Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señora Loreto Carvajal .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 30ª de la presente legislatura, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 15.

-El primer informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género se rindió en la sesión 2ª de la presente legislatura, en jueves 12 de marzo de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo de la diputada Loreto Carvajal , rinde el segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ, doña Joanna (de pie).-

Señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso noveno del artículo 85 del Reglamento de la Corporación, en nombre de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo.

El proyecto se inició en moción de las diputadas Loreto Carvajal Ambiado , Camila Vallejo Dowling , Karol Cariola Oliva , Maya Fernández Allende , Joanna Pérez Olea , Camila Rojas Valderrama y Gael Yeomans Araya , y de los diputados señores Boris Barrera Moreno , Jorge Brito Hasbún y Daniel Núñez Arancibia .

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, consiste en introducir en algunos órganos contemplados en la Ley General de Pesca y Acuicultura cuotas de género, asegurando así la participación de ambos sexos en su conformación.

La moción en informe se fundamenta en la búsqueda y concreción de la igualdad de género en el ámbito pesquero, ajustando nuestra normativa vigente a las directrices para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que, particularmente en lo concerniente a este tema, en resumen señala:

Que todas las partes deberían reconocer que para lograr la igualdad de género se necesitan esfuerzos concertados

Que la incorporación de las cuestiones de género debería ser parte integrante de todas las estrategias de desarrollo de la pesca en pequeña escala, desafiando las prácticas discriminatorias contra la mujer;

Que los estados deberían cumplir con sus obligaciones, en virtud de las leyes internacionales sobre derechos humanos y aplicar los instrumentos pertinentes en los que sean parte, y deberían además esforzarse por asegurar la participación igualitaria de la mujer en los procesos de toma de decisiones respecto de las políticas dirigidas a la pesca artesanal. De este modo, los Estados deberían adoptar medidas concretas para hacer frente a la discriminación contra la mujer, creando espacios donde puedan participar las trabajadoras de la pesca y sus organizaciones, alentando finalmente a las mujeres a participar en las organizaciones de pesca y prestarle apoyo a la creación de las organizaciones pertinentes;

Que los Estados deberían establecer políticas y legislar para hacer realidad la igualdad de género, adaptando la legislación, las políticas y las medidas que no sean compatibles con la igualdad de género, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales.

En cuanto a los hitos de tramitación, el presente proyecto de ley fue despachado, en su primer trámite reglamentario, por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, con fecha 22 de enero del presente año, consignándose, en su primer informe, el texto aprobado por ella.

Del señalado informe de la comisión se dio cuenta en la sesión de 4 de marzo de 2020 y fue puesto en tabla en la sesión celebrada el 12 de marzo de 2020, ocasión en que se rindió el informe, el que fue posteriormente aprobado en general por 117 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

En la misma ocasión, se presentaron dos indicaciones por parte de la diputada señora Karin Luck , lo que motivó que este proyecto fuera devuelto a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para su discusión en segundo trámite reglamentario.

La comisión puso en tabla este proyecto de ley en su sesión celebrada el pasado miércoles 10 de junio del presente año, ocasión en que conoció las indicaciones presentadas en Sala, las cuales se debatieron y votaron, despachándose en la misma sesión.

La diputada Karin Luck , autora de la indicación, explicó que el original numeral 2 propuesto por la Comisión podría presentar problemas de constitucionalidad al modificar la composición de un órgano que cumple funciones públicas, como los comités científicos técnicos, y planteó que con la redacción aprobada en el primer trámite reglamentario no quedaba claro si los requisitos existentes seguían siendo exigibles o se reemplazaban.

Señaló que la norma propuesta tenía por objeto impulsar la participación de las mujeres en dichos comités, confiriéndoles un puntaje adicional a aquellas que postulen, evitando así desnaturalizar la esencia de los mismos, esencialmente científica.

La diputada Carvajal señaló que la indicación le parecía inadmisible por no guardar relación con las ideas matrices del proyecto, ya que este, derechamente, pretendía establecer cuotas de género en la integración de ciertos órganos, lo que, de prosperar la indicación propuesta, no sucedería.

La diputada Vallejo , presidenta de la comisión, en uso de las facultades que le otorga el artículo 24, número 16, del Reglamento de la Corporación, en concordancia con el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, declaró inadmisible la indicación en discusión, por considerar que es contraria a la idea matriz del proyecto.

En cuanto a la segunda de las indicaciones, la diputada Carvajal sugirió que se agregara al cuerpo del proyecto de ley un principio general declarativo que sustente y fortalezca todo lo ya aprobado por esta comisión, manteniéndose el texto de los artículos 175 y 176, que implícitamente se proponía desechar.

La diputada Luck acogió la sugerencia y la indicación fue modificada en estos términos, suscribiéndose y aprobándose por la unanimidad de las diputadas presentes.

En consecuencia, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género recomienda a la Sala de esta honorable Cámara la aprobación del proyecto de ley en tabla.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, en verdad, este proyecto viene a dar a las mujeres de la pesca artesanal el lugar que merecen.

Cuando se piensa en este rubro, siempre aparece la imagen masculina, pero en realidad no nos hemos dado cuenta de que la mujer ha estado ahí desde siempre, haciendo trabajos importantes dentro de la cadena de valor, pero no han sido valoradas.

Qué duda cabe de la importancia de la pesca artesanal en todo el territorio nacional, que no solo forma parte de la economía del país, sino también de nuestra cultura.

Esta iniciativa fue impulsada por un grupo de mujeres -tremendas mujeres, que merecen toda mi admiraciónque, en representación de otras miles que trabajan diariamente a lo largo de nuestra costa chilena, vienen a reclamar algo de toda justicia: un espacio real y reconocido en el rubro de la pesca artesanal. Se han organizado para tomar el puesto que naturalmente le corresponde a toda persona honrada que hace bien su trabajo. Se trata de mujeres que han sido invisibilizadas por las leyes que rigen este rubro, que han vivido en una pobreza extrema, sin poder levantar la mano, porque no existen.

A modo de ejemplo, en una oportunidad anterior conté que si una familia tiene una embarcación -que es como su industriay los cónyuges se separan y la mujer se queda con los hijos, el hombre se lleva la embarcación a su segundo hogar y deja a la mujer sin poder reclamar absolutamente ningún derecho.

Es normal que la pobreza tenga rostro de mujer en las caletas de nuestro país -¿quién lo podría negar?-. Sin embargo, este es el principio de un trayecto largo y delicado hacia el cambio cultural. No son muchos quienes se alegran con este proyecto, pues pide una cuota de género en los comités científicos técnicos, en los consejos zonales y consejos nacionales de pesca, además de reconocer nuevas actividades al Registro Pesquero.

Expreso mi admiración por las encarnadoras, por las charqueadoras, por las ahumadoras y tejedoras, y ofrezco mis disculpas a aquellas que, por mi ignorancia, dejo fuera.

El mar las ha hecho fuertes y aguerridas. No cualquiera se atreve a enfrentar la inmensidad de los océanos.

Desde ahora en adelante, la pesca artesanal tendrá las sinergias del trabajo compartido entre hombres y mujeres.

No más discriminaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].-

Señor Presidente, la agenda de igualdad de género debe tener una amplitud tal que abarque todos los sectores de participación, en orden a que la justicia, la equidad y la no discriminación en espacios de decisión e injerencia sean ocupados también por mujeres, a partir de la suma de todos los esfuerzos para que la perspectiva y enfoque de género sea parte fundamental de toda estrategia de desarrollo, en este caso, de la pesca.

Este proyecto es un paso más en la adaptación de la legislación actual para materializar la igualdad de género, en particular en un rubro que pareciera invisibilizar las labores de las mujeres en nuestro mar, ya que es recurrente que enfrenten situaciones discriminatorias como no poder postular a ciertos proyectos, tramitaciones excesivamente burocráticas o hechos bastante curiosos, como relató Mariela García , presidenta del Sindicato de Trabajadoras Independientes de Lord Willow, de los Vilos, quien denunció que solo los hombres pueden adquirir la categoría de buzo, pese a la solicitud para ser incorporadas a los cursos, petición que se les ha denegado.

De fondo, vemos una realidad plasmada y solidificada, en que los espacios de toma de decisión están vedados para las mujeres por una lógica instalada en que se separan labores entre las de mar, propiamente tales, y aquellas de mar y de tierra, que tienden a naturalizar discriminaciones, ya que nuestra legislación sigue enfocándose en la labor pesquera de captura y extracción, estableciendo labores vinculadas como secundarias, lo que relega el aprovisionamiento a un segundo plano, y del mismo modo a quienes lo realizan, que en su mayoría son mujeres.

Celebro este proyecto y, por supuesto, votaré a favor, pues es un paso hacia el reconocimiento y la justicia para integrar, nivelar la cancha y abrir espacios de participación para encarnadoras, charqueadoras, ahumadoras y tejedoras, entendiendo lo fundamental que son para el proceso de la pesca, desde la integridad y sin discriminación de ningún tipo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia) [vía telemática].-

Señor Presidente, primero, saludo a los colegas que están participando en la sesión tanto en la Sala como por vía telemática.

Ya son varios los años en que las mujeres que viven de las actividades conexas de la pesca artesanal y que dejan su vida por el mar se han esforzado por lograr el reconocimiento de su profesión, que es tan importante como la del pescador artesanal.

Es por esto que con el fin de otorgar mayor participación a las mujeres que se desempeñan en la pesca artesanal, aprobamos en general y participamos en la discusión particular de esta moción, que modifica la Ley de Pesca para establecer en los órganos y en el Registro Pesquero Artesanal principios de igualdad: una cuota de género y el reconocimiento de un gran número de profesiones conexas.

Entre esos beneficios se encuentra incorporar a la mujer en la toma de decisiones de los Comités de Manejo, de los consejos Nacional y Zonales de Pesca, y de los Comités Científicos Técnicos. También incorporar a todas las mujeres que no están reconocidas en el registro de la pesca artesanal, que desarrollan actividades conexas, como las encarnadoras, las charqueadoras, las ahumadoras, las tejedoras, las fileteadoras, las carapacheras y las desconchadoras.

Espero con mucho anhelo que en este primer paso reconozcamos la labor fundamental que desempañan las mujeres en muchos rubros, desde la pesca hasta la política, y que esta iniciativa se convierta pronto en ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, me alegra mucho que este proyecto se haya incluido en la tabla de hoy, particularmente porque estamos dando esta discusión con ocasión de la crisis sanitaria que vivimos. En su inicio, este proyecto no fue pensado en la crisis sanitaria, pues lo tramitamos mucho antes con las mujeres relacionadas con la pesca artesanal, pero en este contexto es relevante porque evidencia aún más las discriminaciones agudas en contra de las mujeres, especialmente de aquellas que se dedican a actividades que históricamente han sido ejercidas por hombres y que, además, han sido invisibilizadas en nuestra legislación y en la política pública, en general.

Sin lugar a dudas, la pesca artesanal es uno de los sectores más dominados por los hombres, sin perjuicio de que las actividades conexas sean mayoritariamente desarrolladas por mujeres. Y hoy nos enfrentamos a un problema evidente, cual es que muchas mujeres que desarrollan actividades conexas han quedado fuera de recibir beneficios y ayuda económica por parte del gobierno en esta crisis sanitaria, pues esas actividades no se encuentran incorporadas en la Ley General de Pesca ni en el Registro Pesquero Artesanal. En consecuencia, es como si no existieran.

Hoy por hoy, vislumbramos una gran transformación para el mundo de la pesca y sus normas. De hecho, están en discusión en este Congreso, en distintos trámites, proyectos, por ejemplo, para anular la ley de Pesca y Acuicultura o para hacer distintas modificaciones a esa ley. Cualquiera que sea el camino que tomen esos cambios en materia de pesca, creemos que Chile debiese aprovechar este impulso y ajustar sus normas a las directrices de la FAO, particularmente en materia de género.

Las mujeres pescadoras y aquellas que desarrollan actividades conexas son el principal sostén de sus familias, por lo que debemos comenzar a equiparar la cancha en materia de género en esas actividades extractivas.

El proyecto básicamente propone dos cosas: primero, participación, y segundo, reconocimiento.

En materia de participación, establecemos una cuota de género en los Comités Científicos Técnicos, en los Comités de Manejo y en los consejos Nacional y Zonales de Pesca, solo respecto de aquellos que tienen representación gremial, para que se pueda cumplir efectivamente la cuota de género en esos espacios de toma de decisiones, que hasta la fecha principalmente se encuentran representados por hombres.

Por otro lado, en materia de reconocimiento, lo que hacemos es establecer que en la ley de pesca, las actividades conexas a la pesca artesanal, que no es la pesca artesanal propiamente tal, pero sí están relacionadas con ella y son indispensables para el desarrollo y faenas de esta, como son las que desarrollan las encarnadoras, las charqueadoras, las ahumadoras, las tejedoras, entre otras, sean reconocidas, de modo que puedan acceder a beneficios, porque hoy están siendo postergadas por el Estado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género porque, sin duda, ha puesto un foco muy importante en relación con la igualdad de condiciones, con la participación, pero también con el reconocimiento de actividades que desarrollan las mujeres en todo el país.

Me corresponde ser representante de un sector pesquero importante del litoral de la Región de O’Higgins, y he visto como las dirigentas de distintos sectores de la pesca artesanal, como el de las ahumadoras, entre otras, han sido protagonistas permanentemente, pero no son visibilizadas. Por ello, con este proyecto lo que hacemos es legitimar esas actividades conexas, de modo que estén contempladas en la ley de pesca, a fin de que quienes las realizan puedan recibir los recursos del gobierno, como bien ha planteado la diputada Vallejo .

Además, con esta iniciativa incorporamos la participación de ellas en distintas instancias donde se toman decisiones, como son los consejos Nacional y Zonal de Pesca, precisamente para hacer visible la realidad de las mujeres en el sector de la pesca artesanal. Con ese sentido, el establecimiento en su momento de una ley de cuotas ha permitido el avance y la participación de las mujeres en todo el país. Sin duda, una muestra de ello es lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional.

Desde la Federación Regionalista Verde Social vemos con muy buenos ojos esta iniciativa, por lo que participaremos activamente con nuestros votos a favor, y hacemos un reconocimiento a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han desarrollado actividades conexas a la pesca artesanal, pero que no han sido reconocidas ni valoradas tanto desde la legislación como por el Ejecutivo, al no incorporar recursos para dichas actividades tan importantes.

Lo expuesto, vamos a votar favorablemente este proyecto y esperamos que su aprobación hoy sea unánime en esta Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, solo quiero expresar mi adhesión, que creo que también es la de mi bancada, en torno a este proyecto que viene a expresar un reconocimiento a la tremenda labor que desarrollan miles y miles de mujeres a lo largo de nuestro país en torno a la pesca. Tal como aquí se ha dicho, esa actividad a veces pasa inadvertida, pero esta iniciativa viene a visibilizar el tremendo aporte que hacen las mujeres a lo largo del país en torno a la pesca.

Quiero expresar mi reconocimiento a…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) [vía telemática].-

Señor Presidente, nuevamente reconozco el trabajo de las dirigentes de la pesca artesanal -tal como señalaron las diputadas Ximena Ossandón , Camila Vallejo y Virginia Troncoso , con quienes integramos la Comisión de Mujeres y Equidad de Género-, y les digo que fue un honor escucharlas.

Esas dirigentes, que han trabajado durante años en distintos rubros y en diferentes fases de la pesca artesanal, desempeñan un trabajo que muchas veces no ha sido reconocido.

En ese sentido, tal como lo planteó la diputada Camila Vallejo , como esas trabajadoras no están en ningún registro, no existen para el sistema. Debido a eso, muchas veces no se les otorgan recursos para capacitación y formación.

Tampoco se valora la sacrificada labor que ellas desempeñan. Invito a todas y todos a ver los videos que nos mandaron del trabajo que hacen: se levantan en la madrugada y trabajan por horas mar afuera. Es el momento de reconocer su labor. Este es un primer paso en ese sentido, pero hay que hacer mucho más.

Agradezco a las dirigentes de la pesca artesanal que concurrieron a la comisión, donde se la jugaron para impulsar la tramitación de esta iniciativa.

Hago un reconocimiento a tremendas mujeres, sobre todo en pandemia; a mujeres que tienen una vida muy sacrificada y que requieren apoyo. Es momento de que el Estado las incorpore y valore el tremendo trabajo que hacen, no solamente en la pesca, sino también con sus familias, ya que muchas son dueñas de casas, aspecto en el que estamos al debe.

Nuevamente, mi reconocimiento a esas grandes mujeres.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica las leyes N°s 19.968 y N° 20.066, para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán tres minutos por bancada, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor es la señora Francesca Muñoz .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.

-El primer informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor se rindió en la sesión 4ª de la legislatura 366ª, en martes 20 de marzo de 2018.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MUÑOZ (doña Francesca) [de pie].-

Señor Presidente, en nombre de vuestra Comisión de Familia y Adulto Mayor, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica las leyes N°s 19.968 y N° 20.066, para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.

La iniciativa fue iniciada en moción, de la senadora Adriana Muñoz .

Este proyecto de ley fue recibido, en segundo trámite constitucional, por la Cámara de Diputados en abril de 2017. La Comisión de Familia y Adulto mayor emitió un primer informe el 20 de enero de 2018. La Sala de esta Corporación lo aprobó en general y fue remitido dicha comisión, para que esta se pronunciara sobre las indicaciones presentadas en su texto.

En mayo de 2018, la comisión recibió a la entonces ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá , y se acordó que el Ejecutivo estudiaría el proyecto para introducir algunas modificaciones que hicieran posible continuar con la tramitación, por cuanto se alzaron voces sobre su posible inconstitucionalidad.

Posteriormente, se realizaron algunas discusiones sobre el mismo, hasta el momento en que el ministro de Justicia y Derechos Humanos planteó la posibilidad de presentar un nuevo proyecto.

En efecto, en sesión celebrada por la comisión en 2 de octubre de 2019, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández , destacó la gran importancia del tema abordado por este proyecto de ley, ocasión en que aseguró que el Ejecutivo ha estado trabajando arduamente para establecer medidas cautelares efectivas, conciliándolas con las dificultades asociadas a la implementación, gasto fiscal y entidad pública encargada de la administración, todo lo cual requiere un estudio más profundo, porque, evidentemente, no basta la simple aplicación del monitoreo telemático.

Si bien expresó valorar la moción en informe, señaló que lo más conveniente sería avanzar en otra línea, para lo cual se presentará un nuevo proyecto más amplio que el Ejecutivo estaba trabajando conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para establecer un sistema más eficiente, entendiendo que no basta con el actual sistema de monitoreo telemático, ya que este último solo controla la permanencia de la persona en su domicilio, mientras que los casos de violencia intrafamiliar apuntan a otro objetivo, esto es, impedir el acercamiento entre dos personas.

Además, destacó que el problema no radica en la tecnología, sino en la capacidad de reacción efectiva del sistema, cuestión que es importante considerar para no generar falsas expectativas.

Se enfatizó por miembros de la comisión que el objetivo debería ser salvar la vida de la víctima, de modo que si existe el arresto domiciliario, como medida cautelar, debería aplicarse preferentemente. Se sugirió eliminar la prohibición de acercamiento, que ciertamente ha resultado ineficaz, y que se implementara el arresto domiciliario, en tanto este último no presenta las dificultades propias del monitoreo telemático.

Asimismo, se hizo presente el apoyo en la idea de incluir el monitoreo telemático por las ventajas antes descritas, pero también considerando el alto grado de hacinamiento que presentan las cárceles de nuestro país.

Respecto de las cifras de medidas cautelares, se estimó que podrían aumentar si se considera el retiro de denuncias.

En suma, se concordó que el sistema general es el que debe funcionar para evitar los femicidios, ya que no basta la simple incorporación del monitoreo telemático. Se estuvo a favor de buscar soluciones más generales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos coincidió en que la prohibición de acercamiento no ha funcionado bien, pero planteó que podría mejorar con este nuevo sistema de control. Además, ni siquiera el arresto domiciliario es plenamente eficaz, ya que en algún momento habrá de terminar en la generación de riesgos para la víctima. Por tanto, el control telemático es un mecanismo que ayudaría enormemente a la efectividad de la medida cautelar comentada, tal como se aprecia de la experiencia comparada, en tanto se implemente adecuadamente.

Por último, el ministro Larraín coincidió en que el proyecto descrito responderá a fines mucho más amplios que los abordados en el boletín bajo discusión, en tanto no solo se limita a los casos de violencia intrafamiliar. También señaló que aún falta recabar información para determinar el tamaño de la central respectiva, lo que se está obteniendo con la intervención de los distintos actores involucrados, siendo determinante desde la perspectiva financiera, aun cuando el proyecto como tal se encontraría conceptualmente ya definido.

Sobre el control mismo, este podría radicarse en Gendarmería, lo que de todas formas será objeto de revisión.

Como ya es de conocimiento público, el gobierno presentó el proyecto en el Senado, lo que determinó que esta comisión decidiera, como era su obligación, continuar con el tratamiento del proyecto en informe.

Recuerdo a las señoras diputadas y a los señores diputados que la idea matriz del proyecto es asegurar una mayor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, a través de la incorporación de un sistema telemático de monitoreo del agresor como mecanismo de control, por una parte, de la medida cautelar de la prohibición al ofensor de acercarse a la víctima o restringir su presencia en el hogar común o a los que concurriesen habitualmente, decretada tanto por tribunales de familia como penales, y por otra, el monitoreo de la libertad vigilada intensiva, establecida en el marco de una condena por el delito de maltrato habitual. Todo ello, con el objeto de contar con un sistema certero que permita que la protección a la víctima sea efectiva.

Debo reconocer que, no obstante la tremenda importancia que tiene dar protección a la víctima, no fue tarea fácil concordar el informe final.

En síntesis, el proyecto despachado por el Senado contempla dos artículos, con el siguiente contenido:

En el artículo 1 se modifica la ley N° 19.968, sobre tribunales de familia, para, en lo fundamental, controlar mediante un sistema de supervisión electrónica el cumplimiento de las medidas cautelares contenidas en el artículo 92 de dicho cuerpo normativo, con el propósito de conocer su quebrantamiento y otorgar auxilio a la víctima.

Asimismo, propone señalar el órgano que tendrá a cargo el sistema de monitoreo, precisión que quedará entregada al juez de familia, en cuanto a señalar la unidad de Gendarmería, de Carabineros o de la Policía de Investigaciones que deberá velar por el cumplimiento de la medida cautelar.

Finalmente, el artículo 1 se ocupa de la regulación para la aplicación del monitoreo telemático u otros sistemas de supervisión electrónica.

El artículo 2 regula la aplicación del monitoreo telemático u otros sistemas de supervisión electrónica a los condenados por el delito de maltrato habitual, establecidos en la ley sobre violencia intrafamiliar. Esta disposición incide en el artículo 15 bis de la ley Nº 18.216, que establece las penas que indica como sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad.

La modificación aprobada en el Senado consiste en incorporar en la nómina de delitos que dan lugar a esta pena sustitutiva el tipo penal contemplado en el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre maltrato habitual, en el contexto de violencia intrafamiliar.

Por su parte, el texto aprobado por la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, en el primer trámite reglamentario, introdujo tres nuevos artículos permanentes y uno transitorio, en la forma que ya conoció esta Sala.

En definitiva, la comisión aprobó un texto mediante el cual modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, reemplazando el inciso segundo del artículo 92 por uno que establece que cualquier persona que se considere víctima de violencia intrafamiliar podrá solicitar al tribunal de familia competente que se decreten, sin más trámite, algunas de las medidas establecidas en los números 1, 6 u 8 de dicha disposición.

Se agregan, a continuación del inciso segundo del artículo 92 de la ley N° 19.968, las siguientes disposiciones nuevas:

“La solicitud deberá contener la individualización del presunto agresor, una descripción de los hechos y las razones que hacen necesaria la medida, pudiéndose acompañar antecedentes que la acrediten.

El tribunal resolverá fundadamente, en el plazo de 48 horas, debiendo citar inmediatamente a la audiencia del artículo 95.

Si en su solicitud la víctima acompañara el acta descrita en el artículo 85 de esta ley, el tribunal solo deberá verificar la adecuada individualización de la víctima y el agresor, en cuyo caso acogerá la solicitud de plano, decretando la medida cautelar pertinente.

En cualquier caso, la solicitud descrita en este artículo siempre dará lugar a la iniciación del procedimiento contemplado en este párrafo, de acuerdo al artículo 82.”.

Por otra parte, se reemplaza el inciso final del nuevo artículo 93 por el siguiente: “Si el juez estimare conveniente la aplicación de la medida de monitoreo telemático, en los términos del inciso final del artículo 92, deberá determinar, en el menor tiempo posible, la factibilidad de su aplicación y oficiará a la institución que corresponda para que lleve a cabo la medida en los términos dispuestos en la resolución judicial.”.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se deberá dictar un reglamento que precise el cuerpo policial o administrativo encargado de crear, implementar y administrar un sistema de monitoreo telemático especialmente diseñado para supervigilar el cumplimiento de la medida referida en el número 1 del artículo 92.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, tras largos años de debate, por fin llegamos a un acuerdo respecto de este proyecto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Por eso, agradezco el esfuerzo y la labor realizados por sus integrantes, entre ellos su Presidente, Luis Rocafull .

La realidad es que, en lo que va corrido de este año, en Chile ha habido 18 femicidios consumados y 48 frustrados. El último femicidio se consumó en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía, y el agresor tenía una orden de alejamiento en favor de la mujer.

¿Qué ocurre? Estamos ante una normativa que es absolutamente letra muerta en nuestra legislación. ¿Qué pasa con las órdenes de alejamiento? No se cumplen; lisa y llanamente, no se cumplen, porque son muy difíciles de fiscalizar.

Cometer una atrocidad tan grande como un femicidio implica una cobardía infinita. Muchas veces son mujeres que han denunciado y que han dejado constancia de las agresiones, pero, lamentablemente, esa advertencia a nuestros tribunales no fue amparada por nuestra legislación; es decir, como Estado y como país no fuimos capaces de darles protección suficiente.

El artículo 92 de la ley N° 19.968 señala que la medida cautelar consiste en prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquel en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de esta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Esto es letra muerta en la mayoría de los casos, porque, en la práctica, debería haber un carabinero por cada orden de alejamiento, y eso es imposible.

Lo que está pasando en nuestro país es que las mujeres se sienten en una situación de abandono constante ante la violencia de la que son víctimas. Por ello, este proyecto va en el camino adecuado, que es el de prevenir y disuadir a través de un control telemático.

Esperamos que el gobierno inyecte los recursos necesarios, porque cuando se trata de defender la vida de las mujeres, no hay que escatimar en recursos y hay que hacer todas las adecuaciones presupuestarias que permitan sacar adelante iniciativas como esta.

La idea matriz de esta moción consiste en instalar una tobillera electrónica en los agresores, con la finalidad de que se mantengan alejados de las víctimas. El tribunal podrá decretar una medida cautelar de forma inmediata al realizarse la denuncia; es decir, las mujeres quedarían inmediatamente protegidas frente a los agresores, quienes no deberán acercarse, y si lo hicieren, existirán advertencias suficientes para que Carabineros, Gendarmería o la Policía de Investigaciones -la institución que se determine que lleve a cabo la ejecución de la medida de protección de la víctima- pueda proteger y amparar los derechos de muchas mujeres, para impedir que terminen siendo brutalmente asesinadas, golpeadas o maltratadas.

Esto se hace necesario porque nuestra legislación, lamentablemente, no está acorde con lo que el país necesita.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira Barros .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, saludo al ministro Larraín y a todos los diputados y diputadas.

La necesidad de la cuarentena, generada a partir de la pandemia de covid-19, sin duda ha repercutido en el orden y estabilidad de las familias. Los casos de violencia intrafamiliar han subido drásticamente, generando dolor y división en cada uno de los miembros del núcleo familiar, especialmente en la cónyuge o pareja agredida y en los hijos.

Por ello, nos parece una medida sensata el establecimiento de mecanismos de control que permitan, por un lado, proteger la integridad física y psíquica de las víctimas de violencia intrafamiliar, y, por otro, promover la paz y estabilidad al interior del seno familiar, especialmente en los niños y niñas, testigos de tales actos de violencia.

El confinamiento intradomiciliario ha acentuado una realidad que tristemente ha sido una tónica en Chile, no solo durante los últimos años, pues la misma ha acompañado a generaciones de chilenos.

Este proyecto de ley aspira a la protección y control de actos tan deleznables socialmente como la violencia intrafamiliar. Nos parece una iniciativa razonable no solo por la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, sino también porque tiene una indudable vocación de permanencia.

En efecto, nuestro país y, especialmente, las mujeres maltratadas necesitan un sistema judicial eficiente, que tenga la capacidad de dar respuestas certeras a las denuncias en que esas personas figuran como víctimas, promoviendo con ello un impulso institucional decisivo que inhiba estos actos abusivos.

En esa línea, el control telemático promueve un seguimiento permanente para los agresores, que genera, a la vez, mayores obstáculos para la comisión de estos hechos tan lamentables.

Por todo lo expuesto, llamo a aprobar el proyecto. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, tenía preparada una intervención, pero prefiero replicar algunas cosas y responder, lisa y llanamente, lo que ha dicho el ministro.

En primer lugar, este es un proyecto que viene del Senado desde el período legislativo en que el ministro Hernán Larraín era senador. Nosotros lo recibimos y lo aprobamos en general, y luego fue devuelto a la comisión, donde tuvimos la obligación de trabajar en él y de mejorarlo.

Quiero ser bien claro: lo que hoy estamos discutiendo o debatiendo es un tema de una tremenda relevancia para la convivencia de nuestro país y para la tranquilidad de miles de mujeres.

Hablamos de cuáles deberían ser las medidas cautelares preventivas para que no ocurra la cantidad de femicidios que se cometen. Porque si hacemos una consulta o encuesta, constataremos que la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas contaban con medidas cautelares que no fueron efectivas. Por lo tanto, tenemos que buscar medidas que tiendan a disminuir esa situación.

En este sentido, la iniciativa, que fue promovida por la senadora Adriana Muñoz y votada en el Senado, vino en segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados y está desde marzo de 2018 en la comisión. ¿Saben por qué está desde esa fecha en la comisión? Porque en reiteradas ocasiones pedimos al Ejecutivo que se hiciera parte del proyecto, y ello no ocurrió. Esa es la razón; de lo contrario, ya hubiésemos tramitado este proyecto y lo hubiésemos despachado.

Esa es la verdad del asunto. El Ejecutivo no quiso hacerse parte o miró para el techo. Entonces, cuando se trata de un problema país, lo que la gente quiere es que trabajemos de manera conjunta y en armonía.

Aquí no se trata de quién es el dueño de la pelota o la cancha, sino de cómo somos capaces de resolver un tema que es totalmente transversal y que nos atañe a todos. Ese es el fondo del asunto.

Lamentablemente -tengo que decirlo-, no vimos la voluntad del Ejecutivo. Iban a presentar una indicación sustitutiva, pero esta jamás llegó.

Quiero ser bien claro: si ustedes revisan el proyecto original, que ingresó por el Senado, no por la Cámara de Diputados, constatarán que no guarda relación con este proyecto de ley.

¿Por qué? Porque habla de gente sentenciada; no habla de medidas preventivas antes de que se cometa el delito.

Entonces, insisto en que aquí hay un tema al que tenemos que dar la importancia que requiere, que tiene que ver con la revictimización de muchas mujeres, con la reiteración de la agresión, y también con la vida de muchas de ellas.

Entonces, el mandato de esta Cámara para que el proyecto volviera a la comisión para ser debatido en particular hoy lo estamos cumpliendo, estamos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Rocafull . Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER (vía telemática).-

Señor Presidente, no dispongo de todo el tiempo que tuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos para referirse al proyecto; solo quiero reforzar lo que dijo el Presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

Aquí no se trata de una cuestión de protagonismo, de lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por quién presenta o patrocina los proyectos. Lo importante es ver cómo complementar las distintas iniciativas.

Hizo bien la Comisión de Familia en tramitar y avanzar en este proyecto de ley, que es muy necesario para prevenir hechos de violencia intrafamiliar, y hace muy bien la Mesa de la Cámara de Diputados en poner en tabla este proyecto, que espero que aprobemos hoy.

Obviamente, no va a ser la primera vez que se cruzan proyectos similares en distintas mociones. Esa es la realidad propia de un Congreso Nacional bicameral, como el que tenemos.

Pero así como nosotros muchas veces tomamos cosas que vienen de los proyectos de la otra Corporación, por ejemplo, en el proyecto sobre los servicios básicos o en el proyecto que vamos a ver en el punto cuatro de la tabla, para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, creo que es muy importante que, con sentido de generosidad, avancemos en este proyecto y que el Ejecutivo haga lo que corresponde, que es poner los recursos para implementar una medida tan necesaria como la supervisión electrónica de las medidas cautelares decretadas por los tribunales de familia, para que exista protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, y se cumplan efectivamente las medidas de aislamiento, tanto la medida cautelar, motivo por el cual este proyecto modifica la ley de tribunales de familia, como también la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, razón por la cual el proyecto de ley en forma correcta modifica la ley N° 18.216, en materia de penas sustitutivas, así como la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile.

Creemos que es un muy buen proyecto, por lo que quiero felicitar a la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Cuando vemos tantas situaciones dramáticas por femicidios, la gente pregunta con razón por qué el proyecto no ha avanzado en la Comisión de Familia.

La Comisión de Familia sacó adelante este proyecto y la Sala lo va a aprobar. Eso no puede ser digno de un juicio de reproche; muy por el contrario, se tiene que valorar esta señal que dará hoy la Cámara de Diputados con la aprobación de este proyecto de ley que va en beneficio de todas las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, en 2019 los tribunales dictaron más de dos mil seiscientas órdenes de alejamiento para los agresores de mujeres calificados de alto riesgo en el contexto de la violencia intrafamiliar.

Tal como sabemos y hemos conversado en más de alguna oportunidad, la violencia intrafamiliar está definida como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él”. En este caso, lamentablemente, tal como hemos mencionado y discutido al calor de lo que fue el debate de la ley de femicidios, la “ley Gabriela” , este maltrato está acotado al espacio íntimo, al espacio privado. No se considera la violencia de género que se ejerce más allá del espacio familiar, que también ocurre.

Por eso, nos urge tanto que en nuestro país, de una vez por todas, se tramite el proyecto, que está en el Senado, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque va a ampliar la consideración de los mecanismos de violencia que se generan contra Nosotros sabemos -lo hemos conversado en otras oportunidadesque la peor forma de violencia a la que podemos estar expuestas las mujeres es el femicidio. En 2019 hubo 46 femicidios consumados y 108 femicidios frustrados.

Esta es una situación preocupante, porque, tal como dijeron colegas, el problema de los femicidios no es cómo se sancionan; eso ya lo corregimos y lo logramos sacar adelante en la “ley Gabriela”, que amplía la connotación del femicidio a todo crimen de odio contra una mujer por razón de su género. Sin embargo, existen situaciones de violencia de género que no se están previniendo. Ahí está el problema de fondo.

Quiero plantear un caso: en febrero del 2019, en la localidad de Calbuco, la señora Mónica Paillacar fue asesinada por su expareja, quien contaba con una orden de alejamiento y otra de detención, ambas vigentes. Habían pasado veinte días desde la separación, y aun con la denuncia correspondiente, ni las policías ni los tribunales pudieron hacer algo para impedir el femicidio.

Quiero decir esto, porque no es el único caso. Hay otras situaciones que también se dan en este mismo ámbito y que, lamentablemente, dan cuenta de que no estamos llegando a tiempo, de que no estamos previniendo y, finalmente, los femicidios se consuman, incluso, a pesar de las denuncias y de las medidas cautelares decretadas, como la de alejamiento del agresor.

Cuando decidimos llevar adelante la tramitación de este proyecto, acudimos al Ministerio de Justicia, y además tuvimos una conversación con el ministro en la comisión. Con esto quiero respaldar las palabras del Presidente de la comisión, diputado Luis Rocafull . Lamentablemente, no hubo voluntad.

Este proyecto está en segundo trámite constitucional; por lo tanto, las posibilidades de avanzar rápidamente con él, hoy, están en nuestras manos, lo cual significa anticiparnos, tardíamente, aunque parezca una contradicción, pues ya estamos actuando de manera tardía. En consecuencia, esperar a que el ministro de Justicia logre la tramitación de su proyecto que, por lo demás, tiene otros alcances, iniciativa que ha ingresado recientemente por el Senadoes un acto de irresponsabilidad frente a las mujeres, muchas de las cuales están conviviendo con sus agresores, respecto de los cuales en muchos casos no existen medidas efectivas para su control. Además, Carabineros no tiene capacidad para controlar las medidas cautelares que se dictan. Ya se hizo alusión a la cantidad de medidas cautelares dictadas en 2019.

Por eso, el proyecto en estudio no es una opción, es una urgencia, y necesitamos sacarlo adelante. La senadora y presidenta del Senado, Adriana Muñoz , es su autora. Cabe recordar que acá, en la Cámara de Diputados, diputadas, incluso del oficialismo, presentaron un proyecto de iguales características.

Por lo tanto, yo espero que en esta sesión podamos sacar adelante un proyecto que necesitamos que sea ley de la república ahora, no mañana.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].-

Señor Presidente, la violencia hacia las mujeres es un problema estructural del sistema patriarcal que se ha desarrollado y sustentado sus bases en el mundo moderno. Por décadas esto se normalizó; se normalizó la supuesta e inexistente inferioridad de las mujeres, lo que alimentó la misoginia y la cruel idea de que las mujeres éramos un objeto y podíamos ser tratadas como una cosa, propiedad del hombre.

El feminismo es una lucha que lleva trescientos años, que afortunadamente las nuevas generaciones de mujeres han logrado revitalizar, porque en pleno siglo XXI no podemos permitir seguir siendo discriminadas, maltratadas, violentadas, abusadas y asesinadas.

En lo que va de este año, 2020, 21 es el número de mujeres que han sido brutalmente asesinadas por quienes, en algún momento de sus vidas, juraron amarlas: sus parejas o exparejas; 21 es el número de mujeres a las que se les arrebató la vida, dejando hijos e hijas huérfanos, familias incompletas y un infinito dolor por su trágica partida.

Este proyecto faculta a los jueces para establecer el monitoreo telemático como medida cautelar en caso de violencia intrafamiliar. Consideramos que se trata de una medida imprescindible en esta batalla que estamos librando como sociedad contra la violencia machista hacia la mujer, porque las cifras muestran que las medidas cautelares existentes no han sido suficientes. Es más, varios de los femicidios consumados o frustrados del último tiempo han sido perpetrados por victimarios en desacato de alguna medida cautelar.

No puedo dejar de pensar en Eliana Urra Colicoy, quien murió apuñalada por su exconviviente, el cual tenía decretada una prohibición de acercamiento desde el 7 de junio, precisamente por haberla agredido. Eliana se atrevió a denunciar y recibió la protección que el sistema judicial le podía otorgar, pero eso no fue suficiente. Hoy lamentamos su muerte.

A modo de homenaje, los quiero llevar a un viaje por Chile; no por el Chile turístico que nos gusta visitar en otros tiempos o por el Chile que nos gusta exportar, sino por el Chile de la violencia machista, que hoy llora a estas mujeres muertas, porque no estamos todas, porque faltan las asesinadas: Eliana Urra Colicoy , de Cunco; Nataly Sepúlveda Oria , de Victoria; Ruth Gallardo Gutiérrez, de Constitución ; Gladys Quezada Rojas , de Valparaíso; Carmen Toro Durán, de Coronel ; Yulisa Cerda Aguilera , de La Serena; Ruth Mendoza Mamani , de Arica; Viviana Estrada Valenzuela, de Colina ; Marianela Guzmán Ortiz , de Navidad; Maribel Mallea Quinzacara , de Diego de Almagro; Natalia Davison Escobar, de Colina ; Mariela Fuentes Lucero , de San Vicente de Tagua-Tagua; Sara Gutiérrez Rojas, de Los Andes ; Elizabeth Mella Cárcamo , de Punta Arenas; Beatriz González Vilches , de Rengo; Ana Viveros Echeverría, de Mulchén ; Yasna Bustos Muñoz, de Maipú ; Karen Ramírez Salinas , de Rengo; Uberlinda Leiva Orellana , de Parral; Alejandra Castro Barahona , de Requínoa, y Gladys Gallegos Inzunza , de Valdivia.

Por todas nuestras mujeres que ya no están por culpa de la violencia machista, llamo a aprobar este proyecto. Ya basta de que el sistema no nos proteja debidamente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la única forma de enfrentar el femicidio y la violencia contra las mujeres es que las medidas que decreten los tribunales sean tales que se puedan fiscalizar en la realidad.

De qué sirve que un tribunal establezca la orden de no acercarse a la víctima o de alejamiento si es imposible que se lleve a cabo por no haber suficiente personal de Carabineros para cautelar la vida y la integridad de la mujer fuera de su domicilio. Por consiguiente, los medios telemáticos parecen ser la única alternativa para actuar de una manera más efectiva y eficiente.

Obviamente, entiendo el espíritu del proyecto, y también que, frente al silencio no solo del actual gobierno, sino de los anteriores, que no han querido avanzar en este tema, muchos legisladores presenten este tipo de iniciativas y pidan a los gobiernos de turno que se sumen a ellas.

El gobierno actual, como señaló el ministro, lo ha hecho. Por eso, se presentó un proyecto -está hoy en el Senadoque viene a hacerse cargo de que las cautelares –no, como decía el diputado Rocafull , de los sentenciados-, para que en el caso de personas que estén en un proceso investigativo y se requiera un debido cuidado, el juez pueda aplicar medidas de monitoreo. Lo mismo en los casos de violencia intrafamiliar, cuando se decreten medidas de alejamiento del hogar.

Lo digo, porque tenemos que resolver este problema, pero debemos hacerlo bien. Este proyecto no lo hace bien, por varias razones: primero, porque el femicidio no solo se produce en un contexto familiar. Por eso peleamos para que la “ley Gabriela” se hiciera realidad, pues veíamos que muchos femicidas no tenían relación familiar, sino que eran pololos, expololos o personas que tenían una relación de confianza con la víctima. Hoy, la norma que se propone pretende circunscribir la materia solo al ámbito de la violencia intrafamiliar, no al ámbito penal.

Entonces, ¿sirve o no sirve? No sirve, pues; sirve a medias, nomás, porque muchos femicidas no tienen una relación familiar. En este caso no sirve de nada una medida cautelar de alejamiento del hogar, porque el posible victimario no está dentro del contexto familiar. Por eso digo que hay que hacer las cosas bien.

En segundo lugar, tiene un costo. ¿Quién lo va a financiar?

Por eso, a muchos diputados que están muy preocupados de lo inconstitucional, de lo que uno vota o de lo que uno propone, les digo que espero que hoy voten en contra, porque este es un proyecto claramente inconstitucional, pues irroga gastos: 3.000 millones o 4.000 millones, de los que hablaba el ministro.

Finalmente, el proyecto determina que un reglamento le dará una facultad al órgano administrativo correspondiente. El diputado Walker dijo que se había hecho una modificación a la ley orgánica constitucional de Gendarmería. ¡Falso! Que lea el proyecto. No hay ninguna modificación a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. El proyecto dice que un reglamento dará la facultad. Eso no lo he visto nunca.

Entonces, hagamos las cosas bien. Que el gobierno otorgue urgencia al proyecto que se está tramitando en el Senado. Despachemos ese proyecto y establezcamos una protección total ante la violencia contra la mujer.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, haré uso de solo dos minutos, para dejar tiempo al diputado Mulet , en el evento de que pueda conectarse telemáticamente para intervenir.

Conversé con el diputado Rocafull , quien es presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, para analizar el proceso legislativo que ha tomado este proyecto, que sin duda es importantísimo.

Hoy en día tenemos un nivel de tecnología que permite monitorear lo que está ocurriendo con determinadas personas, sobre todo con los infractores en casos de violencia intrafamiliar, lo cual es muy importante para nosotros.

Hemos discutido en varias ocasiones en la Sala -no es primera vez, quizá no en el mismo contexto de este proyectosobre la utilización de vías tecnológicas que permiten tener un nivel de control distinto.

De acuerdo con lo que me ha tocado conocer en relación con la violencia intrafamiliar y posteriormente -es lamentablecon los femicidios, si no en todos, en el 99 por ciento de los casos existían medidas cautelares que no fueron chequeadas, revisadas y monitoreadas como corresponde. Por eso, para nosotros es importante avanzar en este proyecto.

Entiendo las preocupaciones del ministro, pues lo escuché con mucha atención. Lo que podemos hacer es analizar cómo podemos complementar ambas propuestas; es decir, cómo seguimos avanzando con este proyecto, pero al mismo tiempo incorporamos lo que plantea el ministro.

¿Cómo implementamos esta iniciativa? Sin duda, necesitamos recursos. Que se establezca para otras causales también me parece correcto. Pero lo que no podemos hacer es detener un proceso que es necesario para el país y complementarlo posteriormente. La violencia intrafamiliar es uno de los dramas más complejos al interior de la familia, más aún en tiempos de pandemia.

Votaré favorablemente el proyecto. Espero que esta iniciativa avance y que el ministro pueda darle la urgencia que corresponde, de lo cual tiene manejo el Ejecutivo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, Chile ha dado pasos importantes en las últimas décadas para poner fin a esta discriminación y erradicar cualquier forma de maltrato contra la mujer.

Sin embargo, aún existe una deuda con las chilenas, que siguen enfrentando condiciones desiguales en prácticamente todos los espacios de la sociedad y más aún bajo la sombra de la violencia.

Cabe mencionar que en 2019 se registraron 46 femicidios, y en lo que va de este año la realidad tampoco es muy auspiciosa, ya que, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y otras 45 estuvieron a punto de serlo.

Además, en el contexto de cuarentena por la covid-19, los llamados a la línea 1455 se han incrementado en casi tres veces. Este último antecedente instala un razonable temor de que el confinamiento total también puede potenciar no solo un incremento en la tasa de femicidios, sino también de lesiones, amenazas y maltrato habitual, las tres causales que concentran el mayor número de delitos en materia de VIF.

Así, hoy reabrimos el debate en particular de un proyecto que nació en 2014, entendiendo y atendiendo a la urgencia que reviste legislar en materias tan relevantes como son el descongestionamiento de nuestras cárceles -hecho sumamente preocupante, que resalta hoy más que nunca en este período de pandemia-, la correcta y eficaz protección de toda víctima de violencia intrafamiliar y entregar herramientas efectivas a nuestros tribunales para protección de víctimas.

También cabe destacar que el gobierno presenta un proyecto de ley vinculado con esta materia, destinado a la creación de un tratamiento jurídico especial respecto del monitoreo telemático y que se ajusta a las necesidades reales actuales de nuestro sistema procesal, penitenciario y de protección.

Sin embargo, a cada hora, cada día, en cada momento hay una mujer o una víctima que necesita de ayuda, que requiere ser salvada. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer que ellas rompan el silencio y que encuentren la seguridad que hoy no tienen, que, lejos de ser un beneficio -porque yo no lo veo como un beneficio-, es un derecho que les asiste a las víctimas de violencia intrafamiliar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez Olea .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, celebro esta iniciativa de la senadora Adriana Muñoz , quien ya en 2014 advertía el problema que viven miles de mujeres que, haciendo caso a las recomendaciones de la autoridad, denuncian la violencia intrafamiliar que sufren, pero luego son abandonadas por el propio sistema, enfrentándose al sufrimiento, al dolor -no solo ellas, sino también su entorno familiary a un agresor que, pese a tener prohibición de acercamiento, llega hasta ellas. La denunciante no solo se revictimiza, sino que se encuentra en una posición más vulnerable tras haber denunciado con miedo y sin posibilidad de defenderse.

Ante esta realidad, muchas mujeres prefieren no realizar las denuncias, para evitar el momento en que su agresor volverá a ellas después de la prohibición de acercamiento. Es evidente que la falta de control en el cumplimiento de las medidas cautelares es un gran desincentivo para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar denuncien.

La violencia intrafamiliar en nuestro país es una materia absolutamente necesaria de abordar por todos. Las cifras en Chile no son nada positivas, pues durante el último período hubo un aumento de las denuncias por maltrato hacia la mujer en 50,49 por ciento entre los meses de febrero y marzo, la mayoría conocidas a través de los llamados a la plataforma 1455.

Lo anterior se suma a la gruesa tasa de femicidios que día a día crece en nuestro país; se han producido 21 hasta la fecha. Lamentablemente, en mi distrito han ocurrido en Mulchén, en Arauco y en mi zona. Es una situación dolorosa, porque son las mujeres a quienes se nos amenaza la vida por medidas cautelares que no son cumplidas, que son quebrantadas, que lisa y llanamente llegan tarde o que jamás son dictadas por los tribunales.

Creo que las mujeres no podemos seguir esperando. ¿Debemos permitir que el Ejecutivo, que declara no haber participado en la tramitación de este proyecto, nos diga que debemos seguir esperando? No podemos seguir esperando de manera indolente, porque duele este Chile que agrede dentro de la familia y en el que el Estado no hace más que decir: “No es posible controlar que no se haga”. Por eso, no podemos seguir esperando y debemos ya, ahora, hoy, establecer medidas suficientes para asegurar que las víctimas sean protegidas como corresponde y sus vidas sean resguardadas.

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, este año ha muerto aproximadamente una mujer por semana, y por cada semana que retrasamos este proyecto habrá otra mujer muerta. Los llamo a avanzar.

Tenemos muchas normas, como “Mujer libre de violencia” o la “ley Gabriela” , en las cuales hemos avanzado mucho, pero aún nos queda un tremendo trabajo.

Por lo tanto, este proyecto es un aporte que vamos a apoyar, pero aún tenemos grandes desafíos en materia de violencia intrafamiliar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la violencia contra la mujer y los casos de femicidio han ido en aumento en nuestro país y en todo el planeta.

En 2019, el Centro de Estudios Estadísticos registró casi 93.000 denuncias de violencia intrafamiliar donde la víctima era una mujer. Son un poco más de seis mil casos respecto de 2018. El año pasado, cuarenta y cinco mujeres fueron asesinadas por sus parejas o cónyuges y en la última década la cifra superó las 400 víctimas. En muchos de esos casos hubo antecedentes de violencia intrafamiliar. Para ser más precisa, de los femicidios ocurridos en 2019, en veinte casos existían antecedentes de violencia intrafamiliar denunciados; once de esos tuvieron una medida cautelar de alejamiento, que simplemente no fue acatada por los agresores.

Según las cifras de Carabineros entregadas a la comisión especial que analiza los temas relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado, durante 2018 hubo un total de 28.326 medidas cautelares por violencia intrafamiliar, y por cada diez medidas precautorias, hay un promedio de dos detenidos por desacato.

Podría seguir entregando cifras que evidencian que ya desde hace muchos años los sistemas de protección para la mujer que sufre violencia han fracasado y, por ello, se hace urgente tomar medidas radicales para no volver a fallarles. De hecho, expertos y organizaciones han advertido la poca efectividad de medidas precautorias, como las órdenes de alejamiento. ¿De qué sirven cuando el agresor está dispuesto a matarlas? ¿De qué sirven esas precautorias si no se acompañan de una disposición que establezca, por ejemplo, el uso de un brazalete de geolocalización que permita dar cumplimiento íntegro a la medida por medio del monitoreo telemático? Si eso estuviera implementado, sin duda, se podría evitar un desenlace fatal.

Las leyes Nos 19.918 y 20.066 entregan amplia potestad a los jueces para decretar todo tipo de medidas, sean estas patrimoniales, personales, típicas o atípicas, conservativas o innovativas. Sin embargo, tal como se detalla en el proyecto original, en la norma no se consagra la posibilidad de establecer medidas cautelares potentes y eficientes, como el uso de dispositivos tecnológicos de control, para evitar un daño mayor a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Por último, quiero señalar que las medidas cautelares están directamente relacionadas con la evaluación de riesgo. No es suficiente sancionar al infractor, sino que, además, la víctima necesita protección inmediata y reparación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, la violencia intrafamiliar y principalmente los femicidios, que son consecuencia de las agresiones ejercidas en contra de las mujeres, así como lo que está tras bambalinas -cuando hay una agresión en contra de una mujer en el hogar, generalmente también se ejerce violencia hacia los hijos de esa pareja-, es una realidad que ha quedado demostrada y que ha sido analizada en el último tiempo. Eso nos hace pensar y nos hace responsables por la gran deuda que tenemos como país en el combate contra ese flagelo, que año a año va en aumento. En la medida en que más se habla del tema, más se visibiliza.

Vengo de una región con mucha ruralidad, donde este tipo de violencia muchas veces quedaba invisibilizada y donde, culturalmente, la violencia en contra de la mujer era reconocida como válida. Pero hoy, en la medida en que hemos logrado instalar el tema y avanzar en la materia desde el punto de vista legislativo, podemos decir que sí se ha visibilizado. En ese sentido, tanto el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como el Servicio Nacional de la Mujer, han permitido avanzar en el sentido de eliminar el mito de que dicha violencia era válida.

Es tremendamente importante que toda la sociedad comprenda que esto no puede seguir sucediendo. Toda la sociedad tiene que entender que la violencia contra la mujer no puede ser permitida, porque muchas veces son los vecinos los que callan, son las familias las que callan, lo que, finalmente, permite al agresor llegar al femicidio.

Para eso se han estudiado muchas medidas que están consideradas dentro de los tribunales de familia, y hoy llegamos a la opción del monitoreo telemático.

Si bien es cierto que durante la discusión que tuvimos en la Comisión de Familia y Adulto Mayor se analizó en profundidad cuáles eran los efectos, no debemos generar una falsa expectativa de seguridad. Esto es clave, puesto que tal sensación puede resultar perjudicial para la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar.

¿Por qué digo que debemos ser extremadamente cuidadosos en no generar una falsa expectativa de seguridad? Porque, como dije, Ñuble es una región rural. Por eso, cabe preguntarse qué pasará cuando no se alcance a reaccionar con la celeridad que se necesita, ya sea de Carabineros, Gendarmería o de la institución que tenga que ser el agente de respuesta, para llegar a un lugar apartado.

Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en no generar esta falsa expectativa de seguridad. Durante la discusión del proyecto se habló mucho con el gobierno, que se había comprometido –en esto agradezco las palabras de la exministra Isabel Pláa darle impulso, porque es absolutamente necesario. No obstante, el ministro de Justicia dio varias razones por las que debemos esperar el otro proyecto y basar en él la próxima legislación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, que suspende la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia por covid-19 (boletín N° 13554-04).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos base por bancada, más treinta minutos distribuidos de forma proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Rodrigo González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 26ª de la presente legislatura, en martes 2 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 29.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 30ª de la presente legislatura, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley cuya idea matriz es la suspensión de la aplicación de la evaluación docente y de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), correspondientes al año 2020, debido a la pandemia por covid-19.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario, y se inició en moción de la diputadaCamila Rojas, del diputado Juan Santana , de la diputada Camila Vallejo y de quien informa.

En cuanto a los fundamentos del proyecto de ley, la pandemia que actualmente afecta al mundo ha obligado a los países a suspender la asistencia a clases en todos los niveles del sistema educacional, como medida preventiva para proteger a los niños y evitar contagios masivos que colapsen los sistemas de salud y, sobre todo, proteger a las comunidades escolares. Sin duda, la interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de niños, padres y maestros.

Cabe señalar que la ley N° 19.070, que estableció el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la ley N° 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modificó otras normas, establecen que los docentes de aula deben someterse a un programa de evaluación profesional cada cuatro años.

La evaluación del trabajo del profesor en el aula no se ha podido verificar, debido a la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación con ocasión de la pandemia. Por ello, según la moción, resulta evidente que carece de sentido iniciar un proceso de evaluación de los profesionales de la educación, dado que no podrá medir uno de sus objetivos generales, que son los estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares de educación básica y media.

Las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), por su parte, corresponden a una evaluación de aprendizaje que mide el logro alcanzado por los alumnos de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje. Se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.

Sin embargo, la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del covid-19 y las dificultades o imposibilidad de la educación por retomar las clases, debido a la falta de conectividad, de computadores, a la estrechez o hacinamiento en los hogares y la situación emocional de estrés, ansiedad y temor de los niños por la vida de sus padres, ha implicado que los programas educativos no se hayan entregado normalmente, por lo que no resulta conveniente, razonable y posible pretender evaluar a los estudiantes en estas circunstancias.

En lo que respecta a los documentos recibidos por la comisión, la Fundación Educación 2020, el 21 de abril pasado, en el marco de la presentación de sus “19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia”, planteó la suspensión de las pruebas Simce , lo que fundamenta en “las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas”.

Por su parte, el profesor Félix Angulo , del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que las pruebas Simce no miden de verdad la calidad de la educación, sino que, más bien, convierten al sistema educativo en un modelo de preparación para los test, privando al alumnado de la adquisición de otras habilidades y conocimientos, mucho más importantes para su fututo y el de la sociedad en que viven.

Asimismo, la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, en el que también se recomienda la suspensión de las pruebas Simce .

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió la opinión del ministro de Educación, del Colegio de Profesores y del movimiento docente Evaluemos la Educación.

Entre los diputados hubo visiones contrapuestas respecto de esta iniciativa, y si bien hubo coincidencia en cuanto a la necesidad de que tanto la evaluación docente como las pruebas Simce no produzcan efectos negativos para los docentes y los establecimientos educacionales, atendidas las principales circunstancias sanitarias por las que atraviesa el país, hubo posturas que no permitieron la aprobación de la moción por unanimidad.

Quienes sostuvieron una postura contraria a la moción, la fundamentaron en la necesidad de mantener la evaluación docente y las pruebas Simce a modo de diagnóstico, de manera de tener un cabal conocimiento de los efectos de la pandemia en la educación, que permita adoptar mejores decisiones de política pública en el futuro.

Agregaron que la prueba Simce permitiría contar con información dura sobre la realidad de las diferentes escuelas públicas, municipales, particulares subvencionadas y privadas, sobre sus condiciones y capacidades para sobrellevar la crisis, sobre el desempeño de los docentes en estas circunstancias extraordinarias y sobre la forma como se han comportado tanto los docentes como las comunidades escolares, y otras realidades indispensables de conocer.

En cuanto a los argumentos a favor de la aprobación de la moción, se señaló que llevar a cabo la prueba Simce y la evaluación docente generaría serias distorsiones para las escuelas en un año escolar truncado, con todo el estrés, las ansiedades y las dificultades que se han vivido durante la pandemia.

Según quienes apoyan esta moción, el primer deber del Estado es proteger la integridad física y psíquica, y la salud mental de los niños y de los docentes. El solo anuncio de la prueba y su carácter estandarizado provoca inquietud, inseguridad e incertidumbre en las comunidades escolares y generaría una tremenda dificultad.

Al mismo tiempo, la supuesta normalidad del profesorado en las nuevas circunstancias después de la pandemia no genera las mejores condiciones para una evaluación docente.

El regreso a clases debe asegurar el bienestar emocional de las comunidades. En este sentido, la evaluación docente y la prueba Simce significarían aumentar la tensión, el estrés y la ansiedad de las comunidades.

Algunos diputados estimaron que la moción, tal como está formulada, resultaría ser inadmisible o inconstitucional, porque se refiere a atribuciones propias del Ministerio de Educación.

También manifestaron que el Simce, como instrumento, no es el más adecuado para medir la calidad de la educación en estas condiciones, por lo que solamente se aplicaría a modo de diagnóstico.

Constancias reglamentarias

Normas de quorum especial

El artículo 3 del proyecto tiene rango de norma orgánica constitucional, en tanto incide en el artículo 37 de la ley N° 20.370, Ley General de Educación.

El proyecto de ley no contiene normas de quorum calificado.

Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

Aprobación general del proyecto de ley

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos: 7 votos a favor y 5 en contra. No hubo abstenciones.

Reserva de constitucionalidad

Los diputados Pardo y Rey hicieron reserva de constitucionalidad respecto del artículo 65, inciso cuarto, N° 2, de la Constitución Política, toda vez que el proyecto se referiría a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, saludo a la Mesa, a mis colegas y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a la que vi en pantalla.

El proyecto no surge de la mera voluntad de los parlamentarios que lo presentamos, sino que ha sido reiteradamente sugerido por los expertos, quienes han planteado la necesidad de suspender ambas evaluaciones. Por lo tanto, este no es un capricho ni una idea que se nos ocurrió sin ninguna base. La Mesa Social Covid-19 -se supone que el gobierno y el Ministerio de Educación la escuchan-, que integran, entre otros, los rectores de las universidades, encargó a un grupo de expertos analizar la situación, quienes plantearon claramente que hay que suspender la prueba Simce y la evaluación docente este año. Por eso, reitero, este proyecto no es un capricho nuestro.

En segundo lugar, vale la pena aclarar que la suspensión de ambos instrumentos no significa que no queramos ver la realidad, que no queramos hacer un diagnóstico para saber qué está ocurriendo, que queramos estar ciegos frente a la realidad, como han dicho algunos diputados en la comisión. Lo que se ha propuesto claramente es encontrar herramientas diagnósticas distintas a las tradicionales frente a una realidad que es distinta.

El ministro de Educación puso énfasis en que necesitaban realizar un diagnóstico, y en ese diagnóstico se enmarca el Simce. Aparentemente para el Ministerio de Educación la única herramienta existente en el mundo para diagnosticar lo que sucede en nuestro sistema escolar es el Simce. ¿Extraño, no? ¡La única! ¡No existen otras!

En la comisión le planteé al ministro -no me respondióque para realizar un buen tratamiento se requiere de un buen diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico, nos vamos a equivocar en el tratamiento y, por lo tanto, en este caso, en las políticas públicas. Así, por ejemplo, para diagnosticar cáncer de colon no se pueden utilizar los instrumentos para detectar un resfrío, porque ellos no permiten lograr un buen diagnóstico.

Ahora bien, tanto los expertos como nosotros le hemos dicho al ministro que frente a una realidad que ha cambiado notoriamente, la herramienta del Simce no es la pertinente, porque condiciona y modela los objetivos y las prioridades de los establecimientos educacionales, los que se ponen a trabajar por el Simce, no por lo que está pasando realmente en las escuelas, para detectar sus necesidades.

También se ha planteado que la información que se obtiene del Simce, aun sin consecuencias, es tardía y no asume el contexto en que se está desarrollando esta pandemia.

Por consiguiente, aunque el Ministerio de Educación insista en que quiere tener un diagnóstico, este será ciego, porque -lo han dicho todos los expertosno va a servir. En esta ocasión, ni el Simce ni la evaluación docente servirán como instrumentos de diagnóstico.

Los padres y apoderados han dicho que no van a mandar a sus niños al colegio a rendir la prueba Simce . ¿Qué va a hacer en ese caso el ministro? La realización de la prueba, aunque se diga que no tendrá consecuencias, significa someter a un estrés adicional a los niños, en un sistema que ya está estresado porque los niños no tienen qué comer y sus padres están sin trabajo. ¿Eso es compatible con la educación?

Ministro, la educación es esencialmente vínculo; si usted no se sabe vincular, no sabe de qué se trata la educación. ¡Vincúlese!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo a la Mesa y también a los distinguidos colegas que se encuentran trabajando en forma presencial y por vía telemática.

Hemos sostenido largas conversaciones y discusiones con personeros del Ministerio de Educación. Respetando la línea argumental del señor ministro de Educación, discrepamos de su posición, y así se lo hemos hecho saber con respeto en la comisión. Discrepamos porque no tiene mucha lógica, a partir de lo señalado por expertos y académicos, en el marco de anormalidad general que caracteriza este año desde el punto de vista educativo y de tantos otros, aplicar estos instrumentos.

El Simce, por definición, es serial, es decir, se planifica cada cinco años. Evidentemente, en este estado de anormalidad los resultados son bastantes predecibles.

Ya tenemos claro que hay un porcentaje importante de alumnos que, por sus características de vulnerabilidad socioeconómica, no han tenido las mismas oportunidades que otros alumnos para realizar, con cierto grado de normalidad, las actividades que sus profesores les proponen, con mucho esfuerzo, por falta de acceso a internet, a computadores, etcétera. La realidad es muy diversa.

Lo cierto es que la conclusión, sin necesidad de ningún instrumento, es que hay una desigual apropiación de los contenidos curriculares que deberían darse, además de que, en estas circunstancias, no se están dando de la manera normal, como sería en el caso de que hubiera esta interacción presencial entre profesor y alumno en las aulas de clases.

Por eso, nosotros creemos que aplicar el Simce en estas circunstancias -si me permiten un ejemplo propio de un profesores como si yo tomara una prueba a un alumno que está con fiebre y llegara a la conclusión que las repuestas que él me entregó en ese estado anormal, febril, son el reflejo de lo que efectivamente él sabe. Llegar a esa conclusión sería una falta de profesionalismo de mi parte, un error enorme.

Algo similar ocurre con lo que implica aplicar un instrumento que es serial, que se planifica -insistocada cinco años. Esa información solo va a distorsionar la información serial de los años anteriores.

Entonces, no entendemos mucho el argumento del señor ministro respecto de que la realización del Simce solo será con fines diagnósticos y que no tendrá ninguna de las consecuencias que la propia ley contempla, en términos de clasificar a las escuelas y todo lo demás.

Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar el Simce? No hay nadie mejor que las propias unidades educativas, que los departamentos de educación, que las corporaciones, que los servicios locales, en su caso, para hacer un diagnóstico desde el ámbito local. Una prueba estandarizada como el Simce no va a tener esa riqueza ni esa capacidad de predictibilidad que permita una planificación que se haga cargo de los efectos negativos que ha tenido esta situación que estamos viviendo actualmente en la educación.

Por otra parte, igual cosa ocurre con el tema de la evaluación docente. Básicamente, la evaluación docente quiere medir las habilidades y competencias de los profesores en su relación e interacción con los alumnos. Eso se da en la sala de clases; hoy no se está dando ni tampoco tenemos certeza de cuándo se va a dar y, aun así, se plantea la idea de que la evaluación se aplique.

El mismo decreto ley contempla, en su artículo 7, letra a), que los profesores pueden solicitar no dar la evaluación docente cuando haya razones de fuerza mayor. ¿Qué más fuerza mayor que esta que estamos viviendo, que es la anormalidad absoluta, en este año?

No obstante lo anterior, en el artículo 2 del proyecto de ley, nosotros establecemos que aquel profesor que manifieste expresamente ante las autoridades competentes que quiere dar la prueba, rendir la evaluación docente, puede hacerlo. Es decir, se abre esa ventana.

Por esas razones, nosotros creemos que no debiera aplicarse ninguno de estos instrumentos.

Todos los instrumentos de evaluación tienen un requisito básico para que la información que entreguen sea confiable y pueda cumplir con su objetivo, que es planificar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey Martínez .

El señor REY.-

Señor Presidente, lamentablemente, este proyecto de ley es inadmisible, porque trasgrede el artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, de la Constitución.

Para referirme a la inconstitucionalidad de este proyecto, voy a citar en forma general los dos puntos por los cuales creo que es inconstitucional, obviamente con la documentación respectiva.

En el caso de la evaluación docente, la aplicación y coordinación técnica corresponden al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip). Además, actualmente los docentes tiene la facultad de solicitar al sostenedor la suspensión de la evaluación docente por razones de fuerza mayor. Por eso, el proyecto es inadmisible.

Por otra parte, es inadmisible la suspensión del Simce, porque la ley establece expresamente que su diseño e implementación corresponden a la Agencia de Calidad de la Educación.

Por lo anterior, la eventual suspensión o adecuación debido a la pandemia es una atribución que corresponde a dichos servicios y, por lo tanto, es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Finalmente, quiero hacer presente que un proyecto de similares características, presentado por la senadora Yasna Provoste y el senador Jaime Quintana , fue declarado inadmisible el 14 de abril por la Mesa del Senado, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de los mismos argumentos señalados.

En cuanto a la suspensión de la evaluación docente, no corresponde hacer suspensión general, pues actualmente, y lo dijo el ministro, existe la posibilidad de que cada docente solicite la suspensión al sostenedor. Esto permite que cada docente decida, de acuerdo con su realidad e intereses, sin negar la posibilidad de rendirla a aquellos que la quieren hacer.

Yo he estado en terreno, en diversas comunas de las provincias de Curicó y de Talca, incluso en comunas con alcaldes y directores de los departamentos de administración de educación municipal (DAEM) de oposición, quienes me han señalado que muchos docentes les han pedido dar la prueba, porque, según ellos, hoy se presentan mejores condiciones para que les vaya bien. Esa es la realidad que hoy, al menos, me ha tocado ver.

Por lo tanto, si hay docentes que quieren dar la evaluación, ¿por qué los vamos a restringir con una norma que, además, es inconstitucional?

Respecto de la suspensión del Simce, ¿quién puede decir que tener información del nivel educativo en que se encuentran nuestros niños y jóvenes producto de esta terrible pandemia no es importante, que saber el nivel en que se encuentran para desarrollar políticas públicas para ir en apoyo de los más descendidos no es importante o que, sencillamente, esto no se debiera hacer, que hay que actuar a ciegas y que las políticas públicas en materia educativa se debieran realizar al voleo, sin información; que da lo mismo saber dónde están los niños descendidos y el nivel en que se encuentran los jóvenes de los sectores rurales o de los sectores más vulnerables, que algunos tanto dicen defender?

Hoy, las condiciones en que se va a dar el Simce y la metodología de su aplicación nos dicen que este no será el Simce de antaño, que no será el instrumento tan vilipendiado que muchos rechazan y del cual yo también soy crítico, y eso lo he dicho en innumerables ocasiones.

Pero esta nueva evaluación diagnóstica muestral solo será eso y, por lo mismo, quiero agradecer al ministro los cambios profundos que ha realizado a esta evaluación, los cuales nos van a permitir tener información para tomar decisiones para mejorar las políticas públicas en educación para quienes más nos necesitan y, lo más importante, no tendrá ningún tipo de consecuencia negativa, ni para los establecimientos educacionales ni para los alumnos.

Por último, quiero referirme a un alcance que hizo el diputado Mario Venegas sobre el termómetro, que sería el Simce. Él señaló que no es importante cuánta temperatura tenga el niño, porque lo que hará el termómetro, en este caso el Simce -un diagnóstico hoy-, es determinar que 36 grados es lo mismo que 41 grados, y no es lo mismo. Algunos dicen que hay que romper el termómetro para no saber esa realidad, pero yo digo que no, que hay que tener ese termómetro y aplicarlo para poder hacer políticas públicas el próximo año, para remediar los problemas que tienen nuestros niños, sobre todo de sectores más…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, este tema ha sido sumamente importante en el debate generado en la Comisión de Educación, el cual hemos desarrollado con un conjunto de representantes de las comunidades educativas, particularmente quienes trabajan en las comunidades educativas, pero también hemos podido escuchar en nuestros distritos a los apoderados y a las apoderadas.

Asimismo, nos ha llamado la atención la voz y la opinión de las y los expertos en la materia -de la Universidad de Chile, de Educación 2020 y de la experta en educación Teresa Flores , por ejemplo-, quienes, en general, son muy coincidentes en la necesidad de suspender estas dos evaluaciones dado este contexto de crisis sanitaria, que impone una situación de completa anormalidad en las comunidades educativas de los colegios y en las familias de niños y niñas que se encuentran en edad escolar.

Además, en muchos casos, la evaluación docente ha sido suspendida por voluntad de los municipios.

Lo que nosotros solicitamos es que la regla general sea la suspensión de la evaluación docente, de manera que no dependa de la buena voluntad y del buen entendimiento de los alcaldes y alcaldesas, salvaguardando, como excepción, a aquellos profesores y profesoras que consideren conveniente dar su evaluación docente. El proyecto de ley permite dar la evaluación docente a los profesores que quieran realizarla.

Necesitamos que las políticas públicas en esta materia comprendan la situación de anormalidad y apliquen como principio general la suspensión de la evaluación docente, dadas las dificultades concretas, reales y materiales que profesoras y profesores están enfrentado en el trabajo de aula, en el contexto de la crisis sanitaria.

Respecto del Simce, comparto lo dicho por el diputado Mario Venegas en cuanto a que la propuesta, a nivel de comunidades, es permitirles a ellas mismos hacer sus procesos de evaluación, en el entendido de que en este momento la prioridad, más que los aspectos simplemente cognitivos -las comunidades educativas están haciendo un gran esfuerzo por entregar contenidos y elementos de aprendizaje-, está centrada en el apoyo y la contención emocional y psicológica durante el proceso y una vez superada la crisis sanitaria. Ahí está el centro de atención de las comunidades educativas: cómo salvaguardar esto primero, y después entregar o reforzar los contenidos pendientes. Eso es lo central.

Entonces, no tiene sentido la realización del Simce. Es una presión indebida que no va a aportar al sistema educacional. El 2021 podremos realizarla, con carácter muestral, no censal, de manera de ver, luego de mediar un año, los impactos provocados en el sistema por la crisis sanitaria. Entretanto, necesitamos que las comunidades educativas, los profesores y las profesoras, y las educadoras de párvulos pongan sus esfuerzos, como colectivo, como comunidad, en un diagnóstico más localizado, más integral, más holístico respecto de lo que está pasando, de modo que en conjunto puedan establecer dónde poner los esfuerzos centrales para atender a las niñas y a los niños en las comunidades educativas.

Por ahora, como ellos han señalado, lo más importante es la educación emocional, la contención emocional, el apoyo psicológico; el cariño, el amor y el afecto que puedan entregar a esos niños y niñas, que están viviendo muchas dificultades, que son las mismas que enfrentan profesores y profesoras con sus familias, debido al hacinamiento, al teletrabajo y el exceso de trabajo.

Por lo tanto, como dijo la diputada Cristina Girardi , la prioridad educativa tiene que ver con eso: con el vínculo, el afecto, la contención emocional, no necesariamente con la imposición de sistemas de evaluación estandarizados, que le agregan una presión indebida al sistema, con resultados que, probablemente, estaremos lamentando el próximo año o el subsiguiente.

Por eso, consideramos que este es un buen proyecto. Lamentamos que se insista en indicaciones que en la comisión fueron rechazadas, porque eso dificulta el avance de algo que tanto las comunidades como los expertos vienen solicitando desde hace meses.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, voy a comentar varias de las intervenciones que se acaban de hacer.

Por de pronto, una diputada me acaba de decir que lamenta que yo presente indicaciones. Bueno, es parte de las atribuciones que tenemos los parlamentarios: presentar indicaciones y luego renovarlas en la Sala, especialmente cuando estamos ante un proyecto que le produce daño a la educación.

En verdad, no es el intento de que hoy no se mida a consecuencia de la pandemia, sino que se quiere que no se mida nunca. Lo que dijeron los expertos es que hacer un Simce de forma censal, es decir, para todos los estudiantes, podría ser problemático. En ese sentido, hace unos minutos el ministro acaba de decir que el Simce de este año va a ser muestral. Eso implica, entre otras cosas, lo siguiente: uno, no tiene ninguna consecuencia en términos de la ordenación de las escuelas, y dos, no tiene ninguna consecuencia en términos de los eventuales cierres de escuelas. Pero sí tiene una cosa muy importante: hacer un diagnóstico para saber cuál es la magnitud del efecto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes.

Aquí, algunos señores diputados han dicho que ellos ya saben. ¡Qué bueno! Ya que ustedes ya saben, cuéntennos qué va a pasar en el futuro. No es necesario hacer las evaluaciones, porque ustedes ya saben todo.

No sabemos cuál es la magnitud del efecto. Por ejemplo, en qué materias va a afectar más la pandemia: ¿En lenguaje?, ¿en matemáticas?, ¿en ciencias?, ¿en historia? ¿En qué cursos va a afectar más: en los iniciales, en los medios o en los superiores? ¿Va a afectar más a aquellos sectores más rurales o a aquellos sectores más urbanos? ¿En los sectores rurales, porque hay problemas de conectividad, o en los sectores urbanos, porque hay más problemas de hacinamiento?

Son preguntas que es clave contestar. Por el contrario, dejarnos a ciegas durante los próximos años significa no querer mejorar la calidad de la educación y no poder hacer un adecuado diagnóstico para aplicar un ejercicio remedial.

Suspender un Simce que se realizará de manera muestral -como acaba de decir el ministro-, no censal, significa dejar a ciegas a la política pública educativa, significa dejar a ciegas a las propias comunidades, significa dejar a ciegas a los propios apoderados.

Por supuesto, algunos intentan esto no en la lógica de que no quieren que se haga por causa de la pandemia: es porque no quieren que haya ningún tipo de evaluación.

Se ha dicho acá que también se pueden hacer evaluaciones a nivel local. Por supuesto, siempre las han hecho. No hay ningún impedimento para que puedan hacer esa evaluación local. ¿Por qué ahora dicen que eso sería un impedimento?

Entonces, hablan de la existencia de una presión indebida. Cómo va a ser una presión indebida hacer un Simce muestral, diagnóstico, para saber cuáles van a ser los efectos más preocupantes en la educación y hacer políticas nacionales en torno a ella. ¡Cómo va a ser indebido! Dejarnos a ciegas es lo indebido; no querer que haya políticas hacia las personas más vulnerables es verdaderamente lo más indebido; que no podamos hacer políticas remediales es lo indebido.

Entonces, este es un mal proyecto de ley.

El ministro acaba de dar la solución que los técnicos que asistieron a la comisión nos dieron. De hecho, varios de los parlamentarios que ahora quieren aprobar la iniciativa argumentaron que si fuera un Simce diagnóstico, solamente muestral, sería distinto. Pues bien, es lo que acaba de decir el ministro: no tiene consecuencias, es muestral y permite hacer un diagnóstico para saber cuál es la magnitud del efecto que tiene la pandemia en los aprendizajes, para que no quedemos a ciegas y a la rastra por los próximos dos o tres años.

Si verdaderamente queremos mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables, necesitamos esta información.

Sobre el ámbito de los profesores, varios lo han dicho acá: no es necesario, porque por fuerza mayor, no por la buena voluntad del sostenedor, los profesores pueden solicitarlo. Siempre ha sido así.

Entonces, esta idea de suspender todas las evaluaciones más bien obedece a la lógica de que hay algunos a quienes no les gustan las evaluaciones; pero eso es dejar a ciegas a los apoderados y a las comunidades educativas. Es una muy mala idea hacerlo en mitad de la pandemia.

Repito que podemos hablar sobre las consecuencias de dichas iniciativas: las consecuencias del Simce, las consecuencias de la evaluación, y, por supuesto, esas tienen que ser cambiadas.

Alguien decía acá que un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, tiene que tener un tratamiento específico. Por supuesto. Pero en este caso ni siquiera quieren que se sepa cuál es el tratamiento. Ni siquiera quieren hacer la biopsia ni saber si el paciente se encuentra en estado febril. Cómo se puede hacer un adecuado tratamiento dados los efectos de la pandemia.

Yo llamo a la Cámara de Diputados a votar en contra este proyecto de ley, que pretende dejar a ciegas a las comunidades educativas e impedir hacer políticas educativas basadas en la evidencia en favor de los sectores más vulnerables.

Reitero que es un Simce muestral que no tiene consecuencias. En cuanto a los profesores, ya pueden suspender la evaluación docente, porque la existencia de fuerza mayor así lo permite.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, “¡Te lo dije!”. Muchas veces mi mamá me dijo: “¡Te lo dije!”. Es muy pesado escuchar esto y muy pesado repetirlo, pero en muchos casos no queda otra.

Hace poco más de un mes, el Presidente Piñera insistía en que los alumnos deberían volver a clases. ¿Se imaginan el desastre que hubiera ocurrido y la mayor cantidad de contagios que tendríamos? Pero el Presidente insistía en que eso era lo correcto. La presión social lo obligó a echar pié atrás. Junto con toda la gente de la plaza de la Dignidad le habríamos dicho: “¡Te lo dijimos!”.

Y entremedio de todo esto, también me dijeron que podía ir a tomar un cafecito y que se abriría el centro comercial Apumanque . Y les dijimos: “¡Error!”. Hasta que quedó la escoba con los contagios. Les dijimos que no era lo correcto. Sí, la presión social lo obligó a echar pie atrás. Y de nuevo tuvimos que decir: “¡Les dijimos!”. Se lo dijimos a Lavín. ¡Qué pesados somos!

Pero aun así el entonces ministro Mañalich dijo: “No podíamos prever la catástrofe”. ¡Pero cómo! ¡Si la Presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches , se lo dijo bien clarito! Lo dijimos de nuevo y la presión social los obligó nuevamente. ¡Qué pesados somos!

Y recientemente, la excelente periodista Alejandra Matus sencillamente comparó las cifras del Registro Civil con las del Ministerio de Salud, ¡y no calzaban! ¿Y qué dijeron? Que eran noticias falsas o fake news. Pero de nuevo la comunidad científica, alrededor de 1.500 especialistas, indicaron que las cifras estaban mal o que alguien nos estaba tratando de engañar. ¡Se lo dijimos! Somos muy pesados. Pero el ministro Mañalich y el Presidente insistían, hasta que tuvieron que reconocer que algunas cifras eran para el país y otras para la OMS.

Estuvimos un mes diciendo que no se podía hacer el Simce; lo dijo el Colegio de Profesores. El gobierno de nuevo insiste en hacerlo a como dé lugar. No, se lo estamos diciendo. No queremos decirles a ustedes después: “¡Se lo dijimos!”, así como mi mamá durante mucho tiempo me dijo: “Hijo, te lo dije”.

¡Se lo dijimos aquí en el Congreso, señor ministro de Educación!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, el año escolar 2020 es completamente excepcional y anormal. Las comunidades educativas se han visto inmersas en un difícil proceso de adaptación a la contingencia. No reconocer ni valorar ese esfuerzo sería cruel.

Este proyecto de suspensión del Simce y de la evaluación docente se enmarca dentro de una idea muy simple, cual es que en esta situación carece de sentido realizar esas pruebas, en cualquier versión. Es inútil realizar el Simce y la evaluación docente, pues ambas evaluaciones generan un alto nivel de estrés tanto en los estudiantes como en las profesoras y los profesores, en los directivos de establecimientos educacionales y en las familias. En un contexto tan delicado como este, donde abundan las incertezas, no podemos permitirnos sobrecargar todavía más a las comunidades educativas. Esa no es la prioridad.

Además de la inutilidad de tomar esas pruebas en esta situación, y de que el dinero que se utiliza para ello, que son varios miles de millones de pesos, podría destinarse a otros asuntos más prioritarios, hay otro punto que poner sobre la mesa y que me parece más relevante:

El gobierno no quiere suspender el Simce. En contraparte, el Ministerio y la Agencia de Calidad de la Educación han señalado que no habrá consecuencias, y lo repiten sin cesar. Ahora suma el ministro que será muestral.

Las consecuencias del Simce incluyen los bonos a docentes y el financiamiento de la subvención escolar preferencial (SEP), como también la ordenación, la categorización y el posible cierre de escuelas, todas materias de discusión legislativa.

Señor Presidente, por su intermedio quiero manifestar al ministro que las consecuencias del Simce están reguladas por la ley N° 19.410, del Sistema de Evaluación de Desempeño, la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, y la ley N° 20.529, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. ¿Cómo les vamos a creer que el Simce no va a tener consecuencias si todavía no se presentan cambios legislativos al respecto? Y, ¡ojo!, la insistencia en que el Simce sea diagnóstico no es nueva, pues también ocurrió durante 2019, a raíz de la revuelta social. En ese momento, la entonces ministra Cubillos y Daniel Rodríguez , secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señalaron que el Simce iba a ser flexible y que no iba a tener consecuencias. Se cuadraron con el discurso de que el Simce iba a ser distinto durante 2019, pero no plantearon ningún cambio legislativo. Además, cuando se le preguntó a la Agencia de Calidad de la Educación, vía oficio, qué sucedería al respeto, dicha entidad señaló: “Por consiguiente, en principio, la Agencia se encuentra obligada a dar cumplimiento al mandato legal de aplicar las subvenciones previstas en el Plan Nacional de Evaluaciones y a dar continuidad al proceso anual de ordenación de establecimientos”. Es decir, cuando se le preguntó a la Agencia, ella insistió en que tienen que aplicar las consecuencias de todos modos, porque las consecuencias están establecidas en la ley. Y mientras no se presente un cambio legislativo por parte del gobierno, esas consecuencias van a seguir existiendo.

Por lo tanto, no se hicieron los cambios para la promesa de 2019, ni se han presentado los cambios para lo que se está prometiendo actualmente. Las consecuencias del Simce no dependen de la buena voluntad ni de los anuncios.

En consecuencia, hay que aprobar este proyecto y suspender el Simce. Esa es la única garantía para que esa prueba no se realice.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Santana Castillo .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, El Corral es una localidad rural ubicada en el valle de San Félix, comuna de Alto del Carmen. Se trata de una localidad rural como tantas otras a nivel nacional que tienen dificultades con el acceso a internet para todos sus estudiantes y comunidades escolares.

La prueba Simce que se aplica todos los años a alumnos de segundo, cuarto, sexto y octavo básicos, que mide diversas materias, busca dar cuenta de logros en el aprendizaje y, a base de ello, clasificar a los establecimientos según los puntajes obtenidos.

Durante muchos años esta prueba ha sido objeto de crítica, dado que ha mostrado no tener efectos positivos sobre la calidad e igualdad educativa. Muy por el contrario, ha resultado ser una herramienta de segregación y agobio para las comunidades escolares.

Los profesores son sometidos a un programa de evaluación del trabajo en el aula que tiene efectos directos sobre su continuidad laboral, lo que ciertamente genera estrés y sobrecarga en el profesorado, que además debe planificar clases, preparar material pedagógico y elaborar y revisar pruebas de conocimiento. Para ser bien realista, atendidas las circunstancias actuales, muchos de ellos no cuentan con lugares apropiados para trabajar o deben dedicar tiempo al cuidado de su familia e hijos.

Claramente, más allá del avance curricular o de la aplicación de evaluaciones, la responsabilidad de las autoridades está en proteger la integridad física y psicológica de los alumnos y docentes.

Por eso, pensamos que el gobierno no se puede cerrar en la convicción de que el sistema educacional debe permanecer inalterado, porque es algo imposible de cumplir, y, además, porque elude las recomendaciones de la Mesa Social Covid-19 y de otros expertos que también han manifestado una opinión contraria sobre el tema.

Es más, el presupuesto para la aplicación del Simce 2020 podría ser destinado a otros fines, como la compra de insumos médicos para el personal de salud u otras urgencias; lo mismo para el caso de la evaluación docente. Se ha hecho en otras reparticiones públicas: se han ajustado los presupuestos. Entonces, me pregunto por qué en este caso tan evidente no se podría tomar el mismo criterio.

Desde la oposición hemos sido claros en que no nos oponemos a que existan evaluaciones. Incluso, podemos dejar la discusión de fondo sobre cómo evaluamos o medimos los aprendizajes para un proyecto más largo; pero hoy debemos enfocarnos en las comunidades escolares que se han visto sometidas a tremendas dificultades para llevar adelante un año escolar y en descomprimir -insistoel agobio en los docentes y el estrés en los estudiantes.

Por ello, por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir claridad absoluta al ministro Figueroa . Me acaba de llegar una información proveniente de la Agencia de Calidad de la Educación, que indica la suspensión del Simce y que en su lugar se aplicará una evaluación muestral, que no es lo mismo que un Simce muestral. Según entiendo, para que el Simce tenga ese carácter se debe presentar un proyecto de ley; no puede ser por decreto. De hecho, esta moción, que hoy defendemos, es la única iniciativa de ley que se hace cargo del problema. ¿Acaso se trata de una estrategia para bajar el proyecto, para dilatarlo o para confundir? Por su intermedio, Presidente, le pido al ministro mayor claridad y menos confusión al respecto.

Actualmente, el Estado de Chile gasta cerca de 30.000 millones de pesos en la realización del Simce y de la evaluación docente, los que son licitados a empresas privadas. Tal como dijo el presidente del Colegio de Profesores en su exposición ante la Comisión de Educación, solo con el ahorro de la prueba Simce podrían entregarse, por tres meses, 200.000 pesos a 50.000 de los estudiantes más vulnerables, 713.000 canastas de alimentos de 30.000 pesos cada una y 57.000 salarios mínimos.

Finalmente, junto con este proyecto de ley, con otros parlamentarios y organizaciones vinculadas con la educación hemos hecho pública una declaración sobre las inoportunas decisiones del ministro Figueroa . Sin perjuicio de eso, continuaremos realizando acciones que tengan por objeto revertir determinaciones que consideramos apresuradas y que responden a criterios económicos, y no pedagógicos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter Etcheberry .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, por nuestra condición de detractores históricos de las pruebas estandarizadas y del efecto que generan en nuestro sistema educacional, nos están acusando de que queremos legislar una cosa por otra. Es efectivo que somos detractores históricos de los efectos de estas pruebas, pero lo que no es cierto ni lógico es sostener que aquello sirve como argumento para considerar que es una forma eficiente de utilizar los recursos del Estado y los recursos pedagógicos en las pruebas estandarizadas en este contexto.

¿Por qué? Porque la pandemia vuelve más crudas y más profundas las mismas críticas históricas que se han tenido sobre estas pruebas, pero en un contexto de agudización. A modo de ejemplo, en mi distrito hay docentes que están haciendo guardia en las noches para evitar que entren a robar a las escuelas. Hay docentes que, arriesgando su salud y su vida, están asistiendo a hogares que no tienen acceso a internet para repartir guías o comprobar que los estudiantes se estén alimentando correctamente. ¿Va a medir eso la evaluación docente? No. Por el contrario, la evaluación docente hará que el profesor deje de hacer eso para preparar su evaluación, en vez de lo primordial, que es educar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Andrés Molina Magofke .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, como usted sabe, soy de la Región de La Araucanía, la cual exhibe el mayor grado de vulnerabilidad. Por su principal característica, la ruralidad, tenemos más de 1.200 escuelas, de las cuales, más de 200 son escuelas unidocentes, principalmente en el campo. En general, estas ofrecen una educación muy deficiente, pero hay excepciones, entre las que destacan algunos profesores unidocentes, quienes con mucho esfuerzo y vocación logran que jóvenes lleguen a la educación superior. Sin embargo, hay comunas en las que ni un solo niño llega a la universidad.

Hay casos de comunas que realmente dan una pena. Por lo tanto, cuando la izquierda dice que las evaluaciones no son buenas, que les hacemos daño a los profesores, que les hacemos daño a los alumnos y que solo hay que considerar las características locales, es decir, las distintas condiciones que no tienen relación con lenguaje, matemáticas o con ninguna de las ciencias básicas necesarias para desarrollarse, al final se le hace un daño enorme.

¿Qué pretenden aquellos que dicen que habrá consecuencias? ¿Quieren que no haya consecuencias? ¿Esperan que se siga educando a los niños para llevarlos a la situación de hoy, en que no tienen ninguna oportunidad de desarrollo? Si el Simce será muestral, probablemente se podrá demostrar que sigue habiendo deficiencias en comparación con la evaluación realizada el año pasado.

Por lo tanto, con mayor razón tendremos que llevar a cabo mayores esfuerzos, sobre todo si, además, se compromete que no habrá consecuencias este año. No obstante, me gustaría que sí las hubiese, porque estamos viendo la realidad de algunos profesores, pero no nos estamos preocupando de los niños, en circunstancias de que eso es justamente lo que hace la diferencia entre sacar o no adelante el tremendo desafío que tenemos.

¡Digámoslo! Este proyecto es una buena manera -en el camino que quieren algunosde cerrar los ojos y de no medir nada porque, según ellos, lo importante es el cariño, las relaciones y evitar afectar psicológicamente a los estudiantes. Todo lo anterior es más importante que medir la calidad, porque, según algunos, los niños serán sometidos a una situación que les puede traer consecuencias el día de mañana.

Lo planteado me parece realmente preocupante, porque lo que se está haciendo es entregar a nuestros niños una educación paupérrima, además de que en muchos casos se les coloca nota 6,5 o 7,0, haciéndoles creer a esos pobres niños que podrán llegar a ser médicos o ingenieros, en circunstancias de que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la universidad.

El daño es inmenso; dejemos de escondernos detrás de una situación que es realmente tremenda, y acá, en la Araucanía, es doblemente tremenda.

Por eso, nosotros estamos a favor de que se haga una evaluación muestral, sin consecuencias, este año.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Esteban Velásquez Núñez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, soy partidario de las evaluaciones, porque creo que todos los procesos sociales tienen que evaluarse. Sin duda que en cada una de nuestras intervenciones cada uno coloca su mirada y sus principios respecto del concepto que tenemos de educación y, a partir de eso, elaboramos nuestros argumentos. No obstante, estamos en una situación distinta, complicada y especial, y en algunas regiones, como la de Antofagasta, particularmente en la comuna de Calama, la situación es tremendamente compleja.

Entonces, cuando escucho decir al ministro que la evaluación tendrá un efecto diagnóstico, parece una excusa, una respuesta. O sea, vamos a fijarnos en el efecto de la pandemia sobre el aprendizaje de los alumnos. Entonces, comencemos a evaluar el efecto de las desigualdades sociales y de la mala nutrición en el aprendizaje.

No busquemos el acomodo ni las excusas para dar respuesta de lo que creemos o no desde la mirada de los gobiernos. La mirada del ministro Figueroa es la mirada de su gobierno, y se respeta, porque fue elegido democráticamente, pero no digamos cuestiones que no van al fondo de la materia que se pretender abordar.

Esta es una oportunidad para pensar sobre cuál es el sentido que tiene hoy la educación en Chile y sobre el tipo de alumno y de estudiante que estamos formando, así como del que esperamos formar pospandemia.

Todos estamos de acuerdo con los llamados que ha hecho el gobierno para quedarse en casa y confinarse, pero es impensable pretender que un ciudadano tenga esa conducta si en treinta años ha sido formado en una cultura individualista, egoísta, en la cual se le ha enseñado a preocuparse solo de él. No obstante, hoy le pedimos que se preocupe de su familia y de su entorno, porque su autocuidado protegerá a los demás. Creo que esta es una buena ocasión para pensar en los principios rectores que acogerá el nuevo Chile, y no para esto, que me parece que es solo una excusa del gobierno para responder a una propuesta seria que se le ha presentado al Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, la discusión relativa al Simce y a la forma de evaluar los procesos de aprendizaje es legítima, pero, evidentemente, no es el momento de abordar ese tema, toda vez que se trata de un proyecto de ley que no tiene ningún sentido, dadas las decisiones que ha adoptado el ministro de Educación y que ha confirmado durante esta sesión.

En primer lugar, los profesores no están obligados a ser evaluados. En la práctica, la evaluación docente está sujeta a la decisión de aquellos que quieran participar en ella.

En segundo término, respecto del Simce, el Ministerio de Educación manifestó desde un principio que se iban a evaluar fundamentalmente las brechas que se pudieran haber acentuado o manifestado producto de la pandemia y que se iba a hacer una evaluación totalmente distinta de la habitual. A mayor abundamiento, hoy el ministro ha confirmado que se hará una evaluación muestral, con lo cual -dicho sea de pasose despeja una inquietud que planteó la diputadaCamila Rojas, porque, al tener ese carácter, no será necesario hacer ningún cambio legislativo para evitar que dicha evaluación tenga consecuencias para los niños y para los establecimientos.

En cambio, en caso de que se prohíba la evaluación, una consecuencia necesaria será que se perderá la posibilidad de que el Ministerio de Educación pueda focalizar sus esfuerzos en aquellos establecimientos en que las evaluaciones demuestren que se han producido mayores brechas o problemas.

¿Cómo no va a ser importante conocer el comportamiento que ha tenido la modalidad de educación a distancia y las brechas que puedan existir en comunas con más o con menos acceso a internet? Obviamente, el Simce mide y evidencia las diferencias sociales y económicas, como manifestó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra. ¿Cómo no va a ser importante verificar cómo se comportan esas diferencias y brechas en las circunstancias difíciles que estamos pasando?

Tal como en su momento se anunció el eventual retorno a clases, en que siempre se señaló que iba a ser paulatino y gradual, y no de carácter generalizado, como se ha dicho en algunas intervenciones, el ministro de Educación ha señalado desde un principio que las evaluaciones estarán sujetas a las posibilidades reales, de acuerdo a la situación sanitaria que se esté viviendo.

En consecuencia, no veo el sentido de privar a la autoridad de educación de la posibilidad de efectuar tales mediciones, con todas las limitaciones y garantías que ha ofrecido el ministro, y en especial si esa información sería útil para la toma de decisiones del propio ministerio para ir en ayuda de los establecimientos en que la pandemia haya producido efectos más negativos que aquellos que se pudiesen haber producido a raíz de las diferencias sociales y económicas, que ya se han analizado en el curso de este debate.

Entonces, me parece que este proyecto de ley no tiene sentido, teniendo en cuenta que los profesores pueden abstenerse de concurrir a la evaluación docente o concurrir voluntariamente si quieren hacerlo.

Tampoco tiene sentido si se considera que el Simce no va a ser una prueba estandarizada, con todas las consecuencias negativas que advierten en ella sus detractores, sino que será una evaluación muestral, acotada a medir brechas que se puedan haber agudizado o acentuado como producto de la pandemia, para tener continuidad en las mediciones que hacen posibles las políticas públicas en educación.

En consecuencia, esta iniciativa de ley, además de ser inconstitucional, como ya mencionó el diputado Hugo Rey , es innecesaria, inoportuna y tiene que ver más con la agenda de quienes legítimamente están en contra del Simce y de las evaluaciones que con una solución efectiva para el momento que estamos viviendo producto de la pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde pronunciarse sobre las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otras medidas preventivas dispuestas por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos base por bancada, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 9 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las enmiendas del Senado. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER (vía telemática).-

Señor Presidente, a mi juicio, el Senado ha mejorado este proyecto de ley que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados para sancionar la inobservancia del aislamiento y otras medidas preventivas relacionadas con la cuarentena, iniciado en mociones de distintos diputados.

Muchas de las enmiendas del Senado hacen que esta iniciativa sea más garantista y suaviza sus normas.

En ese sentido, creo que la mejor enmienda que ha propuesto el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados es aquella que establece que, preferentemente, se sustituyan las penas privativas de libertad asignadas a todos estos delitos -me refiero a los artículos 318, 318 bis y 318 ter del Código Penal- por la de trabajos comunitarios, lo cual me parece bien.

En el artículo 318 se establecen sanciones importantes para el incumplimiento de las medidas sanitarias, y siempre existe la posibilidad de sustituir las penas por trabajos comunitarios, porque, independientemente de todas las condiciones que estamos generando a través del acuerdo por el ingreso familiar de emergencia para que las personas permanezcan en sus casas junto a sus familias, quienes creemos en una sociedad de derechos y deberes consideramos que es muy importante que exista una sanción ante el incumplimiento de las normas.

Sé que se ha discutido mucho la modificación propuesta por el Senado al artículo 318 bis, mediante la cual se establece una pena que podría llegar hasta cinco años de presidio, pero no solo en ese caso -siempre se puede sustituir la pena privativa de libertad por trabajos comunitarios-, sino que, en ese caso, existe una sanción para quien, a sabiendas, genere riesgo para el resto de la población.

Obviamente, si a una persona se le ha diagnosticado un contagio de covid-19 y sale a la calle imprudentemente, y de esa manera expone al riesgo de contagio al resto de la población, debe recibir una sanción mayor a la de un mero incumplimiento. No obstante, aun en ese caso se puede sustituir la pena por la de trabajos comunitarios.

También considero acertado que el Senado haya insistido en establecer un agravante de responsabilidad penal para el empleador que exponga a sus trabajadores y para quien organice eventos o espectáculos masivos, lo que se traduce en una multa que parte en 6 UTM.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados habíamos establecido que la aplicación de la multa y de la pena eran sanciones copulativas, pero el Senado, en cambio, las establece como alternativas. Desde ese punto de vista, el proyecto del Senado es más garantista.

Asimismo, se establece el procedimiento monitorio para las multas de 6 UTM. Claramente, en esos casos no habrá pena privativa de libertad efectiva.

Insisto, siempre se podrá establecer la pena alternativa de trabajos comunitarios, pero me parece bien que la población tenga conciencia de que debe cumplir las medidas de aislamiento.

Obviamente, estamos generando las condiciones para que las familias permanezcan en sus hogares, pero, ante la situación de contagio que tenemos, es fundamental aprobar este proyecto hoy y dar una señal contundente al respecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, en forma telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señora Presidenta, la primera consideración que quiero hacer es que nada de lo que estamos discutiendo sería necesario si la autoridad sanitaria hubiese tenido un mensaje claro para que la población tomara conciencia de los riesgos y de los peligros que se contraen en esta pandemia. Según la prensa, la cifra de detenidos por delitos contra la salud pública es, al menos hasta ayer, de casi 100.000 personas.

Efectivamente, es necesario lograr un efecto disuasivo en la ciudadanía mediante el agravamiento de sanciones, pero mi pregunta es si vamos por el camino correcto. De aplicarse la norma, con las modificaciones del Senado, ¿qué pasaría? Doy un ejemplo concreto: una mujer de treinta años, diagnosticada con coronavirus, con tres hijos que alimentar, debe cumplir con su cuarentena, por lo cual no puede salir a trabajar ni menos a abastecerse de alimentos. Por ello, de salir, se arriesga a una pena que va -¡ojo!de quinientos cuarenta y un días a cinco años. Pero no es todo: va a la cárcel y, además, debe pagar una multa que va desde 1.250.000 pesos a 12.593.000 pesos.

En cambio, en el mismo artículo se expresa que las empresas que ordenen a sus trabajadores concurrir a su lugar de trabajo arriesgan una pena bastante más baja, que va desde los sesenta y un días a los tres años, y una multa que va de 503.000 pesos a 10.074.000 pesos.

¿Dónde está la proporcionalidad de la pena? ¿Cómo es posible que los sectores más precarios, que están dejados a su suerte, que están enfermos, asustados y desesperados, tengan que sufrir un mayor rigor de la ley que aquel empresario que toma una decisión en provecho propio, arriesgando no a cientos, sino a miles de trabajadores? Me pregunto ¿es racional llenar aún más las cárceles?

¿Es correcto que ante la situación de pandemia que estamos viviendo se traslade la responsabilidad del descontrol de la propagación a una señora que no puede quedarse en su casa y, además, no cuenta con una licencia médica? ¿Es correcto que traspasemos la evaluación y el riesgo al ciudadano, en circunstancias de que a quien le corresponde es a la autoridad sanitaria? ¿Es correcto que la solución sea multar a una señora que espera recibir un ingreso familiar de emergencia por un monto de cien lucas? ¡No, pues, no lo es!

En consecuencia, solicito votación separada del artículo 1, letra a), de manera de posibilitar que las personas puedan pagar una multa de 6 UTM -alrededor de ochocientas lucaso cumplir una pena.

Recordemos que la mayoría de los infractores están en una situación precaria; si contaran con ese capital, no saldrían a infringir la norma y exponerse al contagio. El resultado obvio, de aplicarse dicha norma, es que abultarán la población penal y se expondrán al riesgo de enfermarse.

Por otro lado, tampoco suena racional que llenemos los juzgados con causas de esta naturaleza, porque finalmente todos van a querer pedir la conmutación de la pena por trabajo comunitario.

Sugiero que pensemos en un mecanismo abreviado y realista. Por eso pedimos, además, votación separada del artículo 1, número 2, que incorpora los artículos 318 bis y 318 ter al Código Penal, para garantizar la proporcionalidad de las penas. Esto lo podemos mejorar.

Por último, llamo a votar en contra las modificaciones propuestas por el Senado en esas dos votaciones que estoy pidiendo hacer de manera separada, porque se puede mejorar, ya que el texto que se propone atenta contra el principio de proporcionalidad de la pena. Me parece insensato avalar que sea la ciudadanía quien pague por las omisiones, inconsistencias y errores de la autoridad sanitaria.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Se considerará su petición de votación separada, señora diputada, pero le informo que el diputado Ascencio ya solicitó por escrito votación separada de ese mismo numeral.

Tiene la palabra, hasta por 4 minutos y 45 segundos, la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-

Señora Presidenta, en el mismo sentido en que lo hizo la diputada Andrea Parra , el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados solo se refería a un aumento de penas asignadas a un delito ya tipificado en el Código Penal, en su artículo 318. En este caso, se aumentaban tanto las penas privativas de libertad como las multas, sin que ese solo hecho garantice la modificación per se de la conducta que se quiere reprimir.

En ese sentido, las modificaciones introducidas por el Senado van mucho más allá y aumentan notoria y significativamente las penas de multas como las privativas de libertad. Solo si el Ministerio Público solicita multas de 6 unidades tributarias mensuales se aplica el procedimiento monitorio; de lo contrario, se aplica un procedimiento simplificado, lo cual equivale a ir a juicio. Y debemos recordar que el derecho penal es la última herramienta a utilizar para obtener resultados.

Aquí se aprecia, tal como dijo la diputada Andrea Parra , una transgresión flagrante al principio de proporcionalidad. Se castiga el simple hecho de salir. Todos sabemos que hoy la gente, en los espacios más vulnerados de nuestra población, sale porque debe trabajar para vivir.

Si este proyecto pretende proteger a la ciudadanía, estaríamos haciendo todo lo contrario, puesto que estaríamos aumentando el nivel de penas corporales y aumentando la congestión y el colapso de los recintos carcelarios, tal como lo ha hecho presente, por lo demás, en su reciente intervención, el ministro de Justicia, señor Hernán Larraín .

Por último, las modificaciones respecto al cumplimiento alternativo de la pena y de la suspensión condicional a través de la prestación de servicios comunitarios -¡ojo!-parecen buenas alternativas de cumplimiento, pero presentan, al menos, dos problemas. En primer lugar, el apoyo de esta norma se asocia, necesariamente, a la aprobación de la norma que sube las penas, y en segundo lugar, no se establecen parámetros ni condiciones mínimas para que estos servicios que se prestan sean realmente útiles y no constituyan un problema en sí mismos, en relación con las medidas sanitarias dictadas por la autoridad.

Este es un proyecto sin sentido, pues significa sobrecargar al Poder Judicial con un número importante de audiencias, y al sistema penitenciario con nuevos y numerosos presos que serán empujados a un contagio seguro.

Las modificaciones introducidas por el Senado son una forma de ocultar la responsabilidad del gobierno en el descontrol de la pandemia. En un contexto de abandono económico de las familias chilenas, de manipulación de las cifras de contagiados y de fallecidos, plantear como gran solución llenar las cárceles de infractores es un despropósito y es un camino insensato. Significa traspasar la responsabilidad del descontrol de la pandemia al ciudadano de a pie, en circunstancias de que es el Estado, como todos sabemos, el que debe garantizar la no propagación a través de herramientas adecuadas. Es desviar la atención de los efectos de la negligencia temeraria de un gobierno que prefirió sacrificar la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país para salvar la economía, pero fracasó en ambos objetivos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por 2 minutos y 34 segundos, el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señora Presidenta, hoy tenemos 220.000 contagiados detectados por PCR y, obviamente, muchos más no detectados; 3.615 fallecidos, aunque, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, son más de 5.000.

¿Cómo llegamos a esto? Hemos hablado muchas veces en la Sala de cómo llegamos a esto, pero hoy la misión es otra. Estamos en una situación grave; tenemos más de 200 fallecidos diarios y alrededor de 1.500 pacientes con ventilación mecánica. Por eso, hoy es tan necesario tomar todas las medidas de control de salud pública y observar las indicaciones de la autoridad sanitaria en caso de epidemia.

Este proyecto pretende sancionar a quienes no cumplen el aislamiento y las medidas de prevención dispuestas por la autoridad sanitaria. Sin embargo -es algo que se ha mencionado acá-, no estoy de acuerdo con que el proyecto termine sancionando a personas que no pueden pagar, porque la conmutabilidad de la pena finalmente hace que los que puedan pagar salgan en libertad y los que no puedan hacerlo vayan a la cárcel.

Muchos diputados hemos pedido votación separada respecto de esa situación. El proyecto está muy bien inspirado; se debe sancionar a quienes no observan las medidas sanitarias impuestas, pero no puede terminar afectando a las personas más sencillas.

Lamentablemente, el ministro que acaba de llegar recibió el país en el estado que conocemos. Lo que debemos hacer es trabajar en conjunto para disminuir la movilidad, de modo de confinar a las personas sospechosas de estar infectadas y enfermas.

Insisto: es muy importante que los sospechosos y los enfermos por coronavirus estén confinados de forma estricta, pero el camino no es sancionar a unos y no a otros, y que ello esté entregado a la discrecionalidad de los tribunales. Por eso, pedimos votación separada de varios artículos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma Álamos .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, este proyecto es uno de los más relevantes en materia de control de aquellas personas que se han hecho los exámenes y saben que están contagiadas, y a pesar de ello insisten en salir a la calle, o salen de su casa sin pedir ningún tipo de autorización.

Quienes hemos estado en terreno nos hemos dado cuenta de la angustia que viven miles de personas que nos dicen que llevan semanas en cuarentena, meses encerradas en su casa, pero ven cómo otros simplemente salen sin permiso, sin autorización. Incluso, algunos lo hacen sabiendo que están contagiados.

Ese es el sentido más profundo del proyecto: demostrar que cambió la mano, que no vamos a seguir tolerando cómo a una persona la detienen por quinta vez en plaza Italia no obstante que dio positivo para covid-19. Tampoco seguiremos viendo a personas que son detenidas por tercera vez sin haber pedido salvoconducto.

El proyecto busca principalmente endurecer las penas, las que llegan incluso a la de cárcel para aquellos incumplidores que, pese a saber que están contagiados por coronavirus, salen a contagiar a otros. Esas personas no solo ponen en riesgo su vida, sino la de otras, lo cual es grave.

Además, aumentan muchísimo las multas. Hablamos de multas de hasta 250 unidades tributarias mensuales, cantidad importante. Es una multa que duele. El objetivo es que la gente se dé cuenta de que salir en cuarentena o cuando hay toque de queda es grave.

Lamentablemente, estamos perdiendo parte de la pelea porque muchas personas siguen saliendo a la calle como si nada hubiese ocurrido.

Por eso, debemos valorar que haya pena de cárcel para los incumplidores y que haya penas durísimas de cárcel y económicas para quienes están a cargo de trabajadores y los obligan a asistir a sus labores una vez decretada una cuarentena o cuando existe riesgo de estar infectados por coronavirus. Creemos que es fundamental que esas personas la pasen mal.

Por otro lado, se ha valorado mucho la indicación que establece que se podrán hacer trabajos comunitarios. Honestamente, hubiese esperado que para los reincidentes, para aquellos a quienes pillan dos, tres, cinco o diez veces en la calle y que además están contagiados, no hubiera preferencia para que cumplan trabajos comunitarios, sino cárcel, para que entiendan que están poniendo en riesgo la vida de decenas o centenas de personas.

Todos hemos visto con tristeza los números, la cantidad de contagiados y de fallecidos. Por eso, debemos aplicar el máximo rigor de la ley a los infractores.

Para terminar, quiero señalar que lamento profundamente que una vez más el Frente Amplio se niegue a endurecer las penas contra los incumplidores que salen a la calle y contra los que, a pesar de que saben que están contagiados por coronavirus, siguen haciendo una vida normal.

Si queremos comenzar a enfrentar la pandemia de forma clara, lo primero que debemos hacer es aumentar y endurecer las sanciones. Sin embargo -repito-, una vez más el Frente Amplio y el Partido Comunista no están dispuestos a endurecer la mano. Eso es una demostración de que dicen mucho respecto de que hay que enfrentar esta pandemia, pero que toman pocas medidas prácticas para resolverla.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, la propagación de la pandemia es un hecho grave y el incumplimiento de las medidas sanitarias que ha adoptado la autoridad sanitaria es claro. Sin embargo, deberíamos hacer las siguientes preguntas al interior de la Cámara.: ¿Es el derecho penal la herramienta efectiva para solucionar los problemas que se suscitan como consecuencia de la pandemia? ¿Es el derecho penal, que tradicionalmente es de ultima ratio, la herramienta que solucionará esta problemática?

Digamos las cosas como son: muchas veces este problema se debe a que muchas familias en nuestro país no tienen los elementos necesarios para dar cumplimiento a la cuarentena, y muchas veces, también, se debe a que los mensajes y las políticas adoptadas por el Ejecutivo no han sido suficientes para ayudar a que las familias chilenas efectivamente se queden dentro de su casa. Sin embargo, todos estamos de acuerdo con que aquellos irresponsables delincuentes que incumplen la normativa requieren algún tipo de sanción.

Respecto del proyecto en particular tengo varias observaciones.

Efectivamente, el texto despachado por el Senado es más garantista que el elaborado en la Cámara de Diputados, pero sigue presentando una serie de problemas.

Primero, existen problemas respecto de la descripción de la figura penal, toda vez que se establece que la tipicidad, el tipo penal, quedará establecido por una norma infralegal, cuestión que me parece sumamente grave y que necesariamente debemos atender. En este caso particular, haré reserva de constitucionalidad.

Segundo, respecto de la compatibilidad de las sanciones también existe un problema. El texto original de la Cámara de Diputados señalaba expresamente que se permitía y eran compatibles las sanciones que hoy aplica la autoridad sanitaria con la norma penal, pero el Senado eliminó esa materia.

Acá se ha señalado con mucha fuerza que se van a aplicar normas más duras. Por su intermedio, señor Presidente, le recuerdo al diputado Coloma que el artículo 318 bis establece una figura privilegiada que ya se encuentra sancionada por el artículo 316. Respecto de la figura de propagación de elementos patógenos la norma que hoy votaremos es inferior a la norma que debería aplicarse.

Finalmente, quiero señalar que junto con otros diputados hemos solicitado votación separada de varios artículos que creemos que no corresponden. Necesariamente, debemos mejorar la fiscalización y el control, pero, en particular, debemos dar soluciones reales y efectivas a la población chilena para hacer…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, sé que iniciativas como esta no cuentan con un apoyo transversal, y eso lo hemos escuchado. Pero los invito a aprobar este proyecto en el contexto que estamos viviendo, no solo como país, sino a nivel mundial, con un virus desconocido y muy contagioso, que ha matado y sigue matando a miles de personas en distintos países, incluso en países desarrollados.

Combatir esta pandemia es trabajo de todos. El gobierno comenzó a prepararse desde enero y nosotros, la llamada clase política, hemos logrado dialogar y ponernos de acuerdo para que las iniciativas que se requieren salgan a la luz, para que miles de chilenos hagan lo suyo: acatar las normas, aislándose en sus hogares con mucho esfuerzo.

Sin embargo, nunca faltan los rebeldes; esos que desafían a la autoridad solo por desafiarla. Por ellos también había que dar un paso, porque si no entienden a la buena, tendrán que entender a la mala, incluidos aquellos que se creen intocables y que no solo infringen las normas, sino que además agreden a quienes les recuerdan, por ejemplo, que deben usar mascarilla en un espacio público, como sucedió hace algunos días en La Reina, donde un hombre recibió una golpiza de parte de unos jóvenes por haberles exigido el uso de la mascarilla.

¿Cómo los enfrentaremos? Los sancionaremos con penas mayores cuando infrinjan las normas y expongan a esos millones de chilenos que se suman a esta labor, sobre todo a esos chilenos que no lo están pasando bien, los que se quedaron sin empleo, los que vieron disminuidos considerablemente sus ingresos, los que viven en la vulnerabilidad y el hacinamiento, que hoy les dificulta aún más cumplir con el aislamiento social, pero que, a pesar de eso, respetan la vida propia y la de los demás, y saben que mientras antes se controle la pandemia, antes podremos empezar a trabajar como país para ponernos de pie.

Este proyecto de ley busca sancionar con mayor severidad a esos privilegiados que, por ejemplo, toman un helicóptero y, sin importarles nada, se trasladan de una ciudad a otra, vulnerando todos los controles a los que estamos sometidos la mayoría de los chilenos; a quienes organizan fiestas, que hemos visto en los medios de comunicación, porque esas grandes fiestas no se registran en los barrios humildes; a quienes circulan sin mascarilla solo por rebeldía, por desafiar la norma y por sentirse intocables. La mayoría está haciendo un esfuerzo, y yo aplaudo eso.

En resumen, el proyecto considera agravante las realizaciones de eventos, por lo que se transforma la contravención en un delito calificado. Además, permite actualizar la responsabilidad y, lo más importante, regula las penas sustitutivas.

Por tanto, con mucha fuerza, llamo a aprobar estos proyectos de ley que nacieron aquí en la Cámara de Diputados. Soy uno de los firmantes de una de las mociones que se refundieron y creo que es importante…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Informo a la Sala que aproximadamente a las 14:15 horas vamos a votar los proyectos que han estado en discusión durante esta mañana, para después proseguir con la discusión del proyecto de ley sobre el ingreso familiar de emergencia.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric Font .

El señor BORIC (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy, en una comunicación pública, el ministro Alberto Espina señaló que quien infrinja va a pagar con cárcel, porque no hay otra alternativa que pagar con cárcel.

Esta lógica de criminalizar la pobreza y la necesidad es un profundo error que trasunta en este proyecto, y lo digo con mucha responsabilidad, porque lo discutimos latamente en la comisión. Si bien hay ciertas conductas que deben ser sancionadas, como, por ejemplo, de empleadores inescrupulosos que obligan a sus trabajadores a asistir a sus lugares de trabajo o de gente que organiza fiestas clandestinas o que va a su segunda vivienda en automóvil o en helicóptero, no se puede generalizar de una manera desproporcionada, como señaló la diputada Carmen Hertz , para terminar sancionando a quienes por necesidad y urgencia -porque el Estado no ha proveído con las condiciones materiales necesarias para que la cuarentena no sea un privilegiotienen que salir de sus casas.

Por lo tanto, este proyecto tiene un error de concepción. La comunicación que se hace respecto de él es tremendamente peligrosa porque se está diciendo, una vez más, no solo a los pobres de Chile, sino también a la clase media, que ha demostrado estar en una condición de precariedad tremenda, que van a ser sancionados inescrupulosamente, incluso enviándolos a la cárcel. Eso es absolutamente inaceptable.

Hace poco aprobamos un indulto conmutativo para ciertos tipos de personas que estaban en la cárcel, porque las cárceles hoy son un lugar de peligro. Si bien son un lugar de peligro desde antes de la pandemia, que es un tema que debe escandalizarnos y que debemos tratar, porque los presos también tienen derechos humanos, pero particularmente hoy, en el marco de la pandemia, son un lugar de peligro de contagio. Eso lo hemos visto en la Comisión de Constitución, a instancias del diputado Marcos Ilabaca , por lo que sabemos que en las cárceles no se están realizando los test necesarios y que hay mucha más gente enferma que la que se ha indicado.

Por lo tanto, la sola posibilidad de que alguien vaya a la cárcel por incumplir la cuarentena es un descriterio absoluto. Nosotros, desde el Frente Amplio, lo rechazamos en primera instancia y hoy nuevamente lo haremos. Por las palabras de la diputada Andrea Parra y del diputado Marcos Ilabaca , entendemos que se rechazará, para que vaya a comisión mixta y se reflexione respecto de lo que implica este proyecto, cual es criminalizar la pobreza y la precariedad de la vida en momentos en los que se requiere apoyo.

Rechazaremos el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio Mansilla .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, yo trataría de no poner este tema como una lucha entre el gobierno y la oposición, pero son muchas las ganas de decir que el gran problema de que la gente se siga contagiando es por la errada estrategia asumida por el gobierno y no por las miles y miles de personas que desesperadamente buscan trabajo en la calle en cualquier cosa, que es un problema que nosotros no hemos sido capaces de resolver.

Alguien me puede decir que con el ingreso familiar de emergencia lo vamos a resolver.

¡No! Probablemente tampoco lo vamos a resolver con el IFE, porque se trata de gente pobre y de clase media que necesita salir a la calle. A esa gente no podemos seguir llamándola “rebelde” o “privilegiada”, o decir que está en contra de la estrategia sanitaria del gobierno.

Nosotros queremos que la gente se quede en casa y no que se quede en la cárcel. Ese es el punto. Yo no quiero más gente en la cárcel.

Hay algunas modificaciones del Senado que son bastante buenas, que mejoran el proyecto y, por consiguiente, en ello no hay problema. Me refiero a que se mejora la redacción respecto de la pena de servicios a la comunidad como sustitutiva de la prisión; se establece una mejor modalidad para la suspensión condicional del procedimiento; se agregan al catálogo de contravenciones los delitos que pueden cometer las personas jurídicas, etcétera. Sin embargo, nuestro problema con esta futura ley es que podemos terminar generando el peligro de que los más pobres, los que salen desesperados a buscar alimento, no van a poder pagar las multas y van a terminar presos.

Creo que eso lo podemos arreglar y solucionar en una Comisión Mixta. Por eso, hemos pedido votación separada de la letra b) del número 1 del artículo 1, pero si vamos a llevar otras disposiciones a la comisión mixta, llevémoslas. No le tengamos miedo a la comisión mixta, porque no es necesario que tengamos el proyecto listo hoy, sino que tengamos un buen proyecto, y en eso estamos todos de acuerdo.

Por eso, les pido que rechacemos aquellas cosas respecto de las cuales hemos pedido votación separada, para no seguir castigando a los más pobres de Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba Alvarado .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, el diputado Gabriel Boric y la diputada Carmen Hertz han dicho que los pobres van a ser criminalizados.

Los pobres y los más humildes de nuestro país son los más responsables de todos, y ellos, con sus discursos, los están criminalizando.

Este proyecto de ley es para una minoría de chilenos irresponsables, porque la gran mayoría de los chilenos han sido responsables durante esta pandemia: ricos, pobres y de clase media han sido responsables durante esta pandemia, y solo algunos pocos han sido muy irresponsables. Aquellos que se suben arriba de un helicóptero para ir a la playa, aquellos que organizan una fiesta para ganar un par de lucas más y aquellos que organizan cultos son irresponsables, y a ellos queremos castigar. La mayoría de los chilenos, y sobre todo los más humildes de este país, han sido muy responsables durante esta pandemia.

Vamos a avanzar con este proyecto de ley para sancionar a aquellos que creen que están por sobre la ley; a aquellos que creen que están por sobre la vida de los chilenos. A esos vamos a sancionar, no a los pobres, como lo han querido decir el diputado Boric y la diputada Hertz .

Llamo a la Cámara de Diputados a votar a favor este proyecto, porque lo necesitamos con urgencia, porque unos pocos irresponsables pueden afectar a miles y miles de chilenos.

Este es el momento de aprobar este proyecto de ley y de entender que la única vacuna que existe hasta el momento en contra del coronavirus es la responsabilidad. Esta iniciativa va en contra de los irresponsables.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos y tres segundos, el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, el gobierno nos envía una propuesta de solución a los problemas que hoy tenemos de bajo cumplimiento de cuarentena.

Este proyecto de ley busca aumentar las penas de cárcel y otros castigos para los incumplidores de confinamiento y demás medidas dispuestas por la autoridad. Sin embargo, no creo que aumentar la pena de cárcel, que ya existe desde hace cincuenta años en la ley, que ya es alta y llega a los 540 días de cárcel, sea una solución para el bajo acatamiento de las cuarentenas.

Hasta ahora, ya han sido detenidas más de cien mil personas por estos delitos, algunos irresponsables, por cierto, pero miles por intentar trabajar, y no creo que eso vaya a cambiar.

Nunca he visto que la pobreza, los problemas sociales, que empujan, por ejemplo, a miles a salir de sus casas, se vayan a solucionar con la cárcel o con estas multas millonarias.

El problema de fondo es que hoy millones viven al día, no tienen trabajo, no tienen ahorros, y por necesidad, por desesperación, deben salir a la calle para trabajar y poder vivir, para organizar una olla solidaria o común, para vender algo para alimentarse, para sobrevivir a la pandemia.

El populismo penal, esto es, más cárcel y multas de millones, no va a solucionar un problema que es social y humano.

Aquí, en el debate, la derecha pide mano dura para los incumplidores, para que lo pasen mal y que sean llevados a la cárcel, pero sus amenazas las lanzan desde la comodidad de la despensa completa y del refrigerador lleno en sus casas.

Señor Presidente, la solución que proponemos la venimos sugiriendo desde hace tres meses: que el Estado entregue un ingreso familiar de emergencia, ahora, digno y suficiente, que llegue a la mayoría de los chilenos que lo necesitan. Eso es atacar el problema de fondo y la única manera de asegurar que permanezcan en sus casas los trabajadores informales, los esporádicos, los coleros y los vendedores ambulantes, porque hoy esa renta de cuarentena no existe.

Yo sé que es caro ayudar para proteger a todos los chilenos de los efectos sociales de la pandemia, pero más caro va a salir sacar después a millones de chilenos de la ruina y de la quiebra familiar que pueden venir.

Señor Presidente, no apoyaremos el aumento de las penas de cárcel, que ya existen y son altas, como solución a un problema que es social y de ingresos y que debe proporcionar el Estado.

Hoy, el gobierno ha dicho que con este proyecto quiere enviar a los chilenos una señal de más cárcel, una amenaza de prisión, para obligarlos a permanecer en sus casas.

Nosotros creemos que los chilenos necesitan del gobierno una señal de ayuda económica, potente, digna y suficiente; una señal de empatía con la desesperación que sufren y que les diga a los chilenos que no están solos frente al virus, y que es verdad que saldremos juntos; una señal de humanidad, señor Presidente, de un gobierno que lamentablemente aún no la entrega.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, está quedando claro que la gente no sale a contagiar, sino a buscar trabajo, y a eso no se puede salir de vez en cuando: hay que salir seguido para encontrar trabajo.

Mi amigo Boric dice que se trata de un error poner estas penas. No es un error: es mala fe, es no conocer el sufrimiento de la gente. En ningún caso es un error.

No tenemos certeza de a qué personas detienen por irresponsabilidad y a cuántos detienen por necesidad de buscar trabajo, y eso es grave.

Sabemos que la gente lo está pasando mal, y más encima los estamos amenazando, cuando la mayoría de nosotros, o más bien todos, tenemos el refrigerador lleno y no tenemos problemas con respecto a esto.

Si los que estamos acá hubiéramos vivido esta pandemia como personas comunes y corrientes, como aquellos que andan de a pie, también estaríamos tratando de buscar un trabajo, porque tenemos hijos. Los que tienen hijos están desesperados. Una cosa es que uno pase hambre, pero otra cosa es que pasen hambre nuestros hijos. ¡Aquí hay mala fe! ¡Mala fe!

Recuerdo que Desbordes dijo que él no iba a votar nunca más por un proyecto de ley que llevara más gente a la cárcel. ¿Para qué quieren llevar más a la cárcel? ¿Para qué tanta amenaza? ¿Para qué quieren que la gente sufra? ¿Para que sea desvalida y reciba los malos sueldos que les entregan por limosnas? ¿Para que puedan ser agredidas sexual y económicamente, etcétera? ¿Qué es esto? ¡Mala fe! ¡Falta de humanidad! No es un error ¡Esto es mala fe!

Llamo a todos, incluso a los democratacristianos, a votar en contra. Esto no se puede arreglar así.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, me extrañan las palabras del diputado Leonardo Soto , que es abogado y que participa en la Comisión de Constitución, donde tratamos este proyecto, porque de ellas pareciera desprenderse que una persona que está en la calle sin un salvoconducto irá a la cárcel. No es así. Él sabe que no es así, porque lo que exige el artículo 318 del Código Penal, vigente y ratificado por las decisiones de las cortes de apelaciones, es que exista un peligro para la salud pública. Una persona que es detenida por estar paseando a su mascota sin un salvoconducto no está poniendo en peligro la salud pública, por lo cual jamás se le aplicará una pena privativa de libertad. Esa es la realidad. Por eso el citado artículo 318 contempla la multa.

Ahora, mi opinión respecto de los cambios que introdujo el Senado es que no creo que mejoraron el proyecto, sino que lo desmejoraron, porque compraron la tesis del Ministerio Público. ¿Cuál es la tesis del Ministerio Público? Establecer una pena privativa de libertad o de multa, de manera que el condenado tenga la libertad de optar por una u otra. No obstante, siempre optará por sancionar con multa, porque es más rápida. Incluso, el proyecto agrega que si el Ministerio Público solicita únicamente la pena de multa de 6 UTM, se procederá de conformidad con las reglas generales del procedimiento monitorio, no del simplificado, el que solo procederá tratándose de multas superiores a 6 UTM.

El problema está en que las personas que tendrán que pagar esa multa, quienes ojalá cuenten con los recursos para hacerlo, deberán hacer un reconocimiento de su responsabilidad, es decir, serán condenadas y quedarán con sus antecedentes manchados por la comisión de un simple delito, situación que hay que tener en cuenta.

Por eso, la iniciativa que algunos propusimos era bastante más proporcional, ya que planteaba una alternativa mejor elaborada: el trabajo comunitario.

Además, en este proyecto se agrega un artículo 318 bis al Código Penal, que dispone que será sancionado con una pena de presidio de hasta cinco años quien, con dolo, sabiendo que está contagiado, genere riesgo de propagación. En cambio, nosotros habíamos contemplado una pena privativa de libertad, que subimos de 541 días a tres años. Considerábamos que esa pena estaba bien, ya que, a nuestro juicio, resulta desproporcionado el establecimiento de una pena de cinco años.

Lo que nosotros hicimos fue separar lo gravísimo de lo que no era grave, pero establecimos ciertos criterios con la finalidad de que la persona siempre tuviera la facultad y el derecho a defenderse en alguna de las opciones planteadas. En este caso, claramente, vamos a ir directo hacia la multa, en virtud de lo que preceptúa el artículo 318 bis de esta iniciativa, que contempla una pena desproporcionada contra quien, con dolo, a sabiendas de que está contagiado, salga a la calle y ponga en peligro la salud de los demás.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, el ministro del Interior y Seguridad Pública señaló que esto es lo más complejo que nos ha tocado vivir en el siglo, a lo que deseo agregar que se ha hecho aún más complejo por las decisiones erradas que ha tomado el gobierno.

Luego de haber escuchado las posiciones de ambos lados, lo único que puedo decir, como raya para la suma, es que debemos volver a revisar este proyecto de ley, porque hay discrepancias que son fundamentales. Es cierto que se dan más posibilidades, un abanico mayor de alternativas, pero hay que considerar que hay personas que salen a la calle sin respetar la cuarentena porque tienen necesidades económicas, problema que no hemos sido capaces de resolver y que el gobierno no ha querido entender durante todo este tiempo.

El ministro planteó que se debe sancionar con rigurosidad a quienes no respeten las medidas de aislamiento y las medidas dispuestas por la autoridad. ¡Claro que estoy de acuerdo con eso! ¡Cómo no estarlo! Pero eso es válido respecto de la irresponsabilidad de gente que tiene recursos y que no está haciendo las cosas como corresponde, porque ¿qué alternativa tiene una familia cuyo padre o madre, incluso los hijos, tienen que salir a trabajar? En ese sentido, se ha informado que muchos niños han tenido que salir a la calle a trabajar y con ello ha aumentado la deserción escolar. Nunca, en la historia de nuestro país, habíamos tenido un índice de deserción escolar tan alto como ahora.

Entonces, la preocupación es que tenemos un proyecto de ley que parecía bueno, -como jefes de Comités acordamos que se pusieran hoy en discusión las modificaciones que le introdujo el Senado-, pero, al final, tenemos una propuesta que pone en dificultades a un sector de la población, sin perjuicio de que se debe sancionar a la gente irresponsable que no entiende la complejidad del momento que estamos viviendo a nivel nacional y mundial.

Por lo tanto, reitero que es necesario que el proyecto sea enviado a comisión mixta, con el objeto de buscar una fórmula que permita equilibrar lo que propone.

Finalmente, por intermedio del señor Presidente, quiero decir al jefe de gabinete que tiene que entender que las medidas sanitarias deben ser acompañadas de medidas económicas; de lo contrario seguirán aumentando los contagios hasta llegar a un punto del que no habrá retorno. La sensación que me queda es que en Santiago estamos en ese punto de no retorno, con una pandemia que se encuentra absolutamente desatada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, la caricatura que han hecho la diputada Hertz , el diputado Boric y el diputado Leonardo Soto respecto de este proyecto no tiene asidero. Si quieren votarlo en contra, háganlo; pero cabe señalar que, a mi parecer, cuando una persona es detenida dieciséis veces por circular pese a estar contagiada, debe recibir una sanción mayor. Esa persona perfectamente podría haber estado en una residencia sanitaria. Me parece inconcebible que estemos tratando estos temas sin llegar a acuerdo, justo hoy, cuando es más que necesario.

Efectivamente, hay que aplicar mano dura a los infractores de las medidas sanitarias, a los que hacen fiestas clandestinas y no respetan la cuarentena, la que debe ser aplicada para todos los que están poniendo en riesgo lo más básico de toda sociedad: la vida de las personas. La realidad es que por culpa de unos pocos están sufriendo muchos, de una forma que es muy terrible, aspecto que resulta necesario enfatizar.

En una publicación de The Economist, en el marco de esta pandemia, Chile aparece mejor evaluado que Bélgica, que Italia, que el Reino Unido y que los Estados Unidos de América; pero no vamos a llegar más allá si todos juntos no tomamos las medidas necesarias.

Por supuesto que hay otras medidas importantes, como las de apoyo en términos económicos y las cajas de alimentos, entre otras, pero la responsabilidad que debemos tener todos como ciudadanos es una arista que debe ser tomada en cuenta.

Por eso, llamo a esta Sala a votar a favor las enmiendas incorporadas por el Senado a este proyecto. Cuando, junto con otros diputados de Renovación Nacional, presentamos este proyecto, pensamos en aquellos que están sufriendo, por ejemplo, en Calama y Antofagasta, entre otros lugares, donde hay familias que están perdiendo a sus integrantes.

En consecuencia, hago un llamado a tomar conciencia respecto de la urgencia que tiene la aprobación de este proyecto.

He dicho.

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, mi intervención tiene que ver con la imposibilidad de la Comisión de Constitución para sesionar hoy en la tarde.

Solo quiero insistir en que se trata de una situación extremadamente peligrosa, que no solo tiene que ver con la salud de los funcionarios de Gendarmería de Chile, sino también con la salud de los internos de los distintos centros penitenciarios del país y de sus familias, con los traslados sin examen PCR, etcétera.

Sin lugar a dudas, después de los centros de salud, el foco de más riesgos de contagio son las cárceles, por sus propias condiciones.

Por consiguiente, no quiero pedir, sino rogar a la Sala que nos permitan reunirnos, porque, como Cámara de Diputados, necesitamos tener una respuesta urgente del ministro de Justicia. Él está disponible para entregar esa respuesta. Este es un tema que vamos a conversar hoy en la tarde y que se puede resolver, por la preocupación que tenemos, tanto por los funcionarios de Gendarmería como por los internos y sus familias.

Por lo tanto, le ruego que pida de nuevo el acuerdo a la Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Recabo nuevamente la unanimidad para permitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sesionar en forma simultánea con la Sala.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia.

Diputados informantes de las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y de Hacienda son la señora Joanna Pérez y el señor Leopoldo Pérez , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 31ª de la presente legislatura, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Documentos de la Cuenta N° 11 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

La señora PÉREZ, doña Joanna (de pie).-

Señor Presidente, de conformidad con el mandato que me confirió la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República y con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica la ley N° 21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia.

La idea matriz del proyecto de ley es modificar el ingreso familiar de emergencia (IFE) creado por la ley N° 21.230, para aumentar el universo de beneficiarios al sustituir el requisito de pertenecer de 60 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, por 80 por ciento más vulnerable.

Por otro lado, se deja constancia de que el proyecto es de quorum simple.

La Comisión aprobó, por simple mayoría, la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Sandra Amar , Catalina del Real, Érika Olivera , Joanna Pérez y Virginia Troncoso , y los diputados señores Joaquín Lavín , Jaime Naranjo , Leonidas Romero y Jorge Sabag . Se abstuvieron la diputada señora Claudia Mix y los diputados señores Boris Barrera , Cosme Mellado y Esteban Velásquez .

Antecedentes y fundamentos

En el contexto de la crisis sanitaria que afecta al país, el gobierno se abocó, en abril pasado, a diseñar un nuevo instrumento de apoyo a los hogares, que se materializó en el ingreso familiar de emergencia, conocido como IFE, mediante la ley N° 21.230, compuesto por tres aportes extraordinarios de cargo fiscal para los hogares más vulnerables de nuestro país.

Debido al avance de la pandemia y sus repercusiones sociales y económicas, el 25 de mayo el Ejecutivo convocó a trabajar en un plan de emergencia para proteger los ingresos de las familias y recuperar los empleos y la actividad de nuestra economía, dentro de un marco fiscal eficaz y responsable, cautelando el buen uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.

Después de semanas de intenso trabajo entre el gobierno, parlamentarios y partidos del oficialismo y de la oposición, y con la valiosa colaboración de un grupo transversal de expertos, el 14 de junio pasado se logró un acuerdo para el plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo, reivindicando el valor de la buena política, que, en base al diálogo y la colaboración, logra buenos resultados para la ciudadanía en momentos difíciles para todas las familias chilenas, especialmente para los hogares más vulnerables.

Este valioso acuerdo, tan esperado, urgente y necesario, tiene como uno de sus principales ejes la ayuda a las familias, base fundamental de la sociedad.

Las medidas de este marco de entendimiento incluyen, entre otras, el apoyo a las familias en términos de ampliar y fortalecer el ingreso familiar de emergencia (IFE), que complementará los ingresos de todas las familias que lo necesiten.

En lo inmediato, esta ampliación aumentará el monto del aporte individual del segundo y tercer aporte desde los actuales 55.250 y 45.500 pesos, respectivamente, a 100.000 pesos por persona, hasta una familia de 4 personas, en el caso de las familias sin ingresos.

Adicionalmente, las familias que cuenten con ingresos recibirán un complemento para alcanzar el monto del ingreso familiar de emergencia (IFE). Esto permitirá incluir a feriantes, pescadores artesanales, pirquineros, trabajadores a honorario, trabajadoras de casa particular, etcétera, independientemente de su fuente de ingreso, en la medida en que sean elegibles para el beneficio.

Así, con este beneficio, un hogar de cuatro personas podrá alcanzar un ingreso de 400.000 pesos mensuales. Este apoyo a las familias permitirá proteger sus ingresos para poder sobrellevar con mayor tranquilidad los difíciles tiempos que estamos viviendo.

En síntesis, el proyecto de ley busca materializar el apoyo a las familias, eje fundamental del Plan de Emergencia, introduciendo modificaciones a la ley N° 21.230 que concede un ingreso familiar de emergencia (IFE).

Resumen del contenido del proyecto

El proyecto de ley modifica el ingreso familiar de emergencia (IFE) creado por la ley N° 21.230, aumentando el universo de beneficiarios al sustituir el requisito de vulnerabilidad del 60 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, por 80 por ciento más vulnerable.

Por otra parte, aumenta el monto de los aportes desde 65.000 pesos por persona a un monto de hasta 100.000 pesos por integrante del hogar. El apoyo llegará a 759.000 pesos cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.

Aquellas personas que perciban algún tipo de ingreso proveniente de pensiones de cualquier naturaleza en algún régimen de seguridad social o sistema previsional; de rentas del trabajo; de remuneraciones o dietas percibidas en razón del ejercicio de un cargo público; de las prestaciones del seguro de cesantía que dispone la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo; de aquellas prestaciones percibidas en razón a la ley N° 21.227; de los subsidios por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciba dicho subsidio, también tendrán derecho al ingreso familiar de emergencia en la medida en que cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley, en cuyo caso el monto de cada aporte será equivalente a la diferencia que resulte entre el monto que le correspondería por el aporte respectivo del ingreso familiar de emergencia (IFE) y la suma de tales ingresos.

Adicionalmente, se aumentan los montos del segundo y tercer aporte para los beneficiarios que pertenezcan al 80 por ciento más vulnerable de la población nacional, de conformidad al Instrumento de Caracterización Socioeconómica, y que estén integrados por una o más personas que tengan 70 años de edad o más y que sean beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez, desde la suma de 55.250 y 45.500 pesos, a la suma de 100.000 pesos para cada aporte.

También se crea un cuarto aporte del ingreso familiar de emergencia, por un monto equivalente al menos al 80 por ciento del monto del tercer aporte que correspondiese, según tengan o no ingresos.

Dicho monto podrá ser aumentado en la medida en que se cumplan con ciertos parámetros establecidos previamente mediante decreto y que las condiciones sanitarias lo ameriten, mediante decreto del Ministerio de Hacienda.

Discusión del proyecto

Durante la discusión particular, se le incorporaron dos modificaciones al texto original.

La primera fue eliminar el número 6 del artículo único, que regula el derecho al cuarto aporte del ingreso familiar de emergencia (IFE), encomendando a un decreto del Ministerio de Hacienda establecer los parámetros que permitirán aumentar el monto del cuarto aporte. El rechazo obedeció a que se estimó insuficiente el plazo de 10 días que establece la norma para solicitar el beneficio, vencido el cual se entiende que se renuncia a este último.

También se rechazó el número 11, que agrega un artículo 12 bis en la ley N° 21. 230, que en síntesis establece que los trabajadores independientes que especifica y que sean beneficiarios o causantes del ingreso familiar de emergencia (IFE) deberán considerar que todo o parte de los beneficios solicitados a Impuestos Internos para cubrir sus caídas de ingresos durante el 2020 tendrán la calidad de préstamo y deberán ser reintegrados. El rechazo de esta norma se debió a que ella consagra un crédito y no un beneficio respecto de los trabajadores independientes.

En esta discusión se vio una consideración conforme a los indicadores utilizados en este proyecto, en relación con el Registro Social de Hogares y el indicador social de emergencia, que deben ser copulativos, por lo que se pidió al ministro y a su equipo explicitar estas materias, por cuanto hoy existen muchos reclamos de personas que no están recibiendo este beneficio.

Ese fue el contexto de la discusión que se derivó a la Comisión de Hacienda.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley en informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor PÉREZ (don Leopoldo) [vía telemática].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado del proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique , que modifica la ley N° 21.230, para extender la cobertura y aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia.

Concurrió a presentar el proyecto en representación del Ejecutivo el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , y el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Cristián Monckeberg , acompañado de la subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia , y del subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarreal .

La idea fundamental de la iniciativa es materializar un nuevo apoyo a las familias, introduciendo modificaciones a la ley N° 21.230, que concede un ingreso familiar de emergencia (IFE), de modo que el nuevo IFE complemente los ingresos actuales del grupo familiar, cuando los recibe, y amplíe su cobertura para incorporar a nuevos beneficiarios.

En particular, el proyecto aumenta el universo de beneficiarios del proyecto original, por cuanto sustituye el requisito de pertenecer al 60 por ciento de la población más vulnerable por el de integrar el 80 por ciento más vulnerable.

Adicionalmente, incrementa el segundo y el tercer aportes desde los 65.000 pesos hasta un monto plano de 100.000 pesos por integrante del hogar. De esa manera, un grupo familiar de cuatro integrantes podrá recibir 400.000 pesos, mientras que a medida que aumenta la cantidad de integrantes el monto se reduce proporcionalmente hasta llegar a 759.000 pesos para hogares con diez personas.

El beneficio se mantiene para quienes cuentan con un ingreso adicional y aumenta su universo desde 40 al 80 por ciento de mayor vulnerabilidad. En este caso, cada aporte será equivalente a la diferencia entre el monto que le correspondería por el aporte respectivo del ingreso familiar de emergencia y la suma de sus otros ingresos. El pago final deberá ser múltiplo de 5.000 pesos, con un piso de 25.000 pesos y un techo de 250.000 pesos, para un hogar integrado por diez o más personas.

En el caso de los hogares con uno o más integrantes mayores de 70 años de edad pertenecientes al 80 por ciento de mayor vulnerabilidad y que sean beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez, se aumentan los aportes segundo y tercero desde los 55.250 pesos y 45.500 pesos actuales, a 100.000 pesos planos para cada aporte restante.

Asimismo, el proyecto crea para todos los beneficiarios un cuarto aporte de ingreso familiar de emergencia por un monto mínimo equivalente al 80 por ciento del tercer aporte, el que podrá ser aumentado en la medida en que se cumplan ciertos parámetros establecidos previamente mediante decreto del Ministerio de Hacienda, y en que las condiciones sanitarias lo ameriten.

La iniciativa contempla la opción de extender el ingreso familiar de emergencia a un quinto y sexto aportes, de acuerdo con los parámetros establecidos mediante decreto del Ministerio de Hacienda, el que fijará también las normas de cobertura y monto.

Desde el punto de vista administrativo, se facilita el proceso para percibir el ingreso familiar de emergencia al incluir más beneficiarios en la nómina para el pago, sin necesidad de postulación previa. Así, se integrarán a quienes ya se encuentren percibiendo el beneficio por haberlo solicitado con anterioridad, como también a aquellas personas que, quedando fuera del ingreso familiar de emergencia por no haber cumplido los requisitos, actualmente sí lo hacen.

También se aumentan los plazos para solicitar el beneficio y se incorpora la opción de modificar al integrante del hogar habilitado para percibir el pago cuando no pueda hacerlo el jefe o jefa de hogar.

El proyecto garantiza la percepción de los beneficios restantes a quienes hubieren dejado de cumplir algún requisito o hubieren aumentado sus ingresos. Con la misma flexibilidad, permite recalcular el monto a percibir, en el caso de los hogares que hubieren disminuido sus ingresos.

Se dispone que aquellos trabajadores independientes del artículo 42, número 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que sean beneficiarios o causantes del ingreso familiar de emergencia deben considerar que todos o una parte de los beneficios solicitados al Servicio de Impuestos Internos para cubrir sus caídas de ingresos mensuales durante el 2020 tendrán la calidad de préstamo y deberán ser reintegrados en tres cuotas anuales.

Para estos efectos, el monto total que el trabajador independiente reciba como ingreso familiar de emergencia, dividido por el número de integrantes del hogar, se imputará al subsidio que determine el Servicio de Impuestos Internos, y, en consecuencia, el monto correspondiente deberá ser reintegrado en las referidas tres cuotas anuales.

En el ámbito presupuestario, el informe financiero del proyecto de ley estima un universo de 2.110.674 hogares beneficiados.

El costo fiscal estimado para los nuevos segundo y tercer aportes llegará a 401.904 millones de pesos cada uno, mientras que para el cuarto aporte alcanzará la cifra de 325.926 millones de pesos. De esa manera, el desembolso fiscal totalizará la suma de 1.129.734 millones de pesos.

Por otra parte, si se concretaran un quinto y sexto aportes, se adicionaría un gasto fiscal máximo de 325.926 millones de pesos por cada mes, llegándose así a una cifra final, para el presente proyecto de ley, de 1.781.587 millones de pesos.

La fuente de financiamiento provendrá de la partida presupuestaria Tesoro Público.

El proyecto de ley se aprobó por la mayoría de votos de sus integrantes, reponiendo, mediante la aprobación de las indicaciones presentadas en esta comisión por el Ejecutivo, aquellas materias rechazadas por la Comisión de Desarrollo Social y Familia, por lo que la Comisión de Hacienda recomienda aprobar la iniciativa en los términos planteados.

Participaron en la votación los trece integrantes de la comisión: los diputados y diputadas Sofía Cid , Giorgio Jackson , Pablo Lorenzini , Patricio Melero , Manuel Monsalve , Daniel Núñez (Presidente), José Miguel Ortiz , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Alexis Sepúlveda , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Leopoldo Pérez .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, soy miembro de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y ayer estuvimos horas discutiendo el proyecto. Primero, quiero dar gracias a Dios porque mayoritariamente se aprobó y hoy está en la Sala para ser discutido y luego ser votado.

En verdad, me gustaría que esta iniciativa se aprobara en forma unánime, porque los recursos comprometidos son cuantiosos y van en ayuda de personas que realmente lo requieren. Recién escuchaba la rendición de los informes por la diputada Joanna Pérez , de la Comisión de Desarrollo Social, y por el diputado Leopoldo Pérez , de la Comisión de Hacienda, y espero que esta iniciativa -repitose apruebe por unanimidad.

Ayer, con entre pena y rabia, durante la discusión en la comisión, fui testigo de que el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron algunos artículos en verdad bastante irrelevantes, pero lo hacían por darse un gustito.

Cuando uno ve que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos, cuando ve en su distrito y a nivel nacional la necesidad de que las familias reciban recursos para quedarse en casa; cuando se sube de 65.000 pesos a 100.000 pesos el aporte por persona, que llega hasta los 400.000 pesos para una familia de cuatro integrantes, se da cuenta de que lo que propone este proyecto no es menor.

Entonces, quiero hacer el siguiente llamado: ¡Basta de oponerse a todo! ¡Basta de intervenciones que son muy extrañas!

Hoy hemos debatido proyectos muy importantes, como el que establece la posibilidad de participación a las mujeres de los pescadores. Lo que propone esa iniciativa me parece bien, pues estoy en un distrito donde se ubica la caleta de pescadores Lo Rojas, en la comuna de Coronel, en que se trabaja en actividades anexas a la pesca artesanal.

Reitero que me parece bien lo que propone ese proyecto, pero no estoy de acuerdo en que se utilice la expresión “cuota de género”. En ese sentido, quiero señalar, con el respeto que merecemos todos, que el género es para mí lo que cubre mi cuerpo, de modo que no comparto la utilización de esa palabra cuando se quiere hacer referencia al sexo de una persona. Por eso, yo me abstuve en esa votación.

Me parece bien que esta iniciativa proponga incluir a las mujeres, al sexo femenino, en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal regulado por la ley de pesca; pero cuando se hace mención a la identidad de género ¿de qué diablos estamos hablando?

Hay algunos que quieren que en el Congreso se aprueben proyectos de ley que van en contra de las familias, de las atribuciones que tenemos los padres de criar a nuestros hijos. Los mismos que ayer estaban por la libertad de la mujer, de que ella haga con su cuerpo lo que quiera, que defendían el aborto, hoy quieren defender al que está por nacer con la extensión que están pidiendo del prey posnatal. Me parece que eso es una contradicción tremenda, la que espero no se manifieste hoy en el caso de este proyecto, de manera que este se apruebe.

Creo que la exposición que hizo ayer el nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg , ante la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación fue muy aclaratoria, porque entregó argumentos y antecedentes para votar a favor este proyecto.

Por lo tanto, hago un llamado a todos mis colegas, de todos los sectores políticos, principalmente del Partido Comunista y del Frente Amplio, para que, ojalá en forma unánime, demos el mensaje a la comunidad de que estamos por aportar los recursos necesarios mediante la aprobación de este proyecto, que aumenta los recursos que el gobierno está poniendo a disposición de cada uno de los chilenos que los necesitan.

Debemos aprobar esta iniciativa para poder decir a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que sí recibirán un aporte para poner de pie la economía, para poner de pie su microempresa y para generar los puestos de trabajo que tanto necesitamos.

Los funcionarios públicos, entre los que estamos incluidos, tenemos un sueldo fijo, tenemos garantías, tenemos recursos -los parlamentarios somos bien pagados-, pero hay millones de personas que lo están pasando mal. Hay millones de familias que necesitan estos recursos para que se queden en casa.

Discutimos hace poco las modificaciones del Senado introducidas al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar a quienes no respetan la cuarentena, a quienes no respetan el toque de queda.

Aquello es muy importante, porque se deben quedar en su casa todos aquellos irresponsables que más de una vez han sido sorprendidos por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública infringiendo las normas establecidas por la autoridad sanitaria. Sin embargo, cuando tenemos a autoridades que llaman a respetar la cuarentena y a quedarse en casa, pero que los fines de semana hacen fiestas en sus casas e invitan a sus amigos, ¿de qué estamos hablando? Por eso los políticos estamos tan mal evaluados, tan desprestigiados.

Por último, llamo a todos los parlamentarios, tanto a quienes se encuentran presencialmente en la Sala como a los que están sesionando a distancia, vía telemática, a que votemos a favor este proyecto. Dios quiera que así ocurra, para que lo más pronto posible esos chilenos que lo están pasando mal reciban los recursos que van en directo beneficio de todas y cada una de las familias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH (vía telemática).-

Señor Presidente, se nos acusó de majadería por plantear en marzo que en lugar de un bono aprobáramos un ingreso por varios meses. Lo mismo ocurrió en mayo, cuando insistimos en que el ingreso familiar de emergencia fuera diseñado para favorecer el cumplimiento cabal de las medidas sanitarias. Pero dejemos eso atrás y seamos positivos.

Congratulémonos de que hoy es unánime el diagnóstico de la insuficiencia del ingreso familiar de emergencia para cumplir con su propósito principal. Por eso estamos reajustándolo en 53,8 por ciento, pasando de un máximo de 65.000 pesos por persona a 100.000 pesos por cada integrante de la familia. Por eso estamos también aprobando que sea constante, no decreciente, como lo propusieron. Por eso se está agregando agosto, por lo menos en el 80 por ciento del beneficio, y por eso queda autorizado el gobierno para agregar un quinto y un sexto meses, si fuera necesario. Son 876 millones de dólares adicionales, y otros 800 millones si se prolongara por dos meses más.

También estamos por fin eliminando las diferencias de trato, respecto de si se está en el 40 por ciento más vulnerable o si se está en el 60 por ciento más vulnerable o sobre eso, porque la emergencia sanitaria y las obligaciones de cuarentena han llevado a muchos, incluidas familias que forman parte de la clase media, a una situación de vulnerabilidad por la abrupta caída de sus ingresos.

Todos quienes tienen empleos informales, los miles que perdieron sus empleos formales en los últimos meses, los técnicos y profesionales a honorarios, los trabajadores del rubro gastronómico, del turismo y de servicios, los trabajadores de la cultura, entre otros, todos ellos deben sentirse llamados a solicitar este subsidio de emergencia, este ingreso familiar de emergencia 2.0.

Si los ingresos actuales de una familia de cuatro integrantes se redujeron a cero, esta recibirá 400.000 pesos en junio, julio y, eventualmente, el 80 por ciento de eso en agosto. Si percibe menos de 400.000 pesos, recibirá por lo menos 100.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, o más si la diferencia respecto de ese ingreso es mayor, porque el mínimo complemento es de 25.000 pesos por integrante de la familia. Por eso, aunque una familia tenga un ingreso propio de 399.000 pesos, recibirá un aporte mínimo de 100.000 pesos.

También quedó muy claro en el debate de la Comisión de Hacienda que los préstamos para los trabajadores a honorarios aprobados ayer no serán contabilizados como ingresos en su postulación al IFE. Eso es así porque no se trata de ingresos, sino de un préstamo.

Asimismo, es importante destacar que una vez obtenido el beneficio este se recibirá durante todos los meses, aun cuando mejore la situación de ingresos de la familia. En cambio, si esta empeora, podrá postular para mejorar el beneficio.

Lo que me preocupa es que solo 368.000 hogares de la Región Metropolitana fueron beneficiados el primer mes por la ley vigente. Estamos hablando de solo el 32 por ciento del total de los beneficiados. Es muy poco si consideramos el fracaso de la cuarentena y la urgencia de conseguir que los santiaguinos se queden en casa.

Por eso, pido al gobierno que ponga todo el énfasis en aumentar significativamente esta cobertura en la Región Metropolitana. Postularon en total 2.250.000 familias y hay, hasta ahora, 1.150.000 beneficiarios. Los que ya postularon y que con los nuevos criterios califiquen van a recibir automáticamente el beneficio.

El gobierno y nosotros, los parlamentarios, debemos comunicar a todas las familias que hoy no tienen ingresos formales o que cayeron por debajo de 100.000 pesos por cada integrante del hogar, que postulen a este ingreso económico familiar, aunque nunca hayan recibido un beneficio del Estado o aunque hayan percibido en el pasado reciente ingresos mayores, porque es un imperativo sanitario que todas las familias chilenas tengan las condiciones para quedarse en su casa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, hablar hoy de economía y de salud es lo mismo; es el mismo problema. No van a bajar los contagios ni se van a respetar las cuarentenas si no corregimos las desigualdades estructurales que están en el fondo del problema.

Hoy solo en un mes hemos triplicado la tasa de positividad.

De hecho, de diez test que se hacían hace un mes, uno daba positivo; hoy tres dan positivo. Alcanzamos las cifras de contagios de España, de Italia; en Valparaíso perdimos la trazabilidad y los contagios van creciendo exponencialmente.

La pandemia es, finalmente, un shock de honestidad, pues ha develado la fragilidad en la que está la familia chilena: endeudamiento, segregación, ollas comunes, por un lado; comodidad, refrigeradores llenos, teletrabajo, por otro. Esto no es ser resentido ni nada por el estilo, es una constatación de una realidad objetiva que no podemos esconder, porque hoy nos permite salvar vidas.

Se están multiplicando las ollas comunes. Si salimos a las calles en nuestro distrito, podemos ver que se están multiplicando las ollas comunes. Todos los parlamentarios están haciendo algunos esfuerzos por tratar de solidarizar con eso. La gente se está tomando terrenos porque no puede pagar los arriendos. Si llegamos tarde, llegan primero los narcos. Nadie quiere que retrocedamos y que el narco eduque a nuestros hijos; nadie quiere eso. Podemos retroceder mucho si no actuamos de forma urgente.

Desde un inicio hemos dialogado con el gobierno en las diferentes comisiones, en el debate público. Hemos presentado propuestas con mecanismos de financiamiento. Hoy el avance de 65.000 pesos a 100.000 pesos por cierto que es un paso, pero rasguña la dignidad, y eso hay que decirlo claramente.

Hoy subir de 60 a 80 por ciento del indicador socioeconómico de emergencia también es un paso. Pero -¡ojo!el gran error de la política pública neoliberal ha sido medir solo la vulnerabilidad por ingreso, porque eso hace equivalente a una persona de treinta años, que recibe menos de 100.000 pesos, con una cuidadora de su hija que está en situación de dependencia o discapacidad, y los niveles de vulnerabilidad son asimétricos.

Una persona que vive en una zona rural segregada, que no tiene agua potable, tiene otras necesidades que son mucho más profundas; sin embargo, a mucha de esa gente no le está llegando el ingreso familiar de emergencia.

Hoy tenemos alternativas, debemos sacarnos los ideologismos y escuchar más al sentido común. No les pedimos en absoluto que nos hagan caso a nosotros; no, no les pedimos eso, no somos tan narcisos. Les pedimos que escuchen a los expertos, quienes señalan que la línea de la pobreza tiene que ser un criterio básico.

Lo que les estamos pidiendo, en definitiva, es que no traicionen la confianza de la gente que les dio el voto con el que ganaron legítimamente el gobierno. No traicionen esa confianza, no traicionen la dignidad familiar. Denles tranquilidad a las madres jefas de hogar, porque es fácil mandar a la cárcel desde los privilegios, pero en ningún momento en la historia de la humanidad, en ninguna crisis, la cárcel ha solucionado el hambre, ha pagado la cuenta de los servicios básicos y la hipoteca, o ha alimentado a los hijos, no. Hoy la gente necesita ingresos para quedarse quieta, para recuperar la trazabilidad de los contagios, para aislar a los enfermos.

Todavía tenemos un 50 por ciento disponible de los ahorros del Estado, y con un impuesto a los grandes patrimonios, que ya aprobó el Congreso, podríamos avanzar de forma significativa. La pandemia es una oportunidad para corregir las desigualdades de este modelo, y es urgente hacerlo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, pocas veces en la historia de nuestra nación hemos debido enfrentar adversidades tan severas y desafíos tan exigentes como los que enfrenta hoy la sociedad chilena debido a la pandemia más grave de los últimos cien años.

En paralelo a esta emergencia sanitaria, también enfrentamos una pandemia social, que significará la peor recesión mundial en varias décadas y que implicará retroceso en todas las economías del mundo.

En este hemiciclo hemos discutido una batería de proyectos destinada a paliar los efectos que han traído consigo la pandemia de covid-19 y el estadillo social, y hemos podido apreciar la preocupación del gobierno por implementar medidas económicas y sociales.

El ingreso familiar de emergencia se constituye en un mecanismo fundamental de protección social ante la caída de los ingresos que han sufrido los trabajadores producto de las medidas de confinamiento decretadas a raíz de la covid-19.

Este beneficio, junto con la ley de protección al empleo y el beneficio a trabajadores independientes y a honorarios, crean una verdadera red de protección para paliar, en lo que es posible para el Estado, las negativas consecuencias económicas de esta pandemia.

Previo a dar cuenta del mejoramiento del instrumento, se debe considerar especialmente, frente a aquellas posturas que siempre encuentran todo insuficiente, que los recursos del Estado son finitos, más aún en la situación actual en que los ingresos del fisco se verán severamente disminuidos producto de la baja actividad económica de 2020.

Ayer, después de seis largas horas de discusión, oportunidad en la que contamos con la presencia del ministro de Desarrollo Social y Familia, y de ambos subsecretarios de la cartera, en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación logramos avanzar en este nuevo ingreso familiar de emergencia, medida que no solo va dirigida a quienes ya eran beneficiarios, sino que aumenta su rango de alcance, los montos que se van a percibir y, como procederé a detallar más adelante, apunta directamente a ese grupo que hoy se ha visto perjudicado por los efectos económicos de la pandemia.

Es así como se aumenta el universo de beneficiarios al sustituir el requisito de vulnerabilidad del 60 por ciento y lo aumenta al 80 por ciento más vulnerable de la población. También se aumentan los aportes desde los 65.000 pesos por persona a un monto de hasta 100.000 pesos por integrante del hogar, y también se extiende el beneficio sumándose un pago adicional correspondiente al mes de agosto.

Les digo que no hay tiempo que perder; hoy debemos seguir siendo esa mano que tanto necesita nuestra ciudadanía, que requiere realmente este beneficio. Por eso es nuestro deber aprobar este proyecto para que llegue en forma rápida a aquellas personas que más lo necesitan.

Confío en el respeto del acuerdo, en la transversalidad de este mensaje y en que materializaremos nuestras palabras de apoyo y preocupación en soluciones tangibles, como esta.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy deberemos votar representa una ayuda esencial para las familias más vulnerables de nuestro país, aquellas familias a las que esta pandemia ha impactado fuertemente en sus fuentes de ingresos, en sus trabajos, en su vida diaria.

Esta pandemia ha afectado nuestras economías como ningún otro evento lo había hecho, incluso en el caso de aquellas familias que podrían haberse encontrado más preparadas.

Debemos agradecer a quienes participaron en este acuerdo, tanto a la dirección del gobierno como al apoyo de todos los partidos que se sentaron a consensuar esta propuesta. Esto demuestra que podemos tomar buenas medidas si nos sentamos a conversar con buenas intenciones y sin revanchismos.

Valoro la medida y el esfuerzo, especialmente el aumento del monto a 100.000 pesos por persona y el del porcentaje total de beneficiarios.

También, señor Presidente, me permito mencionar un par de aspectos que, si bien pueden abordarse desde la redacción de este proyecto de ley, se relacionan directamente con la implementación de este ingreso familiar de emergencia, precisamente para hacer que estas ayudas tengan el impacto deseado y ayuden a las familias más vulnerables de nuestro país a superar esta pandemia.

Sobre la situación de los trabajadores independientes, cabe hacer presente la idea de préstamos a través de la cual se ha explicado y comunicado este beneficio. Si bien en el diseño de esta ayuda social se encuentra la idea de que el trabajador independiente restituya este monto a través de mínimos porcentajes de sus futuras rentas, me gustaría que se estudiara la posibilidad de que, pasada la pandemia y ante un mantenimiento de la situación socioeconómica, del nivel de vulnerabilidad, y considerando la responsabilidad y constancia ante el pago de esos porcentajes, se pueda condonar el monto restante pendiente de pago para aquellos que se encuentren en peor situación económica.

Debemos entender que muchos podrán recuperarse rápidamente con posterioridad a la pandemia, pero a otros les costará mucho más ante el escenario económico mundial y nacional.

Respecto de la evaluación social de los beneficiarios, se ha hecho hincapié en el carácter universal de la evaluación. Familias con ingresos formales, con ingresos informales o sin ingresos formarán parte del mismo sistema. Esto es algo que destaco, especialmente porque pone el énfasis en el hecho de que familias que hasta hace algunos meses podían solventar sus gastos sin problemas hoy se ven incapacitadas de hacerlo por encontrarse desempleados o sin ingresos, por lo que requieren esta ayuda. También quiero hacer presente que dentro de ese grupo de nuevos beneficiarios habrá algunos, especialmente profesionales, que tendrán más herramientas para recuperarse económicamente después de la pandemia, a diferencia de otros a quienes el desempleo golpeará fuerte y posiblemente por mucho tiempo.

Será necesario ser mucho más minuciosos en la evaluación y en el mantenimiento del beneficio, caso a caso, con la finalidad de que, en la medida en que se vaya retirando esta pandemia, este ingreso familiar de emergencia subsista de forma focalizada en los más necesitados.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, hace más de un mes aprobamos el proyecto que establecía un ingreso familiar de emergencia. En aquel momento, le dijimos al entonces ministro Sichel que el ingreso era insuficiente para que las familias enfrentaran con éxito la pandemia; le dijimos que no podíamos ir disminuyendo los montos del aporte en los meses más críticos de la crisis sanitaria; le dijimos que 65.000 pesos por persona estaba muy por debajo de la línea de la pobreza, y que no alcanzaría para nada; le dijimos que debían aumentar la cobertura a las familias que perdieron sus ingresos por la pandemia y por la crisis económica.

¿Qué hicieron? Ingresaron un veto presidencial, porque no estaban dispuestos a gastar más dinero en las familias. El titular de un medio de prensa decía: “La Moneda no dará ni un peso más y envía veto a ingreso familiar de emergencia, sin escuchar peticiones de la oposición y de la sociedad civil”.

Cuando aprobaron el mezquino ingreso familiar de emergencia, celebraron la fuerza de los ministros Briones y Sichel , apodados “los halcones”, porque no habían cedido a la presión de la oposición. Sin embargo, era evidente que este no era un tema de oposición versus gobierno, sino que se trata de familias que están enfrentando la peor pandemia del siglo, con un gobierno mezquino, soberbio y sordo.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle a los ministros Briones y Monckeberg que la política de protección a las familias implementada por el gobierno ha sido un fracaso, y no lo ha sido por desconocimiento, sino por soberbia, egoísmo y dogmatismo ideológico, porque siguen poniendo primero a los superricos antes que a las familias.

No nos digan que el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos era lo presupuestado, dadas las proyecciones por entonces conocidas, y que ahora hay un cambio de estrategia por la gravedad que ha adquirido la crisis, porque fue el propio ministro Sichel quien declaró a Emol: “Sabemos que esta crisis tiene una profundidad que es más larga que tres meses y puede ser más ancha incluso que estos 4,5 millones de personas…”.

¡Siempre supieron que el ingreso familiar no alcanzaría para cubrir los gastos de un mes, y que lo necesitaban muchas más familias! ¡Qué impotencia siento por la negligencia y la soberbia de este gobierno! Porque son las y los más vulnerados los que sufren por esa prepotencia.

Este proyecto de ley es publicidad engañosa, porque a las y los trabajadores independientes les otorga un crédito y no un beneficio. ¿A quién se le ocurre que un trabajador independiente o a honorario pueda ser tratado como un empresario? Ellos son parte de los más precarizados desde hace mucho tiempo y merecen un aporte del Estado. No podemos permitir, una vez más, que las crisis las paguen los trabajadores y las trabajadoras.

Defender la patria, Presidente, significa defender a su pueblo, y usted lo está abandonando a merced de la crisis sanitaria y económica. No podemos hacer pagar a los más humildes los costos de la crisis para que la economía de los superricos no quiebre.

Si cada día hay más ollas comunes y más comedores populares es porque la gente no tiene dinero para comer, porque tiene hambre, porque no le alcanza para subsistir y en esta pandemia las familias más pobres han sido las más afectadas.

Si bien el ingreso familiar de emergencia ha aumentado a 100.000 pesos, solo para el segundo y tercer aporte, sigue siendo insuficiente. El gobierno sigue aplicando medidas para mantener a las familias por debajo de la línea de la pobreza.

Para proteger la vida de millones de personas es urgente que esta crisis la paguen los superricos. ¡Sí, lo dije y lo sostengo! ¡Que la crisis no la pague la gente; que la paguen los amigos del Presidente!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, todos tenemos claro que lo que está pasando es muy grave a nivel nacional y mundial.

Por eso, algunos partidos políticos, entre ellos la Democracia Cristiana, mi partido, aceptaron conversar con el gobierno. Este no es un problema doctrinario ni de partidos políticos, sino que está en juego el futuro del país. Durante 14 días nos reunimos para escuchar a los actores más importantes del país, desde el punto de vista económico y social, recogiendo un abanico de opiniones.

¿Cuál fue el resultado? Es bueno que quede consignado en la historia fidedigna de la ley que logramos un acuerdo para un marco fiscal de 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses. ¿Qué es lo más importante? Que ese fondo especial se creará por ley, y el ministro rendirá cuenta mensual a la Comisión Mixta de Presupuestos, y su financiamiento se realizará a través de aporte fiscal, el que, a su vez, tendrá su origen en transferencias del Tesoro Público como fondo soberano y/o mayor endeudamiento público.

Ese fondo tiene que financiar el gasto adicional para la protección social, inversión pública y reactivación económica. Con mucha fuerza quiero señalar que esto no fue fácil, pero los que somos republicanos y hombres de Estado debíamos llegar a un acuerdo para que la gente, a lo menos, tuviera el sustento diario.

El IFE 2.0 está indisolublemente ligado a una situación sanitaria excepcional, que deriva en cuarentenas y restricciones a la movilidad, lo que impide a las familias obtener ingresos suplementarios. En ese sentido, el IFE 2.0 es un instrumento de emergencia, que busca proveer ingresos de emergencia a las familias e incentivar a que sus integrantes respeten las cuarentenas y se queden en sus hogares.

En este beneficio se incluyó a feriantes, coleros, pescadores artesanales, pirquineros, trabajadores a honorarios, trabajadoras de casa particular, independientemente de su fuente de ingreso y en la medida en que sean elegibles para que se les otorgue el beneficio. Así, por ejemplo, un grupo familiar de 4 personas recibirá 400.000 pesos, es decir, se otorgará un monto de 100.000 pesos a cada integrante de la familia. Con mucha fuerza quiero decir que se va a hacer una inversión de más de 800 millones de dólares y en el articulado se faculta al Ejecutivo para que evalúe si es necesario seguir entregando este aporte, de manera que se haga directamente y no se requiera aprobar una nueva ley.

Quiero clarificar que ayer, durante toda la tarde, en la Comisión de Hacienda estuvimos conversando, analizando y discutiendo los detalles del proyecto. Hubo rechazos legítimos en la Comisión de Desarrollo Social. Nosotros le planteamos al Ejecutivo lo que pensábamos y eso permitió que llegaran indicaciones que mejoraron el proyecto en la Comisión de Hacienda y por eso la mayoría -casi por unanimidadlo votó a favor en general, salvo dos o tres diputados que lo votaron en contra, lo que también es legítimo.

Tenemos que aprobar este proyecto…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE (vía telemática).-

Señor Presidente, es necesario que hoy celebremos lo que ocurrió la semana pasada. Pudimos llegar -y estos son los momentos que nos enorgullecen en la política y enaltecen la labor que hacemosa un acuerdo como los que necesita el país. Hoy, con gente que está pasando apreturas, estrecheces económicas, como hace años no se veía, qué alegría da poder escuchar al diputado Ortiz decir con claridad lo que ocurrió. Esta fue una conversación entre partidos razonables de la oposición, la coalición gobernante y el gobierno. ¿Para qué? Para buscar soluciones que hoy son urgentes.

El 25 de mayo pasado el Presidente Piñera convocó a un trabajo conjunto a todos los sectores políticos a fin de elaborar un plan de emergencia para proteger, precisamente, los ingresos familiares y recuperar empleos, además de buscar una reactivación económica que sabemos que se va a necesitar, dentro de un marco fiscal que sea eficaz y que cautele el buen uso de los recursos. Repito: ello se hizo con la participación de los partidos políticos y la colaboración de técnicos.

El 14 de junio se logró un acuerdo en tres líneas. Primero, fijar un marco fiscal por 24 meses y una consolidación fiscal, posterior, por 12.000 millones de dólares. Esas son las cifras de las que estamos hablando y que irán a un fondo para administrar las distintas áreas que abarca esta pandemia.

Segundo, protección de los ingresos familiares.

Tercero, elaboración de un plan de reactivación económica y de empleo que será brutalmente necesario.

Por ello, resulta poco entendible y contradictorio que tengamos que celebrar con tanto entusiasmo el simple hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo, en circunstancia de que es nuestra obligación, nuestra labor y nuestro deber ético generar consensos para que lleguemos a acuerdos en situaciones apremiantes como las que hoy tenemos.

Sin embargo, la experiencia nos demuestra que, lamentablemente, a veces no todos están disponibles a entender eso. Incluso, vemos que algunos creen que su rol es prácticamente llevar el cielo a la tierra, solucionar -como señalaba un diputadoproblemas estructurales que rasguñan la dignidad, como si ellos fuesen los depositarios de la dignidad. Otros, en una primera instancia, participan del acuerdo, pero luego, inexplicablemente, se paran de la mesa. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que esas personas no van a formar parte de un acuerdo como el que se tomó y que van a poner en jaque la posibilidad de que el gobierno apruebe todos los proyectos de ley y todas las medidas asociadas que lleva este gran acuerdo nacional?

Entonces, uno se pregunta: ¿cuál es la disposición? Una diputada hablaba de la patria, de poner por delante al país. ¿Cuál es la disposición real para poner por delante al país si no es aprobando el proyecto con la urgencia y necesidad que requieren las familias, cuidando sus ingresos y empleos, y tratando de ir en auxilio de aquellas empresas que mantienen a sus trabajadores con ingresos de acuerdo con una economía que obviamente se está constriñendo?

En esta legislatura se han justificado flagrantes problemas de constitucionalidad de distintos proyectos. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de poner los votos no solo en este proyecto -por supuesto, espero que se apruebe por unanimidad-, sino en otras iniciativas que la ciudadanía necesita.

Me alegro enormemente de que hayamos podido llegar a un entendimiento. Ojalá que la tónica de aquí en adelante sea el entendimiento que permita a miles de familias mantenerse en sus casas durante esta emergencia sanitaria. Incluso, hemos debido aumentar las penas para que las personas se queden en sus casas, porque algunos no han entendido la gravedad del problema que nos aqueja.

Por último, agradezco sinceramente a los ministros Briones , Blumel , Monckeberg ; al exministro Sichel ; al Partido por la Democracia, al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Socialista y a mis colegas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente por este acuerdo que nos permitirá salvar de mejor manera esta crisis.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, hasta por cinco minutos, la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos viviendo la peor crisis de los últimos 40 años. Este virus ha dejado 450.000 personas fallecidas a nivel mundial y millones de pérdidas de empleos.

En Chile no estamos ajenos a esta realidad y la pandemia también ha golpeado fuertemente a todos los chilenos. Muchas pymes han quebrado, miles de personas han quedado sin trabajo y aunque las cuarentenas se decretan para salvar vidas y la gente debe quedarse en casa, también ello genera un problema muy grave en los ingresos de la población.

En este sentido, valoramos los esfuerzos que ha hecho el gobierno del Presidente Piñera para generar un plan de emergencia que ayude a las familias más vulnerables y también a aquellas que pertenecen a la clase media, pero que producto de esta pandemia han quedado sin ingresos y en una precaria situación.

La modificación de la ley N° 21.230 aumenta los montos y las coberturas para llegar con más recursos a más personas y por mucho más tiempo a los bolsillos de la gente que lo está necesitando.

Este nuevo ingreso familiar de emergencia aumenta de tres a cuatro meses el tiempo de entrega del beneficio, pudiéndose, incluso, llegar a un quinto o a un sexto mes si la situación así lo amerita.

La cobertura también aumenta, subiendo del 60 al 80 por ciento de vulnerabilidad, incrementando considerablemente la cantidad de personas que serán beneficiadas con este ingreso. Y lo más importante: el monto de 65.000 pesos por persona tiene un aumento sustancial que llega a 100.000 pesos por persona, equivalente a 400.000 pesos en el caso de una familia de cuatro integrantes.

Este acuerdo social y económico significa un gran avance y una muy buena noticia que aliviará en parte la angustia y el sufrimiento que están viviendo millones de personas en nuestro país.

Por lo tanto, daré mi voto para aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, honorable Sala, lo primero que quiero destacar es que este proyecto de ley, este ingreso familiar de emergencia 2.0, que mejora el anterior, como también todo el paquete covid-19, ha sido posible de implementar gracias a un conjunto de políticas fiscales, de responsabilidad fiscal, de capacidad de ahorro del país mantenidas durante largos años. Es importante resaltar aquello, pues la presión siempre apuntaba a incurrir en un mayor gasto y no se vislumbraba que algún día sería necesario contar con recursos como los que hoy Chile está requiriendo.

Por eso, hago un llamado de atención a los que siempre empujan por un mayor gasto, a aquellos que siempre dejan en descuido la responsabilidad fiscal. Hoy podemos hacer esto gracias al comportamiento de Chile Vamos, de la Concertación y de la Nueva Mayoría, gobiernos que supieron tener responsabilidad fiscal.

Valoro que este proyecto de ley sea producto de un acuerdo, y no cualquiera, sino de uno que tiene una articulación técnico-política muy abandonada durante muchos años, pues se miraba con desprecio a los políticos o técnicos, los que no se juntaban para consensuar un conjunto de políticas adecuadas para ir en ayuda de chilenos que hoy están pasando por una situación muy difícil.

El aporte transversal de economistas que llegaron a sede legislativa, a la Comisión de Hacienda del Senado, con una propuesta específica y trabajada largamente, con participación de senadores y diputados, es la expresión y el camino correcto por donde debemos buscar los derroteros de futuro.

Hoy es la covid-19; mañana será la recesión; pasado mañana, un terremoto o un tsunami o los desafíos que la sociedad nos va imponiendo.

La política de los acuerdos va en contra de los maximalismos, de las posturas intransigentes que hemos escuchado en algunas intervenciones en esta Sala; de las posturas que viven en un ensoñamiento ideológico, de utopías que no son capaces de mirar al lado para rescatar lo mejor y buscar soluciones hacia delante en una acción conjunta. Todo ello está quedando en un segundo lugar.

Ha prosperado la unidad de propósitos, la capacidad de llegar a acuerdos que hoy nos permiten aprobar este ingreso familiar de emergencia.

Esta es la transferencia directa al bolsillo de millones de chilenos más grande que se ha hecho en la historia del país. Nunca antes se había logrado una cobertura y una amplitud de ayuda de esta magnitud, pues va a llegar, como se ha dicho, hasta 400.000 pesos en el caso de familias de cuatro personas -100.000 pesos por persona-, para ayudarlas no solo a que tengan un ingreso en los tiempos de dificultad que vivimos, sino también -ojalá ayude para estoa que se queden en casa y no salgan a buscar su sustento.

Esto tiene un doble efecto: dar un ingreso y evitar que la gente salga a la calle, para bajar los niveles de contagio en esta pandemia y ayudar al control de la diseminación de este virus rebelde, silencioso y sibilino, que nos está atacando y que ha sido difícil disminuir.

Quiero resaltar que, sin duda, este es un beneficio para todas las familias que tengan un ingreso de 400.000 pesos hacia abajo. Lo bueno es que no distingue con otros tipos de subsidios: si hay algún ingreso, lo complementa; si no hay ningún ingreso, son los 100.000 pesos totales; si hay una pensión, la complementa. De manera que en su conjunto constituye una vasta red de apoyo social a un conglomerado de chilenos que, de no contar con este beneficio, no tendrán en estos días posibilidad alguna de sobrevivir o de hacer su vida al interior en sus hogares, sin salir a la calle, como lo he explicado.

Los que se han marginado de este acuerdo -el Partido Comunista, un sector del Frente Amplio y el Partido Radicaltendrán que explicar a sus electores por qué se negaron, por qué tuvieron la mezquindad y la falta de compromiso social para ir en ayuda en una hora tan difícil como la que estamos viviendo. Quienes sí concurrimos al acuerdo podremos salir, con la frente en alto, ante nuestros electores y ante toda la gente a decir que en los minutos más difíciles de Chile, en la coyuntura más difícil, estuvimos a la altura.

Todos dejamos a un lado nuestras posiciones para buscar un acuerdo. Hoy podemos llegar con estos recursos, y seguiremos haciendo…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren Correa .

El señor EGUIGUREN [vía telemática].-

Señor Presidente, primero, valoro el acuerdo alcanzado días atrás, porque la verdad es que muestra lo mejor de la política, cual es que somos capaces de poner los intereses de las personas de carne hueso que hoy están cesantes y ven el futuro con angustia, de esas familias que hoy dicen “por qué no se preocupan por nosotros”, antes de nuestros intereses personales, razón por la cual ellas están felices y alegres.

Por eso, valoro y rescato el esfuerzo que hizo el gobierno, a través de los ministros Ignacio Briones , Cristián Monckeberg y Gonzalo Blumel , y de los subsecretarios Alejandra Candia y Sebastián Villarreal , porque, junto con todos los sectores políticos, salvo un sector del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Radical, ha entendido que Chile no está para juegos.

¿Por qué lo digo? Porque hemos estado días y semanas hablando del número de contagiados, del número de fallecidos, de la contracción económica, del PIB, de estadísticas, de números, de curvas; pero nada de eso importa, porque no se trata de números ni de curvas, sino de familias rotas, de gente cesante y de jóvenes que hoy ven frustrado su futuro.

Por lo tanto, este ingreso familiar de emergencia viene a ayudar en el momento que más se necesita, ya no al 60 por ciento más vulnerable, sino al 80 por ciento más vulnerable; ya no con 65.000 pesos, sino con 100.000 pesos. Por ejemplo, una familia de cuatro personas va a recibir 400.000 pesos, monto que no es un simple número, sino la posibilidad de tener dignidad en un minuto difícil. Por eso, me alegro por este acuerdo y felicito a todos los que participaron en él, porque de verdad el país lo agradece.

Lo que ahora tenemos que hacer es aprobar este ingreso familiar de emergencia con la mayor celeridad posible y en forma transversal, así como también hacer un llamado al gobierno a que hoy trabajemos con más ahínco por la generación de trabajo, por ese millón de microempresas y pequeñas y medianas empresas, de pequeños emprendedores que hoy necesitan apoyo para no seguir desapareciendo y tener estabilidad laboral, porque, al final del día, lo que requieren las familias en Chile es estabilidad laboral, seguridad para vivir y libertad para estar tranquilas, sabiendo que su futuro es estable dentro de todo lo que se está viviendo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez Urrutia .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina) [vía telemática].-

Señor Presidente, en la sesión especial que tuvimos ayer en la tarde, señalé que la pobreza no tiene ninguna compasión con la crisis sanitaria que estamos viviendo y que, sin duda, cuando se discute un proyecto de ley que va a significar que lleguen recursos, un apoyo a las familias del Registro Social de Hogares, a las familias que necesitan más recursos y apoyo del Estado, cuesta entender que haya algunos que se resten de la conversación.

En ese sentido, valoro al diputado José Miguel Ortiz , quien participó y trabajó arduamente en estas conversaciones y en el acuerdo, y también a otros parlamentarios que, sin haber participado y trabajado en él, tienen claro que esto va a ayudar a aquellas familias que más lo necesitan. Hablamos de una mejora, de llegar no con 65.000 pesos, sino con 100.000 pesos por persona de un grupo familiar; tampoco hablamos de llegar al 60 por ciento de las personas más vulnerables, sino al 80 por ciento de las familias del Registro Social de Hogares.

Ahora, si bien hay personas a las que se apoyará automáticamente con estos recursos, también hay muchas otras que deberán postular.

En ese sentido, pido a la Cámara de Diputados, a todos los parlamentarios, así como también a los alcaldes, concejales, consejeros regionales y a todos los dirigentes de la sociedad civil que nos pueden estar viendo, que nos ayuden a llegar con esta información.

Qué duda cabe de que hay personas cuya realidad pudo haber cambiado durante este tiempo, las que deben actualizar su Registro Social de Hogares. También hay una página, “www.registrosocial.gob.cl”, con la cual el gobierno está trabajando ardua y rápidamente para actualizar ese registro y, de esa forma, en una segunda, tercera y cuarta cuotas, que esperamos aprobar en este ingreso familiar de emergencia 2.0, las personas puedan recibir los recursos que les corresponden.

Hay muchas dudas y todavía falta información. Nosotros somos los llamados a entregar esa información para llegar con estos recursos a las familias que más lo necesitan.

Creo que es importante no solo valorar el acuerdo y la conversación, sino marcar un punto: cuando estamos dispuestos a conversar, a cruzar las líneas de nuestros sectores políticos, a entender que se conversa para llegar con recursos en plena crisis, en plena pandemia, a quienes más lo necesitan, estamos poniendo al país por delante y, por lo tanto, estamos a la altura en una crisis para aprobar con urgencia proyectos que significan alivianar el bolsillo a quienes hoy lo están pasando mal.

Solo para recordar, comento que el ingreso de emergencia anterior se terminó entregando gracias a un veto presidencial. Hoy valoro profundamente que…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez Núñez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, desde mi punto de vista, el gobierno ya no tenía más espacio, es decir, no tenía mucho margen para negarse a aumentar los montos. Sin duda, las cantidades tenían que ser superiores a las que, hasta ahora, se habían entregado.

Hoy la pandemia está desatada y pareciera que está sin control. Por eso, varios expertos han manifestado con mucha claridad que las medidas, tanto sanitarias como económicas, han tardado. Lo decía el diputado Auth : desde marzo que se vienen proponiendo políticas mucho más integrales para estos ingresos familiares.

Hace menos de sesenta días, cuando conversábamos en la Comisión de Desarrollo Social, nos decían que no había ningún peso más, que todo se había entregado. Nuestro espíritu era que ese monto de sesenta y cinco mil pesos se aumentara a ochenta mil, noventa mil, cien mil o ciento y tantos mil pesos, pensando sobre todo en lo que vemos en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, y en cuánto arriesga la gente al exponer su vida por salir de su domicilio porque no le alcanzaba la ayuda. En algunos casos, esta sí llegaba. Al respecto, debemos tener claro que muchos criterios de focalización están bastante obsoletos. Ayer, veíamos la cantidad de vericuetos que se deben salvar para acceder. En consecuencia, no se da el criterio de universalidad.

¿Se mejoró el monto? ¿Es mucho más positivo? Por supuesto que sí. ¿Alguien se puede negar a que la familia reciba esos recursos? Por supuesto que no.

Me conmueve saber, respecto de quienes deciden, cuáles son los principios que los orientan y los motivan. Por ahí hubo un ministro de Salud, poco agradable, que se fue, y hay un ministro de Economía que muestra más sensibilidad, aparentemente, pero también más dureza. Hace cincuenta y tantos días dijo que no había ni un peso más.

No hablemos de los grandes acuerdos; es una obligación apurarnos. Los que gobiernan tienen que colocar los recursos, los montos y la celeridad. Eso ha sido lo otro: ayer teníamos cifras bastantes confusas.

Señor Presidente, me preocupa la motivación que tienen los gobiernos para saber en qué momento llegan y cómo llegan; si no, veamos las cifras: en Calama, hoy tenemos 1.637 contagiados, y hace 59 días había 21 contagiados. La gente tuvo que salir a trabajar para conseguir recursos.

Entonces, lleguemos pronto con las soluciones que la gente demanda. No nos demos gustos como los que ahora se plantean, de los grandes acuerdos. Los grandes acuerdos nunca están; eso tampoco soluciona los problemas de la gente. Lo que soluciona los problemas de la gente es la sensibilidad de quienes están gobernando, y esa sintonía hasta ahora le ha faltado…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, agradezco su comentario.

Le quiero señalar que el quorum no ha sido alterado. Para ese efecto se suman tanto quienes se encuentran vía telemática como aquellos presentes en la Sala, vale decir, cincuenta y dos señores diputados, y en este minuto tenemos sesenta.

Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, estimados colegas, en abril el gobierno presentó el proyecto de ingreso familiar de emergencia (IFE), en su primera versión. Si bien dicha iniciativa fue apoyada por todos nosotros, advertimos que no iba a lograr el objetivo que se había anunciado. Y en abril, antes del anuncio de la “nueva normalidad”, de la vuelta a clases, del retorno de los funcionarios públicos, etcétera, advertimos también que, además de preparar a los hospitales -lo que, dicho sea de paso, se ha hecho bien-, lo sustantivo era evitar los contagios, porque siempre ha sido mejor, más barato, más eficiente y más humano prevenir que curar.

En ese contexto, podemos decir con claridad que esta parte no se hizo, no fue tan eficiente o, más bien, derechamente fue deficiente respecto de lo que sí se hizo bien, que fue preparar los hospitales. Las cuarentenas fueron raras, a la chilena; los apoyos fueron a medias, insuficientes, con serios problemas burocráticos en su aplicación. Si no, preguntémosle a tantísima gente que está hoy dentro del 40 por ciento más vulnerable y no ha recibido aún el bono covid-19 o la caja de alimentos, o ha sido rechazada como beneficiaria del ingreso familiar de emergencia (IFE) en su primera versión.

Ahora, se dijo que había que guardar para más adelante, según los dichos del ministro de Hacienda. En verdad, no quiero hacer esta pregunta, porque el guardar para más adelante es una pregunta que no van a poder contestar las personas que ya fallecieron por tener que salir a la calle a pelear la comida.

Señor Presidente, se debió conocer la pobreza desde adentro; se debió compartir con la gente que, por ser extremadamente pobre, ha tenido que salir a vender en las micros, a vender en la esquina de una calle, a revender el pescado comprado en el bote y puesto en una cajita, para, con el producto de un par de pesos, alimentar a sus familias; se debió compartir con el pequeño empresario que logró tener su bus escolar o su taxi colectivo, y que hoy, literalmente, no tiene qué echarle a la olla.

Esa sensibilidad es la que nosotros esperábamos del gobierno en abril, para que pusiera todos los recursos a fin de cortar la cadena del contagio. Así se habría evitado que fueran los funcionarios de los hospitales los que hoy estuvieran conteniendo la pandemia.

¿Qué pasaría si ese grupo humano, que está trabajando las 24 horas del día, cae de rodillas por agotamiento o por enfermedad? En qué quedamos, cuando tenemos entre 6.000 y 7.000 contagiados diariamente que en algún momento pueden llegar a los hospitales.

Ahora, dado este aterrador crecimiento acelerado de contagios, en verdad me alegro de que el gobierno se haya abierto a acoger algo en lo que desde la oposición veníamos insistiendo desde abril. Me refiero a apoyar a las familias, no solamente a las pobres, sino también a las de clase media, que se están quedando sin ingresos; a apoyar a nuestros equipos de salud -cuando termine esta pandemia tendremos que revisar cómo nos comprometemos más con el sector salud-, y a mantener el programa de obras públicas.

Señor Presidente, yo tenía pensado decir varias cosas más, pero, en síntesis, quiero destacar que este es un esfuerzo país, no solamente una ayuda solidaria, humanitaria, para quienes perdieron su ingresos debido a que perdieron sus trabajos o sus talleres de emprendimiento. Este debe ser un instrumento para evitar que siga creciendo el contagio. No hay que perder de vista eso. Esto, que vamos a aprobar hoy, que vamos a apoyar todos, debe ser un instrumento para evitar el contagio y poder ir frenando de verdad la pandemia.

Vamos a…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, por todo el tiempo de su bancada, el Presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en verdad esta ha sido una jornada bastante agitada, porque hoy, desde las primeras horas del día, en la Comisión de Hacienda estuvimos revisando el proyecto de ley en estudio.

Por eso, a quienes nos acusan permanentemente de obstruccionistas y nos califican con otros epítetos, quiero aprovechar de pasarles el recado de que estuvimos toda la mañana legislando, revisando el proyecto, porque entendemos que es urgente. Pero así como entendemos que es urgente que las familias chilenas tengan hoy un apoyo económico inmediato, por la situación de crisis que se está viviendo, también es urgente que les digamos, con franqueza, qué va a ocurrir y quiénes van a ser los beneficiarios. Esperamos que no haya -molesta tanto decirlo, pero lo puedo repetir sin ningún temorletra chica. Lo digo, porque, en verdad, cuando se aprueba este tipo de proyectos de ley, resulta un trabalenguas decirle a la gente en el distrito, en terreno, quién es beneficiario y quién no. Nos dicen que será beneficiario el 40 por ciento más vulnerable del indicador socioeconómico de emergencia, indicador que fue creado en los últimos dos o tres meses. ¿Quién entiende ese trabalenguas? ¿Cómo explicárselo a la gente?

En todo caso, valoro que hoy, en el debate que tuvimos en la Comisión de Hacienda -complementario del realizado ayer-, el ministro de Hacienda haya sido más directo. El ministro Briones dijo lo que no se atrevía a decir el ministro Cristián Monckeberg , lo que no se atrevían a decir la subsecretaria Candia y el subsecretario Villarreal . Ellos dijeron que el ministro asumió que el proyecto contempla un corte en el que no basta estar en el Registro Social de Hogares. Es decir, hay que cumplir tres requisitos para ser beneficiario de este ingreso familiar de emergencia 2.0 -escuchen bien: tres requisitos-: primero, estar inscrito en el Registro Social de Hogares; segundo, caer dentro del indicador socioeconómico de emergencia en el 40 por ciento más vulnerable, donde hay 3,3 millones de familias; pero, además, no tener ingresos por hogar de cuatro integrantes sobre 400.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona que está en el 40 por ciento más vulnerable, que necesita, que requiere este beneficio, no lo va a recibir si el ingreso de su hogar de cuatro integrantes es de 420.000, 430.000 o 460.000 pesos.

En concreto, un hogar que tiene un trabajador que percibe el salario mínimo -380.000 pesos con el ingreso mínimo garantizado-, que recibe una pensión básica solidaria y que tiene dos hijos, estará fuera; no será considerado vulnerable y no le va a llegar esta ayuda económica. Eso es algo absolutamente inaceptable: son 1,2 millones de hogares, más de 3 millones de chilenos y chilenas, los que no van a recibir este aporte, perteneciendo al 40 por ciento más vulnerable.

Yo me pregunto cómo uno puede estar de acuerdo con eso. ¿Cómo pueden decir que a la gente que no respeta la pandemia hay que ponerla en la cárcel y aplicarle las penas del infierno -como dispone el proyecto que se votó hoy en la mañana, y que voté en contra-, y resulta que no quieren darle la plata para que pueda cumplir la cuarentena? ¡A mí me parece realmente inexplicable esta situación! ¡Inexplicable!

Entonces, uno se pregunta: ¿De verdad queremos resolver la crisis? ¿Vamos a poner todo el empeño, todos los recursos del Estado para enfrentar esta situación? ¿O siempre estará la letra chica que excluye a gente que necesita el beneficio y que hoy lo está pasando muy mal? Quiero insistir en ello, porque alguien me podría preguntar: “¿De dónde salen estos 400.000 pesos que se establecen como barrera, como tope absoluto?”. Son 100.000 pesos per cápita. ¿De dónde surge esa cifra tan certera? Ocurre que todos los indicadores y los datos señalan que un ingreso per cápita que impida caer en la pobreza debe ser de 170.000 pesos. Es decir, además, esta cifra de 100.000 pesos es artificial, es absolutamente construida, y no tiene ningún aval de un indicador social serio que sustente que con ella un hogar podrá enfrentar esta situación de crisis, de cuarentena, pagar todos sus compromisos, sus cuentas y no verse sumido en la pobreza.

Por eso, esta propuesta es insuficiente y hay que decirlo así, sin ningún temor: es insuficiente.

Veamos el informe financiero.

Antes había un IFE -lo llaman 1.0-, cuyo informe financiero nos decía que 830 millones de dólares iba a gastar el gobierno. Ahora, el informe nos dice que en total, con los cambios que se están haciendo, el gobierno va gastar 1.440 millones de dólares. Aproximadamente, hay un aumento de 610 millones de dólares. ¿Qué significa eso? El 6 o el 7 por ciento máximo de todos los recursos. Es decir, del conjunto de recursos, 12.000 millones de dólares, que el gobierno va a destinar, en virtud de su acuerdo con una parte de la oposición, a combatir la emergencia y para la reactivación, solo destinará -escuchen bienel 6 por ciento a ayudar a las familias más vulnerables de Chile, a las familias trabajadoras. ¡Solo el 6 por ciento de todos esos recursos! ¿Es razonable? ¿No había más dinero? ¿No debería haber comprometido, por ejemplo, el 10 por ciento del plan de emergencia y reactivación a esta ayuda directa a los hogares, que, comparto, es la ayuda que la gente más siente, porque es dinero directo, que va a ella y que no se entrega a través de un subsidio al empleo o de fórmulas que muchas veces no permiten que la gente vea la plata?

Objetivamente, en esta propuesta las cifras son absolutamente cortas, absolutamente insuficientes.

También quiero reclamar, exigir y preguntar por qué no se contempló para el presente debate la propuesta que surgió en este Parlamento y que varias bancadas de oposición, más bien dicho todas, firmaron. Me refiero al impuesto a los superricos. Si este acuerdo que se hizo entre una parte de la oposición y el gobierno hubiera integrado el impuesto a los superricos, tendríamos disponibles para poder entregar aportes este año, según nuestros cálculos conservadores, 5.000 millones de dólares. Hubiéramos podido triplicar -¡triplicar!toda la ayuda que hoy se está entregando en ingreso familiar de emergencia. Y pasamos de sobra los 3.300.000 hogares que hay en este 40 por ciento más vulnerable.

¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el motivo técnico? Ninguno. Es solo un motivo ideológico. Se dice que en Chile hay que apretarse el cinturón, pero que lo haga toda la sociedad chilena, que lo haga todo el mundo, menos los superricos de Chile. Eso es evidente, porque es la actitud y la posición que tiene el Presidente de la República, Sebastián Piñera , que es parte de ese grupo de privilegiados. ¡Sí es parte de la verdadera elite que hay en Chile, la elite económica, la elite de poder, que no está dispuesta a entregar un peso para ayudar a las familias chilenas!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Karim Bianchi Retamales .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, el instrumento que por excelencia se ha encargado de discriminar y de excluir de beneficios a las familias chilenas ahora lo tenemos, en gloria y majestad, sepultando a la clase media, a los que el Estado denomina como clase media. Me refiero al Registro Social de Hogares, que es un fraude, al igual que sus antecesoras: la ficha social y la famosa ficha CAS. Este instrumento no puede ser de nuevo la barrera principal para optar a beneficios en este país.

Información veraz y oportuna y no entregar publicidad engañosa son los derechos que se vulneran día a día. En ese sentido, este proyecto de ley barre el piso con la clase media. Este proyecto no llegará al 80 por ciento de la población; seamos claros, no mientan. Este proyecto solo llegará a quienes seleccione un instrumento añejo, desactualizado y poco creíble, pero no a quienes hoy lo necesitan. Con suerte, llegará al 20 por ciento de nuestros compatriotas.

Expertos en marketing de todas las universidades van a estar sorprendidos de los efectos que genera este proyecto de ley en los diputados o en los matinales.

Los ministros y quienes suscribieron este acuerdo, que no es trasversal, participan en la Comisión de Hacienda, en donde se amarra el presupuesto de Chile por dos años, donde, incluso, se les está quitando fondos a las regiones, vuelven a dejar fuera a la clase media chilena y no son capaces de mirar al Chile real, al que hoy el coronavirus tiene en la UTI. Este proyecto de ley es incapaz de reflejar la realidad que vive Chile.

Los ministros vienen a conocer recién la vulnerabilidad cuando un empresario se convierte en Presidente de Chile. Son ellos los responsables de que la plata no esté llegando a las familias, son ellos los que mandaron a vivir con 65.000 pesos a nuestra gente, fondos que, además, iban decreciendo rápidamente.

Ellos son los que han diseñado un mecanismo imposible de entender para las familias. Han puesto la necesidad y el hambre en una fórmula matemática. No saben que muchas de esas familias no tienen internet, no conocen cómo se llena un formulario de postulación y tampoco saben por qué han sido rechazadas.

El gobierno de tecnócratas les dice que no son elegibles, pero no es capaz siquiera de explicar qué significa esa palabra. Tantos ministros, tantos técnicos, tantas mesas de trabajo, tantas comisiones, y son incapaces -¡incapaces!de diseñar un instrumento que refleje la realidad de forma sencilla y fácil para la población; la necesidad de hoy, porque el hambre no espera.

¡No es posible que utilicen el Registro Social de Hogares, que es un fraude, como lo es el Dicom! Lo único que hará este instrumento será dejar gente fuera. De nuevo los tecnócratas dirán que el beneficio es solo para el 34 por ciento de la población, y no el 80 por ciento de la población. Están empujando a esas familias, que tienen que vivir comprando a crédito, a ir a la calle, a las ollas comunes o a changuear, porque este proyecto no las va a salvar.

Esto es publicidad engañosa. Las autoridades se encargarán de pasearse por todos los matinales, por el show de la televisión, diciendo que los 100.000 pesos son la solución de todos los males, pero no dirán que la clase media está siendo olvidada y dejada a su suerte. Nos dirán, después de aprobar este proyecto, que la ley bancaria de todos modos hará que les embarguen sus casas, que las universidades van a seguir cobrando por una educación que no existe, las casas comerciales les embargarán sus bienes, y los arrendadores van a echar a la gente a la calle por no pagar el arriendo. ¡Así es, señor Presidente! Los estamos llevando a la pobreza.

Se propone entregar 100.000 pesos para quienes están en el Registro Social de Hogares, que es un instrumento socioeconómico de emergencia para quienes no tengan bienes, que sus familias no tengan ingresos sobre 400.000 pesos y que ni siquiera tengan familiares con discapacidad. Se excluye, por ejemplo, a una madre que reciba una pensión y que tenga un hijo discapacitado. Esto es una locura.

Señor Presidente, le pido humildad. Deje de defender un sistema económico que nos está llevando a la pobreza. Esta ideología está matando a los chilenos y está cavando la tumba de la clase media. Su misma ideología es esa que hoy no nos deja retirar los fondos de pensiones de las AFP y que está empujando a la clase media a una absoluta pobreza. Presidente, por favor, humildad. La arrogancia está creando pobreza.

Insistimos, hoy más que nunca, que es necesario retirar un porcentaje de los fondos de pensiones invertidos en acciones por decisión de los ejecutivos de las AFP. No es plata del gobierno, sino que es plata proveniente del trabajo de cada uno de los chilenos; es plata de todos ellos, quienes pagan impuestos.

¿Cómo no ponernos de acuerdo tan solo una vez, de verdad,…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo Ortiz .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, el Partido Socialista y sus parlamentarios participamos en este plan estratégico del gobierno porque entendemos -lo tenemos muy claroque el país está primero, antes que cualquier diferencia política que podamos tener con el Ejecutivo.

Con esa buena voluntad y en ese espíritu participamos en el acuerdo. Sin embargo, hay que dejar las cosas claras para que no haya confusión.

El proyecto señala claramente que busca ampliar el número de beneficiarios. Es evidente que ello se logra al incorporar a quienes están por debajo del 80 por ciento de vulnerabilidad, a diferencia de lo que ocurrió con el primer proyecto, que alcanzaba solo al 60 por ciento de vulnerabilidad. Si analizamos las cifras entregadas por las autoridades de gobierno, de acuerdo con el indicador socioeconómico de emergencia, los hogares que están por debajo del 80 por ciento de vulnerabilidad en el país son, nada menos ni nada más, los de 5.317.000 familias.

¿Qué dijo el Presidente de la República cuando habló al país el otro día? Que este proyecto iba a incorporar a la clase media, a un número importante de chilenos. Es evidente que mucha gente que escuchó ese mensaje se hizo ilusiones en sus hogares, pues creyó que sería parte de ese beneficio. Sin embargo, los fríos números indican que solo podrá alcanzar a una cifra menor al 40 por ciento de quienes son vulnerables en el país.

Es muy importante decirlo, porque, de lo contrario, quedará una sensación extraña y se sembrarán ilusiones en las personas que pensaban que serían beneficiarias del ingreso familiar de emergencia, en circunstancias de que no lo serán.

Eso generará un conflicto entre la estrategia sanitaria que impulsa el gobierno, en el sentido de que la gente se quede en sus hogares y se proteja, y la estrategia socioeconómica, que debería acompañar armónicamente, de la mano, a aquella.

Si bien es cierto se valora el aumento de los aportes y que se haya hecho un esfuerzo adicional, al país hay que hablarle con la verdad; no hay que engañarlo, sino decirle las cosas como son, para que se deje conducir por sus líderes, tanto en el ámbito sanitario como en otros del nivel nacional. Sin embargo -digámoslo con absoluta claridad-, este proyecto no va a satisfacer todas las aspiraciones de las personas, porque muchos o casi todos los potenciales beneficiarios a los cuales el gobierno les habló, como la clase media, los pescadores, los artesanos y tanta otra gente que nombró el Presidente de la República, no obtendrán este nuevo aporte a través del ingreso familiar de emergencia.

Por eso, los socialistas decimos con claridad que nos sentimos engañados, porque participamos en ese acuerdo en el entendido de que se ampliaría el universo de beneficiarios, pero, lamentablemente, las frías cifras señalan que no se llegará al guarismo que todos esperábamos y que estamos muy lejos de los 2.100.000 personas de que habla el gobierno.

Desde luego, se han generado dudas y desconfianzas en mucha gente en relación con el primer ingreso familiar de emergencia, porque todos hemos sido testigos, en nuestras regiones y distritos, de que en la nueva ficha, con el indicador socioeconómico de emergencia, han aparecido ingresos caídos del cielo, ingresos que la gente nunca ha tenido. Entonces, como aparecen con esos nuevos ingresos, las personas están quedando fuera del beneficio.

Es claro que se han sembrado dudas y desconfianza, porque, aparentemente, habría una manipulación -lo digo en ese sentidoen las cifras respecto de lo que la gente obtiene verdaderamente como ingresos y aquellas que aparecen en el nuevo índice socioeconómico de emergencia.

Es importante que eso sea clarificado, para que la gente no siga dudando y desconfiando de los proyectos que aprobamos en el Congreso Nacional.

En razón de lo anterior, hemos solicitado a la Contraloría General de la República, a través de un oficio, que precise con claridad por qué existe esa enorme diferencia entre la realidad que hoy están viviendo las familias y las cifras que aparecen en el indicador socioeconómico de emergencia.

Ha llegado la hora de señalar con claridad que aprobaremos esta iniciativa legislativa, porque creemos que hoy deben primar los intereses del país por sobre las diferencias que podamos tener. Pero con la misma claridad con que decimos que votaremos a favor, expresamos que rechazaremos dos artículos. No los vamos a rechazar antojadizamente, sino porque uno de ellos, el 5 bis, pone una dificultad.

En efecto, en la Comisión de Desarrollo Social votamos en contra ese artículo, porque en la versión propuesta establecía un plazo que no compartimos; pero la indicación incorporada por el gobierno en la Comisión de Hacienda es aún peor que la presentada en la Comisión de Desarrollo Social, ya que propone que el plazo de postulación se establezca a través de un decreto ministerial.

Entonces, uno tiene el legítimo derecho a pensar que si antes era a lo menos diez días, dicho decreto perfectamente podría establecer tres o cinco días. Ya vivimos la experiencia con el primer ingreso familiar de emergencia, puesto que el hecho de establecer un plazo se transformó en una dificultad que hizo que muchas personas quedaran fuera del beneficio.

También votaremos en contra el artículo 12 bis, porque no nos parece justa la manera como se está abordando la situación de los trabajadores independientes; no puede ser que después tengan que devolver esos dineros que van a recibir a través del ingreso familiar de emergencia. No es justo el trato que se les está dando ni va en la dirección que todos hemos estado pensando cuando hablábamos de los trabajadores independientes y de quienes reciben honorarios.

Por eso, lo decimos muy claro: lamentablemente, las señales que el gobierno ha dado en términos comunicacionales, derechamente, han sido cantinflescas. Anuncia que se hará una cosa, pero después, en los hechos prácticos y reales, hace otra muy distinta. Es como la política del pa´tras y pa´delante; da un paso para adelante frente a la opinión pública, pero al momento de ingresar el proyecto al Congreso, da dos pasos hacia atrás. Eso es jugar con la confianza, con la credibilidad y con la buena voluntad con la que los socialistas participamos en esa mesa de conversación y de acuerdo.

Considero que no se cumplió el aspecto más importante del acuerdo que era ampliar la cobertura con el fin de llegar a muchas más personas, porque lo más probable es que después de que se apruebe el proyecto, muchos chilenos seguirán saliendo a la calle, ya que no tendrán los recursos económicos para llevar el pan a la mesa de su hogar.

Justamente, eso fue lo que nos llevó a participar en este acuerdo. Queremos que los chilenos se sientan protegidos y se queden en su casa. Lamentablemente, una vez más, la estrategia sanitaria no va a coincidir armónicamente con la estrategia socioeconómica. Si queremos salir adelante en esta crisis sanitaria es fundamental que la estrategia sanitaria y la socioeconómica vayan de la mano, que se relacionen armónicamente, de tal manera de poder decir a la gente que se quede tranquila en su hogar, porque tendrá los recursos económicos necesarios para ello.

Lamentablemente, con dolor tenemos que decir que eso no ocurrirá y muchos jefes de hogar tendrán que volver a salir a la calle, con el riesgo de contagiarse no solo ellos, sino también a sus familias.

Por eso, reitero, los socialistas aprobaremos en general el proyecto, pero rechazaremos esos artículos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos frente a un inmenso aporte fiscal. El Estado se atreve hoy a tomar medidas que muchos dijeron que nunca iba a adoptar. Me alegro de que al fin estemos actuando de acuerdo con la dimensión del problema.

Este IFE 2.0 -hay que reconocerloes más justo que el anterior. Siempre se dijo -el exministro Sichel lo dijoque no era prudente poner todos los recursos en la parrilla en circunstancias de que el futuro se mostraba incierto.

Valoro el esfuerzo realizado por el Estado para alcanzar un acuerdo nacional y a los partidos que participaron en él, ya que se vio una actitud diferente, una actitud republicana, en virtud de la cual se enfrentó un problema en conjunto y se llegó a un acuerdo en pro del bien común.

Ahora debemos buscar otros caminos para no cargarle siempre la mano al fisco; ver posibilidades de fondos solidarios, donaciones, y apelar a la voluntad de las empresas que sortean bien esta crisis, de modo que corran un poco de riesgo, tal como el Estado lo está haciendo.

Quiero resaltar en el IFE la preocupación especial por los adultos mayores, que van a recibir la pensión básica solidaria y un ingreso plano de 100.000 pesos. Así, un pensionado, una persona mayor de 80 años, va a recibir 285.000 pesos, que van a ser muy valorados; los van a cuidar como hueso santo en sus familias. El IFE es un gran avance, y de eso no cabe ninguna duda.

Es de esperar que Chile se levante fortalecido en lo económico y en lo espiritual, y que nos demos cuenta de que si nos unimos, somos más fuertes y eficientes. Creo que eso es lo que espera el pueblo de su Poder Ejecutivo y de su Poder Legislativo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, para enfrentar la crítica situación en que se encuentra el combate a la pandemia, 87 diputados y diputadas le entregamos al gobierno un plan integral de emergencia aprobado en esta Sala. El gobierno no nos hizo caso, no escuchó esta señal del Poder Legislativo, y acordó con dirigentes de partidos y parlamentarios un plan que ha sido presentado a la opinión pública como un acuerdo de toda la oposición, cuyo primer pilar es este IFE.

100.000 pesos per cápita, decrecientes a partir del quinto miembro de la familia, no bastan para que un jefe o jefa de hogar no se vea obligado a salir a la calle a buscar sustento para su familia. Se optó por esta suma en lugar de utilizar el índice objetivo del límite de la pobreza de 114.000 pesos.

14.000 pesos adicionales, aunque parezca muy poco dinero para muchos, son muy significativos para cientos de miles de chilenos que están en cesantía, sufriendo hambre y/o participando en ollas comunes.

Francamente, no se entiende este ahorro menor cuando los países de la OCDE han gastado un promedio del 9 a 10 por ciento del PIB, y otros, hasta casi 19 por ciento del PIB para apoyar a su población, a fin de que pueda quedarse en casa, alimentarse y hacer el aislamiento indispensable para derrotar a la covid-19 y superar con éxito la crisis sanitaria.

Nosotros en Chile, teniendo finanzas más sanas y en mejores condiciones que muchos países, solo llegaremos al 6,9 por ciento del PIB en 18 meses y solo utilizaremos menos de la mitad de los 12.000 millones de dólares del plan en los próximos seis meses.

Como lo planteamos, había más recursos de los fondos soberanos, de endeudamiento a muy bajo interés y de otras posibilidades, como el impuesto a las grandes fortunas y el uso de fondos previsionales por una sola vez y restituidos por el Estado al momento de la jubilación. Ninguna de esas alternativas se utilizó para contar con más recursos.

Tampoco entiendo por qué gastar estos recursos, en su mayor parte, dentro de 18 meses, en la reactivación, si esta puede retrasarse o ser mucho más onerosa si no derrotamos la covid-19 en los próximos tres a seis meses. Es en ese tiempo donde está la clave y el epicentro de la crisis para no terminar en la catástrofe sobre la que nos han alertado los científicos y que se ha convertido en un gran peligro y en una amenaza gravísima, tanto por las víctimas y los costos económicos para el país, como también por la deficiente estrategia sanitaria y de apoyo social y económico que se ha aplicado desde marzo.

Permítanos decir que gastar hoy lo que se necesita resultaría mucho más barato para la reactivación que suspender estos pagos y mejorar el IFE.

Tampoco entiendo por qué se apoya con tan pocos recursos a los municipios. En el plan que propusimos se consideraban 300 millones de dólares. Hasta ahora el IFE no ha cumplido su objetivo, porque no lo ha recibido ni la mitad de las personas a las que estaba destinado y que lo necesitan, y este IFE, según los informes, va a alcanzar solo a un poco más de un tercio. Por lo tanto, no va a alcanzar al 80 por ciento prometido.

La responsabilidad de ello recaerá en el gobierno, el Presidente y los ministros, que no han escuchado a las organizaciones sociales, a los municipios, a la comunidad científica, que han solicitado rectificar la estrategia y mayor apoyo económico, y cuyas proposiciones hemos recogido en el plan de emergencia que aprobamos en esta Cámara.

Todavía estamos a tiempo para mejorar y corregir el plan acordado. Es nuestro deber hacerlo en el Parlamento, estudiando y revisando cuidadosamente cada proyecto de ley. Colaboraremos en ello.

Tengo la convicción de que el IFE todavía requiere elevarse para cumplir su cometido, llegar de verdad a sus destinatarios y asegurar, al menos, al 80 por ciento de la población, porque de otro modo no bastará para que una nueva estrategia sanitaria pueda funcionar. El gobierno debe asumir la responsabilidad de ello.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, para el manejo de la pandemia covid-19 -lo hemos conversado en este espacioel gobierno hizo una apuesta sanitaria y económica arriesgada que durante marzo parecía mostrar resultados mejores que en otros países vecinos. En ese momento, toda la coalición de gobierno, Chile Vamos, puso las manos al fuego por la estrategia sanitaria del gobierno que encabeza y apuntó con el dedo a quienes teníamos una visión distinta, desde la política o desde la sociedad civil. Y sí, desde el oficialismo, lo dijeron con fuerza durante el debate del bono covid en marzo, durante el debate del seguro de cesantía y durante el debate por un ingreso familiar de emergencia, en los meses de abril y mayo.

Dijeron que quienes en marzo solicitábamos que se aplicara una cuarentena en la Región Metropolitana éramos exagerados y exageradas; que quienes criticábamos al gobierno cuando planteó la nueva normalidad éramos poco patriotas; que quienes planteábamos que para salvar la economía se necesitaban ahora más recursos éramos unos irresponsables; que quienes empujábamos condiciones que permitieran cuarentenas efectivas para las familias éramos populistas; que quienes creíamos que la cobertura era insuficiente, que no llegaría a las capas media y que no debía ser decreciente éramos -todos y todasdemagogos; que quienes hacíamos mención a la necesidad de cubrir la línea de la pobreza éramos maximalistas y radicales, y que quienes hicimos eco de la situación de hambre que se levantaba en las protestas de las poblaciones éramos mezquinos. Y repitieron hasta el cansancio que una oposición que no estaba disponible para aprobar todos los proyectos del gobierno en una situación urgente como esta era obstruccionista. No lo dijeron una vez, ni dos ni tres. Eso estuvo presente durante los primeros dos meses de la pandemia, como un coro, tal como lo recomiendan los manuales de propaganda.

¿Y qué ha cambiado en estos dos meses? ¿Cambiaron las circunstancias macroeconómicas? No. ¿Cambió la capacidad del Estado de adquirir deudas o de vender los bonos soberanos? Tampoco.

¿Saben qué cambió? Cambiaron cosas que nadie de acá hubiera querido que cambiaran, pero que eran previsibles.

El 29 de marzo, había 2.139 casos confirmados -al menos eso se comunicóy 7 fallecidos; el 29 de abril, un mes después, 6.862 casos y 216 fallecidos; el 20 de mayo, cuando se tramitaba también uno de estos proyectos, 53.617 casos y 544 lamentables fallecimientos; el 17 de junio, 220.628 casos y 3.615 fallecidos, al menos eso dicen las cifras oficiales, sin contar lo que se han comunicado a la OMS, pero no en Chile.

Salieron dos ministros: el ministro de Salud y el ministro de Desarrollo Social y Familia, al que le tocó tramitar este proyecto.

Obviamente, nadie tenía una bola de cristal para imaginar el desastre que ocurriría en nuestro país, pero teníamos sospechas fundadas en la ciencia, en la experiencia internacional, en los especialistas, en los colegios profesionales y en los centros de estudios.

Una parte de la prensa no abandonó esa sospecha y los obligó a rectificar. El sesgo de confirmación, es decir, escoger aquella evidencia que reafirmaba sus intenciones y creencias, fue lo que llevó al desastre total de la gestión del entonces ministro Jaime Mañalich . Y parece que algo se rompió para las comunicaciones en la elite: esa idea de que Chile, como un jaguar, entre otras cosas, había superado los problemas de alimentación. Y ahí estamos, además de las protestas por hambre y de las miles de ollas comunes que vemos en los territorios, con un informe de la FAO que nos dice que en Chile hay cerca de 600.000 personas con inseguridad alimentaria severa, es decir, pasando hambre, y que probablemente, después de la pandemia, lleguemos a un millón este año. Pero, como reza el dicho: “más vale tarde que nunca”.

Es bueno destacar que, tras la propuesta del Colegio Médico, en que los economistas dijeron que era viable un esfuerzo mayor, hubo un giro en el discurso oficialista, y reconozco el rol que ocupó el ministro Ignacio Briones en esta situación, el tono del ministro Cristián Monckeberg y la disposición de ambas subsecretarías en esta conversación, que permitió convencer a los más duros de Chile Vamos de que esto no era una batalla de halcones contra la oposición, sino que estábamos hablando del bienestar de la población.

Pero ¿a qué costo tuvimos que aceptar esto? Además del costo sanitario, que es enorme, y del costo económico, que por supuesto va a ser tremendo, tiene un invaluable costo en las confianzas públicas de la ciudadanía hacia el gobierno y, claramente, en la política. Allí es donde algunos hubiéramos esperado un cambio de actitud, aunque fuera pequeño. Es algo que se ve en algunos personeros de gobierno, pero no en los discursos oficialistas, y, en general, no se ve mucho en política. A mi juicio, enaltecería algo tan simple y complejo a la vez como reconocer que los escenarios proyectados y los supuestos de las políticas que empujaron no solo fueron errados e insuficientes, sino desastrosos para la salud y la economía de nuestro país. En cambio, tenemos cartas en los diarios que felicitan al ministro y acusan que esta es una medida exigida por la izquierda radical internacional.

Obviamente, con esas declaraciones no se ayuda en nada a construir nuevas confianzas. Algunas personas confunden la lealtad con la obsecuencia. Creo que otro aprendizaje de este proceso debiera ser, para quienes ocupan un lugar en el oficialismo, que a veces vale la pena ir contra las directrices de su gobierno si es para el bienestar de la población. Si lo hubieran hecho desde marzo en vez de apuntar con el dedo a la oposición, quizá nos hubiéramos ahorrado varios meses de pelea y tal vez hubiera cambiado el panorama sanitario.

Sobre el proyecto de ley, deberíamos tratar de no abordarlo con grandilocuencia. Eso también debiese ser un aprendizaje.

Es cierto, sin este proyecto tendríamos pagos de 55.000 pesos por persona para el mes de junio y de 45.000 pesos para el mes de julio, y nada para agosto. Por eso lo vamos a aprobar. Pero sabemos que, primero, llegará tarde, y segundo, a diferencia de lo que las familias escuchan en los medios, que dicen que llegará a un 80 o a un 90 por ciento de vulnerabilidad, finalmente -es bueno que así se trasparente-, según el gobierno, este beneficio llegará aproximadamente a 2.1 millones de familias, cerca de un tercio de las familias chilenas. Es un monto importante; hay que apoyarlo, y ojalá llegue lo más rápido posible a sus beneficiarios, pero es bueno tener aterrizadas las expectativas. Por lo mismo, una comunicación moderada creo que ayudará a que no se sigan afectando las confianzas.

Ahora bien, si no llega siquiera a ese universo, es decir, si no llega a esas familias, por ejemplo, de cuatro personas que no tengan más de 400.000 pesos como ingresos formales -que quede en acta-, será porque la parte administrativa falló, a pesar de todas las advertencias y propuestas que hemos hecho.

También hemos pedido votación separada respecto del numeral 11), que incorpora un artículo 12 bis, nuevo, ya que sentimos que hay una clase media que debería acceder a los subsidios respecto de los honorarios por sobre el ingreso familiar de emergencia, y así aumentar la cobertura.

Por último, lamentablemente, no tenemos certeza de que esto será suficiente para frenar la curva, como pudo pasar hace dos meses, pero esperamos que sí contribuya a ese objetivo. Por eso, anunciamos nuestro voto favorable.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y cuarenta y tres segundos, el diputado señor Diego Schalper .

El señor SCHALPER (vía telemática).-

Señor Presidente, quizá estos días de cuarentena nos han obligado a estar más de lo que es frecuente con nuestros hijos; pero escuchar a algunos colegas me recuerda una película de Disney llamada Fantasía. Cuando escucho al diputado Daniel Núñez , al diputado Bianchi , al diputado Ibáñez y al diputado Jackson , es como esa película, en donde todo se puede; es como un mundo de fantasía.

Todo el mundo debate sobre cómo resolver la pandemia, pero Giorgio Jackson nos dice que ellos sabían desde marzo todo lo que había que hacer. ¡Mire qué curioso! Ellos sabían todo lo que había que hacer y debimos haber seguido ese manual casi al pie de la letra. En ese mundo de fantasía todo se puede financiar; por el solo hecho de que uno dice las cosas, ellas suceden; las ideas de uno son las únicas. O sea, es un mundo maravilloso que subsiste, efectivamente, en algunas cabezas.

Pero el mundo real es un poquito más difícil. En el mundo real hay que tratar de lograr un equilibrio entre las necesidades y las capacidades.

En el ingreso familiar de emergencia 1.0, la oposición nos pedía una renta básica de 320.000 pesos, y rasgaban vestiduras porque no era suficiente. Y ahora -dense cuentatampoco les perecen suficientes 400.000 pesos. Nada les va a parecer suficiente nunca, porque en ese mundo donde se entremezclan Mickey Mouse y Pluto todo es posible. Pero en el mundo real, lamentablemente, los presupuestos son limitados.

Yo creo que es tan evidente que el ingreso familiar de emergencia 2.0 ha sido bien recibido por la ciudadanía, que Revolución Democrática ya no sabe cómo explicar por qué se bajó del acuerdo. Lo digo, porque en cualquier intervención que uno hace en terreno, la gente agradece el esfuerzo de tener, por tres integrantes de una familia, 300.000 pesos de ingreso, monto que, para aquellas familias que no tienen ingresos o viven con una pensión básica solidaria, es un monto bastante razonable. Por lo tanto, no reconocer ese esfuerzo es de una mezquindad tremenda.

Por otro lado, en el mundo real hay que llegar a acuerdos, donde uno no logra siempre lo que quiere, donde uno sale del mundo infantil en que si no se hace lo que quiero, me llevo la pelota para la casa. Ese es el error de algunos: no haber salido de esa adolescencia permanente.

Aquí se llegó a un acuerdo. ¿Nos deja a todos ciento por ciento tranquilos? No; pero en el mundo real a veces hay que tratar de lograr lo mejor posible. Creo que la ciudadanía y la inmensa mayoría del Congreso van a valorar ese esfuerzo.

Por último, como dijo muy bien el ministro Monckeberg , acá debemos lograr una mezcla entre la urgencia y presencia. Urgencia, apurarnos, porque esto tiene que estar tramitado lo antes posible, y presencia, porque si no salimos todos a la calle desde nuestras oficinas parlamentarias, y no sale el gobierno ni salen las organizaciones, la gente no se va a enterar.

Por lo tanto, ojalá todos nos pongamos en la fila de esa colaboración y llevemos esto a todos los rincones.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix) [vía telemática].-

Señor Presidente, desde marzo venimos diciendo que había que cerrar las fronteras, que necesitábamos un ingreso universal de emergencia y cuarentena total. Eso está en las actas, en la prensa y en las redes sociales.

¿Qué hizo el gobierno? En cuanto a cerrar las fronteras, lo que hizo fue generar unos formularios que la gente que llegaba desde Italia, desde Europa , debía llenar. ¿Para qué sirvió?

¿Para qué eran esos formularios? No sirvieron de nada. Esa era la medida que estaba tomando el gobierno en marzo.

Cuando debatimos el bono covid, dijimos que se podía más, y lo aprobamos. El gobierno perseveró en que no había más dinero, que eso no era realista, como acaba de señalar el diputado Schalper .

Cuando discutimos el ingreso familiar de emergencia (IFE), dijeron lo mismo: que no había más dinero, que no era realista. Pero hoy sí hay más dinero, a pesar de que probablemente no sea suficiente y no llegue a todo el mundo.

También criticamos que, en lugar de aumentar las cifras, se entregaran esas cajas, que aún no terminan de entregar, en un triste espectáculo de lavado de imagen del gobierno.

¿Cómo estamos hoy día? Tenemos más contagios que China, en unos días más vamos a tener más contagios que Italia y, a pesar de que los indicadores de letalidad están bajos, tenemos la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Somos el país con el peor manejo de la pandemia. Esa es la realidad.

Ahora quieren corregir eso y dicen que faltaba un acuerdo. No necesitaban un acuerdo para aumentar las cifras; ya estábamos de acuerdo. Incluso, los que no participamos en el acuerdo lo vamos a votar favorablemente.

Insisto: no necesitaban un acuerdo.

Además, quiero decir a los partidos de oposición que fueron a firmar ese acuerdo, que espero que esto no signifique licuar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para facilitar la evaluación ambiental de proyectos contaminantes y entregar el agua y la salud de las comunidades, a propósito de este y otros proyectos de ley que tienen relación con cosas necesarias.

Le quiero decir al gobierno que debe declarar cuarentenas efectivas…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y doce segundos, el diputado don Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, en verdad, en materia de apoyo económico a las familias vulnerables y sobre todo a la clase media, el gobierno del Presidente Piñera ha sido tremendamente tacaño: hasta este minuto no ha querido poner los recursos necesarios sobre la mesa. Y si hoy día hay un marco de entendimiento y se va a crear un fondo covid-19 de 12.000 millones de dólares, que era más o menos lo que pedía el mundo de los expertos, el mundo social y el mundo político, es gracias a que la oposición, de cierta manera, logró correr un poquito la valla, logró correr un poquito la barrera de lo posible.

¿En qué se logró avanzar? En aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia 1.0, que era de 65.000 pesos por persona, a 100.000 pesos por persona en el ingreso familiar de emergencia 2.0, para los hogares que tengan ingresos informales, y en un complemento de esos 100.000 pesos por persona para los hogares que tengan ingresos formales insuficientes bajo ese umbral. Asimismo, se amplía el universo de cobertura del 60 al 80 por ciento.

Con claridad digo que voy a aprobar este proyecto porque va a llegar con un apoyo importante a dos millones de hogares que lo necesitan en tiempos en los que se está avanzando en mayores cuarentenas y confinamiento. Sin embargo, también con absoluta claridad hago presente que el gobierno le está mintiendo a la gente, y debe aclarar la situación respecto de la cobertura. La gente cree que este beneficio va a llegar al 80 por ciento de la población, en circunstancias de que no es así: va a llegar al 34 por ciento del 80 por ciento, que son las familias que están bajo el umbral de ingreso de 100.000 pesos por persona o de 400.000 pesos en un hogar o en una familia de cuatro integrantes, lo que va a dejar a mucha gente en el camino. El único responsable va a ser el gobierno.

Vamos a exigir que se pongan más lucas sobre la mesa en los meses sucesivos y que se mejoren los apoyos económicos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, he seguido con atención la discusión, y lo único que quiero decir hoy, después de oír al diputado Giorgio Jackson , es que ha llegado el momento de la humildad.

Nada era precario, diputado Jackson , por su intermedio, señor Presidente, hasta que usted llegara. Se han construido, desde el retorno de la democracia, grandes acuerdos.

La soberbia es una mala compañera. No se vengan ustedes a hacer los capos hoy de que predijeron todo. Aquí en Colchagua, a esta hora, llueve copiosamente, luego de que los superexpertos nos dijeron que íbamos a tener un año de sequía terrible. Nadie puede pontificar respecto de cómo ha evolucionado esta pandemia.

Se pudo haber cometido errores, pero, por favor, la soberbia es una mala compañera. Se lo dice alguien ya con mucha experiencia y con porrazos en la vida.

Nada era precario antes de que usted llegara, señor Jackson , por su intermedio, señor Presidente. Se lo digo con harto cariño.

Este es un acuerdo importante, al cual se llegó prácticamente de manera unánime -un diputado se restó al último momento-, y creo que el proyecto será votado a favor, lo que es algo que me alegra, porque es un paraguas, como decía el ministro Briones .

En el primer proyecto del bono covid-19, el ministro planteó con mucha sabiduría una palabra que tengo en mi mente: este beneficio va a ser algo evolutivo. Miren ustedes qué razón tenía el ministro al plantear que no era necesario, mientras no supiéramos hacia dónde iba la pandemia, tirar toda la carne de inmediato a la parrilla.

Hoy podemos ampliar la cobertura, ampliar el monto, ampliar el número de meses, y aún así es posible que, incluso, se comprometan otros meses y otros recursos en función de cómo esto vaya evolucionando.

Llegó la hora de que se resten los que siempre están en desacuerdo con todo, y de que hagamos la buena política, no la política barata, la política del populismo o la política de hacerse los capos en todo. Porque ¿saben qué? La historia después se escribe, y es muy fuerte con aquellos que con soberbia intentan imponer su visión de las cosas.

Espero que votemos a favor de manera unánime este proyecto. Quiero hacer hincapié en el artículo 5 bis, porque, de lo contrario, no vamos a tener un cuarto o un quinto mes.

Agradezco el esfuerzo que ha hecho el Presidente Piñera por intentar buscar este acuerdo, necesario para poder avanzar en dar a la familia chilena una cantidad de recursos nunca antes vista si uno suma todos los paquetes de propuestas que hemos procesado en el Congreso Nacional.

Espero que hoy mis colegas no se resten, porque el país está esperando el gesto de una política que está muy desprestigiada. Prestigiemos esta política y no caigamos en el populismo barato o en hacernos los capos en todo, sino que colaboremos en esta política evolutiva de llegar con recursos a las familias de todos los chilenos.

Así como llueve copiosamente a esta hora, pese a que dijeron que iba a haber sequía, y así como nadie sabe hacia dónde va la pandemia -basta con ver a China con nuevos contagios, así como a Nueva Zelanda y otros países-, seamos humildes. Esa es la palabra.

Que Dios bendiga a Chile, a sus legisladores, y que el acuerdo hoy se plasme en una votación que permita llegar a muchas familias con los recursos necesarios.

Valoro profundamente el discurso unitario de José Miguel Ortiz , de experiencia, de aplomo.

Humildad y no soberbia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy estamos a punto de votar un proyecto que es parte de un acuerdo que nos corresponde honrar, que se suscribió el 14 de junio recién pasado. Se trata de un acuerdo que significa aportar hasta 12.000 millones de dólares por 24 meses, recursos que permitirán financiar una de las iniciativas, como es la del ingreso familiar de emergencia.

El ingreso familiar de emergencia, en el mes de mayo, benefició a 1.150.000 hogares, lo que equivale a 3.300.000 personas. Con los ajustes y las mejoras en cobertura, el ingreso familiar de emergencia ahora llegará no solo a 1.130.000 hogares, sino a 2.100.000 hogares, y beneficiará a 6.040.000 personas. Es decir, vamos a pasar de 3.300.000 personas a 6.040.000 personas, lo que obviamente es un aumento significativo, que también viene acompañado por un aumento en el monto que se va a pagar a cada una de las personas, de 65.000 pesos a 100.000 pesos. Esto representa un incremento de 54 por ciento más del bono per cápita de este ingreso familiar de emergencia.

El acuerdo que se suscribió hace un par de días era una señal importante que había que entregar al país porque permite entregar certezas, entregar confianza de que el mundo político está trabajando para ir en ayuda en la lucha contra un flagelo tan importante y tan dramático en lo sanitario, en lo económico y en lo social.

Hoy hemos visto un debate que no está exento de obstruccionismo y que no está exento de esa oposición republicana. Ante ese obstruccionismo descarnado y esa oposición republicana, quiero dar el ejemplo de dos parlamentarios que tienen experiencia, que llevan años en el Congreso Nacional y que obviamente saben cómo es la acción política y cómo ven la acción política. Quiero dejar de lado -en eso concuerdo con lo que decía el diputado Ramón Barrosa los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados en este último período, a los obstruccionistas por naturaleza.

Hoy, al escuchar a estos obstruccionistas por naturaleza, me he podido dar cuenta de que poseen una condición que, en verdad, no había detectado: ¡Son pitonisos! ¡Conocen el futuro! Creo que antes nunca había llegado un parlamentario pitoniso; nunca había llegado un adivino; nunca había llegado alguien que se maneja con la bolita mágica para saber qué va a pasar y cómo va a ser la conducta de la sociedad, de las pandemias, del clima y de otras cosas. ¡Es increíble! No sé si debemos sentirnos orgullosos como país de tener pitonisos, de tener gente que ve mucho más allá y que está casi a la altura de Dios.

Hay que hablarle en positivo a la gente; no en negativo. El ministro Cristián Monckeberg fue claro. Obviamente, que una política o un instrumento por sí solo no es suficiente. ¡Eso no es ser pitoniso! ¡Eso es ser lógico, obvio, sobre lo que estamos hoy debatiendo! Por eso, existen otros instrumentos, como la suspensión temporal del empleo, el bono covid, el Fogape, así como los instrumentos que se van a aplicar a los distintos servicios del Estado para ir en ayuda de la gente.

Escuché a Jaime Naranjo señalar que votarán en contra el artículo 5 bis, Eso es poner en riesgo que exista una cuarta cuota en este beneficio.

Pido a los diputados de aquella oposición que no está en el sector del obstruccionismo, de la anarquía legislativa, de los que se niegan a todo, que ponen piedras y que encuentran que todo es insuficiente, que creen que existen objetivos perversos de afectar a los más humildes, de dañar a la clase media, que escuchen al diputado José Miguel Ortiz , una persona republicana, cuya experiencia permite entregar un mensaje de optimismo: que se está trabajando para ir en ayuda de las personas; que se están buscando los caminos que permitan salir de esta pandemia tan dramática que estamos viviendo no solo en Chile, sino en el mundo.

Hablar en positivo es algo que también se puede hacer desde la oposición, sugiriendo cosas por mejorar. Pero también hay que decir que Chile, que el Estado y que el legislador quieren contribuir e ir en apoyo de cada uno de ellos.

En consecuencia, junto con anunciar que votaremos a favor esta iniciativa, deseo valorar la labor de los ministros Cristián Monckeberg e Ignacio Briones , quienes hicieron un esfuerzo para llegar a este acuerdo. Valoramos además la gestión de los parlamentarios y de los partidos políticos que entienden que estamos frente a un problema muy complejo y difícil, en donde la política pequeña tiene que quedar guardada por un buen tiempo y avanzar en una política social humana y solidaria, por el bien del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING (vía telemática).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que tratamos hoy tiene su origen en una situación que es completamente nueva para el mundo y para Chile, que es desconocida y, sobre todo, peligrosa. En función de cautelar los intereses de nuestro pueblo, los socialistas hemos concurrido a un acuerdo para tratar de dar una respuesta lo más integral posible, pero sobre todo buscando que sea eficaz.

La única vacuna que conocemos contra la pandemia que nos azota es la del distanciamiento físico, del aislamiento, del confinamiento, de dejar de ir a trabajar, de dejar de sociabilizar, de dejar de ir a la escuela. Y eso supone, entre otras cosas, que se debe preparar toda la red hospitalaria y que se tiene que poner en movimiento la atención primaria de salud, la cual no había sido considerada en la estrategia sanitaria, lo que explica una de las razones del fracaso de la misma y de la potenciación de la pandemia. La situación es tan urgente que nos lleva a declinar posiciones en aras del interés general y del bien superior, que es la salud y la vida del pueblo chileno.

Se nos propone, como consecuencia del acuerdo, un proyecto de ley que debería reflejarlo en el espíritu y en la ley. El espíritu es que, para lograr el confinamiento de la mayor cantidad posible de compatriotas, para reducir al mínimo el impacto del contagio por la cercanía, el alcance del beneficio tiene que ser el mayor posible, pero eso no se está logrando.

He escuchado discursos de algunos que andan con la pretensión de que este proyecto de emergencia tiene que resolver los problemas históricos de Chile: la desigualdad, la distancia entre ricos y pobres, la justicia social. No es así. Este proyecto solo tiene que resolver la emergencia sanitaria y poner remedio a la pandemia. No obstante, como lo ha formulado el gobierno, lo hace restrictivo en su alcance, en su cobertura.

Por esa razón, los socialistas votaremos en contra algunos artículos, porque no estamos satisfechos con lo que va a ser el resultado de la eficacia del proyecto para su propósito, no para la justicia social, no para la igualdad, no para alterar lo que es hoy la sociedad.

Algunos pueden encontrar que lo que estoy diciendo es demasiado frío y sin emociones. Sí; esa es la manera de mirar los problemas para resolverlos. Y esta es una advertencia al gobierno: nosotros hemos entrado de buena fe, vamos a cumplir, vamos a asumir los costos de cumplir con un gobierno archiimpopular, por archiineficaz en muchos planos, pero así como vamos a cumplir, vamos a rechazar algunas cosas, para exigirle que cumpla a la letra con el espíritu de lo que acordamos. Y no queremos volver al tema de la letra chica, porque las cosas han cambiado tanto que todos debemos cambiar de actitud.

No les quiero reprochar eso, ni mezquindades ni la letra chica ni nada. Lo que les quiero exigir es que, por el pueblo de Chile, cumplan con el acuerdo que va en su beneficio y en la salvaguarda de su salud.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, el mundo ha sufrido dos desgracias simultáneas. Primero, la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, dejando millones de contagiados, cientos de miles de muertos y un desastre económico de proporciones.

La segunda desgracia es que en el 95 por ciento de los países, justo la gente que sabía cómo enfrentar la pandemia y que sabía exactamente lo que había que hacer estaba en la oposición. En la gran mayoría de los países del mundo los gobiernos no sabían cómo enfrentar la pandemia, pero la oposición sí sabía.

Y acá, en Chile, hay una parte de la oposición que cabe dentro de esa descripción. Hoy, en un momento de crisis brutal para los chilenos, en lugar de que esa oposición se siente a hacer propuestas, para ver cómo llegar a acuerdos con el gobierno, cae en la pequeñez del “te lo dije”, en circunstancias de que la mitad de las cosas que ellos dicen que dijeron, no las dijeron.

¿Cuántos expertos en Chile contradijeron la idea de que el pick en nuestro país se produciría la última semana de abril? Ni uno. Ningún experto médico, nadie del Colegio Médico ni de la oposición, pero ahora resulta que, por algún motivo, quizá por humildad, los de la oposición, que lo sabían, no dijeron nada, aunque hoy dicen que sí sabían cómo solucionar el problema, cómo enfrentar la pandemia y lo que había que hacer. Pero la verdad es que no tenían idea.

Parte de la oposición, que ahora nos dice que sabía todo, no ha logrado explicarle al país por qué el proyecto que ayuda a las personas que trabajan a honorarios aún no ha salido -saldrá esta semanadel Congreso, después de siete semanas desde que el gobierno lo presentó. Esto no es culpa de la Cámara de Diputados -está claro-; eso ocurrió en el Senado. El proyecto lo presentó el gobierno, pero no hubo voluntad política para sacarlo rápido. Puede haber tenido muchos problemas, pero podían solucionarse de muchas maneras, así que ese no es el punto. El punto es que si el proyecto tiene problemas y hay que perfeccionarlo, con voluntad política se saca rápido, pero no ha existido esa voluntad.

Señor Presidente, la parte de la oposición que dice que sabía cómo solucionar el problema, rechazó el primer ingreso familiar de emergencia y el gobierno tuvo que hacer uso de un veto para que se aprobara, con la consecuente demora para la entrega del beneficio a los chilenos. Esa parte de la oposición, que decía que todo era urgente y que sabía perfectamente lo que había que hacer, rechazó el primer ingreso familiar de emergencia.

Este proyecto va a beneficiar a todas las familias que reciban ingresos por debajo de un cierto umbral, como sería el caso de una familia de cuatro personas que tiene ingresos por menos de 400.000 pesos. Todavía no sabemos cuántas familias van a caer ahí, cuántas personas van a ser despedidas o sus empresas van a quebrar en los próximos meses, por lo cual no sabemos con certeza cuántas personas van a hacer uso de este beneficio. Sin embargo, esa parte de la oposición dice que esto es insuficiente. Todos los que estén en la situación de tener ingresos por debajo del umbral que propone el proyecto, que es producto de un acuerdo con la otra parte de la oposición, van a obtener el beneficio. Pero la parte de la oposición que no se quiso sentar en la mesa o que no quiso firmar el acuerdo dice que es insuficiente.

Es curioso que unas semanas atrás la diputada Natalia Castillo rasgara vestiduras porque le llegaba una caja de alimentos, recordándonos a todos los políticos la importancia de la focalización de los recursos, y ahora sus compañeros de Revolución Democrática no creen en la focalización de recursos.

No quieren que este beneficio llegue a quienes están bajo ese umbral que nosotros determinamos, sino al 70 o al 80 por ciento. Entonces, ¿a qué porcentaje de la población quieren que les llegue? Recuerden la caja de la diputadaNatalia Castillo y el show que hicieron con el tema de la focalización. Ese es el criterio correcto. La plata es limitada. Las necesidades de los más pobres son infinitas. Por eso, la plata hay que gastarla en los que tienen menos. Si parte de la oposición tiene un criterio distinto y debemos ampliar eso, que lo expresen, pero no digan solo que es insuficiente. La plata no va a crecer en los árboles porque digan que es insuficiente. Si ellos creen que la plata que tenemos hay que gastarla en familias que están sobre ese umbral, que lo digan y no mientan diciendo que esto es insuficiente. Esa es una diferencia legítima. Nosotros, al igual que la diputada Natalia Castillo , creemos en la focalización. Si hay algunos que no creen en eso, que no mientan diciendo que esto es insuficiente.

Me voy a quedar con la otra parte de la oposición, a la que le cuesta llegar a acuerdos con el gobierno, que hace críticas feroces hacia cómo el gobierno ha hecho muchas cosas, no solo en relación con la pandemia, sino también antes, y son críticas legítimas, pero esa parte de la oposición…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Para finalizar, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio) [vía telemática].-

Señor Presidente, como Partido Republicano, no fuimos invitados para este acuerdo. Se nos dijo que porque no teníamos un integrante en la Comisión de Hacienda. Usted comprenderá que si el Partido Republicano tiene un solo integrante en la Cámara de Diputados, no podemos estar en todas las comisiones.

En todo caso, le tenemos susto, hasta cierto punto, a los acuerdos a los que se llegue entre la izquierda y la derecha, entre Chile Vamos y la izquierda, porque ya vimos el acuerdo que tomaron el 15 de noviembre, que fue un verdadero desastre, que hoy no hallan cómo arreglar, y otro tipo de acuerdos que han firmado en el pasado. Por lo tanto, efectivamente tenemos cierta reticencia a los acuerdos que ha hecho el gobierno con la izquierda.

No obstante, este proyecto nos parece bien. Del total del acuerdo, vamos a ir analizando cada uno de los proyectos que se presenten y los iremos votando según su mérito. Pero este proyecto nos parece bien, aunque no llega a toda la gente que uno quisiera, como lo han planteado diputados de distintos sectores. Uno quisiera que esto abarcara a toda la gente, sobre todo a aquella que hoy está en cuarentena obligatoria, pero creemos que ayuda y va por buen camino.

Por lo tanto, como Partido Republicano, lo vamos a respaldar y a votar a favor.