Asesoría Parlamentaria

Seguridad Ciudadana.

• Jorquera Vásquez, Carolina Liliana

Este documento es elaborado para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional que participará en el XI Foro Parlamentario Iberoamericano dirigido a los Presidentes de los Parlamentos de Iberoamérica que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, República Dominicana. El foro busca compartir reflexiones, experiencias y propuestas de acción en las siguientes materias: seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, recuperación con reestructuración, transparencia institucional y cercanía del parlamento con la ciudadanía. La minuta hace referencia a la situación de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, a los principales conceptos de seguridad ciudadana, a su característica multidimensional y la relevancia de la seguridad con enfoque de género, para luego presentar una síntesis de la política de seguridad ciudadana en Chile y sus principales desafíos en la actualidad.

Este documento es elaborado para apoyar la participación de la delegación de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional que participará en el XI Foro Parlamentario Iberoamericano dirigido a los Presidentes de los Parlamentos de Iberoamérica que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, República Dominicana. El foro busca compartir reflexiones, experiencias y propuestas de acción en las siguientes materias: seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, recuperación con reestructuración, transparencia institucional y cercanía del parlamento con la ciudadanía. La minuta hace referencia a la situación de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, a los principales conceptos de seguridad ciudadana, a su característica multidimensional y la relevancia de la seguridad con enfoque de género, para luego presentar una síntesis de la política de seguridad ciudadana en Chile y sus principales desafíos en la actualidad.

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Promoción del trabajo penitenciario de personas privadas de libertad. El caso de Chile y modelos exitosos a nivel internacional.

• Fernández Lores, Guillermo Javier

En sus orígenes, las prisiones fueron diseñadas bajo un modelo basado principalmente en el carácter utilitarista de la pena. Ello implicaba la obligatoriedad del trabajo penitenciario. Con el tiempo, este modelo dio paso al paradigma de la “privación de libertad”, por el cual se entiende que el único derecho que ha perdido el o la interna es el derecho a la libertad, sin que se le pueda obligar a desempeñar labores productivas al interior de las prisiones. Bajo este modelo, el trabajo penitenciario se concibe como un derecho, el cual debe ser siempre voluntario y, por esencia, remunerado. La excepción está relacionada con trabajos domésticos que deben realizarse en los penales.

En sus orígenes, las prisiones fueron diseñadas bajo un modelo basado principalmente en el carácter utilitarista de la pena. Ello implicaba la obligatoriedad del trabajo penitenciario. Con el tiempo, este modelo dio paso al paradigma de la “privación de libertad”, por el cual se entiende que el único derecho que ha perdido el o la interna es el derecho a la libertad, sin que se le pueda obligar a desempeñar labores productivas al interior de las prisiones. Bajo este modelo, el trabajo penitenciario se concibe como un derecho, el cual debe ser siempre voluntario y, por esencia, remunerado. La excepción está relacionada con trabajos domésticos que deben realizarse en los penales.

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Procesos de reforma a policías latinoamericanas que han transitado desde una organización militar a una policía profesional civil.

• Fernández Lores, Guillermo Javier

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Seguridad, crimen organizado y narcotráfico en una perspectiva regional.

• Ferrero, Mariano José

Las concepciones sobre la seguridad se vieron sensiblemente modificadas con los cambios geopolíticos de fines del siglo pasado, lo que por cierto ha afectado también a nuestra región. En efecto, el fin de la confrontación bipolar en la Guerra Fría y el despliegue de los procesos de globalización e hiperconectividad de las sociedades han enmarcado un cambio fundamental en las concepciones y en la agenda de seguridad. De esa manera, el panorama de seguridad de la región deja de estar hegemonizado por los Estados y su “seguridad nacional” centrada en el riesgo de conflictos interestatales -en especial, por disputas territoriales- y en la amenaza del “enemigo interno” que tendía a “securitizar” el conflicto político -y sus expresiones de violencia- como una ‘agresión externa’ en clave ideológica.

Las concepciones sobre la seguridad se vieron sensiblemente modificadas con los cambios geopolíticos de fines del siglo pasado, lo que por cierto ha afectado también a nuestra región. En efecto, el fin de la confrontación bipolar en la Guerra Fría y el despliegue de los procesos de globalización e hiperconectividad de las sociedades han enmarcado un cambio fundamental en las concepciones y en la agenda de seguridad. De esa manera, el panorama de seguridad de la región deja de estar hegemonizado por los Estados y su “seguridad nacional” centrada en el riesgo de conflictos interestatales -en especial, por disputas territoriales- y en la amenaza del “enemigo interno” que tendía a “securitizar” el conflicto político -y sus expresiones de violencia- como una ‘agresión externa’ en clave ideológica.

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Control de armas en la legislación comparada: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, México, Reino Unido, Unión Europea.

• Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa
• Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°.

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°.

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Control de armas en la legislación comparada.

• Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°. Asimismo, en Australia, el artículo 33 del Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, de 2017, exige de la autoridad la mantención de un Registro con los números de serie de cada arma, para poder identificar sus características y a sus dueños, el cual debe estar ligado al llamado National Exchange of Police Information. En tanto, el artículo 7 de la Ley de Armas de Canadá estipula que, para optar a una licencia de armas, la persona debe tener más de 18 años de edad y completar un Curso de Seguridad de Armas de Fuego, entregado por un instructor certificado. Finalmente, en el caso de México, el artículo 4° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, le entrega al Ejecutivo, por intermedio de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, el control de las armas del país, a partir de la actualización periódica de un Registro Federal de Armas.

A nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. Al respecto, la Unión Europea adoptó en 2015 la “Agenda de Seguridad Europea”, de manera de reforzar la seguridad ante el terrorismo radicalizado y el tráfico de armas del crimen organizado. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido tienden a ser restrictivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente, los ciudadanos tienen el derecho a portar armas. En Argentina, a su vez, la Ley 20.429 regula la compra, tenencia, porte, transferencia e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano para uso civil, tal como lo dispone su artículo 1°. Asimismo, en Australia, el artículo 33 del Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, de 2017, exige de la autoridad la mantención de un Registro con los números de serie de cada arma, para poder identificar sus características y a sus dueños, el cual debe estar ligado al llamado National Exchange of Police Information. En tanto, el artículo 7 de la Ley de Armas de Canadá estipula que, para optar a una licencia de armas, la persona debe tener más de 18 años de edad y completar un Curso de Seguridad de Armas de Fuego, entregado por un instructor certificado. Finalmente, en el caso de México, el artículo 4° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, le entrega al Ejecutivo, por intermedio de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, el control de las armas del país, a partir de la actualización periódica de un Registro Federal de Armas.

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Análisis de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales sobre ciberseguridad

• Soto Martínez, Víctor Javier

La presente minuta se refiere al tratamiento de la ciberseguridad en nuestro país, para lo cual se divide en tres partes: i) marco normativo del cibercrimen en Chile; ii) mociones parlamentarias que se están tramitando en el Congreso para mejorar la legislación; y iii) revisión general de la política nacional en la materia.

La presente minuta se refiere al tratamiento de la ciberseguridad en nuestro país, para lo cual se divide en tres partes: i) marco normativo del cibercrimen en Chile; ii) mociones parlamentarias que se están tramitando en el Congreso para mejorar la legislación; y iii) revisión general de la política nacional en la materia.

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Administración penitenciaria y cuerpos de custodia: Experiencia nacional y extranjera.

• Horzella Cutbill, Bárbara

De la revisión de los Sistemas de Administración Penitenciaria tanto en la experiencia nacional, como extranjera, es dable señalar que en términos normativos, los cuerpos jurídicos predominantes aplicables a la actividad penitenciaria, están constituidos por las denominadas Leyes de Ejecución Penal (Argentina, Brasil y México). En España, en tanto, dichas materias están reguladas en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), mientras que en Estados Unidos, la regulación se encuentra dispersa en diversos textos legales, consagrándose –en términos generales- ciertos aspectos en el Título 18 del U.S. Code. Por su parte, en Chile, la ejecución de la sanción se encuentra regulada a nivel reglamentario, mediante el Decreto 518 de 1998, en tanto que la LOC de Gendarmería de Chile (GENCHI) regula las funciones de la Administración Penitenciaria. De los referidos marcos jurídicos se desprenden las funciones y dependencias de las autoridades penitenciarias en sus respectivas jurisdicciones. En este sentido, todas coinciden en señalar a la vigilancia y custodia, así como a la reinserción social de los condenados, como su función primaria. En tanto que desde el punto de vista de la dependencia orgánica, se identifican ciertas diferencias: Mientras GENCHI (Chile), SPF (Argentina), DEPEN (Brasil) y BOP (EE.UU.) dependen de sus respectivos Ministerios de Justicia, la SGIP (España) y el PRS (México), están adscritos a las carteras de Interior y de Seguridad, respectivamente.

De la revisión de los Sistemas de Administración Penitenciaria tanto en la experiencia nacional, como extranjera, es dable señalar que en términos normativos, los cuerpos jurídicos predominantes aplicables a la actividad penitenciaria, están constituidos por las denominadas Leyes de Ejecución Penal (Argentina, Brasil y México). En España, en tanto, dichas materias están reguladas en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), mientras que en Estados Unidos, la regulación se encuentra dispersa en diversos textos legales, consagrándose –en términos generales- ciertos aspectos en el Título 18 del U.S. Code. Por su parte, en Chile, la ejecución de la sanción se encuentra regulada a nivel reglamentario, mediante el Decreto 518 de 1998, en tanto que la LOC de Gendarmería de Chile (GENCHI) regula las funciones de la Administración Penitenciaria. De los referidos marcos jurídicos se desprenden las funciones y dependencias de las autoridades penitenciarias en sus respectivas jurisdicciones. En este sentido, todas coinciden en señalar a la vigilancia y custodia, así como a la reinserción social de los condenados, como su función primaria. En tanto que desde el punto de vista de la dependencia orgánica, se identifican ciertas diferencias: Mientras GENCHI (Chile), SPF (Argentina), DEPEN (Brasil) y BOP (EE.UU.) dependen de sus respectivos Ministerios de Justicia, la SGIP (España) y el PRS (México), están adscritos a las carteras de Interior y de Seguridad, respectivamente.

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La Policía Municipal en la experiencia comparada Alemania, Costa Rica, España y Francia

• Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa

La seguridad ciudadana y el orden público es uno de los aspectos esenciales en la sociedad. Con el fin de descomprimir la diversidad de funciones menores que cumplía la policía, tales como dirigir el tránsito, fiscalizar comercio ambulante, controlar ruidos molestos, entre otros, en algunos países se entregaron estas funciones a cuerpos policiales de apoyo, conocidos como “Policía Municipal”, “Policía Comunal” o “Servicios de Orden Comunal”. Ello ha permitido que la policía pueda enfocarse a la prevención y persecución de delitos. De las cuatro experiencias revisadas se puede señalar que estos cuerpos de policías municipales cuentan con normativas que regulan su actuar y el uso de armas, tienen una formación adecuada a su labor y atribuciones claramente establecidas. Para ingresar a la policía municipal, los candidatos deben cumplir con requisitos similares a los exigidos a quienes postulan a la policía. Cabe señalar que un aspecto importante es la autonomía de los municipios y también la obligación que se les designa respecto a la seguridad ciudadana y orden público.

La seguridad ciudadana y el orden público es uno de los aspectos esenciales en la sociedad. Con el fin de descomprimir la diversidad de funciones menores que cumplía la policía, tales como dirigir el tránsito, fiscalizar comercio ambulante, controlar ruidos molestos, entre otros, en algunos países se entregaron estas funciones a cuerpos policiales de apoyo, conocidos como “Policía Municipal”, “Policía Comunal” o “Servicios de Orden Comunal”. Ello ha permitido que la policía pueda enfocarse a la prevención y persecución de delitos. De las cuatro experiencias revisadas se puede señalar que estos cuerpos de policías municipales cuentan con normativas que regulan su actuar y el uso de armas, tienen una formación adecuada a su labor y atribuciones claramente establecidas. Para ingresar a la policía municipal, los candidatos deben cumplir con requisitos similares a los exigidos a quienes postulan a la policía. Cabe señalar que un aspecto importante es la autonomía de los municipios y también la obligación que se les designa respecto a la seguridad ciudadana y orden público.

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Crimen Organizado Transnacional: Abordaje Multilateral y experiencias de España y Francia.

• Horzella Cutbill, Bárbara

Las definiciones sobre Crimen Organizado Transnacional (COT) adoptadas por organismos multilaterales como Naciones Unidas y la Unión Europea, coinciden en describir al fenómeno como el trabajo “de un grupo estructurado, que existe por un periodo de tiempo y que actúa concertado, con el objeto de cometer crímenes en busca de obtener beneficios financieros u otros beneficios materiales”. Con todo, existe consenso en la literatura especializada en la dificultad de construir una definición que abarque el fenómeno del COT en su totalidad, debido a la variedad y complejidad del fenómeno. La misma complejidad y transnacionalidad lo han transformado en un tema de preocupación multilateral. En este contexto, la Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (CDOT, 2000), y sus tres Protocolos complementarios, han jugado un importante rol en la definición de ciertos conceptos y procedimientos.

Las definiciones sobre Crimen Organizado Transnacional (COT) adoptadas por organismos multilaterales como Naciones Unidas y la Unión Europea, coinciden en describir al fenómeno como el trabajo “de un grupo estructurado, que existe por un periodo de tiempo y que actúa concertado, con el objeto de cometer crímenes en busca de obtener beneficios financieros u otros beneficios materiales”. Con todo, existe consenso en la literatura especializada en la dificultad de construir una definición que abarque el fenómeno del COT en su totalidad, debido a la variedad y complejidad del fenómeno. La misma complejidad y transnacionalidad lo han transformado en un tema de preocupación multilateral. En este contexto, la Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (CDOT, 2000), y sus tres Protocolos complementarios, han jugado un importante rol en la definición de ciertos conceptos y procedimientos.

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