Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable (boletín N° 14024-12).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Félix González .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 71ª de la presente legislatura, en martes 31 de agosto de 2021 Documentos de la Cuenta N° 31.

-El primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se rindió en la sesión 66ª de la presente legislatura, en miércoles 11 de agosto de 2021.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

En reemplazo del diputado Félix González , rinde el informe el diputado Amaro Labra .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor LABRA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto, iniciado en moción de los diputados Cristina Girardi , Félix González y Pamela Jiles , que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable.

En sesión ordinaria del 11 de agosto de 2021, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley fue remitido a esta comisión para segundo informe reglamentario con las indicaciones cursadas durante su tramitación.

A modo de recuerdo, se hace presente que la idea matriz o fundamental del proyecto es eliminar el plástico no compostable de la propaganda de campañas políticas y reducir la basura producto del proceso electoral en las ciudades y en los ecosistemas.

En este trámite reglamentario se presentaron cuatro indicaciones, las cuales fueron leídas y discutidas en sesión de la comisión.

Finalmente, se acordó votarlas en un solo acto, y todas fueron rechazadas por unanimidad (por 10 votos en contra). Votaron en contra los diputados Sebastián Álvarez , Ricardo Celis , Félix González , Miguel Mellado , Celso Morales , Catalina Pérez, Hugo Rey , Gastón Saavedra , Marcela Sandoval y Daniel Verdessi .

Como consecuencia de lo anterior, el texto despachado en el primer informe se aprobó por unanimidad, sin cambio alguno, también por 10 votos a favor, de los diputados Sebastián Álvarez , Ricardo Celis , Félix González , Miguel Mellado , Celso Morales , Catalina Pérez, Hugo Rey , Gastón Saavedra , Marcela Sandoval y Daniel Verdessi .

Por consiguiente, en este informe no existen artículos modificados ni nuevos en relación con el primer informe.

En resumen, el texto, que consta de un artículo único, propone modificar la ley N° 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el siguiente sentido: La propaganda electoral permitida no podrá estar fabricada, total o parcialmente, con materiales plásticos no compostables.

Se eliminarán las palomas y carteles en las campañas electorales, pues, cualquiera sea el material utilizado, siempre se provocará una gran huella ecológica, toda vez que vienen acompañados de corchetes, madera, alambres, soportes, transporte, entre otros elementos.

La idea es que se realicen campañas en redes sociales, radios, franja electoral cuando corresponda, puerta a puerta, cabildos, foros, u otros que se creen, para eliminar la huella ecológica. Se ha constatado que a la gente, en general, no le gustan los carteles por lo oneroso de las campañas y por el daño medioambiental y social que generan.

A juicio de la comisión, esta iniciativa será una gran noticia para la población, teniendo presente que ella no se informa realmente del contenido de la propaganda política con las palomas, sino que estas solo refuerzan una imagen o marca.

A su vez, no podrá efectuarse propaganda en espacios privados o públicos mediante carteles, afiches o letreros, instalados de manera fija. Asimismo, no podrá contratarse propaganda instalada en el transporte público o privado.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, ante el nuevo escenario que enfrentamos por el cambio climático y los estragos que está provocando a nivel mundial, valoro moción, que viene a insertar en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios las disposiciones necesarias para que en las campañas políticas la propaganda electoral cumpla con los estándares de cuidado del medio ambiente.

Todos sabemos que en la elaboración de telas de pancartas de las campañas políticas el plástico más común es el PVC, material de difícil reciclaje y de alta contaminación, ya que está hecho a base de cloro. De allí que al momento de ser reciclado en forma mecánica o al ser incinerado, para generar energía, produce gases que oxidan maquinarias e instalaciones de una manera muy agresiva, situación que desde ya debemos evitar.

Por otro lado, el proceso de reciclaje de dicho material no resulta atractivo comercialmente por su alto costo, de modo que lo más usual es que la propaganda electoral termine en los botaderos o acumulada, lo que ensucia y contamina los lugares en donde queda rezagada. A esto hay que agregar que la mezcla de PVC con otros polímeros es altamente contaminante.

Además, si se considera que las redes sociales son cada vez más asequibles a todo tipo de personas e, incluso, más efectivas para llegar a un público determinado y segmentado, se justifica que desde ya se prohíba la propaganda en los espacios privados o públicos mediante carteles, afiches o letreros instalados de manera fija. Asimismo, tampoco se justifica que se siga contratando propaganda en el transporte público o privado, por las razones ya enunciadas.

En fin, me parece que la presente iniciativa apunta en el sentido correcto de continuar avanzando en el cuidado del medio ambiente, lo que es acorde con los nuevos tiempos en los que hemos visto que el progreso de las tecnologías y redes sociales representa un cambio radical, mucho más eficiente y limpio en la forma de realizar la propaganda electoral.

Por lo anteriormente expuesto, votaré a favor el proyecto emanado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

-Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, probablemente este proyecto no alcance a convertirse en ley para el proceso eleccionario que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, aunque la intención de la Comisión de Medio Ambiente era que así fuese. Pero las cosas son como son.

Estamos discutiendo el segundo informe del primer trámite constitucional de un proyecto, iniciado en moción, que tiene por objeto establecer la prohibición de la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable.

El informe de los expertos en cambio climático señala que el planeta está en crisis y que vivimos una emergencia climática. En ese contexto, el PVC, uno de los elementos más usados durante las campañas políticas, por medio de las palomas, que ya no motivan a nadie a votar por alguien o a indicar una opción en el voto, contamina muchísimo. Son miles de metros cuadrados de PVC los que se utilizan con ese propósito, material que es de muy difícil manejo.

En la comisión no hubo acuerdo con reciclar el PVC, porque aunque este se recicle para utilizarlo, por ejemplo, en la fabricación de casas de perros, que son muy bienvenidas, no se acaba con el objetivo central, que es disminuir el plástico.

En la emergencia climática el punto central es cómo hacemos todos los esfuerzos posibles para reducir la producción de plástico, y este proyecto apunta en esa lógica: que no sean las campañas políticas una instancia en que se use el plástico para la difusión; hoy existen muchos medios para darse a conocer. Es momento para la discusión de las ideas y no para la foto o para el empleo de elementos de difusión a costa de nuestro medio ambiente. La gente debe valorar adecuadamente esto. Hay muchos candidatos que ya lo han hecho. De hecho, muchos de los diputados y diputadas de la bancada del PPD nos hemos comprometido a no usar plástico en el futuro, en esta y en otras campañas, porque ese debe ser el compromiso que tenemos que asumir quienes estamos involucrados en la política y establecemos políticas públicas. Hay que partir dando el ejemplo y no usar plástico, no solo en las “palomas”, sino en ningún elemento de difusión de campañas. La iniciativa apunta en tal sentido, y, como es obvio, la invitación es a aprobarla por una gran mayoría, ojalá por unanimidad.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, más que referirme a un asunto de Reglamento haré una sugerencia de sentido común.

Creo que este proyecto se aprobará por unanimidad, y habrá muchas intervenciones para finalmente llegar a lo mismo.

Por tanto, si está conforme al Reglamento, sugiero votar sin discusión esta iniciativa para acelerar su tramitación, que se convierta en ley y se aplique a partir de esta campaña.

El informe es claro -el diputado y compañero lo expuso muy bien- y no hay mucho que discutir acá.

Por lo tanto, solicito acelerar el proceso, que el proyecto se apruebe sin discusión y se vaya al Senado para que ojalá esta semana o en un par de días más sea ley de la república. He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Sus deseos son órdenes, estimado diputado.

Queda solo un discurso, el del diputado ambientalista Félix González . Tiene la palabra, su señoría.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, este proyecto es totalmente necesario, porque se han inscrito alrededor de 10.000 candidaturas. El Servel todavía no las define, pero son cerca de 10.000, y todavía es posible que la ley en proyecto esté vigente para esta elección. La propaganda con carteles comienza el próximo 22 de octubre, así que, si hay voluntad en el Senado, la ley en tramitación puede entrar en vigencia ahora, en esta elección y no en tres o cuatro años más.

Es urgente limpiar nuestro planeta del plástico. Acá somos bastante buenos para generar leyes que obligan a otros: a las pymes, a las empresas, a todos los particulares; sin embargo, en la futura ley tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y no inundar de basura las calles a la hora de las elecciones; y si se trata de basura plástica, peor.

Lamento que la tramitación del proyecto se haya dilatado acá, en la Cámara de Diputados. Si esto no sale, no le echemos la culpa solamente al Senado: se presentaron indicaciones bastante bizantinas para extender esta discusión; hace dos semanas no se dio la unanimidad para votar el proyecto, y hoy de seguro se aprobará por unanimidad. Pero también hay gente y partidos que a lo mejor ya están imprimiendo sus pancartas de plástico. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad. Esta iniciativa se aprobará, y haremos las gestiones con el Senado para que también la apruebe a efectos de que la ley entre en vigencia ahora.

Es necesario tomar todas las medidas para evitar que sigamos llenando nuestro planeta de plástico. Asimismo, es necesario que enfrentemos la crisis climática.

Habrá muchos discursos al respecto. He escuchado discursos de candidatos presidenciales que ahora se transforman en verdes; también de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados o al core que se transforman en verdes, pero a la hora de la verdad es necesario actuar con decisión y rapidez.

Así, llamo a los colegas a que hoy votemos este proyecto y lo aprobemos por unanimidad.

De igual forma, pido a la Mesa que realice las gestiones correspondientes con el Senado a fin de que mostremos voluntad y demos una señal clara a la ciudadanía de que esto es importante, de que no es algo suntuario. Este proyecto es importante porque también genera cambios culturales.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, desde el inicio hemos apoyado decididamente este proyecto.

Quiero decir también que desde hace ya varios meses la Federación Regionalista Verde Social tomó la decisión de no utilizar plástico en las campañas de nuestros candidatos a diputados, a senadores y a consejeros regionales de todo el país.

Más allá de este proyecto de ley, que sin duda es necesario y bueno, creo que el mejoramiento de los aspectos fundamentales para evitar los daños que día a día genera el cambio climático producido por el calentamiento global debe obedecer, obviamente, a cambios legislativos, a indicaciones, a políticas públicas, pero también a conductas personales y a conductas corporativas de las distintas organizaciones o sociedades intermedias.

Además de apoyar decididamente la votación a favor de esta iniciativa, quiero señalar que tomamos esa decisión hace ya varios meses, tal como lo comuniqué en alguna oportunidad durante la discusión en esta Sala.

Reitero: como muy bien lo dijo el diputado Félix González , se puede avanzar mucho más, ojalá con el proyecto ya aprobado, publicado y vigente. Pero si eso no fuera así porque el Senado se demora en su tramitación, también podemos hacer las contribuciones a través de nuestras propias organizaciones o de nuestras propias decisiones personales.

Así que, con el mayor gusto, doy mi apoyo a esta iniciativa, que va por el camino correcto, con un pequeño aporte que se puede hacer desde la política en la forma de realizar la propaganda electoral a efectos de ir generando los cambios, no solo legales, sino también culturales, evitando el uso del plástico y de todos aquellos elementos que, como se ha demostrado, dañan gravemente el medio ambiente, lo que nos tiene en una situación caótica, brutal y de emergencia a nivel global.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, obviamente, todos queremos avanzar en la disminución del uso del plástico; en eso estamos todos de acuerdo. Pero recién estaba leyendo el artículo único del proyecto de ley, que en su número 2) dice textualmente: “Reemplázase, en su artículo 36, (…) No podrá efectuarse propaganda en espacios privados o públicos mediante carteles, afiches o letreros instalados de manera fija.”. Pero la disposición no hace referencia a que la propaganda sea fabricada a base de plástico.

Con esto estamos impidiendo que en una casa se pueda poner una bandera, que se pueda colocar un cartel de cartón, que alguien entierre un palo con un letrero hecho a base de material compostable que diga “vote por”.

Entonces, me gustaría preguntar a algunos de los autores de la moción -si no, pediré votación separada respecto de la propuesta en cuestión- sobre el inciso que se plantea, porque lo que aquí estamos haciendo no es solo avanzar en la disminución del uso de los plásticos, sino restringir fuertemente la campaña electoral.

¿A quién beneficia restringir fuertemente la campaña electoral? A todos los que estamos acá, porque somos conocidos, tenemos acceso a otros medios de comunicación, tenemos la posibilidad de estar en las radios locales y nacionales, en la televisión.

Si a una persona no la dejan poner una bandera en su casa, eso también pasa a restringir la necesaria y debida capacidad de los candidatos para hacer campaña, porque así todos vamos a terminar entregando volantes a través de un brigadista, voluntario o pagado, haciendo fuertes campañas a través de las redes sociales, con lo cual se perjudica el acceso a las campañas políticas de todos los sectores rurales.

Entiendo y valoro la posibilidad de restringir en forma importante la contratación de propaganda instalada en el transporte público o privado; avancemos en eso. Sin embargo, creo que lo que hace ese inciso final -salvo que esté equivocado, y ofrezco disculpas si así fuese- es restringir en forma excesiva la posibilidad de hacer campaña, lo cual beneficia a los incumbentes, es decir, a quienes somos actualmente diputados y senadores.

Por eso, me gustaría que alguno de los autores de esta moción pudiera aclararme la modificación del artículo 36, que hace referencia a carteles, afiches o letreros, con autorización escrita y con dimensiones máximas.

Me parece un exceso que se restrinja la posibilidad a los desafiantes, a nuestros competidores, a aquellos nombres nuevos que buscan hacer campaña en los distintos territorios electorales. La modificación propuesta beneficia, si no me equivoco, en forma abusiva a los incumbentes. Por lo tanto, pido votación separada de ese inciso.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

No hay más diputados y diputadas inscritos.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Por un asunto de Reglamento, y para referirse a la segunda votación, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, señalo que hemos pedido votación separada de la indicación.

Además, queremos saber si ella es admisible o no, toda vez que lo que hace este proyecto de ley es prohibir el uso de propaganda electoral fabricada con plástico no compostable. Pero la indicación prohíbe cualquier tipo de publicidad política, incluso poner una bandera en una casa, y tiene un objetivo completamente distinto, que es imposibilitar a las personas que quieren competir con nosotros hacer una campaña electoral.

Por lo tanto, a mi entender, eso no es parte de las ideas matrices del proyecto, y quiero saber si es posible que la Mesa analice la respectiva indicación.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, correspondiente a los boletines Nos 9686-09 y 10209-09, refundidos.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales el diputado Osvaldo Urrutia , quien con posterioridad dará lectura al informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 49ª de la presente legislatura, en jueves 24 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 75ª de la presente legislatura, en martes 7 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante de ambas comisiones.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales viene en informar sobre el proyecto de ley referido en el epígrafe, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos.

I.- Idea matriz

Como ya se mencionó en el primer informe, la idea matriz de esta iniciativa consiste en regular la instalación de elementos publicitarios en los caminos públicos, vías urbanas y espacios públicos, a fin de velar por la seguridad vial de sus usuarios y minimizar la contaminación visual que dichos elementos generan en el entorno, procurando armonizar la seguridad vial y la libertad de emprendimiento.

II.- No hubo artículos suprimidos en este trámite

III.- En cuanto a las disposiciones modificadas

En el artículo tercero transitorio se aprobó una indicación para rebajar el plazo de los municipios para la dictación de la ordenanza local de propaganda y publicidad.

IV.- Normas nuevas introducidas

No hubo artículos en tal situación en este trámite reglamentario.

V.- Indicaciones rechazadas

En este trámite se presentaron las siguientes indicaciones, que fueron todas rechazadas por la comisión:

La primera, para incorporar en el artículo 12, que regula la entrega de garantía para caucionar el retiro del elemento publicitario, un inciso en el sentido de permitir que en los casos en que se haya debido entregar una garantía para obtener una autorización previa y/o adicional por la Dirección de Vialidad o de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, no fuera necesario entregar a la municipalidad esta garantía, bastando la presentada ante los organismos administrativos.

Se hizo presente en la comisión que conforme a lo aprobado en esta iniciativa la Dirección de Obras Municipales era el único órgano facultado para exigir estas garantías. En consecuencia, la Dirección de Vialidad solo emitiría informes técnicos que servirían de insumos para la aprobación o rechazo a la Dirección de Obras al momento de otorgar el permiso, y se hizo presente que esta enmienda pretendía referirse a las garantías exigidas antes de la vigencia de esta iniciativa, lo que se encontraba suficientemente regulado en el artículo 13.

La segunda enmienda presentada proponía incorporar en el artículo 25, que regula las condiciones mínimas que debe cumplir todo elemento publicitario, un nuevo literal para que la publicidad caminera o vial tuviera una superficie orgánico-vegetal mínima de 75 por ciento.

La comisión consideró que el contenido de esta indicación era difícil e impracticable por cuanto por cada 10 metros cuadrados de un letrero, 7,5 tendrían que ser de superficie orgánico-vegetal, lo que se dificulta en zonas como Atacama, Calama y Cabildo, en que, de aprobarse esta norma, se debería llevar camiones aljibe para regar dicha superficie. Se hizo presente, además, que ello incentivaría la instalación de grandes letreros, puesto que el tamaño de la publicidad quedaría muy reducido, que era precisamente lo que se trataba de regular en esta iniciativa.

La tercera enmienda proponía agregar un artículo nuevo que facultaba al Ministerio de Obras Públicas para emitir un informe respecto de las dimensiones y ubicaciones de los elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por una vía o camino interurbano.

Esta indicación fue rechazada puesto que se entregaba a la ordenanza local de propaganda y publicidad que deberán dictar las municipalidades regular la instalación de los elementos publicitarios referidos en esta ley en proyecto.

Es todo cuanto puedo informar respecto de lo debatido en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

A continuación, paso a exponer, en nombre de la Comisión de Obras públicas,

Transportes y Telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, el proyecto, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sin urgencia, que ya fue informado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

Constancias reglamentarias previas

1) Idea matriz o fundamental del proyecto

La idea matriz consiste en regular la instalación de elementos publicitarios en los caminos públicos, vías urbanas y espacios públicos, a fin de velar por la seguridad vial de sus usuarios de manera que puedan trasladarse por ellos personas y bienes en condiciones que no amenacen su vida e integridad física, y de minimizar la contaminación visual que dichos elementos generan en el entorno, todo ello procurando armonizar la seguridad vial y la libertad de emprendimiento.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

La comisión comparte el criterio en cuanto la calificación dada a las normas en el informe emitido con ocasión del segundo trámite reglamentario y segundo trámite constitucional, sin que en este trámite legislativo se haya visto alterada.

3) Requiere trámite de Hacienda No precisa de este trámite.

Señor Presidente, cabe hacer presente que la Sala de la Corporación, mediante oficio N° 16.677, de 16 de junio de 2021, comunicó el acuerdo de que se remitiera a esta comisión el proyecto en informe, una vez despachado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, con el fin de que se pronunciara acerca del texto del proyecto aprobado por ella y debatiera indicaciones propuestas en esta Sala.

El proyecto en informe plantea que quienes deben entregar los permisos para instalar elementos publicitarios, tanto en el área urbana como rural, son las Direcciones de Obras Municipales, de acuerdo a esta iniciativa de ley y las ordenanzas municipales, pero previo a la entrega del correspondiente permiso y exigir las garantías establecidas en la ley. Debe, entonces, haber informes técnicos para cuidar que no se produzcan problemas con la seguridad vial, y tales informes, en áreas rurales, los dan actualmente las direcciones de vialidad. Sin embargo, en las áreas urbanas se había establecido que fueran las secretarías regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, ya que son las que poseen la mayor expertise en sistemas de transporte urbano.

La indicación aprobada en este trámite le da la atribución ahora a la Dirección del Tránsito, en su caso, ya que estamos en presencia de un informe de carácter técnico para verificar que un determinado letrero publicitario no afecte la seguridad vial y que no se trate de una autorización.

Si el letrero que se pretende instalar va a tapar la señalética del lugar o la luz del semáforo, entonces no se puede poner ahí. La Dirección del Tránsito es la encargada de hacerlo presente, lo que parece del todo correcto, dado que son las direcciones del tránsito las que tienen una regulación especial, y no necesariamente deben obedecer a la autoridad de turno.

No obstante, se debe advertir que no en todas las municipalidades hay Direcciones del Tránsito, por lo que, supletoriamente, para aquellas comunas donde no haya direcciones, se propone que lo hagan las secretarías regionales ministeriales, pues se trata de materias de seguridad vial. En tal caso, los directores de Obras carecen de los conocimientos específicos sobre seguridad vial y deben, entonces, tomar conocimiento cabal de la situación y considerar el informe técnico antes de otorgar el respectivo permiso de instalación de un elemento publicitario.

Las restantes indicaciones que se formularon son adecuaciones a partir de la ya comentada, por lo que ella es la sustantiva y las demás solo sirven para hacer coherente el contenido total del proyecto.

El informe técnico solo debe expresar si hay algún problema que afecte la seguridad vial, y lo tiene que entregar un experto: que es la Dirección de Vialidad, en el caso de área rural, y la Secretaría Regional Ministerial, en el caso del área urbana, cuando el municipio carezca de una Dirección de Tránsito.

Por tanto, con el objeto de descentralizar las decisiones y darle mayor poder de decisión a los municipios, se aprobó que fuera la Dirección del Tránsito de cada municipalidad la que los emita, y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes la que elabore el informe previo sobre las normas de seguridad vial, solo en el caso de que no exista una Dirección de Tránsito.

La indicación complementaria en comento fue patrocinada por el diputado señor Leopoldo Pérez y se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

Votaron a favor la diputada señora Jenny Álvarez y los diputados señores Alejandro Santana , Marcos Ilabaca , Jaime Mulet , Iván Norambuena , Andrés Longton e Iván Flores .

No hubo indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

En discusión el proyecto.

Les recuerdo a todos los diputados y diputadas que están abiertas las inscripciones para participar en el debate.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, en diciembre de 2014, la Comisión de Obras Públicas del Senado inició el estudio de este proyecto, que fue aprobado en 2017, y lo despachó a segundo trámite a la Cámara de Diputados. Se demoró, aproximadamente, tres años en su discusión. El proyecto fue remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Cámara, la que también se tomó un tiempo cercano a los tres años para discutirlo.

Debido a que en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales se estaba discutiendo un proyecto de características similares, se pidió a la Sala que ambos se fusionaran, lo que fue aprobado

El proyecto que hoy discutimos en segundo trámite constitucional, después de haber sido revisado y discutido en las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, y de Obras Públicas, se hace cargo del desafío de contar con una normativa específica referida a la instalación de elementos publicitarios, especialmente en lo que respecta al resguardo de la seguridad vial y a la mitigación del impacto que dichos elementos pueden generar en su entorno.

Para ello se establece la necesidad de obtener autorizaciones y permisos previos bajo el cumplimiento de determinados requisitos.

El proyecto es muy amplio y trata la materia con bastante profundidad. Se establecen objetos, el ámbito de aplicación, los regímenes aplicables; se definen los elementos publicitarios mayores, menores; se establecen prohibiciones; se establecen autorizaciones previas y se especifica cuál debe ser el organismo a cargo de la aprobación; se discute y se genera un capítulo para el control de impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano y se establece la altura máxima, el tamaño, los sistemas de iluminación, de reflexión y la protección al patrimonio.

Asimismo, se dispone que las ordenanzas locales deberán establecer vías de belleza escénica donde no se podrán instalar estos letreros.

Sobre el tamaño, se asocia el tamaño de los letreros al ancho de las vías; se establecen garantías para que las municipalidades puedan retirar oportunamente aquellos letreros con permisos vencidos. También se establece la obligación del retiro oportuno de esos elementos, y se definen condiciones mínimas que deben cumplir los elementos publicitarios y el distanciamiento entre ellos.

Se establece todo un catálogo de infracciones, un procedimiento sancionatorio, y las sanciones asociadas a esas infracciones que podrían recaer en las empresas que se dedican a esta industria.

Este proyecto es un gran avance para mejorar no solo la seguridad vial, sino también la calidad de vida en las áreas urbanas.

Por lo tanto, recomiendo votar a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.502, que Establece Impuestos a Combustibles que Señala, para rebajar en un 50 por ciento el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía, correspondiente al boletín N° 14289-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Les recuerdo que el informe ya fue rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 66ª de la presente legislatura, en miércoles 11 de agosto de 2021 -ocasión en que se rindió informe de la Comisión de Hacienda- y continuó en las sesiones 71ª y 78ª de la presente legislatura, en martes 31 de agosto de 2021 y jueves 9 de septiembre de 2021, respectivamente.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, venía justo llegando; qué bueno que alcanzara a intervenir en un proyecto que es difícil.

He conversado mucho con los colectiveros de Puente Alto, en la provincia de Cordillera -un saludo para ellos-; con Gabriel Boric fuimos muy directos cuando conversamos con ellos, antes de las primarias. Les dijimos que no estábamos de acuerdo, en principio, con el tema de disminuir el impuesto específico, porque teníamos otros desafíos por enfrentar: tenemos que pagar el costo social de esta pandemia. Además, sabemos cuáles son los efectos de generar incentivos a consumir, en este caso, contaminantes. Con todo, sí estamos de acuerdo en muchas cosas con los colectiveros, uno de los principales afectados por el tema de este impuesto.

La semana pasada tuvieron una tremenda movilización. Lo que están pidiendo, en primer lugar, es igualdad de trato: si hay impuesto que lo paguen todos. En eso esperamos que el que tenga iniciativa de ley elabore una en tal sentido. Así lo haremos nosotros en nuestro gobierno.

En segundo lugar, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pretende modificar toda la normativa respecto de los colectiveros, sin tener ningún diálogo con ellos. ¡Ha tenido un par de reuniones por Zoom y quiere hacer modificaciones! La ministra se ha salvado de participar en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Probablemente, esta semana debiera comparecer para explicar cuáles serán esas modificaciones.

No se pueden llevar adelante medidas populistas para tapar el sol con un dedo y ganar un par de votos; no corresponde. Lo que corresponde es ir al tema de fondo. En este caso hay distintos sectores, uno de los cuales es el de los colectiveros, que van a ser afectados por cambios tecnológicos, por cambios en los modos de consumo. No puede ser que la modernidad sea sinónimo de que algunos se queden abajo nomás. No; aquí todos debemos avanzar con la modernidad.

Por eso, en regiones, en las zonas más periféricas, en las zonas rurales, donde los colectivos son muy relevantes, necesitamos encontrar soluciones para, al menos, poner un tope -es algo que hoy tenemos- en el caso de que haya procesos inflacionarios y aumenten excesivamente los precios de los combustibles. Por otro lado, es necesario contar con una política de cambios justos respecto de cómo van a ser estos vehículos en el futuro.

Por último, vuelvo a reforzar que al menos nosotros no estamos de acuerdo con que se hagan modificaciones en este período en materia de transportes, con un gobierno que está terminando y que tiene la legitimidad que todos conocemos.

Esperamos que eso se haga con un diálogo con las y los colectiveros, con sus organizaciones. Al menos así esperamos hacerlo nosotros en el próximo gobierno de Gabriel Boric, si así el pueblo lo decide.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina ) [vía telemática].-

Señor Presidente, es evidente que el costo de la vida ha aumentado mucho. Con los precios de los combustibles en niveles históricos, sabemos lo difícil que es para muchos y muchas pagar esos montos.

Además, estamos conscientes de que si hablamos de combustibles, esta carga aumenta para quienes se desempeñan como taxistas o colectiveros, así como también para las familias de zonas rurales y de zonas extremas.

No me cabe ninguna duda de que todos queremos legislar bien. No obstante la buena intención de esta propuesta, los efectos que esta podría tener a largo plazo son muy negativos, tanto en términos de distribución de las cargas y ganancias que resultan de esta rebaja, beneficiándose mucho más los más ricos y muy poco las demás personas, como también para el medio ambiente, lo que resulta una consideración fundamental luego de la publicación del lapidario informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), organismo de la ONU especializado en el cambio climático, que también ha ocupado la atención de este Congreso Nacional.

A la vez, creo que este proyecto de ley podría beneficiar sustancialmente a los dueños de las empresas distribuidoras de combustibles, como lo expuso el académico doctor Alejandro Tirachini en la Comisión de Hacienda de esta Corporación.

Por último, esta iniciativa tampoco garantiza que la reducción propuesta necesariamente se verá reflejada en una disminución del valor de los pasajes de la locomoción colectiva, como algunos parlamentarios de Chile Vamos han afirmado.

Vamos a votar en contra este proyecto, porque en Chile ya tenemos un sistema para regular el precio de los combustibles, con el objeto de que no se disparen por las nubes cuando suben los precios internacionales. Ese sistema se llama Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que fue creado en 2014 precisamente para enfrentar el problema en que nos encontramos hoy, que ha sido utilizado por este gobierno durante las últimas cuatro semanas para evitar más alzas.

Aquí me surge la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno solo utilizó este mecanismo, que siempre estuvo a su disposición, después de cinco meses de alzas consecutivas? El precio de los combustibles no puede quedar al arbitrio de la autoridad de turno. Creo que es necesario mejorar el Mepco para que opere cuando corresponda.

De hecho, propusimos un proyecto de resolución con varias finalidades, entre ellas que el gobierno utilice el Mepco mientras dure el estado de excepción constitucional, a fin de evitar nuevas alzas, tal como lo ha hecho en las últimas cuatro semanas.

En segundo lugar, que instruya una modificación permanente al Mepco para que contemple criterios objetivos que permitan una amortiguación más intensa de las alzas de los combustibles cuando existan situaciones que afecten de manera prolongada la provisión de necesidades básicas de las familias. Para eso incluimos mecanismos de amortiguación más enérgicos para las zonas extremas de nuestro país, a fin de disminuir la excesiva carga que tienen los habitantes de esas regiones.

Por último, solicitamos que se incorporen criterios de progresividad en el financiamiento de los mecanismos de estabilización, a fin de no seguir aumentando la brecha de desigualdad, como en el caso de este proyecto.

Por los argumentos que he expuesto, nuestra votación será en contra. Esperamos que se creen los mecanismos adecuados que hemos propuesto para que esto no afecte a quienes más han sufrido los efectos de esta pandemia y tampoco beneficie a los más ricos de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, no sabía que estaba inscrito para hacer uso de la palabra, pero intervendré para repetir lo que tantas veces he dicho respecto de este proyecto. Parto por decir que es un mal proyecto, pues va en contra de todo lo que necesita la humanidad y, por cierto, como somos parte de ella, en contra de lo que necesita Chile.

Si la controversia son unos pesos más versus un grado menos en el calentamiento global, creo que todo el mundo va a estar dispuesto a gastar unos pesos más para lograr un grado menos en el calentamiento global. ¡Ese es el verdadero dilema!

En la actualidad hay un mecanismo de amortiguación de las alzas de los precios de los combustibles, que se llama Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que establece que las alzas y caídas del precio no pueden ser superiores a cinco pesos.

El problema que tiene el Mepco es que al ser tan exiguo el período en que se calculan las variaciones promedio para establecer el precio de los combustibles, cuando las alzas se prolongan, como ocurrió en el último tiempo, el período de cálculo del promedio queda demasiado alto y rebota muy fuerte en el alza del precio.

Pero eso no tiene nada que ver con el impuesto a los combustibles. Hablamos del precio al que se compra el combustible en el mercado mundial, porque Chile no es productor de ese combustible.

Hemos dicho hasta el cansancio que si queremos buscar una solución para darles satisfacción a los que equivocadamente creen que bajando el impuesto va a bajar el precio, hagamos una reducción menor a 50 por ciento -podría ser un 30 por ciento-, pero incluyamos a todos aquellos que hoy están exentos del pago de impuestos a los combustibles. Me refiero a la industria aérea, a la industria del transporte marítimo, a la minería, a las celulosas, a la agricultura y también a los productores industriales de electricidad con combustibles fósiles, pues no pagan impuestos.

Entonces, ¿por qué no extender la base de cálculo del impuesto, disminuyéndolo para que impacte en menor medida en cada una de las actividades en que se utiliza combustible?

Como han dicho los propios interesados, que son multicitados cuando se discute esta cuestión -piensan que los dueños de taxis y taxis colectivos son votos muy relevantes-, abaratar el precio de los combustibles les va a significar pérdida de demanda, porque la gente, en vez de subirse al taxi, se va a subir a su propio auto, porque les resultará más barato.

Entonces, toda esta discusión es un contrasentido. Creo que esta es una manera de embolinarle la perdiz a la población, al tomar una medida que supuestamente es grata a los ojos, pero que los propios interesados descalifican.

Por lo tanto, tratemos de tomarnos una cucharadita de jarabe de sensatez y votemos directamente en contra, porque es un mal proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, resulta insólito discutir un proyecto de ley de este calibre a un mes y medio de que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, de las Naciones Unidas, haya emitido su informe sobre la situación desastrosa e irreversible que estamos padeciendo a nivel planetario por causa de la emisión de carbono a nuestra atmósfera.

La única razón que veo es que estamos en un año electoral y se necesita asegurar los aplausos, los likes en las redes sociales y los votos para la reelección. Colegas, por favor, pongámonos serios y pensemos por un minuto en el futuro de nuestro planeta.

Es inentendible que existan proyectos de esta naturaleza, primero, porque es inconstitucional, al ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por afectar la recaudación; segundo, porque justamente esa recaudación para el Estado es muy necesaria para financiar todas las políticas sociales que muchos colegas le exigen al gobierno.

Por último, el Ejecutivo, a través de Hacienda, ya está tomando medidas para paliar el alza del precio de los combustibles, y no es necesario que nosotros, por vía de una ley, tengamos que hacerlo.

El impuesto a los combustibles es una carga cuya principal razón de ser es desincentivar el consumo de combustibles fósiles, por lo que disminuirlo justo en el año en que hemos visto con mayor voracidad los efectos del cambio climático me parece un despropósito.

El precio de la bencina está por las nubes, nadie lo puede discutir; todos lo hemos notado en nuestros bolsillos, y así me lo hacen notar los vecinos de mi distrito cada vez que salgo a la calle. Pero existe un sinfín de otras maneras mucho más inteligentes para aliviar los costos del traslado de las personas y del transporte de los productos.

Preferiría estar discutiendo iniciativas de conversión de nuestra flota automotriz a energías limpias, la potenciación de nuestro sistema de transporte público o cómo generar focos productivos más cerca de los barrios de cada persona y no centrado en determinadas zonas de una ciudad. Pero no, lo que tenemos aquí es la clásica propuesta cortoplacista.

Urge que nos tomemos en serio los problemas ambientales que ha ocasionado la acción humana. De lo contrario, las inundaciones, las sequías, la extinción de especies, la desertificación y un largo etcétera serán cada vez más comunes, con los consecuentes impactos en nosotros, porque hasta ahora no existe otro mundo que podamos habitar.

En tal sentido, rechazaré esta propuesta de disminución del impuesto a los combustibles. Además, anuncio que presenté -estamos trabajando en ello- una propuesta de ecoetiquetado, que dé mayores herramientas a los consumidores para que, a través de sus decisiones de consumo, logren transformar las formas de producción, volcándolas a procesos ambientalmente amigables. Se trata de una medida que sí creo que apunta hacia el futuro y el cuidado de nuestro planeta.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA (vía telemática).-

Señor Presidente, es importante recalcar, al tenor de la discusión, que la reducción del impuesto específico a los combustibles no es lo adecuado en este momento. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado: existen los mecanismos claramente establecidos por el gobierno para dar respuesta a la necesidad de control del precio de los combustibles.

Es más, lo que hemos dicho y discutido plenamente es que esta medida no va a beneficiar a la gran mayoría de la clase trabajadora ni a los usuarios del transporte público, porque, al final del día, la disminución del precio de los combustibles no va a ser transferida automáticamente, tal como lo han dicho los especialistas.

Por eso, creo que es una discusión que no tiene lugar y que no corresponde. Más bien, creo que debemos discutir en términos concretos cómo vamos a tener una política clara y definida en materia de control de precios de los combustibles, que tenga que ver con toda la realidad de la economía del país, porque hay sectores que no pagan estos impuestos y que no tributan como corresponde.

En ese tenor, creemos que esta discusión no corresponde. Deberíamos estar velando y viendo cómo mejoramos nuestra recaudación de impuestos y cómo logramos que las medidas que se tomen lleguen efectivamente a todos los asalariados y a todas las personas que utilizan el transporte público, como también al traslado de cargas. Vivo en una región extrema en la que estamos en una situación bastante compleja, pues la carestía y el alza de precios también tienen que ver con el sistema de transporte y de logística del país. Si existen sectores que no pagan impuestos, como los transportistas, ¿qué va a pasar en la Región de Tarapacá con el alza de precios que tenemos? Son situaciones que debemos estar viviendo y respondiendo como diputado de la región.

Por lo tanto, creo que lo que estamos discutiendo no corresponde. Por eso, no votaremos a favor.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, hoy es martes y estamos recién comenzando la semana legislativa; sin embargo, hay treinta y nueve o cuarenta parlamentarios, tanto en Sala como vía telemática. Por favor, solicito que se toquen los timbres para llamar a los diputados y diputadas, a fin de que haya quorum para sesionar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señora diputada, tenemos quorum si consideramos a los diputados y diputadas que están de manera telemática. Me lo acaba de confirmar el señor Prosecretario .

El señor GALLEGUILLOS (Prosecretario subrogante).-

Señor Presidente, bajó el quorum.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señora diputada, le ofrezco disculpas; efectivamente no hay quorum. Se tocarán los timbres para hacer presente a los diputados que asisten de manera presencial su deber de estar en Sala, y a los parlamentarios que se encuentran de manera telemática, su deber de estar presentes.

Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, la verdad es que me cuesta entender la insistencia en este asunto. No sé si todos saben que estamos en pandemia. Mientras menos diputados estemos en la Sala, será mucho mejor. Los diputados están en su oficina o andan alrededor de la Sala; pero mientras menos estén en ella, menores serán las posibilidades de que alguno de nosotros se pueda contagiar.

Por lo tanto, no sé cuál es la intención de insistir en esto. No sé si es hacer un punto extra o no, pero la verdad es que no se entiende. Estamos en pandemia y la idea es que la Mesa insista para que la Sala ojalá nunca este llena, porque el fin es cuidarnos entre todos. He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señor diputado, comparto su criterio, pero también es cierto que la diputada Olivera tiene todo el derecho de reclamar que no haya quorum.

Para plantar una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, por su intermedio, está bien lo que señala el diputado Jiménez . Nadie está en contra de romper el protocolo, pero también está el Reglamento, que establece un quorum. Por lo tanto, en estricto rigor, ya que la Mesa -todas las Mesas que han pasado- no se sale del Reglamento, en estos momentos la sesión debería suspenderse. He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señor diputado, por eso se están haciendo sonar los timbres para llamar a los diputados. Vamos a darnos un tiempo y si esta falta de quorum se prolongara más allá de lo establecido, se hará lo que el Reglamento establece.

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señora diputada, no hagamos de esto un problema, por favor. Última intervención y terminamos.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, entiendo el problema del aforo en la Sala, pero en estos momentos hay diecisiete parlamentarios conectados. Eso es lo que aparece en pantalla. Entiendo que en Sala debemos estar los menos posible, pero ¿qué pasa con los que están vía telemática?

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, soy total y absolutamente partidario de rebajar o eliminar el impuesto a los combustibles. Es más, hace años, un grupo importante de diputados recolectamos firmas a nivel nacional para solicitar a la Presidenta de la República de la época que enviara un proyecto de ley al Congreso a fin de eliminar o rebajar el impuesto a los combustibles.

¿Por qué recolectamos firmas y no presentamos nosotros una moción con dicho fin? Porque teníamos y tenemos claro que se trata de una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Los parlamentarios no tenemos atribuciones para presentar proyectos de ley como este, pues son absoluta y totalmente inconstitucionales.

Lo descrito no implica que uno no quiera que se elimine o se que rebaje el impuesto a los combustibles, pero como parlamentarios no tenemos la facultad para presentar este tipo de proyectos de ley.

Si el Ejecutivo envía a tramitación legislativa un proyecto para rebajar el impuesto a los combustibles lo aprobaría de todas maneras, pero la iniciativa en debate fue iniciada en moción, y los parlamentarios no contamos con las atribuciones constitucionales para legislar respecto de este tipo de materias, independientemente de que la Secretaría autorizara su tramitación. Por ello, la votaré en contra, pero reitero que no lo haré porque no quiera que se rebaje o se elimine el impuesto a los combustibles.

Me hubiese gustado que el autor de esta moción, que es un diputado de gobierno, antes de presentar el proyecto hubiera solicitado al Ejecutivo, a su propio gobierno, que enviara a tramitación legislativa una iniciativa para rebajar o eliminar el impuesto a los combustibles. De esa forma no se hubiese saltado las reglas y la Constitución Política.

Por las razones señaladas, votaré en contra este proyecto, a pesar de que estoy de acuerdo en que se elimine o se rebaje el impuesto a los combustibles.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, el presente es un debate positivo, más allá de las formalidades indudables respecto de la pertinencia o constitucionalidad de esta iniciativa.

Sin embargo, hay un problema más de fondo, muy profundo, que tiene que ver con lo que uno pudiera llamar una falacia, es decir, algo que formalmente parece verdad, según el recurso lógico de los argumentos, pero que en la práctica es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que se presentó un proyecto de ley de rebaja del impuesto a los combustibles, la ciudadanía saca cuentas alegres y dice: “Bueno, si se aprueba la iniciativa en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando eche bencina, en la Copec o en la Shell, me saldrá más barato.”. No obstante, aunque el proyecto de ley se aprobara -escúchenlo bien quienes están viendo el debate-, nada garantiza que la rebaja será traspasada al precio de los consumidores. Es decir, una rebaja del impuesto específico perfectamente puede quedar en manos de las distribuidoras.

¡Qué decir del trasporte público! Les aseguro, les doy plena garantía, más aún conociendo en detalle lo que sucede en la Región de Coquimbo, que una rebaja en el precio de los combustibles no se traducirá en ni un peso de reducción del precio del pasaje de los colectivos o los buses, porque les garantizo que quienes manejan el sistema privado del transporte público en Chile se quedarán con la diferencia, con la ganancia. Tampoco beneficiará a los choferes, y menos a los usuarios.

Por lo tanto, es cierto que este proyecto responde a un sentir ciudadano que tiene una base real, porque es caro echar bencina en Chile, porque el precio de los combustibles a nivel mundial está subiendo y porque el famoso Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles no opera con transparencia y no permite que estas alzas se compensen con rebajas; pero de transformarse en ley la iniciativa en estudio, no tendrá impacto en la persona que echa combustible. Aun más, tampoco significará una rebaja del pasaje del transporte público, sobre todo en regiones, porque en Santiago opera un sistema distinto.

En consecuencia, el impacto positivo que uno espera no se producirá, aun si la iniciativa fuera aprobada.

Tenemos un problema tanto o más importante que el descrito: es imposible abordar esta iniciativa, que propone la rebaja del impuesto específico de los combustibles, sin considerar el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo debido a la dramática crisis que estamos viviendo dada la emergencia generada por el cambio climático producto de la acción humana.

Si no somos capaces de adoptar medidas urgentes para enfrentar los efectos del cambio climático, que en Chile ha provocado sequía, y desastres de todo tipo en otros países, obviamente nos enfrentaremos a una calamidad. En ese contexto, cabe señalar que la rebaja del impuesto específico a los combustibles tiene como efecto directo un mayor uso del automóvil.

Evidentemente, situaciones como la descrita generan efectos absolutamente contrarios a los que uno tendría que buscar en el marco del combate al cambio climático. De hecho, Chile debiera promover la electromovilidad, es decir, el reemplazo de los autos equipados con motor diésel o bencinero, que son combustibles obtenidos del petróleo, por vehículos híbridos o ciento por ciento eléctricos.

¡Esas son las medidas que deberíamos promover! En ese contexto, sí vale la pena una exención tributaria, un mecanismo de incentivo o eliminar cualquier impuesto específico que grave, incluso, el IVA.

Por lo tanto, la medida que propone el proyecto va en contra de la tendencia mundial: combatir el cambio climático y limitar sus efectos devastadores para la especie humana, la naturaleza y la vida en el mundo. Por ello, obviamente, es una iniciativa que, en estas condiciones, no se puede aprobar.

Por último, quiero referirme a un tema no menor. En la Cámara de Diputados todos hemos dado una enorme lucha para que el Estado dé ayudas sociales. Criticamos duramente al gobierno porque en un minuto los montos del IFE fueron realmente indecentes, pero producto de la presión se logró mejorar el ingreso familiar de emergencia e, incluso, extenderlo hasta diciembre. Sin embargo, para ello el Estado debe tener recursos, y una fuente importante de financiamiento del fisco son los impuestos indirectos, como lo es el impuesto a los combustibles.

Por lo tanto, hoy, en el marco de la pandemia, teniendo presente la enorme presión que existe para aumentar el gasto público necesario, sería absolutamente contradictorio aprobar este proyecto de ley.

Por eso lo votaremos en contra, porque nos parece que es una mala política pública promover e incentivar hoy el mayor uso de los combustibles fósiles.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, reconozco haber recibido a través de redes sociales algunos mensajes de personas que me pidieron que aprobáramos el proyecto de ley en discusión.

Parto así mi intervención, porque creo que evidencia una cierta desinformación que ya ha sido mencionada por otros colegas. Me refiero a que la gente cree que una eventual rebaja al impuesto de los combustibles se traducirá en un menor precio a la hora de comprar combustible, lo cual no es claramente evidente, y desconoce los efectos que tendrá esto, por cuanto el Estado, por concepto del impuesto en cuestión, recauda -según mis datos, aunque puede ser que no estén actualizados- una cifra del orden de 2.000 millones de dólares anuales, que se destinan a financiar políticas sociales que, para decirlo claramente, terminan beneficiando a los más pobres de este país.

En cambio, todos los especialistas -yo no lo soy, pero leo-, todos los economistas respetados indican que una medida como esta es claramente regresiva, porque termina beneficiando precisamente a los que más tienen -mayor cantidad de autos o, por ejemplo, autos a petróleo, que son los más caros del mercado- y no precisamente a los más humildes.

En segundo lugar, quiero poner en evidencia que esto demuestra algo que ha sido una preocupación permanente de mi parte, y no he logrado alcanzar el objetivo, cual es que nos falta lo que yo llamaría pedagogía política, esto es, hacer pedagogía, explicar a la ciudadanía los alcances que tienen los distintos proyectos de ley. Ello lo estamos viviendo a propósito del cuarto retiro de fondos previsionales. Ustedes conversan con las personas, y ellas tienen información, mucha de ella falsa, bastante de las redes sociales, etcétera, pero no logran entender el significado de aquello.

Cuando yo converso sobre esto con la gente, me dice: “Oiga, diputado, pero este fue un impuesto que se inventó cuando nosotros construíamos las carreteras, y era para pagarlas. Si ahora están concesionadas, ¿por qué nos siguen cobrando si el objetivo inicial ya no existe? Hoy nos cobran las concesionarias, las empresas privadas”. Y tiene razón.

También me dicen: “Oiga, diputado, pero las empresas aéreas y los camioneros no pagan este impuesto. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros?” Y sin duda tienen razón.

Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer?, que es lo que quiero resaltar. Pedagogía política. Y no es fácil, máxime en un tiempo en que especialmente dialogar, conversar, entregar argumentos en las redes sociales no es posible, porque la descalificación y la intolerancia se han apoderado de ellas. Por tanto, hay un aire enrarecido, y -vuelvo a lo mismo- muchas veces aprobamos proyectos de ley de- dudosa eficacia, simplemente empujados por la presión de las redes sociales, lo que es terrible. Yo siento que un diputado que no puede juntar todos los elementos y votar en conciencia, conforme a lo que es mejor para el bien común del país, es un rehén de las redes sociales y de la opinión pública.

Se trata de un asunto lamentable, y nos lleva por un sendero extraordinariamente peligroso: el del populismo y la demagogia. No se distingue entre argumentos serios, sólidos y aquellos que son livianos, que buscan otros objetivos, que no necesariamente son los que uno esperaría escuchar en el debate acá, en el Congreso Nacional.

Por eso pienso que sería bueno explicar a la ciudadanía que este aparente buen proyecto es en realidad un mal proyecto, porque es regresivo, como dicen los economistas, y, finalmente, no ayuda a los que debieran estar en el centro de nuestra preocupación, que son los más débiles, los más pobres de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, me parece muy importante resaltar algunos aspectos de este proyecto.

Lo han dicho los colegas, quienes han subrayado ciertos elementos: que se trata de un impuesto de carácter regresivo -en definitiva, lo es-; pero estamos en un marco de complejidad un poquito mayor, y creo que hoy el camino que se debe seguir en esta materia es diferente.

El gran problema que tenemos y la presión que existe -es una presión legítima, una fuerza que hacen aquellos que deben pagar el impuesto específico a los combustibles, porque obviamente les duele el bolsillo, ya que son emprendedores, como, por ejemplo, taxistas, colectiveros, dueños de furgones escolares, pequeños transportistas- es que el costo del alza del petróleo, de la bencina, no lo pueden traspasar directamente a los consumidores, porque van teniendo pérdidas y deben hacer un esfuerzo cada vez mayor para tributar.

Si uno saca la cuenta, un colectivero, un taxista tributa todos los días: echa treinta mil, cuarenta mil pesos de combustible, y paga la mitad o cerca de la mitad en impuestos al Estado; es un verdadero esclavo del Estado. Entonces, ahí hay un problema.

Mi perspectiva en este asunto es de qué forma somos solidarios con ese emprendedor, con el que se dedica al reparto, con el que tiene un pequeño almacén y un furgón, con el que vive de la conducción de un vehículo, como un taxista, un colectivero o una persona que hace transporte escolar. Ahí está el problema. Es muy fácil decir que el impuesto es regresivo -¡claro que es regresivo!-, pero no es regresivo con el colectivero, con aquel que se dedica al transporte escolar, sino que para ellos se trata de uno de los principales costos que tienen en el día a día. ¿Y qué podemos hacer?

Resulta que liberamos del impuesto específico y de los problemas ambientales que evidentemente están tras la quema de combustibles fósiles a las grandes mineras, a la industria aeronáutica, al transporte marítimo, que consumen infinitamente más combustible que un pequeño transportista, un emprendedor taxista, etcétera. En consecuencia, ese es el tema que hay que resolver.

¿Entonces bajamos el impuesto específico? Sin lugar a dudas, ese no es el camino, sino ir en ayuda de la persona que se halla en tal situación -lo repito-: el taxista, el colectivero, el dueño de un vehículo de transporte o de un furgón escolar, el propietario de un almacén que hace reparto. Hay que ayudar específicamente a esas personas, y eso es lo que no se ha hecho, ni ahora ni antes, ni en este gobierno ni en los anteriores. No ha habido una ayuda específica en esta materia para aliviar a esa gente de la carga tributaria que deben soportar por el uso de su principal gasto en el tipo de actividad económica que realiza.

Por tanto, la fórmula no es la rebaja del impuesto específico a los combustibles para todos. Incluso más, yo me atrevería a proponer el alza del impuesto a los combustibles fósiles o la aplicación de aquel a las industrias que hoy día están exentas de su pago, por las razones que muy bien se han dado relativas al cambio climático y al principal aporte que hace la quema de ese tipo de combustibles a este problema, como está infinitamente demostrado.

Entonces, se debe ir en el camino contrario, pero, a la vez, hay que ir en ayuda del emprendedor, del taxista, y hoy el Estado puedo hacer ambas cosas. ¿Cómo? Estableciendo una exención, viendo la manera de recuperar el impuesto específico, tal como lo hacen hoy día algunos transportistas, que no son los más pequeños, como los taxistas, a quienes no les permiten hacer eso. La industria del transporte presiona mucho; los grandes transportistas tienen actualmente ese beneficio.

De esa manera, hay que beneficiar, ayudar al emprendedor individual en la parte en que esto lo afecta y lo golpea fuertemente, quien presiona con legitimidad, con razón, presiona en las redes sociales, presiona como puede, porque él no llega a La Moneda tan fácil como sí lo hace el gremio de los grandes transportistas o de las mineras. Y ello ocurre en cualquier gobierno; no quiero detenerme en un punto en particular en esa materia.

Entonces -reitero- considero que en este asunto el camino correcto es establecer una exención, una manera de recuperar y, obviamente, de transitar, como se ha dicho, a la electromovilidad para taxistas, colectiveros, en fin, para todos estos pequeños emprendedores, con ayuda del Estado. Este es un esfuerzo que debemos hacer entre todos. Asimismo, se debe aplicar el impuesto a la gran industria que hoy día está exenta de su pago, a fin de recaudar más y con esa mayor recaudación ayudar a quienes se debe ayudar y no a los que no lo requieren. Esa es la acción que tiene que llevar adelante el Estado.

Por último, una vez más, insisto en que en este momento el camino es ir en ayuda de los pequeños transportistas, como los taxistas y los colectiveros.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señor Presidente, este proyecto de ley busca establecer, por un período específico, una rebaja a un impuesto creado después del terremoto de 1985, que era transitorio, pero que se ha mantenido en forma permanente.

Más que determinar la rebaja en cuestión, yo creo que esto es algo simbólico, en el sentido de establecer un hecho que signifique que los ciudadanos empiecen a pagar menos impuestos. Este es un impuesto que se recarga sobre el impuesto al valor agregado (IVA). Es un impuesto que afecta, principalmente, a los colectiveros, a los taxistas y, generalmente, a todos quienes prestan un servicio de transporte de pasajeros, público o privado, incluidos quienes trasladan escolares. Lamentablemente, sus costos están determinados por este impuesto.

Por lo tanto, aprobar el proyecto, que no tiene una incidencia muy grande en las arcas fiscales, dará un respiro a todos quienes utilizan su medio de transporte con fines no solo de esparcimiento, sino también económicos. La iniciativa irá en ayuda de quienes se dedican a esta actividad y que se rigen por el decreto supremo N° 212 del Ministerio de Transporte y por otras resoluciones del mismo ministerio.

Es fundamental revisar bien el impuesto que pagamos sobre las bencinas. Sin ir más lejos, en un servicentro de la capital, la bencina de 97 octanos ya sobrepasó los 1.000 pesos el litro. Definitivamente, el sistema que hoy se utiliza para regular la aplicación de este impuesto, no está dando resultados, pues no llega al bolsillo de las personas. Es fundamental hacer este gesto con la ciudadanía y, a través de otro sistema que establezca el Estado, suplementar o suplir lo recaudado por este impuesto. Es imperativo que la gente deje de pagar un impuesto que nació como transitorio, pero que terminó siendo permanente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce a los cuidadores como sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud, correspondiente al boletín N° 12747-11.

Para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Hago presente a la Sala que el informe del proyecto fue rendido en una sesión anterior.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 74ª de la presente legislatura, en jueves 2 septiembre de 2021, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Salud.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, el proyecto de ley modifica la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con la atención de salud, con la finalidad de consagrar que las cuidadoras y cuidadores de personas mayores de 60 años y de personas en situación de discapacidad tengan derecho a ser atendidas en forma preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud. Esta modificación tiene mucha lógica.

El proyecto de ley establece que, para poder acceder al beneficio, los cuidadores y cuidadoras deberán estar acreditados en los consultorios o en el servicio correspondiente.

Para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por cuidador o cuidadora a toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco. Es muy importante que dicho apoyo sea en calidad permanente, no una semana o unos días.

Como ya expresé, la iniciativa es de toda lógica, pues si un adulto mayor se dirige a un consultorio, por ejemplo, a un control médico, en compañía de su cuidador, quien también requiere atención en el consultorio, se atrasa todo el proceso, si es que el cuidador no es atendido de forma oportuna junto con el adulto mayor. Se requiere que el proceso sea más ágil. Por eso se hace esta diferencia y se le otorga el mismo beneficio de preferencia en la atención de salud al cuidador permanente de un adulto mayor o de una persona con discapacidad. Esto se basa en que el cuidador debe dejar de atender a la persona que tiene a su cargo para dirigirse al médico o al consultorio.

Dentro de la discusión se concluyó que tenemos un problema, porque si bien existe una ley que asegura la atención exclusiva y preferente, esto no se está respetando en todos lados. En consecuencia, el proyecto modifica una ley que, aunque está vigente, no se está cumpliendo en todos los centros asistenciales.

Señor Presidente, hago un llamado al Ejecutivo a disponer todos los recursos y medios a su disposición y realizar las fiscalizaciones necesarias para que no exista ningún lugar de asistencia sanitaria a lo largo del país que no cuente con las condiciones que requieren los adultos mayores y las personas con discapacidad para recibir atención preferencial. Curiosamente, estamos haciendo un cambio para que sean más las personas que se atiendan de forma preferente, pero hay lugares en donde ni siquiera se está otorgando este beneficio a los adultos mayores.

El llamado es a fiscalizar y a entregar los recursos para garantizar el buen funcionamiento de estas ventanillas preferentes. De otra forma, este será un proyecto de buenas intenciones, pero de poca efectividad práctica.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, en los casi cuatro años que llevo como diputada, he conocido muy de cerca la realidad que enfrentan miles de hombres y, sobre todo, mujeres que han tenido que postergar sus vidas para cuidar a un familiar o a un ser querido que presenta discapacidad o que no es autovalente.

En la mayoría de los casos, las personas han tenido que renunciar a la opción de tener un trabajo remunerado, para poder atender a sus seres queridos. El rol que asumen, tal como lo señala en su sitio web la Asociación Yo Cuido, suele ser inesperado. Además, implica desempeñar un trabajo invisibilizado y poco valorado, que provoca serias dificultades y consecuencias a los cuidadores, quienes muchas veces dejan atrás su propio desarrollo humano y bienestar.

Lamentablemente, la legislación actual no reconoce ni protege a las y los cuidadores informales, quienes no reciben remuneración alguna por realizar su labor. Por lo demás, la crisis provocada por la pandemia ha recrudecido la dura realidad que estos suelen enfrentar, haciendo aún más latente el abandono y desamparo en que se encuentran por parte del Estado.

Por eso, es urgente que existan políticas públicas que permitan que las y los cuidadores sean reconocidos como sujetos de derecho. En este sentido, el proyecto que votaremos hoy, sin duda, es un aporte importante, pues les otorgará a los cuidadores el derecho a ser atendidos de forma preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, sea este público o privado, con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones de salud.

Sin perjuicio de lo anterior, no tenemos que quedarnos solo en esto. Debemos seguir trabajando para que en la nueva Constitución de Chile quede establecido el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los hombres que se dedican al cuidado de personas con discapacidad o que no son autovalentes, y que el Estado vele por la protección y promoción de esos derechos. Es lo mínimo que podemos hacer para retribuir la importante labor de quienes han postergado su vida para cuidar a otras personas que lo necesitan.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, ser cuidador de un adulto mayor o de una persona en situación de discapacidad que se encuentra limitada en su movilidad o en alguna de sus capacidades, no es una pega cualquiera. Así lo entendemos todos. Es entregarse en cuerpo, mente y alma para que una persona que tiene dificultades que le impiden su autovalencia pueda, efectivamente, no digo terminar su vida, sino tener una vida un poco más digna, más quieta, más tranquila y con mejor bienestar.

Todos sabemos que ser cuidador también tiene vicisitudes desde el punto de vista de la estabilidad laboral o de las limitaciones que la propia actividad autoimpone a una persona para hacer su propia vida de manera independiente y cumplir con sus deberes familiares, de padre, de madre, etcétera.

Por lo tanto, este proyecto apunta a una cuestión que de suyo es casi obvia, pues es casi de Perogrullo darle preferencia a estas personas que están entregando su vida para que otros, que la están pasando mal, puedan tener un mejor pasar.

En ese contexto, lo que ha hecho el Senado respecto de un proyecto que buscaba dar atención preferencial de salud a cuidadores de personas de más de sesenta años de edad o de personas en situación de discapacidad que tienen dificultades para autovalerse, es ampliar este beneficio a todo tipo de cuidadores, incluyendo a quienes cuidan a niños que tienen enfermedades graves o a cualquier otra persona que tiene una dificultad mayor. Eso es consagrar definitivamente, por ley, la función de las cuidadoras y los cuidadores de personas que se encuentran en las condiciones que ya hemos descrito.

Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto, que surge de iniciativa parlamentaria, que surge de parlamentarios de este Congreso Nacional, no puede sino, ojalá, tener el apoyo unánime de todos quienes comparecemos a esta sesión. Por ello, solicito el voto favorable de todos los presentes.

Lo conversamos recién con el diputado Cosme Mellado : creo que este es uno de los proyectos de más rápida ejecución, porque de suyo es evidente que tenemos que apoyar a las cuidadoras y a los cuidadores de personas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER (vía telemática).-

Señor Presidente, la labor de cuidado se ha replegado históricamente al espacio privado, y, por tanto, no se han desarrollado suficientes políticas públicas, tanto desde la perspectiva económica como social, que estén orientadas a resguardar debidamente a quienes cuidan de otros.

Entre el 70 y el 90 por ciento de las personas que están a cargo de cuidados de otros son principalmente mujeres o esposas. Así lo señala el Senama en su estudio Manual de buenas prácticas para el diagnóstico de demencias.

Por otra parte, el Ministerio de Salud, en 2015, constató que entre las dificultades de las cuidadoras está la falta de tiempo para ellas, los problemas de salud y las dificultades económicas. La estadística con mayor porcentaje la tiene la sobrecarga severa, con 62,9 por ciento, y los síntomas de depresión, con 47,2 por ciento.

Desde el Partido Comunista sabemos que esto perpetúa un modelo y una estructura de clase en que se lleva a las mujeres, en la división sexual del trabajo de este sistema capitalista y patriarcal, a ejercer estas labores no solo de cuidados, sino de trabajo doméstico no remunerado. Así, el sistema ha funcionado a costa de la invisibilización y la externalización de un problema que requiere de la intervención de un Estado protector y solidario que tenga un papel activo; que comprenda que los cuidados deben estar en la base de la sociedad, como cualquier otro trabajo, y que se requiere, por tanto, que se reconozca a cuidadores y cuidadoras como sujetos de derechos.

Señor Presidente, quienes ejercen labores de cuidados no solo se enfrentan a la falta de recursos económicos y sociales, y a la ausencia de redes de apoyo: también son pobres de tiempo. Esta pobreza, medida en la disponibilidad que tienen a diario para desarrollar otras actividades fuera de los cuidados, les impide relacionarse con otros, tener tiempos de descanso y recreación, e impacta directamente en su salud mental.

En ese sentido, y sabiendo que contar con tiempo es fundamental, el proyecto, al modificar la norma, regula derechos y deberes que tienen las personas en relación con su atención de salud, incorporando a las cuidadoras y a los cuidadores de otros, y permitiendo que cuenten con atención prioritaria. Así, se hace cargo de uno de los tantos ejes desde los que debe abordarse esta situación.

Esperamos que el Estado, en un tiempo no muy lejano, sea verdadero garante de la sociedad y nos encaminemos hacia un sistema nacional e integral de cuidados, en que esta labor no solo se mire como un gesto de amor o deber moral por parte de quienes cuidan de otros, sino como un trabajo que, como tal, debe ser reconocido.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, antes que todo, quiero saludarlo, al igual que al señor Secretario, a los colegas que están presentes en la Sala y a quienes se encuentran en distintos puntos del país.

El proyecto es importante, pues ayuda, a lo menos, a generar una cierta alerta, dirigida a las autoridades de salud y, sobre todo, a las autoridades de gobierno.

Chile, hoy, es el segundo país que más envejece en toda Latinoamérica. Quienes son cuidadores son también hombres y mujeres de la tercera edad que cuidan a personas mucho mayores que ellos. Son personas que no tienen remuneración, que no tienen el tiempo para ir a establecimientos de salud o atender sus necesidades en el ámbito público. Hay personas que tienen cáncer, y deben, al mismo tiempo, cuidar a su madre.

Por consiguiente, se trata de una iniciativa importante. Uno entiende que, al final, esto queda como una forma de generar conciencia, pues dado que se trata de una moción parlamentaria, no están los recursos para que, por ejemplo, los cuidadores cuenten con una remuneración, o las familias puedan contratar cuidadores o cuidadoras para el familiar que se encuentra en cama, postrado, enfermo, etcétera.

Por lo expuesto, ojalá que el Ejecutivo pueda enviar un proyecto que complemente el que discutimos hoy, mediante el cual se pueda generar un proceso de ayuda real a las personas que están cuidando a quienes están postrados, enfermos, etcétera, o bien que procure que las familias tengan la posibilidad de contratar a un cuidador preparado, a fin de que sus integrantes puedan hacer una vida normal.

Creemos que es de justicia que en la discusión de la nueva Constitución se examine esta situación, porque se está extendiendo. Lo peor de todo es que cuando no hay cuidador o cuidadora, puede ocurrir, por ejemplo, que una persona anciana que vive sola -he sido testigo de ello- haya fallecido hace cinco o seis días, que nadie lo sepa y que solo se den cuenta de su muerte cuando los vecinos sienten un olor que indica que algo ha pasado o cuando estos se preocupan porque esa persona no ha sido vista desde hace una semana.

Hablamos de miles de chilenos que dieron su vida, su esfuerzo y su trabajo para generar el país en que hoy vivimos. Pero el país y el Estado no hacen nada para que esas personas puedan llevar una vida digna o una enfermedad bajo condiciones mínimas. Por lo tanto, se requiere que, efectivamente, existan cuidadores y cuidadoras -ojalá funcionarios que hayan hecho cursos- que permitan el cuidado de esos enfermos para que los titulares -el esposo, la esposa, la tía o los hijos- que están a cargo de esa persona puedan tener, a lo menos, un día de descanso o hacer las actividades que ellos requieren.

Por lo tanto, con el mayor agrado, vamos a aprobar este proyecto, pero, en el futuro, haría parte al Ejecutivo para que incorpore medidas reales y efectivas. Lo digo, porque esta iniciativa es importante, pero no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso, porque no tenemos la facultad para asignarlos.

Vamos a apoyar este proyecto porque es de justicia y porque todos, unos antes y otros después, vamos a llegar a viejos y vamos a pasar por las mismas situaciones que hoy viven los adultos mayores.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, primero, quiero sumarme a las felicitaciones por este proyecto, que es importante desde el punto de vista práctico, de lo que les pasa cotidianamente a las personas cuando tienen que ir a un servicio de salud para recibir alguna prestación.

Como lo han planteado muchos en esta Sala, debemos hacer un reconocimiento a una función que es muy importante al interior de las familias, pero que no ha sido reconocida desde el punto de vista del concepto y de la remuneración que se debería recibir por una función que se realiza -insisto- al interior de las familias, para cuidar a los postrados y a las personas de la tercera edad.

Creo que con esta futura ley, además de colocar a los cuidadores en primer lugar de las atenciones en los servicios de salud o dentro de las personas prioritarias, de alguna manera también se hace un reconocimiento a su función.

Como lo hemos planteado y lo hemos visto en varias ocasiones cuando nos ha tocado abordar este tema, esa función mayoritaria y fundamentalmente la realizan las mujeres, postergando su realización personal y su propio trabajo.

Por lo tanto, uno puede decir que hacen una función importantísima al interior de las familias, atendiendo sobre todo a las personas postradas y de la tercera edad, pero no hay un reconocimiento social ni político en relación con los cuidados.

Por eso, nos gustaría que, en algún minuto, los candidatos presidenciales hablaran de políticas de cuidados, pero no solo en términos de conceptos, sino también en términos de cómo efectivamente ayudamos, estimulamos y agradecemos esa labor desde el punto de vista de las remuneraciones que pudiéramos entregar. Vamos a votar a favor esta moción que es chiquitita -es cierto-, que no cambia la realidad, porque no hablamos de políticas de cuidados, pero que hace un reconocimiento y, al mismo tiempo, nos permite poner en la palestra de la discusión la importancia de los cuidados al interior de las familias y su profesionalización. Además, tenemos la posibilidad de incorporar un ranking y saber quiénes son hoy las personas que ejercen esta función al interior de las familias.

A partir de la pandemia, nos ha tocado ver cómo ha disminuido la fuerza laboral femenina, lo cual ha sido fundamentalmente por esta labor. Hace diez años, la fuerza laboral femenina en Chile era incluso menor que en los demás países de América Latina, pero se fue recuperando. A partir de la pandemia y de las complicaciones que hemos tenido con los cuidados de los niños, las niñas, los adultos mayores y las personas que han estado enfermas por la covid-19, las cuidadoras fundamentalmente han sido mujeres. Por consiguiente, la postergación de la vida laboral y cotidiana, sin duda, es un factor que va a complicar el futuro de muchas mujeres.

Vamos a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, para nadie es un misterio que en nuestro país la mayoría de los adultos mayores y de las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para enfrentar el diario vivir. Bajas pensiones, discriminación, falta de oportunidades laborales y deficientes niveles de inclusión social son parte de los obstáculos que día a día han de ser superados por ellos y ellas para realizar sus actividades cotidianas: desplazarse, estudiar o trabajar. Incluso, muchas veces tomar los medicamentos puede significar un verdadero desafío. Es ahí donde entra en escena el rol de las cuidadoras y los cuidadores de adultos mayores y de personas con discapacidad, ya que, sin su abnegada labor, miles de personas quedarían en total desamparo.

Reconocerlos como sujetos de derecho, otorgándoles atención preferencial en el ámbito de la salud, es un acto lleno de justicia que va en directo beneficio de quienes, en su mayoría, han tenido que renunciar a sus trabajos y a una parte importante de su vida para dedicarse al cuidado de quienes más lo necesitan.

La mayoría de las veces esa labor es ejercida por mujeres, las cuales asumen el rol sin descuidar sus otras actividades familiares, como velar por sus hijos y sus familias. Por ello, es imperativo legislar aún más profundamente en garantizar de manera integral más y mejores derechos para las cuidadoras y los cuidadores.

Por ello, manifiesto mi total apoyo a esta moción. Además, como Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, hago presente que en esa instancia hemos mantenido una constante preocupación por las cuidadoras y los cuidadores. Además, soy una de las autoras del proyecto que consagra un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, donde se garantizan, entre otros derechos, el favor de las cuidadoras y los cuidadores, la posibilidad de capacitación de atención al paciente, contención emocional, subsidios estatales, contención, en general. Actualmente, dicho proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Esperamos su pronta aprobación.

Respecto de este proyecto, felicito a los autores y autoras de una pequeña pero significativa modificación al texto aprobado en el Senado, que se realizó en la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, porque amplía el ámbito de aplicación de esta futura ley hacia otros cuidadores y cuidadoras, yendo más allá de los casos de adultos mayores y personas con discapacidad, permitiendo que ahora también se incluya a cuidadores, por ejemplo, de niños y niñas con cáncer u otras patologías.

Aplaudo esa modificación y espero que sea ratificada posteriormente en el Senado en su tercer trámite constitucional, porque puede llegar a beneficiar aproximadamente a unos trescientos mil cuidadores y cuidadoras de personas que representen algún tipo de dependencia, sea esta moderada o no.

Llamo a apoyar este proyecto y felicito nuevamente a sus autores y autoras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, si hay un área que hemos descuidado respecto de su tratamiento es la que tiene que ver con la salud mental y el trato que tenemos con nuestros adultos mayores y personas con discapacidad.

Este proyecto deja en evidencia aquello, ya que incluso hemos descuidado el trato que se les da a quienes, con mucha dedicación e, incluso, postergándose, toman la decisión de cuidar a sus hijos, a algún adulto mayor, a algún familiar o a una persona con la cual no tienen ningún vínculo de parentesco.

Me ha tocado escuchar de distintas agrupaciones que quienes asumen esta noble labor, llena de amor por el prójimo, carecen de la cobertura mínima para ser protegidos. Incluso, no tienen lugares físicos para que los terapeutas se puedan hacer cargo de los tratamientos, que en el caso de los niños con trastorno del espectro autista lo necesitan imperiosamente, a una temprana edad, para poder detectarlo, con los altos costos que ello implica. A pesar de que hay muchos profesionales dispuestos a ayudar, no es suficiente para muchas madres y cuidadores.

El trato preferente que establece este proyecto en los centros de salud para su atención, derivación y práctica de exámenes, entre otros, es lo mínimo que podemos establecer para quienes luchan día a día por dar una mejor vida a los adultos mayores, muchos de los cuales viven en la soledad o el abandono absoluto, o bien a quienes necesitan un acompañamiento permanente a la situación de discapacidad que viven y que requieren un apoyo especial por parte del Estado, pero que hoy es absolutamente insuficiente.

Valoro este proyecto que, sin duda, es un avance para visibilizar una realidad de la que nadie está ajeno. Aún no se dimensiona el apoyo que realmente necesitan los cuidadores y cuidadoras, el cual debe ser permanente, como el amor que ellos tienen por quienes están a su cuidado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este es uno de los proyectos con sentido. Tal vez no sea portada de ningún diario, pero, sin lugar a dudas, mejorará la condición y la calidad de vida de muchos cuidadores y, principalmente, cuidadoras de pacientes enfermos.

Este proyecto es importante porque el beneficio que otorga será entregado a personas que de manera gratuita o remunerada prestan asistencia y cuidado, ya sea temporal o permanente, en la realización de las actividades de la vida diaria a personas que se encuentran con discapacidad o dependencia, estén unidos o no por algún tipo de vínculo.

Los cuidadores muchas veces no tienen derecho alguno; son personas que se postergan por algún familiar. Generalmente les toca a las mujeres con sus padres, sus madres o, incluso, con sus suegras y suegros. Ese sacrificio hace que muchas veces se posterguen en su vida personal y laboral. Lo vemos día a día cuando visitamos a los vecinos y vecinas que sufren por esta problemática.

Es relevante que a través de este proyecto de ley los cuidadores se transformen en sujetos de derecho y puedan tener acceso preferente a algo tan básico como la salud, porque esta preocupación que tienen por sus parientes y la postergación de su vida personal muchas veces les acarrea trastornos físicos, depresivos y otros de salud mental. Por eso, avanzar en derechos preferentes en acceso a la salud para cuidadores de personas que se encuentran en situación de discapacidad o que no son autovalentes es fundamental y lo vamos a apoyar.

Muchas familias sufren a diario, no solo por la persona que se encuentra enferma, sino por cómo se trastorna su propia vida cuando uno de sus integrantes dedica parte importante de su tiempo a cuidar a algún pariente. Lo vemos en Talagante, en Peñaflor, en El Monte y en las distintas comunas.

Así que de todas maneras vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, en Chile el cuidado de personas mayores y con discapacidad, así como el de todos aquellos que no pueden valerse por sí mismos, sin duda, es un trabajo complejo y muy poco reconocido, que recae mayoritariamente en las mujeres, con un gran costo en lo personal y económico. Muchas han renunciado a su trabajo remunerado y a su desarrollo personal para hacerse cargo del cuidado de familiares.

En nuestro país, la labor de cuidado depende de lo que cada familia pueda hacer con los recursos humanos y económicos con que cuenta. O sea, se asume como una responsabilidad privada y, además, es un trabajo invisible en la sociedad.

Tanto quienes cuidan a sus familiares como quienes desempeñan esta tarea en forma remunerada encuentran múltiples barreras, particularmente al interior del sistema de salud, así como también en otras áreas del aparato estatal.

La iniciativa que hoy votaremos viene a ayudar, en parte, a superar estas barreras estableciendo un acceso preferente de las y los cuidadores a prestaciones de salud. Esto implicará, por ejemplo, acceso preferente al momento de acceder a una hora de atención médica, a exámenes, a procedimientos y también para el acceso oportuno a insumos y medicamentos.

Por eso, apoyamos esta iniciativa, pero insistimos en la necesidad de ir un paso más allá. Tal como hemos dicho desde el Frente Amplio, necesitamos un sistema nacional de cuidados que no solo entregue facilidades a las y los cuidadores para desempeñar su labor, sino que reconozca que cuidar a otra persona es un trabajo que debe ser valorado social y económicamente, un sistema de cuidado que redistribuya estas tareas entre hombres y mujeres para que no recaiga solo en nosotras y que cuide también a los cuidadores.

Además, la responsabilidad de cuidar a otros, sean niños o niñas, personas mayores o personas con discapacidad o enfermedades invalidantes no puede dejarse solo en la esfera privada para que dependa de los recursos de que cada familia dispone. Cuidar debe ser una tarea prioritaria en el país en que el Estado asuma un rol preponderante y no solo facilitador. Es un principio mínimo para esta democracia considerar el acceso equitativo a los derechos sociales y a la protección en salud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro esta moción, que apunta a brindar un reconocimiento especial a las personas que han asumido la tarea de cuidar a personas con discapacidad y a adultos mayores que requieren asistencia por no ser autovalentes, como sujetos de derechos específicos y de prioridad en el marco de las atenciones de salud, de modo que, al menos, tengan una atención preferente en las prestaciones que requieran.

De esta manera, se trata de que la sociedad les haga un reconocimiento por el esfuerzo que realizan, sea en forma remunerada o voluntaria, al cuidar de terceras personas. La mayoría de las personas que realizan esta labor son mujeres que pudiendo optar a trabajos mejor pagados o a una carrera laboral propia, han elegido desarrollar una tarea que tiene mucho de servicio social.

De acuerdo con los autores de la moción, el respeto por los derechos humanos debe comprender también el reconocimiento de los derechos de los cuidadores y cuidadoras a acceder a una vida integral. Ello debe ser un compromiso que involucre al conjunto del país y que se traduzca en la generación de una red de apoyo que simplifique las funciones de los cuidadores y cuidadoras.

Todos hemos visto experiencias emocionantes de cómo madres, hijos e hijas han sacrificado sus vidas enteras para cuidar a sus familiares, hijos, padres y abuelos, y han postergado sus proyectos personales en aras de servir a los demás.

Por otro lado, hay que destacar también que, en los hechos, los cuidadores cumplen una labor que debería asumir el Estado en cuanto a la atención de las personas mayores que no son autovalentes y de las personas con discapacidad, por lo que otorgar a los cuidadores una atención preferente de salud es una retribución mínima en consideración al servicio que prestan.

En la Comisión de Salud se realizó una modificación menor al texto propuesto por el Senado con el fin de brindar cobertura a los cuidadores y cuidadoras de otros tipos de personas necesitadas de ayuda, como son los menores de edad afectados por enfermedades graves e invalidantes o personas de otras edades. Del mismo modo, se planteó la preocupación por la necesidad de establecer con claridad en las adecuaciones del reglamento que ya existe la manera de poder acreditar la identidad de los cuidadores y prevenir abusos para que el sistema de atención preferente pueda ser lo más efectivo posible, ya que si bien existe una normativa al respecto, hay muchas quejas en relación con su falta de funcionamiento, de modo que esta norma no se limite a ser una declaración de buenas intenciones, sin su correlato en la realidad.

Por lo tanto, votaremos a favor este proyecto, puesto que visibiliza a quienes sacrifican sus vidas para servir a los demás y merecen un mínimo reconocimiento en la ley, cuyo proyecto despachamos un tiempo atrás, que establece la obligación de hacer un catastro nacional de los cuidadores y de las cuidadoras, para empezar a visibilizarlos y para generar políticas públicas de apoyo a quienes se postergan a sí mismos para servir a los demás.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, este proyecto, iniciado en moción, tiene por finalidad establecer un reconocimiento mínimo a las cuidadoras y los cuidadores de personas con discapacidad y de adultos mayores.

Sin embargo, quiero repetir una observación que hice en la Comisión de Salud. Ya se aprobó en su oportunidad la atención preferente para los adultos mayores y también se dictó el reglamento a mitad del año pasado. No obstante, nada de eso ha ocurrido, porque no están dadas las condiciones, en ningún establecimiento, para la atención preferencial. Si no hay una ventanilla de atención separada y exclusiva, es muy difícil pensar que el TENS o el auxiliar paramédico salga y diga: “A usted le corresponde atención y a usted no. Usted tiene trato preferente y usted no”. De hecho, si lo hiciera, se expondría a una situación compleja con el resto de los pacientes.

Por lo tanto, para que esto ocurra de verdad, tienen que establecerse condiciones especiales: una ventanilla separada, capacitación del personal, entrenamiento, difusión para que la gente sepa que las personas mayores de sesenta años y sus cuidadores y las personas con discapacidad tienen atención preferente en los sistemas de salud.

Otra observación importante: ¿cómo esas personas acreditan que son cuidadoras y cuidadores? No en todos los lugares todas las cuidadoras y todos los cuidadores tienen la acreditación para tal efecto.

Por lo tanto, es imprescindible que se haga un catastro adecuado, a nivel nacional, de las cuidadoras y de los cuidadores y que se les entregue un elemento de identificación para que puedan hacer valer el derecho que se establecerá con esta iniciativa; de lo contrario, lo que dispone este proyecto será letra muerta.

Para que esto opere, es imprescindible que se establezcan condiciones físicas en los establecimientos de atención primaria, de atención secundaria y en otras partes del sistema sanitario. Además, se requiere hacer un catastro nacional y llevar a cabo la capacitación respectiva; también es importante que los municipios entreguen una acreditación clara a las personas que harán uso de este derecho.

Creo que nadie que está en la Sala dudará de que votaremos a favor de que las cuidadoras y los cuidadores tengan ese derecho y lo mantengan. Pero no queda claro, aspecto que tiene que ver con el reglamento que el ministerio deberá establecer, cómo se van a señalar estos elementos para que el derecho que se propone establecer sea efectivo y real, y no solo palabra o escritura que quedan sin la fuerza necesaria.

Tal como aquí se ha señalado, es enorme el esfuerzo que hacen las cuidadoras, quienes, entre otras cosas, no pueden salir a comprar o a buscar los medicamentos. Si salen a buscarlos, tienen que hacer tremendas filas, entre otros problemas que deben enfrentar. Ese retardo implica un deterioro en la atención y en el cuidado hacia quienes tienen un compromiso afectivo, emocional y sanitario. Ese rol de cuidado lo debería cumplir el Estado.

En consecuencia, las personas que asumen esa tarea deben contar de manera efectiva con esos derechos adicionales, para lo que se requiere establecer las condiciones que no están consagradas con claridad en el proyecto de ley, pero sí deben incluirse en el reglamento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, en lo fundamental, el proyecto incorpora a las cuidadoras y a los cuidadores, y señala que toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida en forma preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes de acuerdo al protocolo respectivo. Asimismo, establece que para los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por cuidador o cuidadora a toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria, a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco. Por último, se otorga un plazo de dos meses, desde la promulgación de este proyecto como ley, para que se efectúen las adecuaciones necesarias en los reglamentos correspondientes.

Lo que dijo el diputado Ricardo Celis , presidente de la Comisión de Medio Ambiente y antes de la Comisión de Salud, deja muy claro que si los reglamentos no funcionan rápidamente en estos dos meses, si no se establecen los accesos correspondientes, esto será una bonita declaración de principios que son necesarios. Este reconocimiento es muy importante. Quizá por eso ha sido aprobado de forma unánime en su tramitación en el Senado y también en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Advierto lo del reglamento, para que sea real.

El fin del proyecto es reconocer y dignificar la labor de un grupo de personas, especialmente mujeres, que dedican su vida al cuidado de personas en situación de discapacidad, de personas mayores o en otra condición que requieren cuidados especiales.

Hoy, en nuestro país, existe un universo aproximado de tres millones de personas que requieren cuidados especiales, tanto de salud física como mental, y quienes ofrecen estos cuidados no tienen ningún reconocimiento ni protección. En la actualidad, no hay ninguna norma que reconozca esa labor y que entregue protección con el objeto de hacerse cargo, por ejemplo, de las secuelas físicas o psicológicas que puede provocar el realizar una labor de cuidado tan demandante, como la realizada por cuidadoras y cuidadores.

Por eso es tan importante aprobar hoy esta iniciativa, para avanzar en otorgar dignidad y respeto por el trabajo que ejercen miles de personas, en su mayor parte mujeres, pues es el mínimo reconocimiento que se debe a un sector de la sociedad que realiza tan importantísima labor.

En ese sentido, a través de la aprobación de este proyecto, se puede empezar a saldar la deuda que esta sociedad y este pueblo tiene con miles de cuidadoras y cuidadores, por cuanto no hay ninguna norma de protección para quienes protegen a quienes requieren los cuidados más especiales en nuestra sociedad.

Necesitamos estos gestos de reconocimiento, tal como lo señala el proyecto claramente, para que esos cuidadores sean sujetos de derecho, y para que lo sean, deben habilitarse accesos y debe implementarse un sistema que tenga la capacidad de que estos derechos sean reales y concretos. Mientras ese sistema no se concrete, esto puede ser letra medianamente muerta.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en esta ocasión quiero valorar la iniciativa en debate. Sin embargo, recojo la opinión vertida sobre esta materia por doctores que, además, son diputados. En ese sentido, reitero, una vez más, la generosidad de la Cámara de Diputados con las mociones de los senadores.

Fíjese -lo acaba de decir recién el doctor Celis- que este proyecto no tendrá ninguna trascendencia si no se reconoce la labor de las cuidadoras y los cuidadores como un oficio.

Resulta que en esta Sala, en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa que impulsamos con la diputada Carolina Marzán , en la que se reconoce el oficio de las cuidadoras; sin embargo, ese proyecto está durmiendo en el Senado desde hace más de un año. Y aquí los doctores -los escuché, e imagino que todos lo hicieron- señalaron que mientras no se reconozca el oficio de las cuidadoras y los cuidadores, este proyecto, que tan generosamente esta Sala está viendo hoy día, puede ser letra muerta, porque no hay ningún registro de cuidadoras y cuidadores en nuestro país. Entonces, esa iniciativa que impulsamos hace más de un año en esta Corporación, que aprobamos y que duerme en el Senado, habría sido fundamental.

Aquí estamos haciendo lo que dicen en el campo: poniendo la carreta delante de los bueyes. Lo que corresponde primero es reconocer el oficio de las cuidadoras y los cuidadores, y después de eso se les podrán agregar derechos y una serie de cosas más, lo que no se está haciendo.

Entonces, pido a la Mesa -no es primera vez que esto ocurre con un proyecto de ley- que por favor haga valer nuestros derechos y que en el Senado se vean iniciativas mucho más relevantes que las que estamos tratando hoy.

Los doctores que expusieron en la Sala dijeron: “Miren, mientras no haya centros de atención de adultos mayores específicos en los lugares de atención de salud, tampoco se podrá hacer un trabajo muy relevante en apoyo de la gente, principalmente de quienes requieren estos cuidados.”.

Lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones: ¿por qué los hospitales antiguos, que están siendo remplazados por nuevas construcciones en Linares, en Parral, en Cauquenes, en distintos lugares de Chile, no se transforman en grandes centros de atención del adulto mayor? ¡Caramba que ello les cambiaría la vida a los adultos mayores!, porque llegarían a un centro de atención de salud específico para ellos, sin tener que hacer filas para tales efectos, como sucede en los actuales centros de salud.

Entonces, me gustaría que, de una vez por todas, se escucharan las inquietudes.

Lamento que no estén aquí las autoridades del Ministerio de Salud, que son claves en este proyecto. Una vez más, cuando se abordan materias de salud, las autoridades del ramo no están aquí. Pues bien, envío el siguiente mensaje a dichas autoridades: primero, ya que la población de nuestro país envejece cada vez más, que transformen los hospitales antiguos -todavía no se sabe qué destino se dará a esos recintos- en grandes centros de salud para los adultos mayores; segundo, ojalá que ese proyecto que está durmiendo en el Senado, que establece el oficio de cuidador y cuidadora en nuestro país, se apruebe de una vez por todas.

Lo anterior, ya que -insisto- es importante lo que estamos haciendo aquí: reconocer derechos a las cuidadoras y a los cuidadores, quienes han renunciado a su vida de una manera muy noble para atender a alguien en su hogar, dejando incluso otras fuentes laborales. Pero lo más importante es que se reconozca el oficio de cuidadora y cuidador en nuestro país para así poder implementar bien una política en su favor y en el de quienes ellos cuidan.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señora PÉREZ (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, entre tantas deudas en materia de protección social que tenemos en nuestro país, una de las principales tiene que ver con las cuidadoras. Y digo “cuidadoras”, porque, según datos oficiales, el 81 por ciento de quienes cuidan a otros y a otras son mujeres, incluso cuando se trata de un adulto mayor sin hijas. Ello da cuenta de que la división sexual tradicional del trabajo continúa replicándose hoy en día e impone una carga mayor e injusta sobre nuestro género, lo que representa una restricción de este recurso y de la calidad de vida para las mujeres que se dedican a los cuidados. Esta tarea afecta su inserción en el mundo del trabajo, pues ingresan en condiciones muy desiguales en comparación con quienes no tienen esa labor a su cargo. Además, se generan brechas salariales aún mayores, desempleo y precariedad laboral.

Además, el cuidado afecta no solo la situación laboral de las cuidadoras, sino directamente su propia salud. De hecho, en los últimos años la medicina ha descrito el síndrome del cuidador como un estado de sobrecarga que resulta de la presión emocional, del trabajo físico y las importantes restricciones sociales y económicas asociadas, lo que genera también cuadros de insomnio, depresión, trastornos de ansiedad y también muchas veces alteraciones en la salud física de la persona.

Imagínese lo que significa vivir en un constante estrés por no poder brindar los cuidados necesarios y suficientes, ya sea por falta de recursos o de competencias, aunque demos la vida en ello, dedicando todo el tiempo que nos queda y, a la vez, sufriendo al ver a nuestros hijos, hijas o familiares sufrir y morir en condiciones precarias. Eso viven miles de personas, miles de mujeres en nuestro país. Y, obviamente, todo esto se ha visto agravado por la pandemia.

Hemos conversado con organizaciones que nos han contado sus vivencias, como la Corporación de Cuidadoras de Antofagasta, cuya dirigenta es Elizabeth Pizarro . Porque detrás de cada persona en situación de discapacidad, de dependencia o con alguna enfermedad grave hay una cuidadora invisibilizada.

[…] Y falta muchísimo más por avanzar todavía; vamos a seguir trabajando. Espero que en el futuro gobierno de Gabriel Boric exista un sistema nacional de cuidados que permita socializar la carga de los cuidados, porque todos debemos hacernos cargo y el Estado debe garantizar seguridad social para las personas que ejercen esa labor tan esencial.

Este proyecto es un paso en tal sentido. No podemos dejar a las cuidadoras solas por más tiempo. Por eso, por supuesto, agradecemos esta iniciativa y anuncio que la votaremos a favor.

He dicho.

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, con todo lo que hemos escuchado pareciera que este proyecto de ley se transformará en letra muerta.

Se dictó un reglamento que no ha sido de mucha utilidad.

Los cuidadores de que se trata deben tener derecho a ser atendidos en forma preferente. Tendría que existir un registro en línea que permitiera identificar a estos cuidadores, pero tal oficio no ha sido reconocido. Las vecinas y los vecinos del Maule nos han hecho llegar sus quejas: la municipalidad les ha suspendido la entrega de canastas de alimentos porque están recibiendo el IFE, y los cuidadores insisten en la necesidad de seguir recibiendo dichas canastas. Les exigen la presentación de boletas y de una serie de documentos que acrediten su situación económica; pero, como vemos, no están siendo reconocidos. O sea, votemos a favor o en contra la iniciativa, igual será letra muerta. Protesto con relación a eso.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en julio del año 2019 el Congreso Nacional aprobó la ley N° 21.168, que crea el derecho a la atención preferencial en salud, que establece que toda persona mayor de sesenta años de edad y toda persona en situación de discapacidad tienen derecho a ser atendidas preferente y oportunamente por cualquier prestador de salud, sea este público o privado.

Claramente, ese fue un primer paso en entender que nuestros adultos mayores y quienes padecen algún tipo de discapacidad necesitan un trato preferencial y una disposición especial cuando se refiere a atenciones de salud. Sin embargo, la ley y la sociedad en su conjunto pasan por alto el hecho de que la mayoría de ellos está bajo la responsabilidad de otro, no en una clínica o en un hospital, sino en sus propios domicilios. Específicamente, el 81 por ciento de quienes cuidan a otros en sus casas son mujeres. Esa es una realidad que no se tocó en esa ley, y que tampoco se toca en el presente proyecto.

Hoy vamos a aprobar una iniciativa que reconoce a estos cuidadores como personas que se hacen cargo de otros, y, más concretamente, como sujetos de derecho específico de prioridad en el marco de las atenciones de salud. Los cuidadores también tienen derecho a esa preferencia.

¿Esto es suficiente? Absolutamente no. Debemos dejar de hacer leyes de goteo, leyes simbólicas, porque los problemas sociales de la dependencia son tan brutales, alteran tanto la vida de las personas que tienen que hacerse cargo de otras, responder por otra y realizar los cuidados más elementales de una persona postrada, que se necesitan de verdad leyes y políticas robustas, no simbólicas.

Como país, es urgente avanzar en hacernos cargo de esta situación que viven miles de chilenos, por ejemplo, en las provincias de Melipilla, de Maipo, de Talagante. Son personas que pasan todos sus días cuidando a otro u otra, a personas mayores o en situación de discapacidad. Incluso, los cuidadores renuncian a su trabajo y a su trayectoria profesional para dedicarse devotamente y de manera muy noble a cuidar todos los aspectos de la vida de otro.

Es urgente avanzar en un sistema más integral de cuidado, en el cual la labor -muy valorada y noble- que realizan los cuidadores, pero que nadie paga ni contribuye para su mantención, dado que los salarios que reciben son precarios, se transforme en empleos dignos y reconocidos, sobre todo para las mujeres de nuestro país, que son las que mayormente realizan este trabajo.

Los gobiernos de países desarrollados se enfrentaron a esta realidad hace mucho tiempo, porque esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino que se da en todo el planeta. Hay personas a las que, por distintas razones, la vida no les sonríe y no se les hace fácil vivir, debido a lo cual dependen de otros que los cuidan y los asisten en sus actividades elementales, como bañarse, comer, compartir.

En otros países se han implementado instituciones sólidas en materia de seguridad social, en el marco de un Estado de bienestar social donde todos importan. En España, el año 2004, el gobierno socialista de la época, a pesar de la crisis económica, consolidó e implementó un sistema con el que protegió a niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, a través de regular el cuidado y la seguridad social y remunerar a las personas que cuidan a otros. “Te cuido para cuidar” era el eslogan.

Espero que este país tenga la madurez para consolidar un verdadero Estado de bienestar y de protección social donde nadie se quede atrás, y donde se le pueda entregar esta protección a todos y todas.

Este es un primer paso en un largo camino, un largo camino por la dignidad de las y los cuidadores. El Parlamento de hoy al menos los visibiliza con este proyecto de ley, sin perjuicio de que solo tiene que ver con las atenciones de salud.

Espero que la Convención Constitucional, que elaborará la nueva Carta Fundamental, reconozca constitucionalmente que se establezcan mayores y mejores marcos de protección y se promueva un sistema nacional de cuidado para nuestros niños, niñas y adolescentes, y también para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Esperamos que se reconozca el valor del trabajo que todos los días realizan aquellas y aquellos que, en nombre del amor, de la familia, han entregado por décadas su vida al cuidado de otras y otros.

Vamos a aprobar este proyecto de ley como un tímido primer paso; queda pendiente hacernos cargo de verdad, con remuneración y otros reconocimientos, de todas las cuidadoras y los cuidadores en este país.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, después de un primer periodo -llevo tres años y medio en el Congreso Nacional-, uno se da cuenta de los proyectos que realmente inciden en la calidad de vida de las personas y de cuáles son más efectistas o voluntaristas desde la buena fe.

La semana pasada estuve en un club de adultos mayores en La Pintana. Ahí me empapelaron reclamando por la atención que reciben en el cesfam El Roble, en circunstancias de que ellos debieran tener atención preferente, porque, precisamente, legislamos para que las personas mayores tengan esa atención.

Entonces, hay muchos proyectos que en realidad son letra muerta. El que discutimos hoy probablemente va a ser uno de ellos.

Por eso, tenemos que hacernos cargo de cómo equilibramos la buena fe para proponer proyectos y lograr que estos realmente cambien las cosas.

Espero que este lo pueda hacer, pero va a faltar mucho para lograrlo. Lo digo para no levantar excesivamente las expectativas de las y los cuidadores, que no necesitan más falsas promesas. Por el contrario, requieren ser reconocidos y reconocidas en sus labores, con sus remuneraciones, y, por supuesto, es del todo razonable que tengan atención preferente cuando acompañan a una persona que está bajo su cuidado o cuando ellos mismos deban hacerse algún chequeo en el consultorio. Lo digo, insisto, para no elevar tanto las expectativas.

Hay otros proyectos en que hemos avanzado en esta Sala, y, en particular, este año hemos legislado bastante en el ámbito de la salud. Por ejemplo, sacamos adelante por unanimidad el proyecto de ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios. Asimismo, aprobamos casi por unanimidad la iniciativa consistente en generar un fuero laboral y un descanso compensatorio para las y los trabajadores de la salud; sin embargo, el proyecto descansa en el Senado.

¡Hasta cuándo! Mañana va a haber una movilización fuera del Congreso Nacional de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Ojalá vayamos todos los colegas a acompañarlos, porque todos los estamos apoyando en esto. En el Senado, al igual que con el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a cuarenta horas, hoy día en su Comisión de Trabajo y Previsión Social se taponea la discusión sobre el fuero laboral, ¡y ya están empezando los despidos!

Entonces, necesitamos legislar y, al momento de intervenir, decir las cosas como son, ya que la hipocresía hace demasiado daño. En esa línea, hay proyectos con los cuales podemos transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos de ellos se materializan en ley; pero si no se generan las políticas para implementarlos, como ocurrió con el trato preferente para las personas mayores en los consultorios, mañana podría suceder que el trato preferente para las cuidadoras y los cuidadores quede en lo mismo, esto es que no pase nada, que todo siga igual.

Hay otros proyectos de ley que aplaudimos en la Sala y que terminan durmiendo en el Senado. Por eso, aprovechando la intervención, doy un tirón de oreja a nuestros colegas del Senado. Ojalá pongan en discusión esos proyectos y mañana escuchen con atención la movilización de las y los trabajadores de la salud.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Señor diputado, voy a transmitir a los miembros titulares de la Mesa este tema, que ya es una cuestión común en varias intervenciones, y le sugiero abordarlo en las reuniones de los Comités Parlamentarios. Hay que solicitar al Senado que ponga en tramitación aquellos proyectos que, como se ha señalado, llevan durmiendo muchísimo tiempo en la Cámara Alta, pese a que son de gran importancia.

Hay un tema de gestión que debemos recoger.

No hay más diputados inscritos para hacer uso de la palabra en este proyecto. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal (boletín N° 11024-07).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Leonardo Soto .

Antecedentes:

-Moción, sesión 111ª de la legislatura 364ª, en martes 20 de diciembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 52ª de la legislatura 365ª, en martes 1 de agosto de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar el proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena, en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal, iniciado en moción suscrita por los diputados señores Gonzalo Fuenzalida , Diego Paulsen y Jorge Sabag , y por los entonces diputados señores Miguel Ángel Alvarado , Germán Becker , Cristián Monckeberg y Ricardo Rincón .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en crear un régimen de cumplimiento extrapenitenciario en favor de las personas que padecen una enfermedad terminal.

Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó con la asistencia del sacerdote señor Fernando Montes ; de las representantes de la Agrupación de Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado, señoras Marcela Jeldres , Alejandra Uriarte y Solange Robert ; del director de Gendarmería, señor Jaime Rojas ; del subdirector Técnico (S) de dicha institución, señor Alejandro Arévalo ; de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señora Lorena Pizarro ; de la directora de esa agrupación, señora Gaby Rivera ; del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Branislav Marelic ; del Director del Servicio Médico Legal, señor Juan de Dios Reyes ; del asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Mery ; del asesor de la bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldunate ; de la asesora de la bancada del Partido por la Democracia, señora Valeria Ramírez , y del asesor de la bancada de Renovación Nacional, señor Pablo Celedón .

Señalan los mocionantes varios ejemplos de derecho comparado en los que distintos países han considerado en sus leyes penales o en normas procesales de índole penal figuras que permiten a sujetos de avanzada edad o afectados por una patología terminal suspender el cumplimiento de condenas en centros de reclusión penitenciaria, atendiendo a razones humanitarias.

Así, explican que en España el artículo 80, N° 4, del Código Penal dispone: “Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.”.

Agregan que, en una situación similar, la legislación española regula la prisión atenuada en el artículo 508, N° 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, disponiendo: “El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia precisa.”.

Sostienen que ambas disposiciones suponen dejar sin efecto el cumplimiento de la pena en un recinto penitenciario, atendido el estado de salud del condenado y fundado en razones humanitarias. Lo anterior tiene su justificación, en gran medida, por la dificultad para delinquir y a la escasa peligrosidad que presentarían los sujetos susceptibles de ser beneficiados.

Asimismo, refieren que en Estados Unidos de América la Ley de Reforma de Sentencia, de 1984, concedió a los tribunales federales la facultad de reducir las condenas de presos federales por motivos “extraordinarios y convincentes”. Desde ese entonces, la Comisión de Sentencia de los Estados Unidos ha identificado varias razones “extraordinarias y convincentes” que justificarían la liberación compasiva, siendo la más destacada de ellas el padecimiento de una enfermedad terminal.

Consideran que la circunstancia de tener a personas afectadas por patologías terminales nos lleva a discutir acerca del fin de la pena. La finalidad última de las sanciones criminales debe ser la prevención especial, con la finalidad de resocializar al individuo. De esta manera, el fin resocializador parece incompatible con una enfermedad terminal que supone un desenlace fatal próximo.

Los mocionantes buscan seguir la senda de países que han incorporado en sus legislaciones motivos de excarcelación por razones humanitarias. Igualmente, la intención no es cancelar el cumplimiento de la pena propiamente tal. Por lo mismo, proponen sustituir la sanción por las penas que dispone la ley N° 18.216, creando, para este efecto, la sanción de reclusión domiciliaria total. Lo anterior supone, desde la perspectiva de la restricción de la libertad, una intensidad mayor a la concesión de la libertad condicional, entendiendo que este es un primer paso hacia un modelo más humanitario.

El artículo 1° del proyecto modifica la ley N° 18.216 (que Establece Penas que Indica Como Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad), incorporando al listado de penas por las cuales el tribunal podrá sustituir la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad (conforme con el artículo 1° de la ley N° 18.216) la de reclusión domiciliaria total.

El número 2) del mismo artículo incorpora al Título V de la señalada ley un párrafo 4° denominado “De la regla especial aplicable a los enfermos en fase terminal”.

El nuevo artículo 34 bis dispone que el Tribunal encargado de supervisar la ejecución de la condena podrá disponer, a petición de parte, y previo informe favorable del Servicio Médico Legal en los términos del inciso final del artículo 34 ter, la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total, siempre que el condenado padeciese alguna enfermedad en fase terminal.

Precisa que se entiende por reclusión domiciliaria total el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos de salud durante las 24 horas del día.

Añade que el tribunal podrá autorizar que el condenado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, con las medidas que el mismo disponga.

Establece que, para efectos de lo dispuesto en este artículo, no se aplicarán las prohibiciones contenidas en los incisos segundo, tercero, cuarto y final del artículo 1° de la ley N° 18.216, norma que especifica los delitos a los cuales no serán aplicables los beneficios de sustitución de penas.

Por su parte, el nuevo artículo 34 ter establece que, para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.

La condición de enfermo en fase terminal se acreditará mediante la certificación del Servicio Médico Legal. El artículo 2° del proyecto incorpora al Código Procesal Penal los artículos 145 bis y 145 ter.

El nuevo artículo 145 bis establece que el tribunal dejará sin efecto la prisión preventiva, de oficio o a petición del afectado, substituyéndola por la medida cautelar personal señalada en el literal a) del artículo 155 del Código Procesal Penal (esto es la privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquella se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal), cuando este padezca una enfermedad en fase terminal, siempre que ello conste en un informe que al efecto evacue el Servicio Médico Legal.

Añade que para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.

Finalmente, el nuevo artículo 145 ter dispone que lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los imputados por delitos comprendidos en la ley N° 20.357, que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, con la advertencia de que estos crímenes son los que se cometan con posterioridad a la aprobación de esta ley que proviene de décadas pasadas.

Habiendo sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, solicito a esta honorable Sala su aprobación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto de ley.

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, Chile es un país que trata de lograr humanamente que las personas que están encarceladas o privadas de libertad puedan reinsertarse en la comunidad, a través de distintos programas que tiene Gendarmería de Chile y una serie de normativas que así lo acreditan.

Como hemos podido ver, hay abogados especialistas en sacar personas que están en recintos penitenciarios por tráfico de drogas o situaciones graves, y que hay un sector que no cuenta con esos profesionales. Me refiero a los reos comunes y corrientes que muchas veces padecen enfermedades terminales y tienen que soportar el dolor de no estar con sus seres queridos, los cuales no pueden hacer nada, dado que esas personas están privadas de libertad.

Agradezco a los autores de este proyecto, que no tiene otro objetivo que humanizar lo que hoy realiza el Estado de Chile en relación con los presos que están en las distintas cárceles, para que aquellos que están con enfermedades en fase terminal puedan ser atendidos en sus casas por sus familiares, pero teniendo siempre en cuenta que debe haber una comisión de especialistas que certifique que efectivamente esas personas que cometieron un delito se encuentran en estado grave. ¿Para qué? Para que exista seguridad y el proyecto que hoy vamos a aprobar tenga los efectos que todos deseamos.

De igual forma, para el equipo de especialistas, que deberá estar normado -imagino- en el reglamento, se deben generar responsabilidades ante cualquier situación que se pudiera considerar como una especie de burla al sistema penal chileno.

Por sobre todo, este es un proyecto humanitario, que es bueno que apoyemos en esta Cámara de Diputados, dado que los casos, como ha señalado el honorable diputado Leonardo Soto , son bastante restrictivos y, por lo tanto, no hay peligro para la comunidad, porque hablamos de un beneficio para personas con enfermedades terminales, con un pronóstico de vida inferior a seis meses, para que puedan estar con sus seres queridos. Considero que es un proyecto humanitario, puesto que, en ese ámbito, otorga a las familias de las personas privadas de libertad la posibilidad de tener cerca a sus seres queridos, pero sin que Gendarmería pierda de vista que esas personas efectivamente permanecen en el hogar, en la ciudad y en el país, con el propósito de lograr el objetivo de este proyecto.

Vamos a votar a favor esta iniciativa, con el fin de que se genere un proceso de mayor sensibilidad para aquellas personas que han sido castigadas doblemente: primero, castigadas por la ley, por cometer un ilícito, y, segundo, castigadas por la propia enfermedad. Es ahí donde debe actuar humanitariamente el Estado de Chile, para darles lo justo para que puedan vivir esos meses con dignidad junto a sus familias, pero bajo estrictas medidas que permitan asegurar que esas personas efectivamente tienen una enfermedad terminal.

Vamos a aprobar este proyecto con el mayor agrado, porque genera un estado de humanidad y sensibilidad con los presos chilenos.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, según el artículo 34 ter que se incorpora con este proyecto, “Para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad en fase terminal aquella con pronóstico de vida inferior a 6 meses, de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.”.

El tribunal podrá disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, remplazándola por la de reclusión domiciliaria total, siempre que el condenado padeciese alguna enfermedad en fase terminal. Esa condición de enfermo en fase terminal se acreditará mediante la certificación del Servicio Médico Legal.

Se hacen modificaciones al Código Procesal Penal. Por ejemplo, se establece que el tribunal dejará sin efecto la prisión preventiva, de oficio o a petición del afectado, cuando este padezca una enfermedad en fase terminal, siempre que ello conste en un informe que, para tales efectos, evacúe el Servicio Médico Legal.

La definición de enfermedad en fase terminal es la misma para el caso de sustitución de la pena, de acuerdo con la ley N° 18.216, y también deberá proceder con un informe del Servicio Médico Legal.

Si bien es cierto es un proyecto que apunta en la dirección correcta, en el sentido de que permite que personas condenadas que se encuentren en la última etapa de su vida puedan terminarla en su hogar o domicilio, a pesar de estar condenadas, como una muestra de reconocimiento de su dignidad y también en el entendido de que no volverán a delinquir, hay algunos aspectos que llaman la atención. Cabe señalar que este proyecto es absolutamente coherente con lo que debatimos hace dos semanas en el proyecto de ley sobre buen morir, que se aprobó prácticamente por unanimidad en esta Sala.

El proyecto solo es aplicable a quienes padezcan una enfermedad terminal. Por lo tanto, no contempla la aplicación de la pena sustitutiva a quienes se encuentren, por ejemplo, en la cuarta edad -mayores de ochenta años de edad- y se presuma que morirán en el cumplimiento de la condena.

Tampoco estoy de acuerdo con que el único que acredite la situación de enfermo terminal sea el Servicio Médico Legal. A pesar de que en la Comisión de Constitución el director de ese servicio señaló la disponibilidad y las competencias para hacer esas certificaciones, llama la atención que el legislador le entregue de manera exclusiva la certificación al Servicio Médico Legal, teniendo en cuenta que lo que se busca es un diagnóstico médico, y no se ven inconvenientes para que otros médicos de los servicios de salud respectivos, de donde se encuentra el recinto que contenga albergados a los pacientes a certificar, puedan hacerlo. Esto, teniendo en cuenta principalmente que la finalidad es solo certificación y que la autorización para aplicar la medida de reclusión domiciliaria total siempre será del Poder Judicial.

En tercer lugar, existen patologías que sin ser constitutivas de una enfermedad terminal, tal como lo describe el proyecto, podrían perfectamente cumplir los fines propuestos por los mocionantes de este proyecto de ley, pero que no están consideradas. Es el caso, por ejemplo, de una demencia senil o del mal de Alzheimer, que son tremendamente invalidantes no solo físicamente, sino también en el aspecto mental. No se ve ninguna razón, o razón suficiente, para que dichas hipótesis no sean aplicables a este proyecto, cuando a todas luces los fines de este radican en propender al reconocimiento de la dignidad de las personas en estados de salud irreversibles y que además imponen una carga excesiva al sistema penitenciario y también al resto de los reclusos.

En conclusión, sin perjuicio de que hay algunos aspectos que podrían haberse perfeccionado en la discusión en la comisión, creo que el proyecto va en el sentido correcto y es coherente con lo que hemos discutido en oportunidades anteriores en relación con la muerte digna o el buen morir, por lo que recomiendo votarlo a favor.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, voy a denominar este proyecto como “el proyecto gato por liebre”, por una buena razón: nos están tratando de pasar algo que no es lo que quisiéramos.

Este es un proyecto que dice que por razones de carácter humanitario se contempla un mecanismo para que todas las personas que padezcan una enfermedad terminal y se encuentren condenadas a alguna pena privativa o restrictiva de libertad puedan optar a una pena de reclusión domiciliaria total, sea en su propia casa o en un establecimiento de salud, según corresponda. No hay distinción alguna en relación con este tema, y aquí viene mi reflexión.

Estoy absolutamente de acuerdo con que por razones humanitarias este proyecto pueda ser aprobado de la forma como lo acabo de decir; pero en realidad la preocupación tiene que ver con otro tema. El proyecto puede significar al final la excarcelación de los presos, por ejemplo, de Punta Peuco, que están cumpliendo condenas por las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que van a aprovecharse de un proyecto de carácter humanitario bajo la argumentación de su avanzada edad o de sus enfermedades terminales.

Por eso, quiero hacer algunas consideraciones. La edad avanzada de los presos que están en Punta Peuco, especialmente los violadores de derechos humanos, está relacionada con esta incapacidad del Estado para juzgar oportunamente a esos delincuentes, razón por la cual fueron juzgados de manera muy reciente. Por ello, las edades con las que empezaron a cumplir condena son efectivamente avanzadas. Pero aplicarles a ellos este proyecto significaría que respecto de ellos no hubo jamás una pena efectiva, sin hacer la debida justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

Estos presos en general nunca han prestado colaboración, ¡nunca! Siempre han negado los hechos, siempre han negado su participación. Nunca han reconocido los crímenes que cometieron. Y hoy los siguen justificando, hasta hoy, por lo que al final no va a existir en ellos el necesario arrepentimiento, que nosotros podíamos pedir, por lo menos de lo que hicieron, con el objeto de que puedan obtener algún tipo de beneficio.

Por cierto, se citan solo algunas disposiciones que se han dictado en algunos países donde se ha flexibilizado la doctrina en materia de derechos humanos, que ha señalado siempre que los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados sin prescripción o ventajas carcelarias, lo cual no se cumple en el caso de nuestro país, toda vez que son conocidas las condiciones en las cuales estas personas han estado privadas de libertad, condiciones particularmente ventajosas.

De este modo, entonces, el proyecto debiera separar la población penal entre aquellos que están condenados por delitos comunes y aquellos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, aprobando a los primeros y excluyendo a los segundos, por una razón muy simple: no quiero que este proyecto sea un motivo más de impunidad para violadores de los derechos humanos. Bastante impunidad ha habido en este país. Entonces, aquellos que cometieron las atrocidades que conocemos durante los diecisiete años de dictadura, persiguiendo, matando, asesinando a compatriotas por pensar distinto, no creo que puedan beneficiarse de este proyecto.

Lo anterior no está dicho en el proyecto. Aquí se habló de un proyecto en términos generales, pero nada se dice en relación con los condenados por violaciones a los derechos humanos en un país que durante los últimos tres años ha vuelto a vivir la desgracia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en contra de su gente.

Por eso he presentado una indicación con el objeto de que podamos excluir de este proyecto a todos aquellos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, por crimen de guerra o por genocidio, fundamentalmente los delitos que condena la Corte Penal Internacional.

Yo creo que es importante que nosotros demos esa señal. Hoy, en este clima en el que estamos, nosotros no podemos aprobar un proyecto que beneficie a personas que en algún momento tienen que cumplir con las penas a las que han sido condenadas y, de esa manera, de alguna manera hacer algo de justicia en este país.

Anuncio mi voto en contra.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

El debate de este proyecto continuará en la sesión del próximo jueves.

El señor UNDURRAGA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde votar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia.

Antecedentes:

-Las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley General de Educación, con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia y los informes de las comisiones de Educación y Hacienda se dieron cuenta y fueron rendidos, respectivamente, en la sesión 77ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de septiembre de 2021.