las actividades transfronterizas ilegales, que son consecuencia de una mala política migratoria.

Por otra parte, el establecimiento de categorías migratorias constituye una herramienta clara en orden a incentivar la migración regular como única forma de integración plena, lo que constituye un pilar fundamental en esta reforma, que considera relevante el aporte al desarrollo social, cultural y económico que los extranjeros hacen al país.

Otra gran innovación en esta iniciativa dice relación con la revalidación y reconocimiento de títulos académicos y profesionales, que hoy solo la Universidad de Chile tiene la facultad de realizar. Ese monopolio ha generado cientos de casos en los cuales extranjeros deben desarrollar un trabajo remunerado que nada tiene que ver con su profesión. De esta forma, perdemos trabajadores valiosos y profesionales altamente capacitados, quienes se ven imposibilitados de ejercer su profesión en nuestro país. Así, se facultará a otras universidades que se encuentren acreditadas por más de seis años para poder hacer ese reconocimiento y revalidación.

Los oficios y profesiones que detentan muchos de ellos son de gran valor potencial para la economía y los servicios de nuestro país, por lo cual debemos ser lo más eficaces posible para eliminar todas las barreras que impidan que ese aporte pueda materializarse y desarrollarse. Este es un factor importantísimo en la movilidad social y para generar elementos e instrumentos de justicia social que permitan que la vida de los migrantes y sus familias pueda desenvolverse de la mejor forma posible.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, el presente proyecto de ley constituye, sin lugar a dudas, un inmenso paso en la construcción de un Chile más justo, seguro, integrado y preparado proactivamente para dar asilo y hogar, con los brazos abiertos, a aquellos cientos de miles de migrantes que llegan a nuestro país escapando de circunstancias de vida comúnmente horrorosas, de persecución política, como la que hoy ocurre en Venezuela y ha ocurrido en Cuba, o de extrema pobreza, como sucede en Haití, buscando un futuro mejor, que sin duda merecen, tanto para ellos como para sus familias.

Votaré a favor, señor Presidente.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 121ª de la presente legislatura, en 3 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 3.