Labor Parlamentaria

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo referirme a un aspecto formal: a las excusas dadas por el señor Ministro porque debamos pronunciarnos hoy sobre un proyecto cuya urgencia fue calificada de "Discusión Inmediata", sin siquiera contar con un informe escrito.

Ellas son muy válidas desde su punto de vista, por cuanto es un Secretario de Estado que acaba de asumir su cargo. Sin embargo, quiero recordar que durante los últimos 4 años hemos debatido con dicha urgencia los proyectos sobre salario mínimo y también que hubo una discusión entre el Gobierno y la CUT que abarcó marzo, abril y mayo del año en curso. Por lo tanto, sostener que esta discusión debe ser inmediata sólo y exclusivamente porque no hubo tiempo, me parece que no refleja la verdad. A mi juicio, el Ejecutivo se ha acostumbrado a que el Congreso trate las iniciativas a la mayor brevedad y sin antecedentes; pero otros actores sociales requieren mucho tiempo y, a veces, por cierto, meses.

En consecuencia, el Gobierno tiene que considerar que materias de tanta importancia como la fijación de un salario mínimo, no deben ser discutidas de la manera como hoy se procede: en forma inmediata y sin informes, sino que es preciso dar al Congreso un tiempo adicional de, por lo menos, algunos días o, también, meses, como ocurre en las discusiones con otros actores sociales.

En segundo término, estamos hablando del salario mínimo, el cual, indudablemente, en nuestro país es muy bajo. Quiero recordar que éste se encuentra en un proceso de recuperación muy significativo que se inició en 1988 y 1989. En esos dos años tuvo un aumento real de 20 por ciento; en el período 1990-1993 éste fue cercano a 28 por ciento, y hoy esa tendencia continúa, pues el proyecto plantea, según la inflación esperada, un nuevo incremento en el salario real, basado por un lado, en aumentos de la productividad, y, por otro, en los aumentos reales, que es la parte política de la discusión. Todo ello, naturalmente, por encima de la inflación esperada.

Deseo señalar que en la actualidad se hallan afectos al salario mínimo en nuestro país alrededor de 400 mil personas, y la mitad de esa cifra -es decir, 200 mil- corresponde a jóvenes menores de 25 años. Pero no sólo eso: la tasa de desempleo nacional es de 5,2 por ciento promedio, y en el caso de los jóvenes alcanza a más del doble: a 12,6 por ciento, lo cual significa que hay 170 mil individuos menores de 25 años que (quieren trabajar y no encuentran ocupación.

Por lo tanto, tengamos conciencia de que cuando deseamos aumentar el ingreso mínimo, lo que por cierto buscamos incrementar no es una cifra nominal en un proyecto, sino el salario real que ganan efectivamente las personas. Por eso, toda vez que hablamos de salario mínimo es muy importante tener presentes la productividad y los índices de desempleo en la economía, pues si hoy 170 mil jóvenes no hallan empleo y alguien cree que se les puede ayudar subiendo cada vez el ingreso mínimo, en el fondo, está condenando a más jóvenes a quedar cesantes.

En consecuencia, me alegro mucho de que el Gobierno, al momento de fijar el salario mínimo, haya considerado razones muy de fondo, que no significan insensibilidad social, sino, muy por el contrario, responsabilidad pública: las tasas de desempleo, la inflación esperada, los incrementos de productividad y, en último término, la verdadera capacidad de la economía para absorber a su fuerza de trabajo.

Quiero recordar también que no basta decir -como escuché a un señor Senador- que como hoy tenemos tasas de desempleo de 5 por ciento -estimadas de pleno empleo-, se puede subir el ingreso mínimo, porque ese argumento perdió toda vigencia. Los promedios ocultan muchas diferencias: una, por ejemplo, es la tasa de desocupación de los más jóvenes; otra, la que afecta a ciertas Regiones de nuestro país, muy superiores a las del promedio nacional.

Por lo tanto, quiero reconocer en el Gobierno una conducta que me parece responsable y conducente en materia de fijación del salario mínimo.

Sin embargo, quiero hacer otra observación que, a mi juicio, es muy importante.

En los últimos años se ha venido incrementando el salario mínimo, pero aún no vuelve a los niveles que alcanzó, por ejemplo, en 1981. Luego, su recuperación, producto de la significativa caída experimentada por la crisis económica del período 1984 en adelante, se inició hace mucho tiempo. De hecho, en 1988 y 1989 evidenció un notorio aumento -20 por ciento en dos años-, proceso que ha continuado durante el Gobierno anterior y que sigue ahora con este proyecto.

Pero hay un aspecto de mucha trascendencia: se está produciendo una brecha creciente entre el salario mínimo -remuneración de la fuerza activa de trabajo- y las pensiones mínima y asistencial -compensación mínima que reciben los jubilados-. La pensión mínima corresponde a las personas que imponen en el sistema, la cual no se ve afectada por esta iniciativa y alcanza a 37 mil pesos, frente a un salario mínimo que el proyecto fija en 52 mil pesos. Es decir, se produce una diferencia de más de 30 por ciento que va en aumento con el correr del tiempo.

Por su parte, la pensión asistencial -que se otorga a quienes no tuvieron previsión social-, conforme al reajuste que establece el proyecto, asciende a 15 mil 900 pesos. O sea, a menos de 30 por ciento del ingreso mínimo.

Creo que esta disparidad no debe seguir en aumento. Haciendo cálculos razonables -lo someto a la consideración del Senado-, estimo que un reajuste de 10 por ciento a la pensión mínima tendría un costo anual de 68 millones de dólares, y que un reajuste de 20 por ciento a la pensión asistencial implicaría un costo anual de 13 millones de dólares. Es decir, sumados ambos incrementos -muy significativos-, que benefician a cerca de un millón de personas, alcanzarían la cifra de 80 millones de dólares.

Quiero señalar -como lo he planteado en años anteriores- que es importante empezar a cerrar la brecha entre pensión mínima e ingreso mínimo, lo cual, en el último tiempo, no se ha llevado a cabo. Después del esfuerzo inicial de recuperar el 10 por ciento para la pensión mínima, no ha habido hechos ni planes. Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno para que, en forma planificada y siempre dentro de las posibilidades de la economía -teniendo en consideración que los ingresos fiscales aumentan alrededor de 600 millones de dólares anuales sólo por concepto del crecimiento-, pensemos en un programa moderado, responsable, de incremento de las pensiones mínima y asistencial.

Por último, en cuanto a la discriminación existente entre el salario mínimo de las personas jóvenes y las mayores de 65 años y el del resto de la población, debemos tener presente que las tasas de desempleo en estos sectores son muy disímiles. En el caso de los mayores de 65 años, si bien la tasa de desocupación que aparece en las estadísticas es extraordinariamente baja, lo cual podría llevar a pensar que no se requiere separar los salarios mínimos, lo cierto es que los hechos demuestran que la gente mayor no busca trabajo, salvo que lo tenga. En consecuencia, se está subestimando la tasa de desempleo que reportan esas encuestas.

Por todo lo anterior, quiero manifestar nuestra intención de aprobar este proyecto, de plantear la necesidad de que en el futuro no tengamos que hacer estas discusiones en forma inmediata, sin informes y básicamente a través de exposiciones orales, y también reconocer que, en esta materia, la conducta del Gobierno ha sido consistente con las posibilidades reales de la economía y simplemente no se ha dejado llevar por las buenas intenciones, sino por las duras realidades.

He dicho.