Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

El Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o-Diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es la señorita Clara Sagardia .

Antecedentes:

-Moción, sesión 11ª de la presente legislatura, en martes 12 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 92ª de la presente legislatura, en lunes 7 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita SAGARDIA, doña Clara (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción del-Diputado señor Leonidas Romero , sin urgencia, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica.

Constancias previas

1. Idea matriz o fundamental del proyecto

El proyecto establece una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos sardina común y anchoveta, desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay.

3. Trámite en la Comisión de Hacienda

No existen normas en esta situación.

4. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos

Votaron a favor la diputada señora María Candelaria Acevedo y los-Diputados señores Bernardo Berger , Sergio Bobadilla , Mauro González , Daniel Manouchehri , Cristhian Moreira y Leonidas Romero . Lo hicieron en contra las diputadas señoras Clara Sagardia y Javiera Morales (reemplazo del-Diputado señor Jorge Brito) , y el-Diputado señor Matías Ramírez . Se abstuvo el-Diputado señor Tomás de Rementería .

Se explicó que como es de público conocimiento el 2022 ha sido un año extraordinariamente duro y complejo para la mayoría de los chilenos. La irrupción y efectos del virus denominado coronavirus-2, causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o covid-19, generaron una pandemia mundial y han requerido la adopción de diversas medidas en el ámbito sanitario y económico en nuestro país. Es así como en los últimos meses todas las actividades, independiente de su naturaleza, han debido adaptarse en su operación a la emergencia sanitaria. En dicho sentido, la pesca artesanal no ha sido la excepción ni ha estado ajena a esta realidad.

Que, de conformidad con la información sobre consumo y control de cuota, proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, existe un importante remanente de cuota no extraído correspondiente al año 2022, en recursos sardina común y anchoveta en la macrozona que comprende desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Por lo demás, este año se ha verificado que los remanentes en estas pesquerías son superiores incluso a los del año pasado. En la letra c) del inciso primero del artículo 3° de la Ley General de Pesca y Acuicultura se indica que “En el evento que no se capture la totalidad -de la cuota en un determinado año no se podrá traspasar al año siguiente.”. Lo anterior es absolutamente procedente en situación de normalidad, ya que busca resguardar el principio precautorio y de sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos, pero resulta claro que no es aplicable en esta situación de excepción por la que atraviesa nuestro país.

Por otra parte, la comisión tuvo en especial consideración los problemas planteados por los pescadores artesanales de las regiones del Biobío y de Ñuble, que ven con preocupación el no lograr capturar la cuota asignada dentro del año calendario por razones climáticas, biológicas y circunstancias derivadas de esta pandemia.

Entre las razones biológicas, se destacó que se encuentra la movilidad del ciclo reproductivo asociado a estas especies, lo que llevó a la autoridad a dictar sendas vedas, postergando con ello la operación de fin de año y privando al sector pesquero artesanal de un período considerable de extracción, que realiza su esfuerzo sobre las referidas pesquerías.

Por tanto, se estimó pertinente y necesario establecer una excepción a lo preceptuado en la señalada norma durante la presente temporada de pesca, con el propósito de otorgar un alivio a la actividad pesquera esencialmente artesanal, que le permita reponerse de los efectos de la pandemia, que aún persisten. Lo anterior, en el entendido de que se llevaría a cabo sin afectar la sustentabilidad de los recursos marinos, pues se trata de una cuota ya debidamente determinada, según criterios científicos, contando, además, con otros resguardos tales como límites temporales y porcentuales.

Por último, cabe señalar que los alcances del proyecto fueron restringidos en su aplicación solo para los remanentes no consumidos durante 2022, dentro de las regiones de Valparaíso a Los Lagos, y para las especies sardina común y anchoveta, al aprobarse una indicación del-Diputado Leonidas Romero en tal sentido.

El artículo con la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los-Diputados señores Bernardo Berger , Sergio Bobadilla , Tomás de Rementería , Mauro González , Cristhian Moreira y Leonidas Romero . Lo hizo en contra la diputada señora María Candelaria Acevedo . Se abstuvo el-Diputado señor Daniel Manouchehri .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley establece una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanentes no consumidos de cuotas anuales de captura para los recursos sardina común y anchoveta, desde la Región de Valparaíso a la de Los Lagos, para permitir que parte de la cuota no extraída pueda traspasarse al 2023.

Con esta iniciativa se busca dar solución a un problema planteado por los pescadores artesanales, particularmente del distrito N° 20, que represento, quienes han manifestado que la captura de cuotas asignadas en función del año calendario, la pandemia, las vedas consecutivas y el cambio climático han afectado significativamente al rubro pesquero.

En dicho sentido, esta moción permite otorgar un alivio a los pescadores artesanales para evitar el daño económico que se ha ocasionado por cuestiones ajenas a su voluntad.

Cabe destacar que, en consideración al principio precautorio en materia de la ley de pesca, este proyecto sufrió modificaciones en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, que presido, quedando establecido que el traspaso solamente será para el 2023 y no de forma permanente.

Es importante señalar que durante tres años se han tramitado proyectos similares, lo que deja en evidencia que es un tema recurrente y que debe ser tratado y resuelto en la futura ley de pesca, que se encuentra en la etapa de encuentros participativos, instancia relevante impulsada por nuestro gobierno para recoger directamente problemáticas, solicitudes y anhelos del rubro pesquero.

Por último, valoro que este proyecto de ley haya tenido una rápida tramitación en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, de forma transversal, y que el gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric , le haya puesto urgencia a su discusión, recogiendo la solicitud de la pesca artesanal, que pude transmitirle, especialmente de las comunas del distrito N° 20, que represento.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, a pesar de una técnica jurídica algo defectuosa, el proyecto de ley en discusión permite solucionar un problema práctico y específico, cual es la existencia de grandes remanentes o porcentajes de las cuotas asignadas a pescadores artesanales sin utilizar.

Gracias a esto, quedan recursos en el mar sin ser capturados, lo que perjudica a la economía chilena, a la alimentación de los chilenos y a los pescadores artesanales, que dejan de recibir el equivalente monetario a esos peces no extraídos.

Remanentes de cuotas ya los hubo en años anteriores, y modificaciones similares a la que hoy estamos debatiendo se hicieron en 2020 y en 2021, motivadas principalmente por la pandemia y el cambio climático. Pero los pescadores han aducido otras razones de orden más permanente, como la recurrencia de las vedas, que impiden capturar recursos imputados a la cuota, precisamente durante períodos de alta productividad, como fue en 2021.

Este año los pescadores tuvieron problemas operacionales y de clima. Además, los ciclos reproductivos de estos recursos han cambiado, lo que llevó a que se decretaran nuevamente vedas consecutivas. Por ejemplo, en las regiones de Ñuble y del Biobío la cuota pelágica capturada fue de solo 56 por ciento del total y en otras zonas llega a 20 por ciento. No extraer estos recursos por el vencimiento de la duración de la cuota perjudica gravemente a los pescadores artesanales, cuyo aporte al PIB es importante.

Por lo demás, los efectos de la pandemia aún se dejan sentir en el rubro, por lo que esta medida les significa un bienvenido alivio. Además, no tendría efectos ambientales en la línea de la sobrepesca, pues se trata del remanente de una cuota debidamente establecida bajo criterios técnicos y científicos. Cabe recordar que las sardinas y las anchovetas han aumentado su número consistentemente en los últimos años.

En definitiva, este proyecto viene a permitir que los pescadores artesanales aprovechen el recurso lo máximo posible y colaboren al desarrollo sostenible y sustentable del país.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, nobleza obliga, por lo que agradezco al gobierno, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, por darle suma urgencia a este proyecto.

Como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, esto va en ayuda directa de los pescadores artesanales. A los colegas que no están muy imbuidos de este proyecto, quiero decirles que, de la cuota no capturada durante el año, por diferentes motivos, se autoriza capturar el 30 de lo no pescado. O sea, si de una especie quedaron 100 toneladas, van a poder pescar solo 30 toneladas. Lo digo, porque a veces hay interpretaciones un poco erradas.

Señor Presidente, este proyecto, al igual que la iniciativa que se presentó durante el gobierno anterior, pretendía darle el carácter de permanente a esta excepcionalidad, para no tener que discutir año a año esta posibilidad. Sin embargo, salió medio acotado, pero aun así los pescadores artesanales de las regiones, particularmente los de la Región del Biobío, tienen cifradas sus esperanzas en que se les va a permitir pescar el remanente.

Hago un llamado a los colegas para que aprobemos esta iniciativa por una gran mayoría, ojalá por unanimidad, porque irá en beneficio de los pescadores artesanales, particularmente de las comunas donde se ubican las caletas de estos pescadores, porque con buena pesca el comercio local se reactiva, hay más recursos, hay más circulante. Por lo tanto, es una muy buena medida.

Reitero las gracias al Ejecutivo por ponerle suma urgencia a este proyecto, que se venía discutiendo desde hace un par de meses.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, valoro el trabajo de las personas que integran la Comisión de Pesca.

Simplemente, quiero hacer dos alcances: uno, en el informe que se rinde queda muy explicitada la negativa de los integrantes de los comités científicos, tanto de la zona centro sur como del sur austral, y también de la representación del gobierno, en términos precisamente de lo que señalaba el-Diputado Leonidas Romero anteriormente, esto es, de que esta iniciativa no sea de carácter permanente. Creo que eso es muy importante, porque los remanentes y la biomasa tienen que estar supeditados a criterios científicos mucho más rigurosos y a estudios que tengan un alcance un poco mayor a simplemente una temporada.

En razón de aquello, y entendiendo las dificultades económicas derivadas de la pandemia, es un acto importante de justicia aprobar este proyecto de ley; pero también es importante tener en consideración que los remanentes y el control de la biomasa requiere una política pública mucho más integral. Es de esperar que la Subsecretaría de Pesca envíe prontamente al Congreso Nacional una iniciativa legal al respecto, porque es del todo necesario, principalmente en las regiones que tienen un fuerte compromiso con el desarrollo de la pesca artesanal, como son las regiones del sur austral de nuestro país.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, si bien me encuentro completamente a favor de esta iniciativa vinculada con la utilización del remanente de cuotas de pesca al año siguiente, dado que estamos recién abriéndonos a escenarios de normalidad prepandémica, la situación económica muestra algo de dinamismo y las restricciones que había a la actividad pesquera se han acabado, creo que con el tiempo este tipo de iniciativas podrían tornarse no solo en un tema de carácter económico, sino también de disponibilidad de los recursos marinos, lo que atentaría directamente contra algo esencial para nuestras vidas, como es la alimentación.

A inicios del presente año, tras su aprobación en el Congreso Nacional, se publicó una ley idéntica a la iniciativa que estamos tramitando hoy. Me refiero a la ley N° 21.414. Para efectos de analizar su continuidad por medio del proyecto que estamos discutiendo, creo que resulta necesario tener a la vista una evaluación de dicha ley, ver la utilización que se hizo de ella por parte de los pescadores artesanales y, por sobre todo, si viene o no a sobrecargar a las pesquerías de los recursos sardina común y anchoveta.

Aprovecho la oportunidad, dada la tramitación del proyecto en la Comisión de Pesca, para pedir al gobierno que cumpla con su palabra empeñada y que pronto ingrese a tramitación el proyecto sobre modificación para el ciclo de manejo de las pesquerías pelágicas, estableciendo el año biológico como el año regular del ciclo de manejo, modificando el ciclo anual establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura. De esa manera, no tendremos que estar discutiendo iniciativas como esta, y la explotación de los recursos con el tiempo irá tomando cada vez más un carácter técnico y no político, como ocurre con algunos resabios aún existentes.

Cuenten con mi voto a favor, salvo las observaciones que he hecho.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, primero, felicito a mi amigo Leonidas Romero por este proyecto, porque va justo a beneficiar a los pequeños pescadores, sobre todo de mi región, en Queule y en Puerto Saavedra, que año a año están realmente complicados por los remanentes.

Este proyecto de ley busca otorgar un alivio definitivo a la actividad pesquera esencialmente artesanal respecto de los remanentes. La utilización del remanente se llevaría a cabo sin afectar la sustentabilidad de algunos recursos, pues se trata de una cuota ya debidamente determinada según criterios científicos, de conformidad con los requisitos y procedimientos regulados en el artículo 3 de la ley General de Pesca y Acuicultura. Además, el proyecto cuenta con otros resguardos, tales como límites temporales y porcentuales.

Un tema importante a considerar -ya lo dijo el-Diputado Leonidas Romeroes que la normativa precisa que los remanentes de cuotas no consumidos por la pesca artesanal para los recursos sardina común y anchoveta en la macrozona de Valparaíso a Los Lagos se puedan extraer dentro de los 90 días de captura siguiente al inicio de las temporadas respectivas. Si las temporadas antes indicadas tuvieran inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, el plazo de 90 días se contará desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Y lo más importante: el remanente no consumido a extraer no podrá superar en caso alguno el 30 por ciento de la cuota anual fijada.

Esto pone en valor lo que año a año pelean los pescadores artesanales, porque ven pasar el cardumen por las regiones, sobre todo en la Región de La Araucanía, pero no se quedan en ellas las cuotas de pesca. La verdad es que queremos producir valor, lo cual para los pescadores artesanales es tremendamente importante.

Aprobaremos este proyecto de ley del-Diputado Leonidas Romero, por los pescadores artesanales de Queule, de Puerto Saavedra y de toda la Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto de artículo único es de toda lógica, porque, además, viene a apoyar en su argumentación y sobre la base de un trabajo que ha hecho el-Diputado Leonidas Romero junto a pescadores artesanales de su distrito y del distrito que represento en la Región del Biobío, una necesidad que ya abordamos en dos proyectos anteriores aprobados en el Congreso Nacional.

El razonamiento es muy simple: los pescadores artesanales no pudieron extraer la totalidad de las cuotas que se les asignaron, por diversos motivos. De acuerdo con las estimaciones de la autoridad responsable, traspasar el remanente no capturado al año siguiente no amenaza a la población de cada especie, por lo que no habría limitaciones para hacer una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en ese aspecto.

Por otra parte, esta moción está planteada como una forma de ir en ayuda de los pescadores artesanales que por las dificultades del covid-19, por razones climáticas y por otras restricciones no pudieron pescar en algún minuto, situación que hicimos ver. No olvidemos que se les prometió un bono inicialmente a los pescadores artesanales; tuvieron que hacer una jornada de capacitación, pero finalmente no se les cumplió, porque entre todos en el Congreso Nacional hicimos el esfuerzo para sacar el IFE universal. Por lo tanto, esto no parte de un día para otro de la nada.

El proyecto plantea que se disponga de manera permanente que la cuota no capturada se pueda extraer al año siguiente. Probablemente sea mejor mantener esta autorización, pero con una excepción: comprobar que la especie no se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Esta propuesta se refiere específicamente a la sardina común y a la anchoveta desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos. Por eso, la acompañamos. Anteriormente, se había legislado para permitir la captura de los remanentes el año 2020 para la sardina común y la anchoveta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, y el año siguiente para la sardina común y austral y para la anchoveta en las regiones de Atacama y Coquimbo, y entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos. Y en el caso de la merluza común, entre las regiones de Coquimbo a los Lagos. Por eso, vamos a acompañar este proyecto.

Hago presente que en mi distrito la pesca artesanal sufre un efecto negativo por la marea roja que la ha afectado. Específicamente, quiero visibilizar de nuevo los problemas que muchos pescadores tienen en el golfo de Arauco. Me gustaría que, de una vez por todas, el Ministerio de Economía nos pueda señalar qué trabajo más integral se va a hacer con las comunidades cuando se decreta una alerta por marea roja o cuando la seremi de Salud no tiene la prevención adecuada para advertir a las autoridades locales, lo que genera un drama en la economía de la pesca artesanal. En ello estamos al debe.

Insisto en que vamos a acompañar esta iniciativa, pero se necesita un trabajo integral con la pesca artesanal.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto de ley. Sin embargo, no puedo dejar la oportunidad de hacer un punto. En este proyecto se discute la posibilidad de redistribuir las cuotas de captura en algunas regiones del país. El problema es que en las costas de mi región, la Región de La Araucanía, está la mayor biomasa disponible, a pesar de lo cual nuestros pescadores artesanales de Queule y de Puerto Saavedra tienen dificultades importantes para acceder al mar; no pueden ingresar a él. Llevan años luchando para que se efectúe una inversión pública que les permita, principalmente en Queule y en Puerto Saavedra, tener acceso a la captura de una cuota importante de esa gran biomasa disponible. No obstante, vemos cómo pescadores artesanales de las regiones vecinas, del Biobío, de Los Ríos y de Los Lagos, vienen a las costas de la Región de La Araucanía para efectuar faenas de captura. Se ven sus barcos en las costas, a plena luz del día, mientras los pescadores de nuestra zona no pueden ingresar, lo que me parece sumamente injusto.

Por eso, hemos planteado al Ministerio de Economía y al Ministerio de Obras Públicas, al gobierno, que se haga una inversión pública que permita el acceso al mar a los pescadores de Queule y de Puerto Saavedra. Eso podría cambiar la vida de muchos de ellos, que tienen las ganas de ir al mar, pero no se les ha permitido el acceso soberano a él. Eso les permitirá entrar a competir tal como lo hacen todas las regiones.

No tenemos nada contra los pescadores de las regiones del Biobío y de Los Lagos, que están desarrollados, pero en las costas de la Región de La Araucanía también existen pescadores que lo merecen y que tienen derecho a acceder al mar para la captura de sus recursos. Ellos se han visto impedidos de hacerlo debido a la falta de inversión pública.

Voy a votar a favor este proyecto, pero quería hacer el punto de que la Región de La Araucanía también tiene derecho a acceder a cuotas de captura, como lo hacen todas las demás regiones del país.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que establece un régimen de protección y reparación integral a favor de las víctimas de femicidio y sus familias, correspondiente al boletín N° 14013-34.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán hasta cinco minutos a cada diputada y-Diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe ya fue rendido la semana antepasada.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 93ª de la presente legislatura, en martes 8 de noviembre de 2022, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señora TELLO (doña Carolina).-

Señor Presidente, el dolor de una familia que pierde a una integrante por femicidio es enorme.

En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, la cual tengo el honor de presidir, escuchamos durante semanas testimonios de familiares de víctimas de femicidio, así como también de quienes lograron sobrevivir a su agresor. La realidad es realmente descarnada. Y lo es porque nos damos cuenta de que no solo hablamos del momento preciso en que el agresor quita la vida de una mujer, sino también de todo el proceso y el contexto a los que son sometidas tanto las mujeres como su entorno.

Nos damos cuenta de que como Estado y como sociedad no solo hemos estado al debe, sino que, además, hemos dejado en total indefensión a tantas mujeres, niñas y adolescentes, al no brindar redes de protección y acompañamiento. Se debe entender que muchas veces podemos salvar vidas y que podemos romper círculos de violencia con acciones concretas y con un rol protector desde lo público.

Este proyecto de ley es un tremendo avance, pues reconoce lo dictaminado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ratificada por nuestro país en 1996, la cual menciona claramente el deber del Estado no solo de sancionar, sino de establecer los mecanismos necesarios para resarcir el daño causado y compensar el mismo.

Votaré a favor este proyecto, porque es un avance histórico que, por primera vez, nos hace comprender la relevancia no solo de la parte sancionatoria en materia de femicidios, sino también de la prevención, la protección y la compensación, mediante acciones concretas.

La iniciativa establece que las víctimas y los sobrevivientes de femicidio tienen derecho a una reparación integral, adecuada, efectiva, que incluye garantías de no repetición por parte del Estado. Lo anterior, ya sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales que nos imponen los derechos humanos.

El proyecto menciona que tanto las personas dependientes de las víctimas como quienes asuman el cuidado de estas tienen el derecho a un apropiado nivel de vida, especialmente aquellas que se encuentren en situación de discapacidad, que sean de las diversidades y disidencias sexuales y de género, o que sean personas mayores.

Junto con estos, serán considerados prioritarios en las políticas gubernamentales los siguientes derechos:

La atención integral en salud, sin aplicación de preexistencias, de condiciones previas, de exclusiones de carácter económico y de ningún otro tipo.

La vivienda digna y adecuada.

La educación gratuita y de calidad en todos sus niveles.

El acceso al trabajo digno y programas que busquen la autonomía económica de las mujeres. Sin duda, esto viene a reconocer no solo la importancia de la justa reparación por el terrible daño del que son víctimas las mujeres sobrevivientes y las familias de quienes sobreviven a quienes han perdido su vida, sino que entiende además, tal como lo mencionamos, que el daño causado por un femicidio es mucho más amplio y devastador, y que las heridas y consecuencias sufridas son de largo alcance, con marcas que quedan para toda la vida en las familias, y con la necesidad permanente de protección, protección que, una vez aprobado este proyecto, tendrá por fin el rol del Estado que las mujeres de este país necesitan.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, al 10 de noviembre de 2022 se registran 33 femicidios consumados y 141 femicidios frustrados.

Por otra parte, según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha indicado que la principal causa de homicidios de mujeres es la violencia ejercida por sus parejas, por sus familias, porcentaje que llega al 47 por ciento, a diferencia del caso de los hombres, en que solo alcanza el 6 por ciento del total.

Sin duda, las cifras expuestas dan cuenta de una realidad sumamente grave en materia de violencia contra las mujeres. Además, estas cifras permiten concluir que aún hay mucho trabajo por hacer por parte de las autoridades, pues a pesar de los cambios culturales promovidos por las diversas movilizaciones sociales y feministas, así como de las políticas implementadas para denunciar la violencia de género y proceder a su persecución penal, lo cierto es que los casos suman, suman y siguen.

De esta manera, valoro que este proyecto de ley establezca un régimen de atención, protección y reparación integral en favor de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus familias.

Este último punto es sumamente central, pues la propuesta visibiliza y reconoce a las víctimas colaterales del delito de femicidio, quienes suelen ser los niños, niñas y adolescentes al cuidado de mujeres víctimas. Por lo tanto, permite ampliar la mirada, en el sentido de dar protección a quienes se ven directamente afectados por acciones de esta naturaleza, para así generar acciones y tomar medidas tendientes a su resguardo y debido cuidado.

El femicidio es el último eslabón de la cadena de la violencia contra la mujer. Se trata de un fenómeno complejo, que comprende una serie de aristas que se deben prevenir, visualizar y reparar.

Insto a nuestros gobernantes a no bajar los brazos, a luchar día a día contra este flagelo, que todos y todas debemos abordar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, hace dos semanas nuestro país sufrió una grave conmoción a causa de un terrible femicidio ocurrido en la comuna de San Ramón. Esta desgarradora y dolorosa situación expuso a un asesino que trasladaba el cadáver de una mujer al interior de un tambor, en plena calle.

Las causas del femicidio están relacionadas con un ambiente de violencia de género, en el que la víctima sufre una terrible vulnerabilidad ante su pareja, de tal intensidad que es incapaz de escapar de esta situación y sigue sometiéndose a agresiones constantes.

Es urgente que se establezca un régimen de protección en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de sus familias. Creo, además, que el foco debe estar puesto en las labores de prevención, con programas sistemáticos y continuos que se involucren intensamente en las comunidades, puesto que solo así es posible evitar que sigan aumentando las víctimas de esta aberrante conducta.

Asimismo, se debe considerar destinar los recursos necesarios para el proyecto y también pensar en la vulnerabilidad de otros grupos de riesgo, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños.

Que no exista discriminación.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, qué duda cabe de la importancia que tiene establecer normas que sancionen con mayor fuerza todo atentado en contra de mujeres, todo acto de violencia en contra de una mujer, e ir afinando bien estas reglas, que todos sabemos que hoy resultan insuficientes, porque la realidad así lo demuestra: los ataques y las agresiones contra las mujeres siguen ocurriendo día a día.

No obstante, creo que lo que se nos ofrece con este proyecto de ley es una muy mala receta para las mujeres y para todos los chilenos. ¿Por qué? Porque estamos pasando por encima de un principio muy básico en nuestra legislación, cual es la igualdad ante la ley. Aquí se establecen principios de aplicación especial solo para los casos de delitos que se encuadren en la figura del femicidio. En este sentido, me pregunto por qué tiene que haber una mayor diligencia, por ejemplo, de las instituciones de investigación criminal solo para estos casos.

Hoy -es algo bien contingente, además, con el revuelo del nombramiento del nuevo fiscal nacional tenemos una crisis tremenda en el Ministerio Público: no da abasto, se dedica más a archivar causas que a realizar investigaciones, y el proyecto establece que las víctimas de delitos de estas características se pasen al comienzo de la fila. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer como Congreso es exigir al Ministerio Público que actúe con mayor eficiencia, que realice todas las investigaciones y que deje de archivar todas las causas que le llegan, como lo vemos en el día a día, de lo cual la ciudadanía ya está cansada.

No puede ser que estemos estableciendo aquello -y por razones que pueden ser muy valorables: francamente, por desesperación, algo a lo que todos los chilenos estamos afectos porque el Ministerio Público en muchas ocasiones no hace la pega. Le estamos diciendo: “Bueno, estos delitos, que son de especial gravedad, vamos a pasarlos al comienzo de la fila”. ¿Y qué terminará ocurriendo? Que descubriremos cada vez más figuras penales, que vamos a pasar a la gente al comienzo de la fila y que quienes no estén al comienzo de la fila se verán afectados por esta tremenda desigualdad e injusticia, que es que, al final, sus causas no se verán nunca.

¿Y cuántos temas de tanta gravedad nos encontramos día a día en materia penal como para ponernos en el Congreso a decir: “No, esto es más grave que esto otro” o “esto es super grave, es un poquito grave o un poquito menos grave”? Así, vamos a terminar dando a la Fiscalía las herramientas para que simplemente siga con esta conducta, que ya lleva mucho tiempo, cual es archivar todas las causas que no quiere investigar, o no puede investigar, o son muy difíciles de investigar, siempre con el argumento de que le falta personal.

Lamentablemente, en el proyecto de ley de presupuestos, que discutimos la semana pasada, vimos que tampoco hay un aumento tan considerable de recursos para la Fiscalía como para decir que el gobierno por fin se está dando cuenta de la necesidad de mayores recursos para la investigación criminal. No, eso no pasa.

Entonces, ¿cuál es el problema de esta iniciativa? Que aborda mal una necesidad, que es que haya mayor eficiencia en la investigación criminal, y le da una herramienta a la Fiscalía para que siga metiendo en el cajón de los archivos un montón de causas, un montón de problemas y dramas que sufren a diario miles de chilenos al decirle que aquellas de mayor notoriedad se resuelvan, les dé una tramitación exprés, y así las vamos pasando para adelante en la fila.

Eso me parece mal, puesto que es muy necesario que haya una persecución penal efectiva de todos los delitos y abusos que se cometen en contra de mujeres. No podría pensar nada menos que eso teniendo una hija mujer, estando casado con una mujer y teniendo una madre. O sea, evidentemente, todos entendemos la situación. No me pondría en el pedestal, como lamentablemente lo han hecho algunos miembros de la Cámara de-Diputados, de decir: “Los que no votan conmigo es porque odian a las mujeres”. Tristemente, ese es el nivel del Congreso hoy en día, y es algo lamentable.

No pondría en duda que todos ustedes consideran de la mayor gravedad cualquier acto de violencia cometido en contra de las mujeres, pero eso no quita que tenemos que preocuparnos de que las leyes estén bien hechas y no terminemos, como decía un profesor mío en la escuela de Derecho, legislando con las patas -¡porque pucha que se legisla con las patas! y generando más problemas que soluciones.

Entonces, mi llamado a los miembros de esta Cámara es a que nos preocupemos de que las soluciones que se generan desde el Congreso para atender necesidades tan reales, como es garantizar más seguridad a las mujeres, sean leyes y no malas leyes, como esta que se propone, que lo que hace es meterse en el bolsillo la igualdad ante la ley y generar algo tan injusto como que se pueda pasar a la gente adelante en la fila de la investigación penal.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, no cabe duda de que las víctimas de violencia de género, y en especial de femicidio, requieren normas orientadas a su atención, protección y reparación integral, considerando también a sus familias, conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal, reforzando eficazmente el rol del Estado.

El proyecto considera 11 artículos, entre los que destacan los relativos al derecho al acceso a la justicia, al derecho a la protección, al derecho a la reparación integral, al derecho a la protección en el trabajo, a la responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio y a la legitimación activa especial en los procesos, como los principales pilares, y busca mitigar en parte el sufrimiento que viven tanto las víctimas de femicidio, en cualquiera de sus grados, como su entorno cercano.

Esta reparación integral está pensada en resarcir de forma oportuna el mal causado, pero no solo de las víctimas de femicidio, sino también de los niños, niñas y adolescentes que viven de forma directa las consecuencias de estos delitos y terminan siendo víctimas colaterales.

Nuestro propio sistema judicial reconoce debilidades. A pesar de lo mucho que hemos avanzado, aquellas dicen relación con la dualidad del sistema, ya que hay dos ministerios que trabajan en ello, el de Justicia y el la Mujer, pero que en general no integran, no hacen las sinergias necesarias ni tampoco una buena labor intersectorial, lo que en muchas ocasiones dificulta el acceso. También, hay escaso seguimiento de las medidas cautelares; revictimización, que se da muchas veces en tribunales, y escasa coordinación institucional, entre otras debilidades.

Este proyecto busca, en parte, aliviar el dolor desgarrador que sienten los familiares de las víctimas, el cual -ello, según sus propias organizaciones a veces no les permite tener ánimo para continuar en la búsqueda de justicia, en que el Estado muchas veces no cumple el rol de apoyo y de acceso a la justicia que esta iniciativa pretende reforzar.

En definitiva, el proyecto va en la dirección correcta, pues reafirma los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia y entrega un sistema reparatorio claro. Aprobarlo es comprender que la violencia contra la mujer no solo debe ser abordada desde el reconocimiento de esta, sino que se requiere el diseño de políticas públicas integrales para ofrecer protección social y asistencia económica a los sobrevivientes de violencia.

Se necesitan instrumentos que faciliten la labor estatal en estas tareas.

Por ello, votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

La señora BELLO (doña Francisca).-

Señor Presidente, un Estado que no se preocupa de las mujeres, niñas y adolescentes es un Estado que avala la violencia machista. La deuda que tenemos por décadas de abandono y naturalización de la violencia debe ser saldada, y este proyecto es un primer paso.

El femicidio es la última manifestación de una escala de violencia que pasa por la violencia económica, física, sexual, sentimental y de muchos otros tipos.

El femicidio no es un hecho aislado, sino el último paso. Antes de eso, la víctima gritó, fue maltratada y, por supuesto, fue privada de ayuda; antes de eso, las políticas públicas no alcanzaron a llegar y el Estado dejó solas a las víctimas.

Este proyecto quizás subsane un poco esa situación, y aunque lamentablemente nunca vamos a poder recuperar vidas, de aprobarse esta iniciativa, las víctimas y sus familias podrán acceder a un procedimiento más justo, con perspectiva de género y que realmente las acompañe.

Espero que con esto podamos evitar que ocurran nuevos casos como la lamentable desaparición y posterior muerte de Nicole Saavedra , quien sufrió el abandono de las policías, pues no quisieron iniciar la investigación a pesar de que su madre había puesto la denuncia respectiva. Ahora sabemos que Nicole pasó siete días secuestrada siendo objeto de torturas.

¡Siete días, señor Presidente!

Saludo y le doy un abrazo también a María Bahamondes , prima de Nicole, quien, a pesar de tanto dolor y pena, siguió luchando para que la fiscalía no cerrara el caso y llegó hasta las últimas consecuencias para evitarlo, como, por ejemplo, en medio de su desesperación, encadenarse en la fiscalía de Quillota.

María logró su objetivo y encontró al culpable de Nicole: Víctor Pulgar , asesino y torturador de Nicole Saavedra. Sin embargo, esto no le salió gratis ni barato, dado que hoy enfrenta cargos y condenas por desórdenes públicos, lo que nos demuestra lo irónico que es el Estado, ya que, en vez de proteger, condena a quienes claman justicia.

Por último, felicito a quienes elaboraron este proyecto de ley, entre otros la diputada Karol Cariola , y por sobre todo la participación en conjunto de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, cuyos representantes están aquí, en las tribunas.

Muchas gracias por no claudicar.

Llamo a aprobar este proyecto y a hacernos cargo, por fin, de la violencia machista.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, este proyecto es, sin duda, un avance para la justicia con enfoque de género, pues busca considerar otros aspectos de las violencias que sufren las mujeres y extender la protección y reparación integral a todas aquellas personas que puedan ser calificadas como víctimas colaterales de femicidio, quienes tienen relación directa, familiar o afectiva con las mujeres o cuya dependencia económica o integridad física y psíquica sufre las consecuencias de la muerte o el intento de asesinato de una mujer solo por el hecho de serlo.

Se destaca como idea central del proyecto hacer responsable al Estado de la vivienda, salud y educación de los niños, niñas y adolescentes huérfanos tras un femicidio. Adicionalmente, protege a las víctimas y castiga al victimario, quitándole el derecho a la tuición legal, la herencia y los fondos de pensiones.

La reparación y la justicia para las víctimas de femicidio hoy son un desafío y parte de las deudas pendientes que tenemos con las familias chilenas. Pero para llegar hasta aquí muchas vidas se han perdido, y nos siguen matando a diario solo por el hecho de ser mujeres.

Este año ya son 43 los femicidios confirmados, entre los cuales hubo un lesbofemicidio y tres transfemicidios. Además, hubo seis suicidios feminicidas confirmados.

Nada ni nadie nos va a devolver a Claudia, Nataly , María de los Ángeles , Paula , Pamela , María Elena , Neila , Kimberly , Claudia , Edilia , Marta , Teresa , Ana , Cinthia , Yocelyn , Érika , María Leonor , María Leidi , Catalina , Yuridia , Irma , Kassandra , Pamela , Jeannette , Roxana , Juana , Jéssica , Valentina , Andrea , Ignacia , Marjorie , María Inés , Franshesca , Nayaret , Verónica , Fernanda , Katherine y Ghislaine . Esos son sus nombres. Apuñaladas, golpeadas, baleadas, quemadas, asfixiadas, degolladas y envenenadas.

¡Ni una menos, nunca más!

Las mujeres hemos sido negadas hasta el cansancio; a nosotras, las cuidadoras de todas las casas; a nosotras, que traemos el pan y cuidamos a nuestras hermanas al mismo tiempo. Sí, a nosotras, nos siguen negando y matando.

Ante lo que escuchamos en la vereda del frente, donde dicen que el feminismo es peligroso, debemos enseñarles a nuestras niñas y a la sociedad que las mujeres tenemos los mismos derechos y que no podemos ser discriminadas ni violentadas solo por el hecho de ser mujeres. Esa enseñanza salva vidas.

¿Cuántos crímenes se evitarían si los discursos de odio contra las mujeres no estuvieran naturalizados? ¿Cuántas leyes con nombre de mujer tenemos que aprobar para que en este hemiciclo entiendan que queremos salvar las vidas de las mujeres? Negar que haya violencia de género solo valida los discursos de odio contra nosotras. Cuando validamos la violencia a través de los discursos de odio, ¿saben cuál es el resultado de esa cadena de acciones? La muerte, la muerte de niñas y mujeres.

Actuamos preventivamente para no seguir redactando leyes con nombres de mujeres muertas bajo las distintas formas de violencia que, año tras año, tratamos de erradicar.

Para que dejen de ocurrir femicidios en Chile, necesitamos educación de calidad, educación sexual integral para todas y todos. Por otra parte, en el corto plazo, es urgente reforzar la seguridad en nuestros barrios y garantizar la reparación integral a las familias en los casos de crímenes ya cometidos.

Agradezco a la autora de este proyecto, la diputada Karol Cariola , y a la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio por su incansable lucha.

Gracias por acompañarnos hoy día.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, efectivamente, crece el número de mujeres que están siendo asesinadas en Chile. Esa es una terrible realidad, una terrible verdad.

Pero le voy a decir una cosa: el número de personas -no importa de qué sexo que están siendo asesinadas en Chile también crece, y crece porcentualmente todos los meses de manera aterradora.

La pregunta es si esta normativa, como está concebida, es efectivamente una protección para las mujeres. ¿Estamos realmente analizando el fondo o la razón por la cual se produce este tipo de delitos? ¿Qué pasa con el consumo de drogas en muchos varones que los cometen? ¿Qué pasa con el alcoholismo y con la violencia heredada? ¿Cuáles son las razones por las que se asesina a una mujer? ¿Es el solo hecho de ser mujer? ¿Es esa la única razón?

Bueno, yo no puedo llegar a creerlo. Creo que la sociedad y los seres humanos son más complejos que un grupo de personas que sale livianamente a la calle y dice: “Saben, odiamos a las mujeres y por eso vamos a asesinarlas”. Me parece que hay razones más complejas detrás de ello, y es por eso que debemos perseguir y corregir dichos problemas. Pero simplificar las cosas a este punto no sirve ni ayuda a nadie.

Por otro lado, el artículo 3 del proyecto establece que estará prohibido el uso de recursos públicos para la defensa privada de personas que sean investigadas o imputadas por estos delitos. ¿No es eso un ataque directo al derecho a defensa? Es decir, ¿por el solo hecho de estar imputado uno ya es culpable? ¿Qué pasa con el principio de presunción de inocencia, al cual, supongo, todos adscribimos?

Esta norma, así como está formulada, no soluciona el problema fundamental de esta sociedad, cual es que estamos cayendo en niveles de violencia cada vez más desatados, de la mano de un consumo de drogas absolutamente descontrolado, de la pérdida de los valores fundamentales y, por qué no decirlo también, de la pérdida de las normas de respeto mínimas que se deben los seres humanos los unos a los otros, sin importar a qué sexo pertenezcan.

Cuán simplista es, por tanto, reducir lo que está sucediendo con las mujeres solo al tema del femicidio, en un país donde las bandas narcotraficantes se agarran a balazos y matan a mujeres mientras amamantan a sus niños en sus propias casas. Cuán simplista es reducir todo esto a un tema ideológico y no a uno policial, judicial y de investigación, como correspondería a la represión de la delincuencia, del narcotráfico, a la corrección, mejora o sanación de aquellos que son alcohólicos, que, de la mano del consumo de ese tipo de sustancias, hacen las peores atrocidades, no solo contra las mujeres, damas y caballeros, sino también contra niños de ambos sexos, contra sus vecinos o contra gente absolutamente desconocida.

¿No estamos legislando en este Congreso de manera parcial, creando, hasta cierto punto, discriminaciones odiosas entre hombres y mujeres? Porque tanto el hombre que es asesinado como la mujer que es asesinada merecen la misma justicia de parte del Estado. ¿O tenemos ahora víctimas de primera y segunda clase?

Así como lo estoy planteando, supongo que molestará a algunos, pero la verdad es que toda vida humana es igual de valiosa. Los descendientes y los parientes sufren al igual y por igual la pérdida de sus seres queridos y, si queremos proteger a las mujeres -a quienes se debería proteger de manera preferente, de todas maneras-, tenemos que ir a las causas de la violencia, y no crear aquí hombres de paja que lo único que hacen es distraernos de nuestra misión, cual es combatir la delincuencia y la violencia que se comete todos los días contra todos los chilenos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a las familias que están en las tribunas.

Noviembre es un mes de gran relevancia para nosotras, y este viernes 25 conmemoraremos un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este mes, como cada año, llegamos con cifras tristes a esta conmemoración en nuestro país, ya que, si no lo saben, en Chile les han quitado la vida a 43 mujeres, víctimas de femicidio. El último de ellos ocurrió hace pocos días en el distrito que represento, en la comuna de San Ramón.

Daniela Quilodrán fue asesinada por su pareja y su cuerpo fue encontrado dentro de un tambor. El victimario ya contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar y además había sido denunciado por la víctima, pero, lamentablemente, no pudimos salvarla. Una vez más, le fallamos.

Según esas mismas cifras, también se han registrado 140 femicidios frustrados. Duele decirlo, porque no son solo cifras de una estadística; sino que son vidas que hemos perdido. Esta es la realidad que da cuenta de la compleja y violenta exposición que viven a diario miles de mujeres en Chile, quienes sufren violencia física, psicológica, verbal, violencia vicaria o, incluso, la muerte a manos de los hombres.

Recién en 2010 se reconoció en Chile el femicidio como un delito distinto del homicidio común, y tuvimos que esperar diez años más, hasta el 2020, con la aprobación de la ley Gabriela, para que se considerara como femicidio el asesinato de una mujer por parte de quien tiene una relación informal con la víctima. El femicidio es el delito más violento en contra de nosotras, por el solo hecho de ser mujeres.

Este proyecto de ley viene a poner sobre la palestra dos cuestiones que no se habían abordado hasta ahora, como son la protección y la reparación de las víctimas indirectas de los femicidios, esto es, los hijos e hijas y los familiares, y quienes dependen económicamente de quienes son víctimas tanto de intentos de femicidios como de femicidios consumados.

No podemos esperar diez años más para legislar en este tema. Nuestro país tiene obligaciones internacionales en esta materia, considerando las normas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados que ha suscrito Chile, pero que finalmente quedan solo en compromisos si en la práctica no los vemos traducidos en protección para los miles de mujeres con quienes aún estamos en deuda como Estado, muchas de las cuales murieron.

Tenemos un compromiso firme con establecer medidas y políticas con perspectiva de género, y desde la bancada Julieta Kirkwood nos hemos comprometido a seguir avanzando en esta materia. Por eso apoyamos un proyecto de ley que fue presentado por las mismas organizaciones a la diputada Karol Cariola , a quien quiero saludar por el hecho de levantar este tipo de mociones parlamentarias, y no solo esta, sino también la “ley Gabriela” .

Quiero pedir a mis colegas que no lleguemos tarde. Este proyecto de ley recoge el trabajo que se ha venido realizando de manera conjunta con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio -a cuyos integrantes presentes saludo y con la organización Ni Una Menos, tomando en cuenta experiencias concretas y lamentables que han tenido que vivir, y que nutren el proyecto de ley, porque se visibiliza el abandono constante y la violencia que ha replicado permanentemente nuestra institucionalidad, a través de una mala atención y de la violencia que se vive a diario en los tribunales de familia, en otros tribunales y en el sistema judicial en su conjunto.

Por eso es necesario aprobar esta propuesta, porque significa hacerse cargo de una serie de limitaciones y sesgos institucionales que no han estado a la altura a la hora de recibir denuncias vinculadas a la violencia intrafamiliar, esto es, hacerse cargo de todas las veces que la ley llegó tarde, de todas las veces que debimos lamentar pérdidas de vidas de mujeres, cuyas familias debieron seguir luchando.

Por las que perdimos, por Daniela Quilodrán , ¡ni una menos!

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, se dice muchas veces “los de la vereda de enfrente” -de hecho, recién lo dijeron-; yo soy de la vereda de enfrente, y me duele mucho cuando una mujer es asesinada. Evidentemente, estamos muy dolidos de que haya 43 mujeres asesinadas.

En ese sentido, no tengan la menor duda de que estamos igual que ustedes, pero aquí estamos discutiendo un proyecto de ley, y creo -hay que decirlo que este proyecto que se someterá a votación busca establecer un régimen de atención, protección y reparación integral en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de sus familias, especialmente orientado a reforzar la actuación del Estado para asegurar el debido acceso a la justicia en los casos de delitos que atentan contra la vida de las mujeres, en concordancia con la obligación estatal y con aquella contraída en virtud de la ratificación de tratados internacionales.

Si bien coincidimos en que es importante avanzar en otorgar mayor protección a las víctimas de femicidio y a sus familias, el presente proyecto presenta una serie de deficiencias de forma y de fondo, que incluso pueden afectar elementos tan básicos como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el debido proceso.

En primer lugar, se propone un articulado que es inadmisible, toda vez que irroga gastos por parte del Estado, que no han sido patrocinados por el Ejecutivo. Me refiero al artículo 4, inciso final, que señala que a toda víctima se le deberá entregar apoyo profesional, psicológico y social por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; y al artículo 10, en que se establece el derecho a la reparación integral y la responsabilidad del Estado.

No entiendo por qué algunos colegas buscan arrogarse atribuciones, como generar gasto público, en circunstancias de que esa es una atribución exclusiva del Ejecutivo. Esa misma propuesta fue rechazada en el marco del plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución que se realizó el pasado 4 de septiembre.

Además, el hecho de que los derechos estén presentes en el texto del proyecto no asegura su cumplimiento, debido a que no existen fondos asociados ni comprometidos.

Asimismo, no se ha solicitado informe a la Corte Suprema, a pesar de que los artículos del proyecto modifican atribuciones de los tribunales de justicia e, incluso, ordenan que la Corte Suprema dicte un auto acordado, por lo cual, para continuar con su tramitación, se requiere contar con la opinión respectiva.

En cuanto a las deficiencias de fondo del proyecto, en primer lugar, su redacción es redundante con la normativa vigente, debido a que en él se establece una serie de derechos y medidas que el Ministerio Público debe aplicar, pero que actualmente ya tienen aplicación para las víctimas de todos los delitos.

Gran parte de las normas contenidas en la iniciativa podrían ser calificadas como atentatorias contra la igualdad ante la ley, porque, teniendo presente la importancia de proteger y legislar respecto de los delitos cometidos contra las mujeres, no se puede minimizar o dejar de lado otro tipo de delitos que presentan la misma relevancia, como es el caso de los delitos contra menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables.

Con este proyecto se beneficia solo a un grupo de víctimas y se deja de lado a otros que también requieren protección. Cabe recordar que en la discusión constitucional se hizo presente que el juez, al fallar desde una perspectiva de género, no realiza su función desde el punto de vista jurídico como corresponde, sino que, por el contrario, impone ciertas visiones que no son propias del proceso penal y que se alejan de los principios que forman parte de la base en que se sustentan.

Finalmente, varios artículos confunden la formalización con la imputación de una responsabilidad, lo que genera la vulneración de la presunción de inocencia, situando al imputado en una posición desfavorable para su defensa, ya que se parte del supuesto de que es culpable, a diferencia de los principios rectores que establece el sistema procesal penal para la legislación chilena.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la agrupación de víctimas que hoy se encuentra acompañándonos.

Por cierto, estamos hablando hoy de un tema importante. En nuestro país la violencia está desatada, y las víctimas, muchas de ellas mujeres, constituyen una realidad dramática de la que debemos hacernos cargo. El Poder Legislativo está viendo qué hacer, cómo enfrentar, cómo contribuir para que no haya más violencia y terminen las situaciones que hemos conocido en nuestro país.

Un ataque a una mujer es horroroso, es algo horrible, pero no cualquier proyecto de ley es apropiado para enfrentar una situación como esa. Lamentablemente, como mencionaron algunos parlamentarios, este proyecto de ley carece de muchos elementos que son relevantes; cae en muchos errores jurídicos. Algunos de ellos ya fueron señalados; otros los mencionaré a continuación. Con todo, lo que esencialmente está siendo vulnerado por un proyecto tan bien intencionado como este es la igualdad ante la ley.

En primer lugar, refiere y señala que tiene que tramitarse, e, incluso, fallarse de acuerdo a perspectiva de género, sin definir el concepto. Una ley debe definir el concepto en el proyecto o en otra norma. Cuando el concepto no está definido se genera un problema para quien lo pretende aplicar. ¿Qué se entiende por aquello? ¿Cómo se aplica? ¿Hasta dónde es correcto?

Se permite el cambio de fiscal por parte de la víctima, en circunstancias de que la asignación del fiscal y el cambio de este se menciona en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Incluso, cambiar de fiscal podría ir en perjuicio de la víctima, fiscal que, además, no es el abogado de la víctima, no es el querellante, sino el que persigue el delito en representación del Estado. Por lo tanto, no veo el beneficio que pudiera significar cambiar de fiscal. Además, ello trae consigo un problema con la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

El presunto victimario tiene prohibido acceder a recursos públicos, lo que contraría la presunción de inocencia, y, además, puede afectar su derecho a defensa. Son principios esenciales del debido proceso; aunque exista la mejor de las intenciones, no podemos pasar sobre ellos. Al querer solucionar un problema, generamos otro.

Hay algunos problemas, como la nulidad respecto de la sucesión por causa de muerte en el momento en que se invoca. Se habla de nulidad, en circunstancias de que podría haberse utilizado otro término jurídico más apropiado.

Por otra parte, se habla de indemnizar con vivienda y educación gratuitas a las víctimas. En primer lugar, esa norma irroga gasto, y como no está patrocinada por el Ejecutivo, genera un problema de constitucionalidad.

En segundo lugar, pone a la víctima del delito en una mejor posición respecto de otras víctimas que también son dignas de ser atendidas, indemnizadas y asistidas por el Ejecutivo. Por lo tanto, nuevamente se incurre en una afectación al principio de igualdad ante la ley, algo esencial que está garantizado en nuestra Constitución y por lo cual debemos velar siempre. No es que no debamos legislar para proteger a las mujeres, pero este proyecto contiene muchos errores que van a ocasionar más problemas de los que pretende o quiere solucionar.

Se señala que la gestión de búsqueda debe ser preferente en el caso de una mujer. Nuevamente tenemos un problema de igualdad. Además, ello se inmiscuye en la tramitación que dirige el Ministerio Público.

¿Por qué la víctima mujer tiene más valor y debe ser buscada con preferencia? ¿Qué pasa con los niños, ancianos y hombres? ¿No debiéramos velar por un sistema que pretenda buscar rápidamente a todos, ya sea que la víctima sea hombre, mujer, joven o adulto?

En nuestro país tenemos un problema de violencia extrema, de drogas y de armas. Diseñemos una buena legislación y eduquemos en contra del machismo, que, claramente, ha hecho mucho daño y se relaciona con la violencia que afecta a mujeres y al resto de la población.

Trabajemos juntos una norma que busque bajar los niveles de violencia y establezca un mayor control por parte de la autoridad sobre estos y otros hechos de violencia; sin embargo, esa iniciativa no debe ser discriminatoria. No vaya a ser cosa que terminemos disparándonos en los pies con un proyecto que tiene muy buena intención, pero que jurídicamente tiene grandes errores.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy se votará en general este proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Veo con satisfacción esa votación, porque, de una u otra manera, representa el avance de la sociedad hacia el reproche de la violencia contra la mujer y, sobre todo, del femicidio.

La violencia y el femicidio son verdaderas lacras sociales. Este último es un crimen horroroso que se comete cuando la víctima es una mujer y está unida al victimario a través de algún tipo de relación sentimental. Esos sujetos, aprovechándose del amor, violando las garantías de igualdad y respeto, les han quitado la vida a muchas mujeres.

Esta lacra es universal; no cambia porque cambie el país. En algunos, por razones culturales o religiosas, se da más, pero en Chile tiene una representación muy brutal. Ya llevamos cerca de quinientas víctimas en los últimos diez años. Este año, las cifras nos muestran que la brecha todavía persiste en relación con la protección de la mujer.

Por eso, este proyecto, de alguna manera, viene a saldar la deuda del Estado chileno con todas las víctimas de femicidio y sus familias, porque el proyecto establece un régimen integral de protección y reparación.

El femicidio es la forma de expresión más violenta y nefasta de la estructura patriarcal y machista que por años ha determinado las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad. Esas relaciones producen el femicidio, que no es otra cosa que el asesinato de mujeres por el hecho de ser tales.

Nada más injusto que la mitad o más de la mitad de la población mundial deba sufrir en su cuerpo, en su integridad física y psíquica, los estragos y las consecuencias de una opresión, de una dominación estructural de género que termina por amenazar, afectar, limitar, e, incluso, quitar la vida a cientos de mujeres en nuestro país.

Como sociedad y como Poder Legislativo hemos enfocado varios esfuerzos por contribuir a su erradicación. En este sentido, recuerdo un proyecto de ley que se encuentra en el Senado, que persigue una vida libre de violencia hacia las mujeres. A través de distintas maneras hemos intentado reprimir esa realidad y dar mayor seguridad tanto a mujeres como a sus familias, víctimas colaterales del femicidio.

A mi mente vienen varias víctimas de la provincia del Maipo, donde hemos apoyado a un conjunto de organizaciones civiles que buscan poner en valor y visibilizar la violencia contra la mujer. Recuerdo claramente la organización Carla Jara , en Paine, que lleva el nombre de una joven de 21 años que fue asesinada por su pololo. La agrupación Alerta Mujeres, en Calera de Tango, surgió horrorizada ante el fenómeno del brutal femicidio de dos jóvenes mujeres separadas, cuyas exparejas las asediaban.

Señor Presidente, la brecha es gigantesca. Sin duda, este proyecto avanza en proporcionar mayor seguridad y en terminar con esta amenaza que sufren exclusivamente las mujeres.

Por supuesto que aprobaremos el proyecto en general; sin embargo, en particular, hay varias normas que merecen atención especial, toda vez que pueden generar más complicaciones que soluciones.

Por ejemplo, en el artículo 10 se señala que las víctimas y sus familias tienen derecho a la reparación, por parte del Estado, del daño causado, la cual deberá ser integral, adecuada y efectiva, e incluir garantías. Esto, indudablemente, genera un costo financiero para el Estado.

Varios acá han reparado en que el proyecto no viene acompañado de un informe financiero que se haga cargo de esa reparación. Eso es una falencia que espero que se pueda corregir en la comisión técnica.

El hecho de que el Estado, en general, responda integralmente, compromete su responsabilidad cuando se producen hechos donde hay un reproche por parte del Estado. En general, cuando hay diferencias o controversias entre particulares -en este caso, crímenes-, el Estado no tiene responsabilidad, a menos que tenga responsabilidad específica, que, en este caso, se produce por no acudir a tiempo, o por no respetarse la medida de alejamiento de las exparejas. Son detalles que se deben revisar en la discusión en particular.

Tenemos la disposición de aprobar el proyecto con toda la fuerza del mundo, para erradicar de una vez por todas esta lacra social…

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo,-Diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, el femicidio y la violencia hacia las mujeres afecta gravemente a nuestro país, a Latinoamérica y al mundo. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, este año ya se contabilizan 43 femicidios. No podemos ni debemos descansar hasta que ese número sea cero.

¿Por qué el femicidio merece una consideración especial como la que otorga este proyecto de ley? Porque el femicidio es un crimen que proviene de un profundo desprecio a las mujeres, a nuestra libertad y a nuestra identidad. Se trata de crímenes particularmente violentos que dañan, además, a nuestras familias y a la comunidad. El femicidio es el asesinato de las mujeres solo por serlo.

En ese sentido, no puedo no detenerme en las palabras que escuché desde enfrente, cuando se nos señaló que toda vida humana es igual de valiosa. Eso es evidente, porque ninguna de las que defendemos este proyecto ni ninguno de los familiares que se encuentran en las tribunas considera que haya vidas que no sean valiosas. Pero aquí hablamos de crímenes de odio contra las mujeres.

Yo pido más respeto precisamente para las familias, para la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, y un poquito de empatía de quienes intervienen y son contrarios al proyecto.

El proyecto establece un régimen de protección y de reparación integral a las víctimas de femicidio, considerando también como tales, es decir, como víctimas, a hijos, hijas y familiares, tomando en cuenta distintas aristas de un problema que tiene muchas dimensiones. Así, se establecen medidas de protección y de acceso a la justicia en los procesos penales seguidos contra agresores, como también normas de reparación e indemnización a las víctimas. A su vez, se establecen prioridades para acceder a determinados servicios sociales para las víctimas.

Ahora bien, este tipo de delitos merece una especial consideración por una serie de razones. Si este Congreso no establece esas diferenciaciones entre los delitos, entonces ¿quién lo hará?

Por la gravedad del crimen y la abrumadora cantidad de casos, existe la necesidad de un intenso reproche y castigo. Sin embargo, hay otro elemento crucial del proyecto, que es que intenta hacerse cargo del rol fundamental que cumplen hoy por hoy las mujeres en nuestras sociedades. En ese sentido, el femicidio no solo atenta contra la integridad de las mujeres, que ya es razón suficiente de reproche, sino también de su entorno, personas que dependen de esas mujeres, víctimas colaterales que proliferan profusamente en un país sin un sistema de cuidados. Los hijos -niños, niñas y adolescentes o quienes están al cuidado de mujeres que son víctimas de este cruel crimen sufren no solamente por ver cómo se atenta contra la vida de quien los cuida, sino también por el desamparo en el que quedan una vez que el agresor, muchas veces el padre, es privado de libertad.

Si la mamá es asesinada y el padre está preso, ¿es posible concebir que el Estado se quede sin hacer lo necesario en cada uno de esos casos? Eso es lo que ocurre hasta ahora. El Estado no da una respuesta. Por eso, este proyecto busca subsanar esa situación.

Llamo a aprobar el proyecto, que, entre otras cosas, establece las medidas de protección ya mencionadas y mecanismos de reparación integral, siguiendo además las recomendaciones de la comunidad internacional sobre la materia y dando prioridad a las víctimas en el acceso a servicios sociales como vivienda, salud, educación y trabajo, lo que es un mínimo de dignidad para las víctimas de la violencia de género.

Quiero aprovechar de saludar a la diputada Karol Cariola por haber impulsado este proyecto y, evidentemente -ya la nombré en el discurso-, a la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Les pido disculpas por las palabras que aquí las han ofendido, porque considero que no se ha tenido el suficiente respeto por quienes han sufrido situaciones como estas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, si bien comparto el principio de igualdad ante la ley, hay ocasiones en que como Estado se debe intervenir y legislar, para aplicar normas que precisamente nivelen la cancha y colaboren a no desvirtuar ese principio, el de igualdad ante la ley, como en el caso de la vulneración de derechos de las mujeres, especialmente en los casos de femicidio.

Por temas culturales, estructurales o sociales, o por estigmatización, muchas veces esos casos quedan en segundo o tercer lugar por falta de empatía y de comprensión de quienes son los llamados a impartir justicia o simplemente porque el Estado no cuenta con las condiciones para abordar esos terribles crímenes, así como tampoco la vulneración de derechos y la revictimización de los descendientes.

No se trata de que la justicia para los casos de víctimas de femicidio pase al primer lugar de la fila; se trata de que no sean los últimos de la fila.

No daré los nombres de las víctimas de femicidio, que este año suman 43. Las historias de los casos son terribles. No caben las comparaciones, porque todos son igualmente brutales, escalofriantes, odiosos y deleznables. Todos esos casos hoy deben llamarnos a legislar para que eso no siga ocurriendo.

Este proyecto va en la línea de compensar y reparar el dolor de cientos de familias que han tenido que pasar por este calvario cuando el Estado ha llegado tarde o simplemente no ha llegado. Ojalá entre todos erradiquemos la violencia contra las mujeres.

Obviamente, hay temas que se deben revisar en este proyecto, particularmente el caso del artículo 10, porque efectivamente en materia de recursos debe revisarse más en detalle. Además, es un tema que planteé en la discusión de la comisión.

En este sentido, consulté respecto de cuál era, a lo menos, la evaluación de los costos de parte de los servicios involucrados, cosa que ha quedado un tanto ambigua hasta ahora. Por lo tanto, ese es un tema que se debe revisar. Pero el tema de fondo es si estamos o no de acuerdo con la reparación y con que esos crímenes escalofriantes no sigan ocurriendo.

La aprobación en general del proyecto es el inicio para caminar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y de esta injusticia en el trato. Creo que culturalmente como sociedad, hasta ahora, no se le ha dado importancia a este tipo de asesinatos. Lo peor es dar a este proyecto un sesgo político-ideológico, porque hay personas que somos de derecha y estamos igualmente a favor de proteger y de buscar el camino para que no se sigan cometiendo aberraciones en cuanto a vulneración de derechos de las mujeres.

Por supuesto, la última etapa es lo peor que puede ocurrir, porque no se recupera con nada, ni con compensación, ni con reparación integral. Nada que pueda hacer el Estado compensa la pérdida de una vida humana.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, allá afuera nos están matando. Me encantaría decir que esto es un eufemismo o una exageración, pero nunca había hablado más en serio. Esa es la realidad.

Como ya se ha dicho, según las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, este año hemos llorado a 43 mujeres víctimas de femicidio y, según las cifras del gobierno, otros 141 femicidios han sido frustrados.

Las mujeres en contra de las que se atenta no son las únicas víctimas que deja tras de sí esta violencia. También están las hijas, las madres, las hermanas de ellas. Las personas que tienen una relación familiar o afectiva con la víctima también son víctimas de la más brutal de las violencias de las que somos víctimas las mujeres: el asesinato en razón de nuestro género.

Son víctimas los hijos e hijas que no volverán a ver a su madre; es víctima la madre que sufre el terrible dolor de perder a su hija.

Colegas, ¿se han preguntado qué pasa con aquellos niños que deja tras de sí un femicidio, puesto que su madre está muerta y su padre está privado de libertad? ¿Quién los cuida ahora?

¿Quién los contiene? ¿Quién acompaña a esas madres, a esas hermanas y a esas niñas que deja este tipo de violencia?

No basta con imponer las peores sanciones; no basta con encarcelar al femicida. La justicia no puede entenderse alcanzada de manera íntegra si no hay reparación. Cuando existe un femicidio consumado es absolutamente indispensable otorgar un grado de reparación, porque fuimos nosotros y nosotras, como Estado, los que no fuimos capaces de protegerlas, los que no hemos sido capaces de evitar que nos sigan matando por el solo hecho de ser mujeres, los que no hemos sido capaces de evitar que nos sigan tratando como un objeto que es propiedad de otro, que puede ser eliminado cuando les deja de ser útil.

Es urgente que las víctimas colaterales -por llamarlas de alguna forma sean tratadas con humanidad y respeto durante el proceso judicial, que sean informadas debidamente de sus derechos y que puedan acceder a conocer los avances de la investigación, sin trabas o dificultades innecesarias. Es urgente, con miras al interés superior del niño, niña o adolescente, que los hijos y las hijas del agresor no estén en contacto con él durante el juicio.

Es urgente que al imputado, si es funcionario público, de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI), se le suspenda de sus funciones desde la formalización y que se prohíba que se pague con recursos de las instituciones públicas la defensa privada de los agresores.

Es indispensable que el proceso judicial no se convierta en un nuevo trauma para las víctimas, que ya no estén solas luchando contra un sistema que les es hostil. Es urgente e indispensable que las instituciones y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, como la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio y la organización Ni Una Menos, que hoy nos acompañan en las tribunas y a quienes saludo y agradezco por su tremenda lucha, gocen de legitimización procesal, para actuar como parte a favor de la víctima y familiares para apoyarlos y contenerlos en este difícil proceso.

Es urgente que exista verdadera reparación por el terrible delito del que han sido víctimas. Agradezco a la diputada Karol Cariola por haber puesto sobre la mesa un proyecto de ley tan sentido y tan urgente para miles de mujeres, madres e hijas, víctimas también de la violencia más terrible de la que somos víctimas las mujeres: ser asesinadas por ser mujeres.

Como país, y especialmente como Estado, se lo debemos a todas las víctimas: por Fernanda Maciel , por Alison Ibáñez , por Antonia Barra y por todas, nunca más ni una menos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, antes que todo, quiero saludar a las agrupaciones de mujeres que hoy nos acompañan en las tribunas, que están representando a muchas, y también a muchos, que claman por justicia y que quieren proyectar que nunca más ocurra un femicidio. También saludo a la diputada Karol Cariola , por sacar esta iniciativa adelante. Así he querido comenzar mi intervención en este debate por una ley que más vale tarde que nunca.

Lo he dicho no solo en campaña, sino como una forma de vida: estoy por la vida siempre, sobre todo cuando se trata de la gestación. Pero también debemos preocuparnos de las personas. No comparto ese discurso solo de la gestación y después que el mercado o quién sabe quién se preocupe de nosotros a su arbitrio, o que no se preocupe nadie. Creo que la preocupación debe manifestarse en todas las etapas de la vida.

Por supuesto que votaré a favor esta iniciativa, porque tengo una abuela mujer, una madre mujer, una esposa mujer, una hija mujer, y creo que debemos colocarle ese sentido de pertenencia, porque sabemos, con el dolor de nuestras almas, cuando pasa un minuto en que no estamos cerca de ellas o cuando salen y, por diversas circunstancias, no sabemos qué ocurre o qué puede pasar con cada una de ellas. Imagínense, si nosotros estamos en una situación con mayores redes, con mayores apoyos, ¿qué pasa con las demás ciudadanas mujeres cuando están sujetas a este tipo de situaciones, que sabemos que ocurren?

Debemos sacarnos la venda de los ojos. En nuestra Región de Los Lagos el femicidio está presente. Hace poco ocurrió uno en la comuna de Río Negro; los hemos tenido en las comunas de Purranque, Puerto Octay, Osorno , Puerto Varas, en todos los lugares del país. Las cifras son catastróficas.

Se hace mención a la inconstitucionalidad aparente de este proyecto, pero creo que no hay nada más inconstitucional que matar a una persona, no hay nada más inconstitucional que matar a una mujer, porque nos formamos por la ética, por la moral y eso está primero que todo. Colegas, es inconstitucional matar mujeres

Con todo, vamos a votar este proyecto; lo demás, los temas técnicos, sin duda que se corregirán en la siguiente instancia.

Por otro lado, como seres humanos -saliéndome un poco de lo ético y del plano de los valores-, en lo práctico, nuestro país les debe mucho a las mujeres. Nosotros, como políticos, cuando vamos a reuniones, ¿quiénes son los dirigentes? Son mujeres. ¿Quiénes pararon la olla en época de pandemia? Cuando más de 80 por ciento de las pensiones de alimento no se pagaban en este país, ¿cómo se alimentaron esos niños y niñas? Por mujeres, por mujeres que dan la cara, que son profesionales, que son trabajadoras y que, además, son el pilar fundamental de las familias. ¿Quiénes lideran las familias en nuestro país? Las mujeres, con esposo o sin esposo; con pareja o sin pareja; las abuelas, las tías, las que se preocupan son mujeres.

En virtud de aquella deuda, llamo a votar con mucha fuerza. No le busquemos la quinta pata al gato, sino que desde la Cámara de-Diputados demos la señal potente de que estamos con las mujeres y apoyemos este tipo de normativas.

No más femicidios en nuestro país y sí el apoyo irrestricto del Estado ante uno de los dolores más fuertes que sufre nuestra sociedad: los femicidios.

Apoyaremos esta normativa.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, no pensaba hablar sobre este proyecto, pero una de las cosas que me propuse desde que llegué a la Cámara es no mentirle a la gente.

¿Alguien cree, sinceramente, de corazón, que esta ley va a impedir o va a bajar la violencia contra la mujer? ¿Alguien cree que este tipo de normas, tan mal hechas, va a servir para que en este país los agresores de las mujeres paguen como corresponde? ¿Saben lo que se debe lograr para que esto ocurra? Que se haga justicia, que las instituciones funcionen.

Este mismo Congreso Nacional le perdonó la vida a una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que soltó a un criminal que ya había matado a una mujer. ¡Este Congreso lo hizo!

No se necesita una ley para que hagamos la pega, para que fiscalicemos como corresponde. Lo que ofende a las víctimas -que están acá, viéndonos es que les mintamos. Este texto, tal como está escrito, no va a ser nunca publicado como ley. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, porque la Corte Suprema, en su oficio, va a votarla, porque no se pueden hacer las cosas que se prometen en este proyecto. Esto es una mentira, y encuentro realmente indecente decirle a la gente que esta cosa va a impedir o va a rebajar la violencia contra las mujeres. Cuando a alguien le hacen un portonazo o cuando alguien es víctima del aberrante incremento de la delincuencia en Chile o cuando a alguien le entran a robar a su casa no le preguntan si es hombre o mujer para asaltarlo, para robarle en su casa o para hacerle un portonazo. ¡Esto es absurdo! Lo que estamos discutiendo no tiene pies ni cabeza. Preocupémonos de que se haga justicia para todos. Hemos pedido defensoría para las víctimas, pero nos dijeron: “no, señores”. Acá se protege a los delincuentes; no se protege a las víctimas, y víctimas somos todos, todos quienes estamos acá.

Escuchen el nivel de argumentos de algunos-Diputados: “es inconstitucional matar mujeres”.

¡Por favor! ¡Este es el Congreso Nacional, señores! ¡Por favor, seamos serios! ¡Si no tienen las capacidades ni el conocimiento jurídico, pregúntenles a sus asesores, pero no vengan a hablar… acá!

Por último, si nos vamos a poner a ese nivel, voy a recordar al gurú, quien alguna vez les dijo a algunos ustedes: “paren de mentir”.

He dicho.

-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado señor Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, es importante que se visibilicen y se combatan la violencia de género y la violencia contra la mujer; que se ponga en el centro el daño no solo físico, sino también el psicológico y emocional de las víctimas y de sus familiares.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad y de poner siempre en primer lugar a las personas afectadas en cualquier tipo de delitos. Es claro que el Estado debe entregar un mayor resguardo efectivo a todas las mujeres, pero eso hoy no se ha cumplido; por lo tanto, ha fallado.

Sin embrago, me parece que no debemos hacer distinciones y recordar que nuestra Constitución, aún vigente, establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Por lo tanto, hombres y mujeres deben ser tratados de igual manera ante la ley.

El problema de este proyecto, a pesar de que la idea es muy noble, es que otorga prioridad de derechos tan importantes como salud, educación y vivienda digna a familiares de mujeres víctimas de un femicidio. Pero, ¿qué pasa con las víctimas de otros delitos tan graves como, por ejemplo, niños asesinados o muertos por culpa de balas locas por el narcotráfico o personas que mueren por culpa de conductores ebrios? ¿Acaso ellos y sus familiares no merecen el mismo apoyo y que se respeten sus derechos?

Necesitamos fortalecer programas de apoyo a víctimas, que realicen acompañamiento psicológico a los familiares y círculos cercanos a las víctimas y garanticen derechos equitativos para todos aquellos que perdieron a un ser querido.

Estoy a favor de legislar sobre este tema, porque la delincuencia y el abuso no pueden estar sobre los derechos de las personas, pero debemos ampliar la mirada y considerar a todas las víctimas de delitos graves.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Señora diputada, se acaba de retirar esa expresión del acta, tal como usted lo ha escuchado, coincidiendo con su punto.

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, me parece que todas las políticas públicas que busquen otorgar acompañamiento y apoyo a las víctimas de violencia de género son positivas.

Siempre, toda mi vida, he apoyado las medidas para abordar lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente, con miles de mujeres que sufren de violencia psicológica y económica. Por supuesto, sabemos perfectamente que muchos de los casos de femicidio han sido denunciados anteriormente y no han tenido apoyo. Por lo tanto, creo valorable y aplaudo todas las políticas públicas y el trabajo que haga este Congreso en beneficio de las mujeres víctimas de violencia de género y, por supuesto, de sus familias.

Pero tenemos que ser cuidadosos y responsables. En este proyecto se requiere garantizar una serie de derechos sociales. Los he leído con mucha detención -para ser responsable-. El proyecto dice claramente los derechos prioritarios que otorga. Ojo con esto: salud, prestaciones, vivienda digna, educación y trabajo digno. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser responsables y cuidadosos, porque no podemos, por ningún motivo, dar a las familias de las víctimas expectativas que no se van a poder cumplir. Tenemos que ser tremendamente responsables. Creo que debemos ser cuidadosos respecto de jugar con las expectativas de las víctimas que tanto han sufrido. Actualmente hay muchos casos de madres que han perdido a sus hijos y que hasta hoy están pidiendo justicia. Tenemos que ser cuidadosos.

Este proyecto suena muy bien para una como mujer, para una que ha apoyado todas las políticas públicas en beneficio de las mujeres, pero me causa preocupación que se juegue con las expectativas al asegurar que las personas beneficiarias van a tener vivienda y van a tener derecho a un trabajo digno.

¿Vamos a ser realmente capaces de cumplir con esta iniciativa? Esa es la pregunta que les hago a todos mis colegas.

Yo apoyo siempre todo lo que tenga por objeto convocar justicia y que no sigan aumentando los femicidios. No hemos sido capaces nunca de detenerlos, porque a pesar de todo lo que se ha hecho, sigue ocurriendo ese tipo de hechos, sigue ocurriendo violencia contra las mujeres. Pero no podemos crear falsas expectativas. En eso me detendría un segundo, antes de apoyar este proyecto. Solo eso.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, así como como se retiraron del acta las palabras del-Diputado Agustín Romero , por considerarse ofensivas, créame que a mí también me ofende cuando se dice que los-Diputados de este sector estarían en contra de apoyar a las víctimas del femicidio o de este tipo de delitos. Estoy seguro de que nadie en esta Sala va a estar dispuesto a estar en contra de apoyar personas que han sufrido, como son las víctimas de femicidio y sus familiares. Por tanto, así como pueden ser ofensivas las palabras del-Diputado Romero, creo que son muy ofensivas aquellas personas que nos imputan a nosotros conductas de las cuales no pueden hacerse cargo.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero saludar a la Agrupación de Familiares y Víctimas de Femicidio y decirles que, sin duda, van a contar con el apoyo de la bancada de Evópoli para trabajar de manera técnica y profesional en orden a apoyar y reparar el daño que han vivido producto de delitos tan complejos y tan violentos como el femicidio.

Pero queremos hacer un punto: hay que tener cuidado con legislar desde una perspectiva que es legítima y loable, pero con la que claramente se afectan derechos y garantías constitucionales. Ya lo destacaba al-Diputado Schubert , quien hizo un análisis bien concreto de algunas normas que afectan derechos constitucionales y garantías que están reconocidas incluso en la legislación internacional. Una de ellas es el derecho a la defensa. El inciso segundo del artículo 3 del proyecto propuesto le quita el derecho a la defensa al imputado. Sin duda, nosotros también queremos buscar la sanción penal, pero los imputados tienen un derecho, una garantía, que es el derecho a la legítima defensa.

El derecho a la igualdad ante la ley es claramente otro de los principios que podrían estar siendo afectados; también la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Lamentablemente, este proyecto, que es tan loable –insisto y legítimo, en lo personal me genera más dudas que certezas. Lo más seguro es que este proyecto volverá a la comisión, instancia en la que vamos a tratar de participar para que se legisle con mayor rigurosidad técnica y jurídica.

Son positivos, sin duda, el artículo 1, el artículo 2 y algunos artículos que se hacen cargo de un tema que es profundamente complejo; pero –insisto creo que se falta a principios y garantías constitucionales muy importantes de resguardar y proteger.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, cuando empezamos a discutir este proyecto de ley, escuché a una diputada de enfrente decir que el patriarcado ha matado a muchas mujeres. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la diputada que no es el patriarcado; son asesinos, y a esos asesinos hay que perseguirlos con todo el rigor de la ley. En eso, los republicanos no nos perdemos ni un segundo. El problema es que, cuando le echan la culpa al patriarcado, lo único que terminan haciendo es quitarles la culpa a los verdaderos responsables: a los criminales.

Es por eso que debemos preguntarnos cuáles son las verdaderas raíces de este problema. En eso, Chile no se distancia mucho de la realidad en Latinoamérica: primero, la violencia intrafamiliar está estrechamente ligada a las drogas y al consumo de alcohol. Segundo, la prostitución. ¿Ustedes sabían que el 90 por ciento de los casos de prostitución están ligados a la trata de personas, y que muchas de esas mujeres son víctimas de femicidio? Pero vemos cómo, lamentablemente, la ideología, que se llena la boca hablando de femicidio, suele estar a favor de la legalización de las drogas y de la prostitución.

Entrando de lleno al proyecto de ley, la intención de proteger y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas de un delito de homicidio, en este caso en particular de un atentado contra la vida de mujeres, sea que ese delito se encuentre en grado de tentado, frustrado o consumado, es una intención loable, que cuenta con un respaldo transversal, más aún considerando la situación de inseguridad que estamos sufriendo en nuestro país y el aumento de delitos violentos en el último año. Lamentablemente, hay un esfuerzo por parte de la izquierda y también de una supuesta derecha de incorporar conceptos como género, violencia de género, cosmovisión, disidencias sexuales, términos que además de tener un contenido altamente ideológico, solo generan problemas, porque no están definidos en la ley, complican al intérprete y abren espacios importantes de discrecionalidad a la autoridad administrativa e, incluso, al juez penal. ¡Pero si nadie es capaz de explicar razonablemente cómo se sustancia un proceso penal con perspectiva de género!

Es de esperar que, durante lo que resta del primer trámite constitucional, la Cámara de-Diputados pueda enmendar este proyecto para que no se transforme en una promesa vacía de contenido cuando, por ejemplo, pretende otorgar prioridad para la vivienda a una víctima de femicidio o cuando se le promete una indemnización de cargo fiscal, como hace el proyecto, primero, porque los parlamentarios no tenemos la iniciativa para comprometer gasto fiscal, y, segundo, por el riesgo de generar falsas expectativas con promesas que, en la práctica, son muy difíciles de concretar.

Además de esos problemas de fondo, el proyecto garantiza a las víctimas de violencia de género, una expresión que está indefinida en nuestro ordenamiento jurídico, que pese a su condición migratoria irregular no podrán ser expulsadas, lo que es un claro incentivo a las falsas denuncias. Repito: pese a su condición migratoria irregular no podrán ser expulsadas, generando con ello un claro incentivo a las falsas denuncias.

Por todos estos motivos, desde ya anuncio expresa reserva de constitucionalidad, porque la redacción actual del proyecto vulnera los derechos a un justo y racional procedimiento, y a la defensa del artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el proyecto vulnera la iniciativa exclusiva del artículo 65 de la misma Carta Fundamental.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, frente a un hecho tan doloroso, tan horrible y tan latente en nuestros días como el femicidio, que requiere soluciones en los diversos ámbitos, es un poco contradictorio que desde el punto de vista legislativo se proponga como una alternativa o solución un proyecto que, a mi juicio, presenta serias deficiencias, tanto en la forma como en el fondo.

Ya se habló en esta Sala de que, por ejemplo, es un proyecto que irroga gasto, y el Ejecutivo aún no lo ha patrocinado.

Por otro lado, también elimina el derecho a la defensa que tienen todos los chilenos y las chilenas. Junto con ello, a nuestro juicio, genera algunos privilegios que no se debieran tener, puesto que todos los chilenos somos iguales ante la ley. Asimismo, establecer una investigación -no solo el fallo desde la perspectiva de género, la verdad es que para nosotros es un contrasentido.

Junto con lo anterior, creemos que este delito, el femicidio, que es tan horrible y tan doloroso, obviamente requiere soluciones, toda nuestra atención y todo nuestro reproche. Tenemos que buscar soluciones desde los puntos de vista policial, legislativo y judicial para que estos hechos, ojalá, nunca más se repitan.

Sin perjuicio de que celebro la iniciativa de quienes presentaron este proyecto, considero que con proyectos de este tipo, con tantas deficiencias, no vamos a lograr una solución; al contrario, vamos a ahondar en el problema y a generar otros problemas.

En tal sentido, creo que el deber de esta Cámara es legislar bien, con una técnica adecuada. Pero esta técnica adecuada no solo implica redactar bonito, sino redactar y hacer leyes que estén conforme a la Constitución, que efectivamente se puedan cumplir y que sean una solución real y efectiva al problema.

Para terminar, creo que debemos legislar con técnica legislativa adecuada, y no solo llevar consignas al papel.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el-Diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, primero, felicito esta iniciativa, porque efectivamente la historia nos ha demostrado que día a día muchas mujeres fallecen producto de esta violencia homicida construida por parte de los hombres, principalmente.

Los niveles de violencia contra las mujeres se han mantenido permanentes y persisten sin mayores variaciones, a pesar de los diferentes cambios culturales promovidos por las diferentes movilizaciones, principalmente feministas. Creo que hemos avanzado el interior de este Congreso en poner en el centro del debate una situación que es indignante y que nos debería llenar de vergüenza.

Por eso, me provoca un sentimiento de bastante desagrado cuando escucho a algunos señalar que se están hablando payasadas, a pesar de que ese tipo de expresiones han sido eliminadas del acta, porque estas no son payasadas. Las mujeres que sufren este tipo de violencia y que son asesinadas no son payasas; muy por el contrario, son mujeres que sufren violencia permanente.

Este no es un tema ideológico. Creo que la diputada Flor Weisse lo dijo con mucha claridad en esta Sala. En definitiva, estos son temas profundos y no pueden ser bandera de un solo sector. Toda esta Corporación debería estar de acuerdo con que este es un tema que necesariamente tenemos que visibilizar y condenar. Debemos legislar en orden a cómo damos solución a un problema cuyas cifras son absolutamente gráficas.

Por dar algunos ejemplos, entre 2018 y 2020 ocurrieron 131 femicidios. Solamente el 14,5 por ciento de los juicios respectivos fueron terminados y el 51 por ciento se encontraba en proceso. En el 27 por ciento de esos casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento de las causas. ¿Qué ocurre en esas familias durante todo ese proceso?

En este Congreso hemos estado trabajando junto con algunos parlamentarios, en particular de Renovación Nacional y de la UDI, entre quienes se ha planteado el derecho a la defensa de las víctimas. Cuando hablamos del concepto de defensa de víctimas no estamos hablando payasadas, sino que estamos hablando de algo que este proyecto de ley efectivamente recoge.

Entendiendo que este es un tremendo avance, que pone en el centro del debate un tema que día a día, insisto, significa el asesinato de mujeres, no puedo dejar de mencionar que es necesario revisar las modificaciones y las indicaciones que fueron presentadas en la comisión. Lo señalo, porque este proyecto, tal como fue presentado por la diputada Cariola , estaba, a mi juicio, correctamente elaborado. No obstante, en la iniciativa que fue despachada por la comisión existirían algunos conceptos que, lamentablemente, podrían hacer ilusorio un proyecto que creo debemos apoyar con mucha fuerza.

En particular, me refiero a lo establecido en el artículo 10. Creo que eso se debe revisar. Por eso, es necesario devolver a comisión este proyecto. Espero que esa instancia pueda revisar nuevamente los derechos establecidos en este artículo, porque necesariamente irrogan gasto fiscal y van a requerir patrocinio del Ejecutivo si estos se quisieran hacer efectivos.

Hoy es necesario seguir visibilizando el terror que viven miles de mujeres día a día. Por eso, el Congreso legisló el 2010 y estableció como delito el femicidio; por eso, Chile ratificó el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; por eso vamos avanzando en un tema que es de justicia absoluta, y por eso por lo menos la bancada del Partido Socialista en general, en la discusión que hoy día nos atañe, va a apoyar este proyecto de ley en todas sus partes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, parto saludando, por supuesto, a la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio y, especialmente, a mi querida compañera Karol Cariola , quien es la autora de este importante proyecto y ha empujado su tramitación.

Desde ya, anunció mi voto a favor de la iniciativa, porque considero que es un tema de justicia no solo en términos formales, sino también en términos de justicia social, de empatía, de solidaridad con las víctimas directas, y también con las víctimas indirectas, colaterales, como, por ejemplo, los hijos e hijas de esas madres asesinadas, que muchas veces quedan totalmente a la deriva, sin que exista una real protección por parte del Estado.

En la mayoría de estos casos, el otro progenitor es quien perpetra este cobarde crimen, que es la manifestación más aberrante de la violencia contra las mujeres. Por tanto, ¿qué pasa con esos niños y niñas? ¿Con quién viven? ¿Cómo se mantienen?

Los tribunales de familia hacen su mayor esfuerzo para apoyar a esos niños y niñas y derivarlos con su familia más cercana. No obstante, no todos los casos se dan de la mejor manera. Se trata de un proceso de cambio sumamente violento, que se suma a la etapa propia del duelo cuando el femicidio o suicidio feminicida ha sido consumado.

Por ello, valoro que este proyecto incluya el derecho a la reparación integral por parte del Estado, lo que permitirá a las víctimas colaterales ser consideradas como población prioritaria en temas de salud, vivienda y educación, entre otros.

Sin perjuicio de ello, es fundamental que se siga avanzando en esta línea, delimitando, por ejemplo, las instituciones que deberán hacerse cargo de que se pueda ejecutar este derecho, el que ha sido consagrado en forma amplia precisamente para que se trate con un enfoque multidisciplinario.

Lo mismo respecto de avanzar en el ámbito de recursos, pues tanto la prevención como la concientización y la reparación propiamente tal requieren un diseño e implementación, que, por cierto, necesita recursos para ejecutarse en forma óptima.

Si bien existen acciones que, sin duda, ya se están implementando, considero que este proyecto viene a replantearnos cómo estamos abordando actualmente esta materia y cómo la abordaremos de cara al futuro, tratando de incluir a todos los intervinientes.

Hoy estamos garantizando los derechos de las víctimas, sean directas o indirectas. Mañana nos tocará discutir sobre cómo mejoramos nuestras políticas públicas y los roles institucionales.

Respecto de ese último punto, es decir, de los roles que ocupan las instituciones que se ven vinculadas con las víctimas, valoro, asimismo, la incorporación en el proyecto de los principios de debida diligencia, de perspectiva de género, de imparcialidad y de acceso a la justicia, y la consagración de los derechos especiales a ser informado o informada permanentemente, a contar con asesoría letrada, a realizar todas las diligencias que se consideren pertinentes, por ejemplo, solicitar el cambio de fiscal; a la protección de la integridad, a la protección del trabajo, todos los cuales son manifestaciones expresas del debido proceso. No obstante, es fundamental que aquellos se puedan reiterar, garantizar y asegurar en la ley en proyecto, considerando el alto impacto que tiene un femicidio en nuestra sociedad y el gran número de femicidios que se registran, dolorosamente, cada año.

Sin ir más lejos, al 10 de noviembre de este año se han registrado 33 femicidios consumados y 141 femicidios frustrados. Es decir, más de 170 mujeres a lo largo de Chile han sido víctimas de ataques de odio por el solo hecho de ser mujeres. Y son más de 170 las familias afectadas como víctimas colaterales, de las cuales debemos hacernos cargo como sociedad.

Por último, reconozco y saludo la intención de establecer una atención integral en el ámbito de la salud para las víctimas, pero solicito que se ponga especial énfasis en la salud mental, con acciones que incluyan terapia, tratamiento médico y también acompañamiento, a fin de que la reparación sea completa, realmente integral, como este proyecto pretende.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el-Diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, invoco el artículo 90, N° 5.

Quiero hacer presente al honorable colega Ilabaca lo siguiente: los hombres no asesinamos a las mujeres; asesinos asesinan a las mujeres. Los hombres no violamos a las mujeres; violadores violan a las mujeres. Los hombres no golpeamos a las mujeres; golpeadores golpean a las mujeres.

Tenga la deferencia de no meternos a todos en el mismo saco. Muchas gracias, colega.

He dicho.