Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales.

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión del informe se otorgarán cinco minutos a cada bancada. Dicho tiempo podrá ser utilizado inscribiéndose directamente en el pupitre electrónico, hasta por su totalidad.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 92ª de la presente legislatura, en lunes 21 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, seré muy breve.

En el número uno de la tabla de hoy figura el informe de la Comisión Mixta sobre algo que se aprobó hace algún tiempo, casi en forma unánime, en la Cámara de Diputados.

Dicho informe ratifica lo mismo que aprobamos, casi en forma unánime, en la Corporación. Es decir, en la Comisión Mixta no hubo modificaciones respecto a lo que aprobó esta Cámara.

Se trata de un proyecto necesario para ajustar el sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, que así como estaba necesitaba varios arreglos, de manera de poder hacerlo factible.

Entonces, vuelvo a destacar que la propuesta que salió de la Cámara de Diputados es la misma que se aprobó en la Comisión Mixta, y que acá se aprobó prácticamente por unanimidad.

Por lo tanto, llamo a aprobar cuanto antes la propuesta de la Comisión Mixta.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, en primer lugar, ratifico lo planteado por quien me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Jaime Bellolio , en el sentido de que, con indisimulado orgullo, los diputados que formamos parte de esta Comisión Mixta cumplimos una misión exitosa en orden a convencer a los senadores que formaron parte de dicha comisión, quienes habían modificado lo acordado previamente por esta Sala, casi por unanimidad, en cuanto a que no parecía razonable sostener la modificación del Senado, que fue lo que dio lugar al trámite de comisión mixta.

Afortunadamente, se consiguieron los votos suficientes para ello.

Considero necesario recordar que, en el fondo, el conjunto de las modificaciones tiene relación con perfeccionar y mejorar los procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y posgrados, en las entidades de educación superior, tanto universitarias como técnico-profesionales.

¿Dónde se produjo el desencuentro con el Senado? En aquello que tenía que ver con cómo se conformaban las comisiones que deben revisar las acreditaciones.

En el proyecto original, el aprobado en esta Sala, cuando se trataba de instituciones de carácter técnico-profesional, se ponía como condición necesaria el que hubiere representantes de ese subsistema de la educación superior, es decir de los técnico-profesionales, cuestión que con la modificación del Senado no ocurría, y esto, a nuestro juicio, atentaba contra la idea de una adecuada acreditación. Por eso no lo aprobamos.

¿Por qué llegamos a esa decisión? Porque si no había representantes del mundo técnico-profesional, era posible que se utilizaran los criterios y estándares propios del nivel de educación universitaria, que naturalmente no corresponden con las características, fines y propósitos propios del nivel técnico-profesional.

Por eso, la modificación que había introducido el Senado no nos pareció razonable, en tanto el objetivo central del proyecto era avanzar hacia un mejor sistema de acreditación. Imagino que a todos nos importa que la acreditación institucional de carreras y posgrados sea una garantía de fe pública y tenga los más altos niveles de exigencia y estándares, de manera que las familias y los estudiantes sepan que una buena acreditación es garantía de calidad del servicio educativo que entrega una institución.

Por eso, invito a que aprobemos la proposición que nos hace la Comisión Mixta, ya que –insisto mantiene lo aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, intervendré muy brevemente y solo para valorar este proyecto.

La idea es evitar que se repitan hechos como los que ya hemos visto, en que determinadas carreras, incluso universidades enteras, no eran lo que sostenían ser en sus campañas publicitarias. Se promovían carreras como quien promueve una mercancía, señalando que tenían determinados atributos, lo que, en la práctica, no era tal.

Este proyecto viene a corregir esa anomalía.

Lamentablemente, la Comisión Mixta no logró el acuerdo para buscar una nueva redacción de la norma cuestionada, por lo que se optó finalmente por eliminar la disposición y salvar así la tramitación del proyecto.

En ese sentido, lamentamos que se tenga que recurrir a este tipo de aclaraciones, pero es un compromiso generalizado por el bienestar del sistema de educación, de manera que podamos contar con un sistema de acreditación basado en la buena fe y que garantice que se hará lo que se promete, lo que considero un avance.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, voté en contra del proyecto en la Comisión de Educación, y creo que fui la única parlamentaria que votó de esa manera, porque pienso exactamente lo contrario a lo que plantea el diputado Jorge Sabag .

Nos costó mucho lograr lo mínimo que se pide a un sistema de acreditación que busca mejorar la educación y garantizar que las universidades hagan lo que dicen que hacen a través de su publicidad.

En la historia de la educación superior de Chile, eso no ha sido así, sobre todo en el caso de las universidades privadas. Hemos vivido la desgracia de ver cómo algunas universidades han tenido que cerrar, no obstante haber obtenido su acreditación a través del sistema vigente y, al poco tiempo de ser acreditadas, se han declarado en quiebra y debieron ser cerradas debido a que sus propios dueños no han querido continuar el proyecto, dado que no les conviene el negocio, de manera que retiran sus utilidades y cierran, como ocurrió con la Universidad del Pacífico.

Lo que hizo la ley de reforma de la educación superior es poner un poquito -ni siquiera es mucho más de exigencias a las instituciones, para que lo que declaren a través de la publicidad sea reflejo de lo que realmente hacen.

Este proyecto de ley retrasa el proceso que exige nuevos estándares para que se garantice ese piso mínimo que significa que hagan aquello que debe hacer cualquier universidad, que es formar en la educación superior y garantizar estándares que aseguren que los profesionales que egresen de esa institución se han formado en forma debida y podrán encontrar trabajo como consecuencia de la formación que han recibido.

Eso no ocurre hoy. Muchas universidades y muchos jóvenes que egresan de algunas instituciones de educación superior, no obstante haber pagado por su formación, finalmente son expulsados por el mercado de trabajo, dado que han recibido una mala formación y el Estado de Chile no exigió lo mínimo que se espera de esas instituciones formadoras.

Hoy se les estaba exigiendo lo mínimo de lo mínimo. ¿Y qué hace este proyecto de ley? Retrasarlo, con la excusa de que habrá nuevos estándares. Todas estas instituciones deberán aprenderse de memoria esos estándares nuevos. Se retrasa la implementación de una medida por la que peleamos con urgencia, para que las instituciones pudieran estar a la altura de lo que el país necesita, pero ahora les daremos mucho más plazo para que puedan acreditarse.

Claramente, esto vulnera el espíritu inicial de la reforma a la educación superior, que fue pelear para que las instituciones empezaran a responder a lo que el país requiere, desde el minuto mismo en que se promulgó la ley.

Hoy eso quedará a merced de las necesidades del que ofrece, del negocio. El negocio requiere estar acreditado, pero como es difícil conseguirlo, démosles todo el tiempo del mundo para que puedan acomodarse y ver si en algún minuto logran entregar la formación que necesitan los chilenos.

Como voté en contra del proyecto en la Comisión de Educación, mantendré mi posición, aunque sea la única parlamentaria que vote de esa manera, como probablemente ocurrirá. Aclaro que no estoy hablando en nombre de mi bancada, sino conforme a lo que voté en la comisión.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo Sáinz .

El señor PARDO.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley busca subsanar un problema práctico de la legislación vigente, que, por haber quedado mal hecha, ha generado un problema en la materialización del sistema de acreditación nacional, y, de paso, corrige situaciones imprecisas, como es el alcance que este sistema tiene respecto de los programas de doctorados, dando la posibilidad de que las apelaciones se pudiesen cumplir dentro de los plazos que este proyecto nuevamente habilita.

Por lo tanto, no se trata de un proyecto que solucione un problema de fondo del sistema de acreditación, sino que busca corregir aspectos operativos que habían quedado mal diseñados en la ley.

Nuestra bancada votará favorablemente las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en este proyecto, que fue ampliamente apoyado por todos los integrantes de la Comisión de Educación.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN.-

Señora Presidenta, generalmente las carreras universitarias son publicitadas como si fueran objetos, sin importar en absoluto si la carrera ofrecida tiene o no campo ocupacional.

No soy entendido en el tema, por lo que quiero saber si este proyecto de ley incidirá en algo respecto del conocimiento que tenga la universidad acerca del campo ocupacional de las carreras que imparte, para que no sigan publicitando carreras que tal vez no tienen campo ocupacional.

Esa es mi pregunta que dejo lanzada al aire.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales.

De conformidad con los acuerdos adoptados el día de hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se destinará una hora y los discursos serán de hasta cinco minutos por diputado.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señorita Catalina Pérez .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 87ª de la presente legislatura, en martes 15 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Comisión de Gobierno, Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 94ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 3.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales.

La idea matriz del proyecto es regular tanto el límite del plazo de propaganda como los límites del gasto electoral en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales.

El proyecto es de quorum orgánico constitucional, según el inciso primero del artículo 18 de la Constitución Política de la República.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Karin Luck , Andrea Parra , Catalina Pérez y Joanna Pérez (Presidenta), y los diputados señores Bernardo Berger , Andrés Longton , Andrés Molina y Raúl Saldívar .

Fundamentos del mensaje

La ley N° 20.990, que estableció la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, introdujo una reforma constitucional orientada a establecer que el cargo de gobernador regional sea elegido por sufragio universal en votación directa.

A su vez, el artículo 111 de la Constitución Política dispone en su inciso quinto la procedencia de una segunda votación para el caso de que se presentaren más de dos candidatos a gobernador regional y que ninguno de ellos obtuviere, al menos, el 40 por ciento de los sufragios válidamente emitidos, estableciendo además que esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Agrega el mensaje que en 2018 se promulgó la ley N° 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. En efecto, se incorporó un artículo 98 bis nuevo a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, estableciendo que en caso de que ninguno de los candidatos obtuviere más del 40 por ciento de los votos válidamente emitidos se procederá a una segunda votación de los candidatos a gobernador regional que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas, resultando electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios.

Sin embargo, existen dos elementos fundamentales para el normal desarrollo de las elecciones de estas autoridades que no se encuentran abordados en nuestra legislación y que deben ser resueltos de manera prioritaria:

1) Período de propaganda de la segunda votación para la elección de gobernadores regionales.

La ley no contempla norma alguna que establezca un período de propaganda específico para la segunda votación de gobernadores regionales y que permita la difusión de ideas de los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.

2) Límite de gastos de la segunda votación de gobernadores regionales.

Respecto del límite de gastos de la segunda votación de gobernadores regionales, la ley N° 19.884 tampoco contempla específicamente un límite de gasto aplicable a dicha segunda votación, y al ser una norma de derecho público es necesario texto legal expreso para su aplicación.

El proyecto consta de solo dos artículos.

El artículo primero modifica el artículo 31 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo un período de propaganda electoral para la segunda votación en la elección de gobernadores regionales. Se propone que dicho período tenga lugar entre el decimocuarto y el tercer día anterior al de la votación, ambos días inclusive, equiparándose a la regulación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El artículo segundo modifica el artículo 4 de la ley N° 19.884, sobre Límite y Control del Gasto Electoral, fijando un límite para el gasto en la segunda votación que toma como base la primera votación de la elección de gobernadores regionales.

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en los mismos términos el texto original del proyecto, y conforme a lo expuesto recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al que me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señora Presidenta, el proyecto, tal como señaló el ministro, fue iniciado en mensaje y complementa las normas para la segunda votación de gobernadores regionales.

La ley N° 20.990 reformó la Constitución para establecer la elección popular del cargo de gobernador regional mediante sufragio universal por votación directa.

Por su parte, el artículo 111, inciso quinto, de la Constitución Política de la República dispone la procedencia de una segunda votación en caso de que se presenten más de dos candidatos a gobernador regional y ninguno de ellos obtuviere al menos el 40 por ciento de los sufragios válidamente emitidos, estableciendo, además, que esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Hay dos elementos fundamentales para el normal desarrollo de las elecciones de estas autoridades que no se encuentran abordados en nuestra legislación: el período de propaganda y el límite de gasto de la segunda votación de gobernadores. La ausencia de esta norma específica sobre el límite del gasto electoral en la eventual segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales hace necesario regular la situación.

La idea en esta materia es establecer expresamente en el artículo 4° de la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, un límite al gasto en la segunda votación de gobernadores regionales, considerando la misma estructura de la primera vuelta de la misma elección. El límite de gasto estaría constituido por un aporte basal, tal como mencionó el ministro y se expresa en el informe de la comisión, más un factor de pago por número de electores de la región, equivalente al monto autorizado para candidatos al Senado, pero considerando la mitad de la primera vuelta.

En concreto, la fórmula sería la siguiente: 750 UF como aporte basal, más el resultado de multiplicar 0.010 UF por los primeros 200.000 electores; 0.075 UF por los siguientes 200.000 electores, y 0.005 UF por todos los electores sobre 400.000 electores.

La propaganda electoral es fundamental para toda campaña política, ya que mediante esta los candidatos exponen sus ideas y programas políticos. De ahí la necesidad de establecer un período de propaganda definido para la segunda vuelta de gobernadores regionales.

En nuestro país el financiamiento electoral de campañas políticas tiene límites legales estrictos, lo cual entrega certezas, ayuda a la transparencia y permite una adecuada rendición de cuentas ante las instituciones involucradas en el control del gasto como ante la ciudadanía.

Por ello es necesario establecer un límite de gasto para la segunda vuelta de gobernadores regionales.

Al no contar con una norma expresa que regule el límite del gasto en segunda vuelta electoral de gobernadores regionales se podrían sostener interpretaciones diametralmente opuestas. Por un lado, que al no existir límite el gasto es libre, lo cual conllevaría una serie de inequidades entre los candidatos, afectando la competencia política. Por otro, podría interpretarse que no puede existir gasto alguno, dada la falta de regulación expresa en la materia.

Señora Presidenta, según el informe de la comisión, y por lo expuesto anteriormente, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, antes de referirme al proyecto en debate, que tiene por objeto complementar las normas para la segunda votación de gobernadores regionales, específicamente en el ámbito económico, es conveniente señalar al señor ministro, al gobierno y al país que la urgencia de descentralizar la administración política del país es compartida en la comunidad académica y en la sociedad civil.

Si bien los datos generales de desarrollo regional muestran que existe un progreso con relativa prosperidad, la evidencia indica que Chile es uno de los países más centralizados de América Latina. La democratización de gobernadores regionales, planeada para iniciarse en 2020, entusiasma, ya que parece avanzar hacia una distribución equitativa del poder. De hecho, políticos y politólogos esperan que esta reforma electoral contribuya tanto a legitimar las instituciones políticas como a aumentar su eficacia.

Ahora bien, el potencial descentralizador y legitimador de abrir los puestos de gobernadores regionales a elecciones es, en realidad, magro, especialmente si impotentes presupuestos regionales no les permitirán actuaciones autónomas y crear políticas sustanciales.

El rol primario de la Región Metropolitana es incuestionable. Chile dispone de una baja tasa de gastos públicos para regiones. En muchos casos es inevitable mudarse a Santiago, ya sea para estudiar o para recibir tratamientos médicos. La realidad es que las funciones básicas ofrecidas por el Estado son insuficientes en la mayoría de las regiones del país.

Tanto la democratización de gobernadores como la designación de delegados presidenciales para cada región poco podrán influir en esta realidad si no se adoptan medidas complementarias cruciales.

Aunque los gobiernos regionales reciban una parte del impuesto global complementario, por ejemplo, el gobierno de la Región Metropolitana tendrá un desproporcionado peso económico y político. Casi 60 por ciento de los habitantes de esta pagan ese impuesto, mientras que esa cifra es de 41 por ciento en el resto del país, por no hablar del monto absoluto.

Por eso, resulta indispensable desarrollar verdaderamente la descentralización fiscal, complementándola con medidas de convergencia horizontal y empoderando a los municipios.

Chile tiene una cultura autoritaria que debilita la descentralización. La evidencia académica indica que desde la dictadura militar el diseño y la implementación de políticas públicas y de sistemas de decisión colectiva a nivel local son jerárquicos y excluyentes. Una mezcla particularmente negativa de clasismo, temor a la desaceleración económica, estigmatización de las regiones y premura en las implementaciones -usualmente por motivos electorales ha promovido una cultura altamente impositiva a la hora de diseñar políticas y asignar recursos. Ejemplo de ello fue la fallida consulta indígena que se realizó durante la segunda mitad de 2014 para el diseño del Ministerio de Asuntos Indígenas, ya que comunidades que inicialmente estaban predispuestas a colaborar con la Corporación Regional de Desarrollo Indígena decidieron rechazar el proceso porque parte de esas políticas venían preestablecidas.

La descentralización no es solo una reforma institucional de un momento específico, sino el inicio de un proceso permanente de negociaciones y renegociaciones políticas. La creación de la ley de financiamiento regional y el propuesto Fondo de Convergencia demuestran inequívocamente el carácter permanente de la descentralización propuesta por el gobierno. No obstante, para este tipo de instrumento no existen diseños institucionales correctos o incorrectos, y tampoco criterios objetivos a largo plazo. La experiencia internacional indica que no hay procesos descentralizadores que perduren indefinidamente. Eventualmente, las renegociaciones de estos instrumentos formarán parte de un proceso político.

Ante la situación que está viviendo el país, señor ministro, creemos que este proyecto fue diseñado de acuerdo con el statu quo del momento, es decir, con una pasividad que hoy no resulta comprensible para el país.

Por lo tanto, es conveniente reformularlo, no solo en lo que respecta al financiamiento, sino también en lo que respecta a las atribuciones de los futuros gobernadores.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, existen solo dos elecciones en nuestro país que tienen segunda vuelta: la elección presidencial y la elección de gobernadores regionales.

En el caso de la elección de alcaldes, se intentó incorporar una segunda vuelta cuando no obtuvieran más del 50 por ciento de los votos, pero esa iniciativa, que me parece interesante, no ha podido prosperar.

En lo concerniente a este proyecto de ley, su propósito es regular el límite del plazo de propaganda y los límites del gasto electoral en la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, asimilándola a la otra elección con segunda vuelta, que es la presidencial, pues no habían quedado explicitados en las normas legales vinculadas con este proceso, en tanto que en el propio texto de nuestra Constitución se estableció la segunda vuelta electoral en caso de que se presenten más de dos candidatos al cargo de gobernador regional y ninguno obtenga más del 40 por ciento de las preferencias. Ese fue el umbral que estableció el legislador.

Sin embargo, ni la norma constitucional ni otras de menor rango atingentes al caso resuelven el tema de la propaganda y los límites del gasto electoral en la segunda vuelta, por lo que este proyecto propone como solución asimilar la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales a la segunda vuelta de la elección presidencial, con lo que la propaganda solo podrá efectuarse desde el decimocuarto día y hasta el tercer día anterior a la votación, ambos inclusive.

Aunque la fecha de la segunda vuelta no es explícita, debe entenderse que es un mes después de la primera elección, ya que se señala de manera taxativa que se emplea la misma regla que se utiliza para los comicios presidenciales.

En cuanto al tema del gasto electoral, se propone un aporte base de 750 UF -hablamos de cerca de 21 millones de pesos-, más una suma de acuerdo con el número de votos obtenidos en la primera vuelta electoral, en una escala decreciente, de modo que el mayor tamaño de algunas regiones no signifique un gasto excesivo en la segunda fase de la campaña electoral.

Ese límite es aproximadamente la mitad de lo autorizado para la primera vuelta electoral, ya que se considera que los candidatos ya son conocidos y que el tiempo de campaña es de menor duración.

Es importante enfatizar la relevancia que tienen estas normas, en términos de asegurar la transparencia en la rendición de cuentas y la realización de las campañas electorales, de lo que emana la necesidad de resolver este vacío legal, lo que se consigue con un texto sencillo y concordado entre todos los sectores políticos sin mayor dificultad.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y deberíamos respaldarlo, ya que estamos aproximadamente a un año de la elección de gobernadores regionales y es necesario subsanar este vacío legal.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, este proyecto de ley viene a corregir un vacío legal en la elección de los gobernadores regionales, pues busca regular la propaganda electoral y establecer límites al gasto electoral, dos aspectos de mucha importancia en todo proceso eleccionario.

En este caso, se busca establecer la regulación para el balotaje entre las dos primeras mayorías.

Este es un proyecto de ley que, si bien fue presentado antes del estallido de esta crisis social, muestra de soslayo una realidad que fue distanciando la política de la sociedad. Este es el caso de las enormes diferencias presupuestarias de los distintos candidatos y de la capacidad logística al momento de hacer campaña. Por mucho tiempo fue prácticamente la barbarie -digámoslo con franqueza-, pues cada cual hacía lo que podía y prácticamente no existían límites al gasto, y eso fue paulatinamente subsanado, pero no se ha solucionado el problema de fondo para lograr igualdad de condiciones de los candidatos.

Hoy se ha puesto la democracia en cuestionamiento, ya que nuestro sistema democrático representativo ha mostrado sus limitaciones, y ese problema requiere ser superado. En este proceso hemos visto cómo, de forma demagógica, se ha hablado de la reducción del número de parlamentarios y del gasto innecesario que se requiere para el funcionamiento del Congreso Nacional.

En este sentido, quiero decir firmemente que la democracia tiene costos, que mantener el pluralismo político no debe ser visto como un gasto más, sino como una inversión, y que hoy estaríamos constatando sus beneficios si previamente hubiésemos evitado muchísimos asuntos.

Sobre esto mismo, tengo la certeza de que llegó el momento de producir cambios profundos en las estructuras sociales que rigen nuestra sociedad, y en el caso de los procesos eleccionarios debemos buscar la mejor fórmula, llevando a su mínima expresión el gasto electoral privado, y aunque suene a contrapelo de la demagogia, es el Estado quien debe avanzar en el subsidio a las candidaturas, con la finalidad de garantizar la competencia.

Por otra parte, se debe restituir la educación cívica en nuestro país, pues esta no se debe homologar con los programas de formación ciudadana; aunque tienen elementos consustanciales, no son la misma cosa. Por lo tanto, es importante tener presente ese elemento.

Sobre el contenido del proyecto de ley, considero que está bien encaminado en el plazo de campaña y el monto, pues establece un gasto máximo en relación con el número de votos obtenidos, evitando de esta forma un gasto excesivo que termine perjudicando a las candidaturas que no cuentan con suficientes recursos. Por lo mismo, fue aprobado unánimemente en la comisión.

Apoyaré este proyecto de ley, pero considero que es el momento de revisar la forma de discutir sobre las facultades reales del gobernador regional, pues este debe ser efectivamente el Ejecutivo regional y necesita recursos para poder ejercer efectivamente.

Necesitamos con urgencia una ley de rentas regionales que ayude a una descentralización efectiva. No puedo dejar de señalar esto, pues si algo nos ha mostrado este conjunto de largas jornadas de movilizaciones es la precarización de la vida en nuestro país.

Al respecto, considero que debemos potenciar la vida en regiones, donde hay muy buenas posibilidades de alcanzar mejor calidad de vida, y así corregir la tremenda inequidad, tanto económica como poblacional, que existe en nuestro país. Por este motivo, los gobernadores regionales deben tener la capacidad de establecer estrategias de desarrollo regional que busquen atraer a las regiones el recurso humano necesario para alcanzar un desarrollo económico y social para todas las regiones y de esa forma ayudar a descomprimir la agitada vida en la metrópoli.

Por último, anuncio que votaré a favor este proyecto de ley; no obstante, desde ya planteo la necesidad de reformular nuestra estructura en este momento histórico, un verdadero momento constituyente.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este es un proyecto muy simple que viene a regular el límite de la propaganda y del gasto electoral, pero nuestra preocupación es porque algo tan básico, tan elemental, no fue considerado en este proyecto de ley cuando se presentó hace algunos años bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet . Y la preocupación es precisamente por lo que viene después. Para resolver aquello, tenemos que tramitar un proyecto de ley corta. Por lo demás, hay un informe de la mesa técnica bastante completo que señala todo lo que se tiene que hacer para mejorar la ley.

La verdad es que me sorprende que estemos legislando respecto de algo tan elemental que debería estar contenido en la ley que regula la segunda vuelta electoral de gobernadores regionales en conjunto con la elección de Presidente de la República, que también tiene segunda vuelta, las dos elecciones uninominales con segunda vuelta en nuestro país y, por tanto, para ellas se aplican reglas similares, porque estábamos ante la situación de que no se iba a poder hacer propaganda electoral o bien no iba a haber límite para utilizar recursos para realizar dicha propaganda.

Lo que me sorprende -es un poco la crítica de la ciudadanía es que muchas veces se legisla a tontas y a locas, sobre la marcha, para cumplir con un programa de gobierno, y se hace de manera desprolija y con poca atención respecto de cosas tan esenciales como el límite a la propaganda y al gasto electoral. Obviamente, si se pasan cosas tan básicas como esa, cómo no se van a ir otras tan elementales como la contienda de competencias, las controversias de competencias, la acusación constitucional, el capital humano, el financiamiento, es decir, elementos de fondo en una ley tan importante como la que regula la elección de gobernadores regionales.

Este es un mensaje no solo al gobierno de la Presidenta Bachelet , sino a todos los gobiernos que buscan cumplir con su programa. Es decir, primero debe haber prolijidad, tiene que haber un diseño y una implementación que debe cumplir con las expectativas.

Muchas veces se nos crítica porque legislamos lento, tanto en la Cámara como en el Senado; pero en leyes tan importantes como la que establece la elección de los gobernadores regionales no se pueden ir cosas tan elementales como el financiamiento de la propaganda electoral. La verdad es que es vergonzoso. Esto debe significar una autocrítica del Congreso: de la Cámara y del Senado. Pongamos atención en los proyectos de ley respecto del contenido, de cosas esenciales y de fondo, que vamos a tener que solucionar de aquí al próximo año. Estamos hablando de muchas modificaciones de fondo. De lo contrario, la elección de gobernadores regionales realmente va a ser un desastre.

Por lo tanto, opino que deben implementarse, lo antes posible, en un proyecto de ley o en sucesivas iniciativas de ley, los informes de la mesa técnica, que incluyó a varios especialistas de todos los colores políticos. De lo contrario, vamos a estar legislando entre gallos y media noche respecto de una ley que necesita imperiosamente una revisión de fondo para que los gobernadores regionales no sean figuras decorativas y realmente tengan autonomía y financiamiento, y puedan decidir respecto de la implementación, la autonomía y el financiamiento que debe desarrollarse en una región determinada.

Por lo tanto, este es un llamado de atención.

Obviamente, vamos a aprobar el proyecto, porque es esencial, elemental, pero, por favor, pido que lo antes posible ingrese el proyecto que se hace cargo de aquellas imperfecciones de las que claramente no se hizo cargo el gobierno de la Presidenta Bachelet .

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, qué podemos decir a estas alturas del partido respecto de la ley que va a permitir la elección de los gobernadores regionales.

Sin duda, lo que la ley ha previsto y pretende en el fondo es dotar de la mayor autonomía posible a las regiones y tener un ejercicio de desconcentración territorial y de descentralización que es relevante e importante.

Sin embargo, a través de la discusión pública que se ha levantado, y que fue bastante profusa hasta antes de que se produjeran los hechos del pasado 18 de octubre, hemos podido observar que muchos ciudadanos declinaron la posibilidad de ser candidatos a gobernadores regionales o de renunciar a sus cargos en el plazo que se determina de un año antes de la elección, precisamente porque todavía la figura del gobernador regional no está del todo bien definida en cuanto a sus atribuciones. Existe una comisión que se encuentra trabajando en determinar cómo llevar a cabo de una forma más práctica el traspaso de ciertas funciones y atribuciones que hoy tienen los intendentes y los propios ministerios a los gobernadores regionales.

Pero creo que todavía estamos en una suerte de limbo. Si bien todos entendemos que lo que pretende la ley de gobernadores regionales está bien aspectado en términos de desconcentración y descentralización, todavía desconocemos del todo qué labor y qué funciones van a tener los gobernadores regionales.

Con todo, aunque no es materia de este proyecto de ley en particular, creemos que la creación del cargo de gobernador regional ofrece sí una oportunidad de descentralización que va a permitir mayor autonomía en la toma de decisiones, que va permitir que la localía en aquellas decisiones que competen a cada una de las regiones va a sacar eventualmente de Santiago algunas áreas, y va a permitir que ciertas medidas que eran tradicionalmente diseñadas y planificadas en la capital sean adoptadas de manera más adecuada a la realidad local.

Nos debe importar también que otros avances futuros vayan complementados con aquellas normas que rigen las otras elecciones que se efectúan en el país.

Lo que hoy se busca, y que probablemente la ciudadanía más que nunca está reclamando en las calles, es precisamente añadir participación.

Por eso, nuestra bancada aprobará este proyecto, toda vez que va a permitir que el proceso eleccionario que se llevará a cabo el próximo año con los gobernadores regionales se implemente sin aquellos inconvenientes o aquellas lagunas que el texto actual tiene. Por ejemplo, va a permitir que las segundas vueltas de gobernadores regionales sean difundidas y financiadas de la misma manera que es financiada la segunda vuelta presidencial.

El proyecto constituye una mejora ante una ausencia de normas, que generaba una enorme incertidumbre; también reconoce los defectos de las reformas que aprobamos en su momento y los corrige a tiempo, lo que es parte esencial de la labor para la cual nosotros, como legisladores, somos electos.

Nos corresponde seguir empujando este esfuerzo descentralizador y ayudar y dar mayores herramientas para que la ciudadanía se pueda informar del rol que van a tener estas autoridades en sus respectivas regiones. Para ello –insisto también se necesita una normativa clarificadora, a fin de que ojalá la ciudadanía no se confunda a la hora de saber cuáles van a ser específicamente las atribuciones que competen a los gobernadores.

Por tanto, creo que el Congreso va a tener los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos para analizar la forma en que se lleven a cabo estas elecciones, y la forma en que se van a ejercitar y llevar adelante las atribuciones que la ley conferirá a estas nuevas autoridades.

También será fundamental entender que si dejamos algo vacío y que correspondía que estuviese en la ley, vamos a tener que corregirlo, para que la elección de los gobernadores regionales sea efectivamente un paso adelante en la democracia y en la participación que requieren con mucha fuerza sobre todo las regiones de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

EL señor MIROSEVIC .-

Señor Presidente, Chile se demoró poco más de 190 años en tener un gobernador electo democráticamente. Y digo 190 años porque hubo una experiencia constitucional por medio de una asamblea constituyente en el inicio de la república. Me refiero a la Constitución de 1826, que fue liderada por dos personajes claves. El primero fue Ramón Freire , un general democrático, civilista como ningún otro en la historia de Chile, que venía de Concepción, que fue el primer intendente electo democráticamente por la asamblea regional de Concepción, y que fue uno de los responsables de que O'Higgins abdicara en 1823. O'Higgins había devenido en una tiranía muy centralista, por lo que fueron las fuerzas del sur y del norte las que lo presionaron para que abdicara. Y asumió el poder, casi por aclamación, Ramón Freire , quien lideró el proceso para instalar en Chile, o al menos intentar instalar, un sistema democrático y federalista.

El segundo personaje se llama José Miguel Infante , un escritor y abogado, a quien luego le tocó incluso ser Presidente interino, que tenía la inspiración de la Constitución norteamericana y de los valores de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa.

Entonces, eran personajes que decían, una vez terminado el régimen español, que lo que había que hacer era construir un régimen completamente distinto, descentralizado y que distribuyera el poder hacia los cabildos regionales y locales, porque en Chile había una democracia local muy rica y diversa, que creía en un Estado laico.

En 1826, ese intento de Constitución fue llevado a cabo a través de una asamblea constituyente. Freire iba a la cabeza y era apoyado por las ideas federalistas de Infante. En dicha Carta se estableció la elección democrática de un gobernador; se dividía al país en ocho grandes provincias, las cuales se iban a entender casi como un Estado y que luego se federaban en una gran federación de ocho Estados. Cada uno tenía una asamblea provincial y elección democrática de su gobernador. Eso fue hace 190 años.

Finalmente, esa experiencia fracasó. Ello ocurrió, en gran medida, porque el bando conservador promovió un ejército que no era el oficial, sino mercenario, organizado y financiado por Diego Portales y la oligarquía. Estos reunieron financiamiento para tener un ejército paralelo, que combatió al ejército oficial de Freire y finalmente logró ganar en la batalla de Lircay.

De allí en adelante se inicia el período de la República Conservadora. Se consagró un Estado centralista, autoritario y bastante oligárquico, el cual, por supuesto, no era la idea del movimiento pipiolo liberal, que dio la batalla por un Estado distinto en Chile. Como ganó el bando conservador, se perdió la primera experiencia de asamblea constituyente en Chile, que era algo absolutamente liberal. Dicha asamblea es una idea de orígenes liberales, que creía en la radical posibilidad de distribuir el poder hacia el pueblo soberano.

Obviamente, votaremos a favor este proyecto, pero creo que vale la pena hacer un recuento, porque esta iniciativa cruza el debate de la asamblea constituyente y se extiende hasta la forma en que podemos dar más poder a las regiones.

Elegir democráticamente al gobernador no resuelve todo, pero es el primer paso. Primero, descentralización política, después descentralización administrativa y, por último, administración y autonomía económica. Esa ha sido la experiencia en el mundo. Todo ha partido con elección democrática; luego viene el resto de las peleas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, primero que todo, quiero saludar al nuevo subsecretario de la Segpres, señor Juan Francisco Galli .

Llevamos cerca de tres semanas de marchas pacíficas, en algunos casos, y violentas, en otros. En cada una de esas marchas se enarbolan ideas y se ponen carteles para expresar la opinión de la gente. Hasta hoy no he visto ninguno que proclame la votación de los gobernadores; ninguno. No he visto cartel alguno alusivo a aquello, porque lo que quieren y expresan los ciudadanos en la calle es que haya más gasto social, no más gasto político.

El proyecto que estamos debatiendo significará la utilización de recursos del Estado en un gasto político absolutamente innecesario en estos momentos que vive el país. Es innecesario, porque hemos avanzado en una legislación para elegir a gobernadores que simplemente no tendrán ninguna facultad.

Por lo tanto, los candidatos a gobernadores saldrán a hacer campañas, financiados por todos nosotros; prometerán el oro y el moro, y no podrán cumplir nada, porque simplemente administrarán el 5 por ciento del presupuesto regional. ¿Qué va a suceder con eso? Aumentará la brecha entre la ciudadanía y los políticos.

En verdad, este proyecto no tiene sentido en nuestra legislación, por cuanto los gobernadores son instituciones establecidas en gobiernos federales, no en gobiernos presidencialistas. Podemos tener una discusión ahora sobre qué gobierno queremos tener; pero lo que en realidad haremos ahora será incrustar un híbrido en un sistema que simplemente no va a funcionar. Me parece una muy mala idea.

Por otra parte, las marchas que ha habido durante esta semana han sido, en su gran mayoría, pacíficas, pero otras han sido muy violentas. Solo la Intendencia Metropolitana de Santiago calculó la destrucción en un presupuesto superior a los 12.000 millones de pesos.

Para la elección de gobernadores los aportes del Estado para cada una de esas campañas sería de 1.060 pesos por voto; es decir, el Estado estaría gastando alrededor de 15.000 millones de pesos en la elección de gobernadores. ¿No será mejor destinar esos recursos para reconstruir nuestras ciudades que han sido vandalizadas en estas últimas tres semanas?

En verdad, esta discusión no tiene sentido en el momento que está viviendo nuestro país, porque los ciudadanos nos han dicho en la calle, fuerte y claro, que debemos resolver las urgencias sociales, terminar los abusos e impulsar medidas de seguridad para todos nuestros compatriotas.

No debemos construir legislaciones para elegir a más políticos. Pregúntenle a la gente si quiere más políticos. Probablemente, dirán que no quieren más, y, a lo mejor, también tendríamos que irnos. Veo a este Congreso Nacional legislando sobre un proyecto de elección de gobernadores que no tiene facultades, ni recursos, y que improvisa respecto de cómo se ha ido construyendo esta política pública. Estamos viendo el financiamiento de las segundas vueltas en elecciones. ¡Qué más improvisado que eso! Al gobernador se le puede acusar constitucionalmente, pero no se encuentran establecidas en la ley las causales.

Por lo tanto, este proyecto está mal construido desde el inicio, porque no hemos leído a la ciudadanía. Los ciudadanos no quieren más políticos, quieren que los recursos sean gastados para resolver las necesidades y urgencias de todos los chilenos.

¿Qué podríamos hacer con 15.000 millones de pesos? De partida, se podría solucionar la destrucción que dejaron los actos vandálicos durante estas últimas tres semanas, violencia que nadie desea. Con esos recursos también se podrían construir varios cesfam, comprar ambulancias y destinarlos a la entrega de servicios muy necesarios para la ciudadanía. Pero ello no va a ocurrir, pues gastaremos 15.000 millones de pesos, y más recursos en la segunda vuelta, financiados por todos los chilenos, para elegir a más políticos.

Repito: no tiene sentido legislar sobre esta materia, porque, más temprano que tarde, probablemente tendremos que legislar sobre una nueva Constitución Política. Pero ¿cuál es el espacio para ello en relación con los gobernadores? Si miramos hacia adentro, veremos que estamos haciendo mal las cosas.

En consecuencia, considero que este proyecto está desactualizado respecto de las urgencias de los chilenos, razón por la que lo votaré en contra.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, no tenía pensado intervenir en este proyecto, pero decidí hacerlo después de haber escuchado la intervención del diputado Torrealba -lamento que se retire de la Sala-, cuyo discurso es, tal vez, uno de los más insólitos y demoledores para la democracia que se haya escuchado en esta Sala.

No es posible poner entre la espada y la pared un proceso de descentralización por el cual las regiones han venido reclamando durante décadas, porque ello representa, desde el punto de vista del gasto fiscal, un mínimo aporte para el financiamiento electoral de las segundas vueltas que fueron diseñadas y aprobadas por el Congreso Nacional.

Además, produce un tremendo dolor que ello provenga de políticos jóvenes de la Región Metropolitana. Los invito a abrir la mirada y a entender que el fortalecimiento de la democracia debe ser un compromiso en el que avancemos todos, indistintamente de la posición en que estemos.

No es cierto que exista contradicción entre un régimen presidencial como el nuestro y la existencia de gobernadores regionales. Las regiones hoy día no tienen un liderazgo común. Hoy, los intendentes regionales son removidos, porque son nombrados por el Presidente de la República. En consecuencia, cuando tratan de tomar decisiones que representan los intereses de su región, y eso incomoda al centro, son removidos de sus cargos. No queremos que eso ocurra en el futuro.

Un senador de la república, que podría ser comparable con la figura de un gobernador regional, tiene funciones muy distintas: tiene la función de representar, por supuesto, y tiene la función de legislar para el país y para su región. El gobernador regional tendrá funciones ejecutivas. Tendremos que modificar aquellas leyes que le entregan facultades y recursos. Ese será un proceso gradual, sostenido, permanente en el tiempo, que permitirá que las regiones administren cada vez mayor cantidad de recursos.

¡No se crean que la suma de la inteligencia está en la Región Metropolitana! Si la suma de la inteligencia estuviera en la Región Metropolitana -discúlpenme que lo diga con molestia-, eso no sería más que el menosprecio que la política centralista de Santiago siente por las regiones.

Somos y hemos sido históricamente el patio trasero de nuestro país. Se nos ha mirado con desdén. Lo digo desde La Araucanía, porque han querido desde el centro resolver el conflicto que vive la región sin tener la menor capacidad ni los mínimos conocimientos, ni siquiera de la historia de la región, ni siquiera de la historia de Chile, para poder asumir esa tarea. Y han impuesto soluciones militares y policiales para solucionar un conflicto político.

Eso se ha reproducido en todas las regiones. ¿Qué le dijeron al norte cuando comenzó a proliferar la industria de la minería? “¡Ese es el futuro de la región!”. “¡La región va a crecer!”. “¡Los niveles de ingresos, las condiciones de vida de los vecinos de Antofagasta van a mejorar!”. Que nos digan ahora los vecinos de Antofagasta en qué se ha traducido la inversión minera en la región, si algo ha quedado en la región. ¿Que hay más empleo? ¡Sí, evidentemente! ¿Que el empleo puede estar levemente mejor remunerado? ¡Por supuesto! Es así. ¿Y qué me dicen del daño ambiental que ha generado la gran industria minera a esa región y cómo se resolverá? ¡Nada!

Entonces, no pongamos en contradicción cuestiones que no son contradictorias. Necesitamos descentralizar el país, porque la ciudadanía está gritándonos en la cara que esta estructura político-institucional no resiste más parches y que requiere decisiones audaces, capaces de remover una estructura que al siglo XXI es incapaz de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, desde Arica hasta Punta Arenas, no solo…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, su señoría. Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, al igual que el diputado Saffirio , no tenía pensado hablar, pero después de oír su intervención, decidí pedir la palabra.

He visto personas exageradas en la vida, pero a él se le pasó la mano. Aquí no está en cuestión la elección o la no elección de los gobernadores regionales, sino que lo que se está discutiendo es otra cosa. Así que no sé a qué se debe que el diputado Saffirio haya tratado de descalificar al diputado Torrealba de la manera en que lo hizo. Eso me parece absolutamente fuera de todo foco.

Con respecto a lo que dijo el diputado Torrealba , debo decir que creo que tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que nosotros no podemos cambiar el orden de las tablas. Este proyecto está con “suma” urgencia, y, por lo tanto, al que hay que pedir que se legisle o no se legisle, se discuta o no discuta un proyecto de ley aquí, en la Cámara de Diputados, es al Ejecutivo. Ellos son los que regulan las urgencias, y no los parlamentarios en esta Sala.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Efectivamente, eso es así, diputado Urrutia . Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, parece que el “Chile cambió” también tiene que ver con el diputado Ignacio Urrutia . Lo digo, porque, evidentemente, pocas veces coincidimos en diversas materias; sin embargo, esta vez debo reconocer que voy a coincidir con él.

Lo del diputado Torrealba es lamentable, porque no hay peor cosa que los políticos desprestigien la política. La política es una actividad muy noble. Entonces, duele mucho que haya políticos que, en vez de dignificar la actividad, se dediquen a desprestigiarla.

El diputado Urrutia tiene toda la razón. Si el diputado Torrealba quiere criticar a alguien porque hoy día estamos viendo este proyecto, debe criticar a su propio gobierno, porque su propio gobierno le puso la urgencia, y su propio gobierno está diciendo que esto es tan o más importante que la agenda social que ha querido enviar, pero cuyos proyectos todavía no llegan.

Creo que a veces las canas ayudan. Está bien, diputados jóvenes ingresaron por primera vez al Congreso Nacional, pero a veces su lenguaje no se condice con la responsabilidad que tienen ni con la dignidad del cargo que están ejerciendo, lo que es lamentable.

No tengamos miedo a la democracia, porque si bien lo que estamos haciendo tendrá determinado costo, también -muy bien lo señaló el diputado Saffirio profundizará nuestro proceso democrático. Porque aquí no estamos creando un cargo nuevo ni una figura política nueva, pues hoy el cargo de intendente se ejerce. La única diferencia es que tendremos gobernadores que serán elegidos democráticamente, y eso es profundizar la democracia; aún más, es descentralizar el país. Quienes somos parlamentarios de regiones sabemos mejor que nadie que gran parte de las decisiones se siguen tomando a nivel central. Por cierto, tener una figura nueva de esta envergadura contribuirá a que las regiones tengan mayor soberanía, a que puedan distribuir sus recursos de mejor manera y no deban esperar el visto bueno del centro, del ministro.

Por último, ya que un diputado demostró tanta sensibilidad por los problemas sociales que vive Chile, señalo que no creo que estos se resuelvan sobre la base de si se financia o no una elección de gobernadores en las regiones. Si queremos resolver el problema social de nuestro país, hay una sola respuesta: más democracia y el aporte de mayores recursos por la gente que más tiene. Esos son los únicos caminos que tiene el país para salir de la crisis en que está. Y más democracia significa una nueva Constitución, una nueva posibilidad de construir un contrato social distinto al que tenemos hoy día.

En ese sentido, a aquellos que tienen miedo a las elecciones les recuerdo que la Constitución se aprobó cuando ni siquiera existían registros electorales. Al respecto, me pregunto si alguno de los presentes aceptaría una elección en que no hubiera registro electoral, a la cual se concurriera a votar única y exclusivamente con el carné. Ante una determinación tan importante como es la de tener una nueva Constitución, que es un contrato social, que es construir la casa de todos, me pregunto si alguno de los que están aquí aceptaría que esa casa de todos se hiciera a través de un sistema tan arbitrario, tan ilegal como el que se llevó a cabo el día en que se aprobó esta Constitución. Por eso esta Constitución no calza con el alma del país, y por eso el alma del país hoy se expresa en las calles y pide, exige una nueva Constitución.

Además, si queremos resolver los problemas sociales y económicos que hoy tiene nuestro país, los problemas en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, y tantos otros, y no pedimos a los que tienen más que se pongan con más, difícilmente podremos hacerlo.

Por eso, valoro esta iniciativa; pero si alguien está incómodo porque la estamos viendo, le señalo que el ministro de la Segpres se encuentra aquí, en la Sala. A lo mejor a él se refería el diputado Torrealba al acusar lo inoportuno que era estar viendo hoy día este proyecto. Yo, en cambio, lo considero muy oportuno.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto tiene una lógica que debiera permitir que lo aprobemos por unanimidad como Cámara de Diputados, porque se trata de modificaciones necesarias, pero absolutamente subalternas en relación con las carencias que presenta la legislación en materia de gobernadores regionales.

Aprovecho la presencia en la Sala del ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward , para pedirle especial atención, porque me referiré a la relación que hemos tenido entre la bancada transversal regionalista y el gobierno en materia de elecciones de gobernadores regionales y las leyes de transferencia de competencias.

Con el gobierno llegamos a acuerdo hace casi un año en cuanto a establecer comisiones destinadas a debatir y mejorar las leyes de regionalización. Esas comisiones sesionaron, y la única que no llegó a conclusiones fue la referida al tema de las rentas regionales y de los recursos para que los gobernadores puedan desempeñar bien su función.

Lamentablemente, ni el subsecretario de Hacienda, que presidió esa comisión de trabajo, ni el ministro de Hacienda, ni tampoco el ministro del Interior, con quienes conversamos, nos dieron señales acerca de en qué sentido iba a caminar y avanzar el compromiso presidencial respecto de una ley de financiamiento regional, absolutamente indispensable para que se haga esa elección.

Creo que el periodo de propaganda para una segunda votación o bien el límite de gastos para una segunda votación son absoluta y completamente irrelevantes en relación con la necesidad de una ley de rentas regionales, para que los gobernadores regionales tengan recursos para desarrollar adecuadamente sus funciones.

Asimismo, se constituyó un comité de expertos que emitió un informe al Presidente de la República, que le sería entregado con prontitud, para que enviara un proyecto destinado a modificar la ley sobre competencias de los gobernadores regionales, mejorando especialmente aquellos aspectos que son sustantivos en relación con las mayores competencias o la precisión de las competencias que debieran tener estas autoridades para cumplir su misión.

Lamentablemente, no hemos tenido conocimiento de la respuesta del gobierno ni de los compromisos tomados sobre una ley de rentas regionales.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito al ministro secretario general de la Presidencia que aclare cómo vamos a abordar el tema de las elecciones regionales, independientemente de estos dos problemas absolutamente menores respecto de los cuales estamos legislando hoy, los que, por cierto, deben ser regulados con la mayor prontitud y con el mayor nivel de acuerdo.

Existe una demanda social profunda, tanto de los municipios como de la comunidad nacional, por mayor igualdad y sobre todo para que se empareje la cancha de las tremendas desigualdades territoriales que hay en nuestro país, que indican que en algunos municipios el per cápita de inversión social llega a 130.000 pesos, mientras en otros municipios es de más de 1.300.000 pesos, como ocurre en tres o cuatro de las grandes comunas de la Región Metropolitana.

Esas desigualdades nos han sido evidenciadas a todas las bancadas de la Cámara de Diputados por la Asociación Chilena de Municipalidades, que pide y exige mayor igualdad territorial, que se empareje la cancha, que se reforme el Fondo Común Municipal, que se profundice en una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para asegurar que los municipios puedan cumplir su función social de atención a la comunidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Estos puntos debieran ser los focos principales de nuestra preocupación, porque, además de atender un problema permanente de…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, terminó su tiempo. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, haré dos o tres reflexiones muy breves. La primera consiste en valorar esta iniciativa, que viene a corregir una de las tantas deficiencias de la ley que permite la elección de gobernadores regionales.

Sin duda, votaremos a favor este proyecto de ley, porque, reitero, busca corregir una de las tantas deficiencias que tiene la ley que permite la elección de gobernadores regionales, que se promulgó durante el gobierno pasado, al igual que muchas otras que, en definitiva, solo permitieron que más actores políticos entraran en los procesos eleccionarios.

La creación de la institución de gobernador regional solo viene a crear una figura más, pero sin atribuciones y sin las competencias que realmente debiera tener.

Lo dije hace un tiempo: si hubiese tenido que votar la elección de los gobernadores regionales tal cual como está, lo habría hecho en contra, porque es una ley que no pasa de ser una declaración de buena voluntad, dado que quienes realmente administrarán la región serán los delegados presidenciales y los ministerios centrales, quienes seguirán manejando a los seremis y a los distintos servicios públicos en la región, facultad que no tendrá el gobernador regional.

Por lo tanto, podemos concluir que esta figura que elegiremos será solo decorativa, ya que no tendrá las competencias ni los recursos necesarios para administrar la región.

Por lo tanto, reitero que esta ley, que se promulgó durante el gobierno pasado, solo nos permite crear una figura más, para que otro actor político tenga participación en los procesos eleccionarios, pero no tendrá ninguna influencia real desde el punto de vista de administrar los recursos de la región.

Insisto en que este proyecto viene a corregir una de las tantas deficiencias que tiene la ley que permite la elección de los gobernadores regionales, y como es corregir en parte, declaro que voy a votar a favor, porque, como señalé, nuestro gobierno se está haciendo cargo de una ley deficiente, que solo quiso ser un testimonio más de que lo que importa son los aspectos políticos, más que los graves problemas sociales, como planteó muy bien el diputado Torrealba , que tenemos a lo largo del país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos comunales, a requerimiento de la ciudadanía, y de su carácter vinculante.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado Tomás Hirsch .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 82ª de la presente legislatura, en jueves 3 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 8.

-El debate del proyecto se inició en la sesión 20ª de la presente legislatura, en jueves 25 de abril de 2019 -ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalizacióny continuó en las sesiones 49ª y 51ª de la misma legislatura, en martes 9 de julio de 2019 y miércoles 10 de julio de 2019, respectivamente.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HIRSCH (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar el proyecto de ley de la referencia, que cumple su segundo trámite reglamentario.

Artículos modificados en el segundo trámite reglamentario

El proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior en el primer trámite constitucional y reglamentario constaba de un artículo único, que modificaba en dos aspectos la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Así, el número 1 del artículo único incidía en el artículo 100 del referido cuerpo legal, que estipula que para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, a lo menos el 10 por ciento de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse dicho porcentaje mediante certificación que expedirá el director regional del Servicio Electoral.

La enmienda aprobada consistió en suprimir la frase “al 31 de diciembre del año anterior”.

A su vez, el número 2 del artículo único, aprobado en el primer informe, modificaba el artículo 101 de la citada ley, en términos de exigir, para que los resultados del plebiscito comunal sean vinculantes para la autoridad local, que vote en ellos 35 por ciento, en vez del 50 por ciento que señala la norma en vigor, de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna.

La comisión aprobó en este segundo trámite reglamentario los siguientes cambios al texto despachado en el primer informe:

En primer lugar, se incorporó un numeral nuevo (que pasa a ser 1), que modifica el artículo 99 de la ley precitada, que en la parte pertinente enuncia las materias de administración comunal que el alcalde puede someter a plebiscito. La enmienda consiste en agregar dentro de tales materias el uso, la denominación y la conservación de bienes nacionales de uso público como plazas y parques, y otras contenidas en ordenanzas.

Luego, en el número 1, que pasa a ser 2, y que modifica el artículo 100 de la ley, se agrega, respecto de la exigencia de firma ante notario u oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación para que proceda el plebiscito a requerimiento de la ciudadanía, que la firma pueda ser autógrafa o electrónica.

Por otro lado, también en el artículo 100 se incluye una enmienda en el sentido de que la firma pueda presentarse no solo ante un notario u oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, sino también ante un funcionario del Servel.

Finalmente, se reduce de 10 a 5 por ciento de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal, el quorum para que pueda solicitarse la convocatoria a plebiscito a requerimiento de la ciudadanía.

Respecto del número 2, que pasa a ser 3, y que incide en el artículo 101 de la ley en mención, se incorporaron varias enmiendas, entre las que cabe destacar las siguientes:

En el inciso primero se agrega que el decreto alcaldicio de convocatoria al plebiscito debe publicarse, además de en un periódico de los de mayor circulación en la comuna (como dice actualmente la ley), en el sitio electrónico institucional de la municipalidad.

En el inciso tercero se reemplaza la norma que exige que para que el plebiscito sea vinculante voten en él más del 50 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna, por otra que establece que el plebiscito es vinculante cuando vota más del 60 por ciento de los que hubieren sufragado en la última elección municipal.

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, promover y respaldar la participación ciudadana no se vincula solamente con garantizar la realización de comicios para elegir representantes. Tampoco es suficiente con escuchar y habilitar espacios de diálogo. Lo que realmente necesitamos para propiciar la participación eficaz es que las personas incidan en el accionar de las autoridades y en su entorno.

También debemos reconocer que como congresistas hemos hecho muy poco para revertir la desconfianza que se tiene hacia instituciones como el Congreso Nacional. La evidencia y la experiencia dan cuenta de que la gente está interesada en lo público; sin embargo, mira con distancia a quienes ejercemos la representación, porque, entre otras cosas, no hemos tenido la convicción ni la voluntad de incorporarlos a la esfera de las decisiones. Eso se demostró en la discusión de este proyecto, pues fue bastante difícil lograr acuerdos respecto de los quórum, que me parece que todavía son bastante altos, aunque es un avance.

La crisis social y política que experimenta el país es una oportunidad para revertir la tendencia hacia la cancelación ciudadana. En buena hora que estamos discutiendo este proyecto de ley que fija una norma y un procedimiento para la convocatoria a plebiscitos vinculantes.

Como dije, no fue sencillo ponerse de acuerdo respecto de los contenidos de esta moción. Por momentos las barreras de participación que estaban en discusión eran tan altas que hacían imposible materializar el principio democrático de esta medida legislativa.

Desde un principio, muchos manifestamos nuestro desacuerdo con la idea de emparejar los quorum de convocatoria y vinculación de los plebiscitos al padrón electoral de las comunas, porque están bastante aumentados de la realidad de votantes en cada comuna. También algunos expresamos nuestra preocupación sobre el número de electores solicitantes que se exigían para implementar un referéndum local, más aún considerando la baja concurrencia a las urnas de las últimas elecciones nacionales.

La idea central del proyecto de ley siempre fue promover y no inhibir la participación. Fue así que esta premisa comenzó a tomar fuerza y a generar consenso al interior de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Finalmente, primó el acuerdo y se pudo establecer que para convocar a un plebiscito comunal se requerirá reunir al menos el 5 por ciento de la población que sufragó en la última elección municipal, que es un número bastante más razonable que los padrones, que están tan aumentados y que no se condicen con la realidad.

El carácter vinculante se ratificará siempre y cuando haya participado en el proceso más del 60 por ciento de los que hayan votado en la última elección municipal.

Estas cifras bastante razonables permitirán que una comuna como Angol, de la Región de La Araucanía, que pertenece a mi distrito, donde habitualmente votan alrededor de 22.000 personas, pueda convocar a un plebiscito con la firma de cerca de 1.000 electores. En tanto, para que la consulta sea vinculante se necesitará la participación mínima de 11.032 votantes, que es una cifra bastante alta.

Me parece relevante entender que el contexto social nos pide a cada uno de los parlamentarios que abramos los espacios de incidencia de la ciudadanía.

Por eso, hago un llamado a esta Sala a aprobar este proyecto de ley. No le temamos a la democracia, no le temamos a la decisión ciudadana. Nuestro deber como legisladores es propiciar que más personas participen e incidan sobre el presente y futuro de sus territorios. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada. Más participación sin duda que va a mejorar la política; mientras más voces se activen, más profunda y más amplia será la democracia.

Votaré favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, como ecologistas hemos iniciado procesos de plebiscitos en distintas comunas.

Hace unos meses, por fin, llevamos a cabo uno en San Pedro de la Paz para proteger el humedal Los Batros y cambiar el plan regulador. Votó mucha gente, lo que significa que está esperando participar. Sin embargo, no tuvo quorum, porque el establecido estaba pensado para una elección con voto obligatorio, en circunstancias de que hoy es voluntario.

Me alegro de que en la Comisión de Gobierno Interior, que no integro, se haya rebajado ese quorum, el cual si bien aún es alto, es más razonable. Asimismo, me parece positivo que se haya reducido la cantidad de firmas. Sin embargo, esto no va a servir de nada, porque el plebiscito hoy está prohibido.

Esto es sumamente grave y va a causar mucha rabia en la calle, donde la gente está pidiendo participar no solo a través de plebiscitos comunales, sino de instancias dirigidas a cambiar la Constitución. El plebiscito comunal es bastante restrictivo, pues toca materias de resorte municipal. Los acuerdos que se adoptan no obligan a pronunciarse al gobierno central, ni a los gobiernos regionales, ni a los servicios públicos. Podemos mejorar muchos aspectos de los plebiscitos, pero si está prohibido llevarlos a cabo lo que generará es frustración.

Hemos resucitado cuatro indicaciones que se deben votar cuando se vote el proyecto. En ese sentido, le pido a todas las bancadas que aprobemos esas indicaciones, porque lo único que plantean es que sí se pueden hacer plebiscitos algunos meses antes de la realización de elecciones municipales. Tal como señala la ley que rige en la actualidad, durante todo el próximo año está prohibido efectuar plebiscitos. Asimismo, está prohibido convocar a plebiscitos comunales durante el período comprendido entre los ocho meses anteriores a cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella, incluidas las elecciones primarias.

Por eso, presentamos una indicación para excluir de dicha prohibición a estas últimas. En conclusión, así como está la ley y el proyecto, no se podrá convocar a plebiscitos.

En Chile solamente se han llevado a cabo cinco plebiscitos. El quinto se hizo este año en San Pedro de La Paz. No puede ser que estemos hablando de participación ciudadana y el proyecto señale que está prohibido convocar a plebiscitos.

Finalmente, creo que debemos pasar de una democracia representativa a secas, que es lo que hoy tenemos, en donde la gente tiene la posibilidad de votar por representantes y luego esperar cuatro años para ver si ese representante está tomando buenas o malas decisiones, a una democracia participativa. En ese sentido, esto, que es bastante restrictivo y solo a nivel municipal, puede ser la antesala para que este músculo de la participación que está atrofiado se pueda estimular, de modo que la gente pueda volver a participar, pero de manera vinculante.

No basta con la participación en reuniones en donde se levanta la mano y se opina; necesitamos una participación ciudadana en donde la gente vaya a tomar decisiones.

Por eso, los invito a aprobar este proyecto de ley, así como las cuatro indicaciones que permitirán que los plebiscitos simplemente se puedan hacer.

He dicho.

El señor FLORES, don IvánPresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, examinamos largamente este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior. En una primera etapa aprobamos indicaciones, incluso con votos de la oposición -de lo contrario habría sido imposible aprobarlas-, para rebajar el quorum para aprobar un plebiscito, en este caso vinculante, y consultar sobre materias de orden municipal, como la modificación del plan regulador, el Pladeco, la inversión local, la instalación de cesfam o cualquier otro servicio relevante para la comuna. El artículo que regula la convocatoria a plebiscitos es claramente abierto respecto de las materias que se pueden consultar.

Nosotros, en primera instancia, rebajamos el quorum porque el porcentaje era muy alto. Así, el porcentaje de participación del padrón electoral se redujo de 50 por ciento a 35 por ciento. La decisión se basa en el promedio de gente que vota en las elecciones municipales y en que el voto es voluntario.

Nuestra legislación establece que para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 10 por ciento de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal al 31 de diciembre del año anterior. Se aprobó que se mantuviera así, porque el proyecto impulsado por el diputado Tomás Hirsch establecía rebajar a 5 por ciento esa cifra.

¿Qué pasó durante la discusión del informe? Aquellos que habían votado a favor de mantener el 10 por ciento de convocantes y el 35 por ciento de participación del padrón electoral cambiaron su opinión y decidieron rebajar esa puerta de entrada de 10 a 5 por ciento y subir de 35 por ciento a 60 por ciento la participación del padrón electoral.

Al respecto voté en contra. Lo hice principalmente no porque tenga miedo de que participe la gente, sino porque estaba a favor de rebajar el quorum para que precisamente pueda participar más gente. Lo que sucede es que tenemos un alcalde y un concejo elegidos con una determinada votación.

Estamos en una democracia representativa. Cuando hablamos de ella es porque la gente se manifiesta en las urnas por una opción, en este caso, por un alcalde y un concejo. Cuando se rebajan tanto los estándares y el quorum, tal como se ha hecho en este proyecto, al final una minoría termina imponiéndose por sobre una mayoría que se pronunció en determinado sentido.

¿A qué me refiero con una minoría? Al señalar que los resultados del plebiscito serán vinculantes siempre que vote más del 60 por ciento de los ciudadanos habilitados para sufragar en la comuna, ello significa que en la mayoría de comunas en que votó menos del 35 por ciento ello no ocurrirá. Por lo tanto, el universo de votantes debe ser incluso menor que esa cifra.

En resumen, entre un 5 y un 10 por ciento del padrón electoral de una comuna definirá materias tan relevantes como cambiar el plan de desarrollo comunal, o materias de inversión local relevantes, lo que es facultad del alcalde y del concejo. Sé que hay materias que no son de tanta relevancia para toda la comuna y claramente uno podría estar de acuerdo en que el porcentaje sea mayor, por ejemplo, alterar el sentido de una calle o decidir sobre materias que afecten directamente a una comunidad o a un sector de la comuna. Sin embargo, fijar entre 5 y 10 por ciento el universo de votantes para pronunciarse respecto de materias que son de relevancia para toda la comuna, claramente afectará a la mayoría que en un momento determinado se inclinó en un determinado sentido.

Uno tiene que escuchar a las minorías y darles espacio para que se manifiesten; sin embargo, repito, ello no puede ir en contra de una mayoría que se pronunció ampliamente en un determinado sentido, sobre todo en materias tan relevantes como las señaladas.

La legislación que contiene esta materia, siempre y cuando se apruebe el proyecto en debate, será una de las más permisivas de las actuales democracias modernas. Países como España, Francia, República Checa, Colombia y Perú establecen parámetros un poco más altos no solo para la puerta de entrada y para participar en plebiscitos, sino también para aprobarlos. Muchos de ellos fijan porcentajes como puerta de entrada para aprobarlos, por cuanto es posible que una minoría circunstancial muy baja sancione un plebiscito vinculante.

Claramente, mi preocupación es esa, es decir, que se transgreda la voluntad de una mayoría que se pronunció en determinado sentido en una elección en la cual autoridades fueron elegidas democráticamente.

Pediremos votación separada para determinados artículos de modo de reponer aquellos que se aprobaron en el primer informe y que posteriormente fueron rechazados.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión reduce los requisitos de participación para que los plebiscitos comunales tengan carácter vinculante y facilita el proceso deliberativo, lo cual en todos los casos es un avance.

El texto legal fue modificado beneficiosamente, ya que, de 10 por ciento, se redujo efectivamente a 5 por ciento el porcentaje de ciudadanos que se requiere que hayan sufragado en la última elección municipal para poder iniciar el proceso plebiscitario.

Es necesario reconocer la relevancia de aprobar esta moción, pues resulta un avance en cuanto a participación ciudadana. Tengo la convicción de que la democratización es una tarea constante.

En este sentido, es nuestro deber como parlamentarios llevar a su máxima expresión nuestra democracia. En el contexto en que nos encontramos debemos defender la democracia, extendiéndola y profundizándola. Tengo la convicción de que una democracia madura no se agota en las grandes instancias.

El espíritu democrático debe buscar formas de permear todos los distintos aspectos que rigen nuestra vida.

Tengo absoluta certeza de que la participación es beneficiosa, pues responde a nuestra esencia como seres humanos.

A pesar de que comparto el espíritu de este proyecto, tengo ciertos resquemores sobre las materias en las que se levantarán los futuros plebiscitos. Estos resquemores tienen base en que los antecedentes nos indican que los plebiscitos comunales promovidos prociudadanía responden en algunos casos a intereses particulares. Por ejemplo, han buscado oponerse a la construcción de complejos hoteleros, a la construcción de viviendas sociales y de obras viales que afectarían a las comunidades locales y, muchas veces, la plusvalía de sus bienes inmuebles. Ejemplo de ello lo hemos visto en los plebiscitos de Zapallar y de Las Condes, donde los vecinos se organizaron con la finalidad de mantener ciertos intereses que no siempre están cercanos al bien común.

No obstante, este no es un fenómeno nuevo. Ha sido conocido como el fenómeno Nimby -“not in my back yard” en inglés-, concepto que se traduce al español como “no en mi patio trasero”.

Por un lado, el populismo penal exige cárcel, pero, por otro, la población se rehúsa a tener un recinto penal cerca de su domicilio. Asimismo, nos oponemos a tener un relleno sanitario en nuestro barrio, pero nos da lo mismo si estos rellenos se instalan donde las personas no tienen los medios de denuncia, y así un largo etcétera.

Debido a esto, al mismo tiempo de otorgar mayor participación, es necesario dotar a la ciudadanía de la formación necesaria, sobre todo de formación ciudadana, la que debe ser para toda la ciudadanía, para toda la comunidad.

Tenemos el imperativo de crear ciudadanía y educar a los ciudadanos. La democracia debe ser el lugar donde todos juntos nos organicemos para vivir en comunidad y no solo nos unamos para mantener intereses que muchas veces transgreden el interés común.

Sin perjuicio de esta reflexión, comparto los objetivos de este proyecto de ley. Además, considero que debemos legislar sobre plebiscitos a nivel nacional y que los ciudadanos podamos referirnos a los fenómenos que afectan a nuestra comunidad nacional, pues la ciudadanía debe tener más instancias de participación, además de las elecciones.

Entre las modificaciones incorporadas, se elevó el porcentaje mínimo para que las resoluciones del plebiscito sean vinculantes, elevándolo al 60 por ciento, lo cual plantea dificultades. Sin embargo, es un avance.

Hoy, al abordar los plebiscitos comunales, es tiempo de escuchar a la ciudadanía, al colectivo, a lo que antes llamábamos el pueblo.

Necesitamos una nueva Constitución para enfrentar los desafíos de la realidad en que estamos inmersos; una nueva Constitución que garantice derechos y que esté enfocada principalmente en el ciudadano y no en el interés económico.

De hecho, hay cabildos que se han auto convocado de manera espontánea, mostrando el interés que tiene la comunidad de organizarse y de examinar su realidad cotidiana. Eso da cuenta de que efectivamente hay un interés por participar cuando la situación que convoca es de fundamental importancia y trascendente para su proyección y la vida en sociedad.

Por lo dicho, haciendo las reflexiones expuestas, anuncio que votaré a favor el proyecto, pues comparto su idea matriz, cual es ayudar a la democratización permanente de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto a favor de este proyecto de ley, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de convocatorias a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía y su carácter vinculante.

Al respecto, felicito a la Mesa por poner este proyecto en tabla.

Efectivamente, estamos en un momento en que la ciudadanía quiere participar. Los jóvenes quieren participar.

Durante tanto tiempo nos quejamos de que los jóvenes estaban apáticos, que no estaban ni ahí, que no querían participar.

Se pensó en el voto voluntario y en la inscripción automática como un medio para que los jóvenes pudieran participar. No se logró el objetivo. Por eso, muchos hemos insistido en que el mecanismo del voto voluntario y de la inscripción automática no era un fin en sí mismo, sino que se pensó como un medio más idóneo para que hubiera más participación, que es el objetivo que siempre tenemos que cumplir.

Insisto en que eso no ocurrió. Por eso, felicito a la diputada Joanna Pérez , presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, por haber liderado, junto con diputados y diputadas de esa comisión, el esfuerzo para reponer el voto obligatorio.

Este proyecto de ley refuerza la posibilidad de que los ciudadanos, ya no con el 10 por ciento de las firmas, porque se bajó el umbral al 5 por ciento del total de ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal, puedan pedir que se convoque a un plebiscito, lo cual también va a requerir que haya votado el 60 por ciento de los ciudadanos en la última elección municipal.

Claramente, en temas de interés local y de interés comunal hay muchos alcaldes que, sin que fuera una obligación, han hecho ejercicios de participación ciudadana muy interesantes. Incluso, recuerdo que Claudio Orrego , cuando fue alcalde de Peñalolén, convocó a un plebiscito para escuchar a la ciudadanía respecto de la reforma de un plano regulador. Dicho plebiscito tuvo resultados muy estrechos y obligó a cambiar una propuesta que había hecho el concejo de esa comuna. Ha habido otros ejemplos muy loables.

Lo importante es que hoy los ciudadanos tengan las herramientas en temas locales y comunales para convocar a estos plebiscitos o referendos.

Ayer, en la Comisión de Constitución, donde escuchamos a más de quince destacados profesores y profesoras de derecho constitucional, y también a actores de la Mesa de Unidad Social, como el presidente del Colegio de Profesores y el presidente de la ANEF, uno de los profesores invitados mostró la papeleta de un plebiscito en Italia, donde se consultaba a los ciudadanos de una determinada localidad si estaban de acuerdo o no con tener una central nuclear.

Cuando hablamos de la posibilidad de preguntar a la ciudadanía mediante plebiscito no nos referimos a una democracia plebiscitaria tipo chavista. Estos procesos existen en todas partes del mundo: en Suiza, en Italia y en muchos países que tienen mucha madurez democrática y que defienden el estado de bienestar desde el punto de vista constitucional.

Por lo tanto, el plebiscito es perfectamente compatible con una democracia representativa; incluso, si la convocatoria a un plebiscito es para preguntar, por ejemplo, a los chilenos si quieren tener una nueva constitución política. Algunos nos han dicho en estos días que no quieren tener una nueva constitución y que no es prioridad para los ciudadanos. Quizás la mejor alternativa para saberlo es preguntar precisamente a los ciudadanos si es prioritario para ellos tener un nuevo texto constitucional, o bien abrir en este Congreso Nacional la discusión, asumiendo que los chilenos quieren cambiar la Constitución, para determinar el mecanismo para elaborar un nuevo texto constitucional democrático, participativo e institucional. Esto no significa que renunciemos a nuestro poder constituyente. Más bien lo que estamos haciendo es administrar el poder constituido que nos da la ciudadanía.

Señor Presidente, lo felicito por poner en tabla este proyecto que permite a los ciudadanos convocar a plebiscitos vinculantes en cada comuna para temas locales. Espero que este ejercicio se extienda a más ámbitos de decisión de los ciudadanos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante y esperamos terminar su tramitación en la Cámara de Diputados para su pronta aprobación, ojalá dentro de los plazos más breves, en el Congreso Nacional.

Hay que reconocer el mérito de los diputados que presentaron esta iniciativa, con quienes también hemos contribuido con indicaciones para profundizar el contenido y, sobre todo, el sentido del proyecto. Mis felicitaciones para el diputado Tomás Hirsch , para las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Catalina Pérez , Joanna Pérez , y para los diputados Pedro Velásquez y Gonzalo Winter , que fueron los promotores de este proyecto que permitirá que mejore la democracia en el nivel comunal.

La verdad es que los plebiscitos no se han realizado masivamente ni han sido utilizados como instrumentos porque existían muchas dificultades y engorros burocráticos y administrativos para los vecinos que querían solicitarlos. Tampoco los alcaldes los han promovido con suficiente fuerza porque muchas veces se teme al pronunciamiento popular. No hay que tener ningún temor para profundizar la democracia, para consultar a los vecinos y para lograr la máxima capacidad de quienes son las mejores autoridades, que son aquellas capaces de escuchar a los ciudadanos y de escuchar su clamor y sus necesidades, para que no ocurra lo que está pasando hoy en Chile. Durante mucho tiempo, no fuimos capaces institucionalmente de escuchar suficientemente al pueblo chileno, y por eso se producen estallidos como los que hemos conocido. El esfuerzo que se hizo durante este largo tiempo por cambiar las instituciones se encontró con el muro de un sistema constitucional y de un modelo de Estado que daba cierto poder de veto a determinados sectores y que impedía esos cambios. Es importante que eso no ocurra en el caso de los plebiscitos comunales.

La reducción de la cantidad de personas que se requiere para solicitar un plebiscito, de 10 a 5 por ciento de los electores habilitados que votaron en la última elección, tuvo muy buena acogida dentro de las indicaciones presentadas, al igual que el establecimiento del umbral de 60 por ciento de los que votaron en la última elección para que los resultados del plebiscito sean vinculantes para la autoridad comunal.

Además, durante la discusión en la comisión se mejoró el proyecto y se amplió el ámbito en el cual puede intervenir el municipio a temas como el uso, denominación y conservación de bienes nacionales de uso público, como plazas y parques, y a otras materias contenidas en ordenanzas. Esto hace muy amplio el rango en el cual los plebiscitos comunales van a poder incidir y utilizarse como instrumento de participación de la ciudadanía, si este proyecto se aprueba, como espero que ocurra.

Sin embargo, creo que el proyecto todavía puede ser mejorado. Creo que las indicaciones que ha presentado el diputado Félix González son absolutamente atingentes y pertinentes para facilitar que los plebiscitos puedan realizarse junto con otras elecciones populares, por ejemplo, durante un periodo cercano a las elecciones municipales, de modo de consultar lo más ampliamente un conjunto de temas que los ciudadanos de las comunas están ávidos para plantear y dar a conocer. Lo que hemos visto estos días a través de los cabildos comunales y de los distintos eventos de participación llevados a cabo con motivo de las movilizaciones sociales y de las protestas desarrolladas es que, en general, la comunidad estaba privada de espacios y tenía hambre y necesidad de expresar su sentimiento de repudio a los abusos y a las desigualdades e injusticias de este modelo y de esta sociedad.

Por ello, mecanismos como este, de democracia más directa, permiten cubrir los vacíos principales de la democracia representativa. Creo que la democracia representativa se halla en crisis a nivel nacional e internacional, y los ciudadanos quieren participar cada vez más.

Por eso, vamos a votar a favor este proyecto y las indicaciones que presentó el diputado Félix González .

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, ojalá alcancemos a votar este proyecto en esta sesión, porque es una demanda ciudadana importante.

Qué duda cabe de que el poder participar hoy es una de las demandas más fuertes e importantes que uno ve en la calle. La ciudadanía, con todo lo que está manifestando, está diciendo: “Queremos tener participación, queremos ser incidentes, queremos que se nos consulte, queremos que nuestra opinión sea tomada en cuenta”.

En Chile tenemos una ley de plebiscitos comunales que en realidad es letra muerta porque, si bien existe un procedimiento, los quorums requeridos para convocar un plebiscito, por un lado, y para que este sea vinculante, por otro, son tan altos que en la práctica no se pueden realizar.

El proyecto original buscaba bajar esos quorums justamente para que los plebiscitos se puedan realizar, porque en treinta años solo se han podido efectuar cinco, por la dificultad que implica alcanzar los números establecidos; los guarismos son imposibles de lograr.

Por ello, propusimos una cifra, pero el proyecto salió de la comisión con otra. Presentamos una propuesta y lo que salió fue bastante mezclado. Volvimos a presentar las indicaciones y se comprendió la importancia de tener un cuerpo legal armónico.

Lo que establece el proyecto, en su segundo trámite reglamentario, mejora enormemente las posibilidades de que la ciudadanía pueda participar, votar y decidir en aquellas materias que le son más cercanas, es decir, en aquellas que inciden en su vida cotidiana en su comuna.

Lo que hace este proyecto es facilitar los procedimientos. ¿Cómo eso no va a ser bueno, si queremos participación ciudadana?

La iniciativa también incorpora la firma electrónica, trámite que evidentemente ayuda y que es acorde a la modernidad del siglo XXI; faculta a un funcionario del Servel para actuar como ministro de fe, además de los que ya están contemplados en la ley. Actualmente solo se permite la firma presencial ante el notario u ante un oficial del Registro Civil.

Por otra parte, se amplían las materias a plebiscitar, como las que mencionaron los diputados y las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra. Eso permite que la ciudadanía pueda tener una participación relevante en la decisión de aquellos asuntos que afecten su vida cotidiana.

Sin embargo, la modificación más importante tiene que ver con los quórums relacionados con los plebiscitos. En ese sentido, hay dos cambios fundamentales.

En primer lugar, en materia de convocatoria a plebiscitos comunales, se reduce el quorum de 10 por ciento de aquellos que votaron en la última elección municipal a 5 por ciento del mismo universo. Esta no es una cifra arbitraria. Evidentemente, no se puede exigir un porcentaje más allá de quienes están vinculados con el tema local; 5 por ciento de quienes votaron es un número suficiente y muy similar al que se requiere en otros países.

En segundo término, hay un cambio en el número de votantes, para que los resultados del plebiscito sean vinculantes para la autoridad municipal. Esa modificación es fundamental. Actualmente, se exige que vote 50 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna, porcentaje absolutamente imposible de alcanzar, porque es una cantidad mucho mayor que las que se registran en elecciones presidenciales, de senadores y diputados, o de concejales. No hay forma de llegar a esa cifra. En una comuna con 200.000 inscritos se requieren 100.000 votantes, pero nunca, en ninguna elección, se llega a ese número.

El proyecto propone que sea el 60 por ciento de los ciudadanos que hayan sufragado en la última elección municipal. Ese porcentaje sí es alcanzable, aunque todavía es alto y exige movilizar a los electores de la comuna. Con este cambio, habrá mayores posibilidades de que el resultado del plebiscito sea vinculante, lo que incidirá en las decisiones que se tomen en la respectiva comuna. Por lo tanto, se trata de una modificación relevante.

Pido a todas las diputadas y a todos los diputados que apoyen este proyecto de ley, porque responde a una demanda ciudadana, de participar e incidir en las decisiones que tengan relación con materias propias de su respectiva comuna.

La iniciativa beneficia a la democracia, porque más allá del color político o de la consulta que se haga, la participación ciudadana siempre va a mejorarla.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es una herramienta muy motivadora, que incentiva la participación de nuestros vecinos de Talca, de Curicó, de Molina, de Constitución, de Rauco y de todas las comunas que conforman el distrito que represento, donde será muy bien recibida.

Esta es una iniciativa que nos interesa a todos los humanistas del mundo. Considera rebajas en los quorums, que tal vez no sean tan importantes como las que queríamos, pero, tomando en cuenta que tenemos una Constitución Política que tiene amarras y que es subsidiaria -se parece a solidaria, pero es todo lo contrario-, es un pequeño paso.

Felicito a mi compañero Tomás Hirsch , a Félix González , a Rodrigo González y a Pedro Velásquez .

El sistema presidencialista nos roba facultades. Una Constitución solidaria será la única que posibilitará la caída de todas las amarras, para un cambio verdadero de mi país querido, Chile libertario y solidario.

Con mucho cariño, les dejo un saludo de paz, fuerza y alegría para todos. Ojalá que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de esta Cámara.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, es bueno que la ciudadanía quiera participar de la toma de decisiones que afectan a sus comunas, independiente del tamaño de ellas. Hay comunas pequeñas donde existe gran motivación por participar. Por ejemplo, hace poco, la comuna de San Carlos se movilizó para impedir que se construyera una cárcel en su territorio; también se ha trabajado en materia de vertederos.

Por su parte, la comuna de Cobquecura, a través del movimiento No a las Salmoneras, se organizó para impedir que estas se instalaran en el litoral. En San Fabián , los habitantes se oponen a la construcción de un tranque.

La comunidad quiere democracia directa, participar en la toma de decisiones, y que no solo sea un grupo -de seis concejales más el alcalde el que decida, entre cuatro paredes, el destino de sus comunas en relación con asuntos relevantes que afectan la vida de los vecinos.

Sabemos que no todos los temas se pueden plebiscitar. El marco de este proyecto está definido por aquellas materias de interés para la comunidad local, siempre que sean propios de la esfera de competencia municipal; esa es una restricción importante a la democracia directa, aunque como regla general las decisiones seguirán siendo tomadas a través de nuestra democracia representativa.

En el segundo informe de la comisión se consagró la aplicación de los objetivos que pueden ser resueltos mediante un plebiscito comunal, aunque hubo controversia respecto de la admisibilidad de la indicación correspondiente a la posibilidad de auspiciar la petición de un plebiscito mediante firma electrónica, lo que lo hace mucho más expedito. Se contemplan facilidades para certificar las firmas y se bajó el quorum para convocar un plebiscito, de 10 por ciento a solo 5 por ciento. Se aumentó el quorum para que el plebiscito sea vinculante para la autoridad municipal, de 50 a 60 por ciento de participación, considerando a los votantes de la última elección municipal.

El debate sostenido en la comisión para elaborar el segundo informe permite comprobar que siguen vigentes algunas dudas que ya se habían expresado, como la posibilidad de que minorías bien organizadas incidan de manera importante en los destinos de las comunas o que entorpezcan la labor de los alcaldes o que, incluso, impidan que este conduzca la comuna.

Si bien el plebiscito está contemplado en nuestro ordenamiento legal y constitucional, es probable que debido a los tiempos que corren se produzca una sobrevaloración de su empleo.

En general, valoramos esta iniciativa, porque hoy, más que nunca, necesitamos que las decisiones se tomen de manera transparente y que sea la propia comunidad la que se pronuncie respecto de temas de interés local que afecten su calidad de vida.

Por lo anterior, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Muy bien, señor diputado. Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, ¿qué duda cabe de que hoy los tiempos en nuestro país han cambiado? Hace veinte días todos señalábamos que la ciudadanía, en general, no estaba ni ahí con las decisiones de la política, que a la ciudadanía no le interesaba este tipo de temas. Sin embargo, hoy, después de estas manifestaciones, nos hemos dado cuenta de que efectivamente la ciudadanía sí está ahí con estos temas, sí quiere ser parte de los procesos de generación de políticas públicas y sí está preocupada de lo que pasa en Chile.

En esa línea, con este proyecto hoy tenemos una gran oportunidad para buscar mecanismos que vayan profundizando la democracia en nuestro país. Necesitamos recuperar este vínculo entre las instituciones y las personas, necesitamos inyectar vitalidad a nuestra democracia, y claramente este tipo de sistemas, como el plebiscito, ayuda a ello.

Hasta el momento, la generación de plebiscitos a través de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ha sido letra muerta, porque, ¿cuántos de los diputados aquí presentes hemos tenido la oportunidad de participar alguna vez en un plebiscito comunal para fijar políticas públicas municipales que afecten a los ciudadanos de nuestras comunas? Lo cierto es que la gran mayoría no hemos tenido esa oportunidad, puesto que la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades pone límites, cercos que, en definitiva, impiden el proceso democrático de consulta a la ciudadanía. Hoy, con este proyecto en particular estamos bajando esas barreras.

Hoy, el Cosoc ha pedido mejorar los canales de participación ciudadana; las diferentes organizaciones sociales han exigido participar en la toma de decisiones. Sin embargo, tenemos este sello, esta muralla, que nos impide desarrollar eso.

Entonces, señalar que vamos a permitir el acceso a los plebiscitos comunales con la firma del 5 por ciento de los ciudadanos que votaron en la última elección ya es un avance, porque claramente llevar adelante ese proceso con la firma del 10 por ciento era muy difícil para la ciudadanía.

Pero, además -esta sí que es una gran noticia-, aunque suene extraño señalar que la ley vigente exige el voto de más del 50 por ciento de los habilitados para votar en la comuna y que hoy estamos exigiendo el voto de más del 60 por ciento, lo cierto es que la base del conteo de este porcentaje es diferente y facilita la vinculación en el proceso de toma de decisiones. Ello, porque al exigir que vote más del 50 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna estamos diciendo que los plebiscitos comunales nunca serán vinculantes, ¡nunca!, ya que con el bajo nivel de participación en nuestro sistema político existente ese porcentaje es absolutamente inalcanzable. Hoy, establecer para los plebiscitos comunales el voto de más del 60 por ciento de los que hayan sufragado en la última elección municipal permite que la ciudadanía se manifieste concretamente respecto de las materias que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala, que sea algo más alcanzable. Efectivamente, eso va a ser difícil, porque no resultará fácil movilizar a ese porcentaje tan alto de ciudadanos, pero sí será mucho más alcanzable que lo que existe.

Por otra parte, quiero poner el acento respecto de un par de temas que me parecen también superimportantes.

Tal como se encuentra redactado hoy el artículo 99 de la ley orgánica constitucional, que señala que se someterán a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, tiene cierto carácter de taxativo, a pesar de lo que a continuación la norma señala: “o a otras de interés para la comunidad local”. Allí existe un cerco en términos de que solamente tales materias pueden ser tratadas.

Con este proyecto se introduce una modificación y se dispone que se someterán a plebiscito las materias de administración local “tales como aquellas”. Así, se abre una válvula que permite la aplicación de otras materias también relacionadas con el interés local.

En lo personal, considero fundamental escuchar permanentemente la voz de la ciudadanía. Al respecto, escuché a un parlamentario decir: “Es que esto puede atentar contra la democracia, toda vez que a aquellos alcaldes que han sido elegidos se les va a torcer la mano.”. No, aquí estamos entregando el poder donde reside, esto es, en el pueblo y en la ciudadanía de nuestras comunas. Estamos permitiendo a los ciudadanos participar en la toma de decisiones donde más les afectan, esto es, a nivel municipal.

¿Esto es poco? Sí, es poco; pero constituye un gran avance, un gran paso para poder modernizar nuestra democracia.

Antes de que se termine el tiempo de que dispongo, quiero traer a la palestra algo que se vive en la Región de Los Ríos. En Los Ríos somos capaces de definir parte importante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través de los FRIL participativos. En Los Ríos hoy decidimos, la ciudadanía decide, dónde se hacen las inversiones. Eso es lo que yo quiero para mis comunas.

Por lo tanto, por lo menos mi bancada apoyará fuertemente este proyecto de ley, porque creemos en la democracia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en la próxima sesión ordinaria. Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.