La letra b, del numeral 1, del artículo 1° de la Ley N° 20.840, que “Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 2015, estable una medida de acción positiva para promover la representación de las mujeres en el Congreso Nacional. Es conocida también como “Ley de Cuotas”.
La historia sobre el derecho de las mujeres a ser elegidas y pese al reconocimiento expreso en la “Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos de la mujer” (1948) y “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer” (1953), la que dispone que ellas serán elegibles “en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”, esto no se tradujo en una realidad, contando con una mínima representación en el Congreso Nacional.
La Ley de Cuotas, ingresada a tramitación el 22 de abril de 2014, durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, se enmarca en el debate sobre la sustitución del sistema electoral binominal, vigente en Chile desde 1990, aunque con disparidad de opiniones, buscó romper la situación inicial en que operan fuertes e invisibles barreras para postular a un escaño en el Congreso y ser electas, que dificultan la adecuada representación de los intereses de género en la toma de decisiones y alcanzar la igualdad de derechos en una serie de ámbitos. Un mes después de presentado el Proyecto, en su Mensaje Presidencial, la ex Presidenta señaló que las mujeres: “no están representadas ni participan debidamente en todos los espacios de toma de decisión o de poder que tiene el país”, por lo que, “incorporamos la participación política de las mujeres a través del mecanismo de cuotas, incluido en el proyecto de ley que reforma el sistema electoral, actualmente en el Congreso”.
Asimismo, el Proyecto, se hace cargo de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, de 1999; del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el mismo año, reiteradas en 2006 y 2007, respectivamente y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 2009, que hicieron presente al Estado la baja participación política de las mujeres. También hay que decir que la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda en el 2006 y 2014, marcó un punto de inflexión en la visibilización de las dificultades que enfrentan las mujeres en diversos ámbitos y que era necesario abordar a través de ciertas herramientas, por ejemplo, cuotas de género.
El proceso concluyó con la incorporación en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios de la obligación de los partidos políticos, para las elecciones parlamentarias ha desarrollarse entre el 2017 y 2029, del total de declaraciones de candidaturas a la Cámara y al Senado, ni los hombres ni las mujeres podrán superar el 60% del total de declaraciones de candidaturas a diputadas y diputados y senadoras y senadores según corresponda. El porcentaje es obligatorio y la sanción para el incumplimiento de la norma es el rechazo de las candidaturas declaradas.