Labor Parlamentaria

Tiene la palabra el Diputado señor Maira.

Señor Presidente, aunque sé que el tema que necesariamente debe abordarse en esta sesión se refiere al análisis de la situación política, quisiera empezar con muy breves consideraciones jurídicas, a las que quiero referirme por la gravedad de las afirmaciones hechas en la Comisión y en la Sala.

Según el acta de la sesión 5º de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de 30 de junio de 1973, el señor Pérez de Arce sostuvo, como reza en la página 10, textualmente: No me voy a hacer cargo de una observación que hizo ayer el Diputado señor Maira en la Cámara, de que se trataba aquí de un proyecto de acuerdo y no de un proyecto de ley. El texto que aquí tengo no contiene la frase proyecto de ley, pero es evidente que se trata de tal. Así que es muy claro concluye que esto no puede ser sino uno proyecto de ley.

En el informe de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, de 1954, que yo invocara en la sesión referida, se expresa como se lee en el Manual del Senado, pagina 661: Precisadas las principales diferencias entre el acuerdo y la ley, cúmplenos manifestar que esta Comisión, por la unanimidad de sus miembros y con el asentimiento del señor Ministro de Justicia, estimó que la declaración del estado de sitio que compete al Congreso cuando éste se halla reunido, es materia de acuerdo y no de ley.

Y esta resolución unánime, señores Diputados, desconocida por el señor Pérez de Arce, es suscrita por el señor Ángel Faivovich, Presidente; el señor Francisco Bulnes Sanfuentes, el señor Fernando Alessandri y el señor Héctor Correa Letelier, todas personas ligadas a posiciones de Derecha.

¡Es que saben más que el señor Pérez de Arce!

¡Hasta este nivel grosero de los textos legales y de los acuerdos de la Cámara llega el trabajo de determinados parlamentarios!

Pero hay más. El Diputado señor Otero, incursionando en temas jurídicos, trata de interpretar posteriormente, en la misma sesión, las palabras del Diputado señor Pérez de Arce, para intentar deslizar y superar el error grosero ahí cometido. Dice que, efectivamente, es un proyecto de acuerdo, y no un proyecto de ley, pero que este proyecto de acuerdo está sometido a los trámites de los proyectos de ley.

Pues bien, para replicar a semejante argumento, además de expresarle que ésa es una interpretación caprichosa y discutible, debería manifestársele que la gravedad de la decisión adoptada por la Mesa y sancionada por la mayoría de la Cámara reside, precisamente, en que aun cuando fuera un proyecto de ley, de acuerdo al artículo 285 del Reglamento interno de la Cámara, por tratarse de un proyecto que legalmente tiene calificación de extrema urgencia, según expresa la disposición reglamentaria, no habrá informe de Comisión, salvo que la Cámara así lo acuerde. De modo que el acuerdo de informe de Comisión implica sacar de su cauce normal y lógico de tramitación acelerada a la proposición del Presidente, para someterla voluntariamente a una tramitación dilatoria y más amplia que la que consagran el Reglamento, la ley y la Constitución.

Por eso, señor Presidente, uno se siente invitado a resistirse aun a los planteamientos aparentemente jurídicos de los señores parlamentarios de la Derecha.

Pero donde se ha llegado a un extremo de liviandad y grosería que verdaderamente debiera hacer palidecer a los integrantes de la Cámara, por el acto de ignorancia que implica, es cuando el señor Arnello nos viene a manifestar hoy día que las disposiciones del estado de sitio se encuentran modificadas por las contenidas en la modificación del artículo 44, Nº 15, de la Constitución. ¡Señores Diputados, el artículo 44, Nº 15, de la Constitución se refiere exclusivamente a la delegación de facultades! ¡Hasta un niño de humanidades sabe que la delegación de facultades consiste en la habilidad para que el Presidente de la República dicte disposiciones, bajo la forma de decretos, sobre materias que son propias de ley, y nada tiene que ver con la institución del estado de sitio! La institución del estado de sitio sigue íntegramente regida por las disposiciones constitucionales que le son inherente y consustanciales. Estas normas constitucionales en nada se han visto alteradas por la modificación de 1970, que para nada se refiere a la institución del estado de sitio y sólo reglamenta la institución de la delegación de facultades.

Esta es, señores Diputados, la apariencia legalista, éste es el oportunismo legalista de los sectores de Derecha, que usan la ley, que la invocan, que la hacen suya cuando les conviene; pero, en la medida en que sus intereses de clase comienzan a verse afectados, cuando las disposiciones que ellos crearon en el pasado, que son obra de sus abuelos o de sus bisabuelos, empiezan a funcionar en favor de los intereses del pueblo, del progreso social, de las transformaciones económicas en nuestra patria, en ese instante se olvidan las disposiciones legales, se borra con el codo lo que se escribió con la mano y comienza todo un proceso de subterfugios e interpretaciones abusivas, para impedir que el Ejecutivo y los que impulsan el proceso de transformaciones puedan disponer efectivamente de los instrumentos legales que el propio ordenamiento jurídico les entrega.

Por esa razón, señores Diputados, hay que elevar la voz durante esta discusión, para reclamar por la ligereza, la liviandad, la falta de seriedad extrema a que han llegado, desde el punto de vista jurídico, los planteamientos de los señores parlamentarios de Derecha. Sé que hay aquí un problema de calidad personal. Esto, probablemente, no habría ocurrido en Parlamentos en que la reacción estuviera mejor representada. Pero, de todas maneras, constituye un hecho de cuya gravedad no cabe sino dejar constancia.

Quiero referirme a los aspectos propiamente políticos, porque la discusión ha llegado a un momento en que hay que abordar los problemas de fondo, y estos problemas de fondo lo decimos responsablemente son hoy día más políticos que jurídicos.

El derrocamiento del Gobierno es el objetivo central y principal de los sectores capitalistas, desde el mismo día en que se conocieron los resultados de la elección presidencial de 1970. Lo único novedoso, lo único innovador en la actividad de los sectores reaccionarios, está en la forma, en la modalidad de la ofensiva por la cual buscan el objetivo del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular.

Hasta marzo de este año lo hemos dicho responsablemente, se ensayan, simultánea o alternativamente, tres caminos principales para buscar el derrocamiento del Gobierno de Allende.

Por un lado, el intento de cuartelazo o golpe militar. El primero fracasa por la muerte del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, héroe de la institucionalidad nacional y gran soldado de la patria. El segundo fracasa al ser descubierto en marzo de 1972, el complot organizado por el golpista antichileno Arturo Marshall, quien busca rápido refugio en el régimen fascista de Bolivia. Otros connotados militares son sorprendidos en andanzas que no dejan dudas respecto de sus intenciones anticonstitucionales. El Gobierno procede a ejercer sus facultades, y así son removidos de sus cargos los señores Alfredo Canales y Alberto Labbé. Ambos rasgan vestiduras y manifiestan que nunca han pretendido apartarse del ejercicio legítimo de su deber de militares. Los hechos rápidamente demuestran dónde estaban, qué hacían y qué razón tuvo el Gobierno para provocar su alejamiento de las filas militares.

Simultáneamente, se busca el golpe legal, por la escala de las acusaciones constitucionales y en la esperanza, que por un cierto tiempo sostiene el propio El Mercurio, de hacer de las elecciones de marzo la ocasión para conseguir los dos tercios en el Senado, que permitan el jaque mate al Presidente de la República y derrocarlo por una acusación constitucional. Fracasan en marzo en este segundo camino.

Pero ya en octubre habían puesto en marcha un tercer dispositivo: el golpe económico. Usando las distorsiones económicas que crea todo proceso de cambio social, aprovechando las posibilidades de alteración de los mecanismos de comercialización, nace el mercado negro, nace la especulación, nacen las colas, alimentadas y desbordadas por un capitalismo especulativo.

En octubre este proceso se consuma, cuando las grandes organizaciones patronales, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura, llaman a un intento de golpe patronal, destinado a poner término al mandato del Presidente de la República por la ley económica, por la paralización total de la economía del país. La clase obrera los notifica, la clase trabajadora les demuestra que este país no lo paran los patrones y que sólo pueden pararlo los que hacen producir las máquinas y los fundos, los que hacen andar las oficinas y los servicios con sus manos, con su energía y con su inteligencia.

Por eso, señores Diputados, después de las elecciones de marzo, los sectores golpistas se paralogizan, dudan por un momento; pero vuelven luego a las andadas con una ofensiva esta vez más perfeccionada, que tiene respecto de las anteriores, un mayor grado de coordinación y de eficiencia. Caracterizamos la nueva ofensiva de los sectores golpistas, puesta en marcha en el mes de abril y que finaliza con los hechos del viernes 29 de junio, en los puntos siguientes.

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.

Primero, la búsqueda de declarar la ilegitimidad del Gobierno del Presidente Allende, para lo cual todo el sector del aparato del Estado que controlan o influyen las dos ramas del Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Corte Suprema, y la Contraloría General de la República comienzan a tender el cerco declarativo de la ilegitimidad del Gobierno.

Segundo, los intentos de división de la clase obrera, para quebrar ahí la mayoría social y el predominio que, hasta octubre, claramente le permitió al Gobierno salir adelante.

Tercero, los intentos burdos y golpistas de división de las Fuerzas Armadas, a las que tratan de halagar a veces y otras veces sencillamente injurian, en la imposibilidad de conseguir sus propósitos.

Creemos que la actitud de los sectores de Oposición exige, en último término, clarificación de conductas políticas.

Frente a todas estas denuncias, primero viene la negativa grosera. Los hechos contenidos en las denuncias no son calificados de serios por los parlamentarios y por los dirigentes políticos de la Oposición. Pero luego no se conforman con negar las denuncias; pasan a negar los hechos mismos.

Son reveladoras las declaraciones del Senador Hamilton la noche misma de la víspera del cuartelazo del viernes 29, cuando, al clausurar su intervención en el Senado, ya a horas altas de la madrugada, manifiesta que no tiene confianza en el Gobierno y que por eso no cree que sean ciertas las denuncias hechas por conducto del General señor Sepúlveda Squella.

Pero el señor Krauss llega a los límites de las pretensiones humorísticas y manifiesta que esta denuncia lleva al Ministro del Interior a competir con su amigo Firulete en materia de declaraciones e invención. El que compite, con éste y otros humoristas, aunque en un terreno bastante desmedrado, no obstante su apariencia, es precisamente el señor Krauss, como rápidamente lo demuestran los hechos.

Por eso, señores Diputados, es indispensable estudiar la conducta de los principales actores políticos chilenos en los hechos del viernes 29.

Patria y Libertad, como lo ha señalado bien el Diputado señor Insunza, desempeña un papel agitativo y de provocación, poco gallardo, poco enhiesto en la hora de los hechos, en que corre a la primera oportunidad de refugio que se le proporciona, a fin de eludir toda responsabilidad.

Patria y Libertad, lo mismo que muchos sectores derechistas, imaginan un tipo de enfrentamiento en Chile en que toman palco, en que usan los cuantiosos pertrechos que han acumulado en sus despensas a lo largo de muchos meses. Pero los que pelearán no serán ellos; serán el pueblo que lleva uniforme y el pueblo que trabaja en las fábricas. Les decimos que los hechos del viernes demuestran que los intentos golpistas jamás fructificarán en Chile, precisamente por la conciencia institucional y nacionalista que tienen el Ejército y las Fuerzas Armadas de nuestra patria.

El Partido Nacional queda el viernes cazado en una dramática alternativa: no puede apoyar al Gobierno, porque ya lo ha declarado ilegítimo; tampoco puede apoyar el golpe, porque el golpe ha fracasado. ¿Qué hace, en consecuencia? El Partido Nacional asume la injuria de sus aliados, los democratacristianos. El diario Tribuna manifiesta: Cuando las papas queman, de lo que se trata es de ponerse guantes. Firmado: La Democracia Cristiana. En su edición del día sábado, las emprende en términos injuriosos contra sus antiguos socios de la Confederación Democrática: En su declaración oficial, dice que los hechos están confusos; les niega gravedad; la situación no está clara; los muertos no han muerto; los heridos no han sido heridos; los tanques no habían salido a la calle: ellos estaban guardados y no sabían nada de nada.

La Democracia Cristiana, por otra parte, luego de una correcta actitud institucional, es desbordada por presiones internas y externas, y termina rechazando las medidas del estado de sitio. Sí, pero no, según manifiestan los nacionales, es su estrategia permanente.

Por lo mismo, creemos que ha llegado el momento de la definición política. Los sectores de Izquierda tienen claro el panorama: socialismo o fascismo es la alternativa de este país. El potencial revolucionario de Chileno será modificado por ningún golpe de Estado. 320 mil militantes, a lo menos, hay en los partidos de Izquierda; 700 mil trabajadores organizados garantizan que Chile tiene, en último término, el mayor potencial insurrecional de América Latina. Ese es un hecho que deberían considerar y del cual los damos por notificados.

El señor Godoy Matte ha cometido un grave desliz al hablar de Yakarta. En Chile no habrá Yakarta, por la fuerza de su clase obrera. El señor Godoy Matte no verá un Yakarta en Chile, por la fuerza de la Izquierda y de los partidos de la clase trabajadora. El señor Godoy Matte no verá un Yakarta en Chile, porque hay un Ejército digno, nacionalista y patriótico.

¡Pero le tienen un susto tremendo!

Por eso, los que se asustaron, como el señor Godoy Matte, y corrieron a refugiarse en sus casas el día viernes, o a Embajadas, como lo hicieron los dirigentes de Patria y Libertad que se den por notificados. Manifestamos que ésta es una notificación política a los sectores de ultraderecha. Este proyecto tiene, sobre todo, a nuestro juicio, una significación política en su votación. Es una notificación al golpismo. Los que no quieren el golpismo, los que quieren el cambio de la institucionalidad, votarán a favor del estado de sitio. Los demás, que asuman sus responsabilidades.

He dicho.