Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es don Alejandro Santana .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 46ª de la presente legislatura, en miércoles 22 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 78ª de la presente legislatura, en martes 29 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SANTANA (vía telemática).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, con urgencia calificada de suma.

Concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , y se contó además con la exposición de diversas autoridades del sector público, representantes gremiales y académicos.

La idea fundamental de la iniciativa es enfrentar la alta volatilidad vivida en los mercados financieros en el contexto de la pandemia de la covid-19, condición que ha afectado particularmente a los inversionistas institucionales en materia de cumplimento normativo y de financiamiento mediante la emisión de deuda.

En particular, este proyecto de ley introduce modificaciones a cuatro normas legales:

En primer lugar, en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, se incorporan cambios para permitir a los fondos de pensiones ampliar de 15 a 20 por ciento el límite que el Banco Central puede asignar para activos alternativos, de manera que los fondos de pensiones puedan alcanzar mayor diversificación y mejores combinaciones de riesgo-retorno.

En segundo lugar, en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, se incorpora una medida prudencial que supedita el reparto de dividendos al cumplimiento de una razón de solvencia de la empresa. De ese modo, las compañías no podrán efectuar disminuciones de capital si su fortaleza patrimonial es menor a 1,2 veces, mientras que solo podrán distribuir hasta el 50 por ciento de las utilidades como dividendos si su fortaleza patrimonial está entre 1,1 y 1,2 veces.

Se entrega también flexibilidad a la Comisión para el Mercado Financiero para determinar el límite máximo de endeudamiento financiero, dentro de un rango determinado de entre 1 y 1,5 veces el patrimonio. Se modifican normas relativas a la clasificación de riesgo que requieren ciertas inversiones representativas, de reserva técnica y patrimonio de riesgo, autorizando a la Comisión para el Mercado Financiero excluir del límite a los instrumentos que no se encuentren inscritos en el mencionado registro, siempre que cumplan con las condiciones que esa comisión establezca en una norma de carácter general.

Finalmente, se modifican las normas aplicables para el tratamiento de excesos, en caso de que se superen los límites establecidos para las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo, permitiendo una situación excepcional por hasta seis meses cuando el exceso por sobre alguno de los límites de diversificación o la pérdida de representatividad se produzca por causas no imputables a la compañía.

En tercer lugar, se modifica la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, para acelerar los procesos de emisión de títulos. Para ello, se permite que los títulos de deuda de emisores inscritos en los Registros de Valores, que cumplan con las condiciones que establezca la Comisión para el Mercado Financiero, puedan acogerse a la modalidad de registro automático. Para ello, el emisor deberá acompañar a su solicitud de inscripción automática la clasificación de riesgo, un ejemplar de escritura pública y el resto de la documentación que la Comisión para el Mercado Financiero establezca. Tras ello, a partir del día hábil siguiente de efectuado el pago de derechos de inscripción quedarán inscritos en el Registro de Valores por el solo ministerio de la ley.

En materia de citaciones a juntas de accionistas, disminuye de quince a diez días el plazo para efectuar la citación.

En cuarto lugar, en la ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, se incorporan modificaciones legales para permitir que la Comisión para el Mercado Financiero establezca nuevas formas de publicar la citación.

Respecto del derecho de opción preferente de los accionistas de una sociedad anónima sobre aumentos de capital o la emisión de títulos convertibles en acciones, se permite la renuncia de dicho derecho en la misma junta accionista en que se acuerde la emisión en cuestión.

Finalmente, en artículos transitorios se disponen los plazos de vigencia de las modificaciones propuestas, el deber de informar los efectos legales de esta ley a las comisiones de Hacienda del Congreso Nacional y el mandato de preparar un informe técnico para la promoción de activos financieros alternativos que apunten a áreas de interés para el país.

Tras el debate de los integrantes de la comisión y la exposición de sus inquietudes, cuestionamientos y proposiciones, las disposiciones del proyecto de ley fueron puestas en votación. La comisión aprobó, en general, el proyecto de ley por 7 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones. Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados Patricio Melero , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana y Gastón von Mühlenbrock ; se abstuvieron los diputados Pablo Lorenzini , Marcelo Schilling , Alexis Sepúlveda y Manuel Monsalve . Votó en contra el Presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez .

En las votaciones en particular, los artículos permanentes y transitorios fueron todos aprobados en los mismos términos propuestos por el Senado, con diversas mayorías de votos, según consta en el informe respectivo.

En consideración de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos propuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, sabemos que los mercados financieros nacionales e internacionales no han estado exentos de los efectos de la crisis sanitaria por covid-19, lo que se ha reflejado en altos niveles de volatilidad durante los últimos meses.

Claramente, este comportamiento del mercado financiero también está afectando gravemente a los inversionistas en nuestro país. Asimismo, los efectos de la crisis sanitaria en la economía nacional también se están traduciendo en una mayor necesidad de recursos por parte de las empresas, siendo necesario, por tanto, agilizar y hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores.

En consecuencia, resulta necesario que se realicen modificaciones legales que permitan a inversionistas, como compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones, ampliar el espectro de instrumentos financieros en los que puedan invertir y alcanzar mayores alternativas de riesgo y retorno para sus inversiones, para, de esta forma, resguardar la solvencia de los distintos actores del mercado financiero. Esta iniciativa viene efectivamente a hacer las modificaciones necesarias para alcanzar ese objetivo.

Por tanto, le doy mi apoyo al texto del proyecto emanado de la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, hasta por siete minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado José Miguel Ortiz Novoa .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los estimados colegas diputados y diputadas, en forma muy especial a todo el equipo de profesionales de nuestra Corporación, a todas y todos quienes hacen posible que nunca dejemos de seguir trabajando en el rol que nos corresponde desempeñar, como asimismo al señor ministro de Hacienda y a su equipo asesor.

En primer lugar, como la Comisión de Hacienda es la comisión técnica encargada de ver este proyecto de ley, que tiene como finalidad cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, quiero explicitar varias cosas.

Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional. Ingresó al Senado el 4 de junio de 2020, donde la trataron extensamente; tenemos copia de las sesiones de la comisión técnica, la Comisión de Hacienda de dicha Corporación. Y el 22 de junio pasó a nuestra Cámara de Diputados.

El proyecto se encontraba con urgencia calificada de discusión inmediata, y nosotros solicitamos al Ejecutivo que la cambiara. Fue una petición de la mayoría de los diputados, porque en eso hay que ser muy objetivo, serio y responsable. Queríamos escuchar al Banco Central, una institución de gran prestigio que, en estos instantes tan duros, tan difíciles y tan complicados por la pandemia, por el tema social y por el tema económico, ha demostrado estar a las alturas de las circunstancias. También teníamos que escuchar a la Superintendencia de Pensiones y, naturalmente, a una de las instituciones que se crearon hace poco para tener un mejor manejo y fiscalización sobre todo lo relativo al mercado financiero: la Comisión para el Mercado Financiero. ¡Y así fue!

En la Comisión de Hacienda nos dimos los tiempos necesarios; celebramos no menos de cinco sesiones, en las cuales escuchamos a todos los actores.

Pero también es bueno, para la historia fidedigna de la ley, ver algunas consideraciones técnicas y jurídicas.

Este proyecto aumenta el rango dentro del cual el Banco Central -no otra institución puede fijar el límite máximo para la inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos por parte de las AFP, pasando de un máximo de 15 por ciento a 20 por ciento. Yo confío en el Banco Central, y explicaré por qué, aunque todo el país lo sabe.

Este proyecto establece restricciones a las disminuciones de capital y distribuciones de dividendos de las compañías de seguros, que no podrán hacerlas si con ello dejan de cumplir los requerimientos patrimoniales y de solvencia. Asimismo, no podrán efectuar disminuciones de capital aquellas que presenten una razón de fortaleza patrimonial inferior a 1,2 veces.

Respecto del reparto de dividendos, las compañías que presenten una razón de fortaleza patrimonial inferior a 1,1 veces no podrán repartir dividendos; y si la razón de fortaleza patrimonial fuera 1,1 y 1,2 veces, podrán repartir como máximo el 50 por ciento de las utilidades.

Este proyecto establece nuevas normas relacionadas con el límite de endeudamiento de las compañías de seguros; habilita a la Comisión para el Mercado Financiero para determinar el endeudamiento máximo con terceros, el cual no podrá ser inferior a una vez el patrimonio ni superior a 1,5 veces el patrimonio. Mientras dicho órgano no emita la norma de carácter general respectiva, el límite será de una vez el patrimonio.

Se modifican las normas aplicables para el tratamiento de excesos, en caso de que se superen los límites establecidos para las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo, permitiendo una situación excepcional, por hasta seis meses, cuando el exceso por sobre alguno de los límites de diversificación o la pérdida de representatividad se produzca por causas no imputables a la compañía.

Dicha prórroga deberá efectuarse por resolución fundada de la Comisión para el Mercado Financiero, por una sola vez y por un máximo de otros seis meses.

¿Cuáles son los antecedentes? En la Comisión de Hacienda escuchamos a representantes del Banco Central y de la Superintendencia de Pensiones.

En el Senado participó Mario Marcel , como presidente del Banco Central. En la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara de Diputados, participó Joaquín Vial , vicepresidente del Banco Central, y Osvaldo Macías , superintendente de Pensiones.

¿Qué expresaron esas autoridades? Un respaldo cerrado al proyecto. Lo mismo hizo Mario Marcel en la Comisión de Hacienda del Senado. Por tanto, considero que estamos en el camino correcto.

Osvaldo Macías manifestó que este es un mecanismo muy importante para inyectar rentabilidad a los fondos de pensiones, y recordó algo que es bueno aclarar: los fondos de pensiones, al día de hoy, invierten gran parte de sus recursos en el extranjero en carteras AA, que es la categoría de más bajo riesgo; es decir, se está realizando una modificación para el bien de todos los cotizantes en nuestro país.

¿De qué se trata el proyecto? De todo lo que acabamos de expresar: permitir la inscripción automática de bonos para emisores ya inscritos en el Registro de Valores y que, por tanto, ya se encuentren sujetos a las obligaciones de las entidades fiscalizadas; aumentar el rango en el que el Banco Central puede fijar el límite máximo para la inversión de las AFP en activos alternativos y se otorga una mayor flexibilidad a la Comisión para el Mercado Financiero. Vale decir, ayuda muchísimo.

Por lo tanto, en virtud del análisis que tuvimos en la Comisión de Hacienda, considero que es un proyecto que ayuda y trae claridad respecto de en qué instrumentos se debe invertir y en cuáles no, por lo que estimo que tenemos el deber, una vez más, de entregarle esta herramienta y esta responsabilidad al Banco Central.

Por eso, votaré a favor el proyecto, conforme a lo que analizamos en las sesiones de la Comisión de Hacienda.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, reconozco que, cuando vi este proyecto, me detuve inmediatamente en el artículo 1°, porque una vez más veía involucrado los fondos de pensiones y, por tanto, el bolsillo de los futuros jubilados de nuestro país.

Fui uno de los que aprobó el retiro del diez por ciento, pero manifesté mi preocupación por lo que pasaría con los afiliados al momento del retiro.

Leí con mucho cuidado el articulado, escuché al ministro de Hacienda y consulté a algunos expertos. Entonces, no puedo sino estar de acuerdo con este proyecto, que busca enfrentar de mejor manera la actual situación sanitaria, económica y social, mediante una adecuación del funcionamiento de los mercados financieros, tanto respecto de las inversiones como de las compañías de seguros, para hacer más expedito los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores.

Esta pandemia nos exigió premura para entregar ayudas económicas inmediatas para las familias chilenas que debieron confinarse, muchas de las cuales siguen estándolo. Sin embargo, poco a poco estamos aprendiendo a vivir con este virus, y es impensable que el país no se reactive por que aún no hay vacuna.

Hay que comenzar a ponerse de pie. Nadie dice que nos olvidemos del tema social, que es importantísimo, pero no podemos olvidar que si no reactivamos nuestra economía, poco o nada vamos a avanzar. Necesitamos poner en marcha nuestra economía para recuperar los empleos que se han perdido.

¿Qué plantea esta iniciativa del Ejecutivo? Uno, una modificación a la regulación de las compañías de seguros; dos, otra modificación al mercado de valores y a las sociedades anónimas; tres, una tercera modificación a la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones.

Me quiero detener en este último punto, porque, como muchos, pensé que una vez más serían favorecidas las grandes empresas, que para ellas sería el principal beneficio. Sin embargo, no es así, porque hoy la ley permite que las administradoras de fondos de pensiones inviertan en las grandes empresas. Lo que hace este proyecto en particular, entonces, es abrir las opciones a los medianos emprendimientos, que son los que queremos que crezcan y se desarrollen, lo que no pueden hacer sin capital.

Por eso, la idea es aumentar el rango dentro del cual el Banco Central -como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, en uso de sus facultades, pueda establecer el límite máximo para la inversión de los fondos de pensiones en los llamados activos alternativos.

Para estos activos alternativos se amplía el techo máximo, el cual el Banco Central puede fijar actualmente hasta en 15 por ciento. Ahora podrá fijarlo hasta en 20 por ciento. Esto no significa que el proyecto de ley modifique ese techo de 15 a 20 por ciento, sino que le entrega la facultad al Banco Central para subirlo, eventualmente.

Este tipo de activos ha demostrado tener las características necesarias para diversificar de mejor manera la cartera de inversiones de los fondos de pensiones y, de esa forma, se optimiza la ecuación riesgo-retorno, porque, si no, dadas las circunstancias por las que atravesamos, las rentabilidades de los fondos de pensiones irán decreciendo, si no se amplían las alternativas de inversión.

Conforme a lo expuesto en la Comisión de Hacienda, estamos a dos puntos del 15 por ciento, pero, como en el último tiempo las inversiones más tradicionales ofrecen menos retorno, este techo limita y hace necesario que el Banco Central pueda ampliarlo, si lo estima conveniente.

¿Qué dijo el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial , respecto a las modificaciones relativas a los límites de inversión en activos alternativos aplicables a las AFP? Que actualmente las inversiones en activos alternativos ascienden a 8.675 millones de dólares, equivalente al 4,25 por ciento de los activos del sistema, la mayoría de ellos invertidos en el extranjero.

Además, consideró que existen elementos que sugieren la conveniencia de ampliar los límites establecidos en la ley: uno, ampliar posibilidades de inversión de las AFP y diversificación de portafolio; dos, eventual efecto positivo en la rentabilidad, lo que se debe ponderar también respecto del potencial mayor riego; tres, dar espacio al Banco Central de Chile para continuar aumentando, de manera gradual, el límite en la medida en que las holguras se agoten; cuatro, favorecer la canalización de recursos respaldados por créditos, lo que permite un mayor financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, al igual que para los inversores corporativos.

Por su parte, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías , dijo que una mayor exposición a activos alternativos permite una mayor diversificación de los fondos de pensiones. Asimismo, eventualmente, aportan a obtener mayores rentabilidades de los fondos de pensiones en el largo plazo, dado que los activos alternativos pueden ofrecer mayores rendimientos que las inversiones tradicionales, especialmente en períodos en que las tasas de interés están bajas, dado que, en general, ofrecen un premio por liquidez.

Chile se encuentra bajo el promedio de uso de activos alternativos dentro de la cartera de fondos con fines previsionales. Según una encuesta de la OCDE, el promedio de activos alternativos en los portafolios de los fondos de pensiones llegó a 16,4 por ciento en 2017. Además, de acuerdo con una encuesta anual de la OCDE, de 2019, sobre los fondos de pensiones y fondos de reserva públicos de pensiones, la tendencia más destacada ha sido el aumento gradual de las inversiones alternativas, pasando este tipo de activos, en promedio, de 14,8 por ciento, en 2014, a 16,4, en 2017.

En Canadá, por ejemplo, es el componente más importante de los fondos de pensiones. El porcentaje o importancia de los activos alternativos dentro de su portafolio se encuentra en valores cercanos al 40 por ciento, casi el doble del techo máximo que se plantea en este proyecto de ley para Chile, lo que corresponde a la necesidad, en estos tiempos de retornos bajos, de buscar alternativas de inversión más diversificadas.

Por otra parte, a las compañías de seguros de les aplican regulaciones más estrictas en forma temporal, con el fin de velar por la estabilidad del mercado financiero. Así, se limita el pago de dividendos y la medición de deuda nueva por 36 meses, y se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que establezca los niveles de riesgo de las inversiones que respaldan las reservas técnicas y del patrimonio de riesgo por 36 meses.

Asimismo, se modifica el tratamiento de exceso de inversiones que respaldan las reservas técnicas y del patrimonio de riesgo, también por 36 meses.

Respecto del mercado de valores, se simplifican los trámites para la emisión de deuda, considerando la mayor necesidad de financiamiento que la pandemia implica.

Por todo lo expuesto, llamo a aprobar el proyecto de ley, porque de esta manera se podría agilizar el flujo de dinero que se necesita para levantar las empresas y mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones y con ello las futuras pensiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto que, dadas sus características, requiere de un mayor tiempo de debate.

¿Qué urgencia tenemos de aprobar esta iniciativa? Es bueno que la Cámara de Diputadas y Diputados sepa que no tenemos ninguna urgencia de aprobar estas normas, ¡ninguna! Muchas de ellas ni siquiera han sido utilizadas completamente desde el punto de vista de sus límites.

La iniciativa en discusión, de carácter misceláneo, contempla modificar normas aplicables a las compañías de seguros, algo, al parecer, técnicamente poco relevante o que no tendría tantos efectos.

Hay un segundo punto, mucho más complejo, al cual hizo alusión el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, relacionado con la emisión de títulos de deuda en el mercado de valores. El problema radica en que, de aprobarse esta norma, permitiríamos que las empresas hicieran emisión de deudas sin que exista la certificación correspondiente, es decir, sin que se pueda dar fe de que la empresa tiene la solvencia necesaria para cubrir el endeudamiento. Este es un tema extremadamente riesgoso.

Alguien podría preguntar cuál es el problema si lo que hoy se requiere es liquidez y entregar todas las posibilidades a las empresas para que se endeuden. Sí, es cierto, debemos apoyar a las empresas; pero también debemos prevenir ciertos males que se han dado en la economía globalizada. Recordemos la crisis subprime, de hace algunos años.

¿Cuál fue el origen de la crisis subprime? Los activos tóxicos, los cuales recuerda siempre el diputado Giorgio Jackson en la Comisión de Hacienda. Repito: los activos tóxicos.

¿Qué son los activos tóxicos? Deudas que aparentan estar bien, pero que en la práctica son imposibles de pagar por la vía de un crédito hipotecario.

El relajo de las normas de control, de la regulación del sistema financiero, conlleva muchos riesgos, por lo que no es algo que se deba hacer a la rápida ni gatillado por una supuesta emergencia. Esta discusión debe hacerse en condiciones de mayor calma para comprender a cabalidad su fondo.

Por otra parte, también se pretende aumentar el porcentaje que las AFP pueden invertir en activos alternativos. Hoy va entre 5 y 15 por ciento, y se pretende modificar para que quede entre 5 y 20 por ciento. Se podría argumentar que se busca aumentar porque las AFP ya invirtieron todo lo que podían en activos alternativos, pero esto no es así. Respecto de este punto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías , nos dijo que el 15 por ciento de inversión de las AFP no estaba copado en activos alternativos. Cuando le preguntamos por qué razón la premura para aprobar este proyecto, nos contestó que no es una norma que se aplicará ahora, sino que están pensando en cambios en el mediano plazo que den más estabilidad a las inversiones en el sistema de AFP.

Los activos alternativos son más rentables, pero también más riesgosos. ¿Qué pasa si en seis meses más hay un rebrote del virus y las AFP pierden más plata porque invirtieron en los fondos más riesgosos? ¿Se harán responsables los señores diputados y las señoras diputadas de la pérdida de dinero que implique esa decisión para los trabajadores y las trabajadoras?

¡No voy a avalar ninguna medida que implique un riesgo para los ahorros de los trabajadores y trabajadoras chilenos, quienes, con tanto esfuerzo, han pagado todas las pérdidas de esta crisis! En este sistema las pérdidas se socializan, pero las ganancias siempre quedan en el bolsillo de las AFP. ¡Nunca pierden!

No podemos aprobar estas normas, porque, además de ser una situación absolutamente impresentable, se requiere un debate mucho más de fondo acerca de la necesidad de poner controles al movimiento de los capitales financieros. En ese sentido, países con legislaciones mucho más avanzadas que la chilena hoy discuten y cuestionan esta materia.

Me parece absolutamente incomprensible que el ministro de Hacienda pretenda forzar esta discusión a través de la presentación de urgencias.

Por último, no puedo dejar de referirme a un punto que discutiremos en la sesión de la Comisión de Hacienda que se llevará a efecto esta tarde, que tiene relación con este proyecto. Mientras el gobierno elude un debate a fondo respecto de una reforma profunda al sistema previsional, es decir, respecto del fin de las AFP tal cual las conocemos, nos pasa de contrabando una serie de cambios como estos.

En esa sesión de la Comisión de Hacienda quieren que votemos la imposibilidad de que un trabajador pueda traspasar su dinero desde el fondo más riesgoso al menos riesgoso.

¡Quieren prohibirlo! ¿Por qué? Porque dicen que esos cambios afectan al sistema financiero, en circunstancias de que es el único mecanismo que tienen las trabajadoras y los trabajadores chilenos para defenderse frente a la crisis.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero Abaroa .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto misceláneo surge en el contexto de la covid-19, específicamente debido a la volatilidad que han experimentado los mercados financieros nacionales e internacionales.

Es un proyecto que por su sentido de responsabilidad contó con el amplio respaldo de ocho invitados a la Comisión de Hacienda, como los presidentes del Banco Central y del Comité para el Mercado Financiero, entre otros, tal como sucedió en el Senado. Solo el economista invitado por el Partido Comunista tuvo una opinión contraria al proyecto -cuestión que no sorprende-, pero la comunidad financiera en general, que son los responsables de llevar adelante políticas adecuadas para evitar la volatilidad que están teniendo los mercados, respalda esta iniciativa.

Tiene un enorme sentido de responsabilidad respaldar el proyecto, porque, a modo de ejemplo, si observamos el Down Jones, que es el índice bursátil de la bolsa de valores de Nueva York, solo en marzo cayó 13 por ciento, convirtiéndose en la segunda mayor caída en la historia. De más está mencionar a esta Corporación el efecto que tiene ese tipo de caídas sobre las rentabilidades de los fondos de las AFP, sobre los seguros y sobre una serie de instrumentos financieros, lo que puede poner en peligro la solvencia del mercado.

Ahora, así como ha habido bajas, también se han experimentado alzas importantes, ya sea por la recuperación de la actividad económica, relacionada con el fin del desconfinamiento, como por anuncios gubernamentales de paquetes de inyección de liquidez.

La alta volatilidad puede afectar específicamente a inversionistas, como las compañías de seguros. Por ello, el proyecto busca justamente evitar que incumplimientos regulatorios involuntarios en las inversiones impliquen la venta de instrumentos en condiciones adversas del mercado, lo cual aumentaría, a mi juicio, la volatilidad y los retornos negativos. Por ello, la iniciativa dota de flexibilidad a la Comisión para el Mercado Financiero para enfrentar el escenario de crisis, con el fin de resguardar la solvencia de las compañías de seguros.

Por otra parte, la crisis sanitaria ha develado la necesidad de recursos por parte de las empresas. En virtud de ello, la iniciativa propone agilizar y hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores, resguardando siempre la confianza en el mercado y la protección de los inversionistas.

En materia de fondos de pensiones, en virtud de que estamos ad portas de aprobar una reforma a nuestro sistema, el proyecto contempla aumentar el rango dentro del cual el Banco Central puede establecer el límite de la inversión en activos alternativos, subiéndolo de 15 a 20 por ciento.

¿Por qué es tan importante aprobar esta medida? Porque permitirá una mayor diversificación de las inversiones y un menor riesgo en su retorno. Lo que importa es que la densidad de los ahorros de los chilenos en sus cuentas individuales aumente y que se sorteen de la mejor forma posible los vaivenes y los riesgos que tiene el mercado. Sin ir más lejos, la rentabilidad del sistema de las AFP ha sido del orden de 4 o 5 por ciento real en los últimos diez años y de 8 por ciento desde su creación.

Esto es muy importante, por cuanto la inversión en activos alternativos es una muy buena fórmula para proteger de la volatilidad a las acciones y lograr una mayor rentabilidad. Activos alternativos son los activos inmobiliarios, el capital privado y la infraestructura, entre otros. Si se compara la rentabilidad anualizada de los activos alternativos con la de los activos tradicionales se ve que los activos alternativos irredargüiblemente muestran mejores rentabilidades.

El superintendente de Pensiones expuso las diferencias de rentabilidad entre los fondos alternativos y los fondos tradicionales. Los fondos de pensiones invierten en el largo plazo un 10 por ciento de ellos en activos alternativos. Tales inversiones rentan en promedio un 4 por ciento adicional al retorno obtenido por los activos tradicionales, y la rentabilidad en el largo plazo puede aumentar en 0,4 por ciento. Tal como plantea el proyecto, si consideramos que el 1 por ciento de mayor rentabilidad puede mejorar la pensión hasta en 25 por ciento, el monto de la pensión podría mejorar en el largo plazo hasta en 10 por ciento con la diversificación en activos alternativos y en activos tradicionales, Recordemos, además, que la inversión en activos alternativos se implementó en Chile en 2017, con la finalidad de diversificar el portafolio de inversiones de las AFP y para obtener mejores combinaciones de riesgo y retorno. Asimismo, se pueden efectuar inversiones de largo plazo, por ejemplo, utilizando activos inmobiliarios y de infraestructura, coherentes con el horizonte de inversión de largo plazo de los fondos de pensiones.

Este proyecto de ley solo permite que el Banco Central pueda aumentar en 5 puntos porcentuales el límite de inversión en activos alternativos. Es una facultad que se ejercerá únicamente en caso de que sea necesario y hace posible morigerar el efecto de bruscas caídas en la rentabilidad de los fondos cuando nos afecten crisis como la provocada por el coronavirus.

Más allá de las empresas beneficiadas con la nueva inversión que se permite realizar, se beneficia directamente a los afiliados, quienes gozarán de mejores rentabilidades en sus fondos, lo cual les permitirá optar a recibir una mejor pensión en el futuro.

La finalidad de la inversión de los fondos de pensiones debe ser justamente esa: entregar una mayor rentabilidad a sus dueños, los trabajadores, y no invertir en obras, empresas o proyectos con una rentabilidad baja. Para realizar aquello hay otros mecanismos, y no corresponde, a mi juicio, utilizar el dinero que los trabajadores han acumulado con gran esfuerzo.

La Comisión de Hacienda del Senado, para llegar a un acuerdo, eliminó ciertos aspectos de la iniciativa, el más relevante de los cuales fue que los fondos de pensiones pudiesen ser invertidos en títulos de deuda no inscritos.

El proyecto es relevante en la medida que permite dotar al mercado financiero de un marco regulatorio más flexible y posibilita su adaptación a los efectos propios de la pandemia, en especial en lo relativo a la volatilidad de este.

Por las razones expuestas, votaremos favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de lesiones cuando el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual, sin convivencia.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos al resto, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señora Marcela Hernando .

Antecedentes:

-Moción, sesión 26ª de la presente legislatura, en martes 2 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 81ª de la presente legislatura, en jueves 1 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

La señora HERNANDO, doña Marcela (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados:

Me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de lesiones cuando el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual, sin convivencia.

El proyecto se inició en moción de la entonces diputada señora Marcela Sabat Fernández ; de las diputadas señoras Sandra Amar Mancilla , Karin Luck Urban , Paulina Núñez Urrutia , Érika Olivera de la Fuente, Maite Orsini Pascal , Ximena Ossandón Irarrázabal , Joanna Pérez Olea y Camila Vallejo Dowling , y del entonces diputado señor Jaime Bellolio Avaria .

La idea matriz del proyecto de ley consiste en modificar el Código Penal con el objeto de agravar la pena aplicable al delito de lesiones, en caso de que el autor de estas sea una persona con quien la víctima tiene o ha tenido una relación de pareja, sin existir convivencia de por medio.

Según lo indica el contenido de la idea matriz, este proyecto busca equiparar la regulación de lesiones en el Código Penal, tal como ocurrió recientemente con la denominada “ley Gabriela”, que incorporó al tipo penal de femicidio la posibilidad de que pueda ser cometido, también, por una pareja con la cual no hay una situación de convivencia, como ocurre en el pololeo o en cualquier otra relación de pareja en la que no existe la señalada convivencia.

Cabe hacer presente que este proyecto fue destinado originalmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pero que por un acuerdo de los Comités Parlamentarios, fue remitido posteriormente a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su tramitación y estudio, la que finalmente despachó la iniciativa.

Los autores señalan que, de acuerdo a lo señalado por la Encuesta Nacional Bicentenario 2012, el 56 por ciento de los jóvenes mayores de edad no considera delito o acto constitutivo de maltrato abofetear a la pareja por coquetear con otro hombre. Igualmente, indican que la VII Encuesta Nacional de la Juventud, de 2013, consignó que un 13 por ciento de los encuestados reconoció haber empujado, zamarreado o golpeado en alguna oportunidad a su pareja.

Con la dictación de la ley Nº 21.212, conocida comúnmente como “ley Gabriela”, publicada en el mes de marzo de este año, se dejó establecido que su finalidad es sancionar la violencia de género contra las mujeres, mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de femicidio a los casos en que ocurre fuera de una relación afectiva -femicidio por causa de género y el femicidio íntimo, que incorpora la relación de pareja con el autor del delito, habiendo existido o no convivencia.

Concretamente, uno de los mayores avances de la ya mencionada “ley Gabriela” fue incorporar como sujeto activo del delito de femicidio a personas con quienes la víctima sostuviera o haya sostenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. De esa manera, se incluirían relaciones de pololeo u otras similares, en que existe una relación afectiva que agrava el delito, pero sin que llegue a exigirse el requisito de la convivencia.

Sin embargo, pese a este avance, ese cuerpo legal no se pronunció en relación con el delito de lesiones. En efecto, no se amplió el sujeto activo de dicho delito, por lo que pareciera existir una inconsistencia respecto de normas que deberían guardar armonía, especialmente si entendemos que en ellas se plasman reproches especiales y agravados en los cuales se ha llegado a amplios acuerdos como sociedad.

Concretamente, el artículo 400 del Código Penal dispone una figura agravada de lesiones cuando esta se verifique en contra de las personas señaladas en el artículo 5° de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, que se refiere a los atentados a la vida o a la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

Señala la misma norma que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

De esta manera, la propuesta contenida en este proyecto pretende incorporar como sujeto activo del delito de lesiones, en contexto de violencia intrafamiliar, a quienes tengan o hayan tenido con la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual, sin convivencia.

Durante la tramitación del proyecto se escuchó a una serie de autoridades, instituciones y expertos que ilustraron a la comisión sobre los vacíos existentes en el actual marco regulatorio, así como también sobre las mejoras que podían introducírsele al proyecto. Entre ellos, cabe destacar a la ministra y la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, así como también a los asesores de dicho ministerio y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; a Camila Guerrero , de Abofem; a Javiera Canales, de Corporación Miles; a Ymay Ortiz e Ivonne Sepúlveda , de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público; a Antonia Santos, encargada de la Comisión de Género del CRUCh, y a Magdalena Ossandón , profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de las diez diputadas presentes en la respectiva sesión. Votaron a favor las diputadas Sandra Amar , Loreto Carvajal , Maya Fernández , Karin Luck , Ximena Ossandón , Maite Orsini , Joanna Pérez , Camila Vallejo , Gael Yeomans y quien habla, Marcela Hernando .

Luego, durante su discusión particular, el proyecto fue enriquecido con algunas indicaciones, cuya intención era hacerse cargo de las observaciones que fueron planteadas por los expertos, destinadas principalmente a complementar la regulación de las lesiones en el Código Penal y uniformando su tratamiento con las circunstancias que, en definitiva, se incorporaron en el texto aprobado finalmente por la comisión.

En este sentido, el proyecto, tal como fue despachado por la comisión, incorpora entre aquellas circunstancias que describe el artículo 400 del Código Penal, que permite aumentar la pena asignada hasta en un grado, la de haberse producido “en contra de una persona respecto de la cual el agresor tenga o haya tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o por razones de género, concurriendo en este caso cualquiera de las razones de género del artículo 390 ter”, que especifica qué se entiende por razones de género en el caso del femicidio.

Del mismo modo, el proyecto propone eliminar en este tipo de lesiones la posibilidad de aplicar la atenuante del N° 5, del artículo 11 del Código Penal, esto es, la de haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, lo que resultaría contraproducente en este tipo de delitos, por su propia naturaleza.

También se propone incorporar un artículo 400 bis, para establecer como medida de la extensión del mal causado, para efectos de la aplicación de la pena dentro del grado asignado, la habitualidad del ejercicio de la violencia física por parte del agresor.

Por último, para efectos de imposibilitar la calificación como lesiones leves de aquellas causadas por quien tiene con la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, se agrega esta circunstancia en el artículo 494 del Código Penal, que establece la multa aplicable a las lesiones leves, consideradas como faltas para estos efectos.

Finalmente, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, habiendo escuchado a las personas indicadas, recomienda a la Sala de esta honorable Cámara de diputados la aprobación de este proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, el proyecto en discusión nace de una serie de otros proyectos que hemos ido aprobando en este Congreso Nacional sobre materias similares y de la convicción -me imagino que es transversal de que tenemos que actualizar la legislación en materia de violencia contra la mujer.

Hoy lamentamos la trágica muerte de Julia Mancilla Vargas , quien fue violada y asesinada con 72 puñaladas. Ella también merece un minuto de silencio. Lamentablemente, la petición no llegó a tiempo, pero debemos rendir un minuto de silencio no solo por ella, sino por la gran cantidad de mujeres que, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho como Estado, siguen matando, muchas veces solo por razón de género.

Tenemos que asumir el desafío de no más violencia contra nadie, y menos contra una mujer. La violencia que estamos viviendo hoy en Chile no tiene comparación. La demanda de igualdad y, especialmente, de no más violencia en algún minuto debe ser concretada, y este proyecto es un ejemplo de eso.

Sabemos que la legislación no lo hace todo y también que el derecho penal es la última herramienta. En las distintas exposiciones se nos dijo que hay que tener mucho cuidado con caer en el populismo penal, en donde todo lo solucionamos subiendo las penas. Aquí debemos hacer un cambio cultural, pero, de alguna forma, debemos usar estas herramientas, porque en el último tiempo no ha pasado demasiado.

Por este motivo, este tipo de iniciativas va en el camino correcto, porque, lamentablemente, a pesar de que hoy tenemos un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y mujeres empoderadas, y de que este es un tema vigente, no hemos mejorado las cifras en materia de violencia contra la mujer.

En el fondo, este proyecto viene -dentro de todas las cosas que explicó la diputada Marcela Hernando a ponerse en sintonía con la “ley Gabriela”, que busca agravar la sanción, no solo cuando esta ha sido cometida contra las personas señaladas en la ley de violencia intrafamiliar, sino también cuando el agresor tenga o haya tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, o por razones de género. Claramente, sabemos que es difícil probar que una agresión ha sido por razones de género, pero algo tenemos que hacer.

Esperamos que este proyecto se apruebe, para manifestar nuevamente el compromiso de este Congreso Nacional con el combate decisivo a la violencia contra la mujer y, a la vez, esperamos que pueda ser un aporte a un desafío cultural mayor respecto del cual aún nos queda mucho tiempo por…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Sandra Amar Mancilla .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, desde siempre, particularmente en las sociedades latinoamericanas, el machismo ha sido preponderante como modo de relacionamiento social, en todos los niveles y esferas de nuestra naciones.

En este ámbito, la situación de la mujer, como integrante de las sociedades humanas, se ha visto, si no excluida, relegada a un segundo plano, detrás de la preponderancia que en esta forma de desenvolvimiento han acaparado los hombres.

De tal manera que el proyecto de ley que discutimos en esta oportunidad constituye una señal en torno al reconocimiento de la existencia de estos casos y, por lo mismo, combate lo peor de esta realidad. Inclusive hemos visto femicidios, crímenes, lesiones y arbitrariedades que diariamente sufrimos las mujeres, incluso desde la adolescencia.

Por este motivo, este proyecto tiende a agravar todas las penas aplicables al delito de lesiones cuando el agresor tenga con la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

La violencia en contra de la mujer constituye una vieja institución latinoamericana y chilena, que entiende inconscientemente a esta como una persona con una dignidad inferior, circunscrita a una serie de ataduras morales, sociales y culturales, factores que, sin duda, han influido decididamente en que tales actos de violencia, incluso, se vean como algo muy natural.

De tal manera que la labor destinada a revertir esta funesta situación es muy ardua e implica -claro está un cambio profundo de nuestras concepciones de vida en torno a entender la necesidad de contar con una sociedad de iguales, pero a la vez complementaria.

La función de las mujeres en esta sociedad es clave para alcanzar no solo el bienestar social y económico de nuestro país, sino que más bien merece dar un salto en nuestra cultura.

Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que aquí, más que lo que tiene que ver con las sanciones, tiene que haber cambios culturales importantes en nuestra sociedad.

Por lo tanto, espero que las generaciones de jóvenes internalicen la necesidad de convivir en igualdad y justicia y, más aún, de denunciar todo acto de arbitrariedad, violencia, crimen y lesiones de las cuales son objeto las mujeres.

Ya en las últimas semanas el país ha reaccionado con mucho estupor ante casos dramáticos de violencia y femicidio. Sin ir más lejos, en mi Región de Magallanes, durante estas últimas semanas, hemos tenido dos casos de femicidio frustrado. Sin duda, no puede haber sino condenas ante tan crueles actos. Sin embargo, creemos que la respuesta penal ante estos crímenes, que ayer eran vistos con naturalidad, es que ahora tengan la debida sanción del Estado.

Con este proyecto, esperamos aportar un pequeño pero relevante grano de arena en una causa mucho más grande, que tiene que ver con la plena igualdad y respeto hacia el otro, especialmente hacia las mujeres de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].-

Señor Presidente, la discusión del proyecto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género no estuvo exenta de complejidades en relación con cómo abordar de mejor modo la tipificación coherente con lo que se busca proteger, dándole mayor gravedad a aquellas lesiones que se cometan en relaciones de carácter informal, lo que nos lleva a la conclusión de una necesidad de modificar todo el sistema de lesiones del Código Penal, en la idea de orientarlo hacia la modernización y regularización, en razón de la gravedad y peligrosidad de la conducta, estableciendo ciertas agravantes para casos, a su vez, especialmente graves.

Entonces, la orientación debe tender a la eliminación de esta especie de “normalización” de la violencia hacia las mujeres, cuyos síntomas vemos trágicamente en la violencia de género instalada y arraigada en aquellos que sienten la facultad de lesionar, de herir, de vulnerar la indemnidad sexual e, incluso, de matar.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo disuadimos para que las personas no maten? ¿Cómo prevenir que se cometa este tipo de delitos? ¿Aumentando las penas o con nuevos tipos penales?

Entonces, la respuesta penal es, como se dice, de ultima ratio o de último recurso; es un instrumento que castiga aquellas conductas que consideramos socialmente reprochables conforme a los valores que la sociedad estima importantes, relevantes y que se deben proteger.

Por lo tanto, la respuesta penal tiende a dicha protección o, al menos, a la sensación ciudadana de que hay conductas que son más graves que otras, en la medida en que tienen una pena mayor. Pero, a la vez, existe un componente comunicativo que es importante, que indica que estas conductas efectivamente se consideran más graves; un componente comunicativo que contrarresta siglos de opresión y de violencia de género naturalizados, normalizados, como parte de una sumisión cotidiana que no es tal.

Hace un tiempo hablé de literatura -siempre recurro a estos ejemplos y de cómo un clásico como el Cantar de mío Cid plantea la violencia de género como algo normal, y -¡ojo! se lee en cada colegio. Es decir, a partir del aprendizaje, se instala algo indebido.

Para que no se me malinterprete, aclaro que no estoy diciendo que no se lea el Cantar de mío Cid; estoy diciendo que se eduque, para que los niños entiendan que la comunicación debe ser la forma de dialogar, el respeto, y no la violencia, como manera de resolver conflictos, para que así no tengamos más “Rodrigos” maltratando a sus parejas, que no tengamos más a la famosa sirvienta Pamela , quien debe resistir el acoso sexual del juez de paz local, que la encierra y amenaza con violarla, como en la novela de Samuel Richardson.

Tampoco faltan ejemplos en el cine. Está la película, que invito a ver, estrenada en 1991: Durmiendo con el enemigo, que está tipificada como de “suspenso y misterio”, en circunstancias de que al día de hoy debería ser calificada como de “violencia de género”.

Votaré a favor del proyecto, porque me interpreta, porque siento que es de justicia, seguridad y certeza, por todas aquellas que han sido silenciadas, pero a nosotras no nos callarán.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera de la Fuente .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, no cabe duda de que la violencia contra las mujeres ha sido uno de los temas más relevantes y dolorosos para nuestro país en los últimos años.

Día a día nos enteramos de casos en los cuales la violencia de género es la lamentable protagonista. Un hombre agresor, una mujer víctima y una familia detrás que queda destrozada; hijos e hijas sin madre, el dolor de una pérdida irreparable, una historia que se repite, aunque no quisiéramos que fuese así.

Hace unos días, nos enteramos de un nuevo caso de femicidio en Coyhaique, en el cual fue encontrado sin vida el cuerpo de Julia Mansilla , una joven de 21 años, asesinada en su domicilio. Julia presentaba múltiples lesiones cortantes y signos de ataque sexual.

Como demuestra este caso y los cientos que año a año conocemos, son las diversas formas de agresión, pero lamentablemente con el mismo resultado: una mujer agredida, vulnerada en su dignidad y en sus derechos a manos de un agresor, quien se vale de su confianza, de su relación cercana -generalmente, su pareja o ex pareja para agredirla, hasta el punto de lesionarla o causarle la muerte.

Esta Cámara, a través de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, hace un tiempo hizo un importante aporte en la necesaria protección de las mujeres. Fue la “ley Gabriela”, la que amplió el marco legal del femicidio y de condena a todo delito cometido contra la mujer, sin importar la relación que mantengan los involucrados.

En el pasado, un femicidio solo era considerado como tal si este era cometido en relaciones formales, pero con la “ley Gabriela” avanzamos, porque permitió condenar, a título de femicidio, cualquier homicidio cometido por razones de género, cualquiera sea el tipo de relación que una mujer tenga con su agresor, incluso las que no sostengan ningún tipo de vínculo formal.

En ese mismo sentido se presenta este proyecto de ley, que busca modificar el Código Penal con el objeto de agravar la pena aplicable al delito de lesiones, en el caso de que el autor de estas sea una persona con quien la víctima tiene o ha tenido una relación de pareja, sin existir convivencia de por medio.

Esto se ha conocido en muchos casos como violencia en el pololeo y es una circunstancia importante, considerando que muchas relaciones de pareja hoy se dan precisamente en condiciones de no convivencia o bien de convivencia esporádica.

Con este proyecto y sus tres modificaciones puntuales al Código Penal avanzamos hacia la condena y sanción de todo tipo de violencia contra la mujer, sea que esta violencia se presente dentro del contexto de una relación de pareja habitual o esporádica o fuera de ella.

En resumidas cuentas, avanzamos hacia la condena de la violencia en contra de la mujer, sea cual sea el contexto en el cual se produzca, considerando que la violencia contra la mujer es socialmente reprochable por el solo hecho de que sea contra una mujer.

Presidente, hoy hago un llamado por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, por nuestras nietas. Por todas las mujeres, llamo a mis colegas a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira Barros .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, es claro que hoy nuestra sociedad no es la misma que la de ayer. Ciertamente, ha evolucionado hacia un camino con más justicia y resguardo de derechos que antes no se encontraban visibilizados.

Por esto, quiero valorar esta moción, de autoría mayoritaria de diputadas que transversalmente han puesto en discusión una compleja situación que viven miles de mujeres en nuestro país, producto de hechos de violencia o de vulneraciones de derechos por parte de sus parejas o de quienes simplemente han tenido algún tipo de relación con la víctima de este maltrato, sin la necesidad de existir algún tipo de convivencia de por medio.

Este tema ya fue abordado anteriormente cuando aprobamos por amplia mayoría la denominada “ley Gabriela”, promulgada el 2 de marzo. Esta norma tiene como corazón perfeccionar y ampliar el tipo penal en el delito de femicidio. Sin embargo, con esa ley no se consideraron los delitos de lesiones, un tipo de violencia tan común y recurrente, que lamentablemente afecta actualmente a muchas parejas o pololos. Según datos de distintas organizaciones, entre ellas, la Fundación Instituto de la Mujer, una de cada diez mujeres ha recibido cachetadas, empujones o zamarreos por parte de sus compañeros afectivos, lo que refleja una urgencia a la cual como parlamentarios debemos responder.

Por ello, hoy apoyaré sin duda este proyecto. Si bien se han hecho algunos alcances jurídicos respecto de la correcta ubicación normativa, la iniciativa viene, por un lado, a constituir una valiosa señal y un mensaje para miles de mujeres que hoy sufren la violencia, y, por otro, a robustecer la legislación penal para quienes continúan ejerciendo abusos basados en el género, abusos que espero prontamente sean erradicados de nuestra sociedad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini Pascal .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, quiero pedir a usted y, por su intermedio, a cada parlamentario aquí presente, a cada colega diputada que, independientemente de su color político, ha tenido que enfrentar cientos de barreras para estar sentada en el Congreso Nacional -créanme que lo sé-, y a los ciudadanos y ciudadanas que nos están mirando, que recuerden el siguiente dato: por cada hora que llevamos sesionando aquí, diez mujeres están siendo violentadas, golpeadas o atacadas por agresores, según cifras del Ministerio Público. Diez mujeres que podrían ser la hermana de cualquiera de ustedes, que podrían ser su madre, su amiga del alma, su hija. Estas diez mujeres son solamente las que se han atrevido a denunciar; esta cifra no considera a las que por miedo, por temor o por vergüenza aún no se atreven a sacar la voz contra la violencia más brutal que una persona podría sufrir.

Otro dato -solo estoy dando datos oficiales-: al día de ayer, 28 mujeres han sido asesinadas por femicidas en lo que va del año 2020 -son 38 de acuerdo con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres-, y 101 casos se calificaron por el Ministerio Público como femicidios frustrados.

A todas ellas, a sus familias, les quiero enviar un mensaje: no están solas. Las diputadas que estamos aquí presentes no les vamos a dar la espalda nunca, jamás, a ninguna de ustedes. Y esto no es un compromiso electoral; está mucho más allá de eso. Es una convicción profunda, y les estoy hablando desde lo más profundo de mi sentir.

Para muchos, estos datos pueden ser solamente cifras frías, datos que escuchan y que no les hacen sentido, pero para nosotras, ustedes, las que están y las que se han ido en manos de un femicida, son personas reales, con historias reales, con llamados de atención que no fueron escuchados por el Estado, el cual no les dio la atención oportuna y que merecían. Son mujeres a las que les hemos fallado como sociedad.

Muchos femicidios comenzaron con cachetadas, apretones de muñecas, empujones o zamarreos que produjeron lesiones de distinta consideración, pero que justamente no fueron atendidos ni juzgados por el sistema.

Este proyecto busca contribuir a que el sistema se active de forma temprana, a que los golpeadores, los pololos, los “ex”, los “pinches” violentos tengan una sanción antes de que sea demasiado tarde.

Por eso, cada vez que en el Congreso nos abrimos a discutir iniciativas de ley como esta, lo celebro y lo abrazo como un paso para terminar con esta enfermedad cultural que nos asfixia día a día.

El objetivo de esta iniciativa, que patrocinamos con un grupo transversal de parlamentarios y parlamentarias, es reconocer que la violencia de género se produce en el ámbito de las lesiones, aun sin relaciones de convivencia más allá del ámbito de la familia, y que, por ello, la sanción que se aplique tiene que ser la misma. Como ya lo han dicho algunas colegas en su intervención, la “ley Gabriela” amplía el delito de femicidio, pero no lo hizo respecto del delito de lesiones, lo cual, a juicio de quienes presentamos esta iniciativa, es no solamente una incoherencia, sino también un retraso en el reconocimiento de la tremenda crisis de violencia machista.

Esta propuesta, en mi opinión, no es la panacea que va a resolver la violencia machista. Por supuesto que no. Como decía, lo que buscamos con esto no es detener la violencia machista -esta es una cuestión que demanda un compromiso integral del Estado chileno y de la sociedad en general-, sino ir ampliando el reconocimiento de los ámbitos de la existencia de la violencia machista. Porque, colegas, el primer paso para hacer frente a la crisis de la violencia de género es el reconocimiento de los lugares donde antes no la veíamos. El segundo, el tercero y el cuarto paso es el de hacernos cargo de las causas del problema y no solamente de sus consecuencias.

Por ello, resulta urgente que avancemos en una educación no sexista, para que los niños y niñas de hoy no sean educados con muñecas para unas y telescopios para otros.

Avancemos en la ley integral por una vida libre de violencia, para que las mujeres tengamos más herramientas a disposición para combatir el machismo. Ese es el punto hoy.

Avancemos en la ley de justicia para Antonia, para que las víctimas de delitos sexuales no tengan que revictimizarse para tener la oportunidad de recibir algo de justicia.

Avancemos, en general, en las mayorías necesarias para tener por fin una Constitución feminista que proteja el derecho de las mujeres a ser libres, a su integridad física y psicológica, a no ser tratadas violentamente. Y, por supuesto, avancemos en la urgente refundación de Carabineros de Chile. Reformemos también el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que tengan la capacidad de hacerse cargo, pero de verdad, de las denuncias de violencia de género.

Aunque es necesario para el reconocimiento de las distintas formas de expresión de la violencia machista, este proyecto es solo un pequeño eslabón en la construcción de una sociedad feminista y, por tanto, igualitaria; de una sociedad de plena justicia, que requiere muchísimo más de nosotros y de nosotras, porque allá afuera la violencia machista sigue golpeando con su puño de siglos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, primero que todo, agradezco la posibilidad de estar discutiendo este proyecto. Comparto las palabras mencionadas por las diputadas, especialmente por Maite Orsini y por Carolina Marzán .

Quiero señalar, en primera instancia, que voy a votar favorablemente este proyecto, y, por supuesto, invito a todas las diputadas y a todos los diputados a hacer lo mismo.

Sin embargo, no puedo evitar hacer algunas reflexiones que me parecen relevantes. La primera de ellas es que hace no mucho el Presidente Sebastián Piñera señalaba que, a raíz de la promulgación de la ley de segundas nupcias, se respondía al feminismo, y que de alguna manera con eso se solucionaban todos los problemas de las mujeres en Chile. ¡Qué más lejos de eso estamos hoy en el país!

En los años 90, Chile ratificó la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras. Por lo tanto, aceptó modificar o abolir leyes y prácticas que fomentan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres. Ello, en la década del 90.

En 2020, recién se terminó con la discriminación hacia las mujeres para contraer segundas nupcias. O sea, estábamos ante una situación verdaderamente insólita, que habla de la lentitud con que se ha actuado frente a temas referidos a discriminación o violencia contra las mujeres.

Me gustaría señalar, dentro de esta reflexión, que efectivamente hemos avanzado en el marco regulatorio, puesto que ya tenemos no solo la ley sobre violencia intrafamiliar o la ley que tipificó el femicidio, sino también la ley que retipifica el delito de maltrato habitual y la ley que sanciona el acoso sexual callejero. Por último, este año se promulgó la “ley Gabriela” . Todas esas leyes vinieron a mejorar la legislación que teníamos en el país.

Sin embargo, cuando vemos esta situación, lo que queda claro es que hay una atomización de la legislación y que estamos excesivamente concentrados en el ámbito punitivo y de las sanciones, y por más que estas sean necesarias no son suficientes.

En ese sentido, por lo menos hay dos necesidades que mencionar. La primera, se requiere contar con una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, iniciativa que está en discusión en el Senado y que ha tardado bastante tiempo en aprobarse. Aprovecho de reiterar la lentitud con la que se asumen estos temas.

Por otra parte, se requiere pensar en políticas de prevención, aspecto en el cual la educación juega un rol clave. Ya lo dijo la diputada Orsini , refiriéndose a la necesidad de tener una educación no sexista, una educación libre de estereotipos, una educación sexual integral: son asuntos fundamentales, y no solo podemos seguir concentrados en las sanciones y en el ámbito punitivo.

Dicho esto, insisto en que este proyecto de ley viene a mejorar nuestra legislación, pero no nos hace superar el problema que tenemos, referido a la atomización y a la necesidad de prevenir la violencia contra las mujeres.

Por lo tanto, votaré a favor este proyecto, pero me parece fundamental que cada diputado y diputada de la Corporación tenga presentes estas consideraciones.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, cada día se puede legislar a fin de establecer mayores sanciones para aquellas personas que usan la violencia física y psicológica en una relación de pareja, aun más cuando no se ha concluido una relación formal como es el matrimonio o el noviazgo.

Es habitual la existencia de suicidios, especialmente de mujeres jóvenes, debido a este maltrato que se genera. Uno ve con cierta incredulidad o con cierto estupor cómo en nuestro país en el último tiempo, cada ocho días, hay un femicidio. Más allá de todas las leyes que se han establecido para combatir este problema, ese es el resultado: que no existe una conciencia real del Estado, de los gobiernos; que la forma eficaz es crear una institución que le dé solución efectiva a las mujeres y no solo medidas cautelares o de alejamiento. Hemos visto que por muchas normativas que existan, estas vienen a satisfacer un momento transitorio, pero en la vida real estos hechos son permanentes.

Por la pandemia del coronavirus y la consecuencia del encierro de la familia, se ha generado una espiral de violencia que marca el actuar de nuestros hijos.

Así, creo que esta es la oportunidad para llevar a cabo una serie de medidas, como cambios en la normativa y aplicación de mayores sanciones, aunque con esto no se estaría yendo al fondo del asunto, como sería la creación de una institución dedicada al tema con centros de acogida o rehabilitación, especialmente para los hombres agresores, puesto que por mucho esfuerzo que hace el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, vemos que se queda en el esfuerzo y se gasta una cantidad de millones anualmente.

Con este proyecto de ley, que es fantástico, a cuyos autores felicito, estamos generando una mayor condena a este tipo de personas. Sin embargo, no tenemos los elementos necesarios para la rehabilitación, en este caso, de la persona que ataca y agrede, en especial a la mujer.

Entonces, estamos legislando, pero no se toca el tema de fondo. Es como las personas que están sumidas en la droga: les hacen cursos, talleres, salen, y finalmente siguen metidas en la pasta base, porque no hay centros efectivos de rehabilitación.

El llamado que yo hago, junto con felicitar a los autores de esta iniciativa, la que votaré a favor, es a que en la discusión del proyecto de ley de presupuestos para el próximo año se consideren los recursos para que en regiones haya por lo menos un centro de rehabilitación para los hombres que agreden física y psicológicamente a las mujeres, con la finalidad de brindarles ayuda. De lo contrario, estaríamos legislando para agravar las penas a este tipo de delitos, pero la verdad es que las cárceles están repletas, los centros de menores también y vamos a seguir con medidas cautelares que establecen la prohibición de acercarse a las víctimas, pero, en la práctica, estas no quedan en nada, porque la persona afectada, al ir tanto a los tribunales, a la fiscalía, se cansa, y al final la causa se archiva.

Por lo tanto, si nosotros queremos de verdad hacer carne una solución concreta, se tienen que crear centros regionales para rehabilitación, para el mejoramiento total del agresor, y también para las víctimas. Hoy, Chile tal vez se esté convirtiendo en el país con mayores normativas de protección en favor de la mujer, pero eso solo queda en el papel, porque en la práctica no hay centros, no hay lugares donde efectivamente se pueda rehabilitar a los agresores.

Al respecto, también hay responsabilidad de los municipios, a los cuales se les entregan recursos, pero no hacen más allá.

En consecuencia, debe haber un cambio estructural en el Ministerio de la Mujer, generar una policía especial para este tipo de casos; es necesario contar con tribunales que permitan hacer seguimientos reales y concretos a los casos y no tratar al agresor como un delincuente más, porque como un delincuente más tiene todos los beneficios que tiene el delincuente común y corriente.

Creo que es conveniente revisar en forma estructural e integral todo lo que significa el tema de la mujer, de la agresión física y psicológica, de los femicidios, de las amenazas, de los asesinatos, etcétera.

Por cierto, vamos a votar a favor este proyecto, porque creemos que es un paso más, más allá de todas las críticas que he señalado. Esperamos que en el próximo presupuesto el Presidente de la República pueda incorporar recursos para la creación de centros regionales, tanto para este tipo de acciones como para los miles y millones de jóvenes que están metidos en la pasta base y que no tienen solución, y hoy son el caldo de cabeza para la seguridad de la población.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola Oliva .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, este proyecto de ley es muy importante, tal como lo dijeron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.

Las palabras de las diputadas Camila Rojas , Maite Orsini y Carolina Marzán son muy reveladoras de una situación que se viene dando en nuestro país desde hace mucho tiempo y que en más de alguna oportunidad la hemos hecho ver en esta Cámara de Diputados y diputadas.

Quiero recordar y volver a destacar en la Sala que en nuestro Congreso Nacional, y especialmente en nuestra Cámara de Diputados y diputadas, durante muchos años los temas de género no fueron abordados como correspondía. Es más, tales materias se trataban en la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

Hoy, gracias a la organización de mujeres feministas en esta Cámara, de diputadas que decidimos organizarnos, tenemos una Comisión de Mujeres y Equidad de Género que ha permitido sacar adelante iniciativas de ley fundamentales para empezar a cambiar por la vía legal la estructura de un modelo patriarcal, machista; de un sistema que avala la agresión y la violencia contra las mujeres.

Lamento que al final esto tengamos que ir haciéndolo por goteo. Alguien decía por ahí que la “ley Gabriela” fue un tremendo avance en la legislación sobre la materia en nuestro país, para reconocer que, más allá del ámbito familiar, es importante penalizar todas las agresiones cometidas contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, en el Senado se encuentra el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuya tramitación ha demorado más de la cuenta.

La “ley Gabriela” no puede hacerse cargo de más de lo que aquí logramos sacar adelante con la iniciativa que presentamos junto con la diputada Camila Vallejo , y de la cual, afortunadamente, después de muchas presiones, el gobierno decidió hacerse parte.

Me parece que este proyecto, que reconoce la violencia contra la mujer en otros ámbitos fuera de la relación de convivencia, también es un avance. Como dijo la diputada Orsini , esta iniciativa no resuelve la totalidad de los problemas; sin embargo, se hace cargo de uno de los aspectos que hasta ahora, lamentablemente, ha sido dejado en la impunidad producto de los vacíos de la ley.

Por eso, nuestra bancada aprobará este proyecto. Creemos que es un avance, pero seguimos sosteniendo que es insuficiente. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe ser aprobado en el Senado, y esperamos que esa iniciativa, junto con el proyecto “sin consentimiento es violación” y otras modificaciones legales más, sean las leyes que nos permitan llevar adelante acciones que hagan justicia frente a esta violencia machista y patriarcal que nos sigue aquejando.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez Olea .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los colegas presentes y a los que participan de manera telemática.

Este proyecto fue iniciado en una moción de la entonces diputada Marcela Sabat , quien nos invitó a participar en él a las diputadas Amar , Luck , Núñez , Olivera , Orsini , Ossandón , Vallejo , al entonces diputado Bellolio y a quien habla, cuestión que agradezco.

La iniciativa en comento no contiene normas de quorum especial, y fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Busca modificar el Código Penal, como se ha dicho, con el doble propósito de, en primer lugar, aumentar la pena aplicable al delito de lesiones cuando este afecte a una persona con la que el autor tiene o ha tenido una relación de pareja, sin que necesariamente exista una convivencia de hecho, y, en segundo lugar, para evitar la aplicación de las atenuantes contempladas en el Código Penal.

Si bien se discute si se debe incluir esta norma en el Código Penal o en alguna de las leyes referentes a la violencia contra la mujer, el principio de perfeccionar las sanciones contra el delito de lesiones en el contexto de una relación sentimental es apoyado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Es importante destacar que diversos estudios demuestran que hay una relación entre el aumento de femicidios y las conductas tempranas de violencia en la pareja, que no son debidamente sancionadas en la actualidad, por los vacíos existentes en las normas legales vigentes, que es precisamente lo que busca resolver este proyecto de ley.

De la misma forma, hay que recalcar que el camino de ir aumentando las penalidades, tratando de cubrir todos los escenarios posibles en los que ocurre la violencia en la pareja, ha sido infructuoso para detener el abuso contra las mujeres. Por tanto, resulta urgente un cambio de políticas al respecto, primero, impulsando campañas de prevención que permitan un cambio cultural efectivo en nuestra sociedad y en todos los ámbitos; segundo, garantizando que los procesos y sanciones contemplados en la legislación se cumplan con firmeza y la celeridad necesaria para evitar más muertes de mujeres. Esto también incluye proyectos que hemos impulsado desde esta Cámara, desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en cuanto a tecnología y a todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares.

En este sentido, cabe recordar que las cifras oficiales del Ministerio Público correspondientes a 2019 señalan que llegaron a la justicia casi 85.000 casos, pero poco menos del 10 por ciento concluyó con condena, mientras que el resto fue abandonado o aún no ha tenido un fallo. Ello habla de la desprotección en la que se encuentran las mujeres en nuestro país, y explica también por qué muchas se abstienen de denunciar para lograr que se defiendan sus derechos.

Por eso, celebro este proyecto; lo considero importante. Agradezco a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, a la diputada Camila Vallejo , como asimismo a la hoy senadora Marcela Sabat , y, por cierto, también a los diputados, porque cada vez que avanzamos en estos proyectos, vamos incorporando un granito de conciencia, pero también de leyes que sean capaces de resguardar a la mujer para que esté libre de violencia. Eso lo que hemos pedido: poder sacar proyectos, no estar con proyectos por gotera, sino que contar con una voluntad en la materia desde el gobierno, desde el Ejecutivo, desde este Congreso, desde la sociedad, desde la política pública, desde la legislación y desde las medidas administrativas.

Queda mucho por avanzar. Muchas cosas suceden en nuestro territorio. Santiago no es Chile. La ruralidad también influye mucho; la violencia en distintos sectores sociales también, así como la drogadicción y el alcoholismo. Claramente, todas estas situaciones afectan y, por cierto, también la violencia en las relaciones de pareja, que hoy día venimos a tipificar y a incorporar en el Código Penal.

Nuestra bancada de la Democracia Cristiana va a acompañar firmemente la ley en proyecto, como lo ha hecho en todas las iniciativas que tienen que ver con acompañar a las mujeres, puesto que en este ámbito es necesario establecer más protección y una regulación y una legislación mucho más duras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, en 2016 todo Chile se impactó con la noticia de Nábila Rifo y con el ensañamiento de su pareja, Mauricio Ortega , quien la golpeó brutalmente y la mutiló.

A pesar del violento crimen, a Mauricio Ortega le rebajaron la condena inicial de 26 a 18 años de cárcel, siendo condenado solamente por violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas, eliminándose el delito de femicidio frustrado que se determinó en un principio.

La movilización que despertó el caso de Nábila en el país fue enorme. Cientos de miles de personas marcharon y se manifestaron contra la violencia hacia las mujeres. Es gracias a esas personas que hemos logrado hacer avanzar demandas en favor de las mujeres, especialmente de aquellas que han sido víctimas de violencia doméstica y en contextos de pololeo, como consecuencia de vivir en una sociedad que, lamentablemente, enseña a las niñas a servir y a complacer a los hombres bajo estereotipos de género, y a los varones, que las mujeres y sus parejas deben estar disponibles para sus necesidades, como si fueran de su propiedad, y que si no cumplen con ese objetivo, no tienen derecho a seguir viviendo.

Afortunadamente, si hay algo que ha cambiado en este tiempo, comparado con las épocas de nuestras madres y abuelas, es que hoy somos muchas y muchos los que entendemos que este tipo de hechos no deben ser considerados conflictos meramente familiares que se resuelven de manera privada, sino que hay una clara condena transversal de la sociedad en contra de que se sigan produciendo estos hechos de violencias, manifestaciones del pensamiento machista por el cual algunos hombres creen que las mujeres estamos para servirles.

Si bien queda mucho por avanzar, reconocemos que hemos recorrido un camino importante en los últimos años: logramos la tipificación del delito de femicidio, junto con la compañera Karol Cariola , posteriormente, con la aprobación de la llamada “ley Gabriela”, ampliamos el concepto de femicidio a los asesinatos de mujeres por motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima.

Hoy estamos ampliando el concepto de violencia de género, a fin de llevarlo más allá de los hechos que producen como resultado un asesinato o femicidio e incluir delitos que generan lesiones graves o gravísimas, o lesiones menores, para que se agraven las penas en esos casos, cuando los ataques se realizan en razón del género de la víctima.

Cabe hacer presente, además, que no solo se incorpora a las mujeres, sino también a los miembros de la comunidad de la diversidad sexual.

Asimismo, eliminamos la atenuante de arrebato u obcecación en este tipo de delitos, dejando de justificar estos actos violentos y deleznables como crímenes pasionales.

Por eso, creemos que este es un proyecto que avanza en la dirección correcta. Por cierto, no es suficiente, pero nos permite obtener un mejor acceso a la justicia, por lo cual creemos que hay que aprobarlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021.

Para la discusión de esta iniciativa, se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Andrés Molina .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 76ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , sesión 78ª de la presente legislatura, en martes 29 de septiembre de 2020. Documentos de Cuenta N° 17.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Andrés Molina , rendirá el informe el diputado Andrés Longton , a quien ofrezco la palabra.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de la senadora Luz Ebensperger y de los senadores Pedro Araya , Carlos Bianchi , Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza .

La idea matriz del proyecto es permitir el uso de las cédulas de identidad o pasaportes vencidos al 1 de octubre de 2019 para poder participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de este proyecto como ley de la república y el 31 de diciembre de 2021, solo para efectos de identificar al elector.

En el primer trámite constitucional, el honorable Senado determinó que el artículo único del proyecto es de quorum simple, calificación que compartió la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas Marcela Hernando , Karin Luck , Andrea Parra y Joanna Pérez , y los diputados Andrés Molina , Renzo Trisotti y quien habla, Andrés Longton .

Los autores de esta iniciativa buscan resolver una situación que se produjo tras las manifestaciones sociales del 18 de octubre del año pasado, y que luego continuó con la pandemia ocasionada por la covid-19, lo que se tradujo en que muchas personas, especialmente mayores, no hayan podido realizar en forma oportuna el trámite de renovación de su cédula de identidad o pasaporte.

Lo anterior constituye un impedimento para que puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones que se realizarán el presente año y el próximo, por cuanto el artículo 68 de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que el elector entregará al presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte y el extranjero su cédula de identidad para extranjeros. Ningún otro documento o certificado podrá reemplazarlos.

Los documentos señalados deben estar vigentes y se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección o plebiscito, pero solo tendrán validez para efectos de identificar al elector.

Ahora bien, el plazo de doce meses a que alude la norma mencionada para la presentación de la cédula de identidad o pasaporte vencidos resulta insuficiente ante los acontecimientos que han afectado al país.

Durante la discusión particular, se modificó el artículo único del proyecto en virtud de una indicación parlamentaria que establece que la prórroga de vigencia de las cédulas de identidad, para efectos de identificar al elector, regirá hasta el término del proceso constituyente que se avecina, regulado por el artículo 130 y siguientes de la Carta Fundamental, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2021, como propone el texto aprobado en el Senado.

Por las consideraciones expuestas en la Comisión de Gobierno Interior, se recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es uno de esos típicos proyectos que se miran como algo menor, pero cuyos efectos son relevantes, en este caso, extender la vigencia de ciertos documentos de identidad para que el elector pueda sufragar con ellos.

Hay que ser muy cautelosos al momento de votar esta iniciativa, porque, como nos hizo presente el diputado Longton , la Comisión de Gobierno Interior introdujo una modificación respecto de lo que aprobó el Senado, que es importante que ratifiquemos, porque lo que aprobó el Senado es una extensión solo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Creo que este tipo de proyectos debemos valorarlo como algo tremendamente positivo, puesto que va en la dirección correcta, cual es promover la participación, condición indispensable para el buen funcionamiento de la democracia y de toda la sociedad. Es más, podríamos decir que la participación es el pilar más relevante de una sociedad democrática.

En la Cámara de Diputados hemos discutido pero, lamentablemente, no pudimos sacar adelante -todavía no me explico por que la posibilidad de volver al voto obligatorio, porque si estamos en una crisis de democracia, me parece que, en parte, se debe a la instauración del voto voluntario, ya que ha hecho que la participación sea muy baja, al punto que hoy tenemos diputados, diputadas, senadores, alcaldes y otras autoridades elegidas democráticamente con muy pocos votos, y eso hace que, de alguna forma, vayamos socavando nuestra democracia.

Participar es muy importante, y está en nosotros poner todos los medios para que la participación sea real y masiva. Además, entendamos que participar no es solo un derecho cívico, sino también un deber, y me parece que falta que todos los integrantes de nuestra sociedad lo asumamos así, como un deber.

Por ello, el Estado, a través de esta iniciativa, o con otras que presente más adelante el gobierno, debe promover, impulsar y posibilitar la participación de todos. Además, debe tenerse presente que estamos promoviendo un derecho, pero también el cumplimiento de una responsabilidad cívica.

Ojalá que el Estado no solo se preocupe de presentar este tipo de iniciativas cuando tengamos elecciones, sino que permanentemente se ocupe de facilitar que las personas puedan votar, en este caso incluso con la cédula de identidad o el pasaporte vencidos, extendiendo su vigencia para este solo efecto. Sin embargo, también deberíamos proponer otro tipo de facilidades, como la gratuidad del transporte público los días de votación.

A ese respecto, sabemos que hay otras iniciativas que lo están planteando, para que las personas no tengan ningún problema que les impida votar, de modo que tengamos elecciones con mayor cantidad de gente participando, y no solo ahora, sino siempre, pensando en que se nos avecina un período con varias elecciones.

Debemos preocuparnos hasta de los detalles más mínimos, para que, por ejemplo, nadie en Chile pueda decir que no pudo ir a votar porque no tenía cómo movilizarse, porque vive muy lejos y no tenía plata para pagar el pasaje o porque su carné o cédula de identidad estaba vencida.

Reitero la necesidad de difundir el concepto de que votar no es solo un derecho cívico, sino también un deber. Ojalá la ciudadanía entienda que si realmente queremos construir entre todos un mejor país, debemos participar democráticamente y que es un deber ir a votar. Es una gran herramienta que tiene cada ciudadano para expresar lo que siente y plasmar sus anhelos en la elección de sus autoridades y en la sociedad que entre todos queremos construir.

La participación política efectivamente permite que todos podamos sentirnos parte de una sociedad, porque entre todos construimos esa sociedad. Me molesta cuando escucho a una persona decir que no vota porque no cree, pues está perdiendo una tremenda oportunidad de participar en la construcción de la sociedad a la que todos pertenecemos y que entre todos construimos. Ese compromiso con la comunidad es el primer gesto de amistad cívica, en tiempos en que el individualismo es el gran cáncer que tenemos como sociedad. Por eso, las expresiones que promueven la participación ciudadana posibilitan que volvamos a hablar de lo que tanto nos falta, que volvamos a hablar de la comunidad, concepto clave para construir y escribir una nueva Constitución Política.

Es muy importante pronunciar la palabra “comunidad”, para que seamos parte de ella. En ese sentido, este tipo de proyectos, de alguna forma, nos permite avanzar y hablar realmente de lo que es una comunidad. La persona que no participa en estos actos electorales, si bien no deja de pertenecer a la comunidad, se le hace más difícil participar en la construcción de la comunidad que quiere.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, quiero agradecer que, a través de este proyecto, muchos chilenos y chilenas tengan la posibilidad de participar de los próximos actos eleccionarios y del plebiscito, a pesar de que, por distintas situaciones, tienen vencida su cédula de identidad. Cabe mencionar que por temor al contagio de coronavirus mucha gente no se ha acercado a las oficinas del Registro Civil; también ha ocurrido que estas han permanecido cerradas.

La prórroga de la vigencia de las cédulas de identidad permite que quienes estén en esa situación tengan la seguridad de que podrán participar en el plebiscito, es decir, podrán hacer uso de su derecho a sufragar.

Además, esta iniciativa beneficia a muchos inmigrantes que tienen vencida su cédula de identidad, lo que les impide acceder a salud, educación o encontrar un trabajo. Se está mirando al inmigrante como un chileno más, que está aportando al país, lo que me produce una gran satisfacción. Estoy permanentemente en terreno y escucho que por distintas razones -no me corresponde juzgar no se ha podido solucionar con mayor rapidez la falta de documentación de muchos inmigrantes en nuestro país, quienes debido al vencimiento de la vigencia de su cédula de identidad se encuentran en situación ilegal. Por ello, la aprobación y posterior publicación de la ley en proyecto permitirá que miles de ellos puedan aportar con su trabajo y vivir con tranquilidad.

Vamos a aprobar este proyecto porque permitirá a todos los chilenos participar en el plebiscito, y a un grupo importante de hombres y mujeres que han llegado a vivir a nuestro país, pero que tienen vencida la vigencia de su cédula de identidad, cumplir con la normativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez Olea .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto prorroga la vigencia de la cédula de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta futura ley y el 31 de diciembre de 2021.

Esta iniciativa, que consta de un artículo único, de origen en una moción de la senadora señora Luz Ebensperger y de los senadores señores Pedro Araya , Carlos Bianchi , Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza , de quorum simple, fue aprobada en la Comisión de Gobierno, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización . Quiero celebrar que en dicha comisión hemos aprobado proyectos con celeridad y, generalmente, por unanimidad, porque existe un ánimo transversal de avanzar y no obstaculizar ningún proceso.

Este es un proyecto que nos pidió poner en tabla el senador Elizalde. Tuvimos la voluntad de tramitarlo de manera rápida, con el fin de que el Senado lo pueda enviar lo más pronto posible a ley. En él se propone extender el período de vigencia de las cédulas de identidad y de los pasaportes, con el fin de que los ciudadanos habilitados para votar puedan concurrir a sufragar hasta que concluya el proceso constitucional, incluido el proceso de entrada y de salida, si así lo decide la ciudadanía.

El texto original aprobado indicaba que se reconocerían estos documentos hasta el 31 de diciembre del próximo año. En tanto, el Ejecutivo dispuso, de forma administrativa, que para el plebiscito del 25 de octubre bastará para votar que las cédulas de identidad y los pasaportes hayan vencido en los últimos doce meses respecto de esta fecha.

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización modificó esta proposición, indicando que tendrá vigencia desde la publicación de la ley hasta que concluya el proceso constitucional, es decir, hasta una fecha aún no definida, pero que debiera ocurrir dentro del primer semestre de 2022. Por eso, hemos dicho que ampliamos la fecha hasta el cierre del proceso constitucional. Se debe enfatizar que se trata solamente de su reconocimiento con fines electorales.

La razón de esta modificación es sumamente simple: es imposible saber con certeza cuándo terminará la emergencia sanitaria que nos afecta como país. De hecho, cuando se tuvo conocimiento del primer contagio, a comienzos de marzo, se nos dijo que la pandemia se reduciría de forma importante durante los meses de invierno, y ello no ocurrió.

En el contexto internacional hemos visto que aún no hay posibilidades de saber cuándo terminará esta pandemia. Al respecto, si bien se han presentado algunas mociones para tratar de volver a una cierta normalidad, el desarrollo de los contagios ha obligado a volver a establecer medidas restrictivas y nos ha obligado a aprobar distintos proyectos de ley para apoyar económica, social y sanitariamente a la población. A mi juicio, también hay que impulsar medidas en lo político, en lo administrativo y en lo eleccionario.

La iniciativa propone mantener la vigencia de las cédulas de identidad y de los pasaportes, con el fin de que las personas no concurran a las oficinas del Registro Civil. Dado el contexto, lo más prudente parece ser tomar medidas que a algunos pueden parecer exageradas. Lo importante es que se da certeza de que la participación ciudadana no se verá limitada por razones administrativas, las que, por lo demás, son fácilmente solucionables.

Reitero: la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización ha querido estar presente con este proyecto, que, si bien es sencillo, otorga facilidades a la gente. El mismo espíritu hemos tenido en la discusión sobre la posibilidad de reinstalar el voto obligatorio y de otorgar facilidades a los independientes en el proceso de reunir firmas, a fin de que puedan participar de manera fácil, expedita y sin obstáculos en dicho proceso.

La democracia se fortalece entre todos. Es una gran responsabilidad la que tenemos con el plebiscito. Honrémosla desde la legislación, desde la conducta, dando facilidades a unos y a otros.

La bancada de la Democracia Cristiana apoyará esta iniciativa, que espero sea pronto ley de la república.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, es importante aprobar este proyecto de ley. La gente debe tener claro que esta Constitución, la que queremos cambiar, es básicamente neoliberalismo convertido en Constitución.

Existen dos capitales: el que produce empleo y que, además, no especula, y el capital financiero, que se relaciona con intereses, con la especulación de acciones, etcétera.

Debemos tener mínimamente claro cuáles son los capítulos que queremos cambiar de nuestra Constitución, y para eso es bueno que aprobemos este proyecto de ley.

Todo lo que tiene que ver con el dios dinero solamente…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Diputado Alarcón , con mucho cariño y respeto, entendiendo las diferencias legítimas que podamos tener, debo señalarle que nuestra obligación es referirnos al proyecto que nos convoca y no a la nueva Constitución.

Tiene la palabra, diputado Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, gracias. Me retiro del micrófono.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias; muy amable, muy gentil. Cerrado el debate.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, acaba de tomar la decisión de suspender la sesión debido a la escasa presencia de señores diputados y señoras diputadas.

Señor Presidente, debo recordarle que no tiene facultades para suspender la sesión habiendo quorum. Las votaciones deben efectuarse con los diputados presentes, no importando si un número importante de ellos no se encuentra conectado de manera telemática. Por lo demás, ello quedará establecido en los resultados de las respectivas votaciones.

Con todo -insisto-, no se puede suspender la sesión porque al Presidente le parece que votar con ochenta diputados es muy poco. Eso está regulado en el Reglamento de la Corporación. Habiendo quorum, la sesión debe continuar y deben someterse a votación los proyectos con los parlamentarios presentes en la Sala y de manera telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien, señor diputado.