Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Gonzalo Fuenzalida .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 140ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENZALIDA, don Gonzalo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana paso a informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto , Gonzalo Fuenzalida , Gabriel Silber , Matías Walker , y de la diputada señora Marcela Sabat , que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica (boletín N° 13090-25), con urgencia calificada de discusión inmediata.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y se despachó al Senado, el cual, después de una serie de declaraciones y aseveraciones por parte de algunos senadores -que al parecer legislan mejor que nosotros-, le introdujo modificaciones y fue enviado de regresó a la Cámara de Diputados.

Se ha suprimido el número 1 del proyecto original y se ha incorporado un número 1 nuevo, que es el que añade un nuevo artículo 268 septies, y la explicación es la siguiente: Por el inciso primero de esta norma propuesta, se sanciona a quienes, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la vía, interrumpan la libre circulación de las personas, con una pena de 61 a 540 días de presidio. La misma pena se aplica a quienes interpongan vehículos en la vía, sin mediar desperfectos mecánicos, para hacer imposible el tránsito.

Por el inciso segundo se castiga la hipótesis de lanzar a personas o vehículos en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, con una pena de 61 días a 3 años.

Luego, en el inciso final, se establece una regla de determinación de la pena, en virtud de la cual si hay concurso se excluye el grado mínimo o el mínimum, es decir, delitos que sean más graves, por lo cual se aplicará siempre la pena de los delitos más graves que concurran.

El número 2 es una adecuación referencial, así que no me referiré a ella.

El número 3 incorpora los artículos 449 ter y 449 quater, que más que nada se refiere al tema del saqueo, y la explicación es la siguiente: Respecto del artículo 449 ter nuevo, el sentido de su incorporación es que para efectos de los delitos de robo y hurto que se cometan con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente, pero amparado en este, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado. Es decir, concurriendo la pena del delito de robo y hurto, aquí se agrava en un grado cuando se aprovecha de la calamidad o de la alteración del orden público.

En el caso del artículo 436, que trata de los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas y de los “portonazos”, dándose las mismas circunstancias anteriores, se excluye aplicar el grado mínimo de la sanción, pues de lo contrario se incurre en una desproporción ya que se alcanza el presidio perpetuo.

En la explicación acerca del nuevo artículo 449 quater propuesto, se establece la imposibilidad de aplicar el mínimo de la sanción, con independencia de ser los imputados reincidentes o no, cuando concurra la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento, para los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, cuando concurran los elementos del hecho delictual denominado “saqueo”. En otras palabras, que el delito siempre sea consumado, no frustrado.

Finalmente, se agrega un inciso final, nuevo, en el artículo 450. El sentido de esta enmienda es hacer extensiva la regla ya prevista en el artículo 450 al hurto y al robo con fuerza en las cosas, esto es, considerar como consumados los delitos, aunque se encuentren tentados o frustrados, cuando se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

Finalmente, esto se puso en conocimiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que dirige en forma notable el diputado Miguel Ángel Calisto , y el acuerdo que se tomó fue dejar constancia, valga la redundancia, de que se tomó conocimiento de esto, y se propone que la Sala de la Corporación se pronuncie respecto de la aprobación o rechazo de las referidas enmiendas efectuadas por el Senado, cosa que es bastante obvia.

Votaron a favor de esta propuesta los diputados señores Jorge Alessandri , Nino Baltolu , Miguel Ángel Calisto (Presidente), Mario Desbordes , Gonzalo Fuenzalida , Osvaldo Urrutia y la diputada señora Marcela Sabat ; en contra lo hicieron el diputado señor Raúl Leiva y las diputadas señoras Maite Orsini , Andrea Parra , Camila Vallejo y Gael Yeomans . Se abstuvo el diputado señor Fernando Meza .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, quiero referirme a lo que acaba de expresar el diputado informante, en cuanto a que el Senado legisla mejor que la Cámara. No sé en qué tono lo habrá dicho, pero no corresponde que eso sea parte del informe que a él le toca rendir y que lo haga, además, en ese lugar. Si él tiene alguna apreciación personal al respecto, lo puede hacer desde su escaño, pero no desde el podio, como diputado informante.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que analice esta situación, porque no corresponde esa aseveración por parte de un diputado informante.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, antes que corra el tiempo, quiero consultar cuántos minutos tenemos para intervenir.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Se mantuvo el tiempo de seis minutos para intervenir respecto de este proyecto calificado con discusión inmediata.

El señor SAFFIRIO.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, voy a plantear una decisión, dos declaraciones, siete argumentos y una conclusión.

Mi decisión es no entrar al análisis exegético del texto del proyecto de ley propuesto por el Senado, sino entrar más bien al análisis del contexto en que este proyecto se debate.

Dos declaraciones: mi más profundo y absoluto rechazo al uso de la violencia como método de acción política y mi más profundo y absoluto rechazo a cualquier intento o acción que implique violaciones a derechos humanos cometidas por cualquier agente del Estado.

Paso a los argumentos.

El contexto nos dice que estamos frente a un gobierno cuestionado, nacional e internacionalmente, por su compromiso en violaciones a derechos humanos cometidas precisamente por agentes del Estado. Nos dice ese contexto que hay un Ministerio del Interior que respalda a los agentes del Estado que cometen violaciones a los derechos humanos, que cometen acciones ilegales; que permite que civiles practiquen detenciones sin identificación, sin hacer presente los derechos de los detenidos, que son secuestrados incluso en automóviles o vehículos privados.

El contexto nos dice que tenemos un Ministerio Público, el encargado de la persecución criminal, que es absolutamente obsecuente e ineficaz en la persecución de los delitos, quienquiera que sea el que los cometa.

Ese mismo contexto nos dice que estamos en presencia de una policía de Carabineros absoluta y completamente fuera de control, sin mando institucional, dividida internamente después del descabezamiento sistemático durante a lo menos los últimos tres años, con mandos informales de generales en retiro, pero, además, con su inteligencia institucional fuertemente comprometida con el crimen organizado; con un alto mando que avala, que normaliza que sus subalternos cometan delitos, a los que además se les garantiza por el jefe institucional que no obstante lo hagan, ninguno de ellos va a ser sancionado por esas infracciones.

El último argumento es que los delitos que se proponen, todos, sin excepción, se encuentran tipificados en el Código Penal. En consecuencia, si los delitos se encuentran tipificados en el Código Penal, lo que se busca es incrementar las penas por vía indirecta, haciendo más específicos aquellos que tienen que ver con la crisis social, económica, política e institucional que estamos viviendo. No se puede legislar en materia penal bajo estas circunstancias.

Quiero plantear una conclusión. Yo estoy disponible para crear nuevos tipos delictivos, para aumentar penas si fuera necesario; pero lo estoy inmediatamente después de que aprobemos el proyecto de ley, con las modificaciones que haya que formular, que reestructura la institución de Carabineros, que es la más cuestionada en este proceso que se ha denominado “estallido social”, que, desde mi punto de vista, ya no puede llamarse así. Un estallido es un acto que comienza y concluye, es el símil de un fuego artificial, que se enciende, estalla, ilumina, se apaga y se transforma en humo. El estado de cosas que estamos viviendo hoy día es un estado más bien permanente de convulsión social, de confrontación, de violencia, que no necesita incremento de penas ni delitos nuevos para ser resuelto.

Ya lo dije en alguna ocasión con motivo de otro proyecto: están cometiendo -¡por favor! el mismo error que se ha cometido durante cincuenta años en La Araucanía, tratando de resolver por la vía judicial y policial un problema que es político, cual es la falta de reconocimiento a nuestros pueblos originarios. La misma receta que han aplicado en La Araucanía, y que ha fracasado, la quieren aplicar hoy día a través de estas normas a lo largo del país para criminalizar el movimiento social.

Entonces, cuando exista una policía de Carabineros que sea profesional, que actúe conforme a los requerimientos de la democracia y los derechos humanos yo estaré disponible para aprobar este proyecto. Ello no ocurre hoy día, por eso hablo del contexto. Como no ocurre hoy día, lo voy a rechazar, señor Presidente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, solo quiero hacer un comentario a la diputada que me interpeló, y es que las personas con buen sentido del humor también tienen un muy buen sentido de la vida.

Ahora bien, yendo a lo importante, esta iniciativa trata de derechos, y el análisis que tenemos que hacer en esta Cámara es que en nuestra democracia nadie tiene un mejor derecho sobre el derecho que tiene otro chileno o chilena.

Esa es la reflexión que creo que debemos hacer sobre este proyecto de ley, porque finalmente establece que el derecho que un individuo tiene a manifestarse, a reunirse no está sobre el derecho de otros, también ciudadanos de este país, como el derecho al libre tránsito, o sea, a que puedan transitar libremente, que hoy no se garantiza. ¿Por qué? Porque ese derecho es impedido por algunos que, ejerciendo el derecho a manifestarse y a reunirse, aplican violencia, aplican intimidación peligrosamente e impiden que esa persona pueda ejercer su derecho a transitar libremente.

Eso es lo que sanciona este proyecto. Cuando eso se hace de manera peligrosa, de manera violenta, sanciona y cataloga eso como un delito, lo reprocha y le establece una pena, porque afecta el derecho de otros al libre tránsito.

Algunos dirán que esto incluiría, por ejemplo, el famoso “el que baila, pasa”. Sí, lo incluye, porque la intimidación está sancionada en nuestro código y porque es violencia psicológica. ¿Quién puede decir acá que bajar del auto de manera obligada a una persona y hacer que baile o haga otro tipo de cosas no es ejercer violencia psicológica en su contra, que no es intimidarla para que contra su voluntad, contra su autonomía haga eso? Bueno, eso sí se sanciona en este proyecto, porque establece que el derecho al libre tránsito se ve afectado cuando peligrosamente, de manera violenta e intimidante, se impide su ejercicio.

También el derecho a manifestarse, a reunirse transgrede el derecho a la vida y a la integridad física de las personas cuando alguien en una manifestación empieza a lanzar elementos contundentes, que ponen en riesgo la vida y la integridad física de quienes los están recibiendo.

Entonces, sin duda alguna, el derecho a la vida es importante, está garantizado en nuestra Constitución, y tiene que poder convivir con el derecho de aquellos que se están manifestando, que también es un derecho.

Pero, por lo mismo, cuando ese derecho a manifestación está sobre el derecho de otros y pone en peligro su vida, este proyecto establece que también tendrá una sanción.

Finalmente, lo último que señala esta iniciativa es que quien, de nuevo ejerciendo su derecho a manifestarse y aprovechándose del estado de desórdenes o de alteración del orden público o incluso poniéndose en el caso de una calamidad, coloca su derecho por sobre el derecho de propiedad de otros, por lo que siente que tiene más derecho de entrar a un establecimiento para robar, hurtar o saquear, como incluso lo denomina el proyecto, porque su derecho es superior al de la persona propietaria de ese establecimiento.

Una vieja frase que aprendemos los abogados cuando estudiamos derecho es que los derechos de uno terminan donde parten los derechos del otro. Este proyecto establece eso. ¿Uno tiene derecho a manifestarse? Sí. ¿Tiene derecho a reunirse? Sí, legítimamente, con los permisos y las autorizaciones correspondientes; pero eso no da derecho para afectar derechos de otros, como el derecho al libre tránsito, a la vida y a la integridad física, y a la propiedad, tres derechos que están garantizados en la Constitución.

Supongo que la mayoría de los parlamentarios que forman parte de este Congreso -ojalá todos, porque creo que todos son buenos estén de acuerdo en que se trata de derechos que deben cautelarse y protegerse en toda democracia.

Por ello, este proyecto establece que la transgresión de esos derechos por quienes no tengan un supraderecho para ello, que no tengan un derecho superior, constituirá un delito, porque delito es la acción u omisión que causa daño a otro, conforme a lo que establece el derecho penal.

Frente a esas conductas se establece un reproche y se fija una pena, la cual, en mi opinión, era bastante más proporcional en el proyecto original, por lo que, obviamente, recurriré en contra de esta modificación. Espero que todos concurran a apoyarme, para establecer estas conductas como delito, y respetar los derechos de unos y otros, porque esa es la única forma en que se puede convivir y entendernos en una sociedad democrática.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, lo primero que quiero plantear es que si este proyecto, que busca establecer como norma la criminalización de la protesta y la manifestación social, no lo aprobamos en el primer trámite constitucional, como parlamentaria del Partido Comunes, tampoco lo aprobaremos en esta etapa de su tramitación. Quiero que eso quede claro desde ya.

El relato del orden público que busca instalar el gobierno es un camino totalmente equivocado. A través de este proyecto de ley, el gobierno pretende legalizar los abusos que las policías han llevado a cabo durante estos casi tres meses de movilizaciones sociales y protestas.

La apuesta del gobierno no ha sido buscar soluciones concretas a las demandas sociales, con una agenda que responda de verdad a la gente, sino que ha cuidado los bolsillos de las y los superricos.

La apuesta de La Moneda ha estado vinculada a la represión permanente y al alza sistemática de los niveles de violencia de los agentes del Estado, cosa que ha quedado refrendada en los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como por una larga lista de testimonios orales, verbales, audiovisuales, reportajes, microdocumentales; testimonios que hemos podido constatar en cada una de las comisiones investigadoras. Está documentado que este gobierno ha violentado a parte importante del pueblo chileno, y lo sigue haciendo.

Eso es lo que nos motivó a acusar constitucionalmente al exministro Chadwick y al Presidente Sebastián Piñera , y a interpelar, hasta ahora, a cuatro ministros y ministras de Estado.

La vía legislativa y administrativa no ha provocado cambio alguno en la acción del gobierno, por lo cual, como Frente Amplio, hemos tomado la decisión de querellarnos criminalmente contra el Presidente Piñera .

Le pido al ministro del Interior que me preste atención si es posible. Ministro Blumel .

Nos hemos encontrado con una muralla. De hecho, ayer el ministro de Justicia calificó esta acción judicial como una fantasía, demostrando que estos casi noventa días de movilizaciones no le han bajado ni un punto la soberbia que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que nos tiene sumergido en una de las crisis políticas y sociales más importantes de nuestra historia.

Ministro Blumel . ¡Ministro Blumel ! Espero que tome nota de estas intervenciones…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por intermedio de la Mesa, señora diputada. La señora MIX ( doña Claudia) .-

¡Por favor!, para que esté atento para la próxima semana, porque se nos vienen más acciones fiscalizadoras y legislativas.

Antes que sostener el relato del orden público, el gobierno debiera dedicarse a escuchar a la gente, a dar respuestas concretas y a gobernar, de una vez por todas. Además, debe dejar de ver como un enemigo peligroso y muy poderoso a la ciudanía y entender que la gente se moviliza por una vida digna. Ese es el primer paso para recuperar el orden público, que no consiste en dotar a la policía de herramientas represivas.

Dejen de escuchar a los pregoneros del caos y a empresas recopiladoras de datos de internet, empleadas de las grandes fortunas de este país. Y, por supuesto, dejen de prestar oídos a personajes como el exministro Rodrigo Hinzpeter , quien, por cierto, sabe de enemigos internos, montajes y conspiraciones.

Nuestro voto no estará disponible para criminalizar la protesta y la movilización social, como tampoco estará disponible para dotar a los agentes del Estado de más herramientas para que sigan reprimiendo a nuestra gente. Incluso más, como Frente Amplio estamos dispuestos, si es necesario, a dar la pelea en el Tribunal Constitucional si este proyecto sale del Congreso con el garrote que ha preparado La Moneda. Nuestro voto no estará disponible para seguir fomentando el populismo penal en el país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, la verdad es que no me sorprende que la diputada Mix anuncie el rechazo a esta iniciativa. Lo que me habría sorprendido es que estuviera por aprobar una iniciativa como esta, que tiene como objetivo entregar una herramienta eficaz para reprimir a los violentistas que atentan día a día contra los ciudadanos honestos, de trabajo y de esfuerzo de nuestro país, para que puedan desarrollar sus funciones en forma normal.

Por lo tanto, como digo, no me sorprende que anuncien el voto de rechazo, porque esa ha sido la línea que han mantenido el Frente Amplio y el resto de la izquierda de nuestro país: la de poner énfasis en los derechos que tienen los violentistas que atentan contra la estabilidad democrática, en vez de poner el acento en la inmensa mayoría de los chilenos de esfuerzo y de trabajo que se la juegan día a día por llevar el sustento a sus familias, y que se ven impedidos de transitar por nuestro país, impedidos de ejercer su trabajo libremente e impedidos de concurrir a las universidades o a los colegios.

La verdad es que no me sorprende que estén del lado de los violentistas.

También quiero decir, señor Presidente, que la izquierda quiere rechazar este proyecto y llevarlo a comisión mixta. Creo que la única intención de eso es dilatar y dejar en la impunidad el mayor tiempo posible a todos los violentistas, para que sigan haciendo uso y abuso de sus derechos, en desmedro de los derechos que tiene la inmensa mayoría de los chilenos a ejercer su vida de manera libre, soberana, en paz y con tranquilidad en nuestro querido país.

No me sorprende que quieran ir a comisión mixta, porque, reitero, lo único que pretenden es prolongar la impunidad en la que han actuado los violentistas durante estos últimos meses.

En ese sentido, los motivos del rechazo que nos anuncia la izquierda, particularmente el Frente Amplio, no son de carácter jurídico; solo se explican por el temor reverencial que le tienen al Twitter, a las funas, al desprecio de los ultrones de izquierda que les representaron el haber aprobado esta iniciativa en el primer trámite constitucional.

Señor Presidente, todos somos testigos de cómo los diputados Boric y Jackson pidieron disculpas por haber traicionado la protesta social. Estoy convencido de que van a tener que volver a pedir disculpas o van a tener que volver a pedir perdón, pero ya no solo a la extrema izquierda, sino a toda la sociedad chilena, ya que ella condena la violencia, condena los saqueos, condena el fascismo del “si bailo, paso”.

Señor Presidente, les pido a todos aquellos diputados que estemos por el orden, por la dignidad de las personas, por sancionar al lumpen, que tanto daño le ha hecho a la democracia, que aprobemos las modificaciones del Senado y despachemos este proyecto, para que entre en vigencia a la brevedad posible, de manera que los extremistas de izquierda que han capturado las calles de nuestro país no sigan actuando en la impunidad.

Por eso, voy a votar a favor, y pido a la mayoría que apliquemos el sentido común en esta Sala y entreguemos las herramientas necesarias para que nuestra sociedad se sienta protegida.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, la verdad es que sorprende un poco escuchar el discurso del diputado Bobadilla , porque separar al país entre los buenos y los malos es, precisamente, lo que nos ha hecho tanto daño como país; esas miradas radicales que pretenden capturar al otro y que unos tienen la verdad y los otros no, francamente, sorprenden.

Quiero contarle al diputado, por si no se ha enterado, que varios parlamentarios de oposición, que somos miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvimos disponibles a legislar en torno a los saqueos, porque si bien es cierto está tipificado en el Código Penal, era necesario realizar algunas precisiones respecto de este tipo de delitos, que todos debemos condenar y, por lo tanto, debemos estar disponibles para mejorar. Sin duda, quisiéramos ver a quienes cometen este tipo de delito en la cárcel, donde corresponde que estén.

Sin embargo, fue particularmente difícil la tramitación de este proyecto. En su minuto, en la Comisión de Seguridad Ciudadana se impuso una especie de fast track, porque prácticamente nos dieron algunas horas para tramitar el proyecto y por ello se produjeron todas las imperfecciones y las dificultades con las que el proyecto fue despachado de la Cámara al Senado. Sin embargo, en el Senado se tomaron todo el tiempo del mundo -el Ejecutivo no tuvo ningún problema en demorar la urgencia para revisar la iniciativa, tras lo cual volvió a nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana.

Lo que pasó ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana -quiero decirlo con toda franquezame pareció no solo irresponsable, sino que, en mis casi dos años de parlamentaria, no había visto nunca un Presidente de una comisión que impidiera el diálogo y que no permitiera que quienes tenemos una posición divergente pudiésemos conversar.

Nosotros creíamos que era necesario que el proyecto fuera a Comisión Mixta, porque tiene problemas.

Una mención especial merece el robo en el contexto de calamidad pública. La nueva redacción del articulado es más gravosa, pues contempla una pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, cinco años y un día a diez años, pero si se hace en contexto de calamidad pública, la pena aumenta en un grado, o sea, de diez años y un día a 15 años. Esta es la misma pena que actualmente se establece para el homicidio simple consumado en el artículo 391, N° 2, del Código Penal. ¡De eso estamos hablando!

Ir a Comisión Mixta significaba solo cuatro días más para hacer un buen proyecto. Creo que hay que legislar respecto de la materia, pero hay que hacerlo bien, para no hacer el loco con proyectos mal hechos que después son cuestionados.

Sin embargo, hubo una resistencia rotunda de parte de la derecha y de dos parlamentarios de oposición, entre ellos el Presidente de la Comisión, que sencillamente no nos dejó esa opción, lo cual me parece que es lo peor que puede suceder en democracia.

Cuando se terminan radicalizando las posiciones y se pronuncian discursos que dividen entre buenos y malos, como el que acabamos de escuchar de parte del diputado Bobadilla , se le hace un mal a la Cámara.

Voy a votar en contra del proyecto, porque sencillamente no se me permitió dialogar.

Quiero legislar sobre la materia, pero no estoy disponible a poner la cara y decir a la gente que estará 15 años presa por un delito como este. El proyecto, además, tiene otras fallas.

Si hay parlamentarios que no quieren conversar, que no quieren establecer un diálogo, que solo lo plantean frente a los micrófonos, de manera pública, pero aquí se niegan a perfeccionar un proyecto, tendremos que adoptar posiciones más radicales.

No estamos disponibles para que un mal proyecto meta presa a la gente por años y años, incluso con penas más gravosas que las establecidas para un homicidio simple.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER .-

Señor Presidente, se hace necesario aclarar varios aspectos.

Primero, hoy estamos llamados a pronunciarnos respecto de los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley, más conocido como “ley antisaqueos”, que sanciona la alteración de la paz pública en el contexto de las manifestaciones sociales.

Segundo, no es un proyecto del gobierno, como han dicho erróneamente algunos, sino que se inició en una moción. Es bueno que lo digamos, porque no siempre se resaltan los proyectos que son de iniciativa de los diputados. Este es un proyecto trasversal que presentamos diputados de la Democracia Cristiana y de Renovación nacional, liderados por el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto , entre los cuales vale mencionar a Gonzalo Fuenzalida , Gabriel Silber y Marcela Sabat , y que yo, con mucha convicción, concurrí a suscribir.

Lo normal es que los proyectos en tercer trámite constitucional -es bueno que lo sepan los nuevos diputadosno vayan a las comisiones, sino que pasen directamente a la Sala; solo excepcionalmente van a las comisiones, cuando se trata de proyectos muy complejos.

No quiero entrar en la dinámica de las declaraciones cruzadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, que a la ciudadanía le importan bien poco. Lo que le interesa a la ciudadanía es que demos una respuesta clara y contundente para fijar un límite infranqueable entre la legítima protesta social pacífica y quien es el principal enemigo de ella, aquellas minorías que se valen y abusan de la protesta pacífica con el objeto de generar desórdenes públicos y hechos de violencia, que terminan invisibilizando las legítimas causas de la protesta social.

Puedo asegurar que en todos los artículos contemplados en el proyecto de ley y también en las modificaciones del Senado no hay ni un solo hecho de protesta pacífica sancionado penalmente. Todos los hechos que se sancionan en este proyecto, incluyendo las modificaciones del Senado, se refieren a hechos de violencia, a hechos de fuerza, a hechos de intimidación.

Si algunos están de acuerdo en que esa práctica horrible de “el que baila, pasa” no debe tener una sanción penal, que lo digan. Nosotros creemos que eso afecta la dignidad de las personas, denigra a las personas. Si una mujer, madre de familia, es obligada a bajarse de un auto para bailar cuando está con sus hijos, ¿acaso no debe tener una sanción? Por supuesto que la debe tener.

Tenemos que fijar un principio. ¿Estamos o no de acuerdo en que abusar de la protesta social para generar hechos de violencia es un desvalor o no? ¡Claro que debe ser un desvalor! Por eso lo habíamos establecido como elemento del tipo penal, mientras el Senado lo estableció como agravante de responsabilidad penal.

Al final, los cambios que introdujo el Senado -digamos también que no fue una hoja en blanco, como dijeron algunos son muy similares a los de la Cámara. La única diferencia es que el saqueo, en vez de ser una agravante del robo en lugar no habitado, será un delito autónomo y tipificado como tal. Está bien, la pena es la misma, y puede llegar hasta cinco años, lo que me parece absolutamente razonable.

Algunos dicen: “Es que estamos sancionando el sitting a personas que pacíficamente están en una calle para hacer una manifestación”. No es así; lo que se está sancionando son los hechos de violencia.

Algunos me dijeron ayer: “Lo que pasa es que estamos sancionando el tirar una piedra, aunque no le achunte a alguien”. ¡Por Dios! ¡Cómo no va a tener una sanción alguien que, valiéndose y abusando de una protesta social legítima, pacífica, lance elementos contundentes o cortopunzantes!

Por lo tanto, apoyaré los cambios del Senado. No voy a entrar en esta guerrilla de celos cruzados entre el Senado y la Cámara de Diputados que solo le interesa a dos medios de comunicación. Aprobaré este proyecto porque es importante para la ciudadanía. Los adultos mayores del club de adultos mayores 18 de Septiembre, de la parte alta de Coquimbo, me dijeron: “Diputado, qué bueno que nos suban las pensiones, pero a nosotros nos quemaron nuestro supermercado, que era parte de nuestro barrio”. Avancemos en la agenda social y en esta agenda antisaqueos.

Por eso, hoy estamos presentando un proyecto de ley para sancionar también los saqueos de los grandes grupos económicos, con una agenda que sanciona los delitos económicos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a los ministros presentes en la Sala.

Claramente, y a pesar de que hemos trabajado arduamente en aprobar proyectos de ley con miras a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y a acceder a la demanda social de la cual nos hemos hecho cargo, los desmanes, destrozos, quemas y atentados vandálicos no se han detenido.

Hoy, atendido el hecho de que esos actos no se han detenido, me parece que no es pertinente sentarse a analizar la causa de este fenómeno social, sino que llegó la hora de hacerse cargo de las herramientas que permitan responder ante hechos como los que hemos vivido en los últimos meses y proteger, antes que cualquiera otra situación, el derecho de los chilenos a vivir en paz, resguardando siempre el orden público, la seguridad de las personas y los bienes, tanto públicos como privados.

Por ello, valoro el origen de esta moción, ya que es capaz de abordar de buena manera varios de los delitos que hemos visto los últimos meses y cuyos hechores, lejos de propender hacia la demanda de derechos sociales, no han hecho más que aprovecharse de manifestaciones pacíficas, perturbando gravemente el orden público.

Es urgente y prioritario aislar totalmente a todo elemento vandálico y violento del derecho a manifestación pacífica que asiste a nuestros compatriotas. Ya es hora de detener urgentemente la sensación generalizada de temor y desamparo que existe hoy en la población de nuestro país.

De la lectura del texto del proyecto aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado, es valorable el hecho de que se establecieron penas de presidio menor en su grado mínimo, que van de 61 a 540 días, para quienes levanten barricadas y los que pretendan seguir con la modalidad de tránsito de “el que baila, pasa”, o cualquiera otra conducta que impida la libre circulación en caso de conmoción o manifestaciones públicas.

Felicito a aquellos senadores de oposición que, mediante un acto reflexivo, de cordura y responsabilidad, aprobaron las disposiciones que lo hicieron posible.

Me parece que el texto emanado del Senado es un proyecto más acotado y con una redacción bastante más acorde a la realidad y a los hechos que se han vivido en los últimos meses.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, por su intermedio, hace unos instantes se nos acusó de que aprobamos el proyecto en primer trámite constitucional. En verdad, lo que hicimos fue aprobar la idea de discutir el proyecto, pero rechazamos todo el articulado que dice relación con la criminalización de la protesta social. Ese fue un error que reconocimos desde un principio, es decir, haber permitido abrir esta discusión, la cual consideramos ridícula.

Quiero recordar a los parlamentarios, en especial a los de Evópoli, de Renovación Nacional y de la UDI, que más o menos una vez al mes nos presentaban un proyecto para condenar lo que estaba ocurriendo en las calles de un país latinoamericano como Venezuela y el comportamiento del gobierno de ese país en relación a cómo enfrentaba la situación. Citaban a organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y a la alta comisionada de Naciones Unidas, a tal punto que incluso el 30 de diciembre de 2019, hace pocos días, la nueva derecha -así se autodenominan-, Evópoli , seguía metiendo proyectos para condenar lo que estaba ocurriendo en Venezuela.

A dos meses del estallido social, uno se pregunta en qué país han estado viviendo algunos durante todo este tiempo, porque la verdad es que a pesar de las graves vulneraciones a los derechos humanos que estaba llevando a cabo este gobierno mediante agentes del Estado, escondiéndose detrás de policías e, incluso, detrás de militares para no dar respuesta a las demandas sociales que el país estaba exigiendo, seguían emocionados y preocupados por Venezuela, pero no de las chilenas y chilenos mutilados ocularmente. Las 10.000 personas que han sido detenidas por protestar en contra de este pésimo gobierno no les importaron. Distintas instituciones que han defendido a las personas de este Estado les han presentado datos una y otra vez, pero ellos no los consideran. Ellos siguen pensando en Venezuela, y pareciera que las chilenas y los chilenos no les importaran.

¿Cuál es el país que tiene más mutilaciones oculares en el mundo por parte de agentes del Estado? ¿Cuál es el país con la peor aprobación del Presidente de la República en el continente americano? ¿Cuál es la población civil que más expuesta está hoy a la violencia policial en nuestro continente? ¿De qué país es la policía que ha jugado a atropellar a los ciudadanos que han intentado asistir a una manifestación en contra del mal gobierno? ¿De qué país es el gobierno que, habiendo sido acusado de vulnerar gravemente los derechos humanos por todos los organismos internacionales, no ha hecho otra cosa que respaldar el actuar criminal de una policía que incluso ha llegado a matar a palos, como ocurrió con Álex, un mecánico de un barrio de Maipú? ¿De qué país es la policía que ha tirado un líquido amarillo contra manifestantes, habiéndoles provocado quemaduras en segundo grado, acreditadas por el Colegio Médico? ¿De qué país son las 3.000 personas que han caído heridas en hospitales a consecuencia del actuar de la policía? Son de nuestro país, del que les paga el sueldo a ustedes también. Es del país que hoy ve con temor la posibilidad de que la policía que los iba a defender los esté atacando. Entiendo que en los barrios que ustedes habitan no pasan estas situaciones, pero en los barrios en los cuales vive el 90 por ciento del país sí están ocurriendo.

Para enfrentar los saqueos, hay que apoyar el comercio local, a los comerciantes, a los locatarios con la billetera, esa que ustedes no quieren abrir. Para poder resguardar el orden público, hay que dar respuesta a esas mayorías sociales. Puedo entender que una autoridad como el Presidente Piñera no haya dado las órdenes para vulnerar gravemente los derechos humanos de la población, pero él está en la obligación legal, habiéndose acreditado graves vulneraciones a los derechos humanos -lo mismo sucede con intendentes y ministros-, de tomar todas las medidas para que esos hechos no se repitan. Pero, ¿qué ha ocurrido? Se han repetido.

Entonces, cuando ahora ustedes nos proponen sancionar con 61 a 540 días de prisión a quien obligue a otro a la práctica de “el que baila, pasa”, les pregunto: ¿cuántos días de cárcel tienen los responsables del financiamiento irregular de la política en el caso Penta y de SQM, o por la colusión de las cadenas de farmacias? ¿Cuántos días de cárcel tienen los parlamentarios que recibieron financiamiento irregular de las pesqueras para aprobar una ley de pesca corrupta y completamente vigente? ¡Ninguno! Muy por el contrario, ustedes los han postulado al Congreso Nacional, les han dado cargos en los ministerios, les han hecho apologías.

Por eso, vamos a rechazar de inicio a fin este proyecto.

Espero que ustedes recapaciten, porque si el gobierno y la derecha no recapacitan sobre el país en que están viviendo, marzo vendrá difícil para todo el país, y no solo para este gobierno, que no ha querido escuchar a nadie. Y viene difícil porque lo único que han ofrecido es violencia y mantener las injusticias. Han prometido atender las demandas sociales, pero la verdad es que lo único que estamos haciendo es proponer más facultades a la policía, que ha abusado reiteradamente para meter a los manifestantes a la cárcel. Para eso no estamos disponibles.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, a nadie debiese sorprender la idea que hay detrás del proyecto original, y mucho menos desconocer la importancia de este, no solo porque llevamos casi dos meses de estallido social y de marchas pacíficas, que se han manifestado de diversas formas y que ha llamado al gobierno y a la oposición a impulsar cambios relevantes y una agenda social nunca antes vista, sino también porque durante este mismo tiempo han reinado la violencia, los saqueos, los actos vandálicos en distintos sectores del país, siendo Valparaíso , ciudad a la que represento, una de las más afectadas y, por cierto, con uno de los peores alcaldes de nuestro país: el alcalde Jorge Sharp .

Los esfuerzos realizados por los actores políticos han sido históricos y los acuerdos adoptados han llevado a importantes reformas que benefician a millones de chilenos y chilenas; pero hay algo en lo que estamos al debe: restaurar la paz social a los chilenos y a las chilenas, ya que son ellos los que necesitan certeza, levantarse en paz, ir a sus trabajos sin riesgos, sentirse protegidos. Es ahí donde apunta este proyecto.

A partir del estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, todas y todos quienes estamos aquí sentados hemos constatado el real sentido del artículo 5º de la Constitución Política de la República, que señala que la soberanía reside esencialmente en la nación. Sin embargo, esa misma disposición no aclara algo que hemos olvidado, y es que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

De esta forma, los violentistas no pueden gobernar el país, y eso es lo que muchos ciudadanos sienten. Debemos revertir aquello. Es tarea de todos los parlamentarios modificar aquella norma del Código Penal, que ha quedado corta frente a los actos de violencia que hemos observado en el último tiempo.

Tal como indica el proyecto, la tipificación del delito de desórdenes públicos es insuficiente para los hechos que hoy se han normalizado. Así, los saqueos se encuentran a la orden del día; los violentistas se infiltran en las marchas pacíficas, logrando un escudo de protección. Ellos llevan armas y objetos explosivos, atacan servicios de primera necesidad, impiden la libre circulación, etcétera.

Debemos actuar ahora. A la luz de los hechos acontecidos en el país, es urgente incorporar un nuevo delito de desórdenes públicos, ajustándolo a la realidad actual, y con ello permitir que la justicia penal pueda castigar a los responsables, y no que estos crean que los hechos por ellos realizados se encuentran en la total impunidad.apart

No queremos que se repitan casos como los acontecidos en Santiago, en donde los 26 detenidos flagrantes por saqueos a un supermercado en Conchalí fueron todos dejados en libertad. No es posible ese nivel de impunidad.

Hechos como estos, que afectan gravemente la paz social, son los que debemos ubicar como uno de los fines más esenciales de cualquier gobierno, independientemente de su color político. Relevar la paz social a ese lugar implica actuar en consecuencia y, por cierto, aprobar proyectos como este, por el bien de todos los chilenos y chilenas.

Respecto de los otros delitos que introduce el Senado en sus modificaciones, me parecen adecuados, pues mantienen el saqueo con una sanción ejemplar.

En la sanción a las barricadas y a los robos en situación de calamidad, puedo estar de acuerdo; a continuación señalaré las razones con la precisión correspondiente.

En cuanto a lo que aprobó el Senado, quienes corten el tránsito mediante violencia o intimidación en las personas, arriesgan penas de entre 61 y 541 días, pero para aquello tiene que haber violencia o intimidación. Además, tiene que haber sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

En todos los actos de saqueo, como también de vandalismo y de obstrucción a que las personas circulen, queda absolutamente tipificado que en el hecho ilícito tiene que haber violencia o intimidación. Si no existe violencia o intimidación, nadie va a ser juzgado ni condenado penalmente.

Aquí se está protegiendo a las personas que quieren protestar en paz. Aquellos que quieren generar violencia, aquellos que quieren intimidar, aquellos que quieren atentar contra la paz social, tendrán que ser condenados por la justicia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo no es más que una solapada y muy manipulada forma de criminalizar el ejercicio de todo el repertorio de las protestas sociales, que, por cierto, están reconocidas en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado.

Desde su origen, este proyecto es una herramienta para sancionar -reiteropenalmente la protesta social y es la respuesta política que el gobierno del Presidente Piñera da para sofocar las protestas y criminalizar el derecho de reunión y de expresión.

En un contexto de elevado descontento, de crisis social y política, en donde las demandas del pueblo que se ha movilizado en las calles no han encontrado solución alguna, resulta incomprensible que el Congreso Nacional apruebe una agenda de seguridad para que el gobierno continúe castigando a la población y pretenda manipular en el sentido de que las protestas sociales son un problema de orden público.

¿No es suficiente para los parlamentarios que el gobierno del Presidente Piñera haya aplicado una política de violación generalizada de los derechos fundamentales de las personas, es decir, del derecho a la vida, a la integridad psíquica y a la libertad personal? ¿Les da confianza a los parlamentarios una administración cuyas fuerzas de seguridad han torturado y mutilado a decenas de compatriotas?

Incluso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad “simplemente no alcanzan ni para una fantasía“. Así lo señaló.

Este gobierno llega al extremo de negar lo que han informado organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos nacionales autónomos.

Quienes concurran a aprobar esta iniciativa le están regalando al gobierno una herramienta para que se querelle indiscriminadamente contra las personas que ejercen la libertad de expresión y de reunión. Esto es irresponsable; es poco serio, sobre todo en el caso de algunos parlamentarios de oposición, aprobar este instrumento de persecución política.

¿Qué posibilidad tienen las personas que no tienen casa, que no tienen calle, más que cortar una calle para llamar la atención? ¿Acaso pueden comprar un canal de televisión para plantear sus necesidades?

La protesta social es un derecho cuyo ejercicio ayuda a equilibrar, aunque sea en parte, la desigual visibilidad de las demandas de los excluidos.

No cabe duda de que este proyecto criminaliza todas las formas y el repertorio de protesta social, y crea un régimen penal desproporcionado, imponiendo penas altísimas a formas de protesta, lo que es tan grotesco como criminalizar “el que baila, pasa”. Francamente, ha habido diputados que han intervenido con el pretexto de sacarnos lágrimas acerca de lo tremendo que es “el que baila, pasa”.

De aprobarse este proyecto, se pondrá a cualquier persona detenida en el marco de una protesta social en una desventaja desde el inicio, pues la gravedad de las penas asociadas a los delitos imputados implica la imposición de medidas cautelares muy gravosas, como por ejemplo prisión preventiva prolongada.

Hoy, con la legislación actual, en ochenta días se han registrado 21.686 personas detenidas, de las cuales los tribunales decretaron prisión preventiva para 1.615. Aprobar esta iniciativa significa que estas cifras se disparan.

Por lo demás, hay que hacer presente que todas las conductas que presenta este proyecto de ley están hoy tipificadas en el Código Penal. Incluso, en el caso del robo en lugar no habitado esta iniciativa establece una circunstancia agravante.

Por lo tanto, pretender que estas conductas no existen en nuestra legislación es otra mentira y otra falacia.

Como bancada rechazaremos esta moción y advertimos al Congreso que su eventual aprobación implica seguir con una espiral de leyes represivas cuyas consecuencias serán juzgadas por la historia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, ¿por qué tanto interés en meter gente a la cárcel y en subir las penas de cárcel? ¿Creen que así construimos un mejor país?

Como dijo clara y pedagógicamente nuestro amigo René Saffirio , ¿en qué está este gobierno, que ejecuta la mayoría de la violencia física, económica y sexual por medio de sus organismos represivos?

Se habla de delitos ya tipificados a los cuales se les suben las penas.

¿Se quiere resolver el conflicto del agotamiento de los chilenos abusados, endeudados, despreciados y estafados, con más violencia?

Además, ¿un carabinero te puede denunciar falsamente? Todo Chile grita que Carabineros no es confiable, ¡es peligroso! Recuerdo la impresión que me dio mi amigo excarabinero Mario Desbordes , cuando dijo: “No quiero votar más un proyecto de ley que signifique meter a otra persona a la cárcel”. Mario, ¿cómo votarás en este proyecto?

El gobierno dice defender a los ciudadanos. ¿A quiénes realmente quiere defender? Defiende el modelo neoliberal, aquel que genera riqueza sin importar el sufrimiento de la gente. Solo salva a las personas que pueden generar dinero, y deja morir a las que no generan dinero: ancianos, jóvenes, mujeres y niños.

El principal enemigo de la protesta social es el gobierno, porque no sabe cómo resolverla sin abandonar el modelo. Este gobierno, de 14 millones y tanto de personas, obtuvo una votación de 3 millones y medio. ¿Cómo es posible que este gobierno pueda legislar sanamente con una votación así? En el futuro, esta situación debería ser motivo para hacer de nuevo las elecciones. No podemos tener gobiernos con tan poco respaldo y con tanta autoridad legislativa.

Matías Walker -por su intermedio, señor Presidente-, tu apoyo al gobierno no es cristiano. No. Propongo que en vez de que ustedes se llamen Democracia Cristiana, se llamen “Democracia defensora del poder de la derecha”. Ya está casi clarísimo. La democracia conveniente para la Democracia Cristiana es sacar el nombre de “Cristiana”.

También le digo a la derecha: ustedes se denominan cristianos, defensores cristianos. ¿Un dios bondadoso votaría por esta ley? Pregúntense, amigos cristianos, ¿por qué van a votar algo que un dios bondadoso no votaría? ¿Existirá un dios bondadoso? Creo que sí, aunque no me ha tocado todavía.

Entonces, es totalmente absurdo que un gobierno, que de 14 millones y medio habitantes logró alrededor de 3 millones de votos, haga estos absurdos y defienda un modelo neoliberal que produce muerte y que produce mucha violencia.

Le pido a la derecha que no vote por órdenes de partido y que vote con el corazón. Creo en el corazón de mucha gente de derecha -de todos-. Quiero que le pregunten a su corazón -si es que creen en algún dios cómo votarían ustedes. Les digo, bondadosamente, que esta ley es terriblemente desagradable, terriblemente violenta, y es muy terrible que la apoye alguien de la Democracia Cristiana. Democracia “Cristiana”.

Eso es todo lo que quiero decir. Ojalá que lo que digo a través de las palabras refleje lo que mi corazón dice, porque a veces no logro expresar en palabras lo que quisiera hacer con mucha fuerza.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en una moción parlamentaria, cuya amplitud de ideas matrices permite incorporar diversas materias que requieren atención y componen parte de la agenda de seguridad pública: saqueos, desordenes públicos y barricadas.

La iniciativa busca dar una respuesta a los hechos delictuales ocurridos desde el 18 de octubre pasado, e intenta sancionar más gravosamente delitos de alta ocurrencia. No busca gravar ni atacar las manifestaciones sociales legítimas. Por el contrario.

Tales conductas son las siguientes:

a) La comisión de hechos delictuales que atenten contra el orden público -delitos especiales de “desórdenes públicos”, particularmente hipótesis de barricadas u otras limitaciones a la libre circulación, y lanzamiento de objetos-.

b) La comisión de los delitos contra la propiedad que se cometen en multitud y con ocasión de la alteración del orden público, conocidos comúnmente como “saqueos”.

Es importante aquí poner por delante que nadie está buscando penalizar la protesta legítima o la manifestación; pero sí se busca distinguir lo anterior del uso de la violencia o de conductas que afecten los derechos de otras personas a circular libremente y la intangibilidad de su seguridad y de sus bienes personales o de aquellos que les sirven para trabajar y salir adelante en la vida.

Quiero preguntar a muchos de los que están presentes si han consultado en particular a quienes viven en la llamada “zona cero”, alrededor de la plaza Italia -es parte del distrito que represento-, en el eje Alameda, al sur de Providencia, cuál es su opinión acerca de este proyecto; a personas que prácticamente no pueden salir de sus casas sin que sus vidas estén alteradas no solamente por los saqueos a casi el ciento por ciento -no creo exagerardel pequeño comercio diario que los abastece, sino también por el peligro de ser afectadas en su integridad física y su salud. Hablo de personas impedidas de moverse y de circular, que están atrapadas prácticamente en sus viviendas, en sus edificios, y que están aterradas, porque hay personas a las que les importa un comino qué sucede con esos vecinos. Garantizar el orden público, como hemos visto, ante la masividad del lumpen, es una tarea muy complicada de llevar adelante por las policías.

Uno de los diputados que votó favorablemente este proyecto, antes de que lo funaran en las redes sociales, habla de la soberbia del gobierno, pero nada dice de la soberbia de los que se toman las calles, de los que cobran peaje, de los que obligan a que si no se paga peaje no se pasa. Y hablo de los que cobran plata; no estoy hablando siquiera de los que dicen “el que baila, pasa”, o de los que dicen “o bailas o te rompo el auto”, aunque lleve niños adentro. Hablo de gente que cobra plata, que cobra un peaje por pasar, por circular; de lo contrario, para el conductor no hay otra forma de hacerlo. Recuerdo la escena de un anciano que tenía hora al médico y que le pidió por favor a uno de estos nuevos censores que estaba envuelto en una capucha y que tenía tomado un puente con una barricada hecha con los restos de un pequeño quiosco que había en las cercanías, que le permitiera pasar. Estaba pidiéndole permiso a este nuevo dueño de la calle, quien le respondió: “No, tío. No va a poder pasar nomás. Se tiene que devolver”.

Esta iniciativa va precisamente contra los que cortan las calles, contra los que cobran peaje, contra ese grupo pequeño que se junta y quema iglesias, quema centros culturales, destruye monumentos nacionales, saquea supermercados y decide cortar totalmente las carreteras, es decir, gente a la que finalmente no le importa si la persona va con algún atraso, si tiene que llegar a alguna pega, si tiene que ir a cuidar a un niño o una persona enferma.

En este proyecto no hay ningún acto de protesta pacífica que esté sancionado.

La iniciativa fue aprobada en general por 127 votos a favor, con votos por la afirmativa de muchos de los que hoy la critican: de buena parte del Frente Amplio, por más que algunos de sus diputados hayan pedido disculpas, quienes hoy se ven en la paradoja y en la contradicción más evidente y absoluta. En su desesperación por hacerle gestos a aquellos que validan la violencia, están amenazando, incluso, con llevar este proyecto -que votaron a favor, no se abstuvieron al Tribunal Constitucional, organismo que han denominado permanentemente como una “tercera cámara”. ¿Cómo no va a ser absurdo y poco coherente?

Marzo va a venir difícil, nos amenaza el señor Brito , soterrando que ellos controlan de alguna forma la protesta social y que controlan las amenazas de incendios. Dice: “Se va a venir difícil, compadre; cuidado”. Se trata de una amenaza vacía, por lo demás, porque él no es vocero ni representante del movimiento social. Es más, el movimiento social los repudia.

¿Cómo puede no saber eso, si cuando sale su candidata presidencial a la calle, la funan? Por ejemplo, la funa al señor Chanfreau , a quien le rinden pleitesía y a quien finalmente le tienen pánico, como una forma de “síndrome de Estocolmo”, en el cual el secuestrador violento ha logrado enamorar a su víctima. En todo caso, me admira el acto de valentía que tuvieron en su momento de votar a favor este proyecto antes de que en Twitter o Facebook los funaran.

Nos dicen a nosotros que somos de cartón, pero la verdad es que somos lo que somos: no ocultamos nuestra condena a la violencia, a los frescos, a los saqueadores, a los que no permiten circular, y no vamos a cejar en este intento de tratar de que la gente pueda circular y pueda protestar legítimamente sin estar secuestrada por los violentistas y por los saqueadores.

En consecuencia, votaremos a favor las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, es un poco patética la discusión sobre este proyecto de ley.

Creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando enjuicia un proyecto de ley es cuán eficaz resultará ser en el cumplimiento de los propósitos que lo animan.

Este proyecto se presenta como una contribución a la paz y al resguardo de la seguridad del orden público, todo ello en un contexto de extrema sensibilidad social frente al tema de la criminalización de la protesta.

Yo creo que tanto este gobierno como algunos parlamentarios que lo apoyan se equivocan profundamente si creen que con el llamado que ellos hacen la gente los va a seguir. Pero también se equivocan los de la oposición que viven pidiendo disculpas, que viven tratando de hacer buena letra para caer simpáticos en un movimiento que no tiene nada que ver con nadie de los que están representados acá.

Basta que una autoridad diga: “Vamos a hacer una ley antiencapuchados”, para que se convoque al “viernes de la manifestación de los encapuchados”, al que llegan miles, no necesariamente todos delincuentes.

Basta que un intendente diga: “Voy a copar la plaza Italia, para que no llegue nadie”, y llegan miles, y los copadores terminan expulsados. No hablo por boca de ganso, señor Presidente, ya que usted sabe perfectamente que vivo en la dichosa llamada “zona cero”. Llego allí sin capucha, sin lentes oscuros, sin sombrero, sin ninguna “hueá”, a pecho descubierto. Así que no me van a venir a dar lecciones.

Si ustedes quieren que las cosas amainen, ¡háganlas al contrario, por favor! ¿Dónde está el ministro, para que me escuche?

¡No llamen a apoyar el voto obligatorio, porque no va a ir a votar nadie si lo hace gobierno! Manténganse en el voto voluntario, para que la gente les lleve la contraria y llegue el ciento por ciento a votar, porque van a hacer todo lo contrario que el gobierno que abominan desea que hagan.

A mí no se me escapa que mis vecinos viven en la angustia: la librería Qué Leo, los peruanos que tienen un pequeño comercio más allá, otro señor al que se le ocurrió llegar ahora, después de que la cosa estaba instalada como “zona cero”, y que vende sánguches, y también mis vecinos que simplemente viven allí, algunos de mucha edad. Que la cosa es difícil, es difícil, pero es peor cuando el gobierno, creyendo que la hace de oro, logra el efecto exactamente contrario.

El gobierno -sus analistas, sus expertos, sus big data y todas esas leseras; los Quiñenco, los Hinzpeterno se da cuenta de que la sociedad, su piel, está en estado vivo, y que cualquier cosa que se le aproxime, la hace estallar.

Las leyes son buenas según la capacidad que tengan de resolver el problema que pretenden resolver, y esta no resuelve nada: exacerbará más los ánimos y la pretendida contribución al orden público, a la seguridad y a la famosa paz será igual a cero.

Además, yo no voy a apoyar un proyecto que es devuelto desde la Cámara Alta, donde lo único que falta es que pidan pelucas para parecerse a la cámara de los lores de Gran Bretaña, y por eso les dicen “los empolvados”, no precisamente en relación con el dulce de La Ligua, sino porque se echan polvo en la peluca para que les brille.

No se puede aprobar una tontera que dice que se castigarán como consumados estos delitos desde que se encuentren en estado de tratativa. O sea, yo me puedo juntar con alguien en mi casa y decirle: “¡Vamos a darle un portonazo al de la librería Qué Leo y le sacamos los libros de Bolaño!”. Basta que yo lo haya pensado y conversado con alguien en mi casa tentativapara que se dé por consumado. ¡No, pues! Esto es una tontera, una aberración jurídica, que incluso daría para pedir el cierre del Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, en honor a la verdad, y para contestar, por su intermedio, a algunos parlamentarios que ya han hecho uso de la palabra, quiero recordar que este no es un proyecto del gobierno. Ustedes lo saben: no es un proyecto del actual gobierno, sino que fue presentado por diputados en forma transversal, de izquierda, de centro y de derecha, que fue aprobado -tal como aquí se dijo por 127 votos a favor, con solo 7 votos en contra y 13 abstenciones; es decir, fue ampliamente aprobado.

Este proyecto lo que hace es establecer una frontera, tratar de dibujar una frontera, que hoy es poco clara para muchos de ustedes, entre la legítima protesta social -que todos defendemos y aquellos que se amparan en estas protestas sociales para ejercer la violencia, el abuso, el vandalismo.

Este proyecto no tiene ningún artículo que criminalice las protestas pacíficas. ¡Ninguno! Por favor, léanlo, sobre todo si son diputados que han participado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Las protestas pacíficas -lo hemos dicho reiteradamente son protestas legítimas. Este proyecto sanciona el saqueo, la violencia, el vandalismo y el fascismo que practican algunos integrantes de la extrema izquierda.

El llamado estallido de violencia en nuestro país ha dado ocasión a una serie de acontecimientos, como ya he dicho, en que la principal protagonista ha sido la violencia. La comisión de delitos ha sido habitual en este tiempo, lo que a muchos de nosotros nos ha llevado a plantear medidas para enfrentarlos, ya sea por la vía de la declaración de un estado de excepción constitucional, como lo hizo el gobierno, así como de la configuración de nuevas hipótesis penales y del aumento de penas para determinados delitos. En este último caso, toma particular relevancia la creación de un tipo penal: el saqueo, que hoy día está impune, que no se sanciona, por las principales características que reviste este delito.

El proyecto, como he dicho, tipifica conductas que se han hecho comunes en estos días, como las barricadas, el saqueo, la limitación a la libre circulación, la destrucción y el vandalismo de que han sido objeto muchas familias. A modo de ejemplo, el martes 26 de noviembre, a partir del llamado a huelga de la Mesa de Unidad Social, solo ese día se registró un total de 27 saqueos. En Valparaíso, la ciudad que yo represento, llevamos más de 150 locales destruidos y saqueados.

Por su intermedio, pregunto al diputado Alarcón , ya que su corazón le dice muchas cosas, ¿qué le diría al corazón de los porteños, de esas familias que viven y trabajan en Valparaíso, cuya principal fuente de ingresos, su negocio o el lugar donde trabajan hoy día no existe y no tienen qué comer? ¿Qué le dice su corazón a esa gente, diputado? ¡Vaya a dar una vuelta por las calles de Valparaíso y dese cuenta de lo que ha ocurrido! ¡No lo ignore, no lo empequeñezca, porque es grave! Es grave: hay muchas familias que hoy día no tienen qué comer porque quedaron sin empleo.

La legislación nacional hasta ahora no considera el delito de saqueo, pues solo se aplica la figura del robo en lugar no habitado, que tiene una connotación totalmente distinta, considerando el momento actual que vivimos. En el caso del saqueo hay un elemento contextual de orden público que se debe tomar en cuenta para modificar la naturaleza de este delito, distinguiéndolo del mero robo en lugar no habitado.

El robo en lugar no habitado considera que habitar es vivir o morar, que implica algo más que estar presente de manera física. Por ejemplo, ustedes saben que un guardia de seguridad, aunque esté presente en el lugar, no está habitando. Es decir, un lugar no habitado es aquel que no es usado como morada en el instante del robo, en un contexto que va más allá de la sola presencia física de una persona en el lugar.

En este proyecto se establece la aplicación de una regla para determinar la pena en virtud del delito cuando el robo se cometa en circunstancias que permitan que se sustraiga o se destruya todo o parte de aquello que estaba o se guardaba en un establecimiento comercial o industrial.

El saqueo, en definitiva, es una figura agravada del delito de robo con violencia en las cosas. Por ello, se aumenta la pena en un grado, por la connotación del desorden público o de los delitos base de los párrafos que menciona el Código Penal, como el robo con violencia en las cosas, en las personas, hurtos u otros.

Por eso, entre otras cosas, aprobaré los cambios efectuados por el Senado, porque es fundamental para la convivencia nacional y para respetar los derechos de todos los chilenos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la Mesa, a las señoras y señoritas diputadas y a los señores diputados.

Ya van varias semanas de manifestaciones y cabe preguntarse -no tan solo yo, sino el común de la gente que uno ve cuando va a distintas reuniones hasta qué punto va a llegar la violencia y cuánto más van a tolerar los chilenos este nuevo estado, que, aparentemente, es casi normal.

En mi ciudad se quemó completamente un supermercado y en su interior falleció una persona calcinada, y después fue saqueada parte del hospital nuevo y su mobiliario resultó destruido completamente. En Antofagasta se quemó un tren. En La Serena hay más de cuatro servicios públicos destruidos prácticamente en su totalidad. Y al parecer esto es casi normal.

Me preocupa que no exista por parte de los grupos más radicales una especie de autocrítica de decir cuáles son las razones. No basta decir que en este país las pensiones son bajísimas y que sus abuelos ganan poco; no basta decir que aquí existe un monopolio y que todo Chile está concentrado en siete o diez familias. Eso es verdad. Lo sabemos, y por eso tenemos que cambiar la Constitución, y hay que hacerlo con fuerza para que esto pueda cambiar. Pero eso no justifica la violencia excesiva que ha estado ocurriendo y que en muchos de estos casos sobrepasa a distintas autoridades.

Es tan sencillo como darse una vuelta por la calle contigua a la plaza que está al lado de este edificio -no recuerdo bien el nombre-, donde hay un local -no sé si arrendaban autos o era un estacionamiento en que hay alrededor de catorce autos quemados completamente. Valparaíso parece una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra Mundial.

No le puedo pedir al alcalde que vaya a sofocar todo lo que está ocurriendo. Aquí tiene que haber una autocrítica de parte del gobierno, que ha actuado tardíamente. En ese sentido, si bien estas normas pueden ayudar en parte, también debe haber soluciones importantes.

¿Por qué me preocupa esto? Me preocupa como chileno que tuvo la fortuna de combatir de alguna manera la dictadura militar. Veo que hay ciertas similitudes con los grupos que van mucho más allá de una protesta y transforman esto en un verdadero caos. Además, no creo que esto genere aceptación en la población, como alguien pretendió decir.

Lo que me preocupa es que, si esto continúa, se transforme en una tentación para los grandes grupos económicos en el sentido de que se genere un levantamiento o una toma de poder, por mucho que algunos de ustedes se puedan reír.

Todas las crisis políticas empiezan de la forma como está ocurriendo en Chile. Empiezan, pero no sabemos cómo van a continuar. De lo contrario, díganme qué pasó en 1973, con un gobierno democrático, pero al cual muchos dejaron abandonado. En ese caso, vuelvo a destacar la labor del Partido Comunista -no se trata de tirarle flores-, porque estuvo hasta el final. En cambio, los otros partidos que participaron en el gobierno, incluso su propio partido, lo abandonaron. ¿Y qué generó eso? Que el Presidente Salvador Allende tuviera que llamar a militares para que ocuparan ministerios. Finalmente, ¿qué ocurrió?

Muchas veces los parlamentarios, los que hoy estamos aquí y los que estuvieron ayer, tratamos de ser buena onda con todo el mundo, pero, siendo más negativo, como que la gente no acepta más. Pienso que no es así.

En definitiva, anuncio que votaré a favor este proyecto; pero hay un artículo con el que no estoy de acuerdo, el de las barricadas. Muchas veces las barricadas han sido esenciales para generar el despertar de un gobierno frente a problemas o demandas que no escucha. Eliminar las barricadas o pedir permiso para hacer una manifestación no va en el camino correcto. Lo demás, como el saqueo, la destrucción, etcétera, para mí está bien que se sancione; pero en el caso de las barricadas, considero que son de la esencia de una manifestación. ¡Quién de nosotros no ha participado en una de ellas!

En consecuencia, pediré votación separada para ese artículo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora.-

Señor Presidente, represento a una de las regiones que ha sido más golpeada durante estos casi noventa días, la Región de Antofagasta. No podemos normalizar una situación que, a juicio de algunos, es normal. Saquear, destruir, quemar, impedir el tránsito de personas y de vehículos parece que para algunos es normal y, peor aún, lo legitiman como si fuera una forma válida de manifestarse para lograr respuestas a demandas sociales muy legítimas, algunas de ellas históricas, a las que por fin hemos empezado a responder.

Si digo “por fin”, señor Presidente, es porque si un mea culpa podemos hacer es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y hemos defendido posturas extremas sin entender que nuestra principal labor como políticos es conducir el sentir, las peticiones y las esperanzas de la ciudadanía.

En este caso, no tengo ninguna duda en cuanto a que, para los antofagastinos, los calameños, los loínos, para las personas a las que represento, el mayor anhelo es recuperar el orden público.

Muchas personas que nos escriben a quienes representamos a la Región de Antofagasta nos piden recuperar el orden público y volver a la normalidad, pero con sentido común, el que a veces falta en el Senado o en esta Cámara. No nos piden volver a la normalidad social que teníamos antes del 18 de octubre; al contrario, quieren un nuevo trato, que nuestro país tenga mejores pensiones, mejor calidad en la salud, que la educación sea más equitativa en su ingreso y en su permanencia.

No obstante, señor Presidente, todo eso no se logrará a través del desorden, de quemas, de saqueos, y menos si nosotros mismos, que tenemos que tomar una decisión respecto de ese actuar, lo validamos y no somos capaces de legislar adecuadamente en esta materia.

Para dejar de lado los discursos más ideologizados o politizados, señalaré expresamente lo que busca este proyecto.

Esta iniciativa tiene por finalidad entregar más herramientas al Estado para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, incrementando las penas para quienes, en contexto de manifestaciones o movilizaciones, violenta y activamente realicen desórdenes públicos.

Entonces, esto no pretende criminalizar a aquellas personas que se manifiestan pacíficamente ni detener a quienes han marchado y siguen marchando pacíficamente, sino –insisto dejar las cosas claras respecto de aquellos que han producido desórdenes públicos y que impiden a terceras personas ejercer sus derechos, como el de tránsito, la libertad de expresión y de aquellos que derechamente se sienten atemorizados.

Además, el proyecto busca incorporar, dentro de los delitos de desorden, la interrupción total a la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública; el lanzamiento contra personas o vehículos de objetos cortantes, punzantes o contundentes que puedan provocar daño. Asimismo, busca aumentar las penas cuando se trate de robos o hurtos cometidos en situaciones de calamidad o de alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o en forma individual.

La iniciativa consagra el delito de saqueo como todo hurto, robo o apropiación indebida cometida en circunstancias tales, que conlleven la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de establecimientos donde se encontrasen las cosas objeto del hurto, robo o apropiación indebida.

Señor Presidente, en la Región de Antofagasta, para poner algunos ejemplos, se ha saqueado una veintena de supermercados, el mall, farmacias, ópticas y otros lugares en donde se ejerce el comercio, principalmente establecimientos en los que funcionan pymes.

Por lo tanto, algunos, por legitimar el saqueo, porque por décadas se ha venido saqueando o ejerciendo otro tipo de violencia contra los grandes empresarios, van empatar. Pero están muy equivocados, porque hoy precisamente a los que les están pegando es a aquellas personas que con su esfuerzo se han levantado, a aquellas personas que están en el centro de nuestras ciudades y regiones y que, lamentablemente, no han podido retornar a su trabajo y viven atemorizadas, sin poder ejercer sus derechos.

Señor Presidente, además de todo eso, ha habido destrozos varios. Hace poco hubo uno que fue noticia a nivel nacional, porque el centralismo vaya que se asienta. Es el caso de El Mercurio de Antofagasta o de colegios emblemáticos de esa comuna. En el primer ejemplo que pongo se atenta, ni más ni menos, directamente contra la libertad de expresión y contra la libertad de informar.

También señalo y me hago cargo de algunas críticas falsas de aquellos que están en contra de este proyecto. Por ejemplo, se ha dicho que esto ya está legislado. Perdóneme, Presidente, pero hay que considerar que la norma actual data del siglo XIX, y que en algunos casos no contempla la tipificación del delito o no está establecido acorde a la gravedad de lo que significa. Un ejemplo es el saqueo, cuyo tipo impide penalizar en forma justa y oportuna delitos cometidos con ocasión de desórdenes públicos.

En la actualidad, de un total de 22.584 casos tras el 18 de octubre, solo en 2.490 se dictó prisión preventiva, es decir, 11 por ciento, y un grupo de los que quedaron en libertad se debe a que la acción no estaba debidamente tipificada.

También algunos han dicho, para criticar este proyecto, que estamos dejando la agenda social. De nosotros depende que avancemos en la agenda social y que le pongamos urgencia a estos proyectos. Asimismo, de nosotros depende que entendamos que para salir de esta crisis se requieren tres vías: recuperar el orden público, dar respuesta a la demanda social y por qué no decirlo llevar de forma prudente y responsable un nuevo proceso constituyente.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, por todo lo que escucho, me parece que estamos en un punto de gran desencuentro en esta Cámara.

Así como la diputada Núñez representa a la Región de Antofagasta, que es una de las zonas que más ha sufrido con los últimos actos de violencia, yo represento a una de las zonas que más ha sido violentada desde siempre a causa de la denominada “violencia estructural”.

Un filósofo señala que cuando una persona inflige daño físico a otra y le ocasiona la muerte, el acto es denominado homicidio sin premeditación; cuando el agresor conoce de antemano que el daño será fatal, llamamos a su acto asesinato. Pero cuando la sociedad sitúa a miles de trabajadores en una posición en que, de forma inevitable, se encontrarán con una muerte prematura; cuando priva a miles de personas de la satisfacción de las necesidades vitales básicas, situándolas en circunstancias en las que no es posible vivir, obligándolas a través de la fuerza de la ley a permanecer en esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia inevitable, esto es, cuando esa sociedad sabe que esos miles de víctimas perecerán, pero aun así permite que esas condiciones se mantengan, ese acto es un asesinato con tanta rotundidad como lo es el acto individual. Es un asesinato disfrazado e intencionado contra el que no puede defenderse por sí mismo, porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural, dado que el delito es más por omisión que por acción. Pero, al fin y al cabo, es un asesinato. Lo dijo Federico Engels .

No les gusta, pero es una gran verdad. Porque aquí hay violencia estructural. ¡Hay violencia estructural!

Aquí no estamos tipificando el delito “el que baila, pasa” que tiene penas de cárcel. Sin embargo, todos sabemos que Lavín y Délano, que cometieron fraude al fisco, tienen una pena que consiste en asistir a clases de ética. Eso es violencia estructural.

Ahora, ¿cómo se define la violencia estructural? Es el resultado de un conflicto, entre dos o más partes, en que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los bienes sociales -educación, salud, justicia es resuelto sistemáticamente de manera tal, que una de las partes gana, y la otra, pierde. ¡Esos son privilegios!

¿Cuál es la igualdad en el acceso a la justicia en Chile? ¿Cuando “el que baila, pasa” tiene penas de cárcel y el que comete fraude al fisco recibe clases de ética? ¡Eso es repartir mal la justicia! Es decir que hay algunos que tienen privilegios y otros que no los tienen, por lo que deben pagar consecuencias muchísimo más duras que aquellos que tienen recursos. ¡Ese es el país que tenemos! ¡Eso es lo que ustedes no han entendido y este gobierno tampoco!

No estoy de acuerdo con el saqueo, ni tampoco estoy de acuerdo con “el que baila, pasa”.

¡No me gustaría que me sometieran a eso! Pero ¿por qué tengo que legislar sobre eso y no sobre lo otro? ¿Por qué decidimos penalizar una conducta y no resolvemos el problema de justicia social que tenemos en el país?

En Chile, la violencia estructural se manifiesta en el acceso a los recursos vitales. No todos pueden cubrir de la misma manera sus necesidades básicas. Ayer, a propósito de la interpelación de la ministra del Medio Ambiente, hablamos del tema del agua. ¿Cómo se penaliza el saqueo del agua en Chile? ¿Cómo se penaliza el hecho de que en la zona de Petorca la gente no tenga agua en los alcantarillados y tenga que cagar en bolsas plásticas, mientras otros tienen vergeles para exportar sus paltas? ¿Cómo se califica eso? ¿Acaso no es violencia? ¿Cómo la vamos a penalizar en el Congreso? ¿Cómo vamos a terminar con esa violencia?

Aquí hay una ceguera absoluta, porque aparentemente el problema de las barricadas, de “el que baila, pasa” o los saqueos son como un electrón dando vueltas sin que tuviera ninguna raigambre, sin ninguna conexión. Lo que tenemos que hacer es lograr esa conexión; es entender que lo que está pasando en Chile tiene una base estructural de inequidad y de desigualdad.

Esa violencia estructural es la que debemos ser capaces de modificar. Antes de condenar actos de violencia, como el saqueo y otros, hay que condenar aquello que hemos producido como sociedad desigual.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En razón del alto número de inscritos, pido la unanimidad para rebajar a cinco minutos las intervenciones.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, entender este estallido social como un problema policial y no como un problema social no solo es un error, sino que demuestra indolencia, porque la explaza Italia no fue rebautizada como plaza de la violencia, sino como “plaza de la dignidad”.

Las ciudades nos hablan y Chile nos habla, y cuando escuchamos hablar de “dignidad” nuestra respuesta no puede ser “represión”.

Adelantándome al rumoreo de los colegas de derecha, ¿significa esto que no debemos abordar el problema de la seguridad ciudadana? ¡Por supuesto que no! De hecho, debe ser visto también buscando sacudirla de tanta desigualdad.

No hace mucho, varios parlamentarios y alcaldes acuñamos el concepto de “derecho a la seguridad” para proponer medidas en el presupuesto y acusar que también hay desigualdad brutal en el acceso a la seguridad ciudadana entre Las Condes y Cerro Navia . Hablar en serio de seguridad ciudadana es también hablar de desigualdad. ¿Aborda el tema este proyecto? Lamentablemente, no.

Todos y todas estamos de acuerdo en que la actividad delictual no es parte de la protesta legítima; pero lo que no es un acuerdo y me duele -pero le duele más a quienes les faltan sus ojoses que no podemos seguir aumentando atribuciones a instituciones que no solo están cuestionadas por la ciudadanía por violar derechos humanos, sino también están siendo cuestionadas por el mundo entero.

¿Cómo es posible pensar que esas violaciones a los derechos humanos no han ocurrido ni están ocurriendo? ¿Cómo actuar como si no estuviera ocurriendo nada? ¿Cómo es posible que hoy no estemos hablando de la refundación de Carabineros?

Espero que no haya nadie que decida saltarse estas preguntas. De todos modos, mirando este proyecto, que vuelve modificado desde el Senado, la vía no es seguir aumentando ineficientemente y sin ninguna proporcionalidad las penas para cada uno de los delitos contra la propiedad.

Señor Presidente, por su intermedio le pido al ministro del Interior que no siga cometiendo los errores que cometieron todos los ministros del Interior que lo precedieron, sin excepción.

Como tantas otras veces ha ocurrido, el aumento de penas de manera desproporcionada a los delitos contra la propiedad y la criminalización de la protesta no van a resolver los problemas. Esta estrategia lleva décadas de fracaso, décadas en que se sigue acumulando pobreza en las cárceles, y, en los últimos meses, muchas personas han perdido su vida o sus ojos en las calles.

Transcurridos casi noventa días desde el 18 de octubre lo que más indigna a la gente es que esta sea la señal que le estamos dando a la ciudadanía. Mientras tanto, las AFP siguen intactas; las isapres, incluso, aumentaron en 3,4 por ciento los planes de las mujeres. Tenemos nuevas denuncias de colusión en las farmacias, pero los delitos de cuello y corbata pareciera que no los toca nadie. Cuando en la Cámara tenemos que discutir proyectos sobre derecho penal para la gente común, el gobierno califica la iniciativa con discusión inmediata, pero cuando hay que hacerlo para los delitos de cuello y corbata, el gobierno arma mesas técnicas, le consulta a medio mundo y reflexiona mucho antes de criminalizar.

Lo que se nos pide votar hoy es una aberración, es un golpe al corazón de la libertad de expresión y al derecho a reunión. Sin ir más lejos, la celebrada performance de Las Tesis, de impacto mundial por su postura en contra de la violencia machista, bien podría ser calificada como un caso de interrupción de la libre circulación de las personas con intimidación, dado que se realiza siempre en una multitud. ¿Qué le dirán a sus hermanas, a sus madres, a sus parejas e hijas, y a todas las mujeres de Chile cuando las lleven detenidas por manifestarse contra el abuso y la violencia machista?

Ya voté en contra de la criminalización de la protesta y la penalización sin proporcionalidad; planteé que debemos cuidar mucho mejor los gestos simbólicos o concretos que hacemos a la ciudadanía en estos días. Hoy volveré a rechazar esa criminalización, porque no podemos meter a las cavernas a la democracia que tanto luchó y lucha por ganar un espacio público.

No podemos permitirnos que, bajo la legítima necesidad de combatir los saqueos, el Congreso criminalice la protesta social. ¡Para eso no están nuestros votos! Tampoco están para hacer como si la policía no hubiese violado los derechos humanos. Puedo parecer majadera, pero quiero decirle al ministro del Interior, por su intermedio, señor Presidente, que si el gobierno quiere volver con un proyecto que termine con la realidad que hace que Lo Barnechea tenga una seguridad ciudadana de primer orden y Renca tenga una de cuarto orden; si el gobierno quiere salir de su estrategia comunicacional, hacerse cargo de las violaciones cometidas y hablar también del derecho a la seguridad ciudadana, ahí sí estarán todos nuestros votos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, ¿qué duda cabe de que esta iniciativa surge como una demanda frente a los hechos que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre? La sociedad ha sido testigo de una expresión de violencia de una magnitud, de una intensidad y de una forma que no había conocido antes. De ahí surge, por parte de una moción parlamentaria, no del gobierno, la necesidad de tipificar mejor esos delitos y aumentar las sanciones, porque es lo que la inmensa mayoría de la sociedad chilena reclama a este Parlamento.

Es una iniciativa de ley de pleno y absoluto sentido común, porque no hay nada más común que aquella expresión ciudadana que dice: “Estoy de acuerdo con la legitimidad de la protesta social, pero rechazo categóricamente la vía violenta para expresarla”. Eso es lo que le ha ido pasando al movimiento social. ¿Por qué las marchas gigantescas, de un millón doscientos mil personas, no han vuelto a ocurrir? Porque la violencia las espantó y las conminó a retirarse, porque logró amedrentar al que quería expresarse pacíficamente.

Muchos que inicialmente rescataban la legitimidad de esas demandas se quedaron en sus casas, porque sintieron la fuerza y el peso de la funa, de la acción violenta, del saqueo y de la barricada que les impedía llegar a sus casas. Muchos vieron saqueados sus pequeños locales o los de parientes, así como tantos y tantos otros ejemplos que hemos conocido en estos días.

Honorable Cámara, este es un proyecto de ley de sentido común, de buscar un equilibrio entre el legítimo derecho a manifestarse, pero aislando a quienes usa la violencia extrema como forma de expresión y de presión. De eso se trata. Buscar la quinta pata al gato a esto es, como he escuchado en algunas intervenciones, que son comunes en sectores de la izquierda, contextualizar siempre la violencia para justificarla.

Escuché a la diputada Girardi decir que es un problema de la violencia de la sociedad y que es necesario enfrentar este tema. Ella dijo: “No estoy de acuerdo con las barricadas, no estoy de acuerdo con el saqueo, pero hay tanta violencia en la sociedad”. Con ese pensamiento siempre vamos a legitimar la violencia de esas acciones.

El tema es cómo preservamos el orden público y, legítimamente, hacemos que la democracia funcione, los derechos ciudadanos se expresen sin que nadie saquee un local, sin que nadie encuentre una barricada al llegar a su casa y sin que nadie corra el riesgo de que incendien un bus del Transantiago. ¿O no quieren ver la violencia? Hay sectores que efectivamente no quieren ver la violencia, a los que les conviene mirar para el lado, pero eso es ser obsecuente con ella. Me temo que hay parlamentarios que justifican la violencia como forma de expresión ciudadana o que en un momento tuvieron la voluntad de no justificarla y les fue mal, como sucedió con la voltereta de Jackson y Boric , que votaron a favor este proyecto de ley, pero cuando volvieron a sus redes sociales les dijeron: “Pero Gabriel , Giorgio , ¿cómo nos van a sancionar si somos nosotros los que hacemos barricadas, si somos nosotros los que ejercemos la violencia? ¿Cómo se les ocurre sancionarnos por esto?”. También he escuchado a algunos diputados que dicen: “Es que en mi zona tengo mucho pescador artesanal que hace barricada, y si apruebo, esto me van a criticar”. Es decir, justificamos la violencia como contexto y forma de lucha.

¡Son intrínsecamente cobardes! Son incapaces de enfrentar el amedrentamiento del que son objeto con el fin de preservar la legítima expresión democrática. Lo que vamos a votar es eso.

Las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto de ley buscan establecer y tipificar en forma acotada y en casos determinados este tipo de delitos. No hay ni una palabra, ni una frase -como han mencionado varios acá que vaya a inhibir o a debilitar la libre expresión social de manifestarse; no hay ningún elemento que sancione una conducta de expresión democrática de protesta. Lo que pasa es que quieren contextualizar y justificar siempre la violencia.

Escucho encendidos discursos contra Carabineros y sus excesos -obviamente, los ha habido-, pero cero palabras para los excesos de los violentistas, para el que saqueó, para los que incendiaron y destruyeron decenas de estaciones del metro y cero palabras de condena para quienes ejercen un acto que no puede ser más fascista, pues tuvo su origen en el fascismo nazi, como es el hacer bailar a alguien para que pueda pasar. ¡Eso hacían los nazis! Amedrentaban a las personas y las hacían bailar antes de matarlas, pero aquí parece casi natural: “Bailas o no pasas”. ¡Y ojo con las consecuencias si alguien no baila! Lo más probable es que le destruyan…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Señores diputados, no hay una resolución de los Comités Parlamentarios respecto de votar hoy este proyecto de ley. La urgencia de este vence mañana, por lo que, salvo que esta Sala decida lo contrario, mientras haya personas para intervenir, el proyecto se traslada al primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, lo primero que debo decir es que no se pasen de listos, porque votamos a favor la idea de legislar, pero en contra todas las normas que criminalizan la protesta social. De hecho, la norma que aprobamos, que tenía que ver con el accionar de las ambulancias, ya no está en este proyecto, porque se eliminó en el Senado. ¡No hay nada de lo que nos tengamos que hacer cargo!

Segundo, repitamos después de décadas que el derecho penal no resolverá los problemas sociales ni los problemas políticos. El derecho penal y el aumento de penas no disminuirán los delitos comunes, no resolverán problemas entre naciones, como el que tiene Chile con el pueblo mapuche, y no resolverán la tremenda grieta social que existe en nuestro país y que se expresa en las calles, en este Congreso, en las sobremesas y en todas partes.

Quiero preguntar a los diputados que han intervenido a favor de este proyecto, como los señores Walker , Cruz-Coke o Calisto , si a las personas que legítimamente están sufriendo por los saqueos les han dicho la verdad de este proyecto, cual es que no entregará ninguna facultad nueva a las policías. ¡Ninguna! El que diga eso está mintiendo. ¿Por qué no agrega ninguna facultad a las policías? Porque no crea ningún tipo penal nuevo, aunque con complejas y malas redacciones lo intenta, pero todo lo que propone ya existe.

Aquí el proyecto se saca la careta, saca a los bomberos, a las ambulancias y dice que lo que quiere sancionar es la práctica de “el que baila, pasa”. Noticia: cortar el tránsito ya es delito y las amenazas ya son delito. Además, está tan mal redactado que les hago el siguiente vaticinio: nunca se va a aplicar.

Si todo eso ya es delito, ¿por qué el Congreso sigue creyendo que hay un problema? Quizás no porque a las policías les falten facultades, sino capacidad y eficiencia para actuar sin violar gravemente los derechos humanos, como hemos visto esta semana. ¿Eso se soluciona aumentando las penas? ¡Por supuesto que no!

Es tan absurdo lo que vamos a hacer que, si se amenaza de muerte, pero en privado, habrá una pena menor que el que aplica “el que baila, pasa” en las calles.

Respecto del saqueo, por favor, colegas, dejemos de mentirle a la gente. El saqueo obviamente ya es delito. ¿Ustedes creen que si saqueo no hay pena, que si aprobamos este proyecto ya no se podrá saquear? A los que creen, como los diputados de centro que creen que la pregunta que hay que responder respecto del último artículo es si se está a favor o en contra de los saqueos, les informo que nuestro trabajo es leer el proyecto de ley. Lo que está planteando esta iniciativa solo es un aumento de penas absurdo que va a permitir que el que se robe una tele vaya diez años a la cárcel. Ese es el caso más claro de lo absurdo de cómo estamos legislando. ¿Por qué? Porque en Chile los delitos contra la propiedad tienen penas altísimas, pero también tienen una muy baja tasa de esclarecimiento. ¿Por qué? Porque nuestras policías y nuestra inteligencia policial son incapaces de resolverlos.

¿Y qué hace el Congreso Nacional año a año para hacer el punto de prensa? Aumenta las penas para los delitos contra la propiedad, pero no aumenta en nada el nivel de esclarecimiento de esos delitos.

Y déjenme darles una sorpresa: para poder aplicar penas altas deben tener esclarecido el hecho y tener claro a quién le van a aplicar la pena.

Todo eso hace que la discusión de este proyecto de ley se convierta en un montaje. No vamos a cambiar absolutamente nada de lo que está pasando en las calles ni vamos a entregar facultad alguna a las policías. De hecho, ninguno de estos artículos se va a poder aplicar por lo mal redactados que están.

Para lo único que está este proyecto es para hacer un punto de prensa afuera y decir que hemos resuelto el problema porque hemos puesto mano dura a la violencia, y la derecha pueda llevarnos a esta situación en que el único problema que tiene que conversar el país es violencia sí O violencia no, y nunca se hacen cargo de las causas de la violencia.

¿Y por qué no quieren hacerse cargo? En el punto de prensa que van a hacer afuera van a declarar que no están interesados en hacerse cargo del problema, porque la respuesta está escrita en todas las paredes de Chile: hay que repartirse el queso, y el gobierno no quiere repartir el queso, justamente porque la promesa con que llegó este gobierno, y lo que hizo con más fuerza durante los dos años antes del estallido, fue impulsar un proyecto de ley en que se trataba de bajar los impuestos a los ricos, la famosa reforma tributaria.

Y hay mucho queso que repartir, pero también -y esto se lo quiero plantear a los ministros hay una crisis moral y de legitimidad con respecto a cómo se hicieron las fortunas, porque la mayoría de los chilenos cuando hablan de saqueos, ¿saben en qué piensan? Déjenme enumerarles un poco: elusión de empresas zombis, colusión de los pollos, colusión del papel higiénico, evasión Wallmart , perdonazo Johnson , “Pacogate”, colusión de farmacias, evasión de Penta, Banmédica , SQM y Caval .

¿Cuántos presos hay por esos casos? ¡Cero! La suma de esos casos da para 33.000 pensiones básicas solidarias y 126.000 viviendas sociales; es decir, se robaron toda una capital regional de puras viviendas sociales.

Pero, ¿quién tiene que solucionar esto? El Presidente de la República. ¿El Presidente de la República tiene la legitimidad para solucionar estos problemas políticos sin acudir al tema de la violencia? ¡No! ¿Por qué? Porque está involucrado en el caso SQM, a través de la arista de Santiago Valdés; por el Banco de Talca, por el caso LAN Cargo, por la triangulación de Chilevisión con SQM, por los forwards con Bancorp, porque tiene sociedades en Panamá, por el caso coimas de LAN y también porque la gente sabe que el mayor saqueo que ha habido en la historia de este país fue cuando en la dictadura, que incondicionalmente apoyaron los mismos líderes actuales de Chile Vamos -los Larraín, Coloma , Allamand y Melero -, se robaron todo a través de las privatizaciones. Ese es el saqueo más grande en la historia de Chile.

Quiero terminar con una frase de un cantautor chileno -voy a evitar una expresión-, que dice: “…los pacos, los ratis, también el Congreso, han robado más que mis compadres presos, (…) repártanse el queso”.

Ahí tiene la agenda, ministro.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que llegó del Senado es total, completa y estructuralmente distinto al que aprobó la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y también esta Sala, por 127 votos a favor.

Es tan distinto porque la idea de legislar a este respecto, que fue aprobada por mayoría -no en particular dice relación con proteger a las manifestaciones públicas, con distinguir y aislar a aquellos que legítimamente se manifiestan y protestan, es decir, contra aquellos delincuentes que se aprovechan de tales situaciones para delinquir.

Tan precisa era esta distinción que el propio artículo aprobado por esta Cámara de Diputados señalaba: “El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público…”, y luego se numeraban los casos de desorden público. Vale decir, el texto aprobado por la Cámara de Diputados tenía por objeto proteger la legítima y pacífica manifestación, y separarla de aquellos delincuentes y del lumpen que asolan en muchas de ellas y se aprovechan de estas circunstancias.

Pues bien, el texto que llegó del Senado es total y completamente distinto, porque se limita a regular la libre circulación, no distinguiendo entre una manifestación pacífica y una que no lo es.

Hay que decir que la sanción a este tipo de conductas hoy está regulada y debidamente tipificada como desorden público, pero hay que ser claro en que esta norma, que es parte de la estrategia del gobierno para dar a conocer comunicacionalmente un hito en materia de seguridad, no es tal.

Efectivamente, nos demoraríamos tres o cuatro días más en perfeccionar y aprobar esta norma, que se pretende aprobar de manera exprés -porque muchos, aunque entienden que esta norma es perfectible, ni siquiera quieren ir a una comisión mixta-, porque insisto en que el proyecto que llegó del Senado es completamente distinto. Me refiero al proyecto que nos llegó de aquellos que dijeron, no solo en los medios de comunicación, sino también en la propia comisión de Senado, que iban a enmendar, que iban a corregir, que iban a hacer el trabajo que la Cámara de Diputados no hace. Eso dijo el Senado.

Pues bien, nos encontramos frente a un proyecto de ley que es absolutamente inverosímil, porque no contiene normas que eran fundamentales en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, como, por ejemplo, la vandalización de locales comerciales. Lo que hace este proyecto de ley es remitirse única y exclusivamente a los delitos contra la propiedad, como si la regulación del robo y del hurto fuera lo único que puede ser capaz de generar materias o tipificar conductas.

La vandalización no está contenida. A lo que se limitan es a sancionar al “que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública”, y a continuación se señalan las conductas, con conjunciones disyuntivas -no copulativas-, de quienes realizan esta interrupción completa “mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos…”. Esas conductas se sancionan con la pena de presidio menor en su grado mínimo, vale decir, de 60 a 541 días.

Las conductas descritas llegan a la inverosimilitud, pues, por ejemplo, muchos conjuntos habitacionales pueden recibir una sanción por instalar inflables para celebrar un cumpleaños o cerrar un pasaje para celebrar las Fiestas Patrias.

Se critica la antijuridicidad de esta norma o que no cumple con el requisito. Pues bien, a renglón seguido, ese mismo artículo que despachó el Senado regula aquella circunstancia cuando haya un vehículo en pana sin la intención de obstaculizar. Omite el tema.

Es de tal magnitud la deficiencia del artículo redactado por el Senado que hay que rechazarlo como corresponde, porque lo primero que hace -a lo mejor a eso apunta la estrategia del gobiernoes regular el derecho a la manifestación, porque el epígrafe del artículo señala: “El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación…”, como si efectivamente alguna manifestación pública en Chile requiriera una autorización, y eso no es tal.

El decreto supremo N° 1.086, de 1983, que establece el derecho a reunión, es infraconstitucional, porque no respeta los tratados internacionales, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos establecen que el derecho a reunión es de reserva legal y tiene que ser regulado por el legislador y no por la manifestación de un intendente o un gobernador.

Este es un mal proyecto, que llegó mal redactado desde el Senado y que no se hace cargo de los problemas estructurales que tiene el gobierno en materia de orden público. Son buenos para generar una campaña de terror, para generar miedo en la población, pero no para hacerse cargo, por ejemplo, de que en doce meses se descabezó a Carabineros de Chile, pues se llamó a retiro a 51 generales -¡en doce meses!-, en circunstancias de que el alto mando de Carabineros tiene 41 generales.

Ese es el problema, esa es la responsabilidad que tiene este gobierno, porque no se hace cargo de los problemas de verdad de nuestra comunidad: las pensiones, las AFP, la salud, los bancos, etcétera.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, frente a este proyecto, que es opinable, más bien existía la tentación de no pronunciarse. Pero he seguido con atención las argumentaciones que se han dado estos días en la Sala, y lo primero que uno debiera decir, a propósito de lo que se ha señalado, es que un bien jurídico que debemos tratar de respetar y ojalá concretar es el orden público y la seguridad ciudadana. Obvio, siempre. Siempre he condenado la violencia en cualquiera de sus formas para alcanzar un determinado fin, por muy legítimo que este sea. Y el otro bien jurídico que colisiona es el derecho a manifestarse de manera pacífica. Ambos derechos son importantes.

Pido que miremos este proyecto -este quisiera que fuera mi aporte en términos de dos elementos: primero, ¿es pertinente? Esta pregunta tiene que ver con la oportunidad con que se presenta un proyecto de esta naturaleza. Y segundo, ¿es eficaz, en términos de alcanzar los objetivos que los autores declaran? Lo pregunto porque esta iniciativa se da en el marco del estallido social, en el marco de la movilización de miles y millones de chilenos y chilenas que, con justicia, protestan y alzan su voz frente a un modelo que hoy declaran ilegítimo, que quieren cambios políticos, que quieren terminar con la injusticia, terminar con los abusos y terminar con un modelo económico social que tiene a la gran mayoría en circunstancias tremendas.

Las preguntas que deberíamos hacernos -ese es nuestro deber como parlamentarios son:

¿Sirve a este propósito, como algunos han declarado? ¿Va a evitar la ocurrencia de hechos de violencia en las futuras manifestaciones que probablemente se van a seguir dando en el país?

¿Y por qué digo que se van a seguir dando? Porque todavía el gobierno no ha enviado a este Parlamento aquellos proyectos de ley que la mayoría de los chilenos de todos los niveles -de derecha, de centro y de izquierda está demandando.

Las encuestas dicen que la primera prioridad de las demandas es la previsión, las AFP; la segunda prioridad, la salud; la tercera prioridad, la educación, y en paralelo, y tan importante como lo anterior, redactar una nueva Constitución, a lo que hoy los diputados de gobierno se oponen. Lo han dicho públicamente.

Otra cosa importante: más del 80 por ciento de los chilenos dice que se debe volver al voto obligatorio. Pero hoy, con la presión del gobierno, los diputados de gobierno lo están rechazando, en circunstancias de que ayer manifestaban su intención.

Eso es no resolver políticamente un problema. No hacer eso significa que la violencia nos va a estallar una vez más en la cara. No estamos resolviendo políticamente un tema que es político. Un problema de esta naturaleza se resuelve con más y mejor política, no con más represión.

Este proyecto no es pertinente; es malo el momento para presentarlo. Tampoco es eficaz, porque ¿quién me garantiza que se van a terminar los hechos de violencia que yo condeno? Los condeno siempre. No me vengan a decir que estoy a favor de los violentistas ¡No! No lo acepto. Eso es demagogia pura y es un reduccionismo inaceptable. El tema es más complejo para tratarlo de una manera tan simplota y ramplona. Es el pueblo el que nos está demandando cambios.

Señor ministro, con todo respeto: háganse cargo. Este es un problema mayor, que no se resuelve con esto, que es un proyectito. No va a resolver el problema. Por el contrario, como dicen en mi zona, esto es tratar de apagar el fuego con bencina, y yo no quiero ser cómplice de una mala decisión, de una mala política, de un mal proyecto.

Creo que nos tienen legislando cosas banales. La agenda de ayer era de una pobreza enorme, y hoy este es un mal y pobre proyecto para la envergadura del problema político que enfrentamos. Por eso están equivocados. Además, el Senado, en vez de mejorar el proyecto, como vociferó, lo empeoró, como bien decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Por esas razones, no puedo sino votar en contra este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, quiero compartir las palabras del diputado Venegas y reafirmarlas con lo que dice la encuesta de la OCDE respecto del grado de confianza que tiene el pueblo chileno en relación con el sistema de justicia. Somos uno de los países donde la desconfianza hacia el sistema de justicia es uno de los mayores. Estamos al nivel de Ucrania, con el 15 por ciento, en circunstancias de que el promedio de la OCDE es de 55 por ciento. ¿Y esto por qué? Porque existe un sistema de justicia para pobres y otro para ricos. Hace poco un sujeto fue condenado a 541 días de cárcel efectiva por pagar con un billete falso de 5.000 pesos, pero resulta que en los casos de corrupción millonarios, como los fraudes tributarios en Penta, SQM y Corpesca, no hay ningún imputado condenado a una pena efectiva.

¿Qué pasa con la rabia desatada en las calles? ¿Qué pasa con esta desconfianza? Justamente se debe a que estamos en una burbuja que es producto de una situación de clase. Aquí todos los proyectos anticorrupción y anticolusión se demoran años. Se hacen comisiones técnicas, hay que revisarlos, hay que ver el detalle, hay que tener más audiencias, hay que escuchar a más expertos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho a los señores parlamentarios fijar penas efectivas y altas a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes. Eso es lo que pasa en este Congreso, lamentablemente. Porque aquí se legisla pensando principalmente en cómo proteger a los amigos y en cómo poner mano dura y penas brutales a la mayoría de Chile, que sí, efectivamente, comete delitos, pero que a todas luces se le castiga con penas totalmente desproporcionadas.

Además, este proyecto criminaliza. No solo aumenta penas de manera desproporcionada a delitos que ya existen, sino que criminaliza protestas como -lo dijo la diputadaOrsinila de Las Tesis, porque esa es una manifestación organizada, donde participa más de una persona y que se considera como intimidatoria. Y para qué decir “el que baila, pasa”.

Tenemos un proyecto que criminaliza la protesta social, que aumenta de manera desproporcionada delitos que ya existen -reitero, que ya existen y que además es totalmente inútil. Lo decía el diputado Venegas : este proyecto, en este contexto, es como prender una fogata en una bencinera. No va a solucionar el problema del orden público, sino que puede aumentar la situación de crisis social que vive el país.

Por eso, nuestra bancada va a rechazar nuevamente este proyecto antibarricadas, anti el que baila, pasa; anti-Las Tesis y antisaqueo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, seguramente en este proyecto ya están los votos cocinados con algunos partidos de centro, pero no puedo dejar de reparar en este montaje.

Estoy absoluta y tajantemente en contra de la violencia, pero aquí a la gente se le está mintiendo. Se le da un sentido grandilocuente a una agenda social en los diarios, pero lo que se está abordando realmente es una agenda penal. ¿Qué es primero? ¿La solución al problema o la violencia?

Sumado a esto existe en el país una gran desconfianza y una falta de sentido de justicia. La gente ni siquiera quiere ir a denunciar nada, no cree en la justicia. Entonces, aquí no se está solucionando el problema de fondo, como sería, por ejemplo, el mejoramiento a las policías.

Lo que realmente detendrá el desorden público es responder al pueblo. La gente quiere cambios, y eso debemos dar, no estos mamarrachos jurídicos que meten en una licuadora delitos que ya están tipificados para sacar un supuesto licuado de seguridad que es solo una sensación, nada de realidad.

¿Alguien cree que este proyecto detendrá la violencia? Este es un montaje del gobierno para dividirnos mediante la represión, anticipándose a lo que puede venir en marzo.

No hay tipificación alguna de un nuevo delito; todo está en nuestra legislación. Acá solo se agravan determinadas penas, transgrediéndose, incluso, el principio de proporcionalidad.

Cuando hablamos de este principio en materia penal nos referimos a la necesidad de que las personas reciban una pena similar por actos semejantes que merezcan un reproche equivalente.

Para esto se debe considerar la gravedad de las distintas conductas que se sancionan como delitos y las penas que se le asignan. Se pretende castigar el lanzamiento de objetos en la vía pública con una pena que puede llegar a los tres años de privación de libertad, homologando dicha conducta, por ejemplo, a la de un soborno a un ministro de Estado.

En el caso de los denominados “saqueos”, el proyecto obliga a elevar en un grado la pena, lo que significa que en este caso el robo con fuerza de las cosas, que actualmente ya tiene una pena alta, la cual puede llegar a los diez años, en el caso de que se realice mediante saqueo, tendrá una pena que alcanzará a quince años, lo mismo que un homicidio.

¿En verdad creen que un delito contra la propiedad es igual o más grave que matar o torturar a una persona?

Mientras en Chile un profesor vaya a la cárcel por romper un torniquete y un político pague con una suspensión condicional de procedimiento su impunidad, yo no votaré a favor este tipo de proyectos de ley.

Ahora bien, si las conductas ya están descritas, ¿qué justificaría el aumento de las penas? Es aquí donde se muestra realmente el espíritu de esta iniciativa represora: el gobierno repudia las demandas sociales, le molesta ver carteles que señalan: “Los impulsores del modelo desigual, segregador y humillante”.

Es fácil darnos cuenta del verdadero interés del gobierno: no quiere cambiar nada, absolutamente nada, de este modelo; solo dividir para gobernar mediante la fuerza, previendo lo que puede venir. Se trata de la llamada “teoría del choque”, que es muy vieja en política. Quieren más violencia, que el país reviente, y llegar como salvadores, casi como unos superhéroes, mediante una fuerza legitimada. El modelo les gusta y los beneficia.

Esta es la verdadera razón detrás de un gobierno con menos de 10 por ciento de aprobación: estar en contra de las demandas sociales, criminalizarlas y luego decir que no existe paz social, para realizar los cambios, cambios que no han hecho y que no tienen la intención de hacer.

¿Qué proyectos realmente se han aprobado en el Congreso Nacional que vayan en respuesta de las demandas sociales, como pensión, salud, educación, vivienda? Ninguno.

El primero consistió solamente en subir una miseria las pensiones a los mayores de 85 años de edad. El segundo es un proyecto que habilita un plebiscito para una nueva Constitución. Sobre este último, ahora surge la teoría de Allamand, que ya se alineó para rechazarlo.

Debemos centrar las energías en resolver los problemas sociales y no en encontrar las excusas para evitar el fondo del asunto.

La única reacción al movimiento social no puede ser reprimir y otorgar bonos de miseria. Tengan presente que el verdadero estallido puede que esté incubándose justamente gracias a este tipo de leyes.

Hagámonos cargo de una vez por todas, escuchemos a la gente, elaboremos una Constitución legítima, ya que si no lo hacemos hoy, lo que pagaremos mañana puede ser muy caro. La soberanía popular nos pasará la cuenta y a esa altura será demasiado tarde para cualquier reacción.

Estamos ante una política absolutamente fracasada. Pretenden dividirnos usando el miedo.

Ya lo decía Maquiavelo : “Más vale ser temido que amado”.

La paz social solo se logrará si devuelven algo de lo que se han apropiado, no reprimiendo.

He dicho.