Labor Parlamentaria
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Antecedentes
- Senado
- Sesión Ordinaria N° 4
- Celebrada el 06 de junio de 1995
- Legislatura Ordinaria número 331
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El señor HORMAZABAL .-
Señor Presidente , recientemente me impuse de declaraciones del Senador designado, don Santiago Sinclair , en el sentido de que "el Ejército ha sido herido con el fallo" que acaba de dictar la Cuarta Sala de la Corte Suprema. También sostuvo que se ejerció toda suerte de presiones sobre los miembros de la Cuarta Sala y que esto constituía un hecho nuevo, "un estilo distinto", que había sido erradicado hace muchos años y que preocupa por la independencia de que deben gozar nuestros tribunales de justicia. Asimismo, "le parece sospechosa" la coin-cidencia de que se publiciten, tanto en Roma como en Santiago, procesos en los cuales se pretende inculpar delictualmente a ex miembros de la disuelta DINA.
Más adelante, el Honorable señor Sinclair repudia la manipulación de un sombrío personaje, de un sicópata y delincuente, que dispuso de todo el tiempo que fue necesario para jactarse de los nefastos procedimientos delictuales que aplicaba a sus víctimas.
Estas son las expresiones textuales que utiliza el distinguido Senador en sus declaraciones. Tengo la impresión de que se refería al señor Romo , quien fue entrevistado en esos días.
Las declaraciones a que me he referido las recogí de "El Mercurio", en su edición de 31 de mayo de 1995, las que tienen una bajada de título del siguiente tenor: "Ex Vi-cecomandante en Jefe del Ejército dijo que se está volviendo a situaciones confrontacionales que pueden resultar sumamente delicadas para el destino de la República ".
Finalmente, escuché además por Radio Cooperativa declaraciones del Senador señor Sinclair que incluían una grave afirmación: "Aún no se firma la paz", o algo parecido.
Con mucho respeto, pero con franqueza, quiero hacer algunas reflexiones sobre tales afirmaciones.
Antes que todo, respeto el derecho del señor Senador a formularlas, ya que la libertad de expresión es para mí un valor de tremenda importancia. A favor de ella luché contra el Régimen que Su Señoría integró y que la negaba de modo evidente.
Comparto con el señor Senador su juicio respecto del señor Romo , y sólo lamento que el Régimen que él defiende le haya permitido a éste ejercer "los procedimientos delictuales que aplicaba a sus víctimas", sin sancionarlo como correspondía.
Discrepo, sí, de que el fallo hiera al Ejército. Es cierto que el señor Senador formó parte de él, y yo no. Ello le da un conocimiento sobre la institución mayor del que yo tengo.
Pero si fuera verdad lo que se sostiene y que también declara el señor Manuel Contreras , ¿cómo se explica que cuando el Ejército y las otras ramas ejercían la totalidad del Poder, no quisieron que el caso se cerrara?
Permítaseme recordar los siguientes hechos.
En la sentencia pronunciada con fecha 12 de noviembre de 1993 por el Ministro Bañados , se parte afirmando: "Se inicia esta causa con fecha 21 de marzo del 78, a raíz de la denuncia del General Odlanier Mena, Director Nacional de Informaciones , dirigida al Presidente de la República ". La nota oficial dice el fallo "fue puesta en conocimiento de los Tribunales Militares por resolución de Su Excelencia.".
Así consta en la página 1 de la revista "Fallos del Mes", de noviembre de 1993.
En el considerando 8° del fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, se afirma lo siguiente: "es conveniente agregar que en el oficio que, con fecha 21 de marzo de 1978, dirigió el general Odlanier Mena , entonces Director de la CNI, al Presidente de la República , general Augusto Pinochet , se da cuenta de la posible implicancia de funcionarios de la DINA en dos hechos: la falsificación de pasaportes y la muerte de Orlando Letelier, y fueron estos dos hechos los que el Presidente de la República ordenó investigar por la Justicia Militar, de su puño y letra, no obstante que la investigación comprometía a funcionarios de un servicio de inteligencia del país, lo que demuestra que, desde su inicio, la investigación que debía desarrollarse en la causa 192-78 de la justicia militar, comprendió la muerte de Orlando Letelier.".
El 19 de abril de 1978, la Junta Militar publicó el decreto ley N° 2.191, que concedió amnistía por diversos delitos. Pero en su artículo 4° expresa que no serán favorecidas las personas que aparezcan como responsables de los hechos que se investigan en el proceso número 192-78 del Juzgado Militar de Santiago . Y el entonces Ministro del Interior hoy Senador designado, don Sergio Fernández se dirigió al país para explicar, entre otras cosas, lo siguiente: "cabe reiterar integralmente los conceptos expresados por el Jefe de Estado , en el sentido de que el Gobierno continuará colaborando, ampliamente en la investigación de los hechos para contribuir al total esclarecimiento de la verdad y a la sanción consiguiente que merecen los culpables, cualquiera sea su posición o su nacionalidad. La amnistía no es extensiva a persona alguna cuya participación se probase en tan repudiable delito".
Estas expresiones aparecen en "El Mercurio", de 20 de abril de 1978, en su página 28.
El Juzgado Militar que investigaba el caso dictó, con fecha 28 de agosto de 1980, sobreseimiento total y definitivo. Sin embargo, la Corte Marcial, con mayoría de integrantes de las Fuerzas Armadas, modificó el fallo y dispuso que el sobreseimiento era sólo temporal.
La ley N° 19.047, publicada en el "Diario Oficial", de 14 de febrero de 1991, contenía, entre otras disposiciones, una norma que facultaba a la Corte Suprema para nombrar un Ministro para conocer de los delitos que puedan afectar a las relaciones internacionales de la República con otro Estado.
Tal es la disposición en que se funda el acuerdo de la Corte Suprema, de fecha 16 de julio de 1991, de nombrar al señor Bañados como juez de la causa. Esta ley, señor Presidente , fue aprobada en el Senado el 20 de diciembre de 1990, por la unanimidad de los Senadores presentes. De acuerdo con el acta que he revisado, entre los asistentes estaba el Honorable señor Siebert , ex general de Ejército , como también los Honorables señores Mc-Intyre y Huerta, designados en su calidad de oficiales generales de la Armada y de Carabineros, respectivamente.
El Brigadier General Pedro Espinoza, en declaraciones al vespertino "La Segunda" el lunes 29 de mayo de 1995, en la página 13, expresó lo siguiente:
"Se ha intentado comprometer, desde el comienzo, al Ejército y a sus mandos en una situación que es de tipo personal entre la Justicia y el General Manuel Contreras y el Brigadier Espinoza".
Si además constatamos que el General Pinochet ordenó la entrega de Townley a los Estados Unidos, no vemos en qué puede basarse una afirmación como la que comentamos. Más aún: el propio Comandante en Jefe del Ejército , junto con destacar en declaraciones recientes la relación particular que lo unía con el señor Contreras , y expresar credibilidad respecto de los dichos de éste, sostiene que se trata de un asunto que concierne personalmente al General Contreras, y no del Ejército.
No podría ser de otra manera, ya que de los antecedentes analizados surge con meridiana claridad lo siguiente:
Primero: Fue el propio General Pinochet el que ordenó "de puño y letra", dice el fallo iniciar el proceso.
Segundo: Aun disponiendo del poder total, el Régimen del General Pinochet excluyó este caso de la Ley de Amnistía.
Tercero: Fue ese mismo Gobierno el que puso fin a la DINA y llamó a retiro al General Contreras.
Cuarto: Cuando un juez militar trató de cerrar el caso definitivamente, fue un tribunal superior, integrado mayoritariamente por uniformados, el que lo dejó pendiente.
Si en el Régimen que el Senador señor Sinclair integró no estuvieron dispuestos a proteger a Manuel Contreras , o a cualquiera que resultara responsable de este horrible delito, ¿por qué podría estimarse que, cuando culmina un extenso proceso, estemos volviendo a situaciones confrontacionales que pueden resultar sumamente delicadas para el destino de la República? ¿Actuaron, acaso, los miembros de la Corte Suprema, con mezquinas intenciones, o sin la independencia que se requiere?
El Senador señor Sinclair expresa en las declaraciones referidas: "Espero que los jueces hayan actuado de acuerdo a su solvencia profesional y moral.". Estoy seguro de que así lo hicieron. Lo sostengo, a pesar de que me habría gustado un fallo más drástico. Igualmente estoy dispuesto a aceptar que el General Pinochet y los integrantes de la Junta Militar no tuvieron participación alguna en estos hechos, tal como lo consigna el Considerando N° 239 del fallo del Ministro señor Bañados. ¿O los críticos del fallo también discrepan de esta conclusión?
Me parece comprensible que los vínculos que miembros del Ejército hayan mantenido con el señor Contreras los hagan sentirse preocupados por su situación; pero les pediría no cometer el error de pensar que quienes estuvimos en contra del Régimen Militar queremos obtener un provecho mezquino. Por cierto que tenemos una opinión negativa del señor Contreras ; pero se sabe que no somos los únicos.
El Senador Jaime Guzmán , tan alevosamente asesinado, y quien trabajó estrechamente unido al General Pinochet, sostenía: "El juicio moralmente negativo que tengo y he tenido sobre esa persona," (se refiere al General Contreras) "circunstancias que son públicas y notorias para cualquier persona medianamente informada". Y agregaba más adelante: "Mi opinión sobre los criterios morales del General Contreras se apartan de lo que yo considero recto, usaba métodos que le resultaban eficaces para sus objetivos, con un rango de limitaciones morales muy inferior al que yo estimo exigible". Así consta en la declaración judicial acompañada al proceso.
Es bueno recordar que el señor Contreras acusó de traición a tres Ministros del General Pinochet , por haber sometido a juicio a tres oficiales del Ejército. Este es el relato que uno de aquéllos, el actual Senador designado señor Sergio Fernández Fernández hace en uno de sus libros.
"El General en retiro Manuel Contreras y su círculo creyeron ver configurarse la oportunidad para asestar un golpe a los ministros a quienes atribuían la virtual traición de haber entregado a juicio a los tres oficiales, a instancias de un Gobierno extranjero y en virtud de imputaciones que ellos rechazaban categóricamente. Este incidente era uno más en una larga historia de divergencias que se remontaba a los antecedentes de la disolución de la DINA y a mi respaldo, siendo Ministro del Trabajo , a la terminación de ese organismo. Aún más, mi llegada al Gobierno marcaba una discrepancia diametral entre mi orientación y la que el General Contreras creía necesaria para el régimen militar.
"En esa pugna," continúa el Senador señor Fernández "dicho general había ido perdiendo posición tras posición. Pero ahora se ofrecía una oportunidad que podía precipitar mi caída y la de mis colaboradores del gabinete y con eso, tal vez, una reorientación del Gobierno en el sentido que él propiciaba.".
¿Qué resolvió entonces la Junta Militar? Leamos una vez más al Senador señor Fernández:
"Los fundamentos de hecho adolecían de 'falta de efectividad', siendo de 'absoluta falsedad' las motivaciones que se atribuían a los Ministros, ajenas y contrarias a los principios éticos que informan su comportamiento tanto público como privado.".
¿Cuál fue la actitud del General Pinochet?
Dice el Senador señor Fernández en su libro: "El Presidente había reiterado a dichos Secretarios de Estado su total confianza".
¿Cómo reaccionó el señor Contreras? Sigamos la versión del Senador señor Fernández , de la cual, estoy seguro, algunos de mis contradictores no dudarán:
"La reacción del general Contreras fue calificada como 'agresiva' por la prensa. Telefónicamente hizo saber a los periodistas que como militar estaba dispuesto a cumplir, una vez más, las órdenes del General Pinochet, 'pese a la actitud ignominiosa de algunos lacayos que actualmente lo rodean'. Asombrados los periodistas por la violencia de sus palabras, le remitieron una transcripción de las mismas, antes de publicarlas. Contreras las ratificó 'en todos sus términos'.".
Dice el Senador señor Fernández que el Ejército estimó del caso reaccionar ante tan agresiva actitud de Contreras; que todo el Cuerpo de Generales se hizo presente en el despacho del General Pinochet, y que allí habló el General Rene Escauriaza Alvarado , Jefe del Estado Mayor Presidencial .
Según el Senador señor Fernández , "Las palabras de Escauriaza no dejaron lugar a equívocos.". Cito:
"Queremos decirles a aquellos ilusos que aún pretenden minar la lealtad de la institución, que no confundan serenidad con temor, ni silencio con desafección, pues cuando el Ejército...tiene que responder, sabe hacerlo sin titubeos.".
Señor Presidente , Honorable Senado, ¡cómo puede inferirse que este fallo es una herida abierta al honor del Ejército, o que afecta su existencia!
Desde ese punto de vista, todos somos iguales ante la ley. El artículo 19, número 2° de la Constitución que impusieron las Fuerzas Armadas en 1980 establece la garantía de igualdad ante la ley. Tanto el Presidente de la República como un Senador, un Diputado , un Ministro de la Corte Suprema , un eclesiástico o un uniformado, pueden ir a prisión si cometen un delito por el cual el tribunal pertinente los condena luego de un debido proceso.
El honor militar no sirve para encubrir actos ilegales. Por el contrario, el honor militar establece exigencias adicionales en el respeto de los valores que se jura honrar y defender.
En forma muy particular y personal, no estoy disponible para un atentado a la existencia del Ejército. No lo estoy para enfrentar a la civilidad contra el Ejército o las Fuerzas Armadas. Ya tuvimos un problema en la historia de Chile respecto de lo que fue un régimen político temporal, en el cual las Fuerzas Armadas participaron y tomaron responsabilidades excepcionales. La crítica histórica que mantengo sobre el Régimen dictatorial es evidente, clara, y en ella no hay dobles intenciones de mi parte. Pero estamos hablando de un asunto distinto. Hablamos de circunstancias en que se cometen delitos.
Algunas personas han dicho: "No hay país democrático en el mundo donde se juzgue al jefe de Inteligencia ". Ocurre que en la edición del diario "El Mercurio" del domingo recién pasado, en la página D-10, en uno de los artículos titulado "¡Ay de los vencidos!", se recuerda cómo el ex Director de la CÍA , el señor Richard Helms , estuvo encarcelado; y que, además, su sucesor, William Colby , tuvo que renunciar a raíz de que el informe de la Comisión senatorial presidida por el Senador Frank Church estableció antecedentes que ameritaban esa decisión, así como que el señor Helms fuera a la cárcel.
Se podrá tener una visión crítica sobre muchas cosas que suceden en Estados Unidos; pero su condición de país democrático no admite dudas.
En Chile, el último Director de la CNI ha sido procesado por un delito común: la venta de terrenos públicos a familiares. Y nadie ha pretendido inferir una ofensa al Ejército chileno, ni pensar que aquel acto condenable compromete el honor militar.
Por consiguiente, me ha preocupado el hecho de que se intente afirmar que un fallo como el emitido por la Corte Suprema constituye un atentado a la existencia del Ejército, o que infiere una herida a una institución tan respetable.
Señor Presidente , esta intervención obedece tanto a que el Senador señor Sinclair me merece un gran respeto, como a que creo que su aporte a la reconciliación es necesario. Me inquieta que Su Señoría, un hombre bien intencionado, diga que en Chile no se ha firmado la paz. Yo que nunca he creído que hubiera guerra en nuestro país, y sí un Régimen no democrático que dejó una secuela de muerte y dolor, que no debe repetirse pienso que entre todos tendríamos que buscar maneras de entendernos. ¿Cuál es la primera forma de lograrlo? Saber, por ejemplo, que la ley y la institucionalidad rigen para todos.
Personalmente, estoy dispuesto a acatar éste u otros fallos. He sido contrario a la Ley de Amnistía, y he dado las razones para ello: porque van a quedar delitos horribles cubiertos por ella. Pero, como la Corte la ha aplicado en distintas etapas, y lo seguirá haciendo en el futuro, no puedo menos que acatar las decisiones que en el ejercicio de sus atribuciones adopten los órganos jurisdiccionales. Y si estoy dispuesto a hacer algo que no me agrada, ¿por qué otros no? Quizás el elemento común entre nosotros está en que todos hemos jurado respetar la institucionalidad, por ser el mejor camino para el entendimiento entre civiles y uniformados.
Asimismo, despejada la hora difícil del desencuentro, será posible que unos y otros redoblemos nuestros esfuerzos de entendimiento y trabajo común.