Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes NOS 21.522, 21.523 y 21.527, correspondiente al boletín 15816-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 18ª de la presente legislatura, en miércoles 12 de abril de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 38ª de la presente legislatura, en lunes 5 de junio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO, don Leonardo (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font , que adecúa la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes Nos 21.522, 21.523 y 21.527.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en adecuar la legislación que el proyecto indica, en razón de la entrada en vigencia de la leyes N° 21.522, que introduce un nuevo párrafo en el título VII del Libro II del Código Penal, relativo a la explotación sexual, comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes; N° 21.523, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización, y N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Durante la discusión de este proyecto se recibió al subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo ; a la señora María Ester Torres , jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; al jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinoza , y a los abogados de dicho ministerio señores Diego Moreno y Raúl Schonthaler . Asimismo, se recibió al señor Maurizio Sovino , director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual del Ministerio Público.

El mensaje señala que, teniendo como antecedente el trabajo mancomunado de diversos actores del Estado y de organizaciones de la sociedad civil que por muchos años han desplegado sus esfuerzos en el desarrollo de políticas públicas destinadas a la protección de la infancia, existe en nuestro ordenamiento jurídico una vocación indiscutible por sancionar contundentemente a los infractores de ley en este ámbito. Producto de esta vocación, desde la entrada en vigencia, en 1999, de la ley N° 19.617, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación, se ha sucedido una multiplicidad de reformas legales que han modificado casi simultáneamente diversos cuerpos normativos, tales como la ley N° 19.927, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil; la ley N° 21.685, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad, y, más recientemente, la ley N° 21.160, publicada en 2019, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, entre otras disposiciones.

Es en este sentido que se han aprobado por el Congreso Nacional la ley N° 21.522, relativa a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes; la ley N° 21.523, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, y la ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Producto de estas últimas leyes se ha hecho necesaria la presentación de este proyecto de ley, para efectuar adecuaciones en cuerpos legales, para que se hagan referencias correctas a las normas vigentes.

Con base en lo expuesto, la iniciativa que se somete a vuestra consideración tiene por objetivo principal adecuar la legislación posterior a las modificaciones hechas por la ley N° 21.522, sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, para -esto es muy importante no dejar espacios de ambigüedad en un área del derecho que debe aplicarse estrictamente apegada a la legalidad y para lograr que la cobertura y la protección que estas leyes brindan a los niños, niñas y adolescentes alcance también a aquellos que sean víctimas de los nuevos delitos tipificados.

De esta manera, un primer objetivo de esta iniciativa legal es actualizar en las leyes Nos 21.523 y 21.527 aquellas referencias hechas a artículos determinados, como el artículo 366 quinquies, reemplazándolas por el inciso segundo del artículo 367 quáter, en razón de ser esta la norma que ahora ha pasado a contener sustantivamente la misma conducta delictiva, cual es la producción de material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años.

Luego, se incluyen otras adecuaciones menores que dicen relación con los problemas de coordinación que se produjeron con la entrada en vigencia diferida de la ley de entrevistas videograbadas, N° 21.057, que terminó por implementarse en octubre del 2022, haciendo que algunas referencias de la ley N° 21.523 estén desactualizadas, por cuanto hacen referencia a artículos derogados por la ley N° 21.057.

Por último, se incorpora también una norma interpretativa del inciso cuarto del artículo 14 de la ley N° 21.522, para evitar interpretaciones incorrectas al momento de determinar la ley aplicable resultado del juicio de favorabilidad y así no sean consideradas normas no sustantivas, contrariando el ejercicio ordenado por dicha disposición.

La norma interpretativa se requiere para evitar la llamada lex tertia, un ejemplo del caso en materia de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Actualmente, el artículo 94 bis, inciso primero, del Código Penal, recoge el mandato de imprescriptibilidad de estos delitos. Antes de entrar en vigencia la ley N° 21.522, hacía alusión al artículo 366 quinquies, y, luego de la entrada en vigencia de la ley hace alusión al artículo 367 quáter. Alguien podría pensar que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia (juzgados en virtud del artículo 366 quinquies) ya no serían imprescriptibles. Si bien con el artículo 14 de la ley N° 21.522 queda claro que, siendo las mismas conductas, siguen siendo imprescriptibles, la norma interpretativa que hoy día aprobaremos, espero, lo deja aún más claro.

Es por ello que, tras haber aprobado la comisión este proyecto, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, tal como mencionó en su exposición el diputado Leonardo Soto , este proyecto viene a complementar una norma que aumentó las penas para los autores de delitos sexuales, los que, evidentemente -es una cuestión compartida transversalmente en esta Cámara de Diputadas y Diputados-, producen el mayor repudio y respecto de los cuales, por supuesto, siempre celebraremos que se endurezcan las penas asociadas a ellos. Sin embargo, hay detalles de forma que, especialmente en el derecho penal, no son irrelevantes, no son menores. Uno de esos detalles es la retroactividad o irretroactividad de la ley penal.

El proyecto, a través del artículo 4, incorpora una regla interpretativa -bien lo señalaba el diputado Leonardo Soto relacionada con el artículo 14 de la ley N° 21.522, disposición que, básicamente, señala cómo se aplica retroactivamente la ley penal en esta materia o, para que entendamos bien, cómo se determinan los efectos de esa ley a hechos anteriores a su dictación.

Nuestra posición en la comisión fue que la norma debería haber modificado la ley N° 21.522, la que, en específico, se relaciona con la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Lo que ocurrió fue que se cometió un error al redactar el texto de la ley, por lo que hay que modificarlo, hay que dejarlo bien redactado, para que sus efectos se apliquen en el futuro como corresponde.

Aplicar una norma que pretende fijar un marco de interpretación, un marco de sentido de una norma ya aprobada, colisiona con un principio básico del derecho penal, cual es que la norma penal, en principio y como regla general, nunca se aplica de forma retroactiva; solo se aplica en forma retroactiva la norma penal que es más favorable para la persona que es investigada o está formalizada por un delito.

Aquí estamos hablando de una cuestión que, en principio, debería hacer mucho sentido a la gente de izquierda, a la gente del otro lado del hemiciclo, porque son firmes defensores del garantismo, son firmes defensores de las garantías de quien está siendo investigado por un delito. En este momento, precisamente, hablamos de eso, esto es, de que a una persona que es investigada por la posible comisión de un delito se le apliquen las leyes que estaban vigentes al momento de cometerse ese delito.

Si hay que modificar esa norma, modifiquémosla, pero no lo hagamos por una vía interpretativa que pretende tener efectos retroactivos en un caso en que eso nunca es aplicable, esto es, en el derecho penal.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, tocando el mismo tambor, ¿por qué introducir una norma interpretativa que impide la aplicación retroactiva de una ley que es más beneficiosa? Solo tendría sentido tener una disposición que impida la aplicación retroactiva de una norma en caso de que esa norma fuese más beneficiosa para aquellos que cometen los delitos a que se refiere el proyecto.

¿Se está tratando de impedir que se aplique el principio pro reo? Esta norma que votaremos hoy, que impide la aplicación en forma retroactiva de la ley, pero respecto de la cual nos dicen que es una mejora en la persecución penal, ¿tratará mejor a los reos o personas que sean perseguidas por este tipo de delitos en el futuro? Lo pregunto porque es el único sentido que encuentro para incluir una disposición interpretativa de ese tipo en este proyecto de ley.

No puedo votar favorablemente y en conciencia un proyecto que baja las penas a violadores y abusadores sexuales. La norma interpretativa contenida en la iniciativa me indica que, a lo menos, existe ese riesgo.

Me gustaría analizar más en profundidad el texto del proyecto de ley antes de votarlo, porque tengo esa duda y me gustaría despejarla.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, correspondiente al boletín N° 12535-21

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Andrés Giordano , en reemplazo del diputado Eric Aedo .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 47ª de la legislatura 369ª, en martes 22 de junio de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 23ª de la presente legislatura, en lunes 24 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GIORDANO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar el proyecto, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias

Idea matriz o fundamental del proyecto

Establecer, en el ámbito pesquero, una regulación diferenciada del sector bentónico respecto del de peces. Se considera, entonces, incorporar una serie de términos y definiciones que dan cuenta de las particularidades de la actividad extractiva respecto de recursos bentónicos y que hasta el día de hoy han sido omitidas, lo que deriva en imprecisiones técnicas, dificultades de interpretación y, en definitiva, en una suerte de invisibilidad normativa de la misma.

De esta forma, se incorpora al asistente de buzo a la definición de pescador artesanal propiamente tal; se armonizan las definiciones de actividad pesquera extractiva y veda, actualmente contenidas en la ley, con el fin de que esta última dé cuenta efectiva de las particularidades con las que se realiza la apropiación de recursos hidrobiológicos; se incorporan las definiciones de recurso bentónico, embarcación bentónica, unidad extractiva de recursos bentónicos, técnica de extracción, utensilios específicos de extracción, acción de manejo, banco natural y pradera de algas. Nuestra legislación solo se refiere a artes y aparejos de pesca, es decir, paños de redes y líneas de anzuelo, en circunstancias de que los recursos bentónicos no son extraídos con ninguno de ellos, sino que mediante implementos o herramientas.

Fundamentos de hecho del proyecto

En términos generales, se busca:

a) Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero.

b) Garantizar la certeza y estabilidad del sector pesquero en el largo plazo.

c) Enfrentar el problema de la pesca ilegal y racionalizar el esfuerzo pesquero.

d) Impulsar la investigación científica en materias oceánico-pesqueras.

e) Incorporar la seguridad alimentaria y nutricional en la política acuícola y pesquera.

Fundamentos de derecho del proyecto

Modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Síntesis del debate habido durante la discusión general y particular

Se estimó que esta iniciativa de ley viene a potenciar el desarrollo productivo del sector artesanal, ya que establece reglas claras específicamente tratándose de las referidas a la extracción de recursos bentónicos y sus particularidades, actividad de gran relevancia, tanto social como productiva y económica, que dicho sector posee en el contexto de la actividad pesquera nacional.

Entonces, se pretende establecer una regulación diferenciada del sector bentónico respecto del de peces, introduciendo para ello una serie de modificaciones que permitan abordar de manera diferenciada, cuando ello corresponda, el desarrollo y la administración de dicho sector, los recursos involucrados y la actividad ejercida sobre ellos.

De ahí que se incorporan una serie de conceptos y sus definiciones, que dan cuenta de las particularidades de la actividad extractiva respecto de recursos bentónicos que hasta el día de hoy han sido omitidas, lo que deriva en imprecisiones técnicas, dificultades de interpretación y, en definitiva, una suerte de invisibilidad normativa de la misma.

De esta forma, entre otros perfeccionamientos, se incorpora al asistente de buzo a la definición de pescador artesanal propiamente tal; se armonizan las definiciones de actividad pesquera extractiva y veda actualmente contenidas en la ley, con el fin de que esta última dé cuenta efectiva de las particularidades con las que se realiza la apropiación de recursos hidrobiológicos; se contemplan definiciones de recurso bentónico, embarcación bentónica, unidad extractiva de recursos bentónicos, técnica de extracción, utensilios de extracción, acción de manejo, banco natural, pradera de algas y barreteo.

Administración de pesquerías

Con el fin de avanzar en la materialización del enfoque ecosistémico, se contempla la posibilidad de decretar vedas respecto de más de una especie, y se introduce como medida nueva el establecimiento de zonas de resguardo temporales en el marco de planes de manejo de zonas de libre acceso.

Para la fijación de las cuotas de captura, para el caso de recursos bentónicos, se considera aplicar indicadores o puntos biológicos de referencia de escala local o regional, en virtud de la información científica técnica disponible.

Se autoriza la faena de barreteo cumpliéndose ciertas condiciones de sustentabilidad del recurso.

Se realza la relevancia de los planes de manejo de recursos bentónicos, en el sentido de incorporar elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad de los recursos, sino también en el contexto del ámbito económico y social.

Se incorpora la posibilidad de contemplar estrategias para la vigilancia, detección, control o erradicación de plagas.

Por último, se precisa que los planes de manejo bentónico también deben contar con programa de recuperación cuando corresponda.

Comités de manejo

Con el fin de potenciar la importancia de los comités de manejo, se les otorga una facultad amplia respecto de ser consultados sobre cualquier materia, cuando la Subpesca estime necesario conocer su opinión.

Se otorga la facultad para hacer llegar al Indespa, a través de los consejos consultivos regionales, propuestas e información para la formulación de los programas asociados al desarrollo, fortalecimiento y diversificación del sector vinculado a las pesquerías respectivas.

Atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos

Se incorporan como nuevas medidas de administración en el área de reserva para la pesca artesanal:

La instalación de arrecifes artificiales. Establecer criterios y límites de extracción.

Eliminar ciertas limitaciones establecidas respecto de embarcaciones inscritas en recursos bentónicos.

Independizar la nómina de pesquerías bentónicas, la que deberá considerar las técnicas y/o utensilios de extracción, las especies hidrobiológicas que constituyen recursos y la categoría de pescador artesanal que las podrá extraer.

En materia de reemplazo, permitir la divisibilidad de la categoría de buzo y de recolector de orilla.

Respecto de la habitualidad, se recoge la situación de la mujer embarazada.

En materia de caducidades, se considera como excepción la operación en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos; se contempla la inactividad en virtud de una incapacidad temporal para buzos y recolectores de orilla, algueros y buzos apnea, y la situación de la mujer embarazada, entre otras modificaciones.

Registro Pesquero Artesanal (RPA)

En materia de RPA, se dispone la obligación para las organizaciones de actualizar la nómina de miembros. Respecto de la categoría de armador, se elimina el impedimento actual que solo permite a los pescadores propiamente tales y buzos acceder a ella, en su caso.

Se faculta para establecer criterios de prelación en la asignación de vacantes, por lo que no se generarán listas de espera en materia bentónica.

Se independiza el registro de Juan Fernández e Islas Desventuradas respecto del de la Región de Valparaíso.

Se excluye el requisito de habitualidad cuando el reemplazante sea cónyuge del reemplazado.

Peces de roca

Se crean las pesquerías de pequeña escala, entre ellas la pesquería demersal de peces de roca.

Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos

Clarifica el sistema de asignación en el evento de que más de una organización de pescadores artesanales solicite un área de manejo, promoviendo en una primera instancia la asociatividad para su administración conjunta y, en caso de no llegar a acuerdo, un sistema de preferencia de criterios que privilegia la vinculación de la organización con el sector y la antigüedad en su constitución.

Otras disposiciones

En materia de seguridad, se contempla el deber de coordinación de los diferentes órganos en el marco de la política pesquera, como la posibilidad de supervisar las condiciones de trabajo.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor los diputados Miguel Ángel Calisto , Bernardo Berger , Jorge Brito , Leonidas Romero y Patricio Rosas , y los entonces diputados Luis Rocafull , Rubén Moraga , y Jaime Tohá .

Trámite en la Comisión de Hacienda

No requiere.

Artículos e indicaciones rechazados por la comisión

Son 29 las indicaciones rechazadas por la comisión, las que constan en extenso en el cuerpo del informe.

Adiciones y enmiendas aprobadas por la comisión

De la misma manera, por el gran número de cambios y modificaciones que experimentó el proyecto en informe, en su segundo trámite constitucional se consignan en su totalidad en la parte expositiva del mismo.

Indicaciones declaradas inadmisibles

Son 17 y se consignan en el cuerpo del informe.

Indicaciones no sometidas a votación (artículo 296 del Reglamento)

1. Del entonces diputado Sergio Gahona , para suprimir el número 5 de su artículo 1°.

2. Del entonces diputado Alejandro Santana , para suprimir el inciso tercero del artículo quinto transitorio.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, expreso mi apoyo a este importante proyecto de ley, que busca establecer una regulación diferenciada para el sector pesquero bentónico en comparación con el de los peces.

Este proyecto es crucial para reconocer las particularidades de las actividades extractivas de recursos bentónicos, que han sido omitidas hasta ahora en nuestra legislación.

La falta de claridad ha generado imprecisiones técnicas, dificultades de interpretación y una suerte de invisibilidad normativa que necesitamos corregir de manera urgente.

La importancia económica y social de los recursos bentónicos para los pescadores artesanales es incuestionable. Estos recursos representan una fuente de ingresos y sustento para miles de familias y solo son explorados por los pescadores artesanales y sus organizaciones.

Este proyecto de ley resulta ser fundamental para promover el desarrollo sustentable del sector, garantizar la estabilidad en el largo plazo, enfrentar el problema de la pesca ilegal y racionalizar el esfuerzo pesquero.

El hecho de que se amplíe de uno a tres años el plazo para que todas las embarcaciones artesanales puedan solicitar el beneficio de ser incorporadas de oficio como embarcaciones bentónicas en el Registro Pesquero Artesanal de la región que corresponda es un reconocimiento para la labor pesquera.

Asimismo, el hecho de que se otorgue un plazo de seis meses para que aquellos pescadores inscritos en categoría de buzo, cuya matrícula haya caducado, puedan ser reemplazados por un familiar o un tercero interesado en acceder a la actividad es importante, considerando que no son muchos los pescadores disponibles para esta actividad, debido a su complejidad.

En fin, por todo lo expresado, siendo parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, pido a los colegas presentes la aprobación de este importante proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, el proyecto anterior era un mensaje del Ejecutivo y no había nadie del Ejecutivo para explicar temas importantes.

Este proyecto también se inició en un mensaje. ¿Será posible pedirle al Ejecutivo que participen en el debate? Porque tenemos dudas y no tenemos respuestas.

No sé si se podrá suspender la sesión; no sé en qué estamos…

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Vamos a plantear su solicitud, diputado Jorge Guzmán , pero respecto de suspender, no es posible, dada la gran cantidad de proyectos que están en tabla, por lo cual tenemos que avanzar.

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto de ley busca diferenciar la regulación de los peces de la del sector bentónico, es decir, de algas y moluscos, recursos que son extraídos por pescadores artesanales que conozco y con quienes he tenido la oportunidad de compartir.

Es indispensable que Chile cuente con una ley en esta materia, pues la extracción de recursos bentónicos es un gran aporte para nuestras exportaciones y para el consumo nacional, además de constituir fuente de ingreso de muchas familias de nuestro país.

Lamentablemente, los pescadores de la Región de Ñuble están siendo gravemente afectados por una resolución emitida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la cual extiende por cinco años el permiso para que las embarcaciones pesqueras de la Región del Biobío puedan ingresar a la primera milla marina del mar de Ñuble, resolución que, además, amplía el tamaño de las embarcaciones que pueden ingresar a la zona, poniendo en riesgo los intereses de los pescadores artesanales de Cobquecura, Coelemu y Trehuaco, además de arriesgar la conservación del sector bentónico.

Los sistemas son puestos en riesgo por la cantidad de embarcaciones mayores que navegan por el mar de nuestra región, lo cual afecta de igual manera al turismo.

Quiero aprovechar esta instancia para hacer un llamado al gobierno a que fiscalice como corresponde la pesca en el mar de Ñuble, ya que las embarcaciones operan de noche, en circunstancias de que la resolución de la Subsecretaría lo impide. Además, estas grandes embarcaciones pasan como si nada frente al islote Lobería , que alberga a más de 2.000 lobos marinos y que fue declarado santuario de la naturaleza.

Espero que este proyecto de ley cuente con apoyo, pero a la vez me parece indispensable que se tomen las medidas necesarias para preservar los ecosistemas marinos, los cuales, hasta ahora, han sido abandonados en la Región de Ñuble, dejando en el olvido a los pescadores artesanales de mi región.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardia .

La señora SAGARDIA (doña Clara).-

Señor Presidente, quiero manifestar que votaré a favor este proyecto, el cual visualiza la necesidad de regular de manera específica los recursos bentónicos, como erizos, locos, machas, algas, entre otros, que nuestro largo y ancho mar nos brinda a diario.

En términos sociales y económicos, la importancia de esos recursos es indudable. En su gran mayoría se trata de recursos destinados a la exportación que, dadas las características del régimen de administración al que están afectos, son extraídos por la pesca artesanal, generando importantes ingresos para este sector.

Son nuestros pescadores y sus organizaciones los únicos agentes extractores. Considerando que las zonas costeras son las más productivas dentro del medio ambiente marino, dicha actividad constituye una relevante fuente económica para la pesca artesanal, proporcionando el sustento de vida de miles de familias del borde costero de nuestro país.

La extracción de estos recursos marinos es destinada en su totalidad al consumo humano, mientras que las algas son utilizadas como alimento y para la producción de compuestos químicos de alto nivel comercial, contribuyendo enormemente a la seguridad alimentaria y nutricional, la cual es, precisamente, una de las finalidades que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda potenciar en nuestra legislación.

No obstante lo anterior y pese a los antecedentes que dan cuenta de la importancia económica y social que poseen las pesquerías bentónicas y de algas en la vida de miles de familias a nivel nacional, nuestra legislación, lamentablemente, no ha regulado hasta ahora las particularidades que tienen estos recursos, como su carácter específico y el carácter preferentemente artesanal de la actividad extractiva bentónica.

Es ahora, señor Presidente, que se debe visibilizar esta actividad extractiva, sobre todo porque la realizan nuestros pescadores artesanales, quienes, sin embargo, no forman parte de la discusión pesquera habitual ni cuentan con una regulación distinta que sea aplicable.

Por eso, votaré a favor este proyecto, porque resulta fundamental su aprobación.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, este proyecto de ley sobre los recursos bentónicos, iniciado en mensaje del gobierno anterior, tiene por objeto final la regulación de un sector que beneficia a más de 50.000 pescadores en todo el país.

Adecua ciertas definiciones ya contenidas en la ley y agrega conceptos nuevos, a través de mejorar la administración de las pesquerías bentónicas y de regular, entre otras, la pesquería de peces de roca, recurso que, en muchos casos, tiene un uso ancestral y es ciento por ciento para consumo humano, lo que ha sido transversalmente aprobado.

Señor Presidente, este proyecto viene a beneficiar a cientos de familias que se dedican a la extracción de estos recursos y que son parte de la cultura y la tradición de nuestro querido Chile. En mi región, va a permitir que muchas mujeres recolectoras de orilla y buzos mariscadores administren estas pesquerías de mejor manera.

Es de esperar que el proyecto sobre la nueva ley de pesca, que ojalá ingrese este año a tramitación, tenga el mismo proceso de diálogo que tuvo el proyecto que hoy aprobaremos, en cuya tramitación, que pasó de una administración a otra, se generaron los consensos necesarios para llegar a buen puerto.

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura voy a aprobar este proyecto, aprobación que espero que sea unánime, porque una ley como esta es muy necesaria, toda vez que los pescadores artesanales, principalmente las recolectoras de orilla y los buzos mariscadores, necesitan contar con resguardo y protección para seguir trabajando de buena manera.

Más de 50.000 pescadores de todo el país esperan ansiosos, y también preocupados, la aprobación de esta ley en proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, una de las actividades económicas o productivas más importantes de la Región de Los Lagos se relaciona con la extracción de recursos bentónicos.

Como primera aproximación a este proyecto de ley hay que decir que por recursos bentónicos entendemos aquellas especies de importancia comercial que realizan parte preponderante del ciclo vital con asociación directa a un sustrato. De ahí que estemos hablando de invertebrados, como erizos, locos, machas, etcétera, y también de algas, como pelillo, huiro negro y otros.

Chile debe contar con una ley bentónica, porque son miles los empleos asociados al recurso, estimándose en más de cinco mil las personas que trabajan en este rubro.

Esta actividad es realizada, en su mayoría, por la pesca artesanal, en la que las mujeres alcanzan un 20 por ciento de participación, mujeres que a diario esperan tener mejores oportunidades para sus hijos y familias.

De ahí la importancia de regular la extracción de los recursos bentónicos y sus particularidades, sobre todo por su relevancia social, productiva y económica para el país.

Aprovecho esta instancia para saludar a los pescadores de mi distrito, de caleta Estaquilla , Bahía Mansa , Pucatrihue , San Pedro y Huellelhue , quienes, con su trabajo y esfuerzo diario, abastecen al territorio nacional y nos entregan estos productos del mar, los cuales podemos degustar en nuestras mesas. De paso, advierto que en Chile no hay mejor loco que el de de Bahía Mansa.

Dichos recursos son extraídos exclusivamente por la pesca artesanal, redituando un importante ingreso para este sector. Estos recursos también son destinados a la exportación, según datos públicos recientes que se conocen desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Por supuesto, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, honorable Sala, me dirijo a ustedes para defender la importancia de garantizar los derechos de nuestros pescadores y pescadoras artesanales, como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, especialmente en lo que respecta a la pesca y extracción de recursos hidrobiológicos bentónicos.

En Chile, la pesca artesanal ha sido una actividad económica vital para nuestras comunidades costeras, siendo los pescadores y sus familias quienes dependen de esta actividad para sobrevivir. Sin embargo, en muchas ocasiones la normativa actual ha impedido a los pescadores artesanales el acceso a las áreas de pesca y extracción de recursos hidrobiológicos bentónicos, lo que merece especial mención en el caso de quienes desarrollan esta actividad de manera consuetudinaria: los pescadores chilotes, que han desarrollado esta actividad durante generaciones en las aguas que corresponden a la Región de Aysén. Esta situación ha llevado a muchos pescadores de Chiloé a verse en una posición económica precaria, con opciones mucho más limitadas y pocas oportunidades para trabajar y sustentar a sus familias legítimamente.

Por ello, es fundamental que podamos promover una legislación que favorezca la pesca artesanal, que proteja sus derechos y que garantice sus fuentes de empleo en el largo plazo.

La legislación actual sobre recursos hidrobiológicos bentónicos ha dejado fuera a ese sector y ha favorecido únicamente la venta de cuotas a las grandes empresas. Eso es lo que ocurre particularmente en el caso de regiones con escasa flota pesquera. Esto impacta directamente en la economía de nuestras comunidades costeras.

Por eso vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque es un proyecto que ha sido trabajado con mucha dedicación por mucho tiempo, que ha trascendido legislaturas y que viene a racionalizar de mejor manera la normativa respecto de la pesca artesanal.

Es importante que esta discusión también sea puesta en perspectiva de cara a dos futuras leyes que van a ser claves para el desarrollo pesquero en Chile, como son la nueva ley de pesca y también la futura ley de acuicultura.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, los pescadores artesanales de la Región de La Araucanía manifiestan que están en contra de este proyecto de ley. Hablo de pescadores de Toltén, de Queule, de La Barra, de Puerto Saavedra, de Nehuentue. Ellos me han dicho, en una reunión que sostuvimos hace dos semanas en Toltén, que el mar es para cada una de las regiones, y que su manejo debe ser desde las regiones. En la Región de La Araucanía no vamos a permitir que pescadores de otras regiones depreden los recursos pesqueros que existen en ella. Así como defendemos nuestro territorio en la Región de La Araucanía, también hay que defender el mar y los recursos en cada una de las regiones.

¿Por qué digo esto? Porque desde la Región del Biobío, barcos pesqueros que desconectan el GPS satelital van con armas de fuego a tomar posesión de ciertos lugares para depredar el recurso pesquero que está en la Región de La Araucanía.

Lo que hace el presente proyecto de ley en algunos artículos es sentar jurisprudencia que permite que recursos pesqueros que están en una región puedan ser tomados por pescadores de otra región contigua. Eso no se puede permitir. Eso me dijeron los pescadores: que no se debe permitir, porque la jurisprudencia llevará a que después se crea que cualquier recurso pesquero puede ser tomado por otra región que tenga mayor cantidad de pescadores que la región que tiene mayor cantidad de recursos. Este proyecto de ley es un primer paso en dicho sentido. Lamento que se haya malentendido, quizás, esa pequeña indicación que dice que se puede ir entre una región y otra a tomar recursos.

Me parece de suyo importante señalar que en esos artículos está fallando este proyecto de ley. En representación de los pescadores artesanales de la Región de La Araucanía voy a rechazar este proyecto de ley, porque no queremos que se metan en la Región de La Araucanía a nuestro territorio y tampoco a nuestro mar a depredar los recursos pesqueros que allí existen. Tampoco queremos dejar abierta la puerta para que eso suceda en el futuro, dado que va a quedar establecido un artículo que permitirá que entre regiones contiguas aquello se pueda hacer. Lamento que este proyecto así lo establezca.

Así que votaremos en contra este proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, sin duda, a este proyecto todavía le falta otorgar mayor resguardo. He escuchado a los pequeños pescadores, sobre todo a los de zonas muy alejadas de nuestro país, donde la geografía y la mala conectividad les dificultan en mayor medida la vida diaria.

Este proyecto permite que pescadores exploten recursos de otras zonas. Además, ha habido artículos transitorios que han sido permanentes. No ha habido un manejo sustentable de los recursos; no ha habido una política que permita renovar y extraer los recursos de forma sustentable, a fin de asegurar la continuidad de dicha extracción en las distintas regiones. Eso es lo realmente preocupante.

Además, dados los comentarios de los pequeños pescadores, siento que este proyecto necesita ser mejorado, necesita otorgar mayor resguardo y claridad para las regiones que hoy han podido sustentar sus recursos versus otras que no han tenido un manejo con mirada de futuro ni un mejor manejo de nuestras costas. Hay que apuntar a que los recursos del mar tengan una extracción sustentable; no podemos arrasar con todo sin tener una mirada de futuro.

Por eso, esperamos que el proyecto pueda ser mejorado.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señor Presidente, si bien este proyecto de ley representa un paso importante hacia la protección y la gestión sostenible de nuestros valiosos recursos marinos, nos falta mucho que mejorar.

Los recursos bentónicos, que incluyen organismos marinos que habitan en el fondo del mar, desempeñan un papel fundamental en nuestro ecosistema y en nuestra economía. Sin embargo, en las últimas décadas hemos presenciado una sobreexplotación y degradación preocupante de esos recursos. Es esencial que tomemos las medidas necesarias y efectivas para proteger y preservar esta importante fuente de biodiversidad y sustento para las comunidades pesqueras. Debemos fortalecer la regulación y supervisión de las actividades pesqueras relacionadas con los recursos bentónicos. De esa manera estaremos fomentando la conservación de esos recursos a largo plazo, lo que contribuirá a garantizar la subsistencia de las comunidades pesqueras y a mantener el equilibrio ecológico de nuestro ecosistema marino.

Este proyecto de ley propone establecer límites de captura basados en investigaciones científicas actualizadas, lo que de alguna manera asegurará que nuestros recursos bentónicos sean explotados de manera responsable, evitando su agotamiento y preservando su biodiversidad. Asimismo, promueve la implementación de medidas específicas para proteger y restaurar los hábitats bentónicos, lo que también contribuirá a preservar la salud de nuestros ecosistemas marinos y a garantizar su resiliencia a largo plazo.

La iniciativa también enfatiza en la importancia de involucrar a las comunidades locales y a los pescadores artesanales en la toma de decisiones relacionadas con los recursos bentónicos. La actividad concentra a 70.000 pescadores artesanales de todo Chile.

Cabe recordar que no solo protegemos nuestros recursos bentónicos y salvaguardamos la diversidad marina, sino que también aseguramos el sustento y el bienestar de las comunidades pesqueras, promoviendo un equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico. Nuestro océano y las generaciones futuras también dependen de las decisiones que tomemos hoy.

Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoyaré este proyecto de ley para que colabore de alguna manera en la conservación y preservación de nuestros recursos marinos para las generaciones del presente y también las futuras.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, claramente, en este proyecto lo que más me preocupa es que pescadores de otras regiones ingresen a nuestra Región del Maule. Tenemos ya muchos problemas con los barcos factoría o con la pesca de embarcaciones chinas, que nadie fiscaliza y sobre la que no se efectúa un monitoreo. La denuncia transversal de todos los pescadores de la Región del Maule es que se sigue pescando ilegalmente y pareciera que a nadie le importa. Insisto en que hay muchas normas y leyes, pero nadie fiscaliza.

Por eso este proyecto de ley no me convence, de manera que no voy a permitir que desde otras regiones vengan a extraer los recursos naturales de nuestros pescadores y pescadoras de la Región del Maule.

Claramente, nuestros gremios pesqueros necesitan apoyo, y me refiero a los tripulantes y armadores. Se ha generado una pugna en las distintas caletas respecto de a quién se apoya más o de a quién se apoya menos con distintos proyectos, incluso cuando se van a hacer ofrecimientos o a firmar pactos, lo que pasa mucho en las épocas de campaña. Un caso típico es el bono de la merluza, ya que algunos les ofrecen a los pescadores el bono de la merluza y con ello aseguran los votos. Esa mala praxis se debe terminar.

Finalmente, hay que potenciar la participación de las mujeres en las zonas pesqueras. Hoy vemos cómo, de manera deplorable, algunas fileteadoras siguen trabajando en condiciones precarias en las distintas caletas. No obstante, no hay proyectos que tengan por objeto potenciar la ayuda directa a las mujeres pescadoras y a las fileteadoras, que hacen una gran labor.

El borde costero no incluye solo la actividad de la pesca, sino también el turismo, que desafortunadamente no se ha potenciado en la Región del Maule. No basta con la entrega de recursos, como bonos de pesca a pescadores y a extractores, ya que las costas, sobre todo las del Maule, necesitan mucho más que eso.

Para terminar, deseo mencionar que en esta materia hay una problemática con el Sernapesca. Desafortunadamente, falta personal para las fiscalizaciones y falta mayor transparencia, sobre todo para la entrega de recursos. Incluso, falta mayor transparencia en la asignación establecida en la ley de caletas respecto de determinadas zonas de manejo para ciertos sindicatos.

Señor Presidente, por su intermedio, le pido al ministro que haga una férrea fiscalización del Sernapesca, porque aquí algo huele mal, y no es el pescado.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario de Pesca, señor Julio Salas .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, este proyecto de ley fue ampliamente discutido en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos tanto durante el año pasado como al inicio de este, cuyo texto avanza en la regulación de una área productiva y económica de nuestro país que muchas veces es mirada en menos o a la que no se le da la importancia o el realce que merece.

Sin embargo, quiero plantear dos situaciones que nos preocupan.

En primer lugar, respecto de la regulación del barreteo, hay que recordar que en la zona norte, particularmente en la Región de Tarapacá, la extracción de algas pardas o del huiro es una actividad que genera varios problemas, como su carácter ilegal, porque quienes la realizan no tienen los permisos correspondientes, y una fiscalización muy deficitaria.

Al respecto, muchas veces se fiscaliza a quienes cuentan con el permiso respectivo, pero no a quienes no lo poseen. Además, se omite algo que es de toda lógica, como es la fiscalización que se debe efectuar a la entidad que compra las algas pardas, factor que es determinante para evitar su extracción indiscriminada.

Esperamos que tras el despacho de esta iniciativa la Subsecretaría de Pesca dicte con rapidez el reglamento que regula el barreteo, cuya aplicación debe ser rápida y eficaz. Además, quiero reiterar que se debe mejorar la fiscalización.

Por otra parte, quiero referirme a un aspecto que va de la mano con la discusión que esperamos tener prontamente respecto de la nueva ley de pesca cuyo proyecto será ingresado a tramitación legislativa. ¿Por qué? Porque, actualmente, de nada nos sirve resguardar los recursos bentónicos si no existe una fiscalización clara y una nueva clasificación respecto de lo que entendemos por pescadores artesanales y pescadores industriales.

Por ejemplo, en la caleta San Marcos , en la Región de Tarapacá, los pescadores artesanales, pero con capacidad industrial, están utilizando el cerco dentro de la milla, lo que provocará la desaparición de los recursos bentónicos en esa zona.

Eso requiere una regularización rápida, con el objeto de retirar la manufactura industrializada de esas zonas para quienes realizan esas labores, no solo en el caso de las algas, sino también en el de otros recursos bentónicos, con el objeto de que quienes llevan a cabo esa actividad de manera artesanal puedan seguir haciéndolo y no pierdan sus fuentes de ingresos.

La ley de pesca vigente nació en el marco de la corrupción y hasta ahora no ha sido modificada, pero esperamos que dentro de este ejercicio parlamentario podamos cambiarla.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, no cabe duda de las buenas intenciones contenidas en este proyecto y de lo fundamental que es avanzar en varias materia que están contenidas en esta iniciativa, pero solicito al subsecretario de Pesca -por su intermedio, señor Presidente que nos aclare cuál es el tratamiento que está considerando implementar el gobierno respecto de las zonas contiguas. Si bien aparentemente estaría acotado a las regiones de Los Lagos y de Aysén, la lógica de que el que depreda sus recursos inmediatamente puede ir a depredar recursos a la región contigua se podría replicar por todo el país y ello haría que la gran industria pesquera termine depredando los recursos bentónicos en las costas de Chile.

Aquello no me termina de quedar claro, de manera que agradezco la presencia del subsecretario de Pesca, ya que nos podrá ilustrar qué es lo que está pensando el gobierno para abordar de manera más frontal esta situación.

Veo difícil que el subsecretario pueda responder, razón por la cual dejo hasta aquí mi intervención.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al señor subsecretario si se puede sacar la mascarilla, para que los pescadores de Chile lo conozcan.

Este es un proyecto invasor. Para las regiones, prácticamente es como la lucha de David contra Goliat.

Luego de escuchar las intervenciones de varios diputados y diputadas de diferentes regiones de Chile, quiero señalar que es obvio que este proyecto no favorecerá a los pescadores artesanales, sino a las flotas semiindustriales, situación que el Ministerio de Economía y el gobierno deben tener muy clara.

En la Región de Aysén por años hemos sido invadidos por flotas semiindustriales; estoy hablando de lanchas de 18 metros de eslora y con tecnología de punta. Hace tan solo un par de meses el señor que está ahí -por su intermedio, señor Presidente-, el señor subsecretario de Pesca, que está con la mascarilla puesta, autorizó que se extraigan más de 300 toneladas de erizos de la Región de Aysén en forma ilegal e irregular. ¡Fue un robo, sin lugar a dudas! Pero como nuestra región es pequeña, como no da la cantidad de votos que otras regiones, se regularizó ese robo hecho contra nosotros.

Esta iniciativa permite la extracción de luga, erizos y almejas; pero, como se dice en buen chileno, esa es la teoría de la “puntita”, porque después van a seguir con otras especies de nuestra región.

Si este proyecto se somete a nuestra consideración sin la votación separada que se solicitó, vamos a ser víctimas de la sobreexplotación, se van a dañar los bancos naturales, las áreas protegidas.

Sin lugar a dudas -repito-, este es un proyecto invasor y destructivo. Chile es un solo país, unitario; sin embargo, las regiones también deben proteger sus recursos.

Por lo tanto, señalo a la mayoría de los diputados y diputadas de regiones que ya se pidió votación separada de los literales b) y c) del numeral 13) del artículo 1°. El primero de ellos señala: “Sin perjuicio de lo anterior…”.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al subsecretario de Pesca y Acuicultura, quien nos acompaña en esta sesión.

Por supuesto, me sumo a lo señalado por algunos colegas parlamentarios respecto de este proyecto, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos.

Lo primero que quiero decir es que la comisión entiende de manera transversal que es necesario regular la extracción de los recursos bentónicos, por supuesto, resguardarlos y cuidarlos, y que esto se debe ceñir estrictamente al plan de manejo de cada una de las regiones. Por lo tanto, valoro en general esta iniciativa.

Asimismo, señalo que vamos a aprobar el proyecto prácticamente en su totalidad, pero, por cierto, hay que ser muy claros y cuidadosos -pido eso a mis colegasrespecto de lo que algunos representantes de regiones pesqueras, que son bastante importantes en Chile, quieren incorporar en la futura ley.

Particularmente, hemos pedido votación separada de las letras b) y c) del número 13 del artículo 1° del proyecto -a través de ellas se modifica el artículo 50 de la ley vigente-, porque ahí se señala y se abre un precedente peligroso para todas las regiones: se permite la extracción de recursos bentónicos de una región a otra contigua, lo que va en contra incluso de la propia ley, porque ella habla de la regionalización de los recursos. Leo estrictamente:

“Podrán establecerse operaciones de las flotas bentónicas en dos o más regiones, las que se sujetarán en su ejercicio a la forma y condiciones que se establezcan en el Comité de Manejo conformado por las regiones en que se desarrollan las operaciones.”.

En definitiva, estamos abriendo un precedente de pesquería de una región a otra. ¿Por qué debemos permitir que regiones más grandes, poderosas que ya extrajeron todos sus recursos bentónicos -hoy son recursos bentónicos, mañana será merluza y después otro recurso-, los cuales se les acabaron porque no fueron capaces de cuidar su pesquería, vayan a pescar a las zonas contiguas?

Eso es lo que queremos evitar, y por esa razón hoy pedimos a esta honorable Sala que se sume y se pronuncie negativamente en la votación separada que señalé, a fin de que esta iniciativa sobre recursos bentónicos quede armónica con la ley vigente.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que impulsa y regula la actividad de buzos, algueros y recolectores, es una excelente oportunidad para regular esta importante actividad económica, que significa una enorme fuerza de trabajo en mi Región de Aysén y en el resto del país.

Hoy, Chile no cuenta con una ley que regule la actividad bentónica, que representa una enorme contribución para la pesca artesanal, poniendo en contexto que se trata de una actividad económica que permite el sustento para cientos de familias de las distintas caletas de Aysén, tales como Melinka, Puerto Aysén, Puerto Gala, Raúl Marín Balmaceda , entre otras. Espero que no perdamos la oportunidad de legislar sobre esta tan importante actividad económica para nuestro país y que aprobemos el proyecto por unanimidad.

No obstante lo anterior, este proyecto modifica el artículo 50 de la Ley de Pesca y Acuicultura con contenidos totalmente perjudiciales para nuestra Región de Aysén, pues permitirá que pescadores de la Región de Los Lagos puedan extraer tres recursos bentónicos en nuestro mar. Los que están a favor de ello señalan que no se extraerán todos los recursos de mi región, y “que se fiscalice”. ¿De qué fiscalización vamos a hablar si el Sernapesca no cuenta ni siquiera con una lancha para cubrir esa gran extensión de mar?

Ahora bien, si se encuentran embarcaciones con pesca ilegal, se les multará. Créanme que esa multa es tan pequeña en relación con el negocio que están haciendo que la incorporarán a sus costos de producción.

Entonces, preocupémonos efectivamente de la extracción sustentable del recurso, no de permitir que exista esta depredación de nuestro mar.

Por lo tanto, llamo a mis colegas a rechazar dicha parte del proyecto, respecto de la cual junto con diputados de Aysén pedimos votación separada, ya que representa una amenaza para nuestros pescadores artesanales y, ¡ojo!, da una base para que se convierta en un problema a futuro para el país, dejando abierta la posibilidad de que se formen más zonas contiguas a nivel nacional.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, la Región de Coquimbo, que represento, posee una larga tradición en materia de extracción y recolección de recursos bentónicos. Desde la extracción de la macha, pasando por algueras y algueros de las playas de Coquimbo, hablamos de una serie de actividades vinculadas con los recursos bentónicos, que son aquellos que realizan parte preponderante de su ciclo vital en asociación directa con un sustrato.

Es por ello que, sin duda, consideramos una gran noticia este proyecto de ley, principalmente porque viene a establecer un régimen específico en relación con este tipo de recursos, los cuales hasta hoy poseen una regulación similar a la de los peces.

Esta iniciativa reconoce, entre otras cosas, las herramientas utilizadas para la extracción de tales recursos, la forma en que se recolectan; brinda herramientas para proteger los ecosistemas marinos y, además, especifica la forma en que dicha extracción no pondrá en riesgo la riqueza que como país y como región tenemos en recursos bentónicos.

Asimismo, valoramos enormemente el enfoque de género que posee esta normativa al reconocer las actividades realizadas no solo en la forma, sino también por quienes son realizadas, y aquí cito como ejemplo la tremenda labor que realizan las mujeres recolectoras de orilla.

Sin duda, de forma paralela, debemos avanzar en protección en términos laborales, previsionales y de salud para tantas mujeres del país que se encuentran en situación de desprotección en este rubro y en esta materia.

Aprobaremos este proyecto sabiendo que además tenemos desafíos enormes, como contar con una nueva ley de pesca. Nuestro país debe proteger sus recursos y a quienes por generaciones han trabajado con el mar y sus productos. Es parte de nuestro patrimonio y es un deber del Estado proteger nuestras costas, nuestros ecosistemas y también a quienes trabajan en ellos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, sin perjuicio de todas las materias que trata este proyecto, es mi deber referirme a la regulación por ley de la zona contigua entre las regiones de Aysén y de Los Lagos.

En cuanto a la denominada zona contigua para la extracción de los recursos erizo, luga y almeja en la Región de Aysén, la norma aprobada en comisión señala que “…considerará las unidades extractivas de recursos bentónicos de la Región de Los Lagos conforme el plan de manejo que se establezca para ambas regiones.”. Estoy hablando de Los Lagos y Aysén , y eso hay que dejarlo claro, porque algunos, de forma mañosa, hablan de otras regiones, y eso es falso.

¿Por qué se habla de zona contigua regulada por ley? Porque durante años ha existido desplazamiento de habitantes entre la isla de Chiloé, sus alrededores y el archipiélago de las Guaitecas. Por tanto, la zona contigua tiene vínculos históricos, sociales, laborales y culturales, y constituye una instancia de conformación distinta a las otras administraciones pesqueras del país.

No se puede borrar la historia pesquera ancestral que une a la Región de Los Lagos con Aysén, ni tampoco podemos olvidar que la zona contigua implica que por años Los Lagos ha entregado importantes recursos económicos a la Región de Aysén. A modo de ejemplo, entre 2007 y 2016, se transfirieron a la Región de Aysén, por parte de la Región de Los Lagos, 5.600 millones de pesos; en los años 2021 y 2022, 1.600 millones de pesos, y en estos días se firmó el último acuerdo de zonas contiguas, para los años 2023 y 2024, por 2.000 millones de pesos. Todo votado y ratificado por el 66 por ciento de los buzos de la Región de Aysén.

¡Aquí está el documento, ratificado por los mismos pescadores de Aysén!

En la Región de Aysén hay algunos que se han acostumbrado a utilizar el discurso de la victimización y a oponerse a regular por ley las zonas contiguas. ¿Por qué lo hacen? Porque están acostumbrados al negocio de no tener actividad pesquera, no ejercer su trabajo y recibir beneficios millonarios de la Región de Los Lagos.

Esto se debe regular por ley para terminar con esta situación. Hay que transparentar y establecer un plan de manejo para ambas regiones, con el fin de que ambas se puedan beneficiar y se proteja el recurso.

Reitero: la única fórmula es regularlo por ley.

En los pocos segundos que me quedan para intervenir, y, a pesar de que me quieren interrumpir, quiero reiterar la necesidad de regular por ley la situación, transparentarla y proteger los recursos, lo cual permitirá terminar con los conflictos sociales que se producen entre ambas regiones.

Por eso, llamo a esta honorable Sala a votar a favor este proyecto, tal como fue aprobado en la Comisión de Pesca y Acuicultura.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, hoy me saludaron porque cumplí 55 años de edad. Mi primer trabajo, a los 21 años, fue de conductor, de chofer de una pesquera en Chiloé, en la comuna de Chonchi. Sus buques arrastreros y buques espineleros, en los años 80 del siglo pasado, sin ninguna regulación, extraían a destajo los recursos naturales de nuestros mares.

Vengo a apelar por los pescadores artesanales de mi región, de mi querido archipiélago de Chiloé, de la provincia de Palena, pescadores artesanales que por más de veinte años han estado trabajando entre las dos regiones: la Región de Aysén y la Región de Los Lagos.

No viajo desde Chiloé hasta el Congreso Nacional para pelear con mis pares, con los parlamentarios de la Región de Aysén. ¡No! Es aquí donde debemos ponernos de acuerdo para ayudar a esa gente que se moja los zapatos y pasa toda su vida mojada sacando productos del mar en nuestras regiones. Yo no vengo a pelear con el diputado René Alinco , con el diputado Miguel Ángel Calisto y con la diputada Marcia Raphael , sino que vengo a ponerme de acuerdo con ellos. Aquí está el subsecretario, quien presentó indicaciones para que esto se regule.

Por mucho tiempo los pescadores de ambas regiones han estado extrayendo el erizo, la luga roja y la almeja, porque viven de esos recursos. Tenemos familias comunes entre la Región de Los Lagos y la Región de Aysén.

Insisto: no vengo a pelear ni a convertir esto en un inconveniente para que los pescadores sigan extrayendo esos productos, sino que solo buscamos regularizar.

El primer plan de manejo de recursos del erizo de zonas contiguas entre Los Lagos y Aysén data del año 2005. Desde entonces se han puesto de acuerdo estas dos regiones, y van a seguir trabajando en común.

Por eso, apelo a la conciencia de la gente, por los pescadores artesanales de mi territorio, especialmente de Chiloé, y de la Región de Aysén, para tener una regulación como corresponde.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley de los que tenemos que analizar con detenimiento. ¿Por qué? Porque lo que se busca es regular para resguardar, para proteger y para permitir una extracción sustentable y sostenible a lo largo del tiempo.

En este caso, se trata de una regulación diferenciada del sector bentónico, que son los recursos que los pescadores artesanales extraen desde nuestras costas, recursos naturales que debemos cuidar mucho, porque son muchas las familias e incluso pueblos enteros que viven de su extracción.

Ahora bien, todo intento de hacer que estos recursos sean extraídos en regiones diversas ha generado conflictos, como hemos podido ver en esta Sala. Considero que es legítimo que resguardemos estos recursos. Somos todos chilenos y todos queremos lo mejor para nuestro país y, en este caso, para una actividad como la relacionada con la extracción artesanal. Está muy bien la regulación, el tener normas que nos den seguridad a todos.

Sin embargo, debemos tener cuidado con aquellos artículos que permitirían realizar extracciones en regiones distintas. El principio que subyace detrás de eso es poder ir a otra región, porque aquí se nos genera un círculo vicioso. Hay regiones en las cuales la actividad es menor, donde hay menos inversión, menos botes, menos buzos, menos equipamiento, porque las cuotas que tienen o la posibilidad que han tenido de extraer son menores. Entonces, es un círculo vicioso.

Si nosotros logramos que las cuotas pertinentes o la posibilidad de extracción también estén concentradas en esas regiones donde aún hay recursos, podrán ser extraídos por los pescadores de las mismas localidades. Así, ellos podrán realizar esta actividad sin ningún problema. El conflicto está ahí, en la posibilidad de poder cruzar a otras regiones. Es eso lo que tenemos que regular.

¿Por qué hay pocos botes? Porque la extracción se la está llevando a veces otra región, y, claramente, la industria que está detrás de esta actividad artesanal también disminuye. Tenemos que velar por nuestros pescadores artesanales y resguardarlos. En eso, entiendo, hemos estado ocupados durante estos últimos años. La idea es evitar la pesca industrial, que depreda e impide la actividad local.

Por lo tanto, votaré a favor de que haya regulación, pero no estoy dispuesto a votar a favor de que se permita cruzar a otras regiones y extraer sus recursos. Si queremos fomentar el desarrollo de las regiones, debemos permitir que cada región también se pueda desarrollar con los recursos que tiene en sus costas, porque en algunos casos quienes los extraen vienen de otros lugares. Es eso lo que debemos regular.

Entonces, la industria tendrá que trasladarse desde las regiones más grandes a las regiones donde hay recursos, pero no hay una industria, con el fin de establecerse ahí y pasar a ser vecinos, para que esta bendición de la naturaleza les llegue efectivamente a todos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que, sin duda, es necesario para avanzar en una mejor regulación para este sector. Hay bastante transversalidad -un 99 por ciento respecto de lo que regula esta iniciativa.

Todos sabemos que nuestra regulación en materia de recursos bentónicos y de otros, está organizada a base de la regionalización de los recursos. Así ha sido todo este tiempo, así está organizada la ley. Por eso, encuentro complejo que, a través de indicaciones, que pueden ser muy legítimas y que representan el sentir de otras regiones, se quiera pasar por alto o se quiera, a base de solo dos modificaciones al artículo 50, cambiar toda la estructura que regula esta ley. Lo encuentro complejo, porque se requerirían modificaciones estructurales, conversación, participación ciudadana, escuchar a los pescadores artesanales de las distintas regiones afectadas.

Por eso, como representante de la Región de Magallanes, creo que no corresponde hacerlo a través de indicaciones que no fueron discutidas. Es una opinión compartida con los diputados Carlos Bianchi y Christian Matheson , quien pidió votación separada de estos dos incisos. Si se quiere realizar una modificación como esta, debe ser una modificación profunda, donde la pesca artesanal de todas las regiones sea escuchada, lo que no ocurrió en la discusión de este proyecto de ley.

Por eso, vamos a votar en contra esos dos incisos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, correspondiente al boletín N° 10456-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Cosme Mellado , quien, además, preside dicha instancia.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 3ª de la legislatura 366ª, en jueves 15 de marzo de 2018.

Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 38ª de la presente legislatura, en lunes 5 de junio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MELLADO, don Cosme (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción del entonces senador Alejandro Navarro , con urgencia calificada de suma, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias

I. Idea matriz o fundamental del proyecto

Modificar la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para reemplazar la sanción penal de presidio, las accesorias de multa de 5 a 300 UTM y de comiso de los equipos e instalaciones por la operación o explotación de servicios o instalaciones de telecomunicaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, por una falta de carácter administrativo, consistente en una multa de 1 a 50 UTM.

II. Síntesis del debate que hubo durante la discusión general y particular

Se estimó del todo apropiado incorporar un nuevo artículo 36 C en la ley del rubro, mediante el cual se crea una infracción administrativa referida al particular. En efecto, se establece que comete falta el que opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que, en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones, concluyendo con la fijación de una multa de 1 a 50 UTM, en estos casos.

Por otra parte, se explicó que la iniciativa responde al cumplimiento de los estándares internacionales referentes a la libertad de expresión y, además, a un compromiso asumido por el Estado de Chile en Ginebra, en 2013, consistente en el establecimiento de un plan de radiodifusión comunitaria, cuestión que hasta la fecha no se ha materializado. La materia es tratada en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín N° 8034-15), iniciativa cuya tramitación se encuentra paralizada en el Senado desde inicios de 2014.

De ahí que la moción en examen pretende reemplazar la sanción penal de presidio, las accesorias de multa de 5 a 300 UTM y de comiso de los equipos e instalaciones por la operación o explotación de servicios o instalaciones de telecomunicaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, por una falta de carácter administrativo, consistente en una multa de 1 a 50 UTM.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Fernando Bórquez , Mauro González , Cosme Mellado , Mauricio Ojeda y Jaime Sáez . En contra lo hizo el diputado señor Juan Irarrázaval . Se abstuvo la diputada señorita Emilia Nuyado .

Durante la discusión particular del proyecto en informe se aprobó la derogación del artículo 36 B de la ley, que consideraba, además de la pena de tipo corporal y la sanción pecuniaria, el comiso de las especies.

Votaron a favor la diputada señorita Emilia Nuyado y los diputados señores Fernando Bórquez , Félix Bugueño , Mauro González y quien habla, Cosme Mellado . En contra lo hizo el diputado señor Mauricio Ojeda . Se abstuvieron los diputados señores Felipe Camaño y Juan Antonio Coloma .

Sobre la modificación de lo preceptuado en el artículo 36 C de la ley, se aprobaron las siguientes indicaciones que perfeccionaron su contenido:

Indicación del Ejecutivo

Se alude ahora a instalaciones de radiodifusión o de radioemisoras comunitarias ciudadanas de libre recepción. Se precisa que la misma sanción será aplicable al que permita la operación o explotación de tales servicios en un inmueble, vehículo, embarcación u otro medio de transporte que sea de su propiedad o respecto del cual se encuentre en posesión o tenencia a cualquier título; o al que facilite, para tales efectos, el lugar donde ejerza su profesión, oficio o actividad. Se suprime la figura del comiso de los equipos e instalaciones utilizados en la perpetración de la ahora falta de carácter administrativo.

Votaron a favor la diputada señorita Emilia Nuyado y los diputados señores Fernando Bórquez , Félix Bugueño, Juan Antonio Coloma , Jaime Mulet , Jaime Sáez y quien habla, Cosme Mellado . En contra lo hicieron los diputados señores Juan Irarrázaval y Mauricio Ojeda . Se abstuvo el diputado señor Felipe Camaño .

Indicación de la diputada Emilia Nuyado

Preceptúa que lo dispuesto en los incisos anteriores, esto es, la sanción de tipo pecuniaria, no procederá en caso de las estaciones que operen bandas locales y comunitarias emplazadas en zonas aisladas.

Votaron a favor la diputada señorita Emilia Nuyado y los diputados señores Fernando Bórquez , Félix Bugueño, Juan Antonio Coloma , Jaime Sáez y quien habla, Cosme Mellado . En contra lo hizo el diputado señor Juan Irarrázaval . Se abstuvo el diputado señor Mauricio Ojeda .

Este número, con las indicaciones, fue aprobado por mayoría de votos.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

El inciso tercero del artículo 36 C, incorporado por el número 2) del artículo único, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de Chile.

Se hace presente que la comisión del honorable Senado, mediante oficio Nº 41/TT/17, de 10 de octubre de 2017, solicitó el parecer de la excelentísima Corte Suprema.

Trámite de la Comisión de Hacienda

No requiere.

Indicaciones declaradas inadmisibles

No hay.

Incisos no sometidos a votación según el artículo 296 del Reglamento

Por último, debo informar que no se sometió a votación todo lo concerniente a la figura del comiso, por ser contrario con lo ya aprobado por la comisión durante el trámite de discusión particular.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señor Presidente, el inciso segundo del artículo 14 del Reglamento señala: “Los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales serán puestos en conocimiento de la Corte Suprema, de conformidad con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Si al proyecto se le hubiere hecho presente la urgencia, se comunicará esta circunstancia en el mismo oficio.”.

Esto fue llevado a cabo respecto de este proyecto, pero no se ha recibido la respuesta de la Corte Suprema.

Por lo tanto, estimo que este proyecto no está en condiciones de ser votado hoy, porque, a pesar de que en la comisión votamos en contra algunos proyectos por falta de información de la Corte Suprema, este proyecto en sí cambia atribuciones de los tribunales.

A pesar de que ahora se rindió el informe, no deberíamos comenzar su discusión, para no perder el tiempo y ver otros proyectos que sí están en condiciones de ser votados.

Por lo tanto, sugiero a la Mesa postergar la votación de este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, esto tiene que ver con un tema de aplicación práctica. Por ejemplo, si la respuesta de la Corte Suprema llegara en el último trámite constitucional, más allá del contenido de este proyecto y de cualquier proyecto, y diera serias y fundadas razones por las cuales hubiese que modificar prácticamente todo el proyecto o gran parte del proyecto, ya no se podría hacer de la misma manera. Es decir, existe una lógica por la cual se le hace la consulta a la Corte Suprema, para trabajar el proyecto sobre la base de una opinión fundada.

He dicho.

La señorita BRAVO ( doña Marta) .-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto bajar la pena de quien opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión o de radioemisoras comunitarias ciudadanas de libre recepción sin autorización.

Si bien esto constituye una vulneración al derecho de autor de quienes sí están facultados para transmitir señales y además flagela la calidad de la transmisión legal, es evidente que la pena asociada a esta conducta es desproporcionada. Me parece indispensable que este tipo de comportamientos sea sancionado con multas, pero es innegable que la privación de libertad es severa, teniendo en cuenta la peligrosidad de la conducta.

Creo que una multa fluctuante entre 1 y 50 UTM es lo suficientemente disuasiva. Es necesario que esta materia sea abordada desde otras perspectivas, más allá del ilícito que constituye, pues se trata de un tema sumamente técnico.

Voy a apoyar esta iniciativa, pues creo que como diputados debemos ser conscientes de la proporción de las penas asociadas a ciertas conductas. Eso es algo que debiera revisarse de manera constante, especialmente si nos encontramos alejados de las recomendaciones internacionales.

He dicho.

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, el derecho a la libertad de expresión y de opinión contempla, por una parte, el derecho que tenemos todas las personas a expresar libremente nuestras opiniones y nuestras ideas, y, por otra parte, el derecho a difundir información.

En nuestro país, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Constitución vigente y además está ampliamente reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado de Chile, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Porque cuando se restringe la libertad de expresión, ya sea de manera ilegal o arbitraria, no solo se vulnera el derecho de la persona, sino que también el derecho de la sociedad a recibir información o ideas, siempre, señor Presidente y estimados parlamentarios y parlamentarias, que esto no afecte los derechos de otras personas, que puedan ser, además, protegidos a través de las responsabilidades que mencioné.

Quienes conocemos la realidad de las poblaciones o de las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, sabemos que las radios comunitarias son el único medio de comunicación que tienen los vecinos y las vecinas para mantenerse informados.

Por eso este proyecto es positivo, ya que no habría sanciones para las estaciones que operen en bandas locales y comunitarias y que estén emplazadas principalmente en zonas aisladas. Esta es una gran noticia para las comunidades rurales y para quienes ejercen el rol de comunicar en estos territorios, que a veces tienen muy poco reconocimiento social.

Recuerdo muchos casos de radios comunitarias rurales que sufrieron el decomiso de los equipos por denuncias de uso de bandas, situaciones dañinas a quienes sostenían estas emisoras sociales y a la propia comunidad, lo que los llevaba a trabajar con miedo a la persecución, a perder el equipamiento y a las multas, a pagar recursos que no tienen, porque son recursos inexistentes. Y todo eso, con esta nueva regulación, no debería suceder.

De ahí que esta modificación de la pena para la radiodifusión no autorizada cobre importancia, ya que se funda en la necesidad de garantizar la libertad de expresión y de difusión en todas sus manifestaciones, protegiendo un derecho tan esencial como es el acceso a la información por parte de las personas que convivimos en una nación.

Por eso, esta iniciativa de ley, con las medidas del gobierno, va a permitir, además, liberar espectro, concesionar más estaciones de radio y trabajar en un sistema de medios que dé garantías de pluralismo y de participación ciudadana.

En tal virtud, apoyamos este proyecto, más allá de los ripios que se han instalado o que se quieren instalar respecto de ampliar la participación medial de las comunidades y de quienes constituyen estos medios comunitarios, tanto de zonas rezagadas, como de poblaciones que no tienen la condición para hacer un medio tradicional o que no tienen la concesión del espectro.

Creemos que estas iniciativas van en ese sentido, de acuerdo con los más altos estándares de comunicación, y es hacia allá donde tenemos que apuntar y no poner ningún tipo de fantasma ni tampoco asustar a la ciudadanía a través de la desinformación. Las políticas de comunicación deben ir en este sentido y no lo contrario, porque a veces, de manera maliciosa, confunden el debate de hablar de pluralismo y democracia con otro tipo de elementos que no dicen relación, precisamente, con las políticas en esta materia desde el ámbito internacional, pero también desde la academia y de quienes realizan el trabajo de las comunicaciones en el día a día.

Vamos a apoyar esta moción.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, es bueno hacer un homenaje a todos los radiodifusores comunales, quienes entregan información y ayuda a la comunidad en las distintas comunas de nuestro país.

El proyecto busca eliminar la actual sanción penal de presidio en su grado mínimo a medio -61 días a 3 años y el comiso de los equipos e instalaciones utilizados en la comisión del ilícito de radiodifusión no autorizada, por estimarse que es desproporcionado otorgar a este delito una pena privativa de libertad. Sin embargo, mantiene la pena de multa como sanción administrativa, pero rebajada, pues, de 5 a 300 UTM, pasa a ser de 1 a 50 UTM.

El tema en cuestión es si es proporcional sancionar con una pena privativa de libertad, pese a que la Archi señaló, en su momento, que no existen personas detenidas por este tipo de conductas ni que hayan pagado multas tan altas.

Ante ello, creemos que el proyecto va en la línea correcta, ya que consideramos que la privación de la libertad es una pena excesiva.

Se busca, entonces, descriminalizar la conducta, por considerar que su persecución penal es exagerada y que se aleja de los estándares del derecho internacional, dejándola con una multa administrativa. Se mantiene la multa como sanción administrativa, fijándola, una vez rebajada, de 1 a 50 UTM, sin llegar al extremo de bajarla a 3 UTM, como pretendía el proyecto original, lo que creemos que es un gran avance.

Finalmente, se establece que serán competencia de los juzgados de policía local las denuncias de estas infracciones. A propósito, en la comisión se señaló que las denuncias en los últimos doce meses habían sido solo cuatro, por lo que esto no generaría un atochamiento para los juzgados de policía local, lo que nos parece razonable.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, la libertad de opinión y de expresión es uno de los derechos fundamentales más relevantes en la sociedad, que debe ser respetado y promovido en toda circunstancia. Lamentablemente, no siempre ha sido así.

En Chile, sabemos bien lo que significó en su momento la censura, pues la conocimos, tal como hemos conocido el impedimento a la creación y funcionamiento de diversos medios de comunicación, ya sea por trabas burocráticas o por el alto costo involucrado.

Cuando las fuentes de información son limitadas y controladas por los mismos intereses, que generalmente son comerciales, nos llevan a pensar de una manera uniforme y muchas veces tendenciosa.

Por otra parte, a menudo, los medios de alcance nacional dan informaciones que solo preocupan a los habitantes de Santiago. De este modo, se evidencia un centralismo que, a veces, es asfixiante y que se sufre en todo el país, sobre todo en las regiones.

Así, a veces sucede que en Ancud se tienen que enterar de los tacos que hay en avenida Providencia, o de un semáforo que está funcionado mal en Macul con Irarrázaval. Poco le importa a la gente de Ancud esa información y, sin duda, está mucho mejor informada a través de las ondas de las radios comunitarias, de las radios locales de su propia zona.

Las radios comunitarias cumplen una función que ningún medio comercial de alcance nacional puede cumplir: vincular a las comunidades locales e informar respecto de situaciones que importan a esa comunidad, que no son difundidas por los medios de comunicación de alcance nacional. Así, la única salida es democratizar las comunicaciones, porque la información no puede depender del poder económico.

Este proyecto de ley viene a entregar algo más de justicia a un derecho que en Chile es una pantomima, al configurar ahora el delito de radiodifusión no autorizada como falta; es decir, deja de ser delito y pasa a ser falta. Este es un paso mínimo para democratizar la información.

Pero no nos contentemos solo con eso, porque aún estamos persiguiendo la libertad de información como falta. Debemos avanzar hacia la libertad total de medios para informar a las comunidades. La única forma de democratizar las comunicaciones es que todo actor, sin importar los recursos que tenga y menos la opinión que quieran manifestar, pueda tener un medio de comunicación que lo vincule con la comunidad local.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a Emilio Vargas , quien hoy nos acompaña desde las tribunas, un joven director de la Radio Tres Puntos, de Peñalolén, que, a mi juicio, representa muy bien el esfuerzo y la dedicación de quienes creen profundamente en la necesidad de contar con medios de comunicación comunitarios.

Chile da un paso civilizatorio al no perseguir como delito la libertad de información; por eso, votaremos favorablemente este proyecto y ojalá tengamos la unanimidad en esta Sala para su aprobación.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín N° 15044-12).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Félix González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 30ª de la legislatura 370ª, en lunes 6 de junio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 119ª de la legislatura 370ª, en martes 17 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen.

El proyecto se inició en moción de las diputadas y diputados Félix González , Mónica Arce , Daniella Cicardini , Viviana Delgado , Pamela Jiles , Daniel Melo , Camila Musante y Marisela Santibáñez .

Su idea matriz o fundamental es prevenir, definir y precisar el concepto de ecoblanqueo o lavado verde de imagen, conocido también como “greenwashing”, y regular una plataforma permanente de información ambiental de las empresas, con la finalidad de dotar con mayores herramientas para la fiscalización y la sanción adecuada a quienes incumplan la normativa. Para lograr este objetivo, la iniciativa legal consta de once artículos permanentes y una disposición transitoria.

Normas de carácter orgánico constitucional

Tiene el carácter de norma orgánica constitucional el artículo 11, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Mediante tal norma se introduce una modificación en la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 307, de 1978, del Ministerio de Justicia. Se incorpora un numeral 16, nuevo, en la letra c) de su artículo 13, mediante el cual se entrega una nueva competencia a dichos tribunales.

Fundamentos del proyecto de ley contenidos en la moción

Esta iniciativa legal señala en su exposición de motivos que la mala práctica en publicidad medioambiental se conoce como “lavado verde de imagen”, “ecolavado” o, en inglés, “greenwashing”. En muchas ocasiones se ha evidenciado la incoherencia entre las prácticas y lo que se publicita. Se define el concepto como “entrega de información falsa o insuficiente por parte de una organización para presentar su imagen pública como responsable ambientalmente.”.

El greenwashing es una estrategia publicitaria que no se condice con el proceso productivo de la empresa, que no tiene mejora significativa en el medio ambiente y que solo busca reportar réditos comerciales, sin alterar su proceso productivo. En palabras de la Comisión Europea, se da “la práctica por la cual las compañías dicen hacer más por el medio ambiente de lo que realmente hacen”. En 2010, la agencia de publicidad ambiental Terrachoice, al amparo de la empresa certificadora Underwriters Laboratories de Canadá, lo definió como “confundir a los consumidores respecto de las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio”, y publicó siete formas para reconocerlo.

En 2020 fueron sistematizadas, traducidas y contextualizadas a nuestro país por la Fundación Basura, a modo de alertar a la población, las siguientes prácticas del greenwashing:

1. Utilizar palabras que evocan una imagen amigable con el medio ambiente, como “sustentable”, “biodegradable”, “natural”, “orgánico”, “eco/ecológico”, “verde”, “bio”, “compostable”, “reciclable” o “amigable”.

2. No poseer ninguna certificación oficial que avale la o las palabras. Solo existe certificación para los términos “bio”, “eco” y “orgánico”, lo mismo que “biodegradable” y “reciclable”; son las únicas que se rigen por una norma.

3. Utilizar afirmaciones confusas, esto es, conceptos ambiguos que no son claros o pueden ser interpretados de diversas maneras. No recurren a fuentes que avalen la afirmación, no ofrecen documentación y/o son cifras sin respaldo ni base de comparación.

4. Hacer uso de afirmaciones exageradas. Refuerzan una característica pequeña ambiental del producto, pero lo vinculan con un impacto más relevante de lo que es. Además, solo muestran una característica, cuando las demás pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

5. Realizar afirmaciones falsas. Por ejemplo, afirman que el envase es ciento por ciento reciclable, cuando el país donde se vende no recibe esos envases. Otro ejemplo es que cuando los envases de plástico están en contacto con aceite, como el de mayonesa, ya no pueden reciclarse. El consumidor debe averiguar qué envases son realmente reciclables en su país y en qué condiciones.

6. Utilizar imágenes sugerentes. Por ejemplo, abusan del color verde o de paisajes naturales, cuando es totalmente irrelevante a la hora de evaluar el proceso completo durante el ciclo de vida del producto.

7. Declaraciones irrelevantes. Por ejemplo, que la marca es la “mejor” de su rubro, la que “menos contamina”, la “más sustentable”, entre otras, cuando, nuevamente, no es relevante si no se transparenta el nivel o magnitud de contaminación e impacto que tiene en el medio ambiente o la salud.

Chile adhirió desde 2015 a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo N° 12 es la Producción y Consumo Responsables. En este objetivo se destacan metas como producción sostenible, evitar desperdicio de alimentos, reducir la generación de desechos, privilegiar productos locales y promover que las empresas realicen informes de sostenibilidad, entre otros. Quién podría estar en desacuerdo con eso.

En Chile existe cierta disposición hacia el consumo éticamente responsable, pero en la práctica hay falta de información comercial para concretarlo. Por ello, es necesario poner a disposición de los ciudadanos la mejor información ambiental posible para ser partícipes del cambio de prácticas de consumo que requiere el cuidado del ecosistema.

En muchas ocasiones, las ambigüedades y malas prácticas de ciertas empresas han sido detectadas por el Sernac, pero la carencia de denuncias conlleva a que no exista un estudio periódico de dicho organismo en relación con el tema, lo que impide distinguir qué empresas están realmente comprometidas con el medio ambiente, lo que genera desconfianza para practicar el consumo responsable.

En cuanto a la regulación comparada, la moción hace mención a varios casos en que este tema es abordado: España, la Comisión Europea de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Colombia y Canadá.

En Chile rige la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor, la cual tiene una estructura que permite al Sernac actuar en estas situaciones, pero para una efectiva prevención y fiscalización le falta precisión conceptual y procedimental con miras a una permanente aplicación, lo cual busca el proyecto de ley en estudio.

Las legislaciones señaladas versan sobre la precisión de conceptos, certificaciones, mediciones y estándares éticos, y en lo institucional apuntan a la coordinación entre los organismos competentes respecto de las políticas ambientales y a la protección de los consumidores, incluyendo también promover instancias para acuerdos empresariales para la autorregulación.

Estructura del proyecto

El texto de la iniciativa legal consta de once artículos permanentes y una disposición transitoria.

Discusión general del proyecto

Expusieron en la comisión los siguientes representantes de instituciones: la directora de la Fundación Basura, señora Macarena Guajardo ; el representante de Acción Consumidores, señor Juan Esteban Cavieres Silva ; la directora de Fashion Revolution, señora Beatriz O´Brien ; la directora de Contenidos de la ONG Ceus Chile, señora Mariana Cruz , y el académico de la Universidad de Chile y abogado José Roa .

En la discusión general, los integrantes de la comisión, junto con estimar valiosa esta iniciativa legal, plantearon que el mundo textil es responsable del 7 por ciento de los gases de efecto invernadero, lo cual es muy alto.

Por otro lado, se comentó que, si bien pareciera que el proyecto de ley solo castiga, la verdad es que una iniciativa de este tipo debe premiar a quienes sí están haciendo esfuerzos para comercializar productos amigables o sustentables.

En general, los diputados y diputadas opinaron que con la aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza se puede ayudar a todos esos emprendimientos y empresas que sí son sustentables, a diferencia de aquellos que tienen muchos recursos y realizan múltiples publicidades con el objeto de aparentar ser limpias, pero que en realidad no lo son.

Hubo consenso en señalar que cualquier idea que vaya en el camino de transparentar la información que recibe la ciudadanía mejora el rendimiento de cualquier mercado.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, luego de recibir las explicaciones de los representantes de las instituciones que intervinieron y que están relacionadas con el tema, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes (11 votos a favor): Jaime Araya , Daniella Cicardini , Eduardo Cornejo , Félix González , Daniel Melo , José Meza , Camila Musante , Francisco Pulgar , Hugo Rey , Jaime Sáez y Marisela Santibáñez .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, esta iniciativa, que sin duda es muy importante, aborda una materia que tiene escasa regulación.

El proyecto en discusión busca prevenir y castigar el llamado ecoblanqueo, es decir, aquella estrategia publicitaria de las empresas cuyo mensaje no se condice con su proceso productivo.

A modo de ejemplo, en la Región de Coquimbo tenemos presente la minería, que es una actividad altamente productiva, de tradición incluso. No obstante, por más que las empresas mineras se esfuercen en financiar campañas para convencer a la gente del bajo impacto socioambiental de esta actividad, aún no existe, en rigor, lo que se denomina minería sustentable, ya que, por definición, esta es una actividad extractivista y depredadora para el medio ambiente.

Casos como ese son varios, pero se genera verdadera desinformación con la propaganda que tanto empresas nacionales como transnacionales realizan para difundir información incompleta, engañosa o derechamente falsa, con el objeto de ocultar el real deterioro ambiental que provocan.

Por lo anterior, es importante regular, de manera estricta, lo que se difunde a la población y su veracidad en las diversas plataformas mediales. Da lo mismo cuáles estas sean, se requiere efectuar una regulación sobre la materia.

Cabe destacar que en el artículo 3 de esta iniciativa se obliga a las empresas a entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa, prohibiéndose a los titulares de los proyectos que se encuentran en evaluación ambiental realizar afirmaciones ambientales al respecto, lo que constituye una mala práctica que se utiliza cada vez que ingresan nuevos proyectos al sistema de evaluación ambiental. Abundan los ejemplos en los que se utiliza mercadotecnia engañosa a través de los medios de comunicación.

Llamamos a votar a favor esta iniciativa, porque reitero que permitirá regular en relación con esa mala práctica en un momento muy importante, en el cual nos vemos enfrentados y enfrentadas a tomar medidas reales respecto de la crisis climática y el cuidado del medio ambiente.

En relación con este tipo de hechos, que es posible realizar por la flexibilidad que tiene hoy la norma medioambiental, la iniciativa en discusión viene, por lo menos, a poner un freno a que se desinforme a las comunidades cuando los procesos productivos sean altamente complejos y a que respecto de proyectos que se encuentran en verde se comience a realizar el ecoblanqueo o el lavado verde de imagen hacia quienes van a estar sujetos en los territorios producto de los emplazamientos que se llevarán a cabo.

En consecuencia, junto con señalar que vamos a votar a favor esta iniciativa, quiero saludar a quienes la presentaron, porque es relevante.

He dicho.

-Aplausos.

-o-

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, hay muchas personas en Chile que tienen la mala costumbre de decir que hacen más de lo que efectivamente hacen, generalmente con el pretexto de trabajar por los intereses de nuestros vecinos y vecinas.

Sin duda, esa es una pésima práctica. Cuando una empresa dice hacer más por el medio ambiente de lo que realmente hace, y utiliza los medios de comunicación masivos para instalar ese intento de verdad, entonces estamos frente a un ecoblanqueo.

Nuestro ecosistema se encuentra hace muchos años bajo el riesgo inminente de colapsar debido a la sobreexplotación que realizamos los humanos y a la contaminación que generamos durante diversos procesos. No obstante, empresas que saben cuáles son las externalidades negativas que pueden generar en sus procesos de producción intentan instalar como una verdad ante la opinión pública que son empresas amigables con el medio ambiente para obtener así réditos comerciales.

Sobre ese hábito, que se ha creado en muchas empresas y que es preocupante, hay escasa regulación en nuestro país. Aunque nos encontramos en un momento tan importante para enfrentar el cambio climático, no hemos sido capaces de regular, de forma estricta, de qué manera se debe difundir a la población las consecuencias ambientales de una actividad. Aquello, sin duda, abre la puerta a que actividades lucrativas se presenten como ecoamigables sin serlo realmente. En eso estamos claros.

Para analizar la importancia de este asunto es importante considerar el contexto actual de las fake news. No hay medio de comunicación en Chile y en el mundo que no tenga el riesgo de verse afectado por una noticia falsa, instalada por algunos grupos de interés que buscan tergiversar la realidad en beneficio propio.

En este caso, hay intereses de tipo nacional, pero también internacional, que pueden difundir información poco clara, que puede confundir a la población o derechamente entregar información falsa.

Esta iniciativa, que fue aprobada en forma unánime en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy parte, viene precisamente a tratar este asunto.

En medio de tanto populismo penal en el que nos encontramos, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados, tenemos la posibilidad de sancionar a quienes están realizando este tipo de acciones sin tomar en cuenta el daño que provocan.

No solamente quienes hoy viven en Chile, sino nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas, incluso si todavía no nacen, tendrían que pagar el costo de nuestra imposibilidad de tomar cartas en el asunto y de hacernos cargo del problema medioambiental y de la información que entregamos al respecto.

El caso de las fake news es un problema que va más allá de este proyecto, pues incluso se utilizan para hacer populismo penal. El hecho de que sea un proyecto de medio ambiente el que trae a colación este tema me parece relevante. Por eso, lo celebro y lo aplaudo.

Me parece fantástico que esta iniciativa haya sido aprobada por unanimidad. Esperamos que lo mismo se repita acá, porque las fake news o el populismo penal no nos conducen sino a una crisis política más grande.

Es tiempo de hablar con la verdad, es tiempo de decir lo que realmente afecta en temas medioambientales a nuestro Chile querido.

He dicho.

-Aplausos.

El señor KAISER.-

Señor Presidente, aquí seguimos con la venta de indulgencias, ¿no es cierto?, porque esa es la nueva religión del cambio climático.

Si yo les digo a ustedes que en la Antártica hoy tenemos más hielo que hace veinte años, no me lo van a creer, pero en el Instituto Antártico Chileno pueden preguntar cuál ha sido la evolución de los polos.

¿Se acuerdan de que el señor Al Gore , no mucho tiempo atrás, decía que en el año 2000 no tendríamos hielo en el Ártico? Bueno, ahí está el hielo en el Ártico y, de hecho, le va el descueve.

En ese entonces mostraban fotos y videos de osos que morían, pero nunca ha habido más osos polares que ahora. Eso es correcto, y también pueden chequearlo; las cifras están.

Por tanto, damas y caballeros, la verdad es que, respecto de todo este tema del cambio climático, lo que sin duda ha cambiado es la billetera de muchos grandes empresarios que se han dedicado al tema del ambientalismo, por lo demás, aliados con la izquierda globalizada, globalizante, corporativa, que recibe sus instrucciones del Foro Económico Mundial y que no hace mucho aparecía en El Mercurio junto con grandes empresas chilenas respaldando también la Agenda 2030, de la cual todos hablan y que no es más que un proyecto político de control económico que viene desde más allá de nuestras fronteras.

Efectivamente, las empresas no deberían indicar una adhesión a un proyecto político, porque eso es, ya que, a estas alturas, podemos decir que de ciencia no tiene mucho.

El 97 por ciento de las emisiones de CO2 es de origen natural; el 3 por ciento restante corresponde a los seres humanos. De ese porcentaje restante, Chile es responsable del 0,3 por ciento. Sin embargo, aquí hemos arruinado a la gente con impuestos verdes y todo tipo de cuestiones. ¿Para qué? ¿Para hacerles más llevadera la vida a los chinos, a los hindúes, a los rusos -por lo demás, se trata de países muy alabados por los de enfrente-, que se pasan por buena parte todo este cuento? Porque eso es: un cuento que permite meter la mano al bolsillo de la gente; un cuento que permite justificar impuestos, establecer restricciones de movilidad, restringir las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos en nombre de esta nueva indulgencia, de este nuevo camino al cielo que nos permitirá financiar un San Pedro en alguna parte. Compremos, entonces, para tranquilidad de nuestras conciencias, a través de impuestos y de todo este tipo de políticas, un futuro mejor para nuestros hijos, aunque, desde el punto de vista científico, no esté confirmado que seamos capaces efectivamente de modificar esto.

Hace poco tiempo, en el Senado de los Estados Unidos se le consultó al encargado del tema del cambio climático -creo que es el Ministerio de Transportes quien se encarga de esa materia cuánto iba a costar la modificación de todo el sistema en ese país. No lo sabía, pero eran trillones de dólares. Asimismo, se le preguntó cuánto serviría para bajar la temperatura del planeta si se modificaba completamente la estructura productiva de los Estados Unidos. Tampoco lo sabía.

Aquí se ha hecho y se hace política industrial desindustrializadora contra los pobres, de la mano de un tema que todavía nadie sabe realmente para qué sirve, cuánto sirve y si es que sirve.

Ahora vienen con este cuento contra las empresas: el greenwashing, etcétera. ¡Perfecto! Estoy de acuerdo con perseguir a las empresas a las que se les ocurre nada mejor que sumarse y subirse a las ruedas de carreta de aquellos que quieren vernos controlados desde el Estado y, en el mejor de los casos, todos nacionalizados.

Pero les voy a decir una cosa también a los caballeros de enfrente. No existe ninguna actividad humana -¡ninguna!-, ninguna cosa que ustedes usen u ocupen que no tenga un impacto ambiental. ¡Ninguna! Lo que comen, lo que respiran, cómo se movilizan, todo tiene impacto ambiental. Y si efectivamente quieren eliminar todo tipo de impacto ambiental, vuelvan a la selva, ahí donde los monitos no necesitan ni industria, ni avances, ni carreteras, ni medios de transporte, ni energía.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señorita Presidenta, nos acaban de decir que volvamos a la selva. Ojalá quedara más selva, porque gracias a empresarios canallas cada vez queda menos selva en Chile, sobre todo selva valdiviana.

A quienes impulsamos proyectos ecológicos también se nos ha dicho que somos el partido de los hípsteres. Es mejor ser del partido de los hípsteres que del partido de los haters.

¡De todas las maneras! Quienes dicen eso son los que niegan la existencia de la crisis climática y defienden a brazo partido a empresas que contaminan, que destruyen los bosques, que ensucian los ríos, que nos tienen con lluvias con microplásticos -hemos llegado a eso: la lluvia tiene microplásticos-, que tienen a una Antártida también con microplásticos. Estamos comiendo microplásticos, porque no nos hemos hecho cargo del medio ambiente.

En este sentido, quiero agradecer a la fundación Basura, que nos llevó este tema a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y nos pidió elaborar un proyecto de ley para prevenir y sancionar el greenwashing.

¿Qué es el greenwashing? Es el lavado verde que hacen las empresas sucias, las que no aportan al cuidado del medio ambiente, pero que se disfrazan de verdes. ¿Por qué se disfrazan de verdes? Porque somos muchas las personas en el mundo que queremos consumir verde, elegir lo que es mejor para la conservación del medio ambiente en lugar de aquello que es destructivo. Esa es la realidad.

Hay mucha mucha gente dispuesta, incluso, a pagar más por productos amigables con el medio ambiente. El problema que tienen esas personas es la dificultad para diferenciar entre las empresas que verdaderamente están haciendo un esfuerzo verde y aquellas que no lo hacen y que simplemente utilizan estas palabras de manera abusiva. Incluso hay empresas que tienen un prontuario ambiental, que han sido sancionadas por los tribunales y que se disfrazan de verdes.

Por eso, les hago el llamado a que voten favorablemente este proyecto, que además fue aprobado por unanimidad en la comisión. Leeré los nombres de los diputados que votaron, para que sus bancadas vean lo que ellos están haciendo: Jaime Araya , Daniella Cicardini , Eduardo Cornejo , Daniel Melo , José Meza , quien tuvo la claridad suficiente para darse cuenta de que este proyecto es bueno, así es que también su bancada debiera reflexionar al respecto; Camila Musante , Francisco Pulgar, Hugo Rey , Jaime Sáez , nuestra querida diputada Marisela Santibáñez y quien habla.

La aprobación de esta iniciativa fue transversal en la Comisión de Medio Ambiente. Tuvimos la oportunidad de conversar, de escuchar y de darnos cuenta de que, si bien aquella no cambia la forma de producir, sí cambia la forma en que se publicitará la producción. Por lo tanto, las personas van a tener acceso a información real y no a mentiras puestas en los medios de comunicación.

Finalmente, esta futura ley también exigirá a los medios de comunicación que si una empresa hace una afirmación que requiera una certificación, la pidan, porque todos y todas somos responsables de esta crisis climática y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentarla.

La crisis climática existe, señoras y señores; es de origen antropogénico. Somos responsables de esta crisis climática.

Por último, si alguien tiene dudas, la tierra es una sola, es redonda y no plana.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, si hay algo más asombroso que las palabras que ha vertido el diputado Johannes Kaiser , son los aplausos que algunos miembros de su bancada vertieron sobre las mismas. No deja de llamar la atención el verdadero negacionismo de la crisis climática que vive el mundo, crisis que, por lo demás, está documentada por paneles internacionales y organizaciones científicas. Si eso no satisface el estándar que solicitan algunos negacionistas del cambio climático, la verdad es que poco y nada podemos hacer para convencerlos.

Con todo, en esta Sala se trata de apelar a la gente razonable, sensata, que no niega una cosa que es evidente: la temperatura del mundo ha cambiado y nos acercamos progresiva y peligrosamente al año 2030, en que probablemente ya no habrá punto de retorno para impedir la extinción de la humanidad, producto de la incompatibilidad de la vida humana con las condiciones climáticas en que el mundo se encontrará.

Es evidente cómo en lugares como la Región de Antofagasta, que se caracterizaba por un clima templado durante todo el año, hoy día vemos que están empezando a eliminarse las estaciones intermedias de otoño y de primavera. Hemos visto también cómo avanza la sequía en distintas partes del mundo, lo cual en la Región de Valparaíso es evidente. Los incendios forestales son producto de la crisis climática.

Los horrores que vemos todos los días en la televisión, que suceden no solo en nuestro territorio, sino también en otras partes del mundo son producto de la crisis climática. Un ejemplo en estos días son los incendios forestales de Canadá, que están quemando, a gran velocidad, bosques que tienen un valor inimaginable e incalculable para la biósfera.

La verdad de las cosas es que este es un proyecto de absoluta razonabilidad, precisamente para que las empresas que tienen gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre en materia de crisis climática puedan adecuar y ajustar su normativa, para impedir que las empresas que no han cambiado su paradigma, que no han asumido los errores que han cometido y no han asumido la necesidad de cambiar su conducta al final lo hagan. Este proyecto de ley es un incentivo para lograr aquello.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, esta iniciativa está ideada para que, precisamente, las empresas puedan adecuarse a nuevos estándares y puedan ajustar sus prácticas de difusión de sus productos, porque hoy día muchos consumidores son más responsables climáticamente y un ejemplo de ello es el surgimiento de personas que están desechando el consumo de carnes -vacuno, aves y pescadosporque entienden el impacto que causa la industria cárnica en la crisis climática.

Entonces, si se modifican los patrones de conducta, los consumidores de estos productos tienen derecho a saber si las empresas que los generan no tienen un prontuario en materia climática. Lo que busca hacer posible este proyecto de ley, básicamente, es que las empresas que dicen tener procedimientos de alto estándar ambiental efectivamente los tengan.

Tuve una discusión bastante extensa y muy profunda respecto de cómo esto pudiese ser aplicable a la gran industria, pero también a la mediana empresa, y que no terminara siendo una práctica o una norma antiempresarial. Esto, lejos de ser una norma antiempresarial, lo que hace es ajustar los estándares de las empresas a los nuevos comportamientos que deben tener todos y todas en el planeta, producto de la crisis climática. Por lo tanto, esa diferenciación que se hace por pequeñas, medianas y grandes empresas, que siempre estuvo presente en el debate, es un recurso muy valioso.

Además, se sube el estándar respecto de los medios de comunicación, que en esta materia juegan un rol fundamental. Ellos tienen que certificar que aquellas cosas que las empresas dicen son efectivas. Hay principios esenciales que están recogidos en el proyecto de ley, el cual apela a la sensatez, a la rigurosidad, porque no solo estamos preocupados por el futuro de quienes hoy habitamos el planeta, sino también por las generaciones futuras.

Chile será uno de los primeros países que va a tener incompatibilidad con la vida si es que el deterioro climático sigue esta trayectoria tan veloz, y en eso nos parece que el Congreso Nacional tiene una responsabilidad fundamental.

Por lo tanto, más allá de las cosas que se digan que son francamente incontrarrestables, ya que contra la mentira o contra la falta de racionalidad no se puede argumentar, ¿a quién apelamos? A quienes efectivamente creen que hay que hacer las cosas de manera distinta.

Llamamos a las empresas a cambiar sus prácticas. Hay muchas empresas que así lo han entendido y están haciendo ese cambio.

Por lo tanto, nos parece que es un buen proyecto de ley. Invito a las diputadas y a los diputados a votar a favor de esta normativa. Evidentemente, alguien podrá considerar que es perfectible, pero nadie puede decir que esto es producto de algún nivel de locura en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por el contrario, es el ejercicio de un pensar racional, responsable, ponderado, teniendo en claro el impacto de la crisis climática en el día a día de las familias de nuestro país.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día, por lo que la discusión y votación de este proyecto quedarán pendientes para una próxima sesión.